¡Que es una niña de 9 años!

Se no está yendo la cabeza. Perdona el dramatismo, pero no sé cómo asumir de otro modo que estemos cruzando líneas tan peligrosas de forma tan descarnada y rápida, y con tan escasa oposición pública –empezando por los propios medios de comunicación, tan dignos en otros ámbitos–. Ayer miércoles, todo un vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, no solo volvió a poner en la diana a los menores migrantes, esta vez a cuenta de su edad, sino que admitió abiertamente que habían llevado a cabo un “examen médico” a una niña de 9 años, que según su tesis podría tener 13, y que para confirmarlo habían encargado "pruebas forenses".

De verdad, creo que el mero hecho de considerar necesario someter a este tipo de pruebas a un niño o una niña de Primaria oculta algún tipo de patología seria. No consigo verlo de otra manera. No me cabe en la sesera.

De todos modos, o algo me he perdido o Vox no tendrá aquí manga ancha para hacer y deshacer a su antojo, como pretende desde la Consejería de Servicios Sociales, cuyas competencias –no olvidemos– pactó cederle Jorge Azcón.

Lo que quiero decir es que hay un protocolo claro en relación con los casos en los que hay indicios de que el joven no sea menor de edad, y no todos los pasos quedan en manos de la extrema derecha. Al revés: Servicios Sociales propone a la Fiscalía de Menores –dependiente en última instancia de la Fiscalía General del Estado– que autorice un determinado análisis y solo después de su visto bueno llega el turno del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), el órgano que lleva a cabo los estudios para determinar la edad, con una sofisticada tecnología y de la mano de unos excelentes profesionales, que se preocupan de proteger al joven más allá de la edad que al final expongan los resultados. El IMLA, por cierto, cuya competencia recae en la Dirección General de Justicia, que depende de la vicepresidenta Mar Vaquero (PP).

E insisto en que, según el mismo protocolo, solo se analizan las situaciones sospechosas, tal y como el mismo Azcón dejó caer el miércoles. Con lo que no cabría el hecho –de nuevo, salvo que algo haya cambiado y no nos hayamos enterado– de someter a pruebas a todos los menores migrantes que no tengan certificado biológico, como prometió Nolasco. En democracia, los contrapesos también existen en el seno de las propias instituciones.

Pero, más allá de los protocolos, vuelvo al principio: ¿en qué cabeza cabe que sea necesario someter a estos test a una niña de 9 años? ¿Cómo hemos llegado al punto de situar en el centro de la guerra política a una cría de esa edad? Esperemos que la Fiscalía frene semejante exceso.

Y, entre tanto, este debate consigue opacar otros que centran la actualidad política, como el hecho de que el Gobierno de Aragón ahora ya no considere importante revisar el modelo de financiación, ni siquiera con una reunión cara a cara con el Ministerio, o que las Cortes vayan a introducir unas dudosas prácticas que se dan en otros parlamentos durante las sesiones de control: que los partidos de la coalición se interpelen a sí mismos. Si estas sesiones estaban ya de por sí alejadas de la ciudadanía, ahí va un clavo más en el ataúd.

Un pelotazo urbanístico de los de antes

Donde había un espacio religioso, donde se anunciaron después dos residencias, ahora habrá 220 pisos. De lujo, claro: en una de las áreas residenciales más caras de la ciudad, anexa al estadio de La Romareda. La recalificación a la carta del antiguo Convento de Jerusalén es un pelotazo urbanístico de libro. De los de antes. Y, como los de antes, llega cargado de silencios y dudas.

Para empezar, al constatar a partir de la documentación recabada por nuestro periódico que la propuesta inicial de la promotora dueña del suelo –Enta Properties, del grupo inversor Bancalé– era para 204 viviendas. Si un informe jurídico fechado este 11 de mayo todavía mencionaba los 204 pisos, ¿qué sucedió entre esa fecha y la del anuncio del Gobierno del PP, el 27 de mayo, para que 'brotaran' 16 nuevas viviendas en ese ámbito? Lo único de lo que tenemos constancia, como te contamos, es una sentencia del TJSA a favor del Ayuntamiento de Zaragoza y contra la propiedad, que deberá asumir de manera gratuita el vial que atraviesa el sector, con la merma económica que eso supone.

Cuestionado al respecto, el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, no precisó el porqué del aumento, aunque lo desvinculó del fallo judicial, y dejó claro que la edificabilidad se mantiene; es decir, que habrá más viviendas pero más pequeñas. Aunque también es cierto que el tamaño influye en el precio final del metro cuadrado.

Pero hay más: pese a que el propio Serrano dijo que para determinar la cantidad que, a cambio de la recalificación a la carta, la promotora pagará al Ayuntamiento –un máximo de 22 millones de euros–, había ya un borrador. Salvo que se refiera al que hizo Enta Properties, lo único que consta es un prolijo informe técnico de la oficina de Planeamiento municipal que deja claro que no hay “valoración técnica que justifique” este importe. Otro misterio que se desvelará a medida que avance la tramitación.

Como el del índice de edificabilidad, cifrado en 1,667 –variable por la que multiplicar la superficie para saber cuánto puedes construir– por Enta Properties pero que el mismo informe técnico minora un 10%, hasta 1,5. Una incógnita más.