El Gobierno de Italia autorizó este martes reforzar con otros 500 soldados el dispositivo de seguridad pública en Milán (norte) tras los disturbios y saqueos del pasado fin de semana, según confirmó la primera ministra, Giorgia Meloni, en un vídeo en sus redes sociales.

“A Milán llegan 500 militares más, hasta finales de año junto a la policía y los carabinieri. Y a la justicia de menores le damos más magistrados y más plazas en los centros, para que la certeza de la pena valga también para quien tiene 16 años”, anunció la mandataria en el mensaje transmitido tras el Consejo de Ministros que aprobó la medida.

Los militares permanecerán desplegados hasta el 31 de diciembre y estarán a disposición de las autoridades para colaborar en el control del territorio y el mantenimiento de la seguridad pública.

Meloni calificó de “inaceptables” las escenas vividas tras una serie de altercados que dejaron cerca de 200 agentes heridos y daños materiales que solo en la capital lombarda rozan el millón de euros. Según datos oficiales, las fuerzas del orden detuvieron o identificaron a 330 personas, la mitad de ellas de origen extranjero.

El nuevo contingente reforzará la operación Calles Seguras, una iniciativa implementada en 2008 que mantiene a unos 5.000 efectivos del Ejército desplegados en numerosos 'puntos calientes' del país para garantizar el orden público.

La medida, tramitada como decreto-ley, entrará en vigor inmediatamente y dispondrá de un plazo de 60 días para ser ratificada por el Parlamento italiano.

Nuevos delitos y sanciones

El paquete de medidas incluye la creación del delito de participación violenta en una manifestación, que contempla penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros para quienes participen en acciones violentas en grupo.

“Si durante una marcha o una manifestación te unes a un grupo de 5 o más personas, te pones a tirar piedras, petardos, palos, pones en peligro la seguridad de todos, te arriesgas a hasta 5 años de cárcel y hasta 20.000 euros de multa”, precisó Meloni.

Además, el decreto introduce el principio de que “quien rompe paga, y si quien rompe es un menor, pagan sus padres”, añadió

En el ámbito penal, se tipifica con eficacia inmediata la presunción de imputabilidad para menores de 14 a 18 años y se permite al jefe de policía aplicar apercibimientos orales y veto de reunión en lugares públicos a jóvenes con antecedentes por actos violentos.

El borrador del decreto contemplaba también atribuir excepcionalmente a los militares funciones policiales durante tres meses, lo que les habría permitido efectuar detenciones, pero esta disposición finalmente quedó fuera del texto aprobado.

Menores entre los identificados

Al referirse a las manifestaciones del pasado fin de semana, Meloni señaló que, además de las “franjas antagónicas de siempre”, participaron cientos de jóvenes, muchos de ellos menores de edad.

“No hay nada de revolucionario en devastar y robar. Devastar y robar no es protesta, es criminalidad, y la respuesta del Estado debe ser firme”, afirmó.

La primera ministra añadió que las fuerzas del orden habían detenido o identificado a 330 personas, la mitad de ellas de origen extranjero, incluidas personas nacidas fuera de Italia y otras nacidas en el país en familias extranjeras.

“Espero que los delitos cometidos sean perseguidos con rapidez y que todas las normas a disposición, incluidas las de los recientes decretos de seguridad, se apliquen con rigor”, sostuvo.

Meloni destacó que el menor de los identificados tenía 11 años, una circunstancia que, según afirmó, “duele y da miedo, y nos interpela a todos”.

La decisión del Gobierno llega en un clima de tensión por las convocatorias de protesta impulsadas para este sábado en Roma, Milán y otras zonas del país por el 'Movimiento 17 de octubre', un grupo de protesta juvenil surgido a raíz de los recientes altercados en el centro de Milán que ha anunciado movilizaciones permanentes “hasta la caída del gobierno ladrón”.

Con la seguridad de que va a ser imposible un acuerdo entre los frugales y los amigos de la cohesión para el próximo presupuesto europeo y que va a haber un cierre de filas total en apoyo a Ucrania, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llega a la cumbre europea que se celebra en Bruselas este jueves y viernes con sólidos argumentos para plantar cara en dos ámbitos que han sido polémicos para España en otros consejos europeos: la inmigración y las relaciones con China.

La crisis de Ceuta ha dado un vuelco a las políticas migratorias de la UE, endurecidas tras los acuerdos entre el PP Europeo y la ultraderecha. En la anterior cumbre europea que se celebró en julio ya hubo un choque entre Sánchez y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por la inmigración. Un enfrentamiento que se agravó con los sucesos de Ceuta.

Un alto funcionario de la UE apunta que se espera un reconocimiento por parte de los 27 países de la UE de que “lo ocurrido en Ceuta durante el verano fue una crisis que merece la solidaridad de la Unión Europea” y que “está muy claro que el Gobierno español actuó con rapidez” sin que “haya afectado al resto de la Unión Europea”.

“Es positivo que se abra el debate sobre migración, sin restar importancia ni gravedad a estas situaciones, pero también siendo capaces de ponerlas en perspectiva y de evitar reacciones precipitadas en el momento en que se producen”, explican desde las instituciones europeas, haciendo una clara alusión a los comentarios de las dirigentes de Italia y Dinamarca, que atacaron al Gobierno de España tras lo ocurrido en la ciudad española en el norte de África los días 30 y 31 de julio.

Satisfacción por la posición de la UE con Ceuta y Melilla

Fuentes del Gobierno de España admiten su satisfacción por el borrador que están trabajando los diplomáticos europeos en torno al tema migratorio para este cumbre. El borrador de las conclusiones del Consejo Europeo, a la que ha tenido acceso elDiario.es, recoge el reconocimiento de la situación particular de Ceuta y Melilla como fronteras terrestres europeas con África, se subraya la necesaria solidaridad con España por la crisis migratoria de julio y se admite que ambas ciudades, españolas y europeas, en el continente africano exigen un reconocimiento y apoyo operativo y financiero por parte de la Unión.

El viernes por la mañana habrá un desayuno de los países que plantean las políticas más duras contra la inmigración. No se espera que carguen contra España, pero sí una solicitud para que se dediquen fondos europeos a la puesta en marcha de centros de deportación en terceros países, una iniciativa a la que España se va a oponer rotundamente.

Ahora bien, no se descarta que Meloni pueda volver a utilizar la inmigración para atacar a España, más como una estrategia de política interna. Este miércoles, la primera ministra italiana defendió que su Gobierno “ha decidido restablecer temporalmente los controles en sus fronteras aéreas y marítimas internas con España, basándose en una evaluación de seguridad” como “un instrumento de uso habitual”. Desde el inicio de la crisis de Ceuta, Italia intensificó los controles fronterizos con España, pese a que las instituciones europeas han constatado que no ha habido un movimiento de inmigrantes desde la ciudad española al continente europeo. No hay planteada una reunión bilateral entre los líderes español e italiana para tratar de solventar el conflicto diplomático

De todas maneras, con el objetivo de evitar polémicas estériles, Sánchez acudirá a Bruselas con la crisis de Ceuta encarrilada y con datos europeos que marcan que las vías migratorias hacia España han caído un 46%, que las rutas atlánticas y del Mediterráneo occidental suponen el 17% de las llegadas irregulares a la UE mientras que Ceuta solo supone el 0,7% del total o que España, Francia y Alemania suman el 50% de los retornos de migrantes de la UE. Incluso se puede sacar encima de la mesa, si las conversaciones se tensan, que el ciudadano detenido tras el fallido ataque híbrido con un dron en el aeropuerto de Leipzig (Alemania) tenía un visado italiano de turista.

La vía española con China: diálogo con resultados

El otro punto en el que Sánchez puede sacar partido es la estrategia en la relación de la UE con China. El Gobierno de España siempre ha defendido la necesidad de un diálogo con resultados con el gigante oriental, antes de entrar en una guerra comercial que perjudicaría a ambos bloques. La semana pasada el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, volvió triunfante de su viaje a China tras arrancar por primera vez un acuerdo para reducir sus exportaciones de vehículos híbridos e híbridos enchufables a la Unión Europea.

Fuentes diplomáticas de otros países europeos admiten que el acuerdo conseguido la semana pasada es más optimista del que se preveía y ha roto la perspectiva de que el diálogo con China no iba a traer soluciones.

Aunque hay países como Alemania o Francia, que han pedido a la Comisión Europea la puesta en marcha de nuevos instrumentos que agilicen la capacidad de respuesta de la UE para reducir el déficit comercial europeo con el gigante asiático, el Gobierno español respalda la propuesta de ambos países como una vía paralela al diálogo, mientras asume que su vía ha sido respaldada por los hechos.

Fuentes de Moncloa añadieron que en las relaciones comerciales hay que potenciar la capacidad de Europa para incrementar los sectores económicos en los que hay cuotas de importación de productos chinos, abogar más por la diversificación y ampliar los acuerdos comerciales con otros países y tener más instrumentos legales para que la UE pueda responder con mayor agilidad comercial o mediante herramientas defensivas.

Tras meses persistiendo en su empeño de impulsar la medida, pugnas para convencer a sus socios e incluso amenazas de dimitir, Giorgia Meloni ha capeado la tormenta política en Italia este jueves al lograr la aprobación de una de sus medidas estrella, la reforma electoral, con la que se apunta un tanto que afianza su obra política tras más de cuatro años en el poder. Sin embargo, este paso agrava las tensiones con la oposición de centroizquierda, que acusa a la mandataria italiana de violar las bases de la democracia liberal y diseñar una ley ad hoc para revalidarse en el poder.

“Meloni busca dejar algún tipo de legado. Hasta ahora no se puede decir que su Gobierno fuera revolucionario. La única reforma importante que quiso aprobar, la del sistema judicial, fue rechazada en las urnas”, dice a elDiario.es Daniele Albertazzi, politólogo de la Universidad de Surrey. Con la reforma electoral, a su juicio, la primera ministra muestra ahora una imagen de líder “fuerte y estable”, lo que es “un argumento de peso que puede usar ante el electorado derechista”. Con ello, “busca proyectar estabilidad y seriedad”, agrega el académico.  

Sin embargo, también abre un panorama de cierta confusión y caos. Las fuerzas de la oposición y los críticos remarcan que la ley tiene tintes anticonstitucionales, por lo que se esperan recursos al Tribunal Constitucional, que previsiblemente deberá pronunciarse los próximos meses, mientras el país atiende elecciones generales en una fecha indeterminada en 2027. Los rumores apuntan a que Meloni podría plantear un adelanto electoral en primavera. Ella acaba su mandato natural en otoño de 2027, pero medios y analistas asumen que querría ir antes a las urnas, lo que podría suceder cuando se llegue a mediados de abril, el umbral necesario para que los diputados de esta legislatura tengan derecho a una pensión vitalicia, un tema no menor, según algunos analistas. 

Pendientes del Constitucional

De ser así, según señalan múltiples fuentes consultadas por elDiario.es, se puede entrar en una suerte de zona gris dónde los comicios se llevarían a cabo según los mecanismos de la ya aprobada ley electoral, aunque esto dependería de la fecha en que la Corte Constitucional se pronuncie, lo que podría llevar a tumbar la reforma, o al menos partes de ella. Entre distintas medidas, una de las más controvertidas es el premio de escaños extra para la coalición que obtenga más del 42% de votos, que supondría una bonificación de 70 diputados en la Cámara de Diputados y 35 en el Senado, alterando el equilibrio de fuerzas parlamentarias y el multipartidismo.

Es una reforma inconstitucional que altera la relación entre los votos y los resultados electorales. Una minoría se convierte en una amplia mayoría parlamentaria debido al beneficio desproporcionado que recibe

Ouidad Bakkali — Diputada del Partido Democrático (PD)

Todo ello cambia la actual correlación de fuerzas del sistema bicameral del país, compuesto por 400 miembros en la Cámara Baja y 200 en la Cámara Alta, y deja atrás la ley electoral del Rosatellum, adoptada en 2017, con un modelo más orientado al bipartidismo. A su vez, se trata de la quinta reforma electoral que Italia aprueba en 32 años, aunque muchos expertos y críticos señalan que la actual marca un precedente peligroso al debilitar un modelo de representación parlamentaria plural en favor de un sistema de mayorías ‘dopadas’.

“Es una reforma inconstitucional que altera la relación entre los votos y los resultados electorales. Una minoría se convierte en una amplia mayoría parlamentaria debido al beneficio desproporcionado que recibe”, dice a elDiario.es Ouidad Bakkali, diputada del Partido Democrático (PD), quien estuvo presente en la votación. “En un país donde la abstención aumenta con cada elección, esta ley electoral introduce métodos altamente distorsionadores que transforman a una minoría en mayoría, un elemento antidemocrático”, añade, dando también la voz de alarma sobre el peligro de que este nuevo sistema conlleve una progresiva deriva presidencialista.

La ley elimina los distritos uninominales, en los que los votantes eligen a candidatos por áreas geográficas, y pasa a elegir a listas ya cerradas antes, a partir de un sistema proporcional con premio de mayoría. A su vez, el nuevo modelo incentiva la creación de grandes bloques contendientes según alianzas previas, que si quieren aspirar al poder deberán juntarse en coalición y acordar ya antes quién será el cabeza de lista. En las papeletas electorales los líderes estarán bloqueados, y sólo parte de los candidatos podrán ser elegidos por los electores.

Apuntan a la presidencia

Si se confirma que la aritmética de la nueva ley les beneficia, en el trasfondo muchos ven una tentativa de Meloni de ganar una mayoría parlamentaria contundente, con la que pueda asegurar la futura designación de un candidato ideológicamente cercano en las elecciones para la presidencia de la República en 2029, lo que daría a la derecha el control de la institución de jefe de Estado, históricamente asociada al centroizquierda.

“El Parlamento pasa a estar sometido a un líder, lo que lo debilita aún más. Quieren una República presidencial, y la imponen con esta ley, sin pasar por una reforma constitucional”, agrega Bakkali, en línea con la denuncia de la oposición, que este jueves se quejó de que no fue consultada en la elaboración de la reforma. Según la líder del PD, Elly Schlein, la ley “fue hecha a conveniencia” del actual Gobierno, y para el líder del Movimiento 5 Estrellas (M5A), Giuseppe Conte, muestra una clara deriva hacia “una democracia iliberal desenmascarada”. 

Esta reforma es un ataque muy real a la democracia en Italia, porque incluyendo un premio de mayoría tan alto y obligando a las fuerzas políticas a hacer coalición, esencialmente se debilita la naturaleza del sistema político italiano, basado en el multipartidismo y las voces de distintas fuerzas políticas en el Parlamento

Matteo Giardello — Politólogo e investigador de la Universidad La Sapienza de Roma

En Italia, a diferencia de otros países, los cabezas de lista no eran obligatoriamente los que serían después designados para formar gobierno y asumir el cargo de primer ministro. Con la actual ley se establece así, lo que hará que cada grupo deba decidirse por un candidato antes de los comicios. Esto, según expertos, beneficia en parte a Meloni, cuyo liderazgo personalista la hace cara visible de la derecha, pero podría perjudicar al centroizquierda, aún enmarañado en decidir cómo y quién liderará su próxima coalición.

“Esta reforma es un ataque muy real a la democracia en Italia, porque incluyendo un premio de mayoría tan alto y obligando a las fuerzas políticas a hacer coalición, esencialmente se debilita la naturaleza del sistema político italiano, basado en el multipartidismo y las voces de distintas fuerzas políticas en el Parlamento”, dice a elDiario.es Matteo Giardello, politólogo e investigador de la Universidad La Sapienza de Roma. 

Según alerta, “otorga extrapoderes respecto a los equilibrios garantizados por la Constitución”. Cuando una coalición alcance el 42% de votos, “podrá gobernar sin ningún contrapeso”, lo que puede implicar “una deriva autoritaria”, dice, asegurando que la reforma entraña probablemente “principios de anticonstitucionalidad”. Esto, de acuerdo con Giardello, podría llevar a una situación contradictoria, en la que las próximas elecciones se celebraran según los mecanismos de esta ley, antes de que una hipotética sentencia que tumbara la medida. 

El premio de 35 escaños en el Senado es uno de los puntos que podría ser susceptible de revisión judicial, ya que podría incumplir el artículo 57 de la Carta Magna. Ante ello, según La Repubblica, el Gobierno ya ha iniciado contactos con el Constitucional para determinar qué puntos deberían ser potencialmente modificados y evitar así que el tribunal tumbe la ley en su conjunto. De acuerdo con el mismo medio, hay un pacto tácito entre Ejecutivo y Corte para que emita su sentencia en febrero, lo que daría margen a cambiar lo más delicado y adaptar la ley para ir a comicios en mayo. Sin embargo, todo es hipotético en un panorama aún poco claro.

Meloni se impone y aguanta 

Al aprobarse la reforma, apodada Stabilicum o Melonellum, la primera ministra evita también el extremo de recurrir a la advertencia latente que lanzó: ella misma renunciaría y haría caer el Gobierno si los propios partidos de su coalición no reunían suficientes votos para sacar adelante la medida, por lo que la líder ultraderechista vio el voto secreto en la Cámara de Diputados de este jueves como una de moción de confianza. 

En julio, en otra votación secreta para validar una de las enmiendas de la ley, Meloni vio cómo la medida caía por sorpresa, lo que se interpretó como un signo de debilidad y falta de acuerdo interno entre miembros de los tres partidos de la coalición, formada por la formación de Meloni, Fratelli d’Italia (FdI), el ultra Lega de Matteo Salvini, y el centroderechista Forza Italia (FI), liderada por Antonio Tajani. El caso, alegan expertos, es que la ley se diseñó en un inicio para favorecer las condiciones electorales para que la coalición revalidara el poder, aunque ahora los sondeos indican que podrían incluso ni llegar al umbral necesario para afianzarse. 

Esto causó dudas en la Lega –con Salvini sumergido en una grave crisis interna– y también en sectores de Forza Italia, dos partidos debilitados en las encuestas, en parte por la irrupción de Roberto Vannacci, exgeneral supremacista que irrumpió con un nuevo partido, Futuro Nazionale, ascendente en los sondeos y con potencial para cambiar la correlación de fuerzas en la compleja esfera derechista italiana.

Ahora, según los sondeos, la coalición entre el partido de Meloni y estas dos fuerzas no alcanzaría el 42% de votos, mientras la oposición sí lo lograría si se presentaran la mayor parte de sus formaciones unidas, lo que haría un efecto bumerán para la propia Meloni, que ha insistido en su voluntad de dar estabilidad a Italia con esta controvertida reforma. Futuro Nazionale puede robar votos sobre todo a la Lega de Salvini, pero también a Forza Italia, uno de los elementos que hizo que estos dos partidos fueran reacios a una reforma electoral que no veían tan beneficiosa para ellos. 

Aun así, Meloni ha seguido empeñada en sacar adelante la medida, y tanto Lega como Forza Italia –mucho más débiles que Fratelli d’Italia– tuvieron que ceder si no querían que la primera ministra llevara al país a elecciones estos meses, escenario aún peor para estos partidos, que buscan retrasarlas al máximo para recuperar un poco de credibilidad y atracción entre el que fue su electorado histórico. En este contexto, los analistas coinciden en que el papel de Vannacci será prominente. “Podría acabar siendo factor clave para determinar o no el triunfo de una coalición derechista en torno a Meloni”, concluye Giardello. 

El Gobierno italiano de Giorgia Meloni ha logrado aprobar este jueves de forma definitiva una polémica reforma electoral que, según detractores y opositores, busca favorecer su continuidad en el poder. La medida se ha aprobado en la Cámara de Diputados con 227 votos a favor y 164 en contra tras días de trámites, debate y dudas sobre el apoyo interno a la reforma entre parlamentarios de la misma coalición de la líder ultraderechista, quién incluso amenazó con dimitir si no se aprobaba una medida que la oposición de centroizquierda ha rechazado.

Con ello, Meloni obtiene una victoria de peso en uno de sus proyectos estrella, que supone la introducción de un nuevo sistema electoral para los comicios de 2027, aunque el Tribunal Constitucional podría intervenir si considera que ciertos artículos de la ley son inconstitucionales. Así lo advierten grupos críticos y entidades de la sociedad civil dispuestas a presentar apelaciones, y que harán que la corte deba deliberarlas próximamente.

La primera ministra ha apostado muy fuerte por su proyecto tras el fracaso de otra de sus reformas clave, la del poder judicial, que no pudo impulsar tras un referéndum en marzo en el que ganó el ‘No’. Giuseppe Conte, exprimer ministro italiano y líder del Movimiento 5 Stelle, ha señalado: “Para vosotros la democracia es un régimen iliberal desenmascarado, una autocracia”

Meloni ha defendido desde un unicio que la nueva ley dará más estabilidad al volátil sistema político italiano, históricamente muy inestable y marcado por la pronra caída de los Gobiernos. Sin embargo, el Ejecutivo de Meloni es el más largo de la historia de Italia desde el fin del fascismo y la creación de la República en 1946.

Su reforma, apodada Stabilicum o Melonellum, prevé que la coalición de partidos con más del 42% de votos obtenga una bonificación de 70 parlamentarios en la Cámara de Diputados y 35 en el Senado, lo que le da una mayoría holgada para gobernar sin grandes tropiezos. Esto también altera la correlación actual de fuerzas en el sistema bicameral del país, compuesto por 400 miembros en la Cámara Baja y 200 en la Cámara Alta. A su vez, torpedea la tendencia hacia el bipartidismo que favorecía la ley electoral anterior, llamada Rosatellum y que estuvo vigente desde 2017.

Ya son cinco las reformas de ley electoral aprobadas en Italia desde los noventa. Sin embargo, para fuerzas de la oposición de centroizquierda, detractores de Meloni y multitud de analistas, el Melonellum busca modificar los mecanismos electorales para hacer que la actual coalición gubernamental pueda perpetuarse en el poder. Según críticos, marca un precedente peligroso al alterar los equilibrios entre formaciones votadas en las urnas, socavar el multipartidismo propio de las democracias liberales y debilitar un modelo de representación parlamentaria plural en favor de un sistema basado en mayorías ‘dopadas’ que son reforzadas artificialmente.

La ley elimina los distritos uninominales, en los que los votantes eligen a candidatos por áreas geográficas, y pasa a elegir a listas ya cerradas antes, a partir de un sistema proporcional con premio de mayoría. A su vez, el nuevo modelo incentiva la creación de grandes bloques contendientes según alianzas previas que si quieren aspirar al poder deberán juntarse en coalición y acordar ya antes quién será el cabeza de lista. En las papeletas electorales los líderes estarán bloqueados, y sólo parte de los candidatos podrán ser elegidos por los electores.

En la derecha, la referencia es clara, ya que Meloni es su cara visible y lo sigue siendo pese a la irrupción y ascenso en los sondeos de un perfil aún más a ultra, el exgeneral Roberto Vannacci, quién con su nueva fuerza Futuro Nazionale puede desequilibrar la correlación de fuerzas en la galaxia derechista italiana y robar votos entre el nicho electoral de Fratelli d’Italia, Lega y Forza Italia, las tres formaciones que hoy forman coalición.

De hecho, los analistas señalan que la reforma se diseñó en un inicio para dar ventaja a estas tres fuerzas y ayudarles a retomar el poder, pero el llamado efecto Vannacci quitaría votos especialmente a Lega, mientras las formación de Meloni también baja, y los sondeos indican que la coalición de Meloni podría no alcanzar el 42% necesario para obtener el premio de mayoría, lo que podría beneficiar a un centroizquierda que sí podría superar este umbral.

Sin embargo, entre la oposición de centroizquierda hay aún una división candente. El Partido Democrático (PD), Movimento 5 Stelle (M5S) y Alleanza Verdi-Sinistra quieren formar una coalición en lo que se denomina Campo Largo, a la que se podrían sumar también otras fuerzas, pero PD y M5S llevan meses sin alcanzar un pacto sobre quién debería ser cabeza de lista, o sobre el formato exacto de su coalición, lo que les pone en dificultad.

Mientras discuten sobre si celebrar o no primarias para elegir a un candidato, Meloni va marcando el ritmo político y se especula con que estaría creando el escenario para ir a elecciones anticipadas esta primavera, después de que a mediados de abril se cumplan cuatro años, seis meses y un día de legislatura, el umbral necesario para que todo diputado en su primer mandato se pueda asegurar el cobro de una pensión vitalicia.

“Tenemos que darnos prisa”, decía esta semana Giuseppe Conte, líder del M5S, según el diario La Repubblica, a sabiendas de que la nueva reforma puede perjudicar al centroizquierda si no se junta en coalición, que tendrá poco tiempo para prepararse para una campaña electoral que de facto ya hace meses que está en marcha.

Uno de los que se opuso con más acción a la reforma fue Riccardo Magi, diputado del partido +Europa, quién lidera una campaña contra el plan y hace una semana inició una huelga de hambre en protesta. “Esta es una ley electoral que transforma a una minoría en el país en una abrumadora mayoría en el Parlamento, y no tiene parangón en otras democracias liberales”, dijo Maggi, en lo que describe como “una democracia bloqueada”.

Por otro lado, el temor de Meloni de que la ley electoral se viera tumbada fue latente hasta el último momento ante el miedo de que miembros de su propia coalición se ampararan en el voto secreto para votar en contra. Esto ya pasó en julio en la Cámara de Diputados, cuando se debía aprobar una enmienda a la norma que se rechazó por sorpresa en votación secreta, lo que mostró los desacuerdos con diputados de la misma coalición.

Su cuerpo fue hallado en la cuneta de una carretera a las afueras de El Cairo con el rostro irreconocible y signos de tortura, nueve días después de que se le perdiera el rastro el 25 de enero de 2016. Este fue el trágico final de Giulio Regeni, doctorando italiano de 28 años, asesinado tras ser secuestrado por miembros de los temidos servicios de seguridad de Egipto el día del quinto aniversario del inicio de la Primavera Árabe en ese país, en un momento de paranoia y fuerte represión contra la disidencia por parte de los aparatos estatales.

El caso, que implica directamente al régimen de Abdelfatah Al Sisi, alcanzó estos días un punto de inflexión en Italia. La familia de Regeni exigía justicia desde hacía una década y finalmente la obtuvo el 28 de septiembre, aunque fuera de forma simbólica. La semana pasada, el Tribunal Penal de Roma condenó en ausencia a tres de los cuatro agentes imputados por secuestrar al investigador, que realizaba un doctorado sobre el sindicalismo independiente en Egipto para la Universidad de Cambridge. Su desaparición y asesinato conmocionaron a la opinión pública de Italia en un caso que, según los expertos, no es aislado, sino parte del modus operandi del aparato securitario egipcio contra sus ciudadanos, aunque esta vez la víctima fue italiana.

En un inicio, Roma retiró por más de un año a su embajador en Egipto en protesta por la opacidad y escasos avances en la investigación del asesinato, pero retomó gradualmente los vínculos, que nunca rompió del todo. Pese a la gravedad de un homicidio contra un compatriota que apuntaba de lleno al régimen, los intereses estratégicos italianos en el país árabe pasaron por delante, alegan varias fuentes. Tras su llegada al poder en 2022, Giorgia Meloni reforzó los lazos con El Cairo. Tras la sentencia, crece la presión para que adopte una postura más dura, pero ella apela a la realpolitik y no prevé renunciar a su alianza con Al Sisi, según coinciden los analistas.

Italia es el primer socio comercial de Egipto entre los Estados de la Unión Europea. Ambos países cooperan en la lucha contra la migración irregular, en seguridad o a nivel militar. Otro punto clave es la presencia de ENI en Egipto, donde la empresa energética italiana es el principal productor de petróleo y gas. ENI, con más del 33% de acciones del Estado italiano, explota la reserva gasística egipcia de Zohr, la más grande del Mediterráneo, entre otros yacimientos repartidos por el país que hacen del territorio un espacio de relevancia para Italia.

La oposición acusa al Gobierno de “negacionismo”

El reciente fallo sobre el caso de Regeni arroja conclusiones que reafirman la implicación estatal egipcia en el episodio, pero el Ejecutivo de Meloni redujo estos días su relevancia, afirmando que el fallo es sólo en primera instancia. Según recalca, solamente tomará medidas tras agotarse el período para presentar apelaciones y resolverse los posibles recursos, hasta que el fallo sea firme. Así se expresaron Meloni y su vicepresidente y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, quién la semana pasada hizo unas declaraciones muy controvertidas.

“Fueron condenadas tres personas. Ahora veremos qué pasará en segunda y tercera instancia, pero no es Egipto el culpable”, dijo Tajani a la prensa, y añadió que esto no altera los vínculos de Roma y El Cairo. El titular de Exteriores estuvo hace un mes en Egipto, donde fue recibido por Al Sisi en el palacio presidencial, en una visita en la que no trascendió que abordara el asesinato de Regeni, un caso que las autoridades egipcias atribuyeron en un inicio a una banda de delincuentes y sobre el que estos años casi no prestaron colaboración.

El régimen tiene un historial de falta de cooperación, marcado por la obstrucción en las investigaciones, por dar información engañosa o por negarse a compartir detalles o localización de los acusados

Nour Khalil — Abogado y director de la ONG Plataforma de Refugiados de Egipto

Para fuerzas de la oposición como el Partido Demócrata (PD), la postura de Tajani muestra el “negacionismo” del Gobierno, que evita hablar abiertamente de las huellas del Estado egipcio en el caso, aunque sus brutales métodos represivos son patrón de actuación común desde hace décadas contra disidentes y ciudadanos egipcios. “En Egipto hay una represión cotidiana, con miles de presos políticos, y los últimos días se arrestó a varios periodistas. En las cárceles hay tortura y, tras algunas excarcelaciones en 2023, ya no pasó nada más”, cuenta Riccardo Noury, portavoz de la sección italiana de Amnistía Internacional (AI), grupo que esta década apoyó y acompañó a la familia de Regeni en su larga campaña de presión y litigio judicial para pedir cuentas a Egipto.

“El caso de Regeni es un crimen de Estado que tuvo confirmación judicial, al menos parcial. Se condenó a tres hombres que representan a Egipto como funcionarios, no a tres personas cualquiera”, dice a elDiario.es Noury, que ve “inaceptable” que Tajani minimizara el papel del régimen. Elly Schlein, secretaria del PD, sostiene que “ya nadie puede negar la responsabilidad del aparato de Al Sisi” y “ahora el Gobierno debe hacer respetar la sentencia”. Riccardo Magi, diputado del partido +Europa, alegó que Tajani contradijo el informe de una comisión parlamentaria que ya concluyó que la responsabilidad del crimen recaía en agentes de la Agencia de Seguridad Nacional egipcia, “un negacionismo” del que debería dar cuenta en la Cámara. Esa agencia es conocida por sus métodos brutales, desde la época de la dictadura de Hosni Mubarak, derrocado en la revuelta del 25 de enero de 2011.

Una década de 'Verità per Giulio Regeni'

Estos años, las pancartas de color amarillo con el lema Verità per Giulio Regeni (Verdad para Giulio Regeni) se extendieron por ayuntamientos, escuelas, universidades o domicilios de Italia, como parte de una campaña en que los padres y hermana del estudiante hicieron una labor constante para que su caso no cayera en el olvido. Ahora ven el fallo como un triunfo simbólico y grupos de derechos humanos y fuerzas opositoras presionan a Meloni para que sea más dura ante Egipto. El Cairo nunca admitió la implicación de sus fuerzas de seguridad en lo sucedido, no proporcionó ninguna información para localizar a los acusados ni cooperó con las autoridades judiciales italianas, sino que más de una vez fue señalado por intentar obstruir las pesquisas.

“El régimen tiene un historial de falta de cooperación, marcado por la obstrucción en las investigaciones, por dar información engañosa o por negarse a compartir detalles o localización de los acusados”, dice a elDiario.es Nour Khalil, egipcio con asilo en Italia, abogado y director de la ONG Plataforma de Refugiados de Egipto.

De hecho, los recién condenados están en paradero desconocido y se les juzgó en rebeldía, y su extradición a Italia es improbable ante la poca cooperación egipcia. Los acusados en el proceso iniciado en 2021 eran cuatro, aunque finalmente se condenó sólo a tres. Uno de ellos, el general de división Tarek Sabir, fue absuelto. Por otro lado, el mayor Magdi Sharif y los coroneles Ather Kamal y Husam Helmy fueron condenados a 10 años de cárcel por secuestrar a Regeni, aunque la Justicia desestimó los cargos de asesinato por falta de pruebas. Esto hace que no se esclarecieran todas las responsabilidades de un homicidio del que no se determinó el autor, una labor pendiente en que los analistas prevén que será difícil avanzar sin la colaboración activa de Egipto.

La Justicia también dictaminó que los condenados paguen indemnizaciones a la familia Regeni y al Estado italiano, a este último por valor de 150.000 euros. “Italia no puede hacer más que acatar la decisión del tribunal, reclamar una indemnización por daños y perjuicios y romper relaciones con un país que dista mucho de ser seguro, hasta el punto de torturar y asesinar a ciudadanos de países amigos”, dijeron hace pocos días los progenitores del investigador, Claudio Regeni y Paola Deffendi, en una entrevista con el diario La Repubblica. “Se hizo justicia, pero ahora hay que actuar en consecuencia”, agregaron, pidiendo más acciones al Gobierno.

Meloni exhibe cautela

Meloni mantiene cautela y tachó de “arriesgada” la opción de cortar los lazos con Egipto. “Siempre usamos todos los canales con El Cairo, incluidos los políticos y diplomáticos. Dudo de que, al cerrarlos, nos acerquemos a nuestros objetivos”, dijo la primera ministra ultraderechista la semana pasada, cuando insistió en que “la sentencia aún no es firme” y “todo se hará cuando sea necesario”. A su vez, remarcó que el Estado italiano fue una de las partes demandantes en el juicio, por lo que aseguró que su Gobierno está “totalmente decidido a buscar la verdad”.

Regeni sufrió la desaparición forzada, torturas y el asesinato extrajudicial, pero el régimen hizo lo mismo con muchos otros egipcios. Si cediera ante Italia y aceptara investigar los hechos, implicaría abrir los otros casos

Maaty El Sandoubi — Periodista egipcio

Sin embargo, muchos son escépticos sobre las afirmaciones de Meloni, como Maaty El Sandoubi, periodista egipcio que cubrió la revolución de 2011 en Egipto y colaboró con la cadena pública italiana RAI tras el asesinato de Regeni. Según denuncia, su trabajo le puso en el punto de mira y le forzó a huir, tras lo que lleva diez años en Italia. “Para Al Sisi, la sentencia no significa nada. Nunca colaboró con Italia. El Gobierno de Meloni depende de él, por lo que no creo que la idea de presionar al régimen esté sobre la mesa”, comenta a este medio El Sandoubi, que cree que Roma prefiere mantener lazos con un Ejecutivo autoritario como el egipcio para proteger sus intereses.

“Regeni sufrió la desaparición forzada, torturas y el asesinato extrajudicial, pero el régimen hizo lo mismo con muchos otros egipcios. Si cediera ante Italia y aceptara investigar los hechos, implicaría abrir los otros casos” o admitir su existencia de forma indirecta, alega el reportero, en un contexto en que los arrestos aún se producen. Hace pocos días, las fuerzas de seguridad del régimen detuvieron a seis periodistas de un medio independiente, en lo que se ve como otro ataque a las libertades de expresión e información, ya muy menguadas en Egipto.

Según Nour Khalil, que sufrió arrestos y torturas en su propia piel cuando era un activista contra el régimen en Egipto, los métodos represivos no cambiaron tras una década del asesinato de Regeni. “La desaparición forzada sigue siendo una práctica habitual que afecta a miles de egipcios: cientos murieron en prisiones y centros de detención y decenas de miles siguen encarcelados”, cuenta el abogado, también escéptico con Roma. “Cualquier cambio en las relaciones de Italia y Egipto requeriría voluntad política por parte italiana para anteponer los derechos humanos al resto de intereses, pero no veo ningún indicio de ello”, concluye.

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha tenido que pedir disculpas tras sus polémicas palabras de hace unos días en los que tuvo la genial idea -nótese la ironía- de comparar a los distintos partidos de derechas con diferentes tipos de mujeres.

Igual pensaba que no miraba nadie, pero Tajani decidió meter la pata hasta el fondo. Decidió que era buen momento para abogar por elegir a “la más fiable” y con “la falda más larga”.

El también vicepresidente de la primera ministra, Giorgia Meloni, se ha situado en el centro de la polémica en su país al comparar con mujeres a dos tipos de derecha: una tradicional representada a su parecer por su coalición y otra nueva y, por ello, menos fiable.

¿Y cómo podía hacer el símil entre ambas cosas? Pues hablando del consejo que le daría a su hijo en tal caso. Un plan infalible. De no ser por los tonos machistas que terminó dejando.

“Si mi hijo me pregunta con qué mujer se debe casar y me presenta a dos chicas: una fascinante... ¿Esa mujer qué carácter tiene? ¿Ha cambiado mucho de novios? ¿Ha puesto algún cuerno?”, señaló.

Tajani prosiguió. “Y luego tiene a otra que quizá es menos atractiva, pero es más fiable y seria, que sería una buena madre de familia. A mi hijo le digo que elija la segunda”, apuntó.

El ministro advirtió que esa chica que “parece fascinante después te traiciona”, por lo que abogó por elegir a la chica “más seria” y “con la falda más larga” o al chico que “va a la oficina con chaqueta y corbata” y no a un “playboy”.

“No he pretendido ofender a las mujeres”

Después de la polémica que ha causado en Italia, el ministro de Exteriores ha intentado pedir disculpas en durante un acto en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

“Lamento mucho que se hayan malinterpretado mis afirmaciones y se hayan sacado de contexto de un discurso más amplio. Me excuso si la gente se ha sentido ofendida por lo que he dicho. No he pretendido jamás ofender a las mujeres, nunca lo he hecho ni en mi vida privada ni en la pública”, ha tratado de justificar.

El Gobierno de Italia ha anunciado este martes una segunda prórroga, por otros 15 días de duración, a los controles en puertos y aeropuertos a viajes procedentes de España, una decisión implementada a raíz de la crisis en Ceuta.

Esta nueva suspensión del acuerdo Schengen, que permite la libre circulación en Europa, fue aplicada por primera vez desde el 1 de agosto tras la crisis migratoria en la ciudad autónoma española de Ceuta y provocó una crisis diplomática entre ambos países. Roma prorrogó la suspensión 15 días más desde el 31 de ese mes.

Ahora, el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, ha decidido extender los controles otros 15 días después de reunirse con el Comité de Análisis de la Inmigración y la Seguridad en las Fronteras, según se lee en un comunicado de su Ministerio.

“La medida se consideró necesaria tras las comprobaciones realizadas por el Comité de Análisis de la Inmigración y la Seguridad de las Fronteras, que se reunió esta mañana. De hecho, siguen existiendo elevados niveles de riesgo para la seguridad interna, además de un posible peligro relacionado con eventuales infiltraciones terroristas”, señala la nota.

España ha criticado la decisión como una medida para mejorar la popularidad interna de Meloni porque Ceuta no forma parte del espacio Schengen, es decir, las personas migrantes que han entrado a la ciudad autónoma no tienen libertad de movimiento por España y Europa.

Piantedosi ya ha comunicado esta prórroga a la Comisión Europea y a sus homólogos comunitarios.

El Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni impuso este tipo de controles por una cuestión de “seguridad nacional” ante la crisis en Ceuta.

Esa suspensión ha supuesto la reintroducción de controles fronterizos en puertos y aeropuertos para viajeros procedentes de España, que en cualquier caso son aleatorios.

Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez exigió a Roma, sin éxito, el levantamiento de estas restricciones y respondió con la suspensión de Schengen con Italia hasta el 7 de septiembre, aplicando también controles a los viajeros procedentes de este país.

El pasado 31 de agosto, tras un mes de esta medida, Italia aseguró que había controlado a más de 180.000 viajeros procedentes de España en sus fronteras. Además ha rechazado la entrada a 31 personas, entre ellas ocho marroquíes, y ha detenido a otras seis.

De la militancia a pie de calle como activista posfascista a la cúspide del poder como primera ministra de Italia. Esta es la ascendente trayectoria de Giorgia Meloni desde sus inicios en política siendo adolescente hasta su triunfo electoral que la llevó, en octubre de 2022, a ser la primera mujer que ocupó la jefatura del Gobierno del país. Desde entonces, lidera la coalición más ultraderechista desde fines del fascismo, con una inaudita estabilidad que hará que su Ejecutivo se convierta en el más longevo desde la fundación de la República italiana en 1946.

Este 4 de septiembre cumplirá 1.413 días seguidos en el poder, superando el récord de la coalición encabezada por el difunto Silvio Berlusconi entre 2001 y 2005, un hito en un país donde los gobiernos son pasajeros.

Este viernes se celebrará el hito con un gran evento en el puerto de la ciudad sureña de Bari, organizado por el partido de Meloni, Fratelli d’Italia (FdI). Se prevé que unas 5.000 personas asistan al acto, que contará con una sesión musical de un DJ, puestos de comida y un discurso de la primera ministra en el punto álgido, al estilo del festival de ultraderecha de Atreju. En su intervención, se prevé que Meloni lance mensajes en clave electoral ante los comicios de 2027, muy presentes en la actualidad en Italia, donde los partidos ya planean sus campañas.

'El Gobierno más estable. Italia más fuerte' es el lema del evento de Fratelli d’Italia, con una idea clara sobre el futuro del país que los partidarios de Meloni ven sólo ligado a la líder. Tras casi cuatro años en el poder, es difícil hablar de política italiana sin aludir a su figura, casi omnipresente, mientras gana un peso similar al que tuvo Berlusconi, el rostro visible que marcó el modus operandi de Italia durante tres largas décadas.

Si no hay traspiés, se prevé que el Ejecutivo siga en el poder hasta convocar comicios en 2027. Desde 2022, no sufrió graves crisis internas, pese a reveses que denotaron cierto desgaste político, como la derrota en el referéndum constitucional para la reforma judicial de este año. Aun así, eso no hundió a la coalición gobernante, formada por Fratelli d’Italia, el partido centroderechista Forza Italia (FI), liderado por Berlusconi hasta su muerte, y el ultra Lega, de Matteo Salvini.

Un estilo que ha marcado la política italiana

“Está aquí para quedarse”, dice sobre Meloni el politólogo Valerio Alfonso Bruno, profesor de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán. El experto en ultraderecha ha investigado los años en el poder de la primera ministra, un periplo que plasmó en el libro El ascenso de Hermanos de Italia, escrito junto a Mara Morini y publicado este 2026. Incluso si Meloni pasara en un futuro a la oposición, dejó una huella profunda con su estilo de hacer política, y tiene potencial para marcar una época histórica como Berlusconi, afirma Bruno a elDiario.es.

Para este y otros analistas, aunque Meloni haya bajado en los sondeos, ha conseguido consolidar su prominencia en el escenario político, sin ningún líder antagónico y opositor de peso que le haga sombra, por ahora, ni nadie que le arrebate la primacía en la derecha. La irrupción de Roberto Vannacci, que la presiona desde posturas supremacistas y no para de subir en los sondeos, podría restarle votos, pero está lejos de superarla en apoyos.

Meloni está aquí para quedarse

Valerio Alfonso Bruno — Profesor de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán

Según Bruno, “Vannacci podría quitarle parte relevante de respaldos y la alianza de centroizquierda, el Campo Largo, podría ganar las elecciones”, pero es improbable que Meloni se evapore de la primera línea de la política italiana y seguramente luche para volver al poder. El récord de haber liderado el Gobierno más longevo de la historia republicana será una baza que juegue a su favor en caso de que vuelva la inestabilidad. “Meloni y FdI seguirán teniendo por mucho tiempo un rol clave”, señala Bruno sobre el papel de una líder que tiene también más carisma que su principal rival, Elly Schlein, del Partido Demócrata (de centroizquierda y el principal de la oposición).

El hecho de que Meloni consiguiera mantenerse firme en el poder estos años “es un logro que se debe a su habilidad política”, apunta Bruno, ya que hubo escenarios en el pasado en que otros mandatarios gozaron de una mayoría fuerte ante una oposición fragmentada como la actual, pero no consiguieron resistir tanto tiempo.

La inestabilidad política fue una constante en Italia desde que inició su era republicana hace 80 años. El país tuvo hasta 68 gobiernos con duración media de entre 13 y 14 meses, así como 31 primeros ministros. Todo ello es fruto de un sistema electoral que alimenta la proporcionalidad y da espacio a pequeños partidos, una fragmentación que a menudo llevó a la caída de muchos gobiernos de coalición. A ello se suma que los ejecutivos deban tener los apoyos y votos de confianza tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, una complejidad que Meloni sorteó.

Según el académico, una de sus ventajas es su largo bagaje político. En 2008, con sólo 31 años, fue elegida ministra de Juventud en el cuarto Gobierno de Berlusconi, siendo la persona más joven de Italia en estar al frente de un ministerio. Ahora, con 49 años, “es aún relativamente joven” para los estándares de la clase política italiana. También es la cara visible en Fratelli d’Italia, que promueve su liderazgo “de estilo personalista” y se ha convertido con Meloni en la gran formación de la derecha italiana, en un contexto de auge ultraderechista en Europa y Occidente.

La nueva normalidad en la UE

Meloni contribuyó a una “radicalización gradual” del panorama político italiano, introduciendo nociones, discursos y estrategias ante asuntos como la migración que tuvieron impacto o sirvieron de inspiración a nivel europeo, como los centros de internamiento para migrantes en Albania, proyecto aún atascado que la Justicia no validó, pero que inspiró a otros países y normalizó planteamientos similares en la UE, recuerda Bruno. El experto remarca también su capacidad para que se le otorgue más influencia y peso internacional a Italia, “una potencia media” que no puede permitirse enfrentarse sola a los grandes imperios, pero sí reivindicar su propio espacio.

Muchas cosas que hasta hace poco se veían muy radicales pasen a percibirse como parte de una nueva normalidad

Valerio Alfonso Bruno — Profesor de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán

“Lo que hoy ocurre en Italia puede convertirse mañana en un nuevo estándar en la Unión Europea. Meloni tiene un papel importante en el diálogo con Europa y, en casos como los centros [de migrantes] de Albania, el proyecto se presentó como modelo para otros”, remarca el politólogo, que reconoce la habilidad de la dirigente para que “muchas cosas que hasta hace poco se veían muy radicales pasen a percibirse como parte de una nueva normalidad”.

En su opinión, “Meloni no hizo un retroceso democrático cómo temían muchos, ni un giro repentino hacia el fascismo”. Sin embargo, sí desplazó el discurso “hacia el extremo derecho del espectro político”. Según Bruno, esto se vio en su forma de enfrentarse a las sentencias del poder Judicial. Tanto ella como otros ministros criticaron varios veredictos, como el rechazo a la retención de migrantes en los centros albaneses, una colisión que para muchos fue un grave ataque a la independencia de los jueces y a la separación de poderes.

El experto alerta de que Meloni adoptó un modelo con rasgos iliberales que incluye la limitación de derechos de las minorías y medidas de seguridad más estrictas. “No hay una transición completa al iliberalismo, pero sí una tendencia a que más poder pase a manos del ejecutivo”, así como “un distanciamiento de los principios del Estado de Derecho”, explica Bruno.

La economía, más estable pero estancada

En opinión del profesor, la longevidad del Gobierno de Meloni sirvió para transmitir “un mensaje de estabilidad hacia el exterior, sobre todo a aliados y mercados financieros internacionales”. Esto ayudó a mejorar la situación económica y financiera del país: “Si miramos las finanzas públicas, Italia está mejor hoy que antes, ya que los mercados financieros no toleran una incertidumbre excesiva”. Sin embargo, Bruno asegura que la realidad económica precaria que el país arrastra desde hace décadas no cambió con Meloni.

“Estos años no hubo grandes reformas. La situación en el mercado laboral mejoró, pero la mayoría de los empleos creados no son de calidad. A su vez, el poder adquisitivo de los italianos sigue en el nivel de los años 90 y la situación de la deuda pública no mejoró”, explica el docente. Agrega que Meloni también acabó con la llamada 'renta de Ciudadanía', una prestación social para personas con ingresos bajos que introdujo el Movimiento 5 Estrellas (M5S), que gobernaba anteriormente.

“Tras cuatro años de Gobierno de Meloni, persiste el aumento descontrolado del coste de la vida”, criticó esta semana Elly Schlein, líder del Partido Demócrata. Los sondeos señalan que su formación y otras del centro y la izquierda podrían obtener la mayoría suficiente para formar gobierno en caso de presentarse juntas, pero siguen fragmentadas, sin consensuar cómo elegir a la figura que lidere el bloque ni ponerse de acuerdo sobre cómo enfrentarse a la líder ultraderechista en las urnas.

A sabiendas de que la primera ministra buscará sacar rédito de su hito de longevidad, Schlein se centró en atacar la gestión económica de los últimos años. “Las familias italianas pagan de su propio bolsillo la incompetencia de este Gobierno, con precios del combustible disparados y los de los alimentos casi un 30% más altos que hace cinco años”, dijo la opositora para contrarrestar el relato sobre los logros que se atribuye el Ejecutivo, que remarca que la estabilidad ayudó económicamente al país, aunque eso no asegura su continuidad.

La partida de ajedrez en el complejo tablero de los bancos de Italia ha alcanzado este verano otra cúspide, en medio del intenso ciclo de ofertas de adquisición, contraofertas y fusiones que arrancó en 2024. En plena disputa para reforzar la hegemonía o defender el propio terreno, el sector bancario transalpino sintió otra sacudida en agosto por la oferta de Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) por hacerse con otras dos entidades de peso, Banco BPM y Banca Generali, una maniobra de envergadura con dos metas. Por un lado, frenar la opa hostil lanzada en junio por Intesa Sanpaolo (ISP) que quiere quedarse con el banco sienés y absorberlo. Por otro, erigir un tercer polo bancario en Italia, en línea con el Gobierno de Giorgia Meloni, que ve con buenos ojos la idea de crear un gran bloque alternativo a ISP y UniCredit, los dos primeros bancos del país.

Con todo, la operación de MPS –el banco en activo más antiguo del mundo, fundado en 1472– ha topado con el escepticismo de los mercados. Hay dudas sobre su viabilidad y se percibe como un movimiento arriesgado y reactivo, mientras que la oferta de Intesa se ve más sólida, señalan prensa económica y expertos. Sin embargo, “es pronto para predecir” su desenlace, dice a elDiario.es Mario Comana, economista y docente de la Universidad LUISS de Roma. “No sabemos si MPS, antes de lanzar sus ofertas, hizo algún preacuerdo con los accionistas mayoritarios de sus empresas objetivo, pero sí podemos prever que Intesa no se quedará de brazos cruzados. Si las ofertas de MPS resultaran viables, Intesa podría ofrecer más y mejorar su propuesta”, añade el profesor.

El recelo de los inversores ante el paso de MPS se vio claramente reflejado en la Bolsa, observa Comana, citando las pérdidas de estos días de MPS, Banco BPM y Banca Generali: “El mercado no parece tener mucha fe”. “La oferta de MPS no está desprovista de significado e interés, pero se hizo con óptica claramente defensiva”, opina, lo que alimenta las dudas de los mercados sobre la creación de valor real de la operación.

La pugna entre ambas entidades ha reanimado la corriente de intensos movimientos bancarios propia de la Italia de los últimos tiempos. Comana explica que esta se debe, paradójicamente, a la “excesiva buena salud” de su sector financiero. “Son muy rentables, con excelentes niveles de eficiencia y calidad crediticia, lo que les hace empresas muy atractivas”, detalla. Una intensidad parecida se registró en la década de 2010, pero fue por la crisis económica, cuando muchos “bancos débiles” tuvieron que ser rescatados.

Monte dei Paschi, del declive al ascenso

Precisamente Monte dei Paschi fue uno de los rescatados entonces, todo un símbolo por su historia como banco centenario activo desde 1472, cuando fue fundado en la ciudad de Siena, donde conserva su sede central. En 2017, al borde de quebrar, el Estado italiano lo sacó a flote con 5.400 millones de euros de fondos públicos. El Ministerio de Economía y Finanzas se hizo con 68% de su capital, una participación que fue vendiendo hasta quedar en un 4,8%. Ahora, el Tesoro ha congelado sus acciones restantes, y no prevé vender hasta que se solucione la pugna por el control del banco.

Hace una década, pocos pensaban que MPS volvería a primera línea, pero se fue recuperando a base de recortes, saneando su deuda y con ampliaciones de capital privado. Luigi Lovaglio, con trayectoria previa en Unicredit, asumió sus riendas en 2022 como consejero delegado y consolidó un ascenso que en 2025 vio la adquisición de Mediobanca, un poderoso banco de inversión milanés que compró por 16.000 millones. A pesar de que la dirección de la entidad lombarda rechazó la oferta, MPS convenció a la mayoría de sus accionistas para la fusión, todavía en curso.

Esta compra dio al grupo sienés el acceso a una de las joyas de la economía italiana: el coloso de los seguros Generali. Mediobanca poseían 13% de acciones de la multinacional, que pasó a manos de MPS. Esto aumentó el atractivo del banco toscano para inversores y competidores, uno de los factores que podría estar detrás de la ofensiva de Intesa. Generali es clave en Italia. Concentra gran cantidad de ahorros de su ciudadanía y empresas a través de sus seguros, y tiene mucho peso para las arcas del Estado italiano al ser uno de sus grandes acreedores. De hecho, Banca Generali –por la que ahora pugna MPS– es el brazo bancario de la aseguradora, que posee más del 50% de sus acciones, y será clave para decidir qué vía tomar ante MPS.

El risiko bancario de Italia

El pulso actual abre escenarios de cambio profundo en el equilibrio de poderes de los bancos italianos, acelerando el risiko, nombre de la versión italiana del juego de mesa del Risk, término usado en el país para referirse a los duelos de compra y fusiones entre bancos. Intesa Sanpaolo y Monte dei Paschi protagonizan el capítulo más reciente de este serie, mientras corren ríos de tinta sobre los movimientos entre bastidores y las teorías sobre qué pasará.

Quién juega sus cartas no son sólo los bancos implicados, sino una amplia red que incluye las aseguradoras Generali y Unipol, o los holdings de las familias Caltagirone o Del Vecchio, muy influyentes y con acciones en MPS y otras empresas, como la propia Generali. También hay grupos extranjeros, como el banco francés Crédit Agricole –con 29,3% de acciones en BPM– o el fondo estadounidense BlackRock, todo un símbolo del capitalismo desregulado internacional con creciente influencia en Europa, con 4,66% de acciones en MPS y 5,09% en ISP.

“Hacía muchos años que el sistema bancario italiano no estaba tan movido. Despertó por necesidad de algunos bancos de hacerse más fuertes y consolidarse, también por la creciente competencia” de fondos y entidades financieras de países más allá de Europa como EEUU, “que expanden cada vez más su mercado de capitales”, cuenta a elDiario.es Francesco Ruggeri, experto en macroeconomía e investigador en universidades italianas. “Hay una especie de pugna entre algunos bancos para poder afianzarse”, como es el caso de Intesa, o “para construir un tercer bloque que se proteja y compita con la propia ISP y Unicredit”, como quiere MPS, agrega.

Una pugna abierta

La saga actual arrancó en junio, cuando Intesa Sanpaolo –el mayor banco italiano por capitalización– acechó a MPS con una oferta pública voluntaria de adquisición y canje de acciones por valor de 30.600 millones de euros, en una puja con respaldo del grupo asegurador Unipol. Al ser Intesa dominante en Italia, y ante posibles problemas de competencia, prevé fragmentar Monte Paschi y ceder a la aseguradora 635 sucursales por 3.500 millones. Estas serían luego transferidas al banco BPER –filial de Unipol–, que gestionaría las oficinas conservando parcialmente la marca Monte dei Paschi. Por su parte, ISP se quedaría con 625 sucursales y la banca de inversión de MPS.

En plena consolidación bancaria europea, la entidad liderada por Carlo Messina busca apuntalar su hegemonía en Italia y convertirse en un campeón continental con capacidad para competir con Banco Santander o BNP Paribas. También quiere impedir avances de su gran rival nacional, UniCredit, que en 2025 intentó adquirir sin éxito a Banco BPM y desde 2024 mantiene una ofensiva sobre Commerzbank, el segundo banco privado de Alemania, del que ya controla el 48% de acciones pese a las reticencias de Berlín. El asunto aún trae cola, pero UniCredit sigue con su idea de fusionarse con la entidad y acrecentar su posición como gran gigante europeo.

Es en este escenario donde MPS diseñó su propia estrategia defensiva. El 20 de agosto, tras una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de siete horas, anunció contramedidas con dos ofertas públicas de canje de acciones (OPS) sobre Banco BPM y Banca Generali, las cuales busca financiar enteramente con títulos de nueva emisión, sin recurrir a liquidez.

Para Banco BPM, la oferta valora la entidad en 25.310 millones de euros y una relación de canje de 1,567 acciones nuevas de MPS por cada título de BPM, según precio de mercado y sin prima. Respecto Banca Generali, ofrece 6,958 acciones nuevas por cada una de la entidad, lo que supone una valoración de unos 8.720 millones de euros y una prima del 10% sobre los precios de cotización. Con ello, MPS busca crear un grupo bancario que se convertiría en el segundo más grande del país, por delante de UniCredit, integrando unos activos financieros totales de 810.000 millones de euros. También evitaría su desmantelamiento y la desaparición de su marca centenaria, algo que preocupa mucho tanto en Siena como en la región de Toscana.

Intesa eleva la disputa

Tras este contraataque, Intesa presentó quejas la semana pasada ante la Consob, el regulador bursátil italiano. Alegó que MPS viola la regla de pasividad, que establece que un banco no puede actuar para entorpecer una opa hostil sin permiso previo de su junta de accionistas, algo que Monte Paschi no habría obtenido, a la espera de una asamblea extraordinaria el 29 de octubre que determinará su posición a tomar sobre la oferta de ISP.

Por su parte, ISP celebrará junta de accionistas el 10 de septiembre para votar la opa para hacerse con MPS. Según Comana, pese a que quedan muchas cuestiones por desentrañar y el escenario aún es imprevisible, Intesa presentó “una oferta clara y precisa” para pagar tanto en acciones como efectivo, a lo que suma la opción de un aumento, lo que hace que “tenga más posibilidades de tener éxito” que la contrapropuesta de MPS.

A su vez, el timing le es favorable, ya que ISP va por delante en todos los trámites para impulsar el proceso, y, en caso de seguir sin trabas, podría incluso hacerse con el control de Monte dei Paschi antes de que esta pueda culminar los procesos para sus ofertas a Banco BPM y Banca Generali. De hecho, BPM ya rechazó la propuesta de Siena, al considerarla unilateral, no acordada y sin prima para sus accionistas. En Generali, la oferta de MPS se recibió de forma más abierta, con “voluntad de evaluar” la colaboración y los lazos estratégicos entre ambos grupos.

La operación de MPS, “contraproducente”

Los pasos de MPS dieron incluso que hablar en la columna de opinión Lex de Financial Times (FT), que tachó la contraofensiva de MPS de “descabellada” y “contraproducente”. “Lo más sorprendente es que MPS intentaría una fusión a cuatro bandas”, escribió FT, en relación a su proceso de absorción de Mediobanca, al que juntaría Banco BPM y Banca Generali si sus ofertas siguen adelante. “Fusionar dos bancos es un reto que lleva tiempo. Intentar lo mismo con cuatro requiere un pensamiento mágico”, dijo el medio, lo que generó una réplica del mismo Lovaglio, que alegó que sus planes fueron “malinterpretados”.

Ante todo, Monte dei Paschi lucha a toda costa para evitar su desmantelamiento, mientras que el Gobierno, pese a mantenerse neutral, aboga por lo mismo, y así lo declaró la primera ministra Giorgia Meloni. “Espero que la dinámica del mercado propicie el surgimiento de un sistema aún más sólido y competitivo”, y que “MPS no acabe desmantelándose, perdiendo su nombre e identidad”, dijo la jefa del Ejecutivo italiano en una entrevista con Milano Finanza este agosto.

Aun así, en un sistema de libre mercado y autonomía bancaria, los expertos ven improbable una intervención del Gobierno. “¿Al final quién decide? Los grandes accionistas no se ablandan por declaraciones de un político. A los fondos internacionales, accionistas relevantes en MPS, ¿qué les importa lo que diga Meloni? No es un factor de peso”, concluye Mario Comana, que prevé muchos desarrollos por llegar en una pugna aún abierta.

El Gobierno de Italia ha decidido prorrogar quince días más la suspensión del acuerdo Schengen con España y los controles en puertos y aeropuertos a los viajeros procedentes del país ibérico, según ha informado este lunes el Ministerio de Interior.

“La decisión se ha tomado, en línea con el análisis realizado por el Comité de Análisis de Inmigración y Seguridad Fronteriza, debido a que persisten los elementos de evaluación que habían motivado su reintroducción el pasado 1 de agosto”, indica el Ministerio de Interior en un comunicado.

El Gobierno que preside Giorgia Meloni ha entregado a la Unión Europea el memorando en el que informa de esta prórroga y también ha comunicado su decisión al Ejecutivo español.

“Las evaluaciones que justifican la prórroga fueron comunicadas por el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, a su homólogo español, Fernando Grande-Marlaska, durante una conversación telefónica constructiva”, explica la nota oficial.

Hace justo un mes, el 31 de julio, el Gobierno italiano anunció su decisión de suspender el acuerdo de libre circulación europeo con España por una cuestión de “seguridad nacional” ante la crisis migratoria de Ceuta.

La suspensión ha supuesto la reintroducción de controles fronterizos en puertos y aeropuertos para viajeros procedentes de España.

Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez exigió, sin éxito, a Roma el levantamiento de estas restricciones y respondió con la suspensión de Schengen con Italia hasta el 7 de septiembre, aplicando también controles a los viajeros procedentes de este país.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, protestó la semana pasada por “la falta de solidaridad” de Italia con España ante la crisis migratoria de Ceuta del 30 y 31 de julio, de la que ha acusado también a Dinamarca. “Europa es solidaridad y sin solidaridad no hay Europa; eso es lo que Italia y Dinamarca deben entender”, afeó en relación con los comentarios críticos con la gestión de la crisis de representantes de los respectivos gobiernos. “Ha habido momentos en que hemos echado en falta esa solidaridad de Italia y Dinamarca”.

Ceuta no forma parte del acuerdo Schengen, por lo que las personas migrantes no tienen capacidad de cruzar libremente a la península, que sí forma parte del acuerdo de libre circulación de personas. Por eso el Gobierno español denuncia que la medida de Meloni se tomó en clave electoral interna.

El consejo de administración de Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) ha aprobado el lanzamiento de dos ofertas públicas voluntarias de canje de acciones “simultáneas y paralelas” para adquirir Banco BPM y Banca Generali por un importe conjunto de alrededor dec.

Las ofertas, aprobadas por la mayoría del órgano de gobierno del banco más antiguo del mundo, reunido ayer bajo la presidencia de Cesare Bisoni, pretendería crear una alternativa para frenar la propuesta de compra de 30.600 millones de euros planteada a MPS el pasado mes de junio por Intesa Sanpaolo, el mayor banco italiano.

Según ha informado este viernes la entidad toscana, cuyos orígenes se remontan a 1472, la oferta para Banco BPM contempla un coeficiente de canje de 1,567 acciones de nueva emisión de MPS por cada título de esta institución, lo que implica un precio de 16,729 euros por acción y valora en unos 25.350 millones de euros a Banco BPM.

En cuando a Banca Generali, la ecuación de canje de la oferta se ha fijado en 6,958 acciones de nueva emisión de MPS por cada título existente, lo que supone un precio de oferta de 74,284 euros por acción y valora a la entidad en unos 8.670 millones.

Se prevé que la finalización de las ofertas tenga lugar a mediados de febrero de 2027 y está sujeta a la obtención de las autorizaciones regulatorias, así como al cumplimiento una serie de condiciones, incluyendo la autorización de la junta general de accionistas de MPS y la obtención de una aceptación mínima del 50% del capital social de la entidad objetivo más una acción.

En caso de aceptación total de ambas ofertas, y considerando los efectos de la fusión de Mediobanca Banca di Credito Finanziario (Mediobanca) con MPS, los actuales accionistas de MPS poseerían aproximadamente el 50,1% del grupo combinado, mientras que los accionistas de Banco BPM controlarían el 37,2% y los de Banca Generali un 12,7%.

MPS espera que las adquisiciones generen una mejora significativa en la rentabilidad y la eficiencia, ya que el grupo combinado presentaría un ratio de costes sobre ingresos de aproximadamente el 36% en 2025, sobre una base pro forma, teniendo en cuenta la plena realización de las sinergias previstas, frente al 46% de MPS, considerando la situación de forma independiente.

Asimismo, la entidad prevé que la rentabilidad sobre el patrimonio tangible medio aumente desde alrededor del 13% en 2025 a más del 19% en 2029, además de confiar en que se genere un incremento de alrededor del 11% en el beneficio por acción de 2028, teniendo en cuenta la plena realización de las sinergias previstas.

Por otro lado, el consejo de administración de Banca MPS acordó someter a la junta general de accionistas de la entidad, convocada para el 29 de octubre, una distribución extraordinaria para los accionistas de MPS por un importe bruto de 4.000 millones de euros, equivalente a 1,208 euros brutos por acción de MPS, incluyendo 0,302 euros por acción en efectivo y 0,906 euros en especie mediante la asignación de un número de acciones de Assicurazioni Generali.

De tal modo, la propuesta de distribución extraordinaria ascenderá, por lo tanto, a 1.000 millones de euros brutos en efectivo y 3.000 millones de euros en acciones de Assicurazioni Generali.

Cuando el Gobierno de Felipe González puso en marcha entre 1985 y 1986 la primera regularización extraordinaria de personas migrantes de la democracia en España, estimaba que unos 250.000 extranjeros estaban en situación irregular. “Con esta ley se pretende poner en orden la situación de los extranjeros residentes que no poseen documentación en regla. También se pretende normalizar la contratación de mano de obra extranjera”, recogía la prensa de la época.

El proceso estuvo abierto durante ocho meses y medio y las personas extranjeras en situación irregular solo debían acreditar su estancia en el país desde antes del 24 de julio de 1985. Cinco años después, González puso en marcha otros dos procesos extraordinarios (1991 y 1992).

Después de él lo hicieron también José María Aznar (1996, 2000 y 2001) y José Luis Rodríguez Zapatero, que en 2005 impulsó la regularización más grande hasta entonces con la exigencia de un contrato de trabajo. La hemeroteca cuenta que fueron cerca de 700.000 las solicitudes que se presentaron.

Pedro Sánchez ha sido el cuarto presidente español en llevar a cabo esta medida, que recibió casi 1,2 millones de solicitudes. “Ha habido pocas regularizaciones extraordinarias de dimensiones de la última en España, que ha sido especialmente voluminosa porque la dimensión de la migración irregular era muy alta por el propio funcionamiento de la economía y el mercado laboral”, explica a elDiario.es la investigadora del CIDOB Blanca Garcés, experta en el área de migraciones. En esta ocasión, añade, los requisitos eran “de acceso fácil”, solo acreditar permanencia en el territorio de 4-5 meses y ausencia de antecedentes penales.

La irregularidad en España, explica la experta, no procede principalmente de las llegadas irregulares por la frontera sur —en los últimos 20 años, han sido mucho menos numerosas que en Grecia o Italia—, sino de personas que entran legalmente, especialmente desde países latinoamericanos cuyos ciudadanos no necesitan visado para estancias cortas, pero permanecen en el país más allá del plazo autorizado de tres meses.

Más allá de España, otros países europeos también han impulsado procesos extraordinarios de regularización. Algunos de ellos aprovecharon incluso la crisis fronteriza de Ceuta para criticar, de forma casi coordinada, las políticas migratorias del Gobierno español, en una de las reacciones más duras que se han visto en Europa contra una regularización nacional, pese a haber recurrido ellos mismos a medidas similares.

Italia, el caso paradigmático

Países como Italia, Grecia o Portugal también han combinado regularizaciones masivas y extraordinarias con procedimientos ordinarios (que España también aplica, como el arraigo).

El caso de Italia, cuya primera ministra, Giorgia Meloni, lideró las críticas europeas a las políticas de Sánchez, es paradigmático. Es, junto con España, uno de los países europeos que más ha recurrido a las regularizaciones extraordinarias. Bajo el Gobierno del conservador Silvio Berlusconi en 2002, Italia impulsó esta medida a través de la cual unas 635.000 personas migrantes salieron de la irregularidad (de un total de 700.000 solicitudes). Los procesos extraordinarios se han sucedido en este país porque el mercado laboral generaba demanda de trabajadores extranjeros, pero las vías legales de entrada no cubrían esa demanda. Antonio Tajani, ministro de Exteriores de Italia y presidente del partido Forza Italia de Berlusconi, ha tratado de vincular la regularización en España con lo ocurrido en Ceuta la última semana de julio.

El último de estos procesos extraordinarios llevado a cabo por Roma fue en plena pandemia, para regularizar a trabajadores irregulares de sectores como la agricultura, el trabajo doméstico y los cuidados, que en ese tiempo pasaron a ser considerados “esenciales” para garantizar alimentos, cuidados y servicios básicos. El proceso recibió finalmente unas 220.000 solicitudes, aunque solo alrededor del 15% correspondían a trabajadores agrícolas, pese a que la falta de temporeros en el campo había sido uno de los argumentos centrales para aprobarlo.

No puede decirse que las regularizaciones extraordinarias sean necesariamente una política de gobiernos de izquierdas

Blanca Garcés — Investigadora del CIDOB experta en Migraciones

Bajo el gobierno de Meloni, Italia ha ampliado considerablemente las cuotas de permisos para extracomunitarios que permite el llamado Decreto de Flujos, un sistema de acceso de personas extranjeras por cuota y sector de empleo que, según cifras oficiales, puede abrir la puerta a unos 500.000 extracomunitarios entre 2026 y 2028.

En Grecia, en diciembre de 2023, ante la falta de mano de obra de sectores como la agricultura, la construcción o el turismo, el Gobierno del conservador de Kyriakos Mitsotakis aprobó una ley que permitía solicitar un permiso de residencia y trabajo a personas en situación irregular que llevasen al menos tres años en el país y contasen con una oferta de empleo. El Ejecutivo calculó que beneficiaría a unas 30.000 personas.

“No puede decirse que las regularizaciones extraordinarias sean necesariamente una política de gobiernos de izquierdas porque se han dado bajo gobiernos de todos los colores, en muchos países distintos, con mercados laborales distintos y en momentos distintos”, dice Garcés.

“No implican necesariamente una política migratoria más permisiva: con frecuencia han coexistido con un refuerzo de los controles fronterizos y de las políticas de expulsión”, añade Augusto Delkáder-Palacios, experto en securitización de la migración de la Universidad Complutense de Madrid.

Según él, muchos de estos países han experimentado una demanda estructural de mano de obra inmigrante, especialmente en sectores poco cualificados y de difícil cobertura por trabajadores nacionales (agricultura, construcción o servicio doméstico). “Hay un enorme desajuste –apunta– entre las necesidades de mano de obra en los países europeos y las posibilidades legales de entrada y residencia de personas extranjeras, por ello una parte de la inmigración se produce de manera irregular; la regularización corrige este desajuste”.

Otros casos

Alemania, Francia y Bélgica, en cambio, han apostado por otras vías y han regularizado la situación administrativa utilizando instrumentos de gestión ordinaria.

Alemania, tradicionalmente más restrictiva con las regularizaciones extraordinarias, introdujo a finales de 2022 el llamado Chancen-Aufenthaltsrecht (“derecho de oportunidad de residencia”), una vía ordinaria destinada a determinadas personas que llevaban años viviendo en el país con un estatus de estancia “tolerada”. La medida les concedía un permiso de 18 meses para cumplir los requisitos que les permitieran acceder posteriormente a un permiso de residencia estable.

Las estadísticas de la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF) indican que, transcurrido el primer año y medio de vigencia, más de 76.000 personas obtuvieron este estatus provisional.

“Es una regularización con una lógica más administrativa, de personas que quedan sin permiso de residencia porque, por ejemplo, se rechaza su solicitud de refugio y quedan en el país en una situación de ”tolerancia“, que se llama, y a la larga, acaban siendo reconocidos”, cuenta Blanca Garcés, quien lo considera una forma de dar respuesta a “situaciones generadas por el propio funcionamiento de la administración, con procesos largos y que acaban en un limbo legal”.

Hay un enorme desajuste –apunta– entre las necesidades de mano de obra en los países europeos y las posibilidades legales de entrada y residencia de personas extranjeras

Augusto Delkáder-Palacios — Experto en securitización de la migración de la Universidad Complutense de Madrid

“A medio y largo plazo los mecanismos ordinarios de regularización, por ejemplo el arraigo de España o el Chancen-Aufenthaltsrecht de Alemania son las vías más eficaces para evitar la irregularidad, aunque convendría simplificar y acelerar estos procedimientos”, dice Delkáder. Sin embargo, añade, en momentos de acumulación prolongada de personas en situación irregular, “las regularizaciones extraordinarias son un recurso pertinente para dar respuesta a un contexto de esas características”.

Tres etapas

La historia de estas políticas dibuja varias etapas. Entre 1945 y 2024, los miembros actuales de la OCDE implementaron 159 programas de regularización en 30 de los 38 países. Si bien algunos países introdujeron solo un programa, otros —como Estados Unidos— recurrieron a la regularización repetidamente. Así lo recoge una investigación de este año sobre la base de datos RegMig, que recopila ocho décadas de programas de estos procesos.

Las décadas de 1990 y 2000 concentraron el mayor número: el 61% de todos los programas registrados. Entre 1990 y 2007 se sucedieron las grandes regularizaciones, especialmente en el sur de Europa —España, Italia, Portugal y Grecia—, para dar respuesta a una población inmigrante que ya estaba instalada y trabajando, pero permanecía fuera de los canales legales.

La crisis económica y el posterior endurecimiento de las políticas migratorias europeas prácticamente hicieron desaparecer las grandes regularizaciones generales entre 2008 y 2019, con algunas excepciones como Polonia en 2012. A partir de 2020 reaparecieron, aunque con argumentos diferentes.

“Más allá de ser una medida humanitaria, los Gobiernos han utilizado las regularizaciones como instrumento de política social y económica: para obtener información y supervisar a la población en su territorio, abordar el empleo irregular, el abuso y la explotación laboral, aumentar la recaudación tributaria y atender las necesidades del mercado laboral a través de la economía formal”, dice a elDiario.es la experta en Migración de Amnistía Internacional Olivia Sundberg, basada en Bruselas.

El mito del “efecto llamada”

A pesar de que con cada puesta en marcha de estos procesos se repite una y otra vez el argumento del “efecto llamada”, los estudios disponibles no han encontrado una relación clara y sistemática entre las regularizaciones y un aumento significativo de la inmigración irregular.

Tanto Delkáder como Sundberg aseguran que la evidencia empírica disponible no ha logrado demostrar una relación clara y sistemática entre estos procesos y un aumento significativo de la inmigración irregular. Según el experto, tras las regularizaciones no se vivieron incrementos extraordinarios de las llegadas, sino que la evolución de la población extranjera siguió una tendencia similar a la que cabría esperar por factores económicos y laborales.

“Las razones por las que las personas migran o solicitan asilo (para escapar de conflictos, persecución o miseria, o para buscar mejores oportunidades en el extranjero para ellas y sus familias), concluye Sundberg, tienen más que ver con las condiciones en su país de origen y con los legados del colonialismo que con las políticas de los países a los que se trasladan”.

Estos días, con la actualidad a mínimos por el parón vacacional, Giorgia Meloni copó titulares usando de nuevo la migración como “arma política”, denuncian las fuerzas de oposición de izquierdas italianas, que ven la disputa que abrió con el Ejecutivo español como un conflicto evitable y perjudicial para los intereses exteriores de Italia. A su vez, Roma mantiene un discurso de línea dura hacia Madrid ante Ceuta, pero también busca contener tensiones con la Alemania de Friedrich Merz, que presiona para devolver a Italia a migrantes irregulares en territorio alemán que accedieron a la Unión Europea a través del país transalpino.

Según la oposición, la líder ultraderechista buscó rentabilizar al máximo el impacto de la entrada de migrantes en Ceuta, aunque fuera a costa de desatar una crisis diplomática con España que muchos ven sin fundamento. Italia, con sólidos lazos con el Estado español, ve ahora dañados unos vínculos que para muchos serán difíciles de recomponer a corto plazo, al menos entre sus Gobiernos. Ambos agotan su mandato en 2027 y estos días han roto una cordialidad que lograron mantener los últimos años, a pesar de sus grandes diferencias políticas.

Para Graziano Delrio, senador del Partido Demócrata (PD) y presidente del comité parlamentario de control del acuerdo de Schengen, la reacción italiana por Ceuta ha sido “excesiva”, y una señal de alerta de “cómo la migración se convierte en arma política”. Ante ello, convocó al ministro del Interior, Matteo Piantedosi, a comparecer ante el Parlamento este jueves para tratar la suspensión de Schengen y la crisis con España. “Schengen es símbolo de Europa y sus libertades. Tenemos que defenderlo”, declaró Delrio en una entrevista con La Repubblica, instando a buscar “estrategias comunes ante la migración, y no confrontación”.

Una reacción en cadena

Para críticos y opositores, la agitación creada por Meloni ante la crisis de Ceuta no hizo más que generar una reacción en cadena que ahora aprovechan otros ejecutivos, como el alemán de Friedrich Merz, quien anunció su intención de mandar a Italia y Grecia los migrantes en suelo alemán que llegaron primero a ambos países, en virtud del nuevo pacto migratorio europeo y el Convenio de Dublín, que Italia suspendió temporalmente a fines de 2022, cuando dejó de readmitir a la gran mayoría de migrantes que se fueron a otros países europeos.

La oposición critica que Meloni usara un tono tan duro contra España, algo que asegura que le jugó en contra cuando Alemania arremetió. “Un país contra otro. Todos contra todos. Esta es la Europa que nos dejan los nacionalistas”, declaró Sandro Ruotolo, eurodiputado del PD. Para Nicola Fratoianni, parlamentario de la Alianza Verdes-Izquierda, la actitud de Meloni creó “un efecto boomerang”, mientras usa la migración “para desviar la atención de los verdaderos problemas del país”. En la misma línea se pronunció Matteo Renzi, ex primer ministro y líder del partido Italia Viva, que aseguró que Meloni “se marcó un gol en propia puerta”.

Todo ello marca un nuevo pulso para Italia, que rechaza acoger a la mayoría de migrantes que Berlín quiere mandar. Berlín exige que reciba a los llegados a Alemania desde enero de 2026, pero Roma sostiene que no debe recibir a los que accedieron a suelo alemán antes del 12 de junio, cuando entró en vigor el nuevo pacto europeo de asilo y migración. Italia también pide que se active un mecanismo europeo de compensación.

Sin embargo, según varias informaciones de prensa, la líder ultra busca alcanzar un entendimiento con Berlín que apacigüe los vientos de crisis. A diferencia del caso de España, Meloni teme una ruptura con Alemania, único gran país europeo con el que mantiene fuertes lazos y una alianza en Bruselas. El titular de Exteriores y vicepresidente italiano, Antonio Tajani, ya contactó con su homólogo alemán, Johann Wadephul, y habló también con el germano Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo (PPE), al que está afiliada la formación de Tajani, Forza Italia. Todo ello sucede mientras se acerca el 19 de agosto, cuando Alemania prevé enviar a Italia a una joven somalí.

De fondo está la disputa en torno a la aplicación del Convenio de Dublín, el mecanismo de la UE que determina que el primer Estado al que llegó un extracomunitario es el país que debe encargarse de tramitar su solicitud de asilo, lo que crea un limbo para muchos que tras llegar al sur de Europa se encaminaron a países del norte.

Para Gianluca Dicandia, abogado especializado en migración, Italia se negó estos últimos tiempos a admitir a estos migrantes y alegó que falta un mecanismo más amplio de solidaridad que equilibre el peso de llegadas hacia los países meridionales de Europa. Con todo, tras la entrada en vigor del pacto de migración y asilo, Italia “casi no adoptó ninguna regulación complementaria”, y “creó un régimen transitorio hasta el 31 de octubre para ver cómo aplicar lo solicitado por la UE”, cuenta a elDiario.es Dicandia. Según añade, el país nunca desarrolló “un plan estructural de acogida e integración”, y hay muchas carencias de base, a lo que se suma también la falta de voluntad política de regularizar a los migrantes que ya residen y trabajan en Italia.

De la cordialidad al conflicto

Pese a sus propias deficiencias, el Gobierno italiano “insiste en una falsa alerta de seguridad” por la afluencia de migrantes en Ceuta, “un pretexto absurdo para seguir con la propaganda antimigrante”, agrega Dicandia. El malestar por la actitud de Meloni se percibe aún en España. Este martes, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, criticó abiertamente a Italia. “Lo que sorprende es que el país con el mayor número de entradas irregulares, el doble que las de España, haya hecho esta propuesta de introducir controles migratorios a los vuelos y barcos españoles”, dijo el jefe de la diplomacia española, que denunció el intento de “explotar esta situación inédita” en Ceuta “por necesidades internas del Gobierno italiano”.

Un país contra otro. Todos contra todos. Esta es la Europa que nos dejan los nacionalistas

Sandro Ruotolo — eurodiputado del PD

La distancia entre Sánchez y Meloni ha sido muy patente estos años. Ambos líderes representan polos ideológicos opuestos en Europa, pero pese a su frialdad y ciertas fricciones, sus Ejecutivos mantuvieron la cordialidad, sabedores de gobernar en países con características, intereses y necesidades similares en el sur de Europa. Esto les llevó a cooperar y sentarse en la misma mesa en numerosas ocasiones. En 2025, en una cumbre con Italia de anfitriona que reunió a ministros de Interior de los países del sur de Europa, Fernando Grande-Marlaska quiso resaltar su buena sintonía con su homólogo italiano, Matteo Piantedosi, así como su colaboración fluida.

Sin embargo, este vínculo se resquebraja ahora por la crisis de Ceuta y la suspensión del espacio Schengen entre ambos países. Por ahora, el Gobierno italiano no quiere dar marcha atrás. “Seguiremos firmes hasta que termine la crisis, dado el fracaso de Sánchez”, dijo estos días Tommaso Foti, ministro italiano de Asuntos Europeos, quien consideró el cierre de Shengen por parte de España como “una represalia”, el mismo término que usó el Ministerio de Exteriores italiano cuando reforzó la asistencia consular para los italianos en España.

A la espera del 15 de agosto

Tajani confirmó que el cierre de Schengen por parte de Italia se mantendrá al menos hasta el 15 de agosto, ante otro posible intento de entrada de migrantes en Ceuta. “El riesgo de terrorismo y migración clandestina no pueden infravalorarse”, dijo el ministro, que tachó de “inaceptable” la suspensión española de Schengen.

Quien también está con Meloni es el partido ultraderechista Vox, su aliado en España. “Meloni y el Gobierno italiano defienden la integridad de sus fronteras y el respeto a la ley”, dijo el eurodiputado Jorge Buxadé en una entrevista publicada el martes por el diario Il Corriere della Sera en la que cierra filas con la líder italiana.

Estos días, Meloni marcó perfil junto a su homóloga danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, con quien el lunes publicó una carta pidiendo aumentar las repatriaciones y crear centros para migrantes en terceros países fuera de la UE, en línea con su plan de externalización migratoria en instalaciones cerradas en Albania.

Sin embargo, analistas señalan que sus lazos con la mandataria danesa no bastan para crear un frente fuerte. “Meloni ya tiene una crisis abierta y difícil de resolver con España”, y si quiere dictar pautas en Europa, “la alianza con la Dinamarca de Frederiksen no es suficiente”, analiza Lorenzo de Cicco, cronista político de La Repubblica, quien también considera que la ofensiva a España por Ceuta la deja mal situada a nivel exterior.

“Sus relaciones con Trump están irreparablemente dañadas”. A esto se suma “la desconfianza” con la Francia de Emmanuel Macron o la caída del húngaro Víktor Orban, quien era uno de sus socios clave, lo que resta margen de maniobra a Meloni. Este podría reducirse más si la fricción con Merz sube de dimensión, mientras el canciller “expone tonos securitarios” para contener a la ultraderecha de Alternativa por Alemania (AfD), alega De Cicco, que concluye que “Roma se arriesga a tener menos influencia para marcar la agenda” en Europa.

Lo sucedido en Ceuta a finales de julio ha consolidado la unión de una extraña pareja dentro de la Unión Europea, formada por la socialdemócrata danesa Mette Frederiksen y la ultraderechista italiana Giorgia Meloni. Pese a pertenecer a familias políticas antagónicas, la primera ministra italiana y su homóloga del país nórdico comparten un mismo objetivo: reducir a cero la llegada de inmigración irregular a sus países con una política de mano dura.

El último ejemplo de esta alianza entre Roma y Copenhague fue el comunicado conjunto publicado el lunes, en el que ambas mandatarias alertaron de los efectos de la inmigración “descontrolada” y se posicionaron a favor de los centros de repatriación fuera de la UE y de la defensa de los “valores cristianos” europeos.

Meloni y Frederiksen han estrechado su colaboración en los últimos años para promover una transformación del sistema europeo de asilo y reforzar las políticas de deportación de inmigrantes a países de fuera de la UE. El argumento de ambas líderes es que “nadie puede negar que la inmigración ilegal tiene un impacto negativo”, al provocar un “aumento de las tasas de criminalidad”, ejercer “más presión sobre los servicios públicos” y erosionar “la confianza en las instituciones públicas”, según el comunicado conjunto.

En el caso de Meloni, el control migratorio se ha convertido en una de las principales señas de identidad del Gobierno que ella encabeza, formado por tres partidos de derecha y ultraderecha, de marcado carácter conservador y populista.

En el caso de Dinamarca, resultan más llamativos los gestos de complicidad de Frederiksen con Meloni, ya que acercan a la dirigente socialdemócrata a los discursos de la ultraderecha, pese a que encabeza una coalición gobernante de centroizquierda formada hace apenas unos meses. Con todo, Frederiksen lleva tres legislaturas al frente del país nórdico, durante las cuales ha desarrollado una combinación de políticas poco habitual dentro de la familia socialdemócrata, con una firme defensa del estado del bienestar y los servicios públicos, pero acompañada de algunas de las leyes migratorias más restrictivas de la UE.

Desde que Frederiksen llegó al poder, su Gobierno ha introducido mayores obstáculos para acceder al asilo, ha retirado permisos de residencia en determinados casos y ha promovido el retorno de refugiados y solicitantes de asilo a sus países de origen cuando los servicios migratorios consideran que las circunstancias que justificaban su protección han dejado de existir.

El último comunicado de Meloni y Frederiksen también destaca la fuerte carga identitaria al remarcar la necesidad de preservar “los valores europeos” y proteger “el patrimonio cultural cristiano de Europa”. Esta reivindicación de las raíces cristianas encaja perfectamente con la conservadora Meloni, pero ha sorprendido más por el perfil progresista de Frederiksen.

Sin embargo, no es la primera vez que la líder socialdemócrata introduce esta cuestión en su discurso, ya que hace un año sorprendió al afirmar que Dinamarca necesitaba un “rearme espiritual”, pese a que el país es de los más seculares de Europa.

Juntas para reformar el sistema de asilo de la UE

La relación política entre Frederiksen y Meloni comenzó a estrecharse en abril de 2023, cuando las dos mandatarias se encontraron por primera vez en una reunión bilateral en Roma, con la cuestión migratoria como uno de los principales asuntos sobre la mesa. Dos años después, en mayo de 2025, ambas impulsaron junto a otros siete países europeos una iniciativa para revisar el actual sistema comunitario de asilo y explorar nuevas vías para gestionar la inmigración.

Frederiksen subrayó entonces la particularidad de su alianza con Meloni: reconoció que pertenecían a “dos familias políticas completamente distintas”, pero que, pese a ello, habían construido una cooperación “muy, muy estrecha”, según informó el Gobierno danés. Las dos dirigentes también unieron sus voces para cuestionar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por algunas de sus resoluciones que han dificultado la expulsión de extranjeros condenados por delitos en Dinamarca.

Su preocupación por un posible repunte de los flujos migratorios volvió a unir a Frederiksen y Meloni en marzo de este año, cuando ambas alertaron del impacto que el conflicto armado en Irán podía tener sobre Europa. En una declaración conjunta, las dos dirigentes advirtieron de que la UE debía evitar que se repitiera el escenario migratorio de 2015, cuando el continente recibió la llegada de un gran número de personas refugiadas y migrantes, principalmente del conflicto en Siria.

Con todo, la propuesta más concreta de la pareja formada por Frederiksen y Meloni ha sido trasladar a los socios de la UE la construcción de centros de retorno de migrantes instalados en terceros países fuera de las fronteras comunitarias. El Gobierno de Meloni ya intentó este modelo con Albania, donde levantó espacio de recepción y un centro de retención. A pesar de ser la medida estrella de la política migratoria ultra de la italiana, el plan fue puesto en entredicho por la Justicia europea.

Por su lado, Dinamarca ya había explorado esta vía de externalización de los centros migratorios lejos de sus fronteras en 2018, cuando llegó a un principio de acuerdo con Ruanda. Un año más tarde, el Gobierno de Frederiksen hizo suyo el proyecto, aunque las trabas jurídicas acabaron llevando al Ejecutivo a aparcar la iniciativa y a buscar una fórmula que pudiera desarrollarse de manera coordinada con otros países europeos.

Finalmente, la presión ejercida por Italia y Dinamarca junto con otros socios europeos dio sus frutos a principios de junio, cuando la UE aprobó el Pacto de Migración y Asilo, que autoriza a los Estados miembros a firmar acuerdos con terceros países que se consideren “seguros” para deportar a los migrantes.

La nueva legislación permite establecer centros de retorno fuera de las fronteras de la UE para personas cuya solicitud de asilo haya sido rechazada o que ya no tengan derecho a permanecer en territorio comunitario –entre los países que podrían acoger los primeros centros figuran Uganda, Ruanda y Montenegro–. Con iniciativas como estas aprobadas por Bruselas, que podrían entrar en funcionamiento en el plazo de un año, Frederiksen y Meloni están más cerca de ver realizada una de las principales apuestas políticas de sus Gobiernos.

No, no es sólo por lo de Ceuta. Esto viene de atrás. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y su homóloga de Dinamarca, Mette Frederiksen, ya coincidieron a primeros de año en oponerse al proceso de regularización de medio millón de inmigrantes ilegales en España. Las protestas hasta ahora han sido sonadas, como la Carta de los Veintidós contra el presidente español Pedro Sánchez, veintidós Estados miembros de la Unión Europea. Y, ahora, de nuevo, otra carta firmada por las dos únicas jefas de Gobierno de los 27 países de la Unión nos afea nuestra política migratoria. Y el problema no son los inmigrantes que van entrando de forma irregular por tierra, mar y aire, sino que el espacio Schengen les permite viajar de forma legal por todo el continente, al menos durante 180 días como turistas.

A ello se añade el nuevo Pacto de Inmigración y Asilo, largamente discutido y modificado desde 2008, y que se aprobó en 2024 entrando en vigor poco antes de nuestra regularización masiva. Lo que debería haber sido un frente común de los países del sur, frente a los insolidarios del norte, ha terminado por enfrentarnos a todos. La frontera del sur seguirá siendo un “hotspot”, como obligaba el Convenio de Dublin II, campos de refugiados en los países del sur para tramitar la estancia o salida de todos los refugiados e inmigrantes que entraran de forma ilegal. ¿Recordamos la “Ley de Joyas” danesa de 2016? Se aplicó a los refugiados sirios, a los que se les confiscaban sus joyas al llegar para sufragar su estancia en el país. ¿O el Plan de la Isla de Lindholm de 2018? Confinaba a una isla danesa deshabitada a 100 inmigrantes con antecedentes penales u órdenes de expulsión que no podían ser deportados.

Bien, pues la solidaridad nórdica seguirá aplicándose a gusto del consumidor, es decir, de forma voluntaria y no obligatoria, punto central de la discusión del nuevo Pacto de Inmigración y Asilo que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no pudo aprobar hasta el final de su primer mandato. Los países fronterizos con el Mediterráneo exigían una cuota obligatoria y proporcional para repartirse a los inmigrantes que entraban de forma ilegal por la frontera sur de la Unión Europea, de la que son guardianes. Éste fue y sigue siendo el punto de fricción. El Pacto se saldó con un reparto voluntario y el país que lo rechace tendrá que pagar 20.000 euros por inmigrante. ¿Anualmente? No, para siempre.

Conste aquí que el coste por inmigrante irregular que entra en España ya alcanza e incluso supera esa cantidad en el momento de su primera acogida. En particular, los que entran por el mar en patera y llegan a las Islas Canarias. Desde la actuación de Salvamento Marítimo en alta mar hasta su traslado a la península en avión y posterior estancia temporal de hasta seis meses en hoteles, albergues o pisos de primera acogida con pensión completa y paga semanal, pueden comenzar a sumar los euros. Asistencia sanitaria, jurídica e intérpretes incluidos.

Europa nos ha dejado a los pies de los caballos. Y, en lugar de unirnos en la lucha final los países del sur, Meloni hace fuerza con la presidenta danesa. En un comunicado conjunto, rechazan de forma tajante la “inmigración descontrolada a Europa”, abogan por una política migratoria rigurosa y reclaman la creación de centros de repatriación en terceros países. Pero lo que más llama la atención es su referencia a los valores de la Europa cristiana, hoy liderados por la extrema derecha y que, no obstante, ya estaban en el prólogo de la non nata Constitución Europea de 2004. De Meloni lo podíamos esperar, y más cuando tiene los comicios electorales a las puertas, pero Frederiksen es socialdemócrata. ¿Qué puede haber unido a estas dos mujeres en una carta tan dura e insolidaria? “Cari tutti”, comienza Meloni en un tweet…

La frase, en concreto, es: “Ambas estamos orgullosas del patrimonio cultural cristiano de Europa y queremos protegerlo. Esperamos que quienes vengan a nuestros países y elijan Europa como su hogar respeten nuestros valores y no intenten imponernos modelos de vida que no compartimos”. Para Meloni y Frederiksen, “ésta es la manera correcta de proteger Europa y nuestros valores comunes”, al tiempo que ligaban la inmigración descontrolada a la inseguridad y la delincuencia sexual.

Entre los inmigrantes que llegan, la mayoría proceden de países donde la mujer no es un igual, algo que los líderes masculinos de partidos de la derecha liberal y la izquierda han pretendido orillar en pos de la multiculturalidad, “sus” costumbres y la libertad religiosa.

En el fondo, lo que hay es un problema de integración que se arrastra en Europa desde hace más de 60 años, especialmente en el Reino Unido (fuera de la UE desde el Brexit), Francia y Bélgica, tras sus procesos de descolonización. Me lo contaba un amigo iraquí cristiano residente en Bruselas, que estudió en un internado francés. “Cuando mis padres nos enviaron a Europa a estudiar, me cambiaron el nombre para que no se supiera que llegaba de un país musulmán. Porque a los niños de origen musulmán no les promocionaban en la escuela a los grados superiores y les impedían llegar a la universidad”. Mi amigo “George”, procedente de Irak, llegó a ser abogado con nombre falso. “Cari tutti”…

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homóloga danesa, Mette Frederiksen, han publicado este lunes un comunicado conjunto en el que rechazan “la inmigración descontrolada” y piden centros de repatriación en terceros países.

“Entendemos que muchos puedan cuestionar nuestra colaboración. Provenimos de posiciones políticas muy diferentes y, desde luego, no coincidimos en todo. Somos las únicas dos mujeres jefas de gobierno en la UE. Una de nosotras dirige un gran país del sur; la otra, un pequeño país del norte. Pero nos une nuestro deseo de defender Europa”, comienza la nota publicada en las redes sociales de Meloni.

Ambas afirman: “No aceptamos la inmigración descontrolada a Europa y hemos promovido una política de inmigración rigurosa, tanto en nuestros países como en Europa”.

Italia introdujo controles en aeropuertos y puertos para los viajeros procedentes de España después de lo acontecido en Ceuta y posteriormente el Gobierno español, ante la negativa italiana de levantalos, impuso la misma medida para los que lleguen de Italia.

Las mandatarias aseguran que “nadie puede negar las consecuencias negativas de la inmigración ilegal en nuestras sociedades: aumento de los índices de delincuencia, creciente presión sobre los servicios públicos y erosión de la confianza pública”.

Y agregan que esta situación “resulta especialmente grave cuando los inmigrantes ilegales, privados del derecho a permanecer en nuestros países, cometen delitos violentos, trafican con drogas o son responsables de violencia sexual”.

Según el último informe de Frontex, el número de cruces irregulares de fronteras hacia la Unión Europea llegó a 39.000 durante los primeros cinco meses de 2026, lo que supone una reducción de casi el 40 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Meloni y Frederiksen explican que su deber es “brindar respuestas concretas a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, y garantizar una mayor seguridad y protección para nuestras comunidades” y piden que se establezcan “centros de repatriación en terceros países, así como otras soluciones innovadoras fuera de Europa”, un proyecto que Italia ya ha realizado en Albania y ahora se piensa en algunos países africanos.

Asimismo aseveran que “el respeto a nuestras leyes debe ir de la mano del respeto a los valores europeos. Esto se aplica tanto a los inmigrantes irregulares como a los millones de ciudadanos extranjeros que residen legalmente en nuestros países y en toda Europa”.

“Ambas estamos orgullosos del patrimonio cultural cristiano de Europa y queremos protegerlo. Esperamos que quienes vengan a nuestros países y elijan Europa como su hogar respeten nuestros valores y no intenten imponernos modelos de vida que no compartimos”, señalan.

Para ambas mandatarias “esta es la manera correcta de proteger a Europa y nuestros valores comunes”.

Tras la crisis por la entrada de migrantes en Ceuta, el Gobierno de Giorgia Meloni se alzó estos días como gran opositor a la regularización migratoria en España. La extrema derecha ha tratado de relacionar ambas realidades y Meloni ha alertado sobre el supuesto efecto llamada que esto supone para los países de la Unión Europea (UE). Sin embargo, y mientras critica la política española, Italia mantiene activo un sistema de acceso de personas extranjeras por cuota y empleo que, según cifras oficiales, puede abrir la puerta a unos 500.000 extracomunitarios entre 2026 y 2028. Para muchos, esto viene a ser una especie de regularización encubierta que contrapone el discurso antimigratorio de Meloni con la realidad de un país envejecido, con una de las tasas de natalidad más bajas de la UE, pérdida de población y necesidad de trabajadores en múltiples sectores.

El programa, sin embargo, tiene numerosas grietas. Grupos de derechos humanos y muchos migrantes que llegaron a Italia a través de este sistema denuncian que el mecanismo es disfuncional y lleno de deficiencias que hacen que parte de sus solicitantes no logren ni alcanzar Italia, o bien se vean abocados a la irregularidad una vez en el país. Muchos se convierten en víctimas de estafas o ven cómo el empresario que se comprometió a emplearlos no hace acto de presencia o ya no les contrata. Según fuentes consultadas por elDiario.es, hay miles de personas que pueden estar ahora en esta situación.

“Es un gran problema. Muchos vinimos a Italia a través de este proceso porque queríamos entrar por una vía legal y no ser irregulares, pero cuando llegamos, vimos que no teníamos ningún empleo y nos quedamos sin nada”, cuenta a elDiario.es Asili Raman, un migrante de 26 años de Bangladesh que asegura haber pagado 10.000 euros a un intermediario con la falsa promesa de llegar a Italia con trabajo y documentos, un sueño que se disipó al pisar el país, donde denuncia también la poca atención de las autoridades ante casos como el suyo.

El Decreto Flussi, la vía para la migración “legal” de Meloni

Estos años, Meloni ha hecho una diferencia entre las personas migrantes que considera “ilegales” frente a la migración “legal”, que pide fomentar de forma ordenada y con canales regulados, según las necesidades del mercado laboral. Este es el mecanismo que en Italia se conoce como Decreto Flussi (Decreto de Flujos), vigente desde 1998 y basado en la contratación de extranjeros en sus países de origen, similar al modelo de gestión colectiva de contrataciones en origen existente en España, aunque en el caso italiano prevé unos números mucho más altos. El proceso se inicia con la petición de empresarios locales en Italia que solicitan mano de obra para la agricultura, el sector inmobiliario, industrial, turístico o de cuidados, entre otros. Asimismo, esto se hace con países con los que Italia tiene acuerdos bilaterales, entre ellos Pakistán, Bangladesh, Egipto, Túnez, Marruecos o Sri Lanka, basado en cuotas para períodos trianuales reservadas para empleo permanente, estacional o por cuenta propia.

De hecho, desde que accedió al poder a fines de 2022, la coalición de Meloni amplió las cuotas de permisos para extracomunitarios en el marco de este sistema para “que responda a las necesidades de las empresas y sea también realista”. En 2025, anunció la emisión de hasta 500.000 visados para el período entre 2026 y 2028, y antes se comprometió a expedir hasta 450.000 permisos entre 2023 y 2025. “Sin decirlo muy alto, el gobierno alzó enormemente las cuotas, alcanzando hasta 950.000 potenciales entradas en seis años. En Italia ya residen 3,5 millones de extracomunitarios, y esto los aumentaría un 30%”, dice a elDiario.es el abogado Alberto Guariso, miembro de la Asociación para Estudios Jurídicos sobre Inmigración (ASGI). Sin embargo, matiza el experto, la cantidad real de personas que logra llegar y trabajar en Italia con permiso regular acaba siendo muy poca, ya que el mecanismo es “altamente inoperativo”, repleto de trámites complejos y una burocracia “muy lenta”.

Según la campaña Ero Straniero (Yo Era Extranjero), formada por varias entidades defensoras de los derechos de las personas migrantes, sólo una fracción mínima de quien solicita viajar a Italia logra obtener permiso de residencia y empleo regular en el país. En 2024, por un cupo máximo de 146.850 plazas previstas, sólo se acabaron emitiendo algo más de 24.800 permisos. En la práctica, esto supone que sólo 17% del total logró terminar con éxito el proceso. En 2025, por un cupo que aumentó a 181.450 plazas, se expedieron 14.349 permisos, lo que implica que solo “ocho de cada 100 personas completaron el procedimiento”, concreta Ero Straniero en un informe publicado a febrero de este año, donde alerta que el sistema puede llevar a muchos a la irregularidad.

Aunque no se puede cuantificar con claridad, el informe advierte de que un 7% de las 26.700 personas que llegaron al país a través del Decreto Flussi durante 2024 “están en riesgo real de caer en la inmigración irregular”. Esta cifra creció aún más para 2025, cuando hasta 11.686 personas habrían podido quedar en la misma situación.

Un sistema que “no funciona”

“La realidad es que este sistema no funciona”, señala Guariso. Según agrega, sí hay muchos casos de personas que consiguen acabar los trámites con éxito y viajar a Italia, “pero una vez aquí, su empleador desaparece o ya no les quiere contratar, lo que hace que se queden en situación irregular”, a la merced de una administración burocrática compleja y unas autoridades que en muchos casos no contemplan la opción de dar permiso de residencia a quien quedó en estado de irregularidad, pese haber hecho el proceso correctamente y según la ley.

Según el abogado, muchas jefaturas de policía provinciales –donde los extranjeros deben tramitar su permiso de residencia en Italia– rechazan solicitudes de migrantes que se quedaron sin su empleador inicial, pero que encontraron un nuevo trabajo y podrían regularizar su situación con él. “Es un sinsentido”, lamenta Guariso, que destaca también las estafas que han sufrido muchos migrantes en el marco del Decreto de Flujos, tras ser víctimas de grupos criminales que les hicieron pagar mucho dinero por un contrato que en realidad no existía.

Muchas personas “son víctimas de estafas flagrantes o prácticas ilegítimas, tras haber pagado miles de euros a supuestos intermediarios, empleadores o empresas ficticias a cambio de empleo, para luego llegar a Italia y no volver a saber nada de ellos”, relata Ero Straniero en su informe. La desprotección lleva a muchos migrantes a acabar en la calle o en asentamientos informales precarios, pero también a quedar sometidos a un modelo de explotación conocido como caporalato, considerado una forma de esclavitud moderna aún existente en Italia.

Un mecanismo “fraudulento”

En el caso del bengalí Asili Raman, cuando llegó a Italia en octubre de 2023 pudo evitar caer en estas redes. Vio cómo sus perspectivas de empleo se desvanecían, pero tuvo el apoyo de un primo en Milán que le dio alojamiento. En su caso, cuenta, mantuvo un permiso temporal de residencia que le dio en torno a un año para buscar empleo, aunque sólo pudo regularizar definitivamente su situación con el apoyo legal de ASGI y presentando un recurso ante la Justicia italiana para obtener un permiso de residencia permanente. “Hay miles de personas en esta situación y muchos otros no lograron conseguir el permiso como yo”, cuenta Raman, quién ha trabajado estos últimos años como recepcionista en un hotel de Milán, dónde tiene una situación más estable de cara al futuro.

Sin embargo, denuncia que muchas otras personas que se vieron estafadas como él se quedaron atrás en el marco de un mecanismo que no ve funcional. “Fue una situación muy mala. Tuvimos que luchar muchísimo. Muchos de nosotros teníamos deudas tras haber pedido préstamos para viajar a Italia. Yo mismo me endeudé con 5.000 euros, y durante un tiempo me ayudó mi familia desde Bangladesh para poder sobrevivir”, relata.

Según añade, unos mil migrantes que se hallaron sin trabajo al llegar a Italia se organizaron para denunciar su situación bajo el lema “Todos somos víctimas”, y crearon una página de Facebook para ello. “Los trabajadores que llegamos con visados a través del Decreto Flussi no entramos ilegalmente a Italia. Somos víctimas de un sistema de fraude por parte de empleadores y agentes fraudulentos”, alegan en la página, donde piden mayor responsabilidad tanto de las autoridades de su país de origen como del Ejecutivo italiano para enfrentar el problema.

Para Guariso, la ineficacia del Decreto Flujos muestra “lo absurdo” de las posturas del Gobierno de Meloni. Por un lado, tiene en la lucha contra la migración irregular su caballo de batalla, pero el sistema de recepción con el que pretende que los migrantes lleguen al país por vía legal lleva a muchos a la irregularidad. A su vez, el número de personas que finalmente entran a Italia es mucho menor del previsto en relación con el cupo inicial. Según el letrado, esto denota una “omisión de responsabilidades” del Gobierno, que “no cumple lo que marcó sobre el papel”, seguramente porque “no es una medida popular que les dé votos”, pero ante ello tampoco responde a lo solicitado por empresas y agricultores que llevan años pidiendo el acceso de más mano de obra.

“Este sistema se tiene que acabar”, dice Guariso, que no ve sentido en contratar a personas en el extranjero cuando Italia está repleta de migrantes irregulares con voluntad de trabajar. Ante ello, pide una regularización extraordinaria como en España, igual que ya se hizo en Italia varias veces en el pasado, aunque la coalición dominada por la ultraderecha de Meloni se niega en rotundo a ello. “Lo más lógico sería que las personas que ya están aquí puedan regularizarse para trabajar e integrarse”, dice el letrado, que no ve otra solución posible.

Sorprendidos, moderadamente inquietos y, en algunos casos, algo indignados, aunque también risueños ante la perspectiva de pasar unos días de vacaciones en España, algo en lo que ayudó que fuera 8 de agosto. Así han llegado este sábado al aeropuerto de Barajas los viajeros procedentes de Italia. El motivo de su zozobra han sido los controles que el Gobierno español ha impuesto como respuesta a la suspensión del espacio Schengen decretada por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Esta se traduce en controles adicionales en un intento por parte de Meloni de tratar de impedir una supuesta llegada descontrolada de algunas de las personas migrantes llegadas a España en la última crisis con Marruecos, que se saldó con al menos 141 jóvenes fallecidos en las playas de Ceuta. El Ejecutivo español ha negado rotundamente que esto pueda suceder, ha acusado a sus homólogos italianos de hacer populismo con algo tan sensible como la migración y ha aplicado la ley del talión versión aeropuerto: control de frontera por control de frontera. En total, y según ha informado el Ministerio del Interior, desde las 00.01 y hasta las 21.00 horas de este sábado se han practicado controles fronterizos a 199 pasajeros de terceros países procedentes de Italia en los pasajes de 12 vuelos.

Aunque es verdad que los controles españoles, según han relatado durante la jornada los propios viajeros, han sido laxos y muy aleatorios, lo que se traduce en que no se han llevado a cabo en todos los aviones aterrizados desde Italia y en que, en muchos casos, ha bastado, como mucho, con mostrar rápidamente que se estaba en posesión del pasaporte para poder pasar. Ni los portavoces del aeropuerto ni la Policía Nacional, cuerpo encargado de estas revisiones, han referido incidencias, ni siquiera en forma de colas de espera. Los agentes policiales, además, subrayan que ellos se han limitado a seguir las órdenes del Ministerio de Interior, que ha dado instrucciones de que el operativo se prolongue hasta el 7 de septiembre “salvo un cambio en las circunstancias que han motivado su adopción aconseje modificar ese plazo”. Es decir, hasta que quiera Meloni.

Decir que los italianos se encuentran en España un poco en casa y viceversa es algo más que un tópico. En 2025, 5,7 millones de viajeros italianos llegaron a España, según el INE. La cifra representa un crecimiento del 3,7% en el último año. Y 2026 va también camino de cifras récord, con 2,8 millones de viajeros italianos acumulados hasta junio, un 8,7% más que el año pasado a estas alturas.

En cuanto a los viajeros que llegan a Italia procedentes de España, una estadística experimental del INE que se basa en la posición de los teléfonos móviles arroja unos tres millones de turistas durante 2024 y 3,4 millones en 2025, un aumento del 13%. En lo que va de 2026 hasta junio, se han desplazado 1,6 millones desde España a Italia, un aumento del 26% con respecto a los 1,3 millones de 2025 a estas alturas. En total, entre los que van y los que vienen, 9,1 millones de viajeros andan pendientes de las tiranteces entre España e Italia. Y subiendo, porque hay uniones que no entienden de tácticas ni de diplomacia.

Forma parte de esta creciente comunidad de viajeros Elisa Fabbri, una formadora corporativa de 41 años que en la mañana del sábado salía del aeropuerto madrileño con una sola palabra en la boca: “Ridículo. Es ridículo que estemos en esta situación. Es un problema esencialmente político, porque entre la gente no hay ningún problema”. Ella ha llegado a la T4 desde Bolonia en uno de los pocos vuelos que han tenido que pasar el control de pasaporte adicional una vez aterrizaron. Lo primero, relata, fue un aviso: “La tripulación dijo que tendríamos que mostrar los pasaportes al salir y que, sin ellos, no podríamos pisar suelo español. Ahí, me preocupé un poco”. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la revisión no iba a ser precisamente exhaustiva: “Solo revisaban que teníamos los pasaportes. Y ya”.

En ese mismo vuelo iba Luca Sciroli, que piensa que, más que un control adicional al uso, se trataba más de una escenificación, un control solo para dejar claro que existen controles. Sciroli tiene 40 años, trabaja en el aeropuerto de Bolonia y, por tanto, tiene también la versión del otro lado: “A nosotros tampoco nos avisaron con mucho tiempo de que iban a poner controles a los españoles”. En la noche del viernes, cuenta, Iberia le advirtió vía email de que era posible que hubiera controles adicionales una vez llegaran a España. Tiene una opinión clara: “No creo que el Gobierno italiano esté en una buena posición para hablar de migración. Han intentado sacar una ventaja política”.

“He venido solo tres días y he venido sin ningún problema”, ha comentado casi a la carrera Giuseppe Simpatia, de 52 años. Daniele Mele, un ingeniero de Software de 21, ha llegado en un vuelo de Nápoles y solo ha tenido que presentar la documentación antes de abordar, como es preceptivo. “Todo esto son cosas de los políticos. Yo digo que hay que tener paz y amor”, ha comentado mostrando los dedos índice y el corazón y esbozando una sonrisa. Marco Brumat, de 59 años, se ha deslizado algo más: “No me gusta meterme en política. Sí diré que creo que estas cuestiones de las fronteras no son un problema”.

Enrico Sabini, de 55, se ha mostrado más extrañado: “No entiendo muy bien estos controles extra entre países tan cercanos. Leí algo antes de venir y creo que para nosotros no habrá mucho problema. Puede que tengan más problemas los que vengan de terceros países”.

“Hemos entrado en una espiral absurda”

A uno de esos terceros países pertenecen Leonardo Sarra, fiscal argentino de 60 años, y sus hijos, Felipe, un técnico de selección de recursos humanos de 35, y Santiago, de 13. “Aquí no tengo jurisdicción”, ha empezado bromeando el fiscal, antes de comentar que sí que les llegó el viernes un email avisando de que podían encontrarse controles extra. No fue el caso: una vez llegaron, ha relatado la familia, se toparon las preguntas de rigor en aduanas. “Si había controles adicionales, fueron flojos”, ha ahondado Sarra.

Los controles adicionales a Italia han sorprendido incluso a viajeros que no tenían nada que ver con el país. Guillermo Mazorra, un técnico de 52 años, esperaba a que su hija se fuera de viaje cuando ha comentado: “Creo que hemos entrado en una espiral absurda. Al final, si nos vamos poniendo controles unos a otros, perdemos todos”. Israel Pérez, un cubano nacionalizado español de 59 años que es encargado de mecánicos y esperaba a que su madre llegara de EEUU, se ha sumado también a la conversación estrella de la T4 este sábado: “Esto no debería ocurrir entre dos países europeos”.

Lejos ya de la algarabía del aeropuerto, Claudio y Daniela, que prefieren no dar sus apellidos, toman juntos el cercanías. En el camino, van comentando en voz alta el nombre de las estaciones mientras hablan de lo que van a hacer. Son dos auténticos expertos: es su décima vez en España. Por eso, recién llegados de Milán, lejos de caer en las trampas turísticas habituales, su plan es bajarse en Chamartín para alojarse en Getafe. Van a pasar una semana viajando por el centro peninsular.

Claudio, que tiene 41 años, es autónomo y está especializado en el mercado español, tiene también una opinión nítida que expresa una vez ha llegado su tren a Chamartín y se ha bajado para tomar la conexión: “No tiene sentido lo que ha hecho el Gobierno italiano. Es una estupidez, en mi opinión. En Italia no entendemos muy bien cómo podría ser ese proceso en el que los migrantes de Ceuta llegan al país por el aeropuerto, aunque tampoco estamos en general muy puestos en el problema, solo los que viajamos. Creo que se puede entender la respuesta de España”. Con sus maletas a cuestas, los dos se pierden por la estación dispuestos a conocer España una vez más, diga lo que diga la política internacional.

En la crisis de Ceuta solo ha actuado de manera impecable el pueblo ceutí. El Gobierno español solventó este nuevo episodio de un viejo problema con Marruecos sin hacer uso de la fuerza y priorizando la solución humanitaria pero evitando señalar al gobierno de Rabat para no agravar una situación que ha dejado más de cien muertos a uno y otro lado de la frontera. No es una solución definitiva, sino un aplazamiento diplomático que debilita su posición con el país vecino. La oposición, como es habitual en política exterior desde que gobierna Pedro Sánchez, eligió el bando contrario a los intereses de España con tal de desgastar al Ejecutivo y la UE no aprobó el test de resistencia, unidad y solidaridad entre aliados. Y después está el teatro ofrecido por Giorgia Meloni.

Cuando fue elegida, Meloni se arrogó la defensa de las fronteras ribereñas del Mediterráneo “desde Baleares hasta los estrechos turcos” pero ha sido incapaz de contener la inmigración ilegal que llega a sus costas procedentes de África y Oriente Medio. Los inmigrantes que llegan a la UE por mar lo hacen a través de Grecia (desde Siria), desembarcando en Lampedusa, Italia (desde Egipto, Libia, Túnez, Argelia) y llegando a Ceuta, Melilla y las islas Canarias. De estas tres vías, según Frontex, es Italia la que a día de hoy recibe más llegadas ilegales por vía marítima. A pesar de esta realidad, era previsible que el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, que ha hecho bandera de su rechazo a la inmigración, y el Gobierno español de la regularización extraordinaria e integradora chocaran en su estrategia y gestión de la política migratoria, pero no lo era tanto el espectáculo hipócrita de la italiana ante la crisis de Ceuta.

La sobreactuación de la primera ministra italiana se explica no solo por su ideología populista, también por su actual debilidad interna. La derrota en el referéndum sobre la reforma de la justicia y el ascenso y creciente popularidad (entre sus propios votantes) del general Vannacci, que se sitúa aún más a su derecha, han influido en su decisión de escenificar un numerito innecesario y absurdo contra España, país hermano y aliado. Meloni activó la excepción a Schengen, estableciendo controles en su frontera a los españoles y viajeros procedentes de España, cuando la mayoría de los inmigrantes llegados a Ceuta habían regresado a Marruecos, y sin que hubiera constancia de que ninguno hubiera llegado hasta la península, mucho menos a territorio Schengen ni a Italia. Ceuta, por si hay que recordarlo, no es parte del espacio Schengen y es poco menos que delirante pensar que desde la ciudad autónoma van a llegar en vuelo regular o atravesando Francia hasta Italia. Mientras la UE recogía cable de su reacción insolidaria y desmedida con España, Meloni se ha negado a levantar los controles a los viajeros procedentes de España, creando una situación a la que el Gobierno español estaba obligado a responder. Desde este sábado, la Policía Nacional se encarga de los controles fronterizos establecidos para los viajeros procedentes de Italia. La medida entró en vigor a las 00.00 de este sábado y se mantendrá, inicialmente, hasta la misma hora del próximo 7 de septiembre, a la espera de que la UE medie entre los dos países o Meloni decida que su sobreactuación ya ha cumplido sus objetivos internos. Como era de esperar, el PP se ha vuelto a situar al lado de Meloni y contra los intereses de España y de la UE, que necesita unión y solidaridad más que nunca en su historia.

En España viven más de 300.000 italianos, aunque una parte de ellos son argentinos y otros latinoamericanos con pasaporte italiano. En Italia hay 30.000 españoles. La metafórica puñalada trapera de Meloni no solo es contra el Gobierno de Sánchez, también contra los ciudadanos de ambos países que mantienen una relación excepcional de amistad y cooperación. El Gobierno español se ha visto obligado a responder con una medida más cosmética que agresiva. Sin embargo, la situación dista mucho de ser la ideal entre dos países miembros de la UE que comparten necesidades y lugar en el mundo. La incapacidad de Europa de actuar con una sola voz y al margen de populismos y estrategias internas como la de Meloni es una mala noticia para el futuro común. Y un aviso para navegantes: se equivocan, y mucho, los que creen que todo esto (los ataques híbridos de Marruecos, la desunión y debilidad europeas, las estrategias populistas de chivos expiatorios) se solucionará mágicamente para España cuando Pedro Sánchez no gobierne. El teatro de falsedades y oportunismos como el que ha protagonizado Giorgia Meloni continuarán y nunca se señalará a los que están obteniendo rédito de la desunión europea. Lo más triste de todo: el olvido de las personas que se han dejado la vida en este juego de intereses perversos.

Vuelven a Europa los viejos tiempos de los controles fronterizos. La decisión unilateral del gobierno italiano de Georgia Meloni de discriminar a los ciudadanos procedentes de España del resto de europeos y someterlos a un control de entrada al país al margen de la libre circulación del espacio Schengen tuvo una repuesta contundente desde España: someter a esa misma excepcionalidad a los ciudadanos que viajen desde Italia que pisen suelo español desde este fin de semana.

El Gobierno de Pedro Sánchez había reclamado a Italia de manera insistente en los últimos días que cesara en su actitud “injusta, discriminatoria y desproporcionada” de entorpecer la libre circulación de españoles en base a un argumento que ven poco justificable: la entrada por la frontera de Ceuta el pasado 31 de julio de hasta 72.000 personas, según los datos oficiales.

“La medida adoptada por el Gobierno italiano es injusta, contraria a los intereses de la UE, y discriminatoria para la población española. Por ello, instamos al Gobierno de Italia a que rectifique, ponga fin a los controles y trate a los españoles como al resto de ciudadanos europeos. Si no lo hiciera antes de que concluya el domingo 9 de agosto, España se verá obligada a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos”, rezaba el comunicado oficial remitido por el Ejecutivo español el viernes a modo de advertencia y ultimátum.

No tardó en replicar entonces Meloni. “Italia no acepta ultimátums ni imposiciones del extranjero en materia de seguridad nacional y control de fronteras”, señaló el gobierno italiano en un comunicado hecho público a mediodía del viernes en el que especificó que mantendrá esos controles al menos hasta el próximo 15 de agosto, una de las fechas mencionadas por varios grupos de WhatsApp e Instagram que organizan un nuevo cruce a Ceuta desde Marruecos. Y fue entonces cuando el Gobierno anunció que esos controles a ciudadanos italianos entrarían en vigor de manera inminente, desde este sábado en el que, según ha informado el Ministerio del Interior, se han practicado 199 controles a pasajeros de terceros países procedentes de Italia en los pasajes de 12 vuelos desde las 00.01 y hasta las 21.00 horas.

El choque entre ambos países, vecinos y socios europeos, se desató tras la entrada en suelo español de 72.000 personas por la frontera entre Marruecos y Ceuta. En plena crisis y con la ciudad autónoma colapsada, Italia promovió un escrito de varios gobiernos de la UE para reprender la política migratoria del Ejecutivo de Sánchez y llegó a plantear incluso la exclusión española del espacio Schengen de libre circulación. España recibió ese movimiento como una declaración de hostilidades y una deslealtad.

“Italia es, según Frontex, el Estado Miembro que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar las de España. Desde el año 2022, Italia no cumple el Reglamento de Dublín, generando una carga adicional de la presión migratoria al resto de Estados Miembros. A pesar de lo anterior, España nunca ha introducido controles para Italia. De hecho, siempre se ha mostrado solidaria con ella, acogiendo parte de los migrantes que llegaron a Lampedusa en 2023 y abriendo sus puertos de forma recurrente a migrantes que son rescatados en la ruta del Mediterráneo central”, recriminó este viernes el Gobierno español en el mismo escrito de advertencia a Meloni.

“Solo cuando tengamos la certeza de que no hay riesgos de seguridad y de terrorismo y de que no habrá una nueva oleada y de que no haya migrantes irregulares que se dirijan a territorio europeo, nos plantearemos revisar las decisiones que hemos tomado hasta ahora”, replicó el Ejecutivo de Meloni en lo que supone ya un choque al máximo nivel entre los dos países. Pese a eso, Italia también intentó rebajar trascendencia de cara al futuro: “Cuando pase el peligro, mantendremos una relación constructiva”.

En su anuncio de controles a ciudadanos españoles, el Ejecutivo de Sánchez respondió con la misma moneda: “El Gobierno ha decidido restablecer de manera temporal los controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los desplazamientos procedentes de la República Italiana, ante la persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino”

En paralelo a esa crisis institucional con Italia, el Gobierno se ha volcado en revertir el rapapolvo generalizado que recibió de la mayoría de socios europeos en el peor momento de la crisis de Ceuta. Con decenas de miles de personas deambulando por las calles de la ciudad autónoma, 22 de los 27 países miembros se adhirieron a los reproches de Italia y dejaron a un socio como España abandonado a su suerte en un momento de riesgo sin precedentes en la frontera sur de Europa. Una respuesta “egoísta e irresponsable” que provocó la queja formal de España.

Sánchez contactó con Macron para encauzar la situación

Ese toque de atención, con una carta de Pedro Sánchez a la presidenta de la Comisión Europea, desencadenó además movimientos diplomáticos de primer nivel que han servido para encauzar la situación, al menos públicamente. Pedro Sánchez contactó personalmente con el presidente francés, Emmanuel Macron, un socio clave para España que se descolgó de la escalada de reproches generalizados y que ha jugado también un papel relevante en que las instituciones europeas hayan recuperado en los últimos días su buen tono con nuestro país.

El lunes, Von der Leyen se rectificó a sí misma y felicitó tanto a España como a Marruecos por la gestión de la crisis. El martes llegó un mensaje unánime de “solidaridad” de los ministros europeos de Interior, que también valoraron “los rápidos y eficaces esfuerzos de las autoridades españolas”. Y cerró el círculo el Comisario Europeo de Interior y Migraciones para desvincular lo ocurrido en Ceuta de la regularización de migrantes llevada a cabo por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, uno de los mantras de los últimos días difundidos por la derecha y la extrema derecha española y europeas.

Ahora, el Gobierno se centra en dos frentes. El primero, garantizar la seguridad de la frontera española con Marruecos tras los últimos llamamientos a replicar episodios como el del 31 de julio. La seguridad del Estado se toma en serio esos mensajes distribuidos por redes sociales y el Ministerio de Interior ha aumentado el dispositivo desplegado en Ceuta. Para este fin de semana la Policía Nacional va a desplegar una nueva Unidad de Intervención Policial (UIP) integrada por 45 agentes. Además, la Unidad de Seguridad Ciudadana de Ceuta se ha reforzado con 160 guardias civiles procedentes de diferentes unidades de Andalucía, y cuenta además con la colaboración de 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas destinados en la ciudad autónoma.

Desde el Gobierno se incide, no obstante, en que “nada hace prever” que una situación remotamente similar pueda volver a producirse. En primer lugar, argumentan, porque ya se cuenta con información fidedigna de esos movimientos al otro lado de la frontera y no existe el factor sorpresa. Pero también porque se sigue confiando en la cooperación con Marruecos, a quien el Ejecutivo español continúa sin hacer reproche público alguno por lo ocurrido. “Sin la colaboración de Marruecos no hubieran vuelto 70.000 personas en 48 horas”, resaltan.

Pero también urge la crisis humanitaria que viven en primera persona los miles de niños, niñas y menores no acompañados que aún permanecen en Ceuta, muchos de los cuales no han tenido hasta ahora garantizados servicios básicos de acogida como comida, agua, ducha o un lugar para dormir. El Gobierno central ha dotado un presupuesto extraordinario de 25 millones de euros para ayudar en esa acogida a la ciudad de Ceuta, a pesar de lo cual cientos de menores continúan sin un lugar al que acudir, durmiendo a la intemperie y dependiendo de la solidaridad de los vecinos de Ceuta.