Otras batallas en defensa del medio ambiente aún abiertas en Galicia tras el carpetazo a Altri: minas, eólicos y biogás

El proyecto de instalar una macrocelulosa en el corazón geográfico de Galicia descansa ahora en un cajón de los despachos de San Caetano, después de haber sido la propuesta estrella de la Xunta para la recuperación económica tras la pandemia. Se topó con un férreo rechazo social, de colectivos ecologistas, de asociaciones gremiales, de órganos consultivos del Gobierno gallego y de los partidos de la oposición en el Parlamento. Pero los planes de Altri –en asociación con el empresario gallego Manuel García Pardo– no son los únicos que han levantado en contra a vecinos, sectores productivos y expertos en la comunidad. Varias explotaciones mineras, la multiplicación de propuestas para parques eólicos o las plantas de biometano acumulan también críticas por su impacto negativo y han dado lugar a plataformas que se organizan para frenar estos planes.

Una de las iniciativas industriales que más protestas ha provocado en la última década en Galicia es la de la reactivación de la mina de Touro – O Pino. En 2017, cuando se presentó el primer proyecto para retomar la actividad, la extracción de cobre llevaba tres décadas parada sin que se hubiese hecho una recuperación adecuada del entorno. Una plataforma vecinal, con la mirada puesta en la contaminación nunca resuelta, se opuso a reabrir la explotación. Como en el caso de Altri, a la causa se sumaron entidades de la ría de Arousa, a la que llegarían, a través de afluentes del Ulla, los contaminantes. Las manifestaciones, caminatas reivindicativas y concentraciones se repitieron durante casi tres años y, en 2020, la Xunta terminó por anunciar que la declaración de impacto ambiental era desfavorable por los efectos que tendría en la zona y el aumento de la presión sobre el río.

Aquel celebrado carpetazo no fue, sin embargo, el final de la historia. La empresa, Cobre San Rafael, volvió a presentar ante la Xunta lo que asegura que es un proyecto nuevo, “más innovador y más verde”, creado desde “la escucha al territorio”. La respuesta de la Xunta fue declarar, a mediados de 2024, estos planes proyecto industrial estratégico, una fórmula favorable para el promotor porque permite acelerar los plazos de tramitación. El presidente gallego, Alfonso Rueda, aludió aquel día a que la empresa cumplía con sus promesas los requisitos establecidos para darle el amparo de esa figura y destacó el interés de la extracción de cobre, cobre está considerado mineral estratégico por la Unión Europea. La reactivación de la mina está actualmente a la espera de la declaración de impacto ambiental.

La plataforma vecinal Mina Touro – O Pino Non y la asociación Ecoloxistas en Acción, por la contra, no vieron cambios significativos en el proyecto y han vuelto a organizarse para batallar contra la reapertura de la mina, a la que presentaron miles de alegaciones. Enfrente, la empresa ha optado por la estrategia comunicativa de no dejar pasar las críticas y dar la réplica presentando su proyecto como algo que respaldan los propios vecinos, con fiestas y sorteos de camisetas de equipos de fútbol incluidos. Las alegaciones a favor no son lo habitual, pero la propia Cobre San Rafael difundió que, en este caso, se registraron unas 6.000.

Isabel García, miembro de la plataforma que se opone a la mina y portavoz de Ecoloxistas en Acción en lo que tiene que ver con la misma, recuerda que hay varios frentes abiertos: la declaración de proyecto industrial estratégico fue recurrida y Explotaciones gallegas, que es copropietaria de Cobre San Rafael, afronta una demanda penal por daños al medio ambiente. Con los antecedentes del proceso en el que ella está implicada, García pone todas las precauciones en su reacción al archivo de Altri. “Están haciendo lo mismo que hicieron con Touro: darle aire, tiempo, a la empresa para mejorar y ver si pueden sacar adelante las necesidades que tiene el proyecto. Mientras tanto, a ver si la oposición social se va diluyendo. Es una táctica que utilizan tanto el Gobierno como las multinacionales”. Lo que ve como algo positivo es que en estas luchas se han implicado varios colectivos y “no va a ser tan fácil” para los promotores. En Touro, el primer proyecto para volver a explotar la mina es de 2017 y nueve años después, reivindica, “no se está sacando un solo gramo”.

La de Touro no es la única explotación minera que ha generado oposición, bien de vecinos, bien de entidades ecologistas. La de Doade (en Beariz, Ourense), incluida entre los proyectos impulsados por la Unión Europea para extraer minerales críticos –en este caso, litio–, ha registrado más de 3.000 alegaciones en contra. La de Penouta (Viana do Bolo, Ourense) tiene paralizada la extracción de coltán tras la denuncia de Ecoloxistas en Acción. Y la de San Fins (Lousame, A Coruña) no llegó a tener producción en su último intento, a principios de 2023. Mariscadores y ecologistas protestaron contra el permiso dado por la Xunta para verter aguas contaminadas a un arroyo siete kilómetros por encima de la ría de Muros e Noia. Un año y dos meses después, el Gobierno gallego retiró esa autorización tras constatar que seguía contaminando.

Renovables, pero con riesgos

Aunque forman parte troncal de la estrategia europea para que la economía dependa menos de los combustibles fósiles, las energías renovables afrontan sus propias objeciones. Y estas suelen proceder de colectivos vecinales y de organizaciones ambientalistas, aunque pueda parecer una paradoja. En el caso gallego, se cuentan por decenas los proyectos eólicos encallados en la Justicia por posible daño ambiental. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha encontrado casos en los que no se evaluaron conjuntamente los impactos de todos los elementos de la explotación o en los que no se revisó lo suficiente el efecto sobre territorios incluidos en Red Natura o la presencia de especies protegidas. También hay casos de litigios para proteger patrimonio cultural, no solo natural.

La situación ha derivado en un parón en la eólica que la Xunta y el PP achacan en exclusiva a los jueces, pero que expertos atribuyen a que las deficiencias en el trámite ambiental en el Gobierno gallego hacen que los proyectos sean impugnables ante la Justicia y a que hay un mayor activismo en este ámbito. A principios de esta década, con la multiplicación de solicitudes para levantar nuevos parques también creció la oposición. En los despachos de la Xunta se acumularon tantos expedientes que el entonces presidente, Alberto Núñez Feijóo, anunció en 2021 una moratoria que impedía presentar más mientras no se fuesen resolviendo los que ya habían llegado a San Caetano. Fue el momento en el que se vieron más manifestaciones con el lema 'Eólica si, pero non así' en Galicia.

El foco se está colocando en los últimos meses sobre otra renovable: el biometano. Según los datos que dio el pasado octubre la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en Galicia hay ocho plantas funcionando y otras tantas en tramitación. En aquella comparecencia, que era una respuesta a una pregunta del BNG en el Parlamento, Vázquez criticó las protestas contra los proyectos industriales de este tipo. Cuando se anuncia una planta, “aparece una plataforma”, dijo, tratando de relacionar la contestación con intereses de partidos políticos y no con los propios de vecinos o colectivos ecologistas.

El biometano y los purines

Solo unos días antes de que la conselleira defendiese los proyectos de biogás en la Cámara gallega, la empresa láctea lucense Lence anunciaba que renunciaba a la planta de biometano que quería levantar junto a sus instalaciones en el polígono de O Ceao por la creciente oposición social. En una carta firmada por Carmen Lence, presidenta del grupo, y publicada en el diario El Progreso, señalaba que el objetivo era dar solución al “problema urgente” en el que se habían convertido los purines de las granjas de animales.

En otros puntos de Galicia han nacido plataformas que se están organizando para tratar de frenar otros proyectos, como en Agolada (Pontevedra) o en la comarca de A Limia (Ourense). En este último caso, un colectivo reunió en enero más de 3.400 alegaciones contra el proyecto impulsado por Ence en Xunqueira de Ambía. Sostienen que se trata de una planta de gran tamaño que representa una “amenaza” para la salud humana por sus emisiones y también un riesgo para el entorno, dado que se proyecta junto a una zona de especial protección para las aves (ZEPA). Entre las entidades que presentaron sus objeciones está la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), que señala contradicciones en las previsiones de consumo de agua, falta de datos y cuestiona que, teniendo en cuenta los gases de efecto invernadero que se van a liberar, el balance energético salga realmente a favor de las instalaciones.

El presidente de la SGHN, el biólogo e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Serafín González, duda de que este proyecto se pueda calificar de “verde” y critica que estas plantas, alimentadas con purines y otros desechos, se están utilizando en varios casos para justificar el modelo de las macrogranjas. Precisamente en A Limia, otra batalla medioambiental liderada por los vecinos del embalse de As Conchas ha terminado con una condena a la Xunta y al Estado confirmada por el Tribunal Supremo. El fallo señala que la inacción de estas administraciones supuso una vulneración de los derechos humanos de los residentes de la zona, sometidos a los efectos de la contaminación de las aguas por la presencia de grandes granjas de animales en la comarca.