Una alcaldesa del PP contrata a la empresa Desokupa Expres para desalojar viviendas

La alcaldesa del PP de la localidad madrileña de Collado Villalba, Mariola Vargas, y el concejal de Seguridad y responsable de la Oficina Antiocupación, Miguel Aisa, han contratado para el desalojo de las viviendas ocupadas en el municipio a una empresa, Desacupaciones Técnicas, cuyo administrador único es el mismo que el de Desokupa Expres, una conocida compañía del sector cuyos métodos a la hora de llevar a cabo su labor le ha costado al menos un varapalo por parte de los tribunales.

Tanto la alcaldesa como el responsable de esta Oficina Antiocupación de Collado Villalba, municipio madrileño que cuenta con más de 63.000 habitante, presentaron el pasado mes de julio públicamente este nuevo organismo, similar al que el PP ha impulsado en otras localidades en donde gobierna, incluido el Ayuntamiento de Madrid. Señalaron que su cometido sería prestar “asesoramiento jurídico integral y mediación” para casos de este tipo, exponiendo al afectado “las diferentes acciones que pueden adoptar, quedando expresamente excluidos los servicios jurídicos que impliquen el inicio de acciones judiciales en el Juzgado”. 

Según ha adelanta El Salto, en la última Comisión de Vigilancia de la Contratación del Ayuntamiento de esa localidad, los responsables municipales del PP aseguraron al grupo Unidas Collado Villalba que la adjudicataria de la gestión de la recientemente inaugurada Oficina Antiocupación de Inmuebles era Desocupaciones Técnicas, empresa cuyo administrador único es el mismo que el de Desokupa Expres: Salvador Palazón Marquina. Desokupa Expres se constituyó el 9 de enero de 2014 y Desocupaciones Técnicas lo hizo el 26 de enero de 2021. Ambas tienen su sede en Murcia.

La adjudicación por parte del consistorio se realizó a través de un contrato menor, por lo que no aparece en el portal de la transparencia Se desconocen sus pliegos y las obligaciones que ha contraído. No obstante, según los pocos datos hechos públicos por el Ayuntamiento, el contrato asciende a 15.000 euros a abonar cada seis meses.

Pablo López, portavoz de la Asamblea de Vivienda de Collado Villalba, denuncia que la opacidad es total. El pasado jueves, en el pleno, la portavoz de Unidas por Collado Villalba, Eva Morata, lamentó que se les haya denegado información sobre los términos de esta adjudicación. Únicamente en la última Comisión de Vigilancia de la Contratación, responsables municipales informaron del nombre de la empresa adjudicataria y explicaron que la Oficina Antiocupación había incoado 121 expedientes por usurpación de vivienda a particulares entre el 15 de julio y el 15 de octubre.

En una nota explicativa que recuerda El Salto, el Ayuntamiento de Collado Villalba indicaba “que concede a la Oficina Antiocupación la potestad de mantener una relación directa con los Servicios Sociales del Ayuntamiento con el fin de analizar el perfil [de los presuntos okupas], tanto de las personas que han cometido la usurpación como de los afectados por la misma”. Y mantendrá también una “relación directa con la Policía Local con el fin de llevar un seguimiento de las viviendas ocupadas y trabajar de forma coordinada para una mejor prestación del servicio”. Pero a dichos datos, según los responsables de la Asamblea de Vivienda de Collado Villalba, no pueden tener acceso empresas particulares.

La Asamblea de Vivienda de Villalba ha solicitado en diversas ocasiones el cierre de esta Oficina Antiocupación, con una campaña que bautizaron como #DesocupaLaOficina. A la vez, han presentado una batería de medidas para atajar los problemas de vivienda en el municipio. Este colectivo pide recuperar el local para actividades de tipo cultural, ya que donde ahora se ubica esta Oficina era antiguamente la Sala de Exposiciones de El Pontón, de propiedad municipal y situada en la principal arteria de la ciudad, que llevaba años funcionando como galería de arte.

En octubre de este mismo año, la empresa de Palazón Marquina llevó a cabo otro polémico intento de desalojo, en los pisos de Pinillos, en el corazón del barrio sevillano de Nervión. Cinco personas de la empresa Desokupa Expres utilizaron la técnica del butrón para poder entrar en el bloque del número 13 de la calle Luis Cadarso. En su interior, seis personas fueron echadas a la fuerza, desahuciadas a la calle sin orden judicial que sustentara el lanzamiento. No había denuncia previa y el juzgado dictó un auto en el que se acordaba la restitución de la entrada de las inquilinas a la vivienda, que pudieron acceder los pisos a última hora de la noche tras muchas horas de incertidumbre.

Por otra lado, como se recoge en este reportaje publicado por elDiario.es de Catalunya, hay empresas muy similares a la de Palazón Marquina, como Desokupa, cuyo el director es Daniel Esteve, que utiliza a hombres hipermusculados a las puertas de un domicilio para intimidar y lograr sus objetivos y usa las redes sociales, donde acumula cientos de miles de seguidores, para amedrentar a sus objetivos.

Uno de sus actuaciones más polémicas data del pasado 18 de junio, cuando colgó un vídeo en su cuenta de Instagram para advertir a un okupa: “Tienes 48 horas para llamarme por privado, no haremos de esto un asunto nacional porque te llevo a todas las televisiones, pongo tu cara en redes sociales y no vas a poder salir ni a la calle. ¿Vale? Piénsatelo”. Su amenaza fue colgada en la red donde logró más de 74.000 reproducciones. Pocas horas después, el rostro del presunto okupa apareció publicado en el mismo perfil. “Aquí tenéis su cara, que la vea España entera. Se llama (...) ¡Compartid su foto!”, pidió.