Una jubilada se queda sin tarjeta gratis de bus en Zaragoza al cobrar 30 euros más al mes: “La empleo solo por temas médicos”

La actualización de su pensión –apenas 30 euros más al mes– ha dejado a una jubilada zaragozana sin la tarjeta gratuita de autobús. Con la última revalorización, su prestación alcanza los 1.124 euros mensuales. Esa mejora mínima ha sido suficiente para superar el límite de ingresos exigido por la concesionaria del transporte urbano, Avanza Zaragoza, que establece el tope en 15.453 euros brutos al año.

Dicha cantidad, fijada como requisito para ser beneficiaria de la tarjeta gratuita, no se ha modificado desde 2018, lo que genera disfunciones con respecto a la subida de las pensiones. El mismo día que ella demandó la renovación de la tarjeta ante la ventanilla de Avanza en la galería comercial de ‘El Caracol, en el Paseo Independencia, María Ángeles Colungo no era la única que recibía la negativa. Recuerda que dos personas por delante de ella en la fila recibieron la misma respuesta entre la sorpresa y la indignación.

Un desplazamiento imprescindible

La situación resulta especialmente delicada por el uso que hace del transporte público.

Desde hace dos años, se desplaza desde el barrio San José, donde reside, al Hospital Miguel Servet, donde tiene que acudir frecuentemente para someterse a pruebas y revisiones. “Tengo una enfermedad crónica y día sí, día también tengo que acudir al hospital. Básicamente uso la tarjeta para eso”, explica María Ángeles, que hace varios desplazamientos semanales.“Quienes cobran 2.000 o 3.000 euros quizá no viajen en autobús y puedan permitirse un taxi de ida y vuelta, pero en mi caso es el único medio de transporte que puedo utilizar”, añade.

Paradójicamente, su pensión –1.124 euros al mes– sigue siendo inferior al salario mínimo interprofesional previsto para 2026, fijado en 1.221 euros. Aun así, supera por escaso margen el umbral que permite acceder a la gratuidad del transporte.

A sus 66 años, María Ángeles Colungo se pregunta si es razonable que los baremos no se hayan revisado desde hace ocho años. “Aunque nos suban la pensión, seguimos teniendo dificultades con la cesta de la compra”, resume.

Penalización de jubilaciones anticipadas

Su pensión ya estaba marcada por una reducción previa. Se jubiló de forma anticipada e involuntaria a los 63 años, tras agotar la prestación por desempleo al cerrar su empresa en la pandemia. La alternativa era acogerse a la ayuda de 490 euros para mayores de 52 años durante dos años, una cantidad insuficiente para subsistir.

Había cotizado más de 40 años, pero la anticipación le supuso una penalización del 15% sobre su base reguladora. De una base de 1.080 euros, con ese porcentaje su pensión se redujo a 800 euros mensuales. Con la subida histórica del 8,5% aplicada en 2023, la cuantía pasó a 1.019 euros.

Aun así, se considera “afortunada”. En otros casos, la penalización puede alcanzar el 24% cuando la jubilación se adelanta dos años respecto a la edad legal, un recorte que se mantiene de por vida.

Esta situación ha dado lugar a la plataforma Asjubi40 (Asociación Jubilación Anticipada Sin Penalizar), que reclama la eliminación de coeficientes reductores para quienes han cotizado más de cuatro décadas. Según sus datos, alrededor de 900.000 personas en España se encuentran en esta situación pese a su larga vida laboral. Sus reivindicaciones han llegado al Congreso y también han despertado interés en instancias europeas.

Pensiones al alza

Desde enero de 2026, las pensiones contributivas han subido un 2,7%, lo que supone unos 35 euros más al mes de media y cerca de 490 euros anuales en 14 pagas para una pensión media del sistema, que se situó el pasado mes en 1.316 euros.

En 2024 la revalorización fue del 3,8%, y en 2023 se produjo el mayor incremento reciente en las pensiones contributivas: un 8,5%, para compensar la elevada inflación de 2022.

En el caso de esta pensionista, la evolución ha sido progresiva: de 1.019 euros en 2023 a los actuales 1.124 en 2026. Sin embargo, el incremento acumulado ha terminado situándola fuera del umbral exigido para acceder a la tarjeta gratuita.

Transporte más caro

La tarjeta gratuita de transporte en Zaragoza está destinada a mayores de 60 años sin ingresos o pensionistas por jubilación, así como a menores de 60 con incapacidad absoluta o discapacidad igual o superior al 65%.

Los requisitos establecen que las personas solas –solteras, viudas, separadas o divorciadas– deben acreditar ingresos brutos inferiores a 15.453 euros anuales. En el caso de parejas, el límite asciende a 30.907 euros.

María Ángeles Colungo viaja ahora con un bonobús por el que tiene que pagar. El precio del billete de autobús y tranvía ha aumentado durante los últimos años. La oposición municipal en el Ayuntamiento de Zaragoza ha criticado que el transporte público haya encadenado subidas en tres ejercicios consecutivos.

Con las nuevas tarifas de 2026, el billete sencillo cuesta 1,70 euros, cinco céntimos más que en 2025, mientras que el viaje con tarjeta-bus cuesta 0,55 euros, un céntimo más que hace un año.

El concejal socialista Chema Giral recordaba que en Aragón el IPC, desde 2023 hasta la actualidad, ha subido un 6,1%, mientras que el PP ha subido el precio del transporte un 10%.

Además, el Consistorio mantiene pendiente la revisión de las ratios económicas con la empresa concesionaria, que permanecen congeladas desde 2018. Esa falta de actualización es, precisamente, la que hoy deja fuera del sistema de gratuidad a pensionistas que, pese a las subidas nominales, siguen moviéndose en márgenes económicos ajustados.