La ofensiva de Alfonso Rueda para rebajar el derecho a baja laboral, que antecedió en algunos meses a las estridentes declaraciones de Feijóo al respecto, ha tropezado con la Justicia. El principal sindicato gallego, la CIG, llevará ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la resolución de la Xunta de Galicia que refuerza el papel de las mutuas privadas en el control y gestión de las incapacidades temporales, cuya legalidad cuestiona. “El Gobierno gallego disfraza de 'agilización' y 'refuerzo del control' del llamado 'absentismo laboral' lo que es parte de una ofensiva patronal y mediática contra las personas trabajadoras”, denuncia la central.

“Rueda pretende instalar un discurso peligroso en el que enfermar se vuelve sospechoso”, añade el sindicato en un comunicado, “al prevalecer la presión económica sobre el criterio médico”. La medida, una de las anunciadas por el presidente de la Xunta en el último debate sobre el estado de la autonomía -fue la iniciativa estrella de su intervención-, implica además una “fiscalización creciente” del criterio del personal de atención primaria de la sanidad pública.

La resolución impugnada modifica el protocolo de la Consellería de Sanidade para el seguimiento de la incapacidad temporal y permite a la inspección a autorizar de una sola vez “todas las pruebas y procedimientos” relacionados con una baja solicitados por entidades privadas. Antes, debían solicitar el permiso prueba a prueba, siempre y cuando las hubieran pedido antes profesionales de la sanidad pública. No figura, critica la CIG, ninguna limitación por tipo de patología y desaparece la mediación del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

“En lugar de apostar y reforzar la sanidad pública y eliminar las listas de espera que no paran de crecer, las mutuas incrementan su derivación de dinero público hacia la sanidad privada”, considera Paula Carril, secretario general del sindicato que ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior.

La propuesta del Gobierno de reducir las ratios en Educación Infantil se ha recibido como un ataque en Galicia, donde la Xunta ha hecho bandera de la gratuidad en el tramo de 0 a 3 años con un modelo que prima a las empresas privadas. Tanto es así que, en 2024, llegó a devolver al ejecutivo 22 millones de euros destinados a crear 3.200 plazas públicas más porque consideraba que en la comunidad ya estaban cubiertas. Ahora teme por el futuro de este diseño y, junto a la patronal del sector, ha encontrado un nuevo frente de oposición a Madrid. 

Poco antes de dejar su despacho de la Xunta para convertirse en presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo dejaba comprometida una gratuidad que le tocó inaugurar ya a su sucesor, Alfonso Rueda. En octubre de 2024, ya en Génova, Feijóo se sacó de la manga una Ley de Conciliación que proponía la extensión a todo el Estado de su modelo, una propuesta a la que vuelve cada cierto tiempo. Dos meses más tarde, el PSOE gallego denunciaba la devolución de aquellos 22 millones de fondos europeos. 

Este miércoles, después de que trascendiesen los planes del Ministerio, la patronal Acade emitía un comunicado en el que advertía de que la medida podría suponer el cierre del 100% de las escuelas infantiles privadas de España. A la conselleira de Política Social, Fabiola García –en Galicia, este tramo educativo no depende de Educación–, le faltó tiempo para recoger el guante y este mismo viernes recibía a los representantes del sector. 

“Corre riesgo la gratuidad de la educación infantil”; “se van a perder puestos de trabajo de muchas mujeres” o “van a cerrar muchas escuelas infantiles que llevan toda una vida dando el callo, cuidando, mimando y acompañando a muchas familias” fueron algunos de sus alarmantes mensajes.

Después, llegó el momento de sacar pecho: “Galicia tiene la mayor ratio de atención a todos los niños de 0 a 3 a nivel mundial” aseguró antes de erigir a la comunidad en “referencia en estos momentos a nivel europeo y nacional”. García tiene “muy claro que lo que pretende el Gobierno es acabar” con el modelo gallego, que llama a “replicar” en el resto de comunidades, financiado al 50% desde el Ministerio. 

Detrás de ese récord mundial estaba a finales de 2024 la argumentación para rechazar unos fondos europeos que, ahora, podrían estar evitando estos riesgos. Tres años antes, la Xunta recibió 34,8 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia destinados a crear 3.417 nuevas plazas públicas de Infantil. Supondría aumentar en más de un diez por ciento la oferta total de la comunidad, que en aquel curso 2024-25 fue de 32.000 matrículas, incluidas las más de 13.000 ofertadas por centros privados.

Un estudio realizado entonces por la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) elevaba la subvención media del gobierno gallego a las guarderías privadas por cada alumno hasta los 309,90 euros. Mientras, lo que recibían los matriculados en las escuelas infantiles que dependen de los ayuntamientos –sumando escolarización y mantenimiento– se quedaba en sólo 92,90. 

La Xunta utilizó un tercio de aquel presupuesto y sólo implementó 205 plazas. “Se penaliza a los líderes”, decía entonces Política Social, que intentó “insistentemente” que el Gobierno dejase que utilizasen la partida para “la mejora de las escuelas infantiles o la financiación de la gratuidad”, que cuesta al ejecutivo autonómico 65 millones al año que afronta “en solitario”.

La tasa de escolarización infantil en Galicia está “por encima del 60% y supera en 12 puntos la media española”, por eso “la necesidad de creación de nuevas plazas era inferior” a la de otras comunidades. Sin embargo, si se hubiesen creado esas plazas en lugar de apostar por un modelo “concertado” –el término es del PSdeG–, la situación hoy, ante esta “potente” reducción de ratios sería muy diferente.

Quien pone ese adjetivo al plan del Gobierno es Laura Arroxo, secretaria nacional de CIG-Ensino –el primer sindicato en Galicia–, quien respalda la iniciativa y las ratios propuestas por el Ministerio: bajar de ocho a cuatro bebés por docente en 0 años, de trece a seis en 1 y de veinte a ocho en 2 años. A Arroxo le gusta que se tome como referencia el profesional “y no el aula”. Eso permitiría crear grupos de ocho, doce o 16 alumnos atendidos por una pareja educativa, una antigua demanda de los profesionales.

La sindicalista ironiza por la alerta de la Xunta, contraponiéndola con la costumbre del PP de “el Gobierno invita y las comunidades pagan”. “Aquí se promueve un sistema privado, del que se están lucrando empresas, mientras se devuelve el dinero con el que se podría crear un sistema público de cuidados”. 

“Lo que trajo el sistema de la Xunta, el ‘todo pagado’, fue mucha más precariedad laboral” y falta de controles: “En las públicas, si el niño no va, te pueden quitar la plaza. En las privadas no se vigila y, si hay menos alumnado del que se matricula, se producen despidos o recortes de jornada”. Y concluye: “lo que se necesitan son más profesionales”.

La Xunta y la asociación patronal de escuelas infantiles privadas de Galicia avisan de que con las nuevas ratios que plantea el Gobierno en el borrador de decreto “corre riesgo la gratuidad”. Así lo han señalado tras una reunión este viernes en la sede de la Xunta en San Caetano, donde la conselleira de Política Social, Fabiola García, ha recibido a representantes de entidades de escuelas infantiles y se ha mostrado “muy preocupada”. Sus declaraciones contrastan con la valoración positiva de la CIG, principal sindicato gallego, que en un comunicado ha celebrado que el Ministerio de Educación atienda por fin a una demanda histórica de las trabajadoras y apruebe una reducción de ratios: las aulas de 0 a 1 años, de 1 a 2 años y de 2 a 3 años tendrán, respectivamente, cuatro, seis y ocho niños. En la actualidad son ocho, 13 y 20.

“Las trabajadoras de primer ciclo de infantil en Galicia fueron las primeras en movilizarse en todo el Estado”, recuerda la central sindical, “con seis jornadas de huelga en 2023, una recogida de firmas contra el convenio estatal en 2024 y ahora múltiples huelgas y movilizaciones. La lucha da sus frutos”. Al Gobierno gallego, sin embargo, no parece afectarle lo que diga la representación de las trabajadoras. Según los cálculos que esgrimió García tras reunirse con los propietarios de centros privados, la medida del Gobierno central costaría a la Xunta 56 millones de euros más al año para mantener la gratuidad del servicio y “aun así desaparecerían unas 5.000 plazas por razones de profesorado y espacio en las escuelas”.

El Ejecutivo de Alfonso Rueda opta por subvencionar escuelas infantiles privadas en detrimento de la red pública. La Federación Galega de Municipios e Provincias, por ejemplo, se queja de la infrafinanciación a la que somete la Xunta las guarderías de titularidad municipal.

La conselleira de Política Social, Fabiola García, asegura que el Gobierno central ha elaborado el borrador de decreto contra la masificación “a espaldas de las comunidades autónomas y de todo el sector de las escuelas infantiles”. También ha reclamado dinero: “Va a comenzar un nuevo curso y Galicia recibió 0 euros del Gobierno de España. La gratuidad la está sosteniendo íntegramente la Xunta con 65 millones”. Una vez más, la táctica de la Xunta es desviar responsabilidades hacia Madrid. “Tengo muy claro que lo que pretende el Gobierno es acabar con la gratuidad de las escuelas infantiles”, aseguró García. La CIG, por el contrario, se felicitó por “este avance” pero exigió que se adelante su aplicación al próximo curso, 2026-2027.

La CIG y la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) han remitido un escrito a la Fiscalía del Tribunal Supremo para ampliar la denuncia por posible prevaricación presentada contra la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), María Azucena Recio González, por el “traslado injustificado” de procedimientos judiciales, relacionados con las líneas de alta tensión de los parques eólicos, de la Sección Tercera a la Sección Segunda del TSXG.

“Este traslado de procedimientos, requerido por la Xunta ante la Sala en ocasiones anteriores, se hizo incumpliendo las normas vigentes de reparto de competencias entre secciones y vulnerando el derecho a un juez predeterminado por ley y el derecho a la tutela judicial efectiva”, han señalado, según recoge Europa Press.

“Resulta perentorio que el Ministerio Fiscal investigue si detrás de esta alteración arbitraria de las normas de reparto de asuntos –hechas en paralelo al traslado de magistrados de la Sección Tercera de la Sala– existen motivaciones espúreas, presuntamente relacionadas con satisfacer el interés presentado por la Xunta de Galicia y las empresas del sector de apartar a determinados magistrados de los procesos judiciales relativos a proyectos eólicos y líneas de alta tensión”, aseguran en un comunicado.

El sindicato y la entidad ecologista detallan que esta ampliación de denuncia se realiza tras conocer que la presidenta de la Sala del Contencioso-Administrativo del TSXG “manifiesta su intención de trasladar” a la Sección Segunda “no solo los procesos de impugnación de líneas de alta tensión, sino también todos los litigios contra autorización administrativa y de construcción de parques eólicos”, de los que se hacía cargo la Sección Tercera, competente en asuntos industriales.

En este contexto, Adega enumeró “varias notificaciones” de las presidenta de la Sala del Contencioso aprobando el traslado de los litigios sobre los proyectos eólicos Monte Toural, O Cerqueiral, Chao do Marco, Cunca, Carballal y Patiñeiro.

Adega y la CIG han afirmado que estas “resoluciones de cambio de sección” de asuntos en trámite “vulneran las normas de reparto del TSXG” aprobadas en 2023.

Finalmente, han recordado que presentaron escritos ante las presidencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galiza y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que “todavía no recibieron respuesta”.

Representantes de la CIG ocupan este lunes sedes de la Xunta y del Sergas en las siete ciudades gallegas como acto de repulsa al plan de mejora y control de la incapacidad temporal y el papel que le otorga en la gestión a las mutuas. Concretamente, los lugares donde se están desarrollando las protestas son: en A Coruña, en el departamento territorial de la Consellería de Sanidade; en Santiago, en la sede de Sanidade; en Pontevedra, en el edificio de la Xunta; en Ourense, en la delegación territorial de la Xunta; en Vigo, en la oficina del Sergas; en Lugo, en el edificio administrativo de la Xunta; y en Ferrol, también en el edificio de la Xunta.

Tal y como recogen en un comunicado, el plan de mejora de la gestión de incapacidad temporal supone “un nuevo paso en la estrategia de Rueda para convertir las bajas médicas en un problema de control social y no en un problema de salud laboral”. “Bajo el pretexto de combatir el llamado 'absentismo', el Gobierno gallego refuerza el papel de las mutuas y orienta la actuación de la inspección de cara a la aceleración de las altas médicas”, lamentan. En esta línea, aseguran que “de forma ilegal, pretende imponer con todo tipo de engaños, amenazas e intimidaciones, que los trabajadores firmen autorizaciones y consentimiento para que las mutuas puedan actuar impunemente contra la salud de los trabajadores”.

Argumentan que los datos demuestran que “el problema no es que la clase trabajadora quiera trabajar menos, sino que cada vez trabaja en peores condiciones, durante más años y con un sistema sanitario más deteriorado”. “El absentismo no es la causa del problema, sino el síntoma de un modelo laboral basado en la sobreexplotación, en el envejecimiento de la población activa y en los recortes de la sanidad pública”, remarcan.

Protesta en Ferrol

Durante la protesta de Ferrol, los participantes han portado carteles con lemas como 'Enfermar no es delito'; y 'La salud es un derecho', reclamando un cambio en el modelo de gestión que, según denuncian desde el sindicato, desprotege a los empleados frente a sus dolencias. 'Estamos aquí para denunciar que se está tratando la enfermedad como un fraude', han señalado portavoces del sindicato durante la acción, insistiendo en que el sistema actual prioriza el ahorro económico de las empresas por encima del bienestar físico de la plantilla. La ocupación se desarrolla, por el momento, sin incidentes y en un ambiente de reivindicación pacífica.

Cientos de personas han salido a la calle en Lugo, en el acto central convocado por el sindicato CIG con motivo del Primero de Mayo, y han clamado contra el imperialismo, el aumento del militarismo y la “criminalización” de la clase trabajadora que cae enferma. El secretario xeral del sindicato nacionalista, Paulo Carril, ha recordado que el lema de la movilización de este año es 'Contra el imperialismo, por la paz y por la soberanía. En Galicia, trabajo digno y derechos'. Así, ha recalcado que la guerra promovida por el “capitalismo neoliberal” pretende imponer la “hegemonía” de Estados Unidos, y agrava la “situación crítica” que padecen los trabajadores, también los gallegos.

La central sindical, primera de la comunidad por número de afiliados y de delegados sindicales, cambió a última hora la ubicación de su manifestción central, de Vigo a Lugo. Lo hizo tras el anuncio de moción de censura en Lugo, impulsada por el Partido Popular y una concejala tránsfuga exsocialista, contra el gobierno bipartito de PSOE y BNG. Carril lo recordó en declaraciones a los medios de comunicación: “Queremos denunciar la carrera de ”carrera de autoritarismo, de golpismo del PP y del gobierno gallego“.

A juicio del sindicalista, el partido gobernante en Galicia, el PP, está “más preocupado” por “compartir una agenda con Vox” que por la clase trabajadora, a la que “criminaliza” cuando cae enferma. Se refería a la campaña lanzada hace unas semanas por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para limitar el derecho a abaja de los trabajadores. Rueda ha jugado a confundir las bajas médicas con el absentismo y, sin apoyarse en ningún dato, ha asegurado una y otra vez que las empresas gallegas tienen “un problema”. Lo que sí dicen los datos es que Galicia es la segunda comunidad donde los trabajadores cogen menos bajas pero está entre las que sufren más accidentes laborales. La atención primaria se encuentra al borde del colpaso -lo denuncian profesionales y usuarios; es la segunda, tras Madrid, con menos inversión- y las listas de espera de la sanidad son elevadas.

La Xunta acaba de aprobar un decreto para regular el diálogo social en el que va a fijar en un texto legal la composición, organización y funcionamiento del mismo. Sobre la mesa va a tener de forma inmediata la tarea de negociar el plan anunciado por el presidente gallego, Alfonso Rueda, para dificultar las bajas laborales. Pero esas conversaciones van a tener lugar en un órgano que nace con un problema de representatividad: el sindicato mayoritario en Galicia, la CIG, ha manifestado en varias ocasiones que no se va a integrar en él, ni para esta negociación ni para ninguna otra. Se reafirma en la decisión el secretario confederal de Negociación Colectiva, Paco Sío, que expone que la postura es que ya existen órganos de representación tripartita y que, en cualquier caso, la negociación se hace centro a centro o sector a sector, con sus reivindicaciones específicas.

El decreto lo presentaron este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, que no hicieron referencia a esta falta anunciada. Manifestaron que la intención es “institucionalizar” el diálogo social, con una mesa que va a estar adscrita al departamento que dirige González, y estableciendo la norma reguladora. No es que hasta ahora no hubiese reuniones a las que estaban llamados sindicatos y patronal, sino que hasta el momento no estaban reguladas en un decreto.

El conselleiro aseguró que la idea es consolidar la herramienta, que considera “clave” en la negociación colectiva. La norma va a aparecer publicada en el Diario Oficial de Galicia en los próximos días y va a fijar las funciones de esa Mesa de Diálogo Social. Expuso que una de ellas será realizar informes sobre materias que se debaten en este órgano. Y sobre la mesa está ya la necesidad de abordar “cuestiones como el absentismo y el bienestar laboral”. Lo que se va a hacer, añadió, es analizar “las causas y consecuencias de las bajas laborales” para luego presentar un plan para reducirlas. González afirmó que la intención es que haya menos bajas que “puedan ser evitables” a través de un refuerzo en la prevención de riesgos laborales y con un mayor bienestar laboral; “evitar prolongaciones innecesarias de las bajas introduciendo avances en los procesos de gestión y control” y “luchar contra posibles abusos”.

El plan fue recibido con críticas por los sindicatos. La CIG consideró que el presidente de la Xunta estaba actuando como un “vasallo de la patronal” -el discurso del absentismo y sus impactos económicos ha centrado buena parte de los argumentos de los empresarios- y Comisións Obreiras censuró que se pusiese el foco sobre las personas trabajadoras cuando “el problema no está ahí”. Apuntan a cuestiones como las demoras en la sanidad pública, los incumplimientos en materia de prevención o el envejecimiento de las plantillas.

Con el nuevo decreto, que Sío considera propaganda, asegura que la intención de la Xunta es “poner un marchamo de legalidad” a una negociación en la que estarán la patronal y parte de los sindicatos, pero no el mayoritario en Galicia. De hecho, cree que lo que mueve al Gobierno gallego a elaborar esta norma es que en otros órganos “no controla la mayoría sindical”. El representante de la CIG recalca que órganos como el Consello Económico e Social (CES) o el Consello Galego de Relacións Laborais ya son foros en los que funciona ese diálogo social y que se va a producir una duplicidad de funciones.

El sindicato CIG, que es el mayoritario en Galicia, ha convocado las primeras movilizaciones contra el plan anunciado por la Xunta para dificultar las bajas laborales a los trabajadores. Este jueves están previstas concentraciones a mediodía en las siete principales ciudades y en Vilagarcía de Arousa, ha informado la organización, que ha puesto en marcha una campaña informativa y de protestas para “desmontar las mentiras con las que la patronal y el Gobierno gallego pretenden responsabilizar a la clase trabajadora”.

Cuando el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció sus intenciones, la CIG reaccionó acusándolo de ser “vasallo de la patronal” y criticó que pusiese el foco sobre las plantillas en lugar de reforzar la sanidad pública para evitar demoras o destinar más fondos a políticas de prevención de riesgos laborales y examinar que las empresas cumplen. Para el sindicato, lo que busca la Xunta ees “culpabilizar a las personas trabajadoras por enfermar”. Por ello, señala, el lema elegido para las protestas es “A saúde é un dereito, enfermar non é delito”.

Antes de las concentraciones de este jueves, la CIG hará asambleas de delegados para tratar esta cuestión. Además, ha manifestado que no tiene intención de participar en las negociaciones del diálogo social que la Xunta va a convocar para tratar el plan. En cualquier caso, el presidente gallego ya avanzó que las medidas se van a implantar con o sin acuerdo en estas conversaciones, a las que están llamados los principales sindicatos de clase y la patronal.

Fue uno de los anuncios estrella de Alfonso Rueda en su discurso sobre el estado de la Autonomía, alfombrado durante los días previos por la prensa afín: la Xunta implantará un “programa integral” para limitar el derecho a la baja laboral de los trabajadores gallegos, especialmente aquellas relativas a la salud mental y a lesiones musculares. Reforzará, además, el papel de las mutuas privadas. “Rueda es un vasallo de la patronal”, resume Paco Sío, de la CIG, sindicato mayoritario en la comunidad. “Las medidas ponen el foco en las personas trabajadoras”, señala Armando Iglesias, de Comisións Obreiras, “cuando el problema no está ahí”. Las centrales, en conversación con elDiario.es, arremeten contra el presidente gallego, al que acusan de servilismo respecto de los empresarios y de recortar y privatizar la sanidad.

“Es Rueda el que provoca que tardemos más en curarnos al recortar la sanidad pública”, se extiende Sío, “y ahora, en vez de solucionarlo, quiere que vayamos enfermos a trabajar”. El presidente gallego aseguró en el Parlamento que la comunidad es la segunda en el Estado que registra más incapacidades temporales y con mayor duración media. Los sindicatos lo relacionan con el aumento de las listas de espera en cirugías y especialistas y de los plazos para obtener cita en atención primaria. “La falta de inversión del Gobierno gallego en la sanidad pública produce unas listas de espera que son las que son”, aduce Armando Iglesias. No solo, existen más factores que contextualizan la ofensiva de Rueda, apoyado en la patronal que encabeza Juan Manuel Vieites, contra las bajas y lo que entienden como absentismo laboral.

Comisións Obreiras habla de dejadez del empresariado, que “no vela por la salud de los trabajadores y trabajadoras”. Y la CIG recuerda que la reducción de los presupuestos destinados a la prevención de riesgos laborales provoca que haya menos inspectores y más descontrol en las empresas. Sobre la función de las mutuas privadas en la gestión de las incapacidades laborales, que la Xunta quiere fortalecer, también existe cierto consenso en los sindicatos. Armando Iglesias, responsable de Saúde Laboral en su central, denuncia su apatía, mientras Paco Sío, secretario de Negociación Colectiva de la CIG, las acusa de preocuparse “no por la salud de los trabajadores sino por su propio beneficio”. El plan de Rueda es otorgarles la última palabra en las propuestas de alta y que la inspección sanitaria pública apenas se encargue de ratificarla.

Sío menciona finalmente otros dos factores que, en su opinión, convierten lo que los presidentes de Gobierno gallego y patronal llaman “problema del absentismo laboral” en un síntoma. En un síntoma de que algo va mal en el mundo gallego del trabajo. El primero, el envejecimiento de la fuerza laboral: en una década, los trabajadores y trabajadoras con más de 55 años han pasado del 14 al 25%, uno de cada cuatro. El segundo, la jornada laboral, por encima de la media europea. “Cuando se intentó reducir, que a nosotros nos parecía poco pero era importante, la patronal se negó y remitió a la negociación colectiva”, apunta, “pero en la negociación colectiva no se está aprobando”. Las dos circunstancias combinadas producen “un aumento de la posibilidad de enfermar”.

La siniestralidad laboral es elevada en Galicia. Durante el inicio de este 2026, su alza es la mayor de todas las comunidades. Y entre enero y septiembre de 2025, fue la tercera en mortalidad.

Alfonso Rueda dijo en sede parlamentaria que llevará su propuesta al diálogo social. La CIG ya avisa de que no va a participar “en esta mascarada”. “Allá de quién lo haga”, concluye Sío.

Representantes de los sindicatos CIG-Ensino y STEG, así como de las Asembleas Abertas do Ensino Público, han anunciado este lunes en rueda de prensa que el profesorado gallego está llamando a huelga el próximo 28 de abril, así como a participar en una manifestación que partirá a las 12.00 horas de la Alameda compostelana, todo ello con la intención de exigir a la Xunta una negociación.

En este sentido, tal y como recoge Europa Press, han acusado al conselleiro de Educación, Ciencia, FP e Universidades, Román Rodríguez, de “no escuchar el sentir mayoritario” de los docentes gallegos y le han instado a “sentarse a negociar sin imponer firmas de cheques en blanco”, tal y como ha aseverado Laura Arroxo, secretaria nacional del principal sindicato de la educación en Galicia, CIG-Ensino.

“Durante estos meses vimos cómo el conselleiro lo que está haciendo no es sentarse a negociar, no es juntarse con nosotros para intentar mejorar la enseñanza pública, sino que lo que está haciendo precisamente son maniobras desmovilizadoras”, ha denunciado Arroxo.

Asimismo, ha acusado al titular de Educación de “negarse rotundamente” a recibir a las organizaciones sindicales. “El argumento que nos dan es que si queremos negociar, tiene que ser bajo ese acuerdo de mejoras. Aquí hay que decirle al conselleiro que la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Mejoras no es un órgano para negociar”, ha señalado. El acuerdo —definido por las centrales críticas como “de la miseria” o “de la vergüenza”— fue suscrito por CCOO, UGT y ANPE y a él se ha sumado recientemente el CSIF.

Por todo ello, además de la jornada de huelga y la manifestación convocadas para el 28 de abril, las organizaciones han anunciado que la semana posterior a estas convocatorias se celebrarán manifestaciones deslocalizadas por la geografía gallega. Las reivindicaciones pasan por la bajada de ratios; la mejora de la atención a la diversidad; la actualización de los catálogos de los centros de infantil y primaria; y la recuperación de derechos, entre otras.

Cinco jornadas de huelga en el primer trimestre

Durante la rueda de prensa, la secretaria de Acción Sindical del STEG, Comba Campoy, ha recordado que desde el inicio de este curso lectivo se han llevado a cabo distintas jornadas de movilización para reclamar la “recuperación” de derechos docentes.

En concreto, CIG-Ensino y STEG convocaron cinco jornadas de huelga durante el primer trimestre, la primera de ellas el 25 de septiembre, que fue seguido por dos convocatorias el martes 28 y el miércoles 29. Finalmente, el año terminó con jornadas de huelga los días 16 y 17 de diciembre, cuando también se celebraron manifestaciones en distintos puntos de Galicia.

Jornadas de huelga que estuvieron acompañadas también de “encierros” de profesores en diferentes centros de la geografía gallega para mostrar el “evidente descontento respecto a las condiciones de los centros públicos”.

“Hasta el momento, en las cinco convocatorias que hicimos durante el anterior trimestre, nunca fue convocado el Comité de huelga o los comités de huelga. Seguiremos insistiendo a ver si de una vez por todas, ahora que la voz del profesorado esta gritando aún más fuerte, se escucha en San Caetano, que parece que lo tienen muy insonorizado”, ha concluido Campoy.

A creación das Asembleas Abertas do Ensino Público

Ante esta situación, profesionales de la educación han decidido constituir las Asambleas Abertas do Ensino Público, un “doble espacio de trabajo” que abarca tanto lo local, “para vehicular las denuncias sibre problemáticas concretas de cada centro”; como lo asociativo, “buscando la unidad e movilización de todo el profesorado”.

Así lo ha explicado la docente Ana Cabanelas, que ha insistido en que este colectivo “no aspira a suplantar el papel de las organizaciones sindicales, sino a vertebrar movilizaciones del profesorado y a tejer red”.

Con todo, durante los últimos meses de han constituido asambleas en un centenar de centros de enseñanza de diferentes etapas educativas.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado a Mercadona por “vulneración del derecho fundamental de la libertad sindical de la CIG”. La sentencia, que el sindicato ha hecho pública este jueves, se refiere en concreto a la negativa de la empresa a entregar a las delegadas de la central -la principal en Galicia- información sobre riesgos laborales. La compañía de supermercados asegura que entrega esos datos al comité de seguridad y salud “para su buen funcionamiento” y que el Superior “interpreta ahora” que también se los deben facilitar a las delegadas sindicales que no son delegadas de prevención. La CIG denuncia, sin embargo, “una campaña de acoso y derribo” contra sus afiliados.

Mercadona había negado la documentación a las sindicalistas de la CIG, según considera probado el Tribunal Superior. “Es una restricción no justificada que limita la posibilidad de ejercitar sus funciones”, dice la sentencia, “no es suficiente con que, en alguna reunión, la empresa muestre los documentos en una pantalla, mientras las personas delegadas de prevención sí tienen acceso a los mismos por otras vías, que permiten además un estudio más tranquilo y detenido”.

Además de esa negativa, el Superior también entiende que otra negativa de la empresa, esta vez a darles la regulación del mencionado comité de seguridad y salud, también afecta a la libertad sindical. “Si [las delegadas sindicales] participan, con voz pero sin voto, en el comité tienen derecho a conocer cuál es su funcionamiento”, aclara el dictamen. Hay un tercer hecho probado esgrimido por el tribunal en su condena y es una nueva negativa de la empresa: a facilitar información sobre las personas nombradas delegadas sindicales por otras organizaciones, en concreto UGT y Comisións Obreiras. La CIG es el sindicato más representativo en el comité de empresa de Mercadona Pontevedra, con ocho miembros, por siete de UGT y seis de Comisións Obreiras.

El Superior declara la “nulidad radical” de estas acciones, “condena a la empresa demandada a cesar inmediatamente en su actuación” y entregar a las delegadas sindicales la información solicitada, y a pagar a la central sindical 22.503 euros (la denuncia exigía 30.000). Contra la sentencia cabe recurso ante el Supremo que Mercadona “está valorando internamente” si interponer o no. “Facilitamos siempre toda la información al comité de seguridad y salud para su buen funcionamiento”, argumenta una portavoz de la empresa, “ahora el Tribunal Superior interpreta que además se la debemos entregar a los delegados sindicales que no son delegados de prevención. Esa es la diferencia de interpretación legal que existe”.

“Política de represión sindical”

La CIG ve la decisión judicial como una nueva prueba de “la política de represión sindical y acoso laboral que caracterizan las relaciones laborales” en la compañía, según explicó su secretaria general de Servizos, Transi Fernández en rueda de prensa. Su compañera en la sección sindical de Mercadona Pontevedra, Verónica Pérez, aseguró que “no facilitan la documentación que les solicitamos y limitan a ciertos espacios las visitas que realizamos a los centros de trabajo, incluso cuando queremos hablar con las trabajadoras y trabajadores”. El sindicato ha anunciado movilizaciones y protestas.

Representantes de la CIG han denunciado una plaga de moscas en uno de los quirófanos del Hospital QuirónSalud de A Coruña y han demandado una actuación decidida por parte de la Xunta ante una situación que han calificado de escandolosa. Por su parte, desde el hospital aseguran que se cumplen los protocolos de seguridad, informa Europa Press.

En una comparecencia ante el centro, el secretario de Acción Sindical de la CIG en la comarca de A Coruña, Ernesto López, e Isabel Golpe, responsable de CIG-Saúde en la comarca, han pedido una intervención inmediata de los servicios sanitarios. “Es una alerta sanitaria”, ha insistido esta última ante el hecho de que “en una zona estéril haya una plaga”. Y es que junto a moscas de “gran tamaño”, han apuntado a la existencia de roedores por una situación que, según han explicado, desde el hospital atribuyen a cadávares de animales, posiblemente gatos.

Desde la CIG, han especificado que esto se da desde principios de enero y han descartado que haya una plaga de roedores, sí de moscas, pero han precisado que los hay en el entorno y que su presencia obedece “a los cadávares”.

“Es un tema muy grave que en un hospital, en el bloque quirúrgico, haya una plaga descontrolada de moscones con presencia de ratones”, ha recalcado Ernesto López, quien ha apostillado que “no saben muy bien por qué está motivada, creen que por cadáveres de gatos”.

Por otra parte, ha explicado que han contratado desde el hospital a una empresa de plagas. “Les dicen que hay algo que lo motiva pero no consiguen erradicarlos y, en principio, suspenden la ctividad quirúrgica, pero es mucho dinero y la reanudan”, ha indicado respecto a la situación en uno de los quirófanos, cerrado parcialmente un día en enero, el día 7, según han expuesto.

“Alguien tiene que controlar las condiciones minímas de higiene”, ha insistido. Mientras, desde el centro hospitalario han asegurado a Europa Press que el hospital mantiene su actividad asistencial con total normalidad y como siempre. “Cumpliendo todos los protocolos de seguridad y garantizando en todo momento la atención y seguridad de los pacientes”, han añadido.

Los sindicatos CIG-Ensino y STEG han iniciado una serie de encierros rotatorios en 14 colegios e institutos de Galicia con el objetivo de visibilizar las necesidades educativas “más acuciantes” de cada una de estas comarcas. Este formato de reivindicación que, tal y como recuerdan desde la CIG —la central mayoritaria entre el profesorado gallego— “no se utilizaba desde 2013, en las protestas contra la LOMCE”, busca descentralizar las movilizaciones tras un primer trimestre en el que se llegaron a convocar hasta cinco jornadas de huelga —dos de ellas, consecutivas—, una situación que no se veía en la comunidad desde los años 80. Esta nueva fase ha coincidido con la puesta en marcha de los martes en loito, días en los que los docentes acuden a clase vestidos de negro.

Este jueves, en la tercera jornada de peches, los elegidos fueron el colegio Monte dos Postes en Santiago, el San Xoán de Filgueira de Ferrol, el instituto Cotarelo Valledor de Vilagarcía y el colegio de Covas en Viveiro (Lugo). Estos centros, en los que los docentes pasarán la noche, no fueron escogidos al azar, sino que se trata de algunos de los más afectados por los recortes. En el Monte dos Postes pasaron de contar con cuatro especialistas en Pedagoxía Terapéutica (PT) el curso pasado a uno y medio durante el actual, cuando el alumno con diagnósticos y necesidades detectadas por los equipos de orientación es, según la CIG, “notablemente superior”.

El San Xoán Filgueira está “situado en una zona desfavorecida” y cuenta con porcentajes “muy elevados” de alumnado con necesidades —el 80% del total, asegura el sindicato— o de procedencia extranjera. Allí, Educación no cubre la plaza de PT de un especialista desplazado en comisión de servicios. La otra PT ocupa una plaza de las consideradas de atención preferente, lo que significa que hay al menos un estudiante que requiere atención individualizada. Sin embargo, es la única encargada de atender al conjunto del alumnado con necesidades.

En el colegio de Covas cuentan este curso con medio docente menos de AL (Audición e Linguaxe) que el curso pasado y 7 horas menos de PT —las que su titular dedica a la dirección del centro—, mientras que el alumnado con necesidades asciende al 22% del total. Unas cifras que denuncia el ANPA y que niega la consellería. Por último, el Cotarelo Valledor de Vilagarcía cuenta con una única persona en el departamento de Orientación para más de 1000 estudiantes de secundaria, bachillerato y FP. En este centro se denuncian también otras “carencias propias de centros tan masificados” como ausencia de desdobles o ratios “elevadísimas” de más de 200 estudiantes por docente.

Estos encierros arrancaron el martes en A Coruña (Concepción Arenal), Vigo (Politécnico), Pontevedra (Frei Martín Sarmiento) y Monforte de Lemos (Daviña Rey); el miércoles, fue el turno del Julio Prieto Nespereira de Ourense.

El “desprecio” de la Xunta

El principal objetivo de estos encierros, en los que también participan familias y alumnado, es exigir la reducción de ratios o la mejora en la atención a la diversidad con la dotación de más personal, medios y desdobles, tal y como ha desgranado STEG y recoge Europa Press. Pero también el incremento de la oferta pública de materias optativas en la ESO y Bachillerato, de ciclos de FP y de enseñanzas de régimen especial; la humanización de la enseñanza “totalmente burocratizado” y un menor horario lectivo para “mejorar la calidad educativa”.

Por su parte, la portavoz de STEG, Comba Campoi, ha afirmado durante su participación en uno de los encierros que “no hay profesorado suficiente” y ha alertado del “nivel de saturación que están padeciendo los docentes en Galicia”. En el caso concreto del Concepción Arenal de A Coruña, Campoi ha afeado la “falta de profesorado de apoyo a niños con necesidades especiales” y ha alertado de que “hay grupos que superan las ratios legales con niños con discapacidades reconocidas”.

Además, ha lamentado la “falta de acercamiento” por parte de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP después de que el profesorado gallego haya realizado varias jornadas de huelga durante el primer trimestre.

En esta línea, la secretaria nacional de la CIG-Ensino, Laura Arroxo, se ha referido al “desprecio” de la Consellería, a la que ha acusado de “seguir sin atender la voz mayoritaria del profesorado gallego, representada por las dos organizaciones sindicales que lideran las movilizaciones desde inicios de curso”. “Esta iniciativa tiene como objetivo llamar la atención del conselleiro Román Rodríguez que, cinco jornadas de huelga después, se niega a sentarse a negociar mejoras tanto en las condiciones de trabajo docentes como en la enseñanza pública en general”, ha denunciado Arroxo también desde el Concepción Arenal.

Estas acciones reivindicativas se extenderán hasta el jueves 5 de febrero para “visibilizar en cada comarca las necesidades más acuciantes en materia de atención a la diversidad, reducción de ratios, recuperación del horario lectivo, falta de desdobles, resultados nefastos de la reforma de la FP”, entre otros. De este modo, los encierros darán comienzo a partir de media tarde para “facilitar la participación de familias y alumnado” y en ellos se prevén realizar asambleas abiertas, elaborar material reivindicativo para colgar en los centros, debatir sobre futuras acciones a llevar a cabo, entre otras acciones.

Martes en loito, martes en loita

De forma paralela, este trimestre CIG y STEG se han sumado a una iniciativa que ya venían realizando algunos centros desde principio de curso: fijar un día de la semana para “evidenciar las carencias” en materia de personal. Han dado una vuelta al lema de este conflicto, “profesorado en loita” (profesorado en lucha) para convocar los “martes en loito” (martes de luto). Será esa la jornada en la que los docentes acudan a su trabajo vestidos de negro y “empapelen” las instalaciones con mensajes en los que “queden de manifiesto las necesidades educativas del centro”, que podrán ser así conocidas por alumnado y familias. El martes 10 de febrero está previsto convocar a concentraciones a todo el persoal docente y no docente de cada colegio e instituto.

Mientras, los intentos de las centrales para ser recibidos por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, siguen demostrándose infructuosos. Tras la tabla reivindicativa que le entregaron en uno de sus actos públicos las máximas responsables de ambos sindicatos, el pasado día 15 delegados de la CIG esperaron a Rodríguez a su llegada a la presentación del Plan de Benestar Dixital. Allí, el conselleiro insistió una vez más en los argumentos que viene esgrimiendo desde el principio de curso: que es la central nacionalista la que se “autoexcluye” del marco de negociación “que parte del acuerdo del año 23”.

El Acuerdo de Mejoras, cerrado por la Xunta con CCOO, UGT y ANPE —y al que acaba de sumarse CSIF—, que los sindicatos movilizados califican como “acuerdo de la miseria” o “de la vergüenza”. Los firmantes, por su parte, interpusieron el pasado mes de junio una demanda en el contencioso-administrativo contra la consellería por sus incumplimientos, después de que la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2025 introdujese, por la puerta de atrás, retraso en la aplicación de medidas recogidas en el acuerdo como la reducción de ratios, la aplicación de desdobles o la dotación de profesorado de apoyo.

Los sindicatos nacionalistas de Euskadi, Catalunya, Galicia, Islas Baleares y Valencia -“los sindicatos de las naciones sin Estado”, se denominan- unirán sus fuerzas en la presión a los partidos políticos para que cada comunidad autónoma tenga capacidad normativa a la hora de fijar su propio Salario Mínimo Interprofesional (SMI), algo que hasta ahora es competencia exclusiva del Estado. Los sindicatos vascos lo llevan meses intentando mediante iniciativas legislativas populares en el Parlamento Vasco e intentos de negociación con la patronal vasca, aunque sin éxito, y el 17 de marzo tiene convocada una huelga general para exigir el SMI propio. Ahora la iniciativa conjunta con el resto de centrales trata de presionar a los partidos políticos y al Ministerio de Trabajo para que se cambie la legislación mediante una modificación del Estatuto de los Trabajadores, que tendría que pasar por la aprobación en el Congreso de los Diputados.

En concreto, los sindicatos vascos, ELA, LAB, Steilas, Etxalde, Hiru, la Intersindical Valenciana, Intersindical Catalana, la CIG e IAC, solicitarán a los diferentes partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados (a excepción del PP y Vox) y a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que pongan en marcha iniciativas legislativas para modificar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. Las centrales quieren aprovechar el hecho de que hay que modificar el Estatuto para adaptarlo a una directiva europea, para que que se otorgue a las comunidades autónomas la capacidad de legislar sobre el SMI, siempre y cuando sea para elevarlo por encima del vigente en el conjunto del Estado. En concreto, la propuesta planteada por los sindicatos es añadir al artículo 27 del Estatuto un epígrafe que recoja que “las comunidades autónomas podrán establecer un SMI aplicable en su territorio y con independencia del convenio colectivo de aplicación”, y que “el SMI establecido en la comunidad autónoma deberá ser siempre superior al SMI establecido por el Estado en cómputo anual y mensual”. Para establecer este SMI autómico se basarán en las mismas directrices que el estatal, es decir, eI IPC, la productividad media, la coyuntura económica, la renta o el coste de la vida, pero de cada comunidad autónoma concreta.

Aunque saben que es una labor complicada, y que la vicepresidente y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no es partidaria de un SMI diferente por comunidades autónoma, creen que cuentan con la ventaja de las mayorías que tienen que conformarse actualmente en el Congreso para sacar adelante las medidas que propone el Gobierno. En este sentido, Mitxel Lakuntza, secretario general de ELA, ha recordado que “esto es un debate político, y en el debate político lo que hace falta es conformar mayorías. Y hoy las mayorías en el Congreso se apoyan en formaciones independentistas y soberanistas”. Por ello, lo que quieren es que sean estas “fuerzas soberanistas las que ejerzan presión sobre el ministerio, porque somos conscientes de que la ministra no es partidaria, y eso es lo que queremos cambiar”. Lakuntza ha comparecido en Bilbao junto a la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, y representantes de Steilas, Etxaide e Hiru, mientras que los representantes del resto de los sindicatos han intervenido por videoconferencia.

Todos los representantes sindicales han resaltado que el SMI estatal es una forma “centralista y negadora de la realidad plurinacional del Estado” y que sólo sirve para “extender la precariedad”. El calendario de reuniones todavía no está concretado, aunque desde ELA confían en que se lleven a cabo en el mes de febrero, es decir antes de la huelga general del 17 de marzo.

La Confederación Intersindical Galega (CIG) acusa a Quironsalud haber despedido a un trabajador y haber sancionado a otra en uno de sus centros en A Coruña como “represalia” por sus denuncias por “la pérdida de calidad asistencial”, la insuficiencia de personal o la vulneración de derechos laborales. La organización sindical asegura que se está desplegando una “política de persecución y represión sindical” y que ese es el motivo de los castigos a estos dos trabajadores, que son, además la presidenta y el secretario del comité de empresa. El despido de este último, destaca, se produjo estando él de baja. La CIG anuncia que llevará lo ocurrido ante la Justicia y anuncia movilizaciones, la primera de ellas este jueves ante el centro en el que se produjeron los hechos, el Hospital Quironsalud (Instituto Policlínico Santa Teresa). Contactada por este diario, la empresa ha manifestado que no va a hacer comentarios.

La central sindical asegura que su actividad resulta incómoda a los responsables de Quirón. En los últimos tiempos, dice, este centro de A Coruña ha sido objeto de varios expedientes sancionadores de Inspección del Trabajo por lo que denuncia que son incumplimientos en materia de igualdad, de aplicación del convenio colectivo, de información a los representantes de los trabajadores e incluso por esquirolaje en las huelgas convocadas por el convenio provincial. También se han presentado demandas judiciales por vulneración de derechos y, para la CIG, “estas son las verdaderas razones” de las medidas de la empresa contra representantes del sindicato.

Miguel Tizón, el responsable de sanidad privada de CIG-Saúde, considera que los argumentos para las sanciones a la presidenta y al secretario del comité son “insostenibles” porque los acusa de infringir las normas de protección de datos, “cuando es el hospital el único responsable de garantizar la seguridad del tratamiento de datos”. “Y somos conocedores de que no cumple con las medidas técnicas y organizativas necesarias”, señala. Añade que los hechos de los que se acusa al secretario, y que llevaron a su despido, ocurrieron mientras estaba de baja.

Las sanciones, insiste la CIG, son “un ataque directo a la libertad sindical, que pretende ser, además, un ejemplo para todo el personal que no se acomode a la política asistencial de Quironsalud”. La central sindical ve detrás de estas medidas la mano de la dirección del grupo sanitario privado en Madrid, “con el objetivo claro de laminar la actual representación legal del personal” para evitar la mayoría de la CIG y lograr “un sindicalismo servil”. Añade otra acusación a la empresa: “Pretende silenciar y terminar con quien pueda ser testigo de cualquier práctica que priorice el rendimiento económico frente a la calidad asistencial”.

Miguel Bolaños y José Luis Muruzábal, Muru, no dudaron. El partido lo había acordado y ellos acataban la disciplina colectiva: escalarían hasta lo alto de la chimenea en construcción de la central térmica de As Pontes (A Coruña, Galicia). La dictadura agonizaba, era agosto de 1975, y la resistencia antifranquista debía salir de las sombras. La propaganda por el hecho. Esa era la consigna del Partido del Trabajo (PT), organización de orientación maoísta con importante predicamento en la Transición y uno de los motores, junto a una incipiente izquierda nacionalista gallega, de la histórica huelga de As Pontes. La que vio como Bolaños y Muru se encaramaban a una chimenea que alcanzó los 356 metros de altura -la más alta de Europa- y culminaban así más de 20 días de paro obrero. El objetivo eran mejoras laborales pero la acción simbólica, y lo que supuso para la rearticulación del sindicalismo gallego, lo tatuó en la historia.

La localidad, en el interior de la provincia de A Coruña, no llegaba entonces a los 10.000 habitantes. Seis mil trabajadores secundaron la protesta. “Miles de personas se concentraban en un pueblo pequeño, llegados de muchos lugares para construir la central. No era fácil ni siquiera encontrar donde dormir, todo barracones y barrizales”, relata a elDiario.es Luis Burgos, abogado jubilado y en 1975 secretario de organización del PT en Galicia. Clandestino, claro. “Ese ambiente era propicio para que prosperase el tema sindical”, añade. A inicios de aquel año, el último de la vida de Franco, su partido había aprobado una nueva estrategia. El régimen se caía a pedazos, en parte empujado por la conflictividad político laboral, y la extrema izquierda buscaba salir a la luz.

“Decidimos hacer cosas espectaculares para llamar la atención, asumiendo riesgos. A Muru siempre se le ocurría algo. Acordamos lo de la chimenea”, recuerda. Ni Muruzábal ni Burgos eran exactamente militante de base. Ambos formaban parte del Comité Central del PT -una de las formaciones más activas a la izquierda del Partido Comunista- a nivel estatal. También estaban en el tajo: Muru como calderero en una auxiliar de Astano, en Ferrol, desplazado a As Pontes, y Burgos en las obras de otra central térmica, la de Sabón, en Arteixo (A Coruña).

Los riesgos asumidos, más allá de la hazaña física de subir a lo alto de la central en construcción, se materializaron cuando la Guardia Civil desplegó incluso un helicóptero para detener a Muru y a Bolaños, los dos escaladores. Aquel acto, de enorme repercusión en su día, fue, en todo caso, el estertor de una huelga de 21 días que había sacudido al régimen y ocupado planas en una prensa que, aún sometida a censura, ya no era capaz de esconder la intensísima agitación obrera.

Paco Vázquez 'largocaballerista'

“La huelga fue un fracaso desde el punto de vista de las reivindicaciones concretas. Pero sí tuvo un efecto político y sindical”. Habla con este periódico Miguel Campuzano, que en 1975 tenía 19 años y militaba en la Unión do Povo Galego (UPG) -un partido nacionalista y marxista origen del actual BNG- y en su rama estudiantil, Estudantes Revolucionarios Galegos (ERGA). Campuzano estaba en segundo de Filosofía y Ciencias de la Educación, y en el verano trabajaba en las obras de As Pontes junto a su camarada Xosé Manuel Díaz, de 17 años y todavía en el instituto. “El PT había ideado un método de agitación obrera bastante mecánico pero eficaz”, explica, “elaboraba en asamblea una tabla de reivindicaciones, se la presentaba a la patronal y si esta no respondía, huelga”. Los dos nacionalistas asistían a las asambleas, observaban e intentaban difundir su causa.

En el agosto caliente de hace 50 años, los trabajadores de la obra de As Pontes, asalariados de decenas de auxiliares, decidieron presionar directamente a la asociación de empresas. Reclamaban las 40 horas semanales, un aumento salarial lineal o que las compañías se hiciesen cargo del IRPF y las cotizaciones. La patronal se negó. Que cada empresa negocie por separado, alegó. La gente del PT, integrada en Comisiones Obreras, seguía su manual y propuso la huelga, relata Campuzano, que ha reconstruido la historia del paro en varios artículos. La dirección del sindicato, controlada por el Partido Comunista, no la quería. “Y nosotros, por consejo de nuestros enlaces en Ferrol (Lois Ríos y Elvira Souto), donde una táctica similar fracasara, no empujábamos”, afirma. Las habilidades dialécticas de Muruzábal y Bolaños se impusieron. El 6 de agosto de 1975 comenzó el paro. La represión no se hizo esperar: a los dos días ya había cientos de despedidos.

Las asambleas obreras se sucedían. La patronal no cedía, los operarios tampoco. En el conflicto mediaba Inspección de Trabajo que, contra todo pronóstico, no fue neutral. Dos jóvenes inspectores, recién aprobadas sus oposiciones, se inclinaban del lado de los huelguistas: Carlos Doménech y un Francisco Vázquez que entonces se autodefinía como largocaballerista y ya en democracia fue alcalde de A Coruña por el PSOE. En la actualidad sus posiciones convergen a menudo con las de Vox.

Campuzano recuerda como en el fragor de las batallas se enteraron de otro acontecimiento decisivo de aquellos meses frenéticos: la policía franquista había asesinado en Ferrol a su compañero de filas Moncho Reboiras. “Uno de los hermanos Aneiros [significados miembros del Partido Comunista en el área de Ferrolterra] llegó de Ferrol y nos dijo 'cuidado, esta noche mataron un tío a tiros', como diciendo 'es uno de los vuestros”, hace memoria. Era el 12 de agosto. Lois Ríos nunca acudió a la cita que, en As Pontes, había acordado con Campuzano y Díaz para entregarles propaganda. Formaba parte, junto a Souto, del comando de Reboiras. Consiguió escapar del cerco policial.

Los días pasaron y la huelga entró en un callejón sin salida. A finales de ese mes, y sin haber conseguido la readmisión de los despedidos, una asamblea dominada por los comunistas decidió finalizar la huelga. “Durante los últimos días es cuando Muru y Bolaños se suben a la chimenea para intentar dar la vuelta a la situación. Fue un gesto simbólico y quedó para la historia”, asegura Campuzano.

Raíces del sindicalismo nacionalista

El viejo sindicalista insiste en el valor cualitativo de la protesta de As Pontes. Él y Díaz también impulsaban entonces el Sindicato Obreiro Galego (SOG), una de las primeras experiencias sindicales ligadas a la izquierda nacionalista gallega. El ensayista y profesor Antón Baamonde, articulista de elDiario.es, comparte su impresión. Baamonde era un estudiante del instituto de Vilalba (Terra Cha, Lugo), su localidad natal, y militante de ERGA. “Vilalba y As Pontes [a 24 kilómetros de distancia] tenían mucha relación entonces. Y muchos amigos iban a As Pontes a trabajar unos meses. La construcción de la central térmica y todas las auxiliares ofrecían muchas oportunidades laborales”, señala.

Su labor, recuerda, consistía en hacer pintadas de apoyo a los huelguistas o repartir propaganda a la entrada de las factorías. “Era un tiempo de efervescencia política. Todo el mundo estaba metido en algo. Había relación con los curas de los Comités de Axuda á Loita Labrega y con la gente de Cristiáns polo Socialismo. Si tú conocías a alguien que trabajaba en un taller de As Pontes, intentabas meterlo en el asunto”, dice. As Pontes vivía un ciclo de proletarización: gente que llegaba del mundo agrario para trabajar en la fábricas. Y en ese ambiente, Baamonde también menciona las primeras pintadas del Sindicato Obreiro Galego, por ejemplo. No existen fotografías del conflicto, solo memorias individuales. O, por lo menos, nadie ha localizado imágenes. “No se sacaban fotos. Como mucho, las sacaría la Guardia Civil”, ironiza Luis Burgos, “infiltraban agentes en las asambleas, pero a menudo los identificábamos y los echábamos”.

Al repasar lo sucedido aquel agosto, Campuzano insiste en su importancia cualitativa y para el desarrollo del sindicalismo gallego, en concreto de su rama nacionalista. “Personas que nos conocimos en aquel momento y en aquel lugar después tuvimos un papel importante en la conformación de la CIG”, asegura. La Confederación Intersindical Galega es, en la actualidad, la primera central de la comunidad por número de delegados y de afiliados. Se fundó en 1993, pero las dos corrientes que nutrieron su principal antecesora, la Intersindical Nacional de Traballadores de Galicia (INTG), habían confluido en As Pontes: los militantes del PT integrados en Comisiones Obreras y que al poco tiempo se escindieron como CSUT y después se transformaron en la Central de Traballadores de Galicia; y el SOG, impulsado por la UPG, y más tarde Intersindical Nacional Galega.

“Compartiamos una forma de ser y de vivir. Eramos rupturistas de verdad, no estábamos por la ruptura pactada del Partido Comunista”, considera Campuzano, “nosotros, los nacionalistas, aprendimos mucho de las tácticas de Muruzábal y Bolaños, gente vital y combativa, que se acercaron a nosotros no por la cuestión nacional, sino por la de clase”. “El Sindicato Obreiro era entonces pequeño, muy clandestino”, argumenta Burgos, “pero coincidíamos en el objetivo de acelerar la ruptura democrática. Al final no pudo ser”. Las raíces de un importante sindicato y la memoria de un agudo episodio de lucha obrera en el tránsito de la dictadura a la democracia, eso sí pudo ser en agosto de 1975.

La central térmica de As Pontes comenzó a funcionar en 1976 y dejó de hacerlo en octubre de 2023. La chimenea a la que escalaron Muruzábal y Bolaños todavía domina la silueta de la localidad.

Entre los múltiples motivos que el profesorado gallego alega para secundar la huelga de los próximos martes 16 y miércoles 17 —la tercera convocatoria en lo que va de curso—, el estrés derivado de la carga de trabajo ocupa uno de los primeros lugares. Una carga que, según cuentan, no está provocada por la actividad docente, sino por la cada vez mayor acumulación de burocracia sumada a una “frustración” por ser incapaz de atender las necesidades, cada vez mayores y diagnosticadas antes, del alumnado. Esa es la razón que el sindicato CIG, mayoritario en Galicia y principal convocante de los paros, encuentra tras una situación inédita: por primera vez en la comunidad, los docentes en una comisión de servicio por motivos de salud superan a los que la han obtenido por conciliación familiar. Un dato que llega acompañado de otro prácticamente igual de representativo: en una profesión en la que la vida laboral se alargaba a menudo, de forma voluntaria, más allá de los 65 años, las prejubilaciones a los 60 se han disparado. Y para los que optan por esta salida, que les hace perder dinero, el clima laboral es determinante.

Como sucede con el conjunto de empleados públicos, las comisiones por salud permiten a los docentes conseguir un destino temporal próximo a su domicilio por una enfermedad propia o el cuidado de un familiar. A menudo las solicita profesorado que se reincorpora después de una baja —sobre todo por ansiedad o estrés— y a quien ayuda poder retomar su actividad en un entorno seguro, sin sumar nuevas preocupaciones como encontrar una vivienda o solucionar el desplazamiento a un destino lejano. En el último lustro, el número de estas comisiones se ha multiplicado por tres: de las 340 de 2020 se ha pasado a casi un millar, 991, según los datos oficiales recopilados por CIG-Ensino.

Laura Arroxo es desde junio la secretaria nacional del sindicato que acapara 8 de los 15 representantes de la mesa sectorial gallega. Hasta ese momento, como responsable de Acción Institucional, esta profesora de Matemáticas se encargaba directamente de las cifras de las distintas comisiones de servicio, y no duda: “Es tremendo cómo cambió el panorama, especialmente en secundaria”.

En 2020, las 170 comisiones de salud en las que coincidían los dos cuerpos docentes —primaria y secundaria— suponían, respectivamente, el 23,71 y el 14,74% de todas las que se concedían. Cinco años después, pasaron a ser el 49% (403) y el 55% (588). Dentro de ese conjunto, el aumento en las comisiones por salud propia es, para Arroxo, “brutal”. Los únicos datos de los que dispone son los que van de 2023 a 2025. En ese período, en secundaria pasaron de 244 a 331, un 36% más; en primaria, crecieron un 50%: de 174 a 261. Y entre ellos, por lo que sabe, “muchísimos” corresponden a casos de salud mental.

“Hay muchos indicativos que nos advierten de que esto no es lo que era”. Y que, por primera vez, las comisiones de salud superen a las de conciliación —las que se solicitan para el cuidado de hijos pequeños— es uno de ellos. Arroxo recuerda que es la propia consellería la que las concede, siempre tras la valoración de la inspección médica con la que cuenta cada delegación territorial, y que cada año son muchas las que se deniegan. Educación, por su parte, no ha respondido a ninguna de las preguntas planteadas por elDiario.es para la elaboración de esta información.

Trabajar enfermo, pero cerca

Para un trabajador por cuenta ajena, puede sorprender que los docentes opten por una comisión y no por una baja médica, ya que acuden a trabajar con un problema de salud reconocido por la propia administración. “Cuando te estás recuperando de una depresión, o de un episodio de ansiedad y estrés, el hecho de estar cerca de casa y de la familia es mucho más beneficioso que tener que marcharse a una ciudad que no conocer, alquilar allí, pasar mucho tiempo al volante... Ese aumento de las comisiones viene de ahí”, afirma.

Esa idea choca con el retrato caricaturesco de una profesión a menudo atacada con tópicos, como el de que tienen demasiadas vacaciones o que sólo trabajan las horas en las que dan clase. “La carga que no es estrictamente docente aumentó muchísimo: creció el número de grupos, pero también se disparó la burocracia. Es muy raro encontrar a una profesora que sólo imparta clases: la gran mayoría son también tutoras, llevan alguna coordinación —en centros pequeños, hasta tres o cuatro a la vez— o forman parte de los equipos directivos”.

¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos años? “Que la enseñanza evolucionó muchísimo” y eso trajo una multiplicación del trabajo. Por ejemplo, por la implicación de las familias. “Si eres tutora de 29 niños en primero de la ESO tienes 29 familias que atender”. Y hacerlo durante el primer trimestre, ya que el cambio de etapa educativa y, en muchos casos, de centro, requiere una especial atención. A esto suma el aumento de la diversidad en las aulas, porque también hay “por suerte” más diagnósticos tempranos; un mayor número de inmigrantes, que pueden tener problemas de adaptación “sobre todo si no conocen la lengua”. A esto se suma una “concienciación de la inclusión educativa” que considera bastante reciente: “Hoy, a nadie le extraña ver alumnado con alta discapacidad en un centro educativo”.

El gran “problema” de este escenario es que todos esos cambios —la atención a las familias, el aumento de la diversidad— y las exigencias que conllevan no vinieron acompañados de más profesorado. “Al contrario”, señala: “más carga lectiva, mucha más burocracia y mucho más trabajo del que había antes”. Entre las consecuencias, destaca la “frustración” que el profesorado se lleva muchas veces a casa. “Te ves sola con niños con trastorno de conducta, para los que no hay apoyos, falta de especialistas...”. La situación es especialmente grave en secundaria, según cuenta, pero no sólo ahí. “Una compañera, que es profesora de infantil, me contaba que tiene un niño con problemas de conducta tan graves que sólo pudo leer cuentos en clase los días en los que faltó, porque no recibe ningún apoyo”. “En infantil y no puedes leer ni un cuento...”, suspira Arroxo.

Con esa situación de fondo, el número de docentes que decide acortar su vida laboral ha dado un vuelco. 2010 fue el último año en el que se pagaron las conocidas como gratificaciones LOGSE con las que se trataba de incentivar la renovación del profesorado. En aquel momento, irse para casa a los 60 años con 35 cotizados tenía un premio de 19.672 euros en secundaria y de 16.551 en primaria. “Una pasta”, resume Arroxo tirando de memoria. “Recuerdo que aquel curso vino de visita una compañera que, con aquella gratificación, se acababa de pegar un viaje espectacular por Egipto”. Hoy, el caso es el contrario: lo que se incentiva es seguir trabajando hasta los 70 años con una subida de hasta el 4% en la pensión, mientras que dejarlo a los 60 supone perder unos 400 euros mensuales. Sin embargo, en aquel escenario no era ni un 10% el que se prejubilaba. Hoy, dice el sindicato, lo hace más del 90%. “Todo el mundo se va antes”. Tiran la toalla.

La primera de las tres jornadas de huelga en la atención primaria gallega se ha saldado con unos niveles de participación oficiales del 6,89% en el turno de mañana y del 4,26% en el de tarde. Unas cifras que han indignado a CIG-Saúde, la central convocante del paro junto con el sindicato médico O'Mega. Acusan a la Xunta de imponer unos servicios mínimos “abusivos” y contabilizar a esos trabajadores entre los que no han secundado la movilización.

Según los datos ofrecidos por el Servizo Galego de Saúde (Sergas), el mayor seguimiento durante la mañana se registró en el área sanitaria de Santiago-Barbanza –donde los médicos de familia habían aprobado en asamblea secundar la huelga– con una incidencia del 11,6%, mientras que en la zona Ourense-Verín-Barco de Valdeorras no se alcanzó el 1%. Por la tarde, Vigo registró un seguimiento del 7% mientras en Lugo-A Mariña-Monforte ningún profesional se sumó al paro.

Del 4% al 50%

Esta forma de contabilizar provocó la indignación de la CIG. El secretario nacional, Manuel González Moreira, ponía como ejemplo lo sucedido durante la tarde en una de las áreas sanitarias. De 25 personas de turno, 22 estaban de servicios mínimos y una con ausencia justificada. “Eso quiere decir que sólo dos podían hacer huelga, y una la secundó. Para la Xunta, supone un seguimiento del 4%; para nosotros, del 50%”.

Moreira asegura que la participación se ha notado especialmente entre los médicos de familia. “Es evidente que muchos profesionales estaban convencidos y tenían ganas de hacer esta huelga”. Lamentó una vez más que la Consellería “no se tomase más en serio la negociación” y, tras un encuentro de nueve horas, presentase su último documento –el que fue aceptado por CCOO, UGT y CSIF– “diez minutos antes de tener que decidir”.

Este miércoles, la CIG ha convocado concentraciones en una decena de centros de salud a lo largo de la geografía gallega. El sindicato O'Mega, mayoritario entre los médicos, ha llamado a todos los facultativos de familia a movilizarse a mediodía ante la sede de la Consellería de Sanidade, donde este martes se daban ya cita cientos de trabajadores convocados por la central nacionalista.

La Atención Primaria gallega está en pie de guerra con una unanimidad que retrotrae a casi 20 años atrás, aunque en un sentido bien distinto. Si entonces era una docena de entidades las que suscribían un plan de mejora que fue tumbado por el PP tan pronto como regresó a la Xunta, hoy son los sindicatos de clase, los sindicatos médicos, las sociedades científicas y los cuatro colegios de facultativos los que se oponen a la reforma propuesta por el ejecutivo de Alfonso Rueda, “una agresión tan grande que necesita una respuesta contundente”. Esa respuesta ha sido una huelga, convocada en principio para el día 26 de noviembre, pero que varias centrales han ampliado ya a tres días. Tras jornadas de negociaciones, que continúan este lunes, Sanidade se ha ofrecido a retirar el plan, pero los representantes laborales avisan de que no desconvocarán hasta que haya “medidas concretas y respuestas reales”.

El principal punto de fricción entre administración y profesionales, aunque no el único —la plataforma reivindicativa de la mesa sectorial incluye 17 puntos—, es la figura de los Facultativos Especialistas en Atención Primaria, creada en 2022. Los FEAP son médicos de familia que no necesitan la formación MIR, ya que la obtienen a través de un curso, y que tienen la obligación de realizar al menos dos guardias al mes en los puntos de atención continuada (PAC). Tal y como trasladó a finales de octubre a los sindicatos presentes en la mesa sectorial, Sanidade pretende, de forma “transitoria”, responder a la avalancha de jubilaciones prevista —cerca de 200 hasta finales de 2026— transformando en FEAP todas las plazas que queden vacantes. La negativa rotunda del colectivo ha llevado al conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, a mostrar su disposición a “modular” la propuesta y, tras la reunión del viernes —que se alargó durante más de seis horas—, no prolongarla más allá de 2026.

Los primeros en plantarse fueron, ya en octubre, los sindicatos de la mesa sectorial. CIG, CC.OO., UGT y CSIF exigieron la “retirada inmediata” de las propuestas de la Xunta y respondieron con un listado de 17 medidas, entre las que destacaba la eliminación de la categoría de FEAP. “Quieren que los pocos profesionales que tenemos hagan más trabajo”, denunció el secretario nacional de CIG-Saúde, Manuel González Moreira, quien aseguró que “en los años que lleva puesta en marcha, ya demostró que no aportó nuevos profesionales ni fue una acción atractiva para los profesionales que se incorporaban al sistema para trabajar”. Para él, la atención primaria sufre “una agresión de una magnitud suficientemente grande como para necesitar una respuesta contundente por parte de las organizaciones sindicales”. Esa respuesta se encarnó en una jornada de huelga.

El sindicato médico O'Mega, el más representativo en el sector en Galicia —sin presencia en la mesa sectorial— fue más allá. Amplió la convocatoria del 26 de noviembre al 27 y al 28 y, en el preaviso presentado el viernes, a los días 9 a 12 de diciembre. O'Mega destacó que su reivindicación cuenta con el apoyo explícito de todos los colegios médicos de Galicia. Un día después de su anuncio de paro, el Consello Galego de Colexios Médicos, que agrupa a los cuatro colegios provinciales, exigió en un comunicado la retirada del plan de la Xunta.

“No parece lógico que nos enteremos tarde y por terceros de un cambio sustancial en el modelo asistencial cuando tenemos grupos de trabajo específicos”, afirmaba el presidente del Consello, Eduardo Iglesias, quien, en referencia a los FEAP, advertía sobre el peligro de abrir la puerta a posibles atajos en la incorporación de profesionales extranjeros: “Para trabajar como médico de familia debe continuar siendo obligatorio haber obtenido la especialidad a través del MIR”. El viernes, otro sindicato médico, el Simega, rompía las negociacciones con el Servizo Galego de Saúde (Sergas) por la “intransigencia” del conselleiro, empeñado en mantener un plan “que toda la profesión médica de Atención Primaria, las centrales sindicales y los colegios médicos rechazan”.

Por el medio, asambleas de médicos de familia como la del área sanitaria de Santiago-Barbanza decidieron secundar los tres días de huelga, a los que se sumó la CIG este lunes. Por su parte, las sociedades científicas gallegas SEMG, SEMERGEN y AGAMFEC-SEMFYC, aunque no se han pronunciado todavía sobre el paro, sí comparten las mismas demandas. “Los médicos de familia no tenemos por qué pagar las consecuencias de una mala planificación y las unidades docentes y los tutores no se van a prestar a ninguna actividad que no sea el programa MIR oficial”, explican sobre los FEAP en un comunicado conjunto.

El enterramiento del plan del bipartito

Esa mala planificación de la que hablan las sociedades científicas acompaña al PP desde su vuelta a la Xunta en 2009. Utilizando como argumento la austeridad derivada de la crisis, un Alberto Núñez Feijóo recién llegado a la presidencia paralizaba el Plan de Mejora firmado dos años antes por el presidente socialista Emilio Pérez Touriño y su conselleira de Sanidade con una docena de sindicatos y asociaciones. Un documento consensuado por todo el sector que recogía la creación, en un lustro, de 360 plazas de medicina de familia, con el objetivo de llegar a incrementar la plantilla en un millar de profesionales y 60 centros de salud.

Hoy, a los socialistas, la excusa de la crisis sigue sin resultarles creíble. “No, porque —por poner un ejemplo—, hasta 2019 no se empezó a hablar de renovar los acuerdos para recuperar la equiparación salarial con la media del Estado”, explican fuentes del PSdeG. El modelo de dotación de centros “se rechazó y ahora van por otra vía” en la que “aprovechan fondos europeos, eso sí”.

Y, lo más importante: “No, no hubo mil facultativos nuevos”. Los socialistas “persistieron” año tras año en ese objetivo hasta que “cambiaron el sistema de contabilización para no publicar cuántos eran de Primaria y cuántos de Hospitalaria y no poder tener el dato exacto para comprobar que los incrementos eran paupérrimos”. La modificación llegó con los presupuestos de 2022, el año en el que se crearía la categoría de FEAP.

“El Plan de Mejora era un gran documento estratégico que se paró y se rechazó”. Desde el grupo parlamentario del PSdeG recuerdan que “allá por el año 2017 o 18” la Xunta encargó a una empresa externa un nuevo plan “razonablemente bueno”. “Propusimos en Pleno un acuerdo gallego para que todos suscribiésemos ese acuerdo y fijar compromisos concretos”. Curiosamente, quien se negó fue el PP y “quedó en un cajón”. “Una lástima, porque era razonable y dejaba muy en evidencia algunas decisiones de la propia Xunta”, concluyen los socialistas, que defienden la necesidad de un “plan de choque” para la gran puerta de entrada al sistema sanitario.

En septiembre, el PSdeG propuso —sin éxito— en el Parlamento gallego que se garantizase en 48 horas la atención del medicina de familia y pediatría. Este miércoles será el BNG el que pregunte al presidente de la Xunta por la situación de la primaria, donde destacan la “unanimidad” de todas las personas que trabajan en el ámbito sanitarios frente a la “política de demolición” del Partido Popular. Tras ironizar con lo “difícil” que es poner a todo el mundo de acuerdo, la portavoz nacional Ana Pontón ejemplificó esa política con el “recorte de 1.650 millones” en los últimos años 16 años. “Por eso tenemos lista de espera para ir al médico de cabecera, por eso hay 11.000 niños y niñas sin pediatra o un problema tan grave de falta de cobertura de profesionales”, concluyó.

La alerta la encendió la carta despedida de seis ingenieros, casi todos con más de quince años de experiencia en el Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM). Este miércoles, suscribían un comunicado en el que anunciaban una marcha que definían como “voluntariamente forzosa” ante el “desmantelamiento planificado” por parte de la Xunta del centro público de referencia en el noroeste estatal, una instalación con casi 150 años de historia. La CIG, el primer sindicato de Galicia y mayoritario también en la administración autonómica, habla con tristeza de “profecía autocumplida” tras un lustro de avisos sobre la “nefasta gestión” de una Consellería, que está provocando la “fuga de talentos” y la “pérdida de más de un siglo de conocimiento”. Medio Rural, por su parte, defiende el “compromiso absoluto” con el futuro del centro y, eso sí, evita valorar el “clima” de trabajo existente, del que lo hacen directamente responsable.

Los seis investigadores firmantes –María Bande, María Isabel García, Adrián Botana, Álvaro García, Roberto Besteiro y Santiago Crecente– abandonaron el CIAM en un concurso de traslados de funcionarios de la Xunta, en la escala de ingenieros agrónomos, al que se apuntaron debido a la situación “insostenible” del centro y el futuro “totalmente incierto para la investigación agraria” en Galicia.

“La grave falta de cobertura de plazas que sufre el CIAM desde hace años arrastra muchas dificultades para ejercer la labor investigadora, en la medida en que muchas líneas de investigación eran unipersonales” algo que “dificulta enormemente el acceso a proyectos competitivos, donde normalmente se requieren grupos de investigación consolidados con varias personas”. También denuncian que “las jefaturas de departamento están desapareciendo, sin explicación ninguna al personal del centro”.

Narran situaciones en las que los propios investigadores tuvieron que abordar tareas de campo para “poder mantener los proyectos en marcha, o simplemente para que los animales tuvieran los cuidados básicos, pues el personal de campo se encontraba sobrepasado por el trabajo”.

Irene Sánchez forma parte de ese personal de campo. Esta oficial de segunda trabaja desde 2006 con las vacas de leche. Como delegada de la CIG, es testigo directo de lo que denuncian sus ya excompañeros. Es ella la que lamenta su “profecía autocumplida” al referirse a un “maltrato laboral” que, está segura, se hace “a conciencia para que marchemos”.

La pirámide invertida del CIAM

Según explica, Agacal (la Axencia Galega de Calidade Alimentaria) está viendo cómo su relación de personal toma forma de pirámide invertida. “El capítulo 1, de presupuesto para gastos y personal, es cerrado: cuando quieren nombrar puestos directivos y de libre designación, no se pueden inventar el dinero”. Pero si los trabajadores se van, esa plaza se amortiza y ese sueldo puede destinarse a puestos nombrados a dedo. En concreto, la CIG denuncia que, desde 2021 –cuando se aprobó la “chapucera” relación de puestos de trabajo– se han retirado 450.000 euros destinados a plazas de personal investigador y de campo para trasladarlo a “engordar la pirámide invertida de altos cargos”.

“Nos están maltratando laboralmente a propósito. Hay personas que han presentado denuncias por acoso porque la estrategia es que nos vayamos en los concursos de traslados” que no se convocaban desde hace 12 años. “Yo soy personal de campo y voy a participar, como el 90% de los compañeros que están fijos. Tenemos entre 15 y 30 años de experiencia en investigación y nos vamos a marchar a otras consellerías en las que no hay ese maltrato” y en las que sabe que, por su mismo trabajo, cobrará “entre 190 y 270 euros más”.

Eso, dice, es lo que les pasó a los seis investigadores que firmaron el manifiesto, personas “que querían quedar en el centro pero decidieron no hacerlo”. La consecuencia, que “después de recibir la transferencia del conocimiento de 30, 40 o 50 años de investigación, ahora se van a trabajar a otros centros donde no podrán aplicarlo y llegará para sustituirlos gente joven que no tendrá de quién aprenderlo”. Esa sangría de talento se vivió antes en el otro centro de investigación dependiente de Medio Rural, el de Lourizán, centrado en el campo forestal. “Un montón de científicos se fugaron para el CSIC”.

Y una vez vaciado de trabajadores públicos, llega la segunda parte de esa “estrategia”: la privatización. Sánchez considera que en investigación es algo “bastante fácil”, ya que la mayoría del dinero que financia los proyectos procede de la Unión Europea y sus controles fiscales “están destinados a saber que se cumplió aquello para lo que solicitaste los fondos, pero no se meten en si la gestión es pública o privada”. Por eso, da por hecho que, cuando marchen, serán sustituidos con personal “sin formación ni trayectoria, no cualificado” y, no menos importante, “sin los derechos laborales que tenemos nosotras”.

La Xunta no valora el “clima de trabajo”

La carta de los investigadores no se quedaba sólo en su situación personal, sino que retrataba la “preocupante” presencia en el CIAM de equipaciones de campo y laboratorio “totalmente obsoletas”. Relataba cómo “recientemente se produjo un accidente laboral grave con una máquina que no se encontraba en condiciones adecuadas” que “desembocó en que se precintara una parte importante de la maquinaria del centro que tampoco cumplía”. La sala de ordeño del CIAM, que data del año 1994, quedó “totalmente anticuada respecto de los sistemas modernos ya implantados en las explotaciones del rural” y las cuadras “muy antiguas”, “no cumplen con las medidas de bienestar animal”.

El escrito acaba denunciando “una gestión autoritaria desde instancias de Agacal”, con “una asignación de los recursos interesada y poco clara”. Por eso, aseguraron verse abocados a la marcha porque “el estímulo para seguir en el CIAM era muy bajo” ante una situación de “desmantelamiento” que la Xunta niega. “El compromiso de la Consellería do Medio Rural con los centros de investigación y formación dependientes de la Administración es absoluto, tal y como demuestran las inversiones realizadas y las previstas”, aseguró una portavoz por correo electrónico en respuesta a esta redacción.

En su respuesta, manifestó que los prespuestos autonómicos del año 2026 incluyen una partida para “terminar el Banco de Germoplasma del CIAM” y dar “los primeros pasos para la implantación de un nuevo laboratorio de seguridad biológica de nivel 3, principalmente para el estudio y control de enfermedades bacterianas y virológicas en el ámbito ganadero”. Los investigadores respondieron que el Banco fue inaugurado –sin acabar– menos de un mes antes de las elecciones autonómicas de 2024 y que, desde entonces, continúa vacío. En cuanto al laboratorio, un gasto “difícil de justificar” y que duplica otras instalaciones existentes, estiman en más de dos años el tiempo que tardará en estar operativo, ya que ni siquiera se ha resuelto la convocatoria.

La Xunta insistía además en que durante 2025 “alrededor del 79% de las inversiones con fondo propio de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria se destinaron al CIAM”. “Es lo que le corresponde, porque es el único centro de investigación agrario público de Galicia”, responde con sorna Irene Sánchez. La CIG recuerda que, en el período 2021-2024, quedaron sin ejecutar 10 millones de euros de sus presupuestos.

En lo que no quiso entrar la Consellería fue en la valoración del “clima de trabajo en el centro, dado que se apela a la profesionalidad de todos y cada uno de los trabajadores”. “El personal que envía ese escrito, efectivamente participó en el concurso de traslados y escogió voluntariamente otro destino fuera del CIAM”, un proceso que enmarca “dentro de la normalidad de cualquier administración pública”.

Más de un siglo de historia

El CIAM es el heredero de la Granja Agrícola Experimental creada en Monelos –hoy, un barrio de A Coruña– en 1888. La construcción de la actual avenida de Alfonso Molina, la gran vía de acceso a la ciudad, hizo que se trasladase a un municipio vecino, primero al de Bergondo, en Guísamo y, en la década de los sesenta, a Abegondo, donde ocupa una superficie de más de 200 hectáreas. En ese tiempo, nunca perdió el “espíritu público de modernizar y dinamizar el agro gallego”, cuenta Sánchez quien repasa el conocimiento y los materiales acumulados desde hace más de un siglo. “Allí se puede montar un museo”.

En la transición, el Gobierno pidió un préstamo al Banco Mundial –“similar al que se solicitó para el rescate bancario”– con el objetivo de poner en marcha “la base del mundo agroganadero en el Estado”. Se escogieron entonces puntos geográficos de referencia climática para la instalación de centros de élite. Para el noroeste cantábrico, escogieron Mabegondo.

“Arrancó a tope de presupuesto, 2.000 metros cuadrados de laboratorio y tres investigadores muy inteligentes que viajaron por todo el mundo para impregnarse de conocimiento”. A su vuelta, pusieron en marcha las tres líneas que todavía hoy existen: vegetal, producción anima y maquinaria. En los 80, las competencias se transifirieron a la Xunta a la que ahora, “sobre todo desde 2021”, los profesionales señalan como responsable de ese “ataque” que los investigadores sacaron a la luz con su carta.

“La escribieron para que quede constancia de que no se van porque quieren”, sentencia Sánchez. “Querían seguir dedicándose a la investigación pública, pero aquí no pueden más y se van a otros centros administrativos”. Como ella misma tiene intención de hacer.