El expresidente peruano Pedro Castillo ha sido condenado a 11 años, cinco meses y 15 días de cárcel por el delito de conspiración para una rebelión, al considerarlo culpable de un autogolpe en su intento de imponer un Gobierno de excepción a finales de 2022.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema considera que el exmandatario izquierdista no consumó el delito de rebelión al no concretarse sus intenciones golpistas, motivo por el que la Fiscalía varió durante el juicio la solicitud de pena contra el ex jefe de Estado desde 34 años de cárcel a la finalmente dictada por el tribunal. 

El día de los hechos, Castillo dio un mensaje a la nación en el que ordenó disolver temporalmente el Congreso (Parlamento), intervenir la Judicatura y gobernar mediante decretos, tras una nueva e inminente moción en el Legislativo, dominado por la oposición, para destituirlo al salir a la luz indicios de presunta corrupción que lo salpicaban directamente a él.

Sin embargo, su pronunciamiento no surtió efecto y a los pocos minutos fue detenido cuando había abandonado el Palacio de Gobierno de Lima y se dirigía aparentemente a la Embajada de México, donde su familia sí llegó y recibió asilo, mientras Castillo fue horas después destituido por el Congreso y enviado a la cárcel donde permanece hasta ahora.

La sala ha absuelto a Castillo de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación del orden público, pero le ha impuesto una inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años, además del pago de una indemnización de 12 millones de soles (3,5 millones de dólares) en forma solidaria con sus coacusados.

La misma pena de 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel recayó sobre Betssy Chávez, la ex primera ministra asilada actualmente en la residencia de la embajada de México en Lima, y para la que el tribunal ordenó una nueva búsqueda y captura contra ella; y sobre el exministro del Interior Willy Huerta. Sin embargo, la sentencia contra Huerta quedará suspendida hasta la segunda instancia en caso de que apele y siga una serie de normas de comportamiento.

Mientras, el ex primer ministro y jefe de asesores de Castillo en el momento de los hechos, Aníbal Torres, recibió una condena de seis años y ocho meses de cárcel que el tribunal dejó sin aplicar por razones humanitarias debido su edad, 82 años. Por su parte, los exjefes policiales Manuel Lozada y Justo Venero fueron absueltos de los cargos.

El tribunal emitió esta sentencia pocos días antes de que se venciese los tres años de prisión preventiva que se habían dictado contra Castillo cuando fue detenido el mismo día de los hechos, por lo que debía salir en libertad si antes no se anunciaba el fallo. 

El Gobierno de Perú anunció este lunes que ha decidido romper relaciones diplomáticas con México a raíz del asilo otorgado a Betssy Chávez, ex primera ministra, dos meses después de que saliese de prisión para seguir en libertad el juicio donde está procesada por el delito de rebelión junto a Pedro Castillo, acusado de dar un autogolpe en su intento de imponer un Gobierno de excepción a finales de 2022.

“El Gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México”, informó en una rueda de prensa el ministro peruano de Exteriores, Hugo De Zela. El canciller explicó que esta decisión se ha tomado “frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas acciones en que el actual y el anterior presidente (Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente) de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú”.

De Zela sostuvo, en ese sentido, que el Gobierno peruano ha “conocido con sorpresa y con profundo pesar que la expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió dar el expresidente Pedro Castillo” se encuentra en la embajada del país norteamericano. “Quiero lamentar profundamente que el Gobierno mexicano persista en su equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país con el cual hasta antes de estos hechos teníamos una relación fraternal y múltiples coincidencias”, remarcó.

El canciller aclaró que la ruptura de las relaciones diplomáticas “no significa” que se hayan “roto relaciones consulares” con México. De Zela también dijo que ahora lo que “tiene que ocurrir es recibir una comunicación formal del Gobierno de México para dar inicio al proceso” del eventual asilo para Chávez.

“El Gobierno ha tomado una decisión de inmediato, como corresponde a la defensa de los intereses de Perú”, reiteró antes de descartar de plano que una ruptura de relaciones pueda llevar a una posible intervención en la sede de la embajada mexicana similar a la que Ecuador protagonizó el año pasado para detener al exvicepresidente correísta Jorge Glas. “Esa posibilidad no existe, Perú es un país respetuoso del derecho internacional y una acción de este tipo no está prevista en ninguna norma del derecho internacional”, indicó.

México rechaza la “decisión unilateral” de Perú

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería) lamentó y rechazó este lunes la “decisión unilateral” de Perú de romper relaciones diplomáticas como respuesta a un acto legítimo y apegado al derecho internacional.

México explica que otorgó asilo diplomático a Chávez Chino “en pleno apego al derecho internacional”, en particular, a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas), de la que tanto México como Perú son Parte. “Chávez Chino ha mencionado que ha sido objeto de reiteradas violaciones a sus derechos humanos como parte de una persecución política del Estado peruano desde el momento de su captura en 2023”, apuntó la SRE. Y dice que conforme a la Convención de Caracas, “el único facultado para calificar la naturaleza de la persecución en contra de solicitantes de asilo es el Estado asilante, México en este caso”.

La Cancillería explica que la decisión de otorgar asilo diplomático a Chávez Chino fue tomada al amparo del artículo 11 de la Constitución mexicana “tras una evaluación minuciosa y en estricta observancia del procedimiento establecido para ello” en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, así como en atención a los principios constitucionales de política exterior. México reafirma, como ha sido reconocido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, “que el otorgamiento de asilo no puede ser considerado un acto inamistoso por ningún otro Estado”.

Previamente, el presidente de transición de Perú, José Jerí, anunció que se dio un “plazo perentorio” a la encargada de la Embajada de México en Lima para abandonar el país, tras romper relaciones diplomáticas por el asilo otorgado a Chávez Chino.

Los abogados defensores de la ex primera ministra peruana han confirmado este lunes que recibió el asilo político otorgado por México. “La defensa expresa que esta decisión se enmarca plenamente en el Derecho Internacional y constituye un reconocimiento a la persecución política de la que (Chávez) ha sido víctima en el Perú”, señala un pronunciamiento publicado en la red social X del abogado Raúl Noblecilla, quien lo suscribe junto con Luis Barranzuela y César Romero, los otros defensores de la política. Los abogados agregan que, con su decisión, “México ha actuado conforme a los principios de protección de los derechos humanos y a los tratados internacionales vigentes”.

Juicio en Perú

Procesada por la Justicia de Perú, Chávez fue liberada a inicios de septiembre pasado mientras se encontraba en una clínica de Lima, en la que fue internada por presentar signos de deshidratación tras la huelga de hambre que mantuvo durante 12 días en la prisión en la que estuvo detenida desde junio de 2023. El Tribunal Constitucional (TC) había ordenado poco antes su excarcelación inmediata al determinar que había sido víctima de una detención arbitraria cuando la Fiscalía no solicitó a tiempo la ampliación de su prisión preventiva.

La entonces presidenta del Consejo de Ministros estuvo detrás de la cámara mientras Castillo, el 7 de diciembre de 2022, pronunciaba un mensaje a la nación donde ordenaba cerrar el Congreso e intervenir la Judicatura para gobernar temporalmente por decretos, ante el temor de una moción de censura en el Congreso tras revelarse indicios de presunta corrupción en su administración que lo salpicaban directamente a él.

Castillo permanece en prisión desde ese día, cuando fue destituido por el Congreso tras su mensaje, que fue considerado golpista aunque careció de apoyos, tras lo cual fue destituido por el Parlamento y detenido por agentes de la Policía Nacional.

Tanto la actual presidente de México, Claudia Sheinbaum, como su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, han exigido en varias oportunidades la libertad de Castillo al considerar que fue este quien en realidad sufrió un golpe de Estado que atribuyen a los grupos de poder peruanos que dominan el Congreso. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró este miércoles que las fuerzas policiales de Perú habrían cometido “ejecuciones extrajudiciales” durante las manifestaciones tras el fallido autogolpe del expresidente y destitución de Pedro Castillo, y que esas “masacres” habrían estado inspiradas en motivos etnico-raciales.

“Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”, señaló el organismo, con sede en Washington, en un extenso informe sobre la situación de los derechos humanos en el país.

El organismo, que forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos bajo la órbita de la Organización de Estados Americanos (OEA), afirmó que en Perú se registra hace años “un deterioro generalizado del debate público con una fuerte estigmatización por factores étnicos-raciales y regionales, al igual que una fuerte tensión entre Lima y otras regiones donde predomina la población indígena y campesina”.

Las protestas se desataron en diciembre después de la destitución de Castillo, quien cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo. Desde el mismo momento en que asumió la presidencia de Perú, el mandatario indigenista y sindicalista docente convivió con la amenaza del desplazamiento por parte de un Congreso dominado por diferentes facciones de derecha. El 7 de diciembre de 2022, Castillo anunció que disolvería el parlamento y gobernaría con estado de excepción, lo que terminó de activar su destitución tras lo que fue definido como un intento de “autogolpe”.

De inmediato, las poblaciones con mayor tasa de población indígena fueron epicentro de protestas y reclamos, reprimidos por el Gobierno de Dina Boluarte, la vicepresidenta de Castillo que asumió en su reemplazo en alianza con el arco opositor de derecha. Los sucesos dejaron más de medio centenar de muertos y miles de heridos.

“Graves violaciones”

El departamento de Ayacucho (sur) fue escenario de una protesta en la que varios manifestantes trataron de tomar el aeropuerto de la cuidad homónima. El Ejército abrió fuego contra ellos, por lo que ocho personas murieron y 26 fueron heridas.

El organismo se refirió también a los sucesos de Juliaca, donde 17 manifestantes murieron en enero durante enfrentamientos con la Policía, en lo que fue descripto por los pobladores como una cacería.

Al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre"

“En esa ciudad se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas”, aseguró la CIDH en su informe.

“Al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”, dijo el organismo.

La investigación cubre el período entre el 7 de diciembre y el 23 de enero. El informe detalló que “la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional” y “hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos”.

“De la información recibida en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo”, añadió.

El informe fue presentado este miércoles en una rueda de prensa virtual en la que la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, llamó al Gobierno de Boluarte a investigar lo sucedido.

“Las graves violaciones a los derechos humanos denunciadas en este informe deben ser investigadas inteligentemente por fiscales especializados en derechos humanos. Además, lo sucedido debe ser juzgado por jueces independientes, competentes e imparciales, dentro de un plazo razonable y con observancia de las garantías del debido proceso”, apuntó.

Tras la investigación, los “perpetradores” deberán “estar sujetos a las sanciones penales correspondientes” y “las víctimas de violaciones de derechos humanos deben ser reparadas integralmente”.

“La superación de la crisis requiere de diálogo y acuerdos efectivos en el marco del Estado de derecho, un diálogo amplio, genuino e incluyente, con un enfoque intercultural y territorial donde todos los sectores de la sociedad se sientan representados”, añadió Macaulay, quien pidió que se adopten medidas para fortalecer las instituciones democráticas en el país.

El organismo detalla en el informe una serie de acciones que, a su entender, deberían tomar las autoridades para superar la crisis. La primera es el diálogo con las partes afectadas y en especial con los grupos indígenas, que reclaman una mayor participación política.

La CIDH pide también al Gobierno abstenerse de adoptar reformas legislativas o constitucionales que debiliten la autonomía e independencia del Sistema Nacional Electoral o del Poder Judicial, así como “delimitar las figuras de acusación constitucional, vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y disolución unilateral del Congreso, de forma que precisen (...) las conductas sancionables y sus correspondientes consecuencias”.

La comisión destaca que el descontento social no es un hecho aislado, sino que tiene sus raíces en “la desigualdad estructural y la discriminación histórica, en particular hacia los pueblos indígenas y las comunidades campesinas de las provincias ubicadas al sur del país”.

Madrid amanece en la terraza del hostal América, donde Wilfredo Robles (52) se encoge de frío dentro de su abrigo. “Soy el abogado que el sistema repudia”, se define. Líderes sindicales, campesinos, maestros… fueron ellos quienes, ante el encarcelamiento del expresidente de Perú Pedro Castillo, propusieron a Robles para afrontar la defensa. El entonces líder se enfrenta, entre otras acusaciones, al presunto delito de rebelión por el que la Fiscalía ha decretado 18 meses de prisión preventiva. 

Con cinco presidentes en los últimos cuatro años, desde el pasado 7 de diciembre Perú afronta una nueva crisis política tras la llamada a disolver el Congreso y formar un gobierno de excepción por parte del expresidente. Todo ello el día en el que se iba a votar su tercera moción de censura en año y medio de mandato. 

Castillo no contó con el apoyo de su gabinete, que dimitió en masa y votó junto a la derecha por su destitución. Fue arrestado por su propia guardia y encarcelado. La entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió la jefatura del Gobierno despertando la furia de una masa rural e indígena que había visto en Castillo, maestro sindical, una grieta para romper con décadas de poder racista y elitista concentrado en la capital. Las protestas ya suman casi 60 muertos y cerca de 1.300 heridos. Este jueves, el Gobierno peruano ha retirado a su embajador en Colombia por las “continuas expresiones injerencistas” del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien ha criticado abiertamente la represión. El mes pasado, Boluarte hizo lo mismo con su embajador en México y criticó la actitud de su presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Las movilizaciones, que empezaron en el sur y se han ido desplazando hacia Lima, dan ahora cierta tregua al país. Con este contexto de fondo, Robles, abogado defensor de Castillo, recibe a ElDiario.es durante una breve escala en Madrid desde Ginebra, donde expuso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sus argumentos a favor de la excarcelación de Castillo y contra lo que denomina un “genocidio” perpetrado por el Gobierno de la actual de presidenta Dina Boluarte. 

Antes de la maniobra de Castillo, la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, había acusado al entonces presidente de liderar  una red responsable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Usted rebate el marco del autogolpe. ¿Qué ocurrió entonces el 7 de diciembre? 

Pedro Castillo sabía que ese día lo iban a sacar, tenía información de que la derecha tenía los votos y por eso se anticipa y lanza un mensaje de toma de posición frente a los suyos. Según el artículo 134 de la Constitución peruana, el presidente tiene la facultad de disolver el Congreso cuando dos gabinetes son rechazados. El Congreso nunca estuvo de acuerdo con ninguno y en la práctica socavaba sus funciones. El golpe ha venido del otro lado.

¿Cómo articula la defensa de Castillo por el cargo de rebelión? 

Asumo que es una defensa jurídica, pero también política, en sintonía con las posiciones de la masa de campesinos que reivindican la voluntad popular. Estamos defendiendo una causa justa, Pedro Castillo no ha cometido ningún delito. No hay rebelión porque no hay alzamiento en armas, y no hay flagrancia como dicen porque no existe delito. 

Existe una usurpación de funciones por parte de la Policía, ya que la orden de detención tiene que darla un juez. Además, llevaron directamente a Castillo ante el sistema penal sin respetar el antejuicio, que en este caso implicaría un proceso ante el Congreso en el que tendría tres días para articular su defensa y habría una votación. 

Esto indica que no existe Estado de derecho en Perú, lo que se confirma cuando cientos de campesinos son detenidos y llevados a prisión preventiva sin haber cometido delito, tan solo por marchar. Sin Estado de derecho estamos ante lo que se conoce como una dictadura, lo que nos traslada a un escenario en el que la defensa de Castillo implica una defensa política. 

Cabe remarcar que esta dictadura es producto de un golpe de Estado de largo aliento que empezó antes de que Pedro Castillo asumiera el poder, cuando la coalición de la derecha, que como candidata lleva a la hija del dictador Fujimori, no aceptó el resultado e hizo una serie de jugadas y presiones a los jueces para que declararan fraude y se abrieran investigaciones. Y una vez tomado el mando el 28 de julio de 2020 a Pedro Castillo lo han demolido todos los días desde el Congreso y los medios de comunicación. 

Al poco de su visita a Ginebra, Naciones Unidas otorgó al Gobierno peruano un plazo de 60 días para que diera las oportunas explicaciones por el uso excesivo de la fuerza y la muerte de decenas de manifestantes. 

Es un avance porque es la primera vez que un organismo internacional ha mostrado preocupación por la situación en Perú. Sobre todo teniendo en cuenta que la Organización de Estados Americanos (OEA) nos ha cerrado las puertas. Que nuestro organismo regional es parcial se demostró en enero, cuando la Comisión de Derechos Humanos de la OEA vino a Perú a condenar que las protestas se habían vuelto violentas, pero no condenó los asesinatos ni pidió asumir responsabilidades a la señora Boluarte, a la que simplemente aconsejaron pedir disculpas. Al día siguiente de que las pidiera había nuevas matanzas. Esta connivencia de la OEA con la dictadura coincide con la posición de Estados Unidos, que está respaldando la dictadura y las matanzas. 

Los casos de corrupción acorralan a Castillo, a quien la justicia peruana ha dictado una segunda medida de prisión preventiva por tres años. ¿Qué futuro le espera al expresidente? ¿Podría presentarse a unas futuras elecciones? 

El llamado a nuevas elecciones ha sido hábilmente manejado por la dictadura para dos cosas: tratar de consagrarse y abortar la insurgencia popular de los campesinos, que no pedían nuevas elecciones, sino la restitución del presidente defenestrado. 

El Perú está viviendo su propio Maidán, retrocediendo a antes de la intervención militar rusa con la única diferencia de que en el Donbás pudieron armar algunas milicias para defenderse pero en el Perú son piedras contra fusiles de asalto, contra un poder de fuego tremendo. Nos están haciendo un apartheid. 

El pueblo, la masa campesina movilizada se está enfrentando sola una dictadura que cuenta con todas las instituciones a su favor, no tiene ni el apoyo de los partidos políticos porque son de Lima y están calculando de dónde sacar ventaja. Tengo optimismo en que Pedro y el pueblo peruano no se dejarán doblegar por esta derecha fascista y no habrá un retroceso a una etapa muy oscura de la historia del Perú. 

Uno a uno, los campesinos rebeldes suben al podio improvisado que han levantado sobre una barricada de tierra de 1,80 metros, para declarar su determinación de derrocar a la presidenta de Perú, Dina Boluarte. “Hermanos y hermanas, nuestro Perú nos necesita más que nunca”, dice Nilda Mendoza Coronel, una campesina de 35 años, a los cientos de huelguistas que se han congregado bajo un implacable sol matutino. “¡Lucharemos hasta el final, carajo!”, grita Mendoza, con la ayuda de un megáfono. “¡Nadie detendrá nuestra lucha!”, alienta.

Otro orador, Aparicio Meléndez, insta a la multitud en la ciudad andina de Sicuani a ignorar los avisos de que el Ejército está llegando con el objetivo de sofocar la revuelta.

“Nos quedaremos aquí hasta que gasten su última bala”, promete este ganadero de 55 años, mientras contempla la protesta que bloquea la carretera de 1.500 kilómetros que atraviesa los Andes peruanos. Detrás de la barricada, alguien ha pintado dos palabras sobre el asfalto: “Insurgencia popular”.

“Ya basta”

Sicuani se encuentra en el epicentro de la insurrección que desde hace siete semanas se enfrenta a la presidenta peruana, Dina Boluarte, y a la élite política del país. El movimiento se inició a principios de diciembre, tras la destitución y detención del presidente de izquierdas Pedro Castillo, acusado de intentar dar un golpe de Estado.

En los últimos tiempos, América Latina y el Caribe se han visto sacudidas por vientos políticos extraños y violentos, como el asalto de extrema derecha en Brasil, el colapso político y social en Haití y las protestas tras la detención de uno de los líderes de la oposición más destacados de Bolivia. Pero en ningún lugar la agitación ha sido tan generalizada y mortífera como en Perú, donde al menos 58 personas han muerto desde la dramática caída de Castillo.

Desde la destitución del presidente, enormes franjas del cuarto país más poblado de Sudamérica han estado paralizadas por protestas y bloqueos de carreteras. Sus partidarios –y los indignados por la respuesta letal del Gobierno–  han salido a las calles para exigir la dimisión de Boluarte, nuevas elecciones y justicia para las decenas de personas a las que presuntamente han matado las fuerzas de seguridad.

The Guardian ha recorrido la región más afectada, situada entre las ciudades andinas de Cuzco y Juliaca –donde fueron asesinadas 17 personas en el día más intenso de violencia–, para escuchar las voces del motín contra el Gobierno peruano. El agotador viaje de 337 kilómetros dura tres días y supone atravesar decenas de puestos de control custodiados por manifestantes campesinos, así como cientos de barricadas hechas con rocas, troncos de árboles, vehículos destrozados, cristales y chatarra.

Más allá de las barricadas, es un viaje a través de la profunda desigualdad social, la pobreza extrema y la discriminación que subyacen a la explosión de rabia rural contra lo que muchos manifestantes llaman la clase política corrupta, interesada y mayoritariamente blanca de la capital, Lima.

“Es como si no fuéramos humanos... Es como si no valiéramos nada”, dice Raúl Constantino Samillán Sanga. Mataron a tiros a su hermano de 30 años en Juliaca durante los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes. “Todos los Andes estamos diciendo 'ya basta: esto tiene que cambiar'”, exige.

“Como si estuvieran matando perros”

El viaje por el epicentro del terremoto político de Perú se inicia en Cuzco, antigua capital del imperio inca y, en la actualidad, el destino turístico más importante del país, con cerca de tres millones de visitantes al año. Los turistas han desaparecido desde que comenzó la revuelta, y las autoridades han cerrado en repetidas ocasiones el aeropuerto de Cuzco y el cercano Machu Picchu, clausurado a principios de este mes.

“Todos estamos nerviosos y preocupados, y también un poco asustados”, cuenta Hannah Jenkinson, una diseñadora de moda británica que regenta una tienda en el centro histórico de Cuzco, ahora prácticamente desierto. A pocas calles de distancia, cientos de manifestantes marchan hacia la plaza donde, en el siglo XVIII, el líder indígena Túpac Amaru fue descuartizado y decapitado tras rebelarse contra el dominio español.

“¡Va a caer! ¡Va a caer! Va a caer la asesina”, corea la muchedumbre a Boluarte mientras recorre las calles empedradas de Cuzco ondeando la bandera roja y blanca de Perú.

A 40 kilómetros al sureste de Cuzco, entre ruinas preincaicas y montañas cubiertas de eucaliptos, se encuentra el pueblo de Villahermosa, donde se produjo el primer gran bloqueo de la carretera peruana Ruta 3S.

Decenas de lugareños, entre ellos ancianas con sus tradicionales hondas huaraca tejidas con lana de alpaca, han bloqueado la carretera con troncos de árboles y neumáticos para expresar su rabia por décadas de negligencia gubernamental y por la reciente oleada de muertes, la mayoría de las cuales se atribuyen a las fuerzas de seguridad.

Juvenal Luna Jara, de 22 años, dice que se unió a la rebelión una semana antes, indignado por el asesinato de tantos manifestantes en el sur rural de Perú, descuidado durante mucho tiempo y que fue el centro de la brutal guerra de 12 años librada por el grupo guerrillero Sendero Luminoso. En su opinión, la mayor parte de muertes de esta región se deben a que los provincianos (la gente del campo) son considerados ciudadanos de segunda clase, o algo peor. “Es como si estuvieran matando perros”, opina.

Boluarte ha implorado a los manifestantes que aceptaran una tregua nacional unas horas antes. Pero en Villahermosa no hay ni rastro de acuerdo, mientras los campesinos se reúnen para expresar su rabia por el papel de la presidenta en la destitución de Castillo, un exlíder sindical que nació en la pobreza y fue llevado a la presidencia en 2021 por los votantes rurales empobrecidos de lugares como este.

“Si no hay solución, la lucha continuará”, advierten los aldeanos antes de que se permita al vehículo de The Guardian proseguir su viaje.

“Nos han humillado y olvidado”

En un pueblo tras otro a lo largo de la carretera sembrada de rocas, el mensaje es idéntico a medida que campesinos desilusionados y maltratados se reúnen a lo largo de los bloqueos para pronunciar apasionados discursos sobre el estado de su país y sobre cómo su región minera, rica en recursos, ha sido explotada para obtener unos beneficios que jamás han visto. 

Dina Quispe llora al denunciar cómo las autoridades peruanas tacharon a los manifestantes de terrucos (terroristas) financiados por el narcotráfico y respondieron a su petición de cambio político con represión y derramamiento de sangre. “Nos han humillado y olvidado”, dice esta vendedora de 41 años de la comunidad de Checyuyoc. “Están matando a nuestros hermanos a balazos”, lamenta.

Entre lágrimas, Quispe expresa su disgusto por compartir nombre de pila con la primera mujer presidenta de Perú. Boluarte se ha convertido en un pararrayos de una desilusión mucho más profunda con la desestructurada política de un país que ha tenido siete presidentes en los últimos seis años y donde una cuarta parte de la población lucha por tener acceso a una alimentación adecuada.

“Por favor, lleven esta voz de protesta desde el Perú más profundo y humilde [al mundo]”, pide Quispe a los periodistas.

A pocos kilómetros de allí, en Sicuani, un pueblo ahora prácticamente aislado del mundo exterior por los bloqueos de la carretera, cientos de mujeres quechuas ataviadas con sombreros, polleras y deslumbrantes colchas participan en la marcha.

“Estamos luchando por nuestro futuro y el de nuestros hijos y nietos”, cuenta Roxana Chahuanco, de 40 años, mientras los habitantes se preparan para debatir su próximo movimiento después de anuncio del Gobierno de que desplegará tropas para despejar las carreteras.

Allí, Mendoza Coronel evoca a los mártires indígenas Túpac Amaru y su esposa, Micaela Bastidas, mientras urge a los lugareños a intensificar su rebelión campesina contra las élites “corruptas” de Lima. “Nos desprecian por ser hijos de campesinos y por ser hombres del campo”, les cuenta.

En el pueblo contiguo han colocado el cráneo de una vaca en un poste sobre una barricada formada por dos montones de escombros y tierra. “Es Dina”, bromea una de las mujeres que vigilan el puesto de control.

Desde Sicuani, la carretera asciende aún más por los Andes hacia la espectacular frontera de 4.300 metros con el departamento de Puno, donde las comunidades indígenas aimaras también se han rebelado contra el nuevo Gobierno.

Boluarte enfureció aún más a los habitantes de la región hace unos días cuando, en declaraciones ante periodistas extranjeros, dijo que “Puno no es Perú”, palabras que la presidenta afirmó posteriormente que habían sido malinterpretadas.

“Somos peruanos”, dice una mujer que vigila un corte de carretera a las afueras de la ciudad de Ayaviri. “En Puno nació el imperio inca”, indica.

Familias rotas

Después de Ayaviri, la carretera baja hacia la ciudad más grande de Puno, Juliaca, un núcleo minero y de contrabando derruido y agitado, donde las protestas antigubernamentales continúan mientras las familias locales lloran a sus muertos.

Detrás de una puerta metálica decorada con un lazo negro de luto se sienta María Ysabel Samillán Sanga, cuyo hermano pequeño murió un lunes de principios de enero.

Marco Antonio Samillán Sanga estudiaba Medicina. Estaba trabajando como médico voluntario en Juliaca cuando los manifestantes intentaron asaltar el aeropuerto de la ciudad y las fuerzas de seguridad respondieron con munición real.

El estudiante de 30 años recibió un disparo en el corazón mientras atendía a un muchacho que había inhalado gases lacrimógenos. Fue una de las 17 personas que murieron en Juliaca ese día. “Fue una masacre”, dice su hermana. “No hay otra palabra para describirlo”, asegura.

Samillán Sanga llora al recordar cómo su hermano había conseguido salir de la pobreza extrema y estudiar Medicina. Soñaba con ser neurocirujano y crear programas de salud para los pobres de las zonas rurales de Puno. “En este momento, siento que me están obligando a vivir... Si por mí fuera, me moriría porque hay días que no puedo con este dolor”, admite con lágrimas en los ojos.

Samillán Sanga también ve prejuicios y discriminación en el origen de la muerte de su hermano y del levantamiento de Perú. “Tenemos sentimientos. Somos humanos. Sentimos. Lloramos. Tenemos emociones. Y nos duele”, dice su hermano, Raúl Constantino. La familia asegura que teme represalias del Gobierno por hablar, pero que no piensa callar. “Espero que alguien lea esto y piense: '¿cómo está la familia Samillán Sanga?'”, asegura María Ysabel. “Porque la verdad es que nos han destrozado. Mi familia nunca volverá a ser la misma”, concluye.

Traducción de Emma Reverter.

El 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente de Perú, Pedro Castillo, tomó una decisión que daría inicio a una enorme crisis que dos meses después sigue enredándose y que empieza a contar decenas de muertos en las calles. ¿Qué está pasando en Perú?

Hablamos con Mabel Cáceres, periodista y directora de El Búho, un periódico digital de la región de Arequipa, en el sur de Perú, para comprender las claves de esta última crisis política en el país. 

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A Lourdes Huanca se le encienden y enrojecen los ojos cuando le pregunto si está siendo amenazada. Lo está. Lleva meses siendo hostilizada por atreverse a levantar la voz. Está aquí para recoger solidaridad internacional para su pueblo. Los compañeros que le acompañan en Madrid no la dejan ni un segundo sola. Pero rápidamente sale de su congoja para señalar a los responsables de lo que está ocurriendo en el Perú. Nadie como ella para contárnoslo. Presidenta de la Federación de mujeres campesinas, artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP), no solo puede explicar las imágenes de violencia policial que han estremecido al mundo: con más de 60 muertos y cientos de heridos por los que nadie en el Estado responde, ya no se puede hablar de democracia sino de dictadura cívico-militar, la de Dina Boluarte y el Congreso, que mostró su ánimo golpista desde el día en que un indígena llegó al poder.

Con bajísima aprobación según la calle y las encuestas, Congreso y presidenta deberían irse pero, como todo poder autoritario, se aferran usando la represión y la muerte. Lo que no se ve en la televisión ni en la prensa –menos en la peruana, que es el oligopolio de unos de los grupos económicos más poderosos del Perú, El Comercio–, es todo lo que nos ha traído hasta aquí.

Huanca lo dice muy claro: “2023 es el año de revisar las concesiones mineras, petroleras y de agroexportación. Además, han encontrado litio en Puno. El poder lo sabe. ¿Creen que vamos a decir ven aquí, sácalo todo? ¿Cuánto le estarán pagando a Dina para que le dé la espalda a su pueblo? Se vienen largas e intensas jornadas de lucha. Y a ella le toca la cárcel. Que pague por nuestros hijos muertos”.

¿Por qué han salido a la calle? 

El sur está enardecido. Duele la traición de Dina Boluarte. Para los campesinos, vale más la palabra que un papel. Boluarte decía que ella estaría con el pueblo para defender la democracia. Esa fue su palabra y mira ahora. La democracia de Boluarte es la democracia de las élites de la derecha y el fujimorismo. Nos ha soltado el ejército. Ha declarado el estado de emergencia en nuestras tierras. Ha empezado la masacre en su propia tierra que es Andahuaylas. Mira el nivel de traición. Allí nueve fueron asesinados, entre ellos varios jóvenes, algunos menores de edad. Ayacucho se ha solidarizado y de golpe les matan a diez más. Otros tres en Arequipa. Otros tres en Amazonas. En enero ya matan a 18 compañeros sin piedad. Han matado hasta al médico que estaba auxiliando heridos. Han irrumpido diciendo ¿qué cosa, salvando la vida de estos terroristas, de estos delincuentes? En Puno fue tan terrible, a las enfermeras les arrancaban las medicinas de las manos. Hasta ahí eran 47 muertos. Durante este último lapso ya tenemos 60 muertos. ¿Cómo no nos va a doler, cómo no vamos a estar enfurecidos? 

Para que se enteren los que los llaman terroristas. ¿Quiénes son ustedes, Lourdes?

Somos seres humanos, somos personas que aportamos al desarrollo de nuestro país. El sector campesino indígena, hombres y mujeres, somos quienes damos el pan para llevar a la mesa de la gente. Somos los que sembramos y cosechamos. Porque la gente de Lima y otras ciudades no se alimentan de oro, plata o cobre. Y somos también quienes venimos luchando desde el día 7 de diciembre, los campesinos, las campesinas, los indígenas. No vamos a retroceder. No vengo a hablar en nombre de Lourdes Huanca. Vengo a nombre de nuestra federación, a nombre de la Asamblea nacional de los pueblos. Nuestro acuerdo es no retroceder.

Vídeo: Fernando Vílchez.

¿Qué es exactamente lo que pide ese Perú movilizado?

Creen que los campesinos deseamos siempre semillas y tierra, pero hoy la agenda política de lucha unificada, de campo y ciudad, obrera y campesina, es: destitución de Dina Boluarte, cárcel para ella, que pague la sangre derramada, libertad de Pedro Castillo, cierre del Congreso e instalación de la Asamblea Constituyente Plurinacional paritaria. Dejen de subestimarnos políticamente.

Por ahora la respuesta del Gobierno ha sido de ninguna escucha y muy cruenta.

La señora Dina Boluarte dice “la paz, la paz”, “los invito a dialogar”. O sea me mata a mis hijos, a mi esposo, mi padre, mi tío, y después de matar ¿voy a decir vengan a dialogar? ¿En qué cabeza cabe eso? Tenemos congresistas que dicen sin pudor métanles bala a esos terroristas, a esos delincuentes. No somos delincuentes ni terroristas. Los periodistas independientes regionales han ido a los pueblos y han investigado que ni un solo muerto tenía antecedentes penales o de terrorismo. Ninguno. La señora Dina Boluarte dice “las balas que los han matado no son del Perú, son de Bolivia”. Pero los forenses ya la han desmentido. Son balas de la policía peruana que recibió órdenes de matar de la misma presidenta. ¿Qué es lo que espera Boluarte para renunciar? Se indignó por los muertos de otros dictadores, ¿dónde está su indignación por los 60 muertos? Está claro que detrás hay un plan fujimorista: los ministros son fujimoristas. Las ministras son parte de la élite que ha dado este golpe de Estado contra los pueblos. Este es un golpe de Estado contra los pueblos indígenas. Las estrategias y narrativas que estamos viendo son fujimontesinistas. 

¿Qué le diría a Boluarte?

Que Dios le perdone y la pachamama. Pero nosotras no la vamos a perdonar. Y no podemos retroceder por nuestros hijos, por nuestros nietos. Si hoy nos están matando, imagínese si lo dejamos ahí nomás. ¿Qué va a ser del futuro? Yo igual me muero en diez o veinte años. ¿Y estos jóvenes que quedan van a seguir siendo tratados así? Sabemos que el Gobierno ha salido después de las protestas a decir que los policías son unos héroes. Hasta organizaron una marcha por la paz en la que obligaron a cada policía a llevar a cinco familiares para abultar. Nosotros decimos paz pero con justicia. Y justicia sería que la presidenta fuera presa porque si no dónde quedó la cultura de los derechos humanos en nuestro país. ¿Cuánto dinero le estará cayendo por darle la espalda a su país? Y encima usando el feminismo, diciendo que no la dejan gobernar por mujer, cuando lo que queremos es que se vaya por fascista.

Como mujer y líder campesina, ¿cómo sienten lo que ha ocurrido en el último año y medio desde las elecciones?

Este proceso para los pueblos indígenas originarios no inicia ni el día 7 de diciembre que meten preso a Pedro Castillo, ni cuando empiezan las protestas, sino desde que fue proclamado como presidente. Ya desde ahí querían desconocer los votos de las regiones. Decían que los campesinos no sabemos votar y que habían votado por nosotros, algo rotundamente falso. Yo vengo de una federación. Y nosotras acordamos en asamblea votar por Castillo en la segunda vuelta.

¿Por qué votaron por él, qué representaba Pedro Castillo?

Porque era la alternativa. No íbamos a votar por Keiko Fujimori, que representa la continuidad del proyecto autoritario y corrupto de su padre. Lo analizamos: Castillo no es de Lima, como nosotros, es de Cajamarca, hijo de campesinos, un profesor rural de primaria. ¿Cómo no sentirnos representados? Una vez proclamado, los fujimoristas pidieron auditoría voto por voto, y ni de esa manera pudieron probar que hubo fraude. Ya esa vez las compañeras y compañeros nos movilizamos hacia la capital como ahora para proteger nuestros votos. Hemos dormido en la puerta del Jurado Nacional de Elecciones. El golpismo verdadero empezó desde el primer día de Castillo.

¿Qué pasó después entre el Congreso y el Ejecutivo? 

Se supone que cuando eres elegido presidente empiezas a trabajar. Como otros presidentes han empezado a gobernar en el Perú, Toledo, Humala, a los que no les han exigido resultados ni bien llegaron. En cambio a Castillo, desde que entró a palacio empezó contra él el maltrato verbal, la violencia psicológica, capacitista, racista, clasista. Le llamaban burro, incapaz, provinciano, ignorante. Cada palabra que se le decía al presidente, nosotros, hombres y mujeres del campo, lo sentíamos como si nos estuvieran insultado y ofendiendo a nosotros. Nos estaban diciendo que no podíamos gobernar y que no sabíamos dialogar. No querían dialogar porque tenían muy claro su objetivo de cargarse al presidente. Como ahora Dina Boluarte nos acusa de no saber dialogar para evitar su caída. 

¿Diría que desde entonces ustedes estuvieron organizándose en defensa de su elección política?

Sí, ya no solo desde mi federación, sino también con las rondas campesinas, el Frente Agrario, la Asamblea de los Pueblos y otras organizaciones autónomas, estuvimos siguiendo el proceso que se estaba dando en el Congreso y que perseguía la vacancia del presidente. Hubo cuatro intentos de vacancia y pedidos de destitución en un año. Elegía sus ministros y se los tumbaban. Jamás un presidente fue tan fiscalizado, buscándole cinco pies al gato, mientras la prensa se encargaba de amplificar estas informaciones dudosas para crear la sensación de que ellos tenían razón: de que hubiera sido preferible que gobernara una Fujimori que un indígena. 

Y finalmente lograron que creciera la oposición hacia Castillo en cada vez más sectores, pero las organizaciones indígenas se mantuvieron a su lado. ¿Por qué? 

Fue la primera vez que un presidente abrió las puertas de Palacio de Gobierno a los pueblos originarios, como nadie había hecho antes. Pero no como le abres la puerta a una cantante indígena o a un grupo de bailarines para quedar como alguien que ama la marca Perú, sino que las abrió para que las organizaciones podamos tener reuniones con los ministros y con él. Ese gesto es lo que a nosotros nos convenció de que tenía voluntad de trabajar y recoger nuestras propuestas. Los compañeros y compañeras nos hemos sentido legitimados por él. Recogió propuestas como la nueva reforma agraria, la ley universitaria, el referéndum por la nueva constitución. Y hubo 54 propuestas de ley para el poder legislativo. No fueron aprobadas. Perú Libre decía que el presidente se estaba reuniendo con caviares. A nosotras imagínese que nos llamen caviares. No he probado el caviar en mi vida. O sea nosotras estábamos hablando con él sobre cómo los hijos de nuestros compañeros en Cerro de Pasco estaban llenos de plomo en todo el cuerpo. Estábamos hablando con él de cómo las empresas mineras y petroleras estaban contaminando el medio ambiente, dejando estéril la pachamama o negando el cambio climático. ¿Caviares? Para los poderes económicos sin embargo sí éramos un peligro. Por eso esos nos llaman otra cosa, terroristas. Estaban muy nerviosos de vernos ahí en Palacio de gobierno.

¿Por qué?

Por una razón muy concreta: este año se iban a revisar las concesiones mineras, petroleras y leyes sobre agroexportación que se han concedido prepotentemente por 50 años con grandes sumas de dinero de por medio para solo algunos, proyectos que se hacen al lado de nuestras casas pobres sin que mejoren en nada nuestras condiciones de vida. Claro que a las grandes empresas de la derecha no les ha gustado eso. No les ha gustado que en cada región que visitaba Castillo dijera que iba a revisar las concesiones y hablara de que las deudas de millones que pensaba cobrarles a las multinacionales iban a ser recaudación para construir mejores escuelas para los niños campesinos. Y lo decía con el lenguaje del pueblo. No eran palabras técnicas. Eso era importante. Por eso le llamaron ignorante. No por su forma de hablar en realidad sino porque amenazaba sus intereses. Y a nosotros durante este año y medio no han parado de hostigarnos.

¿Por qué da ese mensaje a la nación en que anuncia un autogolpe que se queda solo en intento y que no tiene el apoyo de nadie?

Para nosotras sigue siendo inexplicable. Hemos analizado lo ocurrido y creemos que pasó algo muy oscuro, quizá amenazaron a sus hijos. Creemos que desde el 7 de diciembre él está secuestrado y preso. En cada región que visitaba Castillo recibía el mismo mensaje de la población: cierra el congreso, no te deja trabajar. Ese ha sido el reclamo de la población. ¿Y ahora cuál es ese reclamo? El mismo. Ya no lo dice Castillo nomás, lo dice todo el mundo, hasta el centro. Ese congreso no puede seguir y Castillo lo sabía. Es el Congreso que ha puesto a su marioneta Dina Boluarte para que nos calle la boca y nos mate. No somos estúpidas. Somos mujeres campesinas conscientes. Supimos que antes del mensaje se reunieron los ministros e iba a leer otra cosa. Pero el día 7 no dejaron entrar al jefe de gabinete que llevaba el discurso y se lo daba en mano al presidente. 

¿Qué pasó ahí? ¿Por qué leyó ese documento que no estaba acordado? 

Ya lo dirá el presidente. Nosotras tenemos la hipótesis de que fue amenazado. Más allá de lo leído, eso nunca fue documento, ni decreto firmado. Eso no existe. No hubo un documento que dijera al Ejército que vaya y tome el Congreso. Legalmente Castillo no debería estar preso, está secuestrado injustamente. Pueden continuar sus juicios desde fuera, por qué seguir encerrado. El mismo 7 salimos a la calle a pedir su libertad. Y nos han tirado ya desde ahí bombas lacrimógenas.

Había sospechas de corrupción sobre su Gobierno y su entorno, ¿usted sigue pensando que no eran casos ciertos? ¿Y las promesas incumplidas?

Cuando nos hemos reunido siempre le hemos preguntado, le hemos pedido que sea sincero, nos juraba por sus padres que no había cogido un sol. Pero yo les he dicho que me muestren una prueba y hasta ahora no lo hacen. De lo que estamos seguras es de que teníamos un presidente del pueblo al que no dejaban gobernar y que se pasó el año que estuvo ahí preparándose solo para defenderse. ¿En que momento iba a cumplir lo prometido? Yo no soy castillista ni de Perú Libre. Soy de mi federación de mujeres. Lo que hemos estado cuidando es la gobernabilidad de nuestro país y el voto campesino, sobre todo el de las mujeres.

¿Qué esperan las mujeres campesinas del Perú de esta visita tuya, Lourdes, a Europa?

Tengo que agradecer la solidaridad de cada peruana y peruano, y de quienes nos han recibido en Bruselas, París, Madrid, Ginebra, Barcelona. Me quieren enlodar diciendo que estoy aquí de turista con la plata de Castillo. Así como han dicho que quienes protestamos estamos pagados por alguien. Para la derecha solo existe en su cabeza el signo del dólar, del euro. Pero no existen las palabras solidaridad, sororidad, comunidad. La gente latina, peruana, lo sentimos muy adentro, por nuestras ancestras. Y cuando no te dan lo que te sobra, te dan lo que es y corresponde. Nos hemos reunido con bancadas de izquierda en todos estos países. Esperamos que envíen cartas de solidaridad pidiendo la renuncia de Boluarte. Es lo mínimo que se espera de países democráticos como España y de gobiernos progresistas. No se puede reconocer a una asesina.

Llegar a Lima tampoco ha sido fácil, ¿cómo se lucha contra contra tanta desigualdad?

Se han equivocado con el pueblo indígena campesino. Aguantamos hasta que se desbordó. 

En Lima hoy hay miles de miles de campesinos movilizados a pesar de que nos amenazaron, a pesar de que nos dijeron “a estos terroristas lo esperamos aquí de pie”. Los han detenido en Pisco, en Andahuaylas, en Cusco, en Pucusana, entrando a Lima. Nos tienen miedo, no hemos ido a matar a nadie como Dina Boluarte, solo hemos llegado hasta ahí para decirle “señora váyase a su casa”. Por ahora. Hasta que la ajusticien. ¿Dónde está la democracia? Es una hecha a medida de las elites. Por eso urge también la formación de una Comisión transitoria para que pueda haber consulta popular para cambiar de una vez por todas la constitución de Fujimori. Las leyes hay que cambiarlas o hay que hacer que funcionen. Hay una ley contra la discriminación y no dejan de llamarnos “indios terroristas”. 

No puede seguir esta mesa directiva del Congreso porque si se va Boluarte entra otra fujimorista. Y no cambia nada. Y hay mucho por hacer por los postergados: Soberanía alimentaria, derechos de pueblos indígenas, desigualdad en los más de dos años que por el Covid nuestros hijos no han estudiado porque no tenían internet. Si no hubiéramos tenido conocimientos ancestrales de salud nos hubiéramos muerto todos de Covid. 

¿Tú has sido amenazada?

Hay cacería de dirigentes. A veces uno quiere olvidar pero sí he sido amenazada, tengo que agarrar fuerzas para no caer, me acosan, hostigan a mi familia. Tengo miedo por mis compañeros. Han detenido a los dirigentes del Frente de defensa de Ayacucho y directo los han llevado a la dirección antiterrorista. Van a intentar juzgar como terroristas a todos los que nos oponemos a este gobierno y hemos salido a luchar. Por eso pedimos ayuda al mundo. Necesitamos su apoyo.

¿Qué significa democracia para las mujeres campesinas en el Perú?

Como las mamitas dicen: ¿esto es democracia? ¿Que nos estén matando se llama democracia? Democracia es tener libertad para luchar. ¿Para qué nos obligan a votar para después botar a nuestro presidente? ¿Qué nos están diciendo? Pues que si queremos ser autoridades nuestro futuro será la cárcel o la muerte. Pero somos fuertes como el páramo, nos podrán quemar, incendiar pero volveremos a florecer en primavera, brotaremos otra vez como las flores, lo verde y lo hermoso; somos las flores silvestres, eso somos, somos semillas autóctonas de padres y abuelos fuertes. A Petro no lo van a dejar, a Lula le toman el congreso, en Bolivia la derecha se recompone. A Francia ya la quieren matar. Nos matarán a mil o a dos mil pero tenemos que prepararnos para ocupar cada vez más esos lugares de decisión por nuestro bien. No creemos en las fronteras, creemos en la unidad de todos los pueblos originarios de América Latina. No hay fronteras para el dolor. El dolor de nuestros territorios es un solo dolor.

Miles de campesinos e indígenas llegaron a Lima este jueves desde distintas regiones del país para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Los manifestantes demandan nuevas elecciones, el cierre del Congreso y una nueva Constitución. Las protestas, que comenzaron pacíficas, terminaron en enfrentamientos con la policía, después de que las fuerzas de seguridad ordenaran el despliegue de un operativo de seguridad en la capital de más de 11.800 efectivos.

“Los actos de violencia generados a lo largo de estos días no quedarán impunes”, dijo la presidenta de Perú en la noche del jueves. En simultáneo, Boluarte, tres ministros y dos exministros están siendo investigados de manera preliminar por presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, por la responsabilidad en la muerte de medio centenar de manifestantes desde el 7 de diciembre.

Después de agradecer el accionar en la policía, Boluarte hizo una distinción entre dos tipos de manifestantes. “En sus protestas no hay ninguna agenda social que el país necesita”, dijo la presidenta sobre aquellos que mantienen su participación constante desde diciembre. “Ustedes quieren quebrar el Estado de Derecho, quieren generar caos y desorden para tomar el poder de la nación”, increpó.

El ministro del Interior, Vicente Romero, confirmó la muerte de un manifestante en medio del intento de la toma del aeropuerto de Arequipa, mientras que 22 miembros de la policía y 16 civiles resultaron heridos. “Dejemos la violencia”, solicitó Romero en la noche del jueves y denunció ataques en tres aeropuertos. Por su parte, el Gobierno considera que los actos de violencia no han sido espontáneos sino que resultaron planificados con el objetivo de generar caos.

Los agentes de la policía dispersaron con bombas lacrimógenas a los manifestantes que lanzaban piedras. Los incidentes tuvieron lugar en las principales calles del centro de Lima, como la avenida Abancay que conduce hasta el Congreso, según informaron medios locales. Por ese motivo, el Gobierno decretó este jueves el estado de emergencia por 30 días en Amazonas, La Libertad y Tacna, que se suman a Lima, Callao, Cuzco y Puno. Este mecanismo autoriza a las Fuerzas Armadas a actuar junto con la Policía en el control de la seguridad. También quedan suspendidos derechos como la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito y de reunión.

Los enfrentamientos no se limitaron a Lima. En otras regiones del país, sobre todo en el sur, en los departamentos de Arequipa y Cuzco, los aeropuertos suspendieron sus operaciones. Mientras avanzaban las movilizaciones hacia la capital, los bloqueos de rutas continuaban en ocho regiones del país. En las primeras horas del día, los cortes interrumpían de manera total 46 rutas y 48 de manera parcial, según ha registrado el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. La huelga nacional, convocada para las 16 hora local, tuvo lugar cuatro días después de que el Gobierno declarara el estado de emergencia en Lima.

La Defensoría del Pueblo de Perú, que supervisa la garantía de los derechos humanos, resaltó en un comunicado que el “derecho a la protesta pacífica no incluye acciones de violencia contra otras personas, agentes policiales o miembros de las Fuerzas Armadas” e hizo hincapié en que las detenciones “solo pueden ser efectuadas por personal policial en caso de flagrante delito”.

En un país donde los reclamos de la zona rural, sobre todo del sur del país, parecen quedar desacoplados de la capital, llegar a Lima representa para los manifestantes un modo de hacer oír su rechazo al gobierno de Boluarte. Hasta el momento, al menos 44 manifestantes y un policía han muerto en las manifestaciones, mientras que otras 10 personas han perdido la vida por distintas causas provocadas por los bloqueos y manifestaciones desde que estallaron las protestas, el día que Pedro Castillo fue destituido por el poder Legislativo después de intentar disolver el Congreso.

Incendio en el centro de Lima

A metros de la plaza San Martín, punto de encuentro de las protestas, un incendio arrasó en la tarde del jueves una casona del centro histórico de Lima. Mientras se incrementaban los enfrentamientos en la cercana avenida La Colmena, se vio que las llamas comenzaron a aparecer en el tejado de la casona del gran edificio ubicado a pocos metros de la plaza, lo que generó el despliegue de la Policía y miembros de sanidad para atender la emergencia, según informa EFE.

El comandante general de los bomberos, Luis Ponce La Jara, declaró a la cadena América Televisión que “originalmente es un edifico vacío”. De todos modos, ordenó evacuar a los vecinos de la zona. “Es un edificio histórico y el material de construcción es de quincha  [un antiguo entramado de caña o bambú recubierto con barro] son rápidamente inflamables”, explicó Ponce La Jara. El ministro del interior, Vicente Romero, negó que el incendio haya sido causado por “algún artefacto lacrimógeno de la policía nacional”.

La marcha campesina

La segunda marcha de los Cuatro Suyos, si bien el nombre hace referencia a los cuatro puntos cardinales del Imperio Inca, tiene una referencia histórica más reciente. Fue a mediados de 2000 que surgió la primera marcha de los Cuatro Suyos, la protesta más grande contra el Gobierno de Alberto Fujimori, después de su cuestionada tercera reelección. En ese momento, el líder de la oposición, Alejandro Toledo, buscó liderar una protesta masiva contra la reelección de Fujimori. Aunque las manifestaciones nacieron como expresiones pacíficas, terminaron en disturbios violentos y choques con la policía.

En este caso, a diferencia del 2000, la manifestaciones no están lideradas por un único actor. Hace 22 años, Toledo representaba la confluencia de distintos sectores de la oposición, con partidos políticos y organizaciones sociales más robustas. “Había una estructura centralizada de la organización. Ahora no existe un liderazgo concreto, lo que hace que las propuestas sobre qué hacer luego de que Boluarte caiga son muy dispersas”, dice Omar Coronel, doctor en Ciencia Política por la Universidad en Notre Dame de Indiana, Estados Unidos.

El escenario sobre lo que podría pasar después de una eventual renuncia de la presidenta es poco claro. Entre las opciones está la posibilidad de que, junto con la presidenta, se renueve la mesa directiva del Congreso, un llamado a elecciones inmediatas y la propuesta de una Asamblea Constituyente, entre otras reformas. “Eso tiene que ver con que no hay un liderazgo claro, que se explica porque no queda casi ningún actor político con legitimidad en el Perú”, explica Coronel.

Es por eso que la caída de Boluarte no garantiza que el problema de la crisis política que vive el país desde hace más de cinco años quede resuelto, tal y como opinan algunos expertos.

Lima se activa

La plaza San Martín, en el centro histórico de la ciudad, no ha sido esta vez el único punto de encuentro de los manifestantes que exigen un nuevo Gobierno. Las manifestaciones han tenido lugar también en otras zonas como la plaza 2 de Mayo pasando por el adinerado barrio de Miraflores. El cambio responde a que en este paro nacional se han sumado a las organizaciones campesinos e indígenas manifestantes de la capital.

En un primer momento de las protestas, gran parte de Lima le dio la espalda a los manifestantes, pero el último mes el escenario cambió, después del casi medio centenar de manifiestes muertos. “El 12 de enero empezamos a ver a los sectores del anti-fujimorismo urbano sumarse a las protestas. Dejaron de ser solo los sindicatos y las organizaciones vinculadas a la izquierda, sino un amplio sector anti-fujimorista”, dice Coronel, especialista en movimientos sociales.

La distancia entre lo que sucede en los círculos de poder de Lima con los movimientos del interior del país no es un elemento nuevo. La idea de “la toma de Lima”, como la han apodado algunos medios locales e incluso los seguidores más radicalizados de Pedro Castillo, en una especie de reapropiación del concepto, tiene que ver con los fantasmas de los círculos de poder limeños desconectados de lo que sucede fuera de la capital.

“Desde Túpac Amaru, Lima ha temido siempre el fantasma del 'aluvión de indios que van a tomar la ciudad', un fantasma colonial que permanece en la sociedad limeña. Las élites limeñas que controlan la política institucionalizada reproducen esta idea de homogeneizar al indígena del sur, siempre rebelde, probablemente terrorista, que va a saquear la ciudad. Esa lectura tiene que ver con un racismo enraizado en las élites del país”, dice Coronel.

Lisbeth Candia llora desconsoladamente mientras espera en la morgue central de Cuzco a que recuperen el cadáver de su hermano Remo, el último manifestante asesinado por las fuerzas de seguridad peruanas durante el peor episodio de violencia política que ha vivido el país en décadas.

“Que no haya más muertes, que sea la última”, dice entre sollozos durante una entrevista telefónica con el periódico The Guardian. “No queremos que su muerte haya sido en vano”, dice desde la sala de espera en la mañana del jueves, mientras los forenses le hacen la autopsia al cadáver de su hermano. 

A Remo Candia, de 50 años, lo habían trasladado la noche anterior al hospital Antonio Lorena de Cuzco con una herida de bala en el abdomen. Los médicos no pudieron salvarlo. “Estaba ejerciendo su derecho a protestar y dispararon a quemarropa contra él”, dice Lisbeth. 

Su hermano era un popular líder de Urinsaya Ccollana, la comunidad campesina de habla quechua donde vive la familia en la provincia de Anta. El almuerzo del domingo fue la última ocasión en que Lisbeth lo vio con vida.

Padre de tres hijos (el más pequeño solo tiene cinco años), Remo había llevado al grupo de campesinos de su pueblo a las protestas de la capital regional de Cuzco para exigir la dimisión de la presidenta Dina Boluarte por los 41 civiles que en poco más de un mes han muerto durante los violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

17 muertos en un día

La espiral de violencia comenzó a principios de diciembre, cuando obligaron al expresidente Pedro Castillo a abandonar su cargo y lo detuvieron por rebelión tras intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto con el objetivo de evitar un tercer juicio político.

La vicepresidenta Boluarte heredó el cargo pero no le llevó mucho tiempo perder popularidad debido a la violencia letal desatada por la policía contra los partidarios de Castillo, lo que a su vez exacerbó la ira y provocó nuevas protestas y bloqueos.

En Juliaca, cerca de la frontera con Bolivia, se han vivido momentos de rabia y dolor visceral, con la ciudad sacudida por el letal estallido de violencia tras más de un mes de protestas contra el gobierno. Bajo toque de queda, la ciudad estaba sumida en la tristeza este miércoles, con miles de personas siguiendo los féretros de al menos 17 manifestantes y transeúntes muertos por heridas de bala.

Entre los fallecidos había una joven de 17 años que trabajaba como voluntaria en un refugio de animales y un estudiante de medicina de 31 años que trataba de ayudar a un manifestante herido. También se encontraron los restos de un agente de policía en un coche patrulla que había sido calcinado. Según su compañero, que tenía heridas en la cabeza, los atacó una turba.

El origen del conflicto

Candia resultó herido de muerte cuando los manifestantes trataban de asaltar el aeropuerto de Cuzco, la puerta de entrada al Machu Picchu, la principal atracción turística del país. Los manifestantes exigen la dimisión de Boluarte, pero los analistas creen que el verdadero origen de la ira es el cisma de décadas entre la élite política de Lima y las comunidades marginadas de indígenas y campesinos en la Amazonia y los Andes.

Muchos peruanos de las zonas rurales pensaron que habían encontrado a un líder que los representara en Castillo, un exmaestro de escuela sin experiencia política anterior. Aunque fue acusado de corrupción, de rodearse de amigotes, y de no saber gobernar, muchos se pusieron de su lado cuando se enfrentó a unos medios de comunicación hostiles y a un muy impopular Congreso de mayoría opositora.

En la pobre y mayoritariamente indígena región de Puno, cerca del 90% de la población votó por Castillo en 2021 por su promesa de ayudar a los pobres. El gobernador Richard Hancco dice que el diálogo con el Gobierno de Boluarte estaba descartado. “Para nosotros, este es un gobierno asesino, no le da ningún valor a la vida”, dice Hancco. “Es totalmente inaceptable que un gobierno provoque más de 40 muertos y no haya habido ni una sola dimisión”.

Coalición con la extrema derecha

Según Javier Torres, editor del medio regional Noticias Ser, la violencia de este lunes representa una escalada brutal incluso para los estándares de las fuerzas de seguridad peruanas. “Nuestras fuerzas de seguridad están acostumbradas a disparar contra la gente, pero creo que aquí han cruzado una línea que no se había cruzado antes. Fue una masacre, no encuentro otro término para describirla”, dice.

En opinión de Omar Coronel, profesor de Sociología y de la Pontificia Universidad Católica de Perú, el Gobierno de Boluarte ha formado una coalición tácita con poderosos legisladores de extrema derecha que presentan a los manifestantes como “terroristas”, un retroceso al conflicto interno con Sendero Luminoso de los años 80 y 90. 

El terruqueo, como lo llaman en Perú, es una práctica habitual para deshumanizar a protestantes que tienen quejas legítimas llamándolos terroristas. “La policía peruana está acostumbrada a tratar a los manifestantes como terroristas”, dice Coronel. “La lógica es que los que protestan son enemigos del Estado”.

Según Torres, la absoluta desconfianza que hay en las instituciones políticas y el clamor creciente para la dimisión de Boluarte ha hecho demasiado lejano el plan de adelantar en dos años las elecciones, para celebrarlas en 2024. “Si seguimos así, habrá protestas, seguidas de masacres, y eso no es viable”, declara.

La oficina de derechos humanos de la ONU ha exigido una investigación sobre los muertos y heridos, mientras que la Fiscalía general de Perú ha abierto una investigación por genocidio y homicidio contra Boluarte y sus principales ministros.

En la morgue de Cusco, Lisbeth Candia oscila entre la tristeza y la rabia. “¿Por qué hay que perder tantas vidas solo porque esa mujer no quiere dejar el Gobierno? Ella tiene que irse, no la queremos, queremos que pague por la muerte de mi hermano, por la muerte de tantos”, dice furiosa. “Queremos vivir en una nueva patria, donde no nos consideren como ciudadanos de segunda clase”.

Traducción de Francisco de Zárate

La tarde del miércoles 7 de diciembre, el Congreso peruano debía discutir la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo, pero el presidente se adelantó. Esa mañana, Castillo ordenó disolver el Congreso, sin seguir los pasos que exige la Constitución. Las Fuerzas Armadas no respondieron. Tampoco los congresistas, ni su vicepresidenta, ni gran parte de sus ministros. En solo unas horas, el legislativo reaccionó con una nueva moción, en este caso por “rebelión”, que terminó con su mandato. Esa misma tarde, Castillo quedó detenido.

“La desesperación, a causa del acorralamiento de la Justicia que lo investiga por actos de corrupción, y su torpeza llevaron a Castillo cometer un acto de esta naturaleza”, dice Roberto Pereira, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializado en derecho penal por la Universidad de Barcelona.

Pereira tiene experiencia en el tema. Hace dos años, defendió al expresidente Martín Vizcarra en su primera petición de vacancia, que meses más tarde terminó en un segundo intento y su destitución. Vizcarra se convirtió así en el segundo presidente de la historia de Perú, después de Alberto Fujimori, en ser destituido del cargo por un Congreso opositor.

La Justicia dictó prisión preventiva de 18 meses para Pedro Castillo. ¿Por qué cree que la Corte Suprema tomó esa decisión?

En primer lugar, la Justicia peruana confirmó que existen elementos suficientes que podrían acreditar el delito de rebelión. En segundo lugar, la decisión significa que para la Justicia peruana existe un alto riesgo de que Castillo se fugue. Por esa razón, dictó una prisión preventiva de 18 meses, está considerando la etapa de investigación e incluso de juzgamiento. De todos modos, la decisión de la Corte Suprema está pendiente de ser revisada en una segunda instancia. Pero todo indica que será confirmada.

¿El delito de rebelión responde a una violación del Código Penal o de la Constitución?

El delito de rebelión está contenido en el Código Penal basado en los principios de la Constitución. El presidente, que es a su vez el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, si dice 'disuelvo el Congreso, cierro el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial', genera una pretensión de ejecución de esa orden, porque es alguien que tiene a su disposición todo el poder de fuego del Estado. Por lo tanto, esa conducta como tal ya configura el delito de rebelión. No es una simple declaración la de Castillo, como lo ha pretendido plantear su defensa, sino que es un claro acto de alejamiento y rompimiento del orden constitucional.

¿Fue un intento fallido de “autogolpe de Estado” porque las Fuerzas Armadas y la Policía no respondieron al llamado del presidente?

Así es. Si bien el tema está en una etapa de investigación preliminar, todo indica que Castillo tuvo información de que algunos sectores de las Fuerzas Armadas podían acompañar en esta intentona. Lo cual no ocurrió. También en este momento están investigando si después del discurso el presidente llamó a algunos algunos mandos policiales y castrenses para ejecutar esas instrucciones. El tema está todavía siendo investigado.

¿Fue inmediato el rechazo de los distintos poderes del Estado al discurso del presidente?

Sí, luego del discurso hubo un rechazo unánime de todas las instituciones del Estado, con pronunciamientos públicos. La presidenta del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Constitucional, la Junta de Fiscales Supremos, la Junta Nacional de Justicia, rechazaron el golpe de Estado y, a los pocos minutos, también lo hizo lo propio el comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Entonces es claro que cualquier promesa de que el Ejército iba a acompañar, al final no se cumplió y quedó desactivada.

¿Fue un error de cálculo del expresidente?

En primer lugar, creo que es un acto de desesperación, de impotencia ante las abrumadoras evidencias de vinculación del presidente y su entorno familiar con actos de corrupción. En segundo lugar, ha sido un acto de torpeza, que lo ha evidenciado desde el primer día que entró al poder. Todas las declaraciones públicas que ha hecho Castillo son conocidas a nivel mundial por un desatino tremendo. La desesperación, a causa del acorralamiento de la Justicia que lo investiga por actos de corrupción, y su torpeza llevaron a Castillo a cometer un acto de esta naturaleza.

¿Es comparable la decisión de disolver el Congreso de Castillo con la de Alberto Fujimori de 1992?

La única similitud que encuentro es en el contenido del discurso. En el caso de Fujimori, cuando leyó un 5 de abril un discurso similar al de Castillo, ya tenía los tanques en las calles, habían tomado los medios de comunicación. Entonces es evidente que este señor no ha tenido ni la más mínima diligencia de un buen golpista, porque Castillo es una persona bastante limitada en su comprensión y en su valoración de la realidad.

¿En qué se diferencian?

En primer lugar, en el contexto. En el caso de Fujimori el país estaba pasando en una crisis tremenda, con el terrorismo en las puertas de Lima. La crisis económica era espantosa. Entonces, la demanda por un gobernante fuerte, de un gobernante autoritario, era bien recibida en los sectores populares. Por otro lado, la popularidad que tenía Fujimori era altísima. Cuando Fujimori dio el golpe de Estado la población lo apoyó, mucha gente salió a apoyarlo. Y en tercer lugar, Fujimori planificó el golpe. Utilizó a las Fuerzas Armadas, contó con la Policía Nacional, si bien después tuvo que retroceder por la presión internacional. Lo que hizo Castillo no tiene nada que ver con el golpe de Fujimori. Por eso es que el 99% de personas estamos absolutamente sorprendidas por lo que ocurrió. Nos parece una decisión absurda, un salto al vacío, lo que hizo Castillo.

El expresidente recibió el respaldo de algunos gobiernos de izquierda de América Latina. ¿Tiene que ver con el desconocimiento sobre lo que pasa en Perú?

Ha habido izquierdas que han marcado distancia, como la chilena, por ejemplo. Pero creo que hay peligrosa simpatía de estos gobiernos con regímenes de izquierda anti-democráticos. Me da la impresión que no conocen la profundidad, los detalles, de lo que está detrás de de Castillo.

Usted ha tenido la oportunidad de defender a Martín Vizcarra ante la primera petición de vacancia del expresidente. ¿Qué representa esta figura legal para la política peruana?

Esa es una figura legal que está presente en la Constitución, en una Constitución con instituciones del siglo XIX, como la vacancia, que han quedado obsoleta. Es una cláusula que se había usado una sola vez, en el caso de Fujimori en 2000, sin mucha discusión. Lo que ha ocurrido en el Perú es que desde el 2016 el sistema político ha entrado a una crisis generalizada, que desencadenó fenómenos políticos muy profundos. En un contexto así, la política recurre a figuras que están pensadas para escenarios más concretos, más predecibles. Por ejemplo, en el caso de Castillo, ni bien dio el discurso, el Congreso tramitó una moción de vacancia por incapacidad moral de manera justificada. En ese caso, lo que estás haciendo es defender al sistema democrático. Pero creo que la herramienta de la vacancia está herida de muerte, porque ha demostrado que puede ser utilizada para el abuso, como en el caso de Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski, y puede ser utilizada para situaciones realmente justificadas, como en el caso de Pedro Castillo.

¿Piensa que es un riesgo?

En un riesgo que traté de advertir en ese momento. En primer lugar, el de no tener una primera una interpretación jurídica adecuada a esta figura. Pero sobre todo por no requerir de responsabilidad política, porque finalmente estos son procesos políticos, no tienen un componente solamente jurídico. La decisión que prima es una decisión política, si el político no tiene la responsabilidad de tomar decisiones que no vayan luego a generar costos mayores, creo que es igual de igual de peligroso.

¿Es posible gobernar en Perú?

Es una gran pregunta. Es muy difícil la gobernabilidad en el Perú porque los actores políticos se han empobrecido. Es decir, los partidos políticos y las organizaciones políticas se han debilitado, no tienen cuadros. Entonces se han convertido en cascarones que comercializan la candidaturas. Eso ha paralizado demasiado la política en el Perú. Si le sumamos que además las reglas que ordenan la política no están diseñadas para esta época, porque quedan antiguas, porque son obsoletas y no responden a esta realidad, tienes un cóctel peligroso.

¿Cuál cree que va a ser la estrategia de la defensa de Pedro Castillo?

Pienso que ellos van a van a tener dos líneas argumentativas. La primera, van a tratar de decir que el procedimiento es nulo porque se destituyó a Castillo a través de un procedimiento que no está previsto. Y la segunda línea dirá que fue solo un discurso, que no hubo ninguna voluntad de quebrar el orden democrático, que esto ha sido simplemente un error del presidente, que ha habido ningún tanque. Pero esa tesis está destinada a fracaso, porque la Corte Suprema ha delimitado cuál es el ámbito relevante del delito de rebelión y por lo tanto, el simple discurso del presidente, en esas condiciones y con ese contenido, ya califica como delito.

Usted ha dicho que el 2016 es donde empieza la crisis. ¿Fue en el momento en que Keiko Fujimori no reconoce la victoria de Pedro Pablo Kuczynski?

Sí, en 2016 empieza la crisis política que tenemos ahora. Cuando Keiko no reconoce el resultado, asume una posición muy agresiva hacia el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski desde el Congreso, que finalmente desembocó en el primero intento de vacancia fallido y luego en una renuncia con una amenaza de vacancia de por medio. Eso hace muy difícil que pueda sostenerse un gobierno en el tiempo. En el Perú no hemos logrado un sistema político responsable, serio, maduro. Las reglas que tenemos no ayudan porque son reglas demasiado rígidas, para una realidad donde la política está marcada por la corrupción. Entonces, ahí se produce el cortocircuito. Esto desencadena lo que ya conocemos, una ingobernabilidad que nos viene afectando desde hace años.

¿Puede este contexto favorecer a Keiko Fujimori como una figura fuerte en medio del caos?

No, no creo. Ella no representa una figura fuerte. De hecho, si ella pretendiese hacer eso, tiene dos problemas. El primero, es que la gente recuerda que esta crisis comienza con ella, con su actitud frente al Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, donde tuvo 72 parlamentarios que prácticamente apalearon a ese Gobierno. Y en segundo lugar, Keiko tiene un proceso judicial por lavado de activos y perdió tres veces las elecciones a presidenta, hasta con Pedro Castillo. Pienso que no tiene ninguna posibilidad, por lo menos en el corto plazo.

Patricia, Tamara y Gema son tres farmacéuticas del Hospital de Guadalajara que no han podido volver a España desde Perú, según informan desde Nueva Alcarria. Las tres mujeres estaban de vacaciones en el país peruano y debido a la situación del país tras el arresto del expresidente Pedro Castillo, sus vuelos han sido cancelados y están actualmente en Cuzco. Hasta ahora, un total de 17 manifestantes han muerto en las movilizaciones de protesta contra el Gobierno de Perú tras la entrada en vigor del estado de emergencia a nivel nacional. También han intervenido las Fuerzas Armadas y la Policía para reprimir a los movilizados.

Según han relatado al medio, el aeropuerto de Cuzco, ciudad donde se encuentran, está cerrado hace casi ya una semana. Las tres afectadas son sólo una parte de más de un centenar de ciudadanos españoles que están atrapadas en la ciudad. Los vuelos de las tres profesionales estaban previstos para la capital, Lima, a las 12:00 horas de este viernes y de vuelta a España, a las 21:00 horas.

Según han relatado al medio alcarreño, han asegurado que la compañía aérea, LATAM, “no les ha dado opción” ni se ha hecho “responsable” por no haber podido llegar al vuelo a España. Lamentan que tampoco la Embajada de España les ha prestado ayuda y que ninguna aerolínea se ha hecho responsable de su situación, mientras que las carreteras están bloqueadas.

Las tres mujeres han afirmado estar “bastante desesperadas” con la situación y las personas españolas que se encuentran en su misma posición han organizado un grupo de WhatsApp para mantenerse informadas.

Un total de 17 manifestantes han muerto hasta ahora en las movilizaciones de protesta contra el Gobierno de Perú, nueve de ellos este jueves, tras la entrada en vigor del estado de emergencia a nivel nacional y con la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía en la represión de los movilizados.

El foco de tensión estuvo este día en la ciudad de Ayacucho, al sureste del país, donde un grupo de manifestantes invadió el aeropuerto y los militares respondieron con bombas lacrimógenas lanzadas desde helicópteros y disparos.

La Dirección Regional de Salud de Ayacucho, una región especialmente sensible por el ataque del terrorismo en los años 80 en su territorio, reportó este jueves la muerte de siete personas y 52 heridos a raíz de las movilizaciones y el enfrentamiento con las fuerzas del orden.

Ante esta situación, el Gobierno Regional de Ayacucho emitió un comunicado en el que responsabiliza de las muertes a la presidenta Dina Boluarte, a los ministros de Interior, de Defensa y afirma que estos deben “renunciar inmediatamente al cargo”, y pide también la censura de la mesa directiva del Congreso de la República para poder instalar un gobierno de transición.

Además, pide que se detenga de inmediato el uso de las armas de fuego y la represión por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Otros dos fallecidos este jueves se reportaron en la norteña región de La Libertad.

Este jueves entró plenamente en vigencia el estado de emergencia decretado por el Gobierno a nivel nacional por 30 días para controlar los actos de vandalismo y violencia cometidos en las manifestaciones y a esa medida se sumó este jueves el toque de queda en 15 provincias de ocho departamentos.

Hasta el momento, a las nueve víctimas se suman los seis fallecidos en el departamento sureño de Apurímac, una víctima mortal en Arequipa, y otro fallecido previamente en La Libertad, desde que las protestas se recrudecieron en varios puntos del país.

Castillo continuará en prisión preventiva

El juez Juan Carlos Checkley ha dictado este jueves 18 meses de prisión preventiva para el expresidente peruano Pedro Castillo, mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración por su fallido intento de disolver el Congreso y nombrar un ejecutivo de emergencia del pasado 7 de diciembre.

De este modo, el juez ha aceptado la petición realizada por la Fiscalía que había considerado que “existe periodo procesal de fuga” y en la que pesó que, minutos antes de su destitución, hubiera intentado acudir a la Embajada de México en Lima para pedir asilo.

“Dictar prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el imputado Pedro Castillo (...) quien se encuentra con mandato de detención preliminar que se computa desde 7 de diciembre de 2022 hasta el 6 de junio de 2024”, leyó Checkley tras una exposición legal que se prolongó durante más de dos horas.

Castillo será investigado como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración, así como presunto autor de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. La investigación ha sido calificada de “compleja” por el Ministerio Público y tendrá una duración de ocho meses.

Castillo fue detenido el pasado 7 de diciembre tras ser destituido por el Congreso poco después de que anunciara el cierre del Congreso, la conformación de un ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto y a reorganizar el sistema de justicia, lo que ha sido calificado como un intento de golpe de Estado.

Ni Castillo ni ninguno de sus abogados se presentaron este jueves al inicio de la audiencia de revisión de la petición de prisión preventiva presentada por la Fiscalía de Perú. Al inicio de la audiencia se informó de que Castillo, que ya cumple arresto preventivo, se negó a recibir la notificación del requerimiento fiscal. En ese sentido, el juez Checkley ha informado de que la defensa del exgobernante sería asumida por el abogado de oficio Italo Díaz.

Al respecto, el abogado Ronald Atencio, uno de los defensores de Castillo, informó en Twitter de que ni él ni su colega Raúl Noblecilla iban a participar en la audiencia: “Son muchos los argumentos que, en conversación con Pedro (Castillo) nos impulsaron a tomar esa decisión”, indicó antes de señalar que entre ellos figura una vacancia [la moción de destitución contra Castillo] “ilegal y exprés”.

Añadió que el Congreso también ha realizado un “levantamiento del antejuicio”, al que tiene derecho el exgobernante, “ilegal y exprés” y que la audiencia también se ha programado “para seguir manteniendo detenido a Pedro Castillo Terrones”.

El Gobierno peruano ha tomado este miércoles la decisión de declarar el estado de emergencia en todo el país por 30 días, lo que implica la suspensión de los derechos de reunión, inviolabilidad del domicilio y libertad de tránsito, entre otros, mientras evalúa la posibilidad de declarar un toque de queda. De esta manera, la Policía estará al frente del operativo de orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

“Se ha acordado el estado de emergencia en todo el país debido a los hechos vandálicos y violentos, toma de carreteras y caminos que ya son actos que se están estabilizando (...) y requieren de una respuesta contundente y de autoridad”, ha dicho el ministro de Defensa, Alberto Otárola, en respuesta a las protestas antigubernamentales por la destitución del expresidente Pedro Castillo, en las que han muerto al menos ocho personas. 

El Gobierno ha decretado esta medida tras las manifestaciones y disturbios en los últimos días en diversos puntos del país en los que, por ahora, se han confirmado ocho víctimas entre los manifestantes y más de un centenar de policías heridos. “Se requiere una respuesta contundente y la autoridad de parte del Gobierno”, dijo el ministro.

El gobierno ya había decretado este lunes el estado de emergencia por 60 días en siete provincias del departamento de Apurímac, centro de las protestas, donde piden la destitución de la presidenta. Las regiones del sur son aquellas donde el expresidente Castillo tiene más apoyo, en especial en los departamentos de Arequipa, donde queda ubicado el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón, que terminó siendo tomado por los manifestantes.

Las protestas registradas en los últimos días, sobre todo en el sur del país donde Castillo recibe mayor apoyo, piden la convocatoria de una asamblea constituyente, el adelanto de elecciones, el cierre del Congreso, la dimisión de Dina Boluarte y la liberación del exmandatario Pedro Castillo, detenido desde hace siete días tras un intento de disolución del Congreso.

Ocho víctimas mortales

Este miércoles el número de fallecidos en las manifestaciones en Perú se ha elevado a ocho. El general de la Policía Nacional, Augusto Javier Ríos, señaló al diario La República que la última víctima murió por un golpe con un objeto contundente. 

“Hay una persona que ha resultado muerta, pero no es por acción de la Policía, ni por arma de fuego. Ya se ha internado en la morgue, se ha hecho la necropsia de ley, la muerte habría sido por golpe con un objeto contundente, le ha caído una piedra”, sostuvo. 

El general ha asegurado que se harán los trámites de ley para la investigación del fallecimiento registrado en el departamento de La Libertad, al norte del país. 

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha anunciado este lunes que enviará al Congreso un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales a abril de 2024. Esta era una de las reclamaciones de los manifestantes que han salido estos dos últimos días a las calles para protestar.

“He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso para adelantar las elecciones generales para abril de 2024”, ha asegurado Boluarte. “En los próximos días remitiré al Congreso un proyecto de ley de adelanto de las elecciones”.

La mandataria peruana asumió su cargo el pasado miércoles en reemplazo de Pedro Castillo. Castillo fue destituido por el Congreso después de dictar la disolución del Parlamento, anunciar la creación de un Gobierno de emergencia y anunciar que gobernaría por decreto hasta la convocatoria de una asamblea constituyente y la reorganización del sistema de Justicia.

Este lunes, la fiscalía general de Perú ha presentado una denuncia constitucional contra Castillo y tres de sus ministros por la presunta comisión de delitos de rebelión y conspiración. La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, también ha acusado al exmandatario, que permanece detenido, como presunto autor del delito contra la administración pública, en la modalidad de abuso de autoridad, y de los delitos contra la tranquilidad pública y contra la paz pública.

La presidenta Boluarte ha asegurado que ha tomado la decisión de adelantar los comicios y no terminar su mandato (que duraría hasta julio de 2026) al interpretar “de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía y, en consecuencia, con la responsabilidad que implica el ejercicio” del Gobierno.

La presidenta peruana, no obstante, ha asegurado que la aprobación de la ley para adelantar las elecciones implica llevar a cabo una serie de reformas constitucionales “que deberían ser aprobadas para el procedimiento más expeditivo”. Una reforma de la que espera quede al margen “toda la práctica de corrupción y con partidos políticos legitimados por la participación ciudadana”.

“Invoco a todas las fuerzas políticas del país, de las regiones y las provincias, a las autoridades, la sociedad civil y al pueblo peruano a participar en este proceso para que una ola de voluntad democrática y responsabilidad nacional nos guíe y oriente, para sentar las bases legales, institucionales y de vida democrática de un Perú unido, libre y con justicia social”, ha asegurado.

Tres muertos y más de 30 heridos en las protestas

Un tercer fallecido se reportó este lunes en las protestas en Perú que exigen la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, y el adelanto de elecciones generales. La información fue confirmada por el presidente del Congreso, José Williams, quien no brindó más detalles. 

Más temprano, Boluarte emitió un mensaje a la nación horas después de que las autoridades informaran de que al menos dos personas habían muerto en las protestas contra su Gobierno. Unas 30 han resultado heridas en los enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional. Según ha anunciado la Defensoría del Pueblo, uno de los fallecidos es un menor de 15 años de edad. Los familiares han asegurado que murió por el impacto de una bala.

El Hospital de Andahuaylas ha confirmado también la muerte de un varón de 18 años tras ingresar en el centro por una herida grave provocada por un golpe con un objeto contundente.

Una menor de 14 años también habría recibido el impacto de un perdigón durante las protestas. Un familiar de la víctimas ha pedido que la adolescente sea trasladada de emergencia a la capital.

El Gobierno regional ha declarado la alerta roja en los hospitales con la finalidad “de salvaguardar la vida” de los ciudadanos. Además, ha pedido que los vecinos eviten exponerse a riesgos innecesarios y resguarden su integridad física.

Opositores a Boluarte ocupan el aeropuerto de Arequipa

Este lunes, los manifestantes que piden su renuncia han ocupado las instalaciones y pistas de vuelo del Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón, en la ciudad peruana Arequipa, la segunda mayor del país.

El operador Aeropuertos Andinos del Perú ha informado que los manifestantes han destruido la infraestructura de seguridad y han incendiado la caseta de control del perímetro del aeropuerto, “lo que ha puesto en riesgo la seguridad de los pasajeros, nuestro equipo y las operaciones aéreas”. El operador afirma que han evacuado a todos pasajeros que estaban en el terminal y han cerrado el aeropuerto “para garantizar su seguridad” aunque esperan “retomar en el corto plazo” las operaciones.

“Para mí sigue siendo presidente (...) Está fortalecido porque sabe el apoyo que tiene justamente de la población, de las calles”. Quien habla es Betssy Chávez, ex primera ministra del Gobierno del expresidente peruano Pedro Castillo.

Chávez, una de las personas más cercanas a Castillo durante su breve gobierno –16 meses de un periodo presidencial de cinco años–, estuvo junto al expresidente hasta el final. Distintos reportes de prensa la ubican en la misma sala en que Castillo leyó el mensaje que selló su suerte. 

Sin embargo, en una entrevista publicada este viernes, dos días después del intento fallido de golpe de Estado lanzado por Castillo, Chávez dice que no tenía idea de lo que el entonces presidente pensaba hacer. “Recién leyó su mensaje, nos quedamos fríos. Terminó su mensaje, me acerqué a él y me dice el presidente: ‘Es una decisión compleja. Fortaleza’”, dice la expremier.

El testimonio de Chávez resulta bastante inverosímil. Como inverosímil es pensar que Castillo, un presidente cuya desaprobación superaba el 60% desde hace meses, cuenta ahora, preso y acusado del delito de rebelión, con el apoyo de “las calles”.

El miércoles, a las 11:48 de la mañana, hora de Lima, Castillo invocó el “reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país” para “disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un Gobierno de emergencia excepcional”. No tuvo que esperar mucho para comprobar que ese reclamo no existía y que nadie, ni las Fuerzas Armadas ni la Policía ni siquiera sus ministros, estaba dispuesto a acompañarlo en la aventura. 

Uno a uno, los miembros de su gabinete ministerial fueron bajándose del coche. La última fue Chávez, quien ahora dice que nunca supo lo que se traía entre manos el presidente. La soledad de Castillo es tal que incluso su mano derecha alega ignorancia cuando se le pregunta por lo que hizo el entonces presidente ante 33 millones de peruanos.

Otro expremier, Guido Bellido, que ostentó el cargo por poco más de dos meses en el inicio del Gobierno de Castillo, ha encontrado una forma aún más estrambótica de defenderlo. Primero, en una serie de tuits, Bellido señaló que “el estado psicológico de Pedro Castillo al leer el mensaje a la nación evidencia de que no se encontraba dentro de sus facultades” y “hay indicios de que el presidente fue obligado a leer el mensaje de la disolución”.

El viernes, Bellido visitó a Castillo en la dependencia policial donde se encuentra recluido, y al salir dijo que el expresidente no recuerda siquiera haber leído el mensaje: “Yo le he consultado al presidente por qué ha leído ese mensaje, el presidente no recuerda lo que ha leído. Yo le he tratado de consultar y él me dice: ‘No recuerdo, Guido’”.

Injerencia de México

Entre los muchos disparates que simpatizantes o allegados del ahora expresidente Castillo vienen enarbolando, pocos son más peligrosos que el lanzado desde el Gobierno mexicano, un país con estrechos vínculos con Perú, que de forma irresponsable ha decidido interferir en un asunto así de delicado.

El mismo 7 de diciembre, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, publicó una serie de tuits donde lamentaba que “por intereses de las élites económicas y políticas se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad” en contra del expresidente Castillo, al punto de “llevarlo a tomar decisiones que han servido a sus adversarios para consumar su destitución”. No hubo aquí ni en sus palabras posteriores ninguna condena del quiebre del orden democrático intentado por Castillo.

Al día siguiente, López Obrador llegó al punto de negarse a reconocer a la nueva presidenta, Dina Boluarte, quien como primera vicepresidenta del Gobierno de Castillo asumió el puesto una vez fue destituido, siguiendo el cauce que dicta la Constitución peruana. 

En paralelo, el canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció que su Gobierno viene realizando gestiones para ofrecer asilo al expresidente golpista, como si de un perseguido político se tratara. El disparate ha escalado a tal punto que el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano ha tenido que citar y reconvenir al embajador mexicano en Perú, y a la vez poner por escrito que “las expresiones de las autoridades mexicanas constituyen una injerencia en los asuntos internos de Perú, y no resultan consistentes con los acontecimientos que se han sucedido en días recientes”.

Los retos de la nueva presidenta

Este es el complejo contexto, interno e internacional, en que tendrá que gobernar la ahora presidenta Dina Boluarte. Es demasiado pronto para saber si será capaz de concitar el apoyo de la ciudadanía y el Congreso. Su gestión nace débil, como débil fue el mandato del expresidente Castillo, cercado por su propia inoperancia, múltiples escándalos de corrupción y un Congreso, aún más impopular que él, que nunca estuvo dispuesto a concederle la más mínima tregua. 

Precisamente, en su discurso de toma de posesión Boluarte pidió “una tregua política para instalar un Gobierno de unidad nacional” sin especificar a qué se refería con esto último. En los próximos días, cuando nombre su primer gabinete, veremos qué entiende la presidenta por “unidad”. Y si es capaz de vender esa visión al Congreso y la ciudadanía. Todo el país y la región aguardan expectantes.

Diego Salazar es periodista peruano, colaborador del 'Washington Post' y autor de varios libros. El último es '¿Y ahora qué?', sobre la campaña electoral en Perú.

El juez supremo peruano, Juan Carlos Checkley, ordenó este jueves siete días de detención provisional para el expresidente Pedro Castillo, quien está siendo investigado por la presunta comisión del delito de rebelión, tras anunciar el cierre del Parlamento y la instauración de un Gobierno de emergencia. En su comparecencia inicial ante el tribunal, Castillo parecía abatido mientras daba respuestas simples de sí o no y su abogado argumentaba que había sido destituido arbitrariamente de la presidencia de Perú por cargos falsos de rebelión, informa AP.

“Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Checkley, dispone siete días de detención preliminar contra el expresidente Pedro Castillo, investigado por el delito de rebelión (alternativamente conspiración)”, anunció el Poder Judicial en su cuenta oficial de Twitter.

Checkley evaluó este jueves por la mañana, en una audiencia virtual, el requerimiento fiscal que solicitaba esta medida contra el exmandatario, quien desde este miércoles se encuentra retenido en un penal de Lima, el mismo donde el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) cumple una condena de 25 años de cárcel.

En la resolución, compartida por el Poder Judicial, el juez también declara la “legalidad de la detención” de Castillo y establece que el plazo de detención judicial “estará vigente del 7 al 13 de diciembre”.

Durante la audiencia, el fiscal adjunto supremo Marco Huamán aseguró que “queda evidente la alta probabilidad de fuga” del expresidente, tras mencionar la intención de Castillo de dirigirse a la Embajada de México para pedir asilo, algo confirmado por el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador. Además, Castillo ratificó este jueves ante el embajador de México en el país andino, Pablo Monroy, la solicitud de asilo al Gobierno mexicano.

Así lo manifestó el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que añadió que México ha iniciado las consultas ante las autoridades peruanas para realizar los trámites de asilo. “El embajador Pablo Monroy me reporta desde Lima que pudo entrevistarse a las 13.20 hora local con Pedro Castillo en el Centro Penitenciario. Lo encontró bien físicamente y en compañía de su abogado”, escribió Ebrard. “Hemos procedido a iniciar consultas ante las autoridades peruanas. Les mantendré informados”, prosiguió.

Huamán indicó que la detención del ex jefe de Estado es “necesaria” para asegurar los actos de investigación y acusó a Castillo de haber pretendido cambiar el modelo de Estado de derecho establecido en la Constitución, de manera ilegal y dolosa.

En la audiencia también participó virtualmente Castillo, quien estaba acompañado de su abogado Víctor Pérez y de su ex primer ministro Aníbal Torres, quien también ejerce su defensa. Al término de la audiencia, Checkley le dio la palabra al exmandatario, pero este se limitó a afirmar “eso es todo”, en alusión a lo dicho por sus abogados.

En su intervención, Torres aseguró que durante la detención de Castillo nunca se empleó algún “medio coactivo o coercitivo”, pero insistió en que en este proceso “se está violando flagrantemente el principio de legalidad” al considerar que en ningún momento se acreditaron los delitos imputados al expresidente.

En esa misma línea, Pérez sostuvo que el anuncio de Castillo sobre el cierre del Parlamento no implicó un levantamiento en armas que requiere, según dijo, el delito de rebelión y negó que exista peligro de fuga, por lo que solicitó al juez que declare infundado el requerimiento del Ministerio Público. “Las declaraciones de mi patrocinado en su mensaje no configuran el delito de rebelión (...) ¿Cómo puede una persona querer fugarse cuando no ha cometido los presuntos delitos que le están imputando”, señaló Pérez.

El Ministerio Público anunció este miércoles el inicio de diligencias preliminares contra Castillo por rebelión y conspiración, mientras el exmandatario permanecía detenido en la Prefectura de Lima por presuntamente “quebrantar el orden constitucional”, después de dictar el cierre temporal del Parlamento y la instauración de un Gobierno de emergencia nacional. Esa orden ha sido interpretada mayoritariamente como un intento de “golpe de Estado”, incluso por los miembros de su gabinete.

La medida no obtuvo el aval de la mayoría de los ahora exintegrantes de su Gobierno, ni tampoco de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Horas después, el Congreso debatió un tercer pedido de destitución en su contra, que finalmente fue aprobado por 101 de los 130 legisladores que integran el hemiciclo peruano. 

Para entender el encadenamiento de los acontecimientos que precipitaron el fin anticipado del mandato del presidente peruano, conviene atender solamente, y sin desvío, a las grandes líneas de una prolongada intriga narrativa, que no ha conocido variaciones esenciales desde 2018. Es verdad que resulta difícil hacer a un lado las anécdotas y peripecias finales, abundantes como la corrupia que figura en el escudo del Perú. En tres tumultuosas horas, Pedro Castillo fue destituido por el Congreso, arrestado por la Policía, y sustituido en el Ejecutivo por la primera mujer que será presidenta del Perú, y que no es ni Keiko Fujimori ni Lourdes Flores, sino Dina Boluarte, de nombre desconocido fuera de las fronteras nacionales.

En Perú sigue vigente la Constitución Política de 1993, que hizo redactar Alberto Fujimori después de su autogolpe de Estado de 1992. La Ley Suprema fujimorista establece un régimen presidencialista y un Congreso unicameral de 130 miembros. Entre las potestades del Legislativo se cuenta la de destituir al Ejecutivo si considera la mayoría de congresistas que la presidencia ha entrado en situación de “vacancia moral”. La causal es amplia, y discrecional. En cinco años hubo cinco presidentes, sólo uno llegó al fin del mandato sin ser vacado. La preparación de acusaciones y defensas contra el Jefe de la Administración pública le resta lo mejor de su tiempo útil a cualquier presidente, de cualquier calidad. La vacancia que destituyó a Castillo era la tercera que el Congreso organizó en su contra, y la primera y única en lograr los votos para lograrlo.

No sólo tiene el Congreso la facultad de controlar y juzgar políticamente al Presidente. También debe aprobar su gabinete, al primer o primera ministra que es la cabeza del gobierno. Puede también interpelar a cada titular de cada cartera. En la presidencia de Castillo, cayeron cuatro gobiernos, por renuncias de las jefaturas de gabinete, o por mociones destituyentes de censura votadas por las mayorías congresistas. Dos mociones de censura votó el Congreso, dos gabinetes tumbó sin que mediara renuncia previa de los primeros ministros. Según la Constitución, el presidente puede, llegado a esta impasse, y si lo considera la mejor salida hacia delante, disolver el Congreso, y gobernar por decreto hasta que en nuevas elecciones generales el electorado peruano se dote de gobernantes y representantes más representativos. Este fue el anuncio que hizo solemnemente, con lectura fluida del maestro de primaria que había sido, con la voz grave y temerosa del presidente que también habría de dejar de ser, pero sin quiebre ni temblor como el de las manos que sostenían el papel del texto del anuncio.

Castillo anunciaba la disolución, anunciaba elecciones en un plazo jamás mayor de nueve meses, durante el cual gobernaría por decreto. Pedía apoyo, a las FFAA, a las de Seguridad, a los ronderos o fuerzas autoorganizadas serranas y rurales. No tenía ninguno, y había hecho este anuncio sin anuncio previo, sin comunicarlo a la Administración pública, a los servicios de prensa del Estado, ni siquiera a su gabinete.

Los medios y agencias extranjeras, como la oficial France24, consignaron que de inmediato medios locales y congresistas denunciaron el golpe de Estado de que se señalaban como primeras víctimas propiciatorias y fatales. En América Latina, por ejemplo, desde temprano se adoptó la rutina, para referirse a Castillo, de en vez de 'presidente' usar dictador y golpista y en todo caso falso presidente: no sólo era corrupto, era antidemocrático. Cambiando las señales mayoritarias, variaba poco el racismo: 'no está mal ser ignorante, no haber estudiado, si se quiere aprender, pero al bandido Castillo le falta ese respeto que no se aprende si no se tiene por la Majestad de la presidencia nacional peruana'.

Otros medios, como la brasileña Carta Capital, la más organizada revista y multimedia pro Lula, informaron del caso de la caída de Castillo como de uno de lawfare vía impeachment express. Aun si hubiera querido serlo Castillo, no es golpista ni dictador quien quiere, sino quien puede. La mala praxis no es Golpe. Y no hay Golpe sin coacción, sin coerción, sin capacidad de victoria por disponer del monopolio de la fuerza, o de un volumen competitivo de munición y de poder de fuego. Ni la Policía, ni las FFAA, cuyos jefes apenas una semana atrás juraban fidelidad al presidente acosado ante una delegación de la OEA que Castillo había invitado para consolidar su legitimidad (invitación también contemplada constitucionalmente).

Hasta el partido mariateguista Perú Libre (PL), de antiguas, neblinosas, posibles, demostrables pero nunca demostradas proximidades ni demostrados vínculos con la guerrilla maoista de Sendero Luminoso, el partido que históricamente lidera Vladimir Cerrón, pero que las últimas elecciones generales llevó a Castillo encabezando la fórmula presidencial, también había desertado al Presidente. Representantes del ex partido minoritario oficialista en el Congreso ya habían hecho conocer que en la tercera vacancia propuesta para Castillo, votarían a favor de la destitución. Es posible que el cálculo de que esta tercera votación fuera la vencida, y que le llegara la exoneración de la presidencia, el resorte que moviera el anuncio sorpresivo de la disolución hecho por Castillo al fin de la mañana. Que era un giro, porque él y su primera ministra la abogada Betssy Chávez habían proclamado que no disolverían el Congreso aprovechándose de la función presidencial que la segunda moción de censura ya había dejado activada.

Un Congreso con poder omnímodo y efímero: no hay reelección, las bancas se gastan al primer uso

Mucho se habla, y deplora, la fragmentación política peruana, la desaparición o atomización de partidos que fueron modelos continentales como el APRA. Perseguido como corrupto por la Justicia, Alan García, último presidente de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, no cometió un suicidio político como el de Castillo, sino que en 2019 el predecesor de Alberto Fujimori en su primera presidencia y sucesor del hoy auto-exiliado Alejandro Toledo en su segunda, se mató literalmente.

Es cierto. Sin embargo, ha habido una reforma constitucional que es una de las explicaciones mayores acerca de la actual hipekinesia destitutiva del Congreso. Si la vacancia existía desde 1993 como instituto para controlar al Ejecutivo, la aceleración de la actividad destituyente (porque por cada exoneración efectiva requiere de la práctica ganada en juicios políticos anteriores, ineficaces, propedeúticos, pero no menos absorbentes ni onerosos en recursos) es un rasgo de los últimos cinco años. Con un proyecto que gustó a la ciudadanía, y también en un primer momento a los congresistas que lo hicieron norma, el sucesor del empresario liberal Pedro Pablo Kuczynski , el 'populista' Martín Vizcarra estableció la norma de la no reelección absoluta para las bancas del Congreso. Esto significaba, no demoraron en advertir, que el enorme poder que había ganado el Congreso (en el que intervenía la aceptación de un concepto cada vez más amplio e inclusivo de 'vacancia moral') se veía drásticamente limitado por lo efímero de su duración: se gastaba al primer uso. Todo empate de fuerzas entre Ejecutivo y Legislativo dejaba en vía muerta la capitalización política (y no solo) de ocupar una banca. Si no había alianza, habría destitución.

Hay quienes dicen que tampoco esta vez habría contado con todos los votos la moción de vacancia, que la decisión de Castillo fue una pasión inútil. Es dificultoso recalcular sin incertidumbre esa hipótesis. Es seguro, en cambio, que el alud de sufragios nominales para la vacancia fue impulsado por la decisión del Ejecutivo de disolver a un Legislativo que la desestimó y se reunió a sesionar más temprano para acabar con la Presidencia Castillo. Destituido, asumió la vicepresidenta. Dina Boluarte juró con su idea de lo que es gala, es decir, según Moloko Podcast, vestida de 'pollo a las brasas' -en el programa político La encerrona, más intelectual, dijeron que era la transformer Bumblebee. Anunció un gobierno de 'todas las sangres'. Le falta poder, liderazgo, apoyos. El destino del nuevo Ejecutivo es incierto, aun si deviniera en Secretaría del Legislativo.

En las últimas elecciones peruanas, ninguna candidatura superó en mucho el 10% de los votos en primera vuelta. En el balotaje, rivalizaron Castillo y Keiko Fujimori. El candidato desconocido, del que CNN no tenía una fotografía, y dejaba su nombre sin ilustrar con una imagen de la persona. superó por un margen mínimo a la hija de Alberto Fujimori en la tercera elección presidencial en que ella era derrotada. Keiko jamás reconoció el triunfo de un provinciano, campesino, sin educación y modales, sin fortuna, sin vis administrativa, izquierdista, comunista. Siempre conservó el reclamo y la incriminación más o menos velada de fraude. Sin embargo, no ha ocurrido lo que se esperaba entonces. Keiko no se convirtió en la líder de la oposición militante, influyendo en el Congreso. Tal vez vea la irrelevancia a la que sucumbe el Ejecutivo. La crisis peruana es política (como la boliviana de 2019), no social (como la chilena del estallido de aquel año), ni mucho menos económica (como la argentina de 2001). Según evocó el presidente en Castillo en su último mensaje, en un pasaje súbitamente sarcástico, la economía capitalista crece en el Perú como en ningún otro país de Latinoamérica y el riesgo país es el más bajo de la región. A pesar de todas las vacancias encadenadas, los bancos prefieren prestar dinero a Perú antes que a Chile, y se lo van a cobrar más barato.

El atípico contexto peruano de alto crecimiento económico anual sostenido, recuperado de la pandemia, y la alta informalidad de la economía (estimada en un 70%), es solidario con el progresivamente menos atípico régimen constitucional de hecho. La erosión del poder Ejecutivo, más allá de la ya establecida en la Ley Suprema de 1993, ha sido operada por el Legislativo y tolerada o admitida por el Judicial. La folklórica apelación a los 'ronderos' en la última comunicación de Castillo puso de trágica evidencia hasta a qué punto carece hoy un presidente peruano de esas dos bases de apoyo indispensables para el populismo más banalmente estereotípico: los sindicatos de trabajadores con empleo (bastión del peronismo clásico en la Argentina) y los movimientos sociales de trabajadores sin empleo (el electorado planero atendido por el kirchnerismo que suspendió la represión de la protesta social). El mismo miércoles del adiós final del presidente Castillo, el batallador presidente electo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ya había renunciado a su viaje a Washington para 'hacer llover' y salvar el plan social Bolsa Familia en el Congreso de Brasilia antes del inicio de su tercera presidencia el 1° de enero.

AGB

La abogada y política de tradición izquierdista Dina Boluarte se convirtió este miércoles en la primera presidenta de Perú, al jurar al cargo ante el pleno del Congreso, después de que el Parlamento destituyó a Pedro Castillo, acusado de dar un golpe de Estado. Boluarte, de 60 años y de cuya vida personal no se conocen muchos detalles, fue elegida como primera vicepresidenta de la República en la fórmula presidencial del partido marxista Perú Libre, que el año pasado postuló a Pedro Castillo a la jefatura del Estado del país, y del cual fue expulsada por diferencias políticas con sus dirigentes.

Al convertirse este miércoles en la primera presidenta de la historia de Perú, juró “por Dios, la patria y la Constitución” y dijo que asumía “de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento y hasta el 28 de julio de 2026”, cuando debe cumplir el actual período de Gobierno.

Añadió que entre sus compromisos estará “defender” la soberanía nacional y que “cumplirá y hará cumplir” la Constitución y las leyes de su país. Y relató que viene de “un pueblito” del Perú profundo, que es la última hija de una familia que vivió la precariedad y que de ahí aprendió bajo el afecto de sus padres el trabajo y la lealtad.

Este jueves, la nueva presidenta eludió responder si adelantará las elecciones, una petición elevada por varias voces. “Sé que hay algunas voces que indican (que debe haber un) adelanto de elecciones y eso, democráticamente, es respetable. Creo que la asunción de la Presidencia en esta oportunidad es un poco reorientar lo que hay que hacer con el país”, dijo Boluarte en una breve rueda de prensa antes de entrar al Palacio de Gobierno.

Del mismo modo, la presidenta indicó que, “más adelante, en coordinación con todas las organizaciones”, verá las medidas alternativas para “mejor reorientar los destinos del país”. Además, la nueva jefa de Estado de Perú añadió que todavía no tienen el nombre del próximo presidente del Consejo de Ministros.

Disturbios en Lima

Un pequeño grupo de simpatizantes y detractores del expresidente peruano Pedro Castillo se enfrentaron este miércoles frente al centro donde está detenido en Lima el exmandatario, acusado de haber dado un autogolpe de Estado.

Los cuerpos de la Policía Nacional de Perú (PNP) han tenido que intervenir con gases lacrimógenos y detener a algunos de los manifestantes para poder liberar la céntrica avenida Alfonso Ugarte, según pudo presenciar EFE.

“Incapacidad moral”

La mandataria fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social desde el inicio del Gobierno de Castillo, el 28 de julio de 2021, hasta fines de noviembre, cuando el escenario político se agravó con la confirmación de que el Congreso iba a someter al expresidente a una tercera moción de destitución por “permanente incapacidad moral”.

En los últimos días, varios integrantes del Ejecutivo, como los exministros Alejandro Salas y Félix Chero, le recordaron a Boluarte que debía renunciar al cargo como lo habían acordado previamente, en el caso de que Castillo fuera destituido por el Parlamento, pero ella mantuvo silencio.

En su lugar, la vicepresidenta decidió dejar el ministerio cuando Castillo hizo su última modificación en el gabinete, tras la renuncia del jurista Aníbal Torres como primer ministro en noviembre último y el ingreso en ese cargo de la legisladora y abogada Betssy Chávez.

Tras el anuncio del cierre del Congreso, Boluarte rompió su silencio para rechazar la decisión de Castillo de “perpetrar el quiebre del orden constitucional” y añadió que se trató de “un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley”.

De esta manera, la abogada dejó de apoyar públicamente a Castillo y con su nombramiento como jefa de Estado se corrigió de lo que había anunciado el año pasado, cuando declaró que si el entonces presidente era destituido ella se iba con él.

Denuncia archivada

La asunción de Boluarte a la Presidencia de Perú se produjo, además, 48 horas después de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó una denuncia presentada contra ella por presuntas irregularidades en su renuncia al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), una entidad pública en la que trabajaba desde 2007.

También fue presidenta del Club Departamental Apurímac, un cargo para el que realizó trámites de transferencia de funciones que le valieron una investigación del Congreso, que finalmente decidió que no había cometido una infracción constitucional.

Boluarte, nacida precisamente en la región surandina de Apurímac, se postuló a un cargo político por primera vez en los comicios municipales de 2018 y nuevamente intentó una curul en el Congreso en las elecciones extraordinarias de 2020 con Perú Libre, movimiento que la incluyó en la fórmula presidencial de Castillo un año después.

Durante su periodo como vicepresidenta, Boluarte representó a Castillo en varios viajes fuera del país, en los que no fue autorizado a desplazarse por el Parlamento, el último de los cuales fue la cumbre del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) en Tailandia en noviembre pasado.

Asimismo, defendió el papel de la mujer en los eventos en los que participó como en la última Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que afirmó que “no hay desarrollo sostenible sin el desarrollo de las mujeres” y destacó el compromiso del Perú con el empoderamiento de las mujeres a través de políticas innovadoras, aunque persistan estereotipos y acoso político contra las líderes.

Reconocimiento internacional, salvo Venezuela y México

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, felicitó este miércoles a Boluarte como nueva presidenta. La condena a Pedro Castillo y el apoyo a Boluarte ha llegado también desde Estados Unidos, España y otros países de la zona. Sin embargo, el número dos del chavismo venezolano, Diosdado Cabello, calificó como un “golpe de Estado” la destitución de Pedro Castillo y aseguró que fue un hecho “promovido por Estados Unidos”.

Mientras, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acusó a las “élites económicas y políticas” de Perú de forzar a Castillo a “tomar decisiones” que derivaron en su destitución. Consideró “lamentable” que por esos “intereses”, desde el comienzo de su “presidencia legítima” se haya “mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución”. Sin embargo, pidió que “ojalá se respeten los derechos humanos y haya estabilidad democrática en beneficio del pueblo”.

Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha conversado este jueves con Boluarte y ha destacado el “ejemplo de fortaleza democrática” del pueblo peruano y sus instituciones. A través de una publicación en Twitter, Sánchez ha informado sobre la conversación con la nueva mandataria en la que le ha trasladado “el apoyo de España en la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho”.

El Congreso de Perú destituyó este miércoles a Pedro Castillo por “permanente incapacidad moral” después de que decretara la disolución de la Cámara e instaurara un Gobierno de emergencia nacional. La hasta ahora vicepresidenta Dina Boluarte juró a la presidencia ante el Legislativo convirtiéndose en la primera mandataria del país y convocó “a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos”. Mientras tanto, Castillo se encuentra detenido en la sede de la Prefectura de Lima.

Boluarte se desmarcó de la decisión de Castillo y la calificó como un “intento de golpe de estado”. En su mensaje en el Congreso, dijo ser consciente de la “enorme responsabilidad” que le corresponde asumir e invocó al diálogo de las fuerzas políticas. “Nos corresponde conversar, dialogar, ponernos de acuerdo, algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses”, resaltó.

Previamente el anuncio de Castillo provocó la renuncia de miembros del gabinete ministerial y el rechazo de aliados del Gobierno, diputados de izquierda y la oposición, quienes reclamaron orden constitucional.

Por su parte, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional emitieron un comunicado en el que manifestaron ser “respetuosas del orden constitucional” establecido en el artículo 134 de la Constitución Política del Perú.  “Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú”, señalaron y pidieron a la población mantener la calma.

La Defensoría del Pueblo demandó la “inmediata renuncia y puesta a disposición ante las autoridades judiciales por incumplimiento” de la Carta Magna de Castillo y exhortó al Congreso la “conducción célere del procedimiento de sucesión presidencial para asegurar la gobernabilidad y la defensa de los derechos humanos en el corto plazo”.

El presidente del Tribunal Constitucional de Perú, Francisco Morales, hizo un llamado a las Fuerzas Armadas para “restablecer el orden constitucional” y rechazó “el golpe de Estado realizado por Pedro Castillo, quien ha quebrantado” la ley. En la misma línea se manifestó la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, quien pidió a la ciudadanía “mantenerse vigilante en defensa del estado democrático y de derecho”. “Demandamos a las instituciones correspondientes a mantenerse firmes en el respeto al Estado de derecho”, agregó. 

La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, también rechazó “de manera enfática todo quebrantamiento del orden constitucional”.

De la misma manera, los diputados de diferentes bancadas del Congreso de Perú denunciaron un “golpe de Estado”. “Esta decisión configura un golpe de Estado y se aleja de todos los marcos constitucionales”, declaró la legisladora izquierdista Ruth Luque, cuya agrupación ha apoyado habitualmente la permanencia de Castillo en el poder. 

La diputada progresista Susel Paredes consideró que “nadie debe obediencia a un gobierno golpista” y respaldó la sucesión presidencial. “Gloriosas Fuerzas Armadas, valerosa Policía del Perú. Nadie debe obediencia a un gobierno golpista. Respaldo al Congreso y que se inicie la sucesión presidencial. Pedro Castillo con esta actitud pisotea la mínima presunción de inocencia que por Constitución le corresponde”, escribió en Twitter. 

La derechista Norma Yarrow indicó que no permitirán “el golpe de Estado de Pedro Castillo”. “No vamos a permitir la dictadura en nuestro país. Firmes nuestras Fuerzas Armadas con la Policía Nacional”, destacó.

Adriana Urrutia Pozzi-Escot, presidenta de la Asociación Civil Transparencia y directora de la Escuela Profesional de Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en Perú, explicó a elDiario.es que la decisión de Castillo “quiebra el orden constitucional y vulnera los principios” de la democracia. “No hay argumento legal que ampare estas decisiones”, subrayó.

Marco Sifuentes, periodista, director del podcast La Encerrona, aseguró que no existía “ningún argumento legal” para el cierre del Congreso. “Es tal cual el caso de Alberto Fujimori de 1992, con la diferencia de que esto no parece planeado en absoluto. Las Fuerzas Armadas no lo han apoyado, ninguno de sus ministros lo ha apoyado, la primera ministra que nombró hace una semana ha renunciado”, añadió el autor de Perú Bizarro.

Finalmente, para Paula Távara, politóloga de la Pontificia Universidad Católica de Perú, podrían configurarse dos escenarios: uno es que, como Boluarte ya se había distanciado de las decisiones de Castillo, “podríamos pensar que hay algún nivel de negociación con algunas fuerzas políticas para tratar de al menos un periodo de calma”. El otro escenario, explica, es que se le permita la juramentación pero que en las próximas semanas o meses “veamos una continuidad del conflicto entre el poder Ejecutivo y el Legislativo y se intente nuevamente la vacancia de Boluarte, como en algún momento han dejado vislumbrar las fuerzas de extrema derecha”.

La politóloga explicó a elDiario.es que si bien se preveía que Castillo no iba a poder gestionar un Gobierno de transformación, “no estaba tan claro que fuera a ser tan rápido y que ocurriera en algo menos de un año y medio”.

Reacciones internacionales

El Gobierno de España condenó la ruptura del orden constitucional en Perú “y se congratula por el restablecimiento de la normalidad democrática”. A través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores señaló que “España siempre estará del lado de la democracia y la defensa de la legalidad constitucional”.

Por su parte, el Gobierno de Colombia se solidarizó “con el hermano pueblo de Perú” e hizo un llamado al diálogo. “El Gobierno de Colombia expresa su preocupación por la crisis política en Perú, se solidariza con el hermano pueblo peruano y hace un llamado al diálogo a todos los actores políticos para salvaguardar la democracia”, expresó en un comunicado.

En las últimas elecciones presidenciales de Perú, Marco Sifuentes, de 43 años, periodista y director de La Encerrona, uno de los 10 podcast de actualidad más escuchados del país, entrevistó a 17 de los 18 candidatos a presidente. Pero uno le llamó la atención por la poca capacidad y falta de carisma: Pedro Castillo. “Era el peor de todos, el menos preparado”, dice el autor de Perú Bizarro, libro publicado a mediados de este año, que revisa el enredo de la política peruana de las últimas décadas.

Castillo enfrenta este miércoles un nuevo intento de la oposición en el Congreso por destituirlo del cargo. El argumento legal es la “permanente incapacidad moral”, basada en las sospechas de corrupción que rodean al presidente, si bien solo han transcurrido 16 meses desde que llegó al poder. “A horas de debatirse una nueva moción de vacancia [equivalente a una moción de censura] en mi contra, me presento para ratificar una vez más que no soy corrupto ni mancharía jamás el buen apellido de mis honestos padres”, dijo Castillo este martes.

La decisión del Legislativo, que contó con el voto de 73 congresistas, inicia la tercera moción de vacancia contra el presidente. “Tanto el Congreso como Castillo tienen el dedo en su respectivo botón nuclear. El Congreso, en la moción de vacancia y Pedro Castillo, en la posibilidad de disolver el Congreso. Los dos han puesto su dedo encima”, dice Sifuentes.

Pedro Castillo enfrenta este miércoles su tercer pedido de destitución en el Congreso. ¿Qué cree que puede llegar a pasar?

Hasta la semana pasada, pensaba que la oposición no tenían los votos. En especial, si tenemos en cuenta que este es su tercer intento de pedido vacancia presidencial y que en los dos anteriores la oposición fracasó. En el primero, de manera rotunda. En el segundo, quedó a medio camino. Y en este tercer intento, el pedido de vacancia llegó al Congreso incluso con menos respaldo que la vez anterior. Por eso, todo indicaba que tendríamos una nueva derrota del Congreso. Pero en estos últimos días han tenido lugar una serie de movimientos que creo que ponen el resultado en duda.

¿Cuáles son esos movimientos?

Hay varios elementos, pero dos se destacan sobre el resto. En primer lugar, cada vez son más las denuncias de corrupción en contra del presidente, incluso las que llegan desde el mismo entorno de Castillo. Este fin de semana, una empresaria ha denunciado que alguien del entorno presidencial le había pedido más de un millón de dólares en sobornos. En segundo lugar, Castillo ha cometido el error de forzar el voto de confianza, un un mecanismo por el cual el gobierno le pide confianza al Congreso pero, si el Congreso se la niega dos veces, el Ejecutivo está habilitado a disolver el Congreso, algo que pasó con Martín Vizcarra [presidente de 2018 a 2020].

¿Le parece que la dinámica política en Perú se ha vuelto repetitiva?

Llevamos varios años en crisis. Esta es la séptima moción de vacancia presidencial en cinco años. En el medio hemos tenido cinco presidentes en cinco años y también una disolución del Congreso. La cuestión de la confianza ya se había usado antes para disolver el Congreso. Mientras tanto, el Congreso cambió la ley para protegerse, para complicar la disolución del Legislativo. Sin embargo, el Gobierno ha hecho caso omiso a esa ley, está haciendo como si esa ley no valiera, dice que ya disparó una de las dos balas de plata, mientras que el Congreso dice que no han disparado ninguna. Es evidente que Gobierno lo que busca es disolver el Congreso.

¿El Gobierno pide el voto de confianza después de la renuncia del último primer ministro?

Sí, efectivamente. Por eso renunció el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que ha sido el principal consejero jurídico de Castillo en estos meses. El presidente presenta la cuestión de confianza en el Congreso, que no se la admiten bajo el argumento de que no sigue el procedimiento regular. Pero Castillo, en lugar de considerar que no ha sido admitida, dice que ha sido negada. Entonces, al haber sido negada, se considera esta bala de plata ya disparada. Ahí está la sutileza del derecho. Esa ha sido la jugarreta legal que encontró Castillo.

Parece como si todos los políticos en Perú, desde los distintos sectores del Gobierno y en la oposición, estuvieran jugando a forzar al extremo la interpretación de las leyes para hacer política...

Sí, creo que lo has descrito muy bien, porque técnicamente no están saliendo de la ley. Si bien el Ejecutivo ha cruzado la línea. Pero hasta ese momento, todos habían jugado muy duro al borde de la tarjeta amarilla, a tal punto que están respetando la Constitución actual. En su afán de protegerse a sí mismo, la oposición también ha tirado al tacho la Constitución varias veces. Es la séptima moción de vacancia presidencial desde el año 2018. Esto no es normal, no lo es, sino que es absolutamente desestabilizador. Pero por otro lado, tienes al Gobierno que acaba de nombrar a su ministro número 81 en menos de un año y medio. Hay una estadística que dice que Pedro Castillo cambia de ministros cada seis días.

¿Esta última moción de vacancia está vinculada a las sospechas de corrupción del presidente?

Sí, efectivamente. Castillo enfrenta decenas de pequeños actos de corruptela, que rodean a sus entornos familiares, a su ciudad natal de Chota, donde opera la llamada “mafia chotana”. Si bien la moción de vacancia está planteada en torno a estas denuncias, la realidad es que lo único que importa aquí son los votos. Es decir, honestamente, no creo que ninguno de los congresistas evalúe las evidencias de corrupción.

¿Todo el arco opositor está a favor de avanzar con la destitución de Castillo?

Eso es parte del drama de la política peruana. Hay una oposición de la derecha más dura, que se autodenomina “bloque democrático”, que está a favor de la vacancia. Luego tienes el sector del Gobierno, con sus cinco diferentes ramificaciones, que están en contra. Y en el medio, tienes a agrupaciones que algunos llaman de centro pero que en realidad no tienen ningún tipo ideología, que son partidos que se constituyen como franquicias y responden a líderes locales o a millonarios, que son las que pueden definir una votación. Tal es el caso de Acción Popular, que nunca se sabe realmente que va a pasar con él, por dónde va a votar, ni qué piensan sus integrantes.

¿Es posible un autogolpe de Estado, al estilo Alberto Fujimori en 1992, en donde el Ejecutivo disuelva el Congreso?

Yo creo que no hay nada imposible en el Perú. Todo lo que creía imposible en el Perú del siglo XXI, en la era post-Fujimori, pues ha sido expulsado por la ventana. Entonces, puede ser posible. Que sea exitoso es otra cosa. Pero da la impresión de que Castillo está dispuesto.

El ministro de Defensa de Perú, Daniel Barragán, presentó este sábado su renuncia a una semana de haber sido ratificado en el puesto. ¿Qué muestra esta decisión?

La renuncia del ministro responde a que el presidente le habría pedido a Barragán tantear los ánimos de las Fuerzas Armadas respecto de un cierre del Congreso para saber qué harían ellos, según fuentes a las que accedió La Encerrona. Pero parece que las Fuerzas Armadas no están de acuerdo en ser utilizadas políticamente. El ministro ha renunciado por eso. La situación se ha puesto bien grave.

¿Este clima se percibe a nivel social como una parálisis de la política?

Sí, eso está clarísimo. Por ejemplo, ahora mismo el Perú está viviendo su peor sequía en los últimos 50 años pero no hay absolutamente ninguna medida para responder a eso. En Perú vivimos una normalización del caos. Estamos siendo testigos de una degradación paulatina y constante, pero en algún momento va a tener que rebalsar el vaso. ¿Cuándo será?. Nadie lo sabe.

¿Cuál es el mecanismo para destrabar este bloqueo político?

La única salida es que se vayan todos, algo que lamentablemente ya pasó en el Perú. Ya tuvimos un momento así, cuando Martín Vizcarra decidió disolver el Congreso. En un mundo perfecto, la salida sería hacer unas reforma política, con candados suficientes al sistema, para que no volvamos a entrar en esta espiral en la que estamos metidos desde el año 2016, cuando Keiko Fujimori se negó por primera vez a aceptar un resultado electoral.

¿Para cambiar las normas de la política se necesita una reforma constitucional?

No necesariamente. Hoy la figura en el Perú es la de “vacancia por incapacidad moral”, que es un vestigio de cuando la palabra moral era sinónimo de mental. Hoy esa palabra está en la Constitución pero se ha venido usando no como una evaluación de la moralidad del presidente. El Tribunal Constitucional podría haberlo acotado, pero nadie lo ha hecho, por eso estamos en este lío.

¿Por qué Perú no tiene un estallido social en reacción a esta parálisis de la política?

Yo creo que Perú tuvo su estallido social. El problema es que ha sido en noviembre del 2020, con las protestas contra Manuel Merino [presidente del 10 al 15 de noviembre de 2020]. Pero después todo siguió igual, incluso peor, lo que generó mucho desgano. Por otro lado, cuando la derecha perdió las elecciones en 2016, Keiko Fujimori adoptó un discurso totalmente 'trumpista', una copia descarada de Donald Trump, reclamando fraude. Eso generó que las movilizaciones, en el último año y medio, normalmente están asociadas a ese sector. Por otro lado, muy poca gente está dispuesta a marchar contra el Congreso, porque no quieren que se interprete como un respaldo a Pedro Castillo, que en general ha decepcionado a buena parte de sus votantes. Tanto el Congreso como Castillo tienen su dedo en su respectivo botón nuclear. El Congreso en la moción de la vacancia y Pedro Castillo en la posibilidad de disolver el Congreso. Los dos claramente han puesto su dedo encima.

¿Es Keiko Fujimori la única persona capaz destrabar el bloqueo político?

No lo creo. La verdad es que Keiko tiene demasiados anticuerpos. El anti-fujimorismo es el partido más sólido del Perú. Keiko Fujimori ha perdido tres elecciones, una después de otra, y ha perdido con Pedro Castillo, un muy mal candidato. Mira, yo entrevisté a 17 de los 18 candidatos y claramente Pedro Castillo era el peor de todos, el menos preparado, el que tenía incluso menos carisma. Y aun así ganó, a pesar de sus múltiples errores.

¿Puede el informe de la OEA, presentado en la última semana, incidir en la dinámica política del país?

No creo que la OEA sea un elemento central para la resolución de la crisis que vive Perú. Irónicamente, el informe de la OEA se ha visto favorable al Gobierno. Digo irónicamente porque en el resto de América Latina la OEA se ve casi como un instrumento de la derecha. Pero en el Perú, desde que la OEA avaló las elecciones del año pasado, la derecha lo ve como un instrumento del Gobierno, de hecho ha sido el Gobierno quien invocó la Carta Democrática e hizo que la OEA enviara una misión. Había la expectativa de que no sea así, pero el informe ignoró por completo todas las denuncias de corrupción y se centró en los juegos de poder, en la pelea institucional. Entonces, perdió su capacidad de armar una mesa de diálogo, en la que todos los sectores de la oposición se vean representados.

¿Cómo se imaginas Perú en un año?

Uff [risas]. No puedo decirte ni siquiera qué va a pasar este miércoles. Menos qué va a pasar dentro de un año. Desde hace unos algunos años no hay nada predecible en la política peruana. Estamos en arenas movedizas hace ya varios años. Lo que pudo haber sido una primavera democrática, desde el 2000 hasta el 2016, se acabó.