La incidencia de la gripe, en un alto porcentaje la A, y de la COVID-19 se ha incrementado en Euskadi en la última semana, según el informe epidemiológico hecho público este miércoles por el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) con datos entre el 18 y el 24 de diciembre. Por el contrario, la bronquiolitis -que afecta especialmente a los menores- presenta un “descenso importante”. La tasa estimada de todas las patologías alcanza los 578 casos por cada 100.000 habitantes y la pasada semana ya superó los 600 puntos. En cuanto a la presión asistencial, que ha motivado quejas por retrasos en Urgencias en zonas como Vitoria y que llega en una época de reducción horaria en hasta 104 centros de salud, solamente consta que ha habido 74 ingresos por COVID-19, nueve de cada diez correspondientes a mayores de 60 años.

En Gipuzkoa los datos son algo más elevados y las comarcas con más circulación son el Goierri guipuzcoano y la Rioja Alavesa. Es habitual que la época de Navidad, con más frío y contactos sociales en espacios cerrados, suponga picos de este tipo. Indica Osakidetza que los niños hasta cuatro años son los más afectados por estas enfermedades, con una tasa superior a los 2.100 casos. A diferencia de los momentos críticos de la pandemia, ahora se mide la evolución de estas infecciones con sistemas de muestreo.

En cuanto a la gripe, aún no ha alcanzado su pico de temporada. Los datos ahora mismo son mucho más altos que en 2022 por estas fechas. El pasado invierno, el pico no llegó hasta marzo. En las muestras analizadas, se ha alcanzado una positividad del 29%, cuando era del 20% la pasada semana. De 552 casos confirmados en el muestreo, 413 corresponde al tipo A “no subtipado”. Hay 121 de la gripe A causante de la pandemia de 2009 y 18 de una tercera variante de la gripe A. En esta temporada la gripe B representa menos del 1%.

En cuanto al Sars-Cov-2, todos los casos detectados en esta sistema centinela (347) lo son por la variante ómicron, la que hace dos años llevó a los hospitales vascos a su nivel más alto desde el confinamiento de la primavera de 2020. Dentro de ella, el 21% corresponde al subtipo JN.1, la que se está extendiendo actualmente, aunque hay JD.1.1, EG.5.1 y BA.2.86 igualmente. El coronavirus no ha superado tampoco su pico de temporada, aunque su circulación nunca fue tan estacional como la de la influenza. Hace aproximadamente tres meses, de hecho, había más hospitalizados que ahora, casi un centenar por semana. Hay también analizadas 222 muestras del virus respiratorio sincitial (VRS, responsable de la bronquiolitis).

La actualización semanal de la COVID-19 que realiza el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) arroja 31 nuevos decesos de personas con coronavirus. Son 26 casos del 18 al 24 de noviembre -siete muertes en el día que más- y cinco notificados ahora de semanas anteriores. Eso sí, se puntualiza que en 21 de esos supuestos el Sars-Cov-2 no es la causa principal del 'exitus letalis'. Son ya 8.161 las muertes totales en Euskadi en la pandemia, 7.078 de ellas correspondientes a pacientes de 70 años en adelante. Si la letalidad media es del 1,1% -en realidad no es tan alta pero hay decenas de miles de positivos no identificados que distorsionan el porcentaje-, se dispara al 2,6% en el caso de los septuagenarios, al 8,2% en los octogenarios y al 17,7% con los nonagenarios.

En cuanto a la presión asistencial, a la que hizo mención por vez primera en meses la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, este fin de semana y que se une a la generada por otras infecciones respiratorias como la gripe o la bronquiolitis, parte del bajo dato de ocupación de la UCI, que se mantiene estable en los niveles más bajos desde el confinamiento. Son solamente tres los pacientes críticos en la actualidad. Eso sí, sube en las plantas de los hospitales de Osakidetza. Hay 223 pacientes de COVID-19 en total por 181 de hace dos semanas y 206 de hace siete días. Se ha llegado en una sola jornada a 43 personas nuevas hospitalizadas. Eso sí, la probabilidad es cinco veces más alta para mayores de 60 años que para el resto de la población.

En lo referente a la incidencia, se mueve con pequeños dientes de sierra en la estabilidad, tanto a nivel general como en los mayores de 60 años, el colectivo que se vigila especialmente. Sube un 4% la observada a 14 días y baja un 5% la observada a 7 días. Ningún grupo de edad presenta datos por encima de 400 puntos por cada 100.000 personas, el nivel considerado como de alerta roja. El R0 -casos originados por cada positivo- marca 0,98, es decir, la antesala de una fase de contracción del virus, aunque no en Bizkaia. En la última semana se han confirmado 1.556 positivos, con un 13% de infecciones en relación a las pruebas realizadas.

Osakidetza ha informado también de los avances en la campaña de vacunación. Son ya 363.346 las personas con una segunda dosis de refuerzo contra el Sars-Cov-2, el equivalente a 28,2% de la población diana. Sube al 76,5% ya entre los mayores de 80 años. El Servicio Vasco de Salud dice contar con más de 300.000 unidades del nuevo preparado de Pfizer pensado para la variante ómicron, el 44,5% de las recibidas.

Metro de Madrid. Nueve y media de la mañana. Un hombre de mediana edad le dice a un joven, que trata de liarse un cigarrillo sorteando los vaivenes del vagón, que se ponga la mascarilla. El chico empieza a rebuscar por sus bolsillos, extrae una prenda de tela un tanto arrugada y termina por ponérsela. En ese momento, casi todo el vagón la lleva puesta. Sin embargo, desde hace tiempo no es raro ver gente que se sienta a tu lado sin mascarilla o con ella a medio colocar, dejando al descubierto la nariz y a veces también la boca. ¿Cuánto durará la mascarilla en espacios sanitarios, farmacias y transporte público? ¿Este “símbolo de la pandemia” tiene los días contados?

Mientras que el Gobierno pide “cautela” ante la llegada del otoño, los expertos consultados consideran que la medida decaerá pronto, al menos en lo que se refiere al transporte público. Dentro de hospitales, centros de salud y farmacias puede seguir teniendo sentido en pos de proteger a los más vulnerables, pero en el interior de un vagón de metro y sin otras medidas que lo complementen, como una mayor frecuencia o simplemente la ventilación, el uso de la mascarilla tiene un impacto muy limitado.

Lo que más sirve y deberíamos aprender, es que si tú tienes síntomas de cualquier tipo de catarro, no solo de coronavirus, deberías ponerte la mascarilla cuando vayas en el metro y no contagiar a tus compañeros en el trabajo

Carmen Cámara — Sociedad Española de Inmunología

“Cuando más sentido tuvieron las mascarillas fue a la vez que las otras medidas. Eran un añadido que reforzaban al resto de medidas colectivas”, analiza el epidemiólogo Mario Fontán. “Si estas medidas ya no son necesarias porque tenemos dos y tres dosis puestas y el virus ya no es tan lesivo como lo fue, la mascarilla pierde cierta justificación desde un punto de vista epidemiológico”, reconoce. No obstante, apostilla el investigador, su uso sigue teniendo sentido en espacios considerados de riesgo como el transporte público en hora punta o cuando pueda darse una concentración de personas vulnerables en centro sanitarios y farmacias.

“Yo, particularmente, siempre la llevo en el bolsillo. Siempre intento llevar una y si tengo síntomas mucho más, aunque tenga un test negativo. Quizá vayamos a un escenario de ese tipo”, considera Pedro Gullón, epidemiólogo y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares. Gullón nunca le vio el sentido a que las mascarillas se quedasen “solo en el transporte público”, pero sí que cree que permanecerán en centros sanitarios y sociosanitarios a medio y largo plazo para “evitar brotes” que pongan vidas en peligro.

Para el experto, es una falacia pensar que seguir llevando la mascarilla solo en el transporte público va a evitar una nueva ola de contagios. “Es no comprender lo que nos ha pasado en los dos últimos dos años y medio. En el caso de que tengamos una transmisión grave, es cuando hay que pensar si se necesitan nuevas medidas”, ha apuntado.

En la mayoría de los países de nuestro entorno no se necesita mascarilla para usar el transporte público. Algunas excepciones son Grecia, Alemania e Italia, donde sigue siendo obligatoria, sin embargo, en este último, la medida expira el próximo 30 de septiembre. Por su parte, el Gobierno alemán sigue apostando por el cubrebocas para contener un posible repunte con la llegada del otoño.

¿Cuándo retirarla?

Gullón tiene claro que pronto desaparecerán del transporte público y Fontán cree que, si la retirada se produjera indistintamente mañana o dentro de un mes, “no tendría mucho impacto”. Ambos argumentan que, en parte, está costando más su eliminación en España porque es un “símbolo” que sigue recordando cuánto daño hizo el coronavirus en las primeras fases de su expansión mundial. “No es una cosa olvidada y se sigue vigilando, pero el impacto de la mascarilla en este momento es muy limitado”, zanja Fontán.

“Supongo que están tomando la precaución por la llegada del frío. Imagino que ese es el motivo de que no se haya retirado todavía, porque las cifras que tenemos hoy son muy bajas”, resume Carmen Cámara, secretaria de la Sociedad Española de Inmunología. “Estamos siendo más precavidos. En el momento actual podemos eliminarlas del mismo modo que se ha hecho en los países del entorno, pero se está esperando a ver qué pasa con la vuelta al cole, al trabajo y al transporte público.

El uso de la mascarilla en estos espacios determinados es la única medida contra el coronavirus que todavía se mantiene y que nos transporta a una época anterior. Fue el pasado mes de abril cuando el Gobierno aprobó el decreto que eliminaba el uso del cubrebocas en la mayoría de espacios interiores –en exteriores ya se había eliminado de manera definitiva–. La primera regulación en torno al uso de la prenda se remonta al mes de mayo de 2020, en la primera fase de la desescalada de la pandemia.

A día de hoy, es raro ver a alguien que la lleve puesta por la calle y, en el metro, la mayoría espera a entrar al vagón para acomodársela. En los aviones, dependiendo del lugar de partida, tampoco es obligatoria. Por lo que la adherencia a la norma casi está desapareciendo. Aun así, llevarla en el metro aunque no todo el mundo lo haga, “sirve de algo”, remarca Cámara. “Lo que más sirve y deberíamos aprender, es que si tú tienes síntomas de cualquier tipo de catarro, no solo de coronavirus, deberías ponerte la mascarilla cuando vayas en el metro y no contagiar a tus compañeros en el trabajo”, recomienda.

“Siempre reduce algo de riesgo, pero menos”, apunta Gullón, sobre las diferentes situaciones que se viven a diario en vagones y autobuses. “Que todo el mundo la lleve puesta tampoco reduce al 100%. Cuanta más gente la lleve, mejor, pero el riesgo nunca es cero”.

Con todo, Cámara cree que por seguir llevándola, tampoco pasa nada. “No pasa nada por extralimitarse porque lo tenemos muy interiorizado. Sabemos que cuando bajamos al metro nos tenemos que poner la mascarilla. Todos tenemos ganas de que pase. Estamos muy próximos”, asegura la inmunóloga. El día en que eso suceda, recomienda Cámara, “en invierno las personas mayores de 80 años que tengan que ir al hospital o coger el transporte público, deberían seguir llevándola”.

“Lanza un mensaje peligroso”

Otro de los dilemas que supone el hecho de que, fuera de espacios sanitarios, la mascarilla solo se mantenga en el transporte público es que puede dar la sensación de que esos espacios son inseguros. Y este es un mensaje muy peligroso en un escenario de cambio climático, defiende Gullón. “En términos de salud pública, me preocupa que sea el único lugar en el que se mantiene porque lanza el mensaje de que es un sitio peligroso. En un escenario de crisis climática, en el que se debería utilizar más el transporte público, creo que es negativo”, explica. “Sobre todo –añade– cuando ni siquiera es el lugar en el que más transmisión ha habido durante la pandemia”. “En vez de obligar o no a llevarla, hay que pensar en nuevas estrategias”, apunta.

El otoño está a la vuelta de la esquina. Pero los datos sostenidos, la variante imperante menos lesiva y la nueva remesa de 10 millones de vacunas adaptadas a ómicron auguran un cambio de estación tranquilo y quizá la Navidad soñada. Pero hasta nuevo aviso, seguiremos acumulando mascarillas por todos nuestros bolsillos.  

Carolina Darias se sienta detrás del escritorio que perteneció a Ernest Lluch cuando fue, como ella, responsable de Sanidad, entre 1982 y 1986. El sol de finales de agosto cae sobre la mesa del político socialista asesinado por ETA que Salvador Illa recuperó para su despacho cuando llegó al ministerio, pocos meses antes de que un virus pusiera de cabeza a España y al mundo entero. Darias (Las Palmas de Gran Canaria, 1965) ha desplegado ante sí numerosos papeles y documentos que no llegará a consultar –“lo tiene todo en la cabeza”, dice una de sus colaboradoras–.

Lleva poco más de un año y medio en el cargo; 19 meses en los que le ha tocado gestionar la pandemia postconfinamiento, la de los hospitales desbordados y la vacunación masiva. Por eso celebra que los datos de Covid-19 hayan dejado atrás aquel colapso de camas y de UCI, y aunque confiesa que nada le gustaría más que anunciar el final de la crisis sanitaria, reconoce que todavía no es posible. Por eso esboza el curso de este último año de legislatura con planes y proyectos legislativos, y a la vez concreta la inminencia de una cuarta dosis para los mayores, que vendrá a intentar atajar los efectos de la variante ómicron.

Sonriente, contesta segura y expeditiva, esquiva las referencias a polémicas tanto dentro de la coalición como con las autonomías, y repite casi como un mantra: acuerdos, acuerdos, acuerdos. Lo dice sobre su forma de trabajar, sobre la política de este “Gobierno feminista y de progreso” y sobre lo que le pide al PP como principal partido de la oposición. En el ministerio la describen afable, enérgica y estricta, casi como se deja ver en esta entrevista.

Hace unos días el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de la Agencia Estatal de Salud Pública. ¿Conseguirá concretarla en esta legislatura?  

Esta es una iniciativa legislativa esperada y demandada. Desde el año 2011 la Ley General de Salud Pública establecía la necesidad de creación de esta agencia, es verdad que con unas funciones mucho más acotadas que las que ahora hemos diseñado. Y será una realidad en esta legislatura como consecuencia de la determinación y el compromiso de este Gobierno de progreso.

¿Cómo se definirán sus dimensiones, su dotación económica o la cantidad de profesionales que trabajarán en ella?  

Está mucho más definido de lo que se piensa. Pero todo lleva su tiempo y su ritmo. Ahora lo hemos aprobado en primera vuelta y con tramitación de urgencia para reducir a la mitad los plazos de información y los informes preceptivos. Intentaremos que la segunda vuelta sea antes de final de año. Y por tanto, a lo largo de 2023, la tramitación parlamentaria hará que la Agencia Estatal sea una realidad. 

¿Da por hecho el apoyo parlamentario al proyecto?  

Parte de un consenso parlamentario importante: una de las conclusiones a las que llegó la Comisión de Reconstrucción en el Congreso fue la necesidad de contar con un centro de excelencia técnica y científica que pueda llevar a cabo las funciones de vigilancia en salud pública. Venimos con las tareas bien hechas, coordinadas y consensuadas en el Consejo Interterritorial. La nueva Red Nacional de Vigilancia –que cuenta con 27 millones de euros de los fondos europeos para que las Comunidades Autónomas actualicen y modernicen la red– ya no se centrará solo en enfermedades transmisibles, es decir, las infecciosas. Va a ser una vigilancia que comprenda también aquellas enfermedades que tienen un mayor impacto en la vida de la gente, como por ejemplo el cáncer y las cardiovasculares. 

¿Qué va a pasar con los centros que ya cumplen algunas de estas funciones, como el CCAES o el Instituto de Salud Carlos III?

Una vez aprobada la ley, ya pasaremos a esa fase. Serán el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Hacienda y Función Pública los que definan los organismos que integrarán la agencia, que también tiene una función muy amplia de asesoramiento y evaluación, y sobre todo de un liderazgo a nivel internacional. Porque una de las lecciones de la pandemia es la necesidad de ser capaces de anticiparnos a riesgos emergentes en salud. Y esta es una de las grandes funciones de la agencia: estar preparados y coordinados ante futuras emergencias sanitarias.

¿Cuándo dejaremos de usar mascarillas en el transporte público? ¿Habrá que esperar a ver cómo se comporta el virus en otoño e invierno?

Nosotros siempre hemos ido de la mano de los expertos que asesoran al ministerio y también a las comunidades autónomas, de las sociedades científicas que forman parte de las ponencias y órganos técnicos. Serán estas personas expertas las que lo digan, cuando tengan algo que decir. Esta estrategia es un legado importante que hemos ido construyendo entre todos y nos ha convertido en una referencia internacional en la vacunación contra la Covid. Cuando me reúno con mis colegas europeos, me preguntan cómo lo hemos hecho. Yo les digo que se llama Sistema Nacional de Salud. Es un éxito colectivo de país, que tiene que ver con la compra centralizada de vacunas que hizo la Unión Europea, el liderazgo del Gobierno de España, la labor de las comunidades autónomas desde la cogobernanza, y por supuesto, dos factores que para mí son clave: el trabajo de los profesionales sanitarios, especialmente el colectivo de enfermería, y el comportamiento ejemplar de la ciudadanía.

¿La cuarta dosis va a hacerse con vacunas adaptadas a ómicron o se van a poner las dosis que ya tenemos?

La ponencia de vacunas, junto con la Comisión de Salud Pública, ya ha acordado vacunar a los mayores de 80 años y las personas que están en residencias, y después, a los mayores de 60 años. Falta ahora determinar cuándo. Pero una propuesta muy factible es que sea con la llegada de las vacunas adaptadas a variantes. 

Las altas temperaturas tienen su influencia, pero hay que saber exactamente cuáles son los motivos que están detrás de un mayor índice de personas fallecidas estos meses

¿Cuándo será eso?

Esperamos que en las primeras semanas de septiembre sean autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento. Por contrato está que a la semana siguiente de la autorización tendríamos vacunas a disposición de Pfizer y Moderna. Y también tenemos nuestras esperanzas puestas en la aprobación de la vacuna española de Hipra. 

Estamos ante un descenso sostenido de casos de hospitalizaciones o incluso de fallecimientos. ¿Fantasea con anunciar públicamente el fin de la pandemia?

[Sonríe]. Eso le corresponderá a la Organización Mundial de la Salud. Me gusta trabajar desde la coordinación con los organismos multinacionales. La pandemia nos ha enseñado eso también y por tanto estaré deseando que esa noticia llegue.

Las estadísticas muestran un exceso de muertes notable después de dos años de pandemia. ¿Estamos pagando con vidas la emergencia sanitaria de estos años anteriores? ¿Tiene que ver con el calor?

Habrá que estar atentos a los certificados de defunción de esas personas que han fallecido. El MoMo lo que hace – y especialmente el índice kairós, que tiene que ver con las altas temperaturas– lo que hace es comparar series históricas y hacer una estimación estadística de muertes esperadas. Es verdad que las altas temperaturas tienen su influencia, pero hay que saber exactamente cuáles son los motivos y las causas que están detrás de ese índice de personas fallecidas.

El Partido Popular tiene que dejar el lío y la bronca y sumarse a grandes acuerdos de país en un momento de dificultad

¿Va a salir la reforma de la ley antitabaco en lo que queda de legislatura? 

Ese es el objetivo. La ley encarna perfectamente nuestro plan integral, y supone también un paso muy importante y decisivo para que nuestro país siga avanzando en la reducción del consumo de tabaco. 

Pero en este caso no cuentan con el consenso del que hablaba respecto a la agencia estatal. 

La intención es, una vez que el Plan Integral en el que estamos trabajando esté ultimado, compartirlo con el Consejo Interterritorial. Esa siempre es la hoja de ruta. Prácticamente todos los asuntos que hemos llevado al Consejo Interterritorial son acuerdos entre todas las comunidades autónomas: la Declaración de Zaragoza sobre la Red de Vigilancia, la estrategia de salud mental que llevaba sin actualizarse 2009, el Plan de Acción de Salud Mental, dotado con 100 millones por parte del Gobierno de España, el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria. Todas por unanimidad. Esa es la forma de trabajar.

¿La pandemia ha mejorado la coordinación con las Comunidades Autónomas?

Mi nivel de interlocución con los consejeros y consejeras es excelente, y desde luego creo que el funcionamiento del Consejo Interterritorial ha venido para quedarse. Otra de las lecciones que nos ha dejado la pandemia es la importancia de esa actuación coordinada, máxime en un Estado descentralizado donde la coordinación le corresponde al Ministerio de Sanidad pero la gestión sanitaria la tienen las comunidades autónomas. 

¿Hay diálogo con el PP en materia sanitaria? ¿Nota algún cambio con la nueva dirección del Partido Popular?

A peor la mejoría, como dicen en mi tierra. A mí lo que me gustaría es que el Partido Popular dejara el lío y la bronca y se sumara a los grandes acuerdos de país, especialmente en un momento de dificultad como el que tenemos, con una guerra a las puertas de Europa, una inflación elevada, que es el principal problema que tenemos no solamente en España, sino a nivel europeo. 

¿Puede haber voluntad en el PP de hacerlo en lo que queda de legislatura?

En el Congreso de los Diputados el Grupo Parlamentario Socialista y el de Unidos Podemos, que forman parte de este gobierno de progreso, junto con apoyos parlamentarios, sacó adelante hace unos días iniciativas muy importantes. Entre ellas, dar una ayuda complementaria a las becas (el PP votó que no), dar una ayuda de 400 o 200 euros (el PP votó que no), que el transporte público sea gratuito en trenes de Cercanías y media distancia (el PP votó que no). No puede ser que sea siempre el partido del no. No puede oponerse a todo aquello que permita a la ciudadanía de este país avanzar. 

¿Van a poder sacar los Presupuestos?

Estoy convencida y confiada de que sí. El escenario que estamos barajando es el de tener Presupuestos para el año 2023, porque eso es lo que te permite planificar toda la acción de gobierno. Hemos aprobado más de 160 iniciativas legislativas en este tiempo. Somos un Gobierno que dialoga, que llega a grandes acuerdos.

Madrid no es un buen ejemplo a seguir. Lamento que actuara al margen de las otras comunidades en la vacunación de monkeypox. Desde luego no había ninguna necesidad

Antes decía que la coordinación con las autonomías ha mejorado, pero Madrid ha sido muy crítica con la política sanitaria del Gobierno y ha tomado incluso decisiones al margen, como adelantarse a la vacunación de Monkeypox con dosis más pequeñas antes de que se tomara esa decisión. 

Si algo hemos hecho en este tiempo es tomar decisiones de la mano de los expertos. Incluso cuando había comunidades que no estaban de acuerdo, siempre han aceptado lo que la mayoría ha decidido. Yo creo que el de Madrid no es un buen ejemplo a seguir. En el caso de Monkeypox, la EMA dio el visto bueno a la vacuna intradérmica un viernes. Ese mismo día celebramos una ponencia y el lunes por la mañana convocamos para tomar la decisión. Hemos actuado con la máxima celeridad. Desde luego no había ninguna necesidad de una actuación como la de Madrid. Fíjese, la Ponencia de Vacunas y la Comisión de Salud Pública acordaron excluir a algunos colectivos de la nueva vacunación intradérmica, como por ejemplo a menores, embarazadas y personas inmunocomprometidas. ¿Qué criterio aplicó Madrid? Yo lamento que no haya estado con el resto de comunidades.

¿Por qué cree que España es el país de Europa más afectado por la viruela del mono?

Es complicado, de verdad. Por ahora sabemos que el virus de Monkeypox está básicamente acotado a un ámbito concreto, personas que tienen prácticas sexuales de alto riesgo. Si miramos la evolución de la curva estamos ante un descenso estable, dicho también con toda la prudencia. Por tanto lo que conviene hacer es una llamada a la cultura del cuidado. Sabemos que hay una transmisión importante ante el contacto estrecho. Cualquier persona que tenga sintomatología, que acuda a su centro de salud y se mantenga en aislamiento y sigan los tratamientos. Y por supuesto, vacuna preexposición también a las personas que están con la PREP. También es muy importante la trazabilidad: es muy importante para poder acotar la transmisión comunitaria.

Esta semana el Consejo de Ministros aprobó la reforma de la Ley del aborto, en la que finalmente no se incluye el concepto de violencia obstétrica. ¿Sanidad lo vetó? 

Nosotros hemos trabajado muy bien con el Ministerio de Igualdad, tengo que reconocerlo. La ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo viene a ratificar que este es un gobierno que avanza en derechos de las mujeres frente a los retrocesos de la derecha. 

¿Cree que hay dos sensibilidades distintas en el Gobierno para entender esos derechos o el feminismo?

Absolutamente no. Hay un gobierno que es tremendamente feminista, liderado por un presidente muy feminista, paritario, en el que todas las vicepresidentas son mujeres. Un gobierno comprometido con los derechos de las mujeres y sobre todo, en recuperar los retrocesos que han supuesto gobiernos del Partido Popular en legislaturas anteriores.

¿Cree que el Sistema Nacional de Salud es capaz de absorber la mayoría de los abortos, como plantea la reforma?

Aquí lo que se trata es de que las mujeres tengan derecho a una interrupción voluntaria del embarazo y, por supuesto, dentro del Sistema Nacional de Salud. Las prestaciones son públicas. Y estamos todos de acuerdo en seguir avanzando para que cada vez más sean los hospitales públicos los que lo lleven a cabo.

La sanidad privada es un complemento de la pública, y así tiene que ser

Ahora que hablamos del sistema público y el privado, en el proyecto de Ley de Equidad Sanitaria figura como objetivo blindar la sanidad pública y la gestión directa como modelo a seguir en el Sistema Nacional de Salud. ¿Qué papel cree que tiene que jugar la sanidad privada?

El Gobierno ha hecho su trabajo, ha aprobado el proyecto en primera y en segunda vuelta, con todos los informes, con la colaboración de todos los ministerios implicados. Y ahora le toca hablar a las Cortes Generales. La sanidad privada es un complemento de la sanidad pública y así tiene que ser. Nuestra apuesta es por una sanidad pública robusta y resiliente. 

Tenemos un plan de inversión de 800 millones de euros de los fondos europeos para renovar y ampliar equipamiento de alta tecnología. Estamos haciendo reformas importantes, como la Agencia Estatal de Salud Pública y la Ley de Universalidad, Equidad y Cohesión en el Sistema Nacional de Salud. Hemos actualizado estrategias que llevaban años sin actualizarse: contra el cáncer, la de salud mental, la estrategia cardiovascular, el sistema de vigilancia. También el Real Decreto de especialidades y la mayor estabilización laboral de la historia del Sistema Nacional de Salud: más de 67.000 sanitarios. Creo que son pasos decididos. 

¿De qué gestión de su ministerio se siente especialmente orgullosa?

Muchas. Evidentemente, de haber contribuido a vacunar a todo un país contra la Covid. Yo creo que es un hito muy importante, pero también lo son las grandes reformas legislativas que estamos emprendiendo, como las que he citado y el plan de salud bucodental. También me dio mucha alegría haber firmado la orden ministerial por la que las mujeres sin pareja, las lesbianas, las bisexuales o las personas trans con capacidad de gestar tendrán acceso a la reproducción asistida, cosa que el Partido Popular eliminó por un prejuicio ideológico. 

También tiene asuntos pendientes. ¿El ministerio va a aprobar una regulación del cannabis medicinal como le ha pedido el Congreso? 

Es una de las tareas pendientes y vamos a intentar llevarla a cabo. El objetivo inmediato es ya trabajar en la segunda vuelta de la Agencia Estatal de Salud Pública, en la modificación de la Ley de Medicamentos, que va a ser muy importante en la estrategia farmacéutica. También todo lo que tiene que ver con la formación sanitaria especializada, vamos a sacar otra convocatoria récord, además de avanzar en el Real Decreto de Especialidades y la reforma de la Ley Estatuto Marco. Nos queda. Hemos hecho mucho, pero tenemos mucho por hacer.

El Ministerio de Consumo, que antes formaba parte de Sanidad, ha protagonizado algunas polémicas por declaraciones o campañas en las que promovía una dieta con menos azúcar y menos carne, que incluso acabó en su día con un comentario del presidente Sánchez sobre el chuletón. ¿Cuál es su posición sobre este tema?

La posición del Ministerio de Sanidad no puede ser otra que la necesidad de impulsar hábitos saludables en todos los sentidos, una dieta equilibrada y ejercicio físico. Otro de los proyectos muy importantes que tenemos por delante ya una realidad: el Plan Integral contra la Obesidad infantil que presentó el presidente Sánchez junto con la Fundación Gasol. 

¿Cómo se soluciona el problema de la Atención Primaria? 

Hemos aprobado un plan de acción de Atención Primaria y comunitaria, dotado con 230 millones de  fondos europeos. Hemos procedido al reparto de los primeros 70 millones en el último Consejo Interterritorial y el resto, en 2023. Tenemos un plan de acción de Atención Primaria con indicadores claros y concretos, con metas y objetivos. Queremos seguir potenciando el papel de la profesión de enfermera en el empoderamiento dentro de atención primaria y volveremos a batir récords de la formación especializada MIR. 

El problema es que cada vez menos profesionales eligen esa especialidad. 

Por eso es importante crear referentes, como cuando le dimos la Orden del Mérito Civil a este médico de Atención Primaria que contaba antes. Debemos crear referentes pero también dotar de recursos.

¿Cree que el problema en el caso de los médicos de familia o de primaria es la falta de referentes o más bien las condiciones de trabajo y los salarios?

Ese es un tema que entra de lleno en el terreno de las comunidades autónomas. Desde el Ministerio de Sanidad, que es el que yo dirijo, hemos destinado 230 millones para la Atención Primaria. Hemos aprobado por unanimidad un plan de acción con medidas y objetivos. Lo importante es seguir avanzando y dando respuestas.

Los pacientes ingresados con COVID-19 en la red hospitalaria de Navarra son 92, menos de 100 nuevamente. El último informe comparativo del Ministerio de Sanidad muestra la tendencia claramente descendente de la presión asistencial. Hace dos semanas eran 151 los hospitalizados, hace una semana 141 y este mismo martes 117. Es un descenso del 40% en quince días. De los ingresados, cinco están críticos en la UCI y aquí la evolución es diferente: eran ocho hace una semana y cinco de hace dos.

Navarra, en general, presenta indicadores de presión hospitalaria por COVID-19 algo inferiores a la media española con 19,91 ingresados por cada 100.000 habitantes frente a 14,13 (0,76 en UCI frente a 0,83). En cuanto a los decesos, hay 13 fallecimientos más notificados en la última semana, lo que eleva a 1.675 el total en la pandemia. La mortalidad global ha sido en la comunidad foral más alta que en España, aunque entre los mayores de 60 años ha sido del 3,2% cuando la media sube a 3,6%.

La transmisión del Sars-Cov-2 tiene también una clara tendencia a la baja. Son 527 los casos a 14 días entre cada 100.000 mayores de 60 años pero la previsión es baje al entrono de 300 puntos en una semana. No obstante, este dato supera los 900 en el caso de los octogenarios, nonagenarios y centenarios, para quienes el contagio supone un factor de riesgo muy alto. Es un 50% más que la media española en esa franja etaria. Navarra es la quinta comunidad que más PCR y antígenos realiza (o al menos contabiliza).

Es como haber vuelto a diciembre. La conjunción de la explosión de la séptima ola, aunque sea una ola hasta cierto punto silenciosa, junto al arranque de las vacaciones de verano –entonces las Navidades– han disparado la venta de autotest COVID.

Hace tiempo que los servicios sanitarios dejaron de rastrear la enfermedad, si no de manera premeditada, sí de facto, y los ciudadanos se buscan la vida para autodiagnosticarse y gestionar la COVID. El resultado: la venta de estos dispositivos se acelera, según varios actores del sector. La consultora IQVIA, especializada en el campo farmacéutico, sostiene que se ha duplicado en las últimas tres semanas. La empresa Cofares, dedicada a la distribución de productos sanitarios, explica que la demanda ha subido un 120% en lo que va de mes respecto al anterior, y el laboratorio vizcaíno Biolan ha multiplicado por diez la venta de test a farmacias.

Las cifras absolutas no han llegado aún a los niveles de las pasadas navidades, cuando hubo una explosión en las ventas que llegó a agotar el stock y convirtió lograr hacerse con un test en toda una epopeya en ciertos sitios. En la última semana de la que hay datos consolidados, la que fue del 27 de junio al 3 de julio, se han vendido 4,2 millones de test por toda España. En lo peor del pasado invierno, tras las vacaciones navideñas y las múltiples reuniones que llevan aparejadas, se vendieron 10 millones de unidades en la tercera semana de enero. Ahora estamos en menos de la mitad, pero el dato crece casi un 40% semanal en el último mes.

Las comunidades autónomas donde mayores subidas se han registrado de una semana para otra son Navarra (66% más), Castilla y León y Aragón (ambas, con 61%) y la Comunitat Valenciana (60% más), según IQVIA. En Galicia (26%) e Islas Baleares (33%) es donde menos ha subido.

La responsabilidad, a ciudadanos y empresas

Los ciudadanos ya han asumido que diagnosticarse la COVID es cosa de cada uno. El 93,8% de la gente considera que contar con estos elementos de autodiagnóstico contribuye a sobrellevar la situación y a tomar el control de la enfermedad, según Cofares. Cuatro de cada diez incluye los test como parte del botiquín habitual de forma regular. La administración se ha desentendido del día a día de la pandemia.

Hay expertos que critican esta estrategia de privatización. “Se ha delegado la responsabilidad del control de la pandemia en los ciudadanos, médicos y empresas”, critica Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). “El Gobierno central primero descentralizó en las comunidades autónomas. En un segundo paso, las comunidades se pusieron de acuerdo, con el Ministerio de Sanidad a la cabeza, para liberalizar todo y olvidarse de la pandemia”, reconstruye la sucesión de eventos.

Es el ciudadano quien, a través de los síntomas, se tiene que hacer un test, y después, a través de esos test y sus síntomas, se delega otra vez, ahora en el médico, que tiene que decidir si le da la baja

Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia

De esta manera, continúa, “es el ciudadano quien, a través de los síntomas, se tiene que hacer un test, y después, a través de esos test y sus síntomas, se delega otra vez, ahora en el médico, que tiene que decidir si le da la baja. Porque hay empresas que han tomado decisiones muy controvertidas, como insistir que los trabajadores vayan a trabajar aunque tengan síntomas”, sostiene. “La autoridad sanitaria se ha desinhibido, se ha hecho un apagón de competencias”.

“Al Sistema Nacional de Salud le va bien porque no se satura, pero [esta delegación de la responsabilidad] contribuye a la desigualdad ante el manejo de la enfermedad”, explica Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública y portavoz de Sespas (Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria).

“Un factor a considerar es el acceso a las pruebas y su interpretación”, expone. Respecto a lo primero, el epidemiólogo recuerda que aunque el Gobierno limitó en enero el precio de los autotest a un máximo de 2,94 euros “hay personas que no se lo pueden permitir, por barato que parezca. En términos relativos puede ser caro para alguien”.

El uso e interpretación de los resultados de los test tampoco acaba de ser dominado por la población general, opina Hernández. “No es tan fácil como parece. Por el momento en el que te haces la prueba y cómo interpretas los resultados puedes tener un falso negativo y exponer a personas vulnerables. Yo compruebo en mi entorno que gente con una alfabetización sanitaria alta no controla estas cosas, la respuesta a todo suele ser 'hazte un test', y por ejemplo con las nuevas variantes hay que considerar que los antígenos dan positivo más tarde”, reflexiona.

Minimizar lo ajeno, valorar lo propio

Armenteros cree que en este contexto “han subido los test porque las personas se sienten indefensas”. “No hay mucha confusión, las probabilidades de tener una infección respiratoria que no sea COVID es muy pequeña ahora mismo. Y todo el mundo quiere saber si tiene COVID, porque aunque lo minimizamos cuando lo tienen demás, cuando eres tú te entra el temor a ser ese caso entre un millón que le da un trombo o que tiene COVID persistente. Y te haces un test. Y como los positivos tardan más en aparecer pero los síntomas son más graves, te haces más test”, elucubra.

Al Sistema Nacional de Salud le va bien porque no se satura, pero contribuye a la desigualdad ante el manejo de la enfermedad

Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública y portavoz de Sespas

Este médico considera que ni siquiera está sirviendo para descongestionar tanto la Atención Primaria porque “para dar las bajas hay que hacer un test en el sistema sanitario, de manera que da igual el positivo en casa”, explica.

Lo más grave para este sanitario es el apagón informativo en cuanto a la información que se recopila y ofrece sobre la pandemia. “Ocultarlo para que no se sepa la dimensión que tiene. Nadie sabe los positivos en general, los positivos entre sanitarios y una cosa tan importante como las reinfecciones. Y estamos viendo que la variante BA5 está provocando muchas más”, advierte.

Hernández sí considera que hay algo positivo en todo esto: “El hecho de que las farmacias participen en la provisión de test en sí no es negativa, de entrada”. No obstante, también opina que estas “podrían asesorar o explicar mejor” ciertas cuestiones técnicas, aunque esta cuestión la considere un déficit transversal: “Seguramente sería necesario disponer de unas indicaciones tanto por las consejerías de sanidad como por el ministerio de unos materiales de fácil acceso y unas explicaciones sencillas”.

Otra cosa es que para el futuro, y dada la importancia de tener una vigilancia de salud pública de calidad, habrá que ver cómo se organiza para que las farmacias comunitarias participen en el entramado de vigilancia de salud pública de una forma que implique suficiente cobertura.

Las variantes de ómicron BA.4 y BA. 5 representan ya el 56 por ciento de las infecciones por coronavirus en Extremadura, según ha dicho este jueves el consejero de Sanidad, José María Vergeles, que aunque cree que no hay motivos para la preocupación, si hay que estar vigilante ante el ligero aumento de la incidencia acumulada.

A falta de conocer la actualización concreta de la situación epidemiológica, el consejero ha señalado, a preguntas de los medios en Cáceres, que la incidencia acumulada en mayores de 60 años sube en Extremadura hasta los alrededor de 700 casos a los 14 días, aunque no hay datos que indiquen que haya mayor gravedad de la enfermedad.

“Estaremos vigilantes ante cualquier situación que se pueda producir”, ha dicho Vergeles, para quien ante estas nueva variantes “la vacuna parece que se queda corta”, pues no neutraliza la infección, aunque evita el desarrollo de una enfermedad grave en caso de contagio.

Así, ha dicho que a pesar de que la BA.4 y la BA.5 se escapan a la prevención de la infección de mejor manera que otras variantes, tanto si se ha pasado el covid y generado defensas como si se está vacunado con la pauta completa, se “atisba” que las vacunas previenen de desarrollar una enfermedad grave, algo que “si fuera así” disiparía los motivos para preocuparse.

En este sentido, ha explicado que el Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles abordó el último estudio “muy preliminar” sobre las variantes mayoritarias en España y su gravedad que indica que son estas subvariantes de ómicron las que empiezan a prevalecer en los contagios.

“Podemos fabricar una nueva vacuna en seis semanas”, aseguró en diciembre de 2020 el director ejecutivo de BioNTech, Ugur Sahin, con la llegada de la variante alfa. Era una declaración vaga abierta a la interpretación: aunque a nivel técnico la actualización no fuera complicada, repetir los ensayos clínicos —aun a pequeña escala—, cambiar la producción en masa y distribuir las nuevas dosis no sería tan rápido ni fácil. Más de dos años tras esas palabras y casi seis meses después de que Sudáfrica diera a conocer al mundo a ómicron, las nuevas vacunas todavía no han llegado. Cuando lo hagan este otoño, estarán adaptadas contra una variante de 2019 y otra de 2021. ¿Será esto un problema?

Hasta ahora, los intentos por adaptar las vacunas de ARNm contra las nuevas variantes han quedado en el aire. Por ejemplo, Moderna llegó a compartir resultados de una actualización contra beta, mientras que en verano de 2021 Pfizer anunció un ensayo clínico con una dosis de refuerzo adaptada contra delta del que nunca más se supo, a pesar de que la empresa aseguró haber fabricado el primer lote. 

La mayoría de los investigadores consultados hasta la fecha, en este artículo y en otros anteriores, coinciden en dos cosas. En primer lugar, que hasta ahora no ha sido urgente actualizar las vacunas porque estas han mantenido su protección contra cuadros graves y muertes durante las acuciantes campañas de vacunación de 2021. En segundo, que en este otoño previo a 2023 no sería mala idea contar con dosis actualizadas ahora que la urgencia de las fases previas ha quedado atrás.

“Otoño sería una época muy adecuada para poder usarlas”, asegura a elDiario.es el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos. Esto permitiría prepararse de cara a la inevitable oleada del próximo invierno. Diversos actores parecen pensar igual: la EMA ha adelantado su intención de autorizar las dosis de refuerzo en septiembre. Tanto la ministra de Sanidad, Carolina Darias, como el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, han apuntado a otoño como la época en la que empezarán las cuartas dosis.

Los fabricantes de vacunas de ARNm han marcado la misma fecha en el calendario, con matices. Moderna ha advertido de que, si la FDA escoge una variante nueva en su reunión de finales de junio, “ningún fabricante será capaz de estar listo en agosto”. El motivo: que hay que producir decenas de millones de dosis antes de septiembre.

Una vacuna contra una variante desconocida

Estas nuevas dosis serían bivalentes, es decir, combinarían vacunas contra dos variantes. Por un lado, la variante original —que los virólogos llaman Wuhan-Hu-1—; y por otro, la ómicron original, BA.1. Esto quiere decir que las vacunas irían dirigidas contra una variante de 2019 y otra de 2021.

BA.1 ya se encuentra en retirada y ha ido siendo sustituida por sus hermanas BA.2, BA.4 y BA.5. Aunque existen dudas sobre si no hacemos demasiado zoom sobre el genoma del SARS-CoV-2 —también existe la BA.2.12.1—, lo cierto es que no sabemos cómo funcionará la nueva vacuna contra la hipotética variante que domine dentro de cinco meses.

¿Es esta vacuna bivalente la mejor opción? “Es mejor que repetir solo con la [variante] original”, explica López Hoyos. “Juntando dos variantes combinas una serie de mutaciones distintas y aumentas el espectro de respuesta, que es de lo que se trata. Está claro que no vas a adelantarte a la variante de dentro de seis meses, pero consigues una respuesta inmunitaria potente y de alto espectro”.

La viróloga del Instituto de Salud Carlos III María Iglesias opina igual: “No sabemos muy bien qué va a circular de aquí a nada porque constantemente aparecen nuevas variantes, y era muy necesario actualizar más que seguir vacunando con la variante original”.

Iglesias ve lógico que se haya escogido la ómicron BA.1, aunque ahora mismo su circulación sea muy minoritaria. “Comparte 16 cambios con la BA.2 que están en zonas muy relevantes y sitios de unión de anticuerpos, por lo que creo que conferirá protección perfectamente contra las variantes ómicron que hay por ahora”. Matiza que se trata de una especulación basada en las mutaciones de esta familia de SARS-CoV-2: “Obviamente la protección no va a ser total y perfecta porque tienen espículas diferentes que en algunas ómicron pueden llegar a serlo bastante”.

“No podemos caer en el error de querer vacunar frente a la última subvariante que circula porque el desarrollo de las vacunas va muy por detrás de la evolución del virus”, advierte el inmunólogo del Hospital Clínico Universitario de Santiago José Gómez Rial. “Lo importante ahora es cubrir ese salto cualitativo que ha generado ómicron con respecto a las variantes anteriores”. En otras palabras: “No vacunar con la última subvariante ómicron identificada, sino con una vacuna actualizada contra ómicron en general”.

Iglesias sí se pregunta por qué la actualización incluye de nuevo al coronavirus original de 2019, que ni siquiera cuenta con la famosa mutación D614G, en lugar de añadir una variante de la familia B.1, más reciente, que sí la tiene. 

Gómez Rial también duda sobre la opción bivalente elegida: “No sé qué interés tiene incorporar una variante que ya no circula y frente a la que una gran porcentaje de la población mundial está vacunada y cuenta con memoria inmunológica”. Sí cree que, antes de optar por una única dosis de recuerdo con ómicron, sería mejor repetir una estrategia con dos o tres dosis.

Una orquesta sin director

La farmacéutica experta en gestión y acceso a medicamentos Belén Tarrafeta no cree que llegue de manera inmediata una vacuna monovalente contra ómicron: “Pfizer y Moderna no tienen un incentivo claro para invertir masivamente, cambiar la cadena de producción y hacer algo distinto sin el beneplácito de la OMS”.

Tarrafeta lamenta que en el equilibrio entre interés comercial y salud global “no haya director de orquesta”. Señala a cuatro actores en el debate de las cuartas dosis: la industria, la OMS, las agencias reguladoras y los gobiernos y mecanismos de compra.

Para empresas como Pfizer y Moderna “el proceso de aprobación [de las nuevas dosis] será más sencillo, pero la carrera ya no es por conseguir la primera vacuna sino lograr una que suponga una ventaja evidente respecto a las existentes y a las de otros competidores”, explica Tarrafeta. Menciona alternativas, como las vacunas nasales, que se encuentran en fases avanzadas y podrían dar mejores resultados a la hora de disminuir la transmisión.

Por otro lado, la OMS busca guiar la composición de las vacunas anuales de la COVID-19 como ya hace con la gripe. “En el modelo de la gripe cada año se decide qué componentes deberá tener la nueva vacuna dependiendo de las mutaciones observadas en la temporada pasada, y luego la industria comienza la fabricación”. 

Ese proceso lleva unos seis meses en el caso de la gripe y cada año puede favorecer más o menos a distintas empresas porque las tecnologías son diferentes. “Con la gripe hay mucha experiencia sobre cómo muta el virus, pero con el SARS-CoV-2 la cosa es más incierta. La OMS necesita más datos para poder orientar sobre la composición de la nueva vacuna que, de momento, vienen de la industria”, aclara Tarrafeta. Para complicar la tarea todavía más, el sistema de vigilancia para predecir nuevas mutaciones todavía no está muy desarrollado y ni siquiera está claro si el coronavirus será estacional.

En cuanto a las agencias reguladoras como la FDA y la EMA, Tarrafeta asegura que “facilitarán en la medida de lo posible” la aprobación de las nuevas dosis, pero que “quizá no estén por la labor de hacer autorizaciones de emergencia cuando las vacunas que tenemos ya previenen de muertes y hospitalizaciones”. Los gobiernos y mecanismos de compras conjuntas, que son los clientes, guiarán con sus decisiones las inversiones futuras y la disponibilidad de vacunas, pero teme que “incentiven el statu quo que favorece de manera desproporcionada a Pfizer y deja poco espacio para otras vacunas”.

La pandemia de COVID-19 ha entrado en una nueva fase y, con ella, sus vacunas. Con la mayoría de la población protegida y todavía muchas incertidumbres sobre el comportamiento del virus a largo plazo se inicia un juego del ratón y el gato no muy distinto del observado con la gripe cada año. A un lado, un SARS-CoV-2 que todavía no ha perdido la capacidad de sorprender. Por otro, investigadores y expertos confían que las dosis adaptadas contra ómicron sorteen cualquier as que tenga el virus guardado en la manga.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, retomará este martes su agenda pública, que quedó suspendida la semana pasada tras haber dado positivo en COVID-19, aunque este mismo lunes se ha incorporado a la oficina, según han confirmado fuentes de Lehendakaritza a Europa Press. El pasado miércoles, el lehendakari, Iñigo Urkullu, tras sentir síntomas ligeros de coronavirus, dio positivo en COVID-19 al someterse a la prueba de antígenos.

Por ello, “por precaución, también para con terceras personas”, el lehendakari, que ha pasado la enfermedad con síntomas leves, decidió anular su agenda pública, que retomará este martes cuando tiene previsto presidir el consejo de Gobierno, aunque este mismo lunes ya se ha incorporado a la oficina.

El jefe del Ejecutivo vasco continuará el resto de la semana con su agenda y, en concreto, el miércoles, día 11, participará a las doce y media del mediodía en una recepción a la responsable de Emigración de la ONU, de visita en Euskadi, un evento que le impedirá llegar al inicio del acto previsto en Bilbao por parte de Cebek, con motivo de su asamblea general, pero sí asistirá a la parte final del encuentro de la patronal vizcaína.

Este viernes, Sanidad ha registrado 62.695 nuevos casos de coronavirus en los últimos tres días, frente a los 47.421 del martes. Ahora Sanidad solo notifica la incidencia en mayores de 60, ya que es un grupo considerado como de riesgo. Para este estrato sube de nuevo y pasa de los 608 de este martes a los 676.

En cuanto a la presión hospitalaria, ha descendido en esta ocasión. Las personas ingresadas han bajado de 6.455 el martes a 6362 este viernes, lo que se traduce en una ocupación de las camas en los hospitales por pacientes COVID del 5,12%. En las UCI, el número de pacientes con coronavirus cae de 364 a 329, mientras que el porcentaje de ocupación queda en el 3,66%.

Respecto a las personas fallecidas, este viernes se registran 229 decesos, mientras que el martes la cifra de fallecimientos era de 319. En total, desde el inicio de la pandemia Sanidad ha registrado 104.456 fallecimientos.

Por edades, la incidencia en los mayores de 80 años, es superior a la de las personas de 60, concretamente casi el doble. Los expertos informan de que esto se puede deber a un seguimiento médico más exhaustivo, una relajación de medidas y la pérdida de la inmunidad tras las tres dosis de las vacunas anti COVID.

El Ministerio de Sanidad ha publicado el primer informe de la nueva estrategia frente a la COVID-19. De esta manera, se pone fin no solo a la notificación diaria de nuevos contagios o los casos de incidencia acumulada del coronavirus -que desde hace dos semanas se venía notificando los martes y viernes-, sino que a partir de ahora la vigilancia de la enfermedad se centrará en personas “de mayor vulnerabilidad”.

Este viernes, Sanidad proporciona la tasa de incidencia del coronavirus en mayores de 60 años, que registran 459,27 casos por cada 100.000 habitantes, así como informa de 43.265 nuevos contagios desde la última actualización del martes. Además, el porcentaje de ocupación en las UCI cae por debajo del 5%, lo que corresponde una situación de 'circulación controlada', según el último Semáforo COVID aprobado en noviembre.

Con esta nueva fórmula de notificación de la pandemia, se pretende actualizar el informe de manera semanal, y no se considerarán los resultados de los test de autodiagnóstico. Así, la vigilancia se basará en “la notificación de casos confirmados de personas con factores de vulnerabilidad o asociadas a ella y de casos graves”, como ya adelantó elDiario.es a finales de febrero. El objetivo es una transición, después de la “fase aguda de la pandemia” hacia un seguimiento a través de 'redes centinela', como las de la gripe.

El número de fallecidos por la COVID-19 aumenta hasta los 102.541 muertos desde el inicio de la pandemia, con 323 decesos notificados desde el martes. Mientras, los datos hospitalarios, que se notifican de manera similar a los anteriores informes, siguen con su tendencia a la baja: además de la ocupación en las UCI, desciende la ocupación general de camas en hospitales por pacientes COVID, que pasa del 3,52% al 3,34%, al igual que el total de personas ingresadas con coronavirus, que baja hasta las 4.150.

Respecto a la incidencia acumulada, el nuevo documento se centra en los mayores de 60 años. Los mayores de 80 años notifican una media de 534,68 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que las personas de 60 a 69 años tienen una incidencia de 407,28 puntos. Por comunidades autónomas, las regiones que notifican una mayor incidencia en los mayores de 80 años son Canarias y Extremadura, con más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.

El Departamento de Salud del Gobierno vasco ha actualizado ya las pautas para hacer frente a la COVID-19, que, enmarcadas en la nueva 'Estrategia de vigilancia y control', entrarán en vigor el próximo lunes. El nuevo protocolo se centra en las personas que pertenecen a un colectivo vulnerable.

elDiario.es/Euskadi responde a las dudas más frecuentes acerca de cómo hay que actuar:

¿Quiénes forman parte de un colectivo vulnerable?

En este amplio grupo, Osakidetza incluye a las siguientes personas:

¿Qué hago si tengo síntomas?

Los síntomas de la COVID-19 son los siguientes: fiebre, tos, dolor de garganta, falta de aire, pérdida de olfato o gusto, dolores, congestión nasal, diarrea... entre otros.

La forma de actuar ante estos síntomas depende de si se pertenece a un colectivo vulnerable o no.

Colectivo vulnerable:

Se ha de rellenar el formulario de Osakidetza para someterse a una prueba diagnóstica. Una vez rellenado (se puede encontrar en este enlace), se ha de esperar a que Osakidetza se ponga en contacto a través de un mensaje de SMS o de una llamada para conceder una cita. En el entretanto, es imprescindible extremar las precauciones, usar la mascarilla de forma continua y evitar en la medida de lo posible las interacciones.

No se pertenece a un colectivo vulnerable:

En este caso, basta con extremar las precauciones, usar la mascarilla el máximo tiempo posible y reducir el número de interacciones. Es importante vigilar que no aparezcan síntomas. Si aparecen y empeoran (y sobre todo con los más graves, como son la tos o la fiebre alta durante más de cuatro jornadas), es recomendable ponerse en contacto con el centro de salud de referencia o con el consejo sanitario (900 20 30 50). Si el cuadro es muy grave, se puede llamar también al 112.

He dado positivo. ¿Qué hago?

Del positivo en COVID-19 se puede tener constancia a través de una prueba diagnóstica concertada con Osakidetza o también por una prueba de antígenos.

Salud recomienda lo siguiente: “Extrema las precauciones y reduce todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla y manteniendo una adecuada higiene de manos durante los diez días posteriores al inicio de síntomas o al día que te hicieron o te hiciste la prueba”. “Evita el contacto con personas vulnerables y la participación en eventos multitudinarios. Siempre que sea posible y en caso de que no seas susceptible de una incapacidad temporal, se recomienda el teletrabajo. Avisa a tus contactos estrechos de tu situación para que vigilen la aparición de síntomas”, añade.

Si aparecen y empeoran (y sobre todo con los más graves, como son la tos o la fiebre alta durante más de cuatro jornadas), es recomendable ponerse en contacto con el centro de salud de referencia o con el consejo sanitario (900 20 30 50). Si el cuadro es muy grave, se puede llamar también al 112.

He dado positivo y trabajo en ámbitos vulnerables. ¿Qué debo hacer?

Tanto si se cuida a personas vulnerables como si se trabaja en un ámbito vulnerable (centros sanitarios asistenciales, sociosanitarios y penitenciarios, entre otros), se pide no acudir al puesto de trabajo en los cinco días siguientes a la aparición de los síntomas o desde que se tiene constancia del resultado de la prueba. Se recomienda someterse a una segunda prueba diagnóstica 24 horas después de la desaparición de los síntomas.

¿Qué es un contacto estrecho? ¿Qué hago si lo soy?

Salud define contacto estrecho como “cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso positivo, a una distancia menor de dos metros y durante un tiempo total acumulado de más de 15 minutos en 25 horas, sin uso continuado y correcto de mascarilla, en las 48 horas anteriores a realizarse la prueba o haber tenido síntomas”.

¿Se ha de guardar cuarentena en este caso? Salud dice que no, que basta con vigilar la posible aparición de síntomas, usar la mascarilla de forma correcta y continuada y evitar acercarse a personas que pertenezcan a colectivos vulnerables. También se pide a las personas que hayan sido contacto estrecho de un positivo que se abstengan de asistir a eventos multitudinarios en los diez días que sigan al contacto.

“Únicamente se realizará la identificación de contactos estrechos en los ámbitos considerados vulnerables. El objetivo es la protección de las personas pertenecientes a grupos vulnerables y el diagnóstico precoz para el control de la transmisión, tanto entre las personas vulnerables como a partir de otras personas relacionadas con estos ámbitos”, explica Salud.

Tras varias semanas de caída de la incidencia de COVID-19, en los últimos siete días los casos de coronavirus han aumentado en Navarra un 25%, que devuelven a la comunidad foral a un escenario de riesgo alto de trasmisión. Según los datos del Ministerio de Sanidad, la tasa de incidencia se sitúa este martes en 585 casos por cada 100.000 habitantes, cuando la semana pasada estaba en 467 casos.

El Servicio Navarro de Salud (Osasunbidea) ha notificado en el último día 377 nuevos contagios, que supone la cifra más alta de las últimas jornadas, volviendo a superar los 350 casos, cifra no alcanzada desde mediados de la semana pasada. Este lunes también se han registrado tres ingresos hospitalarios de personas con síntomas graves de COVID-19, de las que una ha tenido que ser trasladada a la unidad de críticos. Así, 52 personas permanecen ingresadas con coronavirus, de las que siete están en la UCI.

El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) apunta en su último informe epidemiológico semanal que el aumento de la incidencia que se viene registrando en los últimos días en Navarra se concentra en personas mayores de 55 años.  

Además, detalla que la subvariante BA.2 de ómicron “aumenta progresivamente” en la comunidad foral y que ya origina dos tercios del total de casos que se detectan diariamente. “En la casuística de Navarra esta subvariante se está asociando a un menor riesgo de ingreso hospitalario y de mortalidad que la Ómicron original”, detalla el ISPLN.

En cuanto a cifras globales de la COVID-19, desde el comienzo de la pandemia se ha contagiado de COVID-19 un 35% de la población total de Navarra. Este porcentaje oscila entre el 22% en mayores de 75 años y el 46% en el grupo de 15 a 34 años.  

Al aumento de casos de coronavirus, en esta fase de la pandemia hay que sumar también a la gripe, que ha reaparecido en las últimas semanas. Según informa el Departamento de Salud, en la semana del 7 al 13 de marzo, los hospitalizados por gripe, 21, superaron a los de por la COVID-19 (12), aunque ambos valores están en “niveles bajos”, destacan.

La ola de ómicron ha llevado a China a la situación más difícil desde que estalló el virus en Wuhan. Los contagios han marcado este marzo el número más alto desde febrero de 2020, dos meses después de que se registraran los primeros casos. La estrategia de eliminación del virus, conocida como zero COVID, llevada a cabo por el Gobierno chino ha mantenido los indicadores en cifras muy bajas, pero la ola de principios de 2022 muestra una aceleración no vista desde entonces. Aunque los contagios son ridículos en relación a los estándares europeos, que no se hayan podido controlar los brotes pone a prueba un tipo de gestión que había sido exitosa y ahora muestra claros síntomas de tensión. ¿Hasta qué punto son eficaces y sostenibles los confinamientos masivos con una variante tan contagiosa como ómicron que, además, genera muchos casos asintomáticos?

La incidencia acumulada a 14 días en China continental ha rebasado el umbral de 1 caso por cada 100.000 habitantes, después de encadenar dos años con ese indicador en poco más de cero, según las cifras oficiales. Si miramos a Hong Kong, la enfermedad se ha descontrolado con una tasa que ha pasado de 20 casos por 100.000 al comenzar febrero a 9.500 a mitad de marzo. El último dato del territorio ha mostrado una bajada tras el pico: 7.700 el 20 de marzo.  

Los datos oficiales publicados por China muestran que la incidencia ha sido prácticamente nula durante casi dos años, muy alejada de la evolución del resto de países. Pero las cifras arrastran el lastre de que el Gobierno chino no facilita estadísticas sobre mortalidad en el país: no hay datos sobre exceso de muertes al estilo del MoMo español. Tampoco un total de fallecimientos para los años 2020 y 2021 y su comparación con otros cursos, lo que impide conocer el impacto real de la pandemia. 

Con todo, incluso para las estadísticas chinas, los últimos meses evidencian una ola aguda de COVID-19. Los nuevos casos que están registrándose en China han pasado de una media de 59 contagios diarios en enero de 2022 a más de 2.000 en la tercera semana de marzo: 33 veces más. El pasado sábado, el país registró las dos primeras muertes por COVID-19 en más de un año. Los últimos fallecimientos atribuidos a la pandemia se habían confirmado el 26 de enero de 2021.

Los indicadores tan bajos de la enfermedad son resultado, principalmente, de la llamada estrategia zero COVID: una política severa que incluye restricciones de movimientos y test masivos allí donde se detecta un caso, además de fronteras prácticamente cerradas a extranjeros y obligación de hacer cuarentena de 14 días a los viajeros que logran entrar. La llegada y multiplicación a gran velocidad de la variante ómicron ha traído un nuevo episodio de confinamientos.

Esta vez afectan a varias zonas: en el noreste la provincia de Jilin, cuya capital tiene una población de 4,5 millones de personas, y la vecina Changchun. Al sur, frente a Shanghai, la ciudad de Shenzhen (17 millones de personas) endureció el domingo pasado sus restricciones tras anunciar que podría abrir la mano. Más de 13 localidades tienen decretados confinamientos totales o parciales. Suman casi 30 millones de habitantes.

Lidiar con un número alto de contagios para sus estándares está poniendo al límite las políticas que se seguían hasta ahora. E incluso ha forzado a hacer algunos cambios, aunque no se vislumbra una voluntad para cambiar de estrategia por parte del Gobierno. Por ejemplo, todas las personas contagiadas y sus contactos cercanos debían guardar aislamiento o bien en hospitales o bien en centros de cuarentena. La Comisión Nacional de Sanidad de China ha dado orden de que los pacientes leves ya no sean hospitalizados para no desbordar estas instalaciones, según Efe.

Que todo contagio deba ir a unos centros concretos es factible con muy pocos casos, pero resulta cada vez más complicado en la situación actual. Países que habían mantenido una gestión similar de estricta contención del virus ya la han abandonado. Es el caso de Australia, que tras estar casi dos años cerrada a cal y canto, comenzó a relajar medidas en noviembre.

“Nosotros firmaríamos en España por tener esa incidencia. Lo preocupante no es cómo están ahora, sino cómo puede ir evolucionando la situación, si serán capaces de controlarla”, sostiene Óscar Zurriaga, vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología. La población, al haber tan pocos contagios, no tiene inmunidad natural, solo la proporcionada por las vacunas, recuerda Zurriaga, y eso les hace jugar con desventaja frente al virus respecto a países donde se ha dejado circular el virus.

Pocos mayores vacunados

La cobertura vacunal en China continental es bastante alta, más del 85%. En Hong Kong, que está acusando un peor embate de la pandemia en el primer trimestre de 2022, la tasa está en un 72%. Con buenas cifras globales de primovacunación, estos territorios sin embargo flojean en la protección a los más mayores. Poco más del 50% de las personas de más de 80 años se han puesto dos dosis y solo el 20% han recibido el booster, según los datos aportados por las autoridades chinas. 

El país ha hecho un llamamiento a esta población para que acuda a vacunarse y advierten de que los brotes en Hong Kong deben ser “una lección profunda”. “Es un ejemplo de que si la tasa de vacunación de los ancianos es baja, la tasa de casos graves y muertes será alta”, dijo Wang Hesheng, subdirector de la Comisión Nacional de Salud, en una rueda de prensa el pasado viernes. A eso se le une que los ciudadanos chinos han recibido las vacunas desarrolladas por las empresas Sinovac y Sinopharm, cuya eficacia ante ómicron ha sido débil. 

En el primer caso, un estudio de laboratorio de diciembre de 2021 decía que las tres dosis de este fármaco eran incapaces de proteger ante ómicron. Coronavac, apuntaba este trabajo, precisaba de un pinchazo extra de vacunas creadas con ARN mensajero (como las de Moderna o Pfizer) para ofrecer una inmunidad efectiva ante la variante que más casos está provocando en el mundo. Los mismos investigadores afirmaban que sus datos mostraban la necesidad de terceras dosis en las personas vacunadas con dos pinchazos de ARN mensajero. Otro trabajo de la Universidad de Yale ya de finales de enero de 2022 concluyó que, con dos dosis de Coronavac, las personas no mostraban ningún anticuerpo neutralizante contra ómicron.

Ante la sospecha de que el compuesto de Sinopharm no generaba suficientes defensas, la empresa ha creado un booster basado en una proteína para los refuerzos del tercer pinchazo. Un estudio, a la espera de revisión, publicado en enero concluía que esta versión de la tercera dosis vacuna protegía más ante esta variante.

¿Una estrategia que ya no sirve?

Y mientras las farmacéuticas y las autoridades sanitarias chinas lidiaban con este problema, la COVID-19 de ómicron ha ido ganando terreno en el país asiático desbordando las previsiones. ¿Lo que sirvió para las olas anteriores ya no es efectivo con esta variante? ¿China debería replantearse la estrategia zero COVID? “Seguramente habría sido exitosa si la pandemia se hubiera controlado en el resto del mundo, pero no es así, o si hubiera seguido los paradigmas clásicos de que todo empieza y todo acaba. Sin embargo, no vemos el final todavía?”, se pregunta Zurriaga. La OMS advirtió la semana pasada que la pandemia a nivel mundial estaba “lejos de terminar”. La situación de Asia, y China en particular, rebajan los buenos augurios. 

Para Antoine Flahault, director del Instituto de Salud Global de la Universidad de Génova, aspirar a reducir a cero los casos ha dejado de ser una opción eficaz y sostenible, en declaraciones que cita el periódico británico The Guardian. Por un lado, por la exigencia tan alta de soportar confinamientos otra vez, especialmente en las personas que pasan una enfermedad leve. Por otro, por el impacto económico de los encierros. “China es un país enorme y muy conectado, con enormes necesidades de producir y vender lo que producen. ¿Es posible seguir manteniendo un territorio de estas dimensiones cerrado a cal y canto?”, apunta el vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología. 

“Parece evidente que durante el primer año funcionó, pero uno de los mayores fallos de esta pandemia, incluso para investigadores o gestores, es que no hemos sabido evolucionar”, valoraba en una entrevista la profesora Helena Legido-Quigley, profesora asociada en la Escuela de Salud Pública Swee Hock de la Universidad de Singapur y parte del panel independiente de personas expertas de la OMS para evaluar la respuesta a la pandemia.

Gráficos de Victòria Oliveres.

El final de la tercera emergencia sanitaria, allá por el inicio de febrero, supuso el levantamiento de las restricciones salvo el uso de mascarillas en interiores, pero claramente no fue el final de la pandemia. Eclipsada por la reforma educativa, la crisis del PP, la guerra en Ucrania o la incipiente crisis económica, la incidencia de la COVID-19 en Euskadi nunca ha dejado de estar en alerta roja (por encima de 400 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días). Hace semanas que la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, no ofrece una rueda de prensa de seguimiento de la evolución epidemiológica y tampoco en el Parlamento hay ya sesiones específicas. Ahora son ya dos las semanas de ligera escalada de los casos. Además, ha pasado totalmente inadvertido que la subvariante BA.2 del Sars-Cov-2, una versión de ómicron que ha sido bautizada como la “silenciosa” ha desplazado casi totalmente a la causante del gran tsunami de contagios en Navidad. Según fuentes sanitarias, representa ya el 90% del virus en circulación.

Desde el inicio de marzo hasta el 17 de marzo, último día con datos, Euskadi ha detectado 12.113 casos positivos de COVID-19. El último día de la serie, el registro volvía a estar próximo a los 1.000 diarios. 225 personas de 90 años adelante se han infectado en este tiempo, lo que implica que en las próximas semanas se podrían producir cerca de medio centenar de fallecimientos. Y es que para los mayores la mortalidad del coronavirus sigue siendo de alrededor del 20%. 685 octogenarios también han contraído la enfermedad en estos días, con un riesgo de fallecer del 10%. 1.227 personas han fallecido con COVID-19 desde el 1 de enero hasta el 10 de marzo, una media de casi 18 cada día. El 17 de noviembre fue el último día en que la pandemia no se cobró ninguna vida en Euskadi.

Las fuentes sanitarias se quedan con que, al menos, este contexto no está suponiendo una excesiva presión hospitalaria. El último dato mostraba una ocupación hospitalaria de 202 personas al inicio de la semana y de unas 170 hasta el miércoles. El vaciamiento de los hospitales se ha frenado, aunque este nivel queda muy lejos del alrededor del millar de ingresados que se alcanzó en la última ola. Ómicron llenó los centros sanitarios más que nunca desde el confinamiento. En la UCI el descenso no se ha detenido y hay un mínimo de 23 puestos ocupados con casos críticos de COVID-19. Eso sí, no se ofrece el detalle de si las salidas son por mejorías o por decesos. La media de entradas diarias se mantiene estable con algunos dientes de sierra al alza. En las residencias sí que se aprecia con claridad el incrementos de afectados.

En Euskadi se ofrecen datos los lunes y los jueves. Los fallecimientos, en cambio, solamente se actualizan los lunes y con datos cerrados hasta el jueves anterior. En España también se ha reducido la información sobre la COVID-19. El último boletín, del 18 de marzo, situaba a Euskadi por encima de la media en incidencia y en porcentaje de camas de planta y de UCI ocupadas con estos pacientes. Por el contrario, está por debajo en capacidad diagnóstica. Diez comunidades autónomas están haciendo en este momento más PCR y antígenos. A nivel global, la subida de la incidencia no es una excepción. Crecen los casos en otras comunidades del entorno, en países de Europa y en zonas de Asia.

Las mutaciones de ómicron ya existían en pacientes infectados meses antes de ser dominantes, según un estudio que ha usado una técnica de secuenciación ultra profunda que permite detectar secuencias víricas no detectables por los métodos habituales.

Así lo han constatado investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Fundación Jiménez Díaz. Los resultados se publican en la revista “Journal of Clinical Investigation”. El trabajo ha analizado en detalle muestras de hisopos nasofaríngeos correspondientes a pacientes vacunados y posteriormente infectados durante la tercera ola de la pandemia en España.

Este estudio ha podido desarrollarse gracias al trabajo previo de puesta a punto de una potente metodología de secuenciación ultra profunda que permite detectar secuencias víricas mutadas que se hallan en proporciones muy bajas, que no son detectables por las técnicas de secuenciación habituales de poca profundidad.

“De cada muestra analizada y de cada trozo del virus analizado obtenemos muchas miles de secuencias, lo que nos permite detectar mutaciones a distintos niveles de frecuencia coexistiendo dentro del paciente infectado”, detalla Celia Perales, investigadora del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) y del Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz.

Los resultados han desvelado que a pesar de que los pacientes se infectaron con la variante alfa, predominante en esa fecha (entre enero y marzo de 2021), cambios correspondientes a las variantes delta plus, iota y ómicron ya estaban presentes en esas muestras meses antes de que adquiriesen relevancia epidemiológica.

“Este trabajo resalta la necesidad de analizar las poblaciones de virus con alta resolución y en profundidad para obtener una visión conjunta de los muchos mutantes que coexisten en cada individuo infectado”, apunta por su parte Esteban Domingo, investigador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO-CSIC-UAM).

Los análisis podrían permitir el seguimiento de mutaciones o conjunto de mutaciones potencialmente relevantes con anterioridad a que puedan formar parte de variantes peligrosas, aclara un comunicado del CSIC. Dos de los autores de este trabajo, Celia Perales y Esteban Domingo, pertenecen al Centro de Investigación Biomédica en Red de enfermedades hepáticas y digestivas, del Instituto de Salud Carlos III. Gracias a ello, los conceptos sobre variabilidad del virus de la hepatitis C que durante años han estado desarrollando pueden ser ahora aplicados al virus causante de la covid-19, según el CSIC.

La incidencia sube por primera vez desde el 21 de enero, después de meses con una tendencia a la baja. Sanidad registra un ascenso de 0,40 puntos con respecto a este jueves que sitúa la tasa en los 430,10 casos por cada 100.000 habitantes. En ese momento de la pandemia, la tasa alcanzó su pico máximo y se sitúo en 3.418 casos, casi tres mil más que las cifras actuales. Sin embargo, desde hace unos días, este descenso de los casos se ha ralentizado cada vez más y el país continúa en niveles de riesgo 'alto' de contagio, según el criterio de Sanidad.

Las dos únicas comunidades por encima de los 800 casos de incidencia son Canarias, Galicia y Extremadura, con las tasas más altas. El resto de comunidades se mantienen en la media española, menos algunas como Madrid, Castilla-La Mancha o Andalucía, que registran la menor incidencia, con menos de 300 casos por cada 100.000 habitantes. Los nuevos contagios se reparten así: Catalunya registra 4.089 nuevos positivos; Andalucía, 2.907; y Comunitat Valenciana informa de 2.059 nuevos infectados.

El Ministerio ha notificado 19.849 nuevos contagios, lo que asciende el total desde que comenzó la pandemia a 11.223.974 positivos en coronavirus.

El grupo que registra una mayor incidencia del coronavirus es el de las personas de 12 a 19 años, con más de 700 casos por cada 100.000 habitantes. Las personas de entre 50 y 79 años notifican más de 300 casos, así como los menores de 12 años.

La presión hospitalaria sigue su tendencia a la baja y desciende unas décimas el porcentaje de camas ocupadas por pacientes COVID, tanto en hospitales como en UCI.

Se suman 58 fallecidos por COVID-19 al registro oficial del Ministerio de Sanidad, que supera las 100.000 muertes por la enfermedad desde que comenzó la situación de crisis epidemiológica.

El 52,1% de los niños de entre 5 y 12 años tienen al menos una dosis, casi dos millones de personas, frente al 27,8% que cuentan con la pauta completa.

El Gobierno estudia si mantendrá las mascarillas en algunos espacios interiores

La retirada de la mascarilla en interiores en España podría no aplicar para todos los espacios. El Gobierno está estudiando si la mantiene en determinados lugares, según ha deslizado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al término de la cumbre informal de líderes de la Unión Europea en Versalles. “No es lo mismo usar el transporte público que estar en el interior de una reunión sin mascarillas”, ha precisado Sánchez, que admite que está por ver “en qué casos” y “qué situaciones” podrá quitarse.

La bajada de la incidencia se estanca y este jueves Sanidad registra un descenso de un solo punto hasta los 429,71 casos por cada 100.000 habitantes. Después de una caída continuada de la tasa de la incidencia desde el 24 de enero, ahora se ralentiza esta disminución de los casos por cada 100.000 habitantes.

Canarias sigue a la cabeza de la lista de comunidades con mayor incidencia, aunque baja hasta los 865 casos por cada 100.000 habitantes. Le siguen Galicia y Extremadura, mientras que Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid son las únicas regiones que notifican menos de 300 casos.

Sanidad registra 22.615 nuevos contagios, que hacen un total de 11.204.125 positivos desde que comenzó la pandemia en el país.

Por grupos de edad, baja ligeramente la incidencia de las personas de entre 12 y 19 años, que notifican 706 casos. Las personas de entre 50 y 79 años, así como los menores de 12 años, tienen una incidencia del coronavirus de menos de 400 casos.

El número de personas hospitalizadas por COVID-19 baja de los 5.000 por primera vez desde el 7 de diciembre, mientras continúa la tendencia a la baja de los indicadores de la presión hospitalaria. El porcentaje de camas ocupadas en hospitales por pacientes COVID desciende a menos del 4%.

Se suman 85 fallecidos por COVID-19 al registro oficial del Ministerio, que informa ya de 101.077 muertes desde el inicio de la situación de crisis epidemiológica.

España pasará de contar todos los casos de COVID-19 a registrar solo graves y vulnerables

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas están a punto de dar un giro en la vigilancia del coronavirus tras dos años de pandemia. El Consejo Interterritorial de Salud ha aprobado este jueves un plan cuyo principal cambio es que ya no se contabilizará cada caso, sino solo los graves o los que se den en personas vulnerables frente al enfoque actual de reducir la transmisión en toda la población.

La incidencia sigue en descenso, aunque la bajada se ralentiza esta última semana. Este miércoles, el Ministerio de Sanidad confirma una caída de solo cuatro puntos hasta los 430,77 casos por cada 100.000 habitantes. El mes pasado, la curva de la incidencia del coronavirus mostraba descensos de hasta más de 200 casos diarios, una tendencia a la baja que no ha cambiado, aunque ahora se notifican menos puntos de caída.

Por comunidades autónomas, la región que registra una mayor incidencia es Canarias, aunque notifica menos casos que este martes, con 872 puntos de incidencia. Le siguen Galicia y Extremadura. Castilla-La Mancha es la comunidad con menor incidencia, que apenas supera los 220 casos por cada 100.000 habitantes. Los nuevos contagios se parten así: Catalunya registra 4.740 nuevos positivos; Andalucía, 2.564; y Comunitat Valenciana, 2.154.

Sanidad registra 21.936 nuevos contagios, que hacen un total de 11.181.510 positivos desde el inicio de la pandemia. En diciembre, antes de la explosión de contagios durante las fiestas navideñas, el Ministerio notificaba cifras de infectados similares a las actuales.

Por grupos de edad, las personas de 12 a 19 años registran la mayor tasa de incidencia, con 710 casos por cada 100.000 habitantes. Hay cuatro grupos que notifican menos de 400 casos: las personas de 50 a 79 años, y los menores de 11 años.

La ocupación hospitalaria de camas por pacientes COVID disminuye y continúa en niveles de riesgo 'bajo' según el criterio de Sanidad. La tasa de hospitalización baja los 10,67 puntos, 20 puntos menos que hace un mes.

Se suman 133 fallecidos por COVID-19 al registro oficial, que ya asciende a 100.992 desde que comenzó la situación de crisis epidemiológica en el país. Antes del pico de casos de Navidad, se notificaban menos de 100 muertes diarias por la enfermedad.

La incidencia baja de nuevo otros 8 puntos hasta los 435,5 casos por cada 100.000 habitantes. España sigue en niveles de riesgo 'alto' de contagio, según el criterio del Ministerio de Sanidad, y la tendencia continúa en descenso, aunque se ha ralentizado en los últimos días. Mientras, la presión hospitalaria se encuentra en niveles de riesgo 'bajo'.

Por comunidades autónomas, Canarias es la región con mayor incidencia del coronavirus, aunque este martes registra un leve descenso y baja hasta los 881 casos. Las comunidades con menor incidencia son Castilla-La Mancha, Madrid y Andalucía, las tres con menos de 300 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, con niveles de riesgo 'medio' de contagio. Los nuevos positivos se reparten así: Catalunya registra 6.008 infectados; Madrid, 2.208; y Comunitat Valenciana, 1.975 nuevos positivos.

Sanidad ha notificado 23.149 nuevos contagios después de que este lunes Aragón no actualizase sus datos, lo que hace un total de 11.159.574 positivos por coronavirus desde el principio de la pandemia en el país. En el pico más alto de la última sexta ola de contagios, las infecciones diarias superaban las 100.000.

Los datos hospitalarios siguen en niveles de riesgo 'bajo', y baja la ocupación de camas por pacientes COVID tanto en planta como en UCI. Catalunya y Aragón registran el mayor porcentaje de ocupación de camas en UCI.

Se suman 285 fallecidos por COVID-19 al registro oficial. En total, desde que empezó la situación de crisis epidemiológica, Sanidad ha registrado 100.859 muertes por la enfermedad.

Por grupos de edad, las personas de 12 a 19 años registran la mayor tasa de incidencia del coronavirus, con más de 700 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras, las personas de 60 a 69 años notifican una incidencia menor de 300 casos.