Este viernes arrancan en Italia los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. Tras años de preparativos y una inversión millonaria, el país se pone en el centro del mapa mundial de los deportes invernales. Pero el evento se ve también marcado por críticas de grupos de la sociedad civil y la oposición, que denuncian medidas “inaceptables” del gobierno de Giorgia Meloni para aumentar la financiación de un certamen con altísimos sobrecostes. Esto incluyó el desvío de 43 millones de euros inicialmente destinados a víctimas de la mafia, la usura y feminicidios, un dinero reasignado a cubrir gastos de los juegos a través de un polémico decreto-ley.

“Este dinero, en un principio asignado a víctimas de violencia mafiosa o huérfanos de feminicidios, fue desviado para cubrir costes de los juegos”, en concreto a sufragar gastos de las fuerzas de seguridad desplegadas en las olimpíadas, cuenta a elDiario.es Elisa Orlando, miembro de Libera, principal red asociativa contra la mafia y la corrupción en Italia. El grupo lidera desde mayo de 2024 la campaña Open Olympics 2026, una iniciativa para la supervisión cívica de los juegos que arrojó investigaciones en profundidad sobre el evento, en que denuncia opacidad por parte de los organizadores, falta de datos clave para conocer su coste real, retrasos en la construcción de muchas obras y riesgos de infiltración mafiosa. También cuestiona la utilidad de muchas infraestructuras y alerta del alto déficit para el erario público que todo ello puede acarrear.

El malestar escaló especialmente en junio de 2025, cuando el Ejecutivo de Meloni promovió el llamado Decreto-Ley Sport, el paquete de medidas en que integró el desvío de los 43 millones. Este dinero era parte de una partida presupuestaria asignada al fondo de solidaridad para víctimas del crimen organizado, de usura y extorsión mafiosa, así como a hijos de mujeres asesinadas en feminicidios.

Ante ello, la reasignación del dinero creó indignación entre grupos antimafia y feministas. La norma entró en vigor en julio, tras ser aprobada por la mayoría de Gobierno en la Cámara de Diputados, donde hubo un intenso debate en que fuerzas de la oposición de centroizquierda protestaron y presentaron enmiendas. Pese a ello, no pudieron evitar la validación del decreto, que derivó los fondos a cubrir gastos de equipamiento y alojamiento de las fuerzas de seguridad, con unos 6.000 agentes desplegados in situ entre el 6 y 22 de febrero, las dos semanas en que durarán los Juegos Olímpicos, repartidos en tres regiones distintas del norte italiano.

Este dinero, en un principio asignado a víctimas de violencia mafiosa o huérfanos de feminicidios, fue desviado para cubrir costes de los juegos

Elisa Orlando — Libera

Libera lo consideró una maniobra “inaceptable, dictada por un mero cálculo político, carente de toda lógica de protección a las víctimas”. Los 43 millones desviados son una cantidad muy pequeña en relación con el coste total de los juegos, pero la entidad ve preocupante que el Gobierno decidiera quitarlos a los afectados por problemas tan incrustrados en Italia como la mafia, los feminicidios o la extorsión mafiosa, aún muy presente.

La condena también vino de otra asociación antimafia, La Tazzina de la Legalità, con raíces en la región de Calabria, el feudo histórico de la ‘Ndrangheta, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. “Aquel fondo no era un superávit cualquiera, sino una conquista de 2018 tras batallas civiles y parlamentarias que aseguraba 12 millones al año para servicios esenciales como asistencia médico-psicológica, becas de estudio o reembolso de gastos sanitarios para huérfanos” de feminicidios. Según añadió, “eran recursos vitales para familias golpeadas por dramas irreparables”, lo que muestra, según ellos, cómo el Gobierno “traiciona a las víctimas”.

En 2018 se aprobó una ley que, aparte de las medidas señaladas por Tazzina de la Legalità, incluía asistencia jurídica gratuita o incautación de bienes del autor de un feminicidio para indemnizar a los hijos de la víctima. Esto implicó añadir una partida de 12 millones anuales destinada a huérfanos de feminicidios que se incluyeron en el fondo para víctimas de la mafia, usura y extorsión mafiosa. “Sin embargo, ante los Juegos Olímpicos, todo queda relegado a un segundo plano”, denuncia Libera, en línea con las críticas de los partidos opositores.

Según Laura Boldrini, diputada del centroizquierdista Partido Democrático y expresidenta de la Cámara de Diputados entre 2013 y 2018, la medida fue “una decisión pésima a nivel ético, como si el Gobierno dijera que las olimpíadas valen más que las personas en situación frágil” a quién iban destinadas las partidas del fondo.

Ante las críticas, Matilde Siracusano, diputada del partido Forza Italia —socio del ejecutivo de Meloni— y subsecretaria de relaciones con el Parlamento, alegó que el dinero reasignado era una cantidad del fondo que no se gastó y que por ello podía derivarse a otra función. “Se da un mensaje distorsionado. No se quita ningún recurso. Es un remanente que no se usa para gastos fútiles, sino para equipamientos y alojamientos de la policía”, justificó en representación del Gobierno sin convencer a las fuerzas de la oposición en la Cámara.

Con ello, el Gobierno mostró “una distorsión de prioridades y una señal muy negativa para la legalidad”, denuncia Boldrini a elDiario.es, que protestó por ello. Días antes se aprobó “por unanimidad” un decreto que introdujo la categoría de feminicidio en la ley. Con ello, se rediseñó el delito para incluir la pena de cadena perpetua para quién mate a una mujer. “Pero dos días después, el Gobierno quitó los fondos a las víctimas. Fue una decisión inmoral”, dice Boldrini. “La responsabilidad del Gobierno era hallar otros fondos y no dejar sin ellos a personas vulnerables”, critica la diputada, que interpuso una enmienda que fue rechazada.

Otro que lo intentó fue el jefe de grupo del Movimiento 5 Estrellas en la Cámara, Francesco Silvestri, que presentó otra alegación tumbada. “Tomar dinero para víctimas de la mafia y derivarlos a los juegos es la imagen exacta de la lucha del Gobierno contra el crimen organizado”, poco fructífera, asegura el diputado, también crítico con “los costes gigantescos” de las Olimpiadas, mucho más elevado de lo previsto en un inicio. En el dossier de candidatura de 2019, la partida destinada a seguridad era sólo de 26 millones, pero el Decreto-Ley Sport acabó asignando 271 millones a este ámbito, entre ellos los 43 tomados del fondo para víctimas.

“Todo esto me parece extraño. Cuando se hace una planificación económica puede haber desviaciones de unos pocos millones, pero se ha corregido todo al alza. Esto significa que alguien hizo los cálculos mal o que hay algo en el mecanismo que no funciona”, señala Silvestri a elDiario.es. También alerta del riesgo de infiltraciones mafiosas en las obras públicas de los juegos, un tema sobre el que también advirtió Libera.

“Los grupos mafiosos están presentes en el norte de Italia desde hace mucho”, sobre todo la ‘Ndrangheta, “con gran necesidad de lavar dinero” y capacidad de obtener contratas de todo tipo. Según Silvestri, esto hace que sean plausibles las opciones de que empresas con lazos mafiosos obtengan subcontrataciones de obras olímpicas, como ya sucedió en la Exposición de Milán de 2025. Por ahora, las autoridades aplican un férreo escudo antimafia que hasta ahora les llevó a excluir a 56 compañías con vínculos con el crimen organizado.

También arrestaron a dos hermanos de Roma vinculados a los ultras del Lazio, los Irrudicibili, que intentaron controlar la distribución de drogas en Cortina d’Ampezzo, uno de los epicentros de los juegos, que acoge competiciones como el esquí alpino femenino, curling o disciplinas de deslizamiento sobre hielo como bobsleigh. Para este deporte se alzó de cero una instalación que costó unos 118 millones de euros, un gasto colosal para una estructura que podría dejarse de usar tras los juegos, con potencial déficit anual de 600.000 euros, según Libera. Igual que los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín de 2006 y ediciones celebradas en otros países, hay edificios que podrían quedar abandonados tras la competición, resalta la entidad.

El presupuesto inicial de 1.360 millones de euros aumentó a casi 6.000. De estos, 3.400 se destinan a infraestructuras a menudo no vinculadas a necesidades deportivas

Libera

Los juegos se celebran en esta ocasión en varios puntos de las regiones de Lombardía, Trentino-Alto Adigio y Véneto. Inicialmente, “se presentaron cómo un evento a coste cero para economía y medioambiente”, pero “problemas graves” cuestionan su sostenibilidad, agrega Libera. Uno de ellos son los costes, al menos cuatro veces más altos del previsto: “El presupuesto inicial de 1.360 millones de euros aumentó a casi 6.000. De estos, 3.400 se destinan a infraestructuras a menudo no vinculadas a necesidades deportivas”, añade la asociación.

Libera ha pedido más transparencia a la Fundación Milán-Cortina, ente organizador de los juegos con presencia del Comité Olímpico Italiano y las regiones o municipios anfitriones. Otro actor clave es SIMICO, la sociedad pública encargada de la ejecución de infraestructuras olímpicas, con participación principal del Estado.

Según Orlando, la campaña Open Olympics ha identificado que “sólo un tercio de las obras previstas son esenciales para el desarrollo de los juegos, mientras los otros dos tercios son infraestructuras” sin conexión directa con ello, lo que hace plantear si su construcción es “en beneficio de los territorios” o alimenta un ciclo especulativo de explotación del suelo y urbanización con posibles daños “a ecosistemas frágiles” como el de las montañas. “El 57% de obras sólo terminará cuando los juegos estén acabados”, en algunos casos en 2033, lo que incluye carreteras y vías de tren, y sólo el 43% de infraestructura está lista para el evento, concluye Orlando.

Poco podía imaginar Mario, nombre ficticio para guardar el anonimato de una víctima real de estafa, que los 20.000 euros que invirtió en una start up del cannabis iban a acabar financiando la fabricación de drones en una fábrica de San Petersburgo, en plena fiebre bélica por la invasión rusa de Ucrania. 

Hablamos con Pol Pareja, periodista de elDiario.es en Catalunya, cuya investigación sobre el negocio de Juicy Fields publicada en 2022 dio las primeras pistas de lo que había detrás de esta empresa que acabó desmoronándose en cuestión de días. Un fraude cocinado al calor de la regulación del cannabis para uso medicinal, y que se considera la mayor estafa piramidal a nivel europeo por cantidad de dinero defraudado y de personas afectadas. 

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La Policía Nacional ha detenido en apenas 72 horas, a dos fugitivos, uno en Tenerife y el otro en Almería, reclamados por Italia y vinculados con la camorra napolitana.

A ambos les constaba una Orden Europea de Detención para Entrega por diversos delitos enfrentándose, entre los dos, a penas de prisión de 60 años, según ha informado este viernes la Policía en un comunicado.

El detenido en un apartamento de alquiler vacacional en Tenerife estaba reclamado por los delitos de pertenencia a organización criminal y homicidio, tras participar en la localidad italiana de Striano en el año 2024 en un ataque con arma de fuego en el que dispararon hasta en 12 ocasiones a un hombre en una vía pública.

Por su parte, el fugitivo localizado en Roquetas de Mar, en Almería, desde donde, al parecer, podría seguir dirigiendo a la organización criminal, era considerado como objetivo de alto valor por ser uno de los líderes de un conocido grupo criminal de la camorra napolitana

La Policía informa de que la investigación se inició a finales del mes de octubre tras recibir la solicitud de colaboración a través de los acuerdos de intercambio de información de Policía Nacional con Italia y la Oficina Sirene.

Italia emitió una Orden Europea de Detención y Entrega a un varón por los delitos de chantaje, extorsión, secuestro detención ilegal y toma de rehenes por los que podría cumplir hasta 30 años de prisión.

Stefan Milojevic és, segons la investigació policial, el presumpte cap d’una de les organitzacions criminals més grans de l’arxipèlag balear, dedicada al narcotràfic i al blanqueig de capitals. Gonzalo Márquez, advocat de professió, apareix a l’atestat com el presumpte ideòleg econòmic de la trama. Tots dos conformen el primer esglaó d’un grup criminal organitzat sota una estructura similar a la de la ’Ndrangheta, la màfia calabresa. Per coordinar i executar les seves presumptes activitats delictives, van utilitzar mètodes que incloïen la col·laboració de Faustino Nogales, inspector de la Policia Nacional i excap antidroga a les Balears, així com d’Ángel López Llabrés, membre del grup i policia portuari a Palma —tots dos situats en el segon rang de la cadena de comandament—. El primer proporcionava presumptament informació als ‘narcos’ que aquests podien utilitzar per eludir el setge judicial i policial, mentre que el segon seria un dels principals pilars per a la introducció de droga a les illes. El modus operandi descrit pels agents especialitzats mostra la impunitat absoluta amb què es creien, fins al punt que fins i tot es burlaven de la Fiscalia.

Mallorca, 27 de març de 2025. Milojevic i Márquez parlen per telèfon en una conversa en què l’advocat —que presumptament utilitzava la seva professió com a tapadora de les activitats criminals del grup— explica —a manera de broma, de manera fictícia— al líder, Milojevic, que ha estat a la seu de la Fiscalia. Márquez li diu a Milojevic, adreçant-se al Ministeri Públic en to burleta amb càntics (“Lolololo”) i fent-se passar per una altra persona, que “el centre d’operacions delictives” dels presumptes narcos —és a dir, d’ells mateixos— és al “passeig de Mallorca”, que és on l’advocat tenia el seu despatx. En aquesta conversa, Márquez es refereix a ell mateix en tercera persona, com si un altre parlés sobre ell: “Hòstia, hòstia, va ser aquí [a la Fiscalia] en Gonzalo Márquez, l’advocat, jo no li contesto i em mirava, com que l’estic investigant a ell també...”.

Es tracta d’una gravació interceptada per agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil en el marc de l'operació més gran contra el narcotràfic de la història de les Balears, a l’atestat de la qual ha tingut accés elDiario.es. El desmantellament del grup criminal va acabar amb 76 detinguts i la confiscació de, entre d’altres, 687 quilos de cocaïna i 2.500 quilos d’haixix. El despatx de Márquez ja es trobava aleshores sota el punt de mira de la Unitat de Droga i Crim Organitzat (UDYCO) i de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil. En la mateixa conversa, li diu a Milojevic que “el centre financer és a Sencelles (Mallorca), amagat en una garita de merda de la Caixa”, burlant-se de nou de la Fiscalia. El contingut de la trucada telefònica, que es va produir gairebé cinc mesos abans que la banda fos desarticulada, mostra la impunitat amb què actuaven.

Infiltren un membre com a policia portuari

La trama funcionava presumptament amb una estructura similar a les històriques màfies del sud d’Itàlia. Stefan Milojevic, com a màxima autoritat, és identificat com a ‘Capo Crimine’, segons les recerques; darrere seu hi ha el ‘Capolocale’, és a dir, Carlos Hervás Guillem, que desenvolupava una activitat supervisada pel ‘Capocrimine’, segons consta a l’atestat policial; sota aquest se situaria la figura del ‘Crimine’, en aquest cas Manuel Fandiño Otero, qui portava a terme les accions materials ordenades pels seus superiors, mentre que Gonzalo Márquez Díaz exerciria les funcions d’’Il Consigliere’, és a dir, les activitats comptables i empresarials del grup.

Ángel López Llabrés és un presumpte membre del segon esglaó. Amic íntim de Milojevic, aconsegueix introduir-se com a agent de la Policia Portuària de Palma. Segons l’atestat, el seu primer dia de feina envia fotografies de la comissaria a Milojevic i, en connivència amb Márquez, tots dos corroboren “que ja tenen garita al port”. És a dir, via lliure per a la introducció de cocaïna i haixix per via marítima, mitjançant embarcacions de recreació en ports sota competència de la Policia Portuària.

30 de juliol de 2025. Són les vuit menys deu de la tarda. En una altra de les converses interceptades pels agents, Milojevic li explica a Márquez que López Llabrés ja és policia portuari.

—Milojevic: “El fill de puta, paio… (...) Saps què fa? Les coses que veu, les estudia sobre la marxa i va als exàmens. I diu que va sortir això, que va estudiar un mes per ser policia portuari i va treure un sis.

—Márquez: “I ara què?”

—Milojevic: “I ha començat avui, és funcionari (...)”

—Márquez: “Collons”. (...) Està bé. I ja té uniforme? Envia fotos“.

—Milojevic: “Sí, m’ha enviat fotos de la comissaria i tot ara, però d’aquestes que es veuen una sola vegada”.

Els agents especialitzats descriuen López com l’únic “home o amic de confiança” de Milojevic, amb l’excepció de Márquez. La confiança és tan estreta que va acompanyar tant Milojevic com el germà d’aquest a les negociacions i operacions encaminades a la introducció de droga a Eivissa i Mallorca, segons les diligències consultades. D’aquestes es desprèn que, a l’illa menor, López va ser citat per Milojevic al seu domicili, on li va explicar, sense amagar absolutament res, tots els detalls d’una de les descàrregues de mercaderia realitzades per l’organització, així com el risc que hi hagués detencions.

La documentació policial assegura que López es dedicava, aprofitant la seva condició de policia portuari, a “l’obtenció de beneficis per a l’organització criminal en el seu àmbit delictiu”. “Missions com vigilar l’arribada de grups d’assalt de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, així com la seva possible ubicació i desplegament, l’obtenció de dades sobre investigacions o altres membres de l’organització, fotografiar instal·lacions i passar-les als seus líders”, indica l’atestat. En resum, tal com deia Márquez, ara ja tenien “una garita al port”.

Un inspector col·laboraba amb la banda

Un dels presumptes col·laboradors del grup criminal era Faustino Nogales, excap antidroga de la Policia Nacional a les Balears, i que fins a la seva detenció treballava com a inspector de policia. En una de les converses interceptades, Milojevic informava Nogales que havien desaparegut “diverses ventoses” dels seus vehicles a Eivissa i Alemanya. És a dir, balises de seguiment instal·lades pels agents especialitzats per vigilar els narcos, tal com va informar aquest diari. D’aquesta conversa entre ambdós es desprèn que la xarxa criminal disposava d’informació privilegiada per ocultar les seves presumptes activitats delictives.

—“Saps què ha passat?”, pregunta Milojevic a Nogales. “El què?”, li respon aquest. “Han desaparegut les ventoses d’Eivissa”, afirma. “Han desaparegut?”, qüestiona l’inspector. “Una del pàrquing on el cotxe fa tres o quatre mesos que no es mou i l’altra a Alemanya”, afirma Milojevic. “Quedava clar”, acaba dient Nogales. Abans d’això, el presumpte líder de la xarxa criminal havia comentat a l’inspector que un dels cotxes ja no tenia el dispositiu quan va ser traslladat a la península, mentre que l’altre va ser enviat a Alemanya amb la balisa posada, però en arribar a un concessionari també havia desaparegut. Nogales, que en la conversa demostra coneixements tècnics sobre el funcionament d’aquests aparells, li respon que “era d’esperar” i que es tracta de dispositius de llarga durada.

A més del canvi de vehicles —principalment per part dels seus caps—, el grup organitzat estava obsessionat amb la recerca en aquests de possibles mitjans tècnics de seguiment o de captació d’àudio que poguessin tenir instal·lats per estar sota investigació. Per a això utilitzaven “raquetes” o altres mitjans tècnics emprats per detectar sistemes de seguiment de vehicles, segons l’atestat policial.

En un altre moment de la conversa entre Nogales i Milojevic, aquest comenta que “amb els conills i tot això, si passa alguna cosa, es pot saber fàcil”. En aquest context, “conills” és un sinònim de “talps”, és a dir, individus que, aprofitant les seves funcions laborals —possiblement dins dels cossos de seguretat—, podrien estar traslladant informació als narcos. L’ús del plural, “conills”, fa entendre que els membres de la presumpta xarxa disposarien de diverses persones dedicades a aquesta funció.

Les converses donen a entendre que els membres de la presumpta xarxa disposaven de diversos ‘talps’, és a dir, individus que, aprofitant les seves funcions laborals —possiblement dins de les forces de seguretat— podrien estar transmetent informació als narcos

Rebien ‘xiulets’

El 9 d’agost de 2025, uns dies abans de la seva detenció, una conversa entre Milojevic i Márquez demostra que el líder havia estat informat que existia una investigació policial de grans dimensions contra ell. Segons consta en els documents de la investigació policial, el dispositiu de captació de so no va aconseguir enregistrar la conversa íntegra entre els dos membres de la trama, tot i que d’ella es desprèn la preocupació de l’inspector Nogales i de Milojevic arran d’aquesta investigació.

El presumpte líder de l’organització mafiosa havia coincidit unes hores abans amb el fill de Faustino, que ha estat detingut posteriorment, i aquest li va explicar que el seu pare estava preocupat pel fet que l’estiguessin investigant (“El fill m’ha dit que està cagat”) i que això pogués repercutir en l’inspector cap de la Policia Nacional. En altres parts de la conversa reapareix aquesta preocupació, així com les mesures d’extrema seguretat que l’inspector investigat pretenia adoptar a partir d’aquell moment per comunicar-se amb la banda. Faustino Nogales tenia por, segons els investigadors, que el poguessin relacionar amb la xarxa a causa que interceptessin les comunicacions entre ells (“El fill diu que ha començat a escriure en papers per no parlar”, recull l’atestat).

L’inspector Faustino Nogales tenia por, segons els investigadors, que el poguessin relacionar amb la xarxa de narcos a causa que interceptessin les comunicacions entre ells

Segons la investigació, Faustino adverteix Milojevic que extremi les mesures de seguretat en els seus desplaçaments (“El Faustino, paio, és l'hòstia… que vagi en taxi, en moto, no t’imagines”). D’altra banda, Márquez especula sobre la investigació i creu que “no pot ser només per blanqueig”, ja que són investigats per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil alhora. Milojevic, per la seva banda, està convençut, després de l’advertència rebuda per part de Faustino, que “intentaran anar sobretot contra ell”. Les diligències consultades afirmen que Márquez li recomana que “parli amb Faustino primer, perquè caldrà saber més o menys què dir”.

Aquesta filtració d’informació secreta quedaria provada quan Milojevic diu “això m’ho ha dit Faustino, que estan mirant fins a Amok”, en referència que la investigació patrimonial afecta també la trama empresarial relacionada amb la presumpta organització criminal. Pel que fa a l’advocat de la trama, es preveu que ell també és investigat, ja que menciona a Milojevic que Faustino evita comunicar-se amb ell. Per aquest fet, l’advocat creu que ell “ha de sortir per algun lloc” perquè, si no, li respondria.

Els ideòlegs de la presumpta xarxa criminal no intentaven, exclusivament, captar agents de la Policia Nacional o de la Guàrdia Civil per a la seva organització. Cal destacar que Milojevic, juntament amb l’advocat Márquez, es trobava en una recerca permanent de captació de membres de la judicatura i de la premsa amb la finalitat d'“intentar corrompre’ls per obtenir informació sobre possibles investigacions a les quals poguessin ser sotmesos”, segons constata la investigació.

Els caps es trobaven en una recerca permanent de captació de membres de la judicatura i de la premsa amb la finalitat d’“intentar corrompre’ls per obtenir informació sobre possibles investigacions a les quals poguessin ser sotmesos”

Durant els últims dies en què la trama va continuar activa, López Llabrés, el policia portuari, també va mostrar la seva preocupació per si podia ser investigat. En un altre dels àudios interceptats, Llabrés consulta a Milojevic si Nogales els ha informat “d’alguna novetat” i fins i tot demana més col·laboració de l’inspector de la Policia Nacional perquè esbrini “quants” estan “en la moguda”. És a dir, quants estan sent investigats pels agents de la UDYCO i la Policia Judicial de la Guàrdia Civil. Un extrem que Milojevic desconeixia, segons les gravacions incorporades a l’atestat.

Al final de la conversa entre López i Milojevic es revela que el primer està preocupat per si ell també és objecte de la investigació i manifesta al seu líder que ha revisat la seva moto per tractar de detectar si té algun dispositiu de seguiment instal·lat. “M’he ficat per sota de la moto mirant a veure si té alguna cosa”, assegura. Després d’això especulen sobre com Nogales ha pogut tenir coneixement de la investigació policial contra Milojevic, fet que reflectia que Nogales havia revelat informació reservada sobre la investigació en curs, sempre segons els agents.

Utilitzaven balises contra la Policia

De les converses enregistrades pels agents especialitzats es desprèn una de les majors pors i obsessions de la banda: que poguessin ser objecte d’una investigació judicial i policial que posés negre sobre blanc les seves presumptes activitats delictives. Els presumptes narcotraficants tenien una estructura capaç tant d’advertir els dispositius que els agents introduïen en els seus vehicles, com d’executar aquesta mateixa pràctica contra ells, d’acord amb la investigació policial.

Tant la UDYCO com la Policia Judicial de la Guàrdia Civil descriuen els mètodes del presumpte grup criminal com de “gran grau de sofisticació”, fet que demostraria, asseguren, la “perillositat” dels seus membres. La hipòtesi que maneja la investigació policial és que la trama instal·lava els seus propis dispositius de seguiment en vehicles policials per controlar els moviments dels investigadors i anticipar-se a les seves operacions. Els agents especialitzats admeten que aquestes mesures de seguretat, vigilància i contra vigilància adoptades pels presumptes caps de la trama van dificultar “enormement la tasca policial per desarticular-la”.

La hipòtesi que maneja la investigació policial és que la trama instal·lava els seus propis dispositius de seguiment en vehicles policials per controlar els moviments dels investigadors i anticipar-se a les seves operacions

Un dels exemples que demostraria aquesta hipòtesi va ocórrer a mitjan juny de 2025, quan hi va haver un gran desplegament a Eivissa. Es tractà d’una operació conjunta de la UDYCO i la Policia Judicial de la Guàrdia Civil per desmantellar el presumpte grup criminal. Tot i això, no va tenir èxit. Presumptament, l’organització hauria descarregat 1.750 quilos d’haixix per ser transportats posteriorment a Mallorca i distribuïts per Espanya i Europa.

Els agents especialitzats no van aconseguir capturar els presumptes narcos, que haurien col·locat balises de posicionament en els vehicles policials. D’aquesta manera haurien aconseguit evitar l’operació i materialitzar la descàrrega de haixix per a la màfia criminal de Montenegro. Tant Milojevic com la cúpula de l’organització criminal albanesa establerta a Eivissa abandonen el territori nacional amb l’objectiu de sortir de l’òrbita policial, intentant eludir possibles detencions i desvincular-se així dels delictes comesos, afirmen els agents.

Un complex entramat per al blanqueig

Milojevic seria el cap de l’organització, responsable d’haver teixit, presumptament, una xarxa de distribució de substàncies estupefaents a Espanya, principalment a través d’aigües d’Eivissa. Exercia el control i la supervisió de tota l’activitat relacionada amb el tràfic de drogues —així com d’altres delictes associats— i del blanqueig de capitals, afirmen els investigadors. Pel que fa a això últim, el cervell i ideòleg de l’entramat destinat al blanqueig era Márquez, soci principal de Milojevic. Com a advocat, podia desenvolupar activitats empresarials, segons els investigadors, que en realitat servien per introduir en els circuits legals diners il·lícits procedents de la venda de droga.

En les seves funcions d’inversor i administrador del capital, la investigació policial assenyala Márquez com el creador d’un complex entramat empresarial, a través de l’adquisició de cadenes hoteleres, amb l’“objectiu de blanquejar els diners de la droga”. Una de les presumptes formes es realitzava a través de l’obertura d’empreses. Carlos Hervás, prèvia ordre de Milojevic i Márquez, va obrir un establiment de compravenda de vehicles a Inca amb l’únic fi de blanquejar els diners de la venda de drogues, segons els agents especialitzats. La investigació considera provat que la xarxa criminal cobrava en diferents ocasions la mercaderia mitjançant un intercanvi amb vehicles per part dels compradors. Les diligències són investigades pel Jutjat d’Instrucció número 7 de Palma.

Stefan Milojevic es, según la investigación policial, el presunto jefe de una de las mayores organizaciones criminales del archipiélago balear, dedicada al narcotráfico y blanqueo de capitales. Gonzalo Márquez, abogado de profesión, aparece en el atestado como el presunto ideólogo económico de la trama. Ambos forman el primer escalafón de un grupo criminal organizado bajo una estructura similar a la ‘Ndrangheta, la mafia calabresa. Para coordinar y ejecutar sus presuntas actividades delictivas, utilizaron métodos que incluyeron la colaboración de Faustino Nogales, inspector de la Policía Nacional y exjefe antidroga en Balears, así como de Ángel López Llabrés, miembro del grupo y policía portuario en Palma, ambos en el segundo rango de la cadena de mando. El primero proporcionaba presuntamente información a los ‘narcos’ que estos podían utilizar para eludir el cerco judicial y policial, mientras que el segundo sería uno de los principales pilares para la introducción de droga en las islas. El ‘modus operandi’ descrito por los agentes especializados muestra la absoluta impunidad con la que se creían, que les llevaba incluso a burlarse de la Fiscalía.

Mallorca. 27 de marzo de 2025. Milojevic y Márquez hablan por teléfono en una conversación en la que el abogado —que presuntamente utilizaba su profesión como tapadera para las actividades criminales del grupo— le cuenta —a modo de broma, de manera ficticia— al líder, Milojevic, que ha estado en la sede de la Fiscalía. Márquez le dice a Milojevic, dirigiéndose al Ministerio Público a modo de burla con cánticos (“Lolololo”) y haciéndose pasar por otra persona, que “el centro de operaciones delincuenciales” de los presuntos narcos —es decir, de ellos mismos— está en “Paseo Mallorca”, que es donde el abogado tenía su oficina. En esta conversación, Márquez se refiere a sí mismo en tercera persona, como si otro hablase sobre él: “Hostia, hostia, estuvo aquí [en la Fiscalía] el Gonzalo Márquez, el abogado, yo no le contesto y me miraba, como lo estoy investigando a él también...”

Se trata de una grabación interceptada por agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el marco de la mayor operación contra el narcotráfico en la historia de Balears, a cuyo atestado ha tenido acceso elDiario.es. El desmantelamiento del grupo criminal finalizó con 76 detenidos y la incautación de, entre otros, 687 kilos de cocaína y 2.500 kilos de hachís. El despacho de Márquez ya se encontraba entonces bajo el punto de mira de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) y de la Policía Judicial de la Guardia Civil. En la misma conversación, le dice a Milojevic que “el centro financiero está en Sencelles (Mallorca), escondido en una garita de mierda de la Caixa”, burlándose de nuevo de la Fiscalía. El contenido de la llamada telefónica, que se produjo casi cinco meses antes de que la banda fuera desarticulada, muestra la impunidad con la que actuaban.

Infiltran a un miembro como policía portuario

La trama funcionaba presuntamente con una estructura similar a las históricas mafias del sur de Italia. Stefan Milojevic, como máxima autoridad, es identificado como el ‘Capo Crimine’, según las pesquisas; tras éste está el ‘Capolocale’, es decir, Carlos Hervás Guillem, que desarrollaría una actividad supervisada por el ‘Capocrimine’, según figura en el atestado policial; bajo éste se encontraría la figura del ‘Crimine’, en este caso, Manuel Fandiño Otero, quien llevaría a cabo las acciones materiales ordenadas por sus superiores, mientras que Gonzalo Márquez Díaz haría las funciones de ‘Il Consigliere’, es decir, las actividades contables y empresariales del grupo.

Ángel López Llabrés es un presunto miembro del segundo eslabón. Amigo íntimo de Milojevic, consigue introducirse como agente de la Policía Portuaria de Palma. Según el atestado, en su primer día de trabajo, envía fotografías de la comisaría a Milojevic y, en connivencia con Márquez, ambos corroboran “que ya tienen garita en el puerto”. Es decir, vía libre para la introducción de cocaína y hachís por vía marítima, mediante embarcaciones de recreo en puertos competencia de la Policía Portuaria.

30 de julio de 2025. Son las ocho menos diez minutos de la tarde. En otra de las conversaciones interceptadas por los agentes, Milojevic le cuenta a Márquez que López Llabrés ya es policía portuario.

—Milojevic: “El hijo puta, tío… (...) ¿Sabes qué hace? Cosas que ve, las estudia sobre la marcha y va a los exámenes. Y dice que salió eso, que estudió un mes para policía portuario y sacó un seis.

—Márquez: “¿Y ahora?”

—Milojevic: “Y ha empezado hoy, es funcionario (...)”.

—Márquez: “Joder”. (...) Está guapo. ¿Y tiene uniforme ya? Manda fotos“.

—Milojevic: “Sí, me ha mandado fotos de la comisaría y todo ahora, pero de esas que se ven una vez”.

Los agentes especializados describen a López como el único “hombre o amigo de confianza” de Milojevic, a excepción de Márquez. La confianza es tan estrecha que acompañó tanto a Milojevic como al hermano de éste a las negociaciones y operaciones encaminadas a la introducción de droga en Eivissa y Mallorca, según las diligencias consultadas. De ellas se desprende que, en la isla menor, López fue citado por Milojevic en su domicilio, donde le contó, sin ocultar absolutamente nada, todos los detalles de una de las descargas de mercancía realizadas por la organización, así como el riesgo que hubo a que fueran detenidos.

La documentación policial asegura que López se dedicaba, aprovechando su condición de policía portuario, a la “obtención de beneficios para la organización criminal en su ámbito delictivo”. “Misiones tales como vigilar la llegada de grupos de asalto de Policía Nacional y Guardia Civil, así como su posible ubicación y despliegue, la obtención de datos sobre investigaciones u otros de los miembros de la organización, fotografiar instalaciones y pasarlas a sus líderes”, indica el atestado. En resumen, como decía Márquez, ahora ya tenían “una garita en el puerto”.

Un inspector colaboraba con la banda

Uno de los presuntos colaboradores del grupo criminal era Faustino Nogales, exjefe antidroga de la Policía Nacional en Balears, y que hasta su detención trabajaba como inspector de policía. En una de las conversaciones intervenidas, Milojevic informaba a Nogales que habían desaparecido “varias lapas” en sus vehículos de Eivissa y Alemania. Es decir, balizas de seguimiento instaladas por los agentes especializados para vigilar a los narcos, como informó este diario. De esta conversación entre ambos se deduce que la red criminal disponía de información privilegiada para ocultar sus presuntas actividades delictivas.

—“¿Sabes qué ha pasado?”, pregunta Milojevic a Nogales. “¿El qué?”, le responde este. “Han desaparecido las lapas de Ibiza”, afirma. “¿Han desaparecido?”, cuestiona el inspector. “Una del parking que está el coche ahí tres o cuatro meses sin moverse y la otra en Alemania”, afirma Milojevic. “Estaba claro”, termina diciendo Nogales. Antes de ello, el presunto líder de la organización criminal le había comentado al inspector que uno de los coches ya no tenía el dispositivo cuando fue trasladado a la península, mientras que el otro fue enviado a Alemania con la baliza puesta, pero al llegar a un concesionario, también había desaparecido. Nogales, que en la conversación da a entender que sabe cómo funcionan estos aparatos, le responde que “era de esperar” y que son dispositivos de larga duración.

Además del cambio de vehículos —principalmente por parte de sus líderes—, el grupo organizado estaba obsesionado con las búsquedas en estos de posibles medios técnicos de seguimiento o de captación de audio que pudieran tener instalados por estar bajo investigación. Para ello empleaban “raquetas” u otros medios técnicos utilizados para detectar sistemas de seguimiento de vehículos, según el atestado policial.

En otro momento de la conversación entre Nogales y Milojevic, éste comenta que “con los conejos y todo eso, si pasa algo, se puede saber fácil”. En este contexto, “conejos” es un sinónimo de “topos”, es decir, individuos que, aprovechando sus funciones laborales —posiblemente dentro de las fuerzas de seguridad—, podrían estar trasladando información a los ‘narcos’. La grabación da cuenta del nivel organizativo de la presunta estructura criminal. El uso del plural, “conejos”, da a entender que los miembros de la presunta red disponían de varias personas dedicadas a dicha función.

Las conversaciones dan a entender que los miembros de la presunta red disponían de varios 'topos', es decir, individuos que, aprovechando sus funciones laborales —posiblemente dentro de las fuerzas de seguridad— podrían estar trasladando información a los narcos

Recibían ‘chivatazos’

El 9 de agosto de 2025, unos días antes de su detención, una conversación entre Milojevic y Márquez prueba que el líder había sido informado de que existía una investigación policial de grandes dimensiones contra él. Según figura en los documentos de la investigación policial, el dispositivo de captación de sonido no logró captar la conversación íntegra entre los dos miembros de la trama, aunque de ella se desprende la preocupación del inspector Nogales y de Milojevic con motivo de dicha investigación.

El presunto líder de la organización mafiosa había coincidido unas horas antes con el hijo de Faustino, que ha sido detenido posteriormente, el cual le explicó que su padre estaba preocupado por el hecho de que le estuvieran investigando (“Me ha dicho el hijo que está cagado”) y que ello pueda repercutir en el inspector jefe de la Policía Nacional. En otras partes de la conversación reaparece esta preocupación, así como las medidas de extrema seguridad que el inspector investigado pretendería adoptar a partir de ese momento para comunicarse con la banda. Faustino Nogales tenía miedo, según los investigadores, de que pudieran relacionarle con la red debido a la interceptación de las comunicaciones entre ellos (“Dice el hijo que ha empezado a escribir en papeles para no hablar”, recoge el atestado).

El inspector Faustino Nogales tenía miedo, según los investigadores, de que pudieran relacionarle con la red de narcos debido a la interceptación de las comunicaciones entre ellos

Según la investigación, Faustino advierte a Milojevic que extreme las medidas de seguridad en sus desplazamientos (“Lo del Faustino, tío, es la hostia… que vaya en taxi, en moto, no veas”). Por otro lado, Márquez especula sobre la investigación y cree que “no puede ser solo por blanqueo”, ya que están siendo investigados por la Policía Nacional y Guardia Civil a la vez. Milojevic, por otro lado, está convencido, tras la advertencia recibida por parte de Faustino, de que “van a intentar sobre todo” ir contra él. Las diligencias consultadas afirman que Márquez le recomienda que “hable con Faustino primero, porque habrá que saber más o menos qué decir”.

Esta filtración de información secreta quedaría probada cuando Milojevic dice “eso me ha dicho Faustino, que están mirando hasta Amok”, en referencia a que la investigación patrimonial afecta también al entramado empresarial relacionado con la presunta organización criminal. Respecto al abogado de la trama, prevé que él también está siendo investigado, ya que menciona a Milojevic que Faustino evita comunicarse con él. Por este hecho, el abogado cree que él tiene “que salir por algún sitio” porque, si no, a él le contestaría.

Los ideólogos de la presunta red criminal no intentaban, exclusivamente, captar a agentes de la Policía Nacional o de la Guardia Civil para su organización. Cabe destacar que Milojevic, en unión con el abogado Márquez, se encontraba en búsqueda permanente de captación de miembros de la judicatura y de la prensa con el fin de “intentar corromperlos para obtener información sobre posibles investigaciones a las que pudieran ser sometidos”, según constata la investigación.

Los cabecillas se encontraba en búsqueda permanente de captación de miembros de la judicatura y de la prensa con el fin de 'intentar corromperlos para obtener información sobre posibles investigaciones a las que pudieran ser sometidos'

Durante los últimos días en que la trama siguió activa, López Llabrés, el policía portuario, también mostró su preocupación porque pudiera estar siendo investigado. En otro de los audios interceptados, Llabrés consulta a Milojevic si Nogales les ha informado “de alguna novedad” e incluso pide más colaboración del inspector de la Policía Nacional para que averigüe “cuántos” están “en la movida”. Es decir, cuántos están siendo investigados por los agentes de la UDYCO y la Policía Judicial de la Guardia Civil. Un extremo que Milojevic desconocía, según las grabaciones incorporadas al atestado.

Al final de la conversación entre López y Milojevic se revela que el primero está preocupado por si él también es objeto de la investigación y manifiesta a su líder que ha revisado su moto para tratar de detectar si tiene un dispositivo de seguimiento instalado. “Me he metido por debajo de la moto mirando a ver si tiene algo”, asegura. Tras ello especulan cómo Nogales ha podido tener conocimiento de la investigación policial contra Milojevic, lo que reflejaba que Nogales había revelado información reservada sobre la investigación en curso, siempre según los agentes.

Usaban balizas contra la Policía

De las conversaciones grabadas por los agentes especializados se desprende uno de los mayores miedos y obsesiones de la banda: que pudieran ser objeto de una investigación judicial y policial que pusiera negro sobre blanco sus presuntas actividades delictivas. Los presuntos narcotraficantes tenían una estructura capaz tanto de advertir los dispositivos que los agentes introducían en sus vehículos, como de ejecutar esa misma práctica contra ellos, de acuerdo a la investigación policial.

Tanto la UDYCO como la Policía Judicial de la Guardia Civil describen los métodos del presunto grupo criminal como de “alto grado de sofisticación”, lo que demostraría, aseguran, la “peligrosidad” de sus miembros. La hipótesis que maneja la investigación policial es que el entramado instalaba sus propios dispositivos de seguimiento en vehículos policiales para controlar los movimientos de los investigadores y anticiparse a sus operaciones. Los agentes especializados admiten que estas medidas de seguridad, vigilancia y contravigilancia adoptadas por los presuntos cabecillas de la trama dificultaron “enormemente la labor policial para desarticularla”.

La hipótesis que maneja la investigación policial es que el entramado instalaba sus propios dispositivos de seguimiento en vehículos policiales para controlar los movimientos de los investigadores y anticiparse a sus operaciones

Uno de los ejemplos que probaría esta hipótesis ocurrió a mediados de junio de 2025, cuando hubo un gran despliegue en Eivissa. Se trató de una operación conjunta de la UDYCO y la Policía Judicial de la Guardia Civil para desmantelar el presunto grupo criminal. Sin embargo, no tuvo éxito. Supuestamente, la organización habría descargado 1.750 kilos de hachís para ser transportados posteriormente a Mallorca y distribuidos por España y Europa.

Los agentes especializados no consiguieron capturar a los supuestos narcos, que habrían colocado balizas de posicionamiento en los vehículos policiales. De este modo habrían conseguido evitar la operación y materializar la descarga de costo para la mafia criminal de Montenegro. Tanto Milojevic como la cúpula de la organización criminal albanesa afincada en Eivissa abandonan territorio nacional con el objetivo de salirse de la órbita policial, intentando eludir posibles detenciones y desvincularse así de los delitos cometidos, afirman los agentes.

Un complejo entramado para el blanqueo

Milojevic sería el jefe de la organización, responsable de haber tejido, presuntamente, una red de distribución de sustancias estupefacientes en España, principalmente a través de aguas ibicencas. Ejercía el control y supervisión de toda la actividad relacionada con el tráfico de drogas —así como de otros delitos asociados— y del blanqueo de capitales, afirman los investigadores. En cuanto a esto último, el cerebro e ideólogo del entramado destinado al blanqueo era Márquez, socio principal de Milojevic. Como abogado, podía desarrollar actividades empresariales, según los investigadores, que en realidad servían para introducir en los circuitos legales dinero ilícito procedente de la venta de droga.

En sus funciones de inversor y administrador del capital, la investigación policial señala a Márquez como el creador de un complejo entramado empresarial, a través de la adquisición de cadenas hoteleras, con el “objetivo de blanquear el dinero de la droga”. Una de las presuntas formas se realizaba a través de la apertura de empresas. Carlos Hervás, previa orden de Milojevic y Márquez, abrió un establecimiento de compra-venta de vehículos en Inca con el único fin de blanquear el dinero de la venta de drogas, según los agentes especializados. La investigación considera probado que la red criminal cobraba en diferentes ocasiones la mercancía a través de un intercambio con vehículos por parte de los compradores. Las diligencias están siendo investigadas por el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma.

Una DANA s'aveïnava al Mediterrani el dia de finals de desembre de 2024 en què Doroteo, Milagros i Andrea (noms ficticis) es van embarcar, de matinada, en un perillós viatge en pastera cap a Balears. Volien arribar a Espanya per a buscar una millor vida, poder cuidar als seus familiars malalts o aconseguir un treball. Van ser els motius que els van conduir a ells i a altres 28 persones més a pujar-se a un pesquer vell, amb poc motor, de només deu metres d'eslora i cap provisió a bord. Havien pagat entre 4.500 i 5.000 euros cadascun -al voltant de 700.000 dinars- a contactes de la xarxa organitzadora de la travessia, que va començar el dia de Nit de cap d'any en Le Pointe, un port del municipi costaner de Aïn Benian, a Algèria.

“De no ser perquè anàvem en un vaixell gran, ens hauríem mort tots”, lamentava Doroteo dies més tard. Volia arribar a sòl espanyol per a treballar i cuidar de la seva mare malalta i, en el procés, va témer per la seva pròpia vida quan van començar el fort vent i l'onatge. Va fer el viatge en la part posterior del vaixell, al costat del dipòsit de gasolina, combustible volàtil que, d'haver-se creuat un parell de factors, podria haver ocasionat un incendi o una deflagració a bord. Un risc augmentat pel mecanisme que utilitzaven els organitzadors per a alimentar el motor amb els bidons de recanvi, a través d'una mànega que, d'haver regalimat el seu contingent, podria haver causat, amb la mescla d'aigua salada, greus cremades en la pell dels passatgers.

Els patrons, que van amenaçar a la resta de migrants perquè no els identifiquessin davant la Justícia si la cosa es torçava, han estat condemnats ara a quatre anys de presó per la Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears per un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers. Una pena que es substituirà per l'expulsió de territori espanyol, recull la sentència, d'acord amb l'article 89.9 del Codi Penal, que estableix que les penes de presó imposades a un ciutadà estranger superiors a un any se substituiran per aquesta expulsió. L'òrgan judicial ha considerat que es va posar en risc “la integritat física i la vida dels migrants” amb les condicions desfavorables de l'embarcació: ni aigua, ni menjar, ni les mesures de seguretat necessàries.

Avís de DANA al Mediterrani

Varis testimonis que van viure el terrible trajecte, amb tan sols dues armilles salvavides per a una trentena de passatgers, han assegurat que els condemnats, tots d'origen algerià, “fumaven haixix” mentre dirigien la pastera. Anaven conduint per torns, especialment, quan el recorregut es va complicar amb l'arribada de dues tempestes que van impossibilitar la navegació i van fer que la fatiga s'apoderés d'ells. L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) havia declarat per a aquells dies ruixats forts i persistents en el litoral sud-est i a Balears, el que va provocar que els migrants passessin “molta por” durant les 30 hores que es va prolongar el trajecte, com van declarar alguns d'ells davant el jutge. Els que no van declarar no ho van fer per por de represàlies dels patrons.

Por, fred i fam, ja que a bord del pesquer no hi havia ni aigua ni menjar, més que alguns dàtils insuficients per a tots els passatgers. La majoria d'ells, a més, no sabia nedar, com van afegir durant la declaració. El destí principal era Palma, però després de quedar-se a la deriva diverses hores per les condicions meteorològiques adverses, van arribar a Formentera. Els patrons es guiaven pel Mediterrani amb el GPS d'un telèfon mòbil i una brúixola. Els cossos de seguretat van confiscar, quan van interceptar l'embarcació una vegada va arribar a la pitiusa, tres telèfons intel·ligents i diners en efectiu, encara que es desconeix si aquest procedia del pagament del viatge per part de la resta de migrants.

A bord no hi havia aigua ni menjar. Els migrants van sortir amb una alerta per ruixats forts i persistents en el litoral

Un dels patrons va atestar durant el judici a l'Audiència que, de no haver agafat ell el timó els últims 25 minuts d'arribar a l'illa, es “haguessin mort tots”, segons l'escrit judicial. Les víctimes de la màfia van reconèixer a l'home com un dels tres patrons de la pastera que va partir del país africà i va arribar, un dia i mig després, al litoral formenterer. Pel que sembla, un altre dels implicats en els cobraments i que també està condemnat volia cremar l'embarcació -amb la matrícula escrita a un lateral- una vegada van tocar terra per a no deixar registre.

Quan els agents de la Guàrdia Civil de Formentera van rebre l'avís que havia arribat una barca irregular, alguns dels migrants ja havien trepitjat terra i altres encara romanien a bord del pesquer. Tots portaven la roba mullada i tenien fred. Després de ser rescatats, els efectius els van traslladar a les dependències de la Policia Nacional d'Eivissa. L'atestat de la Unitat Central de Xarxes d'Immigració Il·legal i Falsedats Documentals (UCRIF) va motivar la recerca del cas per un possible delicte contra els drets dels estrangers per part de diversos dels detinguts, entre els quals es trobaven els condemnats. El Ministeri Fiscal demanava per a ells un total de sis anys de presó, una pena que el jutge ha reduït a quatre anys. Els patrons també hauran d'abonar les costes de tot el procés judicial.

La negació dels fets

Els tres sospitosos de capitanejar l'embarcació i de ser els organitzadors del viatge irregular van negar en tots els casos ser els patrons de la pastera i van afirmar haver pagat entre 50.000 i 60.000 dinars pel trajecte. Un d'ells, Gabino (nom fictici), va indicar que treballava reparant motos en un port algerià diferent del que havien partit, motiu pel qual portava una targeta identificativa Yamaha que corresponia -va explicar al judici- a una formació sobre motors que va fer durant el COVID. També assegurà que va haver de reduïr l'aigua que entrava a la barca perquè no s'enfonsés. D'altra banda, Jesús Luis (nom també fictici) va declarar que va atendre la gent que es trobava malament i es va veure obligat a conduir durant tres hores seguides perquè el tercer interrogat i que havia dirigit fins al moment, José Manuel (fictici), va començar a estar “cansat” perquè hi havia molt mala mar.

Els dos acusats van assenyalar a aquest tercer com el principal organitzador, qui al seu torn va incriminar a altres dos passatgers com a presumptes autors del mateix delicte. José Manuel conduïa la pastera quan van arribar a l'illa de Formentera després de travessar el Mediterrani en condicions nefastes i va assegurar que, si no hagués estat per ells, els ocupants del pesquer haguessin perdut la vida a la mar. Cap dels migrants que intentaven arribar a Espanya per aquesta via sabia nedar i l'ara condemnat va afegir, conscient de les circumstàncies, que per això “tenien pànic”.

Cap dels migrants que intentaven arribar a Espanya per aquesta via sabia nedar

En el que va de 2025, han arribat a Balears 350 pasteres amb 6.423 persones migrants a bord, segons el recompte realitzat per EFE a partir de les dades del Ministeri de l'Interior i de la Delegació del Govern. Una xifra que confirma que el flux migratori cap a l'arxipèlag segueix en augment any rere any. 

Durant 2024, 5.882 migrants van arribar a les costes balears per via marítima, d'acord amb l'Informe Anual de Seguretat Nacional del Ministeri de l'Interior. L'increment d'arribades en tan sols deu mesos reflecteix la consolidació de la ruta balear com una de les més actives del Mediterrani occidental, malgrat els reforços policials i els acords de control fronterer amb països d'origen i trànsit.

A pesar que el recorregut entre el nord d'Àfrica i les illes se sol fer amb llanxes que porten motors molt potents i van a molta velocitat, cada vegada és més freqüent que les màfies utilitzin embarcacions en estat precari. A més, el perfil de migrants decidits a realitzar el viatge és cada vegada més vulnerable. Mentre que anteriorment ho feien homes que buscaven arribar a Europa i enviar diners a les seves famílies, ara també viatgen dones (algunes fins i tot embarassades) i menors d'edat.

Una dana se avecinaba en el Mediterráneo el día de finales de diciembre de 2024 en que Doroteo, Milagros y Andrea (nombres ficticios) se embarcaron, de madrugada, en un peligroso viaje en patera hacia Balears. Querían llegar a España para buscar una vida mejor, poder cuidar a sus familiares enfermos o conseguir un trabajo. Fueron los motivos que los condujeron a ellos y a otras 28 personas más a subirse a un pesquero viejo, con poco motor, de solo diez metros de eslora y apenas ninguna provisión a bordo. Habían pagado entre 4.500 y 5.000 euros cada uno –alrededor de 700.000 dinares– a contactos de la red organizadora de la travesía, que empezó el día de Nochevieja en Le Pointe, un puerto del municipio costero de Aïn Benian, en Argelia. 

“De no ser porque íbamos en un barco grande, nos hubiéramos muerto todos”, lamentaba Doroteo días más tarde. Quería llegar a suelo español para trabajar y cuidar de su madre enferma y, en el proceso, temió por su propia vida cuando empezaron el fuerte viento y el oleaje. Hizo el viaje en la parte trasera del barco, al lado del depósito de gasolina, combustible volátil que, de haberse cruzado un par de factores, podría haber ocasionado un incendio o una deflagración a bordo. Un riesgo aumentado por el mecanismo que utilizaban los organizadores para alimentar el motor con los bidones de repuesto, a través de una manguera que, de haber chorreado su contenido, podría haber causado, junto mezcla de agua salada, graves quemaduras en la piel de los pasajeros.

Los patrones, que amenazaron al resto de migrantes para que no los identificaran ante la Justicia si la cosa se torcía, han sido condenados ahora a cuatro años de prisión por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Balears por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Una pena que se sustituirá por la expulsión de territorio español, recoge la sentencia, de acuerdo con el artículo 89.9 del Código Penal, que establece que las penas de cárcel impuestas a un ciudadano extranjero superiores a un año se sustituirán por dicha expulsión. El órgano judicial ha considerado que se puso en riesgo “la integridad física y la vida de los migrantes” con las condiciones desfavorables de la embarcación: ni agua, ni comida, ni las medidas de seguridad necesarias.

Aviso de dana en el Mediterráneo

Varios de los testigos que vivieron el terrible trayecto, con tan solo dos chalecos salvavidas para una treintena de pasajeros, han asegurado que los condenados, todos de origen argelino, “fumaban hachís” mientras dirigían la patera. Iban conduciendo por turnos, especialmente, cuando el recorrido se complicó con la llegada de dos tormentas que imposibilitaron la navegación e hicieron que la fatiga se apoderara de ellos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había declarado para esos días chubascos fuertes y persistentes en el litoral sureste y en Balears, lo que provocó que los migrantes pasaran “mucho miedo” durante las 30 horas que se prolongó el trayecto, como declararon algunos de ellos ante el juez. Los que no declararon lo hicieron por miedo a represalias de los patrones.

Miedo, frío y hambre, ya que a bordo del pesquero no había ni agua ni comida, más que algunos dátiles insuficientes para todos los pasajeros. La mayoría de ellos, además, no sabía nadar, como añadieron durante la declaración. El destino principal era Palma, pero después de quedarse a la deriva varias horas por las condiciones meteorológicas adversas, llegaron a Formentera. Los patrones se guiaban por el Mediterráneo con el GPS de un teléfono móvil y una brújula. Los cuerpos de seguridad incautaron, cuando interceptaron la embarcación una vez llegó a la pitiusa, tres smartphones y dinero en efectivo, aunque se desconoce si este procedía del pago del viaje por parte del resto de migrantes. 

A bordo no había agua ni comida. Los migrantes salieron con una alerta por chubascos fuertes y persistentes en el litoral

Uno de los patrones testificó durante el juicio en la Audiencia que, de no haber cogido él el timón los últimos 25 minutos de llegar a la isla, se “hubieran muerto todos”, según el escrito judicial. Las víctimas de la mafia reconocieron al hombre como uno de los tres patrones de la patera que partió del país africano y llegó, un día y medio después, al litoral formenterense. Al parecer, otro de los implicados en los cobros y que también está condenado quería quemar la embarcación –con la matrícula escrita en un lateral– una vez tocaron tierra para no dejar registro. 

Cuando los agentes de la Guardia Civil de Formentera recibieron el aviso de que había llegado una barca irregular, algunos de los migrantes ya habían pisado tierra y otros aún permanecían a bordo del pesquero. Todos llevaban la ropa mojada y tenían frío. Tras ser rescatados, los efectivos los trasladaron a las dependencias de la Policía Nacional de Eivissa. El atestado de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) motivó la investigación del caso por un posible delito contra los derechos de los extranjeros de varios de los detenidos, entre los que estaban los condenados. El Ministerio Fiscal pedía para ellos un total de seis años de cárcel, una pena que el juez ha reducido a cuatro años. Los patrones también deberán abonar las costas de todo el proceso judicial.

La negación de los hechos

Los tres sospechosos de capitanear la embarcación y de ser los organizadores del viaje irregular negaron en todos los casos ser los patrones de la patera y afirmaron haber pagado entre 50.000 y 60.000 dinares por el trayecto. Uno de ellos, Gabino (nombre ficticio), indicó que trabajaba reparando motos en un puerto argelino distinto del que habían partido, motivo por el que llevaba una tarjeta identificativa Yamaha que correspondía –explicó en el juicio– a una formación sobre motores que hizo durante el COVID. También aseguró que tuvo que achicar el agua que entraba en la barca para que no se hundiera. Por otro lado, Jesús Luis (nombre también ficticio) declaró que atendió a la gente que se encontraba mal y se vio obligado a conducir durante tres horas seguidas porque el tercer interrogado y que había dirigido hasta el momento, José Manuel (ficticio), empezó a estar “cansado” porque había muy mala mar.

Los dos acusados señalaron a este tercero como el principal organizador, quien a su vez incriminó a otros dos pasajeros como presuntos autores del mismo delito. José Manuel conducía la patera cuando arribaron a la isla de Formentera después de atravesar el Mediterráneo en condiciones nefastas y aseguró que, si no hubiera sido por ellos, los ocupantes del pesquero hubieran perdido la vida en el mar. Ninguno de los migrantes que intentaban llegar a España por esta vía sabía nadar y el ahora condenado añadió, consciente de las circunstancias, que por eso “tenían pánico”.

Ninguno de los migrantes que intentaban llegar a España por esta vía sabía nadar

En lo que va de 2025, han llegado a Balears 350 pateras con 6.423 personas migrantes a bordo, según el recuento realizado por EFE a partir de los datos del Ministerio del Interior y de la Delegación del Gobierno. Una cifra que confirma que el flujo migratorio hacia el archipiélago sigue en aumento año tras año.

Durante 2024, 5.882 migrantes alcanzaron las costas baleares por vía marítima, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior. El incremento de llegadas en apenas diez meses refleja la consolidación de la ruta balear como una de las más activas del Mediterráneo occidental, pese a los refuerzos policiales y los acuerdos de control fronterizo con países de origen y tránsito.

A pesar de que el recorrido entre el norte de África y las islas se suele hacer con lanchas que llevan motores muy potentes y que alcanzan mucha velocidad, cada vez es más frecuente que las mafias utilicen embarcaciones en un estado precario. Además, el perfil de migrantes decididos a realizar el viaje es cada vez más vulnerable. Mientras que anteriormente lo hacían hombres que buscaban llegar a Europa y mandar dinero a sus familias, ahora también viajan mujeres (algunas incluso embarazadas) y menores de edad.

Los clanes de la Camorra aplican una lógica sencilla y despiadada. Cualquier elemento que reduzca sus beneficios desaparece del mapa. El castigo no distingue entre personas o animales, y se ejecuta con la misma frialdad con la que se organiza el reparto de los cargamentos de droga. En su jerarquía, un enemigo no necesita portar uniforme ni ostentar rango; basta con que obstaculice un negocio. Esa mentalidad explica por qué un pequeño perro se convirtió, en pleno corazón de Nápoles, en el objetivo de un mundo que castiga la eficacia ajena con la violencia.

Pocho, un jack russell de nueve años en 2018, sirvió durante más de ocho años en la unidad antidroga de la Policía de Nápoles. Su olfato permitió localizar casi dos toneladas de estupefacientes, lo que le valió fama entre los agentes y odio entre los traficantes. La Camorra llegó a poner precio a su cabeza, una decisión que revelaba hasta qué punto aquel perro había afectado al negocio de la droga.

Un perro policía que se ganó la enemistad del narcotráfico

Su incorporación a la Policía se produjo tras un cambio sorprendente en su vida doméstica. Un médico que lo había comprado como mascota tuvo que entregarlo porque su hijo sufría alergia. Aquel cambio llevó al cachorro a las instalaciones policiales, donde empezó un adiestramiento que transformó su energía en disciplina. Su nombre procedía del futbolista argentino Ezequiel Lavezzi, apodado también Pocho, y pronto se convirtió en un símbolo de perseverancia para sus entrenadores.

Los resultados llegaron rápido. Pocho descubrió droga escondida en lugares tan inverosímiles como un biberón o un pastel salado típico de Nápoles, el casatiello. También detectó treinta kilos de cocaína pura en Nocera Inferiore y, en otro registro, localizó marihuana guardada en una bolsa sellada dentro de un garaje cerrado a ocho metros de distancia. Cada intervención reforzaba su reputación dentro del cuerpo policial y aumentaba la obsesión de los narcotraficantes por eliminarlo.

La reacción del crimen organizado no se hizo esperar. Polpette con veneno, carne adulterada y cebos preparados fueron algunos de los métodos empleados para acabar con él. Sin embargo, su entrenamiento incluía una norma estricta: jamás comer nada durante el servicio. También resistía las artimañas de los clanes que intentaban distraerlo con perras en celo colocadas junto a los alijos. Su concentración era absoluta y su respuesta, siempre eficaz.

La relación con su guía, el agente Santo, fue decisiva. Ambos trabajaban y convivían todo el día. El perro se mantenía impasible ante disparos, sirenas o tumultos, atento solo a la orden de búsqueda. Cada hallazgo terminaba con un premio sencillo, un pequeño bizcocho y unas caricias. Esa rutina convirtió el trabajo en un juego, pero un juego que desbarató operaciones millonarias de la Camorra.

Una jubilación tranquila para un héroe de cuatro patas

El centro canino de la Jefatura de Nápoles no contaba solo con Pocho. Once perros especializados cumplían funciones distintas, entre ellos Zorro, destinado al orden público, y Vikie, capaz de localizar personas bajo los escombros. Los labradores Nina y Broke rastreaban explosivos. La llegada de Kira, una pastora alemana en formación, garantizaba el relevo natural de los veteranos, incluido el pequeño héroe de la unidad.

En 2020, durante un operativo ordenado por el jefe de policía Luigi Bonagura, Pocho volvió a demostrar su eficacia al descubrir más de dos kilos y medio de hachís escondidos en un coche. Aquella operación acabó con un detenido en la cárcel de Benevento y confirmó que el perro seguía siendo un recurso esencial contra el narcotráfico.

El tiempo, sin embargo, impuso su lógica. Pocho se retiró hace seis años y, según pudo confirmar Eldiario.es, sigue con vida con 16 años. Su historia quedó como un caso singular dentro del combate cotidiano contra la droga en Nápoles, un ejemplo de eficacia y resistencia frente a una organización que acostumbra a eliminar todo lo que interfiere en sus negocios.

El sacerdote italiano Maurizio Patriciello, conocido por su lucha contra la mafia, recibió este domingo una bala dentro de un pañuelo mientras oficiaba la comunión en Caivano, un municipio de la provincia de Nápoles, en el sur de Italia, con graves problemas de criminalidad y abandono.

El hecho ocurrió durante la misa en la parroquia de San Pablo Apóstol, cuando un delincuente local se acercó al párroco y le entregó el pañuelo que contenía el proyectil.

El hombre, ya conocido por las fuerzas del orden, fue identificado por la escolta del sacerdote y por una patrulla de carabineros (la policía militarizada italiana) que estaba apostada fuera de la iglesia, según informaron medios locales.

Patriciello había denunciado la noche anterior dos disparos cerca de su parroquia en un mensaje en sus redes sociales en el que también había subrayado los avances recientes en la lucha contra el crimen organizado.

“En Caivano y alrededores, la mafia organizada —bien arraigada desde hace años— ha recibido, en estos últimos meses, un golpe durísimo. El comercio de la malditísima droga ha disminuido a la vista. Los jefes de los clanes, casi todos en prisión. El gobierno actual se está comprometiendo como nunca antes. A pesar de un trabajo nunca visto antes, los delincuentes intentan llenar los vacíos dejados por los detenidos”, escribió en su cuenta de Facebook.

Antes de la misa, Patriciello había publicado otro mensaje, en este caso dirigido a los jóvenes de la zona, instándoles a abandonar el camino del crimen: “Chicos, en nombre de Dios, ¡deténganse! Disfruten de su juventud. El camino que han tomado es un callejón sin salida. Siempre termina o en la cárcel o en el cementerio”.

El ataque se produjo en un contexto de creciente tensión en Caivano, que en 2023 fue escenario de un caso de violación que conmocionó al país: dos primas de 13 años fueron agredidas por un grupo de seis adolescentes.

Este incidente inspiró la aprobación del llamado 'Decreto Caivano', un conjunto de medidas impulsadas por el Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni para combatir la delincuencia juvenil.

La mandataria italiana condenó este domingo lo sucedido en Caivano como un acto “inaceptable” y expresó su solidaridad con el sacerdote, con quien había visitado la localidad el año anterior.

“Un gesto vil y criminal, cometido en el lugar y momento más sagrado, que no intimidará a quienes, como don Patriciello, representan coraje y dedicación a favor de la comunidad y la legalidad. Al lado de don Patriciello y de todos aquellos que no se doblegan ante la criminalidad. El Estado está con ustedes, y nunca daremos un paso atrás”, escribió Meloni en su cuenta de X.

Por su parte, el ministro de Interior, Matteo Piantedosi, habló telefónicamente con el sacerdote, le expresó su solidaridad y le confirmó que se reforzarán las medidas para protegerlo.

La Audiencia Nacional (AN) ha dejado libre a Firass Taghi, un presunto narcotraficante vinculado a la Mocro Maffia que debía ser entregado a Países Bajos, porque se han excedido los plazos legales para materializar su entrega, que debía haberse producido el pasado agosto, debido a un error judicial.

La decisión de entregar a Taghi se convirtió en firme el 7 de agosto, fecha desde la cual había diez días para llevarla a efecto, según explica un auto de la Sala de Apelación de la AN, al que ha tenido acceso Europa Press, que da la razón a la defensa por haberse excedido en los plazos legales el juez instructor.

La Fiscalía de Países Bajos, que ya había iniciado los trámites de extradición, ha asegurado que desconocía qué había fallado para dejar en libertad al detenido en Cádiz el pasado verano mientras intentaba salir de Europa. “Se está investigando por qué no se completó la extradición y se liberó al sospechoso”, ha apuntado un portavoz, según recoge la agencia neerlandesa ANP.

La prensa holandesa detalla que Firass Taghi, de 24 años, es pariente de Ridouan Taghi, el principal sospechoso del mediático 'caso Marengo', un macrojuicio por el que se dictaron elevadas condenas para otras 17 personas por tráfico de drogas y otros delitos como asesinatos o intentos de homicidio.

Decisión de la sala de apelación

Firass Taghi fue arrestado el pasado verano en Cádiz en el marco de una operación internacional relacionada con la introducción de cocaína por el puerto de Amberes, ya que sobre él pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE). Concretamente, fue arrestado el 21 de junio de 2025 en el puesto fronterizo de Tarifa, según precisan a Europa Press fuentes policiales.

La decisión de entregar a Taghi se convirtió en firme el 7 de agosto, fecha desde la cual había diez días para llevarla a efecto, según explica un auto de la Sala de Apelación de la AN. Pero no se hizo y, entretanto, el 3 de septiembre, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Santiago Pedraz, decidió mantener la medida de prisión acordada para garantizar, precisamente, la entrega de Taghi.

La defensa recurrió alegando, por un lado, que la resolución judicial de Pedraz no era la adecuada formalmente –porque se trataba de una providencia y debió ser auto– y, por otro, que cuando se dictó se habían excedido los plazos legales.

La Sala de Apelación de la AN ha dado la razón a la defensa. Respecto a la primera alegación reconoce que Pedraz debió resolver mediante auto, si bien cree que es un defecto que ha quedado subsanado con el ahora dictado por la propia Sala. En cambio, los magistrados consideran que el segundo error, que también aprecian, no tiene reparación posible porque la ley fija que “la entrega de la persona reclamada se hará efectiva por agente de la autoridad española, previa notificación a la autoridad designada al efecto por la autoridad judicial de emisión del lugar y fechas fijados, siempre dentro de los diez días siguientes a la decisión judicial de entrega”.

“Si por causas ajenas al control de alguno de los estados de emisión o de ejecución no pudiera verificarse en este plazo, las autoridades judiciales implicadas se pondrán en contacto inmediatamente para fijar una nueva fecha, dentro de un nuevo plazo de diez días desde la fecha inicialmente fijada”, añade la ley. La Sala explica que, en este caso, han transcurrido “en exceso” los diez días, “sin que conste motivo alguno que impida dicha materialización”, por lo que estima el recurso de apelación y deja sin efecto la “prisión instrumental”, ordenando así su puesta en libertad.

Este lunes, el escritor y periodista Roberto Saviano se echó a llorar al conocer la sentencia que le daba la razón tras 16 años de batalla judicial y una vida limitada por las amenazas de la mafia y el desinterés de las autoridades italianas por protegerle. La emoción del pasado y el presente era visible.

El Tribunal de Apelación de Roma confirmó la condena a un año y medio de prisión al exjefe del clan de los Casaleses, Francesco Bidognetti, y de un año y dos meses para su abogado, Michele Santonastaso, por las amenazas en 2008 contra Saviano y la periodista Rosaria Capacchione.

Pese a los riesgos, el premiado autor de Gomorra, Los valientes están solos y CeroCeroCero, nunca ha dejado de escribir, ha permanecido en Italia y es una de las grandes voces críticas en la vida pública. Acaba de publicar en Italia L'amore mio non muore sobre una víctima de la mafia calabresa.

Unas horas después de la sentencia, todavía tocado por las emociones de los últimos días, Saviano contesta a preguntas de elDiario.es por escrito.

¿Cómo está ahora que ha tenido unas horas más para procesar la sentencia?

Destruido. La certeza de haber vivido los últimos 20 años en una especie de limbo, suspendido entre una vida protegida y una muerte prometida, sin encontrar salida, no encuentra consuelo en la condena de Francesco Bidognetti y su exabogado.

¿Siente que se ha hecho justicia?

¿Me arriesgo a parecer injusto si digo que no se puede hacer justicia con una condena después de tantos años? ¿Es verdadera justicia la que tarda 16 años en llegar? ¿O es más bien una prueba de la impunidad parcial de la mafia? Si la condena llega después de 15 ó 20 años, ¿qué miedo tendrá la mafia de cometer delitos si sabe que el castigo tardará tanto?

¿Es verdadera justicia la que tarda 16 años en llegar? ¿O es más bien una prueba de la impunidad parcial de la mafia?

Pero ¿da esperanza a otros?

Más que esperanza, es una advertencia para mantenernos unidos. No se puede hablar de la mafia solo; hay que trabajar en equipo, porque cuando se ataca a la mafia, la mafia encuentra terreno fértil en la desconfianza de los medios y la sociedad civil, desde el “Saviano ha contado lo que ya sabíamos todos” hasta “Saviano solo quiere ganar dinero”.

Y luego está la clase política, incapaz de abordar y gestionar el fenómeno mafioso, acusando de derrotismo a cualquiera que hable. Durante años, políticos de todo el espectro parlamentario me han llamado “difamador de Italia” y me han instado a guardar silencio.

No hay un solo partido político que no me haya instado a guardar silencio para no dar una mala imagen primero de mi ciudad, Nápoles, después del norte de Italia, cuando denuncié la infiltración de la 'Ndrangheta en Lombardía, y luego de Italia en su conjunto cuando mi obra se tradujo en el extranjero.

No hay un solo partido político que no me haya instado a guardar silencio para no dar una mala imagen de mi ciudad, Nápoles, y de Italia en su conjunto

¿Qué echa en falta del Gobierno? ¿Y de otros políticos o partidos?

En el tribunal, para escuchar un fallo histórico, un fallo que estableció la narración de los hechos, que es lo que más temen las organizaciones criminales, había amigos, muchos periodistas y ningún político. Ninguno. A la política no le interesa la mafia, a pesar de ser el negocio más próspero del país. Increíble, ¿verdad?

¿Qué cambia para usted?

Todavía no lo sé. Sé que quiero que todo cambie, sé que quiero ser libre, totalmente libre. Sé que quiero subirme a una moto y partir sin rumbo, sin tener que decirle a nadie adónde voy.

Sé que quiero que todo cambie, sé que quiero ser libre, totalmente libre. Sé que quiero subirme a una moto y partir sin rumbo, sin tener que decirle a nadie adónde voy

¿Le apetece escribir sobre estos días?

Mis pensamientos están confusos ahora. No sé si realmente podré afrontar el tsunami emocional que estoy experimentando y plasmarlo por escrito. Temo que sean palabras demasiado dolorosas y estén llenas de lamentación por una vida destrozada.

Su último libro, sobre una historia de amor, acaba de salir publicado en Italia, pero ¿ya está pensando en el siguiente?

Claro que sí. Un escritor siempre está pensando en su próximo libro, tiene mil proyectos, planes infinitos y está inundado de inspiración.

No sé si realmente podré afrontar el tsunami emocional que estoy experimentando y plasmarlo por escrito. Temo que sean palabras demasiado dolorosas y estén llenas de lamentación por una vida destrozada

L'amore mio non muore ha representado un punto de inflexión en mi narrativa porque empecé con una historia criminal —una joven asesinada por la 'Ndrangheta— y descubrí, investigando y escribiendo, que había dado con una historia cuya protagonista no era solo Rossella Casini, sino también su increíble amor. Un amor libre y vital que sentía la necesidad de compartir, porque eso es precisamente lo que me falta.

El escritor italiano Roberto Saviano, desde hace años bajo protección policial por sus libros sobre la mafia, ha conseguido este lunes confirmar la condena de un capo de la Camorra y de uno de sus abogados que lo amenazaron hace casi dos décadas. El investigador ha celebrado el fallo como “el más importante” de su vida.

El Tribunal de Apelación de Roma ha confirmado la condena a un año y medio de prisión al exjefe del clan de los Casaleses, Francesco Bidognetti, y de un año y dos meses para su abogado, Michele Santonastaso, según confirmaron a EFE fuentes próximas al juicio.

Los imputados estaban acusados de amenazar públicamente a Saviano y a la periodista y exsenadora del Partido Demócrata Rosaria Capacchione durante una vista judicial en el 2008. La sentencia, que revalida la de primera instancia de 2021, fue recibida con aplausos en el aula del tribunal romano y por el llanto del escritor que denunció los tejemanejes internos de la Camorra en súperventas como 'Gomorra' (2006), obligándole a vivir protegido.

Las amenazas fueron dirigidas a Saviano y a la periodista en una audiencia del 'Juicio Spartacus', que sentó en el banquillo a decenas de miembros del sangriento clan camorrista de los Casaleses y terminó condenando a la cadena perpetua a Bidognetti. Sin embargo, durante el proceso, su abogado, Santonastaso, leyó en público una declaración de sus representados mafiosos en la que intimidaba a los informadores y a la Fiscalía.

Por esa razón, en este juicio se han personado como acusaciones particulares la Federación Nacional de la Prensa Italiana (FNSI, por sus siglas en italiano) y el Colegio de Periodistas.

Saviano ha publicado este lunes un artículo en Il Corriere della Sera en la que avanzaba que esta sentencia sería “la más importante de su vida” tras un largo proceso de quince años. “Durante años he odiado a Bidognetti y a su abogado, convencido de que fueran ellos los culpables de mi condición. Pero, en el fondo, he sido yo al no separarme de esta locura. He decidido permanecer, contarlo, resistir”, confiesa.

Saviano, “condenado” a vivir bajo protección policial, ha aconsejado a quienes quieran seguir investigando sobre el crimen organizado que no lo hagan solos: “Formad una red. No pongáis en juego solo vuestro cuerpo. No seáis ilusos”, advierte.

Un juzgado de Madrid ha puesto en marcha una investigación penal sobre las pancartas y autobuses que la asociación ultracatólica HazteOir ha desplegado cerca del Congreso con la foto del Presidente del Gobierno, su familia y su entorno con palabras como “corrupto”. Las diligencias, según un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, apuntan a un posible delito de injurias con publicidad contra el Presidente del Gobierno y se dirigen hacia el Ayuntamiento de Madrid para pedir información sobre las empresas que están detrás de la instalación de las lonas.

La práctica que ahora investiga un juzgado de la Plaza de Castilla es una estrategia habitual de este grupo ultracatólico, conocido en los últimos años por ejercer la acusación popular en casos como el de Begoña Gómez o David Sánchez y contratar camiones para que circulen alrededor de los juzgados con imágenes en alusión a la “mafia” del Gobierno, con sus miembros caracterizados como personajes de 'El Padrino'. En ocasiones han llegado a poner en circulación media docena de furgonetas y camiones en la Plaza de Castilla de Madrid. La última vez ha sido en Barcelona con ocasión de la conferencia de presidentes autonómicos.

El último episodio que ha derivado en la apertura de diligencias judiciales llegó el pasado mes de mayo cuando HazteOir desplegó una lona en un edificio de la Carrera de San Jerónimo de Madrid, frente al Congreso de los Diputados, con una foto de Pedro Sánchez junto a la palabra “corrupto”. El PSOE presentó una denuncia y el juzgado número 9 de la capital ordenó a los bomberos su retirada al considerar que era una pancarta “claramente lesiva” para la “reputación” del Presidente del Gobierno.

Ahora ha sido otro juzgado de Madrid, el número 12, el que ha cogido el testigo y ha abierto diligencias en un auto reciente por un delito de injurias con publicidad contra el Presidente del Gobierno, abriendo la puerta a la personación del PSOE y de HazteOir así como del propio Pedro Sánchez.

La primera medida del magistrado es dirigirse al Ayuntamiento de Madrid y pedir información relacionada con las lonas investigadas y otras acciones similares de HazteOir. Requiere, entre otras cosa, el certificado de declaración responsable de actividad y de urbanismo de la empresa de soportes publicitarios que fijó esa pancarta.

La investigación del juzgado no se ciñe a la lona y también abarca uno de los camiones que HazteOir suele movilizar con mensajes contra el Gobierno y llamando “corrupto” a Pedro Sánchez. Pide al Ayuntamiento, en caso de que exista, el expediente que pueda tener “como consecuencia de la circulación de un camión con carteles con contenido idéntico al retirado del edifico de la calle Carrera de San Jerónimo”.

“Mafia o democracia” era el lema de la movilización contra el Gobierno de Pedro Sánchez convocada por el Partido Popular el domingo pasado. El lema previo, porque luego en las pancartas se vio poco. De hecho, en el atril desde el que mitineó Alberto Núñez Feijóo solo pusieron “democracia”, probablemente para evitarle al líder del PP una foto embarazosa que diera para chanzas, bromas y sarcasmos varios. No sería para tanto como la muy conocida y reproducida de Feijóo con Marcial Dorado en las rías gallegas, pero embarazosa, sí. “El señor Feijóo dice que soy un capo, ¡con el álbum de fotos que tiene!”, le decía Sánchez a Feijóo este miércoles en la sesión de control del Congreso de los Diputados.

Mafia, capo. Ambos términos figuran en el Diccionario académico, ambos vienen del italiano y tienen una larga tradición en español. En el Corde (acrónimo de Corpus Diacrónico del Español, un utilísimo banco de datos de la Real Academia Española que tiene 250 millones de registros desde el nacimiento del idioma), he encontrado la palabra mafia en el Primaleón, un libro de caballerías publicado en Salamanca en 1512 que era la continuación del más conocido Palmerín de Oliva. Ambos, obra de Francisco Vázquez.

Vázquez, que era de Ciudad Rodrigo, ha pasado a la historia grande de la literatura como autor del Palmerín y deberíamos reivindicarlo ya también como primer autor, que se sepa, que incluye en nuestras letras el italianismo mafia, tan útil, por lo que vemos, en el debate público español medio milenio después.

En aquellos tiempos del mirobrigense Vázquez, en el siglo XV y en el XVI, se produjo una verdadera avalancha de préstamos del italiano al español. Eran la mayoría términos de dos grandes campos: la guerra (alerta, alabarda, centinela) y las diversas artes que conforman la explosión del Renacimiento: la pintura y la arquitectura (boceto, mosaico, retrato), la música (clavicémbalo, aria, tarantela) y la literatura (novela, cuarteto, soneto). Estas últimas, tanto las palabras como las cosas, las trajeron de Italia a España los llamados poetas soldado: Garcilaso de la Vega, Gutierre de Cetina, Francisco de Aldama, Baltasar de Alcázar… No consta que Vázquez anduviera por Italia, ni como soldado ni como ninguna otra cosa. ¿De quién tomaría tan temprano la palabra mafia?

La etimología del término en italiano es también confusa. Hay quien sostiene que procede del árabe mu’afah, que significa “protección de los débiles” o del también árabe mahya, que vale por bravuconería, jactancia o chulería, y recuerda que los árabes ocuparon Sicilia durante un siglo, desde el año 965 al 1060. Otros creen que viene de la antigua expresión toscana maffia, que significa miseria. Pero no he encontrado ninguna hipótesis etimológica tan creativa, y probablemente tan falsa, como la que dice que el término mafia es el acrónimo de “Morte Alla Francia, Italia Anela” (“Muerte a la Francia, Italia Añora”, un eslogan siciliano usado contra los invasores franceses del siglo XIII. ¿È vero o solamente è ben trovato?

En su réplica a Feijóo este miércoles en el Congreso, además de álbumes de fotos, habló también Sánchez de psicología y de la “acción en espejo”: “Reprochar al contrario lo que uno hace y el otro no”. Por un momento, dio la impresión de que el presidente del Gobierno estaba a punto de recitarle al jefe de la oposición un remedo de la rima de Bécquer: “¿Qué es mafia?, dices mientras clavas / en mi pupila tu pupila azul. / ¿Qué es mafia? ¿Y tú me lo preguntas?...”.

Dos episodios aparentemente inconexos en menos de una semana han vuelto a poner bajo la lupa la criminalidad en Málaga y la Costa del Sol y el riesgo que supone para la población. El sábado un encapuchado ajustició a dos ciudadanos escoceses en Fuengirola. Y este jueves, antes del amanecer, tres atracadores acabaron una persecución embistiendo en dirección contraria el coche de un subinspector de policía de 48 años que regresaba de su turno de noche. Los cuatro murieron en el accidente.

Pedro Fernández, delegado del Gobierno central en Andalucía, apuntó a “atracadores de Europa del Este” como responsables del accidente, mientras el Gobierno andaluz remarcaba el mensaje que trasladó tras los asesinatos en Fuengirola: urgen refuerzos para atajar la violencia creciente de grupos organizados en la zona.

La tipología y los autores no tienen relación aparente, pero la continuidad de hechos alimenta la tesis de que la zona es cada vez más insegura y abona el terreno para la gresca política, con los alcaldes de la costa malagueña y la Junta de Andalucía (en manos del PP) apuntando al Gobierno central por la supuesta carencia de medios.

Además de estos dos sucesos mortales, en apenas mes y medio se han producido al menos media docena de incidentes graves con armas de fuego. Por ejemplo: un hombre fue acribillado en Mijas al salir de un partido de fútbol; varios discutieron a tiros en una discoteca de Puerto Banús; un padre y sus dos hijos mataron a un hombre e hirieron a su madre en Humilladero; ha habido reyertas con armas de fuego en Portada Alta y Carretera de Cádiz, en Málaga capital. A todos subyace el hecho de que abundan más que nunca las armas, y se usan.

Bronca política

Este mismo jueves, apenas pasadas unas horas del accidente mortal, Carolina España (portavoz del Gobierno andaluz) sugirió que Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, no se toma en serio el problema y opinó que “se le ha ido de las manos”. España lamentó que estos sucesos crean una “enorme inseguridad y están dañando la imagen de nuestra tierra”.

La criminalidad en la Costa del Sol ya provocó una bronca política a principios de semana, cuando la alcaldesa de Fuengirola Ana Mula pidió policías “especializados”. El subdelegado en Málaga, Javier Salas, la acusó de colarse en una reunión técnica entre cuerpos policiales para “salir en la foto”. Hay un malestar latente entre los alcaldes, todos del PP, porque entienden que el Gobierno evita inversiones esenciales (transporte e infraestructuras hidráulicas) en una zona en continuo crecimiento, y ahora se suma la petición de un refuerzo policial.

Desde el Gobierno central subrayan la efectividad del Plan Costa del Sol, puesto en marcha en abril del año pasado para atajar las balaceras protagonizadas por bandas internacionales, y observan que, a diferencia de lo que pasó en 2024, la mayoría de los tiroteos recientes (a excepción del de Fuengirola) no son ajustes de cuentas de estos grupos criminales, sino que obedecen a una casuística variada, como reyertas de clanes locales, rencillas personales o disputas vecinales.

Sin embargo, los dos últimos episodios sí tienen en común el protagonismo de criminales extranjeros. La Costa del Sol es vista como una especie de “ONU de las mafias”, donde pululan elementos de origen albanés, marroquí, serbio, escandinavo, ruso y de casi cualquier lugar del mundo, aprovechando para el negocio las buenas comunicaciones internacionales y la cercanía a Gibraltar y al norte de África. Fuentes penitenciarias explican que cárceles como la de Alhaurín de la Torre acogen una desproporcionada representación de este tipo de recluso, con el riesgo de conflicto o de fuga en los desplazamientos a los juzgados.

Mientras, los juzgados no dan abasto. En una comparecencia ante el Parlamento Andaluz este martes, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, pidió un aumento de juzgados y jueces en la Costa del Sol y Campo de Gibraltar ante el “claro” aumento de la “criminalidad violenta”. Puso el ejemplo de Marbella, con cinco juzgados de instrucción que deben asumir una ingente cantidad de papeleo (comisiones, euroórdenes, órdenes de protección, órdenes de investigación europeas) o los de Estepona, donde hay seis juzgados mixtos, cuando haría falta al menos ocho o nueve y especializados.

Preocupación por la imagen de la Costa del Sol

El tiroteo del sábado ocurrió en la terraza y el interior de un pub irlandés del paseo marítimo a las 23:30, mientras se celebraba la final de la Liga de Campeones. Se han producido tiroteos a plena luz del día, en lugares muy concurridos, y empieza a asumirse que es cuestión de tiempo que alguna bala perdida acabe dañando a quien solo pasaba por allí.

Al Ejecutivo andaluz y a los alcaldes les preocupa el asunto, “no solo por lo que supone de imagen para nuestro turismo, sino también por tener que lamentar, cómo no, esas pérdidas de vidas humanas”, aclaró Carolina España. “No es solo en Málaga, lo hemos visto en Cádiz, lo hemos visto en Sevilla con las narcolanchas”, añadió la portavoz del Gobierno andaluz, a pesar de que los dos incidentes han ocurrido en Málaga. También el presidente Juan Manuel Moreno aludió el lunes al Campo de Gibraltar.

Apuntar sólo a Málaga como foco del problema es señalar a la joya de la corona del turismo andaluz a las puertas de la temporada veraniega. Lo cierto es que el balance de criminalidad que elabora el Ministerio del Interior refleja un aumento de criminalidad del 3,9% en esta provincia en 2024 y, sobre todo, un notable incremento de los homicidios dolosos y asesinatos: de 15 en 2023 a 22 en 2024 (+46,7%). También aumentaron las tentativas, 64, un 14,3% más. Las cifras, en cambio, reflejan estabilidad en Cádiz: 12 homicidios dolosos y asesinatos tanto en 2023 como en 2024.

Sin aportar cifras concretas, fuentes de Subdelegación inciden que se había logrado una aparente calma tras aplicar el Plan Costa del Sol, que llevó a la detención de gran parte de los implicados en los tiroteos de 2024. Sin embargo, los datos del balance no recogen la sucesión de tiroteos de las últimas fechas.

La ejecución por un encapuchado

Entre el pub Monaghan’s, en el paseo marítimo de Fuengirola, y la farmacia Rodulfo, en el barrio Puerto de la Torre de Málaga capital, hay apenas 30 kilómetros. Son los dos escenarios que han sacudido el entusiasmo pre estival. El sábado, un encapuchado bajó de un coche con una pistola, apuntó al pecho de un hombre en la puerta del local y lo mató de un tiro. Después entró al pub y persiguió al otro mientras lo baleaba y los parroquianos buscaban refugio. Luego huyó.

Los dos fallecidos son Ross Monaghan y Eddie Lyons Jr., a quienes la prensa británica rápidamente vinculó con la mafia escocesa. Se habían refugiado en la Costa del Sol tras sobrevivir a sendos intentos de asesinato en Escocia. También aquí los buscaron, aunque no hay datos que vincule su ejecución con la guerra de clanes que estos meses asola Glasgow y Edimburgo, según los medios británicos.

La crónica de la BBC muestra el desconcierto del reportero por cómo se gestiona el suceso en España, y cómo esto ya afecta a la imagen de la Costa del Sol. “Los turistas, 'asustados' por las surrealistas consecuencias del tiroteo entre bandas” (Holidaymakers 'frightened' in surreal gang shooting aftermath) es el titular de la pieza, en la que el reportero dice no entender cómo 36 horas después del tiroteo el pub no está acordonado ni hay signos de investigación policial.

“En el país de origen de los dos hombres que fueron asesinados a tiros, el caso estaría clasificado como homicidio de ”categoría A“ de alto nivel y el bar permanecería sellado y patas arriba durante días”, señala el texto. “Pero sin duda es un error suponer que la falta de presencia visible implica falta de interés por parte de la Policía Nacional española”, concede luego.

El atraco de una farmacia por “europeos del este”

Horas después del intento de atraco, tampoco había presencia policial visible en la farmacia Rodulfo, en la avenida Lope de Vega de Puerto de la Torre (en Málaga capital), que seguía cerrada mientras sus dueños no respondían ni a las llamadas de amigos y conocidos. Desde hace meses, las farmacias son objetivo prioritario de los ladrones en Málaga, casi siempre mediante alunizaje. Hace un mes ya robaron en una farmacia del barrio. Este último intento ni siquiera ha dejado huella en el exterior: accedieron a la botica sin forzar la persiana ni alunizar el local e intentaron llevarse la caja.

Puerto de la Torre es una barriada en el extrarradio de Málaga. Por su propia historia y morfología, es casi un pueblo aislado del resto de la ciudad. En los últimos meses han sido frecuentes los robos en viviendas y establecimientos. A primeros de abril la alarma cundió por cuatro episodios seguidos de robos a punta de pistola y otro más con un machete. Los vecinos se movilizaron y pidieron más seguridad al Ayuntamiento para disuadir a los ladrones.

Fue aquí donde empezó la persecución, inicialmente por parte de agentes de la Policía Local, que acabó con cuatro muertos tras una huida por la A-7 de poco más de siete kilómetros, culminada en sentido contrario.

Los tres asaltantes embistieron contra el vehículo de un agente policial fuera de servicio, de 48 años. Volvía de su turno de noche. No hay constancia de que tuviera alguna participación en el intento de detener a los presuntos ladrones. Deja viuda y dos hijos, y este viernes se le impondrá la Cruz al mérito policial con distintivo rojo a titulo póstumo, en una ceremonia en la que está prevista la presencia del Director General de la Policía y el Director Adjunto Operativo.

Fueron los últimos muertos de una racha que amenaza no sólo la seguridad, sino también la imagen de la Costa del Sol.

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, cree que el presidente de Castilla-La Mancha no debe pedir elecciones anticipadas sino que debe “provocarlas”. Ha exigido a Emiliano García-Page que utilice los votos de sus ocho diputados nacionales en el Congreso para forzar elecciones generales ante la que califica de situación “bochornosa y dantesca” que está viviendo el país “por culpa del PSOE”.

En una entrevista en COPE Castilla-La Mancha ha criticado que Page reclame elecciones generales para “no poner en perjuicio sus elecciones autonómicas” y “no le arrastre” la situación porque Page “no está pensando en España”.

Cree que España sea “el hazmerreír de medio mundo” ante el espectáculo de esta mañana entre la “fontanera del PSOE” Leire Díaz y el comisionista Víctor de Aldama. “¿Qué más hay detrás que no nos han contado? ¿Cuánto fango hay?”, ha preguntado.

El presidente regional del PP tilda de “mafia” al Gobierno de Sánchez y cree que es algo que “no merecen los españoles” y, que, mientras tanto, “Page está pensando en sus elecciones y en sus votos”.

Bajar impuestos y que el agua del Tajo “no se vaya a Portugal”

De otro lado, Núñez ha señalado que este jueves, en el pleno de las Cortes regionales, el PP propondrá un paquete fiscal de reducción de impuestos para las familias, las pymes, los autónomos y las empresas de la Comunidad Autónoma porque “creemos firmemente que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos”.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha incidido en que la política fiscal de Page “es socialista y confiscatoria”, lo que hace que los ciudadanos, las empresas o los autónomos “paguen muchos impuestos”.

Así, ha incidido en que reclamará la bajada del tramo autonómico de la Renta, la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, la bajada del impuesto de actos jurídicos documentados o del impuesto de transmisiones patrimoniales, así como de la eliminación de distintas tasas contables.

Además, Núñez ha vuelto a insistir sobre su postura en torno al río Tajo. Dice que está “clara” y pasa por que el agua de este río sea para que “rieguen los castellanomanchegos y no se vaya a Portugal”.

1. Entre 2015 y 2016 se montó desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy la mayor trama de espionaje político de la democracia. La denominada “policía patriótica”, conformada por varios comisarios y agentes policiales, llevó a cabo unas pesquisas masivas en bases de datos sobre al menos 55 parlamentarios recién elegidos de Podemos –entre ellos Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Ione Belarra e Irene Montero– con el propósito de fabricarles escándalos que los hundieran políticamente. El caso se encuentra en la Audiencia Nacional desde enero de 2024 y están imputados el que fuera el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, y su número dos, Francisco Martínez. La “policía patriótica” también actuó contra dirigentes independentistas catalanes.

2. Desde el mismo Ministerio del Interior se activó en 2013 una operación policial ilícita, denominada Kitchen, con el fin de obtener toda la información posible que pudiera resultar incriminatoria para el Partido Popular y sus máximos dirigentes tanto en el caso de la Caja B del partido como en el caso Gürtel, un formidable escándalo de corrupción político-económica que tenía al PP contra las cuerdas. El grueso de la información comprometedora lo guardaba el extesorero del partido, Luis Bárcenas, en el estudio de su mujer en el madrileño barrio de Salamanca. Un grupo de agentes activado para obtener ese material siguió sigilosamente durante unos meses los pasos de la mujer de Bárcenas. Los secretos que escondía el extesorero desde la cárcel eran tan explosivos que el propio presidente Rajoy se movilizó para pedirle por SMS: “Luis, sé fuerte. Hacemos lo que podemos”. Unas palabras que sonaron a no te vayas de la lengua que ya veremos cómo sacarte de esta. Por la operación Kitchen también están imputados, junto a más de una docena de personas, Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez. El PP suspendió de militancia en 2021 al primero y le abrió un “expediente informativo” del que no se ha vuelto a saber nada. Por su parte, Martínez ha sido detenido esta semana por su presunta colaboración con un hacker y sus empresas ilegales. Una vía de investigación en este caso intenta determinar si Martínez recibió además información del hacker durante su etapa como secretario de Estado de Interior. Hay que recordar que el único partido (como persona jurídica) condenado por corrupción en España es el PP, por el caso Gürtel.

3. La foto forma parte de la iconografía política española. Muestra al actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un yate con el torso desnudo y recubierto de crema protectora junto al narcotraficante Marcial Dorado, también a pecho descubierto. Eran los años 90. Feijóo era joven, pero no tanto, pues en esa década ejercía cargos públicos en Galicia y en Madrid. Y el encuentro con Dorado era cualquier cosa menos casual: ambos personajes mantenían una estrecha relación que incluía intercambios de visitas familiares y viajes al exterior. En una entrevista con la Cope en julio de 2023, preguntado por su relación con Dorado, Feijóo, flamante líder del PP, manifestó a modo de exoneración de todo pecado: “En aquel momento era contrabandista, cuando yo lo conocí. Contrabandista, nunca narcotraficante”. Y ahí sigue tan pancho al frente del partido.

4. Noviembre de 2024. El empresario Víctor de Aldama, recluido en la cárcel de Soto del Real desde hacía un mes por la multimillonaria trama corrupta de los hidrocarburos, solicita hacer una confesión voluntaria. En ella, dijo al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que había pagado cuantiosas comisiones al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, así como una serie de mordidas a cargos socialistas. Tras su batería de acusaciones –unas fundadas, otras sin pruebas– pidió al juez que llevaba el caso hidrocarburos, Santiago Pedraz, que lo dejara en libertad por haber demostrado su “compromiso de colaboración con la justicia”, pese a tratarse de dos causas distintas. El fiscal anticorrupción Luis Pastor, antiguo asesor en un gobierno del PP y que ejerce la acusación pública en ambas causas, apoyó la solicitud y de este modo el empresario fue excarcelado solo unas horas después de su larga deposición. Al salir de la prisión, advirtió a Sánchez de que ya tendría las pruebas de sus acusaciones, evidenciando que no las había aportado en su supuesta colaboración con la justicia. Era lo de menos: lo que había contado era suficientemente jugoso para abrir otro frente político-judicial y mediático contra el presidente del Gobierno.

5. El 12 de marzo de 2024, tras la publicación en exclusiva por elDiario.es de que el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, había defraudado 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla, el jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, envió el siguiente mensaje por WhatsApp a nuestra periodista Esther Palomera: “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den”. “¿Es una amenaza?”, inquirió Palomera. A lo que Rodríguez respondió: “Es un anuncio”. Pese a la guerra sucia pilotada por Rodríguez desde la Comunidad de Madrid para salvar al novio de su jefa —ofensiva de la que no se ha salvado ni el fiscal general del Estado–, la jueza Inmaculada Iglesias ha propuesto esta semana juzgar a González Amador por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsificación documental. Y eso que aún están sin explorar los negocietes con Quirón, la compañía de salud que se está forrando de lo lindo con el gobierno madrileño y con la que González Amador, desde que comenzó su relación con Ayuso, ha visto cuadruplicarse sus ingresos por la prestación de servicios varios a través de sus sociedades

6. Conversación por WhatsApp, en 2021, entre Juan Vicente Bonilla, capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guarda Civil, y uno de sus informantes. Este le dice al agente que aproveche “los dos años de sanchismo que quedan”. “O una bomba lapa en los bajos” del coche del presidente del Gobierno, responde Bonilla. Y añade: “Podría ser”. A continuación, plantea otra posibilidad: encargarle el asunto a un “sicario venezolano”, a lo que el confidente le responde que, cuando se reúnan en persona, le “explica cómo funcionan” esos matones a sueldo. En octubre pasado, Bonilla fue fichado por el Gobierno de Ayuso como responsable de la Gerencia de Seguridad del Servicio madrileño de Salud, un ente adscrito a la Consejería de Sanidad.

7. El PP, con su líder Feijóo a la cabeza, afirma que el Gobierno es una “mafia” y Sánchez, su “capo”. Realmente, hay que tener una jeta de hormigón de las de récord Guinness para que sean ellos, precisamente ellos, quienes hagan esa acusación, cuando cualquiera de los pasajes antes expuestos parece sacado de las novelas de Mario Puzo.

Bajo el sol abrasador del Valle del Cauca (Colombia), entre hileras interminables de caña que se extienden hasta donde alcanza la vista, la potente y fecunda industria azucarera colombiana esconde otra realidad marcada por la vulneración sistemática de derechos laborales, la violencia antisindical y un futuro incierto para miles de trabajadores. El tráfico de drogas condiciona la vida diaria en este departamento colombiano con capital en Cali y que tiene como punto estratégico el puerto de Buenaventura, el más importante del país y puerta de salida de la cocaína. Mientras tanto, el Gobierno de Petro intenta controlar esta producción ilegal, la patronal se siente “víctima” de la lucha entre paramilitares y guerrilla y los sindicalistas y maestros, mueren a manos de los narcos por contar o denunciar lo que los “grupos al margen de la ley” ocultan.

“Primero lo secuestraron, luego lo descuartizaron y los pedazos, los introdujeron en un saco de empacar azúcar. Después, lo dejaron en medio de una carretera del ingenio”, relata con voz firme pero cargada de indignación Javier Viafara, presidente de Sintraicañazucol, al describir el asesinato de un compañero sindicalista en abril de 2024. Viafara, trabajador de la caña de azúcar, lleva chaleco antibalas y escolta armado. Su delito, defender los derechos laborales de uno de los trabajos más duros que se pueden realizar en Colombia. El día que el narco le puso en su punto de mira, la familia del presidente de Sintraicañazucol saltó por los aires. Hace años que, por cuestiones de seguridad, vive alejado de su mujer e hijos.

Pero el testimonio de Viafara no constituye un caso aislado, sino que ejemplifica una realidad sistemática que ha sido registrada meticulosamente por organizaciones de derechos humanos y sindicatos: la coincidencia geográfica entre las zonas de producción azucarera y los territorios bajo control de grupos armados ilegales. De hecho, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) trabaja junto a la española Iscod-UGT en un proyecto de cooperación basado en el internacionalismo sindical y que intenta dotar a este sector de empleados y empleadas de la caña azúcar de herramientas para luchar por sus derechos laborales y protegerse de la violencia.

Wilson Sanz, dirigente de la CUT del Valle, confirma esta evaluación: “El Valle del Cauca está plagado de grupos al margen de la ley, que buscan dominar el territorio para controlar tráfico de la droga. En ese sentido, los trabajadores quedan inmersos en esa disputa territorial”. Paramilitares y guerrilla disidente de los acuerdos de paz, pero también bandas organizadas de jóvenes sin futuro que se lanzan al dinero fácil de la droga y la delincuencia, suelen ser los verdugos de estos trabajadores. Solo en 2024, cinco sindicalistas fueron asesinados en el Valle del Cauca por hacer su trabajo.

La investigación realizada por Iscod y la CUT constata un patrón inquietante: en aquellos municipios donde los ingenios azucareros mantienen una presencia dominante, los líderes sindicales son sistemáticamente amenazados, desplazados o asesinados. Una calco de los revientahuelgas en la primera revolución industrial. Según registros de la CUT, “de 1971 a la fecha hay más o menos 3.500 sindicalistas asesinados solamente de la CUT, afiliados a la CUT, y más de 15.000 violaciones de derechos laborales”.

Pero la patronal se defiende. Asocaña, que reúne a doce de los 13 ingenios azucareros (como se conocen las plantaciones y la industria de tratamiento que convierte la caña en azúcar), se consideran también “víctimas” de esta violencia. Justo en la visita de elDiario.es a Cali, la presidenta de Asocaña, Claudia Calero, ha tenido una reunión sobre el terreno con el Gobierno para evaluar la seguridad en la zona. De hecho, el ejército está desplegado en algunos ingenios. “Estamos haciendo todo lo posible para actuar contra estos grupos, nosotros también sufrimos sus prácticas”, asegura Calero. Y desde Asocaña, defienden su compromiso con el empleo y los territorios: “Firmamos una alianza histórica, la apuesta por el desarrollo rural integral de norte del Cauca, que en mayo de 2024 supuso un convenio entre Asocaña, el Ministerio de Agricultura y las comunidades negras y campesinas para impulsar cadenas de cacao, panela y café. Más de 1.170 familias se vieron beneficiadas”. 

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y la Unión Europea, vigente desde 2013, incluye en su Título IX compromisos vinculantes en materia laboral destinados a mejorar las condiciones de los trabajadores colombianos, particularmente en sectores exportadores como el azucarero. Colombia mantiene una cuota preferencial para exportar aproximadamente 62.000 toneladas anuales de azúcar a Europa, con un valor que oscila entre los 45 y 58 millones de euros. En los últimos tres años, la media de exportaciones del país a la UE ha sido de 64 millones, por lo que la mayoría de toneladas han entrado con un cero por ciento de aranceles. A cambio, al país andino debe garantizar y cumplir los acuerdos que firma.

Sin embargo, la investigación hecha por Iscod y ratificada de manera presencial por elDiario.es documenta la brecha entre estos compromisos formales y la realidad en el terreno. Víctor Hugo Ramírez, investigador especializado en el TLC Colombia-UE, señala una contradicción fundamental que define la situación: “Colombia es uno de los países que más convenios ha ratificado en la Organización Internacional del Trabajo, pero también es el país que menos ha aplicado los convenios en su regulación”.

Esta paradoja revela el problema central: la ratificación de convenios internacionales no se traduce automáticamente en mejoras efectivas para los trabajadores si no hay una supervisión por parte de los Estados y de la Comisión Europea, que tiene las competencias en materia comercial en la Unión de los 27. Colombia ha firmado los ocho convenios fundamentales de la OIT, cuatro de los convenios de gobernanza y 51 convenios técnicos adicionales, convirtiéndose en uno de los países con más compromisos formales. Sin embargo, la implementación efectiva de estos compromisos sigue siendo deficiente.

Cuando se le pregunta directamente si se está vulnerando el acuerdo de libre comercio con la UE, Ramírez responde afirmativamente: “Sí. El sector debe avanzar en la formalización como parte del cumplimiento de los estándares laborales en materia de trabajo decente”. El problema, según explica, es la ausencia de mecanismos vinculantes que garanticen este cumplimiento: “No tiene un elemento vinculante para los trabajadores. Si no hay vinculación y no hay afectación en el cliente final o en las empresas que compran en Europa, todo lo que dice en ese título no tiene ningún efecto a favor de los trabajadores”.

La evaluación de Wilson Sanz confirma esta perspectiva: “Si bien es cierto hay un acuerdo de TLC entre Europa y Colombia, se ha visto que no han mejorado las condiciones de los trabajadores”. A esta precarización se suman los cinco asesinatos de sindicalistas y la presión antisindical, una clara vulneración de los derechos humanos, también incluida en el acuerdo.

La violencia antisindical no solo tiene impactos colectivos sino también profundas consecuencias personales para quienes dedican su vida a defender los derechos laborales. El testimonio de Javier Viafara revela el coste humano de este compromiso: “Desde el año 2005 mi familia se desintegró. Javier por acá, yo tengo dos niños, una niña por allá en otro departamento, otra en otro departamento y mi esposa en otro departamento. Nosotros nos desintegramos totalmente”.

A sus 50 años, Viafara reconoce el desgaste acumulado: “Ahora ya me siento cansado, ya me siento agotado”. Sin embargo, su compromiso permanece intacto, impulsado por la convicción de que abandonar la lucha empeoraría aún más la situación de los trabajadores: “Si me hago un lado ¿qué pasaría? Esas son las cosas que no dejan dormir”.

La protección que ofrece el Estado a estos líderes amenazados resulta insuficiente y, en ocasiones, hasta irrisoria. “Por parte del gobierno, por parte de la Unidad Nacional de Protección, la única seguridad que me ha brindado ha sido un teléfono y un chaleco”, denuncia Viafara, quien ha tenido que buscar medidas adicionales de seguridad por cuenta del sindicato.

Los sindicatos no son los únicos que han sufrido la violencia contra sus miembros por denunciar las injusticias o, a veces, por estar en el momento equivocado en el lugar oportuno. Los maestros y maestras son la primera alarma que salta cuando el narcotráfico o la prostitución infantil quiere entrar en los colegios. En los últimos veinte años, varias decenas de profesores de enseñanza primaria han sido asesinados por estas bandas. Por denunciar la trata de blancas o, directamente por no dejarse extorsionar. El sindicato SUTEV, una verdadera maquinaria sindical que reúne en sus asambleas a más de 5.000 maestros y maestras, ha montado en su sede una exposición para recordar a sus miembros que perdieron la vida por hacer su trabajo.

Pero la violencia no es el único frente abierto que tienen los trabajadores de la caña de azúcar, los conocidos como “corteros”. La mecanización de la industria plantea una destrucción de empleo nunca antes vista. Frente a la inevitable transformación del sector, los sindicalistas proponen el concepto de “transición justa” como alternativa al actual modelo de reconversión laboral basado en indemnizaciones individuales, que se cuentan por miles. “No queremos la transición que ellos vienen haciendo, que por años han hecho, y es darle una plata a un trabajador para que se vaya para la casa y ya”, explica Viafara.

En su lugar, proponen un enfoque integral que “rescate trabajadores”. Esta visión contempla la creación de empresas satélite alrededor de la cadena productiva del azúcar donde puedan reubicarse los trabajadores desplazados por la mecanización. De hecho, son esos desempleados y familias sin recursos las que acaban sucumbiendo a los cantos de sirena del narcotráfico o el dinero fácil.

Víctor Hugo Ramírez enfatiza la necesidad de armonizar esta transición laboral con las medidas contra el cambio climático: “El Tratado de Libre Comercio debe buscar esa armonía entre el trabajo decente y la transición”. Este enfoque implica integrar los compromisos climáticos del Acuerdo de París en los procesos de negociación colectiva y en la reformulación de los acuerdos comerciales.

“Lo que planteamos nosotros es la paz, una paz transformadora, una paz transformadora que incluye fuentes de empleo, que donde no hay presencia del Estado exista el Estado”, añade Wilson Sanz, vinculando las mejoras laborales con la construcción de paz territorial. Una paz que se ha intentado en Colombia, pero que todavía no se ha alcanzado de manera total.

Este reportaje fue seleccionado por el programa CONTRAST de la Coordinadora Valenciana de ONGD y que ha sido financiado por la Generalitat Valenciana, la Diputación de València y Caixa Popular.

“Manejar con cuidado”. Fue el pensamiento del fiscal siciliano Giuseppe Ayala cuando empezó a tratar con la mercancía más peligrosa de la historia criminal de Italia: los mafiosos. Más en concreto, los pentiti que comenzaron a delatar a capos y lugartenientes tras años de silencio. Resultó una premonición. La mafia empezó una campaña criminal nunca vista contra todo aquel que se interpusiera en sus planes, incluidos jueces y fiscales.

Ayala está vivo de casualidad. Tenía que haber estado en el convoy donde fue asesinado en 1992 el juez antimafia Giovanni Falcone, pero un cambio de planes de última hora hizo que salvara la vida. No solo perdió a un referente profesional, sino también a un gran amigo, al que se refiere como fratello (hermano). “El dolor y la pena que me provocó la muerte de Giovanni todavía cubre, treinta años después, cualquier idea sobre el milagro de haberme salvado yo”, reflexiona. 

Con voz grave de fumador empedernido, a sus 80 años Ayala conversa por teléfono con elDiario.es con motivo de la publicación en castellano de sus memorias, Quien tiene miedo muere a diario (Gatopardo Ediciones).

El libro es un recorrido apasionante por la gestación y desarrollo del llamado pool antimafia, el equipo de jueces y fiscales que desde Palermo, el kilómetro 0 de la Cosa Nostra, descabezó a las principales familias mafiosas gracias al célebre maxiprocesso.

Fue una causa única en muchos sentidos, que Ayala repasa en el libro: además de suponer el primer gran juicio contra la mafia, logró romper la omertá existente hasta la fecha y demostró que el Estado no era impotente, cuando no cómplice, ante las actividades ilegales ligadas a la mafia, como el tráfico de drogas.

A nivel investigador, el maxiprocesso encumbró el 'método Falcone', consistente en una visión global del fenómeno mafioso que estrechó la colaboración con la Justicia estadounidense y contribuyó a la división entre familias de ambos lados del Atlántico. Muchos más pentiti cantaron después del juicio.

Ayala sostuvo la acusación en un juicio que duró 1.820 horas entre febrero de 1986 y diciembre de 1987. Se realizaron 1.314 interrogatorios y el sumario lo conformaban 666.000 folios. Tras ocho sesiones en las que expuso su informe final, Ayala no sentía las piernas. “Me tuvieron que sujetar dos carabinieri, fue como haber corrido un maratón”, recuerda. La sentencia fue un respaldo total a las tesis de Ayala y el pool: se decretaron un total de 2.665 años de cárcel y 19 cadenas perpetuas.

No solo de juicios trata el libro. “El pool fue irrepetible, no solo porque compartí muchos ratos con grandes magistrados y fiscales, sino porque el vínculo humano que se creó entre nosotros fue único y muy fuerte”, rememora Ayala.

Un factor humano y un compañerismo, a menudo tan olvidados al hablar de macrosumarios, que Ayala retrata de forma precisa y emocionante en el libro. “Sabíamos que nos jugábamos la vida, pero ninguno de nosotros sucumbió al miedo, aunque lo probamos. La clave fue no ceder al miedo, y fue posible porque nos dábamos fuerza los unos a los otros”, señala Ayala.

El fiscal destaca la “enorme cohesión” personal y humana entre jueces y fiscales pese a orígenes e ideologías distintas. Ayala era descendiente de una familia rica siciliana dueña de minas en la isla; Falcone era progresista; Giuseppe Di Lello “no podía ser más comunista”, en palabras del fiscal; y Paolo Borsellino era de derechas y monárquico.

La mafia sigue encontrando algunas puertas abiertas en el mundo de la política

Giuseppe Ayala — Exfiscal antimafia

“Nuestra pluralidad nos enriquecía, y además compartíamos una forma de ver las cosas con ironía que nos ayudaba a desdramatizar los momentos duros. Nuestra fuerza fue la cohesión del grupo”, asevera Ayala.

La mafia no atendía a razones ni a ideologías. Borsellino fue asesinado el mismo año que Falcone, 1992, en la respuesta de la mafia a la confirmación de las condenas del maxiprocesso. Ayala fue de los primeros en llegar al lugar del crimen porque estaba al lado de su casa.

La confirmación de las condenas del maxiprocesso y la respuesta criminal de la mafia transcurrió en paralelo a la desarticulación del pool tras el juicio. Una mezcla de desinterés político, desavenencias personales entre jefes de la magistratura y, tal vez, una influencia de la mafia nunca probada, pero que lo sobrevolaba todo. El mismo año que asesinaron a sus compañeros y amigos, Ayala dejó la Fiscalía y entró en política de la mano de un pequeño partido centrista.

En total, fueron 18 años de su vida con escolta (tres coches blindados y ocho agentes armados). El primer día sin protección policial, Ayala entró en un supermercado por la mañana, y por la tarde se compró una moto, una de sus pasiones. Dos actividades que durante casi dos décadas no pudo hacer solo. “Las cosas cotidianas son las que hacen la vida, y me las perdí durante muchos años”, recuerda.

“Nosotros empezamos y abrimos un camino de lucha seria institucional contra la mafia desde la magistratura, y nuestros colegas más jóvenes lo continúan con empeño y resultados notables”, reflexiona Ayala.

El reconocimiento no impide a Ayala ser crítico con la política actual italiana respecto a la mafia. “El combate contra la mafia lo libramos en Palermo, pero la derrota o victoria final se decide en Roma”, fue la frase que Ayala le dijo a Falcone en su etapa en el pool y que casi 40 años después sigue vigente.

“Generalizar es un error, pero el problema es, antes y ahora, la infiltración de la mafia en el poder político y administrativo. La mafia sigue encontrando algunas puertas abiertas en el mundo de la política”, denuncia el fiscal.

¿Será posible terminar con la mafia algún día? Ayala empieza a responder citando a su querido fratello Falcone: “La mafia terminará porque es un fenómeno humano y todos los fenómenos humanos tienen un inicio, un desarrollo y un final”. Y añade: “Me gustaría ver el día en que la mafia acaba, pero tengo 80 años y no sé si estaré a tiempo”.