El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha archivado por segunda vez la causa en la que investigaba el espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios de sus ministros con el software Pegasus ante la “impotencia investigadora” que supone la falta de cooperación de Israel, país donde se desarrolló ese sistema. En un auto, recogido por Europa Press, el magistrado apunta que “la frustración de la ejecución” de las comisiones rogatorias por parte de Israel “impide investigar sobre la atribución de la autoría de los hechos investigados a persona concreta alguna”, lo que lleva al sobreseimiento de la causa.

Cabe recordar que el instructor archivó inicialmente la investigación en julio de 2023 por el mismo motivo y la reabrió unos meses después para incorporar la información facilitada por las autoridades judiciales francesas en el procedimiento que se seguía allí por la infección con el software Pegasus de teléfonos de periodistas, abogados, personalidades públicas y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como miembros del gobierno francés, ministros y diputados.

Ahora, el magistrado explica que de las investigaciones realizadas por sus colegas franceses no se desprenden nuevos datos que permitan determinar la autoría de los hechos investigados y que podrían enmarcarse en delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

El instructor destaca la frustración de la investigación derivada de la falta de ejecución de las comisiones rogatorias dirigidas a las autoridades de Israel, emitidas, ampliadas y recordadas en distintos momentos en los últimos años, y que impide investigar “sobre la atribución de autoría de los hechos delictivos investigados a persona concreta alguna”. A través de esa solicitud de cooperación jurídica internacional, reiteradamente emitida, el juez pretendía requerir información a la mercantil NSO Group, propietaria del software Pegasus, así como tomar declaración como testigo al CEO de la compañía.

El magistrado afirma que este problema le impide avanzar en la investigación de los hechos, al no poder practicarse otras diligencias de investigación. “Ello conlleva que el proceso permanezca aletargado o en situación de latencia hasta que la información obtenida a través de un eventual y poco probable cumplimiento de la comisión rogatoria que el Estado de Israel tiene obstruida, o bien nuevas fuentes de prueba permitan, en su caso, la continuación de la investigación”, añade.

La investigación

De acuerdo con los indicios recabados a lo largo de la investigación --que se inició en abril de 2022-- la infección del móvil del presidente del Gobierno se produjo en cinco ocasiones, entre octubre de 2020 y diciembre de 2021. El primero de los procesos que se detectaron como dañinos se produjo entre el 19 y el 21 de mayo de 2021 y la cantidad de información “exfiltrada” entre ambas fechas fue de, al menos, 2,57 GB. El mismo se habría producido en el contexto de la entrada masiva de unos 10.000 inmigrantes en Ceuta entre el 17 y 18 de mayo que precisamente llevó a Sánchez a visitar este segundo día la ciudad autónoma, así como Melilla con Grande-Marlaska.

La segunda se detectó el 31 de mayo y la información “exfiltrada” fue de 130 MB. Ésta habría tenido lugar cuando el presidente del Gobierno se encontraba con el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en Alcalá de Henares con motivo de la XIII Cumbre Hispano-Polaca. Ese día, Marruecos publicó un comunicado en el que indicó que la crisis diplomática estaba motivada por la postura del Gobierno respecto al Sahara, por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

En cuanto al móvil de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el instructor señalaba que presentaba indicios de haber sido infectado por Pegasus en cuatro ocasiones, entre mayo y octubre de 2021, mientras que el del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo fue en dos ocasiones, el 2 y el 7 de junio del mismo año.

Por su parte, el móvil del ministro de Agricultura, Luis Planas, habría sido objeto de una infección el 25 de junio de 2021, si bien la cantidad de información “exfiltrada” (inferior a 1 kb) sugiere un intento de infección no exitoso por la existencia de una de las aplicaciones “vacuna”.

Desde el miércoles por la noche y hasta la madrugada del próximo viernes, ciberespías de las principales empresas de spyware mundiales se reúnen en Barcelona en un encuentro secreto en el que participan empresas presuntamente vinculadas a la violación de derechos humanos. 

El evento, desvelado por este periódico en diciembre, se celebrará en un lugar indeterminado del barrio del Eixample de la capital catalana y en él se impartirán charlas sobre novedades y nuevos métodos para implementar software espía en dispositivos de ciudadanos, cargos públicos o cualquier otro objetivo de quien adquiera estos productos.

Fuentes del sector destacan, en todo caso, que uno de los platos fuertes del encuentro es el networking entre ciberespías así como la posibilidad de llegar a acuerdos comerciales entre empresas y clientes.

La reunión preocupa a algunas entidades de derechos humanos, como Amnistía Internacional o Access Now, especializada en derechos digitales, por el precedente que genera, por el aire de legitimidad que se les está dando a estas compañías a pesar de sus prácticas y por el hecho de que Barcelona se esté convirtiendo en la meca europea del ciberespionaje.

“Estos eventos buscan blanquear su legitimidad y animan a cada vez más proveedores de software espía a instalarse en ciudades europeas como bases de operaciones seguras”, explica Rand Hammoud, responsable global de vigilancia en Access Now.

Sobre el papel, las empresas que participarán en el evento se dedican a identificar vulnerabilidades en sistemas informáticos y dispositivos móviles, pero diversos expertos consultados afirman que esta descripción es un “eufemismo” para definir empresas que venden spyware a gobiernos y fuerzas de seguridad.

Tal y como desveló esta redacción, el encuentro está organizado por una compañía de spyware con sede en Barcelona pero fundada por un investigador israelí. La empresa, llamada Epsilon, está especializada en identificar vulnerabilidades de “día cero” —que nadie sabe que existen previamente— en teléfonos móviles y se jacta de ofrecer productos “zero-click”. Es decir, que pueden instalarse sin que la víctima tenga que clicar en ningún enlace ni aplicación. 

Lo que preocupa a las entidades es el hecho de que estas compañías hayan elegido Barcelona para instalar sus bases de operaciones, en una tendencia iniciada tras la pandemia y que ha llevado a decenas de ciberespías —buena parte de ellos israelíes— a instalarse y registrar sus empresas en la capital catalana.

Según algunas fuentes, uno de los objetivos de este traslado a Europa es la posibilidad de exportar sus productos a otros Estados miembro con menos restricciones que si lo hicieran desde Israel. Otras señalan que los Gobiernos europeos y sus agencias de seguridad son los mejores clientes de estas compañías al no tener desarrolladas por ellos mismos este tipo de herramientas. 

“Barcelona se ha convertido en los últimos años en un centro destacado para investigadores en seguridad”, apunta Donncha Ó Cearbhaill, responsable del Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional. “Como ocurre habitualmente en el sector, se sabe poco sobre los clientes finales —gubernamentales o de otro tipo— de estas empresas”.

Desde Amnistía reclaman a los Estados Miembros de la UE y a las autoridades españolas “transparencia” sobre cualquier licencia de exportación concedida para la venta o exportación de productos de cibervigilancia de alto riesgo, como el spyware, y recuerdan que están sujetos a la normativa de exportaciones de armamento. 

“La aplicación débil de los controles de exportación genera un entorno permisivo en el que las empresas pueden operar desde Europa mientras exportan herramientas de vigilancia a gobiernos con graves vulneraciones de los derechos humanos”, incide Hammoud, de Access Now.

Empresas con un pasado turbio

Al frente de la compañía que organiza el evento aparece el francés Jeremy Fetiveau, un veterano del sector que trabajó anteriormente en Trenchant, una división de ciberseguridad del gigante de defensa estadounidense L3Harris.

Ni Fetiveau ni Epsilon han respondido a la solicitud de elDiario.es para comentar este artículo. El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, tampoco ha hecho ninguna declaración sobre la reunión que se celebra en la ciudad.

Otra compañía que estará en el evento es la israelí Radiant Research. Con sedes en Tel Aviv y Barcelona, emplea a veteranos de la unidad de ciberinteligencia militar de élite 8200, perteneciente a las Fuerzas de Defensa de Israel, junto con antiguos trabajadores de NSO, la empresa que desarrolló el software Pegasus.

La compañía vende sus productos a actores estatales en Occidente o a través de contratistas de defensa. “Desarrollamos capacidades cibernéticas avanzadas para un grupo selecto de agencias militares, de inteligencia y de aplicación de la ley”, señalan en su web. “Asumimos los desafíos de los que otros podrían apartarse”, añaden.

También participará en la reunión Paradigm Shift, sociedad registrada en 2024 por tres socios italianos que ofrece sus servicios a agencias de seguridad y fuerzas del orden.

Todos los fundadores de Paradigm Shift son antiguos empleados de Variston, una compañía señalada en 2023 por Google por proveer desde Barcelona software espía a un grupo de hackers que atacaba a ciudadanos de Emiratos Árabes Unidos.

“Solo quienes deben saberlo lo saben”. Así se describe el lugar en el que se celebrará en Barcelona, el próximo 15 de enero, el encuentro de ciberespionaje Offensive. Nadie sabe la localización exacta de la reunión: se comunicará a los asistentes a las ocho de la mañana de ese mismo día.

El reclamo para el encuentro es “Sol, marisco y ‘spyware’” y reunirá a ciberespías de todo el mundo en la capital catalana durante tres días, citados por una compañía de spyware con sede en Barcelona pero fundada por un investigador israelí. 

Son empleados y dirigentes de empresas de “ciberseguridad ofensiva”, un sector poco transparente que, sobre el papel, se dedica a identificar vulnerabilidades en sistemas informáticos y dispositivos móviles.

“Todo son eufemismos para definir lo que es un grito a voces: son empresas que venden spyware a gobiernos y a fuerzas de seguridad”, afirma un empleado del sector, que pide anonimato para hablar con elDiario.es.

El encuentro, cuyas charlas y conferencias no se podrán divulgar, pone de manifiesto hasta qué punto Barcelona se ha convertido en un hub internacional de hackers y empresas de ciberseguridad, con una notable presencia israelí.

“Barcelona se ha convertido en la capital europea de la ciberseguridad ofensiva”, afirmaba el periódico israelí Haaretz el pasado diciembre. El reportaje explicaba que al menos tres equipos de hackers de élite de ese país se habían instalado en la capital catalana, incluidos los primeros desarrolladores del programa Pegasus con el que se espió a decenas de cargos independentistas.

La reunión que se celebrará en Barcelona tiene un marcado sello israelí. La organiza la compañía Epsilon, fundada en 2024 y especializada en identificar vulnerabilidades de “día cero” —que nadie sabe que existen previamente— en teléfonos móviles. Epsilon se jacta de ofrecer productos “zero-click”. Es decir, que pueden instalarse sin que la víctima tenga que clicar en ningún enlace ni aplicación. 

Según el Registro Mercantil, uno de los socios de Epsilon es Daniel Shapiro, veterano israelí del ciberespionaje y cofundador de otra empresa de spyware en Tel Aviv llamada Bindency, cuyo producto estrella era un spyware de “zero-click” para infectar teléfonos. 

Al frente de esta compañía y como principal organizador del evento en Barcelona aparece el francés Jeremy Fetiveau, otro veterano del sector que trabajó anteriormente en Trenchant, una división de ciberseguridad del gigante de defensa estadounidense L3Harris.

Ni Fetiveau ni Epsilon han respondido a la solicitud de elDiario.es para comentar este artículo.

Otra compañía vinculada estrechamente al encuentro es la israelí Radiant Research. Con sedes en Tel Aviv y Barcelona, emplea a veteranos de la unidad de ciber inteligencia militar de élite 8200, perteneciente a las Fuerzas de Defensa de Israel, junto con antiguos trabajadores de NSO, la empresa que desarrolló el software Pegasus.

La compañía vende sus productos a actores estatales en Occidente o a través de contratistas de defensa. “Desarrollamos capacidades cibernéticas avanzadas para un grupo selecto de agencias militares, de inteligencia y de aplicación de la ley”, señalan en su web. “Asumimos los desafíos de los que otros podrían apartarse”, añaden.

También participará en la reunión Paradigm Shift, sociedad registrada en 2024 por tres socios italianos que ofrece sus servicios a agencias de seguridad y fuerzas del orden.

Todos los fundadores de Paradigm Shift son antiguos empleados de Variston, una compañía señalada en 2023 por Google por proveer desde Barcelona software espía a un grupo de hackers que atacaba a ciudadanos de Emiratos Árabes Unidos.

Una nueva vía para exportar spyware a Europa

¿Qué ha llevado a Barcelona a convertirse en la capital del spyware? ¿Por qué tantas empresas israelíes están abriendo sede en la capital catalana? 

Según datos de la Generalitat de Catalunya, entre 2020 y 2025 los empleados en empresas de ciberseguridad en Barcelona aumentaron un 50%, hasta superar los 10.000 trabajadores en más de 550 compañías a finales del año pasado. 

El sector está en auge: sólo en Catalunya el volumen de negocio alcanzó los 1.473 millones de euros en 2024.

“Los sueldos que pagan estas empresas de spyware a un investigador pueden ir de los 250.000 hasta los 500.000 euros anuales”, explica Marc Rivero, analista de ciberdelitos y coordinador del máster de ciberseguridad de la Universidad La Salle.

Rivero y otras fuentes del sector explican que un exploit —una herramienta que permite aprovechar una vulnerabilidad en un dispositivo o sistema— puede venderse por varios millones de euros. 

El pasado octubre, Apple ofreció hasta dos millones de dólares para quien detectara exploits que permitieran espiar sus dispositivos. “Hay mucho dinero y muy poca gente capaz de hacer este trabajo”, sostiene un empleado de una empresa de ciberseguridad.

Más allá del clima, la ciudad y el bajo coste de la vida en comparación a otras grandes capitales europeas, salir de Israel es otro gran reclamo para estas empresas, pues les abre la posibilidad de exportar spyware sin las restricciones que impone el Gobierno israelí ni el control a los productos de doble uso que llegan desde ese país. Haaretz también informaba el año pasado de cómo los cambios en la regulación israelí de la ciberseguridad habían llevado a muchas empresas a cerrar y reabrir en otros lugares. 

“Es un secreto a voces en el sector”, apunta la misma fuente. “Por eso hay tantas empresas israelíes que han venido aquí”. Rivero, por su parte, explica que una empresa creada en Europa puede tener más facilidades para comercializar sus productos a otros Estados miembros, pero matiza que si una agencia de inteligencia quiere un producto determinado le va a dar igual de dónde venga.

El mercado está cada vez más personalizado y los clientes ya no quieren comprar el mismo spyware que tienen otros países, sino productos desarrollados exclusivamente para ellos que generan grandes beneficios para estas compañías que investigan y localizan vulnerabilidades. 

Lo que sigue envolviendo a estas empresas es un manto de misterio: en ninguna de ellas aparece quién las dirige ni de quién son propiedad. Algunas incluso ni siquiera tienen página web y confían en el boca oreja de un sector en auge que tiene Barcelona como una de sus grandes centros operacionales. 

“Es un tema de seguridad operacional”, concluye Rivero. “No se puede saber quienes son los profesionales que han desarrollado una herramienta ofensiva para un Gobierno o agencia de seguridad”.

La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, y su predecesora en el cargo Paz Esteban han negado este jueves ante la jueza que el centro espiara en 2020 a Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras, de acuerdo con la información desclasificada por el Consejo de Ministros, informa la agencia EFE.

Casteleiro, como testigo, y Esteban, en calidad de investigada, han comparecido este jueves por videoconferencia ante la jueza de instrucción número 24 de Barcelona, que investiga las querellas de Van den Eynde y del exeurodiputado Jordi Solé por el espionaje a sus móviles con el software Pegasus.

Esta es la tercera vez que Esteban, que fue destituida a raíz del escándalo por el espionaje masivo al independentismo con Pegasus, declara como imputada por los ataques a móviles con ese software malicioso. De momento, está siendo investigada en cinco causas.

No obstante, Esteban sí que ha dicho conocer la existencia de una pericial que constata el rastro de Pegasus en el teléfono de Van den Eynde, así como de un informe de Amnistía Internacional en el que se recoge que, tras una petición a través de la Ley de Transparencia, el Ministerio del Interior confirmó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no dispone del citado 'spyware', según las mismas fuentes jurídicas.

En el caso del abogado, no existe una pericial de Mossos d'Esquadra porque la Audiencia de Barcelona lo rechazó, pero una pericial de Citizen Lab constató que sufrió un ataque con Pegasus en su teléfono móvil en 2020, coincidiendo con una reunión por videoconferencia con los abogados del procés.

Tras la declaración de Casteleiro y Esteban, Irídia ha lamentado que desde el CNI continúen sin dar explicaciones “sobre uno de los casos de espionaje con Pegasus más grandes de Europa”, amparándose, según la entidad, en un marco legal restrictivo que no garantiza las salvaguardas mínimas exigidas por los estándares internacionale

La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, ha admitido ante la jueza que los exlíderes de la Assemblea Nacional Catalana (ACN) Jordi Sànchez y Elisenda Paluzie fueron espiados con Pegasus entre los años 2019 y 2020, con el aval del Tribunal Supremo, aunque sin aclarar los ataques corroborados por los Mossos d'Esquadra en años anteriores que no tenían permiso del Alto Tribunal.

Casteleiro, que en mayo de 2022 relevó al frente del CNI a Paz Esteban tras su dimisión por el escándalo del espionaje masivo al independentismo, ha declarado este lunes por videoconferencia ante la titular del juzgado de instrucción número 23 de Barcelona, que investiga el espionaje a Sànchez, a su sucesora en la ANC, Elisenda Paluzie, y a la exmiembro del secretariado de la entidad Sònia Urpí.

Los Mossos d'Esquadra han corroborado la infiltración mediante el programa Pegasus, que solo se vende a Gobiernos, en el teléfono de los exlíderes de la ANC. La clave de la declaración como testigo de Casteleiro estaba en las fechas: la infiltración en el móvil de Sànchez, según el análisis forense, se hizo con y sin permiso del Supremo, en un ejemplo de falta de control a las actividades del CNI por parte del Alto Tribunal.

Sànchez y Paluzie fueron dos de los nombres que la antigua directora del CNI Paz Esteban reconoció haber espiado, con aval del Tribunal Supremo, en su comparecencia en el Congreso sobre el escándalo Pegasus en 2022. La jefa de los espías admitió solo 18 nombres de espiados por el CNI frente a los 65 que aduce el independentismo.

En el caso de Sànchez, los Mossos ratificaron que su móvil fue infectado con Pegasus en hasta 19 ocasiones entre 2015 y 2020. La mayoría de ataques fueron entre 2015 y 2017, cuando dirigía la ANC antes de entrar en prisión en el procés. El último ataque es de julio de 2020, cuando disfrutaba de uno de sus primeros permisos penitenciarios.

El espionaje coincide con Ejecutivos centrales tanto del PP como del PSOE. La interceptación total de comunicaciones de Paluzie ocurrió en cuatro ocasiones. En agosto y octubre de 2019, coincidiendo con los preparativos y la sentencia del procés, y en mayo y agosto de 2020, durante la campaña electoral interna de la entidad.

La magistrada acordó citar a declarar como testigo a Casteleiro, quien entre los años 2020 y 2022 fue secretaria de Estado de Defensa, y para ello pidió al Consejo de Ministros que la autorizara a revelar información reservada sobre los hechos, protegidos por la ley de secretos, y desclasificara la información sobre el espionaje a los líderes de la ANC, informa EFE.

El pasado mes de noviembre, el Consejo de Ministros remitió a la jueza instructora dos autos en los que el magistrado del Tribunal Supremo encargado del control del CNI autoriza a los servicios secretos a interceptar las comunicaciones de Sànchez y Paluzie, en distintos períodos entre los años 2019 y 2020, y autorizó a Casteleiro a declarar ante la jueza sobre esa cuestión.

Los autos remitidos por el Consejo de Ministros -como sucedió en el caso de las resoluciones enviadas al juez que investiga el espionaje al expresident Pere Aragonès- contienen fragmentos suprimidos, por contener información sensible.

Durante su declaración, la testigo se ha remitido a las resoluciones del Supremo que avalaban el espionaje y ha soslayado cualquier pregunta relativa al uso o el funcionamiento de Pegasus, escudándose en que esas cuestiones quedan fuera del ámbito de información desclasificada sobre la que el Gobierno le autoriza a hablar.

Ello ha impedido aclarar una cuestión clave planteada por la acusación particular sobre el uso de Pegasus en el móvil de Jordi Sànchez entre los años 2015 y 2017, que la testigo no ha respondido escudándose en que afecta a información reservada.

Según fuentes de la ANC, la jueza preguntó al Consejo de Ministros si les constaba espionaje a los expresidentes de la entidad entre los años 2015 y 2022, que es el período en el que Mossos han detectado infecciones.

El informe de la policía catalana apunta a que la mayoría de las intrusiones en el móvil de Sànchez tuvieron lugar entre septiembre de 2015 y el 13 de octubre de 2017 -dos días antes de que entrara en prisión preventiva por el procés-, es decir en la etapa en que presidió la ANC y, por lo tanto, antes de que fuera objeto de investigación judicial por el 1-O.

Casteleiro prestó ya declaración como testigo ante la jueza de Barcelona que investiga el espionaje al diputado de ERC Josep Maria Jové y la eurodiputada Diana Riba y está citada para el próximo 18 de diciembre para dar explicaciones sobre los ataques con Pegasus al exeurodiputado republicano Jordi Solé y a Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras.

Por los ataques con Pegasus, la exdirectora del CNI Paz Esteban está siendo investigada en cinco causas distintas, a raíz de las querellas presentadas por afectados por el caso de espionaje masivo al independentismo

Europa ha empezado a reconocer que su seguridad no puede depender de proveedores externos. Durante años, el viejo continente se había sentido cómodo delegando su defensa, también aquella relacionada con el ámbito digital, en el paraguas OTAN liderado por EEUU y de Israel, una de las grandes potencias internacionales en este campo. Sin embargo, la invasión rusa de Ucrania y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, con la promesa de reducir el apoyo militar a sus socios europeos, puso los riesgos de esta política frente al espejo.

En respuesta, el bloque lazó un plan de rearme que aspira a movilizar hasta 800.000 millones de euros en los próximos años para reforzar sus capacidades militares, flexibilizar las reglas fiscales que limitan el gasto en defensa y fomentar adquisiciones conjuntas de armamento. Sin embargo, el genocidio perpetrado por Israel en Gaza y la repulsa internacional a contratar del país, cuyos sistemas se han probado y perfeccionado sobre los palestinos, ha añadido una capa más al debate.

Dentro de ese paquete, hay creciente preocupación —y también exigencia por parte del sector privado y algunas instituciones europeas— de que no solo se trate de comprar más blindados, drones o misiles, sino de asegurar la soberanía tecnológica: es decir, que Europa desarrolle tanto el software y los sistemas de ciberdefensa que operan esos aparatos, como los mecanismos que protejan sus redes, datos y comunicaciones.

“Estados Unidos, con la alianza de los Cinco Ojos (con Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda), junto a Israel, que prácticamente es una parte más de ese bloque, tienen una capacidad ciber, ofensiva y defensiva, incuestionable. Es un hecho que tienen una tecnología muy buena y que está por todas partes. En España hay mucha tecnología americana e israelí, lo mismo que en la Unión Europea”, explica Pepe Rosell, experto en ciberseguridad.

“La Unión Europea ha declinado durante muchos años estar en ese mercado, para bien o para mal nos hemos dedicado a otras cosas, y mientras hemos estado consumiendo tecnología de los aliados”, prosigue Rosell, director ejecutivo de S2grupo, una de las firmas españolas que son la excepción a esa regla. Con sede central en Valencia, ofrece servicios de seguridad, ciberinteligencia y ciberdefensa en 35 países.

“El problema es que en temas de seguridad no se puede hablar de amistades, hay que hablar de intereses”, avisa el especialista: “Los intereses van cambiando en función del contexto geopolítico global. Si los intereses coinciden te puede ir de maravilla, pero si los intereses no coinciden, pues de pena”.

“Efectos catastróficos”

Europa es profundamente dependiente de las importaciones de tecnología digital. Análisis como el Informe Draghi ha subrayado cómo el continente no solo llegó tarde a la revolución digital inicial liderada por Internet, sino que sigue siendo débil en tecnologías como la computación en la nube o la inteligencia artificial. En este campo, la UE depende de países extranjeros para más del 80% de sus productos, servicios, infraestructura y propiedad intelectual digitales, recoge el Informe.

“La seguridad que proporcionaba el paraguas de los Estados Unidos liberó los presupuestos de defensa para destinarlos a otras prioridades. En un mundo con una geopolítica estable, no teníamos motivos para preocuparnos por la creciente dependencia de países que esperábamos que siguieran siendo nuestros amigos”, refleja el texto: “Pero los cimientos sobre los que construimos se están tambaleando”.

Las amenazas a la cadena de suministro ocupan un lugar crítico en la UE, debido a su importante potencial para provocar efectos catastróficos

Agencia de la UE para la Ciberseguridad

La tecnología estadounidense está presente en todos los niveles del ecosistema digital europeo, desde los sistemas operativos hasta la nube o la defensa. Israel, en cambio, destaca en los ámbitos más sensibles: la ciberseguridad, la vigilancia y la tecnología militar. Sus herramientas, de las que el software de espionaje Pegasus es la más conocida, se han convertido en piezas críticas de la infraestructura de seguridad europea.

La Agencia de la UE para la Ciberseguridad (ENISA) también ha puesto negro sobre blanco las implicaciones de esa dependencia. “Las amenazas a la cadena de suministro ocupan un lugar crítico en la UE, debido a su amplio alcance, su dificultad de detección y el importante potencial que tienen para provocar efectos catastróficos en cadena”, advierte el organismo en su último análisis general sobre la ciberseguridad de la Unión.

Las dependencias excesivas de actores no pertenecientes a la UE en áreas críticas como la ciberseguridad amenazan con socavar la competitividad, la resiliencia democrática y la seguridad de Europa

Parlamento Europeo

Entre esos riesgos, destaca “la dependencia cada vez mayor de los servicios informáticos externalizados, que crean complejidades en la cadena de suministro y retos en materia de ciberseguridad, especialmente para las pymes”.

Uno de los últimos en llegar a esa conclusión ha sido el Parlamento Europeo. En un reciente informe, la institución destaca su preocupación “por las dependencias excesivas de actores no pertenecientes a la UE en áreas críticas como la infraestructura en la nube, los semiconductores, la IA y la ciberseguridad”. Áreas en las que “la concentración del mercado y el control extranjero amenazan con socavar la competitividad, la resiliencia democrática y la seguridad de Europa”.

Soluciones europeas

Como recalca la ENISA, la soberanía tecnológica no solo se juega en las infraestructuras críticas, sino también en el terreno de las pequeñas y medianas empresas. “Es un mundo a veces está un poco abandonado”, dice Diego León, de la firma de ciberseguridad Flameera. “Pero es fundamental que los servicios de seguridad continua sean accesibles para ellas, porque son mucho más eficientes que hacer una auditoría una vez al año”.

León coincide en que las empresas estadounidenses e israelíes son la referencia, pero destaca que cada vez son más habituales las asociaciones entre compañías europeas. En este sentido, señala un reciente acuerdo de colaboración con Aikido, una startup belga que busca integrar múltiples funciones relacionadas con seguridad en una sola plataforma. El objetivo es reducir el ruido de falsos positivos y facilitar que desarrolladores y pymes puedan aplicar buenas prácticas de ciberseguridad sin necesidad de equipos especializados.

“Sus dos principales rivales son una empresa estadounidense y otra israelí”, destaca el experto, “pero nosotros intentamos promover siempre las soluciones europeas”. “Lo ideal además es que las soluciones que empleen las pymes estén pensadas para su contexto”, y no solo que “intenten cuadrar” servicios pensados para organizaciones más grandes, ya que no todas son “la Ibex de turno que se puede permitir el último producto del mercado”.

España ha puesto en marcha un plan para dejar de depender tecnológicamente de Israel, pero el proceso aún está lejos de estar terminado. El Ministerio de Defensa ha cancelado contratos de armamento, pero sigue habiendo importaciones que provienen de licencias ya concedidas o acuerdos antiguos, además de adjudicaciones en curso pendientes que todavía podrían incluir componentes israelíes.

Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Italia o Alemania han tomado decisiones similares sobre las importaciones y exportaciones de armamento y material de doble uso (tecnologías con aplicación civil y militar) respecto a Israel.

Entre pragmatismo y soberanía

En un reciente reportaje de este medio, uno de los fundadores de la startup Aikido lamentaba que, durante muchos años, los poderes públicos y administraciones europeos no hayan priorizado los productos digitales europeos. “Los gobiernos contratan empresas extranjeras solo porque el precio es un poco mejor”, afeó, pidiéndoles que fueran un poco “más chovinistas”.

“En el esquema de la IA y la nube, también hay un componente muy grande de seguridad, de soberanía. No deberíamos ser ingenuos y pensar 'oh, estamos con Estados Unidos, así que todo irá bien'. Creo que deberíamos invertir en más soberanía en general”, añadía.

La industria digital del continente ha empezado a aplicar esa norma en sus operaciones. En septiembre, ASML —la empresa neerlandesa que hace las únicas máquinas capaces de producir chips superavanzados para la IA— acordó invertir 1.300 millones de euros en Mistral, una startup francesa de inteligencia artificial. El acuerdo llamó a la esperanza de muchos en el continente porque ASML podría haber pactado con cualquier empresa del sector, pero eligió Mistral porque otorgó un peso relevante a la soberanía tecnológica en la operación.

“Los americanos no tienen interés en que nos unamos, en que una empresa francesa trabaje con una empresa holandesa, por ejemplo, porque eso significa que es un verdadero espacio económico unificado y que, por lo tanto, tenemos una oportunidad en la guerra de la escala”, dijo Arthur Mensch, cofundador de Mistral, poco después del acuerdo.

No es el único síntoma de que el continente ha empezado a reaccionar. Esta semana, Países Bajos ha intervenido su segundo fabricante de chips más importante, Nexperia, tras detectar el riesgo de fuga de conocimientos y capacidades tecnológicas clave. La compañía había sido adquirida en 2019 por el grupo chino Wingtech, pero un tribunal de Ámsterdam ha destituido a su director y el Ejecutivo neerlandés se hará cargo de su gestión durante el próximo año.

Actuar tanto contra el supuesto comprador como contra el vendedor. La Audiencia de Barcelona ha ordenado a la jueza que investiga el espionaje con Pegasus a los móviles de los diputados de ERC Josep Maria Jové y Diana Riba que cite a declarar como imputados a Omri Lavie, Shalev Hulio y Yuval Someckh, los tres directivos del grupo NSO, la empresa israelí que comercializa el software malicioso que solo se comercializa con Estados.

Así lo han anunciado los afectados en una rueda de prensa en el Parlament. En su resolución, la Audiencia de Barcelona da la razón al abogado de los espiados, Andreu Va den Eynde, y ordena a la juez que cite como investigados a los directivos de NSO y de su propietaria OSY Techonologies como en su día hizo con la exdirectora del CNI Paz Esteban, quien el pasado lunes compareció como imputada en la causa.

La orden de los magistrados es de difícil materialización. Hasta el momento, ningún directivo de NSO ha declarado como investigado en las múltiples causas abiertas en juzgados de Barcelona por el caso del espionaje masivo al independentismo. Las comisiones rogatorias remitidas por los jueces de Barcelona a Israel han tenido el silencio por respuesta.

En su auto, el tribunal se remite a las resoluciones que otras secciones de la Audiencia han adoptado en relación con la imputación de los directivos de NSO en el caso Pegasus y concluye que es “del todo lógico” ampliar la investigación a las personas que “puedan estar detrás” de las decisiones adoptadas por la empresa israelí.

En contra del criterio de la Fiscalía, que consideraba no delictiva la conducta de los fundadores o directivos de la empresa tecnológica, la Audiencia insta a la jueza a investigar a los responsables de NOS y de OSY Techonologies (que ya estaba imputada en esta causa como persona jurídica) y a expedir órdenes de cooperación europeas para comunicarles su imputación.

Los diputados de ERC han exigido al Gobierno que desclasifique la documentación relativa al caso y que “deje de haber obstáculos para saber quién y por qué decidió perpetrar estos espionajes y qué se descubrió”, informa EFE.

Los republicanos han explicado que el grupo de ERC en el Congreso ha registrado una batería de preguntas y peticiones al Gobierno al respecto, a la vez que han pedido la reforma de la ley de secretos oficiales y la del CNI. Para Jové, estas imputaciones son “un paso muy importante para que el caso del Catalangate se pueda internacionalizar de manera definitiva”.

“Si realmente el Gobierno español hace un embargo de armas al Estado de Israel y se enfrenta al Estado de Israel, que desclasifiquen (los documentos) y que permitan que Paz Esteban u otros directivos del CNI declaren, pero también que desclasifiquen documentos para que nuestros abogados puedan hacer las preguntas pertinentes a los directivos de esta empresa israelí”, ha subrayado.

Segunda declaración como imputada de la exjefa del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban por el espionaje a los independentistas y mismo silencio. La exjefa de los espías se ha escudado en que la ley que impone deber de reserva a los funcionarios del CNI, salvo para las actividades que ha desclasificado el Gobierno, para no responder a las preguntas sobre el espionaje a dos parlamentarios de ERC.

Ante la magistrada del juzgado de instrucción 20 de Barcelona ha comparecido Esteban, por videoconferencia desde Madrid, por el espionaje a dos diputados de ERC, la europarlamentaria Diana Riba y el diputado en el Parlament Josep Maria Jové. El Gobierno negó, tal y como Esteban ha recordado este lunes, que ambos formaran parte de la lista de espiados por el CNI, si bien el rastro científico de la infiltración en sus móviles coincide con los que exjefa del centro sí admitió haber vigilado.

La sesión ha sido casi calcada a la primera comparecencia como imputada de Esteban, en este caso ante el juzgado de instrucción 29, por el espionaje al expresident Pere Aragonès. Tras los problemas técnicos habituales en las videoconferencias que han retrasado más de una hora el trámite, la declaración de Esteban (asistida por hasta cuatro abogados del Estado, dos en Madrid y dos en Barcelona) ha durado cinco minutos. Son los que ha tardado en expresar, según fuentes jurídicas, que no podía declarar no por el derecho a no hacerlo que asiste a cualquier imputado, sino por el deber de reserva de las actividades del CNI.

La investigación del espionaje con Pegasus a varios políticos, activistas y abogados de independentistas permanece repartida en media docena de juzgados de Barcelona tras la negativa a agrupar todas las denuncias en una macrocausa. Esteban, el único cargo gubernamental que cesó del cargo por el escándalo tras la presión de los grupos independentistas, está imputado en cinco causas.

Las líneas de defensa que fijó Esteban en el caso del espionaje de Jové y Riba han sido desmentidas por los informes forenses sobre los móviles de las víctimas. El Gobierno adujo, en el inicio del caso, que no podía desclasificar documentos sobre la infiltración porque ni Jové ni Riba formaban parte de los independentistas (el expresident Aragonès entre ellos) espiados por el CNI con el aval del Supremo.

Sin embargo, el análisis forense de los móviles ha delatado al CNI: los Mossos d'Esquadra han hallado coincidencias técnicas del espionaje que aducen tanto Aragonès como Jové y Riba, los tres defendidos por el abogado Andreu Van den Eynde. Es decir, el método de infiltración coincide tanto en espiados que reconoce el CNI como en los que no.

La técnica para entrar en el móvil también coincidía en ambos casos: fue el envío de SMS con noticias aparentemente reales pero que en realidad dirigían al servidor espía. El deber de reserva sobre las actividades del CNI, ha aducido Esteban, le ha impedido contestar a las preguntas sobre el caso. Su tercera cita como imputada, pendiente de acordarse por otro juzgado barcelonés, servirá para ver si sigue la misma estrategia.

La exjefa del CNI está investigada en cincocausas en Barcelona por el espionaje al expresident de la Generalitat Pere Aragonès; los parlamentarios de ERC Josep Maria Jové y Diana Riba; el exeurodiputado republicano Jordi Solé; el abogado Andreu Van den Eynde; y un grupo de empresarios tecnológicos.

Todas las pesquisas siguen, más o menos avanzadas, pero todavía en fase de instrucción. Este lunes, según fuentes jurídicas, ninguna de las partes presentes en el interrogatorio ha mencionado la puerta abierta a la amnistía para Esteban que el Constitucional esbozó en su sentencia sobre la ley de olvido penal al procés. El caso Pegasus está, por ahora, lejos de cerrarse.

Nueva investigación del espionaje al entorno soberanista. Una jueza de Barcelona ha acordado investigar por primera vez a dos exdirectores de la Guardia Civil, Félix Azón y María Gámez, además de responsables del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por el espionaje al independentismo con los software Pegasus y Candiru, a raíz de una querella presentada por cinco empresarios del sector tecnológico.

En un auto, adelantado por la agencia EFE y al que ha tenido acceso elDiario.es, la jueza Míriam de Rosa Palacio resuelve admitir a trámite la querella, al entender que los hechos denunciados podrían constituir delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y acceso ilegal a sistemas informáticos.

La querella se dirige contra el exdirector de la Guardia Civil entre 2018 y 2020 Félix Vicente Azón y su sucesora hasta 2023 María Gámez. Supone así la primera vez que la justicia indaga el papel del instituto armado en el espionaje al independentismo, pues hasta ahora las causas judiciales se habían enfocado hacia el CNI y su exdirectora Paz Esteban.

Mantener dos hipótesis sobre quién espió a los empresarios supone intentar agotar todas las vías para encontrar a los responsables de las infiltraciones. No obstante, a la vez es un riesgo de que, ante diversas opciones de autoría, la causa penal quede en nada. Por este motivo, otros independentistas investigados se han concentrado en señalar únicamente al CNI.

Los espiados en este caso son Joan Arús, Jordi Baylina, Pau Escrich, Joan Matamala y Xavier Vives, expertos y empresarios del sector tecnológico que formaron el colectivo Sentinel para denunciar el espionaje tanto con Pegasus como con otro programa similar, Candiru.

“Esta causa no solo busca la reparación individual, sino que pretende exponer las herramientas con las que se degrada la democracia desde dentro. Necesitamos garantías judiciales y una rendición de cuentas posterior que sea real, dos cosas imposibles con la Ley de Secretos Oficiales de 1968”, ha denunciado Joan Arús, portavoz y presidente de Sentinel.

La investigación del espionaje con Pegasus a varios políticos, activistas y abogados de independentistas permanece repartida en media docena de juzgados de Barcelona tras la negativa a agrupar todas las denuncias en una macrocausa. La exdirectora del CNI está imputada en cuatro de ellas, pero por ahora solo ha comparecido como investigada en una. El próximo lunes 29 de septiembre lo hara en un segundo caso.

Además del abogado Andreu Van Eynde, Esteban está imputada por espiar al expresident de la Generalitat Pere Aragonès; los diputados de ERC en la Eurocámara y el Parlament Diana Riba y Josep Maria Jové y el exeurodiputado republicano Jordi Solé.

A diferencia del caso de Aragonès, ni Esteban en su comparecencia en el Congreso por el escándalo Pegasus en 2022 ni el Gobierno han admitido que el CNI espiara a los otros afectados, pero el rastro técnico del espionaje ha delatado al centro de intelegencia. Al apreciar sustanciales similutades entre todos los espiados, los jueces han ordenado imputar a Esteban en todos los cuatro casos.

Todas las investigaciones en curso han seguido el rastro del CNI, y los indicios obtenidos a lo largo de las distintas causas han empezado a corroborar la hipótesis inicial. Por el contrario, la causa impulsada por Sentinel supone la primera vez que se sitúan a dos instituciones como responsables del espionaje: el CNI y la Guardia Civil.

Como pruebas periciales, los denunciantes piden que el juzgado encargue analizar sus móviles a los Mossos d'Esquadra -que ya han hallado rastros de espionaje en los teléfonos de otros afectados, entre ellos el expresident Pere Aragonès- y tome declaración, como expertos, a los analistas de Citizen Lab y de Amnistía Internacional que documentaron el llamado 'Catalangate'.

Otra de las diligencias que plantean los querellantes es que el juzgado requiera a la Audiencia Nacional una copia de las causas de Tsunami Democràtic y CDR, en cuyo sumario aparecieron varios empresarios tecnológicos investigados sin informarles de que estaban formalmente imputados, en un caso conocido como 'CNI catalán'.

El nombre Pegasus salta a la esfera pública por primera vez en 2010. Lo hace en el momento en que la empresa israelí NSO Group pone un pie en el mercado de la ciberseguridad con su producto estrella. Desde el principio, quienes estuvieron a cargo de la creación de este software espía altamente invasivo —seguramente, el más invasivo conocido hasta el momento— describieron su misión como el desarrollo de una herramienta imposible de rastrear, capaz de acceder y extraer datos de un dispositivo móvil.

Utilizado por gobiernos de todo el mundo, en España Pegasus se conoce por haber sido la vía para espiar a 65 personas vinculadas al movimiento independentista (no solo líderes políticos y sociales sino también sus abogados o familiares). Tras años con las investigaciones sobre el espionaje en los juzgados, sería lógico poder conocer la postura del Estado español. ¿El CNI sigue teniendo y utilizando Pegasus?

A pesar de la pertinencia de esta inquietud, el Gobierno ha impuesto una política de silencio, siempre amparada en razones de “seguridad nacional” y cubierta por la ley franquista de 1968 sobre Secretos Oficiales; la misma que ahora —por quinta vez— se compromete a reformar. El último ejemplo: ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, aunque las personas expertas dirigieron preguntas concretas sobre el uso de Pegasus, la respuesta del Gobierno fue ignorarlas por completo.

Si bien el uso de Pegasus ya es preocupante per se, el software espía más famoso es solo la punta del iceberg en lo que respecta a la exportación de tecnología de cibervigilancia israelí como herramienta de opresión y control autoritario alrededor del mundo. Lo que queda muchas veces oculto cuando hablamos de Pegasus es que esta tecnología se ha diseñado y probado como parte del régimen de ocupación en Palestina y para sabotear y criminalizar el trabajo de organizaciones de la sociedad civil palestina que defienden los derechos humanos.

Poco después de la designación como “terrorista” de seis organizaciones de derechos humanos palestinas, se descubrió que seis personas que trabajaban en ellas habían sido espiadas con Pegasus. Su uso vuelve a evidenciar el ciclo de criminalización que activa este tipo de espionaje desproporcionado e ilegal con la voluntad de silenciar los intentos ingentes de Al Haq, Addameer o Bisan Center for Research and Development de exigir responsabilidades a las fuerzas de seguridad israelíes. Las consecuencias para las personas afectadas palestinas van mucho más allá de la ilegalización de su trabajo. En el caso del defensor de derechos humanos Salah Hammouri, fue encarcelado y deportado de la cárcel a Francia, sin posibilidad de volver a Palestina ni continuar ejerciendo su tarea como abogado en los tribunales militares israelíes.

Hace dos años, el movimiento de BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) ya alertaba de que Israel albergaba más compañías de software espía que cualquier otro país del mundo, incluyendo NICE (la división de spyware de NICE fue comprada por Elbit Systems, la mayor empresa armamentística de Israel), Verint, NSO Group, Black Cube, Cytrox, Cellebrite e Intellexa. Hoy, la lista es aún más larga. Pero en el último año también nos han llegado noticias preocupantes sobre nuevos programas de inteligencia artificial en desarrollo, como Lavender, Where Is Daddy y Gospel.

Todas estas empresas presumen de que su tecnología proviene directamente del ejército israelí y los fundadores más frecuentes son exintegrantes de unidades de inteligencia israelíes. Sin ir más lejos, los tres fundadores de Pegasus, Shalev Hulio, Omri Lavie y Niv Karmi, están imputados en un juzgado de Barcelona por el espionaje a los independentistas.

La historia se repite: a pesar de que las empresas de spyware argumentan que su tecnología está destinada a combatir el terrorismo y el crimen, no hay pruebas de que se haya prevenido ningún delito mediante el uso de spyware. De hecho, la evidencia internacional muestra que las personas más comúnmente atacadas por este tipo de programas son periodistas, abogados, activistas, defensores de derechos humanos y representantes políticos de la oposición.

La privacidad, derecho fundamental de todas las personas, está siendo desvalorizada en un mundo digitalizado e hiperconectado. El uso de software espía como Pegasus vulnera profundamente nuestra esfera personal. Hoy, acceder al móvil de alguien es más invasivo que entrar en su hogar, dada la cantidad de información íntima que contiene. Por eso, es urgente abrir un debate global sobre estas tecnologías.

Programas tan peligrosos e incontrolables como Pegasus deben prohibirse. No pueden ser parte del armamento actual ni futuro, en manos y al servicio de los estados como armas contra la sociedad civil. Ha llegado el momento de exigir una investigación exhaustiva, empezando por Pegasus y el entramado empresarial que lo sostiene, para luego extenderla a otros programas espía. La oportunidad es ahora: por primera vez, tres altos cargos de NSO Group —en Israel y Luxemburgo— están imputados en una investigación criminal en el Estado español, por el espionaje ilegal a un abogado sin autorización judicial. Es urgente que las empresas implicadas rindan cuentas, asuman responsabilidades y se sometan a mecanismos de control públicos y transparentes.

El silencio y la opacidad solo alimentan la impunidad, erosionan el Estado de Derecho y permiten que los Estados continúen utilizando estas herramientas para vigilar a miembros de la sociedad civil. Mientras tanto, un entramado de empresas sigue creciendo y lucrándose a costa de la vulneración sistemática de nuestros derechos fundamentales

La exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban ha sumado su cuarta imputación por el caso Pegasus. La nueva investigación en la que comparecerá como investigada además, tiene como víctima por primera vez no a un político independentista, sino a un abogado: Andreu Van den Eynde, letrado, entre otros, del líder de ERC, Oriol Junqueras.

Interceptar las comunicaciones de un letrado es una vuelta de tuerca al espionaje, ya que acaba con un pilar básico de su profesión –el secreto con su cliente– y puede poner en peligro el derecho de defensa y las estrategias jurídicas en una investigación en curso. Así lo sostiene Van den Eynde, que remarca que en mayo de 2020, cuando fue espiado con Pegasus, en pleno confinamiento, estaba preparando escritos sobre el cumplimiento de la pena que le impuso el Supremo a Junqueras.

Además de Esteban, permanecen investigados en el caso tres responsables del grupo israelí NSO por comercializar el programa espía. El centro Irídia, que ejerce la acusación en nombre de Van den Eynde, ha denunciado que el Estado “sigue sin esclarecer” el caso Pegasus más de tres años después de destaparse.

En el auto por el que imputa a Esteban, la jueza remarca que no existe “ningún dato” que permita deducir que el programa Pegasus lo usara otro organismo que no fuera el CNI, toda vez que es un 'software' que solo se vende a Gobiernos.

La magistrada, como en otras causas, ha pedido al Gobierno que libere a Esteban de su obligación de guardar silencio sobre las actividades del CNI, y evitar así que la exjefa del CNI se escude en el secreto oficial para no responder a las preguntas sobre el espionaje.

La investigación del espionaje con Pegasus a varios políticos, activistas y abogados de independentistas permanece repartida en media docena de juzgados de Barcelona tras la negativa a agrupar todas las denuncias en una macrocausa. Esteban está imputada en cuatro de ellas, pero por ahora solo ha comparecido como investigada en una.

Además del abogado Andreu Van Eynde, Esteban está imputada por espiar al expresident de la Generalitat Pere Aragonès; los diputados de ERC en la Eurocámara y el Parlament Diana Riba y Josep Maria Jové y el exeurodiputado republicano Jordi Solé.

A diferencia del caso de Aragonès, ni Esteban en su comparecencia en el Congreso por el escándalo Pegasus en 2022 ni el Gobierno han admitido que el CNI espiara a los otros afectados, pero el rastro técnico del espionaje ha delatado al centro de intelegencia. Al apreciar sustanciales similutades entre todos los espiados, los jueces han ordenado imputar a Esteban en todos los cuatro casos.

Tal y como han constatado los informes forenses de los Mossos d'Esquadra, los metadatos del espionaje coinciden tanto en los independentistas cuya infiltración se realizó con aval judicial (como Aragonès) como en los que no consta permiso alguno del Supremo para que el CNI accediera a su teléfono con el programa Pegasus (como Solé o Van den Eynde).

El Gobierno no ha despejado las dudas de los jueces sobre si el espionaje de Van den Eynde se efectuó con cobertura legal del Tribunal Supremo o si, por el contrario, fue realizado sin aval judicial por parte el CNI.

Casi medio año después de que lo ordenara la Audiencia de Barcelona, la jueza que investiga el espionaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al exeurodiputado de ERC Jordi Solé en junio de 2020 ha acordado citar como investiga a la exjefa de los espías españoles, Paz Esteban. Más que la propia citación (inesquivable al ser una orden de la instancia superior), lo relevante es la petición que la magistrada ha dirigido al Gobierno para intentar esclarecer el origen y motivos de la infiltración.

Según ha podido saber elDiario.es, la jueza ha enviado un suplicatorio al Ejecutivo para solicitar que retire a Esteban el deber de guardar silencio (como ocurre con todas las actividades relacionadas con el CNI) y habilitar así la declaración de la exjefa del CNI. En suma, un intento de que Esteban no se escude en el silencio impuesto en la legislación, tal y como ocurrió cuando declaró como imputada por espiar al expresident Pere Aragonès, para no dar detalle alguno.

El Gobierno no ha despejado las dudas de los jueces sobre si el espionaje de Solé se efectuó con cobertura legal del Tribunal Supremo o si, por el contrario, fue realizado sin aval judicial por parte el CNI.

Esteban no incluyó el nombre de Solé en los 18 independentistas que admitió haber espiado, siempre con aval judicial, en su comparecencia a puerta cerrada en el Congreso en 2022 antes de que el Ejecutivo la cesara para intentar aplacar la crisis abierta con los independentistas a raíz del espionaje. Además, el Gobierno negó a la jueza haber utilizado ningún software contra Solé, pero los rastros informáticos del espionaje han puesto en entredicho la afirmación del Ejecutivo.

Tal y como han constatado los informes forenses de los Mossos d'Esquadra, los metadatos del espionaje coinciden tanto en los independentistas cuya infiltración se realizó con aval judicial (como Aragonès) como en los que no consta permiso alguno del Supremo para que el CNI accediera a su teléfono con el programa Pegasus (como Solé).

Es en esta coincidencia en el servidor informático y el método de espionaje donde se apoyó Audiencia de Barcelona para ordenar la declaración como investigada de Esteban. El tribunal remarcó que parece “indudable” la vinculación entre el espionaje realizado sobre el expresident Aragonès, sí admitido por el CNI, y el infringido sobre Solé, negado por el centro.

“La mayor incertidumbre” que pesa sobre la causa, razona la jueza citando la resolución de la Audiencia de Barcelona, “es la de si el espionaje fue o no objeto de autorización judicial para que le diera cobertura, en caso de poder atribuirse al CNI”.

En línea con lo ordenado por la Audiencia de Barcelona, la magistrada acuerda la declaración como imputada de Esteban, pero de forma previa a la comparecencia solicita al Gobierno que le retire el deber de reserva para que, si así lo considera oportuno, la exjefa del CNI pueda contestar “bajo qué cobertura legal o qué concreta autorización judicial” se realizó el espionaje al eurodiputado de ERC. Aunque el Gobierno le autorizara a revelar esa información, Esteban podría acogerse igualmente a su derecho a no declarar.

La citación de Esteban, que comparecerá el próximo 29 de septiembre en otro juzgado barcelonés por el espionaje a otros dos dirigentes de ERC, se produce después de que el Tribunal Constitucional, en su sentencia que avaló la ley de amnistía, ampliara el potencial de conductas amnistiadas para los contrarios al procés.

La reinterpretación de la norma puede abrir la puerta a incluir en la lista de beneficiados por la ley de olvido penal a la exjefa del CNI Paz Esteban, hasta ahora la única imputada por el escándalo de espionaje con el programa Pegasus.

La jueza que investiga el espionaje con el programa Pegasus a los diputados de ERC en el Parlament y la Eurocámara Josep Maria Jové y Diana Riba, ha citado como imputada a la exjefa del CNI Paz Esteban, según ha podido saber elDiario.es.

La magistrada ha fijado para finales de septiembre la comparecencia de Esteban, a la que defiende la Abogacía del Estado. Para que no se repita el silencio de la exjefa del CNI, que en su primera declaración como imputada se escudó en el deber de secreto de los espías para no dar detalles de la infiltración a Pere Aragonès, la jueza ha enviado un suplicatorio al Gobierno para que el Ejecutivo retire la obligación de guardar silencio a Esteban.

La investigación del espionaje con Pegasus a varios políticos, activistas y abogados de independentistas permanece repartida en media docena de juzgados de Barcelona tras la negativa a agrupar todas las denuncias en una macrocausa. Esteban está imputada en tres de ellas, pero por ahora solo ha comparecido como investigada en una.

A diferencia del caso de Aragonès, ni Esteban en su comparecencia en el Congreso por el escándalo Pegasus en 2022 ni el Gobierno han admitido que el CNI espiara a Jové y Riba. Al no formar parte Jové ni Riba de los nombres que Esteban admitió haber espiado, el Ejecutivo del PSOE se negó a desclasificar los documentos requeridos por la jueza sobre su infiltración.

Sin embargo, las coincidencias técnicas del espionaje que aducen tanto Aragonès como Jové y Riba, los tres defendidos por el abogado Andreu Van den Eynde, llevaron la Audiencia de Barcelona a acordar la imputación de Esteban.

“Son suficientes elementos para pensar fundadamente que pueda ser el CNI el único cliente en España del grupo empresarial NSO, distribuidor del programa Pegasus, y por tanto el autor probable de la infección de los diversos terminales móviles afectados”, señalaron las magistradas en su resolución.

El análisis del móvil del expresident identificaron los dominios maliciosos de Internet a través de los que se infectó el móvil de Aragonès. Pero además, los Mossos d’Esquadra hallaron el mismo dominio malicioso de Aragonès en el caso de Jové. La técnica para entrar en el móvil también coincidía en ambos casos: fue el envío de SMS con noticias aparentemente reales pero que en realidad dirigían al servidor espía.

La citación de Esteban se produce después de que el Tribunal Constitucional, en su sentencia que avaló la ley de amnistía, ampliara el potencial de conductas amnistiadas para los contrarios al procés. La reinterpretación de la norma puede abrir la puerta a incluir en la lista de beneficiados por la ley de olvido penal a la exjefa del CNI Paz Esteban, hasta ahora la única imputada por el escándalo de espionaje con el programa Pegasus.

El aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía ha traído un matiz inesperado, pero de relevancia para las causas abiertas por el espionaje que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) practicó a decenas de independentistas. El tribunal de garantías ha ampliado el potencial de conductas amnistiadas para los contrarios al procés. La reinterpretación de la norma puede abrir la puerta a incluir en la lista de beneficiados por la ley de olvido penal a la exjefa del CNI Paz Esteban, hasta ahora la única imputada por el escándalo de espionaje con el programa Pegasus.

La tacha que ha puesto el Constitucional versa sobre un agravio comparativo que los magistrados han visto en la ley de amnistía. Frente al amplio abanico de conductas amnistiadas del lado independentista, la norma aprobada por el Congreso limitaba la amnistía de los contrarios al procés a las “actuaciones policiales” para impedir los actos soberanistas. En la práctica, ello ha dejado como únicos amnistiados contrarios al procés a los policías y guardias civiles que cargaron en los colegios el 1 de octubre de 2017.

Esta “asimetría”, en expresión de la ponencia aprobada este jueves en el pleno del tribunal, no está suficientemente justificada en el texto ni el preámbulo de la ley y resulta “manifiestamente desigualitaria”. El motivo, aduce la sentencia que se hará pública la semana que viene, es el hecho de que la norma, tal y como se aprobó, dejaba fuera a un grupo de personas contrarias al procés que sí debían incluirse para cumplir con los objetivos de “reconciliación política” de la ley.

A juicio del Constitucional, esta exclusión de los contrarios al procés “carece de una justificación objetiva y razonable, contradice la finalidad de reconciliación que persigue la ley y vulnera la cláusula de igualdad ante la ley”.

Entre los grupos que se mencionan en la ponencia no se explicita a Paz Esteban, la exjefa del CNI imputada en tres causas en Barcelona por el espionaje al expresident de la Generalitat Pere Aragonès; los parlamentarios de ERC Josep Maria Jové y Diana Riba; y el exeurodiputado republicano Jordi Solé.

Sí hace referencia el texto a “otros empleados públicos” más allá de los policías, así como también particulares. El documento de la ponencia pone como ejemplo a un director de un colegio que se hubiera negado a abrir el centro para una de las votaciones soberanistas, supuesto que no consta que haya supuesto la apertura de una causa penal a ningún docente.

“No se aprecia [en la ley de amnistía] una razón explicativa de la exclusión de un amplio elenco de conductas que están claramente enmarcadas en el conflicto político que trata de reconducir al ámbito del diálogo, como las realizadas por particulares o empleados públicos con la finalidad de imponerse a la independencia de Cataluña o a la celebración de consultas populares inconstitucionales”, concluye el texto de la ponencia.

Al igual que ocurre con Puigdemont o Junqueras, la sentencia de este jueves del Constitucional no tiene efectos inmediatos directos sobre Esteban ni ninguno de los otros potenciales beneficiarios de la amnistía contrarios al procés. Para que ello ocurra, en el caso de la exjefa del CNI, deberán proponerlo los jueces que instruyen sus causas o alguna de las partes.

Si bien no anula directamente el artículo, el tribunal sí precisa que el artículo 1 de la ley de amnistía, el que indica las conductas amparadas por la norma, se declara inconstitucional “con el alcance y efectos” indicados sobre el aumento de potenciales beneficiarios.

Esta ha sido una de las tres pegas que el Constitucional ha puesto a la norma. Las otras dos afectan asuntos menores. El tribunal avala el trámite para dar audiencia a todas las partes implicadas en las causas contables del Tribunal de Cuentas sobre el procés y anula el artículo de la ley que amnistiaba los delitos relacionados con el procés consumados después de noviembre de 2023, lo que según el Constitucional permitiría “seguir desarrollando sin sufrir sanción alguna un comportamiento criminal ya iniciado”.

El resto, una ponencia de casi 200 folios redactada por la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, avala el encaje de la norma en la Constitución. Al contrario de lo sostenido por el PP, la norma no genera desigualdad, no es arbitraria, no invade ni sustituye el trabajo de los jueces y no es un indulto general prohibido en España, concluye el tribunal. Solo hace falta, concluye al Constitucional, que incluya realmente a todos los afectados por la judicialización del procés.

La pregunta de 2024 sobre amnistiar a Esteban

Hace un año la amnistía ya sobrevoló una de las causas en las que está imputada Esteban, el único cargo gubernamental forzado a dimitir por el Gobierno para contener a sus socios independentistas tras el estallido del escándalo Pegasus en 2022.

La Audiencia de Barcelona preguntó al juez que investiga el espionaje a Aragonès si había amnistiado a Esteban. El instructor respondió que ni él, ni la Fiscalía ni la propia exjefa del CNI, defendida por la Abogacía del Estado, habían planteado la aplicación de la ley de olvido penal del procés. La defensa de Esteban y la Fiscalía siempre han mantenido que su actuación fue legal porque contó con el aval del Supremo.

Hasta esta nueva interpretación del Constitucional, la ley de amnistía no contenía ningún artículo pensado para amnistiar el espionaje que el CNI practicó los independentistas mediante el programa Pegasus y que el propio centro ha admitido en sede parlamentaria que se produjo al menos entre 2018 y 2019, pero siempre con el aval del Tribunal Supremo.

En el caso de Aragonès, el CNI pidió al Alto Tribunal permiso para espiar al entonces vicepresident al situarlo como líder de los CDR. El pretexto para intervenir totalmente las comunicaciones de Aragonès resulta tan alejado de la realidad (ERC lo apartó a sabiendas de cualquier organización del referéndum para ahorrarle el riesgo de ser imputado) que, a juicio de la acusación del expresident, confirma que se trató de un “espionaje político” motivado únicamente por sus ideas independentistas.

A la espera de la incidencia de esta nueva interpretación de la amnistía del Constitucional, todas las causas en las que está imputada Esteban por el espionaje permanecen abiertas, si bien todas acumulan retrasos en la instrucción.

Esteban solo ha comparecido ante el juez en el caso del espionaje a Aragonès, y se escudó en el deber de reserva de las actividades del CNI para no responder a las preguntas de las partes. En las otras dos causas está pendiente de volver a ser citada y que el Gobierno le retire el deber de reserva tras acordar su comparecencia hace meses la Audiencia de Barcelona.

Artur Mas ha presentado en un juzgado de Barcelona la querella que anunció por la operación Cataluña y el espionaje con Pegasus contra altos responsables del gobierno de Mariano Rajoy y la empresa israelí NSO. Así lo ha anunciado este miércoles el expresident, quien ha detallado que por ahora se dirige contra el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; el exsecretario de estado de Seguridad, Francisco Martínez, y altos mandos del Cuerpo Nacional de Policía. Les imputa delitos como organización criminal, falsedad documental, malversación o lesión de derechos fundamentales. No descartó ampliarla a Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría si recogen más pruebas.

La querella, elaborada por el abogado Jordi Pina, se ha presentado a raíz de las comparecencias en la comisión de investigación de la operación Cataluña del Congreso de los Diputados. Engloba tanto la operación Cataluña como el espionaje con Pegasus porque, según Mas, existía “una sola finalidad: desprestigiar o incluso destruir la posibilidad electoral de una serie de gente y partidos”.

El documento consta de 130 páginas y apunta a 8 presuntos delitos cometidos entre 2012 y 2020: organización criminal, falsedad de funcionario en documento oficial, malversación de recursos públicos, descubrimiento y revelación de secretos, intrusión no autorizada en equipos informáticos, intercepción ilegal de comunicaciones y espionaje informático. Fuentes del equipo legal del presidente señalan que no ha habido prescripción.

Los querellados, por ahora, son 15. Por parte del gobierno español, el ministro del Interior entre 2011 y 2016, Jorge Fernández Díaz; la exministra de defensa y secretaria general del PP entre 2008 y 2018, María Dolores de Cospedal, y el secretario de Estado de Seguridad entre 2013 y 2016, Francisco Martínez.

Artur Mas también se dirige contra los excomisarios de la policía española José Manuel Villarejo, Eugenio Pino y Marcelino Martín-Blas; el exinspector Antonio Giménez; los ex directores del CNI Félix Sanz Roldán y Paz Esteban. Por último, también señala contra las empresas NSO, OSY Technologies y Que Ciber Technologies y sus máximos responsables.

En rueda de prensa, el expresident de la Generalitat no descartó que en un futuro se pueda ampliar la querella con Mariano Rajoy o Soraya Sáenz de Santamaría, a la espera de “más pruebas” de que confirmen su presunta participación. En cualquier caso, aseguró que “estaban y tenían gran poder e influencia”.

También ha precisado que se ha presentado “de entrada” en Barcelona porque ya existen “precedentes” por el caso del espionaje con Pegasus, pero no ha descartado que la querella acabe teniendo recorrido “parcial o total” en Madrid.

Pide “llegar hasta el fondo”

Tras el anuncio de la querella, registrada el pasado viernes, Artur Mas ha reclamado que “se llegue hasta el fondo de la cuestión” por parte de la justicia. “Lo que no es admisible es que gente que hemos estado ante el proyecto soberanista hayamos tenido y todavía tengamos castigos terribles, y que la banda agresora, con espionaje, informes falsos y conjuras de todo tipo, salga completamente ilesa”, ha alertado.

En este sentido, el exjefe del Govern ha asegurado que esta querella “debería comportar un juicio contra estas personas”. Pese a que no ha incluido a los periodistas de El Mundo en esta querella, ha subrayado que “formaron parte de la conjura” y ha lamentado que no se tramitara la querella en su día.

Además, ha subrayado que de la comisión de investigación de la operación Cataluña del Congreso de los Diputados tendrán que salir unas conclusiones. “No es imposible que se diga por parte del Congreso que se debe poner todo esto en conocimiento de la Fiscalía para que actúe”, ha dicho. Ha añadido que, a su criterio, “ya debería haberlo hecho desde hace muchos años”.

Asesoramiento ofrecido por Isla

Artur Mas ha explicado que ha hablado “informalmente” de esta querella con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, “que siempre ha ofrecido el asesoramiento legal para llegar hasta el fondo” de la cuestión. “Hemos hablado más de espionaje que de operación Cataluña, pero ambas cosas van ligadas. Por eso es una sola querella”, ha puntualizado.

Artur Mas fue el primer político espiado con Pegasus en España, según un reciente informe de Citizen Lab desvelado por Rac1. El móvil del expresident estuvo infectado con el programa espía al menos desde julio de 2015, cuando todavía era president de la Generalitat, y hasta mayo de 2020.

El expresident ya aparecía en 2022 en el informe del grupo de expertos en ciberseguridad Citizen Lab que destapó que unos de 65 políticos y activistas vinculados al procés habían sido investigados. Lo que se ha conocido ahora es que el teléfono móvil de Mas recibió 32 infecciones coincidiendo con eventos o reuniones políticas importantes del político catalán.

La noticia ha trascendido el día que Mas y la exvicepresidenta del Gobierno central Soraya Sáenz de Santamaría comparecen en la comisión del Congreso que investiga la operación Catalunya. Sáenz de Santamaría fue la máxima responsable del CNI entre 2011 y 2018.

Mas recibió las primeras infecciones en su dispositivo móvil en julio del 2015, cuando todavía era presidente de la Generalitat. La primera, el 14 de julio, fue el día en que CDC y ERC llegaron a un acuerdo por la lista conjunta JxSí en las elecciones catalanas. Así, Mas fue víctima del primer ataque documentado en España.

Luego se fueron sucediendo las infecciones en el móvil en días clave como el 3 de agosto de 2015, cuando anunció la fecha de las elecciones del 27 de septiembre de 2015; el mismo día de las elecciones; el 4 de julio de 2016, cuando se reunió en privado con el ya president de la Generalitat Carles Puigdemont; y en febrero del 2020 coincidiendo con otro encuentro con Puigdemont, esta vez en Waterloo.

La Fiscalía ha apoyado por primera vez pedir al Gobierno que retire el deber de secreto de la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban ante su nueva declaración como investigada por el espionaje mediante el programa Pegasus al exeurodiputado de ERC Jordi Solé.

Según ha podido saber elDiario.es, el fiscal ha solicitado a la jueza del caso que, antes de la comparecencia como imputada de Esteban, se mande al Gobierno una solicitud para desclasificar información y datos del CNI con el objetivo de “habilitar” la declaración de la exjefa del CNI ordenada por la Audiencia de Barcelona.

El fiscal apoya retirar el secreto a la obligación legal que, como exresponsable de los espías españoles, tiene Esteban de guardar silencio sobre las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de actividades, fuentes, organización, estructura, medios, personal o centros de datos del CNI.

“Cualquier explicación que se pretenda en tanto que derivada de su condición de exdirectora del CNI debe ser autorizada expresamente mediante el oportuno acuerdo expreso de desclasificación”, razona el fiscal de delitos informáticos de Barcelona, Roberto Valverde, en un escrito en el que apoya la petición de desclasificación realizada por el abogado de Solé, Andreu Van den Eynde.

En su primera comparecencia como imputada, Esteban se acogió precisamente a ese secreto que ahora se pide desclasificar para no dar detalles del espionaje al expresident Pere Aragonès. Cabe recordar además que el Gobierno se ha negado en todas las ocasiones que se lo han pedido los jueces a desclasificar información sobre los centros de datos donde el CNI habría almacenado el resultado del espionaje a los independentistas.

Las investigaciones judiciales repartidas por media docena de juzgados de Barcelona (se rechazó asumir todas las denuncias en una sola macrocausa) han empezado a derribar el muro que el CNI y el Gobierno levantaron ante las peticiones de esclarecimiento del espionaje a los independentistas.

Pese a que la empresa israelí NSO Group solo vende Pegasus a los estados, el Gobierno ha rechazado contestar a las peticiones judiciales sobre el coste del programa espía. Tan solo ha facilitado los tres autos judiciales (con tachones en varios párrafos) por los que el Tribunal Supremo autorizó el espionaje al expresident de la Generalitat, Pere Aragonès.

Hace menos de un año, el Gobierno negó a la jueza haber utilizado ningún software contra Solé. Esteban tampoco incluyó el nombre de Solé en los 18 independentistas que admitió haber espiado, siempre con aval judicial, en su comparecencia a puerta cerrada en el Congreso antes de que el Ejecutivo la cesara para intentar aplacar la crisis abierta con los independentistas a raíz del espionaje.

Sin embargo, las distintas investigaciones judiciales han empezado a delatar una coincidencia en los métodos del espionaje a los independentistas. El servidor y el método de infección del móvil de Solé (un SMS malicioso que sirvió para Pegasus entrara en el dispositivo) coincidían con el empleado en la infiltración a Aragonès, que sí está admitió por el CNI.

Como la Audiencia de Barcelona centró la declaración como imputada de Esteban en la “misma infraestructura informática” compartida en los espionajes de Solé y Aragonès, la Fiscalía ha pedido que se retire el deber de guardar secreto sobre los medios empleados por el CNI para “habilitar” la declarción como imputada de su exjefa.

En caso de que la jueza acuerde la petición de desclasificación, la pelota volverá a la mesa del Consejo de Ministros después de que las distintas pesquisas judiciales hayan aumentado la presión sobre el Gobierno por unos espionajes producidos ya bajo Ejecutivos encabezados por el PSOE y que han evidenciado las carencias en el control de la actividad del CNI.

Las investigaciones han constatado que el rastro informático del espionaje coincide tanto en los independentistas cuya infiltración se realizó con aval judicial (el principal argumento del Goberno para defender la legalidad del espionaje) como en los que no consta permiso alguno del Supremo para que el CNI accediera a su teléfono con el programa Pegasus, como el caso de Solé.

Es en esta coincidencia en el servidor informático y el método de espionaje donde se apoya la sección 7ª de la Audiencia de Barcelona para ordenar la nueva declaración como investigada de Esteban. El tribunal señaló que parece “indudable” la vinculación entre el espionaje realizado sobre el expresident Aragonès, sí admitido por el CNI, y el infringido sobre Solé, negado por el centro.

Además de comparecer como investigada por el espionaje de Solé, Esteban también deberá declarar bajo la misma condición por la infiltración en otros dos dirigentes de ERC, la actual eurodiputada Diana Riba y el diputado del Parlament Josep Maria Jové.

Primero fue por el espionaje al expresident Pere Aragonès. Después por el de los parlamentarios de ERC Josep Maria Jové y Diana Riba. Y este viernes ha llegado la tercera imputación de la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban por la infiltración con el programa Pegasus en el teléfono de un exdirigente republicano, el exeurodiputado Jordi Solé.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Audiencia de Barcelona atiende el recurso de Andreu Van den Eynde, abogado de Solé, y obliga a la jueza instructora, que se había negado a imputar a Esteban, a tomar declaración como investigada a la exjefa de los espías sin “demora”.

Su comparecencia como investigada, ahondan los jueces, debe servir para que Esteban pueda “aportar datos, si así lo estima pertinente” para clarificar la duda que mantiene tribunal sobre si el espionaje al exeurodiputado se puede achacar a los servicios secretos y si tenía cobertura judicial.

La tercera imputación de Esteban constata que las investigaciones judiciales repartidas por media docena de juzgados de Barcelona (se rechazó asumir todas las denuncias en una sola macrocausa) han empezado a derribar el muro que el CNI y el Gobierno levantaron ante las peticiones de esclarecimiento del espionaje a los independentistas.

Pese a que la empresa israelí NSO Group solo vende Pegasus a los estados, el Gobierno ha rechazado contestar a las peticiones judiciales sobre el coste del programa espía. Tan solo ha facilitado los tres autos judiciales (con tachones en varios párrafos) por los que el Tribunal Supremo autorizó el espionaje al expresident de la Generalitat, Pere Aragonès.

Hace solo medio año, el Gobierno negó a la jueza haber utilizado ningún software contra Solé, aunque la Audiencia asegura no tener constancia por escrito de este extremo. En cualquier caso, Esteban no incluyó el nombre de Solé en los 18 independentistas que admitió haber espiado, siempre con aval judicial, en su comparecencia a puerta cerrada en el Congreso antes de que el Ejecutivo la cesara para intentar aplacar la crisis abierta con los independentistas a raíz del espionaje.

Todo ello pese a que el servidor y el método de infección del móvil del exdirigente republicano (un SMS malicioso que sirvió para Pegasus entrara en el dispositivo) coincidían con el empleado en la infiltración a Aragonès, cuyo espionaje sí admitió el CNI.

En suma, el rastro informático del espionaje coincide tanto en los independentistas cuya infiltración se realizó con aval judicial (el principal argumento del Goberno para defender la legalidad del espionaje) como en los que no consta permiso alguno del Supremo para que el CNI accediera a su teléfono con el programa Pegasus.

Es en esta coincidencia en el servidor informático y el método de espionaje donde se apoya la sección 7ª de la Audiencia de Barcelona para ordenar la declaración como investigada de Esteban. El tribunal señala que parece “indudable” la vinculación entre el espionaje realizado sobre el expresident Aragonès, sí admitido por el CNI, y el infringido sobre Solé, negado por el centro.

Los “datos fiables” que conducen al tribunal a acordar la imputación de Esteban son la remisión de un SMS malicioso tanto en los casos de Aragonès como de Solé así como la “misma infraestructura informática” que los peritos privados y de los Mossos d'Esquadra han identificado como la usada para almacenar los datos obtenidos por el programa Pegasus.

Los jueces admiten que pesa la “incertidumbre” de si el espionaje de Solé fue realizado con aval del Supremo o no, pero consideran precisamente que Esteban puede arrojar luz sobre este extremo en su declaración como investigada.

Las coincidencias técnicas del espionaje también llevaron a otra sección de la Audiencia de Barcelona a imputar, hace unos días, a Esteban por segunda vez, en esta ocasión por el espionaje sufrido por el diputado en el Parlament Josep Maria Jové y la eurodiputada republicana Diana Riba. Esta comparecencia todavía debe señalarse. En su primera declaración como investigada, Esteban se escudó en el secreto que envuelve al CNI para no contestar a muchas de las preguntas formuladas.

Un nuevo escándalo asola al gobierno de Italia. A lo largo de esta última semana se han conocido diversas informaciones acerca de un nuevo caso de espionaje mediante tecnología israelí. A través de él, el Ejecutivo de Giorgia Meloni habría accedido a los dispositivos móviles de al menos siete personas, entre ellas dos miembros de una ONG o el periodista Francesco Cancellato, director del medio Fanpage.

En un primer momento, el Gobierno italiano ha negado haber tenido cualquier implicación en el caso de espionaje desvelado por The Guardian el pasado 31 de enero y que afecta a más de 90 personas entre periodistas y miembros de la sociedad civil en al menos una docena de países.

Fuentes de la aplicación WhatsApp, filial de Meta, han confirmado al diario británico que han sido afectados los dispositivos de al menos siete personas en Italia, entre las que han sido identificados el director del diario italiano Fanpage, Francesco Cancellato, el cofundador de la organización benéfica de rescate Mediterranea Saving Humans, Luca Casarini, o el armador de esta misma ONG, Beppe Caccia.

Este viernes el caso ha vuelto a tomar fuerza después de que Matteo Salvini, viceprimer ministro y responsable del Ministerio de Infraestructuras y Transportes italiano, haya dejado caer que el espionaje contra el periodista Cancellato o dos miembros de la ONG Mediterranea Saving Humans “parece un ajuste de cuentas dentro de los servicios de Inteligencia”.

Salvini ha negado conocer la empresa israelí, aunque ha dicho que “es esencial un poco de claridad en lo que parece un ajuste de cuentas dentro de los servicios de Inteligencia que juegan un papel fundamental en la estabilidad, seguridad y democracia del país”.

El líder de la Lega asegura no tener constancia del uso del malware israelí, pero afirma que “en cualquier caso” el próximo lunes, cuando visite Israel, consultará directamente a las autoridades de Israel sobre el uso de este sistema.

La reacción de la oposición no se ha hecho esperar y la secretaria general del Partido Demócrata, Elly Schlein, ha pedido su comparecencia: “Si Salvini tiene elementos, que venga a informar al Parlamento”. La líder del PD volvió a acusar a Meloni de “esconderse” por no acudir a informar al Parlamento después de que el Gobierno negara en un comunicado el pasado miércoles su implicación en el ciberespionaje.

Angelo Bonelli, diputado de la opositora Alianza Verdes-Izquierda, ha defendido este viernes en declaraciones recogidas por EFE que el software de Paragon “fue usado contra quiénes se ocupan de la información y de los derechos humanos”.

“No puede ser casualidad que entre los vigilados estuvieran un periodista de un medio que indagó sobre el partido de Meloni y dos miembros de una ONG implicada en el rescate de migrantes”, añadió. “¿Quién autorizó esta vigilancia? ¿Con qué finalidad? La primera ministra, de quién depende el uso de Paragon, debe responder de inmediato”, concluyó.

El Gobierno no aclara si contrató el malware

El Ejecutivo derechista italiano no ha aclarado aún si es cliente de la empresa israelí Paragon Solutions o tiene acceso a este programa de espionaje. Al mismo tiempo, según informan tanto el diario británico The Guardian como diversos medios israelíes, las autoridades italianas están entre los usuarios de este sistema de hackeo de smartphones similar al programa Pegasus de NSO.

De acuerdo con la información inicial publicada por The Guardian, los expertos consultados afirman que el ataque consistía en un hackeo de “zero clicks”, lo que implica que los objetivos del espionaje no tuvieron que clicar en ningún tipo de enlace malicioso para que sus dispositivos se vieran comprometidos.

WhatsApp afirmaba en esta información que ha enviado una carta a la empresa Paragon y que está estudiando posibles acciones legales. La empresa tecnológica estadounidense defiende que los ataques fueron detectados y neutralizados en el mes de diciembre y que no está claro durante cuánto tiempo han podido estar comprometidas las comunicaciones de sus objetivos.

La red social ha ido notificando a las distintas víctimas acerca de su implicación en el presunto hackeo a través de su propia aplicación móvil.

Precisamente este jueves, el periódico inglés informaba acerca de la finalización del contrato de prestación de servicios firmado entre la empresa israelí y el gobierno italiano.

Paragon Solutions alega que la República de Italia ha violado los términos del acuerdo firmado con el Ejecutivo de Meloni, que presuntamente no permitía que periodistas o miembros de la sociedad civil fueran declarados como objetivos del programa espía.

En un comunicado, el Ejecutivo italiano alegaba el miércoles que ninguna de las personas a las que se había notificado haber sido espiadas estaban “sujetas al control de los servicios de inteligencia” y tachaba el asunto de “especialmente grave”. Además, se activó la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que depende directamente de la oficina de la primera ministra.

Los espiados

En Italia, entre los usuarios afectados está Francesco Cancellato, director del medio digital Fanpage, que este pasado 2024 se infiltró en las juventudes de los Hermanos de Italia, el partido que lidera Giorgia Meloni. Fanpage publicó una investigación que revelaba la atmósfera de insultos antisemitas, comentarios racistas y saludos fascistas que circulaban de forma habitual entre los jóvenes de la llamada 'Juventud Nacional'.

Este miércoles, el diario Fanpage aseguró que “aún persisten dudas sobre el asunto” y que el caso es “cada vez más inquietante” por las informaciones que han circulado en los últimos días, entre ellas del diario israelí Ynet, que en un artículo reciente aseguraba que “el Gobierno italiano es cliente de Parangon”.

Otro de los italianos que aseguran haber sido espiados por este software maligno es Luca Casarini, uno de los fundadores y jefe de misión de la ONG Mediterranea Saving Humans, que se encarga de tareas de rescate de migrantes en el Mediterráneo central y que en los últimos años ha protagonizado distintas disputas con el Gobierno de Meloni.

“Sabemos que Luca, la actividad de rescate marítimo y la ayuda a personas encerradas en campos de concentración libios o deportadas al desierto están en el centro de la atención de los servicios secretos italianos” y su rama exterior (AISE), que “opera en Libia y Túnez”, dijo este miércoles Mediterranea en una nota previa a la declaración sobre el asunto del Ejecutivo.

“Surgen espontáneamente algunas preguntas: ¿autorizó el gobierno italiano una operación así? ¿Los servicios secretos italianos usan el software Paragon?”, se preguntó Mediterranea. Según añadió, la ONG inició una investigación propia “con equipos especializados”.

Casarini ya avanzó este jueves que presentará una denuncia para que se abra una investigación judicial. “Pediremos a los investigadores que averigüen qué ha sucedido y quién ha ordenado el espionaje de mi teléfono a través del software Pargon”, explicó Casarini a los medios.

Por su parte, el periodista Francesco Cancellato se preguntaba este jueves: “¿Por qué el Gobierno italiano mintió sobre Paragon?”. El periodista explica que quién espió su móvil “lo hizo porque buscaba documentos o pistas” sobre las próximas investigaciones de Fanpage. “¿Quién ordenó esta actividad de espionaje? Ésta es la pregunta más importante”, asegura el reportero.

Además, el activista libio Husam El Gomati, residente en Suecia y que ha denunciado la cooperación de Italia y Libia para frenar los flujos migratorios en el Mediterráneo, también ha asegurado haber sido espiado.

La empresa

Paragon Solutions, la creadora del 'programa espía' Graphite, es una empresa fundada por el antiguo primer ministro israelí Ehud Barak, tiene como principales clientes a agencias gubernamentales y fue adquirida recientemente por el grupo inversor estadounidense AE Industrial Partners por un valor de 900 millones de dólares.

Según informaciones recientes de medios israelíes, este acuerdo de compraventa no habría recibido todavía la aprobación del regulador, que al tratarse de una empresa relacionada con el espionaje es el Ministerio de Defensa de Israel. En su página web, se define como una empresa de “ciberdefensa” y ofrece soluciones “basadas en la ética” para “localizar y analizar datos digitales”, entrenar trabajadores digitales o “mitigar amenazas”.

La exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban tendrá que comparecer por segunda vez como imputada por el espionaje a dirigentes independentistas con el programa Pegasus. Así lo ha acordado la Audiencia de Barcelona, según ha podido saber elDiario.es. 

En un auto, las magistradas de la sección 3ª de la Audiencia de Barcelona valoran que existen suficientes indicios en la fase de instrucción para “construir una fundada sospecha de autoría criminal” de la exjefa de los espías españoles en la infiltración en el teléfono de los dirigentes de ERC Diana Riba y Josep Maria Jové.

La investigación del espionaje con Pegasus a varios políticos, activistas y abogados de independentistas permanece repartida en media docena de juzgados de Barcelona tras la negativa a agrupar todas las denuncias en una macrocausa. Esteban, el único cargo gubernamental que cesó del cargo por el escándalo tras la presión de los grupos independentistas, ha comparecido como investigada ante el juzgado de instrucción 29 de Barcelona solo en relación con el espionaje del expresident Pere Aragonès. Ahora también lo hará por el que afectó a la eurodiputada y al diputado en el Parlament de los republicanos, ante el juzgado de instrucción 20 de la capital catalana.

Los elementos que han llevado a las magistradas a corregir la negativa de la instructora a que Esteban declarara como investigada son las coincidencias técnicas del espionaje que aducen tanto Aragonès como Jové y Riba, los tres defendidos por el abogado Andreu Van den Eynde.

El análisis del móvil del expresident identificaron los dominios maliciosos de Internet a través de los que se infectó el móvil de Aragonès. Pero además, los Mossos d’Esquadra hallaron el mismo dominio malicioso de Aragonès en el caso de Jové. La técnica para entrar en el móvil también coincidía en ambos casos: fue el envío de SMS con noticias aparentemente reales pero que en realidad dirigían al servidor espía.

“Son suficientes elementos para pensar fundadamente que pueda ser el CNI el único cliente en España del grupo empresarial NSO, distribuidor del programa Pegasus, y por tanto el autor probable de la infección de los diversos terminales móviles afectados”, señalan las magistradas en su resolución.

Resulta especialmente relevante la decisión de imputar a Esteban porque supone romper una de las líneas rojas que los juzgados habían puesto a la investigación del espionaje con Pegasus. Hasta ahora, tanto el Consejo de Ministros como Esteban solo habían dado explicaciones en el caso de Aragonès, que fue uno de los nombres que la exjefa de los espías reconoció haber espiado, siempre con aval del Tribunal Supremo, durante su comparecencia en la comisión de asuntos reservados del Congreso.

Al no formar parte Jové ni Riba de los nombres que Esteban admitió haber espiado, el Gobierno del PSOE se negó a desclasificar los documentos requeridos por la jueza sobre su infiltración.

Para las magistradas, sin embargo, las similitudes técnicas entre el espionaje a Aragonès y a Jové, junto con la “pertenencia” de ambos al mismo entorno político, permiten plantear la posibilidad de que el CNI estuviera también detrás de su infiltración, aunque Esteban no lo reconociera en el Congreso.

En suma, para la Audiencia de Barcelona la declaración como investigada de Esteban “se alza como una opción lógica y particularmente garantista”.  Además, las magistradas también solicitan que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que tiene custodiado uno de los móviles de Jové a la espera de si es amnistiado, facilite el terminal a los Mossos d'Esquadra para su análisis pericial.