El episodio de intensas lluvias y tormentas que ha sufrido La Rioja durante las últimas horas ha obligado a evacuar a unas 50 personas del camping de Navarrete. El desalojo preventiva del recinto ha sido la actuación más crítica de la noche para los servicios de emergencia del SOS Rioja, que gestionaron un total de 14 incidencias en toda la comunidad autónoma durante la alerta de nivel amarillo decretada entre la tarde del sábado y la medianoche del domingo.

Del medio centenar de afectados en el camping de Navarrete, una treintena de personas fueron realojadas en diversos hoteles y hostales de la zona, mientras que una veintena de evacuados pasó la noche en la antigua biblioteca municipal de Navarrete. Cruz Roja en La Rioja habilitó este espacio de urgencia instalando camas, mantas y un punto de avituallamiento para responder a las necesidades inmediatas de las personas afectadas.

Las fuertes precipitaciones también causaron importantes afecciones en las infraestructuras de la zona. En el propio término de Navarrete, la acumulación de agua obligó al corte total de la carretera LR-137 entre los kilómetros 7 y 11, permaneciendo interrumpida la circulación hasta la retirada de las balsas de agua.

Inundaciones y cortes de tráfico en varios municipios

El temporal dejó un reguero de intervenciones en distintos puntos de la geografía riojana por balsas e inundaciones en la red viaria. Se registraron anegaciones en calles y carreteras del municipio de Santo Domingo de la Calzada, así como complicaciones al tráfico en la N-232 a su paso por Fuenmayor, en la LR-322 en Huércanos y en la LR-250 dentro del término de Cabezón de Cameros.

Para atender la tromba de incidencias fue necesaria la movilización coordinada de efectivos de la Guardia Civil, Policías Locales, Bomberos del CEIS Rioja, Bomberos de Logroño, Cruz Roja, Protección Civil y los equipos de mantenimiento de carreteras.

En cuanto a los registros de precipitaciones, el episodio meteorológico dejó los mayores volúmenes de agua en la sierra y la Rioja Alta. Villoslada encabezó el cómputo regional con 35,7 litros por metro cuadrado, seguida de cerca por Santo Domingo de la Calzada (33,6 l/m²), Torrecilla en Cameros (31,6 l/m²), Nájera (27,1 l/m²) y la capital, Logroño, donde se recogieron 17,5 litros por metro cuadrado.

“No aportar ninguna referencia contrastable de gestión previa de un alojamiento o albergue juvenil o una zona de acampada equivalente que respalde la diversificación en diez líneas de ingreso declarada”.

El informe del comité de expertos que valoró las propuestas de las tres empresas que se presentaron al concurso convocado por el Ayuntamiento de Benidorm para explotar el espacio de acampada y ocio juvenil de la Séquia Mare se pronuncia en estos términos en el apartado de “modelo general de gestión integral del centro” en relación a la propuesta presentada por Trokoaventuras MB SL, la empresa que finalmente se adjudicó la concesión por un plazo de 10 años.

Y es que, según la documentación recabada por elDiario.es a través del Registro Mercantil, tanto esta empresa como su matriz, Nexo Troko SL, se constituyeron el pasado 21 de agosto de 2026, 10 antes de que finalizara el plazo para que cualquier empresa pudiera presentarse al proceso.

Según la información del Registro, Trokoaventuras SL se constituyó con un capital social de 3.000 euros y su actividad declarada es la de “campings y aparcamientos para caravanas, animación sociocultural, ocio, tiempo libre y espectáculos” mediante la “organización, gestión, producción, promoción, contratación, coordinación y ejecución de actividades de animación sociocultural, socioeducativa, deportiva y recreativa”.

Su matriz, Nexo Troko SL, se crea con un capital social de 492.000 euros y su objeto social es “adquirir, enajenar, poseer, gravar y administrar todo tipo de bienes muebles e inmuebles”, además de “prestar servicios de asesoramiento, consultoría, administración y gestión a las sociedades en las que participe, incluyendo servicios financieros, contables, fiscales, de auditoría, legales y de recursos”.

Ambas mercantiles el administrador único es D. A. S. y están erradicadas en La Nucía, municipio cuyo alcalde, Bernabé Cano, es uno de los pesos pesados del PP de Alicante, que lleva más de 25 años cosechando mayorías absolutas en su municipio y sorteando acusaciones de las que ha salido sin apenas un rasguño.

La calle de esta localidad en la que están dadas de alta las mencionadas empresas coincide con el domicilio social de Trokolo Ocio y Educación SL, empresa constituida con un capital social de 3.000 euros el 16 de febrero de 2023. Esta empresa gestionó los pasados meses de julio y agosto la escuela de verano del Ayuntamiento de Benidorm para menores de entre 3 y 13 años.

Llama la atención que una de las condiciones del pliego del concurso establece que la empresa licitadora podrá acreditar su solvencia técnica mediante la aportación de la siguiente documentación: “Una relación de los principales servicios efectuados en los últimos tres años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 70.000 euros”.

A preguntas de elDiario.es al Ayuntamiento sobre cómo ha podido acreditar esta solvencia una empresa de nueva creación, fuentes municipales han informado de que “la Ley de Contratos del Sector Público regula en su artículo 75 la Integración de la solvencia con medios externos, apoyándose la solvencia técnica y económica para esta licitación en otra empresa” y han destacado que “es una fórmula que también han empleado otras mercantiles que han participado del concurso”.

Efectivamente, el informe del comité de expertos señala que la segunda clasificada, Camping Navalmar SL, concurre con Aloja Book y lo destaca en un par de apartados como puntos débiles por su “excesiva dependencia”. Sin embargo, no menciona la empresa en la que se apoya la adjudicataria, Trokoaventuras MB SL.

La peor oferta económica para el Ayuntamiento

Como informó elDiario.es, el Ayuntamiento gobernado por el PP con mayoría absoluta con el alcalde Antonio Pérez a la cabeza adjudicó el pasado viernes 18 de septiembre la concesión del mencionado recinto a la empresa Trokoaventuras MB SL, que además presentó la oferta económica menos ventajosa para los intereses municipales.

En el concurso para adjudicar la concesión, la valoración de los criterios económicos, es decir los objetivos, tan solo suponían un 10% del total de la puntuación, mientras el 90% restante correspondía la propuesta técnica, de criterio subjetivo. En este sentido, según el pliego de condiciones, el Consistorio proponía una inversión adicional de 200.000 euros para equipar las instalaciones y se ofrecía a las empresas concursantes aminorar esta cuantía. En este sentido, la adjudicataria tan solo ofreció una inversión de 15.826 euros siendo la más baja de las tres empresas que se presentaron al proceso. Una oferta que supone 184.174 euros menos que Camping Navalmar SL, la segunda clasificada, que propuso poner 200.0000 euros liberando al Ayuntamiento de ese coste adicional. La tercera empresa, José medina e Hijos SL, hizo una oferta de 90.000 euros.

Al respecto, fuentes municipales justificaron esta fórmula de puntuación en que “se da prioridad al proyecto y al servicio, porque se quiere un albergue juvenil con actividades y proyectos lúdicos y educativos, no que prevalezca lo económico”, es decir, evitando de esta forma que se lo quede la empresa con mayor capacidad económica pero, quizás con una peor oferta de gestión.

Llama la atención también que el Ayuntamiento, tras haber realizado una inversión de 2,1 millones de euros en la adecuación del espacio, así como en la construcción del albergue y centro de interpretación, no exige el pago de un canon anual a la empresa concesionaria y que si los costes de limpieza del recinto exceden los 20.000 euros anuales, el consistorio asumirá la diferencia.

El informe del comité de expertos que ha valorado 10 parámetros de cada una de las tres empresas participantes ha otorgado una puntuación final sobre 90 (los 10 puntos restantes corresponden a la oferta económica) de 78,75 puntos a la adjudicataria; 65,95 a José Medina e Hijos; y 67,05 a Camping Navalmar. Según el mencionado documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, “las diferencias de puntuación entre las tres ofertas son moderadas en términos absolutos y muy reducidas entre la segunda y la tercera posición, lo que refleja que las tres memorias técnicas alcanzan un nivel de calidad, coherencia y desarrollo comparable y notablemente superior al umbral mínimo exigido del 50 % (45 puntos)”.

Como consecuencia de la fórmula establecida en los pliegos, Trokoaventuras obtuvo 0,79 puntos en el criterio económico, mientras que Camping Navalmar obtuvo 10 puntos, la puntuación máxima.

Tras sumar la valoración técnica y económica, Trokoaventuras quedó en primera posición con 79,54 puntos, seguida de Camping Navalmar con 77,05 puntos. La diferencia final entre ambas ofertas es de tan solo 2,49 puntos.

“No aportar cap referència contrastable de gestió prèvia d'un allotjament o alberg juvenil o d'una zona d'acampada equivalent que done suport a la diversificació en deu línies d'ingressos declarada”.

L'informe del comité d'experts que va valorar les propostes de les tres empreses que es van presentar al concurs convocat per l'Ajuntament de Benidorm per a explotar l'espai d'acampada i oci juvenil de la Séquia Mare es pronuncia en estos termes en l'apartat de “model general de gestió integral del centre” en relació amb la proposta presentada per Trokoaventuras MB SL, l'empresa que finalment es va adjudicar la concessió per un termini de 10 anys.

La raó és que, segons la documentació recopilada per elDiario.es a través del Registre Mercantil, tant esta empresa com la seua matriu, Nexo Troko SL, es van constituir el passat 21 d'agost de 2026, 10 dies abans que es complira el termini perquè qualsevol empresa poguera presentar-se al procés.

Segons la informació del Registre, Trokoaventuras SL es va constituir amb un capital social de 3.000 euros i la seua activitat declarada és la de “càmpings i aparcaments per a caravanes, animació sociocultural, oci, temps lliure i espectacles” mitjançant “l'organització, gestió, producció, promoció, contractació, coordinació i execució d'activitats d'animació sociocultural, socioeducativa, esportiva i recreativa”.

La seua matriu, Nexo Troko SL, es crea amb un capital social de 492.000 euros i el seu objecte social és “adquirir, alienar, posseir, gravar i administrar tota classe de béns mobles i immobles”, a més de “prestar serveis d'assessorament, consultoria, administració i gestió a les societats en què participe, inclosos serveis financers, comptables, fiscals, d'auditoria, legals i de recursos”.

En les dos mercantils, l'administrador únic és D. A. S. i estan radicades a la Nucia, municipi l'alcalde del qual, Bernabé Cano, és un dels pesos pesants del PP d'Alacant, que fa més de 25 anys que obté majories absolutes al seu municipi i esquivant acusacions de les quals ha eixit pràcticament indemne.

El carrer d'esta localitat en què estan donades d'alta les empreses esmentades coincidix amb el domicili social de Trokolo Ocio y Educación SL, empresa constituïda amb un capital social de 3.000 euros el 16 de febrer de 2023. Esta empresa va gestionar els passats mesos de juliol i agost l'escola d'estiu de l'Ajuntament de Benidorm per a menors d'entre 3 i 13 anys.

Crida l'atenció que una de les condicions del plec del concurs establix que l'empresa licitadora podrà acreditar la seua solvència tècnica mitjançant l'aportació de la documentació següent: “Una relació dels principals serveis efectuats en els últims tres anys, de naturalesa igual o similar als que constituïxen l'objecte del contracte, l'import anual acumulat dels quals en l'any d'execució més alta siga igual o superior a 70.000 euros”.

A preguntes d'elDiario.es a l'Ajuntament sobre com ha pogut acreditar esta solvència una empresa de nova creació, fonts municipals han informat que “la Llei de Contractes del Sector Públic regula en l'article 75 la integració de la solvència amb mitjans externs, i la solvència tècnica i econòmica per a esta licitació es basa en una altra empresa” i han destacat que “és una fórmula que també han emprat altres mercantils que han participat en el concurs”.

Efectivament, l'informe del comité d'experts assenyala que la segona classificada, Camping Navalmar SL, concorre amb Aloja Book i ho destaca en un parell d'apartats com a punt dèbil per la seua “dependència excessiva”. No obstant això, no menciona l'empresa en què es recolza l'adjudicatària, Trokoaventuras MB SL.

La pitjor oferta econòmica per a l'Ajuntament

Com va informar elDiario.es, l'Ajuntament governat pel PP amb majoria absoluta i amb l'alcalde Antonio Pérez al capdavant va adjudicar el passat divendres 18 de setembre la concessió del recinte esmentat a l'empresa Trokoaventuras MB SL, que, a més, va presentar l'oferta econòmica menys avantatjosa per als interessos municipals.

En el concurs per a adjudicar la concessió, la valoració dels criteris econòmics, és a dir, els objectius, només representava un 10% del total de la puntuació, mentre que el 90% restant corresponia a la proposta tècnica, de criteri subjectiu. En este sentit, segons el plec de condicions, el Consistori proposava una inversió addicional de 200.000 euros per a equipar les instal·lacions i oferia a les empreses concursants reduir esta quantia. En este sentit, l'adjudicatària només va oferir una inversió de 15.826 euros, la més baixa de les tres empreses que es van presentar al procés. Una oferta que representa 184.174 euros menys que Camping Navalmar SL, la segona classificada, que va proposar aportar 200.000 euros i alliberar l'Ajuntament d'eixe cost addicional. La tercera empresa, José Medina e Hijos SL, va fer una oferta de 90.000 euros.

Sobre esta qüestió, fonts municipals van justificar esta fórmula de puntuació en què “es dona prioritat al projecte i al servei, perquè es vol un alberg juvenil amb activitats i projectes lúdics i educatius, no que prevalga l'aspecte econòmic”, és a dir, evitant d'esta manera que se'l quede l'empresa amb capacitat econòmica més gran però, potser, amb una pitjor oferta de gestió.

Crida també l'atenció que l'Ajuntament, després d'haver realitzat una inversió de 2,1 milions d'euros en l'adequació de l'espai, així com en la construcció de l'alberg i el centre d'interpretació, no exigix el pagament d'un cànon anual a l'empresa concessionària i que, si els costos de neteja del recinte excedixen els 20.000 euros anuals, el Consistori assumirà la diferència.

L'informe del comité d'experts, que ha valorat 10 paràmetres de cadascuna de les tres empreses participants, ha atorgat una puntuació final sobre 90 —els 10 punts restants corresponen a l'oferta econòmica— de 78,75 punts a l'adjudicatària; 65,95 a José Medina e Hijos; i 67,05 a Camping Navalmar. Segons el document esmentat, al qual ha tingut accés elDiario.es, “les diferències de puntuació entre les tres ofertes són moderades en termes absoluts i molt reduïdes entre la segona i la tercera posició, cosa que reflectix que les tres memòries tècniques aconseguixen un nivell de qualitat, coherència i desenvolupament comparable i notablement superior al llindar mínim exigit del 50% (45 punts)”.

A conseqüència de la fórmula establida en els plecs, Trokoaventuras va obtindre 0,79 punts en el criteri econòmic, mentre que Camping Navalmar va obtindre 10 punts, la puntuació màxima.

Després de sumar la valoració tècnica i econòmica, Trokoaventuras va quedar en primera posició amb 79,54 punts, seguida de Camping Navalmar amb 77,05 punts. La diferència final entre les dos ofertes és de només 2,49 punts.

Negoci redó per a l’empresa adjudicatària de la gestió de l’espai d’oci juvenil del Parc de la Séquia Mare i més que qüestionable per als interessos de l’Ajuntament de Benidorm, almenys en termes econòmics.

Almenys, això és el que es desprén de les condicions que ha posat el consistori per a gestionar l’alberg juvenil, la zona d’acampada, la cafeteria i l’aula d’interpretació de l’esmentat espai, adjudicat el passat divendres 18 de setembre a l’empresa Trokoaventuras MB SL, que, a més, va presentar l’oferta econòmica menys avantatjosa per als interessos municipals.

En un ple extraordinari, l’Ajuntament, governat amb majoria absoluta per l’alcalde del PP, Antonio Pérez, va aprovar l’atorgament d’una concessió a l’esmentada mercantil per a gestionar el recinte durant un termini de 10 anys.

En primer lloc, crida l’atenció que, contràriament al que sol ser habitual en aquest tipus de concessions, l’empresa concessionària no haurà d’abonar cap cànon a l’Ajuntament per cada any d’explotació de les instal·lacions. Es tracta d’una mena de lloguer anual que abona el gestor privat a l’Administració per fer negoci en unes instal·lacions públiques i al qual, en aquest cas, ha renunciat el consistori, després d’haver fet una inversió de 2,1 milions d’euros en l’adequació de l’espai, com també en la construcció de l’alberg i el centre d’interpretació.

A més, en el concurs per a adjudicar la concessió, la valoració dels criteris econòmics, és a dir, els objectius, només suposava un 10% del total de la puntuació, mentre que el 90% restant corresponia a la proposta tècnica, de criteri subjectiu. En aquest sentit, segons el plec de condicions, el consistori proposava una inversió addicional de 200.000 euros per a equipar les instal·lacions i s’oferia a les empreses concursants la possibilitat de reduir aquesta quantia. En aquest sentit, l’adjudicatària només va oferir una inversió de 15.826 euros, la més baixa de les tres empreses que es van presentar al procés. Una oferta que suposa 184.174 euros menys que Camping Navalmar SL, la segona classificada, que va proposar aportar 200.000 euros i alliberar així l’Ajuntament d’aquest cost addicional. La tercera empresa, José Medina e Hijos SL, va fer una oferta de 90.000 euros.

Sobre aquest punt, fonts municipals han justificat aquesta fórmula de puntuació perquè “es dona prioritat al projecte i al servei, perquè es vol un alberg juvenil amb activitats i projectes lúdics i educatius, no que prevalga l’aspecte econòmic”, és a dir, evitant d’aquesta manera que se’l quede l’empresa amb més capacitat econòmica però, potser, amb una pitjor oferta de gestió.

Una altra de les qüestions que criden l’atenció pel que fa a l’impacte sobre les arques municipals és que el mateix Ajuntament podria fer-se càrrec d’una part dels costos de neteja. Segons el plec de condicions, el concessionari assumeix el manteniment tècnic, preventiu i correctiu fins a un màxim de 20.000 euros anuals, i “l’excés d’aquest import l’assumirà l’Ajuntament”.

D’altra banda, en la valoració de les propostes tècniques de gestió elaborada per un comité d’experts, en l’apartat de “model general de gestió integral del centre” s’adverteix que el principal punt de millora és el referit a la “viabilitat operativa de la proposta”, ja que no aporta “cap referència contrastable de gestió prèvia d’un allotjament o alberg juvenil o una zona d’acampada equivalent”.

En aquest sentit, les mateixes fonts municipals han explicat que “els dos licitadors que sí que tenien aquesta experiència en gestió han rebut més puntuació en aquest apartat que l’empresa que no en tenia”, és a dir, l’adjudicatària, i han defés que “el que el comité d’experts ha valorat, basant-se en els projectes i memòries aportats, és la viabilitat operativa de la proposta”.

L’informe del comité d’experts, que ha valorat 10 paràmetres de cadascuna de les tres empreses participants, ha atorgat una puntuació final sobre 90 —els 10 punts restants corresponen a l’oferta econòmica— de 78,75 punts a l’adjudicatària; 65,95 a José Medina e Hijos; i 67,05 a Camping Navalmar. Segons l’esmentat document, al qual ha tingut accés elDiario.es, “les diferències de puntuació entre les tres ofertes són moderades en termes absoluts i molt reduïdes entre la segona i la tercera posició, la qual cosa reflecteix que les tres memòries tècniques arriben a un nivell de qualitat, coherència i desenvolupament comparable i notablement superior al llindar mínim exigit del 50% (45 punts)”.

L’element determinant en la diferenciació de les puntuacions “no ha sigut l’existència de mancances substancials en cap de les tres ofertes, sinó el grau de desenvolupament, exposició, claredat, concreció quantitativa i qualitativa verificable davant de l’ús de fórmules condicionades, remeses de manera genèrica a annexos o merament declaratives”.

A conseqüència de la fórmula establida en els plecs, Trokoaventuras va obtindre 0,79 punts en el criteri econòmic, mentre que Camping Navalmar en va obtindre 10, la puntuació màxima.

Després de sumar la valoració tècnica i econòmica, Trokoaventuras va quedar en primera posició amb 79,54 punts, seguida de Camping Navalmar amb 77,05 punts. La diferència final entre les dues ofertes és de només 2,49 punts.

Tots aquests aspectes han sigut denunciats públicament per Camping Navalmar SL, que ha anunciat un recurs davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.

La mercantil ha sol·licitat formalment a l’Ajuntament de Benidorm l’accés a l’expedient complet de contractació per a poder conéixer i comprovar la documentació que ha servit de fonament per a l’admissió, valoració i classificació de les ofertes.

Negocio redondo para la empresa adjudicataria de la gestión del espacio de ocio juvenil del Parque de la Séquia Mare y más que cuestionable para los intereses del Ayuntamiento de Benidorm, al menos en términos económicos.

Al menos, esto es lo que se desprende de las condiciones que ha puesto el consistorio para gestionar el albergue juvenil, la zona de acampada, la cafetería y el aula de interpretación del mencionado espacio adjudicado el pasado viernes 18 de septiembre a la empresa Trokoaventuras MB SL, que además presentó la oferta económica menos ventajosa para los intereses municipales.

En un pleno extraordinario, el Ayuntamiento gobernado con mayoría absoluta por el alcalde del PP, Antonio Pérez, aprobó el otorgamiento de una concesión a la mencionada mercantil para gestionar el recinto por un plazo de 10 años.

En primer lugar, llama la atención que contrariamente a lo que suele ser habitual con este tipo de concesiones, la empresa concesionaria no deberá abonar canon alguno al Ayuntamiento por cada año de explotación de las instalaciones. Se trata de una suerte de alquiler anual que abona el gestor privado a la administración por hacer negocio en unas instalaciones públicas al que, en este caso, ha renunciado el consistorio, tras haber realizado una inversión de 2,1 millones de euros en la adecuación del espacio, así como en la construcción del albergue y centro de interpretación.

Además, en el concurso para adjudicar la concesión, la valoración de los criterios económicos, es decir los objetivos, tan solo suponían un 10% del total de la puntuación, mientras el 90% restante correspondía la propuesta técnica, de criterio subjetivo. En este sentido, según el pliego de condiciones, el Consistorio proponía una inversión adicional de 200.000 euros para equipar las instalaciones y se ofrecía a las empresas concursantes aminorar esta cuantía. En este sentido, la adjudicataria tan solo ofreció una inversión de 15.826 euros siendo la más baja de las tres empresas que se presentaron al proceso. Una oferta que supone 184.174 euros menos que Camping Navalmar SL, la segunda clasificada, que propuso poner 200.0000 euros liberando al Ayuntamiento de ese coste adicional. La tercera empresa, José medina e Hijos SL, hizo una oferta de 90.000 euros.

Al respecto, fuentes municipales han justificado esta fórmula de puntuación en que “se da prioridad al proyecto y al servicio, porque se quiere un albergue juvenil con actividades y proyectos lúdicos y educativos, no que prevalezca lo económico”, es decir, evitando de esta forma que se lo quede la empresa con mayor capacidad económica pero, quizás con una peor oferta de gestión.

Otra de las cuestiones llamativas en lo que al impacto para las arcas municipales se refiere es que el propio Ayuntamiento podría hacerse cargo de una parte de los costes de limpieza. Según el pliego de condiciones, el concesionario asume el mantenimiento técnico, preventivo y correctivo hasta un máximo de 20.000 euros anuales, y “el exceso de ese importe lo asumirá el Ayuntamiento”.

Por otra parte, en la valoración de las propuestas técnicas de gestión elaboradas por un comité de expertos, en el apartado de “modelo general de gestión integral del centro” se advierte de que su mayor punto de mejora es el referido a la “viabilidad operativa de la propuesta” puesto que no aporta “ninguna referencia contrastable de gestión previa de un alojamiento o albergue juvenil o una zona de acampada equivalente”.

En este sentido, las mismas fuentes municipales han explicado que “los dos licitadores que sí tenían esa experiencia en gestión se les ha puntuado en ese apartado más que a la empresa que no la tenía”, es decir la adjudicataria, y han defendido que “lo que el comité de expertos ha valorado, en base a los proyectos y memorias aportados, es la viabilidad operativa de la propuesta”.

El informe del comité de expertos que ha valorado 10 parámetros de cada una de las tres empresas participantes ha otorgado una puntuación final sobre 90 (los 10 puntos restantes corresponden a la oferta económica) de 78,75 puntos a la adjudicataria; 65,95 a José Medina e Hijos; y 67,05 a Camping Navalmar. Según el mencionado documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, “las diferencias de puntuación entre las tres ofertas son moderadas en términos absolutos y muy reducidas entre la segunda y la tercera posición, lo que refleja que las tres memorias técnicas alcanzan un nivel de calidad, coherencia y desarrollo comparable y notablemente superior al umbral mínimo exigido del 50 % (45 puntos)”.

El elemento determinante en la diferenciación de puntuaciones “no ha sido la existencia de carencias sustanciales en ninguna de las tres ofertas, sino el grado de desarrollo, exposición, claridad, concreción cuantitativa y cualitativa verificable frente al uso de fórmulas condicionadas, remitidas de forma genérica a anexos o meramente declarativas”.

Como consecuencia de la fórmula establecida en los pliegos, Trokoaventuras obtuvo 0,79 puntos en el criterio económico, mientras que Camping Navalmar obtuvo 10 puntos, la puntuación máxima.

Tras sumar la valoración técnica y económica, Trokoaventuras quedó en primera posición con 79,54 puntos, seguida de Camping Navalmar con 77,05 puntos. La diferencia final entre ambas ofertas es de tan solo 2,49 puntos.

Todos estos aspectos han sido denunciados públicamente por Camping Navalmar SL que ha anunciado un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

La mercantil ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de Benidorm acceso al expediente completo de contratación para poder conocer y comprobar la documentación que ha servido de fundamento para la admisión, valoración y clasificación de las ofertas.

El crecimiento del turismo nacional ha consolidado las furgonetas cámper y las autocaravanas como una de las opciones elegidas para recorrer las extensas costas del país. Sin embargo, cada año muchas personas se hacen la misma pregunta al acercarse al litoral: ¿es legal pasar la noche dentro de un vehículo estacionado frente al mar? La respuesta no es tan simple como un “sí” o un “no”, sino que depende de la distinción entre dos conceptos que a menudo generan dudas entre los propietarios de este tipo de vehículos: pernoctar y acampar.

El auge de esta forma de viajar ha transformado la manera de recorrer el litoral y permite permanecer más cerca de la naturaleza. Entre sus posibilidades están diseñar una ruta sobre la marcha, disponer de mayor flexibilidad horaria y desplazarse hasta lugares que resultarían menos accesibles sin vehículo propio. Sin embargo, esta popularidad también ha generado un debate en los municipios costeros sobre cómo gestionar la convivencia entre el descanso de los turistas, el orden del tráfico y la conservación del espacio.

Para disfrutar de estas experiencias de forma segura y evitar posibles sanciones, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha establecido las pautas que diferencian el simple hecho de pernoctar de la acción de acampar. A través de sus directrices oficiales, Tráfico establece que la actividad que se realiza en el interior de un vehículo habitable no altera la naturaleza de las maniobras efectuadas en la vía pública. Mientras la cámper o autocaravana se mantenga correctamente estacionada, empleando las medidas de seguridad correspondientes y sin rebasar el perímetro de la propia carrocería, sus ocupantes ejercen un derecho de estacionamiento idéntico al de cualquier turismo convencional. En esas condiciones, cenar, leer o dormir en el interior es legal, puesto que las normas de tráfico regulan la colocación del vehículo y no la actividad privada de sus ocupantes.

El límite aparece cuando se despliega un toldo para resguardarse del sol, se abren las ventanas batientes del vehículo o se colocan en el exterior mesas y sillas para comer o tomar algo. Los criterios de Tráfico determinan que, cuando cualquier elemento del vehículo sobresale de su contorno o se ocupa parte de la calzada o la acera con enseres, la situación pasa a considerarse una acampada. La acampada en la vía pública o en espacios no habilitados está prohibida fuera de los campings o de las áreas de servicio específicas para autocaravanas.

Las reglas de algunos municipios

La normativa de la DGT establece el marco general, pero en la práctica son los ayuntamientos costeros los que regulan lo que ocurre en sus respectivas calles. Cada municipio aplica sus propias reglas, por lo que las condiciones pueden cambiar considerablemente de un lugar a otro. Algunos establecen restricciones y, en determinados casos, sanciones, como ocurre en Piélagos, Cantabria, donde está prohibido pasar la noche en los aparcamientos del Parque Natural de las Dunas de Liencres. En Santander únicamente se permite hacerlo en zonas señalizadas y siempre que se trate de pernocta, no de acampada.

Esta diversidad normativa también se aprecia en otros puntos del litoral. El Ayuntamiento de Llanes, en Asturias, ha restringido la pernocta al área habilitada de La Talá, un espacio situado en el interior del municipio, apartado de la zona costera y donde el tiempo máximo de estancia es de 48 horas. Pasar la noche en otros puntos está prohibido y puede dar lugar a sanciones de hasta 500 euros. En Ribadeo, Galicia, se ha impulsado una ordenanza municipal destinada a ordenar el turismo de cámper, establecer normas claras de convivencia y habilitar espacios autorizados para ofrecer una acogida estructurada a los viajeros sin desplazar a los residentes.

La Diputación de Málaga representa otro caso. La institución ha elaborado un modelo de ordenanza municipal para autocaravanas con el objetivo de que las corporaciones locales de la provincia dispongan de una guía jurídica unificada. Este texto proporciona a los consistorios una estructura para regular el aparcamiento y la pernocta en las calles, limitar el tiempo de permanencia y proteger los espacios costeros vulnerables sin necesidad de establecer prohibiciones arbitrarias.

A este entramado de ordenanzas locales se suma el marco medioambiental estatal de la Ley de Costas. Esta legislación prohíbe la acampada y el estacionamiento nocturno en el Dominio Público Marítimo-Terrestre y en su zona de servidumbre de protección, lo que incluye playas, dunas y accesos directos al mar. Aunque el vehículo esté correctamente aparcado según el código de circulación, el Seprona de la Guardia Civil y las autoridades costeras sancionan la permanencia nocturna en estas franjas protegidas para evitar el deterioro del litoral.

Para evitar sanciones durante las vacaciones, las recomendaciones de los organismos oficiales pasan por revisar siempre la señalización a la entrada de cada municipio, elegir aparcamientos urbanizados fuera de las zonas de protección ambiental y mantener el vehículo en modo de estacionamiento, sin desplegar ningún elemento exterior.

En definitiva, dormir dentro de una cámper o autocaravana frente al mar es una práctica legal en España siempre que el lugar permita pernoctar y se respeten las condiciones establecidas. En muchas playas, dunas o zonas del litoral existen carteles que indican las restricciones aplicables y, cuando no los hay, es posible consultar a los organismos oficiales. La clave para evitar problemas durante el viaje está en respetar la diferencia entre pernoctar y acampar, mantenerse fuera de los espacios protegidos de la costa y cumplir las ordenanzas específicas establecidas por cada ayuntamiento.

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este lunes, a propuesta de la Consejería de Turismo y Empleo, remitir al Consejo Consultivo el proyecto de decreto por el que se regulan por primera vez los establecimientos turísticos de alojamiento al aire libre en el archipiélago.

La iniciativa, demandada por el sector, según el Gobierno regional, permitirá dotar a Canarias de un marco jurídico específico para ordenar una modalidad turística que ha experimentado un importante crecimiento durante la última década y que hasta ahora carecía de regulación autonómica, aunque sí regulaciones locales.

El dictamen del Consejo Consultivo constituye el último trámite antes de la aprobación definitiva, señala el Ejecutivo.

El proyecto regulará los campings, las áreas de acampada para autocaravanas, caravanas y vehículos similares, las áreas de pernocta para estos vehículos, las acampadas vinculadas a edificaciones rurales aisladas y los alojamientos turísticos singulares, estableciendo por primera vez las condiciones para su implantación y funcionamiento en Canarias bajo una ley regional.

Durante su elaboración, según el Gobierno canario, “se ha desarrollado un amplio proceso de diálogo con las administraciones públicas, representantes del sector y entidades vinculadas al turismo al aire libre, incorporando sus aportaciones con el objetivo de disponer de una regulación consensuada, adaptada a la realidad de Canarias y que ofrezca seguridad jurídica”.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, destaca que “esta norma supone un paso decisivo para ordenar esta modalidad turística, diversificar la oferta de las islas y responder a una demanda creciente con una regulación que garantice la sostenibilidad, la calidad de los servicios y la seguridad jurídica”.

La futura regulación tiene como objetivo, añade, “mejorar la calidad de la oferta turística al aire libre, favorecer nuevas iniciativas empresariales y compatibilizar el desarrollo de esta actividad con la conservación del entorno natural de Canarias”.

Una vez emitido el dictamen del Consejo Consultivo, el proyecto volverá al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva.

La Rioja es mucho más que tierra de vinos. Es el destino perfecto para los amantes de la naturaleza. Con paisajes que combinan viñedos, bosques, ríos y montañas, esta región ofrece una escapada ideal para desconectar y disfrutar del aire libre. Y el camping es una alternativa para descubrir los contrastes que ofrece esta región para convertir la estancia en una experiencia inolvidable.

Desde el Camero Viejo hasta el Alto Najerilla, pasando por las orillas del Ebro o las faldas de la Sierra de la Demanda, los campings riojanos permiten dormir bajo las estrellas, despertarse con el canto de los pájaros y vivir de cerca la tranquilidad del entorno rural. Y es que muchos de ellos ofrecen rutas de senderismo, alquiler de bicicletas, zonas de baño naturales o actividades en familia. Y también cuentan con comodidades modernas sin perder el contacto con el entorno: bungalows, parcelas para caravanas, zonas de barbacoa y espacios comunes.

Porque en La Rioja el turismo rural es mucho más que descanso, ya que permite al turista formar parte de la vida del lugar: compartir conversación junto al fuego en estas noches de invierno: aprender a hacer pan como lo hacían los antepasados o mirar las estrellas en uno de los cielos más limpios de Europa. Y es que esta forma de viajar, permite descubrir y recorrer La Rioja de una forma especial: Ezcaray, Cervera del Río Alhama, Haro o Arnedillo. Acampar en La Rioja es una forma única de redescubrir el ritmo lento, saborear el paisaje y respirar naturaleza. Una naturaleza capaz de trasmitir emociones reales porque La Rioja también es la opción para los que buscan moverse: senderismo, cicloturismo, kayak, rutas a caballo, esquí en Valdezcaray, parapente sobre cañones, golf, parques de aventura, paseos en globo.

En pleno corazón de La Rioja Alta, el camping de Navarrete garantiza tranquilidad y descanso. Rodeado de naturaleza, puede ser el punto de partida para disfrutar del Parque Natural Sierra Cebollera, adentrarse en las Cuevas de Ortigosa o practicar deportes acuáticos en el Club Náutico del Rasillo.

A orillas del río Ebro, y con las montañas de la Sierra de Cantabria al fondo, otra opción. El Camping Fuenmayor ubicado entre campos de cereales, huertas y viñedos. Y también en el valle, concretamente en el valle de San Millán y en plena Sierra de la Demanda. El Camping Berceo cuenta como reclamo los monasterios de San Millán de la Cogolla (Suso y Yuso) situados a unos diez minutos andando. Una oportunidad de conocer este Patrimonio de la Humanidad y Cuna del Castellano y de combinar cultura y pasado con rutas de senderismo y paisajes de hayedos y tejos.

Y la alternativa para los que visitan La Rioja con ganas de empaparse de su riqueza histórico-monumental está en Bañares. Unas instalaciones situadas a los pies de la Sierra de la Demanda y a tan solo 28 kilómetros de la estación de invierno de Valdezcaray. En pleno Camino de Santiago, este camping permite recorrer San Millán de la Cogolla, descubrir el milagro de Santo Domingo de la Calzada, pasear por el que fue reino medieval (Nájera) o conocer la historia del pueblo de Cañas.

En el límite de La Rioja con Burgos y Álava, y en la ribera del río Tirón, se asienta el Camping de Haro, la capital del vino de La Rioja Alta y un rincón en el que la historia y la cultura se entrelazan y que ofrece al visitante rutas y senderos para conectar con la naturaleza, patrimonio, enoturismo, gastronomía y experiencias únicas como viajes en globo y deportes de aventura.

Son algunas de las opciones para los turistas que buscan naturaleza y tranquilidad, desconectar y disfrutar del paisaje riojano en los distintos campings distribuidos por La Rioja. Visitantes amantes del turismo activo: senderismo, ciclismo, baños termales como los de Arnedillo o rutas en la sierra o por el río Ebro. Viajeros en busca de cultura y gastronomía que pueden visitar los pueblos riojanos con encanto, sus bodegas y degustar su cocina local. Y es que el turista que elige acampar en La Rioja lo hace atraído por la cercanía con el entorno, el respeto por la naturaleza y la tranquilidad de disfrutar de actividades no masificadas.

La Generalitat de Catalunya prevé instalar tres nuevos radares meteorológicos en la zona del Alt Pirineu para prever con “suficiente tiempo” posibles inundaciones en los campings de la zona.

Es una de las principales medidas previstas en el nuevo decreto ley que el Govern aprobará este martes para mejorar la reacción ante el riesgo de inundabilidad de estos espacios.

La consellera de Interior, Núria Parlon, y el presidente de la Federación de Campings de Catalunya, Miguel Gotanegra, han presentado el acuerdo para el nuevo decreto, que cuenta también con el apoyo de ERC y Comuns.

El Govern también prevé ayudas a los establecimientos que se vean afectados por las riadas y las inundaciones. Los campings son una de las “prioridades” del president Illa en la lista de tareas pendientes para revisar las actividades económicas situadas en zonas inundables.

A pocas semanas de la Dana en València, Illa anunció que pondría la lupa en los campings, con el objetivo puesto en “adaptarlos y protegerlos” para no tener que cerrar ninguno.

Según los cálculos del Govern, hay 16 establecimientos de este tipo -la mayoría en el Pirineo- que se encuentran en zonas de riesgo. La estrategia del Govern es aumentar las herramientas para la prevención y, por eso, además de la instalación de radares, se ha propuesto crear una comisión técnica que estudie la situación camping por camping para poder actuar con precisión.

La Junta de Extremadura va a actualizar la regulación de los campamentos de turismo (camping), las zonas de acampada de titularidad pública, las áreas de autocaravanas y los establecimientos singulares, con el objetivo de simplificar los trámites administrativo y adaptarlo a la realidad del sector.

Para ello, el consejo de gobierno aprobó este semana un decreto que sustituirá al actual, vigente desde 1999, para adecuar la regulación a los nuevos modelos de viaje y fomentar un turismo más sostenible, flexible y competitivo.

Entre los principales cambios destaca la eliminación del antiguo régimen de autorizaciones: bastará con presentar una declaración previa de instalación y una declaración responsable de inicio de actividad para operar legalmente.

Además, se redefine la tipología de establecimientos turísticos en este ámbito con el reconocimiento de campamentos de turismo que se clasificarán en cinco categorías representadas por estrellas.

El establecimiento podrá ubicarse en cualquier clase de suelo siempre que cuente con la autorización pertinente (hasta hora debía ser suelo urbanizable) y, por otro lado, se amplía el periodo máximo de estancia temporal que pasa de seis meses a once meses.

Las zonas de acampada de titularidad pública estarán gestionadas por los ayuntamientos y con capacidad para 40 parcelas, y ya no se exigirá la existencia de un bar aunque sí servicios mínimos como la recepción, los baños y las salas de cura.

Por su parte, las áreas de autocaravanas deberán contar un área diferenciada para el aparcamiento y otra para el mantenimiento, y el tiempo máximo de uso será de 72 horas.

Otra de las novedades más relevantes del decreto es la incorporación de los denominados establecimientos singulares: espacios de alojamiento o restauración que, por su morfología, excepcionalidad o características especiales, no pueden encuadrarse en ninguna de las categorías tradicionales de alojamientos turísticos.

Este martes por la tarde se ha producido un incendio en el camping de Navarrete, que, según las primeras informaciones, ha afectado al edificio principal. Hasta el momento, tres personas han tenido que ser evacuadas al Hospital San Pedro de Logroño por inhalación de humos.

El fuego ha afectado las instalaciones del camping dedicadas a las recepción, la zona de cocina, la cafetería y el almacén, además de una zona exterior en la que se almacenaban bombonas de propano. El aviso se ha recibido en torno a las 17.00 horas por incendio forestal en la zona del camping, que se ha extendido después a las instalaciones. El incendio ya ha sido controlado y los bomberos se mantienen haciendo labores de vigilancia del fuego.

En el dispositivo están participando Bomberos de Logroño y del CEIS Rioja, Recursos de Emergencias del SERIS y Guardia Civil.

La patronal de Hostelería y Turismo de Asturias (Otea) ha hecho una radiografía completa, con cifras y valoraciones, del impacto que ha tenido el puente de mayo en el sector y su diagnóstico es bastante optimista en cuanto a la ocupación en los alojamientos, con una media de 76%, pero un balance desigual en restauración.

Uno de los temas que más les preocupa son aquellas reservas que se realizan en los restaurantes y que los turistas no completan. Son los “no shows”, esa costumbre tan poco educada de no presentarse en un sitio y no avisar, impidiendo así que esa reserva para comer o cenar pueda ser aprovechada por otros comensales.

Los datos han sido recogidos por el Observatorio Turístico de Otea y se refieren tanto a la ocupación como a la actividad turística. En esta estadística se han contemplado las distintas alas de la comunidad autónoma: oriente, occidente y centro.

Desglose por zonas

En este epígrafe, Gijón lideró los índices de ocupación durante el puente con un 92 por ciento, superando incluso las cifras de la pasada Semana Santa, mientras que Oviedo destacó con un 88 por ciento de ocupación.

La zona del Oriente registró un 70 por ciento de ocupación, en tanto que el Centro y Occidente alcanzaron un 63 por ciento de media cada una de ellas.

El turismo rural, por su parte, gozó de una alta demanda con un 82 por ciento de ocupación y el sector del Camping también ofreció cifras positivas en esta época del año.

El impacto de los eventos

En estas elevadas cifras de ocupación jugó un papel muy relevante la celebración de eventos y, entre todos ellos, hubo uno que fue decisivo a la hora de llenar la ciudad de Gijón de turistas y no fue otro que el “Vespa World Days”, que disparó las previsiones más optimistas y generó una importante actividad en restauración.

“Los datos de ocupación demuestran la crucial influencia de eventos como este o como el reciente campeonato Oviedo Cup, en la Semana Santa de Oviedo”, señala el portavoz de Otea.

A su juicio, estos datos ponen de manifiesto el impacto positivo de estas actividades que atraen a un público que se aloja y consume activamente en los negocios consolidados que generan la economía local como hoteles, restaurantes y comercios.

El perjuicio a los bares y restaurantes

“Esta realidad contrasta marcadamente con el modelo de ciertos grandes festivales que, al ofrecer una oferta completa de servicios de gastronomía, bebida e incluso a veces de alojamiento dentro de su propio recinto, terminan por 'secuestrar' al visitante, limitando o anulando su interacción económica con los negocios fuera del perímetro del evento”, comenta.

El resultado es una “menor o nula incidencia”, señala, en la ocupación hotelera y, especialmente, un perjuicio directo a los bares y restaurantes locales que ven mermada su actividad.

“Este contraste debe llevarnos a un análisis serio y estratégico sobre qué tipo de eventos se deben impulsar”, explica.

El retorno económico

La patronal de Hostelería considera que se deben priorizar aquellas iniciativas que garanticen un retorno económico real y distribuido entre el sector turístico y hostelero del territorio donde se realiza.

“Hay un tipo de eventos como pruebas deportivas, pequeños campeonatos o reuniones profesionales y sociales que tiene poco coste en su organización y, sin embargo, generan mucha actividad en todos los subsectores”, apunta el portavoz.

El sector del turismo rural en Asturias alcanzó una ocupación media del 82%, superando ampliamente las previsiones iniciales del 62%. La ocupación de parcelas en los campings se situó cercana al 60%, mientras que los bungalows registraron una ocupación superior al 75%

El turismo rural, clave para 'desconectar'

El sector del turismo rural en Asturias registró unas cifras muy satisfactorias durante el pasado puente de mayo, al alcanzar una ocupación media del 82 por ciento; una cifra que superó ampliamente las previsiones iniciales del 62 por ciento.

Los alojamientos rurales han mostrado una gran fortaleza y se han posicionado como una oferta muy atractiva para estancias cortas, ya que permiten que en un puente se logre “desconectar” y descansar sin planificaciones complejas.

Por su parte, el segmento de los campings en Asturias también ha obtenido resultados positivos, marcando un buen inicio de cara a la temporada. La ocupación de parcelas se situó cercana al 60 por ciento, mientras que los bungalows registraron una ocupación superior al 75 por ciento.

Las incidencias con reservas que no se presentan ("no shows") alcanzaron el 45% de los establecimientos afectados. La patronal de hostelería lamenta que no se avise previamente de la cancelación, lo que genera pérdidas y dificulta la gestión para los establecimientos

Menos cenas y más 'no shows'

En cuanto al sector de la restauración, el balance es desigual. Así, según los datos facilitados por Otea a elDiario.es Asturias, la media de ocupación en comidas se situó en un 86,32 por ciento, mientras que las cenas registraron una media del 55,79 por ciento.

El portavoz de la patronal ofrece la valoración de estos datos: “La ocupación en las comidas, si bien es positiva, se considera un dato más previsible debido a la confluencia de un día festivo con el Día de la Madre, fechas que tradicionalmente ya impulsan la ocupación al 100 por ciento en muchos establecimientos, independientemente de que coincidan con un puente”.

“En cuanto a la media de ocupación en las cenas se mantuvo en un discreto 55,79 por ciento. Este dato -relata- refuerza que la ocupación nocturna en los restaurantes sigue siendo un aspecto clave a mejorar para el sector”.

No obstante, sí han observado que durante este puente de mayo ha habido una tendencia “a la baja” en el gasto realizado por persona.

“Este factor impacta directamente en la rentabilidad de los negocios de restauración, a pesar de las buenas cifras de ocupación en determinados momentos. Las incidencias con reservas que no se presentan (”No Shows“) alcanzaron a un elevado 45 por ciento de los establecimientos afectados. Este sigue siendo un serio inconveniente que genera pérdidas y dificulta la gestión para los establecimientos”, advierte.

La Asociación Campistas Fijos-Camping Arenas de Ajo, que aglutina a más de un centenar de familias, ha presentado este jueves en el Juzgado de Santoña la querella contra la propiedad por un delito continuado de estafa.

“Confiamos en que la Justicia actúe con celeridad para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades”, han señalado desde la asociación, que ha informado en un comunicado del registro de la querella contra la dirección del camping por el “fraude continuado”.

Una querella que sustentan en que, según han señalado, la dirección ha estado durante años ocultándoles la situación “ilegal” en la que se encontraban las parcelas que ocupaban y de las que se les ha desalojado tras la sentencia que ordena el cese de actividad y la demolición de parte de la instalación.

Los afectados, que volverán a manifestarse este domingo, 30 de marzo, en Ajo para exigir “soluciones inmediatas” a su situación, han señalado que, tras haber iniciado acciones legales, los responsables del camping “han comenzado a enviar burofaxes a los campistas, notificando la resolución contractual de la temporada 2024/2025”.

No obstante, desde la asociación han denunciado que los propietarios de la instalación “no cesan en su empeño por continuar en el engaño” ya que están “ofreciendo parcelas en un supuesto nuevo complejo de lujo, en el mismo lugar declarado ilegal, sin ningún tipo de previsión de concesión de licencias administrativas, como incentivo para aquellos que opten por no sumarse a las acciones penales en su contra”.

Además de la presentación de la querella, de forma paralela la asociación ha solicitado la intervención del Defensor del Pueblo para instar al Ayuntamiento de Bareyo a cumplir con “su obligación” de atender sus peticiones y “dar respuesta al incidente de nulidad de actuaciones presentado el pasado 23 de enero”.

La tarde del pasado martes, Javier Suárez, propietario desde hace 12 años de una casa en el Complejo Náutico El Portús, un camping convertido en un pueblo en la costa oeste de Cartagena, recibió un mensaje en su teléfono que en aquel momento le pareció del todo irreal. Un vecino le alertaba de que había advertido movimiento y ruidos de máquinas cerca de su parcela. La apremiaba a que fuera hacia allí para comprobar que todo estaba bien. Suárez se encontraba entonces en Cartagena, donde ahora reside con su familia entre semana. Inmediatamente se desplazó hasta el Complejo junto a su mujer, Clara.

“Cuando llegué, el guardia de seguridad me dio un portátil y un teléfono. Me dijo: esto es para ti, lo demás está ahí”, cuenta el propio Suárez a elDiario.es de la Región de Murcia. El guardia señalaba en dirección a su parcela. No podía creer lo que vio cuando llegó a ella. Estaba repleta de escombros de ladrillo y de tiras delgadas de madera. La gerencia del Complejo le había derribado la casa sin motivo, justificación ni consentimiento. No le comunicaron nada en ningún momento. Solo pudo enterarse gracias al aviso de su vecino. Junto a los escombros, desordenados, estaban sus electrodomésticos. Entre las ruinas, manchados ya de polvo y de tierra y restos rojizos de ladrillos reventados, yacía parte de su ropa y de los objetos personales “de toda una vida” que ya eran irreconocibles, explica Suárez, en un tono visible de indignación que no apacigua el paso de las horas.

Han transcurrido ya casi dos días y ni él ni su mujer se hacen a la idea de lo que ha ocurrido. Este jueves acaba de celebrarse un juicio rápido que ha permitido abrir las diligencias previas de la causa. Cuando Javier Suárez y Clara vieron el amasijo de basura en que se había convertido su casa llamaron a la Guardia Civil, que se presentó a la mañana siguiente, la del miércoles 11. Las autoridades no tardaron en actuar: precintaron la parcela con los escombros, y, a tenor de lo comunicado por fuentes del cuerpo armado, los agentes detuvieron “a dos personas, que pasaron a disposición judicial”. Según ha podido saber esta redacción, se trata del director del Complejo, José Francisco Martínez Ros, y de un empleado de mantenimiento. Ambos pasaron la noche en el calabozo. Ninguno de los dos ha hecho declaraciones en la vistilla rápida celebrada este jueves.

“La casa estaba cerrada con dos candados y dos llaves de bombín”

“Tiraron mi casa abajo con todo. Electrodomésticos, muebles, objetos personales, regalos de mis hijas, todo lo que puede tener una casa. Me lo dejaron amontonado en los escombros. Todo lo de nuestra vida y nuestra familia está allí”, incide Suárez. “La casa estaba cerrada con dos candados y dos llaves de bombín. Los forzaron para entrar. Hemos sido ultrajados, avergonzados y humillados. Y despojados de nuestras pertenencias. Es una violación de nuestros derechos, estando el caso del camping judicializado e ignorando el Artículo 33 de la Constitución Española”, cuenta el afectado. El Artículo 33 de la Carta Magna evidencia que “nadie epodrá ser privado de sus bienes sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización”.

Cuando Javier Suárez y su mujer se encontraron la casa derrumbada en la tarde del martes ya era casi de noche. Lo único que pudieron hacer después de llamar a la Guardia Civil fue grabar vídeos denunciando la situación con la voz entrecortada, al borde de las lágrimas. La controvertida situación del Complejo Náutico El Portús lo complica todo aún más, porque los vecinos, que llevan viviendo largas décadas en el camping, han interpuesto contra el establecimiento acciones legales por estar sufriendo -presuntas- coacciones desde el pasado 1 de octubre. La dirección del Complejo pretende desde hace más de un año que éstos abandonen sus casas -vendidas por el mismo camping- para realizar obras de modernización en las instalaciones.

El juicio rápido ha quedado en nada, porque los detenidos no han hecho declaraciones. “El Juzgado de Instrucción Número 5 llevará el caso. Se abrirá una fase de instrucción, y tendrán que volver a declarar, tanto mi cliente como los acusados. Se dictará entonces el auto de apertura de juicio oral”, explica a la salida de los juzgados el letrado Carlos García Gil, que representa a las víctimas.

El abogado argumenta que los detenidos “han sido puestos en libertad hasta que se celebre el juicio”. “Lo que han hecho puede ser similar a que te moleste un coche que está en tu plaza de aparcamiento y le prendas fuego. A nadie se le ocurriría hacerlo”, sostiene García Gil.

El resto de vecinos que sigue viviendo en el Complejo, unos 30, según Javier Suárez, tienen ahora “miedo”. “No quieren salir por si acaso cuando vuelvan no tienen casa, como nos ha pasado a nosotros”, subraya el afectado.

“Fue desgarrador. Reventaron la casa hasta dejarla aplanada. La excavadora tiró todo en el solar vacío que hay al lado, incluidas sus pertenencias personales. Fue desolador ver a Javier y a su pareja trepar por los escombros en busca de sus preciadas cosas. Me da pánico que eso ahora pueda ocurrirnos a nosotros”, explica a este periódico una vecina del camping que ha preferido mantenerse en el anonimato.

“Pedimos que paren y que dejen de hacer todo lo que están haciendo. Tienen impunidad, hacen y deshacen lo que quieren, desde hace muchos años. Y ahora con las -presuntas- coacciones a todas las personas que están allí. Queremos que nos indemnicen como es debido con todas nuestras pertenencias”, concluye Javier Suárez tras la conclusión del juicio, portando junto a su mujer el documento de apertura de la causa.

Construir y vender casas sin validez legal durante 40 años

Suárez compró su casa, construida allí por el Complejo con una obra que, como las del resto de viviendas, nunca tuvo licencia, a otro particular que previamente se la había adquirido al propio camping. Fue en el año 2012. Desde entonces ha vivido allí ininterrumpidamente durante ocho años. Los otros cuatro ha pasado en ella todos los veranos y la mayoría de fines de semana. Ya no podrá hacerlo más. De ahora en adelante, Javier Suárez y Clara estarán empadronados en una casa de la que solo quedan escombros y polvo.

Una situación similar sufren las más de 30 personas que todavía quedan residiendo allí. Muchas de ellas, de procedencia extranjera, de Reino Unido, Alemania, Francia u Holanda, viven en el camping permanentemente y no tienen otro sitio al que ir. El Complejo Náutico El Portús se ha dedicado durante las últimas cuatro décadas a construir y vender casas a particulares sin escrituras, validez legal ni registro de la propiedad. Las casas, la mayoría de obra, otras hechas a base de bungalós o motorhomes, eran ofertadas por el establecimiento en extensos catálogo como “tu nuevo hogar” a precios que podían alcanzar incluso los 100.000 euros, tal y como contó este periódico en un reportaje publicado a principios de noviembre.

La compraventa fantasma que se perpetró en El Portús se hizo en todo momento al margen de la ley de la Región de Murcia y sin que ninguna administración, ni autonómica -con competencias en materia de campings- ni municipal -que debe vigilar la correcta construcción de casas- se percatara de ello.

El Decreto autonómico 19/1985, de 8 de marzo, sobre Ordenación de Campamentos Públicos de Turismo, que fue renovado en 2022, prohibía a los campings “llevar a cabo la venta o el arrendamiento de parcelas” y “la permanencia por tiempo superior a un año” de los clientes en los mismos. Las prácticas llevadas a cabo por el Complejo Náutico El Portús, sin recurrir a notarios ni a documentación con base legal, convirtió el lugar en un pueblo de casas de obra construidas en la ladera de una montaña. El Complejo, además, cobraba a los residentes un alquiler anual de la parcela en la que estaba ubicada su casa que oscilaba entre los 6.000 y los 12.000 euros anuales, como si vivieran en una tienda de campaña o en una autocaravana.

Todo marchaba con tranquilidad. El negocio vendía casas y les decía a los compradores, según el propio relato de los mismos, que “jamás había habido ningún problema, que en más de 40 años todo había sido paz y tranquilidad”. Pero en verano de 2023 cambió el panorama. La propiedad del Complejo pasó a manos de un fondo de inversión, Newtown Capital S.L., que posee varias empresas dedicadas al turismo rural en España. El 9 de noviembre de 2023, los residentes, entonces más de 400, recibieron un burofax que era también una amenaza: debían desalojar sus casas cuando finalizasen los contratos de alquiler de las parcelas si no querían enfrentarse a problemas legales. La mayoría acabaron marchándose atemorizados, firmando documentos en los que se comprometían a abandonar sus viviendas sin contraprestación económica alguna.

Sin embargo, una treintena de personas todavía resiste viviendo allí. El caso está judicializado desde que, el pasado 1 de octubre, bajo el pretexto del comienzo de unas “obras de remodelación” de las que todavía, más de dos meses después, no hay ningún indicio, el Camping comenzara a someter a -presuntas- coacciones a los pocos residentes que quedan allí, con cortes de agua y luz diarios, impidiéndoles llegar hasta su casa con los coches, vetando la entrada de carteros, colocando vallas a la salida de las casas para que tengan que sortearlas por la montaña o retirando los cubos de basura del recinto. Los vecinos están convencidos de que este derribo repentino y violento es la evidencia de otra coacción más.

Este periódico ha tratado sin éxito de ponerse en contacto, vía telefónica, con el director del camping que fue detenido por la Guardia Civil en la tarde del miércoles y que ha sido puesto en libertad, tras la celebración del juicio rápido este jueves, sin haber hecho declaraciones, a la espera de la apertura oficial del caso.

El magnate Alberto Cortina Alcocer ha invertido en la sociedad holding luxemburguesa de la que cuelga Ohai, la cadena de campings de lujo que pilota el hijo menor del empresario y de la multimillonaria Alicia Koplowitz, Pelayo Cortina Koplowitz. La firma suiza de Alberto Cortina, Cinainvest Holding, da a esa instrumental una valoración superior a los 141 millones.

Hace un año, esa firma domiciliada en Ginebra (Suiza) creó en Luxemburgo una sociedad instrumental, Cinainvest Holding Lux, que acaba de remitir sus primeras cuentas al Registro Mercantil del Gran Ducado. En ellas, declara ser propietaria a cierre de 2023 del 14,4% de Ilanga, la dueña de Ohai. Cinainvest Holding Lux cifra en sus cuentas el valor de ese paquete en 20,4 millones, lo que valora en unos 141,6 millones el 100% de la matriz de Ohai.

En marzo de 2021, elDiario.es avanzó que Cortina Koplowitz había domiciliado en Luxemburgo la matriz de su negocio de campings de alto standing, lanzado un par de años antes junto a varios directivos de Parques Reunidos, tras la compra y remodelación de un resort en Nazaré (Portugal), “en la mayor reserva ecológica de pinares de la Península Ibérica”, como señalan en su web.

Con planes para expandirse en España y Portugal, el proyecto de bungalows, 'glamping' (campings con glamour) y apartamentos turísticos de Cortina Koplowitz se presenta como una empresa que apuesta por el turismo sostenible, ecológico y de experiencias, con el objetivo de que contribuya a impulsar la economía local respetando el medio ambiente. Hace unos meses Ohai fichó como primer ejecutivo a Gerd Loewen, ex consejero delegado de Chicco o Babaria. 

Además del conocido como ‘glamping’, Ilanga presentó en 2023 su otra línea de negocio, la sociedad Wellness & Clinic Resorts, que ha anunciado una inversión de 150 millones para la apertura en Marbella, prevista para finales de 2025, de un hotel y una clínica de lujo en el antiguo resort Incosol. Cerrado desde hace una década, este complejo marbellí fue famoso en tiempos por su clínica de adelgazamiento y por ser lugar de encuentro para personalidades del cine, la música o el arte desde su inauguración en 1973.

Algún medio ha publicado que Cortina Koplowitz “vuela solo” y “triunfa al margen de su familia” con Ohai e Ilanga. La documentación disponible en Luxemburgo muestra que entre los accionistas de ese fondo en Luxemburgo está la suiza Cinainvest, vinculada desde hace muchos años a su padre. 

Cinainvest constituyó la sociedad que controla ese 14,4% de Ilanga el 13 de octubre de 2023. Inicialmente era su único accionista, pero unas semanas después cedió un 49% de las acciones de ese vehículo a su principal gerente, Pelayo Cortina Koplowitz. 

'Los Albertos', Fasana y el emérito

Cinainvest está gestionada en Suiza por Rhône Gestión, el despacho de gestión de grandes patrimonios del asesor financiero Arturo Fasana, que se encargó de crear sociedades en paraísos fiscales para Cortina y su primo y socio en la constructora ACS, Alberto Alcocer, según reveló la investigación de Los Papeles de Panamá en 2016.

Fasana, que en 2020 se libró del banquillo por la trama Gürtel, fue también testaferro del rey Juan Carlos, una persona muy cercana a la pareja conocida como ‘Los Albertos’. Cortina y su primo eran máximos accionistas del Banco Zaragozano cuando el británico Barclays compró esta entidad en 2003, en una operación que se relacionó con el primer ingreso relevante (1,9 millones) que recibió Zagatka, la opaca fundación a nombre de un primo de Juan Carlos I que financió durante una década viajes de placer del emérito, y por los que el emérito pagó 4,4 millones de euros al Fisco en febrero de 2021 para evitar ir a juicio por sus delitos fiscales.

Constituida en 2007, Cinainvest es la holding con la que Alberto Cortina vehicula su participación en su proyecto más conocido en los últimos años, su banco panafricano, agrupado en el holding Afrika Financial Group. El grupo BDK Financial Group, presidido por la antigua mano derecha de Emilio Botín, Alfredo Sáenz (ex consejero delegado del Santander), está presente en Senegal, Costa de Marfil, Mail, Benín, Togo y Conakry. Hace unos meses fichó como consejero al ex secretario de Estado Jaime García-Legaz.

En este proyecto, a Cortina y su primo le han acompañado entre otros accionistas Blas Herrero, propietario de Kiss FM, el venezolano Alejandro Betancourt, que amasó una enorme fortuna con la crisis eléctrica sufrida por el país sudamericano en 2009, o una misteriosa firma de Singapur, Noganoir, que cobró una comisión millonaria por la entrada de la Familia Real de Qatar en El Corte Inglés.

También es accionista de Afrika Financial Group el empresario César Álvarez, hermano del fallecido expresidente de El Corte Inglés Isidoro Álvarez. Su tío y antecesor en el grupo de distribución, César Areces, pilotó la constructora FCC desde el repentino fallecimiento del fundador, Ernesto Koplowitz, hasta que el poder ejecutivo en la compañía pasó a manos en 1972 de dos jóvenes ejecutivos: Alberto Cortina y su primo, los respectivos maridos de las entonces herederas de FCC, Alicia y Esther Koplowitz.

Los conocidos como ‘Albertos’ salieron abruptamente de FCC de manera simultánea en 1990, tras sus respectivos divorcios, en un escándalo a caballo entre el papel couché y la prensa salmón. Hoy ambos están todavía entre los principales accionistas de ACS. Alberto Cortina tenía un 2,8% de la constructora de Florentino Pérez a cierre de 2023 a través de tres de sus sociedades, y su primo Alberto Alcocer Torra, otro 2,39%, según el último informe de gobierno corporativo de ACS. Ambos llegaron a tener el 13,86% de la compañía en 2010, cuando solo les superaba la familia March (23,307%).

Alberto Cortina utilizó hace años Cinainvest para vehicular una participación en ACS, con un paquete de 678.000 títulos de la constructora a cierre de 2013. También para invertir en la canadiense Pacific Rubiales, extinto coloso petrolero en Colombia, de la mano del venezolano Betancourt. Y con ella se situó entre los primeros inversores de la tecnológica española Jobandtalent. En este último caso, la relación ha acabado en los tribunales, por desacuerdos en el valor de las acciones de la plataforma de búsqueda de empleo.

Alberto Cortina es hermano del fallecido Alfonso Cortina, al que José María Aznar colocó como presidente de Repsol antes de privatizar la mayor petrolera española. Su abuelo fue Alberto Alcocer, el que fuera alcalde de Madrid durante las dictaduras de Primo de Rivera y Francisco Franco. Hijo del ministro franquista de Exteriores Pedro Cortina, es un tradicional fijo de los rankings de ricos españoles. Forbes le sitúa entre las 2.500 mayores fortunas del planeta, con un patrimonio de 1.300 millones de dólares. 

Esta publicación le coloca en el puesto 34 de su último ranking de mayores fortunas españolas, entre el magnate del acero José María Aristrain y el naviero Vicente Boluda, aunque bastante por detrás de su ex Alicia Koplowitz (1.800 millones). El septuagenario es también uno de los grandes terratenientes españoles. Es dueño de la finca Las Cuevas, parte de ella ubicada dentro del Parque Nacional de Cabañeros. Entre los municipios de Navas de la Estena (Ciudad Real) y Hontanar (Toledo), el empresario controla 6.335 hectáreas cinegéticas.

Su hijo Pelayo Cortina Koplowitz, de 39 años, es conde de San Fernando de Peñalver desde 2006. Afincado en Londres, el benjamín de los tres vástagos que tuvieron Cortina y Koplowitz es el único que no está vinculado a la gestión de Omega Capital, la firma de inversiones de Alicia Koplowitz cuya sicav, Morinvest, fichó hace un año como asesor a Javier Fernández-Lasquetty, ex gurú económico de Isabel Díaz Ayuso.

Apenas dos días antes de la riada que asoló la pequeña localidad de Letur, en Albacete, el grupo scout Balate de Mula (Murcia) levantaba el campamento del camping de la localidad y se volvía a su pueblo. Todo lo que visitaron esos días, “ya no existe”. “Es irrecuperable”, explica Raúl López, miembro del histórico grupo que tiene casi medio siglo de vida. Por eso, decidieron volver, esta vez no para disfrutar, sino para ayudar.

El camping de la localidad no ha sufrido tantos daños, pero sí requería ayuda en la limpieza del cauce del arroyo. Una docena de personas se dirigió a la localidad en cuanto fue posible, motosierra en mano, para ayudar en la limpieza de un lugar que necesitará todavía mucho tiempo y recursos para volver ser lo que era.

Santi Piquero es uno de los dueños del camping. No ha bajado al pueblo desde que ocurrió la riada. “Estamos todos jodidos”, resume el albaceteño, que llegó al “pueblo más bonito de Castilla-La Mancha” hace dos años. “Lo más duro” para todos está siendo asumir el fallecimiento de Mónica, la limpiadora del recinto, que era una de las seis personas desaparecidas en la localidad. Cuando cerramos esta información, su fallecimiento no es todavía oficial.

“No es solo por las casas y las pérdidas que hemos sufrido. Es por la gente que se ha ido. Nos conocemos todos. Y esto es algo doloroso para el pueblo, que es uno de los más bonitos”, asegura Piquero. Mónica era natural de la localidad de Molina de Segura, en Murcia.

El grupo scout no dudó en ponerse en marcha para ayudar, como hacen siempre con las catástrofes, pero conmovidos especialmente por el vínculo que les une al recinto y en concreto con la situación de la familia de Jonathan y Mónica, ambos desaparecidos en la riada. Tenían dos hijos de 12 y ocho años. “Nos teníamos que implicar un poco más con Letur”, asegura Raúl López. Lo primero que hicieron fue llevar seis palés de mercancía, que entregaron directamente al Ayuntamiento para ayudar a alimentar a las decenas de voluntarios que se han volcado con la localidad. Otros cinco palés llegaron desde Mula a Alzira, en la Comunidad Valenciana.

Además del envío de comida, una parte del grupo se puso en marcha para ofrecerse voluntario en las labores de limpieza, unas doce personas acudieron a limpiar las zonas de alrededor del camping y los nacimientos de agua. “Todas las fuentes de Letur estaban obstruidas de fango y si no las limpias, el agua sale, por otro lado, y se pierde”, explica Raúl. Dos días quitando árboles y leña. “Un desastre”, resalta. Y siguen a la espera de que les comuniquen cuando pueden volver, una vez se abra el centro de la localidad, que permanece cerrado por los peligros de desprendimiento y de derrumbe de las casas.

En el camping, explica López, se ha destrozado el puente que comunicaba las dos zonas del recinto, entre otros daños. “Pero ya se limpió y saneó el cauce del río. Todavía queda mucho que trabajar a nivel de inversión”. Los dueños del lugar abrieron las instalaciones, duchas y zonas de alojamiento, para las personas que acudieron al pueblo a ayudar. También ha servido de punto logístico para dar de comer a los voluntarios.

La ola de solidaridad que recibió el pueblo durante los primeros días de la DANA hizo que el ayuntamiento se viese obligado a pedir que no enviasen más suministros. Sí han abierto una cuenta bancaria específica para recibir donaciones económicas que apoyen la reconstrucción de la localidad. “Ante la avalancha de llamadas de toda España debido a la catástrofe ocurrida en nuestra localidad el pasado martes día 29, el Ayuntamiento de Letur agradece profundamente la enorme muestra de solidaridad y apoyo recibida de parte de la ciudadanía, empresas y organizaciones”, explicaba el alcalde de la localidad, Sergio Marín.

"Entre los valores que promovemos está el compañerismo, ayudar al prójimo en cualquier circunstancia con un ánimo de lucro cero y dejar las cosas mejor que las encontramos.

Raúl López — Scout de Mula (Murcia) que ayuda en las tareas de limpieza del camping de Letur

“Entre los valores que promovemos está el compañerismo, ayudar al prójimo en cualquier circunstancia con un ánimo de lucro cero y dejar las cosas mejor que las encontramos. Esos son nuestros valores, que inculcamos a los críos desde que empiezan. Yo empecé con siete años, tengo 45 años, y eso es lo que transmito. Hay gente que dice que somos un poco frikis. Que cada uno opine lo que quiera”, reflexiona Raúl López. La localidad de Mula bautizó uno de sus parques con el nombre de la agrupación, Balate, que se encuentra, justamente, en la calle del Voluntariado.

Este es el pueblo más bonito de Castilla-La Mancha y ahora se ha quedado un desierto. No he bajado ni quiero bajar, porque me imagino qué pasará

Santi Piquero — Copropietario del camping de Letur

También acusan la sacudida emocional de ver un lugar tan destrozado. “Se ha quedado completamente arrasado y es un impacto muy severo. Ves las fotos de los niños en el parque, precioso y luego ves todo roto, es como una película de terror. Le hemos explicado a nuestros hijos que los lugares donde se hicieron fotos ya no existen”, reflexiona el scout. Los representantes de la agrupación dejaron una pañoleta en su recuerdo. “Ha sido algo muy emotivo”.

Santi Piquero, uno de los dueños del camping, agradece las muestras de ayuda que no solo han llegado desde Mula, sino también de Sevilla, Tarragona, Granada, gente que ha estado al pie del cañón desde el “minuto uno”. “Pero lo llevamos como podemos la verdad”, reflexiona. “Este es el pueblo más bonito de Castilla-La Mancha y ahora se ha quedado un desierto. No he bajado ni quiero bajar, porque me imagino qué pasará... Si ya tengo el nudo aquí, no me lo quiero ni imaginar”, concluye, emocionado.

“Estoy empadronada en El Portús desde hace muchos años. Tengo un trabajo en Cartagena, pero gano muy poco y no tengo suficiente dinero para irme a otra casa. No tengo adónde ir”. Sabrina Simon ha vivido en su casa del Complejo Náutico El Portús, un camping transformado en una especie de pueblo en la costa oeste de la ciudad portuaria, durante los últimos 30 años. Desde hace un poco más de tiempo, unas cuatro décadas, el camping se ha dedicado a construir y a vender a particulares casas sin sustento jurídico ni escrituras ni registro de la propiedad. Lo ha hecho, en todo momento, al margen de la ley de la Región de Murcia. 

Simon vive en El Portús desde que su padre, que había llegado de Francia con la familia, compró una de las viviendas que la misma empresa gestora del camping ofertaba, como si fuese una inmobiliaria, en un pormenorizado catálogo con precios y descripciones que las presentaban como “tu nuevo hogar”. Cuando éste falleció, en 2004, la casa pasó a nombre de la hija. Primero su padre, después Sabrina Simon, ambos fueron pagando una cantidad considerable de dinero al Complejo durante todos esos años para poder permanecer allí. Porque, además de actuar como una promotora fantasma, el Complejo Náutico les ha cobrado a esos mismos particulares que les compraban las casas un arrendamiento anual de la parcela, como si en lugar de haber adquirido un inmueble estuvieran alojados de forma temporal en una tienda de campaña o en una autocaravana.

El Decreto autonómico 19/1985, de 8 de marzo, sobre Ordenación de Campamentos Públicos de Turismo, que fue renovado en 2022, prohibía a los campings “llevar a cabo la venta o el arrendamiento de parcelas” y “la permanencia por tiempo superior a un año” de los clientes en los mismos. La compraventa, sin recurrir a notarios ni a documentación con base legal, perpetrada por el Complejo Náutico El Portús S.A. -es el nombre oficial de la empresa que figura en los contratos a los que ha tenido acceso este periódico- ha convertido el lugar, sin que las administraciones competentes lo hayan impedido en ningún momento, en un pueblo de casas de obra construidas en la ladera de una montaña. Sus habitantes corren ahora el peligro de ser desalojados mediante “maniobras de presión” después de que un fondo buitre haya comprado el recinto.

Un fondo de inversión que acumula campings

Desde el pasado 1 de octubre, Sabrina Simon y otras 30 personas en la misma situación que todavía continúan residiendo en el Complejo están siendo sometidas, denuncian, a “coacciones” para abandonar sus casas. Aquel primer día de octubre, el camping cerró de forma oficial bajo el pretexto de unas “obras de remodelación y acondicionamiento”, según ha podido constatar este medio con la oficina de dirección del establecimiento, que todavía no han comenzado: se colocaron, cuando aún duraba la madrugada, vallas metálicas a la entrada y la salida del recinto y en la gran mayoría de las calles que lo recorren. Las viviendas habitadas sufren, además, desde ese 1 de octubre, cortes de luz y de agua periódicos que se prolongan durante horas y que los vecinos tachan de “intencionados”.

La controversia está afectando sobremanera a la vida cotidiana de los residentes. Simon cuenta que necesita su coche para ir a trabajar, pero que cuando lo sacó del Complejo, el mismo 1 de octubre, ya no le permitieron volver a meterlo para llegar a su vivienda, que está ubicada en el punto más alto de la ladera. “Estoy obligada a aparcarlo afuera y subir andando. Tengo un problema crónico de artrosis. Llevo una década en lista de espera para poder operarme de las rodillas. Desde que bajo y subo a pie tomo muchas más pastillas para el dolor. A veces se me bloquean las piernas y no puedo seguir caminando”, explica, al otro lado del teléfono, a elDiario.es. 

Entre los vecinos que todavía permanecen luchando por su propiedad en el Complejo, los hay quienes abonaron por su casa más de 100.000 euros. Hace un año, la “guerra psicológica” que ahora está emprendiendo la gerencia todavía era velada. En noviembre de 2023, las más de 400 personas que por entonces vivían en el camping, la mayoría jubiladas procedentes de Reino Unido, Francia, Alemania u Holanda que compraron una casa en el recinto para disfrutar de su última etapa en un entorno idílico y cálido, recibieron una notificación que los instaba a abandonar sus viviendas cuando finalizasen sus contratos de alquiler de las parcelas -bajo los cuales cada inquilino abonaba al año al Complejo, en función del tamaño de la casa, entre 6.000 y 12.000 euros-.

El camping había cambiado en el verano de ese mismo año de propietario. Y de objetivo. Su capital pasó a ser gestionado por un fondo de inversión, Newtown Capital S.L., que posee varias empresas dedicadas a la inmobiliaria y al turismo rural en España. La sociedad tiene estrechos vínculos con una rama de la familia Entrecanales. Actualmente, el camping se publicita en Booking.com bajo el nombre de TAIGA Costa Cálida, una empresa propiedad de Borja de la Rica Entrecanales y Agustín Medina Álvarez. Aparece como un alojamiento paradisíaco “en una preciosa bahía”, “a diez kilómetros de la histórica ciudad de Cartagena”. Se trata de una estrategia edulcorada de marketing que ya han puesto en marcha en varios campings de la costa sur peninsular. Pero en ninguno se han encontrado la compraventa fantasma que se perpetró durante décadas en El Portús.

Dejar “los muebles atrás”

Muchos de los entonces residentes, tras recibir las notificaciones en noviembre de 2023, se fueron marchando a lo largo de los meses, uno a uno, “por miedo a las consecuencias”, “dejando todos los muebles atrás”, “sin nada a cambio”. Son palabras pronunciadas por exresidentes que ya han abandonado el Complejo y que prefieren no participar en este reportaje para “evitar problemas”. Este periódico ha tenido acceso a documentos redactados por la propia gerencia del emplazamiento en los que se exhorta a residentes extranjeros de avanzada edad a abandonar sus casas bajo amenazas de desahucio y de demandas de indemnizaciones “por daños y perjuicios con valor de 100.000 euros”. En esos documentos, el Complejo insta a firmar a los propietarios, para eludir las represalias, que se comprometen a “desalojar” su vivienda antes de que finalice el mes de septiembre de 2024 y a renunciar “voluntariamente” a sus “pertenencias”.

La mayor parte de las 30 personas que todavía permanecen en el camping y reclaman su derecho a vivir en casas compradas con su propio dinero paga impuestos en Cartagena, vota en colegios electorales de la ciudad portuaria y está empadronada en su vivienda del Complejo. Sin embargo, desde el 1 de octubre, han llegado a un punto límite. “Fue un shock despertarnos esa mañana. Nos encontramos con las vallas cerrando la entrada y la salida del recinto, las calles cortadas. Nos sentimos como si estuviésemos en un campo de concentración”, explica Eugenia Rico, que reside en El Portús desde hace 18 años. Para salir fuera del camping, caminando, tienen que esperar a que un guardia de seguridad abra un candado que conecta dos vallas metálicas. 

“Desde ese día nos hemos encontrado con cortes deliberados de luz y agua. A veces duran horas, hasta bien entrada la tarde, o incluso la noche. En la oficina nos argumentan que son cortes producidos por las obras. Pero no hay ningún tipo de obra. La única obra que quieren hacer es la de echarnos”, continúa Rico. La vecina habla desde el parking contiguo a la entrada del recinto.

Dentro del Complejo reina el silencio. Las únicas personas que tienen permiso para entrar con vehículos son algunos antiguos trabajadores que llegan para recoger algo y se marchan inmediatamente después. No hay operarios ni máquinas. Visiblemente, nadie trabaja dentro. Dos secretarias están sentadas delante de la pantalla del ordenador en la oficina. Controlan qué personas entran y salen. A su lado, un hombre actúa de director.

Afuera, junto a Eugenia Rico, más residentes afectados cuentan su situación. El contraste con respecto al año pasado es notorio. En noviembre de 2023, tras recibir las notificaciones, una marabunta de vecinos deambulaba por las calles del Complejo sosteniendo pancartas de denuncia escritas rápidamente con spray de tinta negra sobre sábanas blancas. Ahora, en los pocos que quedan, y en su manera discreta de actuar, se sugiere el desgarro de una pérdida que puede ser inminente. La única pancarta visible cuelga desde el balcón de una casa que tal vez ya esté vacía. “Deja nuestro pueblo en paz”.

Para personas como Sabrina Simon, los cortes de luz pueden poner en serio riesgo su salud. Como ella, hay varios residentes de avanzada edad o con altos grados de discapacidad. “Tengo problemas de apnea del sueño desde que era muy pequeña”, explica. “Debo dormir conectada a una máquina. Me da miedo que un día, por jodernos, les dé por cortar la electricidad por la noche. No me llegaría el oxígeno al corazón”.

Pero la electricidad, el agua y el impedimento de entrada a sus vehículos no son las únicas medidas desplegadas por la dirección del camping para “presionar” a los residentes. También han vetado la entrada a carteros para que no les llegue el correo, y han sacado todos los cubos de basura que había en el recinto, de modo que ahora tienen que andar más de un kilómetro para poder tirar sus desperdicios.

Un “paraíso” convertido en un “infierno”

Hay vallas que ocupan calles enteras y otras colocadas estratégicamente a la entrada de casas todavía habitadas. Hay vecinos que tienen que dar un rodeo o atravesar parte de la montaña para acceder a su vivienda. Es el caso de Miguel Almagro y de su pareja, José Juan Leal. Viven en el complejo desde el año 2020, cuando compraron su casa a otra persona que estaba interesada en venderla al no poder afrontar el alquiler anual de la parcela. Ambos tuvieron que ir la semana pasada a lavar la ropa a una lavandería de Cartagena porque no hubo luz en su vivienda hasta la noche. “Este ha sido nuestro refugio, nuestro pequeño paraíso durante estos años. Pero ahora se ha convertido en todo lo contrario, en un infierno”, asevera Almagro.

“Es muy triste”, añade Leal. “Es una desolación verte cada día así, aislado, luchando contra una empresa muy grande. No disfrutamos de este lugar. Te sientes vulnerable. Nos han hecho sentirnos clandestinos en nuestra propia casa. No sabes si cualquier día te van a decir, oiga, usted por aquí no puede caminar, o no puede ir a este sitio. Sentimos que nuestra casa ya no es nuestra. Y siempre estamos pensando en las represalias que todavía quedan por llegar”, manifiesta. “Aquí nos vendían un emplazamiento ideal para vivir”, incide Miguel Almagro. “Pero eso ya no existe”. 

Lo cierto es que así se hizo durante décadas. “Cuando te comprabas una casa, que la firmabas con la misma dirección del Complejo y se la pagabas a tocateja, ellos mismos te garantizaban que esa casa era tuya, que lo sería para siempre, que pasaría a tus hijos y al resto de generaciones. Que este era un sitio inmejorable y que así había sido durante 44 años”, apunta en este sentido Eugenia Rico. Se trata de una situación usual entre quienes se decidían a comprar un inmueble en el recinto. “Al no haber escritura”, comenta Miguel Almagro, “todos nos hacíamos preguntas sobre la legalidad de la situación”. “Pero la gerencia nos convencía con el cuento de que había gente residiendo aquí desde hace cuatro décadas”, incide.

Exactamente lo mismo le dijeron a Éric Gastaud, que llegó en enero de 2023 desde Niza, a sus 60 años, para firmar la compra de su vivienda en las mismas oficinas del Complejo. Pagó una suma de varias decenas de miles de euros por adquirir la casa. Abonó, además, 6.000 euros correspondientes al arrendamiento de la parcela durante todo el año. Pero no le ha servido de nada. El cierre del camping y los sucesivos intentos de presión le sobrevinieron sin esperarlo. “Es todo muy estresante ahora. Uno se hace muchas preguntas, pero no obtiene respuesta por ninguna”, cuenta Gastaud en francés. 

“Cuando descubrí este lugar y tomé la decisión de comprar mi casa aquí me daba un poco de miedo. No me fiaba del todo de las condiciones, de que estuviera ubicada en un camping. Pero el mismo gerente me tranquilizó. Me dijo que jamás había habido ningún problema, que en más de 40 años todo había sido paz y tranquilidad. Y solo unos meses después me quieren echar”, explica el residente, que asegura que, desde el 1 de octubre, siente que vive “en una prisión”. Gastaud carga a sus espaldas una sensación imborrable de “estafa”. Aún guarda, eso sí, la esperanza de que se haga “justicia”.

“Para echarnos nos hacen acoso inmobiliario”

Para que se haga esa “justicia” que pronuncia Gastaud, pero que reclaman unánimemente todos los residentes, éstos han decidido ponerse en manos del letrado Francisco Javier Pérez Abad. El abogado explica a este periódico que sus representados tienen “la propiedad” de las casas en las que viven. “Eran ventas que hacía directamente el Complejo”. “Formalmente, es un camping”, añade Pérez Abad, “y no puede, por ley, haber una residencia permanente”. “Pero muchos de ellos están empadronados ahí. Los propietarios de las viviendas tienen derecho a continuar usándolas hasta que un juez diga lo contrario”, expone.

El proceso apenas acaba de comenzar y no hay una fecha concreta para la celebración de un juicio. “No tiene sentido que ahora pretendan, por la fuerza, por medio de coacciones y vallas, impedir que la gente siga haciendo uso normal de sus casas. La resolución tendrá que determinarse en los tribunales. Es decir, si tienen derecho a vivir allí, o si no lo tienen y deben recibir una indemnización”, subraya el letrado.

La venta del camping a un grupo inversor externo fue el detonante decisivo, para Pérez Abad, que cambió la vida de los vecinos del Portús. “El propietario anterior vendía las casas, ofertándolas como 'tu nuevo hogar'. Pero el nuevo ha cambiado de criterio. De lo que no hay duda es de que los vecinos son propietarios de las viviendas, y tienen contratos y facturas del propio Complejo”, expone. Esta redacción ha tenido acceso a documentos y contratos de compraventa de casas por valor de 100.000 euros rubricados conjuntamente por el Complejo Náutico El Portús S.L. y por las personas que las adquirían. 

Ni el Ayuntamiento de Cartagena, responsable municipal, ni la Consejería de Turismo de la Región de Murcia, que tiene las competencias en materia de campings, fueron nunca conscientes de la realidad que sucedía dentro del recinto. Fuentes del Consistorio de la ciudad portuaria subrayan a este medio que el Complejo Náutico El Portús cuenta “con una autorización de camping con décadas de antigüedad” regulada “por normativas que no permiten un alojamiento indefinido”. “Si se ha hecho lo contrario, la responsabilidad es de la propiedad”, señalan. “Las viviendas que pueda haber allí están fuera del planeamiento urbano”, aseguran. Nunca se concedió -ni se solicitó- licencia de obra alguna para construir casas. Pero se construyeron igual.

Por su parte, Turismo, que ha hecho inspecciones sistemáticas en El Portús durante las últimas décadas, no llegó a sospechar nada a pesar de que visualmente el entorno fuese transformándose gradualmente en un pueblo y de que hubiese gente viviendo en él varias décadas. Los funcionarios de la Consejería nunca requirieron a la gerencia los catálogos donde ofertaban las casas, ni los contratos ni los recibos ni los cuantiosos beneficios que generaban sus ventas. Fuentes de la Consejería manifiestan que “las casas no tienen título jurídico alguno, por lo que no han sido objeto de compraventa en el sentido jurídico del término”. “El titular del camping en sus parcelas puede instalar o construir elementos fijos de alojamiento -sin superar el 60% de la capacidad total del recinto, cifra que, según los vecinos, se excede con holgura- y dar o ceder estos elementos a los campistas, siempre a título de usuarios, nunca como propietarios, a cambio de una contraprestación económica, dentro de la legalidad”, matizan. No aclaran si superar los 100.000 euros por la cesión de viviendas y ofertarlas como un “nuevo hogar” entra dentro de esa legalidad.

Ambas entidades públicas coinciden en que, en el momento presente, “los nuevos propietarios están tramitando un ‘Plan Especial de uso turístico de Camping’ que deberá redactarse aplicando la legislación vigente”.

Pero lo cierto es que detrás de ese fondo de inversión que ahora controla el negocio se esconde una intención de momento oculta. Los vecinos no saben todavía si las supuestas “obras de remodelación” que no han comenzado traerán consigo, en el futuro, un cambio aún más profundo. Entre los residentes, como Miguel Almagro, José Juan Leal o Eugenia Rico circula una idea: que Newtown Capital S.L. adquirió el camping para construir en su lugar un resort o una especie de urbanización que atraiga un turismo de lujo. “Es un gran capital contra gente humilde. Y para echarnos nos hacen acoso inmobiliario. La sensación de impunidad recorre el mundo. Es un proceso de gentrificación de libro”, manifiesta Rico.

Más de 300 personas que se han ido “por miedo”

Las maniobras ejecutadas por la dirección del camping y los documentos enviados a los residentes sí han surtido el efecto deseado en más de 300 personas que ya han abandonado el Complejo. Las aproximadamente 30 que todavía quedan se han convertido en un quebradero de cabeza para la gerencia. “A la gente mayor, sobre todo, la han asustado mucho. Muchos dejaron sus casas a cambio de nada. Hay casas que han quedado perfectamente amuebladas, de gente que se ha ido corriendo por miedo, puro y duro”, explica en este sentido Eugenia Rico.

Eso mismo le ocurrió a Alizée (nombre ficticio a petición propia por temor a represalias), una mujer de 83 años que el pasado 30 de septiembre regresó, junto a su marido, a su país de origen, donde residen sus hijos. La semana en que ya supo que iba a marcharse sin nada a cambio, Alizée no pudo parar de llorar, y ahora cuenta en conversación telefónica con este medio, con la voz entrecortada, que tanto ella como su marido se han sentido “indefensos”. “No sé si podré recuperarme de la pena inmensa de perder la casa donde he vivido toda esta última etapa de mi vida”, lamenta.

Collin Stewart y su mujer, Margaret, son las personas más mayores que todavía quedan residiendo en el Complejo. El primero tiene 88 años. Ella 81. Vendieron hace más de 30 años todas sus propiedades en Inglaterra para venir a vivir al Portús. Si les quitan la casa no tendrían un plan B. Este periódico habló con Collin Stewart hace un año, cuando apenas acababa de llegarle el burofax que lo instaba a abandonar el camping en el futuro y toda la situación actual y el peligro inminente de desalojo aún parecían muy lejanos. Ahora ninguno de los dos tiene fuerzas para contar cómo se sienten. Apenas salen de su casa por miedo a que si lo hacen no puedan volver a entrar.

elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con la empresa propietaria del camping, con su departamento de comunicación y con el abogado que representa al establecimiento. Ha preguntado sin obtener contestación acerca del dinero que se ha obtenido todas estas décadas por cada venta fantasma de cada inmueble y por el alquiler de cada parcela; por los contratos que rubrican dichas transacciones; por si tenían conocimiento de que estaban actuando de forma contraria a la ley regional durante los últimos 40 años; por las “coacciones” que denuncian los actuales residentes, como cortes de luz y agua.

No obstante, fuentes cercanas a la misma oficina de gerencia del Complejo sí que han negado a esta redacción que se realizara en el emplazamiento ningún tipo de compraventa, y mucho menos de casas. “Se firmaban contratos de un año por el arrendamiento de un bien inmueble. Avisábamos a los usuarios que estaban comprando una caravana grande, no una casa fija, y que firmaban un contrato de un año por el alquiler de la parcela en nuestra propiedad”. 

Dichas fuentes han negado en todo momento que se ofertaran casas bajo el eslogan de “tu nuevo hogar”; que se cobraran decenas de miles de euros, incluso cien, por la venta de muchas de ellas; que se hayan remitido documentos amenazadores a residentes extranjeros con el objetivo de que se marchen a cambio de nada. También han negado la existencia de casas de obra, pese a que muchas de ellas contienen suelos de losa, terrazas, muros de diseño, columnas de hormigón y pérgolas que se sustentan sobre cimientos. Sí han incidido desde la oficina, no obstante, en el “daño” que están haciendo a la empresa los propietarios que pelean por conservar la inversión que un día abonaron al Complejo. Reclamarán a todos ellos, aseguran, “una indemnización”. Ninguna pregunta más ha sido respondida.

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros españoles (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) aumentaron un 8,9 por ciento en Cantabria en agosto de este año, en comparación con el mismo mes del ejercicio anterior.

En total, en la región hubo 867.587 pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros en el octavo mes del año, generadas por casi 195.400 viajeros (un 2% más), según datos publicados este martes por el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE).

La mayoría de los turistas que pasaron por este tipo de establecimientos de la comunidad autónoma en agosto se alojaron en campings, 118.618, seguidos de alojamientos de turismo rural (más de 42.200), apartamentos (casi de 55.300) y apartamentos (10.145).

En consecuencia, el grueso de las pernoctaciones fueron en campings (más de 561.000), por delante de casas rurales (195.700), apartamentos (102.787) y albergues, que rozaron las 7.400.

En España, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros españoles (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron la cifra de 26,1 millones en agosto, lo que supone un 1,5% más que las efectuadas en el mismo mes de 2023.

Los campings se han convertido en la opción preferente de los turistas que llegan a Cantabria en verano y que no optan por alojarse en un hotel. Y es que las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) aumentaron un 20,48% en esta comunidad autónoma en julio de este año, en comparación con el mismo mes del ejercicio anterior.

En total hubo cerca de 784.200 pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros en el séptimo mes del año, generadas por más de 185.200 viajeros (un 11,9% más), según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La mayoría de los turistas que pasaron por este tipo de establecimientos se alojaron en campings, más de 119.100, seguido de alojamientos de turismo rural (más de 42.200), apartamentos (más de 23.600) y albergues (más de 2.200).

En consecuencia, el grueso de las pernoctaciones fueron en campings (más de 547.700), por delante de casas rurales (127.300), apartamentos (101.600) y albergues, con algo más de 7.500. En el conjunto del país, por su parte, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros españoles superaron los 21,7 millones en julio, con un aumento del 1,7% respecto al mismo mes del año pasado.

Cantabria cuenta con 43 campings a lo largo y ancho de su territorio -costa oriental, costa occidental, interior y comarca de Liébana-, de los cuales prácticamente todos (40) forman parte de la Asociación de Campings de Cantabria.

Tanto para los fieles como para los ocasionales, veranear en un camping conlleva una forma de entender las vacaciones, una filosofía de vida: poder disfrutar de toda la familia -con los pequeños y los animales de la casa-, estar en contacto con naturaleza y contar con una mayor sensación de autonomía.

Las Dunas, en la Costa Brava, ha recibido este año el galardón de mejor camping de España en los premios ACSI (Auto Camper Service International). Esta distinción está basada en las opiniones de miles de campistas de toda Europa.

Aproximadamente a una hora y media en coche desde Barcelona, el camping Las Dunas se encuentra en la bahía gerundense de Roses, entre los pueblos de Sant Pere Pescador y L'Escala.

El camping tiene seis salidas directas a la playa de Sant Pere Pescador, con seis kilómetros de arena fina y aguas poco profundas. Al ser una playa tan extensa acoge desde una zona exclusivamente reservada para la práctica de deportes acuáticos como el windsurf o el kitesurf, como otra reservada a los nudistas.

Todos los años Sant Pere Pescador suele acoger una prueba del campeonato mundial de windsurf y, por unos días, se convierte en capital internacional de este deporte acuático.

El camping Las Dunas lleva abriendo sus puertas entre junio y septiembre desde 1968. Estos meses de verano lo pueblan desde veraneantes esporádicos a campistas fieles que vienen de toda Europa y atraviesan el continente en su autocaravana, coche o furgoneta. El camping se convierte en una ciudad en sí mismo y puede llegar a alojar a 7.000 personas.

Escuela de surf, aire acondicionado y Aquapark

Las parcelas del camping alcanzan hasta 100 metros cuadrados y sus bungalós cuentan con todo tipo de comodidades. Esta zona de veraneo cuenta con una escuela de surf, parque acuático, zona de deporte, lavandería, médico y, por supuesto, decenas de actividades para los más pequeños.

El tiempo el ocio está muy enfocado a ellos, tanto en la piscina, como en los bailes o en las comidas. En Las Dunas se respira libertad y comunidad, todo ello bañado por la luz mediterránea.

Las parcelas disponen de electricidad, agua e Internet por fibra óptica, mientras que los bungalós están equipados con aire acondicionado y wifi, además de cocina, baño y terraza para cuatro o seis personas.

La joya de la corona es su Aquapark, que cuenta con cinco toboganes, burbujas, chorros, una piscina infantil de poca profundidad y un solárium con tumbonas a lo largo de más de cinco mil metros cuadrados.

Veranear en Las Dunas es accesible a todo tipo de bolsillos. Los precios oscilan entre 25 euros por noche para una parcela con caravana hasta los 135 euros por noche en la zona de bungalós, con capacidad para grupos, ya sea familiares o amigos.

Las Dunas es un camping dog friendly y las mascotas son bienvenidas en el caso de que te alojes en tu propia caravana o en una tienda en tu parcela, no siendo posible en la zona de bungalós. Se puede pasear el perro por todo el terreno del camping, incluso por las zonas donde está permitido el alojamiento con perro, si va atado con correa, según establecen las normas del espacio.

La restauración es de lo más variada: desde el 'Mas de la Devesa' con platos típicos de la Costa Brava como el arroz negro, la fideua o el suquet de peix, pasando por el bar de la piscina, un grill bar, un take away o un chiringuito de playa. De cara a la noche, puedes tomarte una copa en el pub La Cova, el bar de minigolf y en la discoteca Fata, para los más jóvenes.

Parque natural de los Aiguamolls de l'Empordá

Además, este camping está rodeado de una enorme belleza natural, ya que al otro lado de la desembocadura del río Fluvià se encuentra el parque natural de los Aiguamolls de l'Empordà, un sitio muy recomendable para los amantes del senderismo y la naturaleza.

El parque cuenta con una amplia red de itinerarios por recorrer a pie o en bicicleta. Se puede acceder hasta allí con facilidad por la carretera que va desde l'Escala a Sant Pere Pescador, y dispone de zonas de parking.

El pueblo de l'Escala es conocido por su principal industria, la salazón de anchoas. Es posible visitar alguna de sus fábricas para observar el proceso de elaboración de este producto, así como el museo de la anchoa y la sal.

Además de disfrutar de playas y calas como Cala Montgó, la Playa de Riells o cala Illa Mateua, en l'Escala uno también puede adentrarse a las culturas griega y romana visitando el Yacimiento Arqueológico de Empúries.

Por su parte, Sant Pere Pescador es un pueblo rico en patrimonio natural que se encuentra parcialmente integrado dentro del espacio protegido de los Aiguamolls l'Empordà. La suma de distintos ecosistemas es el gran atractivo de este municipio ampurdanés. Los campos de cultivo y la marina, los campos de frutales, el río Fluvià, la extensa playa y el enorme parque natural crean un espacio único.

La villa también cuenta con una enorme variedad de bares y restaurantes y también es posible surcar la Costa Brava o hacer un bautizo de submarinismo; todo lo que el mar Mediterráneo da de sí.