La trampa de la “neutralidad ideológica”: expertos identifican el ideario ultra en el afán de la Xunta por controlar los colegios

Ni profesores, ni directores de centros, ni familias. Nadie detectaba un problema, pero la Xunta de Galicia se ha empeñado en agitarlo. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, anunció la pasada semana que remitirá una instrucción a los colegios para que velen por la “neutralidad ideológica” en las actividades complementarias previstas. Unos días más tarde, el propio presidente, Alfonso Rueda, aclaraba que la medida no afectaba a la religión. “Neutralidad ideológica es neutralidad ideológica. Estamos hablando de otra cosa”, señaló. Expertos y analistas consultados por elDiario.es entienden que en realidad el Gobierno gallego está replicando el ideario de la extrema derecha en su afán por controlar las escuelas y establecer lo que entienden como límites a su libertad de expresión. La comunidad educativa clama contra las pretensiones del Ejecutivo.

La profesora Laura Camargo, de la Universitat de les Illes Balears, esboza, en conversación con este periódico, los trazos generales del contexto en que Rodríguez avisó a los centros educativos gallegos. “La derecha está adoptando el credo de la ultraderecha global, lo asume”, explica, “y en esta idea de la Xunta veo lo mismo que planteaba Vox con su pin parental, su rebranding. Y el pin no era más que una excusa para coartar la libertad de expresión”. El último libro de Camargo se titula Trumpismo discursivo (Verbum, 2024) y lleva por subtítulo Origen y expansión del discurso de la ola reaccionaria global. Las dobleces de las palabras en manos de las derechas radicales, y cómo ese mecanismo contribuye a expandir sus políticas, son uno de los temas que estudia. “La apariencia de neutralidad es algo que la extrema derecha usa en su retórica. Huye de aquello que la hace aparecer como excesivamente radical por la vía de un secuestro semántico”, aduce.

El Gobierno de Alfonso Rueda se escuda en la Ley Orgánica de Educación de 1985, que en su artículo 18 menciona la obligación de que la escuela pública desarrolle sus actividades “con sujeción a los principios constitucionales, garantía de neutralidad ideológica y respeto a las opciones religiosas y morales”. Pero también Rueda defendió que la instrucción -aún no difundida- se refiere a la “ideologización desde un punto de vista casi político” y en ningún caso al proselitismo religioso. Sin más detalles. Es uno de sus recursos habituales, todo es ideología excepto la del Partido Popular y su gabinete de la Xunta de Galicia. Camargo encuadra estas tácticas en una suerte de “resemantización” de las palabras para beneficio de “la batalla ideológica y cultural, que son casi lo mismo” en la que se han embarcado las derechas. No resulta complicado seguir su rastro en otros lugares del Estado o de Europa. Tampoco en Latinoamérica.

Brasil, Francia, Murcia

El movimiento Escola sem Partido, cuyo objetivo es frenar lo que consideran “adoctrinamiento ideológico en escuelas y universidades”, fue uno de los motores del primer bolsonarismo en Brasil. El último programa de Reagrupamiento Nacional, el partido ultra de Marine Le Pen, incluía la prescripción para el profesorado de “neutralidad absoluta en cuestiones políticas, ideológicas y religiosas”, con un “aumento del poder de control de los inspectores en esta materia”. Y en 2022, la consejera de Educación de la Región de Murcia, Mabel Campuzano, elegida en las listas de Vox aunque después expulsada, se sumaba a la cruzada de Díaz Ayuso en Madrid y denunciaba que “la carga ideológica que se encuentra en los currículos no respeta los principios de neutralidad ideológica y de rigor que son exigibles en el normal funcionamiento del sistema educativo”. El mismo Partido Popular lo introdujo en su programa electoral para las elecciones al Congreso de 2023: “Aseguraremos la neutralidad ideológica en las aulas”.

Para Alba Nogueira, catedrática de Dereito Administrativo de la Universidade de Santiago de Compostela e integrante de la rede Arnela de investigación en igualdad, derechos y Estado social, las intenciones de la Xunta de Galicia responden, en efecto, al contexto. “Este tipo de advertencias coinciden con el auge de la extrema derecha, con las prohibiciones de libros en las bibliotecas de Estados Unidos o de enseñar determinadas teorías 'ideológicas”, apunta, pero lo relaciona directamente con asuntos concretos de la comunidad: la movilización propalestina visible en algunos colegios o la oposición de parte importante de familias y docentes a la política lingüística del PP sobre el gallego. En todo caso, lleva el debate a su especialidad y considera el principio de neutralidad como “algo complicado de definir y de controlar”, toda vez, añade, que los profesores tienen además libertad de cátedra, un derecho fundamental recogido en la Constitución.

Nogueira rescata otro episodio del pasado reciente para ilustrar las, a su juicio, raíces de la idea de “neutralidad ideológica” manoseada por las derechas: los lazos amarillos que proliferaron en “la efervescencia del Procés” catalán. “Una sentencia del Tribunal Supremo los prohibió en los edificios públicos porque, dijo, las administraciones tiene la obligación de la neutralidad. Pero eso no está en la Constitución”, sostiene. El dictamen le parece tan discutible que el propio Supremo se autoenmendó, señala, cuando concluyó que una bandera LGTBI colocada en un edificio público “no es partidista”. “Existe una tradición de ocupar con mensajes el espacio público y no se considera molesta. Los pendones de Semana Santa, por ejemplo”, afirma. Sobre su aplicación al ámbito educativo, prevé dificultades para la inspección, responsable de vigilar el cumplimiento de las instrucciones emitidas por la consellería: “Le da capacidad para reprimir conductas expresivas. Eso hay que manejarlo con mucho cuidado”.

Reducir los conflictos sociales al Parlamento

Publicado en 2011, A novísima dereita e nós (2.0 editora) es uno de los escasos ensayos que abordó la metamorfosis del PP gallego tras el asalto de Feijóo y Alfonso Rueda a su cúpula. Su autor, Manuel Martínez Barreiro, dibuja al actual presidente de la Xunta como alguien que “no es un hombre de ideas, pero sí un antagonista, cómodo en ese papel contencioso”. Recuerda su trabajo como estratega jefe de la sucia campaña electoral que, contra todo pronóstico, condujo a Feijóo al Gobierno gallego en 2009, y su carencia de remordimientos por aparecer entonces “como compañero de viaje de la derecha más ultra” en manifestaciones contra la enseñanza del gallego. A partir de ese retrato básico del presidente gallego, no le extraña su ataque a la autonomía de los colegios, que relaciona con la política doméstica.

“El Gobierno de Rueda percibe que el Partido Socialista en Galicia está caído, no le supone un problema. Confronta con el BNG y, sobre todo, busca evitar que prendan causas generales que reciban adhesiones transversales. No quiere que se abra un frente de contestación en la sociedad civil”, dice, “para ello, presenta todo lo que se mueve en Galicia como una instrumentalización de problemas menores por parte del BNG”. Conflictos difícilmente reductibles al partidismo institucional son los que le preocupan, considera: la solidaridad con Palestina -“una cuestión básica de derechos humanos”-, la declinante situación del gallego en las aulas, o la oposición al proyecto de macrocelulosa de Altri. Fue este último el que provocó una petición de explicaciones a los centros educativos de Pontevedra que, el pasado abril, cambiaron la denominación de un certamen artístico, de ArteLixo a AltriLixo.

Barreiro argumenta que está emergiendo un nuevo sentido común en las derechas que pivota sobre la idea de autoridad, “sobre quién establece lo que se puede debatir y lo que no”. Para la Xunta de Alfonso Rueda, dice, “los términos del debate político tienen que morir en O Hórreo [sede del Parlamento gallego]”. Justo ese es el núcleo del razonamiento de Laura Camargo, la autora de Trumpismo discursivo: toda la esfera pública se ha desplazado hacia la derecha. Y el nuevo sentido común reaccionario exige resignificar sintagmas. “Es el caso de 'neutralidad ideológica”, insiste, “los límites de lo que se puede decir o no se están moviendo muy rápidamente”. Y la libertad de expresión sufre. También en los colegios.