Los aspirantes a mandar en la Policía Nacional cuando se produzca un probable cambio de Gobierno llevan tiempo tomando posiciones. Observar las corrientes marinas que agitan estos meses el pequeño océano de los comisarios ayuda a entender el arribismo en el Cuerpo. Nunca se sabe quién puede dar tu nombre al próximo ministro del Interior o qué sobremesa frecuentaste que ahora va a encumbrarte. Hay nombramientos cantados y otros improbables, como el de José Ángel González, conocido internamente como Jota, director adjunto operativo desde 2018. Antiguo teniente de la Policía armada, primera línea de los antidisturbios en tiempos, Jota reinó hasta el martes por la tarde en la Policía de un “Gobierno de rojos”. Sin ser él nada de eso. 

La denuncia por violación de una subordinada, acompañada de las coacciones que le habrían seguido, ha puesto fin a la carrera de Jota. De la promoción del 84, como de tantas otras, todos salían con un mote. Algunos lo conservan durante su carrera. A otros se les cae en el ascenso y pasan a ser llamados por su apellido. Pero Jota lo conserva. A fin de cuentas, él no llegaba de los despachos, ni de la investigación: José Ángel González será siempre “un botas”, como se conoce en la Policía a los antidisturbios. “Siempre estaba en primera línea cuando había que intervenir, como en las huelgas de los mineros, dando la cara. Su gente lo idolatraba”, le alaba un antiguo compañero que pide no ser citado. 

Fernando Grande-Marlaska había conseguido con el comisario González y con el director general de la Policía, el socialista Francisco Pardo, su objetivo: que nadie supiera quiénes eran. Y eso, a pesar de ser los responsables de 80.000 funcionarios públicos con placa y pistola. Cuando se preguntaba al ministro por ellos, Marlaska aludía al perfecto desarrollo de acontecimientos internacionales que son competencia de la Policía, como la Cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en 2022, un arriesgado escaparate para el país. 

El ministro niega taxativamente que Pardo y González hubieran sido tolerantes con las expresiones radicales que se prodigan en la Policía desde el proceso soberanista en Catalunya, pese a las evidencias en redes sociales y medios de comunicación. Los expedientes disciplinarios se anuncian a partir de los escándalos en la prensa y luego se les pierde la pista. Rara vez concluyen en una sanción relevante. Tampoco se les podía preguntar por ello. Ni Pardo ni González daban ruedas de prensa. Como el resto de mandos del Ministerio del Interior. Allí solo habla el ministro. 

El jefe del comisario González, el manchego Francisco Pardo, fue secretario de Estado de Defensa con José Bono y una persona unida fuertemente al exministro y antiguo presidente del Congreso. A Pardo le gusta repetir una cita que se atribuye a San Vicente de Paúl: “El bien no hace ruido y el ruido no hace bien”. Y así fue en la Dirección de la Policía, con el tándem perfecto entre Paco Pardo y Jota. Hasta que trascendió el martes la denuncia por violación contra el DAO. Este miércoles, Pardo reunió a la cúpula de la Policía para impartir directrices a raíz del escándalo. En privado, jura que desconocía la denuncia contra su 'número dos'. 

La tibieza de Pardo y González con los ultras de la Policía ha permitido que estos proyectaran su ruido hacia fuera. El máximo exponente es Jupol, sindicato con mayor afiliación, que frente a un grave caso de violencia sexual contra una compañera ha decidido fijarse en el ministro del Interior, del que no hay hasta ahora un solo indicio de que conociera la denuncia contra José Ángel González. 

Las notas de prensa y las declaraciones de Jupol suelen dar pistas de las iniciativas que van a seguir PP y Vox en materia de seguridad. En el caso de la agresión sexual a la mujer policía, el sindicato anticipó el martes por la tarde la bronca sesión de control al Gobierno que protagonizaría la derecha y la ultraderecha parlamentarias a la mañana siguientes. González estaba amortizado y Pardo no tiene relumbrón mediático. Había que volver a hacer política y Jupol se apresuró a exigir la dimisión del ministro. 

Copa de balón y “a sus órdenes”

Pero volvamos a la Policía. Sin dejar la política. González habría cometido la violación borracho de poder, al cumplir siete años en el cargo. En él había permanecido por su habilidad para “no hacer ruido”. Tanta habilidad como para que el Gobierno incluyera en un decreto ómnibus un cambio legal para que siguiera en el cargo cumplidos los 65. Pero cómo pudo llegar a DAO de un Gobierno progresista un mando sin preparación, sin experiencia en la investigación y sin perspectiva global de la seguridad. Jota, un comisario de toda la vida. De copa de balón y un “a sus órdenes”. Para explicarlo hay que remontarse a la convulsa primavera política de 2018.

El inesperado éxito de la moción de censura sorprendió al PSOE sin un banquillo organizado para tomar el relevo. El Gobierno de Zapatero había encumbrado al único (y reducido) grupo de comisarios afines decididamente al partido, un grupo de jóvenes que en la transición tuvieron la quijotesca idea de ingresar en el Cuerpo para cambiar el régimen desde dentro. Pero cuando llegó Pedro Sánchez su momento ya había pasado. Y tampoco estaba Alfredo Pérez Rubalcaba, quien en su etapa logró recabar adhesiones inquebrantables de coroneles y comisarios dispuestos a olvidar su adscripción ideológica por admiración al personaje.

Rubalcaba y su equipo optaron por recomendar a los colaboradores de Sánchez a un comisario que había trabajado con ellos, con idiomas y experiencia en áreas clave. Pero ese comisario tenía una titulación universitaria en el mismo máster que Cristina Cifuentes, como muchos otros mandos por el requisito que impuso el PP para poder detentar cargos de importancia. En 2018 aquel título manchaba. 

Entonces, otro policía comisario, amigo de Zapatero, habló al expresidente de José Ángel González. El nuevo Gobierno no tenía mucho donde elegir y Jota se le presentaba como un comisario “dócil”. Esa característica le ha valido para mantenerse ocho años al frente de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía de un Gobierno socialista. Un observador privilegiado de varias generaciones de mandos policiales lo describe gráficamente: “Los comisarios son de quien haga falta con tal de mandar. Como si hace falta hacerse de Podemos”.

El arribismo en la Policía experimentará en los próximos días un nuevo episodio. El puesto de director adjunto operativo saldrá a concurso y los comisarios principales que lo deseen tendrán un plazo de una semana para presentarse. La pregunta es cuántos dejarán su nombre por escrito para aspirar a DAO de la Policía con un Gobierno al que anticipan pocos meses de vida. “La peregrinación a Génova es constante”, asegura otra voz autorizada en el Cuerpo. 

El ascenso hasta la cumbre policial de un mando de la Unidad de Intervención, como José Angel González, tiene un aciago precedente. Cuando el Partido Popular llegó al Gobierno en 2012, la calle ardía por la crisis económica. En Génova optaron por Eugenio Pino, que había comandado a los antidisturbios de toda España. Siendo DAO (director adjunto operativo), Pino organizó una brigada política contra la oposición democrática. En abril se sentará en el banquillo por sabotear la investigación judicial de la caja B del Partido Popular desde su puesto de mando en la Policía. La Fiscalía pide para él 15 años de cárcel, al igual que para el penúltimo ministro del Interior del PP, Jorge Fernández Díaz. El actual presidente del partido, Alberto Núñez Feijoó, concluyó este miércoles que la acusación por violación contra el DAO de la actual Policía es una muestra de cómo “España se cae a pedazos” por culpa del Gobierno de Sánchez.

“No hubo refuerzos ni la noche de la dana ni los días siguientes”. Así de categórico se ha mostrado el secretario general del sindicato policial Jupol durante su comparecencia este jueves por la mañana en la comisión del Senado que investiga la tragedia que el 29 de octubre de 2024 y días sucesivos costó la vida a 230 personas en la Comunidad Valenciana. La afirmación de Aarón Riverio contradice los datos de Interior.

A preguntas del senador del PP, Luis Javier Santamaria, el líder de Jupol ha trasladado la idea de que el Gobierno central dejó sin movilizar a miles de efectivos de Policía que podían haber ayudado. “Había miles de policías dispuestos a venir a colaborar y sin embargo no se movilizaron”, ha insistido el senador Santamaría pidiendo la corroboración de Rivero, que ha repetido casi una por una sus palabras.

Lo cierto es que en los días siguientes a la dana el Ministerio del Interior realizó lo que fuentes gubernamentales calificaron como “el mayor despliegue policial de la historia en las zonas de la Comunitat Valenciana afectadas por la dana”.

2.500 agentes desde el 2 noviembre

Según los datos públicos de Interior, a los 1.800 efectivos de Policía Nacional desplegados sobre el terreno se añadieron, desde el sábado 2 de noviembre y durante los próximos días, otros 2.500 como refuerzo.

En concreto, el 2 de noviembre se envió a seis especialistas de la Comisaría General de Policía Científica y sendos convoyes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de Zaragoza y Barcelona. El 3 de noviembre, a un grupo de la Unidad Central de Intervención Policial de Madrid y un grupo UIP de Valladolid. El 4 de noviembre, 15 grupos operativos de las UIP de seis provincias distintas. El 6 de noviembre, cinco grupos operativos de las UIP de otras seis provincias.

En cifras totales, el Gobierno movilizó los siguientes efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para atender la emergencia de la dana: policías nacionales, 4.438 agentes; guardias civiles, 5.290 agentes. Además, fueron movilizados 1.900 vehículos, incluidos un avión, 10 helicópteros, 85 drones, 10 embarcaciones, 23 autobuses y más de 800 vehículos todoterreno.

En total, los gastos del personal movilizado ascendieron a más de 23 millones de euros, según datos provisionales de la web oficial InfoDana. En gastos corrientes (alojamiento y manutención de agentes) se destinaron casi 14 millones de euros.

El Código Penal establece que si “el convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses”.

El Juzgado de 1ª Instancia Nº60 de Madrid ha admitido a trámite un acto de conciliación solicitado por el sindicato de la Policía Nacional Jupol, previo a la interposición de una querella penal por presuntas injurias graves con publicidad contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y ha fijado la cita para el próximo 27 de octubre. Para este procedimiento no es necesario que se persone la propia Belarra, ya que es suficiente con la presencia de su abogado.

Según ha informado el sindicato policial en un comunicado, este procedimiento judicial se origina tras las declaraciones públicas realizadas por Belarra el pasado 15 de julio en Torre Pacheco, en las que acusó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de contar con una infiltración de “ideología neofascista” y de promover un “terrorismo nazi de extrema derecha”.

Además, Jupol ha señalado que a estas manifestaciones se suma un mensaje publicado el 21 de julio en la red social X en el que acusó a la Policía Nacional de realizar “redadas racistas en cada parada de metro, en cada calle de este país”, afirmando además la existencia de un supuesto “racismo institucional” en el cuerpo.

“Desde Jupol se considera que estas afirmaciones constituyen un grave atentado contra el honor, la profesionalidad y la neutralidad política de los agentes de la Policía Nacional, acusaciones infundadas que buscan dañar la imagen pública de una institución que trabaja cada día con plena sujeción a la legalidad, sin discriminación alguna ni motivación ideológica”, se lee en el comunicado del sindicato.

El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, ha señalado que “la admisión a trámite de este acto de conciliación es un paso fundamental para frenar los ataques injustos y falsos que se lanzan desde determinados sectores políticos contra la Policía Nacional”. Asimismo, ha sostenido que “no se puede acusar a nuestros agentes de racismo ni de connivencia con ideologías extremistas sin asumir responsabilidades legales”.

Una rectificación pública

En este acto de conciliación, Jupol reclamará a Belarra una rectificación pública y masiva en medios de comunicación de ámbito estatal, así como disculpas públicas por las declaraciones y publicaciones injuriosas.

Del mismo modo, el sindicato pide la eliminación inmediata del tuit, publicado el 21 de julio, y su sustitución por un mensaje de disculpa y una indemnización de 30.000 euros por los daños y perjuicios ocasionados a la imagen y honor de la Policía Nacional.

El sindicato ha advertido de que, de no alcanzarse un acuerdo en este proceso, interpondrá una querella penal por injurias graves con publicidad contra funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, “agravantes que pueden conllevar consecuencias penales significativas”.

Por último Jupol ha recordado que el respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es un “pilar esencial en toda democracia” y que ningún cargo público “puede ampararse en su posición institucional” para lanzar “acusaciones falsas y ofensivas contra quienes velan día a día por la seguridad y la convivencia de todos los ciudadanos”.

El agente del Cuerpo Nacional de Policía Ibón Domínguez, portavoz del sindicato Jupol, ha publicado en su cuenta de X un mensaje en el que defiende la eliminación física de presuntos delincuentes para luchar contra el narcotráfico. Domínguez se refiere al ataque por soldados estadounidenses de una lancha que presuntamente transportaba cocaína, un incidente en el que han fallecido 11 ciudadanos venezolanos.

La polémica suscitada por el mensaje de Domínguez ha motivado que el policía nacional retire el mensaje. “Llamadme radical, pero así se combate el narcotráfico”, decía el portavoz nacional de Jupol en su cuenta personal. El agente, confirman fuentes policiales, gestiona la cuenta del sindicato, desde el que se defienden habitualmente posiciones ultras o se ataca a periodistas.

Después de que Antonio Maestre advirtiera del contenido del mensaje en su cuenta de X, Ibón Domínguez ha borrado el mensaje, si bien varios usuarios han rescatado un pantallazo del mismo. Domínguez es un colaborador de la máxima confianza del líder del sindicato, Aarón Rodríguez. Jupol sufrió un importante descenso de apoyos en las últimas elecciones sindicales, de 2023, pero siguió cosechando el mayor número de votos.

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por el sindicato Jupol contra la Administración central por no haber actualizado las dietas que cobran los agentes cuando viajan desde 2002, cuando se aprobó el Real Decreto que establecía su cuantía y que preveía un incremento de acuerdo a la subida del IPC. El sindicato alegaba “inactividad administrativa” y la Sala de lo Contencioso ha concluido que no se dan los supuestos para reconocer esa conducta en el Gobierno, de acuerdo a lo recogido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

La actualización de las dietas por comida y alojamiento debía afectar a todos los funcionarios, si bien se trata de una reivindicación histórica de los policías nacionales por ser el colectivo que, dentro de los trabajadores de la Administración pública, son los que más viajan. La sentencia del Supremo, a la que ha tenido acceso elDiario.es, condena a Jupol al pago de las costas.

Los jueces del Supremo advierten de que el sindicato se ha equivocado al recurrir a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Para ello, recoge el fallo, se “precisa de la existencia de una actuación que carezca de margen de actuación o apreciación” por parte de la Administración. Una vez analizado el Real Decreto, la sentencia, cuya ponente ha sido la magistrada Pilar Teso, concluye que no se da el supuesto al que aspiraba Jupol.

No es el poder ejecutivo, al que señalaba Jupol, a quien se le puede atribuir la “inactividad” por no actualizar las dietas. Ha sido el legislador, esto es, el Parlamento el que ha ido prorrogando o aplazando la aprobación de un “mandato reglamentario” que desarrolle lo que recoge el Real Decreto aprobado para las dietas en 2002. Sin esa actuación legislativa no se puede atribuir al Gobierno el supuesto legal de la “inactividad” al que recurría Jupol.

“El recurso contencioso-administrativo, por su propia naturaleza, no puede poner remedio a todos los casos de indolencia, lentitud e ineficacia administrativas , pues únicamente pretende garantizar el exacto cumplimiento de legalidad”, recoge la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

Faltan efectivos de la Policía Nacional en la calle. Así lo denuncia sindicato policial JUPOL desde el que aseguran en una conversación con Rioja2 que esta carencia de efectivos se ha he hecho patente, sobre todo, durante la pasada Nochebuena y Navidad. De hecho, durante la mañana del 24 de diciembre, de 10:00 a 14.00 horas, no había ningún coche de la Policía Nacional en las calles de Logroño. “Ese día había dos indicativos (dos vehículos) asignados a la seguridad ciudadana en Logroño, pero también había tres detenidos a los que había que trasladar de los juzgados a la prisión de Logroño”. Y los dos vehículos, en vez de estar patrullando por la capital riojana, tuvieron que estar “inmovilizados” durante estas cuatro horas en los juzgados de Logroño esperando a que los tres detenidos prestaran declaración para trasladarlos de nuevo a la prisión de Logroño por lo que “durante estas cuatro horas, no hubo indicativos o patrulleros de la Policía Nacional en Logroño”. Durante la noche de Nochebuena se realizaron un centenar de intervenciones en La Rioja. Al principio de la noche esas intervenciones eran principalmente emergencias sanitarias. Después altercados en la vía pública por peleas, agresiones, intoxicaciones etílicas y robos.

Durante el día de Navidad un indicativo, un coche de la Policía Nacional, patrulló las calles de Logroño. “Lo normal, por el número de habitantes de Logroño es que haya, al menos, dos vehículos, pero al reducir el número de efectivos no hay agentes suficientes como para sacar dos vehículos”, denuncian. Habitualmente, estas carencias de efectivos solían paliarse a través de horas extras y con cambios de turnos de los agentes. Hasta ahora. “Llevamos arrastrando este problema desde que finalizó la pandemia y los agentes están hartos así que ya no quieren hacer horas extras ni aceptan esos cambios de turnos de última hora”. El resultado, un déficit de seguridad en las calles de Logroño.

Una falta de agentes de Policía Nacional en las calles de Logroño cinco años después de que se ampliara en 30 la plantilla. “No hay efectivos en la calle porque están en las oficinas”, censuran. Y es que la merma de efectivos de la Policía Nacional se ha hecho más efectiva en la unidad de seguridad ciudadana, y más concretamente en el Grupo de Atención Ciudadana (GAC), los agentes encargados de patrullar por las calles de la ciudad. “No puede ser que únicamente haya un solo vehículo de la Policía Nacional por las calles de Logroño. Ahora se cometen más delitos, hay más peleas y ya no son como antes, ahora se utilizan bates de béisbol, cuchillos, navajas...”. Un ejemplo. “En la pelea de hace unos días en el Parque del Carmen de Logroño, los compañeros que acudieron hasta allí, no pudieron pedir refuerzos porque no había, ese día sólo había un coche de Policía Nacional en las calles de Logroño”.

Y es que uno de los problemas para este sindicato policial son lo que denominan las “conducciones”. “Antes de la pandemia había una unidad específica para trasladar a los presos a declarar a los juzgados o a urgencias, traslados que inmovilizan las unidades durante varias horas. Esta unidad se eliminó y no se ha vuelto a habilitar”. Problemas que son conocidos por la Jefatura de La Rioja. “Cada tres meses, los principales sindicatos nos reunimos con los superiores, la reunión de septiembre no sirvió para nada, en la última buenas palabras pero nada más”.

Y ¿qué pasará en Nochevieja? “Todavía no los sabemos porque no nos han dado los cuadrantes, pero no pinta muy bien”.

El producto ultra que desde hace casi una década comercializa Desokupa ha llegado a la Policía Nacional. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, ha anunciado un acuerdo con la empresa de Daniel Esteve para formar a sus miles de afiliados en “defensa personal”. La pelea entre sindicatos policiales y el auge del discurso ultra sobre seguridad se convierten en un nuevo trampolín para Desokupa después de varios años usando la televisión y las redes sociales para promocionar un negocio que, precisamente, suplanta a policías y jueces en la gestión de desahucios con un líder claramente alineado con la extrema derecha.

El acuerdo entre la empresa y el sindicato fue anunciado ayer por ambas partes con un vídeo en el que Daniel Esteve, fundador de la compañía, entrega una camiseta del 'Club Desokupa' a Mónica Gracia, secretaria general del sindicato. “Tenemos un problema en las calles, una violencia desmedida, la autoridad se ha perdido”, lamenta Gracia después de que Esteve anuncie que serán cursos “de hasta 500 policías a la vez con 18 formadores”.

Por el momento ni el sindicato ni la empresa han especificado en qué consistirá el curso, aunque los últimos movimientos de Desokupa permiten hacerse a la idea. Exprimido hasta la saciedad el negocio de la desocupación de inmuebles, la empresa de Esteve ha puesto en marcha el 'Club Desokupa' con un objetivo: dar clases de defensa personal a los ciudadanos. En uno de sus vídeos promocionales, el instructor propinaba más de una decena de puñaladas en el cráneo a Daniel Esteve mientras una tercera persona les lanzaba tierra a la cara con un pie.

El Ministerio del Interior y la Policía Nacional fueron los primeros en explicar, pocas horas después del anuncio del acuerdo, que cualquier curso impartido o facilitado por el SUP en ese sentido no sería “baremable” ni “homologable”: los agentes que lo cursen no podrán hacerlo valer, por ejemplo, para sumar puntos para un ascenso. “La formación impartida en el marco de ese acuerdo no es homologable ni baremable y no cuenta con ningún respaldo por parte de la Dirección General de la Policía”, explicó el domingo la Policía Nacional. Nada fuera de la Escuela de Ávila, el Centro de Actualización y el Centro de Altos Estudios Policiales es válido a esos efectos.

La premisa de Desokupa en los últimos meses ha sido clara: enseñar a la población civil a defenderse, por ejemplo, de un ataque con un cuchillo. Todo bajo el paraguas del discurso sobre delincuencia que la extrema derecha desarrolla desde hace años, sobre cómo la inseguridad en las calles implica que los ciudadanos deben practicar la autodefensa, usando incluso armas de fuego como en el caso de Pepe Lomas, convertido en un mito de grupos neonazis. También que los jóvenes deben recibir entrenamiento castrense.

Esa narrativa militar de la extrema derecha se abre ahora paso, según afirman el SUP y Desokupa, a “30.000 policías” –los afiliados del sindicato– que podrán optar a esa formación de manos de otros agentes en activo. Pocas horas después del triunfal anuncio a través de la red social X, tanto el sindicato como la empresa tuvieron que puntualizar que estos cursos no están relacionados con las prácticas que despliega la empresa cuando 'desokupa' inmuebles: “No queremos manchar la imagen de la Policía ni que se piense que son policías formados por matones”, ha declarado a EFE un portavoz del sindicato.

“La mierda de la televisión”

Daniel Esteve también ha publicado un vídeo para explicar que esta formación va enfocada a la defensa personal y no a los desahucios, mencionando al principio de su intervención a “la mierda de la televisión”. Un medio de comunicación al que Desokupa debe buena parte de su capacidad actual de difusión, después de haber convertido en un contenido habitual de las mañanas televisivas las retransmisiones en directo de sus 'desokupaciones'. Con ejemplos cuidadosamente elegidos de historias que, a veces, no son lo que parecen, Desokupa y otras empresas del sector han emitido su publicidad gratuita durante años en las principales cadenas de televisión del país.

El bombardeo de contenido relacionado con Desokupa, con unas redes sociales propias con gran capacidad de difusión, ha coincidido y crecido en paralelo al protagonismo político de la ocupación de inmuebles, así como con la presencia del negocio de la seguridad y las alarmas para prevenir estas usurpaciones. Un nivel de alarma social que no se corresponde con los datos reales de ocupaciones ilegales y que ha llevado, incluso, a su contratación en ayuntamientos como Premià de Dalt o Collado Villalba. En el municipio madrileño de Alcorcón, Vox llegó a presentar la contratación de Desokupa como una promesa electoral.

El mensaje y el negocio de Desokupa supone una prolongación monetizada de un discurso de extrema derecha que esta empresa extiende, sobre todo, a la inseguridad ciudadana vinculada a la migración. Todo en paralelo a una acción política en la que Esteve ha colgado lonas en las calles pidiendo sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa o haciendo campaña contra Ada Colau en Barcelona.

En los últimos meses, Desokupa y su líder se han significado en un escenario de protestas que genera desconfianza en el mundo policial de cara a que el sindicato mayoritario firme un acuerdo con la empresa: las manifestaciones de la calle Ferraz del pasado mes de noviembre. Concentraciones en las que el propio Esteve, acompañado de Luis 'Alvise' Pérez, movieron a miles de personas por el centro de Madrid en contra de las órdenes policiales.

“Nos sobran porteros buscando negocio”

El negocio principal de Desokupa es intervenir para conseguir expulsar al inquilino sin tener que pasar por los largos procesos judiciales que desembocan en un lanzamiento, a veces en casos de impagos y en otras ocasiones solo porque el casero quiere quitarse de encima a su inquilino. La imagen ha sido retransmitida por televisión en decenas de ocasiones: hombres musculados que acuden a una casa y bordean por todos los lados el Código Penal para conseguir la expulsión de quien está dentro. En casos de otras empresas, como Bastión Desokupación, los gritos y amenazas han acabado en condena.

Varios sindicatos policiales han cuestionado que esta empresa pueda asumir la formación de sus afiliados en materia de “defensa personal”, a la espera de saber si ese término se corresponde con el concepto de “fuerza mínima e indispensable” que suelen tener en cuenta los jueces a la hora de valorar la actuación de un policía.

“Tenemos instructores profesionales y cualificados y nos sobran ‘porteros’ buscando negocio”, afirmaba la Confederación Española de Policía (CEP). César Alvarado, delegado del SUP, ha defendido que esos cursos sí serán “baremables” pero ha verbalizado otra crítica: “Es colaborar con alguien que no ha pedido perdón”, explica en un vídeo. Perdón por dejar “a los pies de los caballos” a los antidisturbios en Ferraz, los mismos a los que ahora aspira a formar en su Club Desokupa.

El Sindicato Unificado de Policía es una de las agrupaciones profesionales con más solera en la Policía Nacional. Y en el último lustro se ha encontrado con una situación inédita: la irrupción de otro sindicato, mucho más radical, llamado Jupol que llegó a ganar las elecciones con mayoría absoluta en 2019 y que en los últimos comicios de 2023 consiguió unos resultados muy similares.

Este ha sido uno de los sindicatos que se ha mostrado en contra del acuerdo formativo entre el SUP y la empresa de Daniel Esteve. En un comunicado, Jupol afirma que el acuerdo entre SUP y Desokupa supone un “grave perjuicio” para la institución policial ya que los agentes recibirán una “formación no homologada y no baremable”.

El último Consejo de Ministros del curso, el del martes, albergó dos decisiones que afectan al funcionamiento interno de la Policía y a la estrategia del sindicato Jupol, principal ariete de Vox y el PP contra el Gobierno dentro del Cuerpo, que han pasado desapercibidos por el alto voltaje político que ha envuelto los últimos días del mes de julio. El Ejecutivo desestimó las dos demandas que había dirigido a Moncloa el secretario general de Jupol respecto al desarrollo de las especialidades del cuerpo y a la regulación de las elecciones sindicales.

Jupol exigía al Gobierno que desarrollara dos previsiones que aparecen en la norma que regula el Régimen de Personal de la Policía Nacional, una ley aprobada en 2015. Los policías tienen reconocidas nueve especialidades. Algunas de tanta trascendencia pública como la de Información, cuyos agentes están dedicados a la lucha antiterrorista, o la Policía Judicial, que combaten, entre otros, el fenómenos del crimen organizado. 

En el Consejo de Ministros de este martes, el Gobierno despacha la demanda que Jupol presentó en febrero explicando que el desarrollo de las especialidades “se encuentra actualmente disperso en diferentes instrumentos, sin perjuicio de que en el futuro pueda abordarse de nuevo su regulación a través de una o varias disposiciones reglamentarias de rango adecuado”. En este sentido, el Ejecutivo cita dos reales decretos, una orden y también regulaciones internas de cada unidad que, considera, revelan como irrelevante la petición de Jupol. 

Por otra parte, el secretario general del sindicato, Aarón Rivero, se había dirigido al Gobierno para solicitar que se desarrollase la norma que sirve para convocar las elecciones internas en la Policía y el Consejo de la Policía resultante de ellas. Aquí el Ejecutivo contesta que “se debe desestimar” porque, sencillamente, la convocatoria de elecciones en la Policía “no está huérfana de regulación”. “Existe la normativa reglamentaria reclamada y está plenamente en vigor”, añade.  

“El Real Decreto 555/2011, de 20 de abril, por el que se establece el régimen electoral del Consejo de Policía, tiene precisamente por objeto las normas para la celebración de las elecciones a representantes de la Policía Nacional en el Consejo de Policía y desarrolla todo lo relativo al reconocimiento del derecho de sufragio, al ejercicio del sufragio activo, la administración electoral, la convocatoria de elecciones, el censo electoral, el procedimiento electoral, el procedimiento de voto electrónico, el voto por correspondencia, la proclamación de electos y la constitución del Consejo de Policía con la nueva composición surgida de la celebración de las elecciones”, explica el Gobierno a Jupol. 

Rechazo también en el Supremo

Paralelamente, el sindicato había recurrido a la vía judicial, al Tribunal Supremo, para intentar materializar sus reivindicaciones. Por cuestiones distintas, el sindicato también ha fracasado, al menos de momento. Los servicios jurídicos de Jupol optaron por presentar una demanda en lugar de recurrir al preceptivo recurso contencioso-administrativo. 

Al dejar de lado al resto de sindicatos que representan a los policías, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha resuelto: “No cabe ninguna duda de que el sindicato recurrente no es el único posible interesado en la falta de desarrollo reglamentario del art.20.3 de la Ley Orgánica 9/2015. Hay otros sindicatos policiales, por no hablar de personas físicas, que podrían tener algún interés legítimo en el asunto”.

Por ello, concluye la Sala, Jupol tendrá que tramitar su demanda como en otros casos, presentando en primer lugar el escrito de interposición del recurso para, de esa forma, poder ofrecer al resto de sindicatos la posibilidad de formar parte de ese procedimiento y del otro que pide el desarrollo del artículo 95.5 (elecciones al Consejo de Policía), aunque sea en calidad de 'codemandados' junto con Interior.

La Fiscalía se ha opuesto a amnistiar al anarquista de Barcelona que, a día de hoy, es el único condenado por alguno de los altercados que ocurrieron durante el proceso soberanista que permanece en prisión. Pese a que la sentencia consideró que el condenado agredió a la víctima por su ideología, el Ministerio Público cree ahora que solo lo hizo con ánimo de menoscabar su integridad física, por lo que debe quedar fuera del olvido penal del procés.

Abel M. ingresó el pasado 30 de mayo en la prisión de Brians 2 pese a ser un posible beneficiario de la ley de amnistía (que se aprobó el mismo día de su entrada en la cárcel). Su defensa pidió la amnistía, pero la Fiscalía se ha opuesto al considerar que la agresión a un asistente a la manifestación de sindicatos policiales por la que fue condenado no entra dentro del ámbito de aplicación de la norma.

El anarquista fue condenado a tres años y nueve meses de cárcel por una agresión en 2018 en el metro de Barcelona a un hombre que viajaba con una bandera española tras acudir a una manifestación del sindicato policial Jusapol.

Pese a que la persona que empujó por las escaleras a la víctima está huida, Abel M. fue condenado por vigilar el entorno de la estación de metro donde ocurrieron los hechos para asegurar el “éxito” de la agresión y para intervenir si era necesario.

Según la sentencia, el hombre actuó guiado por sus “postulados independentistas de corte anarquista”, ya sentía “animadversión” hacia quienes se identificaban con el sentimiento de pertenecer a la nación española y participaron en un acto de exaltación de estos sentimientos, como el de Jusapol.

Aunque la sentencia indica que el condenado agredió al asistente a la marcha de Jusapol por su “animadversión” a los símbolos de la nación española, la Fiscalía considera que la causa no entra en la amnistía porque el condenado no actuó con “intención de reivindicar, promover o procurar” la independencia de Catalunya. La “única finalidad” del condenado, agrega el escrito fiscal, fue “ocasionar” un daño corporal a la víctima.

La lesión de la víctima, ahonda el escrito del servicio contra los delitos de odio de la Fiscalía de Barcelona, no fue “un acto de reivindicación o promoción de la secesión”. Tampoco consta que hubiera tenido contribución alguna al éxito del procés.

La agresión “ni siquiera se produjo en la manifestación” de Jupol, argumenta la fiscal, “sino en el medio de transporte público utilizado por una persona a la que el condenado había atribuido postulados ideológicos que detesta, y que iba de camino a su domicilio particular”.

Abel M. es la primera persona presa por hechos relacionados con el procés desde que el indulto a los exdirigentes permitiera su salida de la cárcel en 2021. De las distintas condenas por disturbios, altercados y agresiones, la del anarquista es de las pocas que suponían el ingreso efectivo en prisión.

Un anarquista de Barcelona se ha convertido en el primer condenado por un altercado ocurrido durante el procés que entra en la cárcel. Abel M. permanece desde el pasado jueves en la prisión de Brians 2 pese a ser un posible beneficiario de la ley de amnistía (que se aprobó el mismo día de su ingreso en prisión).

Abel M. fue condenado a tres años y nueve meses de cárcel por una agresión en 2018 en el metro de Barcelona a un hombre que viajaba con una bandera española tras acudir a una manifestación del sindicato policial Jusapol.

Tal y como ha avanzado El Nacional y han confirmado fuentes jurídicas, la anterior defensa del condenado, que ejercía un abogado de oficio, no solicitó al juzgado la suspensión del ingreso en prisión pese a la inminencia de la aprobación de la amnistía. Al no tener ninguna petición, el juzgado de lo penal que condenó a Abel M. en primera instancia fue el encargado de ejecutar la sentencia y ordenar su ingreso en prisión.

Varios grupos anarquistas de Barcelona han convocado para este domingo una manifestación de apoyo al condenado. En un comunicado, han criticado la ley de amnistía como “un lavado de cara para invisibilizar el verdadero carácter represivo del Estado”.

Abel M. se convierte así en la primera persona en entrar en prisión por hechos relacionados con el procés desde que el indulto a los exdirigentes permitiera su salida de la cárcel en 2021. De las distintas condenas por disturbios, altercados y agresiones, la del anarquista es de las pocas que suponían el ingreso efectivo en prisión.

Los hechos ocurrieron el 10 de noviembre de 2018, cuando la víctima –que no era policía– se disponía a regresar a su casa en metro tras haber participado en una manifestación de la asociación sindical Jusapol, y fue agredido por otra persona –huida de la Justicia– por exhibir una bandera española y una gorra con un escudo de España.

Pese a que la persona que empujó por las escaleras a la víctima está huida, Abel M. fue condenado por vigilar el entorno de la estación de metro donde ocurrieron los hechos para asegurar el “éxito” de la agresión y para intervenir si era necesario.

Según la sentencia, el condenado actuó guiado por sus “postulados independentistas de corte anarquista”, ya sentía “animadversión” hacia quienes se identificaban con el sentimiento de pertenecer a la nación española y participaron en un acto de exaltación de estos sentimientos, como el de Jusapol.

La sentencia concluyó que en el caso no solo había ideologías “totalmente enfrentadas”, sino que “no existe otro motivo para la comisión del delito”, pues los agresores “no conocían a la víctima” y existían “numerosos indicios” de su “desprecio” a la ideología que abandera la unidad de España.

La magistrada apreció la agravante de discriminación, ya que el motivo de la agresión fue el “enfrentamiento ideológico” con la víctima. La jueza se apoyó en las publicaciones del acusado en las redes sociales, con expresiones como “putos parásitos españoles/equidistantes”, “a quemar embajadas Puta España”, “Odio eterno para España” y “madero bueno madero muerto”.

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la Audiencia Nacional ha anulado la concesión por parte del Ministerio del Interior de las medallas de plata a siete mandos de la Policía Nacional jubilados en 2022, después de que este mismo órgano judicial ya tumbara la concesión un año antes.

La sentencia, con fecha de 20 de mayo y consultada por Europa Press, anula las condecoraciones de estas medallas con derecho a pensión pública que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska otorgó a cuatro exjefe superiores, un excomisario general, un exjefe de la Unidad de Asuntos Internos y un exresponsable de Extranjería en Madrid.

En la sentencia, la juez sostiene que la resolución publicada en la Orden General Extraordinaria 16/09/2022 “no es conforme a derecho” y la anula, imponiendo las costas, por valor de 4.000 euros, a la parte demandada. De esta forma, atiende a las demandas interpuestas por los sindicatos policiales CEP, JUPOL, UFP Y SUP, incluyendo la petición de este último para anular las 49 cruces rojas —también pensionadas— aprobadas por Interior en su orden de 2022.

La magistrada indica que se aprecia causa de nulidad “por haberse prescindido totalmente del procedimiento establecido” y acusa al ministerio de “obviar la intervención de las organizaciones sindicales con el trámite de audiencia que la propia demanda les ha reconocido”, lo que en su opinión vulnera el artículo 28 de la Constitución.

Es más, entiende que la ley del año 1964 que regula las condecoraciones “delimita la concesión de la medalla de plata a supuestos tasados e individualizados”, por lo que, atendiendo a la trayectoria profesional de los mandos, “solo procedería la cruz al mérito policial con distintivo blanco”, esto es, sin ser pensionada, a diferencia de la medalla de plata que sí supone un incremento del 15% del sueldo.

La juez también rechaza la petición de la Abogacía del Estado para retrotraer las actuaciones. “No procede”, dice, porque “no estamos ante un simple defecto de forma que pueda subsanarse”.

Los sindicatos creen que la decisión deja a Marlaska “en evidencia”

El sindicato CEP, que interpuso la demanda, ha reaccionado en un comunicado señalando que este “nuevo revés deja en evidencia” al ministro Fernando Grande-Marlaska y también al Director Adjunto Operativo (DAO) y a la Dirección General, en sus casos por “tramitar y no oponerse en ningún momento a este despropósito”.

La CEP rechazó en octubre de 2022 que el Ministerio del Interior volviera a conceder un año después las medallas a mandos policiales pese a ser anuladas por la Audiencia Nacional alegando falta de motivación en los expedientes y carencias en el proceso de alegación, regulado por una ley franquista de 1964, motivo por el que el sindicato viene impugnando las convocatorias de estos premios.

De esta forma, la CEP denuncia que se usen las medallas honoríficas como “premio de final de carrera” y avisa que el año pasado interpusieron otra demanda contra las concesiones del año 2023. En este sentido, ha calificado de “vergonzoso” que las condecoraciones se sigan regulando con una norma franquista, de 1964, “sin que ni PSOE ni PP hayan tenido el valor de cambiarla”.

“Necesitamos una norma transparente, objetiva y con mecanismos de control”, ha añadido CEP, que ha recordado que esta es una de las razones por las que no asisten a las reuniones que convoca la Dirección General de la Policía en señal de rechazo a la gestión del Ministerio del Interior.

Los agentes de la Policía Nacional que abatieron a tiros el 26 de noviembre de 2021 a Kebyn Brayan Peralta Asencio, de 21 años en el rellano de su casa de Vallecas han declarado en el juicio que usaron el arma para repeler la agresión a cuchilladas del chico, señalando que pensaron en un primer momento que no funcionaba la pistola porque “las balas no le hacían nada” y no cesaba en su ataque violento, informa Europa Press.

El juicio ha arrancado este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid con un jurado popular, que tendrá que determinar si los policías obraron o no bajo una legítima defensa y si su actuación fue desproporcional como plantea la familia del fallecido a través de los abogados de la acusación particular.

Los hechos se produjeron sobre las nueve de la noche cuando los agentes se personaron en el domicilio de la víctima, ubicado en Puente de Vallecas, al ser requeridos a raíz de una llamada de la madre. Al entrar a la vivienda, el joven se abalanzó contra ellos, según el relato de los policías. Entre los tres policías dispararon en 19 ocasiones al joven, impactando seis en su cuerpo. Un informe forense incorporado a la causa establece que el joven falleció por la acumulación de disparos que le impactaron y que le provocaron un shock hipovolémico.

Los agentes mantienen que el chico estaba “completamente ido” y que se les lanzó a cuchilladas sin mediar palabra. Usaron el arma para evitar el ataque, que no cesaba a pesar de los disparos. Incluso cuando los sanitarios del Samur-Protección Civil le atendieron en el suelo, le tuvieron que engrilletar y reducir. “Si no te estás quieto, te mueres”, le dijeron los facultativos.

La fiscal solicita una condena de dos años y medio de cárcel por un delito de homicidio con una eximente incompleta de legítima defensa mientras que la familia solicita diez años de prisión al considerar que concurre un dolo eventual. La defensa reclama la absolución al apreciar una eximente completa de legítima defensa.

La madre del fallecido ha roto a llorar desconsolada en su declaración tras relatar que su hijo llevaba días nervioso y que tenía problemas de convivencia con su hermano. “Cuando llegó su hermano, le dio un manotazo y se enzarzaron. Por eso, llamé a la Policía para que le dieran un sustito, y se lo llevaran al calabozo. Y le llevaran al psicólogo. No era una cosa tan grave”, ha lamentando entre sollozos, confesando que se siente culpable de lo ocurrido por hacer esa llamada.

Niega que advirtiera a los agentes de que su hijo estuviera agresivo, indicando que solo había cogido un cuchillo de pelar patatas. La hoja medía 12,5 centímetros, algo más que los cuchillos del cubierto para la carne. “No pasaron dos minutos cuando se escucharon un montón de tiros”, ha contado. “Perdón, perdón”, ha gritado al no poder dejar de llorar. El hermano del chico tampoco recuerda haber comentado a los agentes que estuviera agresivo.

Los agentes, únicos testigos

El primero de los agentes en declarar ha detallado que esa tarde él y otro compañero --uno de los acusados-- fueron comisionados por la Sala del 091 a raíz de una llamada de la madre porque su hijo les había intentado agredir con un cuchillo.

Tras ser advertidos de la peligrosidad, subieron con un escudo hasta la novena planta en el ascensor. Con las llaves, abrieron la puerta y se quedaron en el quicio y le llamaron.

“Kevyn, Policía, sal!. Le vemos totalmente rígido, tenso, con una mirada pérdida. Le dijimos ”¡tírate al suelo, somos la Policía!“. Sin mediar palabra, vino a por nosotros cuchillo en mano y empezó a lanzarnos cuchilladas. El cuchillo entraba por arriba y por los lados. Una veinte veces”, ha relatado.

Le golpearon con la defensa y le empujaron con el escudo, pero lejos de parar aumentó su violencia y los ataques eran cada vez más violentos saltando encima de los agentes. Los agentes fueron reculando hasta que el escudo se rompió por los golpes. Uno de los policías cayó al suelo. En los informes del sumario se especifica que siguieron disparando incluso cuando Kebyn tenía ya una rodilla en el suelo.

“Ahí estábamos totalmente indefensos, y vino a por mí sin estar protegido. Me lanzó una puñalada y mi compañero al ver el ataque, me empujó para que me cayera por las escaleras. Escuché detonaciones y vi al chico que tenía bajo sus pies a mi compañero, que estaba a gatas. Ahí, desenfundé el arma y yo y mi compañero disparamos para evitar que le apuñalara”, ha recalcando, insistiendo en que trataban de evitar la agresión.

“Pensábamos que no funcionaba la pistola porque Kevyn no paraba. Pensábamos que no le dábamos porque las balas no le hacían nada. Parecía que no le estábamos dando”, ha dicho indicando que en un principio no había desbloqueado el arma. A pesar de los impactos, Kevyn permanecía en el suelo con el cuchillo en la mano, pataleando y gruñiendo. Le encañonaron y le engrilletaron. Cuando ya vieron sangre, trataron de auxiliarle. El médico del SAMUR declaró que cuando llegó al rellano, sin embargo, Kebyn estaba esposado bocabajo.

“Completamente ido”

El segundo de los agentes ha narrado los mismos hechos, indicando que se entrevistaron con la madre y el hermano de la víctima. Al parecer, les comentó que había habido varios días en los que su hijo había estado violento pero que ese día había habido una pelea entre los hermanos.

Según su relato, el chico estaba “completamente ido”, “desencajado” lanzando cuchillas al aire y contra nosotros. “Yo pensé que había apuñalado a mi compañero. En una de esas acometidas contra nosotros, me caí en un hueco al lado de la puerta del vecino y vi el escudo roto. Le di con la defensa, y no le hice ni cosquillas”, ha expuesto.

El acusado fue el primero en disparar al no parar de agredirles. “No recuerdo los disparos. Fueron nueve disparos porque ahora lo sé. Recuerdo que pensé que no le estaba dando. No entendía nada. No paraba. Dio un pasó atrás y dejé de disparar. Intenté irme a gatas pero se volvió a abalanzar y es cuando mis compañeros disparan. Temí por mi vida”, ha señalado.

“Solo quería que se apartara y dejara de apuñalarnos. Yo le disparé en las piernas”, ha recalcado el procesado, quien ha comentado que ha sido la única vez que ha disparado a una persona. “A veces no llevamos ni escudo. Nadie en sus cabales se tira a la Policía pero la madre nos advirtió. Pensamos que nos íbamos a hacer con él. Nosotros fuimos a la casa con el escudo por si acaso. Cuando estoy en el suelo sin defensa, ya saqué el arma y digo: ya está”, ha concluido.

El último de los acusados en comparecer ha corroborado el relato de sus compañeros, indicando que anteriormente no había tenido ningún incidente como el juzgado. Según ha contado, escucharon por la emisora que habían comisionado a dos compañeros para acudir a un piso de Vallecas.

Igualmente, ha relatado que Kevyn se les lanzó a cuchilladas y que le apuñaló en la cara. “Levanté el escudo y empezó a lanzar puñaladas por todos los lados. Vi el cuchillo pasar por mi cara muchísimas veces y le empujó con el escudo, lo que aprovechó para coger carrerilla y saltar encima”, ha narrado.

Tras ello, escuchó detonaciones sin ver si los impactos le habían alcanzado y sacó su arma para evitar que su compañero muriera cuando trataba de huir a cuatro patas. “No eres consciente de que disparas. No oyes nada. Solo piensas que no muera tu compañero. No cesaba la agresividad. Los impactos no se notaba que los recibiera”, ha dicho. El supuesto arma empleada apareció rota por el mango, separado de la hoja, y sin huellas.

Los policías, “como elefantes en una chacharrería”

En su informe, la fiscal ha subrayado que se está ante un “supuesto de legítima defensa de libro”. Pero el jurado tendrá que valorar si ésta es completa o incompleta, en cuyo caso se impondrá una pena mayor o menor.

La abogada de la familia, la letrada Cynthia Favero, ha solicitado al jurado que tome una decisión “con valentía” y aplique “el sentido común” al considerar que existen indicios de criminalidad contra los agentes.

“Los agentes entraron como un elefante en una cacharrería matando moscas a cañonazos. Diecinueve disparos es una cifra ilógica, irracional y desproporcional y carente a cualquier tipo de alegación de legítima defensa. Gracias a Dios no pasó nada mas, porque las balas volaron por la escalera del rellano”, ha recalcado.

El juez ha aceptado el informe pericial presentado por la defensa de los policías, que ejerce Vox, y que firma el doctor José Cabrera, referente mediático de la extrema derecha. El magistrado, presidente de la sala, obligó a que Jupol retirara las conclusiones que excedían el carácter forense de Cabrera, quien realizaba en el mismo consideraciones jurídicas que justificaban la actuación de los policías y que no estaban relacionadas con el estado el que se podría encontrar el joven por el consumo de estupefacientes.

El intento de Jupol por dotar de una nueva jornada laboral a los miembros de las Unidades de Intervención Policial, los antidisturbios, ha sido rechazado por los tribunales. El sindicato recurrió en la vía de lo contencioso-administrativo que la Dirección General de la Policía (DGP) no haya desarrollado para los antidisturbios la norma de diciembre de 2015 que afectaba a todos los policías, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no solo ha desestimado el recurso de Jupol para los antidisturbios, sino que ha condenado a la organización en costas al no apreciar que su reivindicación presentara siquiera “serias dudas de hecho o de derecho”.

El origen de la reivindicación es la norma que se aprobó en 2015 sobre la jornada laboral para el conjunto de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Esa norma regula los horarios, las cadencias de prestación de los servicios o las compensaciones que se reciben con las horas extra. El propio texto ya advertía que unidades policiales con un régimen peculiar necesitarían un desarrollo específico. Los antidisturbios pasan muchas jornadas fuera de su ciudad de destino, ya que son una fuerza que se moviliza en función del “control de masas” requerido por las autoridades. 

En 2021, Jupol recurrió la “total inactividad” de la DGP respecto de su negativa a reformar la jornada laboral de los antidisturbios. Las UIP habían firmado solo cuatro meses antes su propia regulación de la jornada cuando en diciembre de 2015 se aprobó otro general que incluía la necesidad de reformar el vigente entre los antidisturbios. Hasta el día de hoy no se ha hecho, y eso que su modificación provoca un consenso mayoritario entre los sindicatos policiales. 

Sin embargo, la iniciativa de Jupol ha fracasado. En su sentencia, la Sección Séptima de la Sala de lo Social del TSJM ofrece un duro varapalo sobre el fondo y la forma del recurso del sindicato. La Sala destaca una “evidente contradicción en la formulación inicial del recurso, al compaginar dos figuras incompatibles legalmente: el silencio administrativo y la inactividad de la Administración”. Dicen los magistrado que respecto a la “inactividad administrativa”, incluso aceptando “la narrativa de los hechos expuestos en la demanda, no concurren los requisitos establecidos por la doctrina jurisprudencial expuesta: ni existe esa obligación legal de la administración (…) ni se ha producido el requerimiento legal”.

El tribunal recuerda que las UIP tienen en su régimen estatutario, es decir, desde su fundación, “una naturaleza especial”, por lo que debe prevalecer el acuerdo específico para ellas de julio de 2015 frente al posterior, y general, de diciembre de ese año.

En este sentido, el tribunal acusa a Jupol de “clara desviación procesal” al pedir que se derogue el acuerdo para los antidisturbios de julio de 2015 para que prevalezca el posterior que rige para todos los policías. Afirman los jueces que el sindicato alegó una cosa en su recurso inicial y otra distinta en la demanda. Jupol puede recurrir ahora al Tribunal Supremo. 

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia, de ser confirmada por el Supremo, supone el cierre de la vía judicial para cumplir con la reivindicación de los sindicatos. Según fuentes policiales, el revés jurídico relega las posibilidades de los antidisturbios a tener una jornada laboral nueva al momento en el que la Administración quiera abrir ese proceso de reforma con los sindicatos.

“Todos somos muy valientes cuando llevamos cuatro escudos, siete porras… Quería verles yo…” La frase airada del diputado de Vox Javier Ortega Smith a los responsables del dispositivo policial para proteger la sede del PSOE resume uno de los sorprendentes giros argumentales que se han escenificado en la calle de Ferraz en las últimas semanas. Ortega Smith era el máximo exponente de la comunión entre su partido y las fuerzas de seguridad, con los antidisturbios como máxima expresión de estas, hasta que el acuerdo del PSOE con Junts y la ley de amnistía ha devuelto a la extrema derecha un protagonismo en las algaradas que no tenía desde la Transición. 

Hace cinco años, en el lejano territorio político de 2018, los tres partidos de la derecha parlamentaria se disputaban el favor de los miembros de la Policía y la Guardia Civil, instituciones con una alta valoración entre los españoles, según ha trasladado siempre el Centro de Investigaciones Sociológicas. Pese a que Ciudadanos había introducido en la negociación de los Presupuestos con el PP una subida sin precedentes en las nóminas de policías y guardias civiles era el nacionalismo exacerbado de Vox el que encandilaba ya por entonces a los agentes. 

El objetivo de la recién creada Jusapol, que despreciaba los 400 euros de subida alcanzados por los sindicatos policiales y exigía la equiparación inmediata con los Mossos d’Esquadra, dejaba al partido del gobierno, el PP, fuera de la vanguardia de afectos de los demandantes. Hasta que cambió el signo del Ejecutivo y las tres derechas hicieron del desafío soberanista en Catalunya la prioridad en su acción de oposición a Pedro Sánchez.

Jusapol vivió su puesta de largo el 10 de noviembre de 2018 en una manifestación que tiñó de banderas de España el centro de Barcelona. La reivindicación de la equiparación con los cuerpos autonómicos era un viejo mantra de policías y guardias civiles que enarbolaban los sindicatos cada cierto tiempo, aunque sin mucha convicción. El auge de Jusapol y de su “equiparación ya” no se entiende sin la agitación del nacionalismo español al entrar en conflicto con el desafío soberanista de la pasada década, un proceso paralelo al ocurrido con Vox. Del mismo modo que es imposible revisar las principales estampas del “a por ellos” sin que aparezca en ellas Jusapol de modo recurrente. 

La plataforma nació abjurando de los sindicatos tradicionales de la Policía, pero en 2019 giró y decidió concurrir a las elecciones de Policía y Guardia Civil como una central más. En ambos comicios arrasaron. Jupol alcanzaba su mayor cuota de afiliación entre los antidisturbios. Políticos y policías se retroalimentaban: la exigencia de equiparación salarial con los Mossos d’Esquadra se difuminaba en la defensa de la unidad de España.

Los “piolines” –el calificativo despectivo que se dio a los agentes desplegados para intentar evitar el referéndum de octubre de 2017– se habían convertido en un símbolo para ese nacionalismo español, un perfil que se agrandó con los graves disturbios que siguieron a la sentencia del procés en el otoño de 2019.

La extrema violencia de grupos de manifestantes, que causó heridas de por vida a algunos agentes, ayudó a alimentar la imagen de la Unidad de Intervención Policial (UIP) como primera línea en la defensa de España. Independentistas y radicales de extrema izquierda, por un lado, y policías nacionales, del contrario. Era una distribución que encajaba como un guante en el maniqueísmo asentado en sectores conservadores de la sociedad. 

Gracias a su política sin matices, en la escenografía siempre ganaba Vox. La imagen que lo resume es Ortega Smith luciendo una camiseta negra –el color preferido de las escuadras de manifestantes de Jusapol– con un gran logo de la Operación Copérnico, el despliegue policial contra el referéndum soberanista.

Hasta que el 6 de noviembre, un murmullo precedió al crujido de la relación entre las derechas y la Policía. Los manifestantes en torno a la sede del PSOE descubrieron que las unidades de intervención policial tienen como misión garantizar perímetros de seguridad y que, a la señal del jefe de dispositivo, cargan si el mismo está en peligro o como respuesta al lanzamiento de objetos. También conocieron que “cargas” y “violentas” son términos redundantes.  

Grietas en el seno de la Policía

En las horas siguientes se produjo un fenómeno inédito en la Policía que apenas ha trascendido los perímetros del Cuerpo. Algunos agentes, en los grupos de WhatsApp sindicales, se atrevieron a criticar a sus compañeros calificando la actuación de exagerada. Esto ha supuesto una grieta inconcebible cuando los manifestantes pertenecían a otros colectivos ideológicos. “Esta vez eran los nuestros”, vinieron a expresar algunos. Anteponer ideología a corporativismo era un dilema al que nunca antes se habían tenido que exponer. 

Pero cuando la grieta del conflicto interno en la Policía comenzaba a extenderse, la sobreactuación de la extrema derecha tuvo por una vez un efecto contrario al inflamatorio; sirvió para cauterizar la herida. Un vídeo de Ortega Smith dirigiéndose al jefe de la UIP en la calle Ferraz advirtiéndole de que él y unos cámaras iban a fiscalizar la actuación de los antidisturbios provocó una ola de indignación entre los agentes. 

Todos los sindicatos salieron en tromba a censurar la actuación del “diputado nacional”, como se presentaba el político al mando policial. Las centrales acusaron a Ortega Smith de “coaccionar” a sus compañeros y no se ahorraron poner el dedo en la llaga al hablar del procés y otros altercados. “Ni antes éramos los piolines de Fernández Díaz, ni ahora somos los esbirros de Grande Marlaska”, recogía una nota de la UFP. “Estos policías son los mismos que defendían a su jefe, el Sr. Abascal, cuando le apedreaban en un mitin en Vallecas, pero entonces éramos los buenos”, remataba. Vox no se ha apeado de sus críticas y ha reaccionado culpando a los sindicatos de estar dirigidos por Marlaska.

Hasta el 16 de noviembre, Vox había tensado la cuerda. Su líder, Santiago Abascal, dijo que se había “gaseado a niños y ancianos”. Toda la derecha fantaseó con la posibilidad de que el cargo político más directo sobre los agentes, el delegado del Gobierno, hubiera dirigido la actuación de los antidisturbios, algo materialmente imposible, como sabe cualquier policía con experiencia en “control de masas”. El PP se sumó a los ataques al delegado, Francisco Martín, en el imposible equilibrio de defender las protestas, denunciar los supuestos excesos policiales y, al tiempo, exculpar de ellos a los agentes. 

El PP, en territorio adverso

La calzada de Ferraz ha sido territorio adverso para el PP en su contienda con Vox. El discurso de que la mayoría de los manifestantes no son violentos contrasta con las imágenes de banderas franquistas, cánticos racistas e insultos machistas que han abundado en las protestas. La culminación violenta de las mismas ha facilitado que el partido de Alberto Núñez Feijóo abandonara paulatinamente las críticas al despliegue policial. 

Antes la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, logró descolocar de nuevo a la dirección nacional del PP. Primero criticó la “sobreactuación policial”, culpando de ella al Gobierno de Sánchez, y cuando el PP nacional se había alineado con ese posicionamiento, cambió el paso y condenó radicalmente los disturbios.

En los últimos días, la dureza contra los policías se ha incrementado entre los manifestantes. Las críticas a su actuación trasciende de los militantes de la extrema derecha extraparlamentaria, habituados a enfrentarse con la policía, y es habitual ver a individuos que acuden a Ferraz tras su jornada laboral soliviantarse con la actuación de los agentes. 

“La UIP cobra 10,6 euros/hora, las prostitutas más baratas del PSOE”, reza una pancarta exhibida en los últimos días. Jupol asegura que se está produciendo una “radicalización progresiva” de la protesta, de la que culpa a un movimiento, Noviembre Nacional, al que considera convocante, al tiempo que lamenta que se haya olvidado el motivo original de las manifestaciones, que era protestar contra la amnistía.

La jueza Mónica Aguirre de la Cuesta ha aceptado la petición del sindicato Jupol y ha archivado la causa contra la organización policial por malversación en contra del criterio de la Fiscalía de Madrid. En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, Aguirre de la Cuesta acepta seguir investigando al anterior secretario general del sindicato policial, José María García, por haber destinado a gastos particulares los fondos del sindicato.

De este modo, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid descarta los indicios presentados por la Unidad de Asuntos Internos en sus informes respecto al desvío de fondos con más de 80 de las 97 tarjetas de crédito que Jupol repartió entre sus responsables. Una de esas tarjetas con cantidades sin justificar pertenecía al entonces secretario de Organización y hoy secretario general de Jupol, Aarón Rivero, del que Asuntos Internos no encontraba justificación documental de más de 13.000 euros.

Del contenido de los informes de Asuntos Internos, la magistrada solo aprecia indicios de delito de administración deslal y/o apropiación indebida por parte de José María García Fernández. La magistrada valora que el sindicato expulsara a García al apreciar supuestamente irregularidades en su gestión. “Se estima que no hay indicios de la comisión de por parte del sindicato de presuntas infracciones penales que puedan imputarse”, recoge el auto de la magistrada, de fecha 21 de julio, y cuyo contenido ha adelantado el sindicato. Jupol estaba imputado hasta ahora como persona jurídica.

Una semana antes, la Fiscalía había informado en dirección contraria a la de la jueza. “Nos oponemos a la petición de sobreseimiento realizada por el sindicato Jupol por entender que, de conformidad con las diligencias practicadas, sí se aprecian indicios de la presunta comisión, al menos, por parte del denunciado José María García de un delito de administración desleal/apropiación indebida, relación con la gestión del sindicato, sustentado en la falta de debida justificación de determinados gastos realizados por el mismo como representante del sindicato”, recoge el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso elDiario.es.

El Ministerio Público asegura que, de acuerdo a Asuntos Internos, las subvenciones recibidas por el sindicato están correctamente empleadas, pero discrepa de que haya que archivar la causa contra la organización y desvincularla de las irregularidades de su ex secretario general.

De hecho, en su escrito, la Fiscalía solicitaba que se requiriese al sindicato para que informara “de los órganos encargados de la gestión económica del sindicato y los acuerdos adoptados en relación con dicha gestión” respecto del periodo investigado, entre 2019 y 2021. Igualmente, la Fiscalía pedía que declarara como testigo el líder de Jupol y secretario de organización de aquella época, Aarón Rivero. Estas diligencias, al igual que la citación como investigado de García, han sido acordadas por la magistrada.

Jupol: “Ha sido una campaña de desprestigio”

El secretario general de Jupol, Aarón Rivero ha mostrado su satisfacción por el archivo de esta causa y ha asegurado que “esta solo estaba basada en mentiras y en una campaña de desprestigio orquestada desde varios frentes para atacar al sindicato mayoritario en los días previos a las elecciones al Consejo de la Policía y así evitar otros cuatro años de hegemonía de Jupol en la Policía Nacional”. 

El sindicato perdió esa hegemonía en el Consejo de la Policía como consecuencia de las elecciones del pasado 28 de junio pasando de los ocho vocales obtenidos en 2019 a la mitad, cuatro, los mismos que obtuvo en los comicios el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

La Justicia ha establecido que un policía nacional tiene que pedir permiso para ser youtuber. En una sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, el Tribunal Superior de Madrid confirma una sanción de 150 días a un agente por tener un canal de YouTube en el que se identificaba como policía, hablaba de temas relacionados con la Policía y cobraba dinero de sus suscriptores. Los jueces no prohíben a las claras que un agente de Policía Nacional pueda tener un canal y subir vídeos, pero entienden que debe pasar el filtro de sus superiores para poder hacerlo si, además, gana dinero: “La actividad privada como youtuber no es ni absolutamente incompatible ni del todo compatible pero para ejercerla es preceptivo el reconocimiento de la compatibilidad”, dice la resolución.

Los jueces han estudiado el caso de Alejandro León, policía destinado en la localidad madrileña de Móstoles y conocido en sus distintos perfiles de internet como 'Jandro Lion', entre otros su canal de YouTube. Sancionado en otros expedientes por pedir el voto para Vox o por bromear con apuñalar a menores extranjeros, este expediente se dedicó a analizar su actividad youtuber en términos generales y si tendría que haber pedido permiso o no para abrir el canal, tratar contenidos policiales e intentar monetizarlo.

La Dirección General comprobó que a lo largo de 2020 León, además de subir los vídeos y hacer directos, pedía dinero a sus suscriptores, ofreciendo distintas cuotas y ofertas para quien lo hiciera. “Ayúdanos a evitar tocar fondo”, se llamaba uno de sus vídeos. Las aportaciones podían hacerse, por ejemplo, a través de la plataforma Patreon y con una cuenta en Paypal. En este sistema, calcula la Policía en el expediente, consiguió en torno a 250 euros al mes a lo largo del segundo trimestre de 2020.

La sanción de 150 días llegó por una sanción muy grave al saltarse las normas de incompatibilidades. El agente recurrió sin éxito ante los tribunales alegando que no grababa sus vídeos cuando estaba de servicio, que nunca apareció con el uniforme y que usaba un seudónimo. Argumentos que acaba de rechazar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para confirmar su sanción, aunque todavía puede acudir al Tribunal Supremo.

La ley no contempla el policía-youtuber

Los tribunales se pronuncian constantemente sobre peticiones de compatibilidad de agentes de Policía Nacional para realizar segundas actividades: dar clases, desarrollar un negocio familiar o incluso pilotar aviones. Pero a veces se pronuncian sobre solicitudes menos convencionales. Hace unos meses, tal y como reveló elDiario.es, los jueces tuvieron que ratificar que un policía nacional destinado en Andalucía no podía compaginar su trabajo patrullando las calles con el de actor en películas pornográficas.

En este caso el TSJM coincide con la Dirección General de la Policía Nacional, que entendió que León tendría que haber pedido permiso para poner en marcha el canal de YouTube y monetizarlo. Reconociendo por el camino que la normativa policial de 1984 no tiene artículos específicos para los policías que quieren ser influencers en las redes sociales.

“La actividad privada como youtuber no es ni absolutamente incompatible ni del todo compatible por no estar incluida en la ley, pero para ejercerla es preceptivo el reconocimiento de la compatibilidad”, dijo el expediente sancionador ahora avalado por los jueces.

“La ley de violencia de género es una puta mierda”

En este caso, consideró la Policía Nacional, este agente destinado en Móstoles tendría que haber pedido permiso no solo por monetizar el canal sino por tratar temas que tenían que ver con el cuerpo, siendo él un policía reconocido como tal en los vídeos. “Realiza declaraciones que comprometen su imparcialidad o independencia como miembro de la Policía Nacional”, le reprocharon sus mandos.

Citan, por ejemplo, un vídeo en el que León afirmó que la normativa española de violencia machista es “una puta mierda”. Para la Policía, compromete la imparcialidad e independencia de un funcionario policial como León que califique así “una ley que tiene el deber de cumplir y hacer cumplir y que contiene medidas dirigidas a otorgar la máxima tutela dentro el ámbito familiar o doméstico a aquellas personas que se ven sometidas a situaciones de dominio por parte de su pareja o expareja”.

“No puede ignorarse el deterioro que para la imagen y el prestigio del cuerpo suponen sus afirmaciones”, zanjó su expediente sancionador ahora confirmado. Apunta también la Dirección General de la Policía a otras declaraciones, por ejemplo sobre la Administración de Justicia con la que colaboran los cuerpos policiales a diario y de forma constante, por ejemplo cuando apuntó a la “politización” de la sentencia que condenó a varios exjugadores de fútbol de Aranda de Duero por agresión sexual a una menor. “El sistema judicial, al que le tengo una manía brutal, no puedo con él”, añadía en otro vídeo.

En sus alegaciones, el agente exponía que la cuenta de Paypal que canalizaba algunos de estos ingresos no era suya sino de un familiar, aunque el tribunal entiende que él “se lucra” de esos beneficios. También entienden los jueces que sí aparecía en su canal en condición de policía nacional aunque no lo hiciera de uniforme y fuera de su horario laboral. Su sanción, de cinco meses de suspensión, tampoco parece desproporcionada a ojos del TSJM ya que pertenece al “tramo inferior” por el que podría haber optado la Policía.

En los últimos meses, el mismo Tribunal Superior de Justicia, en otra sentencia sentencia igualmente recurrible, dio dos meses de suspensión por el contenido de otros vídeos en su canal de YouTube. Uno grabado en una manifestación de JUSAPOL, a la que entonces estaba ligado, en el que mostró un billete con una caricatura del expresident catalán Carles Puigdemont mientras gritaba “Mira quién se lleva el puto dinero, mira quién se lo lleva, un puto inhabilitado”, entre otras expresiones.

Jupol, exponente de las posiciones más radicales en el seno de la Policía Nacional, ha dejado de ser este miércoles el sindicato mayoritario en el Cuerpo. Las elecciones sindicales han arrojado un resultado que reduce a cuatro los ocho vocales al Consejo de la Policía que obtuvieron en 2019, lo que le empata con el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Hace cuatro años, en los primeros comicios a los que concurrían, Jupol redujo a la mínima expresión a los sindicatos tradicionales, pero la investigación por malversación de fondos en el seno de la organización y la imposibilidad de satisfacer las exigencias maximalistas en subida de sueldos que abanderaban han provocado este descalabro electoral.

De esta forma, la coalición Jupol y Alternativa Sindical de Policía –una nueva organización que defiende los postulados de la extrema derecha– sumarían cuatro vocales, los mismos que el SUP. La Confederación Española de Policía (CEP) dobla su representación y de un vocal pasa a dos. Completarán la representación en el Consejo de la Policía, el órgano donde confluyen sindicatos y Administración, la Unión Federal de Policía (UFP), que mantiene el vocal que tenía, e irrumpe EYA (Equiparación Ya), con un vocal. El Sindicato Profesional de Policía, que representa a los mandos, obtiene dos vocales en las escalas donde concurre.

Los cuatro representantes de Jupol son fruto de los votos obtenidos en la Escala Básica, donde el SUP ha obtenido 2 vocales y otros tantos la CEP. De este modo, Jupol, que tenía representación en tres escalas pasa a tenerla solo en una. En los policías 'rasos' han obtenido igualmente un vocal UFP y EYA. En la Escala de Subinspección, el SUP suma el único representante mientras que en la Escala Ejecutiva (inspectores e inspectores jefe), los dos vocales se reparten entre el Sindicato Profesional de Policía (SPP) y el SUP. En la Escala Superior, comisarios y comisarios principales, el vocal en juego es para el SPP.

El Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid indaga en qué gastó Jupol 359.434 euros entre enero de 2019 y junio de 2021. El sindicato se financia a través de las cuotas de sus afiliados al tiempo que recibe fondos públicos en función de su amplia representación en el Consejo de la Policía. El mensaje de regeneración frente a unos sindicatos tradicionales a los que acusaban de no defender con firmeza los intereses de los policías y vivir de prebendas se tambaleó cuando trascendió la investigación de la Unidad de Asuntos Internos. 

elDiario.es informó en exclusiva el martes de que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía ha presentado un nuevo informe a la jueza en el que afirma que hay más de 13.000 euros en gastos de su actual secretario general, Aarón Rivero, que no encuentran justificación en la documentación aportada por la organización a requerimiento del juzgado, han adelantado a elDiario.es fuentes próximas al caso. 

El atestado policial es el resultado del encargo que la titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid había hecho a Asuntos Internos para aclarar el destino de casi 360.000 euros del sindicato entre enero de 2019 y junio 2021, esto es, desde seis meses antes que Jupol arrasara en las primeras elecciones sindicales a las que se presentaba y hasta la salida de su anterior secretario general, José María García. El sindicato como persona jurídica y el propio García están imputados por malversación en la citada causa. 

Sin embargo, la investigación judicial afecta ya a la actual dirección de Jupol. Su actual líder, Aarón Rivero, era miembro de la dirección investigada, cuyos miembros contaban con 97 tarjetas de crédito para gastos, según descubrió Asuntos Internos. Tras un primer informe de esta unidad, la jueza requirió nueva documentación al sindicato y el nuevo atestado, que llegó al juzgado hace unos días, es el resultado del análisis de esa documentación. 

Después de la agresiva irrupción de Jupol al calor del proceso independentista en Catalunya, exigiendo que los policías nacionales cobraran igual que los mossos, y con el apoyo incondicional de formaciones como Ciudadanos y Vox, el empuje de su propuesta pierde fuelle. El SUP, sindicato mayoritario hasta la irrupción de Vox, empata ya con el sindicato heredero de Jusapol mientras que el resto de centrales tradicionales, especialmente la CEP, recuperan su lugar.

Significativa es la entrada en el Consejo de la Policía de EYA, una organización que dirige el primer secretario general de Jupol, y que echa en cara al sindicato que haya perdido la esencia de sus inicios. La preocupación de Jupol por EYA quedó de manifiesto cuando intentó que quedaran fuera de la contienda electoral vía judicial. Incluso consiguió Jupol que un juzgado les dejara fuera de la campaña con una medida cautelarísima alegando que habían copiado su eslogan inicial, una decisión que corrigió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

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La Unidad de Asuntos Internos de la Policía ha presentado en los últimos días un informe a la jueza que investiga un presunto caso de malversación en Jupol, el sindicato mayoritario en la Policía, en el que afirma que hay más de 13.000 euros en gastos de su actual secretario general, Aarón Rivero, con la tarjeta del sindicato que no encuentran justificación en la documentación aportada por la organización a requerimiento del juzgado, han adelantado a elDiario.es fuentes próximas al caso. 

El atestado policial es el resultado del encargo que la titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid había hecho a Asuntos Internos para aclarar el destino de casi 360.000 euros del sindicato entre enero de 2019 y junio 2021, esto es, desde seis meses antes que Jupol arrasara en las primeras elecciones sindicales a las que se presentaba y hasta la salida de su anterior secretario general, José María García. El sindicato, como persona jurídica, y el propio García están imputados por malversación en la citada causa. 

Sin embargo, la investigación judicial afecta ya al actual líder de Jupol, Aarón Rivero. El secretario general del sindicato en estos momentos era miembro de la dirección investigada. Aquella cúpula del sindicato contaba con 97 tarjetas de crédito para gastos, según descubrió Asuntos Internos. Tras un primer informe de esta unidad, la jueza requirió nueva documentación al sindicato y el último atestado de Asuntos Internos, que llegó al juzgado hace unos días, es el resultado del análisis de esa documentación. 

En el nuevo informe de Asuntos Internos, según las fuentes consultadas, aparecen justificaciones de pequeñas retiradas de efectivo de Rivero pero no del gasto realizado a través del pago con la tarjeta del sindicato, más de 13.000 euros sin control ni acreditación. Con el nuevo informe de Asuntos Internos, la jueza deberá decidir si amplía las imputaciones al secretario general, Aarón Rivero, y a otros miembros de la dirección actual de Jupol o si, como le ha pedido el sindicato, archiva las actuaciones. 

El Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid indaga en qué gastó el sindicato 359.434 euros entre enero de 2019 y junio de 2021. El sindicato se financia a través de las cuotas de sus afiliados al tiempo que recibe fondos públicos en función de su amplia representación en el Consejo de la Policía. El mensaje de regeneración frente a unos sindicatos tradicionales a los que acusaban de no defender con firmeza los intereses de los policías y vivir de prebendas se tambaleó cuando trascendió la investigación de la Unidad de Asuntos Internos. 

En el periodo investigado, Jupol recibió 380.731,22 euros de dinero público por su representación en el Consejo de la Policía, de acuerdo al Plan Especial de Subvenciones del Ministerio del Interior. La cifra responde a su éxito rotundo en las elecciones al Consejo de la Policía, el órgano de representación de sindicatos y Administración, y que se reparte en vocales por escalas. 

A consultas de elDiario.es sobre los gastos no justificados de su actual secretario general, Jupol ha contestado con una nota a este medio en el que asegura “no se puede defender” de las afirmaciones recogidas en el atestado de Asuntos Internos porque el juzgado les “prohíbe enseñarlo”. Jupol intentó que la jueza declarara la causa secreta para que no trascendieran sus avances pero la instructora, de acuerdo con la Fiscalía, rechazó tal pretensión: “No ha lugar a decretar reservados los informes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que se incorporan en la actualidad y en el futuro, denegándose lo interesado por la representación del sindicato Jupol”.

Para Jupol, el último atestado de Asuntos Internos “se trata de un informe carente de conclusiones que carece de valor para la instrucción”. “Es un ataque directo del Gobierno y del sindicato del Gobierno para desprestigiarnos”, añaden en su nota. 

Elecciones en la Policía

Jupol relaciona el atestado de la Unidad de Asuntos Internos, de fecha reciente, y su “filtración”, con las elecciones al Consejo de la Policía que se celebran el próximo miércoles y que ponen a prueba la rotunda victoria que consiguió Jupol en 2019, la primera vez que se presentaba, unos comicios que llegan en plena investigación a la organización por malversación.

El pasado mes de enero, la jueza Mónica Aguirre de la Cuesta aceptó las diligencias propuestas por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía y requirió a Jupol toda la información sobre los casi 360.000 euros gastados con 97 tarjetas de crédito repartidas entre los responsables del sindicato.

Un mandato judicial dirigido a Caixabank había permitido conocer la identidad de los 97 beneficiarios de los plásticos y los números de sus tarjetas. En el primer atestado de Asuntos Internos, los investigadores imputaban al actual líder de Jupol, Aarón Rivero, gastos de 5.361 euros con el plástico que, una vez analizada, la nueva documentación elevan a más de 13.000 sin justificación. 

Tras recibir el último informe de Asuntos Internos, la jueza Aguirre de la Cuesta ha solicitado una prórroga de la instrucción hasta el próximo mes de diciembre. Jupol, por su parte, pide el archivo de la causa.

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La exigencia de Jupol para que los policías nacionales, principalmente los que se dedican a la seguridad ciudadana, cobren los “excesos horarios” ha sido tumbada definitivamente por la Audiencia Nacional. A los pronunciamientos de los Tribunales Superiores de Justicia rechazando los argumentos del sindicato, Jupol reaccionó con una querella en la Audiencia Nacional por “estafa procesal” contra la Abogacía del Estado, que representa a la Administración y que fue rechazada por el Juzgado Central de Instrucción número 6, en una decisión que ha sido ratificada en mayo por la Sala de lo Penal. 

Jupol puso en marcha en 2020 una campaña entre los agentes, cuando ya era el sindicato mayoritario en el Consejo de la Policía, prometiendo que iba a conseguir una indemnización económica por el exceso horario en la jornada que realizan los policías que trabajan a turnos y que, según la organización, no está compensada con el complemento salarial que ya reciben los agentes, denominado “turnicidad”.

En un principio, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dio la razón a Jupol en un contencioso en el que la Abogacía del Estado no se opuso por un error que subsanó posteriormente. 

Los fallos judiciales posteriores de los TSJ del País Vasco, Madrid y, rectificando su primera decisión, también el de Castilla y León, aseguraban que no se podía cuantificar ese exceso horario. Lo más que consiguió Jupol fue que se reconociera que podían darse esos excesos, pero que en todo caso debían de ser compensados con periodos de descanso. 

Estos fallos judiciales recuerdan que no hay partida presupuestaria disponible y que además es imposible abonar el supuesto exceso horario porque no hay forma de acreditar que exista realmente, al no contar con una herramienta que recoja el comienzo y el final de los turnos. 

La reacción de Jupol fue querellarse en la Audiencia Nacional contra la Abogacía del Estado asegurando que ésta había hurtado información en una de las sentencias al juez tergiversando el sentido de una circular de la Policía de 2015. El Juzgado Central de Instrucción número 6, de acuerdo con la Fiscalía, desestimó el 28 de marzo la querella por falta de jurisdicción de la Audiencia Nacional y ausencia de delito.

“No puede considerarse ‘generalidad de personas’ a todos los funcionarios policiales a los que la parte querellante considera acreedores ‘in abstracto’ del pago de las cantidades correspondientes al exceso horario, no resultando tampoco asumible la fijación de un perjuicio a tanto alzado por dichos presuntos pagos”, recoge el auto del Juzgado.

No hay engaño de la Abogacía

Jupol aseguraba que la Abogacía del Estado realizó “una interpretación falsa” de una circular de la Policía que indica cómo se debe realizar el recuento horario. A esa circular, contestó el Juzgado número 6, “evidentemente tenía pleno acceso el tribunal sentenciador, por lo que difícilmente puede hablarse de engaño bastante urdido por el Abogado del Estado, o ese ánimo de lucro propio o de terceros”. 

El sindicato recurrió ante la Sala de lo Penal por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por parte del Juzgado, lo que la Sección Segunda rechaza, al tiempo que considera debidamente argumentado el rechazo del Juzgado de Instrucción número 6. El ponente del auto que desestima el recurso de Jupol es el magistrado José Antonio Mora. 

Jupol considera que son 1.500 los policías perjudicados por la actuación de la Abogacía del Estado, pero el Juzgado y la Sala de lo Penal consideran que es una cifra no acreditada. El anuncio de Jupol de la primera sentencia del TSJ de Castilla y León provocó que los agentes aguardaran una subida salarial que finalmente no se producirá.

El próximo 28 de junio se celebran elecciones sindicales en la Policía con la principal incógnita de si Jupol repetirá su éxito arrollador de 2019, la primera ocasión que se presentaba, con la exigencia innegociable de la equiparación salarial con Mossos y Ertzaintza, una reivindicación histórica que tampoco con la actuación de Jupol ha sido puesta siquiera encima de la mesa por la Administración, que la considerarla irrealizable. 

Jupol está imputado por malversación de fondos, al igual que su anterior secretario general. Una jueza de Madrid investiga el destino de 360.000 euros gastados con 97 tarjetas de los responsables del sindicato. 

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El nacionalismo extremo de Vox encandila a un amplio sector de las Fuerzas de Seguridad, pero la oportunidad de agitar la calle y utilizar la alta valoración de sus miembros por la sociedad española, y su previsible reflejo en la mayoría de los medios de comunicación, es algo a lo que el PP de Alberto Núñez Feijóo ha decidido no renunciar. La última gran manifestación de policías y guardias civiles se acordó en la misma sede nacional del PP el pasado mes de diciembre.

Miles de agentes, familiares y simpatizantes de los uniformados habían llenado el centro de Madrid un año antes, en la manifestación del 27 de noviembre de 2021. Una protesta de las Fuerzas de Seguridad en reivindicación de sus condiciones laborales no resulta ajena a cualquier gobierno de la democracia, pero esta reunía una peculiaridad: los motivos de la concentración, al menos los públicos, respondían a una manipulación constatable de la realidad. Los manifestantes protestaban por lo que no decía un proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos.

La protesta contra la reforma de la conocida como Ley Mordaza, la de aquel día y la que se extendió posteriormente, es paradigmática respecto a la oposición ideológica de un amplio sector de policías y guardias civiles al Gobierno progresista. Pero esa beligerancia en las reivindicaciones que trascendían las condiciones laborales de los agentes se había fraguado antes de que Pedro Sánchez llegara al poder, concretamente en el mismo caldero que el auge de Vox, el que hervía al calor del proceso soberanista en Catalunya. 

Para aquella protesta del otoño de 2021, con Jusapol a la cabeza, los sindicatos policiales habían atraído a responsables políticos de toda la derecha, como ya hicieran en Barcelona el 20 de enero de 2018, el día en que la asociación policial se hizo visible más allá del ámbito de las Fuerzas de Seguridad. 

En la protesta de 2018, los policías y sus entornos llevaban una supuesta exigencia de subida salarial a Barcelona, donde no están ni la sedes del Ministerio del Interior ni de Hacienda, organismos de los que dependían la satisfacción de sus revindicaciones. Los sindicatos argumentaban que inundaban de banderas españolas la capital catalana porque así, de paso, apoyaban a los compañeros de la ‘Operación Copérnico’, el despliegue de las fuerzas estatales para intentar detener el referéndum nacionalista. 

Con el PP todavía en el Gobierno, su representante en primera línea fue Xavier García Albiol, quien encarna las posturas más xenófobas del partido. En el centro, previo a su estrepitoso fracaso político, Albert Rivera, dejándose fotografiar haciendo el gesto de la “J” de Jusapol con una mano y con otra agarrando la pancarta. Vox envió una nutrida representación. 

Aquel día, una nueva fuerza de choque política se erigía para lo que vendría después, la moción de censura y un Gobierno progresista con los “comunistas” dentro, una afrenta esta última que un sector de funcionarios obligados a mantener “neutralidad” en sus actuaciones por la Ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no estaban dispuestos a dejar pasar sin más. 

Tres años después de la manifestación de Barcelona, ya en noviembre de 2021, sindicatos policiales y líderes políticos de la derecha reunían en la capital de España a una multitud para protestar contra el texto que los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos habían consensuado como enmienda a la reforma de la conocida como Ley Mordaza, impulsada por el PNV.

Para ello, Jusapol redactó un decálogo en el que denunciaba que su seguridad y la de los ciudadanos quedaría comprometida si esas propuestas de la izquierda se incorporaban al texto que sancionaba las infracciones sin categoría de delito. Una interpretación de un texto que casi nadie había leído pero que la mayoría de las tertulias televisivas de las mañanas repetían como una verdad indiscutible.

Sin embargo, el decálogo estaba repleto de omisiones a la totalidad del texto pactado, contradicciones respecto a su literalidad y algunas objeciones ideológicas que se supone no concernían a los policías, como cuando protestaban porque el DNI fuera a escribirse en lenguas cooficiales. 

Entre otros mantras se repetía que los policías se convertirían en “taxistas” de los detenidos una vez identificados en comisaría [leer aquí]. Decenas de miles de personas salieron a la calle: la letra pequeña era lo de menos, en letra mayúscula podían gritar contra Pedro Sánchez y Podemos. 

Víctimas y policías, la “sociedad civil” del PP

Un alto cargo del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Zapatero constata la novedad de esa hostilidad. “Nosotros también tuvimos tensiones y manifestaciones, pero las protestas tenían un contenido sindical, nada declaradamente político. Pero claro, Jusapol no existía”, afirma. 

Durante ese Gobierno socialista (2004-2011), la punta de lanza de la “sociedad civil” que utilizaba el PP contra el Gobierno eran las asociaciones de víctimas del terrorismo. El propio Rajoy llegó a encabezar grandes manifestaciones contra la supuesta “traición de Zapatero” a los asesinados por ETA. El PP llenaba autobuses que llegaban de toda España a Madrid, aunque la convocatoria oficial corría a cargo de la AVT, presidida entonces por Francisco José Alcaraz, que con el tiempo acabaría siendo diputado de Vox. 

La trascendencia del PP en esas protestas supuestamente ajenas a la política se ha reproducido en la última legislatura. El pasado 20 de diciembre, nueve sindicatos de Policía y asociaciones de la Guardia Civil fueron convocados a la sede nacional del Partido Popular y allí acordaron manifestarse en la calle contra el Gobierno. El motivo aparente, otra vez la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que se antojaba inminente. 

Desde el partido justificaron que se trataba del habitual encuentro que mantienen los presidentes del PP cuando llegan al cargo con los representantes de las Fuerzas de Seguridad. Pero algunos de los convocados entendieron, que además de interesarse por ellos y anunciarles la cantidad de leyes del actual Ejecutivo que iba a derogar, Feijóo les animaba a protestar. 

Más allá de interpretaciones lo que ocurrió después es que el líder de Jupol, Aarón Rivero, tras haberlo pactado con el PP, convocó al resto de organizaciones a una sala aparte de Génova, ya sin responsables del partido, para debatir la convocatoria de una manifestación urgente. 

La publicación por elDiario.es de esa reunión y la polémica que le sucedió terminó por desanimar a la mayoría de los presentes, pero Jupol, que goza de una mayoría arrolladora en la actualidad, siguió adelante con la convocatoria. También en Guardia Civil a través de Jucil. A cinco meses de las autonómicas y municipales, la cíclica precampaña que vive el país en los últimos años protagonizaba la vida política con especial intensidad. 

Si el Partido Popular contenía en su seno a la extrema derecha que se escindió y formó Vox, los sindicatos policiales tradicionales evitaban el maximalismo y la agresividad que exhibe Jusapol, primero asociación, que después se institucionalizó convirtiéndose en el sindicato de Policía Jupol, y en la asociación de la Guardia Civil Jucil, también mayoritaria. 

Los sindicatos tradicionales, con el SUP a la cabeza, se vieron arrollados en las elecciones internas de 2019 en la Policía por esas exigencias inflexibles y la agresividad que contra ellos también mostraba Jupol, tanto en redes sociales –donde sus trols atacaban a periodistas, políticos y compañeros– como en los propios centros de trabajo, según denunciaban. 

La hostilidad contra la izquierda o los nacionalistas en las manifestaciones de Jusapol alcanzó su cénit el 3 de marzo de 2020 cuando, embozados, los asistentes rompieron el cordón policial, ante la pasividad de sus compañeros de la Unidad de Intervención Policial, y accedieron a la zona de seguridad del Congreso de los Diputados. 

Nacionalismo vs. economía

Este movimiento corporativista presenta otro paralelismo con la política española: si las previsiones demoscópicas adelantan un triunfo de la derecha en las próximas elecciones pese a los buenos datos económicos, obtenidos en un contexto internacional de pandemia y guerra, los sindicatos tradicionales se hundieron pese a haber arrancado un acuerdo al último gobierno del PP que suponía una subida media de 400 euros netos mensuales para los miembros de las Fuerzas de Seguridad. 

La exigencia de Jupol y Jucil de no parar hasta la “equiparación salarial” con mossos y ertzainas, algo materialmente imposible –entre otras cuestiones por las distintas categorías en las jerarquías de unas y otras policías–, arrasó en las elecciones internas. “¿Y luego qué querrán, equipararse con los policías municipales? Si creemos en el Estado de las autonomías eso es absurdo”, asevera un antiguo cargo acostumbrado a lidiar con los sindicatos policiales. Jupol pretende que un policía nacional salga de la academia, sin necesidad de tener un título superior, con 2.500 euros como primer salario. La diferencia con otros funcionarios, como profesores o sanitarios, resulta enorme. 

Corrupción y elecciones sindicales

Justo un mes antes de las elecciones generales, los sindicatos policiales tienen su propia convocatoria. El 28 de junio se pone a prueba el estado de salud de las posturas radicales de Jupol. El sindicato Jupol llega a la cita con el desgaste de figurar como imputado en un juzgado de Madrid, así como su anterior secretario general, por malversación de fondos. 

La acusación con la que nació Jusapol de denuncia de los sindicatos policiales como un nido de prebendas y privilegios se tambalea con un caso que ha arrojado conclusiones de Asuntos Internos como el de las 97 tarjetas de crédito repartidas entre líderes del hoy sindicato mayoritario, una de ellas a nombre de su actual líder, Aarón Rivero. 

Resta por ver cómo será la relación de Jusapol si Feijóo alcanza La Moncloa. La intensa relación del PP con la principal asociación de víctimas, la AVT, se rompió un 27 de octubre de 2013, poco más de un año después de que Rajoy llegara a La Moncloa. Estrasburgo tumbó la 'doctrina Parot' y el Gobierno se vio obligado a aplicar reducciones de condena a los condenados por terrorismo. Aunque la entonces presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza –luego multicontratada por el Gobierno autonómico del PP en Madrid– intentó culpar desde el estrado a los jueces de la Audiencia Nacional, la muchedumbre se rebeló contra los políticos del Partido Popular allí presentes con gruesos insultos y conatos de agresión. La herramienta del PP en la oposición se le volvía en contra.

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