La Generalitat Valenciana ha aprobado una inyección 11 millones de euros en ayudas directas a Campofrío con el objetivo de financiar la construcción de una nueva planta de transformación y comercialización de productos cárnicos en Utiel, que sustituirá a la fábrica de Torrent, gravemente dañada por la dana. Este respaldo económico se articula como una medida excepcional que responde al impacto de las inundaciones sobre las instalaciones de la compañía en la provincia de Valencia y pretende acelerar el proceso de recuperación industrial.

Las subvenciones se distribuirán en tres anualidades entre 2025 y 2027. El Consell considera que este proyecto es de extraordinario interés público, no solo por su contribución a la reconstrucción del tejido económico dañado por la dana, sino también por su capacidad para impulsar la reindustrialización y reforzar la cohesión social y económica en la Comunitat Valenciana. La nueva planta de Utiel permitirá incorporar tecnologías avanzadas, mejorar la eficiencia energética y optimizar los procesos productivos, consolidando un modelo industrial más moderno y resiliente.

El proyecto de Campofrío en Utiel supone una inversión de más de 134 millones de euros y la creación de más de 300 empleos, lo que lo convierte en uno de los principales proyectos industriales en marcha en la provincia de Valencia. La fábrica sustituirá a la de Torrent, cuya actividad quedó seriamente comprometida tras los efectos de la dana, y permitirá a la compañía ampliar su capacidad instalada y responder mejor a la demanda futura del mercado.

La Generalitat destaca que esta nueva instalación es esencial para garantizar la continuidad de la actividad industrial en la zona afectada. La empresa ha subrayado que la elección de Utiel favorecerá la conectividad logística y mejorará la proximidad a distintos centros de distribución y a la industria auxiliar del sector agroalimentario. La modernización tecnológica y las medidas de eficiencia energética, como la instalación de sistemas avanzados y soluciones de sostenibilidad, forman parte central del diseño de la nueva planta.

El decreto aprobado por el Consell establece que la ayuda cubrirá costes de obra civil, construcción de edificios industriales, instalaciones técnicas y maquinaria, así como inversiones en activos inmateriales y determinadas adquisiciones de terrenos. La subvención permitirá anticipar la puesta en marcha y ampliar el alcance de la inversión, garantizando un nivel tecnológico superior al que sería posible en un escenario autofinanciado. Una vez finalizada, la inversión deberá mantenerse en la zona de Utiel durante al menos cinco años, sin perjuicio de que se renueven equipos o instalaciones cuando resulte necesario.

La vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, ha subrayado que la Generalitat ha trabajado de manera continuada para facilitar la reubicación de la actividad productiva de Campofrío tras la destrucción de la planta de Torrent. Ha destacado también que la empresa asumirá el transporte de los trabajadores que residan en Torrent y localidades cercanas, una medida valorada como clave para preservar el empleo.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este lunes que el Ejecutivo protegerá “con toda la contundencia” al tejido productivo del impacto de la política arancelaria de Estados Unidos, pero “no de manera incondicional”, pues las ayudas con dinero público a las empresas afectadas, estarán condicionadas a que mantengan el empleo, no despidan y no se deslocalicen, ha explicado, como ya se hizo en anteriores crisis como la de la pandemia de coronavirus.

“Las vamos a apoyar para algo fundamental, que es mantener el tejido productivo, pero tenemos que tener premisas claras y la primera de ellas es que, en este momento de incertidumbre, no se puede despedir cuando se reciban ingresos públicos. Esto quiere decir que si las empresas lo precisan, se van a acoger a los mejores mecanismos de protección social que son los ERTE y el Mecanismo Red, pero lógicamente no se puede despedir a nadie”, ha señalado Yolanda Díaz esta mañana y recoge la agencia Europa Press.

Además de no poder recortar plantilla y mantener así el empleo, las empresas que reciban ayudas públicas no podrán deslocalizarse, según ha insistido la ministra durante su intervención en el acto 'Un Perte al servicio de las personas y el planeta. Proyectos inspiradores para transformar el futuro' celebrado en la Fundación ONCE.

Díaz: “Es de sentido común”

“El compromiso desde el Ministerio de Trabajo es, por supuesto, garantizar los recursos y la protección del tejido productivo y del empleo, pero con condicionalidad, lo que es de sentido común. Nadie entendería que salváramos a las empresas para que a la vez les permitamos despedir a la gente trabajadora en nuestro país. Y nadie entendería que si alguien deslocaliza un sector productivo recibiera ayudas”, ha declarado la vicepresidenta segunda.

Díaz ha indicado que, con estos condicionantes, ya utilizados por ejemplo durante la pandemia, lo que se pretende es que “no se ajusten el cinturón los de abajo”. “No van a ser los que menos tienen quienes paguen los platos rotos de los designios de la Administración Trump”, ha advertido.

Para la ministra de Trabajo, los aranceles anunciados por Estados Unidos no solamente son “un error económico”, sino también “una auténtica barbaridad que está provocando ya auténticas turbulencias en todas las Bolsas del mundo”. La Unión Europea está perfilando en estos días la respuesta que dar a los aranceles anunciados por el presidente de EEUU, que tendrá varias fases con el objetivo de llegar a una solución pactada.

“Estamos viviendo momentos muy duros. Sus consecuencias no son abstractas. Las consecuencias de las crisis afectan directamente a nuestras vidas, a nuestras comarcas, a nuestras comunidades, a nuestras cooperativas, a nuestras ganaderas, a nuestros agricultores, a todo el tejido del conjunto del mundo”, ha denunciado.

La Comisión Europea ya tiene una estimación de cuál será el golpe de Donald Trump al comercio europeo hacia EEUU. En términos absolutos, unos 360.000 millones de euros en exportaciones se verán afectados por el recrudecimiento de la guerra comercial y EEUU recaudará 81.000 millones de euros frente a los 7.000 actuales. “Es un salto masivo”, reconocen en Bruselas. Aunque España

Propone concentrar la respuesta en las tecnológicas de EEUU

Yolanda Díaz ha avisado de que “abrir una guerra comercial, romper los lazos del comercio internacional y avanzar por la senda del proteccionismo es una estrategia que empobrece al mundo entero”, empezando por el propio pueblo norteamericano.

“No se trata de proteger la economía, como se nos está diciendo, sino justamente de atacar, que es lo que se está haciendo, la cooperación, de debilitar el multilateralismo, que tenemos que reivindicar más que nunca, pero desde lógicas no neoliberales. Se quieren fracturar nuestras cadenas productivas. Esto es lo que se está intentando hacer desde la administración norteamericana”, ha argumentado la ministra de Trabajo.

Así, Díaz ha destacado la necesidad de que las contramedidas a la política arancelaria de Trump sean “selectivas y muy precisas”. En este sentido, desde Sumar proponen concentrar esta respuesta en las siete grandes tecnológicas norteamericanas (Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, Tesla y Meta) para minimizar el impacto de los precios que pagan familias y pequeñas empresas.

La multinacional FedEx, el gigante estadounidense de transporte y logística, pretende despedir a 96 trabajadores en España, sobre todo de las áreas de atención al cliente, ventas y nuevas tecnologías (IT). La medida se encuadra dentro de una estrategia a nivel europeo de reducción de “costes estructurales” y que, en el caso de España, va de la mano de la deslocalización y subcontratación de trabajos en países “con mano de obra más barata y menos derechos”, como Marruecos, explican desde UGT.

En junio, la matriz estadounidense de FedEx anunció su intención de reducir la plantilla de los equipos comerciales y de administración de FedEx en Europa “entre 1.700 y 2.000 personas”, dice el comunicado al que remite la multinacional a las preguntas de elDiario.es.

Con unos ingresos anuales de 88.000 millones de dólares a nivel mundial, el gigante FedEx presenta cuantiosos beneficios, aunque a la baja. Hace unos días ajustó su previsión para el primer trimestre de 2025, de 890 millones de dólares, respecto a los 1.160 millones de 2024.

Hace unos días, FedEx inició el procedimiento de despido colectivo (ERE) en España, donde emplea a unas 1.500 personas, que se ha concretado en su intención de extinguir esos 96 contratos de trabajo. Hay personas afectadas en “Madrid, Barcelona (Zona Franca), Bilbao, Vitoria, Zaragoza, Sevilla, Valencia, Málaga y Cádiz”, explican fuentes sindicales.

“La empresa tiene muchos beneficios y, aunque hay pérdida de clientes, es por otros motivos, como la integración aérea o proyectos estratégicos de la compañía que creemos que no han estado bien dirigidos. Pero pagamos los de siempre”, critican en UGT.

Subcontratar en Marruecos y deslocalizar “más barato”

FedEx ha argumentado el despido por “causas organizativas”, aunque con la información que ha trasladado a los representante de los trabajadores, UGT y CCOO denuncian que se trata de “un mero interés economicista” de la multinacional, indica Carlos Pellejero, secretario general de FSC-CCOO en Catalunya. “Quieren quitar trabajo con derechos y más protegido por mano de obra mucho más barata y menos derechos. Es lo que tenemos encima, ni más ni menos”, lamentan fuentes de UGT.

Los sindicatos explican que la compañía les ha informado de que “gran parte del expediente, sobre todo en atención al cliente, se va a externalizar y contratar en Marruecos”, explican en UGT. A esto se suma también una “deslocalización de puestos de trabajos a centros de FedEx en Turquía, Polonia y Portugal”.

Además, hay puestos de atención al cliente y de soporte tecnológico que supuestamente desaparecen debido a “la automatización de procesos con inteligencia artificial”, añaden las mismas fuentes.

La multinacional afirmó en su comunicado de recortes de personal en Europa que “ciertas actividades” se ubicarían en otros “que se encuentran en países que están mejor alineados con nuestras necesidades y la huella inmobiliaria existente de FedEx”.

Misma estrategia en 2021: ERE y trabajo a India

Los sindicatos, que ahora tratarán de reducir los despidos y garantizar a las personas que salgan las mejores condiciones posibles, afean la conducta “economicista” de FedEx, que además está generando temor entre la plantilla de cara al futuro. Porque llueve sobre mojado.

En 2021, la multinacional presentó otro ERE en España, que afectó a “182 personas”. “Anteriormente, hubo además dos procesos de modificación sustancial de condiciones de trabajo que también hizo que se marcharan algunos compañeros”, que no aceptaron los recortes, apuntan en UGT.

El despido colectivo de 2021 se saldó con otra externalización y deslocalización, en ese caso “a India”, donde se ubicaron principalmente los servicios de facturación de la compañía, explican en el sindicato.

Los representantes de los trabajadores critican estas maniobras empresariales, que consideran injustas con los trabajadores, pero que además ni siquiera siempre son “más baratas” ni eficaces para las compañías, ya que presentan sus propios problemas al sacar el trabajo del engranaje productivo. “Lo hemos visto con la facturación, con problemas y muchos errores. Ahora en ventas y atención al cliente nos tememos que sea peor”, afirman desde UGT.

No le ha sentado nada bien al presidente del Principado, Adrián Barbón, la visita de la vicepresidenta y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la factoría asturiana de Saint Gobain, donde ayer miércoles se reunía con el comité de empresa y los trabajadores de la línea de fabricación de parabrisas cuyo cierre anunció la multinacional francesa hace semanas.

Lo que peor sentó al presidente asturiano fueron concretamente las declaraciones de la ministra en las que ésta lamentaba la falta de competencias del ministerio que dirige en este expediente de regulación, apuntando directamente al ejecutivo asturiano.

Sí intento Díaz mostrar todo su apoyo al gobierno de Adrián Barbón, asegurando que pediría una reunión con él para afrontar esta situación porque “juntos podemos pararlo”, dijo. Sin embargo, no fue suficiente para el presidente asturiano quien, visiblemente molesto, se reconocía “sorprendido y defraudo” por las declaraciones de la ministra.

Barbón aseguró que la visita de la ministra respondió más a intereses partidistas que un verdadero interés por la situación de los trabajadores, y que vino a Asturias a “hacerse la foto”.

A su juicio es “absolutamente inaceptable” que la vicepresidenta venga a Asturias, uno de los pocos territorios con un gobierno progresista y reformista, para “abrir un frente” con su ejecutivo y poner en duda su actuación ante esta crisis. En este sentido añadió que Díaz no tiene ni idea de lo que ha venido haciendo el gobierno asturiano ante esa situación y que debería haber preguntado antes de hacer estas declaraciones.

“Las razones que esgrime Saint Gobain para justificar el cierre de Sekurit no son reales”

Con las puertas de la fábrica cerradas por orden de la dirección de la multinacional, Yolanda Díaz se reunió ayer miércoles con los trabajadores y trabajadoras de Sekurit, la factoría de de Saint Gobain, en Avilés. La vicepresidenta del Gobierno mostró su apoyo, sin paliativos, a los trabajadores que “están siendo agitados por un proceso colectivo de extinción de sus puestos”, también a sus familias, a los puestos indirectos y a todo el concejo de Avilés, afectado por esta situación.

Díaz señaló que Sekurit se encuentra ante un proceso de deslocalización de la producción en toda regla, en el que Saint Gobain está “enfrentando a trabajadores contra trabajadores”, haciendo competir a los operarios de Avilés con trabajadores de Rumanía y Marruecos, con salarios y condiciones más desfavorables que “aquí en España no tenemos”, ha remarcado.

Hizo hincapié también en que desde el Ministerio de Trabajo no comparten la decisión de la empresa, pero tampoco las razones que esgrimen para justificar el expediente de regulación, “porque no son reales”. En este sentido ha explicado que, a día de hoy, en España hay normas laborales que permiten a las empresas que pasan dificultades no hacer lo que está haciendo Saint Gobain.

Nueva ley para evitar deslocalizaciones

Yolanda Díaz anunció la presentación de una ley para evitar deslocalizaciones como la que pretende llevar a cabo la multinacional francesa en Avilés porque, tras visitar varias veces Asturias y otras zonas del país, ha podido constatar que en España “somos víctimas de deslocalizaciones porque la ley lo permite”. Por ello ha confiado en que esta ley cuente con el apoyo del parlamento y pueda salir adelante.

Díaz aprovechó para recordar que el año pasado, justo antes de las elecciones generales, se modificó la normativa exigida para la presentación de expedientes de regulación de empleo, de manera que las autorizaciones exigidas se han endurecido, dependiendo desde entonces de la Inspección de Trabajo y no supeditado, por tanto, a los cambios de gobierno.

La multinacional francesa Saint Gobain anunció a principios del mes de abril que cerraba su línea de parabrisas llamada Sekurit ubicada en Avilés, con el despido de su plantilla, integrada por 160 trabajadores. El ERE inicial planteado contemplaba la extinción de 125 puestos y para el resto de trabajadores medidas de incentivación como prejubilaciones o incluso traslados. El cierre afecta además a casi 200 puestos de trabajo indirectos de empresas auxiliares, según calculan fuentes sindicales.

El Parlamento Vasco, en el marco de una sesión con media docena de leyes encima de la mesa, ha dado este jueves luz verde a la normativa destinada la protección del arraigo empresarial y que obligará a las empresas a devolver las ayudas públicas recibidas hasta ocho años antes, junto con los intereses de demora, si optan por deslocalizarse por motivos injustificados. Además, ni estas empresas ni sus socios podrán recibir ayudas públicas durante los ocho años siguientes. Estas medidas contra la deslocalización empresarial, iniciativa de EH Bildu, se incluyen en cuatro artículos de la Ley Reguladora de Subvenciones vasca, después del acuerdo al que llegaron en comisión parlamentaria los partidos del Gobierno con la coalición abertzale.

La ley ha salido adelante con el 91% de los miembros de la Cámara, ya que Elkarrekin Podemos-IU también ha votado favor, y sólo se han posicionado en contra PP, Ciudadanos y Vox. “Que la derecha se oponga en tromba a esta ley muestra sus bondades”, ha señalado la parlamentaria de EH Bildu, Leire Pinedo. El debate sobre esta ley, a diferencia de otros que se han sucedido en este jueves maratoniano de aprobaciones de leyes en el Parlamento, ha puesto de manifiesto un alto grado de complicidad entre el Gobierno de PNV y el PSE-EE y EH Bildu, que se han cruzado agradecimientos desde la tribuna de oradores.

El PP ha descalificado con dureza la norma. El parlamentario Luis Gordillo ha asegurado que es “inconstitucional” y también contraria al derecho comunitario por atentar contra la libre circulación empresarial. Pero todos los grupos que han aprobado la norma le han recordado que se trata de una normativa que se basa en una que ya está vigente en Bizkaia desde 2007 y que nadie ha recurrido. También hay una similar en Navarra sin que haya habido ningún tipo de impugnación contra ello.

Pinedo ha defendido que las empresas tienen que saber que si reciben fondos públicos “tienen que comprometerse”, y ha recordado casos recientes de deslocalizaciones y otros actuales, como los de la empresa Glavista, cuya situación de concurso de acreedores se ha debatido con posterioridad a través de una iniciativa de Elkarrekin Podemos-IU, o de Mecaner, cerrada por la multinacional Stellantis para llevarse su producción a China.

Veto a las subvenciones a empresas sancionadas

La referencia a la deslocalización se incluye en la Ley Reguladora del Régimen de Subvenciones, que pretende “incrementar los niveles de eficiencia y eficacia en la gestión del gasto público”, según ha señalado el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu. Entre las novedades, establece que no podrán ser beneficiarias las personas físicas y jurídicas que hubiesen sido sancionadas administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo o por incumplimiento de la normativa en materia de igualdad de mujeres y hombres, durante el período impuesto en la correspondiente sanción.

Tampoco podrán adquirir la condición de beneficiarias, las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sancionadas por infracción grave o muy grave prevista en la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, o en la Ley de Administración Ambiental de Euskadi, mediante resolución firme en vía administrativa, hasta no haber ejecutado las medidas correctoras pertinentes y haber satisfecho la sanción. No podrán, tampoco, las que incumplan la cuota establecida legalmente de reserva de puestos de trabajo en favor de personas con discapacidad.

La norma pretende promover el cumplimiento del principio de igualdad de mujeres y hombres, así como de colectivos minorizados, y se establece que no se podrá conceder ningún tipo de ayuda o subvención a ninguna actividad que sea discriminatoria en tal sentido. Así mismo, con carácter general, se debe incorporar la perspectiva medioambiental en las subvenciones públicas e incluir en las bases o normas reguladoras medidas para promover la conservación del patrimonio natural de Euskadi entre los criterios de valoración y entre las obligaciones de las personas físicas o jurídicas beneficiarias.

EH Bildu ha llegado a un acuerdo con PNV y PSE-EE para que la ley reguladora del régimen de Subvenciones incluya un capítulo en el que se especifique que las empresas que opten por la deslocalización tengan que devolver las ayudas públicas recibidas ocho años antes, dos menos del plazo que incluía la iniciativa original de EH Bildu contra la deslocalización empresarial. Dicha iniciativa empezó su tramitación parlamentaria en abril, aunque ya entonces se esperaba que acabara incluida en la ley de Subvenciones. La coalición abertzale ha anunciado este martes el acuerdo con los grupos del Gobierno, por el que se incluirá un capítulo entero dedicado a intentar evitar la deslocalización empresarial dentro de esta nueva ley que se espera que esté aprobada antes de final de año. “Con este acuerdo damos un paso adelante para obstaculizar las deslocalizaciones y proteger así el tejido industrial y económico del país”, ha señalado la parlamentaria de EH Bildu, Leire Pinedo.

La proposición de EH Bildu esta basada en la norma foral de Bizkaia que está vigente desde el año 2007 y que establece que las empresas deslocalizadas tengan que devolver las ayudas recibidas ocho años antes, por lo que se ha optado en el acuerdo por mantener este límite temporal ya vigente en Bizkaia al convertirlo en norma extensible al conjunto del territorio. El acuerdo se ha suscrito en el ámbito de la ponencia en la que se está tramitando esta ley que se espera que se apruebe antes de fin de año y rompe con rupturas en Educación o Presupuestos.

EH Bildu considera que “no se puede permitir que una empresa, después de recibir ayudas públicas, traslade su producción a otro Estado teniendo en cuenta sólo su interés particular, al margen de los derechos de su plantilla y de los intereses y necesidades del territorio en el que está implantada; nos parece bien ayudar a las empresas, pero además de ayudarles, también hay que exigirles responsabilidad y compromisos, entre ellos el arraigo en el territorio”, según ha señalado Leire Pinedo.

La coalición presentó ya hace cuatro años una proposición de ley para obligar a las empresas a devolver las ayudas públicas en caso de deslocalización, “pero PNV y PSE-EE no la admitieron entonces a trámite”, recuerda la parlamentaria. Sin embargo, sí lo hicieron cuando EH Bildu volvió a presentar la propuesta el pasado mes de marzo, un momento en el que la empresa Ferrovial anunció el traslado de su sede fiscal a Países Bajos y“ puso así otra vez el problema de las deslocalizaciones en el centro de la agenda política y mediática”.

Según indica Pinedo, “desde la política no podemos prohibir las deslocalizaciones, pero sí podemos tomar medidas para dificultar esos movimientos, que es lo que proponíamos desde EH Bildu y lo que al final hemos conseguido”. El Congreso de los Diputados aprobó en la anterior legislatura, el 30 de marzo de 2023, una proposición no de ley de EH Bildu que insta al Gobierno a “elaborar y desarrollar” en la próxima Ley de Industria “una legislación específica para condicionar la recepción de apoyo y ayudas públicas por parte de empresas a que no haya reubicación o deslocalización de la actividad”, así como para recuperarlas en el caso de que una empresa traslade su sede social fuera de España. Se presentó a raíz de la decisión de Ferrovial de trasladar su sede fuera de España. La propuesta salió adelante con el apoyo de PSOE y Unidas Podemos, que acordaron en el último momento una enmienda transaccional con la coalición abertzale, que rebajó sus pretensiones iniciales, ya que en primer recogía expresamente que las empresas que reciban fondos públicos no se pudieran deslocalizar durante, al menos, cinco años posteriores a las últimas ayudas recibidas, y si lo hacían estuvieran obligadas a devolverlas.

El Parlamento Vasco ha iniciado este jueves la tramitación de la normativa para evitar la deslocalización de las empresas. La Cámara ha dado el pistoletazo de salida a una proposición de ley de EH Bildu, con los únicos votos en contra de PP+Cs y de Vox, en la que se establece que las compañías implantadas en Euskadi que trasladen su sede o su producción fuera de la comunidad autónoma deberán devolver todas las ayudas públicas que hayan percibido en los diez últimos años. Esto significa que habrá a nivel de todo Euskadi una norma que restrinja las posibilidades de que una empresa deslocalice su sede después de haber recibido ayudas públicas -ya hay normativas forales en este sentido-, lo que no se sabe todavía es cómo. En principio, todo parece indicar que acabará siendo un cláusula o una disposición adicional de la la Ley de Subvenciones, cuyo proyecto de ley aprobó el martes el Gobierno.

El parlamentario del PNV, Mikel Arruabarrena, ha dejado claro en su intervención para justificar su voto positivo que habrá que esperar al trámite parlamentario para ver en qué queda la norma, y que lo que pretendía con su voto positivo era más que nada “lanzar un mensaje claro a la ciudadanía” en el sentido de que PNV “en las distintas instituciones, y también en el Parlamento Vasco, sigue trabajando en favor del arraigo de las empresas vascas al territorio”. Ha recordado que podrían haber referenciado el debate a la tramitación de la Ley de Subvenciones: “Es también una ley que pudiera servir para mediante un artículo haber limitado, haber desincentivado las deslocalizaciones empresariales, pero ya digo, queríamos lanzar un mensaje claro, un mensaje, no líos o a la ciudadanía y, por tanto, hemos votado sí. Ya veremos después, en el trámite parlamentario, qué forma le damos al debate y al trabajo parlamentario”.

También la parlamentaria socialista Sonia Pérez, ha aludido a la posibilidad de que se tramite de forma conjunta con la Ley de Subvenciones, como ya sugería el Gobierno vasco en el informe para argumentar el criterio favorable a la proposición de Ley de EH Bildu. “Quiero recordar que este martes en Consejo de Gobierno se ha aprobado el anteproyecto de la ley reguladora del régimen de subvenciones, por lo que tendremos oportunidad de trabajar ambos proyectos y ver el mejor encaje de las medidas propuestas en la iniciativa de EH Bildu”, ha señalado. No obstante, ha advertido de que “enmarcar el arraigo empresarial y evitar la deslocalización de las empresas establecidas en Euskadi no requiere enfocar el asunto en una intervención puramente sancionadora, porque estamos hablando de algo más complejo, multisectorial y global”.

En cualquier caso, EH Bildu ha conseguido su objetivo de conseguir el visto bueno de la Cámara a la iniciativa, presentada en un momento en el que la deslocalización empresarial ha vuelto ha centrar la máxima atención con el caso de la marcha de Ferrovial. “Es oportunidad, no oportunismo”, ha señalado el parlamentario Iker Casanova, que ha señalado que esta norma debe formar parte de una “política industrial proactiva con liderazgo público”.

Casanova, que ha señalado que la proposición se basa en una normativa vigente en Bizkaia, por lo que “tiene encaje legal”, ha recordado que casos de deslocalizaciones como Gamesa y General Electric, y ha defendido la necesidad de aprobar una ley de este tipo ante las “nefastas consecuencias” que generan las deslocalizaciones en las sociedades afectadas por las mismas.

En concreto, la propuesta de EH Bildu establece que las empresas que lleven a cabo un proceso de deslocalización tendrán “la obligación de proceder al reintegro de las cuantías de las subvenciones percibidas en los diez años anteriores, junto con el interés de demora devengado desde el momento de la recepción de cada cantidad hasta la fecha de dicha declaración”. Además, estas empresas y sus socios no podrán obtener ayudas del sector público vasco durante un periodo de diez años, a partir de la fecha en la que el Gobierno autonómico haya declarado confirmada la deslocalización productiva o fiscal de la compañía.

En la proposición de ley se indica que una deslocalización productiva se produce cuando se da “el cese o una reducción significativa de la actividad de la empresa” o cuando “simultáneamente, o en el plazo de los tres años inmediatos anteriores o posteriores al momento en que se produzca la situación anterior, se desarrolle en otros lugares fuera del territorio del País Vasco la misma actividad que desarrollaba la empresa en este territorio”. También define como deslocalización fiscal los casos en los que una empresa que tenga su domicilio fiscal en Euskadi lo traslade posteriormente fuera.

David Soto, de Elkarrekin Podemos-IU ha señalado que este es un debate “estratégico”. Además, se ha felicitado por el hecho de que se haya producido “un cambio del paradigma neoliberal”, que está facilitando que se abra el debate sobre la necesidad de evitar las deslocalizaciones empresariales.

El parlamentario de PP+Cs Jose Manuel Gil ha criticado la proposición de ley de EH Bildu, al considerar que con ella se pretende “limitar la capacidad de gestión y decisión de las empresas”, cuando lo que hay que hacer es “tratarlas bien” y “agradecerles” que contribuyan a generar riqueza y empleo. La única representante del Grupo Mixto-Vox, Amaia Fernández, ha afirmado que EH Bildu es “el memos indicado para dar lecciones” sobre este tema, dado que ETA fue durante años “el principal factor de deslocalización empresarial y social” en Euskadi.

El Gobierno vasco está abierto a pactar con EH Bildu una fórmula que evite la deslocalización de las empresas vascas. O que al menos la haga gravosa. Aunque todavía no hay ningún acuerdo cerrado, fuentes del Ejecutivo han confirmado que su intención es pactar con la coalición abertzale que se incluya de alguna forma esta cuestión en la Ley de Subvenciones, a la que el Gobierno vasco ha dado este martes su visto bueno para empezar el trámite parlamentario. El pasado 4 de abril el Gobierno dio su criterio favorable a la toma en consideración de una iniciativa legislativa 'ad hoc' para este fin formulada por EH Bildu, pero mostró su preferencia a la Cámara de que esta proposición se “armonizara o se tramitase de manera conjunta con la Ley de Subvenciones”. En el proyecto de ley al que el Gobierno vasco ha dado su visto bueno este martes no se ha incluido ningún artículo al respecto, pero los partidos del Gobierno quieren negociar con EH Bildu la inclusión de alguna cláusula o disposición adicional, para evitar deslocalizaciones de empresas que hayan recibido subvenciones.

Fuentes de EH Bildu han señalado que, por el momento, no se ha abierto ningún tipo de negociación al respecto y que está previsto que este jueves el pleno del Parlamento apruebe la admisión a trámite de su proposición de ley, ya que contará con los votos a favor de PNV y PSE-EE. El inicio de una negociación sobre la fórmula de “fusionar” ambas propuestas podría llevar a que EH Bildu retirara ese punto del orden del día. De no ser así, arrancará la tramitación parlamentaria de la proposición de EH Bildu y de la Ley de Subvenciones por separado, y fuentes parlamentarias, tanto del Gobierno como de la oposición, desconocen cómo podrían fusionarse porque es algo que no se ha hecho nunca.

En cualquier caso, lo que los partidos del Gobierno accedan a pactar con EH Bildu no será exactamente la literalidad de la propuesta de la coalición abertzale, ya que en el mismo informe favorable a la toma en consideración ya se apunta que “existe a día de hoy una regulación suficiente para responder ante casos de deslocalización empresarial” en el ámbito de Euskadi, y señala a distintas disposiciones normativas en normas forales vigentes en varios territorios históricos. Además, la postura que tome el Parlamento Vasco seguirá en buena parte la línea que siga el Gobierno central en este sentido, después de que el Congreso de los Diputados aprobara el 30 de marzo la proposición no de ley de EH Bildu que insta al Gobierno a “elaborar y desarrollar” en la próxima Ley de Industria “una legislación específica para condicionar la recepción de apoyo y ayudas públicas por parte de empresas a que no haya reubicación o deslocalización de la actividad”, así como para recuperarlas en el caso de que una empresa traslade su sede social fuera de España. Se presentó a raíz de la decisión de Ferrovial de trasladar su sede fuera de España. La propuesta salió adelante con el apoyo de PSOE y Unidas Podemos, que acordaron en el último momento una enmienda transaccional con la coalición abertzale, que rebajó sus pretensiones iniciales, ya que en primer recogía expresamente que las empresas que reciban fondos públicos no se pudieran deslocalizar durante, al menos, cinco años posteriores a las últimas ayudas recibidas, y si lo hacían estuvieran obligadas a devolverlas.

La proposición presentada por EH Bildu esta basada en la norma foral de Bizkaia. Propone que, “si se da una deslocalización tanto del ámbito productivo como el ámbito fiscal, se exija a la empresa que incurra en esa práctica la devolución integral todas las ayudas percibidas por las administraciones públicas vascas en los últimos diez años”. En cuanto al proyecto de Ley de Subvenciones aprobado por el Gobierno vasco, establece los principios generales que deben presidir la gestión de las subvenciones, como los de planificación, publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia y eficiencia. El consejero-portavoz, Bingen Zupiria, ha querido destacar con un dato la relevación de una propuesta aparentemente menor. Las dotaciones destinadas en los presupuestos autonómicos de 2023 a subvenciones rondaron los 3.000 millones de euros. Es casi la cuantía del área de Educación. Solamente Salud supera los 4.000 millones.

Día histórico para Ferrovial, multinacional española de servicios e infraestructuras. Aunque el término “española” dependerá del resultado de la junta de accionistas que se celebra este jueves en Madrid y que tiene su traslado a Países Bajos como el principal punto en el orden del día. La reunión con los accionistas llega en pleno terremoto político por la frontal oposición del Gobierno. El presidente, Rafael del Pino, llega a la junta con el respaldo de los principales fondos de inversión, por lo que se prevé una aprobación por parte de los accionistas. Sin embargo, la clave será conocer cuántos votan en contra y si se supera el límite de compensaciones que la compañía está dispuesta a pagar a quienes se opongan.

Son muchos los aspectos que se juegan en una asamblea de accionistas en la que su presidente defenderá la operación como paso previo a su salto al parqué estadounidense. Desde fuera de esta reunión, el Ejecutivo ha elevado el tono de esta semana y ha puesto en duda la justificación que da la compañía para sacar adelante este traslado. No solo el ejecutivo, también los supervisores, como la CNMV, han señalado que la argumentación de Ferrovial para salir a Países Bajos carece de base. Estos son los aspectos a tener en cuenta en la reunión que dará comienzo a las 12:30 horas.

¿Qué deben votar los accionistas?

La reunión de este jueves de los accionistas de Ferrovial no es extraordinaria para tratar la fusión, sino que tiene un carácter ordinario. Esto quiere decir que se tratarán, entre la docena de puntos del orden del día, algunos aspectos habituales de este tipo de encuentros de accionistas de una compañía cotizada. Habrá reelección de consejeros, se dará aprobación a las cuentas anuales del pasado ejercicio, se votará la política de remuneración de la compañía y se tendrá que renovar el contrato con EY como auditora. Y sí, también se votará la operación de traslado a Países Bajos que ha generado polémica durante las últimas semanas. Será el décimo punto del orden del día.

¿En qué consiste la operación y por qué se realiza?

Ferrovial anunció el pasado 28 de febrero su intención de trasladar su sede social y fiscal a Países Bajos. Esta operación se realizaría mediante una fusión en la que la actual matriz de la compañía, radicada en España, pasaría a ser absorbida por Ferrovial International, la filial de la compañía que engloba a su negocio internacional y que ya gestiona el 86% de los activos del grupo. Esta última tiene sede en Países Bajos. Tras este paso, pedirá que la compañía cotice en el mercado neerlandés y en el español. El grupo defendió en el anuncio de la operación que el objetivo era poder dar el salto al mercado estadounidense, ya que, según argumentó, no es posible cotizar a la vez en la Bolsa de EEUU y en la española (un proceso conocido como Dual Listing).

¿Por qué han reaccionado en contra el Gobierno y la CNMV?

Tanto el Gobierno como el supervisor del mercado de valores en España han puesto en duda la justificación que da Ferrovial para trasladar su sede a un país conocido por sus importantes acuerdos fiscales que reducen la tributación de las multinacionales. Desde el primer momento del anuncio de la operación, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, cargó con dureza contra este movimiento empresarial. Acusó a la multinacional de “falta de compromiso” con su país. Esta semana, el Gobierno ha enviado una carta a Ferrovial para instarle a informar a sus accionistas de que no hay motivación económica para la operación.

Por otro lado, la CNMV y BME, la empresa que gestiona la Bolsa española, han analizado esta operación desde que se anunció y han concluido que no existen impedimentos legales para que Ferrovial salga a cotizar en EEUU sin cambiar su sede a Países Bajos. Si bien reconocieron que es una operación que nunca se ha hecho, consideran que no existe ninguna norma que la prohíba. “Los datos que tenemos no apuntan a que sea imposible, salvo que no se quiera intentar”, aseguró recientemente Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV, en el Congreso.

¿Puede tener la operación repercusiones fiscales?

Así lo han asegurado tanto el Gobierno como la Agencia Tributaria. El Ejecutivo aseguró que si se busca un “ahorro tributario” no podrían acceder a algunas ventajas fiscales de las fusiones. La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló este miércoles que “la legislación es clara. Cuando no hay motivos económicos, hay determinados elementos fiscales que no se puede aplicar la empresa”. Por su parte, la Agencia Tributaria explicó este martes que ante una operación de este calado, el proceso llevará a que se analice si hay una motivación económica que sustente este traslado. De no haberla, se haría un análisis en profundidad ante el posible intento de esquivar el pago de impuestos y se podría ver con una sanción tributaria. Si bien, señalan desde el organismo, este análisis podría prolongarse durante uno o dos años por su complejidad y evitan adelantar cuál sería el resultado en el caso concreto de Ferrovial.

¿Cómo ha respondido Ferrovial a esta presión del Gobierno?

Ferrovial ha decidido pasar por alto la carta enviada por el Gobierno y ha mantenido en el orden del día sin modificaciones la votación de la fusión que dará con su sede en Países Bajos. Para reforzar su posición de cara a la junta y al Gobierno, Ferrovial se ha rodeado de algunos de los bufetes de abogados más importantes con los que dar empaque legal a su argumentación para poder salir de España e instalarse en Ámsterdam. Así lo muestra este miércoles Cinco Días, que apunta a informes favorables realizados por bufetes como Uría Menéndez o Latham & Watkins. También cuenta con un informe económico realizado por Morgan Stanley y con otro documento favorable del bufete neerlandés De Braw Blackstone Westbroek.

¿Qué apoyos tiene en la junta el traslado a Países Bajos?

Falta por conocer el resultado final de la votación que se realizará a última hora de la mañana de este jueves. Si bien, ya se conoce el sentido del voto de algunos de los accionistas. Es el caso de Rafael del Pino, que tiene en torno a un 20% de las acciones de la compañía, y de su hermana María, que tiene otro 8%. El fondo activista TCI (siglas de The Children's Investment Fund) tiene otro 7% de las acciones y ha avanzado su respaldo a la operación. Se suma también el 1,5% que tiene el fondo soberano noruego, Norges Bank. Esta entidad anunció el martes que se iba a oponer a la operación, pero un día más tarde rectificó y anunció que había votado en contra. “Publicamos nuestras instrucciones de voto cinco días antes de la junta, pero tenemos el derecho a cambiar nuestra instrucción durante estos días y es lo que ha ocurrido en esta ocasión”, ha asegurado un portavoz del fondo a este medio, sin clarificar las causas del cambio de opinión. Distintos medios también apuntan al voto favorable del fondo de pensiones californiano Calpers, del inversor canadiense CPPIB y o de Calvert Investments, filial de Morgan Stanley. Se desconoce por ahora el sentido del voto de Blackrock o Vanguard, también en el accionariado.

¿Qué es el derecho de separación y por qué es tan importante en esta operación?

Puede ocurrir que la junta de accionistas valide por mayoría la fusión pero que ésta acabe siendo tumbada. Es decir, en la junta será tan importante ver cuántos votos positivos tiene el traslado de la empresa como los negativos. La razón se encuentra en el conocido como derecho de separación. Un accionista que esté en contra de la operación puede reclamar a la empresa una compensación y su salida del accionariado. La empresa ya ha anunciado que recomprará esas acciones a 26 euros. Pero con un límite. Si el importe supera los 500 millones de euros, el grupo cesará en su intención de irse a Países Bajos. Por ponerlo en cifras respecto al conjunto del accionariado, si 19,2 millones de acciones (2,64% del total) vota en contra y posteriormente reclama su derecho de separación, la operación se truncaría.

Norges Bank, el fondo soberano de Noruega, votará como accionista de Ferrovial en contra del traslado de su sede social a Países Bajos en la junta general que se celebrará este jueves en Madrid y en la que se decidirá sobre los planes de futuro de la multinacional española.

El fondo argumenta en su página web que votará en contra de este punto del orden del día de la junta tras evaluar la operación de fusión transfronteriza de Ferrovial con su filial neerlandesa, transacción que permitirá este cambio de sede social.

“Las fusiones, adquisiciones y otras transacciones corporativas deberían maximizar los rendimientos de los accionistas. Al evaluar las transacciones corporativas, también consideraremos si existe suficiente transparencia para tomar una decisión plenamente informada, si todos los accionistas reciben un trato equitativo y si existen conflictos de intereses innecesarios”, justifica.

Institutional Shareholder Services' (ISS), una firma asesora en gobierno corporativo, ya advirtió sobre el riesgo que suponía esta operación para los accionistas minoritarios, ya que la ley neerlandesa restringe más que la española el poder de los accionistas con menos peso en el capital. En concreto, Norges Bank contaba a cierre de 2022 con un 1,5% del capital de Ferrovial.

Con este voto en contra del fondo soberano de Noruega, cuyo Gobierno está liderado por el Partido Laborista, los planes de Ferrovial podrían estar en peligro, siempre y cuando ejerza su 'derecho de separación'.

Este derecho consiste en oponerse formalmente a la operación en el plazo de un mes desde la celebración de la junta. Si más del 2,56% de los accionistas lo ejerce, el cambio de sede no será efectivo, según lo determinó Ferrovial al anunciar la operación.

En cualquier caso, desde Banco Sabadell recuerdan que este límite, que tiene como objetivo mantener su calificación crediticia, es un derecho para los accionistas que voten en contra, no una obligación.

La antigua fábrica de Danone en Salas reabrirá sus puertas. Finalmente se ha materializado la venta de la factoría a la multinacional láctea holandesa Royal A-Ware. El acuerdo se ha firmado este viernes, fecha límite para cerrar todos los flecos.

Un acuerdo que incluye la reapertura de la fábrica de Salas y la creación de empleo. La inversión prevista de la empresa holandesa será cercana a lo 40 millones de euros y montarán nueva maquinaria en la planta ya que, según fuentes sindicales, gran parte de la antigua será desmontada.

Royal A-Ware se define como una empresa familiar de origen holandés con más de 130 años de experiencia en el sector alimentario. Cuenta con 3.000 empleados en 27 sucursales repartidas por cuatro países, Bélgica, Países Bajos, Estados Unidos y España.

La fábrica asturiana de Danone cerró el pasado mes de diciembre, después de más de 41 años de producción en el concejo rural de Salas. Contaba entonces con 70 empleados de los que 40 se acogieron a prejubilaciones y otros 30 se trasladaron a otras fábricas de la compañía francesa u optaron por otros empleos.

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha marcado distancias entre la decisión de Ferrovial de marchar de España y la salida de Catalunya de la entidad en 2017. “Cuando tomamos la decisión de cambiar la sede era a consecuencia de unos hechos muy claros y dramáticos”, ha explicado este martes en un acto del Consejo General de Economistas. En el caso del banco, ha apuntado que aquella decisión “empresarial” se tomó “muy a regañadientes” en un escenario marcado por los riesgos de una eventual independencia. En cuanto a la constructora, ha pedido no analizar su traslado con “criterios políticos”.

“No tengo conocimiento suficiente de la empresa Ferrovial para decir si creo que será una buena decisión comercial y de desarrollo estratégico futuro, pero si la han tomado probablemente será así”, ha indicado Oliu. Aun así, ha recordado que la marcha del banco de Catalunya se tomó en un escenario diferente, marcado por “la amenaza” que el mercado percibía en caso de una hipotética independencia. “Fue una buena decisión, y fue por motivos empresariales, no políticos”, ha manifestado.

En cuanto al escenario económico actual, Oliu ha mostrado su preocupación por la evolución de la deuda pública española en un contexto de subida de los tipos de interés. En este sentido, ha alertado que esto tiene un “coste social”. “De manera gradual irá aumentando la parte del presupuesto público que irá destinado al pago de intereses”, ha avisado. A su parecer, esto supone un reto “intergeneracional” que se tiene que encarar.

“Está muy lejos la deuda española de poder causar problemas, ni por cantidad ni por el tipo interés, pero todo gobierno tiene la obligación de prever a más plazo”, ha apuntado el banquero. Según Oliu, hay que ir “con cuidado” si los tipos de la deuda continúan subiendo y gestionarlo teniendo en cuenta el déficit público y el gasto.

Ferrovial ha afirmado que su traslado a Países Bajos no obedece a una menor estabilidad jurídica en España, sino a una mayor proyección en Estados Unidos, su principal mercado.

“La estabilidad jurídica española está a la altura de las mejores del mundo y de todos los países europeos”, ha enfatizado, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, el director saliente de comunicación de la multinacional, Francisco Polo.

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha celebrado la “rectificación” que en su opinión ha hecho Ferrovial, después de que la empresa haya ensalzado la seguridad jurídica de España. En la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros, la ministra ha resaltado la apuesta por el país de otras multinacionales extranjeras como Intel, Cisco, Microsoft o Vodafone, que ya han anunciado proyectos mil millonarios en España.

“Todos los indicadores evidencian la seguridad jurídica y la fortaleza de la economía española. Y yo celebro que la empresa haya rectificado esas comunicaciones públicas que no se corresponden con la realidad y que, por tanto, en nuestra opinión, no justifican ningún tipo de movimiento de este tipo ni de esta ni de ninguna otra empresa”, ha indicado.

Calviño también ha destacado el incremento del 55% registrado el año pasado en la inversión extranjera en España, hasta los 30.000 millones de euros, lo que supone una inversión internacional que se suma también a una nacional récord.

“No estoy hablando solo del ámbito privado, estoy hablando también del mercado de deuda pública, que día tras día muestra la fuerte confianza de los inversores nacionales e internacionales en nuestro país. Hoy mismo hemos tenido una subasta de Letras del Tesoro que ha tenido un resultado muy positivo, con una participación importante también de los clientes minoristas españoles, con una evolución realmente muy positiva”, ha añadido.

La ministra ha continuado citando al Banco de España, que ya ha anunciado que va a revisar al alza la previsión de crecimiento para este año y a la baja la previsión de inflación, al mismo tiempo que ha resaltado la “estabilidad de la prima de riesgo, incluso en un contexto internacional tan complejo”.

“Todo esto no hace sino dar evidencia a lo que siempre decimos y es la fuerte confianza de nuestro país, la confianza de los inversores en la estabilidad económica, social y jurídica de España y la coherencia de la política económica que hemos venido siguiendo desde 2018”, ha concluido.

No se explicaron con claridad las razones del traslado

En su primera comunicación al mercado para anunciar la operación, la empresa señalaba que Países Bajos contaba con un “marco jurídico estable”, justificando su traslado a ese país, algo que fue interpretado como que buscaba una mayor estabilidad en ese país y aprovechado por la oposición al Gobierno para atacar sus políticas fiscales.

Sin embargo, Polo ha entonado el “mea culpa”, señalando que no se explicaron con claridad todas las razones, reiterando su apuesta por España, donde mantendrá el empleo y su actividad y asegurando que Ferrovial siempre ha trabajado con todos los gobiernos de cualquier color, como ya hace en el resto de países donde opera: demócratas, republicanos, laboristas, conservadores...

El representante de la empresa ha defendido que Ferrovial tiene “un enorme respeto al Gobierno de España” y que cualquier español tendría que sentir “orgullo” de que una de sus empresas tenga éxito fuera del país.

En cualquier caso, Polo ha asegurado que esta transacción no requiere de ninguna autorización por parte del Gobierno, porque todo transcurre dentro del espacio común europeo, y que el blindaje antiopas no está concebido para estos casos, en el que solo se va a producir una fusión entre una empresa española y una neerlandesa.

El portavoz de Ferrovial también ha aclarado que el traslado de sede tampoco responde a un interés personal tributario de ninguno de los miembros del consejo de administración, incluido su presidente, Rafael del Pino.

“Esta operación forma parte del desarrollo natural de la empresa; queremos competir en igualdad de condiciones frente a otros grandes constructores internacionales con los proyectos de infraestructuras más grandes del mundo. Para que la empresa siga creciendo es necesario que empiece a cotizar en Estados Unidos, con una acción con mayor liquidez, y para estar en un escaparate que atraiga el interés de los inversores norteamericanos, al mismo tiempo que mejoramos las condiciones de financiación”, ha explicado Polo.

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el anteproyecto de la nueva Ley de Industria, la primera en 30 años, que pretende reforzar el papel de esta actividad en la economía española en plena transición verde y digital. La medida, prevista en el Plan de Recuperación, “fortalece la soberanía estratégica industrial” y persigue mejorar la competitividad de esta actividad en la esfera internacional, según el Ministerio de Industria.

Una de las principales novedades que contiene el texto es que “blinda el empleo industrial”, según el departamento de Reyes Maroto, y “protege nuestras capacidades industriales”, según ha explicado la ministra en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, al establecer que las empresas beneficiarias de ayudas públicas a la industria deban mantener la actividad productiva durante al menos cinco años.

En el caso de las pymes el plazo se reduce a tres años. La nueva Ley establece que la Administración General del Estado promoverá y desarrollará líneas de ayudas que favorezcan la modernización, el desarrollo y la competitividad industrial.

La norma, que Maroto ha confiado en que esté en vigor antes de que acabe la legislatura, aborda aspectos como la promoción industrial y la mejora de su competitividad, la reindustrialización, la digitalización industrial, la adaptación de la industria a la neutralidad climática, la autonomía estratégica industrial, el impulso de los ecosistemas industriales y los proyectos de interés general, la seguridad y calidad industrial y la gobernanza.

Sustituirá a una ley de 1992 y busca impulsar una actividad que ha ganado peso en la agenda europea en los últimos años, tras la experiencia de la gran reclusión y en un proceso de desglobalización de muchas actividades industriales. Un contexto de “urgente necesidad de potenciar la industria en nuestro país”, en palabras de Maroto.

Los principales objetivos de la ley son garantizar la libertad de establecimiento de las industrias y la unidad de mercado en esta actividad, proteger la libre circulación de productos industriales, promover un entorno favorable a la generación de ecosistemas industriales, impulsar “proyectos tractores y de interés general” así como la planificación estratégica de la actividad industrial, con “la salvaguardia de la base industrial que suministra recursos de primera necesidad y de carácter estratégico”.

Anticipar un cierre

En el texto se introduce la figura de la refinanciación de préstamos para facilitar la devolución de los préstamos concedidos a las empresas en programas nacionales de ayudas públicas. Y ante una crisis industrial se establece la obligación de la empresa, en determinadas circunstancias, de anticipar un cierre o la reducción de actividad que involucre una importante reducción de empleo, debiéndose explorar fórmulas para prevenir, reducir o mitigar sus efectos. Para ello, se establecerán mesas de reindustrialización con presencia del Estado para que los agentes implicados busquen una solución con un plazo determinado.

El texto, que define las industrias “estratégicas”, introduce nuevas obligaciones de seguridad industrial, de forma que en caso de riesgo grave e inminente, la Administración pueda acordar la paralización temporal, total o parcial, de una instalación. También se detalla el régimen de infracciones, con multas de hasta 100 millones de euros para las más graves.

Para reforzar las “estructuras de gobernanza del ecosistema industrial español”, se creará un Consejo Estatal de Política Industrial como órgano consultivo, asesor y de colaboración en las materias que afectan a la industria “para favorecer su crecimiento, resiliencia y competitividad”. También se elaborará una Estrategia Española para el Impulso Industrial 2030 con las líneas generales de la política industrial. Y un Plan Estatal de Impulso Industrial.

La nueva ley persigue desarrollar y apoyar los ecosistemas industriales como polos de desarrollo industrial, especialmente los considerados estratégicos. Y regula por primera vez los proyectos industriales de interés general. Estos deberán cumplir al menos dos de estas tres condiciones: suponer un volumen de inversión o de empleo indefinido “significativo”; pertenecer a ecosistemas industriales definidos o formar parte de sectores considerados estratégicos por el Consejo de Seguridad Nacional; o estar alineados con los objetivos industriales de la UE e integrados en los mecanismos de financiación europea.

El borrador, fruto de un proceso de consulta pública abierto la pasada primavera, reconoce una especial protección a la industria intensiva en energía con medidas de acompañamiento para facilitar su descarbonización. Presta especial atención a los programas de internacionalización de empresas españolas. Y prevé la posibilidad de lanzar bancos de pruebas regulatorios para proyectos piloto que faciliten la investigación y la innovación.

Además, las Administraciones Públicas promoverán e implantarán, dentro de su ámbito competencial, medidas que contribuyan a la dotación de los servicios e infraestructuras necesarios para el fomento de áreas industriales. La promoción de suelo industrial se realizará preferentemente mediante consenso con los actores implicados en su desarrollo y gestión.

Schneider Electric, multinacional francesa líder mundial en la transformación digital de la gestión y automatización de la energía, ha iniciado el proceso para trasladar un porcentaje de la producción de su planta de Griñón a otra que el grupo tiene en la localidad italiana de Stezzano. 

La compañía desarrolla su actividad en la comarca Sur de la Comunidad de Madrid, donde lleva implantada desde hace más de medio siglo y emplea a 180 hombres y mujeres, además de sostener la actividad de una treintena de empresas de suministros. En la planta de Griñón fabrica una unidad modular denominada SM6, un producto estrella con una excelente salida comercial tanto a nivel nacional como para la exportación del que depende la supervivencia de dicha planta.

La multinacional gala se resiste a dar explicaciones de cuáles son los motivos para haber tomado la decisión de su deslocalización, en especial cuando es una planta competitiva con una plantilla ajustada a las necesidades de la producción. 

Esta decisión, por tanto, no obedece a razones objetivas, tal y como constatamos el pasado 28 de julio de 2021 cuando la dirección de Schneider Electric Griñón informó al comité de empresa de que las cosas marchaban bien, que plantilla y carga de trabajo estaban ajustadas, que no había números rojos, que la producción para el segundo semestre estaba garantizada, e incluso que no llevarían a cabo un despido previsto. El 26 de octubre volvieron a confirmar la buena marcha de la empresa. 

No pasó ni un mes cuando, el 24 de noviembre, la dirección del centro, de buenas a primeras, comunicó a los representantes sindicales y a toda la plantilla los planes de la multinacional de trasladar una parte de la producción de la celda SM6 fuera de España. Lo hicieron sin aclarar por qué, salvo que obedecía a razones de “estrategia” del grupo. El mismo, escueto y único argumento que directivos de Schneider Electric ofrecieron a CCOO en una tensa reunión en la sede de la Asociación de Empresas del Metal de Madrid el pasado 18 de noviembre, que sólo sirvió para confirmar, como se temía el sindicato, que en unos meses iba a “sobrar gente”. A partir de aquí, la multinacional francesa tampoco ha detallado qué porcentaje de la producción va a arrebatar a la planta de Griñón, ni qué alternativas baraja para compensar la pérdida de carga de trabajo, ni cuál va a ser el impacto sobre la plantilla. 

Esta actitud de la compañía pone de relieve la falta de transparencia y la opacidad informativa, y nos hace temer lo peor, es decir, que una vez implantadas en Italia la línea de fabricación y sobre todo el conocimiento asociado, los planes reales sean los de trasladar allí el cien por cien de la producción del SM6 y desmantelar o reducir a la mínima expresión la actividad en la planta madrileña. Si esto sucede conllevaría una dramática destrucción de empleo y el empobrecimiento y la asfixia económica de la comarca sur de Madrid, y acentuará el declive industrial de la región. 

A todo lo anterior hay que añadir un elemento nada desdeñable, y es que hace menos de un año, en una reunión de trabajo en las oficinas de Schneider Electric de San Sebastián de los Reyes con el Ministerio de Industria, la empresa presentó algunas de las iniciativas en las que trabajaba para la aceleración de la digitalización y sostenibilidad de la pequeña y mediana industria española. “Es una gran satisfacción -declaró entonces ante los medios de comunicación la ministra de Industria, Reyes Maroto-, contar con empresas como Schneider Electric dentro del ecosistema público-privado que trabaja conjuntamente en el Plan de Recuperación para reivindicar a ciudades como Madrid...”. 

Sería deseable conocer si esta colaboración público-privada se ha traducido en ayudas de fondos públicos o ventajas fiscales para la consolidación y desarrollo de la multinacional francesa en la Comunidad de Madrid.

Sea como fuere, el problema tiene suficiente calado para que tanto el Ejecutivo Regional como el Gobierno de España tomen cartas en el asunto. Especialmente cuando coinciden en el tiempo esta decisión con la firma del Acuerdo de Quirinal entre Francia e Italia, una alianza estratégica entre París y Roma que pone un acento especial en la cooperación entre ambos países en materia de sostenibilidad medioambiental en un momento de gran incertidumbre por los efectos de la transición verde sobre la economía y el empleo. No resulta descabellado pensar que el plan de la multinacional francesa de potenciar la producción en el norte de Italia pueda obedecer a intereses del Gobierno galo. Nada que objetar, salvo que ello pase por perjudicar a los trabajadores de la Comunidad de Madrid. 

Muchos interrogantes y ninguna certeza, excepto la del negro futuro que se cierne sobre los puestos de trabajo de 180 personas, que en un alto porcentaje superan los 45 años, y el descalabro para un montón de empresas auxiliares y para el conjunto de la Comunidad de Madrid. Pero las trabajadoras y trabajadores madrileños ni somos débiles, ni estamos solos. No vamos a permitir a Schneider Electric campar por sus fueros. El comité de empresa convocó la primera huelga de 24 horas el pasado jueves, acompañada de una concentración ante la Embajada de Francia en Madrid. CCOO de Madrid pondrá todo su empeño como primera fuerza sindical de la región para defender el empleo de los trabajadores y trabajadoras, es decir, de los nuestros.