El PP de Alfonso Rueda maniobra para asfixiar el espacio de la oposición en las instituciones autonómicas

Los usos y costumbres los habían respetado Fraga Iribarne, Pérez Touriño y Núñez Feijóo. Pero llegó Alfonso Rueda y su partido, el PP, hizo saltar el acuerdo por los aires: vetó al profesor de Derecho Administrativo Fernando de Abel Vilela como Vicevaledor do Pobo. Lo había propuesto, según la práctica habitual, la segunda fuerza en escaños en el Parlamento de Galicia, el BNG. La peregrina excusa con la que los populares se negaron, difundida por su estridente portavoz parlamentario y repetida por el presidente Rueda, era que el perfil de De Abel Vilela “tiene mucho más que ver con el activísimo”. Pero esta decisión inédita encaja en realidad con la estrategia desplegada desde hace meses por el PP para asfixiar el espacio de la oposición en las instituciones. La nueva ley de medios públicos, la crítica de las alegaciones a proyectos industriales o la reducción de la presencia de la sociedad civil en órganos consultivos y asesores son otras polémicas iniciativas en la misma línea.

El BNG había cumplido con su parte. En febrero votó junto al Partido Popular para refrendar en el cargo de Valedora do Pobo a Dolores Fernández Galiño, en funciones durante un año y medio. A cambio, los nacionalistas nombrarían a su número dos, como habían acordado durante décadas las dos primeras formaciones en la Cámara autonómica. Cuando estos anunciaron que su elección era Fernando de Abel Vilela, el PP rompió unilateralmente el pacto. Rueda justificó esta marcha atrás y, en una pirueta retórica, acusó al Bloque de “querer imponer su voluntad” y de haber registrado su nombre sin haberlo negociado. “No es muestra de querer consensuar nada”, dijo, y atacó a De Abel Vilela por carecer de “antecedentes de imparcialidad”. Este forma parte de la organización ecologista Adega y ha asesorado legalmente al movimiento ambientalista en el conflicto contra el contestado proyecto de macrocelulosa de Altri.

Los nacionalistas aseguran que no retirarán su propuesta, lo que exige el PP. La derecha puede servirse de su mayoría absoluta -40 de los 75 escaños de O Hórreo- y nombrar a un afín como vicevaledor. “Es un veto político sin precedentes en la historia de la democracia”, lo calificó la semana pasada la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil.

Desdemocratizar la CRTVG

También de su mayoría absoluta se sirvió el PP para reducir aún más el pluralismo de la compañía de medios públicos, ahora denominada Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG, antes CRTVG). La ley aprobada en solitario hace ahora un año es, sobre todo, una ley desdemocratizadora. Contra los votos de la oposición y la opinión de sindicatos, Colexio de Xornalistas de Galicia y de más de 40 colectivos agrupados en la plataforma Por unha CRTVG ao servizo do pobo, la derecha sacó adelante una norma que le permitió elegir a la directora general sin necesidad de mayoría cualificada. Es decir, sin necesidad de negociar con la oposición. Escogió a Concha Pombo, hasta entonces responsable de los muy cuestionados informativos del canal público de televisión. Mientras, parte de los profesionales del ente público continúan protestando cada viernes contra la manipulación informativa y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condenaba a la corporación por vulnerar derechos de los trabajadores y represaliar a los disidentes.

Alfonso Rueda nunca da explicaciones por la situación en la CSAG. Tampoco lo hizo preguntado por la sentencia histórica del Superior y se limitó a despejar balones. Es la táctica que ha seguido a respecto de otro asunto del que pretende mantener al margen a la oposición: la fracasada gestión de su gabinete para intentar la instalación de una macrocelulosa en Palas de Rei. BNG y Partido Socialista, que se opusieron -al igual que ecologistas, sectores sensibles de los vecinos o sindicatos- a la idea, presionan para conocer el memorando secreto rubricado por la Xunta de Galicia y la pastera portuguesa y que marcó la llegada de Altri a la comunidad. Rueda admitió que conoce su contenido pero que su gabinete no lo hace público porque “está al margen de la información accesible al amparo de la ley de transparencia”. El exconselleiro que lo firmó lo hizo como representante de una empresa en la que participaba el Gobierno gallego, pero era una sociedad mercantil privada, Impulsa Galicia.

Fuentes de la oposición entienden que la trayectoria de Impulsa Galicia, ahora disuelta, contradice sus objetivos iniciales y acabó funcionando sobre todo como una pantalla que opacó el control público de las acciones de la Xunta. Esas mismas fuentes perciben que la estrategia del PP de reducir el papel institucional de socialistas y nacionalistas es una estrategia de fondo y que va más allá de conflictos puntuales o concretos. Como ejemplo, mencionan lo que entienden como una especie de sabotaje a la capacidad de presentar iniciativas en comisión por parte de la oposición: la sistemática convocatoria de comparecencias “menores” para reducir las proposiciones de PSdeG y BNG.

No solo los partidos

El afán de control político del PP de Rueda no afecta únicamente a la izquierda y al nacionalismo de partido. Hace año y medio, la Xunta utilizó una de las puertas de atrás legislativa que más frecuenta, la llamada ley de acompañamiento de los presupuestos, para expulsar a las organizaciones ecologistas y comunidades de montes en mancomún del Consello da Minaría de Galicia, el órgano de participación, asesoramiento y consulta sobre minas del Gobierno gallego. Y en un momento en que las protestas vecinales contra proyectos mineros se suceden. Todavía durante la última sesión de control parlamentario, el propio presidente Alfonso Rueda se burlaba de las asociaciones ecologistas y vecinales que alegan por la vía administrativa contra proyectos apoyados por la Xunta y los acusaba, de modo genérico, de estar manipulados por el BNG.

El mismo argumentario esgrimió su concejal en Santiago de Compostela, Borja Verea, a la hora de desacreditar el acuerdo unánime de una comunidad educativa en su Consello Escolar para sustituir el nombre del centro, Apóstolo Santiago, por Almáciga, topónimo del barrio donde se ubica. El desprecio por la autonomía escolar fue patente en el discurso de los populares, que, apoyados por la prensa de derechas, sumaron su voto en contra a la abstención de cuatro ediles expulsados del PSOE y tumbaron la iniciativa. Ese mismo desprecio es del que hace gala el Gobierno gallego en la instrucción remitida a los colegios el pasado mes de junio y en la que llamaba a velar por la “neutralidad ideológica” en las actividades escolares. El plan suscitó una enorme controversia: sindicatos y ANPA ven la sombra de la censura, expertos consultados por este periódico, la huella de la retórica de ultraderecha.