El pleno de la Junta General del Principado de la próxima semana procederá al nombramiento de la periodista gijonesa Azahara Cañedo Ramos como directora general de la Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA), propuesta que cuenta con el apoyo de todos los diputados de la izquierda.

Su nombramiento debe aprobarse por mayoría cualificada de la Junta General -30 de sus 45 diputados- en una primera votación, aunque en una segunda basta con que cuente con mayoría absoluta, es decir, un mínimo de 23 diputados, que son los que suman socialistas, IU-CA y Covadonga Tomé, que han mostrado ya su respaldo.

Las votaciones

La primera votación se llevará a cabo el martes, 9 de junio, y de no conseguir la mayoría requerida, se procederá a una nueva votación al día siguiente.

Vox ya ha anunciado que está en contra de su nombramiento, mientras que el Partido Popular no ha adelantado el sentido de su voto, al igual que el diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares , aunque éste ha señalado hoy que le gustó lo que oyó a Cañedo cuando planteó su modelo al comparecer la semana pasada en sede parlamentaria.

Los compromisos

El portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, también ha valorado los compromisos asumidos por Cañedo por lo que ha asegurado que su voto “seguramente sea favorable porque debe haber un cambio” en la RTPA.

Para la portavoz socialista, Dolores Carcedo, esta candidata, presentada por su grupo parlamentario, también cuenta “con el perfil idóneo” para afrontar los retos inmediatos del ente público, que cumple ya 25 años.

Cañedo Ramos (Gijón, 1985) compareció la semana pasada ante la Comisión de Control de la RTPA del parlamento autonómico para exponer el modelo plantea para la televisión pública asturiana, en la que el puesto de director permanece vacante desde principios de año, tras presentar su renuncia Francisco Orejas para acogerse a la jubilación.

Un plan estratégico a tres años

En su intervención, Cañedo apostó por un plan estratégico a tres años que coincida con el futuro contrato programa del ente público y mostró especial preocupación por los problemas laborales de una televisión pública que se creó con un modelo de plantilla que, en su opinión, es “erróneo e inadecuado”.

AsÍ, considera preciso abordar la recategorización de los actuales empleados de plantilla y reducir la interinidad de los que actualmente trabajan para subcontratas en las corresponsalías de los servicios informativos, que son cerca de un centenar.

La estrategia lingüística

Cañedo se mostró también partidaria de normalizar la presencia de las lenguas propias en la programación del ente público y, con ese fin, ha planteado crear en el equipo directivo una figura con competencias para impulsar la estrategia lingüistica de manera transversal.

Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III y doctora en Investigación en Medios de Comunicación, es profesora titular de Periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha donde ocupa el cargo de responsable de Comunicación Institucional. 

El Gobierno de Asturias pagará el precio simbólico de un euro a Unicaja para adquirir el 40% de las acciones de Sedes que permanecen actualmente en manos de la entidad bancaria. El Principado cuenta con el 60% del accionariado, por lo que esta operación permitirá avanzar en la conversión de la sociedad en una empresa íntegramente pública.

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha sido el encargado de hacer público el anuncio este martes durante su comparecencia en la Junta General del Principado.

Los créditos pendientes

Zapico ha explicado que es un acuerdo ya cerrado por el que la entidad bancaria asumirá el 40% de la deuda de Sedes con terceros en el momento de la venta. Además, ambas partes han consensuado la reestructuración de los créditos pendientes para que la empresa pueda hacer frente a sus compromisos en un horizonte de 22 años.

El consejero respondia así a una interpelación del diputado del Grupo Popular José Agustín Cuervas-Mons sobre la situación de la empresa constructora que el pasado año estuvo al borde de la quiebra.

La continuidad de la empresa

En su intervención, Zapico ha defendido que la operación culmina el trabajo desarrollado durante la legislatura para garantizar la continuidad de la empresa, preservar el empleo y consolidar una herramienta pública al servicio de las políticas del Gobierno de Asturias.

“Siempre creí que merecía la pena hacer un esfuerzo para reflotar Sedes porque puede desempeñar un papel muy importante como instrumento auxiliar de las políticas públicas”, ha indicado el titular de Ordenación del Territorio.

Aprovechar sinergias

La compañía ya participa en actuaciones vinculadas a la vivienda pública mediante trabajos de mantenimiento y reparación para Vipasa y ha colaborado también en la construcción de siete escuelines, entre otros proyectos, según ha especificado Zapico.

El consejero ha apostado por profundizar en la coordinación entre los instrumentos públicos vinculados al suelo y la construcción para aprovechar sinergias y dar una respuesta más eficaz a los retos residenciales.

El plazo estimado

“Si contamos con herramientas públicas en materia de vivienda, de gestión de suelo residencial e industrial y de construcción, tenemos mucho avanzado para evitar futuras crisis como la que hoy estamos padeciendo”, ha añadido.

Posteriormente, ha calculado que la aprobación de este expediente por parte del Consejo de Gobierno no debería prolongarse más allá de mediados de julio.

Reflotar Sedes

A pesar de la “situación kafkiana” que vivía esta empresa, el consejero ha señalado que siempre ha considerado que merecía la pena reflotar Sedes porque puede jugar un papel importante como empresa auxiliar del gobierno en políticas de vivienda, sociales o de sanidad y que “había que hacer un esfuerzo para hacerla cien por cien pública”.

A lo largo de esta legislatura, se ha trabajado para salvarla de la difícil situación en la que se encontraba “y se ha logrado”, ha apostillado, y ha recordado que actualmente hace trabajos de mantenimiento de viviendas para Vipasa o que ha acometido ya las obras de siete escuelas infantiles de la red regional.

Formar “un gran ente”

Para Zapico, es importante contar con una constructora cien por cien pública que se sume a las sociedades que forman parte de la administración asturiana para la promoción del suelo y de viviendas que a medio plazo tienen que establecer sinergias y formar un “gran ente” que permita evitar en el futuro crisis como el que se está viviendo actualmente en el sector inmobiliario.

Cuervas-Mons: “No nos tomen por tontos”

Cuervas-Mons, sin embargo, ha puesto en duda que se vaya a materializar la compra de esta sociedad antes de que acabe la legislatura o que Unicaja vaya a irse sin reclamar nada.

“No nos tomen por tontos”, ha afirmado el diputado popular que ha preguntado para qué ha servido y en qué punto de cumplimiento se encuentra el plan de reestructuración de Sedes en el que se gastaron 80.000 euros.

Para Cuervas-Mons, Sedes “sigue siendo, por desgracia, una empresa kafkiana”, al igual que, en su opinión, es kafkiana la situación del consejero si se siente orgulloso de su gestión y de cómo va la compañía en los últimos tres años.

El presidente del Principado y líder de los socialistas asturianos, Adrián Barbón, ha defendido este jueves que el PSOE es una organización “limpia y digna” pese a que haya algunos dirigentes que “no son dignos de militar en el partido ni de lo que significa ser socialista” y por ello han sido expulsados al verse envueltos en casos judiciales.

Barbón se ha expresado en estos términos en el pleno de la Junta General al ser preguntado por la presidenta de Vox Asturias, Carolina López, por las investigaciones judiciales que afectan al PSOE.

“El PSOE no son 'X dirigentes'”

El jefe del Ejecutivo asturiano ha dicho que “el PSOE no son 'X dirigentes'”, sino “millones de votantes y miles y miles de militantes que en sus 147 años de historia han conformado esta organización, que es limpia y digna”.

Barbón, quien se ha declarado “un orgulloso militante socialista” que siempre va a defender a esa militancia “que da la cara en las buenas y en las malas”, ha remarcado que su “postura de tolerancia cero contra la corrupción es total, absoluta y radical”.

Tolerancia cero

Tras insistir en que tiene “tolerancia cero contra la corrupción, contra los corruptos y contra aquellos que corrompen la política”, Barbón ha dicho que también tiene la misma tolerancia cero contra quienes niegan los crímenes machistas, quienes son racistas y xenófobos, los que critican al colectivo LGTBI y sus derechos o contra los que quieren involucionar.

La portavoz de Vox le ha respondido que “involución son los 147 años que lleva el PSOE enterrado en toneladas de corrupción, clientelismo y escándalos permanentes”, y ha afirmado que el manual socialista frente a la corrupción pasa por “negarlo todo” en un primer momento para después “victimizarse” y por último fingir “sorpresa”.

La réplica de Vox

López ha dicho que mientras los socialistas hablaban de feminismo apareció el caso Ábalos, mientras hablaban de transparencia surgió la trama Koldo, y cuando lo hacían de regeneración democrática “aparecían mordidas, comisiones y adjudicaciones bajo sospecha”.

La diputada ha añadido que “mientras Pedro Sánchez presume del Gobierno más limpio de la democracia, la Guardia Civil investiga a cargos socialistas de continuo”.

Rodríguez Zapatero

La presidenta de Vox Asturias ha cuestionado que el PSOE defienda a José Luis Rodríguez Zapatero como el mejor presidente que ha tenido el país, cuando es “el mejor en llevárselo crudo” y se ha convertido en el primer expresidente imputado.

López, quien ha afirmado que “millones de españoles sienten que la corrupción forma parte del ADN del Partido Socialista, ha criticado que el PSOE que no pare de dar ”lecciones de ética y superioridad moral“, y solo reconozca la presunción de inocencia para los socialistas y que para los demás haga un ”linchamiento previo“.

Los casos en Asturias

La dirigente de Vox, quien también se ha referido a casos judiciales que han afectado al PSOE en Asturias como el Caso Marea o la condena al exlíder del SOMA José Ángel Fernández Villa por apropiación, ha dicho que el Partido Socialista ha constituido “una organización criminal jerarquizada” par utilizar el poder para enriquecerse.

Barbón le ha replicado que él defiende el derecho fundamental de la presunción de inocencia para todo el mundo y ha retado a López a decirle una sola ocasión en la que no la haya respetado.

El “campañón” de ZP

Además, ha remarcado que a Rodríguez Zapatero no se le investiga por su gestión como presidente del Gobierno y ha vuelto a poner en valor su papel en la campaña electoral de 2023, cuando hizo “un campañón en toda España” que permitió al PSOE cerrar la brecha que le separaba del PP en las encuestas.

Previamente a este debate, el presidente del PP, Álvaro Queipo, también aprovechó su pregunta a Barbón sobre los servicios públicos para referirse a las investigaciones judiciales abiertas en torno al PSOE.

Queipo ha advertido de que “cada semana que pasa” hay “una nueva investigación de su partido, de algunos dirigentes o de su entorno” sin que haya habido “una palabra de condena” por parte de Barbón.

Los partidos políticos con representación parlamentaria en Asturias han demostrado este jueves que cuando sus representantes tienen interés en dialogar es más fácil sacar adelante una ley que permita reducir las trabas administrativas y mejorar al sector afectado. Y es lo que ha ocurrido con la nueva Ley de Cooperativas aprobada esta mañana en el parlamento asturiano con un amplio consenso parlamentario. La norma ha salido adelante con 41 votos a favor y cuatro abstenciones.

Actualmente, hay 169 cooperativas en el Principado que dan empleo a cerca de 3.000 trabajadores. Si se suman las sociedades laborales, que también forman parte de la economía social, el cómputo asciende a 383 empresas y 5.000 empleos directos.

El volumen anual de negocio que genera este sector ronda los 380 millones, según los datos facilitados por el Gobierno de Asturias.

Modernizar el marco jurídico

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha defendido hoy en la Junta General del Principado esta nueva ley que se caracteriza por modernizar de forma integral el marco jurídico de la economía social e impulsa el emprendimiento colectivo.

El texto sustituye a la ley vigente desde 2010 y es fruto de la negociación dentro de un proceso de diálogo institucional y social.

Cuando la política se toma en serio su función transformadora se nota en la vida real, porque hay menos obstáculos administrativos, mayor seguridad jurídica y nuevas oportunidades para las empresas

Borja Sánchez — Consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias

El valor político del consenso

Borja Sánchez ha destacado el amplio consenso parlamentario escenificado esta mañana en el parlamento asturiano.

Para el consejero, este consenso tiene un enorme valor político y práctico: “cuando la política se toma en serio -ha asegurado- su función transformadora se nota en la vida real, porque hay menos obstáculos administrativos, mayor seguridad jurídica y nuevas oportunidades para las empresas”.

Los cinco ejes principales

La nueva norma, estructurada en 185 artículos, configura un marco más ágil para el tejido productivo asturiano a través de cinco ejes principales: facilidades para emprender, flexibilidad económica, simplificación de la gestión, digitalización total y nuevas realidades.

Facilidades para emprender: reduce a dos el número mínimo de personas socias para constituir una cooperativa de primer grado, lo que evita que pequeños proyectos queden descartados.

Flexibilidad económica: mantiene el capital social mínimo en 3.000 euros, pero permite iniciar la actividad con un desembolso inicial del 25% y aportar el resto en un plazo de cuatro años.

Simplificación de la gestión: adapta las obligaciones al tamaño real de la empresa. El consejo rector solo será obligatorio a partir de diez personas socias y la figura de la intervención pasa a ser opcional en las cooperativas más pequeñas.

Digitalización total: consolida la sede electrónica y la página web corporativa como herramientas plenas para la comunicación y la publicidad.

Nuevas realidades: incorpora de forma expresa las cooperativas de industrias culturales y creativas junto con las de impulso empresarial y las de desarrollo local, fundamentales para fijar población y servicios en el medio rural.

Un sector estratégico para Asturias

El consejero ha incidido en que el cooperativismo no es un sector marginal, sino “emprendimiento colectivo en estado puro”.

“Esta fórmula de propiedad compartida y gestión democrática resulta esencial para el Principado como motor de arraigo territorial”, ha subrayado.

La nueva norma incorpora medidas que eran demandadas por el sector para facilitar la creación de nuevas entidades, reducir cargas burocráticas y adaptar la legislación a la realidad económica y social actual.

La valoración de ASATA

La agrupación de empresas de economía social de Asturias ASATA considera positiva la modernización normativa, que reduce burocracia, facilita la creación de cooperativas y reconoce nuevas fórmulas empresariales, aunque advierte de que su impacto dependerá de cómo se aplique y de los recursos que se destinen a su desarrollo.

Para la agrupación, la nueva ley supone un paso adelante para reforzar la competitividad de las cooperativas asturianas, mejorar su seguridad jurídica y eliminar obstáculos administrativos que, en muchas ocasiones, dificultaban la puesta en marcha y el funcionamiento ordinario de estas empresas de economía social.

La escucha activa

ASATA valora también que durante la tramitación de la norma se hayan tenido en cuenta propuestas y enmiendas trasladadas por la agrupación, en el marco del diálogo con el sector. A juicio de la entidad, “esta incorporación confirma la importancia de que las políticas públicas vinculadas a la economía social se construyan escuchando a quienes trabajan diariamente con las cooperativas y conocen sus necesidades reales”.

Su presidente, Ruperto Iglesias, está convencido de que esta es una ley “positiva, modernizadora y necesaria, que recoge avances importantes para el cooperativismo asturiano”.

Medidas en “la buena dirección”

Bajo su prisma, reducir burocracia, facilitar la constitución de cooperativas con dos personas socias, flexibilizar el desembolso del capital social y adaptar la organización interna de las entidades a su tamaño real son medidas que “van en la buena dirección”.

Entre los aspectos más relevantes de la norma, ASATA destaca la posibilidad de constituir cooperativas con un mínimo de dos personas socias, una medida que, según expone, puede facilitar el nacimiento de nuevos proyectos y evitar que algunas entidades entren en causa de disolución por la reducción de integrantes.

Menos trabas burocráticas

La entidad también valora positivamente que se mantenga el capital social mínimo en 3.000 euros, permitiendo que pueda desembolsarse de forma aplazada, con una aportación inicial mínima del 25%.

“Esta ley quita trabas y eso es importante. Para muchas iniciativas pequeñas, especialmente en el ámbito profesional, rural o de emprendimiento joven, los requisitos formales podían convertirse en una barrera de entrada. La posibilidad de crear cooperativas más pequeñas y flexibles puede abrir nuevas oportunidades para emprender colectivamente en Asturias”, afirma su presidente.

Otras actuaciones acertadas

La agrupación también considera acertada la simplificación de determinadas obligaciones administrativas, como que el consejo rector solo sea obligatorio en cooperativas con diez o más personas socias, permitiendo a las de menor tamaño optar por uno o dos administradores.

Del mismo modo, valora la eliminación del informe de gestión como obligación genérica junto al depósito de cuentas anuales, la posibilidad de realizar determinados procesos de disolución, liquidación y extinción de forma simultánea, y la supresión de publicaciones obligatorias en prensa en algunos supuestos.

Más recursos

No obstante, advierte de que la aprobación de la ley no puede ser entendida como un punto final, sino como el inicio de una nueva etapa que exigirá compromiso político, recursos técnicos y capacidad de gestión por parte del Gobierno asturiano.

En este sentido, la agrupación agradece el apoyo de los grupos parlamentarios que han respaldado la nueva norma y valora especialmente el amplio consenso alcanzado en torno a una ley relevante para el futuro del cooperativismo asturiano.

El reconocimiento al cooperativismo

Para ASATA, este acuerdo evidencia que la economía social debe ocupar un espacio compartido en la agenda pública, por encima de diferencias partidistas, y que el cooperativismo cuenta con un reconocimiento creciente como herramienta útil para generar empleo estable, arraigo territorial y desarrollo económico equilibrado.

“Valoramos el avance, pero no podemos ser complacientes. Una buena ley -añade- no basta si después la administración no funciona con agilidad, si los trámites siguen siendo lentos o si las cooperativas no encuentran acompañamiento cuando lo necesitan”.

Ruperto Iglesias cree que el Gobierno ha dado un paso importante y el consenso parlamentario alcanzado refuerza el valor de esta norma.

“Ahora toca demostrar que Asturias cree de verdad en el cooperativismo como motor económico y social”, incide.

Valoramos el avance, pero no podemos ser complacientes. Una buena ley no basta si después la administración no funciona con agilidad, si los trámites siguen siendo lentos o si las cooperativas no encuentran acompañamiento cuando lo necesitan. Ahora toca demostrar que Asturias cree de verdad en el cooperativismo como motor económico y social

Ruperto Iglesias — Presidente de ASATA

Generar empleo estable

La nueva ley también incorpora figuras como las cooperativas de impulso empresarial y las cooperativas de desarrollo local que ASATA considera especialmente relevantes para generar empleo estable, fijar población, dinamizar el territorio y dar respuesta a nuevas formas de actividad económica desde los principios de la economía social.

“Las cooperativas de impulso empresarial y las de desarrollo local pueden ser herramientas muy útiles si se despliegan bien”, manifiesta el presidente de la agrupación.

De ideas a proyectos viables

ASATA estima que Asturias necesita fórmulas que ayuden a transformar ideas en proyectos viables, especialmente en los territorios donde el emprendimiento individual tiene más dificultades y donde la cooperación puede marcar la diferencia.

La agrupación valora igualmente que la norma refuerce el uso de la página web corporativa como instrumento de publicidad, comunicación y participación, así como su utilidad para favorecer reuniones y encuentros telemáticos.

Políticas activas

Para la organización, esta adaptación a las herramientas digitales es imprescindible para modernizar el funcionamiento cooperativo y facilitar la participación de las personas socias.

La entidad recuerda, además, que las cooperativas son empresas democráticas, arraigadas en el territorio y comprometidas con la creación de empleo estable y con una distribución más equilibrada de la riqueza. Por ello, insiste en que la nueva ley debe ir acompañada de políticas activas de fomento del cooperativismo, formación, asesoramiento especializado, financiación adaptada y presencia de la economía social en las estrategias de desarrollo económico del Principado.

Convertir el acuerdo en resultados

“La ley abre una oportunidad. Agradecemos el apoyo de los grupos que la han hecho posible y el amplio consenso alcanzado, pero ahora hay que convertir ese acuerdo en resultados: más cooperativas, menos burocracia real, más empleo estable y más economía social en Asturias”, corrobora Ruperto Iglesias.

ASATA se compromete a colaborar con lealtad institucional, pero al mismo tiempo anuncia que va a ser exigente para que esta norma no se quede “en una buena intención legislativa”.

El trabajo de la comisión parlamentaria constituida para investigar las posibles responsabilidades políticas que pudieran existir en el accidente registrado en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, en el que fallecieron cinco mineros y otros cuatro trabajadores resultaron heridos, ha concluido este viernes con un amplio grado de consenso de todos los partidos políticos, a excepción del PSOE que se ha desmarcado del resultado.

El dictamen final mantiene la reprobación de las siete personas que con anterioridad habían sido señaladas por su responsabilidad, entre las que figuran cuatro exconsejeros de Industria del Principado y tres altos funcionarios.

Los exconsejeros socialistas

El dictamen de la Comisión de Investigación señala como responsables políticos a Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón/Xixón, y Belarmina Díaz, quien estaba al frente de Industria en el momento del siniestro y dimitió del cargo apenas 15 días después del accidente mortal. Para los tres exconsejeros, que han formado parte de una de las carteras con mayor peso en el Consejo de Gobierno del actual presidente del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbon, piden su reprobación.

El cuarto exconsejero es Isaac Pola, quien estuvo al frente de la cartera de Industria durante la etapa del presidente del Principado Javier Fernández y posteriormente fue 'rescatado' por Adrián Barbón como viceconsejero de Industria y director general de Minas.

Los altos funcionarios

Los diputados y diputadas de los grupos con representación parlamentaria que participan en esta comisión de investigación han cuestionado la forma de actuar de otros tres altos funcionarios.

El dictamen también apunta por su presunta responsabiliad a los jefes de servicio Santiago Berjano y Alberto Quirino y al asesor jurídico Gonzalo Martín Morales, a este último se le identifica como la persona que estableció el argumentario jurídico para establecer la figura del Proyecto de Investigación Complementario (PIC) ahora en entredicho

A Santiago Berjano se le atribuye la validación de las actas de inspección sin cuestionar la metodología; a Alberto Quirino por realizar inspecciones en las que no se percató de la existencia de indicios de actividad extractiva ilegal y a Gonzalo Martín Morales como “promotor intelectual y tutelador” de los PIC, figura no regulada por la Ley de Minas.

El clima de trabajo

En el dictamen final de la comisión parlamentaria tampoco ha variado la propuesta de ayudas a las familias de los fallecidos y a los heridos graves, tanto en el accidente de 2025 como en el ocurrido en 2022, donde fallecieron otros dos mineros.

La diputada Covadonga Tomé, portavoz de Somos Asturies y presidenta de la comisión, si bien se ha mostrado muy satisfecha tanto con el clima de trabajo como con el resultado obtenido, no ha obviado los obstáculos que, según asegura, puso en el camino el PSOE con una “falta de actitud constructiva”.

El texto sale “mejorado”

En su análisis, Tomé ha explicado que “hubo días más tensos y días menos tensos, pero en general el ambiente fue proactivo, de colaboración y con verdadera intención de enriquecer el dictamen”.

Ese ambiente “proactivo” facilitó que, según la diputada, el texto saliera “mejorado” respecto al borrador inicial gracias a las incorporaciones de otros grupos parlamentarios.

Ayudas “directas e inmediatas”

Tomé ha asegurado que el tema de las ayudas económicas es “una parte fundamental del dictamen”, si bien ha contrapuesto esta posición general a la socialista, cuya propuesta genérica de apoyo a accidentes laborales a partir de 2025 “excluiría a las víctimas del accidente ocurrido en 2022, que se saldó con un fallecido y un herido”.

No obstante, tras una corrección en la redacción, estas ayudas “no tendrán carácter de adelanto sobre futuras indemnizaciones judiciales, sino que constituirán -ha señalado- una ayuda directa e inmediata”.

Las críticas a los socialistas

El dictamen ya fue aprobado en comisión con el voto en contra del PSOE, lo que ha llevado a la diputada a pensar que podrá salir adelante en el pleno “con una amplia mayoría”.

Tomé ha tildado el comportamiento del PSOE de “hostil, rayando la pataleta”.

Las reacciones de los partidos

Al término de la reunión, los representantes de los demás grupos políticos también han hecho su propia valoración.

El PSOE, por el momento, no se ha pronunciado sobre el voto particular que previsiblemente presentará al texto en el plazo de quince días que se abrirá el lunes.

Para el portavoz de IU/CA, Xabel Vegas, las posiciones “opuestas” entre su formación y el PSOE en torno al dictamen debe verse “con normalidad democrática” y sin que comprometa la estabilidad del Gobierno pese a que, a juicio del socialista René Suárez, el texto sale adelante “con correcciones sobre correcciones” y sin atender al criterio de los letrados y dejando abierta la puerta a un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC).

El caos “sistemático”

Para el diputado popular Rafael Alonso, el dictamen evidencia tanto que la comisión parlamentaria era necesaria pese a la oposición inicial del PSOE como el “caos sistémico” en la administración que posibilitó que la empresa concesionaria del yacimiento estuviera extrayendo carbón pese a carecer de autorización para ello.

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha lamentado que el PSOE “se autoexcluyera” del consenso al no participar, según ha dicho, en la búsqueda de acuerdos sobre el texto final, y ha criticado que el principal grupo de la Cámara actuase “como que esto no va con él” frente al resto de los grupos que “han estado a la altura”.

Las responsabilidades

Vox ya ha avanzado su renuncia a presentar un voto particular al darse por satisfecho con la redacción del texto pese a que finalmente no reclame responsabilidades del alcalde de Degaña, el socialista Óscar Ancares, ni del presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón.

El texto mantiene la exigencia de responsabilidades políticas tanto para los cuatro exconsejeros socialistas, que deberán sustanciarse “y no limitarse a quedar reflejadas en un papel sino conllevar ceses”, como para los tres altos funcionarios de la administración autonómica.

El cuestionamiento de los letrados

Esa mención a los empleados públicos fue cuestionada por los letrados de la Cámara y los grupos han buscado una redacción que evite el riesgo de que la Junta General vuelva a ser amonestada por el Tribunal Constitucional (TC), como ya ocurrió con la comisión que investigó al Gestor de Infraestructuras por vulnerar su derecho a la presunción de inocencia en caso de que presenten un recurso de amparo.

Los letrados de la Cámara redactarán ahora el texto final del dictamen para que el próximo lunes, a las 10 horas, se reúna de nuevo la comisión para su aprobación y posterior elevación a pleno, que lo debatirá y votará a lo largo del mes de junio.

Los trabajadores de Mina Miura han resistido la lluvia, la humedad, el frío y el cansancio que les ha llevado durante seis días a protagonizar una marcha por las carreteras del suroccidente asturiano hasta llegar este miércoles a Oviedo/Uviéu para decir alto y claro que siguen reclamando las 12 nóminas que el empresario Fernando Martínez Blanco les adeuda y defender el mantenimiento del empleo en la comarca.

Los mineros apenas tuvieron tiempo para descansar y recuperar fuerzas tras el encierro que protagonizaron, a 300 metros de profundidad, durante 15 días, para reclamar el cobro pendiente de los salarios y exigir estabilidad laboral y soluciones que permitan garantizar el futuro de la actividad minera. Nada más abandonar la explotación, decidieron que no podían quedarse en sus casas a esperar que el empresario diera señales de vida y les ofreciera una salida a esta situación.

Del encierro a la marcha minera

Dicho y hecho. Del encierro en la mina se pasó a analizar las siguientes movilizaciones y optaron por realizar una marcha minera desde Tormaleo, en el concejo de Ibias, hasta la capital asturiana, con la meta fijada en la sede de la Junta General del Principado.

Los 160 kilómetros que separan ambas localidades los distribuyeron en seis etapas, que culminaron hoy a las 13.30 horas cuando llegaron a la calle Uría de Oviedo/Uviéu. Durante su recorrido no han estado solos y han recogido las muestras de solidaridad de familiares, amigos, vecinos, representantes políticos y sindicales tanto de Asturias como de León.

La marcha iba encabezada por los mineros que protagonizaron el encierro, quienes portaban una pancarta bajo el eslogan 'De Mina Miura a a Junta General. Mineros en lucha por el empleo en la comarca' con una foto donde sobreimpresionada llevaba la frase 12 nóminas robadas y las siglas del sindicato UGT-SOMA-FITAG que ha estado a su lado en todas las acciones de protesta emprendidas.

El apoyo de la calle

La llegada de los mineros a Oviedo/Uviéu ha sido seguida con gran expectación a su llegada a la calle Uría, donde fueron saludados por numerosos vecinos y vecinas que les mostraron su apoyo.

Además de los representantes de los grupos parlamentarios asturianos, con los que se reunieron previamente al encuentro que mantuvieron con el presidente asturiano, los mineros también han estado respaldados por dirigentes del PSOE de León.

A su llegada a la sede del Parlamento asturiano, han sido recibidos por el presidente de este institución, Juan Cofiño, y representantes de todos los grupos políticos, con los que han mantenido una reunión.

Respeto al trabajo de los mineros

Seguidamente, el portavoz de los mineros José María Pérez, ha leído un manifiesto donde dejaba constancia de que los trabajadores no llegaban a “la casa de todos los asturianos a pedir favores”.

“Venimos a exigir el cumplimiento de la ley, política para las personas y el respeto a nuestro trabajo”, dijo.

Supervivencia de las cuencas mineras

Con este testimonio reflejaba, según sus propias palabras, “la lucha por la supervivencia de las cuencas mineras”.

Las críticas al empresario “a la fuga”, como lo denominaron días atrás por la falta de contacto con ellos y las reiteradas promesas incumplidas, no se hicieron esperar.

La “impunidad” empresarial

Además de solicitar garantías de futuro para los mineros, reclaman que se impida que “los vacíos legales o la mala gestión empresarial recaigan, una vez mas, sobre las espaldas de la clase obrera” y denunciaron “la desesperación de vivir sin salarios”.

Los mineros han denunciado la “impunidad empresarial” y la actitud de una patronal que “ignora responsabilidades legales, reteniendo las nóminas devengadas, condenándoles a la precariedad” y “burlándose de la administración pública”.

Solidaridad asturiana y leonesa

Los socialistas leoneses, que acompañaron a los mineros en su marcha a la capital asturiana, recordaron que una parte muy importante de los trabajadores de las explotaciones mineras asturianas en activo procede de la provincia leonesa, lo que convierte este conflicto “en una cuestión de enorme impacto social y económico para las cuencas mineras leonesas”.

Entre otros dirigentes se encontraban la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León y procuradora leonesa, Nuria Rubio, quien señaló que “esta marcha refleja la desesperación y el cansancio de unos trabajadores que llevan demasiado tiempo esperando respuestas”.

Estabilidad, seguridad y soluciones

“Estamos hablando de familias que necesitan estabilidad, seguridad y soluciones reales para poder seguir adelante”, ha afirmado.

Nuria Rubio ha destacado además el esfuerzo realizado por los mineros durante estos días de movilización y ha insistido en que “las administraciones no pueden mirar hacia otro lado ante una situación que afecta de lleno a las cuencas mineras y a comarcas que han dado tanto a esta tierra”.

La dignidad de los mineros

Por su parte, el alcalde de Villablino y procurador socialista, Mario Rivas, ha subrayado que “los mineros han vuelto a demostrar una enorme dignidad defendiendo sus derechos y el futuro de sus familias”.

“No están reclamando privilegios, están reclamando poder trabajar y cobrar por su trabajo”, ha resaltado.

La vinculación

Mario Rivas ha destacado igualmente la estrecha vinculación histórica entre las cuencas leonesas y la minería asturiana, y ha recalcado que “cuando se pone en riesgo el empleo minero, se pone en riesgo la estabilidad de muchos municipios de León que todavía dependen de esta actividad”.

La situación laboral

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, acompañó a los mineros hasta la sala donde se reunieron con el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, y miembros de su gabinete.

En el encuentro, los trabajadores expusieron su delicada situación laboral y defendieron la necesidad del mantenimiento de los puestos de trabajo.

La mediación del Principado

El objetivo de los mineros era pedir al Gobierno del Principado que realice una labor de mediación en el conflicto laboral que mantienen con el empresario de cara a agotar “todas las vías administrativas y legales contra el incumplimiento empresarial”.

Los mineros han advertido sobre el “abandono” del suroccidente asturiano, “donde cada empleo minero perdido es un clavo más en el ataúd” de los pueblos y han insistido en “soluciones efectivas” puesto que “no basta con palabras de apoyo” y se precisan “acciones políticas y jurídicas contundentes que obliguen al empresario a cumplir”.

“No venimos a pedir favores”

“Los mineros y las personas que hoy estamos aquí, somos herederos de una tradición de lucha que nunca se ha rendido. Si el empresario no paga, la administración no puede ser cómplice con su silencio o inacción. No venimos a pedir favores, venimos a exigir el cumplimiento de la ley”, han defendido.

Los cuatro trabajadores han agradecido a los alcaldes y vecinos de los municipios recorridos en los seis días de marcha a pie “sus muestras de cariño, el plato de comida caliente y las puertas abiertas”. Ahora falta que el Principado medie y el empresario responda.

 El Consejo de Gobierno del Principado aprobará en su reunión del próximo lunes la recuperación del Servicio de Seguridad Minera suprimido en 2019 a través de un decreto que regulará la estructura de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, que dará marcha atrás a la fusión de servicios realizada poco después de la formación del primer Ejecutivo de Adrián Barbón.

Esta decisión, que convertirá a Asturias en la única comunidad autónoma en disponer de dicho servicio y que figuraba entre las recomendaciones del informe de la Inspección General de Servicios sobre el accidente minero de Zarréu, en el que fallecieron cinco trabajadores, el 31 de marzo de 2025, ha sido anunciada este miércoles por Barbón durante el turno de preguntas al presidente en el pleno de la Junta General del Principado.

Las responsabilidades

Las preguntas hacían referencia a la asunción de responsabilidades en el gobierno regional por el siniestro y al borrador de dictamen de la comisión de investigación sobre el accidente y habían sido formuladas por el portavoz del PP, Álvaro Queipo, quien ha advertido a Barbón de que su legado será el de un presidente “que falló a Asturias” y que “mintió y encubrió a los responsables para protegerse a sí mismo”, y por la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que preside ese órgano parlamentario.

Uso partidista

Tomé ha reprochado a Barbón la reacción de su partido al contenido de su propuesta de dictamen, que atribuye responsabilidades a cuatro altos cargos de sus gobiernos y a tres funcionarios, y ha defendido la inclusión de nombres -“no solo de los empresarios, que son terroristas patronales”- como una exigencia de la sociedad a un parlamento del que espera “firmeza y claridad” para esclarecer lo ocurrido.

En sus respuestas, Barbón ha acusado al líder del PP de caer “en lo más rastrero” al utilizar la muerte de personas para hacer política sin que le interese hablar las víctimas ni llegar hasta el final sino únicamente “los votos” al estar más preocupado por subir un punto en las encuestas que en conseguir que se haga justicia.

“Más allá de las recomendaciones”

El jefe del Ejecutivo ha reiterado que su gobierno ha ido más allá de las recomendaciones que figuraban en el informe de la Inspección General de Servicios sobre el accidente pese a la “cacería electoral” organizada por un PP cuyo líder es “incapaz de ponerse en el lugar de las familias de las víctimas” y de condenar explícitamente la actuación de la empresa que explotaba el yacimiento.

Para Queipo, la actitud de Barbón no es solo “políticamente cobarde” si no injusta con las víctimas y será recordado por una negligencia que permitió que el accidente ocurriera y por una respuesta “que no supo estar a la altura” al renunciar a asumir responsabilidades, mentir y encubrir a los responsables “para protegerse”.

Qué, quién y por qué falló todo

“Si no se reconoce qué fallo, ni quién fallo y por qué se falló todo va a ser humo y ustedes lo saben porque nunca se corrige lo que se niega y nunca se arregla lo que se pretende tapar”, ha subrayado el presidente del PP tras lamentar el “peligrosísimo” mensaje que lanza el Gobierno de que en Asturias “todo puede fallar y no pasa nada”.

En la misma línea ha criticado el anuncio de ayudas a fallecidos en accidentes laborales realizado por un gobierno que se contradice “a sí mismo” y se reúne “de forma clandestina” para poner en marcha compensaciones “con las que tapar su responsabilidad” y “salir del paso” que, además no llegarán a las víctimas del siniestro de 2022 en Cerredo. “No hay peor forma de hacerlo”, ha subrayado Queipo.

“El lío” de las ayudas

También la portavoz de Somos Asturies ha cuestionado el “absoluto lío” con las ayudas un gobierno que se dio “mucha prisa” en reunirse de forma opaca para emitir un informe negativo y bloquear su proposición sobre esta cuestión y ha lamentado los “aspavientos” del PSOE sobre su propuesta de dictamen.

De los empresarios, ha advertido, se encargará la justicia ordinaria que también está investigando la actuación a una compañía “pirata e insolvente” que, ha subrayado, operaba con permisos concedidos por el gobierno de Asturias y supuestamente bajo su supervisión pese que en 2022 ya se había constatado en otro accidente mortal que en el yacimiento de Cerredo se esta extrayendo carbón.

Minimizar el borrador

Barbón, por su parte, ha considerado el borrador de Tomé como “una aportación más” a la búsqueda de la verdad sobre el siniestro que incluye defectos “y errores graves” y que sitúa a los señalados como responsables al borde de imputarles el delito de homicidio imprudente pese a que, a su juicio, ni el informe de la Inspección General de Servicios ni el propio borrador aporten pruebas que atribuyan la responsabilidad de lo ocurrido a personas concretas.

“Caiga quien caiga, pero con pruebas”, ha subrayado durante su intervención.

El pleno de la Junta General del Principado ha aprobado este jueves con el respaldo de todos los partidos, salvo Vox, la modificación de la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas para permitir que las actuaciones musicales de pequeño formato puedan programarse de manera más simple.

La proposición de ley ha sido presentada de forma conjunta por PSOE, PP, Convocatoria por Asturies-IU y los diputados del grupo mixto Covadonga Tomé y Adrián Pumares y ha contado con la abstención de Vox, que ha presentado varias enmiendas al texto, todas ellas rechazadas.

Una declaración responsable

En virtud de estos cambios, los responsables de los espectáculos públicos y actividades recreativas en directo que por su formato puedan ser considerados de “escasa incidencia o entidad en relación con la protección del orden público, la seguridad, la salud pública y el medio ambiente” deberán presentar a partir de ahora una declaración responsable al Ayuntamiento correspondiente con, al menos, 48 horas de antelación.

La proposición, tramitada por el procedimiento de lectura única, el más rápido que permite el reglamento del parlamento asturiano, tiene como objetivo dar “respuesta a la demanda” de los colectivos, con todas las “garantías jurídicas”, ha defendido el diputado del PSOE Ricardo Fernández.

Un impulso a la vida cultural

El parlamentario del PP José Luis Costillas ha subrayado que la modificación impulsará la vida cultural de Asturias, dado que contribuirá a “abrir las puertas a jóvenes artistas que necesitan oportunidades” y al negocio de los pequeños negocios.

El portavoz de Convocatoria por Asturies-IU, Xabel Vegas, ha destacado que la aprobación de la proposición “da respuesta a una demanda histórica, justa y necesaria de los músicos asturianos”, que, hasta ahora, “se estrellaban contra un auténtico muro administrativo”.

Nuevas oportunidades

Tomé ha asegurado que estos cambios “abrirán oportunidades” a los músicos y creadores de las artes escénicas y ayudarán a “dignidad el sector”, mientras que Pumares ha hecho hincapié en que la modificación no rebaja garantías y permite que los trámites sean “más ágiles, proporcionados y razonables”.

Vox ha presentado tres enmiendas al texto, todas rechazadas, puesto que será un “caramelo envenenado para los hosteleros” y supone extrapolar a Asturias el “modelo de fracaso” impulsado en Gijón/Xixón. 

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha advertido este miércoles de la existencia de “errores graves” en la propuesta de dictamen de la comisión de investigación sobre el accidente minero de Zarréu, elaborado por su presidenta, la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, y ha abogado por eliminarlos en la redacción definitiva del texto que se apruebe.

Según Sánchez, el borrador, que atribuye responsabilidades políticas a cuatro exconsejeros de Industria del PSOE así como a tres altos funcionarios del Servicio de Minas, peca de una “redacción arbitraria” en cuestiones como la relativa a la actuación del extinto Instituto de Desarrollo Económico (IDEPA) que, ha subrayado, no ostentó competencias materiales sobre la autorización o el control de la actividad minera más allá de la evaluación técnica, económica o procedimental de los proyectos empresariales.

Los cuestionamientos del consejero

Pese a que el borrador del dictamen reconoce este extremo, ha indicado el consejero, a la vez “responsabiliza” al Idepa por su gestión en relación con la actividad minera, un error que se suma, a su juicio, al que supone señalar directamente a funcionarios del Principado por su labor en ese ámbito.

Sánchez ha recordado que la Junta General del Principado ya fue reconvenida por el Tribunal Constitucional por vulnerar el derecho a la presunción de inocencia de una funcionaria del Gestor de Infraestructuras (GITPA) en el dictamen de una comisión de investigación sobre dicho organismo.

Asumir las once recomendaciones

Para el consejero, a nivel personal y tras hacerse cargo de la competencias en materia de minería con posterioridad al accidente, su responsabilidad pasa por asumir las once recomendaciones que plantea el informe elaborado por la Inspección General de Servicios y por completar la evaluación que están realizando junto al Instituto de Transición Justo sobre la explotación de carbón que se venía realizando en Asturias y su posible colisión con la ley de cambio climático y el plan de cierre de la minería no rentable.

Sánchez se ha expresado así en su respuesta ante el pleno del parlamento asturiano a una pregunta sobre si ya ha llegado el momento de asumir responsabilidades políticas por la tragedia de Zarréu formulada por el diputado del PP Rafael Alonso, que ha advertido de que el Gobierno se ha quedado “solo y enrocado” al rechazar por el momento que tenga que haber ceses entre los cargos públicos involucrados.

PP: “Aquí no dimite nadie”

“Con todo lo que pasó y con seis fallecidos -cinco el accidente de 2025 y uno en el registrado en 2022- aquí no dimite nadie. Eso es lo que se pregunta la opinión pública”, ha subrayado Alonso tras recordarle al PSOE que su socio de gobierno, Izquierda Unida, exige también que se asuman ya responsabilidades.

Así, ha cuestionado que se pueda seguir hablado como hace el Ejecutivo de gobierno “de unidad progresista” dadas las discrepancias en su seno, a la vez que ha cuestionado si se puede calificar de “progresista” el hecho de no asumir responsabilidades políticas por parte de un gabinete que muestra su “nerviosismo” al cambiar de opinión en 48 horas sobre la posibilidad de conceder ayudas a las víctimas.

“A ustedes se les va a hacer largo porque este asunto no termina ni mañana ni pasado mañana y, mientras tanto, todos los asturianos esperamos que se haga realidad el caiga quien caiga del señor Barbóon”, ha advertido.

La exconsejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico Nieves Roqueñí ha rechazado este martes la existencia de un vínculo entre las causas del accidente de la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, en el que fallecieron cinco trabajadores, el 31 de marzo de 2025, y la “gestión política” en el departamento que dirigió hasta dos meses antes del siniestro.

En declaraciones a los periodistas, la actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón/Xixón ha recordado que el informe elaborado por la Inspección General de Servicios del Principado, que analizó el funcionamiento del Servicio de Minas, “no hace una vinculación entre el accidente y la gestión política” en la consejería.

“Son actuaciones a mejorar”, alega

Este informe establece una seria de “actuaciones a mejorar”, pero en ningún caso “hace una vinculación entre el accidente y la gestión política”, ha incidido la exconsejera.

Roqueñí se ha pronunciado así después de que el borrador del dictamen elaborado por la presidenta de la comisión parlamentaria de investigación del accidente minero y diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, haya señalado la responsabilidad de tres exconsejeros de Industria -Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa; Nieves Roqueñí, y Belarmina Díaz, quien dimitió a los pocos días del accidente-, así como del exviceconsejero Isaac Pola, que había sido consejero en el Gobierno de Javier Fernández, y tres funcionarios.

La postura de Roqueñí coincide con la sostenida por la parte socialista del Gobierno del Principado, que considera que hasta el momento no se han establecido responsabilidades políticas por el accidente, mientras que su socio IU sí que las aprecia. 

El presidente del Gobierno de Asturias, el socialista Adrián Barbón, regresa esta semana a tierras asturianas tras culminar su viaje institucional a México, donde permaneció durante siete días al frente de una delegación comercial en busca de captación de inversiones, y uno de los primeros compromisos oficiales será acudir a sede parlamentaria mañana, miércoles, para dar explicaciones sobre las responsabilidades políticas del accidente que costó la vida a cinco mineros en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, el 31 de marzo de 2025.

Para las familias de los cinco mineros fallecidos y los cuatro trabajadores que resultaron heridos en ese accidente laboral no debe ser fácil ver cómo los políticos se “tiran los trastos” -en lenguaje coloquial-, ni que se utilice su caso como arma arrojadiza hablando de un siniestro que les ha destrozado sus vidas.

Sin unanimidad

Mientras los supervivientes de esta tragedia minera y los familiares de los fallecidos tratan de recomponer su día a día, los representantes políticos y los líderes sindicales siguen debatiendo sobre el contenido del borrador del dictamen elaborado por la Comisión de Investigación creada en la Junta General del Principado.

El contenido de este borrador fue avanzado a la prensa el pasado 21 de abril, por la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, en su calidad de presidenta de la comisión de investigación. En el documento se exigía la reprobación y cese de cuatro exconsejeros y exconsejeras de Industria durante etapas de gobierno socialista y de tres altos funcionarios a los que se atribuye alguna responsabilidad por este accidente y aún no se sabe oficialmente si se convertirá en un documento no vinculante o tendrá algún efecto práctico.

El hecho de que Covadonga Tomé presentara públicamente las conclusiones de este dictamen, incluso antes de enviarlo a los grupos parlamentarios, ha sido afeado por el diputado y portavoz de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, quien ha considerado que la diputada del Grupo Mixto incurrió en “un grave error”.

Xabel Vegas y “los errores” de Tomé

En primer lugar, entre otras razones, el diputado Vegas alude al hecho de que no lo hubiera remitido primero a la comisión para su debate, presentación de enmiendas y votos particulares, y en segundo lugar porque se diera a conocer públicamente antes en una rueda de prensa a la que acudió acompañada de Laura Tuero, de Somos Asturies, lo que, bajo su prisma, podría ser interpretado como una utilización partidista.

Tomé ha replicado a las críticas de Vegas asegurando que el borrador del dictamen se remitió “en primer lugar al Grupo Socialista y al letrado de la Cámara” antes de la rueda de prensa de presentación, y el documento quedó colgado en la carpeta de la comisión para el resto de formaciones.

Una argumentación que, según el razonamiento del portavoz de Convocatoria por Asturies, supondría que si se hizo “como deferencia” en primer lugar al Grupo Socialista se podría inferir que al resto de los grupos no se les remitió por “falta de deferencia”.

Las interpelaciones

A la falta de unanimidad entre los miembros de la coalición del gobierno progresista que integran PSOE e Izquierda Unida-Convocatoria por Asturies se suma también las discrepancias en el entorno sindical, ya que tampoco los líderes de los sindicatos CCOO y UGT tienen opiniones coincidentes sobre si el Gobierno asturiano debe forzar los ceses y asumir responsabilidades políticas y cuándo es el momento más oportuno.

La Junta General del Principado celebra este miércoles una sesión plenaria centrada en el borrador de este dictamen que recoge las principales conclusiones de la comisión de investigación y el posicionamiento del Ejecutivo autonómico sobre las responsabilidades políticas en el accidente registrado en la mina de Zarréu.

¿Mintió? ¿Se arrepintió?

“¿Por qué mintió cuando dijo que llegaría hasta el final, 'caiga quien caiga' en la investigación del accidente de la mina?”. Con esta pregunta del portavoz del PP, Álvaro Queipo, arrancará esta sesión plenaria.

Su intervención dará paso a la interpelación del diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares, del grupo parlamentario de Foro Asturias. En su caso, quiere saber si Adrián Barbón “se arrepiente de haber desmantelado el Servicio de Seguridad Minera”.

¿Por qué puso un océano de por medio?

No serán las únicas intervenciones, ya que seguidamente la portavoz de Vox, Carolina López, ahondará en la herida con alusión al viaje de México incluida: “¿Cómo justifica que, en pleno escenario de crisis y con su gestión bajo cuestionamiento, haya optado por poner un océano de por medio en lugar de permanecer en Asturias dando explicaciones y asumiendo responsabilidades?”.

En ausencia de Barbón esta semana el portavoz de su equipo de gobierno, el consejero Guillermo Peláez, ha salido a defender la actuación del Ejecutivo regional.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Peláez ha afirmado este lunes que el PSOE e IU son formaciones políticas distintas que pueden tener discrepancias, en este caso en torno a un borrador de un dictamen “de parte” que ha sido elaborado por la presidenta de la comisión parlamentaria de investigación y diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé.

En opinión de “la parte mayoritaria” del Gobierno, “no se ha puesto de manifiesto”, ha dicho, la existencia de responsabilidades políticas, “lo cual no quiere decir que se pueda poner de manifiesto” más adelante porque aún se sigue investigando.

Peláez ha admitido que el Servicio de Minas no funcionaba como debía, “pero de ahí a decir que ese funcionamiento anormal causó cinco muertes hay un paso muy grande, y ahora mismo con la información disponible no se puede asumir”, ha incidido.

Los “juicios de valor”, según el PSOE

Aunque Peláez ha salido públicamente para exponer el posicionamiento del Principado, la portavoz del Grupo Socialista en la Junta General, Dolores Carcedo, ya había cuestionado públicamente el borrador de dictamen de la comisión de investigación al manifestar que incorporaba “errores”, “juicios de valor” y no fijaba una “relación directa” entre los hechos examinados y las responsabilidades que se pretenden exigir.

“No podemos señalar, con lo que tenemos en este momento encima de la mesa, a personas concretas como corresponsables de este accidente”, llegó a decir Dolores Carcedo.

El posicionamiento sindical

Aunque habitualmente suelen estar bastante de acuerdo en materia de siniestros laborales los secretarios generales de CCOO y UGT en Asturias, José Manuel Zapico y Javier Fernández Lanero, respectivamente, en el caso del polémico tema del borrador del dictamen de la comisión de investigación sus posturas no coinciden.

Así, Zapico se muestra favorable a que se ejecuten responsabilidades políticas “de manera inmediata”, frente a la opinión de Fernández Lanero quien opina que hay que esperar a ver cómo avanzan los procedimientos judiciales y estima que las responsabilidades políticas “ya se asumieron” al cambiar “de arriba a abajo” la Consejería de Industria.

Las opiniones de Zapico y Lanero

El secretario general de CCOO tiene claro cuál debería ser el siguiente paso que tendría que dar el presidente Barbón. A su juicio, debería instar a los exconsejeros de Industria que él mismo nombró para el cargo y que actualmente desempeñan la presidencia de Hunosa y la Autoridad Portuaria de Gijón/Xixón, Enrique Fernández y Nieves Roqueñí, respectivamente, para que dimitan.

El secretario general de UGT considera, sin embargo, que las responsabilidades políticas ya se asumieron cuando cambió la cúpula de la Consejería de Industria y se muestra más partidario de esperar a ver qué decisión adopta finalmente la administración de justicia respecto al accidente minero y culpa directamente a la empresa por sus incumplimientos.

El documento y las reprobaciones

En eldiario.es Asturias reproducimos a continuación las principales conclusiones de este borrador de dictamen de la comisión de investigación.

Junto a Enrique Fernández y Nieves Roqueñí, el dictamen reprueba la actuación de la exconsejera Belarmina Díaz, quien estaba al frente de Industria en el momento del siniestro y dimitió del cargo apenas 15 días después del accidente mortal. Los tres exconsejeros fueron nombrados al frente de una de las carteras con mayor peso en el Consejo de Gobierno por el actual presidente del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbón.

Cargos públicos y funcionarios

El cuarto cargo político cuestionado es Isaac Pola, quien fue consejero de Industria durante la etapa como presidente del Principado del socialista Javier Fernández y posteriormente 'rescatado' por Adrián Barbón como viceconsejero de Industria y director general de Minas.

Los tres altos funcionarios del Servicio de Minas, para quien también se solicita la reprobación en este borrador de dictamen, son los jefes de servicio Santiago Berjano y Alberto Quirino y el asesor jurídico Gonzalo Martín Morales.

A Santiago Berjano se le atribuye la validación de las actas de inspección sin cuestionar la metodología; a Alberto Quirino por realizar inspecciones en las que no se percató de la existencia de indicios de actividad extractiva ilegal y a Gonzalo Martín Morales como “promotor intelectual y tutelador” de los denominados PIC (Proyecto de Investigación Complementario, una figura no regulada por la Ley de Minas.

La comisión parlamentaria creada en la Junta General del Principado de Asturias para investigar si hubo alguna negligencia política o administrativa que derivó en el accidente mortal registrado en la mina de Zarréu, en el concejo de Degaña, el pasado 31 de marzo de 2025, que costó la vida a cinco trabajadores, ha apreciado la existencia de responsabilidad en siete personas, de las que cuatro de ellas estuvieron al frente de la Consejería de Industria durante las etapas de gobierno socialista.

El dictamen de la Comisión de Investigación señala como responsables políticos a Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón/Xixón, y Belarmina Díaz, quien estaba al frente de Industria en el momento del siniestro y dimitió del cargo apenas 15 días después del accidente mortal. Para los tres exconsejeros, que han formado parte de una de las carteras con mayor peso en el Consejo de Gobierno del actual presidente del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbon, piden su reprobación.

Otras cuatro personas cuestionadas

La presidenta de la comisión y diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha presentado este martes el dictamen provisional donde se apunta igualmente a la responsabilidad en la que han podido incurrir otras cuatro personas.

Se trata de Isaac Pola, quien fue consejero de Industria durante la etapa del presidente del Principado Javier Fernández y posteriormente 'rescatado' por Adrián Barbón como viceconsejero de Industria y director general de Minas y otros tres altos funcionarios del Servicio de Minas, para quien también se solicita la reprobación.

El papel de los altos funcionarios

Los diputados y diputadas de los grupos con representación parlamentaria que participan en esta comisión de investigación han cuestionado la forma de actuar de estos tres altos funcionarios: los jefes de servicio Santiago Berjano y Alberto Quirino y el asesor jurídico Gonzalo Martín Morales, a este último se le identifica como la persona que estableció el argumentario jurídico para establecer la figura del Proyecto de Investigación Complementario (PIC) ahora en entredicho.

A Santiago Berjano se le atribuye la validación de las actas de inspección sin cuestionar la metodología; a Alberto Quirino por realizar inspecciones en las que no se percató de la existencia de indicios de actividad extractiva ilegal y a Gonzalo Martín Morales como “promotor intelectual y tutelador” de los PIC, figura no regulada por la Ley de Minas.

Las actuaciones

¿En qué consistían las actuaciones que ponen en entredicho sus señorías?. A esta pregunta sigue la siguiente respuesta: los integrantes de la comisión achacan a los tres exconsejeros que no hubieran extremado el celo en las medidas de vigilancia. Así, estiman que han mantenido una estructura organizativa y de inspección “insuficiente” para el adecuado control de actividades mineras y no haber llevado a cabo una supervisión política reforzada sobre el expediente de la mina de Zarréu donde ya se había producido con anterioridad un accidente mortal.

Una de las personas que sale peor paradas en esta investigación que se ha llevado a cabo es, según el dictamen provisional, Belarmina Díaz, que con anterioridad a su cargo como consejera había estado al frente de la Dirección General de Minas entre los años 2017 y 2019.

La consejera que dimitió tras el siniestro

El mismo día del accidente, la entonces consejera se personó en la mina de Zarréu para conocer de primera mano la situación, pero apenas 15 días más tarde presentaba su dimisión en una sesión plenaria en el parlamento asturiano.

La comisión de investigación cuestiona en su dictamen que Belarmina Díaz autorizase y firmase cuatro autorizaciones a pesar de que dos de ellas eran “materialmente incompatibles entre sí” y que permitieron la continuidad de actuaciones extractivas en un contexto de cierre.

En el dictamen provisional también se la considera responsable de haber otorgado transmisiones mineras “sin que conste una comprobación suficientemente rigurosa y reforzada”, de no haber activado mecanismo extraordinarios de control y de haber contribuido “por acción u omisión” a consolidar la figura de los PIC.

“El accidente pudo haberse evitado”

La presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, asevera que las siete personas a las que ha puesto nombre, apellidos y cargos como supuestos responsables políticos y administrativos deben ser cesados.

El borrador incide en que el accidente se podría haberse evitado porque había una “absoluta incompatibilidad” entre el proyecto de cierre de la mina que se firmó en 2019 y el posterior proyecto de restauración autorizado dos años después, con el proyecto de investigación complementaria autorizado en 2024 “que pretende utilizar de manera torticera una actividad extractiva que estaba totalmente prohibida”.

Para la presidenta de la comisión, aunque la responsabilidad primera corresponde a quienes ordenaron la extracción clandestina de carbón, también existen responsabilidades administrativas “inequívocas” porque se dieron autorizaciones sin suficientes controles, se aprobaron figuras jurídicas “sin cobertura normativa”, como los proyectos de investigación complementaria (PIC), se avisaba a las empresas de las inspecciones y además no se ejecutaba expedientes sancionadores.

Una cadena de errores

Un año después del accidente que costó la vida a los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez por una explosión de grisú, la comisión considera sin lugar a dudas que este suceso se produjo como consecuencia de una cadena de decisiones administrativas deficientes, omisiones de control y una extracción clandestina, deliberada y duradera que “se pudo y se debió detectar y prevenir”.

Además, ha avanzado que hay responsabilidades institucionales de la administración del Principado ya que en el cambio de titularidad de la mina entre Combayl y Blue Solving, sociedades del mismo entramado familiar del empresario Jesús Rodríguez Morán, conocido como 'Chus Mirantes' -actualmente imputado por vía penal- “no se exigió o verificó la solvencia técnica y económica de las empresas”.

Los incumplimientos

“La administración incumplió su función de control de acceso al dominio público minero”, lo que constituye una infracción del deber legal de diligencia, señala el borrador, en el que también advierte de que la administración no activó el proceso sancionador derivado del hecho de que Blue Solving no hubiese presentado la garantía financiera a la que estaba obligada.

Además, según recoge la agencia Efe, cuestiona el uso dado a los PIC , “figura que no tiene definición ni regulación expresa en la normativa de minas” y que se hubiese otorgado uno a la mina situada en el concejo de Degaña “en abierta incompatibilidad” con resoluciones anteriores que decretaban el cierre de la explotación.

Otras anomalías

Alude además a la existencia de incoherencias sistémicas en la gestión de autorizaciones mineras, a la existencia de deficiencias estructurales en el sistema de inspecciones, y al incumplimiento de la ordenación documental de expedientes administrativos.

Covadonga Tomé ha asegurado que la comisión recibió 1.339 ficheros que no responden a la definición de expediente administrativo y que la falta de orden, numeración y coherencia documental aportada desde el Principado dificultó “gravemente” el trabajo de los parlamentarios.

Las recomendaciones

Entre las recomendaciones que hace, a corto plazo, plantea una moratoria total sobre los PIC y la revisión de oficio de todos los que estén actualmente en vigor, iniciar un procedimiento sancionador a Blue Solving por no haber presentado la garantía financiera de 3,1 millones que se le exigía e iniciar el procedimiento para la declaración de caducidad de la concesión minera que tiene.

También requiere la reorganización y digitalización ordenada de todos los expedientes administrativos relacionados con la mina de Zarréu, recomienda que desde el Principado se anticipen las indemnizaciones a las víctimas y familiares, a cuenta de las que puedan obtener de procedimientos judiciales, y plantea que el dictamen final se remita al Ministerio Fiscal por si de él pueden derivarse responsabilidades penales.

A más largo plazo recomienda implantar un sistema de inspecciones sorpresa y planificadas, elaborar un plan de inspección anual, cruzar los datos operativos con registros portuarios y lavaderos de carbón, revisar la relación de puestos de trabajo del Servicio de Minas, mejorar la coordinación entre los agentes de Medio Natural y la Inspección Minera, desarrollar una normativa minera autonómica y mejorar la rendición de cuentas en el sector minero. 

La propuesta de dictamen

A continuación reproducimos la propuesta de dictamen de la Comisión de Investigación sobre el accidente en la mina registrado el 31 de marzo de 2025 en el que murieron cinco mineros y otros cuatro trabajadores resultaron heridos.

La propuesta de dictamen ya ha sido trasladada al resto de grupos parlamentarios, que a partir de ahora ahora podrán presentar sus aportaciones durante los próximos diez días antes de que éste sea objeto de negociación y pase a ser definitivo en el plazo aproximado de un mes.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asegurado hoy que si el PP y Vox quieren que caiga su Gobierno progresista no es solo porque saben que garantiza el estado del bienestar o lucha por acabar con las listas de espera sin privatizar, sino que porque nunca han querido saber la verdad en torno al accidente minero que costó la vida a cinco trabajadores en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña.

“Nos quieren fuera porque ustedes nunca quisieron saber la verdad”, ha afirmado el presidente asturiano después de que los portavoces del PP, Álvaro Queipo, y Vox, Carolina López, hayan pedido su dimisión en el pleno que se celebra este miércoles en la Junta General del Principado.

El accidente minero y los fallos

Ambos lo han hecho al preguntarle sobre si piensa adoptar responsabilidades políticas por los fallos que la Inspección General de Servicios ha detectado en el Servicio de Minas a raíz de que Barbón encargase un informe sobre su funcionamiento tras el accidente registrado el 31 de marzo del pasado año.

Barbón ha recordado que la de hoy es la cuarta petición de dimisión que le traslada Vox, y la tercera que plantea el PP, formaciones a las que en tono irónico ha animado a que sigan haciéndolo en el año que aún resta de legislatura, aunque también ha advertido de que cuando se pide tantas veces pierde valor.

Barbón: “Les sobro yo”

“Yo sé que su única obsesión es que caiga el gobierno progresista. Les sobro yo y el gobierno en su conjunto porque saben que garantizamos el estado de bienestar, una política de vivienda distinta a la suya (...) y luchamos para acabar con las listas de espera sin privatizar”, ha asegurado Barbón, para quien la derecha “habla de dimisiones cuando quiere decir elecciones, que es lo único que les obsesiona y preocupa”.

La estructura administrativa

Para Barbón, lo que le diferencia del presidente del PP de Asturias es que, mientras él quiere “saber la verdad y llegar hasta el final” sobre el accidente de la mina de Zarréu, a Queipo “solo le interesa el juego partidista y electoral, y eso la sociedad asturiana lo está viendo”.

A la portavoz de Vox también le ha dicho que tiene todo el derecho del mundo a pedir su dimisión por considerarle responsable por el funcionamiento del Servicio de Minas, pero le ha recordado que en la administración asturiana hay casi 900 departamentos: 182 servicios, 346 secciones y 364 negociados.

Responsabilidad política

Sobre la asunción de responsabilidades políticas, Barbón ha insistido en que su gobierno va a “llegar hasta el final” pero que si ahora hay “una clara, que no ofrece duda es la de la empresa (Blue Solving) haciendo lo que no tenía autorización laboral, extrayendo carbón en unas condiciones propias del siglo XIX”.

Ha añadido que, si hoy se debate “de forma incontestable” sobre el informe de la Inspección General de Servicios fue porque él tomó esa decisión para poder saber la verdad y se ha mostrado convencido de que si hubiese gobernado el PP, dicho documento “no hubiese salido jamás”.

Las responsabilidades

Barbón, que ha acusado a la derecha de “utilizar el dolor de la familia minera para hacer política”, ha incidido en que su gobierno ha asumido responsabilidades al hacer suyas las recomendaciones del informe y que ha ido aún más allá al decidir recuperar el Servicio de Seguridad Minera o paralizar los planes de información complementaria (PIC) hasta que no cuenten con una regulación específica.

El presidente ha aprovechado para afirmar que, aunque PP, Vox y Foro “hacen ahora un drama” por la supresión del Servicio de Seguridad, cuando se llevó a cabo en 2019 no dijeron ni una palabra.

Los avisos de inspección

Para Barbón, no puede hablarse tampoco de causalidad entre el accidente en la mina y el hecho de que se suprimiese dicho Servicio de Seguridad porque también en Aragón, Castilla y León o Andalucía hay un solo departamento de minas cuando tienen más actividad extractiva que Asturias.

Asimismo, ha señalado que en Asturias se ha procedido a avisar a las explotaciones mineras de la realización de inspecciones “toda la vida”, incluida la etapa de Gobierno del PP y que el mismo sistema se utiliza en comunidades como Andalucía.

No es un cortafuegos

“Éste es el informe que demuestra que estamos dispuestos a asumirlas”, ha afirmado tras rechazar que lo esté utilizando como cortafuegos y afirmar que, por ahora, es la primera “aportación sólida y definitiva” que permite “analizar sin ningún género de dudas lo que ocurría en el Servicio de Minas”.

Ha insistido en que nunca va a mirar hacia otro lado ante accidentes así, que nunca va a dejar de tomar medidas para que no vuelva a ocurrir algo así y que nunca va a ocultar a los verdaderos responsables “como ustedes (la derecha) estén empeñados en hacer o suavizar”.

Barbón se refería así al hecho de que el portavoz popular se hubiese referido a los dueños de la mina como desaprensivos “cuando se trata de cuatro investigados por homicidio”. 

La vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, ha defendido este martes las políticas de preservación de la costa aplicadas por los sucesivos ejecutivos socialistas que han convertido al litoral de la región en el mejor conservado de España y en uno de los atractivos turísticos del Principado frente a la “barra libre” que plantea el PP en las comunidades que gestiona.

Si la costa asturiana está bien conservada es gracias al corto periodo de gobierno de la derecha “que no le dio tiempo a estropearla”, ha señalado Llamedo en su respuesta en el pleno de la Junta General a una pregunta sobre su intención de “aniquilar” los chiringuitos de la diputada del PP Sandra Camino, que ha acusado a la izquierda de actuar con un caballo de Atila que hace que no crezca la hierba cuando pasa.

La amenaza

Según Camino, el decreto para ordenar los servicios de la costa elaborado por el Gobierno debería haberse negociado antes con los hosteleros, los agentes turísticos y los ayuntamientos dado que endurecer las condiciones y reducir la superficie supone una amenaza directa para la viabilidad de esas empresas y ha lamentado el comportamiento “necio y terco” del Principado que lo lleva “a empezar la casa por el tejado”.

La parlamentaria popular ha cuestionado que la limitación de los plazos de apertura que plantea el decreto case con la voluntad del Gobierno de desestacionalizar el turismo en Asturias y ha pedido al Ejecutivo que aclare si piensa ceder “trasteros” a los empresarios para que guarden los chiringuitos dado que la normativa obligaría a desmontarlos al final de la temporada.

Sostenibilidad

En su respuesta, Llamedo ha reiterado que el decreto está sometido a información pública, ha recibido alegaciones y se está en conversaciones con el sector antes de aprobar una normativa que defiende la sostenibilidad al establecer horarios y reducir el ruido que generan los chiringuitos.

Según el Gobierno, la obligación del desmontaje de las instalaciones de temporada ya está recogida tanto en la normativa autonómica vigente y en la legislación estatal de costas y, frente a las acusaciones del PP, el decreto amplía la temporada aunque sí elimina la excepcionalidad que se venía utilizando de forma arbitraria e inadecuada para, previa justificación, mantener determinados servicios fuera de las fechas autorizadas. 

PSOE, IU-Convocatoria por Asturias y la diputada Covadonga Tomé han rechazado este lunes reactivar la comisión parlamentaria que investiga el accidente que costó la vida a cinco trabajadores en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, por lo que continuará con la elaboración del dictamen, que está listo para finales de mayo.

El PP había planteado la posibilidad de recabar nuevas comparecencias e información después de que la semana pasada se hiciese público el informe de la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas, planteamiento que contaba con el apoyo de Vox y del diputado de Foro, Adrián Pumares.

Un acuerdo “salomónico”

La presidenta de la comisión, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, planteó inicialmente la posibilidad de llegar a un “acuerdo salomónico” para que, sin necesidad de reactivar la comisión y programar nuevas comparecencias, se pudiese recabar solo nueva información, si bien finalmente esta propuesta no tuvo encaje.

Según Tomé, “no parece demasiado oportuno que comparezcan personas que ya lo hicieron o personas que firman un informe de 318 páginas que todo lo que tenían que decir ya lo dijeron por escrito” y que se dilaten los plazos marcados para el dictamen de la comisión, cuyo borrador piensa tener listo la última semana de este mes.

Tras señalar que, en su opinión, se está enconando el ambiente político, Tomé ha dicho que lo que tiene que hacer la comisión es “ser absolutamente rigurosa, hacer un trabajo impecable, ser objetiva en las conclusiones y lo suficientemente contundente” sin entrar en el juego de ver cuánto rendimiento político pueden sacar unos u otros porque las familias de los fallecidos “no tienen por qué soportar este juego político”.

“Salvar al soldado Barbón”

PP y Foro han coincidido en sus críticas al presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, por la forma de llevar este asunto ya que, en su opinión, quiere eludir responsabilidades y “se está dedicando a salvar al soldado Barbón”, en palabras del diputado popular Rafael Alonso, mientras que el diputado de Foro, Adrián Pumares, ha afirmado que hoy “la izquierda ha actuado en su labor de salvar al soldado Barbón”.

Según Alonso, hay datos del informe de la IGS que son desconocidos, sigue sin saberse quién fue el autor material de la orden de supresión del Servicio de Seguridad Minera, por qué no se atendieron las demandas de incremento de personal o por qué se cambió la calificación del accidente que costó la vida a un trabajador de Cerredo en 2022 para que no fuese calificado como “muy grave”, quién dio esa orden y por qué se adoptó.

“La izquierda quiere dar carpetazo cuanto antes a esta comisión y no tener que sufrir más por las noticias que vamos conociendo”, ha añadido Alonso que considera “muy curioso” que el Gobierno trate ahora de culpar a la oposición cuando no tiene capacidad ejecutiva y es responsabilidad es de quien decidió suprimir el servicio de seguridad minera y de quien oculta información .

Limitar las responsabilidades

En su opinión, Barbón se ha dedicado la última semana a “limitar las responsabilidades para que no le alcancen a él” con una serie de declaraciones que reflejan su “nerviosismo”.

El diputado de Vox, Gonzalo Centeno, ha denunciado el “rodillo parlamentario” que ha evitado hoy que la comisión recabase “información relevante” que no ha sido adjuntada en el informe de la IGS remitido por el Gobierno y que, en su opinión es “imprescindible”.

En su opinión, ahora la pregunta es por qué no se han incluido los anexos y la documentación complementaria al informe de la IGS y quién ha dado la orden de remitir un “expediente capado a medias”.

Un informe “mutilado”

Para el diputado de Foro, Adrián Pumares, “Barbón no quiere que se conozcan los anexos” y por eso envió a la comisión “un informe mutilado” que, además, tuvo “casi un mes secuestrado”.

Ahora, ha añadido, se opone a que la comisión conozca el informe completo y a que, por ejemplo, pueda comparecer el empresario de la mina, Chus Mirantes, y que, una vez levantado el secreto de sumario, dé la cara en sede parlamentaria.

Un año de trabajo

Esta comisión recabó entre julio del pasado año y el mes de febrero el testimonio de más de 70 comparecientes, entre ellos técnicos e inspectores del Servicio de Minas, brigadistas de Salvamento, agentes de medio rural, exconsejeros de Industria y cargos políticos del gobierno asturiano, alcaldes y varios empresarios mineros, aunque la mayoría de estos últimos no respondió a las preguntas.

El borrador del dictamen que está elaborando Tomé estará listo para finales de este mes y el definitivo para finales de mayo, una vez debatidas y sometidas a votación las alegaciones que presenten el resto de grupos parlamentarios.

Las causas del accidente

La comisión parlamentaria constituida el 15 de mayo en la Junta General del Principado a propuesta del PP y Foro, y apoyada por Vox y Tomé, es una de las vías abiertas para tratar de esclarecer las causas del accidente en el que fallecieron los cinco mineros, todos ellos leoneses.

La explosión registrada en el nivel tercero de la mina de Zarréu se produjo por la acumulación de grisú en un punto en el que, al parecer, se estaba extrayendo carbón de forma ilegal ya que la empresa titular, Blue Solving, solo disponía de un permiso para retirar maquinaria y material para chatarra, así como los acopios de carbón que pudiera haber en el interior de la explotación, cerrada desde 2018.

La elección del director general de la Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA), cargo vacante desde principios de año, ha abierto un nuevo frente entre los socios de gobierno, PSOE e IU, y ha suscitado críticas por parte del resto de grupos parlamentarios por las formas en las que se está planteando.

Tras filtrarse que el Grupo Socialista tiene previsto proponer como candidato a Daniel Forcada, periodista navarro de 42 años que ha trabajado en TeleMadrid y Televisión Española, entre otros medios, el portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha trasladado su malestar.

Una filtración

“El grupo socialista no ha contado con nosotros para este candidato. Esperamos que en los próximos días haya una negociación seria, pero es una lástima que el proceso se inicie con una filtración y sin una negociación previa”, ha señalado Vegas tras reunirse la junta de portavoces del parlamento autonómico.

Ha añadido que el perfil propuesto por los socialistas “no es el que más gracia” les hace porque no tiene experiencia de gestión y no es asturiano, y que, en cualquier caso, antes de hablar de personas para ocupar el puesto, hay que hablar de qué modelo se pretende aplicar en la RTPA.

El PP: “Es un escándalo”

Para el portavoz del PP, Luis Venta, el modo en el que se está llevando la designación de este cargo “es un escándalo en el fondo y en las formas” y refleja que el PSOE y el presidente Adrián Barbón “han vuelto a perder la oportunidad de buscar un mínimo consenso con los grupos parlamentarios.

En su opinión, es una “tomadura de pelo” y una falta de respeto institucional que se haya filtrado el nombre del candidato socialista antes de que se aprobasen las normas para proceder a la elección.

El “oscurantismo”

“El PSOE claramente quiere colonizar la RTPA”, ha señalado Venta antes de incidir en que este ente no es del Gobierno, sino de los asturianos y que debe tener garantizada la “neutralidad, pluralidad, independencia y el servicio público”.

Según Venta, “hay dudas razonables sobre la imparcialidad del candidato”, así como “oscurantismo y falta de transparencia” por parte de los socialistas.

Reacciones

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha cuestionado el modelo que se sigue para la elección del director de este ente público y ha abogado por un proceso “abierto y público” que permita designar a profesionales “intachables periodísticamente” porque la RTPA “no puede ser un ente político en manos de unos y otros”.

Para el diputado de Foro Adrián Pumares, “las formas dejan muchísimo que desear”, pero en cualquier caso, el director de la RTPA debe ser una persona con vínculos con Asturias y que tenga sensibilidad hacia el asturianismo.

Por otro lado, Iniciativa pol Asturianu ha exigido, a través de un comunicado, que la nueva dirección de la RTPA cuente con una persona de reconocida sensibilidad con la lengua asturiana.

Aprobación en la Junta

La Junta de Portavoces de la Junta General del Principado ha acordado este miércoles el calendario y las normas para cubrir el puesto de director de la RTPA, vacante desde principios de año tras presentar su renuncia Francisco Orejas, para acogerse a la jubilación.

Los grupos tendrán de plazo hasta el 22 de abril para presentar a sus candidatos y estos comparecerán ante el parlamento el 4 de mayo, mientras que el pleno de la Junta en el que tendrá lugar la votación para su designación se llevará a cabo el 12 de mayo y, en caso de no contar con la mayoría suficiente de apoyos, se llevará a cabo una nueva votación al día siguiente.

El nombramiento del director de la RTPA debe aprobarse por mayoría cualificada de la Junta General -30 de los 45 diputados- y, si no se alcanza ese respaldo, por mayoría absoluta (23 diputados).

La ley autonómica de Protección del Menor de Asturias ya ha superado las tres décadas de vida y, ante su obsolescencia, el Principado ya avanza en la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia que blinda la condición de los menores y adolescentes como titulares de derechos.

Entre las principales novedades que introduce esta nueva norma que, este lunes se ha detallado en la Junta General del Principado, figura la posibilidad que abre a los adolescentes, a partir de los 16 años cumplidos, para participar en la vida política asturiana a través de las iniciativas legislativas populares.

Igualdad de oportunidades

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, y la directora general de Infancia y Familias, Clara Sierra, han comparecido este lunes en la Junta General para detallar el contenido de la nueva normativa que sustituirá a la actual y con la que la comunidad autónoma no se limita a ver a los menores y adolescentes únicamente como sujetos susceptibles de protección.

Esta nueva ley busca acompañar en la crianza, combatir la pobreza y la violencia e impulsar la igualdad de oportunidades desde los primeros años de vida: “Es una norma abierta, con clara vocación de ejercicio de derechos, de prevención y de protección”, ha defendido Marta del Arco.

Protección integral y garantista

El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 26 de enero el proyecto que ahora se debate en el parlamento y que consolida un sistema de protección integral y garantista para niños y niñas.

Entre otros, se citan los derechos de igualdad, educación, expresión, libertad de información, libertad ideológica, asociación y reunión, participación ciudadana, así como el derecho a la cultura, el ocio y el deporte.

Mejorar la calidad de vida

La norma obliga a incorporar en todas las iniciativas legislativas un informe de impacto en la infancia y la adolescencia. También plantea la obligación de elaborar cada diez años un plan estratégico de atención a estos colectivos en el que se definirán las políticas públicas para mejorar su calidad de vida.

El Principado asegura que con esta nueva norma se armonizará la legislación autonómica con la estatal, al tiempo que se reorganizará el sistema de protección y se crearán nuevos órganos de participación infantil.

Todas las iniciativas legislativas deberán incluir un informe de impacto en la infancia y la adolescencia

Una consulta a menores y jóvenes

“La elaboración de la ley se inició con una consulta a niños, niñas y adolescentes en los foros de participación municipales, los centros de protección de menores, los centros escolares y las asociaciones juveniles. Por tanto, es una ley para niños, niñas y adolescentes que cuenta con ellos y ellas”, ha precisado la consejera durante su intervención en la comisión celebrada esta mañana en sede parlamentaria.

La titular de Derechos Sociales ha avanzado que como principios rectores del proyecto figuran el interés superior de los menores, la consideración de la familia como el entorno más adecuado para su desarrollo, el fomento del buen trato, las perspectivas de género y discapacidad para el diseño de cualquier medida orientada a la infancia y adolescencia, la coordinación entre administraciones, la planificación y la confidencialidad.

La participación en política

Entre otras novedades, las personas con 16 años cumplidos podrán participar en la vida política del Principado a través de las iniciativas legislativas populares. Además, la norma plantea la creación del Consejo Autonómico de Participación de la Infancia y Adolescencia y de los Consejos Municipales de Participación como órganos de consulta y colaboración.

Para garantizar una adecuada intervención ante situaciones de desprotección de menores, el texto fortalece la colaboración entre los servicios sociales, el sistema sanitario y la comunidad educativa, así como entre el Principado y los ayuntamientos.

La regulación

Igualmente, fija los cauces de cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad, las familias acogedoras y los medios de comunicación.

El texto mantiene el carácter prioritario de las medidas de prevención y desarrolla de forma más específica los capítulos que las regulan en ámbitos como el familiar, el sanitario o el educativo.

Los procedimientos

Asimismo, recoge de forma pormenorizada los plazos y procedimientos de riesgo, desamparo, guarda y tutela.

Respecto al acogimiento familiar, ordena las compensaciones económicas e incorpora otra novedad: la familia extensa y las personas allegadas recibirán formación específica para que puedan ofrecer la mejor atención a los menores.

La norma regula, en relación con el acogimiento residencial, los programas de preparación para la vida independiente desde los 15 años, así como los de transición a la vida adulta y los apoyos tras la mayoría de edad.

El Servicio de Minas del Principado pudo utilizar la figura del Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) para autorizar la extracción de carbón y eludir así la aplicación del cierre de la minería no competitiva y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Ambas normas exigen la devolución de las ayudas estatales percibidas “como requisito ineludible para autorizar explotación en minas sometidas a cierre”, según recoge el informe que la Inspección General de Servicios del Principado ha elaborado a raíz del accidente registrado hace ahora un año en la mina de Zarréu, en el que murieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos.

Actividad “clandestina”

El Gobierno asturiano encargó el informe tras la explosión registrada el 31 de marzo del pasado año. Ese día, los mineros se encontraban en el nivel tercero de la explotación realizando labores de extracción de mineral.

Según el informe emitido hace un par de semanas por el Servicio de Minas del Principado, en esta mina, la empresa titular de los derechos de explotación, Blue Solving, llevaba a cabo una actividad “clandestina”, no estaba autorizada para la extracción de carbón, se incumplían medidas de seguridad y organización de los trabajos, y no había un sistema adecuado de ventilación de las galerías.

Sin plan de labores

Blue Solving tenía autorizada la extracción de materiales achatarrable y acopios de carbón y había solicitado un PIC que le permitía extraer hasta 60.000 toneladas de carbón no térmico, si bien el Principado mantiene que nunca llegó a estar operativo porque la empresa no llegó a presentar un plan de labores, como era preceptivo.

El informe elaborado ahora por la Inspección de Servicios, y dado a conocer este lunes por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, también señala que los PIC no tienen una regulación explícita en la normativa minera, que en el Principado no contaba con planes anuales de inspecciones de minas, y que hay margen de mejora en la planificación de esas visitas y en los expedientes sancionadores. 

Reducción de personal

En este documento se reconoce que la gestión minera se desarrolla en un contexto de complejidad normativa, dado que no se ha actualizado en décadas y no fija criterios homogéneos, y que ha habido una reducción de personal en el Servicio de Minas, pese a que ha asumido competencias en materia de restauración ambiental y transición energética.

También advierte de que hay margen de mejora en las transmisión de derechos y concesiones mineras de explotaciones en proceso de cierre y abandono, así como en la definición de los criterios objetivos de solvencia técnica y económica a la hora de dar autorizaciones.

Según el consejero, también se hace referencia a la falta de comunicación con el Instituto de Transición Justa (ITJ) a la hora de conceder autorizaciones a explotaciones susceptibles de cierre, situación en la que se encontraba la mina de Zarréu, que además cambió varias veces de empresa titular de los derechos de explotación.

Falta de seguridad

El accidente registrado en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, en el que murieron los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez y otros cuatro compañeros resultaron heridos hace ahora un año, puso de manifiesto la falta de seguridad con la que trabajaban los mineros y el descontrol con el que la administración regulaba la actividad empresarial. Unas irregularidades a las que ahora se quiere poner coto para que acudir al puesto de trabajo no se pague con la vida.

En este objetivo se ha implicado el Gobierno de Asturias que ha anunciado su intención de acoger las recomendaciones de la Inspección de Servicios vinculadas a la necesidad de establecer una normativa para regular las inspecciones y el desarrollo de aplicaciones informáticas que contribuyan a la mejora de la gestión.

Once recomendaciones

El Consejo de Gobierno se reúne habitualmente los lunes y, a su término, es tradicional que haya una comparecencia bien del portavoz o de algunos de los integrantes del Ejecutivo autonómico ante los medios de comunicación para exponer los temas que han sido debatidos y aprobados. Y en la jornada de hoy se ha analizado con profusión el informe de la Inspección de Servicios donde se plantean once recomendaciones, entre otras, para mejorar la seguridad en el sector.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, han informado al Consejo de Gobierno sobre el contenido del informe, así como de las actuaciones en las que ya trabaja la Dirección General de Energía y Minería.

Llegar “hasta el final”

Los consejeros han anunciado que el documento será enviado a la Fiscalía y a la comisión parlamentaria de investigación de la Junta General del Principado que estos días venían reclamando su contenido.

Gimena Llamedo ha recordado que el presidente, Adrián Barbón, se comprometió a llegar “hasta el final” para aclarar las causas del accidente minero e intentar que hechos así no vuelvan a ocurrir.

“Él mismo fue quien tomó la iniciativa de encargar el informe a la Inspección de Servicios”, ha recalcado la vicepresidenta que asegura que con hechos como éste se demuestra que su compromiso con la seguridad y la familia minera es “absoluto”.

Actuar con transparencia

Por su parte, Borja Sánchez ha reconocido que el mandato del presidente asturiano para “llegar hasta el final con todas las consecuencias” se está cumpliendo.

“Tanto el informe como las medidas que pondremos en marcha responden a ese propósito. Vamos a continuar tomando decisiones y actuando con toda transparencia para mejorar la seguridad jurídica, administrativa y, también, de los propios trabajadores”, ha incidido.

Sin hablar de depurar responsabilidades

Sánchez además ha señalado que a raíz de este informe se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía un contrato que había entre Blue Solving y la anterior titular de la mina, Combayl, que tuvo lugar pocos días después de la transmisión de los derechos mineros entre ambas compañías, que formaban parte del mismo entramado familiar, que hacía referencia a la realización de todo tipo de trabajos de extracción de carbón.

El consejero ha evitado hablar de si a raíz de este informe se van a depurar responsabilidades y se ha limitado a señalar que el hecho de haber elaborado este informe ya es, en sí mismo, una muestra de responsabilidad política.

Asimismo, ha incidido en que la figura del PIC “es perfectamente legal”, aunque haya que “regular y clarificar su régimen jurídico” para que tenga que estar sometido siempre a tramitación ambiental y deba ser consultado con el ITJ para determinar si hay que devolver las ayudas estatales recibidas en el proceso de cierre.

La hoja de ruta

Así, la hoja de ruta que plantea la Consejería de Ciencia incluye diversas actuaciones para reforzar la seguridad jurídica, la transparencia y la objetividad en la tramitación administrativa.

En materia de inspección minera, se avanzará hacia una planificación más estructurada, mediante la elaboración de un Programa de Inspección Minera del Principado de Asturias (PIMPA) y el desarrollo de instrucciones que regulen de forma más precisa la realización de las inspecciones.

Herramientas digitales

Estas medidas estarán acompañadas de la incorporación de herramientas digitales, en coordinación con la Dirección General de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, que permitan mejorar “la eficacia, la trazabilidad y las garantías de los procedimientos”.

El objetivo es contar con aplicaciones informáticas que incorporen, por ejemplo, una hoja de verificación (chek-list) para las inspecciones mineras, o que faciliten la gestión de los planes de labores, accidentes laborales y el catastro minero.

Cambios normativos

El Principado trabajará en la elaboración de una disposición reglamentaria para ordenar el procedimiento de autorización de transmisiones de derechos mineros y se analizará la regulación de figuras como los proyectos de investigación complementaria (PIC) para dotarlos de mayor claridad o, en su caso, valorar su reformulación.

Por lo que respecta a la organización del Servicio General de Minas, las posibles modificaciones en la estructura de recursos humanos se analizarán “de forma integral” y se estudiará si son necesarios refuerzos en puestos de gestión o en personal de inspección. Asimismo, desde la Consejería de Ciencia se colaborará con la fiscalía en todos los procedimientos abiertos.

El cumplimiento de la legalidad

El Gobierno de Asturias ha querido dejar claro su compromiso con la transparencia, la mejora continua y el cumplimiento estricto de la legalidad.

“En este sentido, asumirá las recomendaciones, algunas de las cuales ya se están aplicando en la práctica”, explica el Ejecutivo autonómico.

Su objetivo es avanzar hacia un modelo de gestión minera “más moderno, eficiente y garantista”, alineado con los retos de la transición energética y la protección del medio ambiente, y reitera que siempre lo hará “en defensa del interés general”.

Las críticas de Tomé

La diputada del Grupo Mixto, portavoz de Somos Asturies y presidenta de la comisión de investigación por el siniestro de la mina de Degaña, Covadonga Tomé, calificó esta mañana de “impresentable” la comparecencia pública del Gobierno de Asturies para valorar el informe de la Inspección sobre el siniestro laboral “sin remitirlo antes a la Comisión de Investigación”.

Tomé hizo estas declaraciones tras la rueda de prensa ofrecida por la vicepresidenta Gimena Llamedo y el Consejero de Ciencia, Borja Sánchez, para dar cuenta de los acuerdos de Consejo de Gobierno. Después de esta comparecencia pública, más allá del mediodía, la Comisión de Investigación seguía sin recibir el documento.

“En la forma resulta impresentable -comentó Tomé- y, en el fondo, se trata de un documento de más de 300 páginas que exige una lectura detallada, tiempo y seriedad. En una cuestión de esta gravedad, no caben ni las prisas ni los intentos de dar por cerrado un asunto que sigue bajo investigación”.

Qué falló en la cadena

Respecto a las medidas anunciadas, destacó la parlamentaria, “las iniciativas orientadas a mejorar los controles, reforzar la inspección y revisar los procedimientos son bienvenidas”. Ahora bien, exige “transparencia para saber qué mecanismos se seguirán ahora para la vigilancia, control e inspección” y destacó que estas propuestas “no bastan si no se aclara cómo fue posible que se produjera una tragedia como la de Zarréu y qué falló exactamente en la cadena de supervisión y control”.

“Por sí solas, las medidas no son suficientes si no se acompañan de una depuración clara de responsabilidades políticas y administrativas”, añadió Tomé.

La diputada asevera que desde que asumió la presidencia de la comisión siempre defendió que el objetivo era llegar al final para que no volviera a repetirse una tragedia como la de Zarréu, por lo que “seguimos trabajando en el mismo camino”, indicó.

 El pleno de la Junta General del Principado ha rechazado este miércoles una proposición del Partido Popular (PP) que proponía un paquete de medidas económicas para paliar los efectos derivados del conflicto en Oriente Medio.

La iniciativa popular, que ha contado con el apoyo de Vox y Foro y el rechazo de PSOE, Convocatoria por Asturies-IU y la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé, se ha debatido y votado en una sesión plenaria en la que el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha anunciado que su Gobierno va a aprobar el “aplazamiento, fraccionamiento y flexibilización” del pago de tributos autonómicos.

Las propuestas del PP

La proposición del PP planteaba reforzar la actual línea extraordinaria de avales articulada por Asturgar, incrementando su dotación y orientándola a cubrir necesidades de liquidez, tesorería y circulante de pequeñas y medianas empresas, autónomos y sectores productivos asturianos más expuestos al incremento de los costes energéticos y logísticos.

Asimismo, pedía una línea extraordinaria y temporal de ayudas directas a las empresas exportadoras asturianas y apostaba por establecer, con carácter temporal, un procedimiento extraordinario de aplazamiento y fraccionamiento de tributos cedidos e ingresos autonómicos para pequeñas y medianas empresas, autónomos y sectores productivos especialmente afectados por el incremento de los costes energéticos, del combustible y del transporte.

Los tramos autonómicos del IRPF

Por otro lado, planteaba deflactar en un 5% los tres primeros tramos autonómicos del IRPF y aprobar bonificaciones temporales en las tasas autonómicas que inciden directamente sobre la actividad productiva de los sectores más expuestos al incremento de los costes energéticos y logísticos.

En la defensa del texto, el diputado del PP Andrés Ruiz ha acusado al Gobierno del Principado de “inacción” al tiempo que ha calificado el anuncio de Barbón en la sesión plenaria de una “copia” de la propuesta popular.

Otras críticas

Vox, que ha apoyado la proposición, ha criticado que la única medida puesta en marcha en el Principado sea una línea de avales de cinco millones de euros en un momento en que “la retracción de la renta disponible de los hogares y la demanda interna puede afectar al crecimiento de la economía”.

Por su parte, Pumares, que también ha respaldado la iniciativa, ha afeado al Ejecutivo autonómico que anuncie sus medidas “a cuentagotas a ver si parece que son más”.

Rechazo de PSOE, IU y Tomé

Por su parte, el PSOE ha asegurado que el PP “va tarde con su propuesta” y que el Gobierno del Principado ya ha diseñado actuaciones que complementan las impulsadas por el Ejecutivo central, según Ana Isabel Puerto.

Convocatoria por Asturies-IU también ha rechazado la iniciativa popular “por lo que propone y cómo lo propone” y al señalar que una parte de esas medidas ya estén en marcha, otras están previstas y el resto son el “catecismos económicos de siempre”, esto es, “bajar impuestos, aunque beneficie más a quien más tiene”.

Para Tomé, la proposición del PP “no se sostiene una vez más” y es “injusta, regresiva y no diferencia por niveles de beneficios”. 

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha acusado este martes a Vox de “inocular odio” y “fascismo” en las instituciones públicas, especialmente por asociar inmigración y delincuencia.

Calvo ha respondido así en el pleno de la Junta General del Principado a una interpelación de la diputada de Vox Sara Álvarez Rouco sobre seguridad que ha puesto el foco en “las políticas que propician ataques y todo tipo de episodios violentos” en la comunidad.

La postura del Gobierno asturiano

Alejandro Calvo ha conminado a la diputada de Vox a “mirarse un poco las competencias” en materia de seguridad y ha recordado que la labor del Principado es “coordinar las policías locales” y con las fuerzas de seguridad del Estado.

El consejero ha aclarado que el Gobierno asturiano no impulsa “políticas que generen violencia”, sino aquellas que “la previenen”, todo ello desde una convicción política, “empírica y moral” que cree que la seguridad es fruto de “la justicia social”.

La apuesta

Calvo ha apuntado que la apuesta del Ejecutivo autonómico por “fortalecer servicios públicos, proteger el empleo, ampliar derechos, promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”, no son solo políticas sociales sino, “en su sentido más profundo, políticas de seguridad”.

También ha señalado que es “especialmente preocupante” cuando el debate se desliza al “señalamiento” y a la “estigmatización” y ha advertido a Vox de que asociar la seguridad a colectivos por su origen es “prejuicio” y “xenofobia”, ya que “no existe evidencia empírica que vincule inmigración y delincuencia”, de acuerdo con, por ejemplo, los datos del Defensor del Pueblo.

La tasa de criminalidad

Asimismo, ha recordado que en Asturias la tasa de criminalidad se sitúa en torno a 34 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, cuando la media nacional es un 30 por ciento superior, y, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid es de 56 por cada 1.000 habitantes.

Calvo ha insistido en que “Asturias no es una comunidad insegura” y, en este sentido, ha resaltado que la mayor parte de los delitos corresponden a delincuencia contra el patrimonio, con “niveles de criminalidad violenta contenidos”, matizando que el aumento de la criminalidad observado en los últimos años se debe, en gran medida, al repunte de una tendencia global como la ciberdelincuencia.

El balance, según Vox

Durante su intervención, Sara Álvarez Rouco ha destacado que, de acuerdo con el balance de criminalidad del cuarto trimestre de 2025, los homicidios dolosos y asesinatos consumados han aumentado un 28,6 %, las agresiones sexuales con penetración un 10,4 %, los delitos contra la libertad sexual un 20 % y los robos con violencia han repuntado un 39,8 %.

Álvarez Rouco ha lamentado que “no existe una política de seguridad definida en Asturias” y se ha cuestionado si desde el Principado “han dado la orden” para que “no se mencione la nacionalidad de los delincuentes”, la cual “rara vez aparece en las publicaciones”, pese a que “muchos de los delitos son cometidos por inmigrantes”.

En este sentido, ha indicado que se está “creando un clima de inseguridad que pone en riesgo la tranquilidad de los ciudadanos” y ha remarcado que “los grandes enemigos de España” son las “políticas migratorias de puertas abiertas” y de “falsa solidaridad”, que importan “culturas diferentes” y “atentan” contra la “libertad de las mujeres” y “normalizan la violencia”.