La Rioja es mucho más que tierra de vinos. Es el destino perfecto para los amantes de la naturaleza. Con paisajes que combinan viñedos, bosques, ríos y montañas, esta región ofrece una escapada ideal para desconectar y disfrutar del aire libre. Y el camping es una alternativa para descubrir los contrastes que ofrece esta región para convertir la estancia en una experiencia inolvidable.

Desde el Camero Viejo hasta el Alto Najerilla, pasando por las orillas del Ebro o las faldas de la Sierra de la Demanda, los campings riojanos permiten dormir bajo las estrellas, despertarse con el canto de los pájaros y vivir de cerca la tranquilidad del entorno rural. Y es que muchos de ellos ofrecen rutas de senderismo, alquiler de bicicletas, zonas de baño naturales o actividades en familia. Y también cuentan con comodidades modernas sin perder el contacto con el entorno: bungalows, parcelas para caravanas, zonas de barbacoa y espacios comunes.

Porque en La Rioja el turismo rural es mucho más que descanso, ya que permite al turista formar parte de la vida del lugar: compartir conversación junto al fuego en estas noches de invierno: aprender a hacer pan como lo hacían los antepasados o mirar las estrellas en uno de los cielos más limpios de Europa. Y es que esta forma de viajar, permite descubrir y recorrer La Rioja de una forma especial: Ezcaray, Cervera del Río Alhama, Haro o Arnedillo. Acampar en La Rioja es una forma única de redescubrir el ritmo lento, saborear el paisaje y respirar naturaleza. Una naturaleza capaz de trasmitir emociones reales porque La Rioja también es la opción para los que buscan moverse: senderismo, cicloturismo, kayak, rutas a caballo, esquí en Valdezcaray, parapente sobre cañones, golf, parques de aventura, paseos en globo.

En pleno corazón de La Rioja Alta, el camping de Navarrete garantiza tranquilidad y descanso. Rodeado de naturaleza, puede ser el punto de partida para disfrutar del Parque Natural Sierra Cebollera, adentrarse en las Cuevas de Ortigosa o practicar deportes acuáticos en el Club Náutico del Rasillo.

A orillas del río Ebro, y con las montañas de la Sierra de Cantabria al fondo, otra opción. El Camping Fuenmayor ubicado entre campos de cereales, huertas y viñedos. Y también en el valle, concretamente en el valle de San Millán y en plena Sierra de la Demanda. El Camping Berceo cuenta como reclamo los monasterios de San Millán de la Cogolla (Suso y Yuso) situados a unos diez minutos andando. Una oportunidad de conocer este Patrimonio de la Humanidad y Cuna del Castellano y de combinar cultura y pasado con rutas de senderismo y paisajes de hayedos y tejos.

Y la alternativa para los que visitan La Rioja con ganas de empaparse de su riqueza histórico-monumental está en Bañares. Unas instalaciones situadas a los pies de la Sierra de la Demanda y a tan solo 28 kilómetros de la estación de invierno de Valdezcaray. En pleno Camino de Santiago, este camping permite recorrer San Millán de la Cogolla, descubrir el milagro de Santo Domingo de la Calzada, pasear por el que fue reino medieval (Nájera) o conocer la historia del pueblo de Cañas.

En el límite de La Rioja con Burgos y Álava, y en la ribera del río Tirón, se asienta el Camping de Haro, la capital del vino de La Rioja Alta y un rincón en el que la historia y la cultura se entrelazan y que ofrece al visitante rutas y senderos para conectar con la naturaleza, patrimonio, enoturismo, gastronomía y experiencias únicas como viajes en globo y deportes de aventura.

Son algunas de las opciones para los turistas que buscan naturaleza y tranquilidad, desconectar y disfrutar del paisaje riojano en los distintos campings distribuidos por La Rioja. Visitantes amantes del turismo activo: senderismo, ciclismo, baños termales como los de Arnedillo o rutas en la sierra o por el río Ebro. Viajeros en busca de cultura y gastronomía que pueden visitar los pueblos riojanos con encanto, sus bodegas y degustar su cocina local. Y es que el turista que elige acampar en La Rioja lo hace atraído por la cercanía con el entorno, el respeto por la naturaleza y la tranquilidad de disfrutar de actividades no masificadas.

La Generalitat de Catalunya prevé instalar tres nuevos radares meteorológicos en la zona del Alt Pirineu para prever con “suficiente tiempo” posibles inundaciones en los campings de la zona.

Es una de las principales medidas previstas en el nuevo decreto ley que el Govern aprobará este martes para mejorar la reacción ante el riesgo de inundabilidad de estos espacios.

La consellera de Interior, Núria Parlon, y el presidente de la Federación de Campings de Catalunya, Miguel Gotanegra, han presentado el acuerdo para el nuevo decreto, que cuenta también con el apoyo de ERC y Comuns.

El Govern también prevé ayudas a los establecimientos que se vean afectados por las riadas y las inundaciones. Los campings son una de las “prioridades” del president Illa en la lista de tareas pendientes para revisar las actividades económicas situadas en zonas inundables.

A pocas semanas de la Dana en València, Illa anunció que pondría la lupa en los campings, con el objetivo puesto en “adaptarlos y protegerlos” para no tener que cerrar ninguno.

Según los cálculos del Govern, hay 16 establecimientos de este tipo -la mayoría en el Pirineo- que se encuentran en zonas de riesgo. La estrategia del Govern es aumentar las herramientas para la prevención y, por eso, además de la instalación de radares, se ha propuesto crear una comisión técnica que estudie la situación camping por camping para poder actuar con precisión.

La Junta de Extremadura va a actualizar la regulación de los campamentos de turismo (camping), las zonas de acampada de titularidad pública, las áreas de autocaravanas y los establecimientos singulares, con el objetivo de simplificar los trámites administrativo y adaptarlo a la realidad del sector.

Para ello, el consejo de gobierno aprobó este semana un decreto que sustituirá al actual, vigente desde 1999, para adecuar la regulación a los nuevos modelos de viaje y fomentar un turismo más sostenible, flexible y competitivo.

Entre los principales cambios destaca la eliminación del antiguo régimen de autorizaciones: bastará con presentar una declaración previa de instalación y una declaración responsable de inicio de actividad para operar legalmente.

Además, se redefine la tipología de establecimientos turísticos en este ámbito con el reconocimiento de campamentos de turismo que se clasificarán en cinco categorías representadas por estrellas.

El establecimiento podrá ubicarse en cualquier clase de suelo siempre que cuente con la autorización pertinente (hasta hora debía ser suelo urbanizable) y, por otro lado, se amplía el periodo máximo de estancia temporal que pasa de seis meses a once meses.

Las zonas de acampada de titularidad pública estarán gestionadas por los ayuntamientos y con capacidad para 40 parcelas, y ya no se exigirá la existencia de un bar aunque sí servicios mínimos como la recepción, los baños y las salas de cura.

Por su parte, las áreas de autocaravanas deberán contar un área diferenciada para el aparcamiento y otra para el mantenimiento, y el tiempo máximo de uso será de 72 horas.

Otra de las novedades más relevantes del decreto es la incorporación de los denominados establecimientos singulares: espacios de alojamiento o restauración que, por su morfología, excepcionalidad o características especiales, no pueden encuadrarse en ninguna de las categorías tradicionales de alojamientos turísticos.

Este martes por la tarde se ha producido un incendio en el camping de Navarrete, que, según las primeras informaciones, ha afectado al edificio principal. Hasta el momento, tres personas han tenido que ser evacuadas al Hospital San Pedro de Logroño por inhalación de humos.

El fuego ha afectado las instalaciones del camping dedicadas a las recepción, la zona de cocina, la cafetería y el almacén, además de una zona exterior en la que se almacenaban bombonas de propano. El aviso se ha recibido en torno a las 17.00 horas por incendio forestal en la zona del camping, que se ha extendido después a las instalaciones. El incendio ya ha sido controlado y los bomberos se mantienen haciendo labores de vigilancia del fuego.

En el dispositivo están participando Bomberos de Logroño y del CEIS Rioja, Recursos de Emergencias del SERIS y Guardia Civil.

La patronal de Hostelería y Turismo de Asturias (Otea) ha hecho una radiografía completa, con cifras y valoraciones, del impacto que ha tenido el puente de mayo en el sector y su diagnóstico es bastante optimista en cuanto a la ocupación en los alojamientos, con una media de 76%, pero un balance desigual en restauración.

Uno de los temas que más les preocupa son aquellas reservas que se realizan en los restaurantes y que los turistas no completan. Son los “no shows”, esa costumbre tan poco educada de no presentarse en un sitio y no avisar, impidiendo así que esa reserva para comer o cenar pueda ser aprovechada por otros comensales.

Los datos han sido recogidos por el Observatorio Turístico de Otea y se refieren tanto a la ocupación como a la actividad turística. En esta estadística se han contemplado las distintas alas de la comunidad autónoma: oriente, occidente y centro.

Desglose por zonas

En este epígrafe, Gijón lideró los índices de ocupación durante el puente con un 92 por ciento, superando incluso las cifras de la pasada Semana Santa, mientras que Oviedo destacó con un 88 por ciento de ocupación.

La zona del Oriente registró un 70 por ciento de ocupación, en tanto que el Centro y Occidente alcanzaron un 63 por ciento de media cada una de ellas.

El turismo rural, por su parte, gozó de una alta demanda con un 82 por ciento de ocupación y el sector del Camping también ofreció cifras positivas en esta época del año.

El impacto de los eventos

En estas elevadas cifras de ocupación jugó un papel muy relevante la celebración de eventos y, entre todos ellos, hubo uno que fue decisivo a la hora de llenar la ciudad de Gijón de turistas y no fue otro que el “Vespa World Days”, que disparó las previsiones más optimistas y generó una importante actividad en restauración.

“Los datos de ocupación demuestran la crucial influencia de eventos como este o como el reciente campeonato Oviedo Cup, en la Semana Santa de Oviedo”, señala el portavoz de Otea.

A su juicio, estos datos ponen de manifiesto el impacto positivo de estas actividades que atraen a un público que se aloja y consume activamente en los negocios consolidados que generan la economía local como hoteles, restaurantes y comercios.

El perjuicio a los bares y restaurantes

“Esta realidad contrasta marcadamente con el modelo de ciertos grandes festivales que, al ofrecer una oferta completa de servicios de gastronomía, bebida e incluso a veces de alojamiento dentro de su propio recinto, terminan por 'secuestrar' al visitante, limitando o anulando su interacción económica con los negocios fuera del perímetro del evento”, comenta.

El resultado es una “menor o nula incidencia”, señala, en la ocupación hotelera y, especialmente, un perjuicio directo a los bares y restaurantes locales que ven mermada su actividad.

“Este contraste debe llevarnos a un análisis serio y estratégico sobre qué tipo de eventos se deben impulsar”, explica.

El retorno económico

La patronal de Hostelería considera que se deben priorizar aquellas iniciativas que garanticen un retorno económico real y distribuido entre el sector turístico y hostelero del territorio donde se realiza.

“Hay un tipo de eventos como pruebas deportivas, pequeños campeonatos o reuniones profesionales y sociales que tiene poco coste en su organización y, sin embargo, generan mucha actividad en todos los subsectores”, apunta el portavoz.

El sector del turismo rural en Asturias alcanzó una ocupación media del 82%, superando ampliamente las previsiones iniciales del 62%. La ocupación de parcelas en los campings se situó cercana al 60%, mientras que los bungalows registraron una ocupación superior al 75%

El turismo rural, clave para 'desconectar'

El sector del turismo rural en Asturias registró unas cifras muy satisfactorias durante el pasado puente de mayo, al alcanzar una ocupación media del 82 por ciento; una cifra que superó ampliamente las previsiones iniciales del 62 por ciento.

Los alojamientos rurales han mostrado una gran fortaleza y se han posicionado como una oferta muy atractiva para estancias cortas, ya que permiten que en un puente se logre “desconectar” y descansar sin planificaciones complejas.

Por su parte, el segmento de los campings en Asturias también ha obtenido resultados positivos, marcando un buen inicio de cara a la temporada. La ocupación de parcelas se situó cercana al 60 por ciento, mientras que los bungalows registraron una ocupación superior al 75 por ciento.

Las incidencias con reservas que no se presentan ("no shows") alcanzaron el 45% de los establecimientos afectados. La patronal de hostelería lamenta que no se avise previamente de la cancelación, lo que genera pérdidas y dificulta la gestión para los establecimientos

Menos cenas y más 'no shows'

En cuanto al sector de la restauración, el balance es desigual. Así, según los datos facilitados por Otea a elDiario.es Asturias, la media de ocupación en comidas se situó en un 86,32 por ciento, mientras que las cenas registraron una media del 55,79 por ciento.

El portavoz de la patronal ofrece la valoración de estos datos: “La ocupación en las comidas, si bien es positiva, se considera un dato más previsible debido a la confluencia de un día festivo con el Día de la Madre, fechas que tradicionalmente ya impulsan la ocupación al 100 por ciento en muchos establecimientos, independientemente de que coincidan con un puente”.

“En cuanto a la media de ocupación en las cenas se mantuvo en un discreto 55,79 por ciento. Este dato -relata- refuerza que la ocupación nocturna en los restaurantes sigue siendo un aspecto clave a mejorar para el sector”.

No obstante, sí han observado que durante este puente de mayo ha habido una tendencia “a la baja” en el gasto realizado por persona.

“Este factor impacta directamente en la rentabilidad de los negocios de restauración, a pesar de las buenas cifras de ocupación en determinados momentos. Las incidencias con reservas que no se presentan (”No Shows“) alcanzaron a un elevado 45 por ciento de los establecimientos afectados. Este sigue siendo un serio inconveniente que genera pérdidas y dificulta la gestión para los establecimientos”, advierte.

La Asociación Campistas Fijos-Camping Arenas de Ajo, que aglutina a más de un centenar de familias, ha presentado este jueves en el Juzgado de Santoña la querella contra la propiedad por un delito continuado de estafa.

“Confiamos en que la Justicia actúe con celeridad para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades”, han señalado desde la asociación, que ha informado en un comunicado del registro de la querella contra la dirección del camping por el “fraude continuado”.

Una querella que sustentan en que, según han señalado, la dirección ha estado durante años ocultándoles la situación “ilegal” en la que se encontraban las parcelas que ocupaban y de las que se les ha desalojado tras la sentencia que ordena el cese de actividad y la demolición de parte de la instalación.

Los afectados, que volverán a manifestarse este domingo, 30 de marzo, en Ajo para exigir “soluciones inmediatas” a su situación, han señalado que, tras haber iniciado acciones legales, los responsables del camping “han comenzado a enviar burofaxes a los campistas, notificando la resolución contractual de la temporada 2024/2025”.

No obstante, desde la asociación han denunciado que los propietarios de la instalación “no cesan en su empeño por continuar en el engaño” ya que están “ofreciendo parcelas en un supuesto nuevo complejo de lujo, en el mismo lugar declarado ilegal, sin ningún tipo de previsión de concesión de licencias administrativas, como incentivo para aquellos que opten por no sumarse a las acciones penales en su contra”.

Además de la presentación de la querella, de forma paralela la asociación ha solicitado la intervención del Defensor del Pueblo para instar al Ayuntamiento de Bareyo a cumplir con “su obligación” de atender sus peticiones y “dar respuesta al incidente de nulidad de actuaciones presentado el pasado 23 de enero”.

La tarde del pasado martes, Javier Suárez, propietario desde hace 12 años de una casa en el Complejo Náutico El Portús, un camping convertido en un pueblo en la costa oeste de Cartagena, recibió un mensaje en su teléfono que en aquel momento le pareció del todo irreal. Un vecino le alertaba de que había advertido movimiento y ruidos de máquinas cerca de su parcela. La apremiaba a que fuera hacia allí para comprobar que todo estaba bien. Suárez se encontraba entonces en Cartagena, donde ahora reside con su familia entre semana. Inmediatamente se desplazó hasta el Complejo junto a su mujer, Clara.

“Cuando llegué, el guardia de seguridad me dio un portátil y un teléfono. Me dijo: esto es para ti, lo demás está ahí”, cuenta el propio Suárez a elDiario.es de la Región de Murcia. El guardia señalaba en dirección a su parcela. No podía creer lo que vio cuando llegó a ella. Estaba repleta de escombros de ladrillo y de tiras delgadas de madera. La gerencia del Complejo le había derribado la casa sin motivo, justificación ni consentimiento. No le comunicaron nada en ningún momento. Solo pudo enterarse gracias al aviso de su vecino. Junto a los escombros, desordenados, estaban sus electrodomésticos. Entre las ruinas, manchados ya de polvo y de tierra y restos rojizos de ladrillos reventados, yacía parte de su ropa y de los objetos personales “de toda una vida” que ya eran irreconocibles, explica Suárez, en un tono visible de indignación que no apacigua el paso de las horas.

Han transcurrido ya casi dos días y ni él ni su mujer se hacen a la idea de lo que ha ocurrido. Este jueves acaba de celebrarse un juicio rápido que ha permitido abrir las diligencias previas de la causa. Cuando Javier Suárez y Clara vieron el amasijo de basura en que se había convertido su casa llamaron a la Guardia Civil, que se presentó a la mañana siguiente, la del miércoles 11. Las autoridades no tardaron en actuar: precintaron la parcela con los escombros, y, a tenor de lo comunicado por fuentes del cuerpo armado, los agentes detuvieron “a dos personas, que pasaron a disposición judicial”. Según ha podido saber esta redacción, se trata del director del Complejo, José Francisco Martínez Ros, y de un empleado de mantenimiento. Ambos pasaron la noche en el calabozo. Ninguno de los dos ha hecho declaraciones en la vistilla rápida celebrada este jueves.

“La casa estaba cerrada con dos candados y dos llaves de bombín”

“Tiraron mi casa abajo con todo. Electrodomésticos, muebles, objetos personales, regalos de mis hijas, todo lo que puede tener una casa. Me lo dejaron amontonado en los escombros. Todo lo de nuestra vida y nuestra familia está allí”, incide Suárez. “La casa estaba cerrada con dos candados y dos llaves de bombín. Los forzaron para entrar. Hemos sido ultrajados, avergonzados y humillados. Y despojados de nuestras pertenencias. Es una violación de nuestros derechos, estando el caso del camping judicializado e ignorando el Artículo 33 de la Constitución Española”, cuenta el afectado. El Artículo 33 de la Carta Magna evidencia que “nadie epodrá ser privado de sus bienes sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización”.

Cuando Javier Suárez y su mujer se encontraron la casa derrumbada en la tarde del martes ya era casi de noche. Lo único que pudieron hacer después de llamar a la Guardia Civil fue grabar vídeos denunciando la situación con la voz entrecortada, al borde de las lágrimas. La controvertida situación del Complejo Náutico El Portús lo complica todo aún más, porque los vecinos, que llevan viviendo largas décadas en el camping, han interpuesto contra el establecimiento acciones legales por estar sufriendo -presuntas- coacciones desde el pasado 1 de octubre. La dirección del Complejo pretende desde hace más de un año que éstos abandonen sus casas -vendidas por el mismo camping- para realizar obras de modernización en las instalaciones.

El juicio rápido ha quedado en nada, porque los detenidos no han hecho declaraciones. “El Juzgado de Instrucción Número 5 llevará el caso. Se abrirá una fase de instrucción, y tendrán que volver a declarar, tanto mi cliente como los acusados. Se dictará entonces el auto de apertura de juicio oral”, explica a la salida de los juzgados el letrado Carlos García Gil, que representa a las víctimas.

El abogado argumenta que los detenidos “han sido puestos en libertad hasta que se celebre el juicio”. “Lo que han hecho puede ser similar a que te moleste un coche que está en tu plaza de aparcamiento y le prendas fuego. A nadie se le ocurriría hacerlo”, sostiene García Gil.

El resto de vecinos que sigue viviendo en el Complejo, unos 30, según Javier Suárez, tienen ahora “miedo”. “No quieren salir por si acaso cuando vuelvan no tienen casa, como nos ha pasado a nosotros”, subraya el afectado.

“Fue desgarrador. Reventaron la casa hasta dejarla aplanada. La excavadora tiró todo en el solar vacío que hay al lado, incluidas sus pertenencias personales. Fue desolador ver a Javier y a su pareja trepar por los escombros en busca de sus preciadas cosas. Me da pánico que eso ahora pueda ocurrirnos a nosotros”, explica a este periódico una vecina del camping que ha preferido mantenerse en el anonimato.

“Pedimos que paren y que dejen de hacer todo lo que están haciendo. Tienen impunidad, hacen y deshacen lo que quieren, desde hace muchos años. Y ahora con las -presuntas- coacciones a todas las personas que están allí. Queremos que nos indemnicen como es debido con todas nuestras pertenencias”, concluye Javier Suárez tras la conclusión del juicio, portando junto a su mujer el documento de apertura de la causa.

Construir y vender casas sin validez legal durante 40 años

Suárez compró su casa, construida allí por el Complejo con una obra que, como las del resto de viviendas, nunca tuvo licencia, a otro particular que previamente se la había adquirido al propio camping. Fue en el año 2012. Desde entonces ha vivido allí ininterrumpidamente durante ocho años. Los otros cuatro ha pasado en ella todos los veranos y la mayoría de fines de semana. Ya no podrá hacerlo más. De ahora en adelante, Javier Suárez y Clara estarán empadronados en una casa de la que solo quedan escombros y polvo.

Una situación similar sufren las más de 30 personas que todavía quedan residiendo allí. Muchas de ellas, de procedencia extranjera, de Reino Unido, Alemania, Francia u Holanda, viven en el camping permanentemente y no tienen otro sitio al que ir. El Complejo Náutico El Portús se ha dedicado durante las últimas cuatro décadas a construir y vender casas a particulares sin escrituras, validez legal ni registro de la propiedad. Las casas, la mayoría de obra, otras hechas a base de bungalós o motorhomes, eran ofertadas por el establecimiento en extensos catálogo como “tu nuevo hogar” a precios que podían alcanzar incluso los 100.000 euros, tal y como contó este periódico en un reportaje publicado a principios de noviembre.

La compraventa fantasma que se perpetró en El Portús se hizo en todo momento al margen de la ley de la Región de Murcia y sin que ninguna administración, ni autonómica -con competencias en materia de campings- ni municipal -que debe vigilar la correcta construcción de casas- se percatara de ello.

El Decreto autonómico 19/1985, de 8 de marzo, sobre Ordenación de Campamentos Públicos de Turismo, que fue renovado en 2022, prohibía a los campings “llevar a cabo la venta o el arrendamiento de parcelas” y “la permanencia por tiempo superior a un año” de los clientes en los mismos. Las prácticas llevadas a cabo por el Complejo Náutico El Portús, sin recurrir a notarios ni a documentación con base legal, convirtió el lugar en un pueblo de casas de obra construidas en la ladera de una montaña. El Complejo, además, cobraba a los residentes un alquiler anual de la parcela en la que estaba ubicada su casa que oscilaba entre los 6.000 y los 12.000 euros anuales, como si vivieran en una tienda de campaña o en una autocaravana.

Todo marchaba con tranquilidad. El negocio vendía casas y les decía a los compradores, según el propio relato de los mismos, que “jamás había habido ningún problema, que en más de 40 años todo había sido paz y tranquilidad”. Pero en verano de 2023 cambió el panorama. La propiedad del Complejo pasó a manos de un fondo de inversión, Newtown Capital S.L., que posee varias empresas dedicadas al turismo rural en España. El 9 de noviembre de 2023, los residentes, entonces más de 400, recibieron un burofax que era también una amenaza: debían desalojar sus casas cuando finalizasen los contratos de alquiler de las parcelas si no querían enfrentarse a problemas legales. La mayoría acabaron marchándose atemorizados, firmando documentos en los que se comprometían a abandonar sus viviendas sin contraprestación económica alguna.

Sin embargo, una treintena de personas todavía resiste viviendo allí. El caso está judicializado desde que, el pasado 1 de octubre, bajo el pretexto del comienzo de unas “obras de remodelación” de las que todavía, más de dos meses después, no hay ningún indicio, el Camping comenzara a someter a -presuntas- coacciones a los pocos residentes que quedan allí, con cortes de agua y luz diarios, impidiéndoles llegar hasta su casa con los coches, vetando la entrada de carteros, colocando vallas a la salida de las casas para que tengan que sortearlas por la montaña o retirando los cubos de basura del recinto. Los vecinos están convencidos de que este derribo repentino y violento es la evidencia de otra coacción más.

Este periódico ha tratado sin éxito de ponerse en contacto, vía telefónica, con el director del camping que fue detenido por la Guardia Civil en la tarde del miércoles y que ha sido puesto en libertad, tras la celebración del juicio rápido este jueves, sin haber hecho declaraciones, a la espera de la apertura oficial del caso.

El magnate Alberto Cortina Alcocer ha invertido en la sociedad holding luxemburguesa de la que cuelga Ohai, la cadena de campings de lujo que pilota el hijo menor del empresario y de la multimillonaria Alicia Koplowitz, Pelayo Cortina Koplowitz. La firma suiza de Alberto Cortina, Cinainvest Holding, da a esa instrumental una valoración superior a los 141 millones.

Hace un año, esa firma domiciliada en Ginebra (Suiza) creó en Luxemburgo una sociedad instrumental, Cinainvest Holding Lux, que acaba de remitir sus primeras cuentas al Registro Mercantil del Gran Ducado. En ellas, declara ser propietaria a cierre de 2023 del 14,4% de Ilanga, la dueña de Ohai. Cinainvest Holding Lux cifra en sus cuentas el valor de ese paquete en 20,4 millones, lo que valora en unos 141,6 millones el 100% de la matriz de Ohai.

En marzo de 2021, elDiario.es avanzó que Cortina Koplowitz había domiciliado en Luxemburgo la matriz de su negocio de campings de alto standing, lanzado un par de años antes junto a varios directivos de Parques Reunidos, tras la compra y remodelación de un resort en Nazaré (Portugal), “en la mayor reserva ecológica de pinares de la Península Ibérica”, como señalan en su web.

Con planes para expandirse en España y Portugal, el proyecto de bungalows, 'glamping' (campings con glamour) y apartamentos turísticos de Cortina Koplowitz se presenta como una empresa que apuesta por el turismo sostenible, ecológico y de experiencias, con el objetivo de que contribuya a impulsar la economía local respetando el medio ambiente. Hace unos meses Ohai fichó como primer ejecutivo a Gerd Loewen, ex consejero delegado de Chicco o Babaria. 

Además del conocido como ‘glamping’, Ilanga presentó en 2023 su otra línea de negocio, la sociedad Wellness & Clinic Resorts, que ha anunciado una inversión de 150 millones para la apertura en Marbella, prevista para finales de 2025, de un hotel y una clínica de lujo en el antiguo resort Incosol. Cerrado desde hace una década, este complejo marbellí fue famoso en tiempos por su clínica de adelgazamiento y por ser lugar de encuentro para personalidades del cine, la música o el arte desde su inauguración en 1973.

Algún medio ha publicado que Cortina Koplowitz “vuela solo” y “triunfa al margen de su familia” con Ohai e Ilanga. La documentación disponible en Luxemburgo muestra que entre los accionistas de ese fondo en Luxemburgo está la suiza Cinainvest, vinculada desde hace muchos años a su padre. 

Cinainvest constituyó la sociedad que controla ese 14,4% de Ilanga el 13 de octubre de 2023. Inicialmente era su único accionista, pero unas semanas después cedió un 49% de las acciones de ese vehículo a su principal gerente, Pelayo Cortina Koplowitz. 

'Los Albertos', Fasana y el emérito

Cinainvest está gestionada en Suiza por Rhône Gestión, el despacho de gestión de grandes patrimonios del asesor financiero Arturo Fasana, que se encargó de crear sociedades en paraísos fiscales para Cortina y su primo y socio en la constructora ACS, Alberto Alcocer, según reveló la investigación de Los Papeles de Panamá en 2016.

Fasana, que en 2020 se libró del banquillo por la trama Gürtel, fue también testaferro del rey Juan Carlos, una persona muy cercana a la pareja conocida como ‘Los Albertos’. Cortina y su primo eran máximos accionistas del Banco Zaragozano cuando el británico Barclays compró esta entidad en 2003, en una operación que se relacionó con el primer ingreso relevante (1,9 millones) que recibió Zagatka, la opaca fundación a nombre de un primo de Juan Carlos I que financió durante una década viajes de placer del emérito, y por los que el emérito pagó 4,4 millones de euros al Fisco en febrero de 2021 para evitar ir a juicio por sus delitos fiscales.

Constituida en 2007, Cinainvest es la holding con la que Alberto Cortina vehicula su participación en su proyecto más conocido en los últimos años, su banco panafricano, agrupado en el holding Afrika Financial Group. El grupo BDK Financial Group, presidido por la antigua mano derecha de Emilio Botín, Alfredo Sáenz (ex consejero delegado del Santander), está presente en Senegal, Costa de Marfil, Mail, Benín, Togo y Conakry. Hace unos meses fichó como consejero al ex secretario de Estado Jaime García-Legaz.

En este proyecto, a Cortina y su primo le han acompañado entre otros accionistas Blas Herrero, propietario de Kiss FM, el venezolano Alejandro Betancourt, que amasó una enorme fortuna con la crisis eléctrica sufrida por el país sudamericano en 2009, o una misteriosa firma de Singapur, Noganoir, que cobró una comisión millonaria por la entrada de la Familia Real de Qatar en El Corte Inglés.

También es accionista de Afrika Financial Group el empresario César Álvarez, hermano del fallecido expresidente de El Corte Inglés Isidoro Álvarez. Su tío y antecesor en el grupo de distribución, César Areces, pilotó la constructora FCC desde el repentino fallecimiento del fundador, Ernesto Koplowitz, hasta que el poder ejecutivo en la compañía pasó a manos en 1972 de dos jóvenes ejecutivos: Alberto Cortina y su primo, los respectivos maridos de las entonces herederas de FCC, Alicia y Esther Koplowitz.

Los conocidos como ‘Albertos’ salieron abruptamente de FCC de manera simultánea en 1990, tras sus respectivos divorcios, en un escándalo a caballo entre el papel couché y la prensa salmón. Hoy ambos están todavía entre los principales accionistas de ACS. Alberto Cortina tenía un 2,8% de la constructora de Florentino Pérez a cierre de 2023 a través de tres de sus sociedades, y su primo Alberto Alcocer Torra, otro 2,39%, según el último informe de gobierno corporativo de ACS. Ambos llegaron a tener el 13,86% de la compañía en 2010, cuando solo les superaba la familia March (23,307%).

Alberto Cortina utilizó hace años Cinainvest para vehicular una participación en ACS, con un paquete de 678.000 títulos de la constructora a cierre de 2013. También para invertir en la canadiense Pacific Rubiales, extinto coloso petrolero en Colombia, de la mano del venezolano Betancourt. Y con ella se situó entre los primeros inversores de la tecnológica española Jobandtalent. En este último caso, la relación ha acabado en los tribunales, por desacuerdos en el valor de las acciones de la plataforma de búsqueda de empleo.

Alberto Cortina es hermano del fallecido Alfonso Cortina, al que José María Aznar colocó como presidente de Repsol antes de privatizar la mayor petrolera española. Su abuelo fue Alberto Alcocer, el que fuera alcalde de Madrid durante las dictaduras de Primo de Rivera y Francisco Franco. Hijo del ministro franquista de Exteriores Pedro Cortina, es un tradicional fijo de los rankings de ricos españoles. Forbes le sitúa entre las 2.500 mayores fortunas del planeta, con un patrimonio de 1.300 millones de dólares. 

Esta publicación le coloca en el puesto 34 de su último ranking de mayores fortunas españolas, entre el magnate del acero José María Aristrain y el naviero Vicente Boluda, aunque bastante por detrás de su ex Alicia Koplowitz (1.800 millones). El septuagenario es también uno de los grandes terratenientes españoles. Es dueño de la finca Las Cuevas, parte de ella ubicada dentro del Parque Nacional de Cabañeros. Entre los municipios de Navas de la Estena (Ciudad Real) y Hontanar (Toledo), el empresario controla 6.335 hectáreas cinegéticas.

Su hijo Pelayo Cortina Koplowitz, de 39 años, es conde de San Fernando de Peñalver desde 2006. Afincado en Londres, el benjamín de los tres vástagos que tuvieron Cortina y Koplowitz es el único que no está vinculado a la gestión de Omega Capital, la firma de inversiones de Alicia Koplowitz cuya sicav, Morinvest, fichó hace un año como asesor a Javier Fernández-Lasquetty, ex gurú económico de Isabel Díaz Ayuso.

Apenas dos días antes de la riada que asoló la pequeña localidad de Letur, en Albacete, el grupo scout Balate de Mula (Murcia) levantaba el campamento del camping de la localidad y se volvía a su pueblo. Todo lo que visitaron esos días, “ya no existe”. “Es irrecuperable”, explica Raúl López, miembro del histórico grupo que tiene casi medio siglo de vida. Por eso, decidieron volver, esta vez no para disfrutar, sino para ayudar.

El camping de la localidad no ha sufrido tantos daños, pero sí requería ayuda en la limpieza del cauce del arroyo. Una docena de personas se dirigió a la localidad en cuanto fue posible, motosierra en mano, para ayudar en la limpieza de un lugar que necesitará todavía mucho tiempo y recursos para volver ser lo que era.

Santi Piquero es uno de los dueños del camping. No ha bajado al pueblo desde que ocurrió la riada. “Estamos todos jodidos”, resume el albaceteño, que llegó al “pueblo más bonito de Castilla-La Mancha” hace dos años. “Lo más duro” para todos está siendo asumir el fallecimiento de Mónica, la limpiadora del recinto, que era una de las seis personas desaparecidas en la localidad. Cuando cerramos esta información, su fallecimiento no es todavía oficial.

“No es solo por las casas y las pérdidas que hemos sufrido. Es por la gente que se ha ido. Nos conocemos todos. Y esto es algo doloroso para el pueblo, que es uno de los más bonitos”, asegura Piquero. Mónica era natural de la localidad de Molina de Segura, en Murcia.

El grupo scout no dudó en ponerse en marcha para ayudar, como hacen siempre con las catástrofes, pero conmovidos especialmente por el vínculo que les une al recinto y en concreto con la situación de la familia de Jonathan y Mónica, ambos desaparecidos en la riada. Tenían dos hijos de 12 y ocho años. “Nos teníamos que implicar un poco más con Letur”, asegura Raúl López. Lo primero que hicieron fue llevar seis palés de mercancía, que entregaron directamente al Ayuntamiento para ayudar a alimentar a las decenas de voluntarios que se han volcado con la localidad. Otros cinco palés llegaron desde Mula a Alzira, en la Comunidad Valenciana.

Además del envío de comida, una parte del grupo se puso en marcha para ofrecerse voluntario en las labores de limpieza, unas doce personas acudieron a limpiar las zonas de alrededor del camping y los nacimientos de agua. “Todas las fuentes de Letur estaban obstruidas de fango y si no las limpias, el agua sale, por otro lado, y se pierde”, explica Raúl. Dos días quitando árboles y leña. “Un desastre”, resalta. Y siguen a la espera de que les comuniquen cuando pueden volver, una vez se abra el centro de la localidad, que permanece cerrado por los peligros de desprendimiento y de derrumbe de las casas.

En el camping, explica López, se ha destrozado el puente que comunicaba las dos zonas del recinto, entre otros daños. “Pero ya se limpió y saneó el cauce del río. Todavía queda mucho que trabajar a nivel de inversión”. Los dueños del lugar abrieron las instalaciones, duchas y zonas de alojamiento, para las personas que acudieron al pueblo a ayudar. También ha servido de punto logístico para dar de comer a los voluntarios.

La ola de solidaridad que recibió el pueblo durante los primeros días de la DANA hizo que el ayuntamiento se viese obligado a pedir que no enviasen más suministros. Sí han abierto una cuenta bancaria específica para recibir donaciones económicas que apoyen la reconstrucción de la localidad. “Ante la avalancha de llamadas de toda España debido a la catástrofe ocurrida en nuestra localidad el pasado martes día 29, el Ayuntamiento de Letur agradece profundamente la enorme muestra de solidaridad y apoyo recibida de parte de la ciudadanía, empresas y organizaciones”, explicaba el alcalde de la localidad, Sergio Marín.

"Entre los valores que promovemos está el compañerismo, ayudar al prójimo en cualquier circunstancia con un ánimo de lucro cero y dejar las cosas mejor que las encontramos.

Raúl López — Scout de Mula (Murcia) que ayuda en las tareas de limpieza del camping de Letur

“Entre los valores que promovemos está el compañerismo, ayudar al prójimo en cualquier circunstancia con un ánimo de lucro cero y dejar las cosas mejor que las encontramos. Esos son nuestros valores, que inculcamos a los críos desde que empiezan. Yo empecé con siete años, tengo 45 años, y eso es lo que transmito. Hay gente que dice que somos un poco frikis. Que cada uno opine lo que quiera”, reflexiona Raúl López. La localidad de Mula bautizó uno de sus parques con el nombre de la agrupación, Balate, que se encuentra, justamente, en la calle del Voluntariado.

Este es el pueblo más bonito de Castilla-La Mancha y ahora se ha quedado un desierto. No he bajado ni quiero bajar, porque me imagino qué pasará

Santi Piquero — Copropietario del camping de Letur

También acusan la sacudida emocional de ver un lugar tan destrozado. “Se ha quedado completamente arrasado y es un impacto muy severo. Ves las fotos de los niños en el parque, precioso y luego ves todo roto, es como una película de terror. Le hemos explicado a nuestros hijos que los lugares donde se hicieron fotos ya no existen”, reflexiona el scout. Los representantes de la agrupación dejaron una pañoleta en su recuerdo. “Ha sido algo muy emotivo”.

Santi Piquero, uno de los dueños del camping, agradece las muestras de ayuda que no solo han llegado desde Mula, sino también de Sevilla, Tarragona, Granada, gente que ha estado al pie del cañón desde el “minuto uno”. “Pero lo llevamos como podemos la verdad”, reflexiona. “Este es el pueblo más bonito de Castilla-La Mancha y ahora se ha quedado un desierto. No he bajado ni quiero bajar, porque me imagino qué pasará... Si ya tengo el nudo aquí, no me lo quiero ni imaginar”, concluye, emocionado.

“Estoy empadronada en El Portús desde hace muchos años. Tengo un trabajo en Cartagena, pero gano muy poco y no tengo suficiente dinero para irme a otra casa. No tengo adónde ir”. Sabrina Simon ha vivido en su casa del Complejo Náutico El Portús, un camping transformado en una especie de pueblo en la costa oeste de la ciudad portuaria, durante los últimos 30 años. Desde hace un poco más de tiempo, unas cuatro décadas, el camping se ha dedicado a construir y a vender a particulares casas sin sustento jurídico ni escrituras ni registro de la propiedad. Lo ha hecho, en todo momento, al margen de la ley de la Región de Murcia. 

Simon vive en El Portús desde que su padre, que había llegado de Francia con la familia, compró una de las viviendas que la misma empresa gestora del camping ofertaba, como si fuese una inmobiliaria, en un pormenorizado catálogo con precios y descripciones que las presentaban como “tu nuevo hogar”. Cuando éste falleció, en 2004, la casa pasó a nombre de la hija. Primero su padre, después Sabrina Simon, ambos fueron pagando una cantidad considerable de dinero al Complejo durante todos esos años para poder permanecer allí. Porque, además de actuar como una promotora fantasma, el Complejo Náutico les ha cobrado a esos mismos particulares que les compraban las casas un arrendamiento anual de la parcela, como si en lugar de haber adquirido un inmueble estuvieran alojados de forma temporal en una tienda de campaña o en una autocaravana.

El Decreto autonómico 19/1985, de 8 de marzo, sobre Ordenación de Campamentos Públicos de Turismo, que fue renovado en 2022, prohibía a los campings “llevar a cabo la venta o el arrendamiento de parcelas” y “la permanencia por tiempo superior a un año” de los clientes en los mismos. La compraventa, sin recurrir a notarios ni a documentación con base legal, perpetrada por el Complejo Náutico El Portús S.A. -es el nombre oficial de la empresa que figura en los contratos a los que ha tenido acceso este periódico- ha convertido el lugar, sin que las administraciones competentes lo hayan impedido en ningún momento, en un pueblo de casas de obra construidas en la ladera de una montaña. Sus habitantes corren ahora el peligro de ser desalojados mediante “maniobras de presión” después de que un fondo buitre haya comprado el recinto.

Un fondo de inversión que acumula campings

Desde el pasado 1 de octubre, Sabrina Simon y otras 30 personas en la misma situación que todavía continúan residiendo en el Complejo están siendo sometidas, denuncian, a “coacciones” para abandonar sus casas. Aquel primer día de octubre, el camping cerró de forma oficial bajo el pretexto de unas “obras de remodelación y acondicionamiento”, según ha podido constatar este medio con la oficina de dirección del establecimiento, que todavía no han comenzado: se colocaron, cuando aún duraba la madrugada, vallas metálicas a la entrada y la salida del recinto y en la gran mayoría de las calles que lo recorren. Las viviendas habitadas sufren, además, desde ese 1 de octubre, cortes de luz y de agua periódicos que se prolongan durante horas y que los vecinos tachan de “intencionados”.

La controversia está afectando sobremanera a la vida cotidiana de los residentes. Simon cuenta que necesita su coche para ir a trabajar, pero que cuando lo sacó del Complejo, el mismo 1 de octubre, ya no le permitieron volver a meterlo para llegar a su vivienda, que está ubicada en el punto más alto de la ladera. “Estoy obligada a aparcarlo afuera y subir andando. Tengo un problema crónico de artrosis. Llevo una década en lista de espera para poder operarme de las rodillas. Desde que bajo y subo a pie tomo muchas más pastillas para el dolor. A veces se me bloquean las piernas y no puedo seguir caminando”, explica, al otro lado del teléfono, a elDiario.es. 

Entre los vecinos que todavía permanecen luchando por su propiedad en el Complejo, los hay quienes abonaron por su casa más de 100.000 euros. Hace un año, la “guerra psicológica” que ahora está emprendiendo la gerencia todavía era velada. En noviembre de 2023, las más de 400 personas que por entonces vivían en el camping, la mayoría jubiladas procedentes de Reino Unido, Francia, Alemania u Holanda que compraron una casa en el recinto para disfrutar de su última etapa en un entorno idílico y cálido, recibieron una notificación que los instaba a abandonar sus viviendas cuando finalizasen sus contratos de alquiler de las parcelas -bajo los cuales cada inquilino abonaba al año al Complejo, en función del tamaño de la casa, entre 6.000 y 12.000 euros-.

El camping había cambiado en el verano de ese mismo año de propietario. Y de objetivo. Su capital pasó a ser gestionado por un fondo de inversión, Newtown Capital S.L., que posee varias empresas dedicadas a la inmobiliaria y al turismo rural en España. La sociedad tiene estrechos vínculos con una rama de la familia Entrecanales. Actualmente, el camping se publicita en Booking.com bajo el nombre de TAIGA Costa Cálida, una empresa propiedad de Borja de la Rica Entrecanales y Agustín Medina Álvarez. Aparece como un alojamiento paradisíaco “en una preciosa bahía”, “a diez kilómetros de la histórica ciudad de Cartagena”. Se trata de una estrategia edulcorada de marketing que ya han puesto en marcha en varios campings de la costa sur peninsular. Pero en ninguno se han encontrado la compraventa fantasma que se perpetró durante décadas en El Portús.

Dejar “los muebles atrás”

Muchos de los entonces residentes, tras recibir las notificaciones en noviembre de 2023, se fueron marchando a lo largo de los meses, uno a uno, “por miedo a las consecuencias”, “dejando todos los muebles atrás”, “sin nada a cambio”. Son palabras pronunciadas por exresidentes que ya han abandonado el Complejo y que prefieren no participar en este reportaje para “evitar problemas”. Este periódico ha tenido acceso a documentos redactados por la propia gerencia del emplazamiento en los que se exhorta a residentes extranjeros de avanzada edad a abandonar sus casas bajo amenazas de desahucio y de demandas de indemnizaciones “por daños y perjuicios con valor de 100.000 euros”. En esos documentos, el Complejo insta a firmar a los propietarios, para eludir las represalias, que se comprometen a “desalojar” su vivienda antes de que finalice el mes de septiembre de 2024 y a renunciar “voluntariamente” a sus “pertenencias”.

La mayor parte de las 30 personas que todavía permanecen en el camping y reclaman su derecho a vivir en casas compradas con su propio dinero paga impuestos en Cartagena, vota en colegios electorales de la ciudad portuaria y está empadronada en su vivienda del Complejo. Sin embargo, desde el 1 de octubre, han llegado a un punto límite. “Fue un shock despertarnos esa mañana. Nos encontramos con las vallas cerrando la entrada y la salida del recinto, las calles cortadas. Nos sentimos como si estuviésemos en un campo de concentración”, explica Eugenia Rico, que reside en El Portús desde hace 18 años. Para salir fuera del camping, caminando, tienen que esperar a que un guardia de seguridad abra un candado que conecta dos vallas metálicas. 

“Desde ese día nos hemos encontrado con cortes deliberados de luz y agua. A veces duran horas, hasta bien entrada la tarde, o incluso la noche. En la oficina nos argumentan que son cortes producidos por las obras. Pero no hay ningún tipo de obra. La única obra que quieren hacer es la de echarnos”, continúa Rico. La vecina habla desde el parking contiguo a la entrada del recinto.

Dentro del Complejo reina el silencio. Las únicas personas que tienen permiso para entrar con vehículos son algunos antiguos trabajadores que llegan para recoger algo y se marchan inmediatamente después. No hay operarios ni máquinas. Visiblemente, nadie trabaja dentro. Dos secretarias están sentadas delante de la pantalla del ordenador en la oficina. Controlan qué personas entran y salen. A su lado, un hombre actúa de director.

Afuera, junto a Eugenia Rico, más residentes afectados cuentan su situación. El contraste con respecto al año pasado es notorio. En noviembre de 2023, tras recibir las notificaciones, una marabunta de vecinos deambulaba por las calles del Complejo sosteniendo pancartas de denuncia escritas rápidamente con spray de tinta negra sobre sábanas blancas. Ahora, en los pocos que quedan, y en su manera discreta de actuar, se sugiere el desgarro de una pérdida que puede ser inminente. La única pancarta visible cuelga desde el balcón de una casa que tal vez ya esté vacía. “Deja nuestro pueblo en paz”.

Para personas como Sabrina Simon, los cortes de luz pueden poner en serio riesgo su salud. Como ella, hay varios residentes de avanzada edad o con altos grados de discapacidad. “Tengo problemas de apnea del sueño desde que era muy pequeña”, explica. “Debo dormir conectada a una máquina. Me da miedo que un día, por jodernos, les dé por cortar la electricidad por la noche. No me llegaría el oxígeno al corazón”.

Pero la electricidad, el agua y el impedimento de entrada a sus vehículos no son las únicas medidas desplegadas por la dirección del camping para “presionar” a los residentes. También han vetado la entrada a carteros para que no les llegue el correo, y han sacado todos los cubos de basura que había en el recinto, de modo que ahora tienen que andar más de un kilómetro para poder tirar sus desperdicios.

Un “paraíso” convertido en un “infierno”

Hay vallas que ocupan calles enteras y otras colocadas estratégicamente a la entrada de casas todavía habitadas. Hay vecinos que tienen que dar un rodeo o atravesar parte de la montaña para acceder a su vivienda. Es el caso de Miguel Almagro y de su pareja, José Juan Leal. Viven en el complejo desde el año 2020, cuando compraron su casa a otra persona que estaba interesada en venderla al no poder afrontar el alquiler anual de la parcela. Ambos tuvieron que ir la semana pasada a lavar la ropa a una lavandería de Cartagena porque no hubo luz en su vivienda hasta la noche. “Este ha sido nuestro refugio, nuestro pequeño paraíso durante estos años. Pero ahora se ha convertido en todo lo contrario, en un infierno”, asevera Almagro.

“Es muy triste”, añade Leal. “Es una desolación verte cada día así, aislado, luchando contra una empresa muy grande. No disfrutamos de este lugar. Te sientes vulnerable. Nos han hecho sentirnos clandestinos en nuestra propia casa. No sabes si cualquier día te van a decir, oiga, usted por aquí no puede caminar, o no puede ir a este sitio. Sentimos que nuestra casa ya no es nuestra. Y siempre estamos pensando en las represalias que todavía quedan por llegar”, manifiesta. “Aquí nos vendían un emplazamiento ideal para vivir”, incide Miguel Almagro. “Pero eso ya no existe”. 

Lo cierto es que así se hizo durante décadas. “Cuando te comprabas una casa, que la firmabas con la misma dirección del Complejo y se la pagabas a tocateja, ellos mismos te garantizaban que esa casa era tuya, que lo sería para siempre, que pasaría a tus hijos y al resto de generaciones. Que este era un sitio inmejorable y que así había sido durante 44 años”, apunta en este sentido Eugenia Rico. Se trata de una situación usual entre quienes se decidían a comprar un inmueble en el recinto. “Al no haber escritura”, comenta Miguel Almagro, “todos nos hacíamos preguntas sobre la legalidad de la situación”. “Pero la gerencia nos convencía con el cuento de que había gente residiendo aquí desde hace cuatro décadas”, incide.

Exactamente lo mismo le dijeron a Éric Gastaud, que llegó en enero de 2023 desde Niza, a sus 60 años, para firmar la compra de su vivienda en las mismas oficinas del Complejo. Pagó una suma de varias decenas de miles de euros por adquirir la casa. Abonó, además, 6.000 euros correspondientes al arrendamiento de la parcela durante todo el año. Pero no le ha servido de nada. El cierre del camping y los sucesivos intentos de presión le sobrevinieron sin esperarlo. “Es todo muy estresante ahora. Uno se hace muchas preguntas, pero no obtiene respuesta por ninguna”, cuenta Gastaud en francés. 

“Cuando descubrí este lugar y tomé la decisión de comprar mi casa aquí me daba un poco de miedo. No me fiaba del todo de las condiciones, de que estuviera ubicada en un camping. Pero el mismo gerente me tranquilizó. Me dijo que jamás había habido ningún problema, que en más de 40 años todo había sido paz y tranquilidad. Y solo unos meses después me quieren echar”, explica el residente, que asegura que, desde el 1 de octubre, siente que vive “en una prisión”. Gastaud carga a sus espaldas una sensación imborrable de “estafa”. Aún guarda, eso sí, la esperanza de que se haga “justicia”.

“Para echarnos nos hacen acoso inmobiliario”

Para que se haga esa “justicia” que pronuncia Gastaud, pero que reclaman unánimemente todos los residentes, éstos han decidido ponerse en manos del letrado Francisco Javier Pérez Abad. El abogado explica a este periódico que sus representados tienen “la propiedad” de las casas en las que viven. “Eran ventas que hacía directamente el Complejo”. “Formalmente, es un camping”, añade Pérez Abad, “y no puede, por ley, haber una residencia permanente”. “Pero muchos de ellos están empadronados ahí. Los propietarios de las viviendas tienen derecho a continuar usándolas hasta que un juez diga lo contrario”, expone.

El proceso apenas acaba de comenzar y no hay una fecha concreta para la celebración de un juicio. “No tiene sentido que ahora pretendan, por la fuerza, por medio de coacciones y vallas, impedir que la gente siga haciendo uso normal de sus casas. La resolución tendrá que determinarse en los tribunales. Es decir, si tienen derecho a vivir allí, o si no lo tienen y deben recibir una indemnización”, subraya el letrado.

La venta del camping a un grupo inversor externo fue el detonante decisivo, para Pérez Abad, que cambió la vida de los vecinos del Portús. “El propietario anterior vendía las casas, ofertándolas como 'tu nuevo hogar'. Pero el nuevo ha cambiado de criterio. De lo que no hay duda es de que los vecinos son propietarios de las viviendas, y tienen contratos y facturas del propio Complejo”, expone. Esta redacción ha tenido acceso a documentos y contratos de compraventa de casas por valor de 100.000 euros rubricados conjuntamente por el Complejo Náutico El Portús S.L. y por las personas que las adquirían. 

Ni el Ayuntamiento de Cartagena, responsable municipal, ni la Consejería de Turismo de la Región de Murcia, que tiene las competencias en materia de campings, fueron nunca conscientes de la realidad que sucedía dentro del recinto. Fuentes del Consistorio de la ciudad portuaria subrayan a este medio que el Complejo Náutico El Portús cuenta “con una autorización de camping con décadas de antigüedad” regulada “por normativas que no permiten un alojamiento indefinido”. “Si se ha hecho lo contrario, la responsabilidad es de la propiedad”, señalan. “Las viviendas que pueda haber allí están fuera del planeamiento urbano”, aseguran. Nunca se concedió -ni se solicitó- licencia de obra alguna para construir casas. Pero se construyeron igual.

Por su parte, Turismo, que ha hecho inspecciones sistemáticas en El Portús durante las últimas décadas, no llegó a sospechar nada a pesar de que visualmente el entorno fuese transformándose gradualmente en un pueblo y de que hubiese gente viviendo en él varias décadas. Los funcionarios de la Consejería nunca requirieron a la gerencia los catálogos donde ofertaban las casas, ni los contratos ni los recibos ni los cuantiosos beneficios que generaban sus ventas. Fuentes de la Consejería manifiestan que “las casas no tienen título jurídico alguno, por lo que no han sido objeto de compraventa en el sentido jurídico del término”. “El titular del camping en sus parcelas puede instalar o construir elementos fijos de alojamiento -sin superar el 60% de la capacidad total del recinto, cifra que, según los vecinos, se excede con holgura- y dar o ceder estos elementos a los campistas, siempre a título de usuarios, nunca como propietarios, a cambio de una contraprestación económica, dentro de la legalidad”, matizan. No aclaran si superar los 100.000 euros por la cesión de viviendas y ofertarlas como un “nuevo hogar” entra dentro de esa legalidad.

Ambas entidades públicas coinciden en que, en el momento presente, “los nuevos propietarios están tramitando un ‘Plan Especial de uso turístico de Camping’ que deberá redactarse aplicando la legislación vigente”.

Pero lo cierto es que detrás de ese fondo de inversión que ahora controla el negocio se esconde una intención de momento oculta. Los vecinos no saben todavía si las supuestas “obras de remodelación” que no han comenzado traerán consigo, en el futuro, un cambio aún más profundo. Entre los residentes, como Miguel Almagro, José Juan Leal o Eugenia Rico circula una idea: que Newtown Capital S.L. adquirió el camping para construir en su lugar un resort o una especie de urbanización que atraiga un turismo de lujo. “Es un gran capital contra gente humilde. Y para echarnos nos hacen acoso inmobiliario. La sensación de impunidad recorre el mundo. Es un proceso de gentrificación de libro”, manifiesta Rico.

Más de 300 personas que se han ido “por miedo”

Las maniobras ejecutadas por la dirección del camping y los documentos enviados a los residentes sí han surtido el efecto deseado en más de 300 personas que ya han abandonado el Complejo. Las aproximadamente 30 que todavía quedan se han convertido en un quebradero de cabeza para la gerencia. “A la gente mayor, sobre todo, la han asustado mucho. Muchos dejaron sus casas a cambio de nada. Hay casas que han quedado perfectamente amuebladas, de gente que se ha ido corriendo por miedo, puro y duro”, explica en este sentido Eugenia Rico.

Eso mismo le ocurrió a Alizée (nombre ficticio a petición propia por temor a represalias), una mujer de 83 años que el pasado 30 de septiembre regresó, junto a su marido, a su país de origen, donde residen sus hijos. La semana en que ya supo que iba a marcharse sin nada a cambio, Alizée no pudo parar de llorar, y ahora cuenta en conversación telefónica con este medio, con la voz entrecortada, que tanto ella como su marido se han sentido “indefensos”. “No sé si podré recuperarme de la pena inmensa de perder la casa donde he vivido toda esta última etapa de mi vida”, lamenta.

Collin Stewart y su mujer, Margaret, son las personas más mayores que todavía quedan residiendo en el Complejo. El primero tiene 88 años. Ella 81. Vendieron hace más de 30 años todas sus propiedades en Inglaterra para venir a vivir al Portús. Si les quitan la casa no tendrían un plan B. Este periódico habló con Collin Stewart hace un año, cuando apenas acababa de llegarle el burofax que lo instaba a abandonar el camping en el futuro y toda la situación actual y el peligro inminente de desalojo aún parecían muy lejanos. Ahora ninguno de los dos tiene fuerzas para contar cómo se sienten. Apenas salen de su casa por miedo a que si lo hacen no puedan volver a entrar.

elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con la empresa propietaria del camping, con su departamento de comunicación y con el abogado que representa al establecimiento. Ha preguntado sin obtener contestación acerca del dinero que se ha obtenido todas estas décadas por cada venta fantasma de cada inmueble y por el alquiler de cada parcela; por los contratos que rubrican dichas transacciones; por si tenían conocimiento de que estaban actuando de forma contraria a la ley regional durante los últimos 40 años; por las “coacciones” que denuncian los actuales residentes, como cortes de luz y agua.

No obstante, fuentes cercanas a la misma oficina de gerencia del Complejo sí que han negado a esta redacción que se realizara en el emplazamiento ningún tipo de compraventa, y mucho menos de casas. “Se firmaban contratos de un año por el arrendamiento de un bien inmueble. Avisábamos a los usuarios que estaban comprando una caravana grande, no una casa fija, y que firmaban un contrato de un año por el alquiler de la parcela en nuestra propiedad”. 

Dichas fuentes han negado en todo momento que se ofertaran casas bajo el eslogan de “tu nuevo hogar”; que se cobraran decenas de miles de euros, incluso cien, por la venta de muchas de ellas; que se hayan remitido documentos amenazadores a residentes extranjeros con el objetivo de que se marchen a cambio de nada. También han negado la existencia de casas de obra, pese a que muchas de ellas contienen suelos de losa, terrazas, muros de diseño, columnas de hormigón y pérgolas que se sustentan sobre cimientos. Sí han incidido desde la oficina, no obstante, en el “daño” que están haciendo a la empresa los propietarios que pelean por conservar la inversión que un día abonaron al Complejo. Reclamarán a todos ellos, aseguran, “una indemnización”. Ninguna pregunta más ha sido respondida.

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros españoles (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) aumentaron un 8,9 por ciento en Cantabria en agosto de este año, en comparación con el mismo mes del ejercicio anterior.

En total, en la región hubo 867.587 pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros en el octavo mes del año, generadas por casi 195.400 viajeros (un 2% más), según datos publicados este martes por el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE).

La mayoría de los turistas que pasaron por este tipo de establecimientos de la comunidad autónoma en agosto se alojaron en campings, 118.618, seguidos de alojamientos de turismo rural (más de 42.200), apartamentos (casi de 55.300) y apartamentos (10.145).

En consecuencia, el grueso de las pernoctaciones fueron en campings (más de 561.000), por delante de casas rurales (195.700), apartamentos (102.787) y albergues, que rozaron las 7.400.

En España, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros españoles (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron la cifra de 26,1 millones en agosto, lo que supone un 1,5% más que las efectuadas en el mismo mes de 2023.

Los campings se han convertido en la opción preferente de los turistas que llegan a Cantabria en verano y que no optan por alojarse en un hotel. Y es que las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) aumentaron un 20,48% en esta comunidad autónoma en julio de este año, en comparación con el mismo mes del ejercicio anterior.

En total hubo cerca de 784.200 pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros en el séptimo mes del año, generadas por más de 185.200 viajeros (un 11,9% más), según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La mayoría de los turistas que pasaron por este tipo de establecimientos se alojaron en campings, más de 119.100, seguido de alojamientos de turismo rural (más de 42.200), apartamentos (más de 23.600) y albergues (más de 2.200).

En consecuencia, el grueso de las pernoctaciones fueron en campings (más de 547.700), por delante de casas rurales (127.300), apartamentos (101.600) y albergues, con algo más de 7.500. En el conjunto del país, por su parte, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros españoles superaron los 21,7 millones en julio, con un aumento del 1,7% respecto al mismo mes del año pasado.

Cantabria cuenta con 43 campings a lo largo y ancho de su territorio -costa oriental, costa occidental, interior y comarca de Liébana-, de los cuales prácticamente todos (40) forman parte de la Asociación de Campings de Cantabria.

Tanto para los fieles como para los ocasionales, veranear en un camping conlleva una forma de entender las vacaciones, una filosofía de vida: poder disfrutar de toda la familia -con los pequeños y los animales de la casa-, estar en contacto con naturaleza y contar con una mayor sensación de autonomía.

Las Dunas, en la Costa Brava, ha recibido este año el galardón de mejor camping de España en los premios ACSI (Auto Camper Service International). Esta distinción está basada en las opiniones de miles de campistas de toda Europa.

Aproximadamente a una hora y media en coche desde Barcelona, el camping Las Dunas se encuentra en la bahía gerundense de Roses, entre los pueblos de Sant Pere Pescador y L'Escala.

El camping tiene seis salidas directas a la playa de Sant Pere Pescador, con seis kilómetros de arena fina y aguas poco profundas. Al ser una playa tan extensa acoge desde una zona exclusivamente reservada para la práctica de deportes acuáticos como el windsurf o el kitesurf, como otra reservada a los nudistas.

Todos los años Sant Pere Pescador suele acoger una prueba del campeonato mundial de windsurf y, por unos días, se convierte en capital internacional de este deporte acuático.

El camping Las Dunas lleva abriendo sus puertas entre junio y septiembre desde 1968. Estos meses de verano lo pueblan desde veraneantes esporádicos a campistas fieles que vienen de toda Europa y atraviesan el continente en su autocaravana, coche o furgoneta. El camping se convierte en una ciudad en sí mismo y puede llegar a alojar a 7.000 personas.

Escuela de surf, aire acondicionado y Aquapark

Las parcelas del camping alcanzan hasta 100 metros cuadrados y sus bungalós cuentan con todo tipo de comodidades. Esta zona de veraneo cuenta con una escuela de surf, parque acuático, zona de deporte, lavandería, médico y, por supuesto, decenas de actividades para los más pequeños.

El tiempo el ocio está muy enfocado a ellos, tanto en la piscina, como en los bailes o en las comidas. En Las Dunas se respira libertad y comunidad, todo ello bañado por la luz mediterránea.

Las parcelas disponen de electricidad, agua e Internet por fibra óptica, mientras que los bungalós están equipados con aire acondicionado y wifi, además de cocina, baño y terraza para cuatro o seis personas.

La joya de la corona es su Aquapark, que cuenta con cinco toboganes, burbujas, chorros, una piscina infantil de poca profundidad y un solárium con tumbonas a lo largo de más de cinco mil metros cuadrados.

Veranear en Las Dunas es accesible a todo tipo de bolsillos. Los precios oscilan entre 25 euros por noche para una parcela con caravana hasta los 135 euros por noche en la zona de bungalós, con capacidad para grupos, ya sea familiares o amigos.

Las Dunas es un camping dog friendly y las mascotas son bienvenidas en el caso de que te alojes en tu propia caravana o en una tienda en tu parcela, no siendo posible en la zona de bungalós. Se puede pasear el perro por todo el terreno del camping, incluso por las zonas donde está permitido el alojamiento con perro, si va atado con correa, según establecen las normas del espacio.

La restauración es de lo más variada: desde el 'Mas de la Devesa' con platos típicos de la Costa Brava como el arroz negro, la fideua o el suquet de peix, pasando por el bar de la piscina, un grill bar, un take away o un chiringuito de playa. De cara a la noche, puedes tomarte una copa en el pub La Cova, el bar de minigolf y en la discoteca Fata, para los más jóvenes.

Parque natural de los Aiguamolls de l'Empordá

Además, este camping está rodeado de una enorme belleza natural, ya que al otro lado de la desembocadura del río Fluvià se encuentra el parque natural de los Aiguamolls de l'Empordà, un sitio muy recomendable para los amantes del senderismo y la naturaleza.

El parque cuenta con una amplia red de itinerarios por recorrer a pie o en bicicleta. Se puede acceder hasta allí con facilidad por la carretera que va desde l'Escala a Sant Pere Pescador, y dispone de zonas de parking.

El pueblo de l'Escala es conocido por su principal industria, la salazón de anchoas. Es posible visitar alguna de sus fábricas para observar el proceso de elaboración de este producto, así como el museo de la anchoa y la sal.

Además de disfrutar de playas y calas como Cala Montgó, la Playa de Riells o cala Illa Mateua, en l'Escala uno también puede adentrarse a las culturas griega y romana visitando el Yacimiento Arqueológico de Empúries.

Por su parte, Sant Pere Pescador es un pueblo rico en patrimonio natural que se encuentra parcialmente integrado dentro del espacio protegido de los Aiguamolls l'Empordà. La suma de distintos ecosistemas es el gran atractivo de este municipio ampurdanés. Los campos de cultivo y la marina, los campos de frutales, el río Fluvià, la extensa playa y el enorme parque natural crean un espacio único.

La villa también cuenta con una enorme variedad de bares y restaurantes y también es posible surcar la Costa Brava o hacer un bautizo de submarinismo; todo lo que el mar Mediterráneo da de sí.

Un incendio declarado en el Camping Los Batanes de Ossa de Montiel (Albacete), en las Lagunas de Ruidera, ha dejado dos heridos leves por inhalación de humo y ha afectado a parte del arbolado de la instalación, así como al transformador y a una cabaña de madera.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el fuego se inició sobre las 21.46 horas en los árboles de dentro del camping, situado en el kilómetro 6 de la AB-613.

Fueron los propios campistas los que abandonaron las instalaciones, sin que tuvieran que ser desalojados. Hacia la 1.40 horas de este domingo dieron por extinguido el fuego, que ha dejado a un guardia civil y a un responsable del camping heridos leves por inhalación de humo.

En el operativo movilizado por el 112 han participado agentes de la Guardia Civil, bomberos del parque de Villarrobledo, bomberos forestales, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ossa de Montiel, un médico e urgencias y una ambulancia de soporte vital básico.

Amas la naturaleza, las montañas, la aventura, los pueblos recónditos, las praderas, los ríos, los bosques con sus amaneceres y puestas de sol. Pero no soportas dormir sobre una fina esterilla en la pequeña tienda de campaña que te ha prestado tu primo y que montas con dificultad en un camping. También quieres disfrutar de la comodidad de tener una buena ducha, un sabroso restaurante, un supermercado, una zona de juego infantil o una piscina refrescante. Problema resuelto con el camping perfecto para quienes los odian, el WeCamp Pirineos, situado cerca de la localidad de Boltaña en la comarca de Sobrarbe de Huesca: puerta de entrada al Monte Perdido y al parque nacional de Ordesa.

Este alojamiento permite saborear este maravilloso rincón entre las montañas del Pirineo aragonés sin perder ninguna comodidad. Hay tiendas clásicas rediseñadas, parcelas, bungalows, casas de madera para dos o las llamadas Mobil Home Family, un espacio compacto para cuatro personas con baño propio, terraza privada y cocina totalmente equipada. En la zona deportiva también podemos encontrar pista de pádel, vóley y tenis-playa, calistenia, ping-pong, circuito de running, bike box, bicicletas BTT e e-bikes.

Desde el propio camping se pueden reservar actividades más aventureras como es la práctica de rafting por el río Ésera, hacer rutas a caballo por los valles de Ordesa y practicar el barranquismo en los Pirineos. En cambio, para quienes lleven un ritmo más calmado se pueden realizar catas entre olivos, picnics ultra locales, salidas en bicicleta, senderismo o avistamiento de aves en el entorno del pueblo histórico de Boltaña, un enclave lleno de historia y patrimonio cultural cuyos orígenes se remontan al siglo XV.

A orillas del río Ara

Situado en un altozano a orillas del río Ara, el casco antiguo de Boltaña es un viaje al pasado. La arquitectura tradicional se ha mantenido prácticamente intacta con el paso de tiempo, lo que invita a perderse por sus estrechas calles. Su trazado radial se remonta a los siglos XV, XVI y XVII. Se van intercalando curiosas estructuras como sus 'casas patio' y sus 'casas bloque' que se adaptan a los desniveles del terreno. También es interesante fijarse en las chimeneas con sus 'espantabrujas' que actúan como protectores del hogar.

Además de casas de piedra centenarias, el casco antiguo de Boltaña alberga joyas como la colegiata de San Pedro, uno de los templos de mayor tamaño del Pirineo aragonés, de estilo gótico y construida en el siglo XIV sobre una sobre una ermita románica del siglo XIII.

En la parte más elevada de la localidad todavía quedan restos del castillo del siglo X y de su recinto amurallado. Fue construido por artistas y artesanos de formación lombarda, con objetivos defensivos. Todavía se puede adivinar su estructura militar formada por una muralla y una torre vigía. El castillo, además, está envuelto en leyendas de brujería y aquelarres.

Una escena de gran belleza se en encuentra en la Noria de agua, situada enfrente de la piscina natural Gorga de Boltaña. Entre los itinerarios senderistas, son especialmente hermosos el que discurre entre Boltaña y la deshabitada Jánovas, siguiendo el curso del río Ara, o el que comunica Boltaña con Aínsa.

En los alrededores de Boltaña muchos pueblos merecen una visita. La comarca de Sobrarbe, con sus 19 municipios, cuenta con muchos lugares con encanto, pero recomendamos especialmente visitar Aínsa, situada en la confluencia de los ríos Ara y Cinca, bajo la atenta mirada de Peña Montañesa.

Música y Ecomuseo en Aínsa

El medievo parece haberse detenido en su casco antiguo que, de hecho, está catalogado como Conjunto Histórico-Artístico. El punto neurálgico de la villa es su porticada plaza Mayor. Al fondo se alza la iglesia románica de Santa María, considerada como uno de los mejores ejemplos del románico del Alto Aragón. En su claustro se encuentran el románico y el gótico en una belleza inigualable.

En este municipio oscense también se puede recorrer los restos de su castillo. En este escenario se celebra, cada verano, el Festival Internacional de Música Castillo de Aínsa. La visita se completa con el Ecomuseo de la Fauna Pirenaica, ubicado en la torre del homenaje del castillo.

La comarca oscense del Sobrarbe es la puerta de entrada al paraíso natural del Parque Nacional Nacional de Ordesa y Monte Perdido, reserva de la Biosfera desde 1977, Diploma del Consejo de Europa a la Conservación desde 1988, Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) desde 1988 y Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1997.

Tres picos como tres hermanas

Este milagro de la naturaleza constituye una unidad geográfica de primer orden. Su silueta es dominada por los 3.348 metros de altura de Monte Perdido, el elevado macizo montañoso calcáreo más alto de Europa. Un escalador francés le denominó así porque es un pico difícilmente visible desde Francia y que, a veces, desaparece de la vista como por arte de magia. Está acompañado del Cilindro de Marboré y el Pico Añisclo. Una leyenda recoge la historia de que fueron tres hermanas sepultadas por las rocas después de traicionar a sus pretendientes nativos y unirse a conquistadores.

Prácticamente la mitad de los aproximadamente 400 pequeños pueblos de esta bella comarca pirenaica que colinda con Francia están abandonados. Los habitantes de la zona, muchos de cuyos mayores cruzaron a pie y con lo puesto al país vecino con la irrupción de la Guerra Civil y regresaron con poco, conocen sus rincones más secretos formados por picos, pozas, cuevas, collados o praderas.

Se pueden recorrer maravillas como el Tozal del Mallo, la Cascada del Estrecho, las Gradas de Soaso o el Bosque de las Hayas. Son muchísimas las excursiones y ascensiones que puedes realizar en este valle en cualquier época del año. La que te lleva hasta la cascada de la Cola de Caballo es todo un clásico, ya que a su belleza se añade una facilidad que la hace apta para todos los públicos.

La primera vez que Sandra López y Raúl Collbatallé pisaron el camping Sant Salvador tenían meses de vida. Ubicado frente a la playa de Coma-ruga, en Tarragona, era el alojamiento vacacional de sus padres y abuelos. Y ha sido también el suyo hasta que el pasado mes de febrero recibieron una carta del nuevo propietario. Les comunicaba que tenían un mes para retirar sus 'bungalows' y marcharse.

Las familias, que llevan veraneando en el lugar en algunos casos desde hace 20, 30 o incluso 40 años, se niegan a irse sin más y han decidido plantar batalla. Consideran que son víctimas de un proceso de “gentrificación” alimentado por la moda de los cámpings de alto standing. “Lo que quieren hacer, con prestaciones y restauración de lujo, no está pensado para nosotros”, lamenta López. 

La nueva propietaria es HolaCamp, una empresa nacida en 2023 de la mano de empresarios e inversores del sector, que ya cuenta con siete campings en España. Su modelo se acerca al del glamping, la evolución hacia el lujo de la tradicional oferta de parcelas para tiendas de campaña y caravanas. Sus planes son ambiciosos: este 2024 aspiran a pasar de siete a 17 alojamientos.

Sin embargo, en Coma-ruga sus previsiones de apertura han chocado con un grupo de fieles al camping Sant Salvador que no quiere renunciar a sus barbacoas y paellas entre amigos y a las competiciones de petanca sin cuartel. Un total de 62 familias exigen negociar en bloque su continuidad en el alojamiento o, al menos, que les den más tiempo para salir y para desalojar sus pertenencias.

Denuncian engaños del anterior propietario

Estos veraneantes, que históricamente se alojaban en caravanas, se sienten además estafados por el anterior propietario, que les animó a comprarse bungalows justo antes de venderse el establecimiento. “En algún caso amenazó con que iba a quitar las caravanas, así que muchos compraron los bungalows”, sostiene Sandra. Las familias invirtieron entre 5.000 y 7.000 euros por las casetas más viejas y entre 20.000 y 25.000 por las más nuevas.

Las familias sospechan que el antiguo director las empujó a comprar bungalows para que el camping alcanzara las 3 estrellas y así venderlo más caro. Pero ahora HolaCamp no está interesado en estos pequeños alojamientos –no son del estilo de su negocio–, y en febrero conminó a retirarlos. Les dio un mes, que al final aplazó hasta fijar como ultimátum el pasado 15 de abril.

Desde entonces, las familias saben que sus bungalows pueden ser desmontados y trasladados a un rincón del camping, unos trabajos y almacenamiento por el que la propiedad avisó que les cobrará. 

Las 62 familias que piden negociar –en total eran 80, pero algunas aceptaron la nueva situación– han llamado estos días a hasta 22 campings de toda Catalunya para ver si les aceptan con sus casetas, pero todos les han dicho que no. Algunas han empezado a ponerlas a la venta, pero explican que les pagan 3.000 o 4.000 euros por ellas. Solo el coste de desmontarlas y trasladarlas calculan que alcanza los 7.000. 

El CEO de HolaCamp, Alfonso Leprevost, admite que inicialmente quizás se equivocaron al comunicar por carta el desalojo a unas familias que tenían tal apego sentimental con el camping. Pero añade que sus demandas son “ilegítimas” y que no tienen recorrido judicial. Asegura asimismo que ellos están dispuestos a negociar, caso por caso, la venta de los bungalows o la continuidad de sus estancias, pero no de forma colectiva. 

Leprevost pone en duda además que las familias tengan que malvender sus casas rodantes. “De entrada, todos son alojamientos que tienen más de 12 años, pero es que además en el mercado de segunda mano ahora mismo se compran a precios muy elevados porque no hay stock”, argumenta. 

Al otro lado, las familias, que han puesto sus demandas en manos de los abogados del Col·lectiu Ronda, insisten en tratar la cuestión conjuntamente. “Hay familias que llevan 20 o 30 años encadenando contratos anuales de temporada y les generaron unas expectativas de que haciendo una inversiones podrían continuar allí”, señala la abogada Esther Costa. Desde HolaCamp, en cambio, responden que no se les pueden echar en cara las promesas que pudiera hacer su antecesor.

Pero la abogada y las 62 familias van más allá y acusan a HolaCamp de “gentrificar el camping”. “Lo mismo que ocurre con la vivienda pasa con los campings. Se viste de ecoturismo lo que acaba siendo la concentración de gente adinerada, un proyecto de élite que expulsa al resto”, lamentan.

El camping “pueblo”, un modelo desaparecido

En pleno debate sobre la masificación turística en Barcelona y el litoral catalán, el camping Sant Salvador era un vestigio de un estilo de veraneo en desaparición. El de aquellas familias que firmaban un contrato de temporada en el camping para plantar su caravana de mayo a octubre, cada año en la misma parcela, y instalarse allí todos los fines de semana y durante las vacaciones.

Sandra y Raúl lo describen como “un pueblo”. Una suerte de segundas residencias para vecinos mayoritariamente de la periferia de Barcelona. “Todos mis amigos son de aquí, a mi marido lo conocí aquí de niña y a la boda vino medio camping”, pone como ejemplo esta mujer de 42 años, que sabe que difícilmente encontrará un lugar donde por 3.700 euros pueda ver correr a sus hijos sin supervisión durante todos los meses de verano.  

Este modelo de clientes fijos es cada vez menos frecuente, sobre todo en campings de la costa donde hay mucha demanda turística. Leprevost, de HolaCamp, atribuye a esta situación el hecho de que el negocio perdiese dinero cuando ellos lo compraron. “Tenía demasiados fijos, en torno al 40%, en total unas 85 familias que ocupaban además demasiado espacio. No tenía ninguna viabilidad”, razona el empresario, que añade que en su caso solo se plantean tener una cuota del 15% de este perfil. 

Los empresarios de campings de Cantabria se preparan para despedir un año que ha sido “bueno” desde el punto de vista turístico, con cerca de 400.000 viajeros -prácticamente el mismo número que en el ejercicio anterior- que han generado 1,7 millones de pernoctaciones, un 17 por ciento más que en 2022, que dejó “cifras de récord” que hacen que esta actividad sea referente en el sector regional y “cada vez más a nivel nacional”.

Para seguir en esa senda, el colectivo afronta el 2023 con la vista puesta en la regulación de las autocaravanas “sin control” y la “proliferación” de viviendas de uso turístico “ilegales”, dos de los principales problemas del sector en la comunidad autónoma, junto con la falta de personal, que “cada vez se está haciendo más grande y grave”.

Lo ha expuesto así en la noche del miércoles Eneko Valle, presidente de la Asociación de Empresarios de Campings de Cantabria, que ha celebrado su XXX Gala anual en un hotel de Santander, a la que han asistido y participado la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual; el director general de Turismo del Gobierno regional, Gustavo Gubero; y la consejera del ramo, Eva Guilermina Fernández, entre otros invitados y autoridades.

En el acto, en el que se ha entregado el XXII Premio Tejo Cántabro al Real Racing Club, el portavoz de los empresarios de campings ha achacado el buen balance de año a la “recuperación” del turista extranjero, principalmente alemanes y holandeses, a la “retención” del viajero nacional -que acudió a estos alojamientos de la región tras la pandemia de la COVID- y al buen tiempo, que ha prolongado la campaña estival hasta mediados de octubre.

A juicio de Valle, los datos del año evidencian que “algo tenemos que estar haciendo bien”, tanto los empresarios como las instituciones, punto en el que ha aprovechado para agradecer a la titular de la Consejería y al director de Turismo su “buena predisposición” con la Asociación y atención a las peticiones trasladadas.

En concreto, la regulación del “autocaravanismo sin control” y la proliferación pisos turísticos irregulares, dos de los principales problemas del sector que, “si dejamos que sigan creciendo, la solución será cada vez más difícil: será como poner puertas al campo”, ha avisado el presidente de la agrupación.

“Toca trabajar conjuntamente y en ello estamos”, ha destacado, para valorar también el apoyo y cercanía de la regidora santanderina: “Cada vez que lo hemos necesitado ha estado a nuestro lado”, ha agradecido.

Inversión y personal

En clave interna, Valle ha subrayado que los empresarios del sector trabajan para ser, “si cabe, más profesionales”, al tiempo que están invirtiendo en nuevas instalaciones y renovando las ya existentes para adaptarse a las exigencias de sus clientes

“Seguimos adaptando año a año nuestros campings a los nuevos tiempos para ofrecer a los campistas servicios y actividades de mayor calidad”, ha asegurado.

En cuanto a la falta de personal, ha comentado que “las pasamos canutas para conformar una plantilla para afrontar la temporada”, y más si es a largo plazo. “Si no es por los de casa que parecemos los hombres o mujeres orquesta y por algunos empleados que ya llevan en nuestros campings unas cuantas temporadas, y ya son como de casa, sería más complicado dar un servicio profesional y de calidad”, ha reconocido.

La escasez de empleados constituye, junto con el encarecimiento de materias primas y suministros y en palabras de Valle, las dos “guerras” con las que vuelve a acabar el ejercicio este sector. “Los costos estaban elevados, este año más; teníamos problemas de personal, este año casi no hay personal y todo así”, ha resumido.

Pero “si con todas estas pequeñeces somos uno de los sectores turísticos más importantes de la región y la cuarta comunidad más buscada en Internet de campings detrás de las de la zona del Levante, habrá que ver hasta dónde podemos llegar cuando todo esto se normalice”, ha apostado Eneko Valle.

Ha finalizado su intervención dando las gracias al que fuera presiente de la asociación Javier Aparicio por el trabajo realizado en beneficio del sector, y la bienvenida, aunque “inesperada”, a María Ángeles Pérez González, nueva presidenta de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria tras la reciente crisis interna en la AEHC, y que accedió al cargo días antes de su gala.

Por su parte, la consejera de Turismo ha resaltado la necesidad de proteger los entornos naturales que, junto a las manifestaciones culturales y gastronómicas, “hacen de Cantabria un destino único, un lugar donde cada visita se convierte en una experiencia inolvidable” y ha recordado que esta labor ha de ser un “esfuerzo colectivo, en el que cada actor ponga de su parte”.

En este sentido, ha afirmado que el Gobierno de Cantabria trabaja para conseguir ese equilibrio entre sostenibilidad y turismo y ha explicado que su departamento “está trabajando en un decreto para regular el uso de las autocaravanas y con ello buscar el equilibrio entre la libertad de viajar y la protección de nuestros espacios”.

Después de haber vivido de forma permanente, durante 34 largos años, en el Complejo Náutico de El Portús, ubicado en la costa oeste de Cartagena, y tras haber dejado atrás su vida anterior en Inglaterra, de la que todavía guardan recuerdos, aunque tamizados por una neblina de tiempo muy lejano, Collin Stewart, de 87 años, y su mujer, Margaret, de 80, están siendo obligados a marcharse de su casa sin tener a dónde ir.

Ninguno de los dos puede parar de pensar en el pasado 9 de noviembre, cuando recibieron incrédulos un correo electrónico procedente de la dirección del Complejo que contenía al mismo tiempo, en su hosca apariencia de burocracia formal, un requerimiento y una amenaza: deben abandonar antes del 1 de enero de 2024 la casa en la que han ido construyendo su vida en España, en la que se han ido haciendo mayores, siempre juntos: la casa que compraron en 1989 a un compatriota suyo que previamente, algunos años antes, se la había adquirido al propio complejo.

Cuentan Collin y Margaret que el Complejo lleva vendiendo casas a particulares desde hace más de 40 años. Que al principio era un camping, o que pretendía serlo, pero que fue, poco a poco, transformándose en un extraño pueblo. Que, durante todo este tiempo, la dirección del emplazamiento se ha ido lucrando con la venta de las casas, con su alquiler, con cada contrato que se firma dentro de sus instalaciones, acciones todas que, en la Región de Murcia, y con respecto a establecimientos turísticos, son ilegales desde 1985. Igual que ellos, cientos de residentes recibieron el mismo correo amenazador e imperativo. En total, aseveran, hay unas 400 personas perjudicadas por la situación. 

Además de comprar por una elevada cantidad de dinero sus viviendas, de pagar periódicamente el importe de la luz, del agua y de todos los gastos que éstas conllevan, los propietarios también abonan al Complejo, cada año, el alquiler de la parcela en las que están ubicadas, cuyo precio oscila entre los 5.000 y los 12.000 euros, como si verdaderamente se tratara de un camping.

“Vendimos todo lo que teníamos en Inglaterra. No tenemos nada más”

La conclusión de dicho alquiler señala la fecha exacta en que cada propietario deberá abandonar su casa. Hay personas a las que les expira el contrato de la parcela el 30 de diciembre: a algunas incluso más tarde, a finales de marzo o de abril. Hay otras que en apenas unas horas tendrán que haberse marchado, o que deberían haberlo hecho ya. Todas, sin embargo, antes o después, corren el riesgo de perder la inversión económica que un día hicieron y el lugar íntimo y personal en el que han desarrollado gran parte de su vida. “Nos vamos a la calle, nos quedamos sin techo. Es una locura, una barbaridad”, dice Collin.

“Toda la historia de este lugar, todo lo que hemos creado, la comunidad, la familia, todo fuera, de golpe, de repente. Estamos en shock. Se nos ha cerrado el estómago. Antes, aquí, vivíamos todos alegres, y ahora reina la tristeza, la preocupación”. Sentado en un pequeño carrito de golf que utiliza para desplazarse por la zona, las manos jugueteando con el volante, Collin habla con un tono de voz en el que se adivina la intensidad y el desgarro de una pérdida.

“Margaret y yo vendimos todo lo que teníamos en Inglaterra para venir a vivir aquí. No tenemos nada más. Pagamos impuestos. Contribuimos a Hacienda. Estamos empadronados aquí, en esta dirección. Cuando hay elecciones, votamos en Cartagena. Tenemos los mismos derechos que cualquier ciudadano ¿Cómo es posible que nos quieran echar, así como así?”, se pregunta.

Igual que las de Collin y Margaret, las caras de la mayoría de los vecinos han ido adquiriendo en los últimos días, tras la fatídica amenaza, una tonalidad congestiva de desastre: los hay quienes conviven con ataques de ansiedad, de llantos. Por el Complejo deambulan familias enteras afectadas, con niños, que compraron su casa y solicitaron préstamos para establecerse en un lugar idílico, situado entre la sierra de Cartagena y el Mediterráneo, que se pierde inalcanzable en el horizonte.

“Mi hija nació aquí”

Eugenia Rico vino a vivir al Complejo con su marido en el año 2006, pagando por una de las casas, a través de hipoteca, 126.000 euros. El plazo que la gerencia le daba para abandonarla concluyó hace dos días. Pero no se ha marchado. “Tenemos nuestra vida aquí. Incluso mi hija nació aquí. No nos vamos a ir. Si es necesario me encadenaré a ella. Una empresa no puede echar a unas personas que son dueñas de sus propias casas”, cuenta.

Un camping convertido en un pueblo: “No puedo pagar nada para vivir en otro sitio”

En Cartagena, el Complejo Náutico de El Portús -se trata de su nombre legal, bajo el que firman todos los documentos- es coloquialmente conocido como un camping naturista. Hay carteles que lo acreditan, con dibujos de familias sin ropa junto a palmeras y aguas coloridas: 'Camping Naturista El Portús. Bienvenidos al paraíso'.

Pero la realidad es bien distinta: aunque tenga zonas comunes, como un restaurante o un supermercado, y aunque disponga de un espacio empedrado para que visitantes esporádicos aparquen sus autocaravanas y paseen desnudos a lo largo de sus instalaciones, este lugar es más bien un pueblo. Sus habitantes lo sienten así. Una pancarta colgada de un balcón reza: 'Somos un pueblo, y estas son nuestras casas'. Para Eugenia Rico, la solución pasa justamente por ahí. “Queremos que el Ayuntamiento de Cartagena nos reconozca como pueblo. Queremos todos los derechos, queremos contribuir a la ciudad. Nos consideramos cartageneros”. Los damnificados han solicitado, sin éxito, varias reuniones con el Consistorio de la ciudad portuaria y con la Comunidad Autónoma.

El residencial entero se distribuye por la falda de una montaña con un desorden calculado. Hay calles empinadas de asfalto y aceras firmes y bien dispuestas; hay casas prefabricadas y también casas de obra, con columnas de diseño, balcones, terrazas y muros de conglomerado. Hay parques y jardines, y bancos para sentarse a la sombra de los árboles. Desde dentro, cualquier esquina se convierte de pronto en un mirador privilegiado desde el que se observa el mar abrazado por las estribaciones de la sierra. 

Por todo este lugar, cuentan los vecinos, han pasado generaciones y generaciones de personas. A sus 73 años, casi sin poder mover las piernas por sí misma, María Jesús recuerda muy bien sus comienzos, cuando de verdad era un camping y apenas contaba con un terreno pedregoso y seco al que ni siquiera llegaba la electricidad ni el agua corriente.

“Quiero terminar mi vida aquí”

Ella, dice, es la única fundadora que todavía permanece viviendo aquí, que todavía no ha sido arrastrada por el paso del tiempo. “Llegué en marzo del año 80, con 29 años. He trabajado mucho para levantar este sitio”, cuenta. Leer el email de la gerencia, pensar en la posibilidad de ser expulsada de su casa, la sacudió por dentro. Lo expresa con la voz temblorosa, conteniendo las lágrimas, rígida, sin moverse de su asiento: “No voy a poderlo soportar si me echan de aquí. Será como si me quitaran la vida, igual que si me pusieran una pistola. No puedo pagar nada para vivir en otro sitio”, dice, y toma un poco de aire. “Quiero terminar mi vida aquí, en mi casa, donde tuve mi juventud, donde he sido feliz, donde está la gente a la que quiero”.

La historia de “David contra Goliat”

Nadie esperaba la situación actual. Todos vivían en la tranquilidad apacible del día a día: los más veteranos, disfrutando de paseos matutinos y actividades comunitarias; los más jóvenes, apurando todavía sus jornadas laborales, volviendo a casa al anochecer, por la carretera de El Portús, con el sol escondiéndose por detrás de la línea del infinita del mar. 

Mientras tanto, mientras la vida seguía y todo era como siempre, con el silencio y el sigilo de los peores presagios, un fondo de inversión, Newtown Capital S.L., asumía la propiedad de las instalaciones, según ha podido saber este medio, a finales del verano de 2023. Entre los vecinos circula el rumor de que la obligación de marcharse de sus casas se debe a que la nueva propietaria pretende derribarlas para construir una urbanización de lujo. 

Fuentes de la empresa consultadas por elDiario.es Región de Murcia aseguran que únicamente están abordando “un proceso de renovación y modernización para elevar el confort y la sostenibilidad de las parcelas y alojamientos y mejorar la calidad de los servicios”. Las fuentes de la compañía añaden, asimismo, que pretenden adaptar el establecimiento a la normativa vigente de la Región de Murcia en materia de campings, según la cual el arrendamiento o la venta de viviendas para uso particular y la permanencia de inquilinos durante más de 12 meses en las instalaciones está prohibida desde el decreto 19/1985, de 8 de marzo, de Ordenación de Campamentos Públicos de Turismo.

Hay perjudicados que se encuentran doblemente sorprendidos, pues adquirieron sus casas hace apenas unos meses, cuando esta decisión de desalojo que ha sobrevenido de repente ya se estaba cocinando. Es el caso, por ejemplo, de Ricardo y de su mujer, Mari Fe. A unos años vista de su futura jubilación, compraron una casa en julio por 30.000 euros, para la cual solicitaron un crédito al banco. La gerencia del Complejo no le puso ningún impedimento.

“Incluso firmamos los contratos en la misma oficina del camping. Me siento engañado, porque no fueron sinceros conmigo, y tres meses después me encuentro con que tenemos que abandonar una casa que apenas hemos estrenado y que aún no hemos terminado de pagar”, explica. Y añade: “Pero a la nueva empresa le da igual dejarnos en la calle. Son millonarios. Sólo les importa hacer más dinero”.

“Es una historia de David contra Goliat”, manifiesta Eugenia Rico. “El email en el que nos daban apenas unos días para marcharnos es un acto de amenaza, de coacciones. Intentan amedrentar a la gente, sobre todo a los más mayores, y lo están consiguiendo”. “Muchos temen que les vayan a cortar la luz y el agua”, prosigue, “o que les vayan a traer a matones para sacarlos de sus casas, y entran en pánico”.

Vivir con miedo 

Las coacciones de las que habla Eugenia han surtido el efecto deseado. Tina tiene 70 años y vive desde hace 38 en el Complejo. Nació en Cartagena, y está enamorada de este lugar, de su perfecta sincronía entre la naturaleza, el mar, la montaña, la vida apaciguada. Cuenta que hace días que no puede dormir de los nervios. “Estoy en tratamiento con el médico. Y mi marido también. Tomamos pastillas para dormir. No podemos comer. No sé qué vamos a hacer. Ahora mismo estoy hundida. Esta gente es muy poderosa, y, como siempre, el mayor se come al pequeño, a la gente. Tengo una tristeza muy grande encima, y físicamente no puedo, no me da”.

Pero la preocupación viene por dos costados: por un lado, la posibilidad de perder la casa; por otro, los escasos ingresos que impedirán a mucha gente encontrar otro lugar en el que vivir. John Wells, de 89 años, que llegó desde Inglaterra en 2011 para vivir su jubilación en un lugar donde se suceden, cuenta, “inviernos más cálidos”, habla de una “profunda injusticia”. “Me siento triste, enfadado. Sinceramente, esperaba acabar mi vida aquí. No tengo nada más que esta casa y no tengo palabras. Si la ley española no puede parar esto, es que algo va mal en este país”, expresa. 

Muchos otros también tienen miedo, y se les nota en los ojos y en la expresión elevada y desesperada de sus tonos, en la forma resignada con que a veces, al salir fuera del recinto del Complejo, exhiben pancartas escritas con spray de tinta negra. Nadie alcanza a comprender cómo la Región de Murcia ha permitido, durante 40 años, que este lugar haya llegado a ser un pueblo. Cómo el Complejo se ha saltado la ley durante tanto tiempo sin consecuencias. “Aquí se ha permitido de todo. Se ha vendido de todo. Y ahora ya sí quieren ser legales y les da igual lo que perdamos” explica José Luis Ramírez, otro de los residentes que deberá renunciar a su casa el próximo 30 de diciembre.

Las peticiones, sin responder

Este periódico ha intentado acceder a las instalaciones del Complejo y ha preguntado a la dirección acerca del dinero que han ido ganando por cada venta, por cada alquiler; también sobre si había o no conocimiento de la normativa vigente en la Comunidad. Ninguna petición ni ninguna pregunta ha sido respondida.

En la otra cara de la moneda, fuentes del Gobierno de la Región de Murcia apuntan que la inspección de Turismo desarrolla fundamentalmente su labor “comprobando requisitos y aspectos materiales de los establecimientos turísticos”, entre los que se incluye el de El Portús. Durante sus cuatro décadas de actividad, aseguran, el Complejo Náutico superó numerosas revisiones. Sin embargo, por lo visto, en ninguna tuvieron la oportunidad de comprobar que la disposición y el incremento del número de edificaciones y viviendas iba adquiriendo progresivamente las características visuales de un pueblo.

“La Comunidad Autónoma no puede acceder a contratos privados entre la propiedad y un tercero. Si se hubiese tenido constancia, se habrían tomado medidas”, se escudan las mencionadas fuentes. “Ha sido la nueva propiedad del Complejo quien está personalmente asumiendo la regularización de las cuestiones relacionadas con las estancias que superan los 12 meses”, concluyen.

Sin prisa, esa nueva propiedad está a la espera de que todas las personas que han vivido durante años en el Complejo, con sus familias, con sus enseres personales, con sus recuerdos, abandonen sus casas. “Estamos poniendo facilidades para aquellos clientes que disponen de menos tiempo para dejar sus parcelas”, afirman desde la compañía, sin especificar cuáles son esas facilidades.

“No queremos problemas”

Los clientes, que en realidad no son clientes, sino dueños de sus viviendas, oscilan en una delgada línea que separa casi imperceptiblemente el temor ante las posibles consecuencias y la lucha por lo que es suyo. Se han puesto en manos de un abogado, bajo el que defenderán su legítimo derecho de propiedad. Muchos, como Eugenia Rico, no obedecerán a la amenaza. Otros, como Collin y Margaret, todavía no saben qué van a hacer.

Un coche pequeño y de color plateado sale del recinto. La parte trasera va cargada de cajas de cartón rebosantes de objetos pequeños, domésticos. Una pareja de ancianos va sentada en los asientos delanteros. El hombre, que conduce, baja la ventanilla lentamente. No quieren dar sus nombres, y apenas esbozan unas pocas palabras.

“Nuestro contrato ha terminado hoy mismo. Nos vamos, porque no queremos problemas”, dice el hombre. La mujer explica, mientras su marido sube de nuevo la ventanilla, ahora de forma muy rápida, que se alojarán, de momento, con su hija, que vive fuera de la Región. Repleto de cosas, pesado, lento, el coche sube con dificultad una cuesta y se pierde, acto seguido, entre las curvas de la sinuosa carretera de El Portús.

Despertar bajo un sol abrasador en el interior de una tienda de campaña no es, probablemente, la opción más seductora para aquellos que anhelan una escapada veraniega, relajada y cómoda. Sin embargo, en un rincón pintoresco de la Costa Brava, un resort ha redefinido por completo la experiencia de acampar, elevándola a nuevas formas de lujo.

En las inmediaciones de la Cala de Sa Riera, ubicada en el pueblo pesquero de Begur (Girona), se erige una meca del glamping –con tiendas de campaña o cabañas bonitas, cómodas y sostenibles– donde antes se emplazaba el antiguo camping El Maset. Durante más de medio siglo, este último recinto era el típico camping, con parcelas delimitadas para tiendas o bungalós habitados por familias y grupos de jóvenes.

Ahora ya no acoge campistas, sino glampistas, un término que proviene de la fusión de “glamour” y “camping”. Y se refiere a las diferentes formas de alojamiento que brindan la oportunidad de acampar en espacios abiertos, pero con comodidades incluso similares a las de un hotel de 5 estrellas.

“La vivencia del glamping va más allá de lo que históricamente ha ofrecido la industria del camping”, asegura Israel Martínez, director de Talaia EcoResort Begur, uno de diversos negocios que proliferan en el territorio catalán. Lo cierto es que este tipo de segmento turístico no deja de reinventarse, razón por la que también aspira a dejar de posicionarse como la alternativa económica a los hoteles o apartamentos turísticos.

Por ejemplo, reservar en este resort una noche para dos personas en una tienda de campaña tipi de estilo indio, puede costar 300 euros durante el mes de agosto, mientras que una parcela en un camping tradicional oscila unos 30 euros de media. Los precios hablan por sí solos y son el reflejo de esta evolución hacia la exclusividad, que reúne multitud de servicios en equipamientos que buscan la eficiencia energética para generar el mínimo impacto medioambiental.

“El problema de los glampings que hay en grandes complejos turísticos es que, inevitablemente, requieren más recursos e infraestructuras en su despliegue que un camping convencional, por muy sostenibles que sean sus materiales”, apunta una activista de la plataforma Salvem Begur. Esto implica, por otro lado, que en los últimos años se “haya elitizado del camping” y que su accesibilidad “no sea tan horizontal y asequible para todos los públicos”, concluye.

El camping, cada vez más sostenible, pero también más exclusivo

El crecimiento del camping y de su actividad turística ha ido respaldado por grandes inversiones que, progresivamente, han ido desdibujando el concepto del camping tradicional en pos de la sofisticación, la sostenibilidad y la comodidad. “Alrededor del 35% de los campings catalanes cuentan con una zona de glamping, calcula Miquel Gotanegra, presidente de la Federación de Campings de Catalunya.

Los alojamientos glamping ya son una tendencia más que palpable en los grandes espacios campistas de la comunidad catalana. La amplia gama de opciones que propone esta forma de turismo guarda una relación directa con el incremento de los precios, ya que va acompañada de una mejora continua de los servicios disponibles en las instalaciones de acampada.

Algunas voces críticas de la plataforma SOS Costa Brava objetan que el contraste entre el elitismo del glamping y la esencia básica y sostenible del camping tradicional plantea interrogantes sobre cómo equilibrar la evolución de la oferta turística. Surge así un debate en torno a la estructura del camping convencional, la cual ha representado históricamente uno de los segmentos turísticos más austeros y respetuosos con el medioambiente.

Gotanegra constata que “la industria del camping está avanzando a pasos agigantados en la profesionalización y diversificación de oferta turística”. Argumenta, pues, que estos recintos se han convertido en los “grandes parques vacacionales de nuestro país”, gracias a “su capacidad para ajustarse a las tendencias y exigencias del entorno”.

“La variedad de la oferta y las modalidades de alojamiento han permitido transformar el perfil del campista”, señala Gotanegra, remarcando que la industria del camping “se ha reinventado en favor de la calidad”, para dejar de ser una opción vacacional dirigida principalmente a “jubilados o familias numerosas”. 

Caravanas, autocaravanas, mobilehomes, tiendas de campaña con un toque de elegancia e incluso acogedoras cabañas o bungalós. Estas representan algunas de las alternativas de hospedaje que se han ido ampliado significativamente en los campings, captando así a viajeros con gustos y edades diversas. 

Sa Riera, ¿paraje natural o territorio urbanizado?

El lujo y la sostenibilidad son las características que más destacan en la web del parque vacacional de Talaia Plaza EcoResort Begur, “que se ha convertido en el primer complejo turístico de toda España en obtener sello Beyond Green”, comenta Martínez enorgullecido. Esta certificación requiere cumplir con más de 50 indicadores alineados con los estándares mundiales de turismo sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

En referencia al gran número y variedad de alojamientos de los que dispone este gran resort, la activista de Salvem Begur lanza la siguiente pregunta: “¿Cómo la gente puede estar dispuesta a pagar tanto por un glamping para estar apiñada junto a otras tiendas o bungalós y, además, dentro de un recinto que tiene más cemento que espacios naturales?”. Según su opinión, este tipo de turismo no ofrece una experiencia “real” de contacto con la naturaleza.

Diversas entidades vecinales y medioambientales de la Costa Brava en Catalunya lamentan que Sa Riera se ha convertido en un “paraje de cemento”. A escasos metros de Talaia Plaza EcoResort Begur, se han edificado 52 chalés del macrocomplejo urbanístico Jardins Sa Riera Living, que ahora están bajo litigio judicial por decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

En 2020, las organizaciones Ecologistas en Acción, SOS Aiguafreda y Salvem Begur denunciaron al Ayuntamiento de Begur para invalidar la licencia de obras que permitía aumentar la presión urbanística en esta zona protegida de Sa Riera.

La deforestación de tres hectáreas de bosque y la extracción de miles de metros cúbicos de tierra “constituyen razones suficientes para cuestionar la legalidad de proyecto”, alegaron las organizaciones demandantes, que esperan que el TSJC emita finalmente un fallo en contra de la constructora y exija su demolición.

“En Sa Riera antes había una montaña verde, pero ahora se ha tornado de color gris: una parte la cubren las edificaciones de la promoción Jardins Sa Riera Living y la otra está plagada de apartamentos, bungalós y glampings de Talaia EcoResort Begur”, explica la activista de la plataforma Salvem Begur. 

Las asociaciones ecologistas temen el impacto medioambiental que estas dos grandes infraestructuras puedan ocasionar a largo plazo. A pesar de las certificaciones de sostenibilidad que avalan las prácticas de Talaia EcoResort Begur, es innegable que la fisionomía natural de la Cala de Sa Riera ya no volverá a ser la misma. 

La pandemia y el impulso del camping

En el 2022, se registraron un total de 18,6 millones de pernoctaciones en los campings catalanes, lo que representa un incremento del 6,5% en comparación con el año anterior, que estuvo condicionado por las limitaciones derivadas del Covid. El presidente de la Federación de Campings de Catalunya asegura que fue precisamente la pandemia la que afianzó esta opción turística al aire libre. “Ahora se ha fidelizado un perfil de cliente más local que compite en número con el extranjero procedente de Francia, Holanda y Alemania”, destaca.

Antes de la crisis sanitaria, el concepto del camping podía evocar imágenes de tiendas de campaña en festivales de verano o escapadas familiares tradicionales. Sin embargo, con la necesidad de distanciamiento social y una mayor conciencia sobre la importancia de los espacios abiertos, el camping ha experimentado un renacimiento que va mucho más allá de las connotaciones previas.

Además, Catalunya se ha consolidado como el destino predilecto de los campistas nacionales y extranjeros en España. Esta actividad turística no deja de aumentar en visitantes, hasta el punto que, en la actualidad, la región catalana alberga 353 áreas de acampada capaces de proporcionar alojamiento a un total de 270.342 personas. 

Para este 2023 se prevé que las reservas del sector del camping en España batan de nuevo cifras de récord. Así lo corrobora un informe elaborado por la plataforma de alojamientos al aire libre Pitchup, que posiciona al camping como la mejor categoría turística para crecer durante este año.

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings y alojamientos de turismo rural) de Cantabria alcanzaron en junio las 322.457, lo que supone un aumento interanual del 12,3 por ciento, frente a la caída del 3% de media nacional, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y por el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE).

Este incremento de pernoctaciones extrahoteleras en el sexto mes del año es paralelo al repunte de viajeros, que han sido un 11,4% más que en el mismo mes de 2022, hasta alcanzar los 88.150.

La mayoría fueron residentes en España, 63.088, frente a 25.061 residentes en el extranjero. Sin embargo, la presencia de nacionales ha crecido un 3% mientras se ha disparado un 40,1% la de extranjeros.

De este modo, las pernoctaciones de residentes en España sumaron 253.077, un 7,9% más que en junio de 2022, y las de extranjeros llegaron a 69.380, un 31,7% de incremento.

Del total de pernoctaciones, 214.080 se corresponden a campings, 47.303 a apartamentos, 17.316 a casas rurales y 8.225 a albergues.

Destaca especialmente el crecimiento en las pernoctaciones en albergues (47,5%), aunque también fue significativo en apartamentos (20,1%) y campings (17,2%), mientras que en las casas rurales se redujeron un -4,7%.

El grado de ocupación aumentó en los albergues (17,2%) y campings (1,5%), pero disminuyó en los apartamentos (-24%) y casas rurales (-8,9%).

La estancia media en los alojamientos extrahoteleros fue de 3,6 días, lo que supone un repunte interanual del 0,8%. Fue superior al mismo mes del año pasado en las casas rurales (4,8%) y en los campings (3,5%) y se redujo en albergues (-36,7%) y apartamentos (-9,2%).

En concreto, en junio los apartamentos de la comunidad autónoma recibieron 16.482 turistas que generaron 47.303 pernoctaciones, con una estancia media de 2,87 días y un grado de ocupación del 29,6%.

Por los campings pasaron 42.778 viajeros que realizaron 214.080 pernoctaciones con una estancia media de 5 días y un grado de ocupación del 39,1%.

Las casas rurales acogieron 6.583 personas que generaron 17.316 pernoctaciones, con una estancia media de 2,6 días y un grado de ocupación del 15,3%. En general, el turismo rural registró 24.815 viajeros y 52.849 pernoctaciones, con una estancia media de 2,1 días y un grado de ocupación del 20,8%.

Y los albergues congregaron a 4.075 viajeros que realizaron 8.225 pernoctaciones con una estancia media de 2 días y un grado de ocupación del 44,6%.