La Xunta anula la autorización concedida a una mina para verter a la ría de Noia

La Xunta le ha retirado el permiso de vertido a la empresa que pretendía volver a explotar la mina de San Finx, ubicada en el municipio coruñés de Lousame, a siete kilómetros por encima de la ría de Muros e Noia. El motivo es que las aguas liberadas desde el yacimiento al arroyo Rabaceiras, cuyas aguas terminan en la ría, superan los máximos establecidos para varios metales pesados y no se ha construido la instalación de depuración comprometida. La decisión de Augas de Galicia llega un año y dos meses después de que este mismo órgano, dependiente de la Consellería de Infraestruturas, concediese la polémica autorización que levantó a mariscadores, pescadores, ecologistas y vecinos de la comarca en contra de que se volviese a retomar la actividad en el yacimiento.

El Gobierno gallego ya había multado a la empresa, Tungsten San Finx S.L., con 180.000 euros por verter agua contaminada. Y ahora confirma la propuesta que Augas de Galicia hizo en febrero de revocar la autorización de vertido. La resolución expone que el permiso, dado el 1 de febrero de 2023, daba un plazo de cuatro meses para tener finalizadas las obras de los sistemas de tratamiento y evacuación de las aguas residuales industriales generadas en las instalaciones. Después de dar una ampliación de ese plazo, la empresa solicitó una nueva prórroga, que le fue denegada. El 11 de agosto de 2023, Augas de Galicia hizo una inspección en la mina, de la que se derivó un aviso a la compañía: no estaba cumpliendo las condiciones de la autorización y los niveles de cadmio, cobre y zinc estaban por encima de los máximos.

Dos meses después, en una nueva inspección, “se constata” que las instalaciones para depurar las aguas residuales no están “ejecutadas en su totalidad” y que hay un vertido “con concentraciones para los parámetros níquel,cadmio, cobre y zinc superiores a los límites autorizados”. En noviembre se inicia el proceso para revocar la autorización, que ha quedado finalmente resuelto.

La Xunta rechaza los argumentos dados por la empresa, que atribuye el retraso en las obras a los anteriores propietarios de la mina y asegura tener intención de terminar los trabajos si se archiva el procedimiento contra ella. El yacimiento, sin actividad, estaba en manos de la australiana Pivotal Metals cuando el Gobierno gallego le dio el permiso para vaciar casi 900.000 metros cúbicos de aguas cargadas de metales pesados. Pero en el verano de 2023 se la vendió a una empresa recién creada con un capital de 3.600 euros y que se había puesto el nombre de Metais Estratéxicos. Según el Registro Mercantil, el administrador es Álvaro Fernández Baca, un geólogo de origen peruano. Sin embargo, el nombre de otra persona aparece en varios documentos oficiales de la compañía. Es Miguel Cabal Lorenzo. Él mismo aseguró a este diario que es un consultor con más de 25 años de experiencia en el sector minero al que la empresa, de cuyos dueños no habla, ha contratado “como asesor” y al que le ha dado “ciertos poderes de representación, pero nunca de administración”.

La resolución revocatoria dice que “la persona titular de la autorización de vertido” es la mercantil Tungsten San Finx “independientemente de su funcionamiento interno y de los cambios que se hayan producido en su órgano de administración”. Agrega que no tiene fundamento la pretensión de que un cambio en la propiedad “pueda suponer la exoneración de las condiciones de la autorización” y que los nuevos propietarios están obligados a cumplirlas. El plazo para construir la depuradora “ha sido reiteradamente incumplido hasta el punto de que ni siquiera se han iniciado las obras varios meses después de haber vencido”.

Augas de Galicia considera que no se ha acreditado que el incumplimiento no se le pueda atribuir a la empresa: “Al contrario, al atribuir al anterior órgano de administración de la sociedad la responsabilidad de este incumplimiento se reconoce, de facto y sin ningún atisbo de duda, la responsabilidad de la mercantil”.

Joám Evans, portavoz de Ecoloxistas en Acción -una de las entidades integradas en la plataforma que lucha contra la reactivación de la mina- asegura que la revocación es “una victoria grande” y “un alivio” porque elimina a corto y medio plazo la posibilidad de que se vacíe el agua que inunda las galerías y que tiene elevadas concentraciones de metales pesados. Pero, objeta, hay más lecturas: hay cinco contenciosos contra la autorización que probablemente ahora decaerán sin que se dicte sentencia. De este modo, interpreta Evans, “la Xunta se cubre de cara a que las irregularidades de proceso queden expuestas” en un fallo judicial. La director de Augas de Galicia y los otros dos cargos contra los que está abierto un procedimiento penal, añade, “tienen más fácil librarse”.

Además, para el ecologista ahora la preocupación es evitar que la empresa propietaria “se fugue” y conseguir una restauración del terreno. Lo primero es, según Evans, sellar las galerías -por varios puntos el agua contaminada está saliendo y llega al río- y restaurar las presas de residuos que hay sobre el cauce fluvial.