El exfutbolista del FC Barcelona y del Sevilla, Daniel Alves, ha vuelto a ser noticia esta semana meses después de su exculpación del delito de agresión sexual por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Pero esta vez por una faceta de su vida que no tantos conocían: su fe cristiana.

El brasileño reapareció públicamente este fin de semana en una iglesia evangélica de Girona en la que, después de dejar un enfervorecido mensaje de servidumbre hacia Dios, contó su experiencia de “salvación” en la cárcel gracias al “mensajero” divino que lo apoyó. E, incluso, relató un presunto milagro.

Pero esta transformación no se ha producido de la noche a la mañana. Ya en el mes de mayo, Alves felicitaba a su esposa, Joana Sanz, por su 33 cumpleaños con varias citas bíblicas de los libros de los Proverbios, el Eclesiastés, la primera carta a los Corintios o el Evangelio de San Juan: “El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.”

El amor de Alves y Sanz parece haber sido capaz de soportar incluso la denuncia que recibió por haber violado a una joven en el baño del reservado de la discoteca Sutton de Barcelona. La víctima denunció la violación a los pocos minutos de salir de allí. Se lo dijo a sus amigas y a los responsables del local. A los Mossos d'Esquadra que se personaron rápidamente. A los médicos que la atendieron de madrugada. En comisaría, ante la jueza de instrucción y en el juicio celebrado un año después. Pero su relato, según la sentencia que absolvió al jugador, no era fiable.

Después de una presentación por todo lo alto, en la que se le describió como alguien que ha llenado estadios y que, a partir de ahora, los va a “llenar por Cristo”, Alves arrancó su “manifestación” corriendo la banda. Literalmente. Comenzó a correr por el pasillo de la iglesia gritando “el Dios de Abraham” y pidiendo a los feligreses que pensasen en “el Dios que está ahí”. Amén.

“Puede que nosotros estemos aquí delante porque, wow, no sé, nos llevan a estar aquí delante. Pero yo quiero empezar, antes de empezar el testimonio, empezar diciendo a ustedes, oye, ustedes vinieron a buscar la presencia de Dios”, así que, bienvenidos. Y, citando a Dani Alves: “Baja su teléfono porque él está aquí. Cuando Dios está aquí no podemos estar con el teléfono. Tenemos que sentir”.

En su discurso ante esta iglesia evangélica, el exfutbolista brasileño explicó que “hay que tomar en serio las cosas de Dios” y, por supuesto, tener fe. Él es la prueba de ello, asegura. Y, acto seguido, contó su “pacto con Dios”. El pacto en cuestión consistió en que Alves prometió servir a Dios a cambio de que él cuidase de su casa. Cuando estaba en la cárcel acusado por agredir sexualmente a una joven. Dani Alves dijo también que “el amor es amar cuando uno no merece” y que eso es lo que “Cristo ha hecho” por él, “amar cuando nosotros no merecemos”.

“El Señor murió para que ustedes fueran salvados. Y ese fue el amor que yo he sentido ahí dentro, he dicho: Señor, manifiesta tu amor en mí, y el Señor me dice, sírveme, y yo cuidaré, porque lo mío ya está hecho, pero el tuyo allá es contigo. Okey, Señor, gracias. Gracias. Y un día, el Señor dice, cógelo eso y ponlo debajo de la cama. Yo cogí el pañuelito, debajo de la cama, y en una semana mi esposa estaba embarazada”.

“¿Coincidencia? Para ustedes. Coincidencia para ustedes”, asegura Alves. Para él es “poder de Dios”. Y, para prueba, “ahí está, ahí está hoy el pañuelito”. Para los incrédulos, el exconvicto aseguró que quiere seguir viendo “la gloria de Dios” porque él no es “tonto”. Y dejó allí ese pañuelito, como prueba del milagro. “Si alguien lo quiere tomar, que lo tome”, añadió.

Para terminar su discurso eclesiástico, Daniel Alves presentó a los allí congregados al “mensajero de Dios” que siempre aparece “en cada turbulencia”. Un mensajero que le recogió y le llevó “para la iglesia”. No mencionó a la letrada Inés Guardiola, que sostuvo su defensa ante el TSJ catalán y que logró que este tribunal se limitase a considerar probado que Alves y la joven “mantuvieron relaciones sexuales” en el baño del reservado de la discoteca.

Y contó como fue su primer encuentro. Le dijo: “Se me quita mi hermano, ya no me gusta lo negro... Jajajaja... Pero era con cariño.” “Le digo: sí, me gusta lo negro, me llamaban de mono. Jajajajajaja. Me tiraban un plátano. No pasa nada. Me gusta lo negro, sí, claro que me gusta lo negro...” Y remataba: “Así son las cosas del espíritu... A veces uno quiere una cosa y después quiere otra. Entonces yo lo dejo en sus manos”.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha recurrido la sentencia que absolvió al futbolista Dani Alves. El Ministerio Público reclama que esa resolución sea declara nula y que el deportista sea condenado por un delito de agresión sexual con penetración por los hechos ocurridos en la discoteca Sutton de Barcelona el 31 de diciembre de 2022. En el recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, el fiscal Fidel Cadena sostiene que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de excluir el “valor” del relato de la víctima fue “extraordinariamente injusto” para ella.

El TSJC, que revocó la condena de cuatro años y medio de cárcel que la Audiencia de Barcelona había impuesto al futbolista, no dio credibilidad a la denunciante. Valoró que la “divergencia” entre lo relatado por ella y lo realmente sucedido antes de entrar en el baño en el que ocurrieron los hechos “comprometía gravemente la fiabilidad de su relato”.

Además, ese órgano consideró que el testimonio de las amigas, los mossos y el personal de Sutton sobre el estado de angustia de la joven al salir del baño, así como su parte de lesiones leves en la rodilla, no eran elementos suficientes para corroborar su relato de agresión sexual. Al contrario de lo que había resuelto la Audiencia de Barcelona, el TSJC modificó el relato de hechos probados, rechazó que Alves agrediera sexualmente a la joven y se limitó a considerar probado que el futbolista y la joven “mantuvieron relaciones sexuales” en el aseo del reservado de la discoteca.

La Fiscalía considera, sin embargo, que tanto de la declaración de la víctima como del resto de pruebas practicadas “no cabe pensar que existe una duda razonable que deba llevar a la absolución” de Alves. Argumenta que “determinadas imprecisiones” a las que hace referencia el TSJC en relación al relato de la víctima son “fruto del bloqueo psicológico y el deseo de omitir actuaciones inocentes que pudieran interpretarse como un consentimiento inexistente”.

El Ministerio Público cuestiona que el TSJC ignoró “deliberadamente” algunas de las pruebas practicadas en el juicio y extrajo “conclusiones erróneas y arbitrarias” de otras. En este sentido, el fiscal se detiene en la situación de angustia en el que se encontraba la joven al salir del aseo, un estado que fue corroborado por sus amigas, por los responsables del local que la atendieron en un primer momento y por los Mossos d'Esquadra que se personaron rápidamente en las instalaciones.

“¿A qué se debe su angustia, su sufrimiento, su llanto, su estado alterado, su miedo a que no la crean, si no es porque ha sido víctima de una agresión sexual? Si la relación sexual fue consentida, ¿qué explicación razonable podemos dar para entender su estado inmediatamente después de ocurrir dicha relación?”, recoge el fiscal.

Además, la Fiscalía defiende que “hubo una evidente imposición forzada del coito” que corroboran elementos como las secuelas postraumáticas o los vídeos y grabaciones de la salida de la discoteca, del autor “despreocupándose de una víctima desconsolada”. Recuerda, asimismo, que los informes forenses y psicológicos de credibilidad o de relación evidente entre las secuelas y la agresión.

Estos elementos llevan al Ministerio Público a concluir que el TSJC vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva al “haberse llevado a cabo una valoración no racional de la prueba practicada en el acto de juicio oral y no haber valorado la totalidad de la misma”, por lo que entiende que ha incurrido en una “arbitrariedad”, prohibida por la Constitución.

El futbolista Dani Alves ha acudido este viernes a la Audiencia de Barcelona para recuperar sus dos pasaportes (español y brasileño) tras ser absuelto de agresión sexual, tal y como ha podido comprobar elDiario.es.

Alves y su abogada, Inés Guardiola, han llegado poco antes de las 13:00h. de este viernes a la secretaría de la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona, donde el jugador ha recogido los pasaportes que le habían retirado los jueces en marzo de 2024, cuando le dejaron en libertad provisional.

La absolución de Alves dictada el pasado viernes por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha comportado que todas las medidas cautelares vigentes hasta la exculpación del futbolista (retirada de pasaportes, prohibición de salir de España y obligación de acudir semanalmente a firmar al juzgado) hayan decaído.

El TJSC también dejó sin efecto tanto la fianza de un millón de euros que el futbolista depositó como fianza para salir de la cárcel en 2024 así como los 150.000 euros de responsabilidad civil que el futbolista pagó a la denunciante antes del juicio, cantidades que el futbolista podrá recuperar.

La sección de apelaciones de la Sala Civil y Penal del TSJC concluyó que la sentencia inicial del caso, que condenó a cuatro años y medio de cárcel al futbolista, cayó en un “enredo expositivo” y presentó “una serie de vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones sobre los hechos, la valoración jurídica y sus consecuencias”.

La sentencia del TSJC fue un varapalo a la resolución de la Audiencia de Barcelona y a la versión de la denunciante. La nueva sentencia del caso modificó el relato de hechos probados, rechazó que Alves agrediera sexualmente a la joven y se limitó a considerar probado que Alves y la joven “mantuvieron relaciones sexuales” en el baño del reservado de la discoteca.

Alves estuvo en prisión preventiva durante catorce meses y salió en libertad provisional en marzo del año pasado, bajo fianza de un millón de euros, tras ser condenado por violar a una joven de 23 años en el baño de un reservado de la discoteca Sutton de la capital catalana, en diciembre de 2022, condena ahora revocada.

Tras conocer la absolución, Inés Guardiola, abogada del futbolista, tildó de “valiente y justa” la sentencia del alto tribunal catalán que, recalcó, “por fin demuestra lo que siempre hemos dicho, que -Dani Alves- era inocente”. La Fiscalía y la denunciante ya han anunciado que recurrirán la absolución ante el Tribunal Supremo.

La resolución del caso Alves por parte del Tribunal Supremo, al no ser una causa con preso, hace que no sea preferente, y por lo tanto vaya a la cola de los centenares de recursos de casación que recibe la Sala de lo Penal del Alto Tribunal. Ello implica que difícilmente se resuelva este año o incluso el que viene.

Todavía se desconocen los argumentos concretos de los recursos de la Fiscalía y la denunciante. El Ministerio Público cree que el TSJ erró al valorar las pruebas e infringió el derecho de las acusaciones a la tutela judicial efectiva, pero no se conoce todavía qué pide al Supremo el Ministerio Público (si que el TSJ, con nuevos jueces, vuelva a decidir sobre los recursos, u opciones más extremas como un nuevo juicio). Esto se sabrá cuando la Fiscalía del Supremo formalice su escrito, algo que ocurrirá dentro de unas semanas.

“Quiero irme a casa, nadie me va a creer”. Es la frase que repetía la mujer que denunció por agresión sexual a Dani Alves después de salir del cuarto de baño de la discoteca en la que sucedieron los hechos. Mientras sus amigas –y más tarde, personal de la discoteca, sanitarios y Mossos– la atendían, la mujer insistía en dos preocupaciones: que nadie fuera a creerla y que su identidad se filtrara a la prensa si ella denunciaba. Aunque su caso despertó la solidaridad feminista desde el principio y sirvió como ejemplo acerca de la utilidad de protocolos eficaces, sus temores se han confirmado, al menos en parte. Si durante la investigación y el proceso judicial, el entorno del futbolista filtró imágenes e información sobre ella, ahora la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya no cree en su relato, aunque admite que fue “persistente” en el tiempo.

La joven, dijo su abogada, ha vuelto a sentir que estaba en el baño de esa discoteca. Y no solo ella: la duda sobre el relato de una mujer que tenía pruebas poco frecuentes en un caso por violación, se cierne sobre todas. ¿A quién van a creer?, ¿qué hace falta para que te crean?, ¿cómo seguir adelante si has decidido denunciar mientras ves en la tele que ni el testimonio de esta mujer ni las pruebas periféricas con las que contaba han servido?, ¿qué haces si en tu caso tienes aún menos de lo que tenía esta joven para acudir a la justicia?

“Nunca habíamos recibido una avalancha de mensajes con tanta preocupación después de un caso mediático como ahora”, señala Isaac Guijarro, socio de Olympe Abogados. Cuando el viernes, el TSJ de Catalunya anunciaba la absolución de Dani Alves y argumentaba, entre otras cosas, que “la divergencia entre lo relatado por la denunciante y lo realmente sucedido compromete gravemente la fiabilidad de su relato”, varias de sus clientas les escribieron “absolutamente en pánico”. “Es un retroceso legal, vuelve por lo menos diez años atrás en hasta qué punto de credibilidad y fiabilidad le podemos exigir a las víctimas de agresión sexual con el trauma y el estigma social que conlleva la violencia sexual”, asegura Guijarro, que considera que si el Supremo convalida esta sentencia los estándares de credibilidad que se les exigirá a las víctimas serán “irreales y desproporcionados”. “No se puede pedir perfección”, zanja.

En cuanto al Supremo, la cuestión sobre los requisitos para condenar o absolver en segunda o tercera instancia entraña una enorme complejidad técnica. Las condiciones para condenar, tras un recurso, a alguien que ha sido absuelto son mucho más estrictas, toda vez que el derecho a la presunción de inocencia es la piedra angular del sistema penal. Además, difícilmente se resuelva este año o incluso el que viene.

El clima social anima... o inhibe

En este caso, la mujer denunció la agresión a los pocos minutos de salir del baño de la discoteca. Le contó lo sucedido a amigas y a personal del local, también a los Mossos d'Esquadra, que llegaron rápidamente, y a los médicos que la atendieron esa madrugada. Tanto en comisaría, ante la jueza de instrucción y en el juicio celebrado un año después mantuvo su relato. Las personas que la atendieron esa noche acudieron como testigos y avalaron su versión. Los Mossos constataron que las imágenes de las cámaras de seguridad eran coherentes con el relato. La denunciante tenía también el informe de su exploración médica inmediata y un estudio psiquiátrico sobre su estado posterior. La víctima llegó inicialmente a renunciar a cualquier indemnización posible para intentar así reforzar su credibilidad y sacudirse el estereotipo de mujer que denuncia para obtener algo a cambio.

Guijarro cuenta que varias mujeres a las que estaban atendiendo se están planteando dar marcha atrás después de conocer la decisión del TSJ de Catalunya. “Igual que cuando salió la primera sentencia hubo mujeres que dieron un paso adelante porque sentían que habían creído a la víctima, ahora hay mujeres que nos dicen que no saben si seguir con su procedimiento o algunas que estaban a punto de denunciar, ahora sienten que tienen menos pruebas de las que tenía esta mujer...”, relata. Otra de sus clientas, denunciante también de violencia sexual, declara en los próximos días. Tiene tanto miedo a contradecirse en cualquier mínimo detalle que teme que la presión le haga desmayarse en la sala.

Que este tipo de casos y decisiones judiciales tiene impacto para bien y para mal lo sabe también Sonia Cruz. Psicóloga especializada en violencia sexual que lleva años atendiendo a víctimas y formando a otras terapeutas, confirma que los casos en los que hay apoyo social y judicial “alientan y empoderan” a las mujeres a acudir a la justicia porque sienten que es un indicador de que “hablar va a ser seguro”.

“Sentir que hay otras como tú, que se atreven a contarlo y denunciarlo, a pasar por eso, desculpabiliza y reduce la vergüenza”, afirma. De hecho, los datos hablan de un cambio en el clima social, que desde 2014 ha propiciado un aumento de las denuncias. En la última década, las denuncias por violencia sexual se han duplicado como consecuencia de una mayor concienciación social gracias a una ola feminista que ha tenido el #MeToo y el #YoSíTeCreo como ejes centrales, y un aumento de los recursos públicos para atenderla.

Pero de la misma manera que las noticias alientan, también puede suceder al contrario. “Cuando ven que se ataca a las mujeres que denuncian, cuando se pone en tela de juicio todo comportamiento de las víctimas... eso supone un retroceso en los procesos de terapia, tanto cuando se están pensando si denunciar como si están en el proceso judicial o incluso si ya lo han tenido”, asegura Sonia Cruz. Sentir que la justicia no ha creído a esa mujer que no conoces pero cuyo caso te hace revivir el tuyo, te revictimiza.

El riesgo es que, después de conseguir crear un clima social algo más favorable a hablar y denunciar, vivamos un retroceso. Lo alertó la Asociación de Mujeres Juezas, que ha señalado en un comunicado que si esta sentencia se confirma existe un claro riesgo de que se generen “situaciones de impunidad”. Si bien la sala del TSJ de Catalunya que ha absuelto a Alves tiene fama de ser especialmente garantista, la asociación denunciaba que la “alta exigencia” que se aplica a la víctima, “diseccionar” sus declaraciones “atribuyendo extraordinario valor a posibles contradicciones en aspectos accesorios, sin atender al relato global y a los elementos de corroboración periférica” podría desembocar, precisamente, en situaciones de impunidad que afecten especialmente a mujeres y a la infancia, víctimas mayoritarias de estos delitos.

El abogado Isaac Guijarro está de acuerdo y teme que esta y otras sentencias que están produciéndose inhiban a muchas mujeres. Algo parecido argumenta la psicóloga Sonia Cruz: “Que vivamos en esta sociedad que pone el foco todo el rato en nuestro comportamiento sexual ya hace que dudemos, callemos, que nos culpemos por cualquier cosa, pero si encima has vivido violencia sexual, aún más. Si la justicia no puede garantizar respuestas reparadoras, la experta ve importante acudir a procesos terapéuticos con enfoque de género que, haya denuncia o no, ayuden a las mujeres para que ese tipo de ideas y emociones no se hagan fuertes dentro de ellas.

¿Por qué no se cree a las mujeres“, se preguntaron las expertas en comunicación y cultura Sarah Banet-Weiser y Kathryn C.Higgins en su reciente libro Credibilidad (Barlin Libros). Más allá de estereotipos, las expertas hacen todo un análisis de lo que llaman economía de la credibilidad, esto es, de cómo los factores históricos, culturales, económicos, políticos o tecnológicos contribuyen a determinar la credibilidad de los distintos sujetos y su capacidad para decir 'la verdad'. Y concluían: ”Insistimos en que la búsqueda de la justicia sexual exige un giro esencial hacia la cultura, ya que las verdades, los hechos y las pruebas significan poco en una sociedad que ya ha decidido que las mujeres –y la violencia sexual en general– son in-creíbles por defecto“.

El Tribunal Supremo tendrá la última palabra sobre el caso Dani Alves. La Fiscalía ha anunciado que recurrirá la absolución del futbolista del delito de agresión sexual. La denunciante también estudia hacerlo. A la espera de que se conozcan los argumentos de las partes, distintas fuentes jurídicas consultadas advierten de los “muchos obstáculos” que la jurisprudencia existente impone al Alto Tribunal para poder recuperar la primera sentencia de la Audiencia de Barcelona y condenar de nuevo al jugador tras su exculpación.

La resolución del caso Alves por parte del Tribunal Supremo, al no ser una causa con preso, hace que no sea preferente, y por lo tanto vaya a la cola de los centenares de recursos de casación que recibe la Sala de lo Penal del Alto Tribunal. Ello implica que difícilmente se resuelva este año o incluso el que viene.

La Fiscalía Superior de Catalunya ha anunciado este miércoles su intención de recurrir al Supremo, pero todavía se desconocen los argumentos concretos. El Ministerio Público cree que el TSJ erró al valorar las pruebas e infringió el derecho de las acusaciones a la tutela judicial efectiva, pero no se conoce todavía qué pide al Supremo el Ministerio Público (si que el TSJ, con nuevos jueces, vuelva a decidir sobre los recursos, u opciones más extremas como un nuevo juicio). Esto se sabrá cuando la Fiscalía del Supremo formalice su escrito, algo que ocurrirá dentro de unas semanas.

Un caso, dos sentencias

La distinta valoración de las mismas pruebas por parte de la Audiencia de Barcelona y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) es uno de los temas de debate que genera el caso Alves. En especial, el papel que ambos tribunales dan a la declaración de la denunciante.

Tanto la Audiencia como el TSJC constataron que, antes de entrar en el baño de la discoteca Sutton, las cámaras de seguridad la mostraron bailando con Alves y que no parecía a disgusto, al contrario de lo que declaró en el juicio. La Audiencia no omitió esa contradicción, sino que la enmarcó en la vergüenza o el miedo de la denunciante a que su comportamiento anterior a los hechos hiciera que no fuera creída sobre la agresión sexual denunciada.

El TSJC, en cambio, valoró que la “divergencia” entre lo relatado por la denunciante y lo realmente sucedido antes de entrar en el baño “comprometía gravemente la fiabilidad de su relato”. Además, el TSJC consideró que el testimonio de las amigas, los mossos y el personal de Sutton sobre el estado de angustia de la joven al salir del baño, así como su parte de lesiones leves en la rodilla, no eran elementos suficientes para corroborar su relato de agresión sexual, al contrario de lo que resolvió la Audiencia de Barcelona.

¿Se puede condenar a un absuelto?

La cuestión sobre los requisitos para condenar o absolver en segunda o tercera instancia entraña una enorme complejidad técnica. Las condiciones para condenar, tras un recurso, a alguien que ha sido absuelto son mucho más estrictas, toda vez que el derecho a la presunción de inocencia es la piedra angular del sistema penal.

En el pasado, España ha sido condenada por el Tribunal de Estrasburgo precisamente porque el Supremo condenó a los acusados del caso Atutxa sin escucharles. Se trata de un tema que lleva años en discusión entre operadores jurídicos y que en 2024 comportó un contundente revés del Constitucional al Supremo, en un caso que guarda similitudes con el de Dani Alves.

Un hombre de Mérida fue condenado en 2018 por la Audiencia Provincial por agresión sexual a una mujer. Pero el TSJ extremeño revocó esa sentencia y absolvió al acusado al no dar credibilidad a la denunciante (al contrario que la Audiencia) y al considerar que los primeros jueces no evaluaron de forma correcta todas las pruebas, en especial las que podían sembrar la duda en la versión de la acusación y comportar la absolución del acusado.

El Supremo estimó el recurso de la Fiscalía contra la sentencia del TSJ y volvió a condenar al acusado a la pena de dos años de cárcel impuesta por la Audiencia de Mérida. El Alto Tribunal consideró que el TSJ no había estado en “contacto directo” con los testigos y acusados, por lo que no podía modificar el relato de hechos probados y absolver al acusado. El Constitucional tumbó ese argumento del Supremo y dio plena validez a la sentencia del TSJ.

La “condena de propia mano” que el Supremo impuso al hombre extremeño tras su absolución, resolvió el Constitucional, “cercenó de forma definitiva e irrevocable” la capacidad de revisión del TSJ.

Es más, el Constitucional advirtió que la tesis del Supremo sobre que era posible condenar en casación tras una absolución era “artificiosa” e “inconciliable” con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el derecho a un juicio justo.

La jurisprudencia europea “desautoriza” la condena de alguien ya absuelto “sin el examen directo” de testimonios y del propio acusado, recordó el Constitucional. Tampoco permite, agregó la sentencia de su presidente, Cándido Conde-Pumpido, un intento del Supremo de “fundar una condena” en la misma valoración de las pruebas realizada por una Audiencia Provincial cuando esta ya había sido censurada por un TSJ.

En numerosas sentencias, el Tribunal Constitucional ha recordado que los TSJ, cuando analizan los recursos contra una condena en la Audiencia Provincial (como ha ocurrido en el caso Alves), disponen de “plenas facultades” para revisar todas las pruebas, aunque no vuelvan a escuchar directamente a testigos, víctimas y acusados y solo visionen lo que declararon en el juicio en primera instancia. Es decir, los jueces de los TSJ pueden analizar todo lo ocurrido en un juicio en una Audiencia Provincial para determinar si una condena es correcta o no. Así ocurrió en el caso Alves.

Esa capacidad de revisión “plena” de los TSJ, argumenta el Constitucional, “es garantía no solo del derecho al recurso sino también de la protección eficaz de la presunción de inocencia de la persona condenada”. Toda persona condenada, dejó sentado el tribunal de garantías, tiene derecho a que se revisen todas las “bases fácticas y normativas” de su condena inicial.

El caso Dani Alves llegará al Tribunal Supremo. La Fiscalía Superior de Catalunya ha anunciado este miércoles su intención de recurrir al Alto Tribunal la absolución del futbolista. La formalización completa de ese recurso corresponde a la Fiscalía del Supremo.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) absolvió el pasado viernes Alves al considerar que el relato de la denunciante no es “fiable” y que la Audiencia de Barcelona condenó a cuatro años y medio de cárcel al futbolista sin valorar de forma adecuada las pruebas y vulnerando su presunción de inocencia.

Lo que ha hecho la Fiscalía Superior catalana este miércoles es comunicar formalmente el TSJ su anuncio de recurso al Supremo por dos motivos tasados en la norma: la infracción de ley y de precepto constitucional que, a juicio de la Fiscalía, incurrió el alto tribunal catalán al absolver a Alves.

Será en la fase de formalización de ese recurso, que corresponde a la Fiscalía del Supremo y no a la catalana, cuando se conozcan las peticiones concretas del Ministerio Público. Es decir, si la Fiscalía pide anular la sentencia del TSJC y que sea un tribunal formado por distintos jueces los que vuelvan a redactar una sentencia. En principio, el Ministerio Público no puede pedir al Supremo que vuelva a condenar a Alves sin un nuevo juicio.

Alves estuvo en prisión preventiva durante catorce meses y salió en libertad provisional en marzo del año pasado, bajo fianza de un millón de euros, tras ser condenado por violar a una joven de 23 años en el baño de un reservado de la discoteca Sutton de la capital catalana, en diciembre de 2022.

La absolución dictada por el TSJC también implicó dejar sin efecto las medidas cautelares que Alves tenía, por lo que el jugador ya puede abandonar España cuando quiera y ya no tiene que ir a firmar al juzgado cada viernes.

El TSJC sentó su absolución en dos bases: el relato “no fiable” de la joven y la corroboración “insuficiente” e incluso “contradictoria” que, a su juicio, realizó la Audiencia de Barcelona con las demás pruebas para condenar a Alves.

Para restar fiabilidad al testimonio de la denunciante, el tribunal del TSJ dio mucha importancia en que su versión de lo ocurrido antes de la relación sexual (Alves la abordó en la pista del reservado) y lo grabado por las cámaras (aparecen bailando sin preocupación aparente) del local “no coincide”, tal y como ya sostuvo la Audiencia de Barcelona.

Para la Audiencia esto no invalidaba la credibilidad de la joven sobre la agresión. Lo consideró “un desajuste” que pudo deberse a motivos como el miedo a no ser creída y señaló que su testimonio incardinado con otras pruebas periféricas “apuntala su versión”.

El TSJC concluyó, sin embargo, todo lo contrario. “La divergencia entre lo relatado por la denunciante y lo realmente sucedido compromete gravemente la fiabilidad de su relato”, zanjó la nueva sentencia absolutoria, que añadió que la declaración “está huérfana de corroboraciones periféricas”, es decir, de otros elementos usados por los tribunales para ratificar o no la versión de las denunciantes.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha pedido perdón por sus críticas a la sentencia que absolvía al futbolista Dani Alves de agresión sexual. “En la literalidad de la expresión que utilicé se puede concluir que he puesto en cuestión la presunción de inocencia, pilar del Estado de Derecho. La retiro y pido disculpas por ello”, ha afirmado tras intervenir en el VI Foro Mundial de Desarrollo Local, en la sede de la Diputación de Sevilla.

“La presunción de inocencia no puede ser incompatible con la fiabilidad del testimonio de las víctimas”, ha añadido la ministra, pues “las agresiones sexuales” ocurren “en lugares de intimidad y no suele haber testigos”.

El pasado sábado, en un mitin del PSOE en Jaén, Montero expresó: “Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos”. Esto provocó que asociaciones de jueces y fiscales cargaran contra ella.

Al mediodía de este martes el Consejo General del Poder Judicial ha aprobado por unanimidad una declaración institucional en la que defendía a las tres juezas y al juez del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que acordaron absolver a Alves. En el texto apuntaban que “la protección y apoyo a las víctimas, en especial de delitos contra la libertad sexual, no implica renunciar a la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental”.

En cuanto a la sentencia absolutoria, la Asociación de Mujeres Juezas de España manifestó que podría llevar a “verdaderas situaciones de impunidad”. Además, decenas de mujeres se manifestaron contra la decisión judicial en la Plaza de Sant Jaume de Barcelona tras conocer la sentencia.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por unanimidad una declaración institucional que defiende a las tres juezas y al juez del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que acordaron absolver al futbolista Dani Alves y apunta que “la protección y apoyo a las víctimas, en especial de delitos contra la libertad sexual, no implica renunciar a la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental”. 

Aunque no las cita expresamente, el comunicado remite a las palabras pronunciadas el pasado fin de semana por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que dijo que es una “vergüenza” que “la presunción de inocencia esté por delante de mujeres jóvenes que denuncian a los poderosos”. Un día después, la también ministra de Hacienda matizó sus palabras sobre la presunción de inocencia y reclamó que no impida creer a las víctimas de violencia machista.

En este sentido, la declaración institucional apunta que la “responsabilidad” de los representantes políticos cuando discrepan de una resolución judicial es “compatibilizar su legítimo derecho a la crítica con la preservación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones”.

La absolución de Alves decidida por el TSJC ha comportado un intenso debate jurídico en un caso que terminará en manos del Tribunal Supremo si la Fiscalía y la denunciante recurren. La sentencia ha generado un impacto notable y supone un giro de guion al anular la condena inicial de cuatro años y medio de cárcel. 

A este respecto, el CGPJ sostiene que la revisión por tribunales superiores de lo resuelto por tribunales inferiores “forma parte de la normalidad del Estado de Derecho” y que “el sistema de recursos se establece para buscar el acierto de la decisión última”. Así, recuerda que la sentencia del TSJC no escapa a este principio y también está sujeta a los procedimientos de revisión previstos en las leyes procesales.

El pleno añade, además, que confía en la profesionalidad y capacitación técnica de las magistradas y los magistrados intervinientes en el caso, tanto de la Audiencia Provincial de Barcelona como del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y les  traslada su apoyo “con independencia del sentido de sus decisiones”. 

El incendio político y judicial formado en torno a las declaraciones de María Jesús Montero, que tachó de “vergüenza” que se anteponga “la presunción de inocencia” al testimonio de “víctimas jóvenes que se atreven a denunciar a hombres poderosos”, mantiene al conjunto del Gobierno en una encrucijada de matizaciones y rectificaciones a medias que no terminan de desacreditar las palabras de la vicepresidenta. El Ejecutivo, de hecho, asegura en privado que respalda la reflexión de Montero porque, en su opinión, nunca puso en duda el derecho básico de esa presunción de inocencia. 

En público, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros, el ministro del Interior ha asegurado que su compañera de filas “ya ha matizado” esas declaraciones pero ha pedido a los jueces “que expliquen muy bien” sus resoluciones “para que las víctimas no se sientan desprotegidas y no pierdan la confianza en las instituciones”. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha apuntado que “es evidente que el respeto por las distintas sentencias no es antagónico a opinar sobre las mismas”.

Hoy hablamos de dos sentencias judiciales. Son dos sentencias, pero es la misma mujer. Es el mismo hombre. Es la misma discoteca de Barcelona, la misma noche. Es el mismo caso. Y resulta que no es un caso cualquiera porque es un caso mediático, porque el acusado es futbolista, y porque se considera el primer gran caso de la ley del solo sí es sí. Es el caso de Dani Alves, que fue condenado a cuatro años de prisión por agresión sexual por la Audiencia de Barcelona y que, ahora, ha sido absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Analizamos ambas sentencias y cómo ha sido el transcurso de este caso con el periodista de elDiario.es en Barcelona Oriol Solé.

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Hubo un tiempo en que los ministros no criticaban las decisiones judiciales. También hubo un tiempo en que los magistrados no salían a la puerta de sus juzgados a manifestarse contra un proyecto de ley, el de la amnistía, que se iba a discutir en el Parlamento. Y también es fácil recordar los años en que los dos principales partidos cumplían la ley orgánica de 1985 que establece el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial y ninguno de ellos la boicoteaba durante cinco años, como hizo el PP.

Con la politización de la justicia, acompañada por la polémica actuación de algunos jueces como Juan Carlos Peinado, se han roto muchos precedentes, pero hay pocos tan graves como el que ha protagonizado la vicepresidenta María Jesús Montero, que se ha cargado con una sola frase uno de los principios que todo el mundo debería respetar en una democracia. Al criticar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que absolvió a Dani Alves del delito de violación, Montero afirmó que la presunción de inocencia es algo que no puede imponerse sobre lo que diga la víctima: “Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos”.

Otra ministra, Ana Redondo, de Igualdad, hizo una acusación similar al afirmar que “la presunción de inocencia no puede sostenerse sobre la falta de credibilidad de la víctima, sobre el cuestionamiento sistemático de las palabras de las víctimas que son generalmente mujeres”.

Cargar directamente contra uno de esos principios que separan a las democracias de las dictaduras es un salto demasiado grande y no ayuda nada a la causa del feminismo. Más bien, lo contrario. Montero lo hizo en un mitin, pero al final da igual dónde lo haga. Criticar una sentencia es legítimo, por más que eso moleste a muchos jueces. Pero se trata de utilizar argumentos jurídicos, no de introducir elementos de juicio que no están en la Constitución y que en realidad la vulneran.

Ese es uno de los puntos que ha recordado el comunicado firmado por todas las asociaciones de jueces y fiscales: “La presunción de inocencia es un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución y en los tratados internacionales suscritos por España. Garantiza que ninguna persona sea considerada culpable hasta que se demuestre su responsabilidad penal mediante pruebas suficientes y obtenidas conforme a derecho”.

Se esperaba que el lunes Montero rectificara o admitiera que había ido demasiado lejos. Podía seguir criticando la sentencia absolutoria sin necesidad de cuestionar un elemento clave del funcionamiento de la justicia. Los que lo esperaban quedaron decepcionados. En vez de afrontar las consecuencias de sus palabras, la vicepresidenta decidió cargar contra el PP y ofrecer una nueva definición: “La presunción de inocencia no debe impedir que podamos expresar nuestro rechazo a que de manera sistemática se cuestione a las mujeres que son víctimas de agresiones y del machismo”, escribió en redes sociales.

Nadie ha alegado que la presunción de inocencia limita la libertad de expresión. Lo que hizo ella fue colocarla por debajo del valor del testimonio de la víctima en un proceso judicial.

Unas horas más tarde, Montero insistió en defender su argumentación sin rectificar. Dijo que restar credibilidad al testimonio de las víctimas de violencia puede generar “espacios de impunidad”. Es muy posible, pero dentro del sistema de justicia eso no puede pasar por negar la presunción de inocencia a cualquier acusado, con independencia del delito de que se trate. También incluía las palabras “más allá de la forma de expresarlo” como excusa. En política, la forma de expresar una idea lo es todo.

Algunas de las críticas al tribunal que absolvió a Alves denuncian que se ha cuestionado la veracidad del testimonio de la víctima cuando ella lo mantuvo en toda la instrucción judicial, mientras que el exfutbolista lo cambió varias veces. Es algo que certificaron los Mossos en la investigación policial y la sentencia condenatoria en primera instancia, pero no el TSJC.

La gravedad de los delitos sexuales contra las mujeres no debería llevar a pensar que los juicios deberían ser diferentes en esos casos o que tengan que acabar de forma inexorable con un veredicto de culpabilidad que imponga la máxima pena. “Las causas más justas y más respaldadas por la mayoría son precisamente aquellas donde debemos estar más alerta: es donde podemos estar tentados de unirnos a quienes quieren cargarse las garantías”, dice Jacobo Dopico, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III. Cita como ejemplos los delitos de pederastia, violencia machista y terrorismo. Un miembro del Gobierno puede criticar una sentencia, pero nunca debería utilizar su poder para afirmar ante la sociedad que alguien es culpable, dice Dopico, ni negar que un acusado o condenado tiene derechos.

Una de las magistradas de la Sala Civil y Penal del TSJC que firmó la sentencia es Àngels Vivas, que forma parte de la asociación progresista Juezas y Jueces por la Democracia. Dio una entrevista a este medio en 2023 en la que lamentó cómo ha avanzado el “populismo punitivo” en la sociedad y que haya gente que haga creer a los demás que con el incremento de las penas se dará solución al machismo. “Esta clase de populismo lamina la presunción de inocencia, que es un principio básico en un Estado democrático”, decía Vivas. Cuestionarla “echa por tierra conquistas de un derecho penal garantista cuya reivindicación y materialización supuso un elevado coste para muchos operadores jurídicos y políticos”.

Con respecto a la actuación de un tribunal, el magistrado Miguel Pasquau ha escrito que debe valorar todas las pruebas que se presentan en un juicio y eso incluye lo que haya declarado la víctima: “Si la prueba principal de una agresión sexual es el testimonio de la denunciante, el tribunal no es que pueda, es que tiene la obligación de plantearse la posibilidad de que ese testimonio no sea creíble o no sea fiable”. El juez recuerda cómo funciona el sistema de justicia penal, o cómo debería hacerlo: “Las garantías del proceso penal están más volcadas a evitar condenas injustas que a evitar errores a favor del reo. Y así debe ser”.

Protesta en Barcelona contra la absolución de Dani Alves. Decenas de personas, en su mayoría mujeres, se han concentrado este lunes en la plaza Sant Jaume para criticar la exculpación del futbolista y mostrar su apoyo a la denunciante de agresión sexual. “Compañera, yo sí te creo”, ha sido uno de los lemas más coreados del acto.

La protesta ha sido convocada por decenas de grupos feministas y ha contado con la asistencia de decenas de personas, entre ellas diputadas en el Parlament de Junts, ERC y los Comuns como Montse Ortiz, Tània Verge y Susana Segovia.

En el manifiesto que han leído frente al Palau de la Generalitat varias mujeres, se ha criticado la absolución del caso porque, a juicio de las convocantes, constituye “un caso grave de violencia institucional porque puede reproducir impunidad de agresiones sexuales”.

La absolución de Alves decidida por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha comportado un intenso debate jurídico en un caso que terminará en manos del Tribunal Supremo si la Fiscalía y la denunciante recurren.

Varias juristas y expertas, e incluso la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), han criticado el fallo del TSJC porque, a su juicio, contiene razonamientos que podrían comportar “verdaderas situaciones de impunidad” que afecten a mujeres y menores víctimas de delitos sexuales.

El TSJC exculpó al jugador al no ver fiable el testimonio de la víctima y no considerarlo suficientemente corroborado con otras pruebas, al contrario de lo que había sentenciado la Audiencia de Barcelona, que lo había condenado a cuatro años y medio de cárcel.

En la protesta de este lunes por la tarde en Barcelona, el manifiesto ha criticado la sentencia por “ignorar a infligir otro daño más a la denunciante”. La resolución, han criticado las mujeres, “persiste en los sesgos patriarcales en la valoración de las pruebas”.

“Basta de agresiones de las instituciones”, han clamado las mujeres asistentes a la concentración, que han querido mostrar su apoyo a la denunciante si, finalmente decide recurrir ante el Supremo.

“Basta de impunidad”, han agregado las mujeres, que han considerado “una bofetada” la absolución del futbolista.

En el plano político, las reacciones han superado la crítica a la resolución para adentrarse bien en la descalificación colectiva de los tribunales bien en un cuestionamiento de la presunción de inocencia, como el realizado por la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, el pasado sábado y que este lunes ha matizado.

Cabe recordar que el tribunal que absolvió a Alves está formado por tres mujeres (todas ellas de reconocida trayectoria progresista y garantista con los derechos de todo tipo de acusado) y un hombre, que tomaron su decisión por unanimidad.

“Qué vergüenza que la presunción de inocencia esté por delante de mujeres jóvenes que denuncian a los poderosos”, dijo este fin de semana Montero en un acto del PSOE andaluz. Todas las asociaciones de jueces y fiscales han cargado contra la ministra, además de llamar a la “responsabilidad institucional” de los políticos a la hora de criticar resoluciones judiciales.

La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) ha criticado la absolución del futbolista Dani Alves dictada el pasado viernes por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y ha alertado del riesgo de que se podrían dar “verdaderas situaciones de impunidad” que afecten a mujeres y menores víctimas de delitos sexuales.

En un comunicado, la asociación ha explicado que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reconocido que la declaración de la víctima puede ser suficiente para justificar el dictado de una sentencia condenatoria, “incluso aunque fuese la única prueba disponible”.

El TSJC absolvió al futbolista al revocar su condena de cuatro años y medio de cárcel por la violación de una joven en una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022, por considerar que el relato de la denunciante no es “fiable” y no existir suficientes pruebas que lo corroboraron, al contrario de lo que sí creyó la Audiencia de Barcelona.

Las mujeres juezas han reconocido que el trabajo de magistrados y magistradas para valorar el relato de las denunciantes es “extraordinariamente complejo” y su validación debe partir “siempre” de la presunción de inocencia de los acusados.

Sin embargo, cuando los tribunales requieren una “alta exigencia”, tal y como realizó el TSJC con la denunciante de Alves al apreciar contradicciones en su relato de lo sucedido antes de la denuncia de agresión sexual en el baño de la discoteca, las mujeres juezas creen que se lleva a “desnaturalizar” la jurisprudencia del Supremo y a “de facto, negar la posibilidad de condena basada en la declaración de la víctima”.

“Diseccionar las declaraciones de las víctimas atribuyendo extraordinario valor a posibles contradicciones en aspectos accesorios, sin atender al relato global y a los elementos de corroboración periférica nos llevaría, en aras a un pretendido método y rigor científico, a verdaderas situaciones de impunidad que, de nuevo, afectarán de forma evidente a mujeres e infancia, víctimas principales de estos delitos”, denuncia el comunicado de la AMJE.

La AMJE advierte de las “devastadoras consecuencias” que para las víctimas y la Justicia “puede tener una deriva de retroceso en los avances logrados que han conseguido, salvaguardando la presunción de inocencia, abrir una puerta por la que las víctimas de delitos sexuales han podido ser protegidas”. “No se las volvamos a cerrar”, agregan las juezas.

Todas las asociaciones de jueces y fiscales han emitido un comunicado conjunto en el que cargan contra la ministra María Jesús Montero por sus críticas a la sentencia que ha absuelto al futbolista Dani Alves de agredir sexualmente a una mujer en una discoteca. Agrupaciones progresistas y conservadoras reclaman “respeto a la independencia judicial” del Tribunal Superior de Cataluña y llaman a la “responsabilidad institucional” de los “representantes públicos” a la hora de criticar resoluciones judiciales.

El tribunal catalán anuló la semana pasada la condena de cuatro años y medio de cárcel impuesta al exfutbolista del FC Barcelona por agredir sexualmente a una mujer en los baños de una discoteca, aludiendo entre otras razones que no otorgar credibilidad suficiente al relato de la denunciante. María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra, fue una de las voces que más duramente han cargado contra la resolución: “Qué vergüenza que la presunción de inocencia esté por delante de mujeres jóvenes que dencian a los poderosos”, dijo este fin de semana en un encuentro del PSOE andaluz.

Las asociaciones de jueces y fiscales han emitido un comunicado unánime para salir al paso de estas críticas y recordar que es “esencial” que “las instituciones y representantes públicos respeten y respalden la labor de los jueces y magistrados, evitando comentarios que puedan socavar la confianza en nuestro sistema judicial”. La presunción de inocencia, añaden, es “un derecho fundamental” y cuestionarlo “puede poner en riesgo las garantías procesales y la equidad en los juicios”.

La protección a las víctimas de los delitos sexuales, añaden las asociaciones, debe “coexistir” con el “respeto a los derechos fundamentales de los acusados”, buscando “un equilibrio que garantice la justicia en cada caso concreto”.

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha criticado la sentencia que absuelve al exjugador del FC Barcelona Dani Alves por agresión sexual. “Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos”, ha dicho este sábado en un mitin del Partido Socialista de Andalucía.

La también secretaria general del PSOE-A ha continuado mandando un mensaje de apoyo a la víctima: “Por eso desde aquí queremos decirle a esta mujer que estamos contigo, estamos con ella, estamos con todas aquellas que se enfrentan a gigantes para poder reclamar la dignidad que en su palabra, en su boca, es la dignidad de todas nosotras. No está sola, aquí estamos contigo”, ha asegurado Montero en la inauguración del 16 Congreso Provincial del PSOE de Jaén.

Al respecto, la ministra ha insistido en que esta sentencia es una “vergüenza después de todo lo que nosotras hemos recorrido para luchar contra la violencia de género, que es la expresión máxima de lo que significa la falta de igualdad entre hombres y mujeres”.

“Qué vergüenza después de todo lo que ha hecho el PSOE en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, de la brecha salarial, en las pensiones, en todo aquello que refleja que a lo largo de nuestra vida hemos sido discriminadas o no hemos jugado el papel que teníamos que jugar”, ha expresado.

Denunció que Dani Alves la había violado a los pocos minutos de salir del baño del reservado de la discoteca Sutton de Barcelona. Se lo dijo a sus amigas y a los responsables del local. A los Mossos d'Esquadra que se personaron rápidamente. A los médicos que la atendieron de madrugada. En comisaría, ante la jueza de instrucción y en el juicio celebrado un año después. Pero su relato, según la sentencia que absuelve al jugador, no es fiable ni está suficientemente contrastado con otras pruebas.

Así lo han concluido las tres magistradas y el magistrado de la sección de apelaciones de la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que ha estimado el recurso de la defensa de Alves, que ejerce la letrada Inés Guardiola. La abogada de la joven, Ester García, recurrirá ante el Supremo. La Fiscalía lo está estudiando.

La sentencia ha generado un impacto notable y supone un giro de guion al anular la condena inicial de cuatro años y medio de cárcel. El tribunal de apelación del TSJC, de reconocida trayectoria progresista y muy garantista con cualquier tipo de acusado, considera que no hay elementos suficientes que desvirtúen la presunción de inocencia de Alves.

Los jueces apenas hacen referencia al consentimiento que la joven denunció no haber prestado. “La sentencia de la Audiencia y la del TSJC son muy distintas. En la primera el análisis sobre la ausencia del consentimiento es el centro de la resolución, y en la segunda no se aborda. Es una decepción”, valora la abogada especialista en violencia sexual Sònia Ricondo.

“Los magistrados no dicen que la versión de Alves sea la correcta, pero creen que con la versión de la denunciante no es suficiente para condenar”, agrega Ricondo. La letrada echa en falta en esta sentencia el “lenguaje cuidado y la pedagogía” de la primera resolución. “Aunque sea un tipo de sentencia habitual, existe el riesgo de que, al tratarse de un caso mediático, se haya generado un espacio de impunidad y que aumente el miedo a denunciar otros casos, algo que se estaba revirtiendo”, concluye.

La credibilidad de lo ocurrido antes y después

Hay dos motivos esenciales para la absolución: los jueces no creen que el relato de la joven sea fiable, aunque sí admiten que es “persistente” a lo largo del tiempo. Aseguran además que la corroboración con las demás pruebas que hizo la Audiencia de Barcelona es “insuficiente” e incluso “contradictoria”.

Pese a recalcar que no dar credibilidad a la acusación no supone afirmar “que la hipótesis cierta sea la que mantiene” Alves, de la nueva sentencia se desprende que los jueces aprecian una falta de credibilidad en la denunciante. Ello se basa en que su versión de lo ocurrido antes de la relación sexual (Alves la abordó en la pista del reservado) y lo grabado por las cámaras (aparecen bailando sin preocupación aparente) del local “no coincide”, tal y como ya sostuvo la Audiencia de Barcelona.

Para la Audiencia esto no invalidaba la credibilidad de la joven sobre la agresión. Lo consideró “un desajuste” que pudo deberse a motivos como el miedo a no ser creída y señaló que su testimonio incardinado con otras pruebas periféricas “apuntala su versión”.

El TSJC ve, sin embargo, todo lo contrario. “La divergencia entre lo relatado por la denunciante y lo realmente sucedido compromete gravemente la fiabilidad de su relato”, zanja la nueva sentencia absolutoria, que añade que la declaración “está huérfana de corroboraciones periféricas”, es decir, de otros elementos usados por los tribunales para ratificar o no la versión de las denunciantes.

La exigencia a la denunciante

La jurista de la Universidad Autónoma de Barcelona Encarna Bodelón cree que el fallo “exige al testimonio unos requisitos draconianos” al tiempo “que desprecia un montón de pruebas que le dan coherencia”, y que no es tan habitual que existan en este tipo de casos que se producen en espacios íntimos. “El problema es que se rompe la idea de credibilidad no dándole valor a pruebas que son contundentes”, esgrime la experta, a la que le sorprende el requisito de la “fiabilidad” que utiliza el tribunal: “Este concepto es un plus de exigencia que no solemos tener en la jurisprudencia”.

Bodelón rechaza además que las grabaciones del antes sean concluyentes porque “no se puede interpretar de forma decisiva un estado mental” en base a un vídeo. La jurista recalca “la gran cantidad” de elementos que hay sobre la mesa y lamenta que “aun así no sea suficiente”. “La víctima hizo todo lo que se supone que se debe hacer: denunció en el momento, fue al hospital, hay informe psicológico, seis trabajadores de la discoteca, amigas, una grabación de una conversación y ella ha mantenido su versión todo el tiempo...”, enumera.

El TSJC cree que la Audiencia de Barcelona debería haber “intensificado las exigencias de fiabilidad” del relato de la joven con otras pruebas de ADN o de huellas. “No negamos que, en lo esencial, se haya mantenido el mismo relato, pero lo que observamos es la repetición de una declaración que, contrastada, no resulta fiable”, concluye.

En este sentido, Bodelón considera que es clave entender cómo suele afectar la violencia sexual a los testimonios de las víctimas. “Es común pedir que sean absolutamente congruentes, pero una persona que ha sufrido una agresión sexual puede que no lo haga, ya sea porque no lo recuerda, por los efectos del trauma o por temor a no ser creída”, señala la jurista.

La lesión y el ADN

Parte de la argumentación que sigue el TSJC para absolver a Alves tiene que ver con elementos como los restos de ADN del futbolista hallados en la boca de la denunciante, la lesión de la joven en la rodilla o las huellas dactilares halladas en el baño del Sutton. Estos dos últimos elementos ratificaban la versión de la denunciante para la Audiencia de Barcelona, pero el TSJ opina lo contrario.

Las huellas dactilares del baño, señalan los jueces, “permitirían establecer una coincidencia” con la versión de Alves, esta es, que se trató de sexo consentido. Además, el TSJC afea a la Audiencia que vinculara la herida que presentaba la joven en la rodilla con la agresión sexual en un tramo de su sentencia y con una felación (que luego no dio por probada) en otro, lo que le lleva a desestimar este elemento como corroborativo de la violación. El relato de la sentencia inicial “es inconsistente”, según el TSJC, porque “no despeja cómo se produjo” la violencia en la agresión sexual y porque la herida en la rodilla de la joven “pudo producirse de muchas formas, como admiten los forenses y médicos”.

La catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz, María Acale, pone el foco en este aspecto, en la “relación” que hace el tribunal entre “la lesión y la felación o la penetración”: “Es algo que está superado por la ley 10/2022 [la ley del solo sí es sí], por la que pasan a un segundo plano los medios comisivos y para acreditar una agresión sexual no se requiere la prueba de la violencia, sino la falta de consentimiento”, cree la experta.

Acale califica el nuevo fallo de “un cambio de paradigma increíble” y reconoce que “probablemente” la Audiencia recayó en “déficit de motivación” y debería “haber atinado un poco más para evitar la confusión de ligar un medio comisivo a un acto que no era determinante para determinar la responsabilidad criminal del reo”.

Ni informe psicológico ni conversación con el mosso

Las tres magistradas y el juez que componen el tribunal restan importancia a algunos elementos que la Audiencia de Barcelona sí consideró que avalaban el relato de la joven: su informe psiquiátrico y la conversación que tuvo –y que está grabada– con un mosso en Sutton minutos después de salir del baño en el que, sin cámaras como testigos, ocurrieron los hechos. Además, cree el tribunal que tienen “escaso valor” las declaraciones “totalmente inexactas” de las amigas y una prima de la denunciante, que avalaron su versión.

En solo un párrafo despacha la nueva sentencia la relevancia que la Audiencia de Barcelona otorgó al informe psicológico. Para los jueces, en realidad, el dictamen “explica que hay concausas en el estado de salud de la denunciante” y no específica que la ansiedad que sufre sea “consecuencia” de la agresión sexual. La jurista Encarna Bodelón cree que en este punto “hay un desequilibrio en cómo se aprecian los elementos probatorios” a pesar de que “el informe determina el tremendo impacto que han tenido los hechos en su vida”.

El TSJC disiente también de que la conversación posterior de la joven con un mosso en la discoteca corrobore su relato de la agresión sexual, como sí consideró la Audiencia de Barcelona. En la grabación, el agente le dice que “ella es la víctima” y que “no ha de sentirse culpable” y le propone activar el protocolo y acudir al Hospital Clínic, algo a lo que la joven finalmente accede.

Pero para el TSJC, de esta charla “no se puede deducir un efecto corroborador” de la violación porque “son conversaciones genéricas sobre su estado de angustia” y afirma que “no se vinculan con el hecho concreto”, pese a que en su diálogo con el agente la denunciante expresó su miedo a que no fuera creída y a que su nombre saliera en los medios si denunciaba.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha revocado la condena de cuatro años y medio de cárcel al futbolista Daniel Alves por agresión sexual a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona y ha absuelto al futbolista. Los jueces no dan credibilidad a la denunciante. El jugador ya permanecía en libertad provisional desde marzo de 2024 y con su absolución ya puede abandonar España siempre que quiera.

La sección de apelaciones de la Sala Civil y Penal del TSJC concluye que la sentencia inicial del caso cae en un “enredo expositivo” y presenta “una serie de vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones sobre los hechos, la valoración jurídica y sus consecuencias”.

La sentencia del TSJC es un varapalo a la resolución de la Audiencia de Barcelona y a la versión de la denunciante. La nueva sentencia del caso modifica el relato de hechos probados, rechaza que Alves agrediera sexualmente a la joven y se limita a considerar probado que Alves y la joven “mantuvieron relaciones sexuales” en el baño del reservado de la discoteca.

Para absolver a Alves, la sección de apelaciones realiza una valoración opuesta del testimonio de la joven, a la que no otorga credibilidad. Es más, el tribunal cree que las huellas dactilares del baño “permitirían establecer una coincidencia” con la versión de Alves, esta es, que se trató de sexo consentido.

El TSJC es muy duro con la sentencia de la Audiencia de Barcelona. En la primera resolución del caso, los jueces ya señalaron que el relato de la joven sobre lo ocurrido antes de la agresión no coincidía con las cámaras de seguridad: la joven afirmó que Alves las abordó, pero las cámaras mostraban que ambos bailaron. Ello no impedía, recalcaron los jueces, dar credibilidad a la joven respecto a la agresión sexual ocurrida en el baño, donde no había cámaras.

Para el TSJC es distinto. El testimonio de la joven, indican los jueces, resulta “no fiable” cuando se contrasta con las cámaras, por lo que “la divergencia entre lo relatado por la denunciante y lo realmente sucedido compromete gravemente la fiabilidad de su relato”.

“El hecho de ofrecer un relato objetivamente discordante con la realidad interfiere de forma muy relevante en el análisis de la fiabilidad de un testigo”, continúa el tribunal, formado por la presidenta de la sección de apelaciones del TSJC, Àngels Vivas, las magistradas Roser Bach y María Jesús Manzano y el magistrado Manuel Álvarez.

Esta “inveracidad” inicial, argumentan los jueces, “incide significativamente en la fiabilidad de las informaciones que la testigo aporta”, y hubiera obligado a la Audiencia de Barcelona a “intensificar” la corroboración del relato de la joven sobre la agresión sexual con pruebas periféricas. Una vez “constatado” que las cosas no pasaron como dijo la joven en la pista de baile, el examen de lo ocurrido en un lugar sin cámaras “debe ser particularmente riguroso y estricto conforme a las exigencias de la presunción de inocencia”.

Y esto es justo lo que no hizo la Audiencia de Barcelona, a juicio del TSJC. Además, los magistrados de la Audiencia, según el TSJC, entraron en “contradicciones”, al “parecer” vincular la herida que presentaba la joven en la rodilla con la agresión sexual en un tramo de su sentencia y con una felación (que luego no dio por probada) en otro.

El relato de la sentencia inicial “es inconsistente”, según el TSJC, porque “no despeja cómo se produjo” la violencia en la agresión sexual y porque la herida en la rodilla de la joven “pudo producirse de muchas formas, como admiten los forenses y médicos”.

La Audiencia, afea el TSJC, dio por probada la violación “en base al relato de la denunciante, aislándola de los demás hechos y desvinculándola de la lesión de la rodilla” y sin “profundizar” en las pruebas biológicas y de huellas dactilares.

Tampoco acertó la Audiencia de Barcelona, agrega el TSJC, en valorar los restos de ADN de Alves hallados en la boca de la joven, ya que “probablemente” se debieron a una felación y no a la penetración vaginal que se condenó como agresión sexual.

El TSJC disiente también de que la conversación posterior de la joven con un mosso en la discoteca corrobore su relato de la agresión sexual, como sí consideró la Audiencia de Barcelona. Los jueces rebajan esa conversación a una charla “genérica” que “en ningún momento se vincula” con la agresión, pese a que en su diálogo con el agente la joven expresó su miedo a que no fuera creída y a que su nombre saliera en la prensa si denunciaba a Alves.

En suma, el hecho de no dar por probada la felación, el ADN en la boca de la joven y el hallazgo de las huellas dactilares más favorables a la versión de Alves “dejan el relato de la agresión sexual por la que se condenó apoyado únicamente en el relato de la denunciante, al que se añade un elemento más de incerteza”. Todo ello lleva a los jueces a considerar “escasa e insuficiente” la “fortaleza” de la acusación contra Alves.

El tribunal desestima así los recursos de la Fiscalía -que solicitaba elevar la pena a 9 años- y de la acusación particular -que pedía subir la pena a 12 años- y absuelve al acusado, tal y como pedía su abogada, Inés Guardiola. También deja sin efecto las medidas cautelares impuestas, por lo que Alves recupera su pasaporte, puede salir de España y ya no tendrá que acudir cada semana a firmar al juzgado.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) se prepara para revisar la sentencia que condenó por agresión sexual al futbolista Dani Alves. Las magistradas y el magistrado que analizarán los recursos interpuestos por todas las partes (las acusaciones para aumentar la pena; la defensa, para aminorarla) han rechazado que la joven tenga que volver a ser examinada por los peritos psicólogos propuestos por la defensa del jugador, tal y como pedía la defensa de Alves.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que la sección de Apelación de la Sala Civil y Penal del TSJC se ha pronunciado sobre las pruebas que solicitaba la defensa de Alves. Los jueces rechazan celebrar una vista, tal y como también pedía el jugador.

En los recursos a una sentencia, como ocurre en el caso Alves, las partes no pueden proponer pruebas como si se volviera a celebrar el juicio, sino tan solo aquellas que no se pudieron solicitar en la vista o que fueron denegadas de forma indebida.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular de la víctima, que ejerce la abogada Ester García, y la defensa del futbolista, en manos de la letrada Inés Guardiola, recurrieron la sentencia que condenó a Alves a cuatro años y medio de cárcel por agresión sexual. Las acusaciones reclaman elevar la pena al considerar errónea la atenuante de reparación del daño que la Audiencia de Barcelona aplicó al futbolista para rebajarle la condena al haber abonado la indemnización a la joven. La defensa del jugador reclama la absolución. 

En un extenso recurso, la defensa de Alves alegó que varios de sus derechos fundamentales habían sido vulnerados por la instrucción y el juicio del caso. Entre ellos, su derecho a la presunción de inocencia por las múltiples noticias sobre el caso aparecidas antes del juicio, así como su derecho a la defensa porque sus peritos psicólogos no pudieron preguntar a la víctima en su examen, pese a que así lo había acordado la Audiencia de Barcelona.

La defensa reclamaba una nueva pericial médica de la víctima para que pudiera ser examinada por los psicólogos propuestos por Alves, y que los forenses emitieran un informe sobre su estado y sus secuelas psicológicas y si resultaban “compatibles” con la agresión sexual denunciada.

Aunque el TSJC admite que los peritos propuestos por Alves apenas pudieron participar en el examen médico a la víctima realizado en fase de instrucción, los magistrados concluyen que es innecesario una nueva evaluación forense de la joven.

“No habría aportación determinante para el fallo de la sentencia que justifique la admisión de esta prueba”, concluye el tribunal presidido por la magistrada Àngels Vivas, que recuerda además el objetivo de “evitar la revictimización” de la denunciante.

También rechaza el tribunal la petición de la defensa de un nuevo examen forense de los Mossos d'Esquadra de las huellas halladas en el baño de la discoteca Sutton de Barcelona donde, según la Audiencia de Barcelona, tuvo lugar la agresión sexual. Aducen las magistradas y el magistrado que ello sería practicar “prueba sobre prueba”, algo vedado en la segunda instancia.

En cambio, los jueces sí aceptan analizar de cara a su sentencia las 900 noticias aportadas por la defensa de Alves y que su abogada relaciona con la denuncia de que el futbolista fue sometido a un “juicio paralelo” que vulneró su presunción de inocencia.

Dani Alves pasará otra noche en prisión. El exjugador del F.C. Barcelona no podrá salir este jueves de la cárcel al no haber podido reunir de momento el millón de euros que la Audiencia de Barcelona le ha impuesto como fianza, una cantidad que está tratando de recaudar entre su entorno.

Según han informado fuentes jurídicas, la secretaría de la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona ha cerrado a las 14.00h. sin que en su cuenta corriente se haya consignado la fianza de un millón de euros que impusieron los magistrados a Alves como condición para salir en libertad provisional.

Pese a la enorme expectación mediática ante la cárcel de Brians 2, donde permanece Alves, el futbolista no ha logrado reunir el dinero todavía. Las gestiones se centran en amigos y familiares del brasileño que le presten el dinero y en intentar que Hacienda le abone con rapidez una deuda pendiente.

Más allá de buscar a amigos ricos, los trámites ligados a las transferencias internacionales están ralentizado la salida de prisión de Alves, que igualmente se producirá, previsiblemente, en los próximos días.

Además del dinero, para lograr la libertad provisional Alves deberá entregar sus dos pasaportes (brasileño y español), tendrá prohibido salir de España mientras se resuelven los recursos a su condena y deberá acudir semanalmente a firmar al juzgado, además de tener prohibido acercarse a la víctima.

La decisión de la mayoría del tribunal se basa en dos elementos: la pena impuesta de cuatro años y medio de cárcel y el tiempo (un año y dos meses) que Alves ya lleva en prisión provisional. Entienden los jueces que, aunque persista cierto riesgo de fuga en Alves, se puede combatir mediante medidas menos graves que la prisión preventiva, que es en la que se encuentra el jugador ya que acusaciones y defensas han recurrido la condena en primera instancia.

El riesgo de fuga a Brasil, según la mayoría del tribunal, “se ha aminorado” respecto al que tenía el jugador antes del juicio, cuando se exponía a penas de hasta doce años de cárcel (a las que, no obstante, se sigue enfrentando ya que la Fiscalía y la acusación particular han recurrido la sentencia). Los magistrados, en suma, se creen a Alves, que este martes, durante la vista, les prometió que no huiría porque creía en la Justicia. Ahora le queda reunir el dinero.

La Audiencia de Barcelona dejará salir a Dani Alves de prisión si paga una fianza de un millón de euros. Así lo ha decidido este miércoles el tribunal que juzgó al futbolista. El jugador busca ahora en su entorno familiar y de amistades reunir el dinero y consignarlo en el juzgado para poder obtener cuanto antes la libertad provisional. Previsiblemente ocurrirá este mismo jueves.

Además del dinero, para lograr la libertad provisional Alves deberá entregar sus dos pasaportes (brasileño y español), tendrá prohibido salir de España mientras se resuelven los recursos a su condena y deberá acudir semanalmente a firmar al juzgado, además de tener prohibido acercarse a la víctima.

La sección 21ª de la Audiencia de Barcelona, la misma que condenó al futbolista, ha atendido en parte el recurso de la defensa del jugador, que ejerce la letrada Inés Guardiola, y ha acordado la libertad provisional del futbolista si logra pagar la fianza. La decisión no se ha tomado por unanimidad, ya que uno de los tres magistrados quería mantener a Alves en prisión.

La víctima recurrirá la decisión de dejar al futbolista en libertad con una fianza de un millón de euros, según ha anunciado su abogada, Ester García, quien ha asegurado que la joven está “muy indignada, muy desesperada y muy frustrada”. Con todo, el recurso tiene pocos visos de prosperar toda vez que lo resuelve el mismo tribunal.

La decisión de la mayoría del tribunal se basa en dos elementos: la pena impuesta de cuatro años y medio de cárcel y el tiempo (un año y dos meses) que Alves ya lleva en prisión provisional. Entienden los jueces que, aunque persista cierto riesgo de fuga en Alves, se puede combatir mediante medidas menos graves que la prisión preventiva, que es en la que se encuentra el jugador ya que acusaciones y defensas han recurrido la condena en primera instancia.

El riesgo de fuga a Brasil, según la mayoría del tribunal, “se ha aminorado” respecto al que tenía el jugador antes del juicio, cuando se exponía a penas de hasta doce años de cárcel (a las que, no obstante, se sigue enfrentando ya que la Fiscalía y la acusación particular han recurrido la sentencia). Los magistrados, en suma, se creen a Alves, que este martes, durante la vista, les prometió que no huiría porque creía en la Justicia.

Según argumentan los magistrados Isabel Delgado y Pablo Díez, el riesgo ha disminuido pero no ha desaparecido del todo. Ello hace que se pueda combatir de formas menos graves que la prisión provisional. Por ello acuerdan, si Alves logra salir de la cárcel, retirar los pasaportes español y brasileño del jugador, al que también obligan a comparecer cada semana ante la Audiencia de Barcelona y prohíben aproximarse a 1.000 metros de la víctima.

El tribunal remarca que, con la sentencia ya emitida (aunque se encuentre recurrida por las acusaciones, que piden elevar la pena) el escenario es distinto al de la fase de instrucción, cuando Alves pidió por dos veces, sin éxito, la libertad. El paso del tiempo, remarcan los togados, es un “factor mitigador” del riesgo de fuga, lo que obliga a volver a valorar las circunstancias del preso y decidir si procede mantener la prisión preventiva.

A la hora de fijar en un millón de euros la fianza, los magistrados han tenido en cuenta el tipo de delito, la situación económica y la falta de antecedentes de Alves, si bien no entran en detalles sobre por qué se han decantado por esa cantidad. Sí consideran que Alves presenta una “holgada solvencia económica”, y recuerdan que su defensa aseguró que recibirá próximamente dinero procedente de un pleito con Hacienda.

Cabe recordar que la prisión provisional de Alves solo podía alargarse hasta enero de 2025, cuando cumpliría dos años (el máximo que contempla la ley) en la cárcel. Difícilmente en enero del año que viene estarán resueltos los recursos que tanto la defensa como las acusaciones han interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que después podrían reiterar ante el Tribunal Supremo.

Un juez, partidario de la prisión

La Fiscalía y la acusación particular de la víctima, que ejerce la letrada Ester García, solicitaban mantener la prisión preventiva al apreciar riesgo de fuga en el futbolista y una elevada capacidad económica que le permitiría huir a Brasil en caso de quedar libre. Así lo cree también el juez discrepante de la mayoría, Luís Belestá, ponente de la sentencia del caso.

Según el juez, pese a que la condena de cuatro años y medio de cárcel sea inferior a la que reclamaron las acusaciones, el riesgo de fuga de Alves incluso se ha “incrementado”, ya que tanto la Fiscalía como la acusación particular mantienen en sus recursos que se impongan penas de nueve y doce años de cárcel. “Existe el riesgo más que fundado de que el acusado pueda decidir abandonar nuestro país”, reza el voto particular.

Recuerda el juez el caso de 'la manada' de Pamplona, en el que la condena inicial de nueve años de cárcel a los violadores de una joven durante los Sanfermines se vio incrementada por el Supremo a 15 años de prisión. La posibilidad del incremento de pena, resalta el magistrado, supone “un riesgo más que fundado” de que Alves decida huir, sobre todo porque en la sentencia inicial no se ha dado credibilidad a su versión de los hechos.

El magistrado coincide con sus compañeros de tribunal en que, aunque alegue que no tiene dinero en la cuenta corriente, Alves dispone de patrimonio y amigos ricos que pueden prestarle dinero y medios para abandonar España. En consecuencia, según el juez, el pago de una fianza (aunque sea de un millón de euros) “no es obstáculo” para que Alves pueda huir de España y fugarse a Brasil, que no dispone de convenio de extradición con nuestro país.

“Sería alarmante –resalta el juez en su voto particular– no prorrogar la prisión provisional”. No solo por el peligro de no poder ejecutar la sentencia cuando sea firme porque Alves haya huido, sino en especial, destaca el magistrado, porque Alves quedará libre sin someterse a los tratamientos de rehabilitación para violadores (que se empiezan cuando la condena es firme).