Luis Castro, el único liberado en la comarca de As Pontes (A Coruña) por la central nacionalista CIG –el principal sindicato de Galicia– fue agredido en la mañana de este martes mientras colocaba una pancarta frente a un supermercado de la localidad en el arranque de la jornada de huelga en el sector de la alimentación en la provincia. Según denunció ante la Guardia Civil, se le acercó un hombre reivindicándose como ultraderechista y, al grito de “rojo de mierda” y “nacionalista de mierda”, lo amenazó diciéndole que iba a “acabar con vosotros” antes de asestarle varios puñetazos. Castro sufrió la rotura de un diente y contusiones en la mandíbula y la zona lumbar por lo que tuvo que acudir al centro de salud, donde lo derivaron al hospital de Ferrol.

“Estoy bien, estoy bien”, relata Castro por teléfono a elDiario.es tres días después de lo sucedido y después de que la CIG hiciese pública la agresión y mostrase su “total condena y repulsa” al ataque sufrido por su compañero. El sindicato “alerta” del incremento de este tipo de agresiones, que no duda en calificar como “fascistas”, y que se han repetido en los últimos tiempos en la comarca de Ferrolterra. Señalan, entre otros, las pintadas xenófobas en las instalaciones de Cruz Roja o las sufridas en su propio domicilio por un “conocido activista”. En agosto, también fue vandalizada la sede del PSOE en la ciudad departamental.

En As Pontes, una localidad con larga tradición industrial y obrera, “no se veían actitudes así desde hace mucho tiempo”, cuenta Castro, que sí nota últimamente un “caldo de cultivo extraño”. “Nunca nadie me había dicho nada antes por mi trabajo sindical, pero ahora se detectan unas actitudes envalentonadas. No digo que antes no hubiese gente que pensase estas mismas cosas, pero no se atrevían a decirlas y, mucho menos, llegar a la violencia física”.

El martes, a las 8:30 de la mañana, Castro estaba colocando la pancarta ante uno de los supermercados de As Pontes mientras esperaba la llegada de los piquetes. Fue entonces cuando se le acercó su agresor, un individuo “de aspecto pintoresco” al que conocía “de vista” aunque nunca habían hablado. “Esto es As Pontes [un municipio que no llega a los 10.000 habitantes] y él no pasa desapercibido”.

El hombre llegó insultando –“rojo de mierda, nacionalista de mierda”–, reivindicándose como ultraderechista y añadiendo: “Voy a acabar con vosotros”. El sindicalista le contestó que se fuese, que allí “no pintaba nada” y fue entonces cuando el otro lo golpeó, en la cara y la espalda, antes de irse. Mientras se marchaba, Castro, dolorido, le llamó “facha”. El agresor volvió sobre sus pasos, se quitó la camiseta “en plan Rambo” y le dio otros dos puñetazos antes de meterse en un portal a escasos metros de allí.

Para la CIG, se trata de “un ejemplo más” del “incremento de la violencia física y verbal contra la izquierda y, en concreto contra el sindicalismo nacionalista por todo lo que representa de resistencia y lucha frente a la derecha más españolista y reaccionaria”. La central acusa a PP y Vox de “fomentar los discursos de odio y los mensajes racistas, machistas y antinacionalistas mientras promueven una exaltación aberta del franquismo y la represión”.

La Confederación Sindical Galega (CIG), el primer sindicato de Galicia, ha anunciado este martes la convocatoria de huelga general en la comunidad en respuesta a la “insoportable” subida de los precios y la “falta de medidas para una vivienda digna”.

Con este objetivo, según recoge Europa Press, la central sindical ha recordado que en el mes de septiembre lanzó una campaña con una decena de propuestas para reclamar “que sea el capital el que asuma las consecuencias de la carestía de la vida” y en demanda de “una vida digna para la mayoría social”.

En este contexto, tras el anuncio este lunes de CC.OO. y UGT de convocar huelga general, la CIG hace un llamamiento al conjunto del tejido social y sindical a movilizarse y a que se haga efectiva una convocatoria de paro en la primera semana de noviembre.

Así, la CIG ha vuelto a reclamar tanto a la Xunta como al Gobierno central incluir en los presupuestos un Plan de Choque en el que se articulen una medidas para “frenar el deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora a causa de la subida generalizada de los precios” y “para garantizar el acceso a una vivienda digna”.

“El crecimiento constante e imparable de los precios de la electricidad, de los combustibles, de los productos de primera necesidad y de la vivienda está llevando al pueblo y a las clases trabajadoras a la ruina; una situación que empeora por el deterioro de los servicios públicos y el retroceso en las políticas sociales”, alertó el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, en la presentación de la campaña.

CIG y CCOO se reafirman en su oposición al enfoque que la Xunta -con el apoyo de la Confederación de Empresarios de Galicia y UGT- quiere aplicar a la cuestión del aumento de las bajas laborales. Consideran que el plan aprobado el lunes en el Consello lo certifica y supone “una criminalización” de las incapacidades temporales, poner la sospecha sobre quien enferma, engordar a las mutuas y evitar que el foco se ponga en las causas que están detrás del aumento de las bajas.

“Es un paso más en la campaña del Gobierno gallego en la criminalización de las bajas médicas, en el papel abusivo de las mutuas y en la privatización de la sanidad pública, mientras siguen sin adoptarse medidas ante el empeoramiento de la salud laboral de las personas trabajadoras, la precariedad y los recortes en la sanidad pública, verdaderas causas de las incapacidades temporales”, resume la CIG, el sindicato mayoritario, que ha rechazado participar en la mesa de diálogo social impulsada por la Xunta. Tampoco CCOO entró en las negociaciones del plan, que ve como “na cortina de humo diseñada para perseguir a las personas trabajadoras en situación de incapacidad temporal, justificar nuevas medidas de control y disciplina sobre quien enferma y canalizar recursos públicos hacia el tejido empresarial”.

El secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, el plan es un escándalo que “malgasta y despilfarra” fondos públicos -está dotado con 45 millones de euros- y a quien va a beneficiar realmente es a las empresas, las mutuas y el sector privado. La creación de la figura del acompañante de reincorporación la califica de tomadura de pelo, en especial “cuando se niegan las dotaciones de personal en la sanidad pública para que atienda como se debe a las personas trabajadoras”. Las medidas van a “engordar el negocio de las mutuas”, ya que considera que les derivan los tratamientos de enfermedades músculo-esqueléticas. “Sus abusos e ilegalidades se ven compensados con dinero público”, critica. La CIG tiene convocadas protestas el 8 de octubre ante los edificios administrativos de la Xunta contra el plan.

Por su parte, CCOO considera que la Xunta ha presentado el plan como algo que no es, con “un envoltorio de retórico de bienestar y protección”. En realidad, avisa, se consolidan medidas de control que se aplican con críticas de las propias organizaciones médicas. Pone como ejemplo que, entre los indicadores de seguimiento, aparece el porcentaje de altas de las mutuas resueltas dentro de plazo, lo que considera que es una presión para que los médicos den esas altas.

El sindicato carga contra el concepto del “uso responsable” del sistema del que habla el plan. “Convierte el derecho a la salud en un privilegio condicionado al comportamiento del titular”, critica y cita la medida concreta de la carta de derechos y deberes que se enviará a las personas de baja y que va a reclamarle que colabore en la recuperación y en la reincorporación, “como si la salud fuese un contrato bilateral”. También censura que haya un dispositivo concreto contra posibles abusos, pese a que el mismo texto reconoce que el fraude es una cuestión minoritaria. Añade también que no hay referencias a las horas extra no pagadas ni a las enfermedades profesionales, que se registran por debajo de su verdadera incidencia. “Quien enferma no es un sospechoso, es un titular de derechos”, concluye.

CIG-Salud de A Coruña ha denunciado que la Inspección Médica retoma las citaciones al personal médico de Atención Primaria, en relación con el número de pacientes en situación de incapacidad temporal en sus cupos. Una práctica que la central sindical ya advirtió en el mes de julio y que ahora, tras el parón de agosto, “se vuelve a repetir”. Así, esta organización informa en un comunicado de que tiene “conocimiento de que médicas y médicos de centros de salud del área Sanitaria de A Coruña y Cee recibieron correos electrónicos en los que eran citados por la Inspección Médica, nuevamente en relación con las bajas de sus pacientes”.

Para CIG-Salud estas actuaciones “no son decisiones aisladas de la Inspección, sino que se enmarcan en la política impulsada por el Gobierno del Partido Popular y por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para reforzar el control de las incapacidades temporales, y que es ejecutada por la Consellería de Sanidade a través de la Inspección Sanitaria”. “Es el propio Gobierno gallego el que viene anunciando el refuerzo de la actividad inspectora y presentando como resultados de esta política el número de personas citadas, las altas producidas y la reducción de la duración de las incapacidades temporales”, según subraya la secretaria comarcal de CIG-Salud, Isabel Golpe.

Visión economicista

En este sentido, el principal sindicato gallego alerta de que estas actuaciones “evidencian una visión economicista de la salud, en la que las bajas, las altas y los días de duración acaban convirtiéndose en cifras y objetivos, mientras queda en un segundo plano lo que debería ser prioritario, la salud de la ciudadanía gallega”. “No podemos aceptar que una médica o un médico de familia sea llamado por la Inspección por el número de personas de baja que tiene en su cupo”, recalca para apuntar que “una baja no es una cifra que haya que cuadrar ni una partida económica que haya que reducir, es una decisión clínica sobre una persona que no está en condiciones de trabajar”.

Por ello, CIG-Salud se pregunta si para el PP la “prioridad es proteger la salud de las personas o reducir las cifras de incapacidad temporal y su costo económico”. La central exige que “cesen las presiones” sobre los facultativos familia, así como que “se respete su criterio profesional y que, si existen rangos, indicadores u objetivos de reducción de las bajas, la Xunta de Galicia los haga públicos y transparentes”.

La ofensiva de Alfonso Rueda para rebajar el derecho a baja laboral, que antecedió en algunos meses a las estridentes declaraciones de Feijóo al respecto, ha tropezado con la Justicia. El principal sindicato gallego, la CIG, llevará ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la resolución de la Xunta de Galicia que refuerza el papel de las mutuas privadas en el control y gestión de las incapacidades temporales, cuya legalidad cuestiona. “El Gobierno gallego disfraza de 'agilización' y 'refuerzo del control' del llamado 'absentismo laboral' lo que es parte de una ofensiva patronal y mediática contra las personas trabajadoras”, denuncia la central.

“Rueda pretende instalar un discurso peligroso en el que enfermar se vuelve sospechoso”, añade el sindicato en un comunicado, “al prevalecer la presión económica sobre el criterio médico”. La medida, una de las anunciadas por el presidente de la Xunta en el último debate sobre el estado de la autonomía -fue la iniciativa estrella de su intervención-, implica además una “fiscalización creciente” del criterio del personal de atención primaria de la sanidad pública.

La resolución impugnada modifica el protocolo de la Consellería de Sanidade para el seguimiento de la incapacidad temporal y permite a la inspección a autorizar de una sola vez “todas las pruebas y procedimientos” relacionados con una baja solicitados por entidades privadas. Antes, debían solicitar el permiso prueba a prueba, siempre y cuando las hubieran pedido antes profesionales de la sanidad pública. No figura, critica la CIG, ninguna limitación por tipo de patología y desaparece la mediación del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

“En lugar de apostar y reforzar la sanidad pública y eliminar las listas de espera que no paran de crecer, las mutuas incrementan su derivación de dinero público hacia la sanidad privada”, considera Paula Carril, secretario general del sindicato que ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior.

La propuesta del Gobierno de reducir las ratios en Educación Infantil se ha recibido como un ataque en Galicia, donde la Xunta ha hecho bandera de la gratuidad en el tramo de 0 a 3 años con un modelo que prima a las empresas privadas. Tanto es así que, en 2024, llegó a devolver al ejecutivo 22 millones de euros destinados a crear 3.200 plazas públicas más porque consideraba que en la comunidad ya estaban cubiertas. Ahora teme por el futuro de este diseño y, junto a la patronal del sector, ha encontrado un nuevo frente de oposición a Madrid. 

Poco antes de dejar su despacho de la Xunta para convertirse en presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo dejaba comprometida una gratuidad que le tocó inaugurar ya a su sucesor, Alfonso Rueda. En octubre de 2024, ya en Génova, Feijóo se sacó de la manga una Ley de Conciliación que proponía la extensión a todo el Estado de su modelo, una propuesta a la que vuelve cada cierto tiempo. Dos meses más tarde, el PSOE gallego denunciaba la devolución de aquellos 22 millones de fondos europeos. 

Este miércoles, después de que trascendiesen los planes del Ministerio, la patronal Acade emitía un comunicado en el que advertía de que la medida podría suponer el cierre del 100% de las escuelas infantiles privadas de España. A la conselleira de Política Social, Fabiola García –en Galicia, este tramo educativo no depende de Educación–, le faltó tiempo para recoger el guante y este mismo viernes recibía a los representantes del sector. 

“Corre riesgo la gratuidad de la educación infantil”; “se van a perder puestos de trabajo de muchas mujeres” o “van a cerrar muchas escuelas infantiles que llevan toda una vida dando el callo, cuidando, mimando y acompañando a muchas familias” fueron algunos de sus alarmantes mensajes.

Después, llegó el momento de sacar pecho: “Galicia tiene la mayor ratio de atención a todos los niños de 0 a 3 a nivel mundial” aseguró antes de erigir a la comunidad en “referencia en estos momentos a nivel europeo y nacional”. García tiene “muy claro que lo que pretende el Gobierno es acabar” con el modelo gallego, que llama a “replicar” en el resto de comunidades, financiado al 50% desde el Ministerio. 

Detrás de ese récord mundial estaba a finales de 2024 la argumentación para rechazar unos fondos europeos que, ahora, podrían estar evitando estos riesgos. Tres años antes, la Xunta recibió 34,8 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia destinados a crear 3.417 nuevas plazas públicas de Infantil. Supondría aumentar en más de un diez por ciento la oferta total de la comunidad, que en aquel curso 2024-25 fue de 32.000 matrículas, incluidas las más de 13.000 ofertadas por centros privados.

Un estudio realizado entonces por la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) elevaba la subvención media del gobierno gallego a las guarderías privadas por cada alumno hasta los 309,90 euros. Mientras, lo que recibían los matriculados en las escuelas infantiles que dependen de los ayuntamientos –sumando escolarización y mantenimiento– se quedaba en sólo 92,90. 

La Xunta utilizó un tercio de aquel presupuesto y sólo implementó 205 plazas. “Se penaliza a los líderes”, decía entonces Política Social, que intentó “insistentemente” que el Gobierno dejase que utilizasen la partida para “la mejora de las escuelas infantiles o la financiación de la gratuidad”, que cuesta al ejecutivo autonómico 65 millones al año que afronta “en solitario”.

La tasa de escolarización infantil en Galicia está “por encima del 60% y supera en 12 puntos la media española”, por eso “la necesidad de creación de nuevas plazas era inferior” a la de otras comunidades. Sin embargo, si se hubiesen creado esas plazas en lugar de apostar por un modelo “concertado” –el término es del PSdeG–, la situación hoy, ante esta “potente” reducción de ratios sería muy diferente.

Quien pone ese adjetivo al plan del Gobierno es Laura Arroxo, secretaria nacional de CIG-Ensino –el primer sindicato en Galicia–, quien respalda la iniciativa y las ratios propuestas por el Ministerio: bajar de ocho a cuatro bebés por docente en 0 años, de trece a seis en 1 y de veinte a ocho en 2 años. A Arroxo le gusta que se tome como referencia el profesional “y no el aula”. Eso permitiría crear grupos de ocho, doce o 16 alumnos atendidos por una pareja educativa, una antigua demanda de los profesionales.

La sindicalista ironiza por la alerta de la Xunta, contraponiéndola con la costumbre del PP de “el Gobierno invita y las comunidades pagan”. “Aquí se promueve un sistema privado, del que se están lucrando empresas, mientras se devuelve el dinero con el que se podría crear un sistema público de cuidados”. 

“Lo que trajo el sistema de la Xunta, el ‘todo pagado’, fue mucha más precariedad laboral” y falta de controles: “En las públicas, si el niño no va, te pueden quitar la plaza. En las privadas no se vigila y, si hay menos alumnado del que se matricula, se producen despidos o recortes de jornada”. Y concluye: “lo que se necesitan son más profesionales”.

La Xunta y la asociación patronal de escuelas infantiles privadas de Galicia avisan de que con las nuevas ratios que plantea el Gobierno en el borrador de decreto “corre riesgo la gratuidad”. Así lo han señalado tras una reunión este viernes en la sede de la Xunta en San Caetano, donde la conselleira de Política Social, Fabiola García, ha recibido a representantes de entidades de escuelas infantiles y se ha mostrado “muy preocupada”. Sus declaraciones contrastan con la valoración positiva de la CIG, principal sindicato gallego, que en un comunicado ha celebrado que el Ministerio de Educación atienda por fin a una demanda histórica de las trabajadoras y apruebe una reducción de ratios: las aulas de 0 a 1 años, de 1 a 2 años y de 2 a 3 años tendrán, respectivamente, cuatro, seis y ocho niños. En la actualidad son ocho, 13 y 20.

“Las trabajadoras de primer ciclo de infantil en Galicia fueron las primeras en movilizarse en todo el Estado”, recuerda la central sindical, “con seis jornadas de huelga en 2023, una recogida de firmas contra el convenio estatal en 2024 y ahora múltiples huelgas y movilizaciones. La lucha da sus frutos”. Al Gobierno gallego, sin embargo, no parece afectarle lo que diga la representación de las trabajadoras. Según los cálculos que esgrimió García tras reunirse con los propietarios de centros privados, la medida del Gobierno central costaría a la Xunta 56 millones de euros más al año para mantener la gratuidad del servicio y “aun así desaparecerían unas 5.000 plazas por razones de profesorado y espacio en las escuelas”.

El Ejecutivo de Alfonso Rueda opta por subvencionar escuelas infantiles privadas en detrimento de la red pública. La Federación Galega de Municipios e Provincias, por ejemplo, se queja de la infrafinanciación a la que somete la Xunta las guarderías de titularidad municipal.

La conselleira de Política Social, Fabiola García, asegura que el Gobierno central ha elaborado el borrador de decreto contra la masificación “a espaldas de las comunidades autónomas y de todo el sector de las escuelas infantiles”. También ha reclamado dinero: “Va a comenzar un nuevo curso y Galicia recibió 0 euros del Gobierno de España. La gratuidad la está sosteniendo íntegramente la Xunta con 65 millones”. Una vez más, la táctica de la Xunta es desviar responsabilidades hacia Madrid. “Tengo muy claro que lo que pretende el Gobierno es acabar con la gratuidad de las escuelas infantiles”, aseguró García. La CIG, por el contrario, se felicitó por “este avance” pero exigió que se adelante su aplicación al próximo curso, 2026-2027.

La CIG y la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) han remitido un escrito a la Fiscalía del Tribunal Supremo para ampliar la denuncia por posible prevaricación presentada contra la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), María Azucena Recio González, por el “traslado injustificado” de procedimientos judiciales, relacionados con las líneas de alta tensión de los parques eólicos, de la Sección Tercera a la Sección Segunda del TSXG.

“Este traslado de procedimientos, requerido por la Xunta ante la Sala en ocasiones anteriores, se hizo incumpliendo las normas vigentes de reparto de competencias entre secciones y vulnerando el derecho a un juez predeterminado por ley y el derecho a la tutela judicial efectiva”, han señalado, según recoge Europa Press.

“Resulta perentorio que el Ministerio Fiscal investigue si detrás de esta alteración arbitraria de las normas de reparto de asuntos –hechas en paralelo al traslado de magistrados de la Sección Tercera de la Sala– existen motivaciones espúreas, presuntamente relacionadas con satisfacer el interés presentado por la Xunta de Galicia y las empresas del sector de apartar a determinados magistrados de los procesos judiciales relativos a proyectos eólicos y líneas de alta tensión”, aseguran en un comunicado.

El sindicato y la entidad ecologista detallan que esta ampliación de denuncia se realiza tras conocer que la presidenta de la Sala del Contencioso-Administrativo del TSXG “manifiesta su intención de trasladar” a la Sección Segunda “no solo los procesos de impugnación de líneas de alta tensión, sino también todos los litigios contra autorización administrativa y de construcción de parques eólicos”, de los que se hacía cargo la Sección Tercera, competente en asuntos industriales.

En este contexto, Adega enumeró “varias notificaciones” de las presidenta de la Sala del Contencioso aprobando el traslado de los litigios sobre los proyectos eólicos Monte Toural, O Cerqueiral, Chao do Marco, Cunca, Carballal y Patiñeiro.

Adega y la CIG han afirmado que estas “resoluciones de cambio de sección” de asuntos en trámite “vulneran las normas de reparto del TSXG” aprobadas en 2023.

Finalmente, han recordado que presentaron escritos ante las presidencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galiza y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que “todavía no recibieron respuesta”.

Representantes de la CIG ocupan este lunes sedes de la Xunta y del Sergas en las siete ciudades gallegas como acto de repulsa al plan de mejora y control de la incapacidad temporal y el papel que le otorga en la gestión a las mutuas. Concretamente, los lugares donde se están desarrollando las protestas son: en A Coruña, en el departamento territorial de la Consellería de Sanidade; en Santiago, en la sede de Sanidade; en Pontevedra, en el edificio de la Xunta; en Ourense, en la delegación territorial de la Xunta; en Vigo, en la oficina del Sergas; en Lugo, en el edificio administrativo de la Xunta; y en Ferrol, también en el edificio de la Xunta.

Tal y como recogen en un comunicado, el plan de mejora de la gestión de incapacidad temporal supone “un nuevo paso en la estrategia de Rueda para convertir las bajas médicas en un problema de control social y no en un problema de salud laboral”. “Bajo el pretexto de combatir el llamado 'absentismo', el Gobierno gallego refuerza el papel de las mutuas y orienta la actuación de la inspección de cara a la aceleración de las altas médicas”, lamentan. En esta línea, aseguran que “de forma ilegal, pretende imponer con todo tipo de engaños, amenazas e intimidaciones, que los trabajadores firmen autorizaciones y consentimiento para que las mutuas puedan actuar impunemente contra la salud de los trabajadores”.

Argumentan que los datos demuestran que “el problema no es que la clase trabajadora quiera trabajar menos, sino que cada vez trabaja en peores condiciones, durante más años y con un sistema sanitario más deteriorado”. “El absentismo no es la causa del problema, sino el síntoma de un modelo laboral basado en la sobreexplotación, en el envejecimiento de la población activa y en los recortes de la sanidad pública”, remarcan.

Protesta en Ferrol

Durante la protesta de Ferrol, los participantes han portado carteles con lemas como 'Enfermar no es delito'; y 'La salud es un derecho', reclamando un cambio en el modelo de gestión que, según denuncian desde el sindicato, desprotege a los empleados frente a sus dolencias. 'Estamos aquí para denunciar que se está tratando la enfermedad como un fraude', han señalado portavoces del sindicato durante la acción, insistiendo en que el sistema actual prioriza el ahorro económico de las empresas por encima del bienestar físico de la plantilla. La ocupación se desarrolla, por el momento, sin incidentes y en un ambiente de reivindicación pacífica.

Cientos de personas han salido a la calle en Lugo, en el acto central convocado por el sindicato CIG con motivo del Primero de Mayo, y han clamado contra el imperialismo, el aumento del militarismo y la “criminalización” de la clase trabajadora que cae enferma. El secretario xeral del sindicato nacionalista, Paulo Carril, ha recordado que el lema de la movilización de este año es 'Contra el imperialismo, por la paz y por la soberanía. En Galicia, trabajo digno y derechos'. Así, ha recalcado que la guerra promovida por el “capitalismo neoliberal” pretende imponer la “hegemonía” de Estados Unidos, y agrava la “situación crítica” que padecen los trabajadores, también los gallegos.

La central sindical, primera de la comunidad por número de afiliados y de delegados sindicales, cambió a última hora la ubicación de su manifestción central, de Vigo a Lugo. Lo hizo tras el anuncio de moción de censura en Lugo, impulsada por el Partido Popular y una concejala tránsfuga exsocialista, contra el gobierno bipartito de PSOE y BNG. Carril lo recordó en declaraciones a los medios de comunicación: “Queremos denunciar la carrera de ”carrera de autoritarismo, de golpismo del PP y del gobierno gallego“.

A juicio del sindicalista, el partido gobernante en Galicia, el PP, está “más preocupado” por “compartir una agenda con Vox” que por la clase trabajadora, a la que “criminaliza” cuando cae enferma. Se refería a la campaña lanzada hace unas semanas por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para limitar el derecho a abaja de los trabajadores. Rueda ha jugado a confundir las bajas médicas con el absentismo y, sin apoyarse en ningún dato, ha asegurado una y otra vez que las empresas gallegas tienen “un problema”. Lo que sí dicen los datos es que Galicia es la segunda comunidad donde los trabajadores cogen menos bajas pero está entre las que sufren más accidentes laborales. La atención primaria se encuentra al borde del colpaso -lo denuncian profesionales y usuarios; es la segunda, tras Madrid, con menos inversión- y las listas de espera de la sanidad son elevadas.

La Xunta acaba de aprobar un decreto para regular el diálogo social en el que va a fijar en un texto legal la composición, organización y funcionamiento del mismo. Sobre la mesa va a tener de forma inmediata la tarea de negociar el plan anunciado por el presidente gallego, Alfonso Rueda, para dificultar las bajas laborales. Pero esas conversaciones van a tener lugar en un órgano que nace con un problema de representatividad: el sindicato mayoritario en Galicia, la CIG, ha manifestado en varias ocasiones que no se va a integrar en él, ni para esta negociación ni para ninguna otra. Se reafirma en la decisión el secretario confederal de Negociación Colectiva, Paco Sío, que expone que la postura es que ya existen órganos de representación tripartita y que, en cualquier caso, la negociación se hace centro a centro o sector a sector, con sus reivindicaciones específicas.

El decreto lo presentaron este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, que no hicieron referencia a esta falta anunciada. Manifestaron que la intención es “institucionalizar” el diálogo social, con una mesa que va a estar adscrita al departamento que dirige González, y estableciendo la norma reguladora. No es que hasta ahora no hubiese reuniones a las que estaban llamados sindicatos y patronal, sino que hasta el momento no estaban reguladas en un decreto.

El conselleiro aseguró que la idea es consolidar la herramienta, que considera “clave” en la negociación colectiva. La norma va a aparecer publicada en el Diario Oficial de Galicia en los próximos días y va a fijar las funciones de esa Mesa de Diálogo Social. Expuso que una de ellas será realizar informes sobre materias que se debaten en este órgano. Y sobre la mesa está ya la necesidad de abordar “cuestiones como el absentismo y el bienestar laboral”. Lo que se va a hacer, añadió, es analizar “las causas y consecuencias de las bajas laborales” para luego presentar un plan para reducirlas. González afirmó que la intención es que haya menos bajas que “puedan ser evitables” a través de un refuerzo en la prevención de riesgos laborales y con un mayor bienestar laboral; “evitar prolongaciones innecesarias de las bajas introduciendo avances en los procesos de gestión y control” y “luchar contra posibles abusos”.

El plan fue recibido con críticas por los sindicatos. La CIG consideró que el presidente de la Xunta estaba actuando como un “vasallo de la patronal” -el discurso del absentismo y sus impactos económicos ha centrado buena parte de los argumentos de los empresarios- y Comisións Obreiras censuró que se pusiese el foco sobre las personas trabajadoras cuando “el problema no está ahí”. Apuntan a cuestiones como las demoras en la sanidad pública, los incumplimientos en materia de prevención o el envejecimiento de las plantillas.

Con el nuevo decreto, que Sío considera propaganda, asegura que la intención de la Xunta es “poner un marchamo de legalidad” a una negociación en la que estarán la patronal y parte de los sindicatos, pero no el mayoritario en Galicia. De hecho, cree que lo que mueve al Gobierno gallego a elaborar esta norma es que en otros órganos “no controla la mayoría sindical”. El representante de la CIG recalca que órganos como el Consello Económico e Social (CES) o el Consello Galego de Relacións Laborais ya son foros en los que funciona ese diálogo social y que se va a producir una duplicidad de funciones.

El sindicato CIG, que es el mayoritario en Galicia, ha convocado las primeras movilizaciones contra el plan anunciado por la Xunta para dificultar las bajas laborales a los trabajadores. Este jueves están previstas concentraciones a mediodía en las siete principales ciudades y en Vilagarcía de Arousa, ha informado la organización, que ha puesto en marcha una campaña informativa y de protestas para “desmontar las mentiras con las que la patronal y el Gobierno gallego pretenden responsabilizar a la clase trabajadora”.

Cuando el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció sus intenciones, la CIG reaccionó acusándolo de ser “vasallo de la patronal” y criticó que pusiese el foco sobre las plantillas en lugar de reforzar la sanidad pública para evitar demoras o destinar más fondos a políticas de prevención de riesgos laborales y examinar que las empresas cumplen. Para el sindicato, lo que busca la Xunta ees “culpabilizar a las personas trabajadoras por enfermar”. Por ello, señala, el lema elegido para las protestas es “A saúde é un dereito, enfermar non é delito”.

Antes de las concentraciones de este jueves, la CIG hará asambleas de delegados para tratar esta cuestión. Además, ha manifestado que no tiene intención de participar en las negociaciones del diálogo social que la Xunta va a convocar para tratar el plan. En cualquier caso, el presidente gallego ya avanzó que las medidas se van a implantar con o sin acuerdo en estas conversaciones, a las que están llamados los principales sindicatos de clase y la patronal.

Fue uno de los anuncios estrella de Alfonso Rueda en su discurso sobre el estado de la Autonomía, alfombrado durante los días previos por la prensa afín: la Xunta implantará un “programa integral” para limitar el derecho a la baja laboral de los trabajadores gallegos, especialmente aquellas relativas a la salud mental y a lesiones musculares. Reforzará, además, el papel de las mutuas privadas. “Rueda es un vasallo de la patronal”, resume Paco Sío, de la CIG, sindicato mayoritario en la comunidad. “Las medidas ponen el foco en las personas trabajadoras”, señala Armando Iglesias, de Comisións Obreiras, “cuando el problema no está ahí”. Las centrales, en conversación con elDiario.es, arremeten contra el presidente gallego, al que acusan de servilismo respecto de los empresarios y de recortar y privatizar la sanidad.

“Es Rueda el que provoca que tardemos más en curarnos al recortar la sanidad pública”, se extiende Sío, “y ahora, en vez de solucionarlo, quiere que vayamos enfermos a trabajar”. El presidente gallego aseguró en el Parlamento que la comunidad es la segunda en el Estado que registra más incapacidades temporales y con mayor duración media. Los sindicatos lo relacionan con el aumento de las listas de espera en cirugías y especialistas y de los plazos para obtener cita en atención primaria. “La falta de inversión del Gobierno gallego en la sanidad pública produce unas listas de espera que son las que son”, aduce Armando Iglesias. No solo, existen más factores que contextualizan la ofensiva de Rueda, apoyado en la patronal que encabeza Juan Manuel Vieites, contra las bajas y lo que entienden como absentismo laboral.

Comisións Obreiras habla de dejadez del empresariado, que “no vela por la salud de los trabajadores y trabajadoras”. Y la CIG recuerda que la reducción de los presupuestos destinados a la prevención de riesgos laborales provoca que haya menos inspectores y más descontrol en las empresas. Sobre la función de las mutuas privadas en la gestión de las incapacidades laborales, que la Xunta quiere fortalecer, también existe cierto consenso en los sindicatos. Armando Iglesias, responsable de Saúde Laboral en su central, denuncia su apatía, mientras Paco Sío, secretario de Negociación Colectiva de la CIG, las acusa de preocuparse “no por la salud de los trabajadores sino por su propio beneficio”. El plan de Rueda es otorgarles la última palabra en las propuestas de alta y que la inspección sanitaria pública apenas se encargue de ratificarla.

Sío menciona finalmente otros dos factores que, en su opinión, convierten lo que los presidentes de Gobierno gallego y patronal llaman “problema del absentismo laboral” en un síntoma. En un síntoma de que algo va mal en el mundo gallego del trabajo. El primero, el envejecimiento de la fuerza laboral: en una década, los trabajadores y trabajadoras con más de 55 años han pasado del 14 al 25%, uno de cada cuatro. El segundo, la jornada laboral, por encima de la media europea. “Cuando se intentó reducir, que a nosotros nos parecía poco pero era importante, la patronal se negó y remitió a la negociación colectiva”, apunta, “pero en la negociación colectiva no se está aprobando”. Las dos circunstancias combinadas producen “un aumento de la posibilidad de enfermar”.

La siniestralidad laboral es elevada en Galicia. Durante el inicio de este 2026, su alza es la mayor de todas las comunidades. Y entre enero y septiembre de 2025, fue la tercera en mortalidad.

Alfonso Rueda dijo en sede parlamentaria que llevará su propuesta al diálogo social. La CIG ya avisa de que no va a participar “en esta mascarada”. “Allá de quién lo haga”, concluye Sío.

Representantes de los sindicatos CIG-Ensino y STEG, así como de las Asembleas Abertas do Ensino Público, han anunciado este lunes en rueda de prensa que el profesorado gallego está llamando a huelga el próximo 28 de abril, así como a participar en una manifestación que partirá a las 12.00 horas de la Alameda compostelana, todo ello con la intención de exigir a la Xunta una negociación.

En este sentido, tal y como recoge Europa Press, han acusado al conselleiro de Educación, Ciencia, FP e Universidades, Román Rodríguez, de “no escuchar el sentir mayoritario” de los docentes gallegos y le han instado a “sentarse a negociar sin imponer firmas de cheques en blanco”, tal y como ha aseverado Laura Arroxo, secretaria nacional del principal sindicato de la educación en Galicia, CIG-Ensino.

“Durante estos meses vimos cómo el conselleiro lo que está haciendo no es sentarse a negociar, no es juntarse con nosotros para intentar mejorar la enseñanza pública, sino que lo que está haciendo precisamente son maniobras desmovilizadoras”, ha denunciado Arroxo.

Asimismo, ha acusado al titular de Educación de “negarse rotundamente” a recibir a las organizaciones sindicales. “El argumento que nos dan es que si queremos negociar, tiene que ser bajo ese acuerdo de mejoras. Aquí hay que decirle al conselleiro que la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Mejoras no es un órgano para negociar”, ha señalado. El acuerdo —definido por las centrales críticas como “de la miseria” o “de la vergüenza”— fue suscrito por CCOO, UGT y ANPE y a él se ha sumado recientemente el CSIF.

Por todo ello, además de la jornada de huelga y la manifestación convocadas para el 28 de abril, las organizaciones han anunciado que la semana posterior a estas convocatorias se celebrarán manifestaciones deslocalizadas por la geografía gallega. Las reivindicaciones pasan por la bajada de ratios; la mejora de la atención a la diversidad; la actualización de los catálogos de los centros de infantil y primaria; y la recuperación de derechos, entre otras.

Cinco jornadas de huelga en el primer trimestre

Durante la rueda de prensa, la secretaria de Acción Sindical del STEG, Comba Campoy, ha recordado que desde el inicio de este curso lectivo se han llevado a cabo distintas jornadas de movilización para reclamar la “recuperación” de derechos docentes.

En concreto, CIG-Ensino y STEG convocaron cinco jornadas de huelga durante el primer trimestre, la primera de ellas el 25 de septiembre, que fue seguido por dos convocatorias el martes 28 y el miércoles 29. Finalmente, el año terminó con jornadas de huelga los días 16 y 17 de diciembre, cuando también se celebraron manifestaciones en distintos puntos de Galicia.

Jornadas de huelga que estuvieron acompañadas también de “encierros” de profesores en diferentes centros de la geografía gallega para mostrar el “evidente descontento respecto a las condiciones de los centros públicos”.

“Hasta el momento, en las cinco convocatorias que hicimos durante el anterior trimestre, nunca fue convocado el Comité de huelga o los comités de huelga. Seguiremos insistiendo a ver si de una vez por todas, ahora que la voz del profesorado esta gritando aún más fuerte, se escucha en San Caetano, que parece que lo tienen muy insonorizado”, ha concluido Campoy.

A creación das Asembleas Abertas do Ensino Público

Ante esta situación, profesionales de la educación han decidido constituir las Asambleas Abertas do Ensino Público, un “doble espacio de trabajo” que abarca tanto lo local, “para vehicular las denuncias sibre problemáticas concretas de cada centro”; como lo asociativo, “buscando la unidad e movilización de todo el profesorado”.

Así lo ha explicado la docente Ana Cabanelas, que ha insistido en que este colectivo “no aspira a suplantar el papel de las organizaciones sindicales, sino a vertebrar movilizaciones del profesorado y a tejer red”.

Con todo, durante los últimos meses de han constituido asambleas en un centenar de centros de enseñanza de diferentes etapas educativas.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado a Mercadona por “vulneración del derecho fundamental de la libertad sindical de la CIG”. La sentencia, que el sindicato ha hecho pública este jueves, se refiere en concreto a la negativa de la empresa a entregar a las delegadas de la central -la principal en Galicia- información sobre riesgos laborales. La compañía de supermercados asegura que entrega esos datos al comité de seguridad y salud “para su buen funcionamiento” y que el Superior “interpreta ahora” que también se los deben facilitar a las delegadas sindicales que no son delegadas de prevención. La CIG denuncia, sin embargo, “una campaña de acoso y derribo” contra sus afiliados.

Mercadona había negado la documentación a las sindicalistas de la CIG, según considera probado el Tribunal Superior. “Es una restricción no justificada que limita la posibilidad de ejercitar sus funciones”, dice la sentencia, “no es suficiente con que, en alguna reunión, la empresa muestre los documentos en una pantalla, mientras las personas delegadas de prevención sí tienen acceso a los mismos por otras vías, que permiten además un estudio más tranquilo y detenido”.

Además de esa negativa, el Superior también entiende que otra negativa de la empresa, esta vez a darles la regulación del mencionado comité de seguridad y salud, también afecta a la libertad sindical. “Si [las delegadas sindicales] participan, con voz pero sin voto, en el comité tienen derecho a conocer cuál es su funcionamiento”, aclara el dictamen. Hay un tercer hecho probado esgrimido por el tribunal en su condena y es una nueva negativa de la empresa: a facilitar información sobre las personas nombradas delegadas sindicales por otras organizaciones, en concreto UGT y Comisións Obreiras. La CIG es el sindicato más representativo en el comité de empresa de Mercadona Pontevedra, con ocho miembros, por siete de UGT y seis de Comisións Obreiras.

El Superior declara la “nulidad radical” de estas acciones, “condena a la empresa demandada a cesar inmediatamente en su actuación” y entregar a las delegadas sindicales la información solicitada, y a pagar a la central sindical 22.503 euros (la denuncia exigía 30.000). Contra la sentencia cabe recurso ante el Supremo que Mercadona “está valorando internamente” si interponer o no. “Facilitamos siempre toda la información al comité de seguridad y salud para su buen funcionamiento”, argumenta una portavoz de la empresa, “ahora el Tribunal Superior interpreta que además se la debemos entregar a los delegados sindicales que no son delegados de prevención. Esa es la diferencia de interpretación legal que existe”.

“Política de represión sindical”

La CIG ve la decisión judicial como una nueva prueba de “la política de represión sindical y acoso laboral que caracterizan las relaciones laborales” en la compañía, según explicó su secretaria general de Servizos, Transi Fernández en rueda de prensa. Su compañera en la sección sindical de Mercadona Pontevedra, Verónica Pérez, aseguró que “no facilitan la documentación que les solicitamos y limitan a ciertos espacios las visitas que realizamos a los centros de trabajo, incluso cuando queremos hablar con las trabajadoras y trabajadores”. El sindicato ha anunciado movilizaciones y protestas.

Representantes de la CIG han denunciado una plaga de moscas en uno de los quirófanos del Hospital QuirónSalud de A Coruña y han demandado una actuación decidida por parte de la Xunta ante una situación que han calificado de escandolosa. Por su parte, desde el hospital aseguran que se cumplen los protocolos de seguridad, informa Europa Press.

En una comparecencia ante el centro, el secretario de Acción Sindical de la CIG en la comarca de A Coruña, Ernesto López, e Isabel Golpe, responsable de CIG-Saúde en la comarca, han pedido una intervención inmediata de los servicios sanitarios. “Es una alerta sanitaria”, ha insistido esta última ante el hecho de que “en una zona estéril haya una plaga”. Y es que junto a moscas de “gran tamaño”, han apuntado a la existencia de roedores por una situación que, según han explicado, desde el hospital atribuyen a cadávares de animales, posiblemente gatos.

Desde la CIG, han especificado que esto se da desde principios de enero y han descartado que haya una plaga de roedores, sí de moscas, pero han precisado que los hay en el entorno y que su presencia obedece “a los cadávares”.

“Es un tema muy grave que en un hospital, en el bloque quirúrgico, haya una plaga descontrolada de moscones con presencia de ratones”, ha recalcado Ernesto López, quien ha apostillado que “no saben muy bien por qué está motivada, creen que por cadáveres de gatos”.

Por otra parte, ha explicado que han contratado desde el hospital a una empresa de plagas. “Les dicen que hay algo que lo motiva pero no consiguen erradicarlos y, en principio, suspenden la ctividad quirúrgica, pero es mucho dinero y la reanudan”, ha indicado respecto a la situación en uno de los quirófanos, cerrado parcialmente un día en enero, el día 7, según han expuesto.

“Alguien tiene que controlar las condiciones minímas de higiene”, ha insistido. Mientras, desde el centro hospitalario han asegurado a Europa Press que el hospital mantiene su actividad asistencial con total normalidad y como siempre. “Cumpliendo todos los protocolos de seguridad y garantizando en todo momento la atención y seguridad de los pacientes”, han añadido.

Los sindicatos CIG-Ensino y STEG han iniciado una serie de encierros rotatorios en 14 colegios e institutos de Galicia con el objetivo de visibilizar las necesidades educativas “más acuciantes” de cada una de estas comarcas. Este formato de reivindicación que, tal y como recuerdan desde la CIG —la central mayoritaria entre el profesorado gallego— “no se utilizaba desde 2013, en las protestas contra la LOMCE”, busca descentralizar las movilizaciones tras un primer trimestre en el que se llegaron a convocar hasta cinco jornadas de huelga —dos de ellas, consecutivas—, una situación que no se veía en la comunidad desde los años 80. Esta nueva fase ha coincidido con la puesta en marcha de los martes en loito, días en los que los docentes acuden a clase vestidos de negro.

Este jueves, en la tercera jornada de peches, los elegidos fueron el colegio Monte dos Postes en Santiago, el San Xoán de Filgueira de Ferrol, el instituto Cotarelo Valledor de Vilagarcía y el colegio de Covas en Viveiro (Lugo). Estos centros, en los que los docentes pasarán la noche, no fueron escogidos al azar, sino que se trata de algunos de los más afectados por los recortes. En el Monte dos Postes pasaron de contar con cuatro especialistas en Pedagoxía Terapéutica (PT) el curso pasado a uno y medio durante el actual, cuando el alumno con diagnósticos y necesidades detectadas por los equipos de orientación es, según la CIG, “notablemente superior”.

El San Xoán Filgueira está “situado en una zona desfavorecida” y cuenta con porcentajes “muy elevados” de alumnado con necesidades —el 80% del total, asegura el sindicato— o de procedencia extranjera. Allí, Educación no cubre la plaza de PT de un especialista desplazado en comisión de servicios. La otra PT ocupa una plaza de las consideradas de atención preferente, lo que significa que hay al menos un estudiante que requiere atención individualizada. Sin embargo, es la única encargada de atender al conjunto del alumnado con necesidades.

En el colegio de Covas cuentan este curso con medio docente menos de AL (Audición e Linguaxe) que el curso pasado y 7 horas menos de PT —las que su titular dedica a la dirección del centro—, mientras que el alumnado con necesidades asciende al 22% del total. Unas cifras que denuncia el ANPA y que niega la consellería. Por último, el Cotarelo Valledor de Vilagarcía cuenta con una única persona en el departamento de Orientación para más de 1000 estudiantes de secundaria, bachillerato y FP. En este centro se denuncian también otras “carencias propias de centros tan masificados” como ausencia de desdobles o ratios “elevadísimas” de más de 200 estudiantes por docente.

Estos encierros arrancaron el martes en A Coruña (Concepción Arenal), Vigo (Politécnico), Pontevedra (Frei Martín Sarmiento) y Monforte de Lemos (Daviña Rey); el miércoles, fue el turno del Julio Prieto Nespereira de Ourense.

El “desprecio” de la Xunta

El principal objetivo de estos encierros, en los que también participan familias y alumnado, es exigir la reducción de ratios o la mejora en la atención a la diversidad con la dotación de más personal, medios y desdobles, tal y como ha desgranado STEG y recoge Europa Press. Pero también el incremento de la oferta pública de materias optativas en la ESO y Bachillerato, de ciclos de FP y de enseñanzas de régimen especial; la humanización de la enseñanza “totalmente burocratizado” y un menor horario lectivo para “mejorar la calidad educativa”.

Por su parte, la portavoz de STEG, Comba Campoi, ha afirmado durante su participación en uno de los encierros que “no hay profesorado suficiente” y ha alertado del “nivel de saturación que están padeciendo los docentes en Galicia”. En el caso concreto del Concepción Arenal de A Coruña, Campoi ha afeado la “falta de profesorado de apoyo a niños con necesidades especiales” y ha alertado de que “hay grupos que superan las ratios legales con niños con discapacidades reconocidas”.

Además, ha lamentado la “falta de acercamiento” por parte de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP después de que el profesorado gallego haya realizado varias jornadas de huelga durante el primer trimestre.

En esta línea, la secretaria nacional de la CIG-Ensino, Laura Arroxo, se ha referido al “desprecio” de la Consellería, a la que ha acusado de “seguir sin atender la voz mayoritaria del profesorado gallego, representada por las dos organizaciones sindicales que lideran las movilizaciones desde inicios de curso”. “Esta iniciativa tiene como objetivo llamar la atención del conselleiro Román Rodríguez que, cinco jornadas de huelga después, se niega a sentarse a negociar mejoras tanto en las condiciones de trabajo docentes como en la enseñanza pública en general”, ha denunciado Arroxo también desde el Concepción Arenal.

Estas acciones reivindicativas se extenderán hasta el jueves 5 de febrero para “visibilizar en cada comarca las necesidades más acuciantes en materia de atención a la diversidad, reducción de ratios, recuperación del horario lectivo, falta de desdobles, resultados nefastos de la reforma de la FP”, entre otros. De este modo, los encierros darán comienzo a partir de media tarde para “facilitar la participación de familias y alumnado” y en ellos se prevén realizar asambleas abiertas, elaborar material reivindicativo para colgar en los centros, debatir sobre futuras acciones a llevar a cabo, entre otras acciones.

Martes en loito, martes en loita

De forma paralela, este trimestre CIG y STEG se han sumado a una iniciativa que ya venían realizando algunos centros desde principio de curso: fijar un día de la semana para “evidenciar las carencias” en materia de personal. Han dado una vuelta al lema de este conflicto, “profesorado en loita” (profesorado en lucha) para convocar los “martes en loito” (martes de luto). Será esa la jornada en la que los docentes acudan a su trabajo vestidos de negro y “empapelen” las instalaciones con mensajes en los que “queden de manifiesto las necesidades educativas del centro”, que podrán ser así conocidas por alumnado y familias. El martes 10 de febrero está previsto convocar a concentraciones a todo el persoal docente y no docente de cada colegio e instituto.

Mientras, los intentos de las centrales para ser recibidos por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, siguen demostrándose infructuosos. Tras la tabla reivindicativa que le entregaron en uno de sus actos públicos las máximas responsables de ambos sindicatos, el pasado día 15 delegados de la CIG esperaron a Rodríguez a su llegada a la presentación del Plan de Benestar Dixital. Allí, el conselleiro insistió una vez más en los argumentos que viene esgrimiendo desde el principio de curso: que es la central nacionalista la que se “autoexcluye” del marco de negociación “que parte del acuerdo del año 23”.

El Acuerdo de Mejoras, cerrado por la Xunta con CCOO, UGT y ANPE —y al que acaba de sumarse CSIF—, que los sindicatos movilizados califican como “acuerdo de la miseria” o “de la vergüenza”. Los firmantes, por su parte, interpusieron el pasado mes de junio una demanda en el contencioso-administrativo contra la consellería por sus incumplimientos, después de que la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2025 introdujese, por la puerta de atrás, retraso en la aplicación de medidas recogidas en el acuerdo como la reducción de ratios, la aplicación de desdobles o la dotación de profesorado de apoyo.

Los sindicatos nacionalistas de Euskadi, Catalunya, Galicia, Islas Baleares y Valencia -“los sindicatos de las naciones sin Estado”, se denominan- unirán sus fuerzas en la presión a los partidos políticos para que cada comunidad autónoma tenga capacidad normativa a la hora de fijar su propio Salario Mínimo Interprofesional (SMI), algo que hasta ahora es competencia exclusiva del Estado. Los sindicatos vascos lo llevan meses intentando mediante iniciativas legislativas populares en el Parlamento Vasco e intentos de negociación con la patronal vasca, aunque sin éxito, y el 17 de marzo tiene convocada una huelga general para exigir el SMI propio. Ahora la iniciativa conjunta con el resto de centrales trata de presionar a los partidos políticos y al Ministerio de Trabajo para que se cambie la legislación mediante una modificación del Estatuto de los Trabajadores, que tendría que pasar por la aprobación en el Congreso de los Diputados.

En concreto, los sindicatos vascos, ELA, LAB, Steilas, Etxalde, Hiru, la Intersindical Valenciana, Intersindical Catalana, la CIG e IAC, solicitarán a los diferentes partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados (a excepción del PP y Vox) y a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que pongan en marcha iniciativas legislativas para modificar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. Las centrales quieren aprovechar el hecho de que hay que modificar el Estatuto para adaptarlo a una directiva europea, para que que se otorgue a las comunidades autónomas la capacidad de legislar sobre el SMI, siempre y cuando sea para elevarlo por encima del vigente en el conjunto del Estado. En concreto, la propuesta planteada por los sindicatos es añadir al artículo 27 del Estatuto un epígrafe que recoja que “las comunidades autónomas podrán establecer un SMI aplicable en su territorio y con independencia del convenio colectivo de aplicación”, y que “el SMI establecido en la comunidad autónoma deberá ser siempre superior al SMI establecido por el Estado en cómputo anual y mensual”. Para establecer este SMI autómico se basarán en las mismas directrices que el estatal, es decir, eI IPC, la productividad media, la coyuntura económica, la renta o el coste de la vida, pero de cada comunidad autónoma concreta.

Aunque saben que es una labor complicada, y que la vicepresidente y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no es partidaria de un SMI diferente por comunidades autónoma, creen que cuentan con la ventaja de las mayorías que tienen que conformarse actualmente en el Congreso para sacar adelante las medidas que propone el Gobierno. En este sentido, Mitxel Lakuntza, secretario general de ELA, ha recordado que “esto es un debate político, y en el debate político lo que hace falta es conformar mayorías. Y hoy las mayorías en el Congreso se apoyan en formaciones independentistas y soberanistas”. Por ello, lo que quieren es que sean estas “fuerzas soberanistas las que ejerzan presión sobre el ministerio, porque somos conscientes de que la ministra no es partidaria, y eso es lo que queremos cambiar”. Lakuntza ha comparecido en Bilbao junto a la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, y representantes de Steilas, Etxaide e Hiru, mientras que los representantes del resto de los sindicatos han intervenido por videoconferencia.

Todos los representantes sindicales han resaltado que el SMI estatal es una forma “centralista y negadora de la realidad plurinacional del Estado” y que sólo sirve para “extender la precariedad”. El calendario de reuniones todavía no está concretado, aunque desde ELA confían en que se lleven a cabo en el mes de febrero, es decir antes de la huelga general del 17 de marzo.

La Confederación Intersindical Galega (CIG) acusa a Quironsalud haber despedido a un trabajador y haber sancionado a otra en uno de sus centros en A Coruña como “represalia” por sus denuncias por “la pérdida de calidad asistencial”, la insuficiencia de personal o la vulneración de derechos laborales. La organización sindical asegura que se está desplegando una “política de persecución y represión sindical” y que ese es el motivo de los castigos a estos dos trabajadores, que son, además la presidenta y el secretario del comité de empresa. El despido de este último, destaca, se produjo estando él de baja. La CIG anuncia que llevará lo ocurrido ante la Justicia y anuncia movilizaciones, la primera de ellas este jueves ante el centro en el que se produjeron los hechos, el Hospital Quironsalud (Instituto Policlínico Santa Teresa). Contactada por este diario, la empresa ha manifestado que no va a hacer comentarios.

La central sindical asegura que su actividad resulta incómoda a los responsables de Quirón. En los últimos tiempos, dice, este centro de A Coruña ha sido objeto de varios expedientes sancionadores de Inspección del Trabajo por lo que denuncia que son incumplimientos en materia de igualdad, de aplicación del convenio colectivo, de información a los representantes de los trabajadores e incluso por esquirolaje en las huelgas convocadas por el convenio provincial. También se han presentado demandas judiciales por vulneración de derechos y, para la CIG, “estas son las verdaderas razones” de las medidas de la empresa contra representantes del sindicato.

Miguel Tizón, el responsable de sanidad privada de CIG-Saúde, considera que los argumentos para las sanciones a la presidenta y al secretario del comité son “insostenibles” porque los acusa de infringir las normas de protección de datos, “cuando es el hospital el único responsable de garantizar la seguridad del tratamiento de datos”. “Y somos conocedores de que no cumple con las medidas técnicas y organizativas necesarias”, señala. Añade que los hechos de los que se acusa al secretario, y que llevaron a su despido, ocurrieron mientras estaba de baja.

Las sanciones, insiste la CIG, son “un ataque directo a la libertad sindical, que pretende ser, además, un ejemplo para todo el personal que no se acomode a la política asistencial de Quironsalud”. La central sindical ve detrás de estas medidas la mano de la dirección del grupo sanitario privado en Madrid, “con el objetivo claro de laminar la actual representación legal del personal” para evitar la mayoría de la CIG y lograr “un sindicalismo servil”. Añade otra acusación a la empresa: “Pretende silenciar y terminar con quien pueda ser testigo de cualquier práctica que priorice el rendimiento económico frente a la calidad asistencial”.

Miguel Bolaños y José Luis Muruzábal, Muru, no dudaron. El partido lo había acordado y ellos acataban la disciplina colectiva: escalarían hasta lo alto de la chimenea en construcción de la central térmica de As Pontes (A Coruña, Galicia). La dictadura agonizaba, era agosto de 1975, y la resistencia antifranquista debía salir de las sombras. La propaganda por el hecho. Esa era la consigna del Partido del Trabajo (PT), organización de orientación maoísta con importante predicamento en la Transición y uno de los motores, junto a una incipiente izquierda nacionalista gallega, de la histórica huelga de As Pontes. La que vio como Bolaños y Muru se encaramaban a una chimenea que alcanzó los 356 metros de altura -la más alta de Europa- y culminaban así más de 20 días de paro obrero. El objetivo eran mejoras laborales pero la acción simbólica, y lo que supuso para la rearticulación del sindicalismo gallego, lo tatuó en la historia.

La localidad, en el interior de la provincia de A Coruña, no llegaba entonces a los 10.000 habitantes. Seis mil trabajadores secundaron la protesta. “Miles de personas se concentraban en un pueblo pequeño, llegados de muchos lugares para construir la central. No era fácil ni siquiera encontrar donde dormir, todo barracones y barrizales”, relata a elDiario.es Luis Burgos, abogado jubilado y en 1975 secretario de organización del PT en Galicia. Clandestino, claro. “Ese ambiente era propicio para que prosperase el tema sindical”, añade. A inicios de aquel año, el último de la vida de Franco, su partido había aprobado una nueva estrategia. El régimen se caía a pedazos, en parte empujado por la conflictividad político laboral, y la extrema izquierda buscaba salir a la luz.

“Decidimos hacer cosas espectaculares para llamar la atención, asumiendo riesgos. A Muru siempre se le ocurría algo. Acordamos lo de la chimenea”, recuerda. Ni Muruzábal ni Burgos eran exactamente militante de base. Ambos formaban parte del Comité Central del PT -una de las formaciones más activas a la izquierda del Partido Comunista- a nivel estatal. También estaban en el tajo: Muru como calderero en una auxiliar de Astano, en Ferrol, desplazado a As Pontes, y Burgos en las obras de otra central térmica, la de Sabón, en Arteixo (A Coruña).

Los riesgos asumidos, más allá de la hazaña física de subir a lo alto de la central en construcción, se materializaron cuando la Guardia Civil desplegó incluso un helicóptero para detener a Muru y a Bolaños, los dos escaladores. Aquel acto, de enorme repercusión en su día, fue, en todo caso, el estertor de una huelga de 21 días que había sacudido al régimen y ocupado planas en una prensa que, aún sometida a censura, ya no era capaz de esconder la intensísima agitación obrera.

Paco Vázquez 'largocaballerista'

“La huelga fue un fracaso desde el punto de vista de las reivindicaciones concretas. Pero sí tuvo un efecto político y sindical”. Habla con este periódico Miguel Campuzano, que en 1975 tenía 19 años y militaba en la Unión do Povo Galego (UPG) -un partido nacionalista y marxista origen del actual BNG- y en su rama estudiantil, Estudantes Revolucionarios Galegos (ERGA). Campuzano estaba en segundo de Filosofía y Ciencias de la Educación, y en el verano trabajaba en las obras de As Pontes junto a su camarada Xosé Manuel Díaz, de 17 años y todavía en el instituto. “El PT había ideado un método de agitación obrera bastante mecánico pero eficaz”, explica, “elaboraba en asamblea una tabla de reivindicaciones, se la presentaba a la patronal y si esta no respondía, huelga”. Los dos nacionalistas asistían a las asambleas, observaban e intentaban difundir su causa.

En el agosto caliente de hace 50 años, los trabajadores de la obra de As Pontes, asalariados de decenas de auxiliares, decidieron presionar directamente a la asociación de empresas. Reclamaban las 40 horas semanales, un aumento salarial lineal o que las compañías se hiciesen cargo del IRPF y las cotizaciones. La patronal se negó. Que cada empresa negocie por separado, alegó. La gente del PT, integrada en Comisiones Obreras, seguía su manual y propuso la huelga, relata Campuzano, que ha reconstruido la historia del paro en varios artículos. La dirección del sindicato, controlada por el Partido Comunista, no la quería. “Y nosotros, por consejo de nuestros enlaces en Ferrol (Lois Ríos y Elvira Souto), donde una táctica similar fracasara, no empujábamos”, afirma. Las habilidades dialécticas de Muruzábal y Bolaños se impusieron. El 6 de agosto de 1975 comenzó el paro. La represión no se hizo esperar: a los dos días ya había cientos de despedidos.

Las asambleas obreras se sucedían. La patronal no cedía, los operarios tampoco. En el conflicto mediaba Inspección de Trabajo que, contra todo pronóstico, no fue neutral. Dos jóvenes inspectores, recién aprobadas sus oposiciones, se inclinaban del lado de los huelguistas: Carlos Doménech y un Francisco Vázquez que entonces se autodefinía como largocaballerista y ya en democracia fue alcalde de A Coruña por el PSOE. En la actualidad sus posiciones convergen a menudo con las de Vox.

Campuzano recuerda como en el fragor de las batallas se enteraron de otro acontecimiento decisivo de aquellos meses frenéticos: la policía franquista había asesinado en Ferrol a su compañero de filas Moncho Reboiras. “Uno de los hermanos Aneiros [significados miembros del Partido Comunista en el área de Ferrolterra] llegó de Ferrol y nos dijo 'cuidado, esta noche mataron un tío a tiros', como diciendo 'es uno de los vuestros”, hace memoria. Era el 12 de agosto. Lois Ríos nunca acudió a la cita que, en As Pontes, había acordado con Campuzano y Díaz para entregarles propaganda. Formaba parte, junto a Souto, del comando de Reboiras. Consiguió escapar del cerco policial.

Los días pasaron y la huelga entró en un callejón sin salida. A finales de ese mes, y sin haber conseguido la readmisión de los despedidos, una asamblea dominada por los comunistas decidió finalizar la huelga. “Durante los últimos días es cuando Muru y Bolaños se suben a la chimenea para intentar dar la vuelta a la situación. Fue un gesto simbólico y quedó para la historia”, asegura Campuzano.

Raíces del sindicalismo nacionalista

El viejo sindicalista insiste en el valor cualitativo de la protesta de As Pontes. Él y Díaz también impulsaban entonces el Sindicato Obreiro Galego (SOG), una de las primeras experiencias sindicales ligadas a la izquierda nacionalista gallega. El ensayista y profesor Antón Baamonde, articulista de elDiario.es, comparte su impresión. Baamonde era un estudiante del instituto de Vilalba (Terra Cha, Lugo), su localidad natal, y militante de ERGA. “Vilalba y As Pontes [a 24 kilómetros de distancia] tenían mucha relación entonces. Y muchos amigos iban a As Pontes a trabajar unos meses. La construcción de la central térmica y todas las auxiliares ofrecían muchas oportunidades laborales”, señala.

Su labor, recuerda, consistía en hacer pintadas de apoyo a los huelguistas o repartir propaganda a la entrada de las factorías. “Era un tiempo de efervescencia política. Todo el mundo estaba metido en algo. Había relación con los curas de los Comités de Axuda á Loita Labrega y con la gente de Cristiáns polo Socialismo. Si tú conocías a alguien que trabajaba en un taller de As Pontes, intentabas meterlo en el asunto”, dice. As Pontes vivía un ciclo de proletarización: gente que llegaba del mundo agrario para trabajar en la fábricas. Y en ese ambiente, Baamonde también menciona las primeras pintadas del Sindicato Obreiro Galego, por ejemplo. No existen fotografías del conflicto, solo memorias individuales. O, por lo menos, nadie ha localizado imágenes. “No se sacaban fotos. Como mucho, las sacaría la Guardia Civil”, ironiza Luis Burgos, “infiltraban agentes en las asambleas, pero a menudo los identificábamos y los echábamos”.

Al repasar lo sucedido aquel agosto, Campuzano insiste en su importancia cualitativa y para el desarrollo del sindicalismo gallego, en concreto de su rama nacionalista. “Personas que nos conocimos en aquel momento y en aquel lugar después tuvimos un papel importante en la conformación de la CIG”, asegura. La Confederación Intersindical Galega es, en la actualidad, la primera central de la comunidad por número de delegados y de afiliados. Se fundó en 1993, pero las dos corrientes que nutrieron su principal antecesora, la Intersindical Nacional de Traballadores de Galicia (INTG), habían confluido en As Pontes: los militantes del PT integrados en Comisiones Obreras y que al poco tiempo se escindieron como CSUT y después se transformaron en la Central de Traballadores de Galicia; y el SOG, impulsado por la UPG, y más tarde Intersindical Nacional Galega.

“Compartiamos una forma de ser y de vivir. Eramos rupturistas de verdad, no estábamos por la ruptura pactada del Partido Comunista”, considera Campuzano, “nosotros, los nacionalistas, aprendimos mucho de las tácticas de Muruzábal y Bolaños, gente vital y combativa, que se acercaron a nosotros no por la cuestión nacional, sino por la de clase”. “El Sindicato Obreiro era entonces pequeño, muy clandestino”, argumenta Burgos, “pero coincidíamos en el objetivo de acelerar la ruptura democrática. Al final no pudo ser”. Las raíces de un importante sindicato y la memoria de un agudo episodio de lucha obrera en el tránsito de la dictadura a la democracia, eso sí pudo ser en agosto de 1975.

La central térmica de As Pontes comenzó a funcionar en 1976 y dejó de hacerlo en octubre de 2023. La chimenea a la que escalaron Muruzábal y Bolaños todavía domina la silueta de la localidad.