La comisión parlamentaria creada en la Junta General del Principado de Asturias para investigar si hubo alguna negligencia política o administrativa que derivó en el accidente mortal registrado en la mina de Zarréu, en el concejo de Degaña, el pasado 31 de marzo de 2025, que costó la vida a cinco trabajadores, ha apreciado la existencia de responsabilidad en siete personas, de las que cuatro de ellas estuvieron al frente de la Consejería de Industria durante las etapas de gobierno socialista.

El dictamen de la Comisión de Investigación señala como responsables políticos a Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón/Xixón, y Belarmina Díaz, quien estaba al frente de Industria en el momento del siniestro y dimitió del cargo apenas 15 días después del accidente mortal. Para los tres exconsejeros, que han formado parte de una de las carteras con mayor peso en el Consejo de Gobierno del actual presidente del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbon, piden su reprobación.

Otras cuatro personas cuestionadas

La presidenta de la comisión y diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha presentado este martes el dictamen provisional donde se apunta igualmente a la responsabilidad en la que han podido incurrir otras cuatro personas.

Se trata de Isaac Pola, quien fue consejero de Industria durante la etapa del presidente del Principado Javier Fernández y posteriormente 'rescatado' por Adrián Barbón como viceconsejero de Industria y director general de Minas y otros tres altos funcionarios del Servicio de Minas, para quien también se solicita la reprobación.

El papel de los altos funcionarios

Los diputados y diputadas de los grupos con representación parlamentaria que participan en esta comisión de investigación han cuestionado la forma de actuar de estos tres altos funcionarios: los jefes de servicio Santiago Berjano y Alberto Quirino y el asesor jurídico Gonzalo Martín Morales, a este último se le identifica como la persona que estableció el argumentario jurídico para establecer la figura del Proyecto de Investigación Complementario (PIC) ahora en entredicho.

A Santiago Berjano se le atribuye la validación de las actas de inspección sin cuestionar la metodología; a Alberto Quirino por realizar inspecciones en las que no se percató de la existencia de indicios de actividad extractiva ilegal y a Gonzalo Martín Morales como “promotor intelectual y tutelador” de los PIC, figura no regulada por la Ley de Minas.

Las actuaciones

¿En qué consistían las actuaciones que ponen en entredicho sus señorías?. A esta pregunta sigue la siguiente respuesta: los integrantes de la comisión achacan a los tres exconsejeros que no hubieran extremado el celo en las medidas de vigilancia. Así, estiman que han mantenido una estructura organizativa y de inspección “insuficiente” para el adecuado control de actividades mineras y no haber llevado a cabo una supervisión política reforzada sobre el expediente de la mina de Zarréu donde ya se había producido con anterioridad un accidente mortal.

Una de las personas que sale peor paradas en esta investigación que se ha llevado a cabo es, según el dictamen provisional, Belarmina Díaz, que con anterioridad a su cargo como consejera había estado al frente de la Dirección General de Minas entre los años 2017 y 2019.

La consejera que dimitió tras el siniestro

El mismo día del accidente, la entonces consejera se personó en la mina de Zarréu para conocer de primera mano la situación, pero apenas 15 días más tarde presentaba su dimisión en una sesión plenaria en el parlamento asturiano.

La comisión de investigación cuestiona en su dictamen que Belarmina Díaz autorizase y firmase cuatro autorizaciones a pesar de que dos de ellas eran “materialmente incompatibles entre sí” y que permitieron la continuidad de actuaciones extractivas en un contexto de cierre.

En el dictamen provisional también se la considera responsable de haber otorgado transmisiones mineras “sin que conste una comprobación suficientemente rigurosa y reforzada”, de no haber activado mecanismo extraordinarios de control y de haber contribuido “por acción u omisión” a consolidar la figura de los PIC.

“El accidente pudo haberse evitado”

La presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, asevera que las siete personas a las que ha puesto nombre, apellidos y cargos como supuestos responsables políticos y administrativos deben ser cesados.

El borrador incide en que el accidente se podría haberse evitado porque había una “absoluta incompatibilidad” entre el proyecto de cierre de la mina que se firmó en 2019 y el posterior proyecto de restauración autorizado dos años después, con el proyecto de investigación complementaria autorizado en 2024 “que pretende utilizar de manera torticera una actividad extractiva que estaba totalmente prohibida”.

Para la presidenta de la comisión, aunque la responsabilidad primera corresponde a quienes ordenaron la extracción clandestina de carbón, también existen responsabilidades administrativas “inequívocas” porque se dieron autorizaciones sin suficientes controles, se aprobaron figuras jurídicas “sin cobertura normativa”, como los proyectos de investigación complementaria (PIC), se avisaba a las empresas de las inspecciones y además no se ejecutaba expedientes sancionadores.

Una cadena de errores

Un año después del accidente que costó la vida a los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez por una explosión de grisú, la comisión considera sin lugar a dudas que este suceso se produjo como consecuencia de una cadena de decisiones administrativas deficientes, omisiones de control y una extracción clandestina, deliberada y duradera que “se pudo y se debió detectar y prevenir”.

Además, ha avanzado que hay responsabilidades institucionales de la administración del Principado ya que en el cambio de titularidad de la mina entre Combayl y Blue Solving, sociedades del mismo entramado familiar del empresario Jesús Rodríguez Morán, conocido como 'Chus Mirantes' -actualmente imputado por vía penal- “no se exigió o verificó la solvencia técnica y económica de las empresas”.

Los incumplimientos

“La administración incumplió su función de control de acceso al dominio público minero”, lo que constituye una infracción del deber legal de diligencia, señala el borrador, en el que también advierte de que la administración no activó el proceso sancionador derivado del hecho de que Blue Solving no hubiese presentado la garantía financiera a la que estaba obligada.

Además, según recoge la agencia Efe, cuestiona el uso dado a los PIC , “figura que no tiene definición ni regulación expresa en la normativa de minas” y que se hubiese otorgado uno a la mina situada en el concejo de Degaña “en abierta incompatibilidad” con resoluciones anteriores que decretaban el cierre de la explotación.

Otras anomalías

Alude además a la existencia de incoherencias sistémicas en la gestión de autorizaciones mineras, a la existencia de deficiencias estructurales en el sistema de inspecciones, y al incumplimiento de la ordenación documental de expedientes administrativos.

Covadonga Tomé ha asegurado que la comisión recibió 1.339 ficheros que no responden a la definición de expediente administrativo y que la falta de orden, numeración y coherencia documental aportada desde el Principado dificultó “gravemente” el trabajo de los parlamentarios.

Las recomendaciones

Entre las recomendaciones que hace, a corto plazo, plantea una moratoria total sobre los PIC y la revisión de oficio de todos los que estén actualmente en vigor, iniciar un procedimiento sancionador a Blue Solving por no haber presentado la garantía financiera de 3,1 millones que se le exigía e iniciar el procedimiento para la declaración de caducidad de la concesión minera que tiene.

También requiere la reorganización y digitalización ordenada de todos los expedientes administrativos relacionados con la mina de Zarréu, recomienda que desde el Principado se anticipen las indemnizaciones a las víctimas y familiares, a cuenta de las que puedan obtener de procedimientos judiciales, y plantea que el dictamen final se remita al Ministerio Fiscal por si de él pueden derivarse responsabilidades penales.

A más largo plazo recomienda implantar un sistema de inspecciones sorpresa y planificadas, elaborar un plan de inspección anual, cruzar los datos operativos con registros portuarios y lavaderos de carbón, revisar la relación de puestos de trabajo del Servicio de Minas, mejorar la coordinación entre los agentes de Medio Natural y la Inspección Minera, desarrollar una normativa minera autonómica y mejorar la rendición de cuentas en el sector minero. 

La propuesta de dictamen

A continuación reproducimos la propuesta de dictamen de la Comisión de Investigación sobre el accidente en la mina registrado el 31 de marzo de 2025 en el que murieron cinco mineros y otros cuatro trabajadores resultaron heridos.

La propuesta de dictamen ya ha sido trasladada al resto de grupos parlamentarios, que a partir de ahora ahora podrán presentar sus aportaciones durante los próximos diez días antes de que éste sea objeto de negociación y pase a ser definitivo en el plazo aproximado de un mes.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asegurado hoy que si el PP y Vox quieren que caiga su Gobierno progresista no es solo porque saben que garantiza el estado del bienestar o lucha por acabar con las listas de espera sin privatizar, sino que porque nunca han querido saber la verdad en torno al accidente minero que costó la vida a cinco trabajadores en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña.

“Nos quieren fuera porque ustedes nunca quisieron saber la verdad”, ha afirmado el presidente asturiano después de que los portavoces del PP, Álvaro Queipo, y Vox, Carolina López, hayan pedido su dimisión en el pleno que se celebra este miércoles en la Junta General del Principado.

El accidente minero y los fallos

Ambos lo han hecho al preguntarle sobre si piensa adoptar responsabilidades políticas por los fallos que la Inspección General de Servicios ha detectado en el Servicio de Minas a raíz de que Barbón encargase un informe sobre su funcionamiento tras el accidente registrado el 31 de marzo del pasado año.

Barbón ha recordado que la de hoy es la cuarta petición de dimisión que le traslada Vox, y la tercera que plantea el PP, formaciones a las que en tono irónico ha animado a que sigan haciéndolo en el año que aún resta de legislatura, aunque también ha advertido de que cuando se pide tantas veces pierde valor.

Barbón: “Les sobro yo”

“Yo sé que su única obsesión es que caiga el gobierno progresista. Les sobro yo y el gobierno en su conjunto porque saben que garantizamos el estado de bienestar, una política de vivienda distinta a la suya (...) y luchamos para acabar con las listas de espera sin privatizar”, ha asegurado Barbón, para quien la derecha “habla de dimisiones cuando quiere decir elecciones, que es lo único que les obsesiona y preocupa”.

La estructura administrativa

Para Barbón, lo que le diferencia del presidente del PP de Asturias es que, mientras él quiere “saber la verdad y llegar hasta el final” sobre el accidente de la mina de Zarréu, a Queipo “solo le interesa el juego partidista y electoral, y eso la sociedad asturiana lo está viendo”.

A la portavoz de Vox también le ha dicho que tiene todo el derecho del mundo a pedir su dimisión por considerarle responsable por el funcionamiento del Servicio de Minas, pero le ha recordado que en la administración asturiana hay casi 900 departamentos: 182 servicios, 346 secciones y 364 negociados.

Responsabilidad política

Sobre la asunción de responsabilidades políticas, Barbón ha insistido en que su gobierno va a “llegar hasta el final” pero que si ahora hay “una clara, que no ofrece duda es la de la empresa (Blue Solving) haciendo lo que no tenía autorización laboral, extrayendo carbón en unas condiciones propias del siglo XIX”.

Ha añadido que, si hoy se debate “de forma incontestable” sobre el informe de la Inspección General de Servicios fue porque él tomó esa decisión para poder saber la verdad y se ha mostrado convencido de que si hubiese gobernado el PP, dicho documento “no hubiese salido jamás”.

Las responsabilidades

Barbón, que ha acusado a la derecha de “utilizar el dolor de la familia minera para hacer política”, ha incidido en que su gobierno ha asumido responsabilidades al hacer suyas las recomendaciones del informe y que ha ido aún más allá al decidir recuperar el Servicio de Seguridad Minera o paralizar los planes de información complementaria (PIC) hasta que no cuenten con una regulación específica.

El presidente ha aprovechado para afirmar que, aunque PP, Vox y Foro “hacen ahora un drama” por la supresión del Servicio de Seguridad, cuando se llevó a cabo en 2019 no dijeron ni una palabra.

Los avisos de inspección

Para Barbón, no puede hablarse tampoco de causalidad entre el accidente en la mina y el hecho de que se suprimiese dicho Servicio de Seguridad porque también en Aragón, Castilla y León o Andalucía hay un solo departamento de minas cuando tienen más actividad extractiva que Asturias.

Asimismo, ha señalado que en Asturias se ha procedido a avisar a las explotaciones mineras de la realización de inspecciones “toda la vida”, incluida la etapa de Gobierno del PP y que el mismo sistema se utiliza en comunidades como Andalucía.

No es un cortafuegos

“Éste es el informe que demuestra que estamos dispuestos a asumirlas”, ha afirmado tras rechazar que lo esté utilizando como cortafuegos y afirmar que, por ahora, es la primera “aportación sólida y definitiva” que permite “analizar sin ningún género de dudas lo que ocurría en el Servicio de Minas”.

Ha insistido en que nunca va a mirar hacia otro lado ante accidentes así, que nunca va a dejar de tomar medidas para que no vuelva a ocurrir algo así y que nunca va a ocultar a los verdaderos responsables “como ustedes (la derecha) estén empeñados en hacer o suavizar”.

Barbón se refería así al hecho de que el portavoz popular se hubiese referido a los dueños de la mina como desaprensivos “cuando se trata de cuatro investigados por homicidio”. 

La vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, ha defendido este martes las políticas de preservación de la costa aplicadas por los sucesivos ejecutivos socialistas que han convertido al litoral de la región en el mejor conservado de España y en uno de los atractivos turísticos del Principado frente a la “barra libre” que plantea el PP en las comunidades que gestiona.

Si la costa asturiana está bien conservada es gracias al corto periodo de gobierno de la derecha “que no le dio tiempo a estropearla”, ha señalado Llamedo en su respuesta en el pleno de la Junta General a una pregunta sobre su intención de “aniquilar” los chiringuitos de la diputada del PP Sandra Camino, que ha acusado a la izquierda de actuar con un caballo de Atila que hace que no crezca la hierba cuando pasa.

La amenaza

Según Camino, el decreto para ordenar los servicios de la costa elaborado por el Gobierno debería haberse negociado antes con los hosteleros, los agentes turísticos y los ayuntamientos dado que endurecer las condiciones y reducir la superficie supone una amenaza directa para la viabilidad de esas empresas y ha lamentado el comportamiento “necio y terco” del Principado que lo lleva “a empezar la casa por el tejado”.

La parlamentaria popular ha cuestionado que la limitación de los plazos de apertura que plantea el decreto case con la voluntad del Gobierno de desestacionalizar el turismo en Asturias y ha pedido al Ejecutivo que aclare si piensa ceder “trasteros” a los empresarios para que guarden los chiringuitos dado que la normativa obligaría a desmontarlos al final de la temporada.

Sostenibilidad

En su respuesta, Llamedo ha reiterado que el decreto está sometido a información pública, ha recibido alegaciones y se está en conversaciones con el sector antes de aprobar una normativa que defiende la sostenibilidad al establecer horarios y reducir el ruido que generan los chiringuitos.

Según el Gobierno, la obligación del desmontaje de las instalaciones de temporada ya está recogida tanto en la normativa autonómica vigente y en la legislación estatal de costas y, frente a las acusaciones del PP, el decreto amplía la temporada aunque sí elimina la excepcionalidad que se venía utilizando de forma arbitraria e inadecuada para, previa justificación, mantener determinados servicios fuera de las fechas autorizadas. 

PSOE, IU-Convocatoria por Asturias y la diputada Covadonga Tomé han rechazado este lunes reactivar la comisión parlamentaria que investiga el accidente que costó la vida a cinco trabajadores en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, por lo que continuará con la elaboración del dictamen, que está listo para finales de mayo.

El PP había planteado la posibilidad de recabar nuevas comparecencias e información después de que la semana pasada se hiciese público el informe de la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas, planteamiento que contaba con el apoyo de Vox y del diputado de Foro, Adrián Pumares.

Un acuerdo “salomónico”

La presidenta de la comisión, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, planteó inicialmente la posibilidad de llegar a un “acuerdo salomónico” para que, sin necesidad de reactivar la comisión y programar nuevas comparecencias, se pudiese recabar solo nueva información, si bien finalmente esta propuesta no tuvo encaje.

Según Tomé, “no parece demasiado oportuno que comparezcan personas que ya lo hicieron o personas que firman un informe de 318 páginas que todo lo que tenían que decir ya lo dijeron por escrito” y que se dilaten los plazos marcados para el dictamen de la comisión, cuyo borrador piensa tener listo la última semana de este mes.

Tras señalar que, en su opinión, se está enconando el ambiente político, Tomé ha dicho que lo que tiene que hacer la comisión es “ser absolutamente rigurosa, hacer un trabajo impecable, ser objetiva en las conclusiones y lo suficientemente contundente” sin entrar en el juego de ver cuánto rendimiento político pueden sacar unos u otros porque las familias de los fallecidos “no tienen por qué soportar este juego político”.

“Salvar al soldado Barbón”

PP y Foro han coincidido en sus críticas al presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, por la forma de llevar este asunto ya que, en su opinión, quiere eludir responsabilidades y “se está dedicando a salvar al soldado Barbón”, en palabras del diputado popular Rafael Alonso, mientras que el diputado de Foro, Adrián Pumares, ha afirmado que hoy “la izquierda ha actuado en su labor de salvar al soldado Barbón”.

Según Alonso, hay datos del informe de la IGS que son desconocidos, sigue sin saberse quién fue el autor material de la orden de supresión del Servicio de Seguridad Minera, por qué no se atendieron las demandas de incremento de personal o por qué se cambió la calificación del accidente que costó la vida a un trabajador de Cerredo en 2022 para que no fuese calificado como “muy grave”, quién dio esa orden y por qué se adoptó.

“La izquierda quiere dar carpetazo cuanto antes a esta comisión y no tener que sufrir más por las noticias que vamos conociendo”, ha añadido Alonso que considera “muy curioso” que el Gobierno trate ahora de culpar a la oposición cuando no tiene capacidad ejecutiva y es responsabilidad es de quien decidió suprimir el servicio de seguridad minera y de quien oculta información .

Limitar las responsabilidades

En su opinión, Barbón se ha dedicado la última semana a “limitar las responsabilidades para que no le alcancen a él” con una serie de declaraciones que reflejan su “nerviosismo”.

El diputado de Vox, Gonzalo Centeno, ha denunciado el “rodillo parlamentario” que ha evitado hoy que la comisión recabase “información relevante” que no ha sido adjuntada en el informe de la IGS remitido por el Gobierno y que, en su opinión es “imprescindible”.

En su opinión, ahora la pregunta es por qué no se han incluido los anexos y la documentación complementaria al informe de la IGS y quién ha dado la orden de remitir un “expediente capado a medias”.

Un informe “mutilado”

Para el diputado de Foro, Adrián Pumares, “Barbón no quiere que se conozcan los anexos” y por eso envió a la comisión “un informe mutilado” que, además, tuvo “casi un mes secuestrado”.

Ahora, ha añadido, se opone a que la comisión conozca el informe completo y a que, por ejemplo, pueda comparecer el empresario de la mina, Chus Mirantes, y que, una vez levantado el secreto de sumario, dé la cara en sede parlamentaria.

Un año de trabajo

Esta comisión recabó entre julio del pasado año y el mes de febrero el testimonio de más de 70 comparecientes, entre ellos técnicos e inspectores del Servicio de Minas, brigadistas de Salvamento, agentes de medio rural, exconsejeros de Industria y cargos políticos del gobierno asturiano, alcaldes y varios empresarios mineros, aunque la mayoría de estos últimos no respondió a las preguntas.

El borrador del dictamen que está elaborando Tomé estará listo para finales de este mes y el definitivo para finales de mayo, una vez debatidas y sometidas a votación las alegaciones que presenten el resto de grupos parlamentarios.

Las causas del accidente

La comisión parlamentaria constituida el 15 de mayo en la Junta General del Principado a propuesta del PP y Foro, y apoyada por Vox y Tomé, es una de las vías abiertas para tratar de esclarecer las causas del accidente en el que fallecieron los cinco mineros, todos ellos leoneses.

La explosión registrada en el nivel tercero de la mina de Zarréu se produjo por la acumulación de grisú en un punto en el que, al parecer, se estaba extrayendo carbón de forma ilegal ya que la empresa titular, Blue Solving, solo disponía de un permiso para retirar maquinaria y material para chatarra, así como los acopios de carbón que pudiera haber en el interior de la explotación, cerrada desde 2018.

La elección del director general de la Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA), cargo vacante desde principios de año, ha abierto un nuevo frente entre los socios de gobierno, PSOE e IU, y ha suscitado críticas por parte del resto de grupos parlamentarios por las formas en las que se está planteando.

Tras filtrarse que el Grupo Socialista tiene previsto proponer como candidato a Daniel Forcada, periodista navarro de 42 años que ha trabajado en TeleMadrid y Televisión Española, entre otros medios, el portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha trasladado su malestar.

Una filtración

“El grupo socialista no ha contado con nosotros para este candidato. Esperamos que en los próximos días haya una negociación seria, pero es una lástima que el proceso se inicie con una filtración y sin una negociación previa”, ha señalado Vegas tras reunirse la junta de portavoces del parlamento autonómico.

Ha añadido que el perfil propuesto por los socialistas “no es el que más gracia” les hace porque no tiene experiencia de gestión y no es asturiano, y que, en cualquier caso, antes de hablar de personas para ocupar el puesto, hay que hablar de qué modelo se pretende aplicar en la RTPA.

El PP: “Es un escándalo”

Para el portavoz del PP, Luis Venta, el modo en el que se está llevando la designación de este cargo “es un escándalo en el fondo y en las formas” y refleja que el PSOE y el presidente Adrián Barbón “han vuelto a perder la oportunidad de buscar un mínimo consenso con los grupos parlamentarios.

En su opinión, es una “tomadura de pelo” y una falta de respeto institucional que se haya filtrado el nombre del candidato socialista antes de que se aprobasen las normas para proceder a la elección.

El “oscurantismo”

“El PSOE claramente quiere colonizar la RTPA”, ha señalado Venta antes de incidir en que este ente no es del Gobierno, sino de los asturianos y que debe tener garantizada la “neutralidad, pluralidad, independencia y el servicio público”.

Según Venta, “hay dudas razonables sobre la imparcialidad del candidato”, así como “oscurantismo y falta de transparencia” por parte de los socialistas.

Reacciones

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha cuestionado el modelo que se sigue para la elección del director de este ente público y ha abogado por un proceso “abierto y público” que permita designar a profesionales “intachables periodísticamente” porque la RTPA “no puede ser un ente político en manos de unos y otros”.

Para el diputado de Foro Adrián Pumares, “las formas dejan muchísimo que desear”, pero en cualquier caso, el director de la RTPA debe ser una persona con vínculos con Asturias y que tenga sensibilidad hacia el asturianismo.

Por otro lado, Iniciativa pol Asturianu ha exigido, a través de un comunicado, que la nueva dirección de la RTPA cuente con una persona de reconocida sensibilidad con la lengua asturiana.

Aprobación en la Junta

La Junta de Portavoces de la Junta General del Principado ha acordado este miércoles el calendario y las normas para cubrir el puesto de director de la RTPA, vacante desde principios de año tras presentar su renuncia Francisco Orejas, para acogerse a la jubilación.

Los grupos tendrán de plazo hasta el 22 de abril para presentar a sus candidatos y estos comparecerán ante el parlamento el 4 de mayo, mientras que el pleno de la Junta en el que tendrá lugar la votación para su designación se llevará a cabo el 12 de mayo y, en caso de no contar con la mayoría suficiente de apoyos, se llevará a cabo una nueva votación al día siguiente.

El nombramiento del director de la RTPA debe aprobarse por mayoría cualificada de la Junta General -30 de los 45 diputados- y, si no se alcanza ese respaldo, por mayoría absoluta (23 diputados).

La ley autonómica de Protección del Menor de Asturias ya ha superado las tres décadas de vida y, ante su obsolescencia, el Principado ya avanza en la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia que blinda la condición de los menores y adolescentes como titulares de derechos.

Entre las principales novedades que introduce esta nueva norma que, este lunes se ha detallado en la Junta General del Principado, figura la posibilidad que abre a los adolescentes, a partir de los 16 años cumplidos, para participar en la vida política asturiana a través de las iniciativas legislativas populares.

Igualdad de oportunidades

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, y la directora general de Infancia y Familias, Clara Sierra, han comparecido este lunes en la Junta General para detallar el contenido de la nueva normativa que sustituirá a la actual y con la que la comunidad autónoma no se limita a ver a los menores y adolescentes únicamente como sujetos susceptibles de protección.

Esta nueva ley busca acompañar en la crianza, combatir la pobreza y la violencia e impulsar la igualdad de oportunidades desde los primeros años de vida: “Es una norma abierta, con clara vocación de ejercicio de derechos, de prevención y de protección”, ha defendido Marta del Arco.

Protección integral y garantista

El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 26 de enero el proyecto que ahora se debate en el parlamento y que consolida un sistema de protección integral y garantista para niños y niñas.

Entre otros, se citan los derechos de igualdad, educación, expresión, libertad de información, libertad ideológica, asociación y reunión, participación ciudadana, así como el derecho a la cultura, el ocio y el deporte.

Mejorar la calidad de vida

La norma obliga a incorporar en todas las iniciativas legislativas un informe de impacto en la infancia y la adolescencia. También plantea la obligación de elaborar cada diez años un plan estratégico de atención a estos colectivos en el que se definirán las políticas públicas para mejorar su calidad de vida.

El Principado asegura que con esta nueva norma se armonizará la legislación autonómica con la estatal, al tiempo que se reorganizará el sistema de protección y se crearán nuevos órganos de participación infantil.

Todas las iniciativas legislativas deberán incluir un informe de impacto en la infancia y la adolescencia

Una consulta a menores y jóvenes

“La elaboración de la ley se inició con una consulta a niños, niñas y adolescentes en los foros de participación municipales, los centros de protección de menores, los centros escolares y las asociaciones juveniles. Por tanto, es una ley para niños, niñas y adolescentes que cuenta con ellos y ellas”, ha precisado la consejera durante su intervención en la comisión celebrada esta mañana en sede parlamentaria.

La titular de Derechos Sociales ha avanzado que como principios rectores del proyecto figuran el interés superior de los menores, la consideración de la familia como el entorno más adecuado para su desarrollo, el fomento del buen trato, las perspectivas de género y discapacidad para el diseño de cualquier medida orientada a la infancia y adolescencia, la coordinación entre administraciones, la planificación y la confidencialidad.

La participación en política

Entre otras novedades, las personas con 16 años cumplidos podrán participar en la vida política del Principado a través de las iniciativas legislativas populares. Además, la norma plantea la creación del Consejo Autonómico de Participación de la Infancia y Adolescencia y de los Consejos Municipales de Participación como órganos de consulta y colaboración.

Para garantizar una adecuada intervención ante situaciones de desprotección de menores, el texto fortalece la colaboración entre los servicios sociales, el sistema sanitario y la comunidad educativa, así como entre el Principado y los ayuntamientos.

La regulación

Igualmente, fija los cauces de cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad, las familias acogedoras y los medios de comunicación.

El texto mantiene el carácter prioritario de las medidas de prevención y desarrolla de forma más específica los capítulos que las regulan en ámbitos como el familiar, el sanitario o el educativo.

Los procedimientos

Asimismo, recoge de forma pormenorizada los plazos y procedimientos de riesgo, desamparo, guarda y tutela.

Respecto al acogimiento familiar, ordena las compensaciones económicas e incorpora otra novedad: la familia extensa y las personas allegadas recibirán formación específica para que puedan ofrecer la mejor atención a los menores.

La norma regula, en relación con el acogimiento residencial, los programas de preparación para la vida independiente desde los 15 años, así como los de transición a la vida adulta y los apoyos tras la mayoría de edad.

El Servicio de Minas del Principado pudo utilizar la figura del Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) para autorizar la extracción de carbón y eludir así la aplicación del cierre de la minería no competitiva y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Ambas normas exigen la devolución de las ayudas estatales percibidas “como requisito ineludible para autorizar explotación en minas sometidas a cierre”, según recoge el informe que la Inspección General de Servicios del Principado ha elaborado a raíz del accidente registrado hace ahora un año en la mina de Zarréu, en el que murieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos.

Actividad “clandestina”

El Gobierno asturiano encargó el informe tras la explosión registrada el 31 de marzo del pasado año. Ese día, los mineros se encontraban en el nivel tercero de la explotación realizando labores de extracción de mineral.

Según el informe emitido hace un par de semanas por el Servicio de Minas del Principado, en esta mina, la empresa titular de los derechos de explotación, Blue Solving, llevaba a cabo una actividad “clandestina”, no estaba autorizada para la extracción de carbón, se incumplían medidas de seguridad y organización de los trabajos, y no había un sistema adecuado de ventilación de las galerías.

Sin plan de labores

Blue Solving tenía autorizada la extracción de materiales achatarrable y acopios de carbón y había solicitado un PIC que le permitía extraer hasta 60.000 toneladas de carbón no térmico, si bien el Principado mantiene que nunca llegó a estar operativo porque la empresa no llegó a presentar un plan de labores, como era preceptivo.

El informe elaborado ahora por la Inspección de Servicios, y dado a conocer este lunes por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, también señala que los PIC no tienen una regulación explícita en la normativa minera, que en el Principado no contaba con planes anuales de inspecciones de minas, y que hay margen de mejora en la planificación de esas visitas y en los expedientes sancionadores. 

Reducción de personal

En este documento se reconoce que la gestión minera se desarrolla en un contexto de complejidad normativa, dado que no se ha actualizado en décadas y no fija criterios homogéneos, y que ha habido una reducción de personal en el Servicio de Minas, pese a que ha asumido competencias en materia de restauración ambiental y transición energética.

También advierte de que hay margen de mejora en las transmisión de derechos y concesiones mineras de explotaciones en proceso de cierre y abandono, así como en la definición de los criterios objetivos de solvencia técnica y económica a la hora de dar autorizaciones.

Según el consejero, también se hace referencia a la falta de comunicación con el Instituto de Transición Justa (ITJ) a la hora de conceder autorizaciones a explotaciones susceptibles de cierre, situación en la que se encontraba la mina de Zarréu, que además cambió varias veces de empresa titular de los derechos de explotación.

Falta de seguridad

El accidente registrado en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, en el que murieron los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez y otros cuatro compañeros resultaron heridos hace ahora un año, puso de manifiesto la falta de seguridad con la que trabajaban los mineros y el descontrol con el que la administración regulaba la actividad empresarial. Unas irregularidades a las que ahora se quiere poner coto para que acudir al puesto de trabajo no se pague con la vida.

En este objetivo se ha implicado el Gobierno de Asturias que ha anunciado su intención de acoger las recomendaciones de la Inspección de Servicios vinculadas a la necesidad de establecer una normativa para regular las inspecciones y el desarrollo de aplicaciones informáticas que contribuyan a la mejora de la gestión.

Once recomendaciones

El Consejo de Gobierno se reúne habitualmente los lunes y, a su término, es tradicional que haya una comparecencia bien del portavoz o de algunos de los integrantes del Ejecutivo autonómico ante los medios de comunicación para exponer los temas que han sido debatidos y aprobados. Y en la jornada de hoy se ha analizado con profusión el informe de la Inspección de Servicios donde se plantean once recomendaciones, entre otras, para mejorar la seguridad en el sector.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, han informado al Consejo de Gobierno sobre el contenido del informe, así como de las actuaciones en las que ya trabaja la Dirección General de Energía y Minería.

Llegar “hasta el final”

Los consejeros han anunciado que el documento será enviado a la Fiscalía y a la comisión parlamentaria de investigación de la Junta General del Principado que estos días venían reclamando su contenido.

Gimena Llamedo ha recordado que el presidente, Adrián Barbón, se comprometió a llegar “hasta el final” para aclarar las causas del accidente minero e intentar que hechos así no vuelvan a ocurrir.

“Él mismo fue quien tomó la iniciativa de encargar el informe a la Inspección de Servicios”, ha recalcado la vicepresidenta que asegura que con hechos como éste se demuestra que su compromiso con la seguridad y la familia minera es “absoluto”.

Actuar con transparencia

Por su parte, Borja Sánchez ha reconocido que el mandato del presidente asturiano para “llegar hasta el final con todas las consecuencias” se está cumpliendo.

“Tanto el informe como las medidas que pondremos en marcha responden a ese propósito. Vamos a continuar tomando decisiones y actuando con toda transparencia para mejorar la seguridad jurídica, administrativa y, también, de los propios trabajadores”, ha incidido.

Sin hablar de depurar responsabilidades

Sánchez además ha señalado que a raíz de este informe se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía un contrato que había entre Blue Solving y la anterior titular de la mina, Combayl, que tuvo lugar pocos días después de la transmisión de los derechos mineros entre ambas compañías, que formaban parte del mismo entramado familiar, que hacía referencia a la realización de todo tipo de trabajos de extracción de carbón.

El consejero ha evitado hablar de si a raíz de este informe se van a depurar responsabilidades y se ha limitado a señalar que el hecho de haber elaborado este informe ya es, en sí mismo, una muestra de responsabilidad política.

Asimismo, ha incidido en que la figura del PIC “es perfectamente legal”, aunque haya que “regular y clarificar su régimen jurídico” para que tenga que estar sometido siempre a tramitación ambiental y deba ser consultado con el ITJ para determinar si hay que devolver las ayudas estatales recibidas en el proceso de cierre.

La hoja de ruta

Así, la hoja de ruta que plantea la Consejería de Ciencia incluye diversas actuaciones para reforzar la seguridad jurídica, la transparencia y la objetividad en la tramitación administrativa.

En materia de inspección minera, se avanzará hacia una planificación más estructurada, mediante la elaboración de un Programa de Inspección Minera del Principado de Asturias (PIMPA) y el desarrollo de instrucciones que regulen de forma más precisa la realización de las inspecciones.

Herramientas digitales

Estas medidas estarán acompañadas de la incorporación de herramientas digitales, en coordinación con la Dirección General de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, que permitan mejorar “la eficacia, la trazabilidad y las garantías de los procedimientos”.

El objetivo es contar con aplicaciones informáticas que incorporen, por ejemplo, una hoja de verificación (chek-list) para las inspecciones mineras, o que faciliten la gestión de los planes de labores, accidentes laborales y el catastro minero.

Cambios normativos

El Principado trabajará en la elaboración de una disposición reglamentaria para ordenar el procedimiento de autorización de transmisiones de derechos mineros y se analizará la regulación de figuras como los proyectos de investigación complementaria (PIC) para dotarlos de mayor claridad o, en su caso, valorar su reformulación.

Por lo que respecta a la organización del Servicio General de Minas, las posibles modificaciones en la estructura de recursos humanos se analizarán “de forma integral” y se estudiará si son necesarios refuerzos en puestos de gestión o en personal de inspección. Asimismo, desde la Consejería de Ciencia se colaborará con la fiscalía en todos los procedimientos abiertos.

El cumplimiento de la legalidad

El Gobierno de Asturias ha querido dejar claro su compromiso con la transparencia, la mejora continua y el cumplimiento estricto de la legalidad.

“En este sentido, asumirá las recomendaciones, algunas de las cuales ya se están aplicando en la práctica”, explica el Ejecutivo autonómico.

Su objetivo es avanzar hacia un modelo de gestión minera “más moderno, eficiente y garantista”, alineado con los retos de la transición energética y la protección del medio ambiente, y reitera que siempre lo hará “en defensa del interés general”.

Las críticas de Tomé

La diputada del Grupo Mixto, portavoz de Somos Asturies y presidenta de la comisión de investigación por el siniestro de la mina de Degaña, Covadonga Tomé, calificó esta mañana de “impresentable” la comparecencia pública del Gobierno de Asturies para valorar el informe de la Inspección sobre el siniestro laboral “sin remitirlo antes a la Comisión de Investigación”.

Tomé hizo estas declaraciones tras la rueda de prensa ofrecida por la vicepresidenta Gimena Llamedo y el Consejero de Ciencia, Borja Sánchez, para dar cuenta de los acuerdos de Consejo de Gobierno. Después de esta comparecencia pública, más allá del mediodía, la Comisión de Investigación seguía sin recibir el documento.

“En la forma resulta impresentable -comentó Tomé- y, en el fondo, se trata de un documento de más de 300 páginas que exige una lectura detallada, tiempo y seriedad. En una cuestión de esta gravedad, no caben ni las prisas ni los intentos de dar por cerrado un asunto que sigue bajo investigación”.

Qué falló en la cadena

Respecto a las medidas anunciadas, destacó la parlamentaria, “las iniciativas orientadas a mejorar los controles, reforzar la inspección y revisar los procedimientos son bienvenidas”. Ahora bien, exige “transparencia para saber qué mecanismos se seguirán ahora para la vigilancia, control e inspección” y destacó que estas propuestas “no bastan si no se aclara cómo fue posible que se produjera una tragedia como la de Zarréu y qué falló exactamente en la cadena de supervisión y control”.

“Por sí solas, las medidas no son suficientes si no se acompañan de una depuración clara de responsabilidades políticas y administrativas”, añadió Tomé.

La diputada asevera que desde que asumió la presidencia de la comisión siempre defendió que el objetivo era llegar al final para que no volviera a repetirse una tragedia como la de Zarréu, por lo que “seguimos trabajando en el mismo camino”, indicó.

 El pleno de la Junta General del Principado ha rechazado este miércoles una proposición del Partido Popular (PP) que proponía un paquete de medidas económicas para paliar los efectos derivados del conflicto en Oriente Medio.

La iniciativa popular, que ha contado con el apoyo de Vox y Foro y el rechazo de PSOE, Convocatoria por Asturies-IU y la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé, se ha debatido y votado en una sesión plenaria en la que el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha anunciado que su Gobierno va a aprobar el “aplazamiento, fraccionamiento y flexibilización” del pago de tributos autonómicos.

Las propuestas del PP

La proposición del PP planteaba reforzar la actual línea extraordinaria de avales articulada por Asturgar, incrementando su dotación y orientándola a cubrir necesidades de liquidez, tesorería y circulante de pequeñas y medianas empresas, autónomos y sectores productivos asturianos más expuestos al incremento de los costes energéticos y logísticos.

Asimismo, pedía una línea extraordinaria y temporal de ayudas directas a las empresas exportadoras asturianas y apostaba por establecer, con carácter temporal, un procedimiento extraordinario de aplazamiento y fraccionamiento de tributos cedidos e ingresos autonómicos para pequeñas y medianas empresas, autónomos y sectores productivos especialmente afectados por el incremento de los costes energéticos, del combustible y del transporte.

Los tramos autonómicos del IRPF

Por otro lado, planteaba deflactar en un 5% los tres primeros tramos autonómicos del IRPF y aprobar bonificaciones temporales en las tasas autonómicas que inciden directamente sobre la actividad productiva de los sectores más expuestos al incremento de los costes energéticos y logísticos.

En la defensa del texto, el diputado del PP Andrés Ruiz ha acusado al Gobierno del Principado de “inacción” al tiempo que ha calificado el anuncio de Barbón en la sesión plenaria de una “copia” de la propuesta popular.

Otras críticas

Vox, que ha apoyado la proposición, ha criticado que la única medida puesta en marcha en el Principado sea una línea de avales de cinco millones de euros en un momento en que “la retracción de la renta disponible de los hogares y la demanda interna puede afectar al crecimiento de la economía”.

Por su parte, Pumares, que también ha respaldado la iniciativa, ha afeado al Ejecutivo autonómico que anuncie sus medidas “a cuentagotas a ver si parece que son más”.

Rechazo de PSOE, IU y Tomé

Por su parte, el PSOE ha asegurado que el PP “va tarde con su propuesta” y que el Gobierno del Principado ya ha diseñado actuaciones que complementan las impulsadas por el Ejecutivo central, según Ana Isabel Puerto.

Convocatoria por Asturies-IU también ha rechazado la iniciativa popular “por lo que propone y cómo lo propone” y al señalar que una parte de esas medidas ya estén en marcha, otras están previstas y el resto son el “catecismos económicos de siempre”, esto es, “bajar impuestos, aunque beneficie más a quien más tiene”.

Para Tomé, la proposición del PP “no se sostiene una vez más” y es “injusta, regresiva y no diferencia por niveles de beneficios”. 

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha acusado este martes a Vox de “inocular odio” y “fascismo” en las instituciones públicas, especialmente por asociar inmigración y delincuencia.

Calvo ha respondido así en el pleno de la Junta General del Principado a una interpelación de la diputada de Vox Sara Álvarez Rouco sobre seguridad que ha puesto el foco en “las políticas que propician ataques y todo tipo de episodios violentos” en la comunidad.

La postura del Gobierno asturiano

Alejandro Calvo ha conminado a la diputada de Vox a “mirarse un poco las competencias” en materia de seguridad y ha recordado que la labor del Principado es “coordinar las policías locales” y con las fuerzas de seguridad del Estado.

El consejero ha aclarado que el Gobierno asturiano no impulsa “políticas que generen violencia”, sino aquellas que “la previenen”, todo ello desde una convicción política, “empírica y moral” que cree que la seguridad es fruto de “la justicia social”.

La apuesta

Calvo ha apuntado que la apuesta del Ejecutivo autonómico por “fortalecer servicios públicos, proteger el empleo, ampliar derechos, promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”, no son solo políticas sociales sino, “en su sentido más profundo, políticas de seguridad”.

También ha señalado que es “especialmente preocupante” cuando el debate se desliza al “señalamiento” y a la “estigmatización” y ha advertido a Vox de que asociar la seguridad a colectivos por su origen es “prejuicio” y “xenofobia”, ya que “no existe evidencia empírica que vincule inmigración y delincuencia”, de acuerdo con, por ejemplo, los datos del Defensor del Pueblo.

La tasa de criminalidad

Asimismo, ha recordado que en Asturias la tasa de criminalidad se sitúa en torno a 34 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, cuando la media nacional es un 30 por ciento superior, y, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid es de 56 por cada 1.000 habitantes.

Calvo ha insistido en que “Asturias no es una comunidad insegura” y, en este sentido, ha resaltado que la mayor parte de los delitos corresponden a delincuencia contra el patrimonio, con “niveles de criminalidad violenta contenidos”, matizando que el aumento de la criminalidad observado en los últimos años se debe, en gran medida, al repunte de una tendencia global como la ciberdelincuencia.

El balance, según Vox

Durante su intervención, Sara Álvarez Rouco ha destacado que, de acuerdo con el balance de criminalidad del cuarto trimestre de 2025, los homicidios dolosos y asesinatos consumados han aumentado un 28,6 %, las agresiones sexuales con penetración un 10,4 %, los delitos contra la libertad sexual un 20 % y los robos con violencia han repuntado un 39,8 %.

Álvarez Rouco ha lamentado que “no existe una política de seguridad definida en Asturias” y se ha cuestionado si desde el Principado “han dado la orden” para que “no se mencione la nacionalidad de los delincuentes”, la cual “rara vez aparece en las publicaciones”, pese a que “muchos de los delitos son cometidos por inmigrantes”.

En este sentido, ha indicado que se está “creando un clima de inseguridad que pone en riesgo la tranquilidad de los ciudadanos” y ha remarcado que “los grandes enemigos de España” son las “políticas migratorias de puertas abiertas” y de “falsa solidaridad”, que importan “culturas diferentes” y “atentan” contra la “libertad de las mujeres” y “normalizan la violencia”.

El Gobierno no tuvo constancia de que existiera actividad de explotación de carbón en Asturias hasta marzo de 2025 y se enteró a raíz del accidente que costó la vida, ese mes, a cinco trabajadores de la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ignoraba que se llevara a cabo esta actividad, como se constata por el hecho de que no venía recogida en la Estadística minera de este organismo que se elabora a partir de la información que facilitan las comunidades autónomas.

Otras tres minas con actividad

Además de la mina de Zarréu, donde no hay actividad desde el siniestro, Asturias cuenta con otras tres minas con actividad: la explotación de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea; Mina Miura en Ibias y Pilotuerto, en Tineo.

La noticia de la falta de información al Gobierno central ha sido un auténtico bombazo que le ha estallado al Gobierno de Asturias, que preside el socialista Adrián Barbón, y que ha tenido que abordar este miércoles coincidiendo con la celebración en la Junta General del Principado de la sesión de control donde los representantes de los grupos parlamentarios de la oposición interpelaban al presidente sobre temas de actualidad que afectan a la comunidad autónoma.

La falta de transparencia

El accidente laboral en el que murieron, el pasado 31 de marzo de 2025, los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez cuando se encontraban trabajando en la mina de Zarréu, a consecuencia de una explosión de gas metano, puso en el centro del debate no solo la deficiente labor de fiscalización que se hacía sobre los permisos y la actividad en las explotaciones mineras sino que además puso en evidencia la falta de transparencia en la comunicación entre administraciones.

Una vez que ha conocido la actividad extractiva, el ITJ ha venido solicitando formalmente información al Principado “para identificar las explotaciones activas y verificar si se encuentran afectadas por la normativa”, según han indicado fuentes del Miteco. 

El reintegro de ayudas

La explotación de las minas de carbón está sujeta a la obligación de reintegro de ayudas, conforme al artículo 29 de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, si se encuentran afectadas por el Plan de Cierre de la Minería no Competitiva (Decisión 2010/787/UE).

El proceso de obtención de la documentación está siendo “lento”, reconocen las mismas fuentes, y el ITJ la está analizando, especialmente la que es relativa a los planes de labores de las explotaciones.

Exigencia de explicaciones a Barbón

La exigencia de explicaciones al presidente asturiano no se hicieron esperar desde los demás grupos políticos. El Partido Popular (PP) calificó de “escándalo” la falta de transparencia y el interés del PSOE por “ocultar” la actividad de extracción de carbón en Asturias.

Unas críticas que llegaron no solo desde la Junta General. El senador popular José Manuel 'Lito' Rodríguez denunció “el silencio de Barbón” en el parlamento asturiano ante una pregunta de su presidente regional, Álvaro Queipo, y tildó la situación de “absoluto despropósito”.

Acusaciones de negligencia

'Lito' Rodríguez se mostró sorprendido de que el MITECO diga ahora que desconocía esta actividad de la que tenía conocimiento “solo a causa de una tragedia”.

Para el senador asturiano, la actitud de ambas administraciones demuestra su negligencia sistemática: “Los gobiernos, tanto el de Asturias como el de España, demuestran que están más preocupados en favorecer a sus amigos y familiares, y de tapar la abundante corrupción que les rodea, que de solucionar los problemas de los ciudadanos”.

La actitud de 'opacidad'

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha acusado al Gobierno del Principado de mantener “una actitud de opacidad no solo con la oposición y la ciudadanía, sino también con otras administraciones”.

La confirmación de que el MITECO ignoraba la activad de extracción de carbón en Asturias viene a corroborar sus sospechas “sobre el uso de proyectos de investigación complementaria como posible cobertura para extracciones irregulares”, afirmó.

“Asturies merece saber la verdad”

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha exigido a “una respuesta clara y pronta” sobre la acusación del Ministerio por “falta de transparencia” en lo relativo a la minería.

“Asturies merece saber la verdad”, incide la diputada en un comunicado de prensa.

Las 'sombras'

Covadonga Tomé, que preside la comisión parlamentaria de investigación del accidente en Zarréu, aprovechó su intervención en el turno de preguntas al presidente en el tema sobre los proyectos estratégicos para ahondar sobre el tema de la mina, pero no obtuvo respuesta.

“Bastantes sombras hay ya en torno a la explotación de carbón como para añadir la falta de información necesaria al Instituto de Transición Justa (ITJ)”, lamentó la diputada.

Rigor “jurídico y administrativo”

Por su parte, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, ha rechazado que se diera una falta de transparencia entre administraciones y ha indicado que la comunicación con el ITJ es “constante, continua y permanente”.

Borja Sánchez ha explicado que, dentro de una actitud de colaboración leal, le han trasladado toda la información que se ha solicitado sobre la situación legal de las minas tras las denuncias recibidas a mediados de marzo del pasado año.

“En todos los procedimientos se está aplicando el máximo rigor jurídico y administrativo”, ha resaltado el consejero que trata de aclarar qué datos se tendrían que haber enviado a este organismo, por parte de quién, cuándo y cómo.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha señalado este miércoles que el préstamo de seis millones de fondos autonómicos a la empresa Duro Felguera (DF) se concedió a través de la Sociedad Regional de Promoción de Asturias (SRP), con un “componente claramente” de participación privada, y que su devolución dependerá de la decisión judicial si bien puede “ser compleja”.

Durante su intervención en el turno de preguntas al presidente en el pleno de la Junta General del Principado, en respuesta a la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé, Barbón ha explicado que en su plan de restructuración Duro Felguera propone a la autoridad judicial que la deuda contraída con la SRP y los bancos “quede amortizada para salvar la empresa”.

Una aportación de 2021

“Nosotros nos hemos opuesto. Hemos dicho que ese dinero, que ciertamente es la SRP quien lo acuerda, proviene del Gobierno de Asturias, fue una aportación de 2021”, ha apuntado al respecto.

Barbón ha dicho que ahora “depende de un juez la decisión” de aceptar ese plan de restructuración de la empresa, al que el Principado “se opuso”, porque consideró que esos seis millones eran “fondos públicos”.

“Si el juez lo decide, la situación está compleja”, ha apuntado el presidente del Principado.

Las críticas del PP

Con todo, ha señalado que esos fondos fueron “vitales” para intentar salvar la empresa -“que, de hecho, se salvó”- y contribuyeron a “redimensionarla” y a buscar nuevas salidas, como ha ocurrido con El Tallerón, lo que ha salvado “cientos de empleos”.

Sobre este asunto se ha referido hoy también el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, al recordarle a Barbón que se trata de “seis millones que pertenecen a todos los asturianos”.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha defendido este miércoles aplicar políticas “posibilistas” que sean “útiles” para la ciudadanía y no centrarse en “reflexiones sesudas ideológicas” porque cuando se gobierna la “pureza política no existe”.

Así ha respondido el jefe del Ejecutivo asturiano en el pleno de la Junta General a la pregunta planteada por la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé sobre qué considera el Gobierno proyecto estratégico para la comunidad tras el visto bueno de la implantación de Costco en Siero.

Comparación con el alcalde de Nueva York

El presidente del Principado ha dicho que la política que está aplicando el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, “es muy parecida” a la que se está ejecutando el Gobierno del Principado, como la gratuidad de las escuelas de 0 a 3.

“No propone grandes reflexiones sesudas ideológicas sobre la pureza, porque la pureza política cuando uno gobierna no existe”, ha dicho tras defender que la izquierda “posibilista es la que gana”.

“No hay un mundo ideal”

En este sentido, ha dicho que cuando se ostenta un gobierno “no hay un mundo ideal”, sino uno “real al que hay que hacer frente”, a pesar de que no todo el mundo vaya a estar conforme con las decisiones: “Gobernar es decidir y tomar decisiones, a veces, impopulares”.

Barbón ha citado, como ejemplo, la llegada de la multinacional Amazon a Siero, un proyecto sobre el que se le advirtió de que “iba a ser las siete plagas”, que iba “a suponer el final del comercio” y conllevar la “pérdida de miles de empleos”.

“Nadie murió porque Amazón se instale en Asturias”

Según ha expuesto, su implantación en Bobes ha permitido crear mil empleos “de muy buena calidad” y hacer de esta zona del Principado un “nudo logístico” cuando antes era una “plantación del plumero de la pampa”.

“¿Se ha muerto alguien porque Amazon se haya instalado en Asturias? No. Se han creado más de mil empleos”, ha expuesto en su intervención.

A la vanguardia

Barbón ha defendido que Asturias, además, está “a la vanguardia” de la política científica, innovadora y tecnológica y está creando nuevos sectores y “fortaleciendo otros”, tras poner en valor su apuesta por el sector de la defensa.

Previamente, Tomé había criticado que el hipermercado de Costco en Siero no reúne las “características” para ser declarado proyecto estratégico, puesto que su “impacto comercial y territorial cuenta con más sombras que luces”, y la ley autonómica le permitirá “usar un atajo para esquivar reglas urbanísticas y sectoriales”.

Las conversaciones con ArcelorMittal

“No se ajusta a los criterios” de proyecto estratégico, ha incidido la diputada tras preguntarse si un hipermercado es “estratégico” para la comunidad.

Tomé ha defendido que el sector industrial ha demostrado a lo largo de las crisis económicas una mayor capacidad de resistencia y ha preguntado a Barbón cómo avanzan las conversaciones con ArcelorMittal “para frenar” la pérdida de puestos de trabajo tras el anuncio de su plan de deslocalización. 

Los reproches al PP

En la misma sesión plenaria, Barbón ha ensalzado los logros alcanzados gracias a los sucesivos presupuestos autonómicos, a pesar del sistemático rechazo del Partido Popular (PP) a las cuentas.

“Se están produciendo avances y se está creando empleo, con su voto en contra, porque no lo tuvimos ni en la pandemia, cuando más los necesitamos. No estuvieron a la altura”, ha reprochado al portavoz del PP, Álvaro Queipo.

Los hitos

El jefe del Ejecutivo ha enumerado algunos de los hitos alcanzados en este mandato, entre los que ha citado las 10.000 personas que formarán la plantilla docente el próximo curso, la inauguración del centro de salud de Sotrondio y la próxima entrada en servicio de los de La Pola (Lena) y Nuevo Roces (Gijón).

También ha resaltado la puesta en marcha de 1.500 viviendas, la inversión más alta por habitante entre las comunidades autónomas, la gratuidad de las escuelas de 0 a 3 años o los beneficios de la tarjeta Conecta, que permite moverse por toda Asturias en transporte público por un máximo de 30 euros al mes y que ya disfrutan 27.000 personas.

“Todas estas actuaciones se han llevado a cabo gracias al presupuesto y con el voto en contra del PP”, ha aseverado el presidente del Principado.

Ayudas a la dependencia

Durante su intervención, también ha insistido en que el Plan Agiliza permitirá reducir a 180 días el plazo máximo de tramitación de las ayudas a la dependencia a finales de este año, un período que ahora se sitúa en 327 días. Además, ha informado a Queipo sobre los plazos que se registran actualmente en algunas comunidades gobernadas o cogobernadas por el PP: 324 días en Galicia, 559 en Murcia, 496 en Andalucía, 430 en Canarias y 348 en Madrid.

“Usted no habla de gestionar, porque no sabe, habla de privatizar, que son cosas diferentes”, ha dicho Barbón al portavoz del Partido Popular, al tiempo que ha incidido en que el hecho de que en estos momentos haya 30.000 personas más trabajando que en 2019, cuando asumió la presidencia, “denota que se están haciendo las cosas bien”.

“La mina de Zarréu era una explotación clandestina, estaba en un lugar donde no se podía extraer carbón y en la que se incumplía cualquier medida de seguridad y organización de los trabajos”. Con estas palabras, el director general de Energía y Minería del Principado de Asturias, Javier Cueli, confirmaba este lunes la conclusión principal a la que ha llegado el Servicio de Minas en su informe sobre la investigación del accidente que, el 31 de marzo de 2025, costó la vida a cinco trabajadores y dejó heridos a otros cuatro.

Javier Cueli no se ha andado con paños calientes y ha corroborado con estas declaraciones, efectuadas ante los medios de comunicación asturianos, una de las principales sospechas que desde un principio han planeado sobre el siniestro, ya que el siniestro puso de manifiesto tanto las evidentes faltas de seguridad como la previsible extracción ilegal de carbón.

Siniestralidad en la mina

Una bolsa de grisú en el interior de la explotación es la principal hipótesis con la que han trabajado desde el inicio los investigadores como principal causa del siniestro.

El director general de Energía y Minería ha realizado estas manifestaciones momentos antes de la reunión ordinaria de la Comisión de Seguridad Minera y la reunión extraordinaria de la Comisión Especial de Seguridad celebradas en Oviedo.

Siete mineros muertos

En ambas reuniones se iban a analizar los informes elaborados por el Servicio de Minas del Principado sobre el accidente ocurrido en la mina de Zarréu donde murieron los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez, así como en el accidente registrado, el 21 de noviembre pasado, en la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, donde fallecieron Óscar Díaz, de 32 años, y Anilson Soares, de 42 años.

Comisión de Seguridad

En principio, la primera comisión iba a abordar la sesión ordinaria del trimestre, con un balance de la siniestralidad de 2025, y la segunda como cierre de la comisión extraordinaria abierta por el accidente mortal en Zarréu, una vez que ya se disponía de las principales conclusiones de la investigación.

La documentación, del que se ha dado traslado a la comisión especial de investigación de la Junta General, concluye que el suceso se produjo como consecuencia de una explosión de metano durante la extracción clandestina de carbón en la antigua mina de montaña.

Las infracciones

El informe de Minas constata, además, que las labores se realizaban sin las preceptivas condiciones de seguridad y sin sistema de ventilación.

Ambas acciones constituyen infracciones relacionadas con la formación de atmósferas potencialmente explosivas, así como con niveles de oxígeno por debajo de los límites reglamentarios.

Las recomendaciones

Entre otras recomendaciones, Minas aconseja dar traslado del informe al juzgado de Cangas del Narcea y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, además de abrir un expediente sancionador a Blue Solving, empresa que operaba en la explotación.

Con la elaboración de este informe técnico, realizado a partir de las declaraciones de los testigos, se da por cerrada la Comisión Especial de Seguridad puesta en marcha a raíz de la explosión en Zarréu.

Mejorar las condiciones

Javier Cueli ha explicado que, ante la gravedad de estos siniestros mortales, habrá que mejorar las condiciones de las explotaciones mineras.

Preguntado sobre el caso concreto de las medidas existentes en Zarréu ha dicho lo siguiente: “En la vida todo es mejorable. Elaborar ahora una teoría sobre qué se puede mejorar, seguramente, sea precipitado por mi parte, pero en cualquier caso, teniendo en cuenta que se produjeron cinco fallecidos, parece evidente que en algo habrá que mejorar. No sé quién ni cómo ni cuándo, pero está claro que en algo hay que mejorar”, ha ratificado.

Los delitos en la causa de Zarréu

La jueza instructora de la causa del accidente de Zarréu ha imputado al dueño de Combayl, Jesús Rodríguez Morán, conocido como 'Chus Mirantes', a su mujer, Ana María Rodríguez, a su hijo Adrián y al director facultativo de la explotación y responsable de seguridad en el momento del siniestro, José Antonio Fernández Casillas, cinco delitos de homicidio por imprudencia, cuatro delitos de lesiones y un delito contra los derechos de los trabajadores.

Las cuatro personas investigadas se acogieron a su derecho constitucional a no declarar ante la comisión de investigación constituida en el parlamento asturiano para depurar las posibles responsabilidades en el siniestro, amparados en el respeto a las actuaciones que de forma paralela se están desarrollando por la vía judicial.

El accidente en Vega de Rengos

Por otro lado, el director general ha avanzado que a lo largo de esta semana mantendrá una reunión con la empresa TYC Narcea, de la explotación de Vega de Rengos, donde Minas ha concluido que el accidente que costó la vida a los dos mineros se debió a “un hundimiento súbito, fortuito e imprevisto” del techo de una galería.

El resultado del informe coincide plenamente con la apreciación del consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno de Asturias, Borja Sánchez, en las primeras horas tras conocerse el alcance del accidente mortal en esta explotación.

Borja Sánchez ya apuntaba a que la principal causa del siniestro podía deberse a causas geológicas por un hundimiento “súbito, fortuito e imprevisto” del techo de una galería de unos 70 metros, donde se encuentra una capa de mineral “bastante ancha”, de unos tres metros.

Los técnicos calculaban que el desprendimiento fue de seis a ocho metros del techo, “lo suficiente para atrapar a los dos trabajadores”.

Un tercer minero salvó la vida

Los dos mineros quedaron atrapados a un kilómetro y medio de la entrada del yacimiento. Un tercer trabajador logró salir con vida de la explotación al haberse desplazado para ir a recoger unos materiales.

El consejero reiteró que la empresa TYC Narcea tenía todos los permisos y la documentación en regla. En los últimos meses había sido inspeccionada en varias ocasiones, la última de ellas la víspera del accidente precisamente en la zona donde se produjo el derrumbe.

Sin incumplimientos de TYC Narcea

La empresa TYC Narcea ya ha remitido toda la documentación que se le ha requerido y a partir de ahora el siguiente paso es que la administración regional firme la resolución del procedimiento de apertura, después de que la mina haya permanecido parada como consecuencia del accidente.

La inspección del Servicio de Minas no ha apreciado incumplimientos en materia de seguridad por parte de la empresa, según los datos con que cuenta la administración autonómica.

Las movilizaciones de los mineros

El documento se ha remitido al juzgado y a los grupos parlamentarios de la Junta General y el Servicio de Minas ha elaborado una información separada sobre la jornada laboral de la plantilla que ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Los trabajadores y sus familiares han llevado a cabo varias movilizaciones para solicitar la vuelta al tajo, ya que es uno de los principales medios de vida de la zona.

El Consejo de Gobierno de Asturias ha aprobado este lunes el anteproyecto de ley LGTBI, una herramienta con la que se corrige una “anomalía democrática histórica”, en palabras del consejero de Derechos Ciudadanos Ovidio Zapico, ya que el Principado y Castilla y León son las únicas autonomías que aún carecen de esta normativa de ámbito autonómico.

Ovidio Zapico ha recurrido a las redes sociales para anunciar públicamente la aprobación de esta norma que, según explica, “nace del propio corazón de las entidades LGTBI, de sus familias y del compromiso del Gobierno de coalición progresista”.

Reunión de los socios de coalición

El consejero lo ha comunicado tras la reunión del Consejo de Gobierno y apenas unas horas antes de la reunión que mantendrá esta misma tarde con el presidente del Ejecutivo autonómico, el socialista Adrián Barbón, para limar las discrepancias internas dentro de la propia coalición.

Ovidio Zapico, en su calidad de coordinador general de Izquierda Unida (IU)-Convocatoria por Asturias, había solicitado esa reunión tras las diferencias escenificadas entre los dos socios de gobierno -PSOE e IU- en temas claves, como la implantación de las universidades privadas Nebrija y Alfonso X El Sabio, en Avilés y Oviedo respectivamente, y la declaración de proyecto estratégico para la puesta en marcha de un hipermercado de la multinacional Costco, en el parque empresarial de Bobes, en el concejo de Siero, ya que en ambos casos la formación morada había votado en contra frente a los votos favorables de los consejeros y consejeras socialistas.

Una reunión que, en palabras del portavoz del Ejecutivo, el consejero Guillermo Peláez, se desarrollará dentro de los cauces “de la normalidad”.

La valoración de Zapico

En el tema concreto de los derechos del colectivo LGTBI no se producen esas diferencias que han dividido a los socios de coalición. En Eldiario.es Asturias reproducimos a continuación el anuncio realizado este lunes con la aprobación del anteproyecto de ley del propio consejero difundido a través del perfil oficial de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos y su valoración.

Dentro de las competencias autonómicas y en el marco de la legislación española, la ley plantea medidas que amplían y garantizan los derechos de la población LGTBI asturiana y de sus familias.

El compromiso

El Gobierno asturiano se había comprometido a llevar esta ley al parlamento asturiano en la actual legislatura en la que ya se disponía de la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos LGTBI aprobada en febrero de 2023 por el Gobierno central.

El 30 de noviembre de 2023 se constituyó un grupo de trabajo para trabajar en el anteproyecto que estuvo formado por el Gobierno junto a los colectivos Xega y Xega Familias, Llar Trans, Colibrís en Acción, la Red Educativa de Apoyo LGTBI+ de Asturias, Faciendo Camín, Xuntes y Diverses y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT y que contó con el asesoramiento de la Universidad de Oviedo.

La participación

El pasado 30 de enero, Ovidio Zapico comparecía en rueda de prensa junto a la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, y la directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI, Nuria Rodríguez, para presentar el anteproyecto de la primera Ley de Participación Ciudadana de Asturias, que desde ese mismo día iniciaba su periodo de exposición pública tras su publicación en el Boletín Oficial del Principado (BOPA).

Ante los periodistas, el consejero subrayaba la importancia de esta norma específica en un contexto en el que “la democracia plural y participativa se enfrenta al avance de modelos autoritarios”.

El contenido

En esta rueda de prensa, defendió que vivir en democracia “es mucho más que votar o manifestarse” y destacó la necesidad de que la ciudadanía pudiera participar en los procesos públicos desde su origen.

El anteproyecto reconoce el derecho a la participación de todas las personas mayores de 16 años que residan en Asturias, con independencia de su lugar de nacimiento, e incorpora nuevos mecanismos, como la iniciativa normativa ciudadana, los presupuestos participativos, los foros de debate sobre políticas públicas y los jurados ciudadanos para la evaluación de políticas e inversiones públicas.

Fortalecer los pilares democráticos

Por su parte, la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, resaltó que el movimiento asociativo fue clave en la consolidación del sistema democrático en España e incidió en que esta ley contribuirá a reforzarlo.

“Fortalecer el movimiento asociativo es fortalecer los pilares de la democracia”, indicó la viceconsejera.

Más de 400 asociaciones

Beatriz González agradeció la implicación del movimiento asociativo, al que atribuyó una función decisiva en la elaboración del texto.

El proceso participativo, iniciado en octubre de 2024, recorrió todas las comarcas de Asturias e implicó a cerca de 700 personas de más de 400 asociaciones.

Una vez que ya ha cumplido el trámite de su aprobación en el Consejo de Gobierno, el siguiente paso será su remisión a la Junta General para su tramitación parlamentaria.

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado Covadonga Tomé ha sido expulsada de la Comisión de Derechos Sociales de la Cámara después de que la parlamentaria de Vox Sara Álvarez Rouco acusase a la portavoz de Somos de ser “una sinvergüenza” y una “perversión del sistema” dado que formaba parte del Parlamento pese a no representar “a nadie”.

Álvarez Rouco se ha expresado así en un turno de réplica que le ha concedido la presidenta de la Comisión, la popular Pilar Fernández Pardo, después que Tomé fijase su posición sobre la comparecencia que había celebrado la consejera de Bienestar Social, Marta del Arco, a solicitud de Vox para informar de la gestión de los centros de menores.

La polémica

La parlamentaria de Vox ha rechazado la petición de retirar las palabras que había pronunciado -“no fue para la persona sino como diputada”, ha dicho Rouco- mientras la diputada del PP Beatriz Polledo ha utilizado su turno de fijación de posiciones para acusar a Tomé de ser “tan responsable” como la consejera de la situación vergonzosa de los centros de menores por apoyar los presupuestos del Gobierno, “Lecciones aquí las justas”, ha subrayado.

Tomé ha interrumpido varias veces la intervención de Polledo al cuestionar si esos ataques a su persona podían considerarse propios de un turno de fijación de posiciones sobre la comparecencia, lo que ha llevado a la presidenta de la Comisión a expulsarla de la sesión tras llamarla al orden en tres ocasiones.

Otras expulsiones

Fernández Pardo ha llamado también al orden a la socialista Isabel González Cachero después de que ésta le reprochara, al igual que el diputado de IU/CA Xabel Vegas, la parcialidad con la que había conducido una sesión en la que, además de Tomé, también han sido expulsadas las personas que ocupaban las tribunas de invitados al interrumpirla en varias ocasiones increpando a los comparecientes y a los diputados.

“Salgo impresionada e indignada por la falta de rigor y por utilizar el sistema de protección de menores en el que trabaja personal muy comprometido y hay niños en situaciones difíciles para un debate que da vergüenza”, ha señalado la consejera para cerrar su comparecencia.

El Gobierno de España ha presentado este miércoles en Piloña la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, un documento que fija las líneas de actuación frente a la despoblación y que incorpora como principal novedad la creación de un Observatorio de Equidad Territorial para analizar la situación de cada zona y orientar las políticas públicas.

El plan, que se someterá ahora a consulta pública antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros, se estructura en cinco pilares —resiliencia climática, acceso a servicios e infraestructuras, dinamización económica local, igualdad e inclusión y cultura y arraigo— y dos ejes transversales centrados en el conocimiento y la gobernanza multinivel. Su objetivo es garantizar el acceso a vivienda, movilidad de proximidad y servicios básicos en todo el territorio y que vivir en un municipio rural sea “una opción viable, digna y libre”.

Durante el acto, celebrado en el marco de la European Rural Youth Forward Conference 2026, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, subrayó que la equidad territorial requiere “cooperación de todos los niveles administrativos” y la implicación de comunidades autónomas, entidades locales y sociedad civil.

Un problema de Estado

El presidente del Principado, Adrián Barbón, aprovechó la presentación para reclamar que las políticas estatales incorporen de forma explícita el impacto demográfico en ámbitos como la financiación autonómica y las infraestructuras, al considerar que el reto demográfico es “un problema de Estado que demanda respuestas de Estado”. También defendió reforzar el apoyo a la agricultura y la ganadería, estimular la innovación en el campo y consolidar el Pacto por el Medio Rural como eje de la acción autonómica.

Barbón apeló a “redoblar la complicidad con el medio rural” para evitar que se imponga el desánimo y destacó que Asturias encadena cuatro años consecutivos de crecimiento de población, un dato que vinculó a la combinación de oportunidades laborales y servicios públicos. El presidente incidió en que las políticas demográficas del Principado incluyen una ley específica, ayudas a la natalidad, desgravaciones fiscales, apoyo a los concejos más afectados y programas de retorno.

Más de cien medidas

La nueva estrategia estatal da continuidad al plan aprobado en 2019 y al paquete de 130 medidas que movilizó más de 13.000 millones de euros entre 2021 y 2024. Según el Ejecutivo, los municipios más pequeños han ganado más de 150.000 habitantes en los últimos siete años y han registrado saldo migratorio positivo.

El Observatorio de Equidad Territorial permitirá realizar análisis con indicadores específicos para adaptar las políticas a las necesidades de cada territorio y facilitar la elaboración de estrategias locales, uno de los instrumentos con los que el Gobierno pretende mejorar la eficacia de las medidas frente a la despoblación.

La Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) ha iniciado el rodaje de su primera serie de ficción televisiva en coproducción con la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG). El proyecto, titulado Coworkinaos, comenzó esta semana con los ensayos del primer capítulo y se presentó oficialmente en el Parque Empresarial de Argame.

La serie, rodada en asturiano, es una comedia ambientada en un coworking rural situado en la frontera entre Asturias y Galicia. La historia aborda, en clave de humor e ironía, las dinámicas cotidianas de un grupo de profesionales que buscan reinventarse en el medio rural tras la pandemia, entre proyectos cargados de buenas intenciones, aspiraciones personales y situaciones que derivan en enredos casi sin proponérselo.

El proyecto nace de la convocatoria conjunta “Asturias y Galicia crean ficción”, orientada a fomentar la colaboración entre profesionales del sector audiovisual de ambas comunidades. Con esta producción, RTPA y CSAG dan un paso estratégico hacia un modelo de coproducción que pretende reforzar los vínculos culturales y lingüísticos entre Asturias y Galicia y abrir nuevas oportunidades para la ficción televisiva en el noroeste peninsular.

Teletrabajo y retorno al pueblo

Coworkinaos convierte el entorno rural en un escenario contemporáneo en el que conviven el teletrabajo, el retorno al pueblo y la búsqueda de una vida más auténtica, elementos que sirven de base para una comedia coral centrada en los personajes y sus contradicciones.

La serie supone un hito para la televisión pública asturiana al tratarse de su primera ficción coproducida con otra radiotelevisión autonómica y consolida una línea de colaboración que ambas corporaciones prevén mantener en futuros proyectos.

El Gobierno de Asturias ha impulsado una red pública de centros de formación y trabajo compartido conectados entre sí, habilitados en concejos con dificultades demográficas, una iniciativa que busca acercar la capacitación digital, facilitar el teletrabajo y generar oportunidades de empleo en el medio rural.

La red 'Rural connect', que integrarán los concejos de Cangas del Narcea, Castropol, Coaña, Cudillero e Illas, ha sido presentada este martes por la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, en una visita al centro de formación y coworking de Cudillero. El espacio del concejo pixueto se ubica en la primera planta de la Casa de las Tres Culturas y cuenta con una superficie aproximada de 120 metros cuadrados.

Nómadas digitales

El centro está concebido como coworking, centro de capacitación digital y centro público de estudios, complementando la oferta formativa y cultural existente, tras una inversión movilizada por el Gobierno de Asturias que roza los 80.000 euros.

Este equipamiento, como el resto de la red, está dotado de infraestructura tecnológica y favorece que emprendedores y profesionales desarrollen su actividad laboral en un entorno rural, con una forma de trabajo que “combina flexibilidad, colaboración y desarrollo económico local”, ha informado el Gobierno del Principado. Entre sus objetivos se encuentra también la atracción de nómadas digitales, así como facilitar el retorno de personas que emigraron por razones laborales. Este espacio forma parte de una red integrada inicialmente por cinco coworking, todos ubicados en concejos con especiales dificultades demográfica que estarán operativos el próximo 30 de mayo, salvo el planificado para el concejo de Coaña, que tiene de plazo hasta el 30 de junio.

Formación y trabajo compartido

Los cinco espacios se han concebido como centros de formación y trabajo compartido, y no como equipamientos aislados. La red 'Rural connect' permitirá coordinar programación formativa, compartir servicios y facilitar el uso de los distintos centros, manteniendo al mismo tiempo la especialización de cada espacio en función de la realidad económica local. La red moviliza una inversión de 404.400 euros, con financiación europea y de cohesión territorial.

Ni tratos de favor ni vínculos con la actividad minera. Así se resume, en sus propias palabras, la comparecencia en la comisión parlamentaria sobre el accidente de Zarréu de la ingeniera Estefanía Díaz, responsable técnica de los dos proyectos que obtuvieron ayudas del Instituto de Transición Justa (ITJ). Según defendió, se trataba de iniciativas de carácter industrial y no extractivo.

Díaz explicó que su empresa fue contratada por Combayl en octubre de 2022 para estudiar posibles usos de las instalaciones, entonces en proceso de cierre, y que el análisis detectó potencial para crear una especie de “mini polígono industrial” aprovechando el buen estado de naves y edificios.

Fruto de ese trabajo se diseñaron dos proyectos —una planta de briquetas y otra de recuperación de minerales estratégicos— que obtuvieron ayudas del ITJ por valor de 1,5 millones de euros. Ninguna llegó a cobrarse al ser revocadas tras el accidente del pasado 31 de marzo, en el que fallecieron cinco trabajadores, el siniestro más grave en la minería asturiana en tres décadas.

“Nunca se planteó ningún tipo de actividad minera en Zarréu por nuestra parte ni por parte de Combayl mientras trabajamos con ellos”, insistió la compareciente, que también negó haber mantenido contactos con altos cargos de la administración autonómica durante la tramitación de las subvenciones.

Sin papel en la transmisión de derechos a Blue Solving

La ingeniera aseguró que su empresa no tuvo “nada que ver” con la transmisión de los derechos mineros de Combayl a Blue Solving, concesionaria de la explotación cuando se produjo el accidente. No obstante, reconoció que tuvo conocimiento de la posible creación de esta última sociedad en el contexto del proyecto de recuperación de minerales estratégicos, una inversión que calificó de “bastante grande” y en la que mostró interés una empresa ucraniana.

Según explicó, representantes de esa compañía visitaron Zarréu en dos o tres ocasiones para recabar datos técnicos para el diseño del proceso, aunque los proyectos no llegaron a ejecutarse.

Díaz afirmó que su labor se limitaba al seguimiento técnico de las iniciativas una vez concedidas las ayudas y que, con el paso del tiempo, la relación con la explotadora se fue “ralentizando”.

Ningún contacto con la familia propietaria

La compareciente aseguró que nunca entró en el interior de la mina ni observó movimientos de maquinaria o camiones en la zona. Su interlocución se limitó, según dijo, a responsables técnicos como Jesús Rodríguez Morán y, posteriormente, al director facultativo José Antonio Fernández Casillas, a quienes entregó la documentación relativa a los proyectos.

También afirmó que no mantuvo contacto con la administradora única de Combayl, Ana María Rodríguez, ni con su hijo Adrián Rodríguez, administrador de Blue Solving, a quien dijo haber conocido en el funeral por los mineros fallecidos.

Por último, Díaz recalcó que no tuvo “ningún rol ni vinculación” en la tramitación del permiso de investigación complementaria solicitado por Blue Solving para extraer hasta 60.000 toneladas de carbón destinadas a usos no térmicos, como la producción de grafito, condicionado a un plan de labores que nunca llegó a presentarse.

La comparecencia se enmarca en los trabajos de la comisión parlamentaria que analiza las responsabilidades políticas derivadas del accidente de Zarréu y que continúa abierta.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha presentado esta mañana la Estratexa de normalización del asturianu y del eonaviegu 2026-2030, una iniciativa de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte que culmina un amplio análisis de la situación sociolingüística y cultural de las lenguas propias. El documento establece los criterios y objetivos que guiarán la acción institucional durante los próximos años, con el propósito de promover su uso social, favorecer la convivencia lingüística y garantizar los derechos lingüísticos y culturales de la ciudadanía.

La estratexa se organiza en cinco grandes áreas que abarcan todos los ámbitos relevantes para la revitalización del asturiano y del eonaviego.

En el campo institucional y administrativo se prevén medidas para impulsar su presencia en la Administración, respetando el marco jurídico vigente y garantizando el derecho de la ciudadanía a emplearlas en sus relaciones con los servicios públicos.

Fomento del uso cotidiano

En el área de transmisión intergeneracional, enseñanza y juventud se incluyen programas para la población joven que fomenten el uso cotidiano de las lenguas propias como un activo cultural y social.

En el ámbito de cultura, deporte y ocio, se refuerza su presencia en la creación literaria, la lectura, la producción audiovisual, el patrimonio cultural, la actividad deportiva y la oferta turística, sectores clave para su visibilidad social.

Economía, medios de comunicación y sociedad. Recoge medidas para estimular su uso en empresas, comercios y entornos digitales, así como para aumentar su presencia en los medios públicos y privados, así como en el tejido asociativo, la inmigración y el ámbito religioso.

En lo referente a proyección en el exterior, se incorporan iniciativas dirigidas a la diáspora asturiana y a la presencia de las lenguas propias en los espacios estatal e internacional.

La estratexa estará coordinada por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, que ejercerá la dirección técnica de las líneas de actuación. Para ello, se creará una comisión intersectorial de política llingüística, presidida por la titular del área, Vanessa Gutiérrez, y con representación de las áreas de Educación, Universidad, Cultura, Deporte, Ciencia, Salud, Servicios Sociales, Consumo, Turismo, Justicia, Interior, Igualdad, Medio Natural, Hacienda y Administración Local, entre otras.

Durante el acto, la consejera ha situado este documento dentro del ciclo de avances impulsados por Barbón. En estos años se ha creado la Subdirección General de Política Llingüística, un órgano técnico y jurídico especializado y se ha consolidación el uso del asturiano en la comunicación institucional del Gobierno.

Ley de Cultura e Identidad

Al mismo tiempo, Vanessa Gutiérrez ha puesto en valor la votación en la Junta General que permitió alcanzar, por primera vez, una mayoría a favor de la reforma estatutaria para reconocer la oficialidad de las lenguas propias, así como el avance que supone la incorporación del asturiano en las convocatorias del Ministerio de Cultura.

Estos progresos conducen a la futura Ley de Cultura e Identidad, actualmente en elaboración, que establecerá un marco común para el sistema cultural asturiano, la protección del patrimonio y de las lenguas de la comunidad. Con esta estrategia, el Principado asegura que consolida un proyecto de convivencia lingüística moderno, garantista y orientado a fortalecer la presencia del asturiano y del eonaviego en todos los ámbitos de la vida.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asegurado hoy que el Gobierno de Asturias “no escatimará esfuerzos para reconocer y garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía, consciente de que la diversidad suma y enriquece”. Durante la presentación de la Estrategia de normalización del asturiano y del eonaviego 2026-2030, ha subrayado que la meta “sigue siendo la oficialidad”, un objetivo por el que se ha comprometido a trabajar “sin renuncias, con serenidad y con ambición”.