Una jueza investiga por primera vez a dos exdirectores de la Guardia Civil por el espionaje con Pegasus

Nueva investigación del espionaje al entorno soberanista. Una jueza de Barcelona ha acordado investigar por primera vez a dos exdirectores de la Guardia Civil, Félix Azón y María Gámez, además de responsables del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por el espionaje al independentismo con los software Pegasus y Candiru, a raíz de una querella presentada por cinco empresarios del sector tecnológico.

En un auto, adelantado por la agencia EFE y al que ha tenido acceso elDiario.es, la jueza Míriam de Rosa Palacio resuelve admitir a trámite la querella, al entender que los hechos denunciados podrían constituir delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y acceso ilegal a sistemas informáticos.

La querella se dirige contra el exdirector de la Guardia Civil entre 2018 y 2020 Félix Vicente Azón y su sucesora hasta 2023 María Gámez. Supone así la primera vez que la justicia indaga el papel del instituto armado en el espionaje al independentismo, pues hasta ahora las causas judiciales se habían enfocado hacia el CNI y su exdirectora Paz Esteban.

Mantener dos hipótesis sobre quién espió a los empresarios supone intentar agotar todas las vías para encontrar a los responsables de las infiltraciones. No obstante, a la vez es un riesgo de que, ante diversas opciones de autoría, la causa penal quede en nada. Por este motivo, otros independentistas investigados se han concentrado en señalar únicamente al CNI.

Los espiados en este caso son Joan Arús, Jordi Baylina, Pau Escrich, Joan Matamala y Xavier Vives, expertos y empresarios del sector tecnológico que formaron el colectivo Sentinel para denunciar el espionaje tanto con Pegasus como con otro programa similar, Candiru.

“Esta causa no solo busca la reparación individual, sino que pretende exponer las herramientas con las que se degrada la democracia desde dentro. Necesitamos garantías judiciales y una rendición de cuentas posterior que sea real, dos cosas imposibles con la Ley de Secretos Oficiales de 1968”, ha denunciado Joan Arús, portavoz y presidente de Sentinel.

La investigación del espionaje con Pegasus a varios políticos, activistas y abogados de independentistas permanece repartida en media docena de juzgados de Barcelona tras la negativa a agrupar todas las denuncias en una macrocausa. La exdirectora del CNI está imputada en cuatro de ellas, pero por ahora solo ha comparecido como investigada en una. El próximo lunes 29 de septiembre lo hara en un segundo caso.

Además del abogado Andreu Van Eynde, Esteban está imputada por espiar al expresident de la Generalitat Pere Aragonès; los diputados de ERC en la Eurocámara y el Parlament Diana Riba y Josep Maria Jové y el exeurodiputado republicano Jordi Solé.

A diferencia del caso de Aragonès, ni Esteban en su comparecencia en el Congreso por el escándalo Pegasus en 2022 ni el Gobierno han admitido que el CNI espiara a los otros afectados, pero el rastro técnico del espionaje ha delatado al centro de intelegencia. Al apreciar sustanciales similutades entre todos los espiados, los jueces han ordenado imputar a Esteban en todos los cuatro casos.

Todas las investigaciones en curso han seguido el rastro del CNI, y los indicios obtenidos a lo largo de las distintas causas han empezado a corroborar la hipótesis inicial. Por el contrario, la causa impulsada por Sentinel supone la primera vez que se sitúan a dos instituciones como responsables del espionaje: el CNI y la Guardia Civil.

Como pruebas periciales, los denunciantes piden que el juzgado encargue analizar sus móviles a los Mossos d'Esquadra -que ya han hallado rastros de espionaje en los teléfonos de otros afectados, entre ellos el expresident Pere Aragonès- y tome declaración, como expertos, a los analistas de Citizen Lab y de Amnistía Internacional que documentaron el llamado 'Catalangate'.

Otra de las diligencias que plantean los querellantes es que el juzgado requiera a la Audiencia Nacional una copia de las causas de Tsunami Democràtic y CDR, en cuyo sumario aparecieron varios empresarios tecnológicos investigados sin informarles de que estaban formalmente imputados, en un caso conocido como 'CNI catalán'.