La derecha tradicional ha decidido blanquear a la extrema derecha. Ya casi no quedan tabúes, ni líneas rojas, ni siquiera el pudor de disimular. El PP parece haber asumido que, si quiere gobernar, tendrá que entregar a la extrema derecha todo lo que esta le exija: discurso, marco político y prioridades. No se trata solo de pactos puntuales o de cesiones tácticas; se trata de una aceptación de fondo. La derecha de siempre está cada vez más dispuesta a comprar el lenguaje, los enemigos y las recetas de la ultraderecha.

Las tres últimas elecciones autonómicas dejan lecturas bastante claras. La primera es que la izquierda haría bien en tomarse en serio el mensaje de las urnas. El PSOE, en particular, debería interpretar que no basta con refugiarse en la política nacional o internacional, en los grandes titulares o en la gestión desde arriba. El único camino posible pasa por volver al terreno: bajar al pueblo, al barrio, a la calle; reconstruir la política persona a persona, problema a problema. Escuchar más y proclamar menos.

La segunda lectura afecta a los partidos situados más a la izquierda del PSOE. La pérdida de representación debería servirles como advertencia definitiva: ir separados penaliza. La fragmentación no se percibe como pluralidad, sino como impotencia. Y cuando el electorado progresista siente que su voto no sirve para construir una alternativa sólida, opta por quedarse en casa. La división, una vez más, sale demasiado cara.

Mientras tanto, la derecha convencional parece haber elegido su camino. Está dispuesta a dar a la extrema derecha todo lo que pida, ya sea en forma de agenda cultural, de discurso agresivo o de políticas cada vez más deshumanizadoras. No solo pacta con ella: la normaliza. Y al hacerlo, contribuye a extender una forma de entender la política basada en el señalamiento constante, en la simplificación brutal de los problemas y en la explotación del malestar social.

Porque ahí está una de las claves de este momento: la extrema derecha recoge una parte importante del voto del malestar. Capitaliza la frustración, el enfado, la supuesta inseguridad y la presunta sensación de abandono. Pero en lugar de convertir ese malestar en soluciones reales, lo traduce en odio, en chivos expiatorios y en una política de confrontación permanente. Es un camino que bebe claramente de referentes como Donald Trump o Javier Milei: más ruido que respuestas, más propaganda que proyecto, más furia que humanidad.

La gran cuestión es si la izquierda será capaz de entender el momento y reaccionar, o si seguirá permitiendo que la derecha marque el terreno de juego y la extrema derecha dicte el vocabulario

Cabe preguntarse qué ocurriría si una parte de sus votantes se detuviera a pensar, a analizar con calma qué hay detrás de esas proclamas incendiarias. Quizá muchos no irían por ahí. Quizá descubrirían que detrás de esa supuesta rebeldía no hay una defensa de la gente común, sino una operación política al servicio de los de siempre, envuelta en un lenguaje bronco y provocador.

La gran cuestión es si la izquierda será capaz de entender el momento y reaccionar, o si seguirá permitiendo que la derecha marque el terreno de juego y la extrema derecha dicte el vocabulario. Porque cuando se aceptan sus marcos, cuando se asumen sus obsesiones y cuando se normaliza su retórica, lo que se deteriora no es solo el debate público: es la propia democracia.

Contaba el paleontólogo Stephen Jay Gould que cierta vez una empresa inmobiliaria interesada en talar un bosque se había apoyado en un pasaje de su obra para refutar a los ecologistas. En uno de sus libros, en efecto, Jay Gould había recordado que la vida de cualquier especie oscila entre un millón y diez millones de años; es decir, que también las especies acaban extinguiéndose por su propio impulso darwiniano. Pero si esto es así, si en todo caso se van a morir, ¿para qué proteger a las ardillas rojas? Gould animaba a estos despiadados sofistas a decirles eso a unos padres cuyo hijo está enfermo de cáncer: ¿para qué curarlo si tarde o temprano, por muchos años que sobreviva, va a acabar pereciendo? Es que, diremos, este “tarde o temprano” cuenta; es lo que llamamos “vida”. Nadie va a dejar de atender a sus hijos y, aún más, nadie va a dejar de comer, de ir al trabajo, de acudir a una cita, de regar las plantas, de cambiar una bombilla alegando su propia mortalidad o, más allá, la mortalidad humana en general. ¿Nadie? Bueno, sabemos que ese fue el argumento que utilizó la presidenta de la comunidad de Madrid para justificar la muerte por negligencia de 7.291 ancianos en las residencias de Madrid durante la pandemia: “se iban a morir igualmente”.

Ahora bien, lo que aquí me interesa no es eso. Frente a la muerte, hay dos actitudes extremas: la de los que se niegan a aceptarla y movilizan todos los medios a su alcance -tratamientos, operaciones, baños en sangre de niños- para vivir eternamente; y la de los que la entronizan de tal modo que consideran la vida una simple sombra pasajera sin sustancia. Los primeros suelen ser muy ricos; los segundos, fanáticos religiosos. En medio, está la mayoría, la de los que sencillamente queremos aplazar la muerte lo más posible y nos tomamos tan en serio este aplazamiento como para intentar llenarlo de sentido, pequeño o grande, lo que implica que todos los días nos levantemos haciendo como si tampoco hoy nosotros, ni nuestros hijos ni nuestros amigos, nos fuéramos a morir. Ese como si incluye todo lo que nos emociona, nos alegra, nos compromete en nuestras relaciones con el mundo y con los demás.

No hay, quiero decir, ninguna relación jerárquica entre la vida y la muerte. Son dos hechos sucesivos (primero la vida, después la muerte), pero de su sucesión no puede deducirse ningún tipo de subordinación axiológica. Ni la muerte es la verdad de la vida ni la vida ostenta ningún derecho sobre la muerte. De un hecho no puede extraerse ni una verdad ni un derecho, porque la verdad y el derecho forman parte del como si del aplazamiento: los construimos nosotros para sostenernos mejor en el mundo. No es más verdadero el cuchillo que nos rebana el cuello que los labios que nos lo besan; ni más ilusorio el trino del ruiseñor que el disparo que lo silencia. La vida no es más falsa, no, que la muerte. Las dos son obra nuestra y tomarse en serio una y otra significa tratar de vivir honestamente y tratar de morir dignamente. Para vivir honestamente y morir dignamente en este mundo precario que los humanos hemos construido como aplazamiento es inevitable hacer política. La política es, en efecto, la construcción colectiva de las condiciones materiales, institucionales, jurídicas, sociales, de todo aplazamiento.

A la doctrina que considera que lo peor es siempre lo más verdadero, que el mal es inevitable, que la muerte es la verdad de la vida, la llamamos “realismo”. El realismo suele ser necrófilo y, como la sed de inmortalidad, es más frecuente entre los ricos; y si se da entre las clases medias, adquiere enseguida un matiz epistemológico elitista. Quiero decir que hay un realismo de derechas y un realismo de izquierdas y que los dos consideran que en política (y no digamos en geopolítica) el momento verdadero es el de la violencia, el del poder desnudo, el de la guerra como comadrona o motor de la Historia. Como les ocurre a los budistas y a los místicos respecto de la vida, tanto el realismo de derechas como el realismo de izquierdas consideran la democracia y el derecho una simple sombra sin sustancia o, por lo menos, un velo hipócrita que encubre el monstruo que, sin saberlo nosotros, gobierna siempre nuestra existencia colectiva.

El realismo de derechas se expresa de dos maneras distintas según la posición que se ocupe en el organigrama del poder. Están, por un lado, los que lo tienen (el poder) y fabrican la realidad (la verdad verdadera) con mucho dinero, muchas armas, muchos crímenes. En la cúspide de esa pirámide está hoy Trump, que es naranja y mentiroso, que bailotea y se pavonea y ama los abalorios y que está aterrorizado por su propia muerte, pero que hace gala de un realismo implacable cada vez que, secuestrando o matando presidentes, bombardeando escuelas, expulsando inmigrantes, establece una relación de identidad inmediata, sin mediaciones ni distancias, entre su poder y la realidad. Luego están los que, con menos poder, se acomodan en este mundo afectando lucidez desengañada. Acomodarse a la realidad fabricada mediante la violencia por un poder superior injusto, en lugar de luchar contra él, es lo que llamamos “cinismo”, que es, por cierto, lo contrario de la “hipocresía”. Ese es el caso, por ejemplo, de nuestra presidenta de la Comisión europea, Ursula von der Leyen, quien hace unos días desencadenó una polémica con declaraciones de un abominable realismo. Dijo, por ejemplo: “Escucharán diferentes puntos de vista sobre si el conflicto en Irán es una guerra elegida o una guerra necesaria.

Pero creo que este debate, en parte, no capta la esencia. Europa debe centrarse en la realidad de la situación, para ver el mundo tal como es hoy“. Tal como es hoy es tal y como Trump, Putin y Netanyahu lo han hecho, y tal y como ella misma cooperó a hacerlo apoyando (junto a buena parte de los miembros de la UE) el genocidio israelí en Gaza. No hay ”diferentes puntos de vista“ sobre Irán, indiferentes desde el punto de vista de la verdad verdadera de las bombas arrojadas sobre Teherán; hay dos opciones no relativizables: o Derecho internacional o nihilismo universal. Es cierto que, presionada por la opinión pública, Von der Leyen luego ha rectificado; es decir, ha regresado desde el novísimo cinismo a la vieja hipocresía. Yo lo prefiero así, pero ahora ya sabemos todos lo que piensa y lo que, en una relación de fuerzas favorable, podría llegar a hacer con Europa.

En cuanto al realismo de izquierdas, se alegra de que Trump haya desenmascarado a los hipócritas y haya expuesto el poder desnudo del capitalismo imperial sin velos ni eufemismos. Sus adeptos declaran en realidad lo mismo que la presidenta de la Comisión: “Esto es lo que hay”. Es decir, se burlan de esa media mayoría que sigue pensando en términos de aplazamiento, de manera que reconocen el poder desnudo de Trump (y la realidad que fabrica) sin medios para oponerse a él. Como no los tienen, apuestan por los subpoderes que, en esta batalla verdadera, parecen oponer resistencia al imperialismo estadounidense. Se muestran, por tanto, geopolíticamente “realistas”: coquetean con Putin, defienden a Maduro y justifican el régimen iraní. Están de acuerdo con Trump en que nada de instituciones democráticas y nada de Derecho internacional y nada de Unión Europea: todo debe decidirlo la fuerza (que no tenemos). El realismo de derechas crea la realidad; el de izquierdas la denuncia. El realismo de izquierdas, ¿no es igualmente displicente con los pueblos, pero mucho más fantasioso?

Por eso, frente al realismo necrófilo debemos defender la idea de aplazamiento, y ello con los medios a nuestro alcance (no con los del proletariado internacional ni con los del ejército soviético). Hace unos días, para ilustrar los cambios producidos en el mundo en las últimas décadas y la debilidad de las izquierdas, pronuncié en público una frase que hizo reír a los presentes. Dije que “hoy Bad Bunny es nuestro Ché Guevara, Pedro Sánchez nuestro Salvador Allende y el Vaticano nuestro komintern”. Apenas si exageraba. Podemos lamentar este desplazamiento o no. Lo que no podemos hacer es perder un minuto en sospechar de la frivolidad capitalista de Bad Bunny, en recordar los crímenes de la Inquisición o en denunciar las pudibundeces socialdemócratas del gobierno español. A estas fuerzas (el gancho de la cultura popular, la voz de un papa antitrumpista y el prestigio internacional de un gobernante europeo contra corriente) hay que sumar esas virtuales mayorías sociales anti-realistas que piden vida y no muerte, y paz y no guerra, y mundo y no realismo. Con estos mimbres tendremos que intentar obtener un nuevo aplazamiento: eso que llamamos vida, democracia y derecho, cuya fragilidad no las hace menos verdaderas sino, al contrario, más necesarias y, por eso mismo, más necesitadas de nuestra inteligencia, nuestro compromiso y nuestra audacia.

El 14 de febrero de 2003, con motivo de la guerra de Irak, el entonces ministro de Asuntos Exteriores francés, Dominique de Villepin (Rabat, 72 años), pronunció un discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU que merece ser releído para comprobar hasta qué punto tenía razón, igual que la tiene ahora al rechazar la operación de Israel y Estados Unidos en Irán, que ha desembocado en la situación que vive hoy Oriente Medio.

“En este contexto, hoy no está justificado el uso de la fuerza. Hay una alternativa a la guerra: desarmar a Irak a través de las inspecciones. Además, recurrir prematuramente a la opción militar tendría graves consecuencias (...) Nadie puede afirmar hoy que el camino de la guerra será más corto que el de las inspecciones. Nadie puede afirmar tampoco que desembocará en un mundo más seguro, más justo y más estable. Pues la guerra es siempre la constatación de un fracaso. ¿Va a ser, acaso, nuestra única salida frente a los numerosos desafíos actuales? Concedamos, pues, a los inspectores de las Naciones Unidas el tiempo necesario para que su misión tenga éxito”, alertó.

Villepin, que antes, entre 2005 y 2007 fue primer ministro bajo la presidencia de Jacques Chirac, y que tras ocupar la cartera de Exteriores fue también titular de Interior, es una voz conservadora que nunca se llevó bien con correligionarios suyos como Sarkozy, con quien acabaron en los tribunales.

Diplomático de carrera, apodado en su momento el “diplomático poeta” por sus inquietudes literarias, y con claroscuros en su trayectoria, como tantos otros políticos, ahora explota sus dotes de comunicador en tertulias de medios franceses. Y es en esas mesas, despojado de ataduras partidistas aunque coquetea con presentarse a las presidenciales de 2027 con su partido ‘La Francia humanista’, donde su voz se ha convertido en una rara excepción en el centro-derecha francés, y también en el europeo.

Fue uno de los primeros que desde un principio calificó de “drama humanitario” la situación en Gaza. También de los pocos que, desde su posición política, la de alguien que trabajó entre 2002 y 2005 para que Hamás se incluyese en la lista de organizaciones terroristas, considera que el concepto “genocidio” encaja para describir qué ha provocado Israel en esa zona. 

Este fin de semana, en una mesa de la cadena BFMTV, Villepin volvió a hablar claro para insistir en que esta nueva guerra iniciada por Israel y Estados Unidos es ilegal. “Decimos claramente a Estados Unidos que su guerra contra Irán es ilegal, ilegítima y peligrosa”. Además, expresó de nuevo su apoyo a la posición de Pedro Sánchez, por ser quien, en palabras de Villepin, “ha salvado el honor de Europa”. 

El discurso de Villepin contrasta con el de la mayoría de dirigentes de su misma familia política. El PP español, en su única estrategia de cargar contra el Gobierno, ha llegado a acusar a Sánchez de “avalar” la dictadura iraní y a difundir bulos como el de un apoyo de la ministra de Defensa, Margarita Robles, al ataque de Estados Unidos. 

Tampoco tiene nada que ver con la posición de Ursula von der Leyen, quien sin consensuarlo con el resto de Estados ni ser la responsable de la política exterior de la UE, se descolgó este martes abrazando el mundo sin reglas que Trump o Putin pretenden imponer. De un plumazo, la presidenta de la Comisión Europea se saltó los tratados fundacionales y el de Lisboa. Ahí es nada. 

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, uno de los que aún se salva entre tanta mediocridad, le ha enmendado la plana y ha reivindicado el Derecho Internacional. Algo que, hasta antes de ayer, ningún mandatario europeo, si descartamos a Orbán y a ratos a Meloni, hubiera cuestionado. Sin embargo, así estamos.

Menuda semanita. La previa de los Goya hizo que se llegara a la gala en un punto de ebullición, Qué ironía que esta vez no lo provocó un cargo político, como cuando hace dos años el entonces vicepresidente de la Junta de Castilla y León de Vox llamó señoritos a los trabajadores del cine español, sino que haya sido un cineasta cabreado (Juanma Bajo Ulloa) el que haya dado gasolina para que la derecha mediática haya aprovechado para azuzar a toda una industria.

Las palabras de Juanma Bajo Ulloa en el programa de Iker Jiménez diciendo que las ayudas se dan siguiendo la “dictadura woke” y que por eso él no tuvo (obviando los 700.000 euros que pagó RTVE por adquirir su filme) han levantado la alfombra para que los falsos mantras y las mentiras contra el cine español vuelvan a salir. Cuenten cuántos podcasts se han dedicado en los medios de derechas para comprar esas acusaciones esta última semana. No se han preocupado de buscar un dato, ni de mirar una resolución de ayudas ni de leerse las resoluciones de ayudas del ICAA.

Las palabras de Bajo Ulloa les venían de perlas. La guerra cultural pasa, de nuevo, como ocurrió en Argentina, por convertir al cine español en el enemigo. Esta semana todo les ha venido mal: Si Susan Sarandon defendía la posición española ante el genocidio de Palestina… MAL. Si Luis Tosar decía que lo raro en este contexto sería no hablar… MAL. Hasta el impecable discurso del Goya de Honor de una leyenda como Gonzalo Suárez ha sido dedicado por la prensa conservadora. Solo les viene bien quien se alinee con el ataque a un cine español que ha demostrado que es plural, variado, que tiene para todos los gustos.

Y por eso los Goya han sido la mejor medicina para todos los haters de la derecha. Primero, no se han achantado. El cine español ha sido contestatario por naturaleza, y lo raro sería que no hubieran hablado contra el genocidio en Gaza o el auge de la extrema derecha. Lo hicieron en una gala que fue política, pero que también supo celebrar y homenajear el gran cine español del año y de estas cuatro décadas. El cumpleaños de los galardones sirvió para que unos elegantes vídeos recordaran los éxitos del cine español. Los otros, El bola, Todo sobre mi madre, La comunidad, Ay, Carmela, As bestas, Tarde para la ira, Blancanieves, Mar adentro… Todas ellas, por cierto, ayudadas con dinero público. Ese que desde la derecha quieren despreciar llamándolo 'paguita'. 

Pero sobre todo, los premios y los nominados de este año quitan la razón a los haters de la derecha de un plumazo. El cine español nominado ha demostrado que es plural, variado, que no sigue ningún mandato (ni ninguna dictadura woke). Que es capaz de en un año tener una comedia nominada (La cena), un fenómeno internacional de un cineasta de autor premiado en Cannes (Sirat), un documental sobre la tauromaquia (Tardes de soledad), una película sobre el sida y la memoria (Romería) y una ganadora que habla del terremoto familiar provocado por la decisión de una niña de 17 años que decide meterse a monja de clausura (Los domingos). Monjas y toros, super woke.

La victoria de Los domingos, además, les ha tenido que sentar a cuerno quemado. La película de Alauda Ruiz de Azúa ha sacado su peor versión. Primero la alabaron, dijeron que era un ejemplo de cómo tratar la fe con respeto. Destacaron su capacidad de escuchar a todos los personajes. Su inteligencia para no juzgar… Hasta que Alauda Ruiz de Azúa habló en los premios Forqué. Seguramente al ver que la Iglesia Católica intentaba apropiársela, la cineasta dejó claro que era “una película que explora cómo el adoctrinamiento religioso puede distorsionar tu percepción o tus sentimientos”.

A partir de ahí dejó de gustarles. La película no cambiaba. Pero ellos sí. A pesar de que habían defendido la tolerancia de la cineasta y su habilidad para escuchar y respetar todos los puntos de vista, dejaron de respetar el punto de vista de la autora de la obra. Una autora que, por cierto, desde el primer día dijo que ella no era creyente.

Pero sin duda hay dos datos que les cabrearán y que hacen que los Goya les quite la razón de un plumazo. El primero, el de audiencia. Después de siete días diciendo que los premios y que el cine español no interesan a nadie, y que quién va a querer escuchar a actores hablar de Gaza, el resultado dice justamente lo contrario: la ceremonia tuvo un 26% de cuota de pantalla, la cifra más alta desde el año 2020 (cuando alcanzó un 26.1%) y la segunda más alta desde 2010. Entre los jóvenes de 13 a 24 años, la cuota asciende hasta un 37%. Incluso en espectadores, con un consumo de televisión absolutamente fragmentado y desplomado desde hace años, los Goya suben de espectadores respecto a los dos últimos años. 

Las películas nominadas de este año destrozan, además, otro argumento que siempre usan: que a nadie le interesan las películas que se premian y que son una panda de subvencionados deficitarios. Pues bien, repasemos las películas ganadoras y nominadas de los Goya a ver qué ha pasado este año en el que llevan con la cantinela una semana. Las cinco nominadas a Mejor película recibieron 5,2 millones de euros. Su recaudación conjunta es de casi 12,5 millones de euros.

La ganadora, Los domingos, según la web del ICAA, recibió un millón de euros de las ayudas a la producción. Su recaudación en estos momentos, sin tener en cuenta lo que haga tras su arrase en los premios, es de 4.279.000 euros. Pasamos a Sirat, que recibió 1,2 millones. Ha recaudado tres millones de euros. La cena recibió de las arcas públicas un millón. Ha recaudado 3,7 millones de euros. Romería recibió 1,2 millones. Ha hecho en taquilla 1,8. Sorda logró una recaudación de 740.459 euros, casi lo mismo que su subvención: 800.000 euros.

De las nominadas a Mejor película, solo Maspalomas recauda algo menos que su ayuda: 730.000 euros frente a 1,2. Este año hasta un documental como Tardes de soledad derriba el argumento: le dieron 291.550 euros de ayuda y ha recaudado 346.595 euros. A esas cifras de recaudación hay que sumar las ventas a plataformas, televisiones y a otros países, además del dinero generado en impuestos y puestos de trabajo de cada una de ellas. Y no pasaría nada si no hubieran recuperado el dinero que les han dado. Las ayudas públicas no deben medirse con un criterio de rentabilidad. Pero ya que ese argumento es el más usado por la derecha anti cine español, está bien saber que tampoco se cumple.

Nada mal para un cine que no interesa, para películas endogámicas que interesan solo a los miembros de la secta woke.

Si en las dos últimas semanas no has oído hablar de los therians, -adolescentes que sienten un vínculo especial con algún animal y se disfrazan y actúan como tal-, es que estás oficialmente a salvo de tendencias virales y de televisión de relleno. Porque no sabíamos nada de ellos, y desde hace unos días están por todas partes como si fuese un fenómeno masivo. Este fin de semana en varias ciudades españolas se habían convocado quedadas de therians pero lo que vimos fueron escenas incómodas de acoso y escarnio. 

Tras décadas viendo por nuestras calles a tribus urbanas de todo tipo, muchas salidas de los márgenes de internet, ¿por qué esta llama tanto la atención si hay apenas un puñado de personas con esta práctica en España? ¿Hay alguna intención política detrás? Hablamos de todo esto con Paloma Martínez Varela, periodista colaboradora de elDiario.es, y con Andrea Mezquida, psicóloga especializada en identidades queer.

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Esta semana una noticia nos ha conmocionado: el DAO de la Policía Nacional, el segundo al mando, ha sido denunciado por un caso de abuso sexual, con agresión incluida. La gravedad de los hechos se ve acrecentada por el cargo que ocupaba este señor, que por suerte ya ha dimitido. 

El caso es distinto al del alcalde de Móstoles, pero el sustrato siempre es el mismo: el patriarcado, una estructura social en la que los hombres siguen ostentando las posiciones de poder y autoridad, en todos los ámbitos, a pesar de los muchos avances que el feminismo ha logrado. Veinticinco años después del caso Nevenka la historias, las historias, siguen repitiéndose. 

Llevamos además unas semanas trágicas en lo que a violencia machista se refiere, con el asesinato de nueve mujeres y una niña de 12 años, hija de una de ellas. Seis de ellas además se encontraban en el sistema Viogen, que ha fallado estrepitosamente. 

Todo ello demuestra que como sociedad aún nos queda mucho camino que recorrer en la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres. A pesar de que muchos lo nieguen y de que el feminismo sea utilizado como arma arrojadiza por la derecha y la ultraderecha, que no cree en la igualdad y que siempre se pone del lado del agresor. 

Sorprende que a estas alturas se diga que la del 36 fue “La guerra que todos perdimos”, como se afirma en el cartel de la XI Edición de Letras en Sevilla, dedicada en esta ocasión a debatir sobre nuestra contienda civil. Si lo asegura Pérez-Reverte, con lo que sabe, igual tiene razón. El problema, sin embargo, está en que quienes ganaron la guerra y disfrutaron de su triunfo durante cuarenta años no se enteraron de que, en realidad, la habían perdido. Dejémosles hablar para comprobarlo:

“En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado”. Era el parte emitido, con una claridad espectacular, desde el Cuartel del Generalísimo el 1 de abril de 1939. Se evidenciaba en él, sin lugar a dudas, quiénes se habían alzado con la victoria: “las tropas nacionales”; y quién había perdido: el “Ejército Rojo”, que había quedado “cautivo y desarmado”. ¿Empezaba la paz? No, empezaba la Victoria sobre los vencidos.

Y a los vencedores les quedaba mucho trabajo por delante. Había mucho que matar, mucho que prohibir, mucho que eliminar, mucho que marginar para que la “España sana” acabara imponiéndose a la “desviada”. Era un tiempo de regeneración nacional: el tiempo de acabar con el movimiento obrero, los partidos políticos, los sindicatos, las elecciones libres, las leyes y las instituciones democráticas, los avances igualitarios… todo aquello que formaba parte de la “España caduca”. Se iniciaba una larga dictadura, represiva y criminal, como resultado de una sublevación militar, largo tiempo preparada y alentada por tramas civiles y poderes oligárquicos, para acabar por el terror con las libertades públicas más elementales.

Con el paso del tiempo, y tras una accidentada recuperación de la democracia, las cosas se fueron suavizando. Se imponía la reconciliación; y lo que en principio fue una victoria de la verdadera España contra los rojos, se transformó en un trágico enfrentamiento entre españoles, cuando las “dos Españas” entraron en conflicto. Con lo cual las culpas por la tragedia colectiva se repartieron por igual entre los combatientes de ambos bandos: entre quienes se defendieron de un de un golpe de Estado que salió a medias y acabó en guerra civil (los que perdieron); y los que impusieron a sangre y fuego la España fascista que perseguían los sublevados contra la República. Y, como todos tuvieron responsabilidades en lo que pasó, lo mejor que se podía hacer era olvidarlo, para no reabrir viejas heridas. 

Para eso precisamente estaban las cunetas de los caminos: para que esas viejas heridas pudieran custodiarse a perpetuidad. Hasta que una izquierda, supuestamente revanchista, impuso las leyes de memoria y las fosas de los vencidos empezaran a abrirse, sacando a la luz los restos de tantos asesinados que, hasta ese momento, habían carecido de historia, de nombres y de familiares que ni siquiera pudieron decir en tiempos de silencio que los echaban de menos.

Mucho me temo que hablar de “la guerra que todos perdimos” no sea otra cosa que volver a echar tierra sobre la verdad histórica de nuestra guerra civil; un intento fallido de retornar a ese marco mental equidistante que hoy ya no se sostiene y que prefigura un debate trucado del que muchos, que en principio lo aceptaron, han decidido darse de baja. Y con toda la razón del mundo, aunque esto a Pérez-Reverte le incomode.

En su opinión, la prueba de que en el 36 todos perdimos está en que, noventa años después, “todavía seguimos enredados en esta basura”. No lo tengo tan claro. Tal vez lo que está ocurriendo en gran parte de la sociedad española es una sana reacción contra la sobredosis de olvido que se ha venido sembrando para ocultar y/o justificar un golpe de Estado, una guerra civil y una dictadura feroz que nos dejó durante decenios en una permanente minoría de edad política.  

Y esta desmemoria cultivada con esmero, también en la enseñanza, durante decenios para “tener la fiesta en paz” es la que ha acabado produciendo una generación de jóvenes que añoran, sin haberla conocido, la España del Caudillo. Con la complacencia de las derechas hispanas, dispuestas al parecer a dejar que los niños se acerquen a ella. El fin de campaña electoral aragonesa de Jorge Azcón, con los Meconios, deseosos de volver al 36, y un agitador de la extrema derecha como Vito Quiles (ejemplo de libertad de expresión para el PP), ¿es una simple anécdota? ¿O marca el rumbo que va a seguir el partido de Feijóo, mancomunado con el de Abascal? La pregunta es puramente retórica.

En las últimas elecciones municipales, la derecha reunió más del 65% del voto en el barrio más rico de Madrid (Aravaca), mientras que la izquierda alcanzaba cifras parecidas en zonas con menos ingresos como Puente de Vallecas, donde el salario medio es de 22.593 euros según datos de la Agencia Tributaria. ¿Cómo influye a la hora de decidir el voto las subidas de los precios de alquileres? Dos investigadores de la Universidad de Salamanca se pusieron a investigarlo y acaban de publicar un artículo sobre ello en la revista británica especializada en ciencias políticas y electorales, Electoral Studies, con llamativas conclusiones.

El estudio se titula Burdens and gains. The association between house rent increases and voting in the city of Madrid (en español, “Cargas y beneficios. La relación entre el aumento del alquiler de vivienda y el voto en la ciudad de Madrid”), lo firman Álvaro Sánchez García y Hugo Marcos Marné y se ha publicado este mismo mes de febrero. Explora cómo el aumento de los alquileres influyó en el voto durante el anterior ascenso de alquileres -el que se dio desde el año 2015 hasta antes de la pandemia- y lo pone en relación con diferentes resultados electorales. Escoger Madrid favorecía la solidez de la estadística, pues tiene más secciones censales que otras grandes ciudades como Barcelona y eso permite recopilar una muestra mucho más variada.

Las conclusiones vienen a explicar que un mismo fenómeno –que suba el alquiler– tiende a beneficiar a partidos de derecha y especialmente a Vox si en el barrio que se vota hay una alta concentración de propietarios, pero reforzará a la izquierda del PSOE en las zonas obreras donde abunden inquilinos o perfiles más vulnerables al auge de precios. “La vivienda es un fenómeno con ganadores y perdedores”, resume Álvaro Sánchez García, coautor del análisis, en declaraciones a Somos Madrid. El contexto que ellos analizan, además, entiende un período donde la curva de precios comenzó a empinarse sin freno y para el que existían datos más feacientes o completos en ese momento. Lo mostramos en el siguiente gráfico.

Para los autores, ese crecimiento imparable que continuó con la pandemia y ya se ha convertido en la gran preocupación de los españoles es lo que explica que el PSOE, aún teniendo una postura intervencionista, no se vea beneficiado de la rabia por el auge de precios como sí lo hacen en barrios obreros partidos más a la izquierda como Más Madrid o Podemos. “Son el partido en el gobierno y uno de los principales reproches que se le hacen en materia de vivienda es su equidistancia, o la implementación de medidas cosméticas. Eso hace que la gente no siempre crea su discurso”, concluye.

Análisis de 2.400 secciones censales para evaluar Madrid

La manera de elaborar análisis fue descargando los datos públicos distribuidos por secciones censales –unidades geográficas de entre 500 y 2.000 electores en las se dividen los municipios para organizar censos, padrones o elecciones– y cruzarlos con las tendencias políticas que se revelan en los comicios. Para calcular todos estos índices, primero recopilaron los informes del Ministerio de Vivienda que recogían la evolución del precio del alquiler en las casi 2.400 secciones censales que tiene Madrid. Analizaron cifras entre 2015 y 2019 y las cruzaron con otros modelos estadísticos, como la presencia de jóvenes en el barrio, de mayores de 65 años u otros perfiles con rentas bajas.

La vivienda es un fenómeno con ganadores y perdedores

Álvaro Sánchez García — Coautor del artículo publicado en la revista británica Electoral Studies

La idea era mezclar variables demográficas para ver si confirmaban esa influencia del alquiler en la tendencia de voto. “Conseguimos algunos resultados significativos, como que el aumento del alquiler favorece a Vox y perjudica al PSOE”, reseña el investigador.

La reflexión que los autores hacen es la siguiente: en los barrios con altas tasas de propietarios, donde el aumento de los alquileres puede percibirse como un incremento del valor económico de la vivienda, las subidas de rentas se asocian con un beneficio económico extra para sus arrendadores. En cambio, donde este perfil sea más escaso los alquileres se vincularán a una mayor carga para las familias o particulares, lo que puede engrosar a las fuerzas electorales de izquierdas que propongan medidas redistributivas o sugieran regular el mercado. En este caso, un dicurso populista suele calar más hondo si hurga en la herida de la precariedad diaria. “Aquí no aplica mucho eso del obrero de derechas”, reconoce.

Confiesa estar sorprendido de que el partido de extrema derecha lograra captar ese descontento y “competir con Podemos, que siempre ha mantenido una narrativa crítica e intervencionista” mientras que los de Santiago Abascal defienden un modelo neoliberal. Pero después de cotejar los datos, cree que el lugar desde el que se deposite cada papeleta puede determinar si esa reacción ciudadana irá a parar a Vox, o bien a los morados: “El efecto es heterogéneo: si es un barrio adinerado y con propietarios de vivienda, verán beneficios en la subida del alquiler porque implicará más rentas pasivas de sus inmuebles, lo que les llevará a Vox o al PP. En las zonas humildes, como castigo al PSOE, se buscarán opciones a su izquierda”.

“Estos resultados son un recordatorio de que los aumentos de alquileres tienen efectos heterogéneos en el ámbito electoral”, sentencia el estudio, que aún así especifica que el porcentaje de propietarios o inquilinos ha de ser amplio en cada barrio para que esta correlación surta aún más efecto. En un momento en que Madrid y otras grandes ciudades enfrentan tensiones en el mercado la vivienda, la investigación sostiene que los partidos obtienen diferentes beneficios en base a la composición demográfica y socioeconómica de cada zona.

Una teoría que también refrenda la última Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos del Ayuntamiento de Madrid, que para el año pasado arrojó los resultados más bajos en la gestión del equipo de Gobierno, con aprobados raspados en distritos humildes como Villaverde o Carabanchel y una media de 5,6 puntos sobre 10. Precisamente es en Puente de Vallecas, mencionado al inicio como uno de los entornos con menor renta, donde el alcalde José Luis Martínez-Almeida encuentra su primer suspenso desde que llegó a Cibeles en 2019. Allí la nota es de un 4,6, dando pie a la tesis de que la política municipal (también la nacional) está cada vez más atravesada por el coste de la vida o del acceso a la vivienda.

Con la elección este domingo de la oficialista Laura Fernández como la próxima presidenta del país, Costa Rica ratifica su giro a la derecha y se encamina a cambios “profundos e irreversibles”, tal y como dijo la ganadora de los comicios del domingo, mientras que la oposición ha advertido que no permitirá “cosas indebidas”.

La presidenta electa, quien comenzará su mandato el próximo 8 de mayo, ha anunciado en su discurso tras la victoria electoral un “cambio profundo e irreversible” y ha prometido a la oposición que su Gobierno será de “diálogo y conciliación”.

“Nos toca edificar la tercera república. El mandato que me da el pueblo soberano es claro, el cambio será profundo e irreversible”, aseguró Fernández desde el exterior de un hotel de San José, donde se reunieron cientos de sus seguidores.

En Costa Rica se conoce como segunda república los cambio políticos que surgieron después de la guerra civil de 1948, como la abolición del Ejército y la redacción de una nueva Constitución Política.

Fernández, politóloga de 39 años, no detalló los cambios que quiere impulsar para la “tercera república”, pero durante su campaña prometió reformar el Poder Judicial y otras instituciones del Estado, al tiempo que líderes de su partido reconocieron que uno de los objetivos es reformar la Constitución Política para permitir la reelección consecutiva.

La presidenta electa obtuvo el 48,5% de los votos, con casi el 90% de las mesas escrutadas, muy por encima del 40% necesario para triunfar en la primera vuelta.

Tras su victoria afirmó que es “una demócrata convencida” y una “defensora de la libertad, de la vida y de la familia”, y habló por teléfono con el actual presidente, Rodrigo Chaves, un economista de derecha con altos niveles de popularidad y de quien fue ministra de la Presidencia y de Planificación.

El Partido Pueblo Soberano de Fernández obtuvo 30 de los 57 escaños del Congreso, según los datos preliminares, pero deberá buscar acuerdos para las reformas profundas que requieran el voto de dos terceras partes de la Cámara.

La oposición estará encabezada por el socialdemócrata Partido Liberación Nacional, cuyo candidato Álvaro Ramos obtuvo el 33,3% de los votos y advirtió que no permitirá actos indebidos. “Le deseo a doña Laura Fernández que dios le dé mucha sabiduría para gobernar y nosotros la respaldaremos cuando sus decisiones sean en bien del país y no lo haremos cuando no estemos de acuerdo”.

“En democracia se vale discernir y se vale criticar; y también demostraremos que podemos cumplir los acuerdos. La sociedad civil tiene que seguir fuerte y participativa, no caigan en su espíritu de lucha, sigamos trabajando por resolver los problemas todos juntos”, dijo el candidato perdedor.

En una sesión solemne, la presidenta del TSE, Eugenia Zamora, solicitó “respetar el veredicto de las urnas sin renunciar a la crítica democracia y vigilancia de los gobernantes” e hizo un llamamiento a la “responsabilidad para frenar la escalada de insultos”, además de buscar soluciones para luchar contra la “pobreza, la ignorancia y la criminalidad”.

“Hemos sido atentos a cada detalle para garantizarles una vez más la pureza del sufragio (...) Agradecemos por unas elecciones ejemplares, libres y auténticas, que una vez más honran la más noble tradición costarricense”, afirmó Zamora.

El abstencionismo se situó en el 30,3%, de acuerdo con los datos del TSE.

Han pasado más de 10 días desde el accidente de tren en Adamuz que acabó con la vida de 45 personas, y en este tiempo ya se está viendo cómo la derecha está usando esta tragedia como revancha de lo que la gestión de la DANA de Valencia ha sido para Carlos Mazón, o las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia para Díaz Ayuso. La ultraderecha llega más lejos y llama “asesino” al ministro de Transportes, Óscar Puente, y al resto del Gobierno.  

Con Alfonso Alba, director de Cordópolis, medio asociado a elDiario.es, nos paramos a repasar qué sabemos a día de hoy sobre este accidente y cómo se ha ido desarrollando su investigación. Con Esther Palomera, adjunta al director de elDiario.es, nos preguntamos si estas tragedias son comparables desde el punto de vista de exigencia de responsabilidades políticas y qué hay detrás de esta estrategia de la derecha. 

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Se ha escrito mucho sobre la incapacidad del PP para frenar el auge de la extrema derecha. Es evidente que los conservadores carecen de una estrategia coherente y unificada para afrontar el desafío que supone el crecimiento de una fuerza más extrema a su derecha: en cada territorio han ensayado tácticas distintas, sin resultados concluyentes. Sin embargo, este enfoque induce a pensar que son las derechas las responsables de contener a la extrema derecha. Y no es así.

Es comprensible que a los demócratas nos gustaría que el PP se pareciera más a la CDU alemana, es decir, a un partido con un compromiso antifascista sólido, materializado en la política de los llamados “cordones sanitarios”. La genealogía del PP no invita a ese camino, pero además esos cordones están saltando por los aires en casi todas partes —incluso en Alemania—, y los conservadores terminan echándose en brazos de la extrema derecha en cuanto esta tiene opciones reales de acceder al poder. Asumamos, por tanto, que la derecha española no va a desempeñar ese papel “histórico” de contención de los ultras; incluso sus sectores más democráticos aceptan hoy, con resignación, la necesidad de compartir gobiernos y políticas con un partido abiertamente racista, nacionalista étnico y aliado de Trump.

La verdadera tarea de contención de la extrema derecha recae en la izquierda. Hoy sabemos con bastante precisión qué perfiles sociales votan a la extrema derecha, por qué lo hacen y cómo esos patrones han ido cambiando con el tiempo. Y aunque debemos ser conscientes de que actuamos en sociedades en decadencia —sociedades occidentales que ya no dominan el mundo como antes—, lo que genera frustraciones y melancolías fácilmente canalizables por la extrema derecha, existe un margen de acción considerable. Pero solo si hay voluntad política. Y a veces da la impresión de que no la hay.

Durante casi cuatro años formé parte de un gobierno progresista ya asediado por el bloque reaccionario en todos los frentes —político, judicial, mediático, etc.—, y aun así mi mayor frustración fue siempre lo difícil que resultaba sacar adelante cualquier medida mínimamente transformadora dentro del propio gobierno. Los frenos y obstáculos eran fundamentalmente ideológicos, aunque se disfrazaran de inercias institucionales o de supuestas restricciones administrativas. La mayoría de los ministerios estaban dirigidos con una lógica de gestión incapaz de sincronizarse con el tiempo político. Esto explica por qué los debates interministeriales se eternizaban incluso en asuntos menores y por qué muchas iniciativas morían antes de nacer. 

Solo la iniciativa política de la Moncloa —que no gestiona ningún ministerio y, por tanto, mantiene permanentemente la vista puesta en el clima político— lograba insuflar algo de oxígeno a la legislatura. Pero incluso así era necesaria una fuerte presión política, interna y externa, para evitar que el motor del gobierno se gripase. En lo que respecta al trabajo cotidiano de los ministerios, la mayoría languidecía en una gestión tan gris como políticamente inane. De ahí surgía una paradoja que en gran medida sigue vigente: un gobierno con una enorme capacidad de acción que apenas resulta perceptible para la ciudadanía.

No se trata solo de un problema de comunicación, aunque esta sea claramente mejorable. El problema de fondo es que las izquierdas a menudo se sienten demasiado cómodas en la gestión, lo que desincentiva la puesta en marcha de iniciativas más audaces. En nuestro país, “gestionar bien” suele estar asociado a no molestar y quedar bien con todos, lo que lleva a actitudes realmente paralizantes cuando se trata de asuntos socioeconómicos. Mi sensación fue siempre que, mientras la derecha es capaz de materializar casi todo lo que promete —por fantasioso que parezca en el momento de formularlo, como muestra de forma paradigmática Trump—, la izquierda acaba encontrando mil razones para no ir demasiado lejos. La izquierda se mueve dentro del marco y con el freno de mano echado, mientras que la derecha se esfuerza por cambiarlo tan rápido como puede.

Personalmente, nunca fui el radical de mi entorno. Provengo de una familia conservadora —hasta la adolescencia rezábamos todas las noches antes de dormir— y de orden —mis cuatro abuelos fueron falangistas—, por lo que mis inclinaciones eran más bien moderadas. Con el tiempo, sin embargo, aprendí que los problemas socioeconómicos pueden conllevarse, parchearse o resolverse. Y, por lo general, la tercera opción exige necesariamente ir a la raíz: es decir, implica ser radical. Existen muchas formas de radicalidad —que no es sinónimo ni de violencia ni de caos, sino de determinación—, algunas basadas en la racionalidad y otras en la estupidez. Pero el hecho es que, en estos asuntos, sin radicalidad no se avanza.

Pensemos en el caso de la vivienda. Trump, que como cualquier reloj estropeado también acierta, ha anunciado que prohibirá la venta de viviendas a fondos de inversión y a otras personas jurídicas. Los liberales se han alarmado porque esa medida cuestiona la concepción de la vivienda como mera mercancía y se sale de los márgenes del establishment. Como en tantos otros casos, es muy probable que Trump cumpla su palabra y apruebe la norma (otra cuestión distinta es si, al adoptarse sin un paquete coherente de políticas complementarias, servirá realmente para mejorar el acceso a la vivienda). El punto central es que, mientras eso ocurre en un gobierno de extrema derecha, en España la última novedad del gobierno progresista ha sido anunciar una bonificación fiscal a los caseros que decidan no subir el alquiler a sus inquilinos. La medida tiene su limitada racionalidad, pero en la práctica supone una transferencia de renta del Estado hacia los propietarios y, lo que aquí importa subrayar, resulta políticamente estéril.

La ciudadanía se cansa de este tipo de medidas grises, de ese eterno “quiero, pero no puedo” que acaba siendo percibido como un “puedo, pero no quiero”. Llega un momento en que la gente corriente desea algo que destrone a un establishment percibido como poco más que decorado. Y en la política real hay poco espacio para la sofisticación: hoy el establishment es la izquierda, a veces incluso considerada de “extrema izquierda”, de modo que lo que termina resultando atractivo es su contrario. Lo repito: hoy, para millones de personas, el establishment no es la derecha, sino una izquierda que gobierna sin transformar nada. La extrema derecha no avanza porque prometa demasiado, sino porque sus adversarios prometen poco y cumplen aún menos. En política, no decidir también es una decisión. Y suele pagarla quien duda.

Existe un refrán español, hoy felizmente desfasado pero todavía comprensible, que dice que hay momentos en los que hay que “coger el toro por los cuernos”. La sabiduría popular que encierra es clara: si no se actúa con determinación, al final llega la cornada. Y, hasta donde sabemos, es muy dolorosa.

En el nuevo mapa político de 2026, Delcy Rodríguez y Santiago Abascal tienen mucho en común. Ambos son piezas muy útiles en la estrategia imperialista estadounidense. Ambos envuelven su discurso doméstico en la retórica de la patria, de una soberanía que ninguno de los dos defiende en realidad. Y ambos comparten un aliado o, más bien, un mismo jefe: Donald Trump.

El presidente estadounidense ya lo había avisado. Todo lo que está haciendo aparece negro sobre blanco en un reciente documento oficial: la Estrategia de Seguridad Nacional. Allí deja claro que su objetivo no es expandir la democracia ni defender los derechos humanos; que su prioridad es beneficiar a Estados Unidos. Y que no existe ningún problema en pactar con regímenes autoritarios o que no compartan sus valores, siempre que el acuerdo sea útil para sus intereses.

Todo esto, exactamente esto, es lo que Trump está aplicando en Venezuela. Para sorpresa de María Corina Machado, esa cuestionable Nobel de la Paz que recibió este galardón mientras celebraba la intervención militar de EE UU contra su país. Y que Trump deliberadamente ha dejado a un lado. 

Tras el secuestro de Nicolás Maduro, EE UU ha decidido apostar por su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, siempre que entregue buena parte de su petróleo y abandone sus lazos con Rusia, China, Cuba o Irán. 

Da igual el discurso que Delcy utilice para su público local: lo que importa es lo que haga, no lo que diga. Si cumple con Estados Unidos, ella y el chavismo podrán seguir en el poder durante una transición que no se sabe hacia dónde se dirigirá. Como dijo el propio Trump, que los venezolanos puedan votar libremente no es una prioridad.

El problema nunca fue que Maduro robara las elecciones –como en efecto hizo–. Venezuela no es menos democrática que Arabia Saudí.

Tampoco el supuesto narcotráfico. Trump acaba de indultar al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por narcotráfico; cobró decenas de millones de dólares en sobornos, entre otros, del Chapo Guzmán. 

Ni que Maduro se haya podido enriquecer con la corrupción: dudo que le encuentren en Suiza más dinero del que se ha llevado la familia de Trump. 

Ni mucho menos los derechos humanos. ¿Cómo le van a preocupar las vidas de los venezolanos al mismo gobernante que pisotea las de sus conciudadanos en Minnesota, con el impune asesinato a tiros de una madre por desobedecer una orden de su milicia particular, los agentes de la policía ICE?

Trump no ha cumplido siquiera el primer año de su vuelta al poder –será el 20 de enero– y apenas doce meses han bastado para ver, en directo y a enorme velocidad, la demolición del orden internacional y de las propias instituciones democráticas en EE UU, un país que evoluciona a pasos agigantados hacia un nuevo régimen autoritario. Nada sorprendente en el mismo presidente que intentó un golpe de Estado tras perder las elecciones, justo cinco años atrás. 

Tras convertir Venezuela en una suerte de protectorado, llega Groenlandia en el Risk de Donald Trump. Un objetivo que es probable que consiga, viendo la incapacidad europea para responder a todos sus órdagos durante el último año. 

Europa podría mandar tropas, sí. Así lo exige el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea: “Si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance”. Solo hay un problema: Trump ya tiene a sus tropas en Groenlandia, en la base de Pituffik.

En caso de un conflicto militar abierto, EE UU tampoco necesitaría trasladar tropas a Europa. Ya tiene cerca de 70.000 soldados aquí, en más de 40 bases militares desplegadas por todo el continente. 

La presión contra Dinamarca para que “pacíficamente” venda Groenlandia es cada vez mayor. Como si estuviéramos otra vez en el siglo XIX y la opinión de los que allí viven no valiera nada; como hizo Napoleón con la Luisiana francesa, Fernando VII con La Florida española, o el zar Alejandro II con Alaska.

Pero su plan para la UE va mucho más allá de arrebatar Groenlandia a Dinamarca. Y aparece en ese mismo documento que antes citaba: su Estrategia de Seguridad Nacional. Allí se explica tan claro como lo que ha ocurrido en Venezuela.

Donald Trump pide a Europa que aumente su gasto en defensa y elimine regulaciones. Traducido: en ausencia de petróleo que robar, Trump quiere que Europa le compre más armas y permita que sus monopolios tecnológicos se lucren a costa de los europeos sin ninguna cortapisa o control. 

La ambición de Trump en Europa también necesita de colaboracionistas. Y no oculta quiénes son: “La creciente influencia de los partidos europeos patrióticos da, en efecto, motivos para un gran optimismo”, dice la Estrategia de Seguridad Nacional.

El Gobierno de EE UU va a favorecer a la extrema derecha europea y no se descartan injerencias en los procesos electorales –exactamente igual a lo que hizo Putin en la primera elección de Trump y con las mismas herramientas, las redes sociales–. Siempre a favor de estos partidos ultras a los que Trump llama “patriotas”. Y que son tan patriotas como el general Pétain.

Es ahí donde Santiago Abascal es un instrumento al servicio de Donald Trump, igual que Delcy Rodríguez –y al menos la venezolana ha llegado a esa posición a la fuerza, no por convicción–. Porque él es su preferido al frente de un dócil gobierno español. Un supuesto patriota al servicio de otra patria. Alguien que defiende los combustibles fósiles frente a las energías renovables en un país sin petróleo ni gas. Alguien dispuesto a asumir sin queja alguna que el chavismo que decía combatir sea ahora protegido por la misma mano que lo impulsa a él. Alguien que no dudaría en elevar el gasto militar del 2% al 5%, como exige Trump.

Solo ese objetivo, elevar tres puntos del PIB el gasto en armas, cuesta 48.000 millones. ¿De dónde saldrían? ¿Es compatible con mantener el actual estado del bienestar?

El papelón de la derecha española estos días, a cuenta de Venezuela, ha sido espectacular. Después de celebrar la supuesta caída de uno de los poquísimos gobiernos autoritarios que les incomoda en todo el mundo (y mira que hay) resulta que lo único que realmente ha caído es su dignidad. Con su silencio ante los abusos de Trump.  

Al menos Abascal tiene motivos para agachar la cabeza: él es el elegido por Trump, como Meloni, Orban o Farage. Menos comprensible es la postura de Alberto Núñez Feijóo, callado ante las amenazas contra Europa de EE UU. Tan miope como para criticar a Pedro Sánchez por acudir a una cumbre europea para afrontar esta crisis, en vez de quedarse a escuchar otro discurso del rey en la Pascua Militar. 

No hay hoy otro líder mundial que suponga una amenaza mayor para nuestro bienestar que Donald Trump. No hay tampoco ningún otro factor que ponga más en riesgo nuestra soberanía o la paz. Puede parecer algo tan lejano como Groenlandia o Caracas. No lo es. 

Digan lo que digan algunos supuestos expertos en demoscopia, todo puede ocurrir en las próximas elecciones generales. La derecha no las tiene ganadas, aunque tiene posibilidades de conseguirlo, y la izquierda tiene aún mucho que decir y que hacer para poder seguir en el poder. Lo único que está claro es que todo lo que ocurra en la escena política solo tendrá su sentido a la luz de esas elecciones, todo será campaña electoral, no habrá movimiento alguno que no responda a la necesidad de ganar votos o de que los pierda el contrario.

Por eso, y aunque falte un año, o un año y medio, hasta que se celebren los comicios es legítimo preguntarse cómo le van las cosas a cada uno de los contendientes. Y no es fácil responder. Porque las encuestas no ofrecen pistas muy sólidas. Sus vaticinios dan un resultado muy cercano al empate o, como mucho, una cierta ventaja al PP, pero tan ligera que puede ser absorbida por el margen de error que admiten los sondeos o por movimientos de última hora. Sobre todo cuando un porcentaje decisorio –entre un 30 y un 40%– del electorado dice que aún no ha decidido el sentido, aunque eso no sea cierto en buena parte de los casos, lo cual da a los institutos demoscópicos la posibilidad de especular sobre la decisión que finalmente tomarán esos votantes silenciosos.

Pero esas hipótesis pueden ser totalmente erróneas, como experiencias electorales anteriores han demostrado. Lo mismo vale para ese agregado de ciudadanos que terminarán absteniéndose, que no ha sido pequeño en el caso de los últimos comicios, los de Extremadura, y que podrían inclinar la balanza en uno u otro sentido también en las generales. No son pocos los expertos que creen que la abstención es, de hecho, un voto contrario a la formación por la que en anteriores ocasiones se había optado y algunos menos los que opinan que este capítulo será particularmente nutrido porque tanto los partidos de derecha como los de izquierda suscitan una aversión suficiente para abstenerse.

Las casas de encuestas más cercanas a la derecha concluyen de sus estudios que la tendencia a la abstención es mayor en la izquierda, que la derecha “está mucho más movilizada”. Eso puede ser cierto en este momento, pero, al igual que ha ocurrido en varias ocasiones en el pasado, podría cambiar en el inmediato futuro y más aún cuando el momento de votar esté muy próximo. Y, sobre todo, hay millones de ciudadanos que pueden inclinarse de un lado o del otro y que, si se les pregunta, no tienen muy claro si están más cerca de la derecha que de la izquierda.

Con todo, es muy probable que en los últimos tiempos la opción abstencionista haya crecido en el espectro de la izquierda. Porque los escándalos han tenido mucho eco en esos ambientes: no tanto los que afectan a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno, que a no poca gente corriente le suenan a invento, o al fiscal general del Estado, que la mayoría no ha entendido muy bien, sobre todo porque no había dinero de por medio. Pero sí las acusaciones de corrupción que pesan sobre José Luis Ábalos y Santos Cerdán, han conmovido hasta a muchos de los más fieles socialistas y seguramente no dejarán de hacer daño al PSOE hasta el momento mismo en que lleguen las elecciones.

Y también porque la política que desde hace años Pedro Sánchez viene aplicando para tratar de rebajar la intensidad del conflicto con Cataluña no convence e incluso merece un rechazo abierto en sectores de la izquierda, incluso la más militante. Eso no es cosa de ahora sino de hace muchas décadas. Sánchez lo sabía perfectamente Y, sin embargo, pesó en él más la necesidad de rebajar la tensión con el soberanismo catalán porque, acertadamente y frente a la demagogia centralista de la derecha, pensó que esa dinámica de enfrentamiento podía degenerar en una crisis de Estado de imprevisibles consecuencias.

Hay votantes de izquierdas que no han entendido eso y está claro que una parte importante de la campaña electoral socialista tendrá que dedicarse a convencer a esas gentes sobre los efectos beneficiosos de la política del Gobierno al respecto. Si eso no se consigue habrá que buscar en este capítulo una de las causas principales de la eventual derrota socialista. Seguramente por vía de un aumento de la abstención de izquierdas, más que por la traslación de votos a la derecha.

El panorama desolador que ofrecen hoy los partidos situados a la izquierda del PSOE es otro de los motivos, y no el más pequeño, del riesgo de que la actual coalición de gobierno no pueda renovar su mandato. Y si la división y el enfrentamiento son los rasgos más llamativos de la situación en este sector, la desilusión que han sufrido y sufren no pocos de los ciudadanos que en los últimos años se apuntaron a opciones más radicales que la que ofrecía el PSOE es seguramente la razón más determinante de ese descalabro. Del que sólo una reacción de última hora para propiciar la unidad entre los distintos grupos de ese espectro podría paliar las negativas consecuencias electorales.

En definitiva, que la izquierda no lo tiene fácil. Pero la derecha tampoco. Porque tiene un líder mediocre y que no mejora con el paso del tiempo, sino todo lo contrario. Porque está dividida internamente y, además, enfrentada sin cuartel a la ultraderecha y esa guerra puede hacer perder votos a los dos. Y porque no ha hecho el mínimo esfuerzo por ofrecer al electorado un programa, una lista de cosas que haría si llegara al gobierno. Se ha limitado a seguir el modelo de Aznar de hace 20 años, el del acoso y derribo sin contemplaciones de su rival, con la esperanza de que así podrá alejar a votantes de sus filas, por temor a que si la izquierda vuelve a ganar la situación puede hacerse insoportable. Aznar estuvo a punto de perder las elecciones de 1996 tras aplicar esa táctica, frente a un PSOE que estaba hundido y un Felipe González que casi había tirado la toalla. Hoy, en cambio, Pedro Sánchez está en plena forma y dispuesto a volver a ganar.

Tan pudorosa, la RAE se refiere al culo, sin más, como un conjunto de dos nalgas, sin embargo, Francisco de Quevedo, con más precisión y profundidad se refirió a tan preciada y despreciada parte del cuerpo humano como reverendo ojo del culo, el miembro más perfecto y bien situado. Como don Francisco, pienso que el culo está en el centro, con imperio y veneración y cierto que no ve pero menos ven algunas laureadas cabezas al servicio, en almoneda, de la ciencia demoscópica y su patio de monipodio. Su sitio está en medio, en el lugar del sol, y si no ve como los ojos de la cara, no puede desmerecer por ser solo uno y no un par porque así es el ojo del cíclope que desciende de los dioses.

Además, el reverendo ojo tiene atributos de autoridad que adornan el tiempo que nos toca porque por vecindad anda siempre, en hombres y mujeres, cerca de sus genitales, de donde salen, porque de ahí salen, otras no mejores opiniones. Es por tanto igualitario en su origen y función y, si preciso, en su utilidad o acción.

Como todo el mundo habrá podido comprobar, la opinión libre ha sentado variadas visiones de la situación política para 2026. Normal, las opiniones son como el culo, cada uno tiene la suya. Entre tanto culo parlante es materialmente imposible saber qué se piensa en conjunto, ni siquiera José Félix Tezanos —que acierta más de lo que se dice—, pero ahí va mi opinión con el mío, a ojo, sin más pretensión que formar parte de la media porque como dijo otro sabio, la media sí es matemáticamente posible averiguarla.

Echando un reverendo ojo al porvenir político creo que el reparto en bloques es una evidencia, no solo desde el punto de vista ideológico sino desde la perspectiva de las alianzas futuras, sean electorales o partidarias, por no decir también de gobiernos; sin perjuicio de mejores ojos, creo que ambos bloques no son totalmente permeables entre sí porque, con perdón del ojo demoscópico, la migración es la normal, no es espectacular sino frecuente como en otros tiempos, teniendo en cuenta incluso la temida extrema derecha que no es más temible que la otrora mayoría silenciosa aunque definitivamente más dañina. Migra dentro de su bloque para estupor tardío de sus promotores.

En el bloque progresista, a la debilidad del PSOE, por razones diversas y roedoras deserciones, hay que añadir el desmoronamiento de su socio de gobierno Sumar y, para más ruina, la incapacidad de entenderse entre las izquierdas alternativas

Lo que está ocurriendo en el bloque conservador (derecha radical más extrema derecha más derecha moderada arrastrada) no es sino una competición, un ajuste, por la supremacía y liderazgo. Supremacía que es comunicante y puede decantarse hacia la extrema derecha, lo cual explica el nerviosismo del PP; y un liderazgo trifonte entre Santiago Abascal, Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, que también explica el nerviosismo de Feijóo. Paradójicamente esta pelea entre la derechura puede ser su debilidad.

En el bloque progresista, a la debilidad del PSOE, por razones diversas y roedoras deserciones, hay que añadir el desmoronamiento de su socio de gobierno Sumar y, para más ruina, la incapacidad de entenderse entre las izquierdas alternativas. Se constata el carácter pendular de la izquierda no convencional, como una bamba: de la convergencia urgente a la divergencia repentina y viceversa, según sople el viento, sin despeinarse. Los que ahora piden la unidad podrían presentar una amplia hoja de servicios en escisiones, divisiones, uniones, separaciones, refundaciones, sillones y, frecuentemente, traiciones. Convencida pero no mucho, la narración modo es que, otra vez, la solución definitiva es la unidad pero sin que sepamos hasta cuándo ni con y entre quiénes.

Sin unidad —no la hay en la derechura— nada impide que las derechas avancen porque se muestran muy fuertes —es la clave— en el compromiso participativo de los suyos; mientras que en la izquierda, la performance continua del bamboleo propio de su tuétano vital determina la desconfianza y la consiguiente fuga de una parte muy importante de la ciudadanía, cansada del baile y de los incumplimientos.

Al final, la derecha no olvida nunca a los suyos; la izquierda, frecuentemente. Mucha gente ve con asombro la comodidad de cierta izquierda en las moquetas y platós y su olvido del albero. El bloque progresista por donde pierde es por el abandono de los suyos.

Ultras, extremos y propinas, la derecha se mantiene en su bloque, mientras que la izquierda desagua a un tercer bloque, un tanque de tormentas, mudo pero elocuente: la abstención

Y todo lo dicho anteriormente desemboca en el peor enemigo de la izquierda y de la democracia por extensión: la abstención, expresión práctica del desasosiego. Volviendo a los bloques, mi ojo reverendo atribuye el desgaste ocasionado por la abstención, mayoritariamente a la izquierda, aunque el ojo demoscópico lo reparta. Ultras, extremos y propinas, la derecha se mantiene en su bloque, mientras que la izquierda desagua a un tercer bloque, un tanque de tormentas, mudo pero elocuente: la abstención. En Extremadura, 320.292 votos fueron a la abstención, a la que cabe añadir votos nulos y blancos, mucho más de la mitad de los votos contados.

Mas volviendo al culo de cada uno, sus derechos y a su merecida honra, ¡qué de firmas de grandes señores ha iluminado! ¡Qué de libros de hombres doctos ha gastado! ¡Qué de billetes de damas ha firmado! ¡Qué de procesos importantes ha manchado, y qué camisas de Holanda ha teñido! Mi paisano Juan de Malara estaría que trina con el que suscribe y eso que no he incluido el triquitraque escatológico, que feliz acompañaría al noble ojo, del refranero de Gonzalo de Korreas.

Para más profundidad, les propongo la lectura de Gracias y desgracias del ojo del culo, de un genio como Francisco de Quevedo. Ah, y compren cupones. Feliz año.

Se criticó mucho a Ione Belarra, diputada y secretaria general de Podemos, cuando en noviembre de 2025 se dirigió a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados y exclamó: “En este momento, presidente, solo tiene dos opciones: o reventamos a la derecha y le quitamos todos sus privilegios o la derecha reventará el país”. Poco después, cuando el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue condenado sin pruebas inequívocas por cinco magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la eurodiputada Irene Montero añadió que Belarra se había “quedado corta” y señaló que en España había una mafia judicial, mediática y policial al servicio de la derecha. Montero citó la persecución que habían sufrido los diputados de Podemos, los sindicalistas de la CNT que protestaron contra la pastelería La Suiza, en Gijón, los seis jóvenes de Zaragoza que supuestamente participaron en una protesta contra un acto de Vox, los jóvenes de Alsasua a los se acusó de terroristas por una reyerta callejera. No citó el caso de Juan Manuel Bustamante Vergara, alias Nahuel, un joven que pasó año y medio en la cárcel por escribir el tuit “Goku vive, la lucha sigue” (para el que no lo sepa, Goku es el protagonista del manga Dragon Ball) y por guardar en la nevera de su casa zumo de naranja y col lombarda, dos ingredientes que –según la policía– pueden utilizarse para fabricar explosivos. Se ve que el zumo de naranja, tan popular, es tan peligroso como el napalm o la Goma-2.

Nahuel, que pertenecía al grupo anarquista vegano Straight Edge fue enviado a prisión en 2015 por Carmen Lamela, hoy magistrada del Tribunal Supremo y una de las firmantes de la sentencia que ha condenado al ya exfiscal general del Estado. También se acusó a otros miembros de Straight Edge, un grupo al que se calificó de célula terrorista. Diez años después, la Audiencia Nacional ha absuelto de todos los cargos a Nahuel y al resto de los acusados. Juan Manuel Bustamante Vergara recibirá una indemnización de 54.650 euros. La cantidad es casi una burla, pues nada compensa pasar año y medio entre rejas, soportando durante muchos meses el estricto régimen de aislamiento impuesto a los terroristas.

El caso Nahuel no es tan espeluznante como el crimen de Almería, cuando tres jóvenes fueron confundidos en 1981 con un comando de ETA y fueron torturados hasta la muerte por un grupo de agentes de la Guardia Civil. Nahuel “solo” ha sufrido prisión y aislamiento, pero su peripecia pone de manifiesto que algunos funcionarios del Estado conceden prioridad a las medidas represivas sobre la investigación objetiva de los hechos. No está de más recordar que Lamela envió a prisión a los principales líderes del procés, suscitando la protesta de Amnistía Internacional, que la acusó de restringir derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica. En 2017, se recogieron 160.000 firmas para pedir su inhabilitación, alegando que “la prisión es un recurso último, es excepcional y ha de ser utilizado mínimamente”, pero “para la jueza Lamela privar de libertad parece ser la regla”.

Solo desde la mala fe pueden interpretarse las palabras de Ione Belarra como una incitación a la violencia. “Reventar a la derecha” es una forma de pedir la movilización de la izquierda para desenmascarar y desmontar el golpismo blando ejercido por una oposición cada vez más agresiva y demagógica. No creo que José María Aznar, falangista en su juventud, haya sido nunca un político de centro, pero en los noventa alardeaba de moderación, pues sabía que era la única forma de conseguir una mayoría parlamentaria. Ahora las cosas han cambiado. Después de la Gran Recesión de 2008, irrumpió una nueva izquierda que consideró inaceptables las políticas neoliberales. Las elites se sintieron amenazadas y la derecha giró hacia posiciones extremistas, explotando el poder de seducción de abstracciones como la patria, la libertad y la seguridad.

Ninguno de estos conceptos es intrínsecamente perverso, pero su carácter difuso se presta a la manipulación. Y es lo que hizo la derecha populista, asociando la inmigración a una supuesta invasión que atentaba contra la seguridad y la soberanía nacional. Al mismo tiempo, prostituyó el concepto de libertad, vinculándolo a la destrucción del Estado del bienestar. El anarcocapitalismo de Milei es un buen ejemplo de esa aberración ideológica. Esta interpretación de la libertad corrió paralela a la idea de que el “movimiento woke” no obedecía al deseo de reivindicar los derechos de las minorías, sino al propósito de demoler los pilares de la civilización occidental: Dios, la patria y la familia.

En España, Díaz Ayuso, también falangista en su juventud, se sumó enseguida a esta oleada reaccionaria. Cuando puso en circulación eslóganes como “Comunismo o libertad” o “Que te vote Txapote” arrojó más gasolina al fuego que ya ardía en los sectores más ultras, como ese chat privado de altos mandos militares que soñaban con el aniquilamiento de 26 millones de españoles. Ayuso es una mujer hueca, con graves carencias intelectuales. Aunque le sobran descaro y belicosidad, nadie ignora que Miguel Ángel Rodríguez y José María Aznar son los titiriteros que mueven los hilos de su discurso. Ayuso ha pretendido investirse de autoridad con declaraciones sumamente provocadoras, como cuando afirmó en una entrevista concedida a El Mundo que el rey, los jueces y ella no permitirían que el gobierno de Sánchez cambiara España por la puerta de atrás. ¿Cómo? Reventando a los que pretenden crear un país más plural e igualitario.

En el caso de Ayuso y sus creadores, reventar no es un eufemismo, sino una feroz estrategia de acoso y derribo. Gracias a medios regados con dinero público, sicarios mediáticos sin escrúpulos y jueces que solo necesitan unos recortes de periódico para admitir a trámite una denuncia, resulta muy sencillo destruir a los adversarios. En una democracia liberal, no hay que sacar los tanques a la calle. Es suficiente tener mucho dinero para controlar los medios de comunicación y las redes sociales, y contar con el apoyo de una “policía patriótica” y unos jueces alineados con las ideas más retrógradas. Con esos recursos, ya no hay necesidad de montar numeritos como los del 23-F. Una Díaz Ayuso lanzado exabruptos dictados por maestros de la intoxicación es mucho más letal que los tiros de Tejero en el Congreso.

No se puede dialogar con quienes pretenden destruirte con bulos, denuncias falsas y amenazas. Hay que reventarlos, como han señalado Ione Belarra o Irene Montero. Y reventar, insisto, en este contexto significa desarmar, neutralizar, desmontar. La derecha ya no tiene ideas, sino prejuicios y hay que mostrarlo claramente. Su meta es miniaturizar el Estado del bienestar, favorecer los intereses de las grandes empresas, garantizar privilegios injustos, amordazar a la ciudadanía más crítica. Si no queremos que la derecha nos reviente, si no estamos dispuestos a que la desigualdad siga creciendo y a que retrocedamos veinticinco años en derechos libertades, hacen falta esa determinación y valentía que siempre caracterizaron a Marcelino Camacho. Su lema “Ni nos domaron, ni nos doblaron ni nos van a domesticar” sigue siendo una poderosa inspiración.

Personajes relevantes de la derecha política y mediática no se explican que España no esté en llamas. Que sus calles no lleven meses ardiendo y que no haya empezado una revolución contra el Gobierno y los partidos que lo apoyan. Homilías televisadas, editoriales radiofónicos y dirigentes políticos de Vox, pero también del PP, repiten que el país vive su peor momento desde hace 50 años (algunos se atreven a ir algunas décadas más atrás), que nunca hubo un Gobierno tan corrupto, que se está instaurando una dictadura y que lo que está en riesgo es la propia nación. Desde tribunas y columnas se trazan diagnósticos como esos y luego se intenta razonar por qué no se registran manifestaciones multitudinarias, visto que las más concurridas últimamente han sido contra Mazón y su calamitosa gestión de la DANA en València.

Esos mismos analistas lamentan que la derecha nunca ha sido capaz de movilizar como sí lo hace la izquierda y culpan a los medios de comunicación que no siguen sus soflamas, a los que han bautizado como “opinión sincronizada”. Obvian que para paralizar un país cuyas libertades estuviesen verdaderamente amenazadas, bastaría con convencer a esa mitad larga de la población, que según las encuestas van a votar a Partido Popular y Vox, para que tomasen las calles.

¿Por qué más allá del cambio de ciclo que anticipan los sondeos tras siete años de gobiernos de Sánchez no ha habido un estallido social a la altura del desafío que supondría ir camino de una dictadura, como repiten la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el líder de Vox, Santiago Abascal, y sus dirigentes más sobresaltados?

No será por falta de altavoces en un ecosistema mediático donde la inmensa mayoría de televisiones privadas (y todas las autonómicas allí donde gobierna el PP), casi la totalidad de cadenas de radio, de los diarios editados en la capital y hasta redes sociales como X aparecen escandalosamente escorados a la derecha.

Columnistas, directores y tertulianos insisten sin cesar en el paralelismo con aquella legislatura frustrada entre 1993, cuando González ganó contra pronóstico sus últimas elecciones, y 1996, el año de la llegada al poder de José María Aznar. La sucesión de escándalos de entonces era real: en los dos últimos gobiernos de Felipe Gónzalez dimitieron por casos de corrupción dos vicepresidentes, Alfonso Guerra en 1991 y Narcís Serra en 1995, el jefe de los servicios secretos, Alonso Manglano, el ministro de Defensa Julían García Vargas. Fueron a la cárcel el ministro José Barrionuevo y su secretario de Estado Rafael Vera, igual que el secretario de Estado de Seguridad Julián Sancristobal. Todos por terrorismo de Estado, nada menos. El director de la Guardia Civil que aparecía en calzoncillos en portadas de revistas con restos de cocaína en la mesita acabó protagonizando la fuga más sonada del país. Mariano Rubio, el Banco de España, Filesa... es fácil que suene todo aquello aunque hayan transcurrido treinta años.

Hoy es el PSOE pero de momento no el Gobierno el que está sacudido por un vergonzante caso de corrupción: su penúltimo secretario de Organización, José Luis Ábalos, está en la cárcel acusado de un carrusel de delitos, su sustituto, Santos Cerdán salió de prisión bajo fianza acusado de cobrar sobornos y al que iban a nombrar, Francisco Salazar, está acusado de comportamientos machistas por varias de sus subordinadas en una investigación que ha liderado elDiario.es.

Quien trate de restar gravedad a los trasiegos de dinero, sobres y “morcillas” entre quienes fueron designados por Sánchez para dirigir la vida interna del PSOE se estará equivocando. Por mucho que de momento nadie haya encontrado indicios de financiación ilegal. También yerran los que intentan rebajar las indecentes cadenas de mensajes en la que Ábalos y su escolta para todo aludían a distintas mujeres. O el trato de quien iba a suceder a Cerdán al frente de Organización daba a sus subordinadas en Ferraz y en Moncloa.

Ese es el gran escándalo de nuestra era pero mientras no se conozcan nuevos datos, la investigación apunta a un reducido grupo de personas, aunque operasen en el corazón del PSOE.

Sumarios ruidosos

Cierto que hay otros sumarios muy ruidosos, como el que indaga en la creación de una plaza en la Diputación de Bajadoz al hermano de Sánchez y una instrucción salpicada de irregularidades en la que el juez más famoso del país, Juan Carlos Peinado, trata de imputar delitos varios a la esposa del presidente, en una investigación que expertos de todo tipo califican como prospectiva.

Pero en medio de todo el estruendo y con una aritmética endiablada en el Congreso, el Gobierno -el único posible según evidenció la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo hace dos años y todavía ahora, la moción de censura que se niega a presentar- ha mantenido una aceptable hoja de servicios. A pesar de la sucesión de catástrofes que le ha tocado gestionar: desde la pandemia que obligó a aplicar por primera vez el estado de alarma y a rescatar la economía, la erupción del volcán de La Palma, y una guerra a las puertas de Europa que derivó primero en una crisis de materias primas hasta acabar en una espiral de inflación energética y alimentaria.

Es verdad que los fondos europeos de la postpandemia y los bajos tipos de interés han contribuido de forma decisiva, pero ningún otro país en el continente crece al ritmo que lo hace España, donde se han batido records en materia de empleo y se está reduciendo la deuda. Logros que en otra época fueron tildados de “milagro económico” han desaparecido del debate público que monopolizan las ocurrencias de jueces como Peinado quien lleva años tratando de encajar delitos en las actividades académicas de Begoña Gómez, la esposa del presidente.

Las mismas cabeceras que alientan cada mañana todo tipo de polémicas reales (y algunas directamente inventadas) sobre el Gobierno de Sánchez pasan de puntillas por los escándalos que sacuden a dirigentes populares como Isabel Díaz Ayuso, Juan Manuel Moreno Bonilla o el propio Mazón, hasta que acabó dimitido. Invocan la obligación de la prensa de fiscalizar al poder para mantener esa campaña permanente contra Sánchez, pero excluyen de su deber de control al partido que gobierna 11 de las 17 autonomías, además de Ceuta y Melilla, y ha convertido al Senado en un aparato de propaganda. Tampoco el Tribunal Supremo -y su más que discutible investigación y posterior condena del Fiscal General- es considerado un poder al que haya que someter a la crítica, según ese sector de la prensa conservadora.

Si alguien quiere medir lo desequilibrado que está el tablero mediático (inclinadísimo hacia la derecha) puede mirar hacia atrás, alejarse de Sánchez y su Gobierno (que a fin de cuentas están en el poder tomando decisiones siempre discutibles) y analizar cómo tratan la mayoría de medios en España a los distintos expresidentes del Gobierno. Mientras medio país da por hecho que el socialista José Luis Rodríguez Zapatero es un comisionista de China y Venezuela que pronto acabará en la cárcel, Mariano Rajoy, José María Aznar y hasta el mismísimo Felipe González, con gravísimos escándalos de corrupción a sus espaldas en los diferentes gobiernos que presidieron, se presentan en esas mismas portadas como referentes morales. Ajenos a su pasado, y sin que nadie les contrarie en las entrevistas, ofrecen todo tipo de ideas sobre lo que debe hacer o no el Ejecutivo y hasta protagonizan llamadas de auxilio a sus conciudadanos.

Los medios que abren sus portadas con acusaciones de siniestros personajes como Víctor de Aldama o el Pollo Carvajal, presuntamente involucrados en delitos de todo tipo y que llegaron a atribuir a Zapatero la propiedad de una mina de oro en Venezuela, publican entrevistas con Aznar, Mariano Rajoy o Felipe Gónzalez, donde se pasa por alto el caso Gürtel, la trama Kitchen y hasta los GAL, y se amplifican los ataques de esos expresidentes al Gobierno actual.

Fernández Díaz, un procesado con columna de opinión

La caricatura llega al punto de que el propio exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, amigo personal de Mariano Rajoy, mantiene una columna de opinión semanal donde a menudo ofrece nociones de ética y de regeneración política. Alguien ha considerado que eso es perfectamente compatible con estar procesado por utilizar el aparato del Estado para destruir pruebas de corrupción del PP, asunto que le va a sentar en el banquillo de los acusados con peticiones de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

La distinta vara de medir tampoco es nueva: en esta especie de Matrix que es la política española conviene recordar que el único ministro que dimitió por Gürtel fue socialista: se llamaba Mariano Bermejo y su pecado fue coincidir en una cacería con el magistrado Baltasar Garzón, el primero que investigó a la red corrupta de Correa y compañía. Eran aquellos tiempos en que Rajoy comparecía junto a la cúpula de su partido para proclamar que Gürtel “no es una trama del PP sino contra el PP”. La misma era en que los mismos populares que hoy ponen el grito en el cielo cargaban contra policías, jueces y fiscales que indagasen en sus décadas de contabilidad en negro.

Que el periodismo ha sido siempre un oficio imperfecto tampoco es una novedad. No es algo de ahora, aunque efectivamente ahora las cosas estén peor que nunca. Trata con materias primas muy delicadas. Para empezar, la información, a menudo parcial, casi siempre incompleta. Los viejos periódicos de papel solían introducir una salvaguarda temporal imprescindible: “al cierre de esta edición”. Querían decir que en el momento de mandar el diario a imprimir o simplemente cuando el periodista daba por concluida su jornada, las cosas eran así. Significaba también que la noticia cuando fuese por fin leída, después de que la rotativa lanzase toda la tirada, las furgonetas transportasen los ejemplares y el quiosquero levantase la persiana, las cosas podrían ser ya diferentes.

La advertencia, como tantas otras precauciones, ha desaparecido de los diarios, incluso de los pocos que todavía se imprimen. El mundo es cada día más complejo y la información, cada vez más inmediata: que cada uno saque sus conclusiones.

También la opinión se ha vuelto material radiactivo en esta sociedad que Ana Rosa Quintana, el anuncio de Campofrío y Juan del Val llaman “polarizada”. Es la última falacia que se intenta instalar y que sitúa en el mismo plano a los científicos y a quienes niegan sus avances, a los defensores de los derechos humanos y las minorías y a quienes desean pisotearlos.

Ni siquiera es cierto que ahora con las redes sociales y los influencers las mentiras sean peores ni más gordas: véase la cobertura del 11M en algunos diarios de papel y en radios de toda la vida, aquellas entrevistas a Trashorras, condenado a 34.000 años de cárcel, y la conspiración que jaleaban ciertas tertulias y partidos políticos. “Mientras paguen, cuento hasta la guerra civil”, dijo el cooperador necesario del peor atentado cometido en Europa sobre la colaboración que estaba llevando a cabo con los medios que sostenían la teoría de la conspiración. También ahora delincuentes de diferente pelaje con causas graves a sus espaldas como Aldama, el Pollo Carvajal y otros tienen micrófonos abiertos, cuando no sillas reservadas en los platós, para verter todo tipo de acusaciones contra los miembros del Gobierno. Sin que nadie les exija probar nada.

A lo que sí han contribuido las redes es a que sectores amplios de la población sean inmunes a esas mentiras. La segmentación de las audiencias, de los votantes, de los aficionados a un equipo de fútbol facilita que determinadas burbujas reciban solo un tipo de mensajes, los que el algoritmo determina que quieren leer. Por eso para amplias capas de la sociedad, Zapatero es ya un lobbista que está a punto de morder el polvo. Y Aznar, Rajoy y González, honorables expresidentes a los que conviene escuchar.

Ley del embudo para los asistentes en Moncloa

A esa ley del embudo debemos también que la esposa de Mariano Rajoy pudiera tener un asistente personal en Moncloa pagado con dinero público y al que se le hacían obsequiosos reportajes de color en los mismos medios que ahora consideran malversación que la asistenta de Begoña Gómez mande en su nombre un par de correos electrónicos al mes.

El mismo argumento por el que se lleva llamando Gobierno Frankestein a uno de los pocos ejecutivos de Europa que han resistido en el poder los últimos siete años mientras se pasaba por alto la inestabilidad de las coaliciones del Partido Popular, primero con Ciudadanos y Vox, y últimamente solo con la extrema derecha, que acabaron dinamitadas en todas partes.

La misma prensa que se erige en contrapoder frente al sanchismo, habitualmente con sede en la capital, ejerce de guardaespaldas de Ayuso. ¿Alguien se imagina qué pasaría si un hermano de Sánchez se llevara 270.000 euros de comisiones en la pandemia como porcentaje de un contrato adjudicado por el Consejo de Ministros a una empresa amiga de la familia Sánchez? Todo eso sucedió y las mismas cabeceras que fiscalizan cada iniciativa sanchista no solo no vieron problema en las comisiones de Tomás Díaz Ayuso sino que hicieron caer al líder del PP, Pablo Casado, por afearlas.

Son los medios que pasaron por alto una década de corrupción en los gobiernos de Esperanza Aguirre y de sus manos derechas, Ignacio González y Francisco Granados, hasta que ambos acabaron en la cárcel. Columnistas que ven golpes de estado por doquier y que tampoco indagaron demasiado en las únicas elecciones recientes que se robaron en España: las del tamayazo que mantuvo a la derecha en el Gobierno de Madrid tras perder las elecciones en 2003.

Quienes atribuyeron desde sus portadas cuentas bancarias falsas en paraísos fiscales a rivales del PP (básicamente dirigentes de Podemos y políticos independentistas) procedentes de dosieres fabricados por comisarios corruptos y nunca pidieron perdón por sus publicaciones se rasgan hoy las vestiduras en sus editoriales por que se haya conocido el correo de confesión de un defraudador confeso llamado Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

La fórmula la conocen también en la Comunitat Valenciana: los mismos medios que pusieron la cruz al Pacto del Botanic y atacaron por tierra, mar y aire al Gobierno de Ximo Puig y fundamentalmente a su vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra, hasta retirarla de la política, bendijeron después la coalición y las políticas de Mazón y Vox, con las consecuencias que ese infausto gobierno tuvo para la región y las víctimas de la Dana.

El “periodismo valiente” según Feijóo y Ayuso

Tal vez lo más paradójico del circo en que se ha convertido la política española (igual debería decirse madrileña) es que mientras se insulta al presidente, a sus ministros y a sus socios, algunos jueces se manifiestan contra leyes antes de que sean presentadas en el Parlamento, los tribunales fiscalizan sin descanso a la familia de Sánchez, y el Supremo condena al Fiscal General tras una dudosísima investigación, una parte de la opinión publicada alerta de que en España se ha instalado una dictadura. Y que el que no lo vea forma parte de un equipo de “opinión sincronizada”. Da igual que medios como elDiario.es hayan destapado las denuncias de acoso sexual en el corazón del PSOE, critiquen con dureza sus erráticas políticas de inmigración o la vergonzante venta de armas a Israel: quien no denuncie que España es ya una autocracia pasa a ser “opinión sincronizada” por parte de quienes dieron por finiquitado al Gobierno de Sánchez en 2023, apoyaron a Ciudadanos durante años y pronosticaron la victoria de Susana Díaz en las primarias socialistas.

El propio Feijóo e Isabel Díaz Ayuso se han sumado a ese discurso mientras defienden como periodismo valiente a quienes acosan a dirigentes políticos y periodistas de izquierdas en la calle. Y a quienes organizan actos con guiñoles de cartón y tras la barra libre señalan que el camino correcto del PP es pactar con Vox.

Habitando semejantes burbujas, esos mismos dirigentes políticos se extrañan de que fuera de ellas esa ola de indignación no haya prendido en la sociedad como merecía.

Existe una explicación alternativa a la de la población adormecida por lo que la derecha ha dado en llamar “paguitas”, y que no reacciona ni siquiera cuando está en riesgo la democracia. Puede que ni siquiera esa mitad del país que lleva años deseando ver fuera del Gobierno a Pedro Sánchez y a sus socios se haya creído la hipérbole que alimentan a diario sus medios de cabecera.

El historiador Fidel Gómez Ochoa es el responsable de que el franquismo y la transición se estudien en las escuelas de Cantabria. El fue quien introdujo estos nuevos contenidos en el temario del curso 2002-2003. Aunque sostiene que se está enseñando una historia distinta en las escuelas públicas y en las privadas. Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cantabria, después de pasar por los campus de Oxford y Columbia, lleva más de tres décadas analizando el conservadurismo liberal español en el siglo XIX histórico, desde 1808 hasta 1923, en perspectiva y relación, también, con América Latina.

En su trabajo disecciona las claves del auge de una nueva derecha radical -que en su opinión no es imitación de las anteriores- desde las raíces tradicionalistas del carlismo y analiza el fenómeno conservador a través de su relación con la democracia, el populismo y el nacionalismo. Gómez Ochoa considera que “la izquierda tiene la fantasía de que la libertad es patrimonio suyo” pero es un concepto en disputa que, algunos políticos como la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso reivindica como una libertad en negativo para que ningún poder público pueda obligar al ciudadano a restringir su libertad.

Usted estudia el conservadurismo en la edad contemporánea. En un mundo que progresa tanto desde el punto de vista tecnológico y científico, ¿ser hoy conservador equivale a ser un reaccionario?

En el campo de la derecha siempre ha habido moderados y radicales. A esa derecha radical, que presenta de manera muy acentuada los elementos ideológicos característicos del conservadurismo, se le ha llamado también reaccionaria. En el siglo XIX hablaríamos de los tradicionalistas intransigentes: los carlistas. Una vez que triunfa el estado liberal hay conservadores que aceptan el liberalismo. Sin embargo, a su derecha hay formaciones políticas que no son realmente conservadoras, aunque compartan muchas ideas, y que intentan destruir el estado liberal. En el siglo XX esa derecha conservadora sigue aceptando funcionar dentro de un régimen representativo y está identificada con un régimen constitucional. La otra derecha reaccionario-radical piensa que la derecha moderada no es capaz de hacer frente al gran desafío que entonces se plantea -que es la revolución socialista- y propone una forma autoritaria de gobierno. De la ruptura de la Segunda Guerra Mundial va a sobrevivir una derecha radical que es más o menos fascista. Con la misma dinámica: la moderadora funciona dentro del régimen democrático y las otras derechas quieren acabar con la democracia.

Cae el muro de Berlín y la amenaza del comunismo se diluye. ¿Cómo se configura entonces el conservadurismo en el mundo occidental?

Empieza a asomar una nueva derecha radical que es de la que estamos hablando ahora. Técnicamente la podríamos llamar reaccionaria, tiene elementos reaccionarios. Pero para mí todavía es un misterio si se puede decir así de manera precisa porque de entrada nunca ha dicho que vaya a destruir la democracia, que vaya a acabar con los derechos constitucionales que tienen reconocidos los españoles. Aparentemente no parece que vaya a destruir la democracia, por eso hay un debate muy abierto acerca de en qué medida es una continuación del fascismo o si es otro tipo de derecha distinto. Técnicamente, es la derecha reaccionaria porque sigue con el mismo discurso de que hay un socialismo rampante que permite que Europa como civilización se vaya al garete porque se está llenando de inmigrantes y los estados no tienen control sobre su economía que se está desnacionalizando. Han vuelto a sacar al debate público que hay comunismo. En España hay comunistas, comunismo no. Pero esa retórica de que estamos al borde de una destrucción, que hay una situación caótica y que contra eso hay que reaccionar está impregnando de elementos autoritarios a la democracia. Si esta derecha tiene componentes reaccionarios es porque es iliberal. La democracia en la que vivimos es liberal y la que parece que quieren construir es iliberal, con participación popular en la elección de los gobernantes pero restringiéndose -no sabemos si suprimiéndose- muchos de los derechos liberales que consideramos propios de una democracia sólida. Entonces, sí se puede decir que tiene también un componente reaccionario. No en el sentido de hacer lo que hicieron las otras derechas radicales: una volver al pasado y otra destruir la democracia, sin ocultarlo.

¿Y en el contexto actual?

A veces puede parecer que la derecha moderada se está desnaturalizando porque está adoptando mucho del discurso de la derecha radical. Y a veces también puede parecer que en esta derecha radical -que sería una nueva, que no es imitación de las anteriores- hay un territorio compartido muy grande con la derecha moderada en ideas, en la visión de España. En la visión de la moral que debe regir la conducta individual que, a su juicio, no se tiene que poner en manos del estado. En la idea de que España es un país con larga historia y cultura y que un componente esencial es la religión católica, en enfrentarse a la izquierda. La ola de la historia, el momento, es a favor de que crezca la derecha radical y la derecha va a ir perdiendo votantes y está dudando en reafirmarse como una defensora de las democracias o adoptar parte del discurso de esa derecha radical para que no haya más sangría de votos.

¿Por qué los votantes prefieren esa opción radical?

Es algo que viene de la que denominamos 'nueva historia política' que es dejar de entender la política como una mera proyección de la estructura económica. Los votantes no son solo propietarios, no son solo ricos, hay también clases populares que tienen inclinaciones conservadoras o comparten el miedo a que el orden que conocemos se vaya a destruir. En el conservadurismo hay que diferenciar el plano político del plano social. Es una especie de ley de la historia que cuando los simpatizantes que se inclinan en favor de los conservadores entienden que esos partidos no son capaces de conseguir el triunfo de la izquierda radical desplazan sus preferencias a otras opciones políticas que perciben más capaces -porque su discurso es mucho más firme- de neutralizar esos peligros. Su voto se radicaliza, aunque sus ideas quizá no. Eso es lo que está pasando ahora, que los votantes conservadores moderados encuentran más atractiva la oferta radical, que en España sería Vox, porque dice abiertamente: vamos a poner freno a la inmigración, vamos a a anular la memoria histórica. Es un movimiento antiglobalización: vamos a hacer que la economía esté más controlada por el estado. Hay propuestas que muchos ven como mejores fórmulas porque la derecha moderada les parece tibia, blanda, poco decidida, que cree poco en sus ideas. Están compitiendo por el mismo espacio, por los mismos votantes.

¿Es un fenómeno nuevo?

No. Ha sido algo que ha pasado muchas veces en la historia. El partido moderado en la época de Isabel II satisface en líneas generales las expectativas de las clases conservadoras españolas -una suma de profesiones liberales, propietarios, antigua nobleza, artesanado...- hasta que deja de ser funcional y genera inestabilidad por no ser capaz de gobernar una crisis económica. El partido conservador de la época de la Restauración se encuentra con la sacudida que la Primera Guerra Mundial causa en el orden liberal que había venido funcionando bastante bien. Hay un desafío por parte de la Revolución rusa y parece que va a tener lugar en todos los países. La economía solo se puede reconstruir con una organización de la actividad económica con fuerte intervención del estado y todos los sectores que temen perder sus propiedades o su estatus social por el triunfo de la revolución adoptan una querencia mayor por todo tipo de soluciones autoritarias que empiezan a florecer como los champiñones en primavera. Han estado ahí, vivas, pero sin tener apoyo suficiente. De repente lo reciben y acaba en la Guerra Civil. Pasa cuando no hay una derecha dentro del sistema que pueda satisfacer los intereses de las clases conservadoras. Falange pasó de la noche a la mañana de tener unos pocos miles de militantes a tener cientos de miles porque piensan que, aunque no les guste mucho, es la única solución que va a evitar que la República avance por una serie de líneas muy profundas que a ellos les va a hacer perder el estatus que tienen en favor de trabajadores, empleados por cuenta ajena. O que se siga arrinconando a la Iglesia de la vida pública cuando es necesaria porque mantiene a la población disciplinada.

Muchos jóvenes son hoy insensatamente partidarios de una dictadura que no saben muy bien cómo fue, ni vivieron en ella, ni tuvieron que acabar con ella

Da la sensación de la historia se repite, de que está describiendo el contexto actual.

No. La historia nunca se repite porque las circunstancias no pueden ser las mismas. Puede haber paralelismos entre determinados periodos históricos y es cierto que hay un paralelismo muy grande entre lo que vivimos actualmente y el periodo entre guerras. En la tentación de verlo como una época de la historia que nos suena que parece ya vivida, es muy grande. Desde mi punto de vista, esta derecha radical de hoy en día no es fascista. La de entonces adaptó la estética, el lenguaje, vieron como una bendición a Mussolini.

España celebra ahora los 50 años de muerte de Franco ¿Qué valoración hace usted como historiador del proceso de la transición, cuando hay un relevante porcentaje de jóvenes que no ve con malos ojos la dictadura?

Todas las generaciones jóvenes han cuestionado el mundo que les han dado sus padres. Hoy la rebeldía es de extrema derecha. Ellos no habían nacido cuando llegó la democracia, todo lo han recibido hecho. Lo que hacen es valorar si merece la pena mantenerlo como está o ante los problemas que hay ir por otra vía. El joven es más abierto al cambio. Muchos jóvenes son hoy insensatamente partidarios de una dictadura que no saben muy bien cómo fue, ni vivieron en ella, ni tuvieron que acabar con ella. Son experiencias de otra generación. Si se sienten identificados con esta cultura del miedo, de que España se está llenando de inmigrantes, de que estamos siendo gobernados desde fuera por una serie de instituciones como la Unión Europea, si no pueden emanciparse... es el cóctel perfecto para que no le den mucho valor a vivir en una democracia que es cada vez menos social. Aunque no se identifiquen con el mensaje de Vox -y lo dice mucha gente- les parece que son los únicos que están dispuestos a hacer lo que hace falta.

Todas las generaciones jóvenes han cuestionado el mundo que les han dado sus padres. Hoy la rebeldía es de extrema derecha. Ellos no habían nacido cuando llegó la democracia, todo lo han recibido hecho

No hay democracia que pueda funcionar si en ella las personas de derechas no ocupan una posición con la que se sientan cómodas y satisfechas. La democracia es una bicicleta de dos ruedas, la de delante acelera y la de detrás es la que frena. La transición se hace con mucha inteligencia política haciendo de la necesidad virtud. Hay un pacto para que las personas que han vivido cómodas durante el franquismo -y que van a ser el nicho fundamental de lo que va a ser un partido conservador- acepten la democracia. Y no la van a aceptar si se depuran responsabilidades. La experiencia histórica española determina mucho que esa derecha de la democracia tenga que ser en muy buena medida heredera del franquismo. El franquismo ha sobrevivido a la democracia. Ahora, se hace una recuperación de la memoria histórica que quedó más o menos tapada u oculta, como hizo Francia o Alemania, porque esto no es un problema solo español. Pero la política de memoria histórica que está llevando a cabo Pedro Sánchez tiene un componente ideológico que lanza una cierta desautorización a una parte de la sociedad española que no es capaz de condenar la Guerra Civil. Siempre va a ser un asunto muy difícil de manejar en la vida pública española. Por otro lado, nunca ha habido un régimen político que sea distintivo de los conservadores, viven en repúblicas, viven en monarquías más o menos democráticas...

La actual derecha española apela y reivindica frecuentemente el concepto de libertad. ¿Qué relación ha tenido con el conservadurismo hasta ahora? ¿Era un término que causaba cierta alergia política desde el lado conservador?

Yo analizo el presente con la deformación profesional de ser historiador. La izquierda tiene la fantasía de que la libertad es patrimonio suyo. Pero históricamente hasta los carlistas tenían una idea de la libertad. Siempre ha habido una discusión por apropiarse del término. Es una discusión que viene de Roma, la idea de que la libertad es para hacer y para poder tomar parte en la vida pública, para elegir a quien gobierna. La concepción clásica de la libertad, la libertad activa. Pero la idea moderna que traen los liberales es la libertad negativa, la de que no haya ningún poder que a mi me pueda obligar a hacer esta cosa o la otra. Esa idea de la libertad, como la de no ser objeto de dominio despótico por ningún poder establecido, atraviesa toda la tradición liberal, el siglo XIX y el siglo XX.

La izquierda tiene la fantasía de que la libertad es patrimonio suyo

Esta es la noción de libertad que está manejando ahora Isabel Díaz Ayuso: la de moverse libremente por el espacio público, abrir negocios sin que un estado me diga lo que tengo que hacer. Durante la pandemia este discurso fue comprado por mucha gente porque hay un estado que me obliga a no salir de casa, a vacunarme porque existe el principio del interés general. No es que Ayuso se haya apropiado del concepto de libertad, es que está discutiendo con los que tienen otro concepto de libertad por lo que sería el modo genuino de entenderla. Yo puedo querer la libertad para elegir a quien me gobierna, pero esto es una libertad para que ningún poder público me pueda obligar a mí. Es lo que decían los carlistas: la libertad es que a mí no me tengan que obligar a vivir como los liberales están estableciendo que debe hacerse dentro del nuevo estado. A mí que me dejen vivir como siempre he vivido, esa es su idea de libertad. Y su idea de la democracia es que ellos disponen de leyes propias que son la expresión de la voluntad de las personas que viven en este territorio. La voluntad popular llevada a la organización de la vida pública. Siempre ha habido varias ideas de democracia y varias ideas de libertad y siempre ha habido competencia entre ellas. Solo que en el siglo XX se ha impuesto lo que podemos llamar la concepción republicana de la libertad, que es la de tomar parte en el espacio público, poder participar en la elaboración de las leyes, poder ser un representante con independencia de la condición social de origen, poder ser un padre de la patria. No es tanto la libertad civil como la libertad política. La tradición británica, por ejemplo, viene a decir: lo que a mí me da libertad es que no se metan en mi vida privada ni en mis actividades económicas.

¿Está teniendo éxito la derecha española en imponer este concepto de libertad civil?

Lo que está haciendo Ayuso es políticamente muy inteligente, es un animal político. Aunque ella no sea una intelectual -que no lo es ningún político- su discurso maneja muy bien todo este bagaje de filósofos políticos que cuestionaron que la democracia tuviese que ser socialista. Por ejemplo, [Friedrich] Hayek -decía Esperanza Aguirre que era su autor de cabecera- es quien dice esto. La libertad es no verse obligado por un poder público a restringir las libertades porque se vuelve totalitario en lo político y comunista en lo económico. Viola la noción básica de lo que es la libertad para los conservadores, pero para los socialdemócratas no.

¿Conservadurismo y populismo tienen puntos en común?

No. El populismo es un fenómeno político del siglo XX, cuando se incorporan las masas a la vida pública y hay más maneras de plantear qué papel tienen que tener. El populismo es una manera de hacer política, no es una ideología. Entiende que las necesidades de las clases populares tienen que ponerse en primer plano y satisfacerlas. No puede esperar en el tiempo a que se cumplan procedimientos administrativos para que una medida se convierta en ley, son urgencias que hay que conseguir incluso ignorando la legalidad vigente con un discurso dirigido al pueblo por medio del cual se consigue su favor. Eso ha sido compatible con proyectos ideológicos de izquierda y de derecha. Maduro es un populista, lo fue Chávez. Populismo de izquierdas es lo que ha practicado en Argentina el peronismo,. Lo que hizo Correa en Ecuador. Es un fenómeno muy latinoamericano, una especie de perversión de la democracia que ha llegado a Europa.

¿Por qué se propaga tanto ahora?

Ahora es muy rentable políticamente porque los modos de comunicación política han cambiado a través de redes sociales y plataformas informáticas. Es mucho más fácil llegar individualmente a todas esas personas que creen que sus países van a desaparecer y que su situación económica va a mejorar. Se les hacen mensajes muy sencillos sobre cosas complejas prometiendo cambios que no se pueden ejecutar porque hay restricciones económicas, compromisos internacionales, pero se les convence de que ellos van a estar por delante y la propia democracia no va a ser un obstáculo. Si es necesario mirar para otro lado, no practicarla, así se va a hacer. Ahora la nueva derecha radical es relativamente nueva porque practica esta forma de populismo. Otro componente es que se ha perdido el criterio de verdad. Aunque la nueva derecha radical intenta dar una respuesta a problemas sociales reales proyecta sobre sus potenciales votantes una visión de la realidad que no se corresponde con lo que realmente está pasando. Para convencer a ese votante que no está esperando que le cuenten la verdad, sino que reproduzca la visión de la realidad que él ya tiene y que deriva de su experiencia concreta: he visto a un inmigrante que roba, a otro que utiliza las redes sociales para comprarse un móvil... Es una manera de que las técnicas populistas tengan mucha aceptación social.

¿El conservadurismo está asociado a un componente de clase?

El conservadurismo histórico tenía unos referentes sociales mucho más definidos y precisos que los que tiene ahora la marca política Partido Popular, que es la continuación en el tiempo de esa tradición. El conservadurismo siempre ha ido nadando a contracorriente. El cambio lo hacen los liberales, los progresistas, y el papel del conservadurismo ha sido frenar, refractar, limitar o gestionar de manera conservadora esos cambios. La filosofía conservadora no es democrática, no tiene esa visión del mundo. Para ellos la democracia es más un procedimiento de elegir los gobernantes que la pieza de un modelo de sociedad igualitaria. Pero la derecha es muy hábil para decir: ¿Cómo vamos ahora nosotros a recibir apoyo social suficiente para poder gobernar? Que es para lo que están aquí... y empieza a diversificarse su base social. Aunque el conservadurismo es propio de clases acomodadas, satisfechas, sin embargo hay un politólogo americano, David Sills, que explica muy bien que hay un conservadurismo temperamental que no depende de clases sociales que él llama el conservadurismo del pobre. Personas que ocupan una posición subalterna en la sociedad pero que saben defenderse dentro de ella, no quieren que cambie. Prefieren lo malo conocido a lo malo por conocer. Es una actitud ante la vida que tienen de manera natural muchas personas con independencia de su situación económica o laboral.

El cambio lo hacen los progresistas y el papel del conservadurismo ha sido frenar

El conservadurismo se alimenta mucho del tradicionalismo. Es un tradicionalismo transigente, adaptativo. Pero las personas que creen que las referencias fundamentales para afrontar la vida se las proporciona una tradición heredada también van a inclinarse por las formas políticas conservadoras. No es necesariamente una opción política de ricos, siempre ha habido esa diversidad de clases sociales. Ahora la diversificación es muchísimo mayor porque si tú quieres gobernar una democracia tienes que obtener votos entre los trabajadores.

El conservadurismo se cimenta sobre valores morales pero después llega Margaret Thatcher con una política económica neoliberal... ¿Hay un cambio de planteamiento de esta doctrina política?

Thatcher es una heterodoxa dentro del partido conservador. El conservadurismo después de la Segunda Guerra Mundial acepta el discurso de la socialdemocracia de que los estados gobiernen intentando extender la igualdad a todos los grupos sociales a través de las políticas de bienestar. Ella se enfrenta a esa línea tradicional del partido conservador y propone una actuación mucho más ideologizada y de confrontación con la izquierda. En vez de una ideología pasiva en donde la iniciativa la tienen los más progresistas y que lo único que se hace es gestionar esos avances en clave conservadora. Ella hace que la tradición conservadora deje de tener un perfil ideológico tan indefinido y poroso para afirmar sus valores y llevarlos a la vida pública, aunque a la izquierda no le guste. Ahí el conservadurismo empieza a ser algo que rompe con la tradición. Thatcher tiene muchos enemigos dentro del partido conservador. Deja de ser la premier británica porque su propio partido la echa, en desacuerdo con su gestión enérgica y de cierto componente autoritario. Todos los cambios que introduce Margaret Thatcher en la tradición conservadora británica me llevan a definirlo como un nuevo conservadurismo. Hay de nuevo varias cosas. Thatcher es una moralista, lo que quiere es inculcar de nuevo en el pueblo británico la moral victoriana, ciudadanos que con su esfuerzo personal, su entrega y su corrección moral salían adelante por sus propios medios. Una moral protestante. Desde su punto de vista nos hemos pervertido, estamos dejando que avancen los partidos de la izquierda que dinamitan la idea de la familia tradicional, que tienen una moral hedonista, que viven del estado y no ponen nada de su parte.

El otro componente en el que ella es heterodoxa es en la concepción neoliberal de la economía. Los partidos conservadores nunca han tenido una política económica propia. Han sido pragmáticos, oscilaban entre el proteccionismo y la liberalización del mercado, según lo que convenía en cada momento. Thatcher trata de convertir el neoliberalismo en una pieza ideológica distintiva de los conservadores. Es otra forma de ideologización política que choca con lo que venían siendo hasta entonces. ¿Cómo volver a la moral del siglo XIX? Lo más importante es contener el gasto público, déficit cero regulando la moneda y reduciendo el gasto en el estado de bienestar y la presión impositiva: ahorro que va a la inversión. Por eso se le llama neoliberal, porque recupera la concepción ortodoxa del liberalismo que se había seguido en el siglo XIX. Ahí se unen conservadurismo moral y neoliberalismo económico que hasta entonces no habían formado parte del mismo matrimonio. Lo que hace Thatcher en Gran Bretaña y Reagan -poniendo menos peso en la rigidez ideológica- en Estados Unidos se llama la revolución conservadora. Transforma la tradición conservadora y deja huella. De ahí procede todo el discurso y el cambio de las nuevas derechas de ahora. De esa manera de manifestarse orgullosamente de derechas, de decir que la democracia es de derechas o de decir que cuando se interviene en los ingresos que los particulares consiguen con su esfuerzo y el estado les detrae una parte es un robo a la propiedad privada, es comunismo.

¿Qué relación existe entre el conservadurismo y la religión?

Los conservadores han considerado siempre que el poder público tiene que colocar a la religión más extendida en una nación en un lugar muy destacado de la vida social. Pero por razones pragmáticas, porque es un elemento que cohesiona a la población y porque trasmite los valores morales que hace distinguir a los ciudadanos entre el bien y el mal y les aparta de tentaciones de transformación radical del orden establecido. La vivencia religiosa es una manera de aceptar el lugar que te ha tocado en la sociedad. Entonces hay uso instrumental de la religión, no es por razones teológicas. En España no se podía ser otra cosa que católico. Se le han dado privilegios desde el estado y se le siguen dando. Estos conservadores podían ser también creyentes. En el caso británico es la visión protestante del cristianismo. El protestantismo educa en que tu relación personal con dios es directa, ve lo que haces y tu manera de ganarte a dios es siendo una persona honrada y trabajadora. Eso disciplina a la población. Hay que volver a la moral decimonónica, dice Thatcher.

¿La educación sigue siendo un instrumento de control para los gobiernos?

Eso es muy del mundo católico, permitir a las órdenes religiosas ocupar un lugar muy destacado en la educación pública aunque no sean de titularidad pública. No es propio del protestantismo, pero la Iglesia a través del púlpito, de su red de asociaciones, ha podido seguir formateando la visión del mundo de una buena parte de la sociedad. El caso extremo es el católico.

¿Cómo se relacionan conservadurismo y nacionalismo? ¿Hay un vínculo entre ellos?

Sí. La nación nace como una cosa de las izquierdas y a medida que evoluciona se vuelve una cosa de las derechas. Nace revolucionaria y se vuelve conservadora. El concepto de nación tiene un significado político. ¿Qué es la nación? los habitantes de este país, el referente de legitimidad política que articula un procedimiento por el cual la nación elige a sus gobernantes. Pero la nación se va cargando poco a poco de ingredientes culturales y pasa a ser una comunidad que existe en el tiempo. Entonces se elaboran discursos que trasmiten que ellos son los integrantes de una comunidad histórico-cultural que existe hace mucho y que ha ido afirmando su cohesión y unidad para llegar a la época contemporánea. Este discurso de la nación histórica, que ha existido siempre, lo absorbe muy bien el lado conservador: que nunca ha habido otra cosa en la península ibérica. Si a eso le añades que a la construcción de la nación española que se hace en el siglo XIX contribuyen también liberales moderados es algo que pone al catolicismo como un elemento distintivo de la realidad nacional. Estás construyendo una tradición histórica que tiene una naturaleza fundamentalmente conservadora.

El componente nacionalista es esencial en todas las fuerzas conservadoras

En España, los conservadores del siglo XIX quisieron construir una nación de élites, para que colaborasen con el estado. Pero en Gran Bretaña el partido conservador sobrevive a la democracia porque hace suya la idea de imperio que es socialmente transversal: usted tiene que sentirse orgulloso porque estamos llevando su civilización por el mundo. La nación española no fue una nación triunfante pero se convierte en parte del imaginario tradicionalista español que se hereda. Y a ello se sienten apegadas todas las personas que tienen inclinaciones conservadoras. Hay que tener en cuenta que todas las naciones han ganado respaldo social cuando han sido agredidas por un enemigo exterior y ha habido que hacer una guerra o cuando es discutida dentro de su propio solar. La puesta en marcha del procés de Cataluña como rebote ha generado una reacción en el resto de España alineando a la sociedad de manera activa, decidida con la idea de España como nación. Que no puede admitir que haya otras identidades nacionales alternativas, y más cuando son separatistas. Porque están amputando la comunidad histórica y ha provocado una reacción nacionalista española que le ha venido muy bien a Vox. Mucha de la gente que se fue a Vox lo hizo porque el Gobierno de Mariano Rajoy optó por una larga negociación, contención bajo cuerda. No pudieron evitar que las cosas se desmadraran y para muchos conservadores no solo fue una táctica equivocada sino una traición y ahí estaba Vox, que habla de España sin avergonzarse del nombre y puestos a dar la batalla, a meter en la cárcel a los catalanes, a aplicar la ley con severidad. Por tanto, el componente nacionalista es esencial en todas las fuerzas conservadoras. Cómo se proyecta políticamente ya es cosa de cómo lo vea cada nación, como muy necesario para gobernar o como un recurso que no hay que agitar mucho y mantener controlado.

El propio concepto de nación ya es de por sí objeto de disputa política.

Una nación que es una invención, construida discursivamente porque el pasado no fue así. Es una nación que dice: hay un arte español y hay una cultura española. Lope de Vega no sabía que era español. Velázquez tampoco. Pero luego eso se construye para darle una unidad, una homogeneidad a eso que se quiere presentar como una cultura nacional. Los materiales del pasado se organizan de manera que hagan un discurso coherente de una España que empieza a existir con los Reyes Católicos, por lo menos en términos de unidad política, y a partir de ahí ya tenemos una cultura, una manera de ser español. Eso no se puede discutir y el que lo discute es un enemigo de la patria que está destruyendo España.

Es posible que la Unión Europea esté exhalando sus últimos suspiros. Al menos en su actual encarnación, la que empezó a diseñarse en Maastricht hace más de 30 años.

La decisión, finalmente negativa, sobre la cesión a Ucrania de los activos rusos congelados por la UE da una idea de cómo están las cosas y de cómo pueden evolucionar en los próximos años. Para empezar, los argumentos legales expuestos por Bélgica (que detiene el 62% de los 210.000 millones) sonaban razonables (“¿Y si llegado el momento tenemos que devolvérselos a Rusia?”) y a la vez extemporáneos: ¿queda alguna potencia en el mundo, al margen de esta pequeña comunidad rica en el extremo occidental de Eurasia, que respete los principios de la legalidad internacional?

Evidentemente, no lo hacen ni Rusia ni Estados Unidos. Cabe suponer que la relativa contención de China acabará un día u otro, a la vista de que en el mundo no impera otra ley que la fuerza.

Tras los argumentos legales acabó asomando la realidad, que ya no requiere disimulos: los gobiernos europeos de ultraderecha (Italia, Hungría) y filorrusos (República Checa, Eslovaquia) se alinean con el Kremlin en los momentos decisivos. Descartado el uso de los activos rusos para financiar el gasto bélico ucraniano, se optó por la solución habitual: pagar.

Si se quiere apelar al optimismo, puede resaltarse que el hecho de emitir nueva deuda mancomunada (90.000 millones de euros destinados a Ucrania) refuerza la unidad entre los miembros. Pero el realismo obliga a constatar también que lo de echar mano de la cartera y aumentar un endeudamiento global ya muy elevado implica perjuicios y tiene sus límites.

Siguiendo con el realismo, aventuremos hipótesis plausibles. Parece bastante posible que tras las próximas elecciones presidenciales, en 2027, la ultraderecha ocupe el palacio del Elíseo. También parece bastante posible que en 2027, o antes, PP y Vox (o, ya puestos en especulaciones, Vox y PP) alcancen una mayoría parlamentaria y el gobierno de España.

¿Podrá entonces la Unión Europea seguir siendo la Unión Europea? Los valores, por llamarlos de alguna forma, de la ultraderecha coinciden casi exactamente con los de Vladímir Putin y Donald Trump. ¿Qué pasará cuando imperen también en Bruselas?

Dejando de lado Francia, ya hemos comprobado en diversas comunidades autónomas españolas, especialmente en Valencia (a la espera del resultado extremeño), que Vox sabe imponer sus condiciones al PP. Hasta ahora, en ámbitos autonómicos, Vox ha preferido centrarse en los temas que le procuran mayor rédito electoral: el rechazo a los inmigrantes y la llamada “guerra cultural”, esa mezcla de nostalgia por un mundo pasado y nacionalismo rancio.

De llegar al gobierno, resulta esperable que Vox quiera y pueda imponer al PP al menos una parte de su programa en política internacional: supremacía del Derecho español sobre el comunitario, controles fronterizos, exigencia de unanimidad para cualquier decisión en Bruselas y abolición de los programas para moderar el cambio climático, entre otras medidas.

Más allá de lo que especifica su programa, Vox, como los partidos de Giorgia Meloni (entusiasta de las deportaciones) y Viktor Orbán, simpatizará de forma natural con cualquier iniciativa de Trump y Putin y privilegiará, como ellos, la ley del más fuerte.

Habrá que ver, si las cosas ocurren como vaticinan los sondeos, qué queda de la Unión Europea.

Unos cinco millones de españoles han roto relaciones familiares o de amistad en el último año por motivos políticos, el 14% de la población mayor de edad con derecho a voto, según un informe de la organización More in Common. La experiencia más generalizada entre los votantes de todos los colores son las discusiones sobre política en Nochebuena y Nochevieja: el 20% las presenció o participó en una las pasadas navidades, aunque la mayoría evita pronunciarse en su día a día para no discutir. El estudio muestra una sensación de división cada vez mayor entre la ciudadanía, con niveles de polarización por encima de otros países europeos como Alemania, Italia o Francia, y muestra que el asunto que más divide las opiniones de los votantes es la inmigración.

Los que más han cortado lazos este 2025 son los votantes de Podemos, indica este estudio, que también admiten ser los que más han abandonado grupos de Whatsapp y los que más han tenido discusiones fuertes por motivos políticos. Sin embargo, los datos dicen que los más intolerantes hacia las personas de otros signos políticos son los de derechas: en una escala del uno (sentimientos muy negativos) al siete (muy positivos) los simpatizantes de PP y Vox dan menos de un tres a los votantes de otros partidos, especialmente a los de formaciones nacionalistas como Bildu, la peor valorada por ambos.

Seguramente en las discusiones en la mesa que tengan lugar estas fiestas se pronunciarán algunos de los siguientes nombres: los políticos que más polarizan a la población según los encuestados son Santiago Abascal (39%) y Pedro Sánchez (35%), seguidos de Isabel Díaz Ayuso (19%) y Carles Puidgemont (17%). Pero hay una clara diferencia entre lo que piensan los votantes de derechas, que consideran a Sánchez mucho más polarizante que Abascal, y los de izquierdas, que ponen al líder de Vox y de la presidenta de la Comunidad de Madrid por encima del presidente del Gobierno.

Todos los encuestados valoran a los votantes de su mismo signo por encima del resto, de hecho, casi la mitad de los españoles reconocen relacionarse sobre todo con personas políticamente similares a ellos: el 48% dice que su círculo de amigos más cercanos tiene ideas parecidas o prácticamente idénticas a las suyas. Quienes tienen los grupos de amistades más cerrados son los de Vox, seis de cada diez afirman que su entorno más íntimo opina igual que ellos o son afines. En el otro lado del espectro, los votantes de Sumar tienen las amistades más diversas. Son los únicos que consideran que la mayoría de sus amigos tienen ideas “bastante variadas” o incluso “opuestas entre sí”.

Después de la Dana, creció la sensación de unidad (pero no duró)

Casi dos tercios de la población percibe que la sociedad española está “algo” o “muy” dividida, una proporción que apenas ha cambiado en los últimos años, con una excepción. Después de la Dana en la Comunidad Valenciana, se produjo un pico en la sensación de unidad: casi el 40% consideraba que la sociedad estaba “algo” o “muy” unida, sin embargo, para abril de 2025, este sentimiento volvía a caer llegando a valores alrededor de tan solo el 15%. Los votantes del PSOE son los más optimistas en este sentido, y también son los que más creen —por encima de la media total— que, a pesar de la polarización, nuestro sistema político es capaz de abordar los principales problemas del país.

Los encuestados creen que lo que más nos separa son las diferencias ideológicas. Para el 57%, la mayor división que existe en nuestra sociedad es entre “gente de izquierdas y gente de derechas”, seguida de las diferencias entre la clase política y la ciudadanía. Las diferencias entre ricos y pobres se consideran menos divisorias que estas dos y crece notablemente la sensación de discordia entre las distintas comunidades autónomas respecto al año 2022.

El estudio muestra un gran consenso entre los simpatizantes de todas las formaciones respecto a los servicios públicos. Desde Podemos y Sumar hasta Vox, todo el espectro político está de acuerdo —o bastante de acuerdo— con que la sanidad y la educación deberían ser principalmente públicos. Hasta el votante de extrema derecha se encuentra muy lejos de apoyar unos servicios principalmente privados. En el resto de asuntos por los que pregunta este estudio, como igualdad de género, redistribución de riqueza o cambio climático, el total de la población se posiciona más a la izquierda, salvo en uno: la inmigración.

La inmigración: donde la izquierda está más derechizada

Según este informe, el total de la población se muestra más bien adverso a la acogida de personas migrantes. Pero, además, los datos muestran que este tema es en el que los votantes de Podemos, Sumar y PSOE están más derechizados. Aunque están más cerca de aceptar acogerlos que de rechazarlos, este es punto en el que más se acercan a la equidistancia. Entre la opinión de que la inmigración “enriquece nuestra sociedad y nuestra economía” y la de que “amenaza nuestra cultura y nuestro bienestar”, la izquierda y en especial los socialistas, se sitúan casi en medio de las dos. Los votantes de Vox son, con diferencia, los que más la rechazan seguidos por los del PP.

Un día le ha durado a la presidenta de la Comunidad de Madrid la intención de tomarse en serio el escándalo del hospital de Torrejón gestionado por el grupo Ribera Salud. Isabel Díaz Ayuso ya ha activado el modo “tengo el pelo blanco”, consistente en desviar la atención de cualquier error o chanchullo que afecte al poder radicado en la Puerta de Sol. Tomarse en serio lo ocurrido sería admitir que su modelo de privatización de la sanidad y transferencia de dinero público a empresas privadas es una estafa a los ciudadanos madrileños, que ya baten récords nacionales en la contratación de seguros médicos privados. Cómo se lo va a tomar en serio si uno de los pilares de acción del Gobierno autonómico pasa por acabar con la sanidad mientras se asegura que la región tiene los mejores hospitales de España. No sería extraño que Ribera Salud acabara recibiendo un premio a la excelencia empresarial de manos del icono nacional de la libertad, esa mujer perseguida por los poderes del Estado, que dice el alcalde Almeida, la presidenta que sale triunfante de cualquier batalla, por sucia que sea. 

Mientras llega ese momento, Ayuso asegura que los audios del CEO del grupo sanitario “están sacados de contexto” y son “conversaciones privadas” que reflejan “rencillas entre directivos”. Imagino a un exministro y su exasesor aplaudiendo desde su celda en Soto del Real, tomando apuntes para su futura defensa o para escribir un tuit en el nombre de Ábalos. Un audio solo es un audio y el contexto es el contexto. Si estuviéramos en Valencia, Ayuso hubiera dicho: “tranquilos che, que todo va cojonudo”. Ayuso es castiza y prefiere repetir su palabra favorita, “libertad”, que encuentra el sentido que siempre tuvo en boca del ayusismo: libertad para que los demás te paguen la fiesta y, si puede ser, el ático. Libertad para que a algunos no les toquen los privilegios ni la cuenta de resultados. Libertad para escoger el hospital en el que te van a poner en lista de espera hasta que el cuerpo aguante. 

En el mismo acto de celebración de la Constitución en el que Ayuso ha explicado pacientemente al vulgo qué es una “rencilla de directivos”, algo demasiado complicado para el madrileño medio que paga una habitación a precio de Huevo Fabergé, estaba Alberto Núñez Feijóo. El líder de la oposición ha anunciado que su partido ya ha pasado página de los hechos ocurridos el día de la dana (qué cosa tan molesta ha debido de ser para él que lleven un año dándole la murga con las víctimas y las mentiras de Carlos Mazón), antes de ofrecernos una nueva interpretación de la ristra de trolas con la que nos ha obsequiado el expresident: “Mazón ha dicho aquello que considera que es verdad”. Acabáramos. Ni Steve Bannon cuando se inventó lo de posverdad. 

Dado ya carpetazo definitivo a la dana y el suculento negocio de las colaboraciones público-privadas, el Partido Popular volverá el lunes a su programación habitual. Ayuso a ETA y la dictadura sanchista y Feijóo a los “guarros” del PSOE. No se puede negar que nos dan espectáculo mientras nos roban la bolsa y a veces también la vida. Y los ciudadanos preocupados por si en Urgencias te califican de paciente leve aunque estés con un pie en el otro barrio. Como diría cualquier directivo de la sanidad privada: ¿es que en este país ya nadie piensa en el EBITDA?