La policía se ha enfrentado a los manifestantes durante una protesta en la ciudad italiana de Bolonia, tras la muerte de un hombre de origen marroquí que pedía ayuda mientras era inmovilizado por agentes.

Activistas en defensa de los derechos humanos y los partidos de la oposición italiana han exigido respuestas urgentes sobre la muerte, el domingo, de Abderrahim Fakir, de 42 años, que vivía en Italia desde que tenía cinco años y regentaba una pequeña empresa de mudanzas y limpieza.

Un vídeo difundido ampliamente en los medios italianos muestra a Fakir, quien, según se informa, padecía problemas cardíacos y asma, gritando repetidamente “aiuto, aiuto, basta (ayuda, ayuda, basta)” mientras dos agentes se sientan sobre él y los paramédicos observan la escena.

Según muestra el vídeo, después de que dejara de moverse, se ve a los agentes atándole los tobillos y, solo más tarde, comprobando sus signos vitales junto con los paramédicos. La fiscalía ha abierto una investigación y ha solicitado las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes.

“Si alguien está agitado, hay que calmarlo”

“No se puede morir así”, ha dicho la hermana de Fakir, Khadija, al periódico Corriere della Sera. “La policía tiene que protegernos. Si alguien está agitado, hay que calmarlo… no matarlo como a un perro”.

Los medios de comunicación italianos informan de que la policía acudió al lugar de los hechos, en el barrio nororiental de Pilastro, poco después del mediodía del domingo, tras recibir una llamada de vecinos preocupados por el comportamiento errático y agresivo de Fakir.

Según se ha informado, los agentes llamaron a los servicios de emergencia poco después de llegar e intentaron calmar a Fakir antes de utilizar espray de pimienta y sujetarlo mientras intentaban esposarlo. Explicaron al personal de la ambulancia que estaba “sufriendo un episodio psiquiátrico”.

Durante las protestas de la noche del lunes, se lanzaron petardos cerca de los edificios policiales y la policía reaccionó utilizando gas lacrimógeno y cañones de agua. Un grupo de manifestantes también se sentó en una plaza sosteniendo una fotografía de Fakir, según informa la agencia de noticias Ansa.

Comparaciones con el asesinato de George Floyd

En Italia, el caso se ha comparado con el asesinato de George Floyd en Estados Unidos hace seis años, y también ha suscitado comparaciones con las tácticas empleadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) bajo el mandato de Donald Trump.

El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, ha declarado a la televisión pública: “Quien haga comentarios insultantes contra la policía demuestra que no confía en nuestras fuerzas del orden ni en nuestro sistema judicial [y] debería informarse de lo que ocurrió”. Tommaso Foti, ministro de Asuntos Europeos, también ha afirmado: “Los cánticos de 'policía asesina' y 'todo el mundo os odia que se escucharon durante una manifestación en Bolonia… son vergonzosos”.

El vice primer ministro de extrema derecha, Matteo Salvini, también ha defendido a la policía, mientras que Galeazzo Bignami, jefe del partido Fratelli d'italia de la primera ministra Giorgia Meloni en la Cámara Baja del Parlamento, ha elogiado la “conducta profesional” de los agentes.

Ilaria Cucchi, una senadora cuyo hermano murió bajo custodia en 2009, ha declarado a la Agencia France-Presse que le repugna la “solidaridad y el agradecimiento” expresados hacia la policía tras un “acto tan inhumano”.

Cucchi, miembro del partido de la oposición Alianza de los Verdes y la Izquierda (AVS), critica a Meloni y a su Gobierno de coalición, afirmando que sus “políticas impregnadas de odio y racismo” han fomentado un clima de violencia.

Francesco Boccia, líder del Partido Democrático (PD), de centroizquierda, en el Senado, ha declarado al diario La Repubblica: “Si la derecha quiere importar el modelo del ICE, este no es el país adecuado para ello. Tenemos anticuerpos democráticos”.

Barbara Spinelli, abogada, ha explicado a la agencia Ansa que conoció a Fakir el año pasado, cuando este solicitó la renovación de su permiso de residencia. Según ella, era “una persona muy amable, educada y respetuosa” que se encontraba en Italia de forma legal, pero que temía ser expulsado.

“Le dije: 'Estamos en Italia, un país democrático. Aquí la policía respeta las normas”, explicó. “No sé cómo voy a poder volver a decirle a alguien que no tiene por qué tener miedo”.

El Gobierno de Giorgia Meloni logró aprobar este jueves en la Cámara de Diputados de Italia su polémica reforma de ley electoral, tras varias jornadas de ajetreadas sesiones plenarias en las que el pasado martes la primera ministra ultraderechista vio cómo una enmienda propuesta por su partido para modificar un punto clave de la norma era rechazada por sorpresa en votación, sin recibir el apoyo del total de diputados de su coalición. Esto mostró las grietas en el Ejecutivo de Meloni y la creciente debilidad de la mandataria, mientras la oposición de centroizquierda asegura que su mayoría se ha desmoronado y pide su dimisión y la convocatoria de elecciones.

En la votación final, la reforma electoral ha sido aprobada por 217 votos a favor, 152 en contra y dos abstenciones, tras un debate final donde los partidos opositores reiteraron su rechazo a la propuesta. Tras su aprobación en el Parlamento, la medida pasará a votación en el Senado, donde se requiere que una mayoría lo ratifique para su aprobación final, mientras Meloni acelera el proceso para lograr su validación antes del receso vacacional de agosto. Es probable que la medida se debata y vote a la vuelta del mismo en septiembre, en el Senado, lo que también dependerá del ritmo de tramitación de los partidos de la coalición en la Cámara Alta, indican varias fuentes parlamentarias consultadas por elDiario.es.

Entre los elementos más polémicos de la reforma, conocida popularmente como Melonellum, se prevé que la coalición de partidos que supere el 42% de votos en los comicios obtenga un premio en forma de escaños extra, con una bonificación de 70 parlamentarios en la Cámara de Diputados y 35 en el Senado, lo que, según Meloni, ayudará a reforzar la gobernanza y la estabilidad en un país marcado por la volatilidad política.

Sin embargo, opositores y analistas consideran que la medida responde al interés propio de la primera ministra, y la ven diseñada como una vía para favorecer su continuidad en el poder, en un contexto en que el escenario electoral parece ser cada vez más inminente, con los comicios generales previstos para 2027.

“Es una ley electoral pésima, fruto del miedo de Meloni de no ganar las elecciones, ajustada a medida con el intento de remodelar el sistema electoral, como hace Trump en EEUU”, dice Laura Boldrini, parlamentaria del centroizquierdista Partido Demócrata (PD) y expresidenta de la Cámara de Diputados, en declaraciones a elDiario.es tras la votación.

Las quejas de la oposición se ha hecho sentir entre todas las fuerzas existentes. “Esta ley está hecha para dar aún más poder al líder, es una estafa. Los italianos dejan de tener opción de elegir a sus representantes”, aseguró en el debate previo a la votación el ex primer ministro Giuseppe Conti, líder del partido opositor Movimiento Cinco Estrellas. “Confeccionáis una ley electoral vergonzosa, con la que queréis otorgaros el poder de la mayoría”, agregó Conte, que tachó la medida de “antidemocrática”.

En la misma línea se expresó Riccardo Magi, diputado del partido progresista +Europa y una de las voces más activas estos últimos meses contra la reforma. “Esta ley constituye un golpe de Estado electoral, un acto en que una mayoría, usando formas de legalidad ordinaria, altera en su propio beneficio las condiciones con las cuales podría ser echada del poder”, ha dicho el diputado, que alerta de la deriva “iliberal” que esto implica.

Grietas entre la coalición

Este jueves, el Gobierno cerró filas en torno a la reforma, pero el martes dio muestras de debilidad y división en una votación secreta sobre una enmienda impulsada por Fratelli d’Italia –el partido liderado por Meloni– para reintroducir un cambio clave en la reforma. En este, la fuerza de la primera ministra buscaba reinsertar en la reforma electoral un modelo de voto de preferencia para que los ciudadanos escojan a candidatos en puestos superiores de las listas, pero la propuesta fue tumbada por sólo un voto en una votación secreta donde se estima que al menos 30 diputados miembros de la coalición de Meloni no apoyaron la medida.

“Pedimos una votación abierta y que todos se pudieran identificar, pero la oposición exigió voto secreto. El resultado muestra que la izquierda y la oposición votaron unánimamente en contra, pero incluso dentro de la mayoría faltaron varios votos, lo que invita a la reflexión. La enmienda fue rechazada por un solo voto, una oportunidad perdida para los italianos, pero valió la pena intentarlo”, lamentó Meloni en sus redes sociales.

Este episodio se consideró como un duro revés parlamentario para la jefa de Gobierno, que, según analistas y opositores, mostró cómo la primera ministra no logró controlar ni convencer a sus propios socios, pese a que antes logró un acuerdo con sus aliados, los partidos Forza Italia y Lega con los que comparte el poder. “¿Quién traicionó a Meloni en la votación secreta del martes? Al menos 40 diputados”, ha exclamado con sarcasmo este jueves Elly Schlein, líder del PD, la principal formación opositora, que asegura que Meloni busca blindar la reforma para seguir en el poder con una norma “con muchos elementos inconstitucionales”.

“Perdió usted, señora Meloni, al forzar una ley electoral a pocos meses de ir a elecciones”, agrega Schlein, que ha acusado a la primera ministra de buscar imponerse para lograr más tarde el control sobre la presidencia. De hecho, para diputados como Boldrini, la división que la reforma creó en el sí de la coalición “abrió una grieta” entre sus partidos, lo que hace que ahora “estén mucho más nerviosos” ante el próximo paso en el Senado.

Estos días, según medios locales, uno de los colaboradores más estrechos de Meloni, el diputado Giovanni Donzelli de Fratelli d’Italia, instó a seguir con la tramitación de la reforma pese a las desavenencias, y apeló a hacer cambios o enmiendas ya cuando la medida se delibere en la Cámara Alta, pese a que pueda prolongar aún más los plazos para su aprobación definitiva. Aun así, esto muestra cómo los consensos de los que el Ejecutivo de Meloni hizo gala estos años se están ahora resquebrajando progresivamente, a medida que las distintas fuerzas de gobierno tienen prioridades o intereses diversos de cara a próximos comicios.

Boldrini cree que hay “opciones de que esta ley finalmente no salga adelante por la falta de unidad dentro de la coalición gubernamental”, algo que se tendrá que ver en un futuro próximo en el Senado.

Un año marcado por fracasos

Tras varios fracasos este 2026, como la derrota en un referéndum clave para reformar la Justicia que marcó su mayor fracaso de la legislatura, Meloni defiende modificar la legislación electoral para garantizar la gobernabilidad. Aun así, para muchos expertos, otra de sus intenciones es asegurarse una mayoría fuerte en caso de victoria para tener ventaja ante la elección del presidente de la República en 2029. Estos meses se especula que Meloni y sus aliados buscan colocar a un futuro jefe de Estado de ideología derechista que les sea más cercano para controlar una institución históricamente asociada al centroizquierda.

En un país donde los cambios de ley electoral son comunes –hubo cuatro desde 1993–, Meloni alega ahora que su propuesta dará más estabilidad tras años de volatilidad política, varios gobiernos con líderes de perfil técnico y recurrentes caídas de ejecutivos antes del fin de su mandato, aunque la coalición que lidera batirá récords en septiembre por ser la más longeva desde que se fundó la República en 1946. La ley también elimina los distritos uninominales, en los que los votantes eligen a candidatos por áreas geográficas, para pasar a elegir solo a listas cerradas previamente, a partir de un sistema proporcional con premio de mayoría.

A su vez, el nuevo modelo incentiva la creación de grandes bloques contendientes según alianzas previas. Estas también tendrán que acordar antes de los comicios quien será la persona candidata a primer ministro. Esto, según medios y analistas, puede jugar a favor de Meloni, que desde hace años lidera un partido y un Ejecutivo muy centrados en su figura, mientras la oposición no tiene todavía a un líder de referencia claro.

Boldrini cree que con esta ley se busca que el primer ministro sea elegido “directamente por el pueblo”, y “anula atribuciones al presidente de la República”. Este, en calidad de jefe de Estado, tiene el poder formal de designar en base a su elección a un candidato a primer ministro para que forme gobierno, pero, con la nueva reforma, “será muy difícil que el presidente pueda elegir a una persona distinta” de la que aparece al frente de las listas electorales ya cerradas previamente, alerta la diputada, que apela a seguir oponiéndose a la reforma, ya que cree que los italianos se han dado cuenta de que esta ley “es una estafa” contraria a su propio interés.

Este martes, antes de la votación, Donzelli rechazó las críticas de la oposición en su discurso como diputado de Fratelli d’Italia, remarcó que la propuesta no pretende dar ventajas electorales al partido de Meloni ni afianzarla en el poder, y defendió que la reforma hará de Italia un país “más estable” a nivel político. En los últimos días, una única cuestión en que partidos gubernamentales y oposición se pusieron de acuerdo fue la aprobación de una enmienda que permitirá a la ciudadanía de votar fuera de sus ciudades de residencia, una novedad en el marco de un sistema electoral que hasta hoy no daba esta posibilidad.

Tras la votación de este jueves, el ministro de Relaciones Parlamentarias, Luca Ciriani, ha asegurado que se ha dado el paso “más importante”, y dice esperar que el proceso para su aprobación final en el Senado “sea ágil”.

Mientras los comicios previstos para 2027 se acercan y el ambiente de precampaña se hace patente en Italia, la ultraderechista Giorgia Meloni acelera estos días el proceso para aprobar una nueva ley electoral que muchos opositores y analistas ven diseñada para favorecer su continuidad en el poder. Algunos críticos también la perciben como un paso que pondría en peligro los equilibrios de la democracia parlamentaria surgida tras el fin del fascismo, así como una vía para afianzar una mayoría con la que asegurar la futura elección de un presidente derechista.

El plan —bautizado popularmente como Melonellum— prevé que la coalición de partidos que supere el 42% de votos obtenga un premio en forma de escaños extra. Esto supondría una bonificación de 70 parlamentarios en la Cámara de Diputados y 35 en el Senado, lo que daría a la lista más votada una mayoría holgada para gobernar sin grandes tropiezos. Todo ello cambiaría la correlación de fuerzas del sistema bicameral del país, compuesto por 400 miembros en la Cámara Baja y 200 en la Cámara Alta. También dejaría atrás la actual ley electoral, llamada Rosatellum y aprobada en 2017, con un modelo más orientado a reforzar el bipartidismo.

“Esta ley supone un grave paso atrás para la democracia. Los ciudadanos renunciarán a toda libertad y poder al emitir su voto. Se transforma una minoría parlamentaria en mayoría, con una bonificación que distorsiona la representación y hace que el voto sea desigual”, denuncia a elDiario.es Riccardo Magi, diputado opositor y líder del partido progresista +Europa. La formación inició una campaña de recogida de firmas para oponerse a la medida, que ve contraria a la Carta Magna. “La Constitución dice que los votos de la ciudadanía deben ser libres, iguales y democráticos, pero con este sistema ya no lo serán”, argumenta.

Un voto con valor doble

Según alerta, “el voto de un votante de la coalición beneficiada por el premio de mayoría valdrá el doble que el de uno que vote por fuerzas minoritarias”, un modelo “inexistente en otras democracias europeas”. La ley también elimina los distritos uninominales, en los que los votantes eligen a candidatos por áreas geográficas, para pasar a elegir solo a listas ya cerradas previamente, a partir de un sistema proporcional con premio de mayoría.

A su vez, el nuevo modelo incentiva la creación de grandes bloques contendientes según alianzas previas. Estas también tendrán que acordar antes de los comicios quien será la persona candidata a primer ministro. Esto, según algunos medios y analistas, puede jugar a favor de Meloni, que desde hace años lidera un partido y un Ejecutivo muy centrados en su figura, mientras la oposición no tiene todavía a un líder de referencia claro.

“Meloni busca un sistema electoral más simple y decisivo que el actual, que evite empate o un escenario sin vencedor claro”, explica a elDiario.es el politólogo Roberto D’Alimonte, de la Universidad LUISS de Roma, que ve con buenos ojos este modelo, aunque lamenta que no se pueda celebrar segunda vuelta si los resultados entre los dos grandes contendientes son ajustados. “En este sistema, quien obtiene un voto más gana”, dice.

Mayoría fuerte para elegir al futuro presidente

Tras varios reveses este 2026, como la derrota en un referéndum clave para reformar la Justicia que marcó su mayor fracaso de la legislatura, la primera ministra defiende que le urge modificar la legislación electoral para garantizar la gobernabilidad. Sin embargo, para muchos expertos, otra de sus intenciones es asegurarse una mayoría fuerte en caso de victoria para tener ventaja ante la elección del presidente de la República en 2029. Estos meses se especula que Meloni y sus aliados buscan colocar a un futuro jefe de Estado de ideología derechista que les sea más cercano para controlar una institución históricamente asociada al centroizquierda.

Según D’Alimonte, “si Meloni gana y su coalición obtiene mayoría absoluta de escaños, estará en posición de elegir al próximo presidente de la República”, que en Italia es el equivalente al jefe de Estado, un cargo que hoy ocupa el octagenario Sergio Mattarella, de raíces democristianas, que dejará la presidencia en 2029.

Esta ley supone un grave paso atrás para la democracia. Los ciudadanos renunciarán a toda libertad y poder al emitir su voto. Se transforma una minoría parlamentaria en mayoría, con una bonificación que distorsiona la representación y hace que el voto sea desigual

Riccardo Magi — Diputado opositor y líder del partido progresista +Europa

Tras ello, se activará la elección de un nuevo candidato en las cámaras Baja y Alta. Se necesitan dos tercios de sus miembros a favor para validarlo, o la mayoría absoluta si en tres rondas previas no se logra una elección. En este caso, Meloni podría tener mayor capacidad de situar a su perfil idóneo para un puesto al frente de una institución clave como la Jefatura de Estado, lo que sería un hito de “prestigio” para la derecha.

Para la primera ministra, “es importante” tener en el cargo a alguien “que le sea amigo”, ya que “el presidente tiene muchos poderes, entre ellos el de designar al primer ministro, disolver el Parlamento o rechazar leyes”, destaca a elDiario.es Gianfranco Pasquino, politólogo y profesor emérito de la Universidad de Bolonia. De hecho, medios y analistas han planteado que la propia Meloni podría postularse para el cargo. En una reciente entrevista, la primera ministra aseguró que era hora de “romper el tabú” y abrir las puertas a que Italia tenga un futuro jefe de Estado “que no sea de centroizquierda”.

Meloni promete estabilidad

En un país donde los cambios de ley electoral son comunes —ha habido cuatro desde 1993—, Meloni alega ahora que su propuesta dará más estabilidad tras años de volatilidad política, varios gobiernos con líderes de perfil técnico y recurrentes caídas de ejecutivos antes del fin de su mandato, aunque la coalición que lidera batirá récords en septiembre por ser la más longeva desde que se fundó la República en 1946.

Según Pasquino, la propuesta de la mandataria es “errónea” y se basa en un “cálculo electoralista”. Con el actual Rosatellum, los partidos de coalición de Meloni “creen que no ganarían los comicios, por lo que introducen una ley nueva con premio de mayoría” que les dé más posibilidades de vencer.

si Meloni gana y su coalición obtiene mayoría absoluta de escaños, estará en posición de elegir al próximo presidente de la República”

Roberto D’Alimonte — Politólogo de la Universidad LUISS de Roma

“La bonificación para la mayoría anula la noción de representación política”, lamenta Pasquino, quien asegura que la idea de Meloni de asegurar la gobernabilidad a través de esta reforma “es del todo equivocada”. Para el experto, “las leyes electorales de todo el mundo [fijan cómo se] eligen los parlamentos, pero ellos quieren elegir al Gobierno”. “La estabilidad no se logra con reglas electorales, sino que depende sobre todo de la capacidad de las coaliciones para mantenerse unidas y de sus líderes”, concluye el académico.

Una ley con efecto 'boomerang' para Meloni

De hecho, según señalan el mismo profesor y otros expertos, la estrategia atribuida a Meloni podría resultarle contraproducente, ya que los sondeos indican que su bloque de derecha y ultraderecha podría perder los comicios ante una potencial coalición opositora centroizquierdista, dando a la última el premio de la mayoría.

Según encuestas recientes, si los partidos progresistas concurren juntos en el llamado Campo Largo, obtendrían casi un 44% de votos, por delante del 42,2% que recabarían Fratelli d’Italia —partido de Meloni— junto a sus socios de la Lega —liderada por Matteo Salvini— y Forza Italia, formación del difunto Silvio Berlusconi. Para algunos analistas, cuando Meloni planteó inicialmente la reforma no contemplaba aún la irrupción del ultra Roberto Vannacci, quien se escindió de la Lega para crear este febrero Futuro Nacional, una nueva fuerza que presiona al gobierno desde la derecha más extrema y sobre la que aún no queda claro si podría pactar con la dirigente.

Según Magi, “Meloni y sus aliados probablemente cometieron un error al pensar en una ley a su medida, ya que se equivocaron en los cálculos, porque entre medias surgió Vannacci, que hace saltar todas las previsiones”. Por ahora, las fuerzas de oposición cierran filas contra la reforma, aunque ahora buena parte de las fuerzas están más bien focalizadas en crear vías para formar una coalición conjunta y evitar la división que les llevó a presentarse por separado en los comicios de 2022, cuando salieron perjudicadas y perdieron claramente ante la derecha.

La reforma “no favorece a nadie, favorece a los italianos”, declaró en junio Meloni, rechazando las acusaciones de quienes aseguran que fomenta este modelo por interés. “Si buscas crear una ley que te permita ganar, pierdes automáticamente”, añadió. Ahora sigue tramitando la propuesta en la Cámara de Diputados para someterla a votación este mes y que después se vote en el Senado. Su meta es que la norma se apruebe antes del receso de agosto o tras el regreso de las vacaciones. Las elecciones están previstas para otoño de 2027, aunque varias fuentes han indicado estas semanas a la prensa que podrían anticiparse a la próxima primavera.

“La ley electoral ya fue aprobada en comisión, y el 14 de julio se inicia su votación” en la Cámara de Diputados, cuenta Magi sobre la tramitación de la propuesta. Según denuncia, la coalición de Meloni “adoptó un proceso acelerado” que limita las intervenciones de la oposición o su capacidad para presentar enmiendas. “Nosotros, como fuerzas opositoras, haremos todo lo posible para retrasar o bloquear esta legislación basura”, concluye.

Si Giorgia Meloni pensaba que podía dejar atrás su disputa de abril con Donald Trump por las críticas del Papa a la guerra de EEUU contra Irán, no había contado con la capacidad del presidente estadounidense para guardar rencor.

Trump reavivó recientemente las tensiones al declarar a un periodista de televisión italiano que la primera ministra italiana le había “suplicado” que se hicieran una foto en la reciente cumbre del G7 celebrada en Francia. El periódico El País sugirió que Trump se había molestado por un vídeo grabado en esa misma reunión, en el que se veía a Meloni como si le estuviera regañando.

En cualquier caso, el presidente de EEUU reafirmó su versión en una publicación en Truth Social, añadiendo que Meloni quería la foto para impulsar sus índices de popularidad en descenso, algo que él achacó a su falta de apoyo a EEUU en la guerra contra Irán.

La línea de ataque de Trump no es nada sorprendente, pero sí lo es la contundente respuesta de Meloni. En un vídeo publicado en las redes sociales, afirmó que la afirmación de Trump sobre la foto era “una invención”. Expresó su perplejidad ante el hecho de que, al parecer, el presidente de EEUU tratara a sus aliados peor que a sus adversarios. Fusionando el orgullo personal y el nacional en una sola réplica, concluyó: “Yo no suplico, ni tampoco Italia”.

¿Una ruptura real?

En una publicación posterior en Instagram, insistió en que su supuesta caída en las encuestas no tenía nada que ver con EEUU, aunque, en una pullita mordaz, añadió que ser amiga de Trump no ayudaba. Mientras tanto, Antonio Tajani, ministro de Asuntos Exteriores de Meloni, canceló sus planes de asistir a un foro empresarial italo-estadounidense en Miami.

Es difícil saber si esta ruptura es real o solo una puesta en escena. A ojos de Trump, el pecado de Meloni parece ser uno de lesa majestad; concretamente, no mostrar la debida deferencia de una subordinada hacia su jefe. Para Meloni, el enfrentamiento es una cuestión de fondo, a saber, la incapacidad de Trump para apreciar el valor de la alianza occidental.

Puede que Meloni esté genuinamente preocupada por la política europea de Trump, pero la raíz de la ruptura no radica tanto en la estrategia geopolítica como en la estrategia electoral a nivel nacional

Sin embargo, la hostilidad de Trump hacia Europa no es precisamente una novedad. De hecho, en todas las ocasiones anteriores en las que Trump ha abierto un nuevo frente —desde los aranceles hasta el cuasiabandono de Ucrania, pasando por las amenazas contra Groenlandia—, Meloni ha destacado por su silencio. Incluso en el caso de Irán, aparentemente la causa inmediata del descontento de Trump, Meloni tardó semanas en pasar de una postura de “ni apoyo ni condena” a distanciar a Italia más claramente de la guerra. Incluso ahora, el Gobierno italiano está colaborando con la Administración estadounidense para limar asperezas: Tajani ha confirmado su asistencia a la celebración del 250.º aniversario de la independencia estadounidense, que tendrá lugar el jueves en la residencia del embajador de EEUU en Roma, quien también ha pronunciado palabras conciliadoras. Se espera que la relación no sufra más daños. Lo que parece claro es que el vínculo personal entre Trump y Meloni está prácticamente roto. Pero eso no supone necesariamente una pérdida neta para la primera ministra italiana.

Ventajas electorales

Puede que Meloni esté genuinamente preocupada por la política europea de Trump, pero la raíz de la ruptura no radica tanto en la estrategia geopolítica como en la estrategia electoral a nivel nacional.

Aunque los exagera, Trump no se equivoca cuando habla de los problemas de popularidad de Meloni. En un referéndum celebrado en marzo, los votantes rechazaron rotundamente un paquete de reformas judiciales que ella defendía. A pesar de las diferencias persistentes entre las principales fuerzas de la oposición italiana, el Partido Democrático (PD), de centroizquierda, y el Movimiento Cinco Estrellas (M5S), de carácter anti-establishment, ambas están decididas a forjar una alianza de cara a las próximas elecciones generales, previstas a más tardar para 2027. Y Futuro Nacional, una fuerza de reciente creación liderada por Roberto Vannacci —un antiguo general convertido en un demagogo radical de extrema derecha—, ha ganado apoyo a costa de la coalición de gobierno tripartita de Meloni. Según las encuestas, la coalición se encamina hacia la derrota en las elecciones.

Pero enfrentarse públicamente a Trump, que es profundamente impopular en Italia, conlleva ventajas electorales. A su izquierda, priva a la oposición de una importante línea de ataque sobre la anterior cercanía de Meloni a Trump. A su derecha, obliga a Futuro Nacional a adentrarse en un terreno que Meloni ahora aspira a dominar: una narrativa nacionalista conservadora arraigada en tópicos sobre la civilización occidental que también rechaza la sumisión a EEUU.

Resulta más difícil reivindicar la coherencia ideológica tras dar un giro de 180 grados respecto a lo que antes se presentaba como la sabiduría estratégica de la cercanía política a Trump

Además, espera reforzar su posición dentro de la derecha europea. Distanciarse de Trump favorece el objetivo de Meloni de trazar una diferencia clara entre ella y figuras marginadas como uno de sus antiguos aliados, el pro-Trump Viktor Orbán. Prefiere alinearse ahora con la Agrupación Nacional francesa, cuyo candidato presidencial, Jordan Bardella, podría convertirse en el líder nacionalista más destacado de Europa si gana las elecciones presidenciales del año que viene.

La solidaridad mostrada hacia Meloni en todo el espectro político italiano (incluido Vannacci) y por parte de los líderes europeos ante los intentos de Trump de humillarla confirma la acertada intuición política de esta. Que esa intuición sea suficiente para que consiga la reelección es otra cuestión. Consciente de ello, Meloni está impulsando cambios en la ley electoral que otorgarían escaños adicionales a la coalición ganadora, obligarían a los partidos que aún no tienen representación en el Parlamento —como el de Vannacci— a recabar 500.000 firmas y obligarían a las coaliciones a nombrar por adelantado a su candidato a la presidencia del Gobierno. De un solo golpe, Meloni abriría una brecha entre los partidos de la oposición, ya que tanto la líder del PD como el del M5S, Elly Schlein y Giuseppe Conte, desean la presidencia del Gobierno, y así excluiría a Vannacci o le obligaría a unirse a su coalición en sus propios términos.

La reforma electoral, que la oposición ha denunciado como una toma de poder semiautoritaria, se está debatiendo en el Parlamento. Su aprobación marcará el inicio oficioso de la campaña electoral. A falta de grandes éxitos políticos o logros legislativos, Meloni insistirá con confianza en que se ha mantenido fiel a sus principios conservadores, al tiempo que garantiza la estabilidad política. Sin embargo, resulta más difícil reivindicar la coherencia ideológica tras dar un giro de 180 grados respecto a lo que antes se presentaba como la sabiduría estratégica de la cercanía política a Trump. Y cuando se busca la estabilidad mediante cambios de última hora en las normas electorales, la confianza empieza a parecer más una actuación que una convicción. A Meloni solo le queda esperar que a los votantes no les importe la diferencia.

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Riccardo Alcaro es director de investigación del IAI (Istituto Affari Internazionali) de Roma.

“Eso no lo publiques tal cual”, repite con una sonrisa. Pablo Beramendi pide disculpas por el lenguaje coloquial del que tira a ratos para dar oxígeno a la profundidad académica. Como buen profesor, tiene la capacidad de ser claro sin resultar simplista. Este docente de Ciencia Política en la Duke University habla de la situación en Estados Unidos bajo la administración Trump sin concesiones –“Es la expresión política de procesos que llevan décadas desarrollándose”– y sin catastrofismo. De visita en España para la inauguración del instituto de investigación Juan Linz en la Universidad Carlos III de Madrid, Beramendi rechaza en esta conversación la idea de una crisis global de la democracia, pero pone el acento en los problemas que la erosionan: pérdida de confianza institucional, dificultad para gestionar desigualdades, polarización...

En el análisis se mezclan algunos de los elementos sobre los que Beramendi lleva años investigando: cómo influyen en los comportamientos y elecciones políticas los aspectos económicos, culturales, territoriales o de identidad. Y advierte: “La democracia necesita una sociedad integrada, con cierta igualdad y con la sensación de que las instituciones representan algo. La gran pregunta es si nuestras sociedades tienen la capacidad política de hacer esas reformas”.

¿La democracia tal y como la conocemos está en crisis?

No sé si podemos hablar exactamente de una crisis de la democracia. En los países más avanzados económicamente, la posibilidad de que colapse la democracia entendida de una manera muy minimalista —como un sistema donde los partidos pierden elecciones— no parece probable. Pero eso no quiere decir que las democracias no estén cambiando ni que no tengan problemas. 

¿Puede que nuestros países sigan siendo plenamente democráticos en términos electorales, pero que lo sean cada vez menos en términos de representación?

La teoría de la democracia dice que hay una serie de personas con preferencias distintas que se organizan, se presentan a elecciones, mandan delegados a unas instituciones y esos delegados representan sus intereses, que después se traducen en políticas públicas. Pero ese vínculo con grupos sociales o partidos ha dejado de funcionar, porque las organizaciones de intermediación y la gestión de la información están obsoletas. La gente ya no se informa a través de revistas de partidos, seminarios o reuniones, sino en TikTok, Instagram, Truth Social…

Eso debilita a organizaciones tradicionales como partidos políticos o sindicatos vinculados a una clase social.

Durante mucho tiempo, los partidos y sindicatos eran mecanismos que organizaban intereses colectivos. No solamente representaban una ideología: también construían comunidades, generaban vínculos y daban una estructura para interpretar la realidad. Cuando esas organizaciones pierden fuerza, el vínculo entre los ciudadanos y la política cambia. Los partidos pasan a depender más de líderes individuales y de su capacidad de comunicación, favoreciendo liderazgos personalistas.

¿Esa vía directa con los líderes genera un desapego hacia las instituciones democráticas?

El desapego tiene que ver en parte con esto, pero también con otra cuestión más importante: muchos sectores sociales perciben que los sistemas políticos son incapaces de atender sus demandas. Tienen expectativas muy altas sobre lo que esperan del Estado y sienten que el Estado no llega.

La llamada España vaciada es algo que aparece en muchos países que se han desarrollado tarde: hay una gran diferencia entre los polos de innovación, donde van los jóvenes a estudiar y trabajar, y el resto del territorio

¿Las expectativas dependen también de dónde vive esa persona?

Los procesos de concentración territorial han dibujado relaciones muy diferentes con las instituciones del Estado. En España, por ejemplo, gran parte de la riqueza, la inversión, la actividad y el dinamismo están concentrados en unos pocos lugares. La llamada España vaciada es algo que aparece en muchos países que se han desarrollado tarde: hay una gran diferencia entre los polos de innovación, donde van los jóvenes a estudiar y trabajar, y el resto del territorio.

Esto genera en mucha gente una sensación de que el Estado no les sirve, aunque en realidad dependan del Estado porque son pensionistas, empleados públicos o realizan actividades vinculadas al sector público.

La concentración territorial lleva a otros problemas. Por ejemplo, el del acceso a la vivienda en zonas fuertemente tensionadas como Barcelona o Madrid.

Esa es la otra cara de la moneda. Las ciudades globales se convierten en centros muy interesantes para las élites del mundo y eso genera procesos de hipervalorización de activos como la vivienda. Y esos jóvenes formados y preparados que protestan porque no pueden acceder a una casa, oscilan entre la abstención, los partidos radicales y, en algunos momentos, posiciones más pragmáticas. 

¿La ultraderecha está capitalizando esa frustración?

Hay una división muy grande entre quienes tienen padres con vivienda y quienes no tienen ese respaldo. Además, las ciudades se están diversificando mucho. La inmigración las transforma en lugares más diversos y menos cerrados, pero también genera resistencia en algunos grupos que sienten que la ciudad les pertenece. Eso provoca una hostilidad que partidos como el PP de Madrid o Vox pueden instrumentalizar muy bien.

Antes, muchas personas podían imaginar que con trabajo estable podían mejorar su posición social. Ahora esa promesa es mucho más difícil de sostener

Muchas veces se compara este momento con los años 30 del siglo XX, ¿la desigualdad actual es distinta de la que conocieron las democracias occidentales después de la Primera Guerra Mundial?

En los años 30, la desigualdad provocó que las posiciones políticas de derecha e izquierda estuvieran muy polarizadas. Eso nos suena, sí. Pero hay una gran diferencia. En muchos países donde la democracia acabó quebrando existía en ese momento una amenaza real desde la izquierda: movimientos cuyo objetivo era acabar con la democracia existente e instalar otro tipo de régimen. Eso generaba incentivos para que los partidos moderados de derecha se acercaran a posiciones autoritarias. Hoy esa amenaza revolucionaria desde la izquierda prácticamente no existe.

Y, sin embargo, hay países como Colombia, por poner un ejemplo reciente, en los que la ultraderecha hace campaña con una supuesta amenaza comunista.

Hoy tenemos una desigualdad que no está basada únicamente en la propiedad de los medios de producción. La economía actual genera una concentración enorme de riqueza en algunos sectores y deja a otros con mucha más inseguridad. Antes, muchas personas podían imaginar que con trabajo estable podían mejorar su posición social. Ahora esa promesa es mucho más difícil de sostener. Y cuando las expectativas de una generación son peores que las de la anterior, aparece una sensación de pérdida.

¿Esa sensación de pérdida es la que alimenta parte del voto populista?

Sí, aunque hay que tener cuidado. No todo el voto populista viene de personas económicamente perjudicadas. Hay una mezcla de factores: económicos, culturales, territoriales y de identidad. Una parte importante tiene que ver con la percepción de que el sistema ya no funciona para ellos. Aunque objetivamente algunas personas sigan estando en una situación relativamente buena, sienten que están perdiendo algo.

Entonces, ¿la cuestión identitaria pesa tanto como la económica?

Sí. De hecho, muchas veces se mezclan. Cuando una persona siente que pierde estatus económico o social, puede interpretar esa pérdida como una amenaza cultural. Por eso vemos discursos donde la inmigración, la identidad nacional o los cambios sociales aparecen como explicaciones sencillas para problemas mucho más complejos.

A veces una elección política consiste en proteger un privilegio pequeño: sentir que perteneces a un grupo que está un poco por encima de otro

La política identitaria funciona porque convierte problemas estructurales en problemas de pertenencia. Es más fácil señalar a un grupo concreto como responsable que analizar procesos económicos mucho más amplios. Esto no es nuevo. La diferencia es que ahora los canales de comunicación hacen que esas explicaciones circulen mucho más rápido.

¿Cómo se teje la relación entre inmigración y ultraderecha?

A veces se piensa que la extrema derecha crece simplemente porque hay más inmigración, pero la relación es mucho más compleja. Hay un fenómeno de competición dentro de los propios grupos sociales. Por ejemplo, algunos inmigrantes que han conseguido una posición económica estable pueden percibir la llegada de nuevos inmigrantes como una amenaza.

¿Eso lleva a algunos inmigrantes a apoyar a políticos con discursos antiinmigración?

En Estados Unidos ocurre, por ejemplo. A primera vista parece contradictorio, pero si miras los incentivos económicos puede tener cierta lógica. Una persona que ha llegado hace un tiempo y ha creado una pequeña empresa puede beneficiarse de que exista mano de obra disponible, pero al mismo tiempo puede temer que una llegada constante de nuevos trabajadores reduzca su capacidad de generar ingresos.

Entonces no sería solamente una cuestión de identidad.

La identidad importa mucho, pero no explica todo. Muchas personas no votan únicamente por lo que ganan o pierden materialmente, sino por la posición que sienten que ocupan en la sociedad. Por ejemplo, en Estados Unidos las relaciones entre comunidades latinas y afroamericanas no siempre son sencillas. Hay competencia por recursos, representación y reconocimiento. A veces una elección política consiste en proteger un privilegio pequeño: sentir que perteneces a un grupo que está un poco por encima de otro.

Usted vive en Estados Unidos, un país que combina varios de los fenómenos que ha estudiado: desigualdad económica, fragmentación territorial, polarización y desconfianza institucional. ¿Hasta qué punto es un caso excepcional o está anticipando tendencias que pueden aparecer en otras democracias?

Estados Unidos tiene características muy específicas, pero al mismo tiempo concentra procesos que aparecen en otros lugares. Es un caso particular porque tiene un presidencialismo fuerte, un sistema electoral determinado y una historia de desigualdad muy profunda. Pero también es un caso que anticipa problemas que estamos viendo en otras democracias: la pérdida de confianza institucional, la dificultad para gestionar desigualdades y la polarización. 

¿La polarización es causa o consecuencia de esa dificultad de gestión de las desigualdades?

La polarización surge de problemas sociales reales, pero al mismo tiempo los intensifica. Cuando la política se organiza en torno a identidades muy fuertes, cualquier negociación empieza a verse como una traición. La gente deja de pensar en términos de políticas concretas y empieza a pensar en términos de 'mi grupo contra el otro'. Eso hace más difícil que las instituciones funcionen. Un político que quiera construir una posición moderada tiene más dificultades para competir en un entorno donde la atención se consigue con mensajes muy emocionales.

¿Cómo puede afrontar Europa esta ola de ultraderecha?

En algunos países la extrema derecha llega al gobierno y modera parte de su comportamiento porque las instituciones generan límites. Italia es un ejemplo interesante. El Gobierno de Meloni no es una ruptura democrática en el sentido clásico. Pero su ideología y algunas de sus políticas tienen consecuencias importantes.

Los sistemas electorales y los sistemas de partidos importan mucho. A diferencia de los sistemas presidencialistas, un sistema parlamentario, donde necesitas formar coaliciones, puede actuar como un elemento de contención frente a movimientos muy radicales. En España, el famoso 'gobierno Frankenstein' que algunos critican es, desde otra perspectiva, una manifestación de parlamentarismo: partidos diferentes obligados a coordinarse. La democracia parlamentaria funciona precisamente así.

¿Cómo se puede saber si una democracia está entrando en un proceso de deterioro?

Ese es un debate muy complicado. Durante mucho tiempo se entendía la democracia de una forma más sencilla: si había elecciones competitivas y los gobiernos podían perder el poder, el sistema funcionaba. Ahora hablamos más de erosión democrática, pero es un concepto difícil de medir. 

¿Hay indicadores concretos?

El primero es la manipulación de los medios de comunicación. No simplemente que un gobierno critique a periodistas o intente influir políticamente, sino que se modifiquen las reglas del sistema para limitar la libertad de prensa, como ha ocurrido en Hungría. Un segundo elemento es el control político de los jueces. Claro que siempre existe una relación entre política y justicia; el problema es cuando los jueces pasan a funcionar como instrumentos del poder político. Esa es una señal grave.

Una cosa es desconfiar de una institución porque no funciona bien, y otra es considerar que cualquier institución que no da la respuesta que uno quiere es ilegítima. Esto rompe la idea básica de la democracia

La manipulación del proceso electoral es otro indicador fundamental. No hablamos simplemente de ganar elecciones con una estrategia política efectiva, sino de cambiar las reglas o impedir que los rivales puedan competir en igualdad de condiciones. Y otro elemento importante es cuando los ciudadanos empiezan a aceptar que una parte de los procedimientos democráticos pueden sacrificarse porque favorecen a su propio grupo político.

Aceptar un recorte de derechos para que ganen 'los míos'.

Los estudios muestran que muchas personas, cuando se enfrentan a escenarios concretos, están dispuestas a aceptar medidas que en abstracto considerarían antidemocráticas si creen que sirven para proteger sus intereses. Ese es uno de los grandes problemas de la polarización. La democracia necesita que existan reglas aceptadas incluso cuando el resultado no nos gusta. 

¿Cómo saber si estamos ante una crisis real?

Cuando varias de estas cosas ocurren al mismo tiempo. Si hay manipulación de medios, control político explícito de jueces, ataques al proceso electoral y una pérdida de derechos básicos, entonces sí estamos ante una crisis democrática. Pero un conflicto político fuerte o una sociedad muy polarizada no significan automáticamente que la democracia vaya a colapsar. Hay que mirar cómo responden las instituciones.

Pero en Estados Unidos o Brasil, la pérdida de confianza en la democracia provocó intentos de golpistas.

Aunque Estados Unidos muchas veces se presenta como una de las democracias más antiguas del mundo, hay que recordar que hasta mediados del siglo XX una parte importante de la población no podía ejercer plenamente sus derechos políticos. Además, sus instituciones fueron diseñadas con una enorme capacidad de las élites para proteger sus intereses. Trump no aparece de la nada. Es la expresión política de procesos que llevan décadas desarrollándose.

El hecho de que ahora algunas fuerzas independentistas tengan menos apoyo no significa que hayan desaparecido las condiciones que hicieron aparecer el conflicto en Catalunya. Un problema territorial no desaparece simplemente porque cambien los resultados electorales

Ahora, bien, una cosa es desconfiar de una institución porque no funciona bien, y otra es considerar que cualquier institución que no da la respuesta que uno quiere es ilegítima. Esto es más peligroso porque rompe la idea básica de la democracia: que puedes perder una elección y seguir participando del sistema. El intento de Trump de no aceptar el resultado electoral fue un momento muy grave porque tocaba un elemento básico: la transferencia pacífica del poder. Pero al mismo tiempo, las instituciones resistieron y el cambio de gobierno se produjo.

¿En España ve alguno de los indicadores de erosión democrática?

España tiene problemas, pero no creo que esté en una situación de colapso democrático. Tiene tensiones importantes, como el problema territorial o la politización de algunas instituciones, pero eso no es lo mismo que una ruptura del sistema.

¿Cree que el debate territorial catalán o vasco puede volver a aparecer con fuerza con un gobierno de PP y Vox?

Es posible. El hecho de que ahora algunas fuerzas independentistas tengan menos apoyo no significa que hayan desaparecido las condiciones que hicieron aparecer ese conflicto. El procés fue el resultado de varios factores: la crisis económica, una falta de solución institucional al encaje territorial y decisiones políticas que aumentaron la frustración. Y la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut tuvo un papel importante porque concentró muchas de esas frustraciones.

La democracia necesita una sociedad integrada, con cierta igualdad y con la sensación de que las instituciones representan algo. La gran pregunta es si nuestras sociedades tienen la capacidad política de hacer esas reformas

Después, el proceso evolucionó con contradicciones internas y con una respuesta institucional y judicial que terminó frenándolo, pero el problema territorial no desaparece simplemente porque cambien los resultados electorales. La política muchas veces parece resolver un problema porque deja de estar en el centro del debate, pero eso no significa que las causas hayan desaparecido.

Para terminar, ¿es optimista sobre la capacidad de las democracias occidentales para recuperarse?

No soy completamente optimista, pero tampoco creo que todo esté perdido. Las grandes crisis democráticas del pasado se resolvieron con transformaciones sociales e institucionales. Hoy el problema principal es que necesitamos reducir desigualdades y reconstruir expectativas para las generaciones jóvenes. La democracia necesita que la gente crea que el sistema puede mejorar sus condiciones de vida. Si las personas sienten que el futuro será peor, la frustración política seguirá creciendo.

La democracia no funciona solo con reglas electorales. Necesita una sociedad integrada, con cierta igualdad y con la sensación de que las instituciones representan algo. La gran pregunta es si nuestras sociedades tienen la capacidad política de hacer esas reformas.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, siempre se ha posicionado a favor de las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero en este caso lo ha hecho dejando como mentirosa a la primera ministra de Italia, Georgia Meloni. Rutte ha declarado este miércoles en una entrevista en el canal Fox News que “500 aviones estadounidenses despegaron desde bases de EEUU en Italia para apoyar ‘Epic Fury’. Esto es enorme”. El Ejecutivo de Meloni siempre ha asegurado que no permitió la utilización de las bases estadounidenses en territorio italiano para la operación de bombardeo de Estados Unidos contra Irán.

Como respuesta a Rutte, el Ministerio de Defensa de Italia ha lanzado un comunicado en el que resalta que “resulta sorprendente que el secretario general de la OTAN, que no tiene nada que ver con la operación ‘Epic Fury’, ofrezca una reconstrucción que transmite un mensaje totalmente falaz al confundir el tipo de vuelos autorizados”.

La polémica llega en un momento de máxima tensión entre los Gobiernos de Estados Unidos e Italia. El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, canceló una visita que tenía previsto hacer a Estados Unidos los días 21 y 22 de junio, tras las “graves y ofensivas palabras del presidente Trump hacia la primera ministra Giorgia Meloni”, que “ofenden a toda Italia”. Trump declaró a un canal de televisión que Meloni le suplicó en la reciente cumbre del G7 que se tomaran una foto juntos, lo que la mandataria italiana calificó como “invento”.

La beligerante posición de Trump contra Meloni se empezó a fraguar el pasado abril, cuando el presidente de EEUU apuntó que “ella es inaceptable”, en referencia a la política italiana, achacándole la falta de respaldo de su Gobierno a la ofensiva lanzada contra Teherán el pasado 28 de febrero. Hasta entonces, Meloni era una de las principales aliadas de Trump en Europa, pese a choques por las críticas de Trump al Papa o la política arancelaria de EEUU contra productos europeos.

La nueva andanada de Rutte llega cuando el Gobierno italiano estaba intentando rebajar la tensión con la Administración Trump. Tajani había resaltado este miércoles que la disputa “no se trata de una ruptura definitiva; eso sería un error para todos. La alianza de Italia con Estados Unidos no solo es sostenible, sino indispensable”, mientras que Meloni había apuntado: “No tengo intención de avivar las llamas de esta confrontación. Nuestro trabajo bilateral con Estados Unidos debe volver a la normalidad”.

El secretario general de la OTAN hizo las declaraciones contra Meloni un día antes de su encuentro con Trump en la Casa Blanca, en un momento en el que el presidente de EEUU sigue una política de abandono progresivo de la defensa convencional de Europa. Rutte respondía a un periodista de Fox News que “entendía la decepción” de Trump ante la falta de apoyo de los países europeos a Estados Unidos en la Guerra de Irán, pero que “frente a algunos casos aislados, hay otras cosas que decir. País tras país, aliado tras aliado han puesto sus bases a disposición de ‘Epic Fury’. Estamos hablando de miles de vuelos, entre 4.000 y 5.000 aviones habrían despegado desde bases europeas para participar en ‘Epic Fury’”. España fue uno de los países que se negó a que las bases estadounidenses en territorio español se utilizarán para bombardear Irán.

Tormenta política en Italia

Ante la tormenta política que se está desatando en Italia, el Ministerio de Defensa ha insistido en que “habría bastado con un análisis más detallado de la fuente para obtener una visión real de lo que ha ocurrido (y ocurre cada día): Italia autoriza exclusivamente los vuelos previstos en los tratados y que excluyen totalmente las actividades cinéticas (fuerza o ataque). En las ocasiones en que se ha planteado una solicitud que excedía este ámbito, como es sabido, Italia no ha concedido la autorización”.

Aunque los partidos de la oposición en Italia se han posicionado junto a Meloni ante los ataques de Trump, las palabras de Rutte han provocado que pidan la comparecencia de la primera ministra de Italia para dar explicaciones, ya que Meloni declaró el pasado marzo en el Parlamento italiano que “no había apoyado ni participado” en la operación militar contra Irán.

“Giorgia Meloni nos aseguró que Italia no se involucraría, pero hemos sabido que al menos 500 aviones estadounidenses despegaron desde territorio italiano, confirmando las preocupaciones que expresamos en el Parlamento”, dijo Giuseppe Provenzano, responsable de asuntos exteriores del Partido Democrático, según publica Financial Times. Mientras que Angelo Bonelli, líder de Alianza Verde e Izquierda, declaró que “el gobierno italiano mintió al Parlamento en su momento, ocultando 500 vuelos estadounidenses. El hecho es que Italia participó en la guerra contra Irán, una guerra loca… la gravedad de este asunto no tiene precedentes”.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha vuelto a responder este sábado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump: “Mi popularidad no es asunto tuyo, sugiero que te centres en la tuya”, después de que el mandatario hubiera de nuevo cargado contra ella diciendo que su “popularidad está por los suelos”.

“Estos ataques constantes e injustificados son absurdos. En cuanto a mi popularidad, ser tu amiga no me ha ayudado en absoluto, ni depende de mi relación contigo. Mi popularidad depende de mi capacidad para defender el interés nacional de Italia, y eso es precisamente lo que siempre he hecho”, ha escrito Meloni en un post en inglés en Instagram.

Y ha añadido: “Eso mismo hice con respecto a las bases militares estadounidenses en Italia. Su uso se rige por acuerdos que siempre hemos respetado y que no pueden violarse mientras yo sea primera ministra. Italia sigue siendo una nación soberana”.

“En cualquier caso, mi popularidad no es asunto tuyo. Sugiero que te centres en la tuya”, ha cerrado.

En otro post posterior, ya en italiano, asegura que no volverá sobre el tema “porque sigo creyendo en la unidad de Occidente y no creo que esto sea un espectáculo a la altura de nuestra tarea”.

Trump había vuelto a hablar de Meloni e insistió en que esta “pidió una y otra vez hacerse una foto” con él durante la Cumbre del G7 en Francia, situación que la primera ministra negó el viernes y manifestó que estaba “atónita” por estas afirmaciones “inventadas”.

“Su popularidad en Italia está por los suelos, posiblemente porque le dio la espalda a Estados Unidos —un país que realmente ama y protege a Italia— al negarse a impedir que Irán obtuviera o desarrollara un arma nuclear (¡aunque la OTAN hizo lo mismo, dicho sea de paso!)”, publicó Trump en su red social Truth.

El presidente de EEUU reprochó este sábado a Meloni que no permitiera “utilizar las pistas de aterrizaje italianas —lo que supuso un gran inconveniente logístico—, a pesar de que Estados Unidos aporta cientos de miles de millones de dólares al año para proteger a Italia y a otros 'supuestos' aliados de la OTAN”.

El inquilino de la Casa Blanca considera que la primera ministra italiana busca un acercamiento con él por sus bajos índices de popularidad: “Ahora, tras la derrota militar de Irán a manos de Estados Unidos, ella quiere volver a ser amiga para 'mejorar sus cifras'. ¡¡¡No, gracias!!! Presidente DJT”.

Tras la entrevista que Trump concedió al canal italiano La 7 en el que aseguró haberse sacado una foto con la primera ministra italiana por “pena” ya que esta le habría “suplicado” hacerla, Meloni publicó un vídeo en sus redes sociales en el que subrayó: “Ni yo ni Italia suplicamos nunca”.

La crisis diplomática y el cruce de declaraciones continuaron después con Trump que comentó después en un programa de televisión que no la quiere “como admiradora” por no haber estado como aliada en la guerra con Irán.

La comentarios de Trump resultaron en la cancelación de un viaje del ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, para este domingo y lunes a Miami para el Foro Empresarial y Científico. 

“Estamos en una fase ruda, táctica”. Estas son las palabras de un diplomático europeo para definir las duras negociaciones que se están llevando a cabo alrededor del próximo presupuesto de la Unión Europea correspondiente al periodo 2028-2034. Nadie aparenta tener prisa pero el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha recordado este viernes que “es necesario un acuerdo global antes de final de este año”, tras el cierre de la cumbre de los 27 que se ha celebrado en Bruselas sin que se haya logrado llegar al mínimo acuerdo sobre cantidades ni nuevos recursos para lograr más ingresos.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha optado por una política de tierra quemada tras avisar de que la propuesta presupuestaria de la presidencia chipriota es “inasequible y desequilibrada” y pidió a Irlanda que cuando asuma la presidencia de la UE en julio haga “una propuesta aceptable”, que resume en un presupuesto más reducido. Mientras que España e Italia encabezan a las naciones enmarcadas como amigos de la Cohesión, que piden ampliar el presupuesto para cubrir las necesidades de gasto en políticas de cohesión o la agricultura además de los nuevos retos económicos y de defensa.

Chipre planteó un presupuesto europeo que recortaba en un 2% el borrador que planteó la Comisión Europea el pasado verano, con lo que ascendía a unos 1,8 billones de euros, pero Alemania y el resto de países frugales insisten en que es demasiado elevado.

No es solo una cuestión de cantidad, los países frugales están buscando un nuevo marco de discusión en el que tratan de establecer que las prioridades de gasto de los anteriores presupuestos plurianuales están desfasados. El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, ha reclamado que las preferencias de gasto deberían ser en defensa y competitividad frente a la PAC o la Cohesión: “Si queremos construir una economía para las próximas décadas, no podemos hacerlo con el presupuesto de los años noventa”.

Esta división, que también es geográfica entre los países del Norte y Sur de Europa, ha contribuido a hacer extraños aliados, como es el caso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la primera ministra italiana, Georgia Meloni. Sánchez mantuvo una reunión previa este jueves con Meloni para “avanzar hacia un presupuesto más ambicioso y hacia el refuerzo de las políticas tradicionales de cohesión y PAC”.

En las antípodas de Merz, Sánchez ha explicado que “no es razonable pedirle a Europa que haga más con menos recursos económicos. Necesitamos más recursos económicos propios. Necesitamos también continuar con el lanzamiento de deuda mancomunadas para financiar bienes públicos europeos”. Sin embargo, más deuda europea se ha convertido en un anatema para los frugales, que rechazan cualquier posibilidad de financiación con este instrumento.

Sin acuerdo sobre las nuevas fuentes de ingresos

Irlanda también tiene el encargo de buscar nuevas fuentes de ingresos para financiar las necesidades presupuestarias de Europa para los próximos años. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha reclamado que la UE necesita un “sistema sólido y estable de ingresos propios” y pidió a los países que aceleren para conseguir un consenso sobre fuentes de financiación antes de la próxima cumbre de octubre.

Entre las nuevas fuentes de ingresos que podría tener el presupuesto europeo, la Eurocámara elaboró un informe en el que detallaba impuestos a las criptomonedas, a las apuestas en internet o sobre los gigantes digitales que podrían suponer ingresos de hasta 11.000 millones anuales. Estas propuestas se enfrentan a dos obstáculos: por un lado, los países no quieren impuestos que le detraigan recursos de sus ingresos y, por otro lado, hay estados miembros como Países Bajos o Alemania que no ven con buenos ojos más imposiciones fiscales sobre las empresas.

La Comisión Europea ya había propuesto que nuevos ingresos a través del régimen europeo de comercio de derechos de emisión (conocido como ETS), el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono o nuevas tasas los residuos electrónicos no recogidos o el tabaco, pero no habían sido bien acogidas en general por los países. .

Sánchez ha defendido que Europa “no podrá reforzar su competitividad si no refuerza al tiempo la cohesión social y territorial”, por lo que ha reiterado que “la continuidad y fortalecimiento de las políticas tradicionales”, en referencia a los fondos de cohesión y la PAC, son “la garantía de que el desarrollo y crecimiento económicos lleguen a todas las regiones de Europa”.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se ha declarado este viernes “atónita” por unas palabras del presidente de EEUU, Donald Trump, quien ha declarado a un canal de televisión que ella le suplicó en la reciente cumbre del G7 que se tomaran una foto juntos, lo que la mandataria ha calificado de “invento”.

El episodio ha llevado al ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, a cancelar la visita que tenía previsto hacer a Estados Unidos los días 21 y 22 de junio, tras las “graves y ofensivas palabras del presidente Trump hacia la primera ministra Giorgia Meloni”, que “ofenden a toda Italia”.

“Las declaraciones de Donald Trump son totalmente inventadas. Sinceramente, estoy atónita”, afirmó Meloni en un mensaje en sus redes sociales, donde añade: “Ni yo ni Italia suplicamos nunca”.

Así respondió Meloni a la entrevista telefónica que le hizo un periodista del canal de televisión italiano La 7 a Trump, y de la que se ha divulgado sólo la transcripción al italiano. Según ese medio, el presidente estadounidense afirmó sobre Meloni: “En la cumbre del G7 me suplicó que me tomara una foto. Me dio pena”. “¡Seguro que está contenta de que haya hablado con ella! ¡No tenía por qué hacerlo! ¡No sé qué decir! ¡Me rogó que me tomara una foto con ella! Tenía muchísimas ganas de una foto conmigo. No la habría aceptado, ¡pero me dio pena!”, se lee en la transcripción.

Ante estas palabras, Meloni ha colgado un vídeo en sus redes sociales en el que afirma: “No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus aliados. Además, no es la primera vez que ocurre”. “Solo puedo decir que lamento que no muestre la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Estados Unidos, con unos líderes con los que se muestra mucho más complaciente”, lanzó.

Durante el G7 Meloni había afirmado que su relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no había cambiado y achacó sus últimas desavenencias al “carácter fuerte de ambos” en la defensa de sus intereses.

“Yo no he notado nuestra relación cambiada. No ha habido entre nosotros recriminaciones ni hemos hablado de lo que ha sucedido. Donald Trump y yo tenemos un carácter fuerte y ambos somos líderes que defienden con determinación el interés nacional”, afirmó en una rueda de prensa al final de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian. “Nosotros no necesitamos aclarar nada cuando no estamos de acuerdo con algo”, añadió

Durante la cumbre pudo verse a Meloni charlar en varias ocasiones con Trump después de los varios encontronazos que ambos, antiguos aliados, han protagonizado a cuenta sobre todo de la guerra en Irán y de los ataques del estadounidense al papa León XIV.

Una nueva figura emerge como potencial rival de Giorgia Meloni en el campo progresista de Italia, mientras el país se prepara para elecciones en 2027 y la primera ministra está en la cuerda floja tras perder un referéndum clave para su Gobierno. Es la alcaldesa de Génova, Silvia Salis, una excampeona de lanzamiento de martillo que llegó a competir en los Juegos Olímpicos. Tras asumir la alcaldía de esta ciudad del norte italiano hace apenas un año, ahora es vista para muchos como un perfil idóneo para liderar la oposición de centroizquierda, en un contexto en que los partidos contrarios a Meloni siguen negociando formar una coalición.

La derrota en el referéndum sobre la reforma de la Justicia de marzo fue el primer gran revés para Meloni de la legislatura. Desvaneció su aura de invencibilidad desde que asumió el poder en 2022, y esto se ha notado en los sondeos. Por primera vez, el bloque de fuerzas opositoras supera por una ligera ventaja a los partidos de la coalición de la líder ultraderechista. Es aquí donde la figura de Salis gana peso por su estilo renovador de hacer política y comunicarse, que algunos expertos ven como puntos clave para que se postule como antítesis a Meloni. 

En los últimos tiempos, la popularidad de Salis –de 40 años– se extiende a nivel nacional. El masivo evento a ritmo de tecno que organizó en abril en Génova ilustra la imagen moderna con la que se promociona en una urbe con uno de los índices más altos de población anciana de Italia. En el país, muy envejecido, muchos creen que hace falta sangre nueva en política, también entre partidos centristas e izquierdistas contrarios a la líder ultraderechista. La oposición, casi incapaz de hacerle sombra, busca unirse en un frente común para destronarla. El campo largo juntaría al Partido Demócrata (PD), Movimiento 5 Estrellas (M5S) o Alianza Verdes-Izquierda, y podría incluir más fuerzas como Italia Viva, del ex primer ministro Matteo Renzi, de línea centrista.

Aun así, no se alcanzó aún un pacto final de unidad ni se acordó quién será cabeza de lista. Esto podría dirimirse en unas primarias pendientes de concretarse. Por el peso de sus partidos, se perfilan como contendientes la secretaria del PD, Elly Schlein, y el líder del M5S, Giuseppe Conte, aunque ninguno goza de consenso ni agrado generalizado. Es ahí cuando apareció el nombre de Salis como posible candidata, al tener un perfil transversal. 

Entre sus admiradores está Renzi, quien precisamente saltó a la jefatura de Gobierno en 2014 tras crearse una imagen pública como alcalde de Florencia. “Creo que las primarias se harán y espero que Silvia Salis participe junto a Elly Schlein y Giuseppe Conte. Aún queda un año”, declaró Renzi en abril, acelerando el debate en torno a la posibilidad de que Salis salte a la política nacional, aunque ella apenas lleva un año como alcaldesa de Génova.

Del deporte de élite a la política

Salis se dedicó gran parte de su vida al deporte de élite. Fue campeona de lanzamiento de martillo en Italia y participó en los Juegos Olímpicos de Londres y Pekín. Tras retirarse, fue vicepresidenta del Comité Olímpico italiano. Candidata independiente, sin relación previa con el aparato político tradicional, irrumpió en política cuando se presentó a la alcaldía de Génova en 2025. Ganó con una coalición de fuerzas centristas e izquierdistas para cambiar el rumbo de la ciudad, gobernada los años previos por un ejecutivo afín a Meloni.

Para muchos, ha dado un soplo de aire fresco a ciertos modos anticuados de hacer política en Italia. Muestra un estilo de comunicación directo con presencia activa en redes sociales, apertura a los jóvenes y voluntad de conexión con sectores alejados del mundo político institucional. Su acercamiento a la juventud –tema de peso en Génova, afectada por la emigración juvenil– quedó patente el 11 de abril, cuando subió con unas estilosas gafas de sol al escenario de Piazza Matteotti, en el centro de la urbe. Su consistorio acogió un evento al más puro estilo rave de la famosa DJ belga Charlotte de Witte, con unos 20.000 asistentes y notable impacto mundial.

Salis también apoyó las movilizaciones por Palestina que el último año tuvieron Génova como punto neurálgico. Ahí está el puerto más grande del país, y la lucha activa de sus estibadores se centró en respaldar la Global Sumud Flotilla, bloquear los buques con armas para Israel y promover varias huelgas sin precedentes en Italia. “No solo pedimos una Palestina libre, sino que decimos Stop al Genocidio”, dijo Salis en una marcha por Gaza en 2025, entre críticas por la actitud tibia y poco contundente de Meloni ante las acciones israelíes en la Franja.

Madre de un niño de dos años y esposa del director de cine Fausto Brizzi, Salis se considera feminista. Pide reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, apoyar a las clases medias, combatir la evasión fiscal y establecer un salario mínimo por ley, inexistente en Italia. También respaldó a los empleados de la antigua ILVA, la empresa siderúrgica más grande del país, en dificultades económicas y con una planta de peso en Génova. 

Creo que tendrá una estrategia a largo plazo que madurará en dos o tres años, sin buscar obtener el liderazgo de inmediato

Lorenzo Castellani — Profesor de historia política en la Universidad LUISS de Roma

“¿Qué clase de trabajo es ese que ni siquiera te permite pagar el alquiler?”, decía en una entrevista en abril la alcaldesa, que rehúye también ciertos planteamientos más asociados a la izquierda alternativa. Esto hace que genere simpatías entre sectores centristas o izquierdistas moderados, que ven en ella la imagen de una gestora eficiente y disciplinada por su carrera previa como deportista de élite y cargo de peso en el comité olímpico.

Para Lorenzo Castellani, profesor de historia política en la Universidad LUISS de Roma, la exatleta gana adeptos entre el progresismo moderado porque este espacio tiene “un vacío” de líderes de hace años. “En cierto modo, a Salis se la identifica con este sector, y se la considera una de sus potenciales protagonistas para los próximos años por sus capacidades comunicativas, su historia y apariencia general”, dice el docente a elDiario.es. 

Próxima parada, ¿elecciones de 2027?

La edil de la sexta ciudad más grande de Italia y capital de la región de Liguria rechazó por ahora presentarse a primarias, pero dijo sentirse halagada por la atención que recibe y no cerró la puerta a erigirse como líder de consenso si se lo pidieran. “Ante una petición unificadora, no puedo decir que no lo consideraría, esto sería mentir”, aseguró en una reciente entrevista con la agencia de noticias Bloomberg.  

Muchos analistas opinan que aún es pronto para que salte a primera línea, y no creen que busque concurrir a comicios en 2027, pero sí perciben que apunta alto de cara al futuro. Según Castellani, “le conviene esperar sin quedar muy expuesta”, ya que ahora no obtendría apoyo del PD ni del M5S. “Creo que tendrá una estrategia a largo plazo que madurará en dos o tres años, sin buscar obtener el liderazgo de inmediato”, añade. 

Según la prensa, Salis contrató como consultor a un antiguo asesor de imagen de Renzi, y es una figura de moda que combina glamour y progresismo, siendo incluso entrevistada y copando portada en la revista Vanity Fair. Todo ello levantó también suspicacias entre críticos, que alertan que el espacio de centroizquierda más reformista realiza una calculada operación mediática para aupar a Salis como líder del sector anti-Meloni. 

Ella defiende que vestir ropa de marca como Giorgio Armani o calzado de la firma de lujo Manolo Blahnik –por lo que fue criticada en medios y redes sociales– no es incompatible con promover políticas de izquierda. “Para menospreciar a la persona, sobre todo cuando es mujer, no se fijan en sus méritos, sino en cómo viste”, lamentó. “No hay nada de malo en comprar con tus propios recursos lo que más te gusta”, agregó Salis, que defiende posturas favorables a la comunidad LGTB y la legitimidad de tener valores progresistas sin renunciar a su identidad como católica practicante o madre casada en el marco de un matrimonio heterosexual clásico.

“Soy madre, católica, casada y heterosexual, pero no creo que el mío sea el único modelo o mejor que el de otros”, remarcó la alcaldesa, que ha registrado a hijos de parejas del mismo sexo en el Ayuntamiento, en oposición a la idea de familia tradicional que defiende Meloni y a sus políticas hostiles hacia el colectivo LGTB.

“Centrada únicamente en Génova”

A consultas de elDiario.es, el portavoz de Salis alegó que estos días no tiene tiempo de atender a este medio. “En este período está centrada únicamente en Génova”, dice. La ciudad, antigua potencia marítima medieval, acumula problemáticas que ilustran también las deficiencias estructurales del conjunto de Italia, entre ellas un declive industrial profundo, envejecimiento de población o la existencia de infraestructuras precarias. Esto se evidenció en 2018, cuando el derrumbe de un puente causó la muerte de 43 personas. 

Al ser aún su primer año en el poder, muchos ciudadanos viven lo que el periodista genovés Matteo Macor denomina como “luna de miel” con Salis. “La ciudad está aún bastante enamorada de su figura. Es joven, habla un lenguaje nuevo, se dirige a los jóvenes y organiza eventos para reapropiarse de espacios como las plazas”, comenta a elDiario.es este reportero del periódico La Repubblica que cubre la actualidad política de la ciudad.

“Ha buscado rejuvenecer la narrativa de la ciudad y es muy querida, pero tiene algunos frentes abiertos que la podrían poner en dificultad. Génova es una ciudad caótica, con valles estrechos y llena de obras y tráfico. Los próximos meses serán probablemente cuando los problemas lleguen a un punto crítico”, indica Macor. Según agrega, será quizás entonces cuando la ciudadanía calibre con más detalle su gestión de la urbe, un elemento que podría condicionar también el potencial ascenso de Salis al más alto nivel de la política italiana.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha denunciado este martes la difusión de una serie de fotografías suyas generadas mediante inteligencia artificial (IA) en las que aparece, entre otras, posando en ropa interior y ha lamentado que se utilice “cualquier cosa” para atacar.

“En estos días circulan varias fotos mías falsas, generadas con inteligencia artificial y presentadas como verdaderas por algún diligente opositor”, escribió la mandataria en su cuenta de X.

Meloni acompañó su denuncia compartiendo una de las imágenes en cuestión, donde se aprecia la etiqueta en rojo “Foto falsa generada con IA”.

También mostró el mensaje original del usuario que distribuyó el contenido -cuyo nombre fue pixelado-, en el que se leía: “Que una primera ministra se presente en estas condiciones es verdaderamente vergonzoso, indigno del rol institucional que ostenta. Pero ella no sabe qué cosa es la vergüenza”.

En su respuesta, la jefa del Gobierno italiano afirmó que hoy en día, “con tal de atacar e inventar falsedades, se utiliza realmente cualquier cosa”.

“El punto va más allá de mí. Los 'deepfakes' son una herramienta peligrosa porque pueden engañar, manipular y golpear a cualquiera. Yo puedo defenderme, pero muchos otros no”, subrayó.

Y concluyó: “Por esto, una regla debería valer siempre: verificar antes de creer, y creer antes de compartir. Porque hoy me pasa a mí, mañana le puede pasar a cualquiera”.

Ahora que Donald Trump y los ayatolás han descubierto que pueden mantener el precio del petróleo por encima de los 100 dólares sin disparar un misil o perder un dron va a ser difícil que dejen quieto el juguete. Los patrones no mienten. Siempre que el precio ha bajado de esa barrera en los últimos dos meses, o su amigo y vecino Donald, o los ayatolás, o ambos a la vez, han ejecutado alguna performance para volver a subirlo. USA se ha consolidado como la mayor potencia geoenergética del mundo y el régimen ha afianzado su dominio sobre un estrecho que los norteamericanos no necesitan, pero sus aliados sí. Negocio redondo para ellos, caos para todos los demás. Pregunten por los Emiratos Árabes en la OPEP si no me creen. 

Ahora que Benjamín Netanyahu ha comprobado que pueden seguir bombardeando el Líbano mientras el mundo hace como que hay un alto el fuego, va a ser imposible que aspire también al Nobel de la Paz para poder traspasárselo después a Trump envuelto en una kufiya. La política convertida en un modo de continuar la guerra por otros medios. Es el signo de los tiempos. 

Habríamos pedido otra ronda solo por las risas si hace apenas una década alguien nos hubiera dicho que un presidente norteamericano iba a empezar a desmembrar la espina dorsal de su estrategia de defensa en Europa ante la Rusia más agresiva de la historia reciente, retirando soldados en la fiel Alemania con canciller democristiano, dejando en el aire su presencia en la Italia de la ultra Georgia Meloni o la España del socialista Pedro Sánchez. Pero la broma es infinita y ahora, además, es real. Cuántas veces habrá lamentado estos días el canciller Friedrich Merz no haber puesto en su sitio a Trump cuando se despachó a gusto con España en sus mismas narices.

La Administración Trump quiere ponerle a Europa y a la OTAN un chaleco más apretado incluso que esos que suele lucir Víctor de Aldama para colaborar con la rebaja de su propia pena. La disyuntiva planteada por el emperador naranja es simple: o se socializan los costes de la guerra de Irán, o se lleva los juguetes a su casa. No se trata de una rabieta. Es un cálculo estratégico. Si el aliado más fuerte y leal puede acabar castigado así, imagínense qué puede sucederle a los demás. A Volodímir Zelenski aquella bronca en el Despacho Oval podría acabar pareciéndole un bonito recuerdo.  

Como en el mito fundacional y en los cuadros maestros de Tiziano, Rubens o Rembrant, Europa está a punto de ser secuestrada por un toro naranja que se cree Zeus, pero no lo es. Ningún momento tan vital como ahora para la continuidad del mayor proyecto de cooperación internacional de la historia de la humanidad. Con todos sus defectos, errores y problemas, la UE es lo más parecido a un mundo mejor que hemos tenido.

Si el amigo americano quiere irse, es hora de dejarle que se vaya y hacernos cargo de todas las facturas a escote. Hace tiempo que Ucrania aguanta sostenida solo por una Unión que siempre ha sabido avanzar empujada por el más feroz deseo de aniquilarla de sus enemigos. Más Europa y menos coches y aranceles. Es justo lo que no esperan que hagamos.

En Italia, donde la regularización de migrantes es un tema casi tabú con el actual Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, mucha gente sin papeles se ve abocada a la marginalidad en multitud de asentamientos informales que se extienden en gran medida por zonas rurales del sur del país. Foggia, provincia agrícola de la región de Apulia, reúne muchos desde hace ya décadas. Apartados de los centros urbanos y esparcidos en la ruralía de un área fértil necesitada de mano de obra, son barriadas paralelas donde las personas migrantes están en muchos casos sometidas a un modelo de explotación conocido como caporalato, descrito por los críticos como una forma de esclavitud moderna que Italia nunca ha erradicado por completo.

El mayor emplazamiento está cerca del pueblo de Borgo Mezzanone, en la pista de un antiguo aeropuerto militar usado en el pasado por la OTAN, donde se alza una masa caótica de chabolas, barracones y estructuras hechas con materiales de construcción baratos o reciclados. En invierno, unas 2.000 personas malviven en el lugar, que puede alcanzar los 5.000 residentes en verano, cuando se llena de migrantes llegados de otros puntos de Italia para cosechas clave como el tomate, concretan a elDiario.es fuentes de expertos locales y del sindicato CGIL-FLAI, que ofrece varios servicios en la zona cómo clases de italiano o asistencia jurídica.

Todo ello hace que este punto, al que incluso algunos de sus habitantes se refieren como “gueto”, sea considerado hoy el asentamiento informal de migrantes más grande de Europa. Es también paradigma de la vulnerabilidad a la que se ven sujetas muchas personas que recorrieron peligrosas rutas desde África o Asia para alcanzar suelo italiano, donde las dificultades para obtener un permiso de residencia o contrato de trabajo estable lleva a muchos a la irregularidad casi crónica.

“Sin papeles no se puede hacer nada”

“Sin permiso de residencia ni contrato, eres invisibile”, dice a elDiario.es Francesca Stella, coordinadora del comité de apoyo migratorio de la CGIL-FLAI de Apulia, también activo en Borgo Mezzanone, donde la presencia del Estado, los servicios básicos, el agua corriente, el acceso a baños, luz o electricidad brillan por su ausencia. Entre viejas roulottes reusadas, instalaciones alzadas con placas metálicas y madera o estructuras cubiertas con telas y plásticos, Stella camina por lo que ve como “una verdadera ciudad” que creció desde hace décadas por la constante llegada de migrantes sin papeles –pero también regularizados– que no tenían otra alternativa. 

Es ahí donde muchos pasan largas temporadas o incluso años, como Amin, un migrante de Gambia que llegó hace 14 años en Italia, pero que sólo obtuvo los papeles en 2025. Esto le condenó a trabajar en la economía sumergida durante más de una década, con la falta de derechos que esto implica, pero asegura a elDiario.es que no había otra forma. “Hay que hacer mucho para ser regularizado, pero es difícil. Sin papeles no se puede hacer nada ni trabajar. Qué tenemos que hacer, ¿robar?”, lamenta este gambiano. La oscuridad invade el barrio cuando se pone el sol, aunque se ven decoraciones por el ramadán, mes sagrado del islam que la mayoría de habitantes celebran. 

La tenue iluminación es visible en algunos fuegos que los migrantes encienden con leña para resguardarse del frío, y en todo tipo de comercios improvisados: hay peluquerías, tiendas de ultramarinos, ropa o zapatos, mecánicos, restaurantes y paradas de comida. También hay un café regentado por el togolés Assima Abdoul Djalou, de 53 años. Él mismo vive en el lugar desde 2014, cuando perdió su estatus de refugiado y se vio sin documentos, lo que le llevó de Milán a Borgo Mezzanone, como les pasa a muchos otros en condiciones similares.

En el asentamiento, las chatarras también son preciadas. Hay puntos donde adquirir piezas de recambio para coches o motos, así como muebles o electrodomésticos viejos. Con la provisión de materiales en la barriada o entornos, gente como Amin se hizo una cabaña. Él mismo la alzó con bloques de cemento gris. “Lo compré y construí todo”, remarca. Tras vivir siete años en el asentamiento, vivió en ciudades como Roma o Milán trabajando como albañil. Mientras sigue a la espera de otro empleo en el norte, por ahora permanece aquí, donde tiene contactos, consigue pequeños trabajos y vive en la estructura que convirtió en su propia casa.  

“Cuando me voy, cierro con llave”, comenta. Lo dice con un ojo medio hinchado, tras trabajar días atrás en un viñedo, donde una rama le causó una herida. Según cuenta, fue un trabajo sin contrato, como otros ofrecidos en la zona, de acuerdo con grupos como CGIL-FLAI y expertos, que denuncian que la economía sumergida es aún genérica entre muchos patrones de la zona. Inspección Nacional de Trabajo, el organismo de supervisión laboral en Italia, detectó irregularidades en más del 47% de empresas inspeccionadas en Foggia, algo que Stella ve preocupante. “Las instituciones no afrontan el problema pese arrastrarse desde hace años”, lamenta. 

El sistema del 'caporalato'

Alejado varios kilómetros del núcleo urbano de Borgo Mezzanone, fuera de la vista de autoridades y fuerzas de seguridad, para llegar al asentamiento hay que recorrer caminos de campo arenosos y llenos de baches que llevan a la pista del viejo aeropuerto militar. Ahí, bien cerca, se estableció en los 90 un Centro de Acogida para Solicitantes de Asilo (CARA) aún activo y a raíz del cual el actual asentamiento informal se desarrolló. 

Fue entonces cuando algunos expulsados del sistema de acogida fueron a vivir fuera del CARA, en un área que se convirtió en punto neurálgico para la economía sumergida ante la necesidad de mano de obra barata en el sector agrícola regional. Esto hizo surgir el asentamiento, cuenta a elDiario.es el sociólogo Leonardo Palmisano, docente de la Universidad de Foggia, experto en la realidad migratoria del lugar y autor de libros sobre ello.

Según agrega, otro gran problema incrustado en la agricultura del Mezzogiorno –y en el conjunto de Italia– es el caporalato, un sistema de dura explotación basado en intermediarios, los llamados capataces. Estos, en su mayoría miembros de la comunidad migrante, controlan los contactos del mercado laboral, tienen lazos con propietarios a los que envían trabajadores, y se quedan a cambio parte de su sueldo. En muchos casos, los empleados –el eslabón más bajo de la cadena– acaban con una cantidad irrisoria, mientras los “caporales” se lucran de ello quitándoles dinero por servicios de viaje, comida, agua o cualquier cosa que les puedan arrancar.

El 'caporal' nos quitaba 10 euros por transporte, bocadillo y agua. Era una situación de deshumanización total

Yvan Sagnet — Fundador de la ONG No Cap

Este sistema está muy extendido en Borgo Mezzanone, donde “caporales” y migrantes viven en el mismo espacio, como en muchos otros asentamientos informales de Italia. Ahí, los capataces –ellos mismos extranjeros– sacan provecho de los irregulares en su rol de intermediarios con empresas y patrones agrícolas. “Se trata de un fenómeno criminal de tipo mafioso, como define la ley de 2016” aprobada para poner fin a ello, cuenta Palmisano. Según alega, la norma introdujo la opción de denunciar a empleadores y capataces, pero para acabar con el caporalato se requiere un cambio de modelo agrícola que incluya una regularización.  

Otra legislación que deja a los migrantes irregulares en un limbo es la conocida como Ley Bossi-Fini, que “vinculó la obtención del permiso de residencia a lograr antes permiso de trabajo, colocando a muchos automáticamente a la irregularidad, e impidiéndoles incluso acceder al alquiler legal de una vivienda, lo que ayudó a crear los primeros asentamientos informales” y a reforzar el caporalato, agrega el mismo sociólogo.

Uno de los que sufrió esta situación fue el camerunés Yvan Sagnet, quién en 2011 fue a trabajar al sur de Apulia tras perder una beca como estudiante universitario en Turín. Él también acabó en un asentamiento en condiciones deplorables, sujeto a un “caporal” que se quedaba gran parte de su sueldo como jornalero en la cosecha del tomate, donde de 14 euros ganados por una larga jornada apenas acababa con cuatro euros netos. “El 'caporal' nos quitaba 10 euros por transporte, bocadillo y agua. Era una situación de deshumanización total”, señala Sagnet, que lideró una huelga contra este sistema, que considera de esclavitud. Todo ello le llevó a fundar en 2017 la ONG No Cap, encargada de defender a los migrantes para luchar contra este sistema. 

“No puedo vivir así”

En la zona de Foccia también está Casa Sankara, iniciativa que inició el senegalés Mbaye Ndiay para ofrecer hogar a los migrantes, apoyarles en su regularización e integrarlos en el mercado laboral, fuera del caporalato. En la llanura de Foccia, Casa Sankara acoge hoy a 500 personas, con un proyecto autónomo de cultivo de 16 hectáreas donde desarrolla su propia marca de tomate, cultivo estrella de la zona que atrae a miles de personas migrantes en verano. Es entonces cuando los 17 asentamientos informales de todo el área se llenan aún más. 

El segundo más grande en la provincia es Torretta Antonacci. Como el asentamiento de Borgo Mezzanone, está situado en una zona remota, y en él viven unos 800 migrantes que pueden llegar a 2.000 en agosto. Muchos residentes cargan garrafas de un gran depósito donde recogen agua para cocinar, asearse o limpiar. Las condiciones también son muy precarias, lo que lleva a muchos a irse poco después de instalarse ahí. 

“Aquí es todo muy difícil, no puedo vivir así. Mañana me voy”, comenta a elDiario.es un migrante de Mali que llegó hace dos años en Italia por mar, hasta alcanzar la isla de Lampedusa. Desde ahí, inició un periplo que le llevó a trabajar en empleos agrícolas en distintas regiones, como muchos otros que siguen un circuito como temporeros que les llevan a estar en un movimiento casi constante.  

Vivir dentro de los guetos es la única oportunidad para no quedarse al margen del mercado laboral

Stefano Campese — Abogado

Los rebuscados entramados de la burocracia italiana también sumergen a muchos en una zona gris, señala Stefano Campese, abogado que asiste legalmente a migrantes en la oficina de CGIL-FLAI. Según destaca, la mayoría son o fueron solicitantes de asilo, y muchos ven como la lentitud del proceso les impide acceder con rapidez a un permiso de estancia y trabajo. La situación es aún más compleja para los que no lo logran, amenazados ante una eventual expulsión, condenados al trabajo sin contrato y a vivir en los “guetos”, añade. 

“Aun así, obtener permiso de residencia no siempre da más opción de salir de los guetos. Fuera de ellos, es muy difícil tener contacto con los empleadores y sus intermediarios”, es decir, los “caporales”. “Vivir dentro es la única oportunidad para no quedarse al margen del mercado laboral”, remarca el letrado. A ello, según Stella, se añade la falta de voluntad política para resolver el problema del Ejecutivo de Meloni, que prometió medidas más duras contra el caporalato que por ahora no se perciben sobre terreno, mientras los “guetos” siguen ahí. 

Como Palmisano, Stella defiende la regularización de los migrantes sin documentos, que al fin y al cabo contribuyen a la economía en un país envejecido y necesitado de empleados en sectores clave como el agrícola. “No veo otra solución posible”, dice la sindicalista entre los campos de Foggia, una región fértil con grano, olivos o viñedos que concentra el 40% de producción de tomates de Italia, razón por la que atrae a tantos temporeros. 

Sin embargo, más allá del sur, los “guetos” se extienden por toda Italia. En un informe de hace casi cuatro años, el Ministerio de Trabajo contó 150 asentamientos en los que vivían unas 10.000 personas. A su vez, unos 339.000 migrantes viven sin papeles en el país, según la Fundación ISMU, que recaba datos sobre migración.

En 2022, el anterior Gobierno de Mario Draghi recibió 210 millones de euros de la UE como parte de su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR). La meta era acabar con los asentamientos y “promover la integración residencial fuera de ellos”, pero en Apulia, el actual Ejecutivo “decidió que el plan no era adecuado, por lo que el dinero volverá a Bruselas” y nada de ello se aplicará, explica Palmisano, que lamenta que las políticas hostiles a la migración del Gobierno están cronificando aún más una realidad enquistada sin vías de desaparecer.

Tras más de un año de firme alianza fraguada por su sintonía personal e ideológica, la relación de Donald Trump con Giorgia Meloni se resquebraja. La falta de apoyo italiano a la ofensiva de EEUU contra Irán y los ataques del republicano al papa León XIV fueron la gota que colmó el vaso esta semana, derivando en un choque entre ambos dirigentes y duros reproches del magnate a la primera ministra italiana. Todo ello ha desatado una tormenta política en torno a la líder ultraderechista, que se ha tenido que alejar del que fuera su gran aliado.

Italia, afectada económicamente por el conflicto en Oriente Medio por el aumento de los precios de la energía, tiene una opinión pública cada vez más reacia a las guerras que sacuden el mundo. Esto hace que los estrechos lazos con dos socios clave como EEUU e Israel no sean tan beneficiosos para Meloni, que buscará revalidar su liderazgo en los comicios previstos para 2027.

La primera ministra irá a las urnas tras varias señales de alerta, como la reciente derrota en un referéndum para reformar la Justicia, en el que más del 50% de los votantes rechazaron su propuesta. Ante ello, algunos expertos señalan que Meloni está reconsiderando sus posturas y lazos en política exterior, enfriando sus vínculos con Washington y el Estado judío, tras anunciar también esta semana la suspensión de la renovación automática del acuerdo de defensa de Italia con Israel.

'Puente' entre EEUU y la UE

Meloni era hasta hace muy poco una de las principales aliadas de Trump en Europa. Se ofrecía para hacer de ‘puente’ o enlace entre EEUU y la Unión Europea y abogaba por el diálogo entre países europeos y Washington para reforzar el frente occidental en el marco de la Alianza Atlántica. Sin embargo, el martes vio cómo el magnate estadounidense la criticaba sin tapujos en una entrevista telefónica con el diario italiano Il Corriere della Sera, después de que la primera ministra tachara de “inaceptables” las declaraciones de Trump contra el papa, una figura casi intocable en la católica Italia, a la que las instituciones del país reservan un profundo respeto.

“Ella es inaceptable”, arremetió Trump, en un ataque directo a Meloni, con la que aseguró que no habla desde hace tiempo, achacándole la falta de respaldo de Italia en la ofensiva lanzada contra Teherán el pasado 28 de febrero. “Es inaceptable porque no le importa que Irán tenga el arma nuclear y que volaría Italia por los aires en dos minutos si tuviera la oportunidad”, agregó el mandatario. También aseguró estar “en shock” por la postura de la dirigente ante la guerra. “Pensaba que tenía valor, pero me equivoqué”, asestó. “Ya no es la misma persona”, añadió el magnate, afirmando que la que era hasta hace poco su estrecha aliada “es muy diferente de lo que pensaba”. 

Tras sus comentarios, Meloni no respondió y no alimentó la polémica. Fuentes de su oficina aseguraron a la prensa local que no esperaban una reacción tan dura y concretaron que no tuvo contacto directo con Trump desde el inicio de la ofensiva sobre Irán. Aun así, los contactos diplomáticos entre ambos países continúan, sus Gobiernos se comunican por vía de sus órganos de Exteriores y ninguna parte prevé rebajar las relaciones, pese a que todo ello hizo correr ríos de tinta en la prensa y la televisión italianas.

“Trump-Meloni, el divorcio”, escribía este miércoles en su portaba el diario La Stampa. Por su parte, La Repubblica destacaba que el dirigente estadounidense “se distancia de Meloni”, mientras el diario romano Il Messaggero, próximo al Vaticano, hablaba de “ruptura”. Con todo, este sí parece el fin del idilio político entre ambos líderes, que exhibían exquisitos vínculos, una alianza que Meloni defendió como un valor añadido para Italia, pero que hizo que fuera acusada de “servilismo” a EEUU por parte de la oposición.

Un divorcio lento

Para muchos expertos, esa relación especial con Trump perjudicó a Meloni en la consulta popular sobre la reforma judicial de marzo, en la que se impuso el NO. El resultado se leyó como un voto de rechazo a la primera ministra, que hasta entonces había mantenido cierto consenso interno.

Para Alfredo Luis Somoza, profesor de Cooperación Internacional en la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán, la distancia entre Meloni y Trump es fruto “de un divorcio preparado en el tiempo” y “la primera fractura” se dio cuando Italia no se unió a la Junta de Paz para Gaza promovida por la Administración estadounidense. A ello, más allá del recelo de la población italiana a las acciones de EEUU, “se suma que el mundo industrial y exportador del país está muy preocupado por los aranceles de Trump, que perjudicó a ciertos ámbitos como el sector del vino”.

A juicio de Somoza, “lo que está habiendo es un reposicionamiento global de Italia, que ahora se alinea mucho más con la posición de Europa respecto a temas como la independencia hacia EEUU o el rechazo a la guerra”, mientras que Meloni probablemente tiene en cuenta otros factores como “el pésimo resultado electoral en Hungría de Víktor Orbán”, otro referente de la ultraderecha en el viejo continente que fue respaldado por Trump.

Era muy difícil que Meloni pudiera seguir haciendo de escudero a Trump tras atacar al papa

Carlo Tombola — Investigador del observatorio The Weapon Watch

En un país polarizado como Italia, donde los partidos opositores de centro-izquierda suelen criticar con dureza a la coalición gobernante encabezada por Meloni, los ataques de Trump generaron reacciones de apoyo al Gobierno poco habitual. “Quiero expresar mi absoluta condena por el ataque a la primera ministra, Giorgia Meloni, por haber expresado debidamente solidaridad con el papa León”, dijo entre los aplausos de su bancada en la Cámara de Diputados Elly Schlein, líder de la principal formación opositora, el Partido Demócrata (PD). “Italia es un país libre y soberano. Nuestra Constitución es clara: Italia repudia la guerra, y ningún jefe de Estado extranjero puede atacar, amenazar o faltar el respeto a nuestro país o gobierno”, destacó Schlein, apoyando en público a Meloni.

Desde que Trump volvió a la Casa Blanca en enero de 2025, las señales de cercanía entre Meloni y su Administración eran múltiples. Fue la única mandataria de la UE presente en la toma de posesión del republicano. Poco antes, fue recibida en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, donde pidió ayuda a EEUU en el caso de Cecilia Sala, periodista italiana detenida entonces en Irán. También se mostró conciliadora en asuntos que crearon fricciones con la UE, como la imposición de aranceles, asunto en el que intentó mediar entre las partes.

Pese a los problemas de la economía italiana –con alto déficit y estancada desde hace décadas–, Meloni también aceptó la exigencia de EEUU a los países de la OTAN de llegar a un 5% del PIB en el gasto en defensa. A principios de este año, tras la intervención ilegal de Washington en Venezuela, apoyó con matices el secuestro de Nicolás Maduro y aseguró que esperaba que Trump ganara algún día el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, el alineamiento con Washington se hizo menos claro a medida que el presidente de EEUU desestabilizaba el escenario internacional con sus amenazas de hacerse con el control de Groenlandia o el comienzo de la ofensiva contra Irán junto con Israel.

El rechazo de Meloni a la guerra

Meloni rechazó la guerra, se negó a involucrarse en ella al considerarla “fuera del derecho internacional” y dijo que sólo permitiría que las bases militares de EEUU en Italia se usaran para funciones logísticas, no ofensivas. Aun así, Carlo Tombola, analista e investigador del observatorio sobre armamento The Weapon Watch, duda de que el ejército estadounidense cumpla con este requisito ante la opacidad sobre sus actividades en las 47 instalaciones que tiene en suelo italiano. Desde estos puntos se registran “miles de vuelos al año, una cifra muy grande, lo que implica que las bases sean usadas operativamente, no sólo para la logística”, asegura Tombola a elDiario.es.

Para el experto, Trump “es ahora un socio peligroso” y Meloni se aleja “para mitigar el daño” que le puede causar en Italia, donde el magnate es cada vez más impopular. “En el futuro, tendrá que ver si su postura respecto a Trump se vuelve más rígida” y culmina con un reposicionamiento real de su alianza, aunque aún es pronto para saberlo.

“Era muy difícil que Meloni pudiera seguir haciendo de escudero a Trump tras atacar al papa”, dice Tombola. En su opinión, “la función de Meloni como ‘puente’ entre Europa y EEUU fue muy sobrevalorada, más bien fruto de la propaganda”. “Quiso otorgarse un papel para sí misma ante sus votantes y exageró, ya que Italia no es una potencia que pueda imponer sus propias condiciones”, agrega.    

La primera ministra busca un cambio de rumbo en política exterior en un contexto en el que EEUU e Israel son socios cada vez menos fiables y más impopulares. Para Tombola, la suspensión del acuerdo de defensa con el Estado judío que Meloni anunció este martes va en esa línea y es un gesto “más simbólico” que práctico, orientado a alejar su figura de un Gobierno al que no criticó con dureza por el genocidio en Gaza –lo que hizo que en 2025 hubiera masivas protestas y huelgas en Italia, en las que Meloni fue acusada de ser cómplice de Benjamín Netanyahu–.

“El pacto con Israel, cuyo contenido es secreto, se renovaba automáticamente cada cinco años y ahora se ha suspendido su renovación, pero no ha trascendido nada más”, alerta Tombola, que concluye que Meloni busca distanciarse “del torbellino de problemas” que supone mantener ciertos lazos con EEUU e Israel. 

Si alguien conoce los entresijos de la ultraderecha neofascista de Italia, este es Paolo Berizzi, uno de los periodistas que ha investigado con mayor detalle la extensa red de grupos ultras del país. El reportero del diario La Repubblica paga ya un precio muy alto por su trabajo: desde 2019 vive con escolta por amenazas de muerte ultraderechistas. Pese a las trabas, persiste en una ardua tarea de más de dos décadas de ir detrás de fuerzas posfascistas como Fratelli d’Italia, partido de Giorgia Meloni, pero también de movimientos neonazis, nostálgicos de Benito Mussolini, ultras del fútbol y otros grupos de la extrema derecha extraparlamentaria.

Uno de estos es CasaPound, el movimiento de más peso en el neofascismo italiano de este siglo. Fundado en 2003, tras la ocupación de un edificio estatal en el centro de Roma pendiente aún hoy de desalojo, el grupo extendió por toda Italia una ideología ultra basada en la mezcla de un discurso de estilo antisistema junto a la promoción del llamado “fascismo del tercer milenio”. La estrategia cruzó fronteras e inspiró otros grupos como el español Hogar Social. Un tribunal de Bari, ciudad del sur, ha condenado a 12 miembros de CasaPound por intentar reorganizar el partido fascista. El fallo llegó tras años de litigio por una agresión contra manifestantes izquierdistas en 2018 y aplica por primera vez en el siglo XXI una ley de los 50 que veta los intentos de reconstruir la disuelta formación que marcó el régimen de Mussolini.

Berizzi publicó en otoño Il libro segreto di CasaPound (El libro secreto de CasaPound) —editorial Fuoriscena, sin edición en castellano—, una obra que se adentra en lo más interno y desconocido del grupo gracias a las revelaciones de un veterano militante descontento. Entre ellas, aborda los lazos de Meloni con sus miembros, destapa su red de financiadores, y revela el organigrama interno o los conflictos entre sus líderes. También entra en detalles sobre el recurso a la violencia como método, la rígida jerarquía y dinámicas sectarias del grupo, así como los campos de adiestramiento o los ritos paganos que el grupo solía celebrar.

Según Berizzi, no había tal nivel de filtraciones sobre un grupo neofascista italiano desde los años 70. Eso creó mucha expectación. El libro estuvo entre los 10 ensayos más vendidos del país durante meses y ya va por su sexta edición, después de que CasaPound intentó impedir sin éxito su publicación por vía legal. El periodista, que se declara firme antifascista en un país donde la ultraderecha busca rescribir el pasado, cree que esto es un triunfo ante un grupo que vino actuando sin fuertes presiones de las autoridades, y que ahora debería ser totalmente disuelto por sus ideas contrarias a las bases de la democracia parlamentaria.

Pagó en carne propia las consecuencias de investigar el fascismo y vive con escolta. ¿Qué supone esto?

Ya son siete años bajo protección policial. Es como una jaula física y psicológica, una vida en suspenso. Me muevo en coche blindado y debo comunicar mis movimientos con mucha antelación. Por un lado, me permite seguir trabajando con seguridad, pero no puedo hacer lo de antes, como infiltrarme en actos o manifestaciones de ultraderecha para realizar investigaciones. Ser el único periodista de Europa en esta situación es un triste récord, y una señal reveladora del clima de extremismo y violencia política del país. No se lo deseo a nadie.

¿Sigue recibiendo intimidaciones y amenazas?

Sí, las cosas empeoraron estos siete años. Las amenazas se volvieron recurrentes, sistemáticas, casi diarias. La mayoría es a través de redes sociales. Estoy en el punto de mira de una platea de odiadores, casi todos ligados a siglas y grupos derechistas. Paso mucho tiempo en los tribunales por causas abiertas por amenazas de muerte, difamaciones, ataques de grupos neofascistas o de ultras del fútbol. Tengo 16 procesos abiertos en varias cortes del país.

CasaPound existe hace más de dos décadas y ha tenido cambios en estos años. ¿Cuál es su peso actual en el país? 

Tiene mucho menos peso que años atrás, cuando tenía mucha más influencia. Llegó a tener 140 sedes en todo el país. Hoy tiene menos de la mitad. También tenía muchos más miembros, pero hubo disputas entre sectores de la organización y algunos se marcharon. El primero de ellos fue Simone de Stefano (quién fue secretario nacional y cara visible del grupo), que se llevó consigo a muchos militantes. Aun así pese a su espiral descendiente, sigue siendo el movimiento que tiene la hegemonía entre los grupos de la galaxia negra italiana.

¿La llegada de Meloni al poder en 2022 ha contribuido al declive de CasaPound?

En parte, sí. Desde que Fratelli d’Italia —una fuerza posfascista de ultraderecha— forma Gobierno y Meloni lo lidera, los grupos neofascistas se quedan casi sin función, porque sus batallas y reivindicaciones son impulsadas por el principal partido de gobierno. Pero también gracias a este clima político, a Meloni y su partido, los fascistas en Italia vuelven a levantar la cabeza. CasaPound y otras organizaciones se sienten protegidas, legitimadas y desestigmatizadas. Ya no tienen pudor ni vergüenza en declararse fascistas.

La actual primera ministra de Italia tuvo relaciones privadas muy estrechas con miembros de un grupo neofascista, extremista y subversivo

En el libro habla de los lazos estrechos del pasado entre Meloni y miembros de CasaPound.

Sí, no solo de Meloni, sino de otros exponentes de Fratelli d’Italia, como Ignazio La Russa —actual presidente del Senado—, viceministros cómo Andrea del Mastro, que es subsecretario de Justicia, o Paola Frassinetti, subsecretaria de Educación. La fuente también cuenta las relaciones de Meloni con otros miembros de primer rango de CasaPound, lo que incluyó relaciones sentimentales con dos de ellos. Uno fue Alessandro Giombini, quien estuvo entre los que ocuparon el edificio de Roma que es la sede central del grupo, donde aún reside.

¿Todo ello muestra la cercanía ideológica y los vínculos históricos entre CasaPound y Fratelli d’Italia?

Meloni y La Russa dicen que son grupos distantes entre sí, pero mienten. Mi fuente resalta los nexos entre ambas organizaciones, que más allá de lazos personales, incluyen colaboraciones, apoyos e intercambios de invitaciones a fiestas y eventos. Se me dijo que esto eran chismes, pero me parece interesante que se sepa que la actual primera ministra de Italia tuvo relaciones privadas muy estrechas con miembros de un grupo neofascista, extremista y subversivo, recientemente condenado por intentar reconstruir el partido fascista.

¿La estrategia de CasaPound hoy es presionar desde las calles al Gobierno con posturas aún más ultras?

Sí, busca introducir propuestas más extremas en la agenda del Gobierno, ante lo que ve como políticas demasiado moderadas. Hace años que CasaPound decidió no presentarse más a las elecciones, y ahora practica el entrismo desde la oposición extraparlamentaria. Esto significa incidir en los partidos de la actual coalición, a los que intenta imponer sus propios temas, y uno de ellos es su iniciativa para impulsar la remigración.

¿En qué se basa este proyecto?

CasaPound, junto a otros tres grupos neofascistas, lidera una campaña para un proyecto de ley que prevé la repatriación de migrantes, también regularizados. Es un tipo de deportación de base étnica, que remite un poco a las leyes raciales que ya sufrió Italia. Con esta campaña, el grupo logró relanzar su imagen parcialmente. Hasta ahora recogió más de 100.000 firmas. Su meta es llegar a 250.000 o 300.000, y llevar la proposición al Parlamento. Si lo consigue, se deberá ver qué partidos le apoyan y cómo actúa Fratelli d’Italia en todo ello.

En el libro, su fuente da detalles e identidades de las personas que han financiado a CasaPound estos años.

Sí, por primera vez revelamos quiénes son sus financiadores, algo que nunca se logró saber antes. La fuente dio una lista con nombres de 70 personas que contribuyeron económicamente al grupo. Es como una crème de la crème de militantes o simpatizantes VIP. Hay directivos, empresarios, abogados, docentes universitarios o diplomáticos. No son activistas de base, sino gente bien situada en la sociedad civil. No daban grandes sumas ni millones de euros; estas aportaciones no eran declaradas y se recababan en cenas para recaudar fondos.

Habla también de un embajador.

Sí, de Mario Vattani, embajador italiano en Japón, conocido como el “cónsul fascista del rock”, porque cuando era cónsul tocó con su banda neofascista en un evento de CasaPound entre saludos romanos y cruces célticas. Entonces, el Ministerio de Exteriores lo suspendió temporalmente, pero no solo no fue castigado, sino que acabó siendo promovido a embajador. Otro de los financiadores es un general de la Aeronáutica Militar, Paolo Pappalepore, aún activo en Roma, una señal de que el apoyo a CasaPound está en el propio núcleo del Estado.

Somos la única democracia en Europa cuya fuerza gobernante proviene de un partido descendiente del fascismo

¿Cómo interpreta la reciente sentencia judicial contra CasaPound?

Es un fallo histórico y pionero. Por primera vez, CasaPound es condenada por intentar reconstituir el partido fascista usando métodos escuadristas. Espero que esto lleve a la disolución del grupo, hay motivos para ello. Es una sentencia de primera instancia, pero con esto ya se podría emitir un decreto gubernamental que disuelva la organización, porque es un peligro para el orden democrático, como queda implícito en el fallo.

¿Cree que el Gobierno se plantea la posibilidad de disolverla?

El Gobierno podría disolver el grupo basándose en la sentencia actual, pero no creo que lo haga. Este Ejecutivo está vinculado a la herencia histórica fascista cultural e ideológicamente. Somos la única democracia en Europa cuya fuerza gobernante proviene de un partido descendiente del fascismo. CasaPound debería ser disuelta porque es una guarida de fascistas, y se trata de restaurar la legalidad, pero no veo que haya voluntad política.

CasaPound ocupó su sede central en Roma en 2003. ¿Por qué aún no ha sido desalojada? El Gobierno sí lo ha hecho recientemente con otros centros sociales históricos de izquierda en Milán o Turín.

En el libro revelamos todos los secretos del edificio, como quién vive ahí y qué se hace en su interior. Es como si hubiéramos entrado en él. Ciertamente, no está habitado por familias pobres, sino por sus líderes. Mientras el Gobierno sigue desalojando centros sociales, ateneos y espacios donde viven personas con grandes dificultades económicas, es incomprensible que aún no desalojara a CasaPound. Creo que es el grupo neofascista que ha sido más protegido por el Estado. Ocupa un inmueble estatal desde hace más de 22 años.

El edificio, en un lugar clave del centro de Roma, es el punto simbólico del grupo fundador.

Sí, es su sede política y hogar. Decenas de militantes y líderes viven ahí gratis con sus familias, a expensas de los italianos. Ocuparon un edificio público enorme del Ministerio de Educación, en una zona donde los alquileres están entre 1.500 y 2.000 euros al mes. Ahí también hospedan a camaradas de paso por Roma. En su momento, la ocupación fue un salto de calidad para la actividad política, imagen y propaganda de CasaPound.

El grupo ha tenido mucho tirón entre los jóvenes. ¿Qué los atrae a la ultraderecha?

CasaPound rejuveneció el aspecto del neofascismo italiano, antes asociado a cabezas rapadas, chaquetas bomber o botas. Propuso una nueva estética que iba a la moda: gorra, sudadera, zapatillas de diseño y marca de ropa propia de CasaPound, Pivert, propiedad de uno de sus líderes. La organización fue a ocupar espacios juveniles, con un modelo de comunidad. Su sección juvenil, Blocco Studentesco, entró en escuelas e institutos, lo que ha reducido la edad media de los activistas ultraderechistas. Ocupó también espacios de la extrema izquierda.

La violencia es también clave en la razón de ser de CasaPound. ¿Se ha guiado siempre por ello?

Que es un grupo violento lo han confirmado numerosas sentencias judiciales. La fuente del libro lo deja claro: la violencia es la base de CasaPound, practicada externamente contra periodistas y antifascistas, y en menor medida contra inmigrantes y miembros de la comunidad LGTBQ. También transmite un mensaje violento de odio, opresión, violencia y supresión de derechos, que son las características típicas del fascismo.

¿Italia hizo limpieza del legado de Mussolini?

Yo diría que no. Italia, 80 años después de la liberación del fascismo, aún se enfrenta a este fenómeno. No se trata del fascismo histórico de la camisa negra, el aceite de ricino, la porra y los escuadrones fascistas, pero sí ha regresado una forma de impulso fascista con una visión de la sociedad que es la que interpreta el actual Gobierno, que pretende restringir derechos y libertades a los ciudadanos con un giro autoritario. Creo que el país nunca se liberó de la sombra del fascismo, y que hay muchos más nostálgicos de lo que pensamos.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, inicia una 'purga' en su Gobierno tras la sonora derrota de su referéndum sobre la reforma judicial y fuerza la dimisión de la ministra de Turismo y dos altos cargos de Justicia.

La última salida ha sido la de Daniela Santanchè, titular de Turismo y miembro del partido ultra Fratelli d'Italia de Meloni, que ha presentado este miércoles su dimisión, como le había pedido públicamente la líder del Ejecutivo y pese a su resistencia a hacerlo. “Querida Giorgia, te presento, como has deseado públicamente, mi dimisión del cargo de ministra que quisiste encargarme y que creo que he desempeñado con mis mejores capacidades”, se lee en una carta dirigida a la inquilina del Palazzo Chigi y difundida por el ministerio.

El resultado del referéndum —donde el 'no' a la propuesta se impuso con un 54% de los votos— propició la dimisión de dos polémicos altos cargos del Gobierno, criticados por haber empañado la campaña con sus declaraciones y acciones: el subsecretario del Ministerio de Justicia, Andrea Delmastro, y la jefa de Gabinete, Giusi Bartolozzi.

La hasta ahora ministra era uno de los miembros más polémicos del Gobierno por estar implicada en varios procesos judiciales y de fraude. Sin embargo, la primera ministra no ha explicitado los motivos de su petición de renuncia hacia ella. “He querido (y espero que lo entiendas) que quedara públicamente claro que eras tú quien me pedía dejar este cargo, porque, como siempre he dicho, habría dimitido solo ante una solicitud tuya explícita y pública. Quería que quedara claro, por mi honorabilidad, que doy un paso atrás únicamente ante la petición que la jefa de mi partido considera útil y oportuna”, afirma Santanchè en su carta. En la misma, también defiende que actualmente tiene un historial penal “impecable”.

Sobre su decisión de no dimitir inmediatamente, sostiene su intención de separar su renuncia del resultado del referéndum. “Quería que se mantuviera separada tanto de los comentarios sobre el referéndum, ya que no quisiera ser el chivo expiatorio de una derrota que ciertamente no ha sido determinada por mí”, alega.

Santanchè termina su misiva confesando su “amargura” y tendiendo su mano a la primera ministra: “En mi vida estoy acostumbrada a asumir mis responsabilidades y, a menudo, también las de los demás. Valoro más nuestra amistad y el futuro de nuestro movimiento”.

Se trata de la segunda dimisión de un ministro en el Gobierno de Meloni, después de la del extitular de Cultura, Gennaro Sangiuliano, en agosto de 2024 por un escándalo sentimental.

La legislatura se tuerce para Meloni

Hasta hace pocos días el horizonte político de Meloni, en el último tramo de una legislatura que concluirá previsiblemente en 2027, estaba limpio de nubarrones, pero han surgido inesperadamente con su fracaso en el referéndum al que sometió su importante reforma de la magistratura.

El resultado más inmediato ha sido la alegría de una oposición de centro-izquierda que rechazaba en bloque la reforma y que se apunta un triunfo simbólico. Pero también el disgusto de los partidos en el Gobierno y de la mandataria ante su primera gran derrota, que se interpreta también como una encuesta sobre la popularidad de la que goza la líder ultraderechista, al tratarse de una de sus medidas estrella.

La participación ha sido clave, según los medios italianos: se acerca al 59% de los 51,4 millones de italianos llamados a votar en una consulta que no requería una tasa de participación mínima para que el resultado sea válido. Ha sido el referéndum con mayor afluencia de la última década, tras otro celebrado en 2016 sobre la composición del Senado donde se llegó al 65% y que derivó en la derrota y dimisión de su gran promotor, el ex primer ministro Matteo Renzi.

En los últimos días y semanas, la campaña se aceleró en medio de la polarización y la apatía de gran parte de la ciudadanía que, en muchos casos, no entendió los tecnicismos enrevesados de la reforma y fue a votar más bien en función de su apoyo o rechazo al Gobierno ultraderechista de Meloni.

Entre los cambios previstos por la reforma judicial, está la separación de carreras de jueces y fiscales, que hasta ahora pueden cambiar de rol al inicio de su vida profesional. El Ejecutivo apeló a modificar el sistema, alegando que los profesionales de la Justicia ganarán imparcialidad con carreras separadas, sin opción de pasar de juez a fiscal o viceversa, algo que niegan los críticos, que alertaron del mayor control político sobre los tribunales.

El rechazo a la polémica reforma de la Justicia promovida por el Gobierno de Giorgia Meloni parece imponerse este lunes, tras dos días de votaciones en un referéndum constitucional en Italia, en el que el NO ganó con el 53,7% de los votos, en lo que los analistas interpretan como uno de los mayores golpes políticos para la coalición de la ultraderechista desde que asumió el poder en 2022.

El SÍ, posición defendida por el Ejecutivo, ha obtenido el 46,3% de los apoyos, lo cual representa una derrota para uno de los proyectos estrella de Meloni, en una votación que se interpreta también como una encuesta sobre la popularidad de la que goza la líder ultraderechista ante los comicios previstos para 2027.

Tras el escrutinio de más de 73% de sufragios, Meloni reconoció la derrota en un post en la red social X. “Los italianos han decidido, y respetamos esta decisión. Seguiremos adelante, como siempre hemos hecho, con responsabilidad, determinación y respeto por el pueblo italiano e Italia”, declaró la mandataria, que lamentó que con este referéndum hubo “una ocasión perdida para modernizar” el país, aunque enfatizó su voluntad de seguir en el poder hasta agotar la legislatura. “Esto no cambia nuestro empeño para continuar con seriedad y determinación a trabajar por el bien de la nación y honorar el mandato que se nos ha confiado”, agregó. 

Meloni apeló a la reforma para modernizar la Justicia, mientras oposición y la mayoría de juristas se opusieron al plan por considerarlo un paso peligroso para ejercer control político sobre la judicatura y una amenaza a la separación de poderes. 

El resultado, en caso de confirmarse, supone uno de los mayores traspiés para la coalición de gobierno de Meloni en los más de tres años que lleva en el poder y encarna un triunfo simbólico para los partidos de la oposición de centro-izquierda, que rechazaron casi en bloque la reforma e hicieron una activa campaña para movilizar a su electorado por el NO.

Según el líder del opositor Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, la victoria del NO “es una señal política contundente” y “un resultado claro” que muestra el descontento con el Ejecutivo derechista, y ahora “se abre una nueva etapa política” en que los ciudadanos “quieren una política más atenta a las necesidades de la gente”.   

La participación ha sido clave, según los medios italianos: se acerca al 59% de los 51,4 millones de italianos llamados a votar en una consulta que no requería una tasa de participación mínima para que el resultado sea válido. Ha sido el referéndum con mayor afluencia de la última década, tras otro celebrado en 2016 sobre la composición del Senado donde se llegó al 65% y que derivó en la derrota y dimisión de su gran promotor, el ex primer ministro Matteo Renzi.

En los últimos días y semanas, la campaña se aceleró en medio de la polarización y la apatía de gran parte de la ciudadanía que, en muchos casos, no entendió los tecnicismos enrevesados de la reforma y fue a votar más bien en función de su apoyo o rechazo al Gobierno ultraderechista de Meloni. Todo ello sucedió además en un momento en que el escenario de inestabilidad internacional derivado del conflicto en Irán fue el centro de atención, dejando la consulta en un segundo plano, aunque la elevada participación indica que la cuestión ganó peso y consiguió movilizar a una buena parte del electorado.

“No se comprende nada de esta reforma. Si no la entienden ni los políticos, ¿cómo la van a entender los ciudadanos?”, se quejaba un anciano a elDiario, tras votar NO en un colegio del barrio de Pigneto, a las afueras de Roma, en lo que consideraba como “un referéndum político”. Otro votante de mediana edad, Daniele, defendió la reforma como “un cambio” para el futuro de Italia. Un tercer votante, Marco, señaló que lo importante fue votar NO por temor a que el plan conlleve “un traslado demasiado grande de poderes al Gobierno” y una deriva autoritaria.

Giovanni, a la salido del colegio electoral, dijo a este periódico que votó contra la reforma para proteger la Constitución de 1948, “una de las más bellas y democráticas del mundo”, elaborada con espíritu antifascista tras el fin del régimen de Benito Mussolini, y que el hombre consideró que no se debe tocar. “La reforma es sólo la punta del iceberg”, añadió este italiano en su cincuentena, que teme que el Gobierno de Meloni dé más pasos para reforzar su poder, como la reforma del Premeriato, que establece la elección directa del primer ministro.

“Este resultado no supone una derrota total para el Gobierno de Meloni, peró sí un revés significativo” que resta peso a la posición de fuerza que hasta ahora mantuvo su Ejecutivo, destaca a elDiario.es Giorgia Bulli, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de los Estudios de Florencia y experta en ultraderecha.

Según la docente, la consulta ha evidenciado también que “la confianza entre la primera ministra y el electorado tiene un límite, y este fue la Constitución, ya que los italianos ya han demostrado varias veces que prestan mucha atención cuando se trata de enmendar normas constitucionales”, y el NO a la consulta pone un freno a la coalición.

En otoño, la reforma judicial fue aprobada a nivel parlamentario con mayoría de votos de la coalición gobernante, pero no tuvo el apoyo de dos tercios de la Cámara necesario para medidas que introducen modificaciones constitucionales como esta reforma, que conlleva cambios en siete artículos de la Carta Magna, por lo que se debió someter a referéndum.

Con todo, según Bulli, “sin duda este es el primer golpe político relevante que recibe Meloni” desde que asumió el poder. La politóloga valoró también la gran capacidad de movilización del sector contrario a la reforma, más alta de lo que se esperaba en un principio.

Según los expertos, más allá de la cuestión judicial, este referéndum fue una prueba política para medir las fuerzas de Meloni y calibrar sus apoyos ante las elecciones generales previstas el año próximo. De hecho, la primera ministra ya anticipó que no dimitiría en caso de perder la consulta y ver fracasar su plan.

Ahora se verá cuánto puede afectarle este resultado en los comicios venideros. Pese al contrapié de hoy, Bulli considera que es aún temprano para hablar de un posible cambio de ciclo político en el país. “No creo que el electorado italiano se haya descubierto de repente como un electorado de centroizquierda, no diría eso”, matiza la analista.  

Por su parte, Matteo Giardiello, politólogo e investigador de la Universidad La Sapienza de Roma, estima que el No al referéndum lleva al gobierno a “una situación inestable”que resta legitimidad a Meloni, ya que “ha puesto su propia cara y su poder político” para una campaña donde se abocó a promover abiertamente el SÍ.

“La coalición derechista invirtió mucho en ello, y es su primera gran derrota desde que está en el poder”, asegura Giardiello, que incide en que no provocará la dimisión del Ejecutivo, pero sí podría acarrear dimisiones de altos cargos como el ministro de Justicia, Carlo Nordio, principal promotor de la reforma.

Rechazo de la oposición y la judicatura

Más allá de fuerzas opositoras como el Partito Democratico (PD) o el Movimento 5 Stelle, la reforma también fue rechazada por sindicatos como CGIL (el más grande del país) y gran parte de juristas, que la consideran una amenaza a la independencia judicial. La Asociación Nacional de Magistrados, que aglutina al 96% de jueces y fiscales, se opuso a la reforma al verla como una vía potencial para “crear un poder judicial dócil y sumiso” que hace más frágil el Estado de derecho.

Con todo, Meloni quiso marcar perfil propio sobre el tema y este mes difundió un vídeo explicativo de 13 minutos para movilizar a sus simpatizantes, apelando a una Justicia “más moderna, meritocrática, autónoma, responsable” y “libre de condicionamientos políticos”. La pasada semana, también apareció en Pulp Podcast, pograma del famoso rapero italiano Fedez, donde apeló a votar por “una reforma que mejora el estado de la Justicia en Italia”. Fue de las primeras entrevistas de Meloni en un formato no tradicional, en lo que se vio como parte de una estrategia comunicativa orientada a llegar a otros públicos, como los jóvenes.   

Todo ello sucede en un contexto en que el Ejecutivo aumentó mucho sus críticas al poder judicial desde que está en el poder, con ataques de dirigentes políticos, como la misma Meloni, a sentencias que pusieron freno a las políticas de línea dura en materia migratoria del Gobierno –por ejemplo, su plan de expulsión y detención de migrantes en Albania–.

Esto también hizo que algunos detractos compararan su proyecto de reforma con las políticas llevadas a cabo en la Hungría del primer ministro Víktor Orban. Según Riccardo Magi, diputado y líder del partido opositor +Europa, “Meloni mereció perder por su deriva orbaniana, y ahora se tiene que poner freno a la ley electoral” para la elección directa del primer ministro, otra norma pendiente de aprobar que preocupa a los partidos de la oposición. 

Entre los cambios previstos por la reforma judicial, está la separación de carreras de jueces y fiscales, que hasta ahora pueden cambiar de rol al inicio de su vida profesional. El Ejecutivo apeló a modificar el sistema, alegando que los profesionales de la Justicia ganarán imparcialidad con carreras separadas, sin opción de pasar de juez a fiscal o viceversa, algo que niegan los críticos, que alertaron del mayor control político sobre los tribunales.

A ello se añade la división del Consejo Superior de la Magistratura en dos órganos distintos para separar a jueces y fiscales, lo que los detractores vieron como una forma de debilitar a este organismo que sirve para el autogobierno de los magistrados. La reforma también prevé el sorteo como vía para designar a miembros de estos organismos, una medida que según el Gobierno reduce la influencia de corrientes políticas internas entre magistrados, aunque los críticos aseguraron que refuerza la interferencia política sobre el sistema judicial.

Italia celebra este 22 y 23 de marzo un referéndum constitucional clave para calibrar el apoyo al Gobierno de Giorgia Meloni y materializar uno de sus planes de mayor peso de la legislatura. La consulta popular se centrará en un plan de reforma judicial que el ejecutivo ve esencial para modernizar la Justicia, aunque oposición, sociedad civil y muchos juristas la consideran un peligroso paso para ejercer control político sobre el sistema judicial. Mientras los sondeos indican que podría ganar el “no”.

Las fuerzas que integran el Ejecutivo han acelerado en los últimos días su campaña para movilizar a su electorado, en un contexto en que los ataques del Gobierno a los jueces han crecido en gran medida estos años, especialmente tras las varias sentencias que tumbaron el plan de expulsión de migrantes desde centros de internamiento en Albania y pusieron límites a las políticas de línea dura del Gobierno en materia migratoria.

El debate sobre la reformulación del sistema judicial italiano —considerado poco funcional, con un modelo de gestión anticuado y una burocracia que lo ralentiza— se remonta a los años 80. Uno de los que intentó cambiarlo a su medida fue el difunto magnate e histórico ex primer ministro Silvio Berlusconi, enmarañado durante su carrera en una treintena de procesos judiciales que incluyeron cargos por soborno, corrupción o prostitución de menores, aunque finalmente solo fue condenado e inhabilitado por fraude fiscal.

En su momento, los cambios que impulsó no prosperaron o fueron tumbados por la Corte Constitucional. Ahora, el Ejecutivo busca recuperar parte de ellos, como la separación de las carreras de jueces y fiscales, secundando en parte las acusaciones del Cavalliere, que incluso llegó a tachar a los magistrados de comunistas.

En esta legislatura, la acusación de que la Justicia está politizada o alineada con la izquierda fue recurrente entre altos cargos como Matteo Salvini o la misma Meloni, que estas semanas han visto cómo el escenario internacional, marcado por el conflicto de Irán, dejaba en segundo plano la campaña del referéndum, mientras los temores de los italianos por la subida de precios y el impacto económico de la guerra marcan la actualidad.

El efecto [electoral] habría sido distinto si la consulta hubiera sido un año antes, cuando Meloni tenía alta popularidad en un panorama internacional en que actuaba como factor decisivo entre Trump y la UE

Matteo Giardiello — Politólogo e investigador de la Universidad La Sapienza de Roma

Esto coge a la primera ministra a contrapié, en una posición delicada por su alianza con Donald Trump —de la que la mandataria se jactó estos años— pero que ahora puede jugar en su contra ante una opinión pública contraria a la guerra que podría trasladar su malestar en el referéndum, según algunos analistas. De hecho, se prevé que la abstención sea cercana al 60%, y los sondeos señalan una pugna reñida entre el “sí” y “no”, aunque el voto contrario a la reforma ha ido ganando cierta ventaja.

Que la votación suceda en esta situación no es ideal para la primera ministra, según Matteo Giardiello, politólogo e investigador de la Universidad La Sapienza de Roma. “El efecto habría sido distinto si la consulta hubiera sido un año antes, cuando Meloni tenía alta popularidad en un panorama internacional en que actuaba como factor decisivo entre Trump y la UE”, comenta el especialista a elDiario.es. En su opinión, ante ello, “el referéndum, más que un voto sobre la reforma, será una prueba política para la mandataria”, en el marco de una campaña marcada por la polarización y politización entre distintas posturas.

El Parlamento aprobó la reforma judicial en otoño con la mayoría de votos de la coalición, pero no tuvo el apoyo de dos tercios de la Cámara necesario para las modificaciones constitucionales que requiere, que afectan a siete artículos de la carta magna, por lo que se someterá a referéndum. Se trata de una consulta confirmatoria que no debe reunir un umbral mínimo de votantes para que el resultado sea válido.

El precedente de Renzi

El Gobierno también evitó plantear la votación como un pleibiscito para prevenir estragos en caso de derrota. Este fue el caso del referéndum para disminuir el poder del Senado que impulsó en 2016 el entonces primer ministro Matteo Renzi, que tuvo que dimitir tras fracasar en la consulta.

La Justicia ha sido la gran piedra en el zapato de Meloni en los últimos años. Para una gran parte de juristas, la reforma va un paso más allá en la meta de socavar su independencia. La Asociación Nacional de Magistrados (ANM), entidad que aglutina a la mayoría de jueces y fiscales de Italia, pide votar “no”, al considerar que llevaría “a crear un poder judicial dócil y sumiso”, con riesgo de debilitar su autonomía y hacer más frágil el Estado de derecho.

“La reforma busca hacer la Justicia más moderna, meritocrática, autónoma, responsable, y sobre todo más libre de condicionamientos políticos. No va contra los magistrados, sino contra la degeneración de un sistema estancado que nunca se adecuó al mundo cambiante que lo rodea”, aseguró este mes la primera ministra, en un vídeo difundido por redes donde pidió ir a votar “sí” ante el temor de que una abstención alta pueda beneficiar a los partidarios del “no”, más movilizados que el electorado progubernamental.

La líder del opositor Partido Demócrata, Elly Schlein, ha estado estos días de gira por Italia para pedir el voto negativo, y este miércoles, la CGIL —principal sindicato del país— hizo un acto de fin de campaña en el centro de Roma abogando por el “no”.

“La reforma crea las condiciones para que el poder judicial sea capturado por los políticos”, estima Giuliano Serges, profesor de derecho constitucional de la Universidad Roma Tre. Según agrega, servirá como test para que Meloni valore si tiene fuerza para seguir con otras reformas clave como el estatus dela figura del primer ministro, llamado Premierato. Este proyecto, ya introducido a nivel parlamentario y pendiente de aprobación final, prevé la elección directa del jefe de Gobierno en comicios, o la obtención del 55% de escaños para la lista ligada al candidato ganador, y es vista por críticos como una medida para reforzar el personalismo en torno a Meloni y el poder de su coalición.

Si esta consulta le funciona, Meloni impulsará otra reforma para pasar de una república parlamentaria a otra presidencial que dé más centralidad al Ejecutivo y el primer ministro

Giuliano Serges — Profesor de derecho constitucional de la Universidad Roma Tre

“Meloni quiere ver cómo va esta consulta. Si le funciona, impulsará pronto la reforma del Premierato, porque ganará fuerza y la oposición lo tendrá difícil para enfrentarse a ella”, asegura Serges a elDiario.es. En la misma línea se pronuncia Giardiello. Según alega, “la reforma judicial debe interpretarse como parte de un plan más amplio para transformar la estructura constitucional italiana”, con el Premierato como meta final. Este proyecto “busca pasar de una república parlamentaria a una presidencial que dé más centralidad al Ejecutivo y el primer ministro”.

Separar a jueces y fiscales

Entre los cambios de la reforma judicial hay un aspecto rebuscado y difícil de descifrar para el italiano medio. Se trata de la separación de las carreras de jueces y fiscales, que hasta ahora pueden cambiar de rol al inicio de su vida profesional, porque en ambos casos acceden a la magistratura tras superar un mismo examen. Meloni busca modificar el sistema y alega que los funcionarios ganarán imparcialidad si tienen carreras separadas, sin opción de pasar de juez a fiscal o viceversa. Los críticos temen, por el contrario, un mayor control político sobre los tribunales.

A ello se añade la división del Consejo Superior de la Magistratura (CSM) —equivalente al Consejo General del Poder Judicial en España— en dos órganos distintos que separen a jueces y fiscales, así como la creación de un Tribunal Superior Disciplinario para gestionar casos de mala conducta. La separación, según Serges, hará que tales organismos “corran el riesgo de ser más débiles e influenciables desde el ámbito político”.

Meloni busca modificar el sistema y alega que los funcionarios ganarán imparcialidad si tienen carreras separadas, sin opción de pasar de juez a fiscal o viceversa. Los críticos temen, por el contrario, un mayor control político sobre los tribunales

También se prevén otras reglas de elección, como la introducción del sorteo como vía para designar a miembros de estos organismos, una medida que según el Gobierno reducirá la influencia de las corrientes políticas internas entre magistrados, aunque los críticos aseguran que reforzará la interferencia política sobre el sistema judicial.

“El sorteo es ficticio, porque se debe hacer a partir de una lista reducida de potenciales miembros elegidos por el Parlamento, y es muy probable que surjan nombres de personas conectadas al poder político”, asegura a elDiario.es Giuliano Granato, portavoz de Potere al Popolo, fuerza izquierdista extraparlamentaria que estuvo entre los organizadores de una protesta por el “no” en Roma que el pasado sábado reunió a miles de personas.

Desde su punto de vista, “hay un intento de promover un modelo de autoritarismo con esta reforma”. Coincide en este planteamiento con Edoardo, otro participante en la protesta que espera un triunfo del “no” como “primera pequeña señal de oposición al gobierno”.

Apatía ciudadana

El ejecutivo de la líder ultraderechista ha mantenido la estabilidad sin grandes tropiezos desde 2022, y la reforma judicial —promovida en gran medida por el ministro de Justicia, Carlo Nordio— es uno de sus proyectos estrella. Sin embargo, tras semanas de debate en torno a un asunto muy enrevesado para la población a pie de calle, se prevé que muchos acudan a votar no tanto en clave jurídica, sino en función de su apoyo o rechazo a Meloni.

“Esta reforma afecta poco a la vida cotidiana de la gente. Yo iré a votar como forma de decir 'no' al Gobierno”, dice un ciudadano romano consultado por elDiario.es entre las callejuelas del barrio del Trastevere de Roma, en un ambiente de apatía ante la campaña que formaciones del Ejecutivo como la Lega han intentado revertir.

Así lo ha hecho Erika Stefani, senadora de la Lega, miembro de la Comisión de Justicia del Senado y del comité promotor del “sí”, que asegura en una llamada con elDiario.es que la reforma “beneficiará las relaciones entre política y poder judicial, independientemente del partido que esté en el Gobierno, sea de izquierda o derecha”, mientras que no ve ningún cambio “que prevea una interferencia política sobre la Justicia”.

El plan “permitirá a los magistrados, jueces o fiscales hacer carrera independientemente de su afiliación a corrientes políticas”, ya que busca “eliminar el fenómeno del faccionalismo” dentro la Justicia, asegura. Según añade, los cambios afectarán positivamente a los organismos del Consejo Superior de Justicia, donde accederán los juristas “que sean elegidos por sorteo, más allá de su afiliación” a una corriente u otra.

Según Stefani, en caso de perder, la coalición de Meloni no se verá gravemente afectada, porque “tiene un enorme consenso”, y “simplemente significará que la reforma queda aparcada y muere ahí”. El politólogo Giardiello discrepa. Opina que si vence el “sí”, Meloni verá legitimada su agenda y podría acelerar otras reformas como el Premierato, pero que una victoria del 'no' debilitaría al Ejecutivo en un contexto internacional también difícil y podría perjudicar a Meloni de cara a las elecciones de 2027.

Los científicos han demostrado ya que la causa del problema son las emisiones de CO₂ que se inyectan en la atmósfera. El cambio climático que trae, por ejemplo, tormentas mortales como la dana de octubre de 2024 y el tren de borrascas de inicio de 2026 tiene su origen en el efecto invernadero que provocan los gases emitidos por las actividades humanas. El mismo proceso ya ha multiplicado las olas de calor asfixiante y genera las condiciones para incendios inextinguibles como los del verano de 2025.

Sin embargo, la ola antiecológica instalada en el seno de la Unión Europea ha generado una corriente –liderada por Italia y Alemania– para paralizar el mercado de emisiones de carbono (ETS) que es “la única regulación específica que tiene la UE con números y normativa concretos”, según explica el coordinador de cambio climático de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz. “El modelo actual es el que se ha demostrado mejor para reducir las emisiones porque el precio del carbono sí ha servido de tope”.

El sistema ETS que la italiana Giorgia Meloni y el alemán Friedrich Merz piden congelar en aras de la “competitividad” es, básicamente, generar incentivos para que las industrias contaminen menos porque cuanto más CO₂ lancen, más tendrán que pagar. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a los cuatro primeros ministros de Dinamarca, Finlandia, Portugal y Suecia han enviado una carta al presidente del Consejo Europeo, António Costa, con el objetivó de defender el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE como “la piedra angular de la estrategia climática e industrial de Europa”.

Es un gran atentado contra la lucha climática porque desordena toda la transición energética. Llevamos 15 o 20 años confiando en este sistema de mercado para reducir emisiones y ahora de repente se mina. Se está reduciendo la ambición climática de la UE intentando hacer ver que no se está tocando

Javier Andaluz — Coordinador de cambio climático en Ecologistas en Acción

La cuestión es que, al calor de la guerra en Irán y la subida de los precios de los combustibles fósiles, el Consejo Europeo de esta semana prevé abordar un punto sobre “competitividad y mercado único” en el que estos países desean, incluso, que se suspenda el ETS. La idea es anterior, pero la coyuntura ha servido de palanca para relanzar el proyecto.

¿En qué consiste el mecanismo de ETS?

En este sistema, las empresas de sectores industriales como el del acero, los fertilizantes, el hidrógeno, el cemento o el aluminio –además de la generación eléctrica– adquieren o reciben unos cupos de CO₂ para emitir cada año asignados por los gobiernos nacionales en función de los topes generales marcados por la Unión Europea. Así se va avanzando en el camino para dejar las emisiones de gases prácticamente cero para 2050.

Si se pasan, estas empresas tienen que pagar para comprar derechos de emisión y cubrir así el gas que han inyectado a la atmósfera. Si no llegan, pueden vender los cupos que han ahorrado a empresas que sobrepasen sus cupos. Eso provoca que las empresas se esfuercen por contaminar menos porque les sale rentable.

Una parte de los cupos es gratuita y asignada mientras existe otra parte que los países sacan a subasta para que las empresas los compren.

Evolución

Los ETS van evolucionando y han tenido diversas fases. Hasta ahora, cada curso las empresas reciben cupos de CO₂ gratuitos con los que luego podían negociar. Con todo, el esquema prevé que, a partir sobre todo de 2027, se vayan reduciendo esas asignaciones gratuitas hasta eliminarse en 2034.

El ritmo para eliminar los derechos de emisión gratuitos se va acelerando según avanzan los años. Así, si para 2028 se calcula quitar el 10%, en 2029 ya sería un 22% y un año después el 48,5%. Es cierto que el mecanismo es complejo y los diferentes sectores industriales implicados tienen sendas diferentes.

“El actual sistema ha sido efectivo porque quitó algunos elementos –como la posibilidad de trasladar créditos de emisión a otros años– que han forzado a que el precio del carbono sirviera como tope de las emisiones”, reflexiona Javier Andaluz.

Al mismo tiempo que van desapareciendo cupos gratis, para evitar que el mercado europeo se llene de productos más baratos porque se han fabricado a base de emitir CO₂, se ha creado una herramienta llamada Mecanismo de Ajuste de Frontera de Carbono (CBAM en inglés) que gravará esos productos. Las importaciones pagarán por la contaminación que generan si quieren acceder al mercado de la Unión Europea. Se trata de “fomentar una producción industrial más limpia en los países no pertenecientes a la UE”.

La última revisión del mercado de emisiones pretende incluir por primera vez el sector de los carburantes a base de combustibles fósiles. Los proveedores de gasolina o gasoil deberán adquirir derechos de emisiones asociadas al uso de esos carburantes y, en teoría, eso repercutirá en el precio final y en que se utilicen menos. El transporte por carretera es el sector en España que más CO₂ está lanzando a la atmósfera.

En teoría, tras una fase de monitorización y preparación (sin pago de derechos) el sistema estaba previsto que comenzara en 2027. Ya está encima de la mesa un posible retraso.

¿Cuál es el precio de una tonelada de carbono?

Ha variado a lo largo del tiempo. Ha llegado incluso a estar a cero euros debido al exceso de oferta derechos que las empresas ponían en el mercado al acumular cupos de años anteriores. Actualmente, ronda los 60 euros por tonelada de carbono.

No hay un valor único acordado como ideal. Depende de si se quisiera reducir más o menos rápidamente las emisiones y qué objetivo de limitación del calentamiento global se busque. No es lo mismo limitar a 2ºC extra la temperatura general del planeta que rebajar ese límite máximo a 1,5ºC (como pide la ciencia). Cuánto más ambicioso sea el objetivo y la senda para alcanzarlo más alto debería ser el precio de la tonelada de carbono.

Una comisión sobre precios de carbono convocada por el Banco Mundial y presidida por Joseph Stiglitz y Nicholas Stern colocó el precio entre 55 y 120 euros por tonelada en 2030 para cumplir el Acuerdo de París. Otro modelo de William Norhaus hablaba de unos 60 euros en 2050. El Panel de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU (el IPCC) estima rangos de entre 25 y 105 euros para 2030, según el itinerario más o menos ambicioso.

Este es, grosso modo, el sistema que quieren congelar Giorgia Meloni y Merz. La presidenta del Consejo italiana anunció el 11 de marzo que ha pedido “suspender la aplicación del sistema ETS en la generación de electricidad a base de combustibles fósiles”. Puso de excusa la subida de precios del gas y el petróleo provocada por los ataques de EEUU e Israel sobre Irán.

Sin embargo, ya antes de los ataques, el 26 de febrero, su ministro de Empresas, Adolfo Urso, solicitó públicamente a la Comisión Europea “suspender el ETS a la espera de una revisión porque es un impuesto a las empresas”. De hecho anunció: “Pediremos a la Comisión congelarlo”.

Un grupo de unos 150 científicos –entre los que estaban el premio nobel de física Giorgio Parisi o el economista Carlos Carraro– publicaron una carta abierta tras conocerse los planes de Meloni que titularon: “No hay nada más miope que atacar el sistema ETS mientras Italia colapsa”.

Algo parecido ha sucedido con el canciller alemán Merz. El 11 de febrero pasado en un foro industrial declaró que el mercado del carbono “debería revisarse o posponerse si mina la competitividad industrial”. Todavía quedaba un mes para que comenzaran los bombardeos en Irán. Sus palabras levantaron polvareda y luego quiso matizar que lo que necesitan los ETS son “revisiones regulares”. No eliminarlo, pero sí incluso retrasarlo si perjudica a la industria.

“La propuesta es un gran atentado contra la lucha climática”, resume Andaluz. “No solo impide el control de las emisiones, sino que desordena toda la transición energética porque llevamos 15 o 20 años confiando en este sistema de mercado para reducir emisiones –que no es nuestra opción favorita– y ahora, de repente, se mina. Al final lo que ocurre es que se está reduciendo la ambición climática general de la UE intentando hacer ver que no se está tocando”.

El comunicado de la dirección de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) tras el inicio de la última guerra de Donald Trump y Benjamin Netanyahu: “Observamos con gran preocupación los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán. Instamos a todas las partes beligerantes a actuar con la máxima moderación. La población civil y las infraestructuras civiles deben permanecer protegidas. Debe respetarse sin restricciones el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. La nueva desestabilización de Oriente Próximo no beneficia a los intereses alemanes y debe finalizar”.

El texto, colgado en la plataforma X por el grupo parlamentario de AfD en el Bundestag pocas horas después del ataque, generó una cascada de comentarios que demuestran cómo la guerra de agresión de Trump y Netanyahu está desgarrando el espacio ideológico de la ultraderecha alemana. “Guau, el comunicado parece de un partido de izquierda”, dice uno. “¿No es este un texto de Baerbock y Von der Leyen?”, agrega otro. “El islam político debe ser combatido siempre y en todos lados”, señala otro.

Las críticas, en este caso, no venían precisamente de movimientos de izquierda o antifascistas, sino de perfiles claramente pertenecientes al espectro ideológico que rodea a AfD. En el contexto de una guerra, apoyada abiertamente por el canciller conservador Friedrich Merz y cuyas consecuencias pueden afectar seriamente a la economía alemana, el partido de ultraderecha se encuentra bajo fuego amigo.

AfD y el 'trumpismo'

La condena de la guerra contra Irán de la presidencia conjunta de AfD, conformada por Alice Weidel y Tino Chrupalla, llama aún más la atención por la estrecha relación mantenida entre el partido ultra alemán y el trumpismo. El vicepresidente de EEUU, JD Vance, dio el año pasado un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich que se podía interpretar como todo un espaldarazo a Alternativa para Alemania en vísperas de unas elecciones federales alemanas. Numerosas voces de AfD han aplaudido e incluso tomado como ejemplo para el futuro de Alemania las redadas antimigratorias de ICE en EEUU.

Por un lado, está el sector que se orienta culturalmente hacia EEUU, entiende Occidente como un proyecto civilizatorio y considera a Israel como un puesto avanzado de ese proyecto. Por otro lado, está el sector que rechaza a EEUU como potencia hegemónica imperialista, quiere posicionar a Europa como una unidad geopolítica independiente y, a menudo, aunque no siempre, argumenta en línea con los intereses rusos

Nils Schniederjann — Periodista alemán especializado en ultraderecha

En el actual contexto geoestratégico, sacudido por la guerra en Oriente Medio, se observan dos facciones dentro de AfD: la ultraderecha transatlántica y proisraelí –que se mira en el espejo del neoconservadurismo encarnado por Trump y los halcones que le rodean en su segundo mandato– y la ultraderecha soberanista, proteccionista y de posiciones nacional-étnicas, encarnadas mejor que nadie por Björn Höcke, líder de AfD en estado de Turingia y del ala más radical del partido.

“La división en materia de política exterior dentro de AfD es el resultado de un partido que alberga bajo un mismo techo dos visiones geopolíticas profundamente incompatibles”, escribe el periodista alemán Nils Schniederjann, especializado en ultraderecha y cofundador del boletín Überrechts. “Por un lado, está el sector que se orienta culturalmente hacia EEUU, entiende Occidente como un proyecto civilizatorio y considera a Israel como un puesto avanzado de ese proyecto. Por otro lado, está el sector que rechaza a EEUU como potencia hegemónica imperialista, quiere posicionar a Europa como una unidad geopolítica independiente y, a menudo, aunque no siempre, argumenta en línea con los intereses rusos”.

Tensiones en la familia ultra

Esa tensión dentro de AfD descrita por Schniederjann se puede aplicar a la familia política ultraderechista europea, con las particularidades que presenta cada uno de los países. La guerra contra Irán genera un cisma en la ultraderecha europea que se puede resumir en tres grandes posiciones: los indecisos –que prefieren callar o mantener un perfil bajo sobre una guerra que les perjudica–, los que apoyan abiertamente la guerra iniciada por Trump y Netanyahu, y los que se oponen a ella.

El representante más destacado de la primera facción es el primer ministro húngaro, Víktor Orbán. En los primeros días de la guerra, Orbán mantuvo un silencio atronador. Es uno de los principales aliados de Trump –y de Vladímir Putin– dentro de la UE, le gusta presentarse como un defensor de la paz y se opone a la ayuda militar a Ucrania, y ni apoyó ni condenó los ataques contra la República Islámica. Orbán se encuentra en plena campaña, en la antesala de unas elecciones generales húngaras el próximo abril. Las encuestas proyectan su primera derrota electoral en 16 años. La guerra de Irán llega, por tanto, en el peor momento para él y su “democracia iliberal”.

Con unas elecciones municipales a la vuelta de la esquina, el líder ultraderechista francés Jordan Bardella ha intentado mantener un equilibrio: aunque al comienzo de la ofensiva no la condenó de forma directa, subrayó que cualquier cambio de régimen “legítimo y sostenible” debe provenir del pueblo iraní. Rápidamente, pasó a centrarse en el impacto económico negativo que la guerra tiene sobre los ciudadanos franceses.

Entre las voces destacadas que apoyan la agresión contra Irán se encuentran Vox y Reform UK, de Nigel Farage. El presidente del partido de ultraderecha español, Santiago Abascal, dijo que el ataque a Irán le generaba “gran esperanza” sobre la caída de la República Islámica y no dudó en acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de acercar a España a “la oscuridad antioccidental” por su negativa a permitir a EEUU el uso de las bases de Rota y Morón para hacer la guerra.

Farage, un seguidor declarado de Trump que incluso participó activamente en campañas en favor del líder republicano, no ha dudado en atacar al primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, por hacer peligrar la “relación especial” de Reino Unido con EEUU: “Está arriesgando la relación con un país sin el que estamos indefensos”, dijo Farage recientemente a la agencia Reuters por las dudas expresadas por Starmer sobre la guerra. No obstante, el líder ultra británico parece haber cambiado de rumbo recientemente dado el escaso apoyo de la población del país a la ofensiva.

Y la facción de la ultraderecha europea más crítica con la agresión está encabezada por la primer ministra italiana, la posfascista Giorgia Meloni, de Hermanos de Italia. Aunque su Gobierno justificó en un primer momento los ataques contra Irán, días después, y tras las críticas de la oposición, Meloni fue tajante: “No estamos en guerra ni queremos entrar en ella”. Este miércoles, la primera ministra italiana reconoció que el ataque está “fuera del derecho internacional”, aunque ha añadido: “Tampoco podemos permitirnos un régimen de ayatolás en posesión de armas nucleares”.

Estas declaraciones sitúan a Meloni, curiosamente, más cerca de Pedro Sánchez que de Santiago Abascal en la cuestión iraní, un síntoma de las enormes contradicciones a las que se enfrentan los líderes de la ultraderecha europea, alineados en el pasado mayoritariamente con el movimiento MAGA de Trump, y que ahora ven cómo ello les puede pasar factura por las consecuencias de la guerra contra Irán que ya se ciernen sobre el Viejo Continente.