Una veintena de protestas reclaman por toda Galicia una moratoria eólica “real”

Una veintena de concentraciones han reclamado a la Xunta una moratoria eólica “real y efectiva”. Las protestas fueron convocadas por la plataforma Eólica así non, que integra a asociaciones ecologistas, agrarias y de otro tipo para protestar contra lo que consideran una “invasión” de aerogeneradores. El aluvión de solicitudes para crear nuevos parques eólicos ha generado polémica y ha movilizado a las comunidades locales, que temen los efectos sobre el medio ambiente del despliegue de molinillos.

La plataforma ha criticado la moratoria que ha Xunta ha introducido en la ley de acompañamiento de los presupuestos para 2022. La decisión frena en seco los nuevos proyectos competencia de la administración gallega hasta 2023.

En la protesta de Pontevedra se han congregado unas 200 personas. Con motivo del Día Internacional de las Montañas, han pedido que se impida la instalación de un parque eólico en el monte Castrove. En el acto han participado la Plataforma Vecinal en Defensa del Monte Castrove, la Asociación pola Defensa da Ría (APDR), Adega, Vaipolorío, la Federación Ecoloxista Galega (FEG) y Ecoloxistas en Acción Rías Baixas.

El portavoz de la APDR, Benito Andrade, ha denunciado el “impacto irreparable” que causaría la instalación de los aerogeneradores. Es, ha asegurado, una “amenaza sin precedentes” de la que ha responsabilizado a las “empresas especuladoras de la energía con la connivencia de las administraciones”. Por su parte, Mercedes Carramal, de la Plataforma Vecinal en Defensa del Monte Castrove, se ha posicionado “a favor de las energías renovables, pero no a costa de la calidad de vida” de los habitantes de los territorios afectados, por lo que ha exigido un “nuevo marco normativo” que, entre otras condiciones, establezca una “moratoria” de las instalaciones que se estén tramitando, la ampliación de la superficie natural protegida a nivel autonómico y una “transición ecológica ordenada, pero no a costa del territorio gallego” para favorecer el “lavado verde” de las empresas beneficiarias.

Además, ha reclamado que las concesiones tengan “fecha de caducidad”, la limitación de la expropiación directa para evitar que los aerogeneradores se instalen “sin diálogo social con los propietarios” de los terrenos, la prohibición de la fragmentación de los proyectos eólicos “para esquivar la evaluación ambiental” y la “paralización y prohibición” de molinos de más de 150 metros de altura a 500 metros de núcleos de población por los “efectos en la calidad de vida” de sus habitantes y su su “intensa contaminación acústica”, entre otros perjuicios.

En el mismo sentido, la secretaria de la FEG, Verónica Torrijos, ha calificado de “urgente” que se paralicen “todos los proyectos eólicos en tramitación” y que se implante “otra planificación eólica más justa con la sociedad gallega, el rural y el entorno ambiental”. Ha añadido que la que considera “mal llamada moratoria eólica” no satisface las demandas de los colectivos ecologistas y pretende “la desmovilización de la sociedad crítica”.

La multiplicación de las solicitudes para levantar más aerogeneradores no ha ido de la mano de la consolidación de las empresas y el empleo vinculados a la energía eólica en Galicia. Firmas emblemáticas como Siemens-Gamesa o Vestas han anunciado este año el cierre de sus instalaciones en suelo gallego para trasladar la producción a otros países. Se ven afectados más de 300 trabajadores.