El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha hecho este viernes 17 de julio un balance positivo de sus siete años al frente del gobierno regional, que ha considerado que han beneficiado de forma sustancial a la comunidad autónoma pese a que se han cruzado por el camino crisis graves como la de la pandemia.

El socialista ha desgranado varios datos para resumir su acción de gobierno desde el 2019 cuando asumió la presidencia sustituyendo a Javier Fernández. Barbón ha destacado la bajada del paro y el mayor número de cotizantes a la Seguridad Social, el incremento del Producto Interior Bruto de la región, la subida del número de empresas, la mayor inversión en investigación o en gasto sanitario y la inversión en educación como ejemplo de su buena gestión, entre otras.

También ha puesto en valor el crecimiento de habitantes del Principado en los últimos años, que ha supuesto revertir uno de los principales problemas, la demografía. En estos años Asturias ha ganado 5.000 habitantes más y se mantiene por encima del millón de vecinos y vecinas pese a la tendencia bajista acumulada de años anteriores. También ha destacado el saldo migratorio positivo que se ha incrementado estos años hasta las 14.000 personas anuales, “no hay semana que no me encuentre a alguien que ha venido a vivir a Asturias desde otra comunidad autónoma”.

Según Barbón, el balance “huye de la autocomplacencia” y representa un gobierno “que reconoce errores”. “Estamos construyendo un nuevo paisaje económico, haciendo Asturias desde la economía”, ha asegurado para defender las nuevas conexiones ferroviarias, aéreas y la movilidad interna del Principado con su tarjeta Conecta, que llega casi a medio millón de usuarios. Ha anunciado que en otoño habrá una rebaja de la tarifa plana de la tarjeta Conecta de 30 a 20 euros como medida extraordinaria ante las consecuencias de la guerra de Irán.

El presidente ha defendido asimismo sus planes contra el cambio climático, la inversión de más de 100 millones contra los incendios y las inversiones en el medio ambiente y la gestión industrial.

Barbón ha mantenido su negativa a la nueva financiación autonómica propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez al entender que no da solución a los problemas del Principado.

En su amplio repaso de temas, Barbón ha defendido también la gestión en materia sanitaria poniendo de ejemplo la ley de salud mental, el proyecto del nuevo Hospital de Cabueñes en Gijón o la lucha contra la soledad no deseada.

Además, ha puesto en valor el desarrollo de uno de sus proyectos estrella, 'Les Escuelines' infantiles que este año completarán su red o la matrícula gratuita en la Universidad de Oviedo.

Indra

El presidente del Principado ha defendido a preguntas de la prensa que existe “una sintonía plena” con Indra para que la empresa lleve a cabo la inversión en Barros (Langreo), donde la compañía quiere instalar una segunda planta de blindados en Asturias, y ha avanzado que “cuando sea el momento” se responderá “con hechos”.

Barbón ha hecho esta afirmación tras recibir ayer, jueves, en la sede de Presidencia al nuevo consejero delegado de Indra, Josep María Recasens, para analizar los planes de la compañía en la comunidad.

Barbón ha dicho que puede “contar muy poco por razones obvias de precaución”, pero ha remarcado que la reunión fue “muy clarificadora” y “muy, muy productiva” porque se constató que “hay sintonía plena entre Indra y el Principado para que esa inversión se haga”.

Vía Fiscal Asturiana

El líder socialista ha defendido también este viernes profundizar en la denominada 'vía fiscal asturiana' para favorecer a las clases medias y trabajadoras, que es la “inmensa mayoría social” de la comunidad, y ha asegurado que existe margen para el entendimiento con Convocatoria por Asturies-IU, su socio en el Ejecutivo.

A preguntas de los periodistas, Barbón ha señalado que su gobierno realizará simulaciones analizando los datos de que dispone para, posteriormente, realizar una propuesta a Convocatoria por Asturias-IU, que mantiene una posición contraria a bajar impuestos. “Hay margen para el diálogo durante los próximos meses. Hay margen habiendo voluntad de diálogo”, ha recalcado Barbón, quien ha afirmado que su gobierno no puede fallar a las clases medias y trabajadoras.

En este punto, ha comentado que es una “cuestión de justicia” que se pueda atender a una persona que haya incrementado su salario de 34.800 a 35.200 euros y que, por este motivo, haya perdido una deducción de 2.200 euros por dos hijos, según ha puesto como ejemplo.

“No tenemos ninguna duda de que nuestro sistema fiscal tiene que ser justo y progresivo y profundizar en la vía fiscal asturiana que lo que busca es favorecer a la clase media y trabajadora”, ha indicado tras rechazar que un trabajador que gane 60.000 euros pague menos IRPF.

Identidad asturiana

“Ha habido grandes avances en estos siete años y uno tiene que ver con nuestra propia autoestima, con la identidad de Asturias”, ha defendido. “Hemos provomido el respeto a nuestra cultura”, incidió para poner en valor la defensa de la lengua con la creación de la especialidad docente del asturiano y eonaviego reclamada durante años. La celebración del Día de la Bandera, el reconocimiento de la cultura sidrera como patrimonio de la humanidad también los ha puesto en valor.

“Asturias siembra futuro”, “Asturias por delante ante cualquier decisión”, ha defendido.

Barbón ha señalado que los tres momentos más difíciles de su mandato han sido la pandemia, el accidente minero de Zarréu con cinco fallecidos, “donde espero que avance la Justicia y que tengan la condena penal que merecen las personas responsables de estas muertes”, y las oleadas de incendios del 2023 y 2025.

“Hemos cometido fallos, sin duda, porque cualquiert actividad humana significa equivocarse pero lo que no nos ha faltado nunca son las ganas de servir a Asturias, de contribuir a este resurgir de Asturias, y de forma humilde y serena creo que estamos en el camino correcto”, aseveró.

El presidente del gobierno de Asturias cogerá vacaciones del 18 al 31 de julio según ha publicado el Boletín Oficial del Principado, periodo durante el cual la vicepresidente Gimena Llamedo se hará cargo de sus funciones.

Izquierda Unida ha planteado este jueves ampliar los plazos de la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Vivienda que permita facilitar un acuerdo entre las fuerzas progresistas que garantice la aprobación de la que sería la primera norma autonómica en esta materia.

La secretaria de Organización de IU, María Miranda, lo ha planteado un día después de que la diputada del Grupo Mixto en la Junta General y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, advirtiese de que no apoyaría esta norma si se no incluía siete enmiendas dirigidas a frenar la especulación y proteger la vivienda pública.

Tomé lanzó este aviso de que la ponencia parlamentaria cerrara esta semana la primera revisión del texto sin incorporar ninguna de las enmiendas que su grupo trasladó hace semanas al PSOE y a IU-Convocatoria por Asturias, los dos socios que sostienen al Ejecutivo regional.

Para Miranda, a pesar de que es urgente sacar adelante esta ley, la ampliación del plazo resulta “imprescindible” para dar margen a la negociación, conseguir un “consenso sólido” entre las fuerzas progresistas y evitar que quienes se oponen a la regulación encuentren una oportunidad para bloquearla.

“Su tramitación está siendo torpedeada por los grupos de presión y la derecha económica, pero aquí la izquierda no debe actuar dividida ni desde posiciones maximalistas, mucho menos de chantajes” ha señalado la dirigente de IU, para quien la negociación entre las fuerzas progresistas no debe estar marcada por imposiciones o posturas excluyentes.

Para Miranda, en lo que respecta a esta ley, “la batalla no puede ser entre la izquierda ni el enemigo son el PSOE e IU; el enemigo es la avaricia de algunos empresarios” a los que no hay que dar ventaja.

Este proyecto de ley baraja prohibir la venta de las viviendas públicas, fija la vivienda como un derecho subjetivo, incorpora de forma expresa la salud como principio rector de este tipo de políticas y plantea la creación del Sistema Asturiano de Vivienda Protegida, que integrará la promoción, gestión, adjudicación, uso, inspección y control de los pisos protegidos.

Otras novedades del proyecto pasan por la protección permanente de las viviendas protegidas calificadas con posterioridad a la entrada en vigor de la ley, el destino al alquiler de todas las de titularidad pública y el reconocimiento de que sus condiciones (habitabilidad, salubridad, confort térmico y entorno residencial) influyen directamente en la salud y en el bienestar de las personas.

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha presentado siete enmiendas al proyecto de Ley de Vivienda que tienen el objetivo de frenar la especulación y proteger la vivienda pública, y que, según ha advertido, son “innegociables” para que dé su respaldo a la futura normal.

Tomé ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para hacer balance del estado de tramitación de la ley, después de que la ponencia parlamentaria cerrara esta semana la primera revisión del texto sin incorporar, según ha denunciado, ninguna de las enmiendas que su grupo trasladó hace unas semanas al PSOE y a IU-Convocatoria por Asturias, los dos socios que sostienen al Ejecutivo regional.

Una de las enmiendas pide sancionar con multas de entre 90.000 y 900.000 euros el acoso inmobiliario a inquilinos, un importe que, según ha apuntado, ya se establece en leyes de vivienda de otras comunidades autónomas, frente a los 30.000 que plantea el actual proyecto.

Tomé también reclama ampliar el concepto de “gran tenedor” para que se tenga en cuenta la acumulación de cinco o más viviendas en un mismo concejo, y no solo el total en toda Asturias.

Además, pide actuar con mayor firmeza en las zonas tensionadas, de modo que toda vivienda comprada en estas áreas tenga que destinarse a residencia habitual o alquilarse como tal, y lo mismo en caso de edificios completos.

Otra de las exigencias de Tomé es frenar el fraude en los alquileres de temporada y por habitaciones, obligando a los portales inmobiliarios a señalar cuándo el anunciante es un gran tenedor y exigiendo que los contratos justifiquen la temporalidad real.

Asimismo, apuesta por el derecho de tanteo y retracto para la administración, de forma que los ayuntamientos puedan delimitar áreas de adquisición preferente y comprar con prioridad viviendas o edificios para el parque público.

Otras de las enmiendas pide movilizar de forma real la vivienda vacía, con incentivos, garantías públicas y ayudas a la rehabilitación, sin expropiaciones, según ha matizado.

Por último, la diputada del Grupo Mixto pide reservar un 30% de la edificabilidad residencial para vivienda protegida en suelo urbanizable, porcentaje que subiría al 40% en las zonas tensionadas.

El pleno de la Junta General del Principado de Asturias ha rechazado este miércoles la ofensiva planteada por la derecha asturiana, PP y Foro en materia de residuos. Los votos de la izquierda -PSOE, IU-Convocatoria por Asturias y Somos- han evitado que salieran adelante las dos proposiciones que forzaron este pleno del parlamento asturiano. La ultraderecha de Vox se sumó a los postulados de PP y Foro pero fueron insuficientes.

Uno de los punto de debate fue la reprobación del consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, por la gestión de los residuos del Principado que están en manos del consorcio Cogersa, rechazado por 23 votos en contra y 22 a favor. El otro sometido a votación era la solicitud de elaboración de un diagnóstico actualizado sobre la situación del sistema asturiano de gestión de residuos, que la izquierda también rechazó por ver las propuestas y el debate viciado.

En realidad el pleno estaba totalmente dedicado a la gestión de las basuras, que el PSOE calificó como “serpiente de verano”, primero con la petición de comparecencia del presidente del Principado, Adrián Barbón, que no se produjo entre reproches de la derecha, y la posterior comparecencia del consejero en la materia, que hizo un análisis de la situación y comprometiéndose a negociar y aprobar este año el nuevo plan de gestión de residuos.

PP y Foro pedían reprobar a Calvo por su “falta de liderazgo, diligencia, planificación, transparencia y capacidad de gestión en el ejercicio de sus responsabilidades” en la consejería y como presidente de Cogersa, así como por “haber ocultado información relevante” al parlamento sobre la gestión del combustible sólido recuperado (CSR). Los dos grupos parlamentarios han justificado aprobar este reproche político al titular de Medio Ambiente por “no ofrecer a Asturias una dirección clara, una planificación solvente ni un calendario creíble” ante la elevada dependencia del vertedero y la falta de una solución estable para el CSR.

Calvo ha indicado que el Gobierno está impulsado la “revisión” del enfoque del Pireca, cuya versión inicial y su correspondiente estudio ambiental estratégico estarán listos en septiembre, para luego dar paso a la fase de información pública para la presentación de las alegaciones antes de ser aprobado por el Consejo de Gobierno entre diciembre y enero.

Será en el marco del Pireca en el que se abordará la decisión sobre el CSR que se genere en la planta de tratamiento de fracción resto, cuyo debate “debería ser el final del proceso”. “No puede constituir ningún punto de partida del sistema”, ha apuntado antes de pedir que el debate se centre en la importancia de la reducción de residuos para que la producción de CSR vinculada a la fracción resto “sea cada vez menor”.

En relación a esta cuestión, el consejero ha dicho que se abordará cuáles son las opciones de valorización previstas por la jerarquía europea para los materiales que no admiten ninguna recuperación. “A medida que mejora la recogida separada, se minimizará la cantidad de CSR disponible”, ha insistido.

El socio de gobierno del PSOE Convocatoria por Asturies-IU sí que ha aprovechado la situación para pedir al consejero Alejandro Calvo, un cambio en la “orientación de Cogersa y en su dirección gestora”, al considerar que el consorcio debe iniciar una “nueva etapa y una ruptura conceptual” y superar un ciclo que “se ha agotado”. “Cogersa debe ser dueña de sus procesos y debe mejorar su gobernanza, su transparencia y su capacidad de ejecución”, ha dicho la diputada de IU Delia Campomanes en un pleno extraordinario.

No a la incineración

PP, Foro y Vox han defendido en el pleno la construcción de unas instalaciones para la quema de residuos (valorización), que según el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, es la solución adecuada ante el colmatamiento del centro de residuos y la necesidad de buscar nuevos planteamientos en la gestión. Los populares han acusado al Gobierno del Principado de haberla impulsado “por la puerta de atrás”.

“No podemos seguir convirtiendo un problema estructural en una sucesión de parches. Ha llegado el momento de tomar decisiones”, ha señalado Queipo, quien ha subrayado que esta medida no pretende sustituir al reciclaje, sino ejecutarla cuando un residuo ya no tiene una salida material viable.

En la misma línea, el diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha pedido al consejero nos posponer este debate ni tomar decisiones “a golpe de improvisación”.

El PSOE ha enmarcado esta iniciativa en la “ansiedad electoral” de la derecha tras insistir en que el debate no debe partir sobre qué hacer con el CSR, porque “solo cuando no existe otra alternativa se plantea cómo gestionar la fracción residual”.

El diputado Ricardo Morales ha insistido en que el PSOE no cuestiona la valorización dentro de la jerarquía de gestión de residuos tras apuntar que en ese proceso de planificación se deben analizar las capacidades industriales públicas de la comunidad. “La preferencia por lo público no significa anticipar cuál debe ser la solución”.

Mientras que Vox ha apoyado la proposición porque “lo que ya no se puede reciclar hay que quemarlo”, IU ha señalado que valorización “no puede ser el punto de partida” al incidir en la importancia del aumento de las tasas de reciclar y admitir, no obstante, que hay que abordar la solución para la fracción resto.

Por su parte, Tomé se ha mostrado “completamente en contra de la incineración”.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes el proyecto de ley de Estancias Turísticas que contempla el cobro de una tasa turística en aquellos municipios cuyos ayuntamientos, de manera voluntaria, quieran aplicarla a los visitantes.

Su importe oscilará entre 0,50 y 3 euros diarios por persona para un máximo de cinco noches, durante la temporada alta que va del 1 de junio al 30 de septiembre, así como en los días centrales de Semana Santa.

La tasa será de 0,50 euros por campamentos turísticos, acampadas por eventos culturales o recreativos y alojamientos de turismo rural y de un euro en las áreas especiales para autocaravanas y en las pensiones; de dos euros en los apartamentos turísticos y las viviendas vacacionales; de 2,50 euros en las viviendas de uso turístico, y de 3 euros para las estancias en cruceros, mientras que en el caso de los hoteles oscilará entre uno y tres euros en función de la categoría del establecimiento.

Las exenciones

No obstante, también se contemplan exenciones. Así, el texto recoge los casos donde no será necesario abonar la tasa. En este apartado se contempla como beneficiarios a los menores de edad, las personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 65% y las personas que viajen subvencionadas por programas sociales de una administración pública de cualquier Estado miembro de la Unión Europea (UE).

Tampoco se cobrarán las estancias que se deban a causas de fuerza mayor que estén debidamente justificadas, así como los alojamientos de aquellas personas que viajen por motivos de salud -cuya exención se hará extensiva a sus acompañantes- siempre que justifiquen documentalmente que deben recibir atención sanitaria integrada en la cartera de servicios del sistema sanitario público de Asturias.

Otras excepciones

Las estancias que se deban a estudios en todos los niveles y grados del sistema educativo público, hasta el tercer ciclo universitario, las que se realicen por motivos de investigación académica, las que se sean consecuencia de la participación en programas de talento organizados por las administraciones públicas del Principado y las que lleven a cabo deportistas federados para participar en competiciones deportivas oficiales también estarán exentas de abonar la tasa.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley en su reunión habitual de los lunes que, en esta ocasión, se ha celebrado en Cudillero.

La corresponsabilidad

Por otro lado, la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha destacado que “esta ley responde a una forma responsable de entender el turismo: anticiparse a los desafíos futuros para seguir preservando aquello que hace de Asturias un destino único y atractivo”.

“Quien disfruta de Asturias -ha añadido- puede contribuir de manera razonable a conservar y mejorar el territorio que visita. Hablamos de corresponsabilidad, de convivencia entre visitantes y vecinos y de que quien nos visite nos ayude a cuidar nuestro Paraíso Natural sin que eso recaiga exclusivamente en los asturianos”.

La tramitación

El proyecto de ley de Estancias Turísticas iniciará a partir de ahora su tramitación parlamentaria en la Junta General del Principado y tiene ya garantizada su aprobación ya que cuenta con el apoyo de los votos de los socios de gobierno -PSOE e IU-Convocatoria por Asturies- y de la diputada Covadonga Tomé, portavoz de Somos Asturies y adscrita al Grupo Mixto.

Covadonga Tomé ha recordado que este ha sido uno de los acuerdos presupuestarios alcanzado con el Ejecutivo autonómico y ha propuesto que las viviendas de uso turístico y los apartamentos turísticos soporten una tasa turística más elevada que los hoteles de cualquier categoría, como ya ocurre en Galicia y Euskadi.

 La Comisión de Movilidad de la Junta General del Principado ha citado a comparecer a lo largo de la jornada de hoy, lunes, a 28 personas, incluidas la mitad de los miembros del Gobierno regional, para informar sobre la reforma de la ley de espectáculos públicos para prohibir tanto la asistencia de menores a espectáculos taurinos como el consumo de alcohol en los mismos.

Las comparecencias, solicitadas por PP, Vox y Foro, arrancarán a las 10:30 horas e incluyen a representantes de peñas, veterinarios, empresarios taurinos o ganaderos así como a cinco de los diez consejeros que integran el Ejecutivo regional, que deberán acudir acompañados además de varios altos cargos de sus respectivos departamentos.

El boicot de la derecha

El pasado 28 de mayo, el pleno de la Cámara aprobó la toma en consideración de la proposición de ley registrada por la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé junto a los grupos parlamentarios de PSOE e IU retomando así una iniciativa inicialmente presentada por la coalición de izquierdas, pero que fue retirada al considerar que su tramitación estaba siendo boicoteada por los partidos de la derecha.

Según IU, la iniciativa original vio paralizada su tramitación parlamentaria durante un año y medio ante la negativa del diputado del PP que presidía la ponencia por razones a atender las reiteradas solicitudes de los diputados de la izquierda de que convocara las reuniones correspondientes de dicho órgano.

Un cartel informativo

El texto señala que dentro y fuera de los recintos en los que se celebren espectáculos taurinos, así como en el interior de los mismos, deberá exhibirse, en lugar visible, un cartel informativo que advierta de la prohibición de acceso a estos menores y de que “puede herir la sensibilidad de las personas”.

Además, plantea que reglamentariamente pueda prohibirse el acceso a determinados espectáculos y actividades a la infancia y la juventud, o condicionar su participación en los mismos, siempre que ello no suponga limitación de los derechos proclamados en el artículo 20 de la Constitución.

La reforma pretende prohibir a los menores 16 años asistir a las plazas de toros u otros recintos cuando se celebren espectáculos taurinos y señala que su admisión se contará como una infracción “muy grave” que conllevará una sanción individualizada e incorpora una modificación de la normativa de drogas para no permitir el consumo de alcohol en plazas de toros u otros recintos en la celebración de espectáculos taurinos. 

La Junta General del Principado ha cerrado este miércoles la investigación sobre el accidente registrado en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, en marzo de 2025 en el fallecieron cinco trabajadores con la aprobación de un dictamen respaldado por todos los grupos parlamentarios salvo el PSOE que exige depurar responsabilidades para cuatro ex consejeros y tres altos funcionarios de la administración autonómica.

En concreto, el texto pide responsabilidades políticas que deberán “conllevar ceses” para los ex consejeros de Industria del Principado Belarmina Díaz -que dimitió tras el siniestro-, Isaac Pola, Enrique Fernández -actual presidente de Hunosa- y Nieves Roqueñí -presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón- y para dos jefes de servicio y un secretario general técnico a los que menciona con nombres y apellidos.

Los fallos

El dictamen de la comisión, donde han comparecido 88 personas y que ha realizado 148 solicitudes de información, señala además que, aunque la administración minera no causara directamente el accidente, los documentos aportados y las declaraciones realizadas apuntan a que pudo incurrir en fallos de control, supervisión, inspección y coherencia autorizatoria, que favorecieron un contexto de riesgo no corregido.

El texto, aprobado con el voto en contra del PSOE y a favor de su socio en el Gobierno regional -Izquierda Unida-, señala además que la administración favoreció la existencia cierta de un contexto de riesgo la autorización, suscripción o validación de resoluciones administrativas que permitieron la continuidad de actuaciones extractivas en un contexto de cierre, restauración o limitación de la actividad minera.

Las concesiones

A esta coyuntura contribuyó además, señala el dictamen, el otorgamiento de transmisiones o concesiones sin una comprobación suficientemente rigurosa de la adecuación material de tales actos al marco jurídico ni a la situación real de la mina así como la ausencia de mecanismos extraordinarios de control, paralización, revisión o auditoría administrativa tras la aparición de antecedentes de riesgo como accidentes previos.

El voto particular de IU

Tras la aprobación del dictamen, el pleno ha rechazado con la oposición del resto de grupos parlamentarios el voto particular presentado por IU que pedía extender las responsabilidades políticas al Ayuntamiento de Degaña, y en particular a su alcalde, por su inacción con la actuación de la empresa Blue Solving que explotaba el yacimiento en su municipio.

Además, la coalición solicitaba incorporar al texto un informe de los letrados de la Cámara para depurar, eventuales incorrecciones técnico-jurídicas y reforzar la seguridad jurídica del texto después de que los servicios jurídicos de la Junta General advirtieran de la posibilidad de que el texto vulnerase la presunción de inocencia de los funcionarios a los que atribuye responsabilidades, una circunstancia por la que el parlamento asturiano ya fue reconvenido por el Tribunal Constitucional en otra comisión de investigación.

Recursos ante el Constitucional

La posibilidad de que el dictamen pueda ser objeto de recursos de amparo ante el Constitucional y el alcance de las tareas de una investigación parlamentaria ha centrado el debate plenario en el que la presidenta de la comisión y diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que ha pedido “no ponerse medallas” con un accidente “en una mina que no debía estar funcionando”, ha asegurado que el texto asume “en gran parte” las recomendaciones de los letrados para evitar esos recursos.

Tomé ha pedido no convertir “en un enredo de izquierdas y derechas” la aprobación por amplia mayoría de un texto que, según el portavoz de IU/CA, Xabel Vegas, constata que el principal responsable “es un empresario sinvergüenza llamado Chus Mirantes” que explotaba sin permiso una mina en condiciones de seguridad propias del siglo XIX y que la administración “falló”, pero que solo señala responsabilidades políticas sin acusar a nadie “de cinco homicidios”, un ámbito que corresponde a los tribunales.

Un relato político “preconcebido”

Para el diputado socialista, René Suárez, el contenido del dictamen excede el marco constitucional de las comisiones de investigación “que no son órganos jurisdiccionales ni administrativos” como advirtieron los letrados de la Cámara y ha lamentado que, en lugar de dar una muestra de respeto y homenaje a las víctimas actuando con rigor y respetando el marco legal, se haya por construir “un relato político preconcebido”.

Por el contrario, el diputado de Vox Gonzalo Centeno ha señalado que del texto aprobado “no se deriva responsabilidad penal alguna” sino solo políticas pese a que el presidente del Principado, Adrián Barbón, -“el señor de los ocho apellidos mineros”- intente reducir todo al ámbito judicial para no asumir la gestión realizada por su administración. “Un adulto asume las consecuencias de su responsabilidad”, ha advertido.

El parlamento asturiano ha aprobado este miércoles por unanimidad una reforma de la ley de infracciones y sanciones en materia de seguridad minera, vigente desde 1997, que permitirá al Gobierno rescatar concesiones mineras en el caso de que sus titulares incurran en infracciones muy graves.

La iniciativa, impulsada por todas las formaciones parlamentarias tras la situación creada en Mina Miura y tramitada por vía de urgencia, dota al Principado de los instrumentos para responder con rapidez ante graves transgresiones por empresas titulares de derechos mineros, incluida la posibilidad de revertir las concesiones.

Las vías legales

Tras reunirse con los trabajadores de Mina Miura, el Gobierno asturiano se había comprometido a estudiar todas las vías legales posibles para dar respuesta a su situación laboral, extinguir la actual concesión y volver a licitar el yacimiento para reactivar el empleo con una empresa solvente.

“No se trata únicamente de castigar una conducta infractora sino de cuestionar la continuidad de la actividad cuando las condiciones que la legitimaban han dejado de concurrir”, ha señalado el diputado del PSOE Jacinto Braña en la defensa de una medida que, ha subrayado, “no se convierte en un instrumento arbitrario sino en una herramienta sometida a las garantías del proceso administrativo”.

Los políticos “vieron la luz”

Por su parte, el parlamentario del PP Rafael Alonso ha tenido un reconocimiento para la plantilla de Mina Miura que, con sus movilizaciones, hicieron a todos los grupos “ver la luz” sobre la necesidad de modificar una normativa aprobada en 1997 para posibilitar que el rigor en el cumplimiento de todas las disposiciones legales se recupere en toda la actividad minera “porque ese marco ha cambiado”.

Para el diputado de Vox Gonzalo Centeno, la reforma tiene su origen en el “pánico” generado por la posibilidad de que hubiera nuevos siniestros en empresas amparadas por los denominados Proyectos de Investigación después del accidente de Cerredo/Zarréu donde fallecieron cinco trabajadores, lo que llevó al Gobierno suspender esa posibilidad afectando al funcionamiento de empresas solventes como Tyc Narcea mientras empresarios como el que gestionaba la concesión de Mina Miura pegara “la espantada”.

Evitar “el ruido”

El portavoz de IU/CA, Xabel Vegas, ha celebrado que los grupos se hayan unido y hayan superado sus diferencias evitando “el ruido que se ha instalado en las instituciones políticas” para respaldar a una plantilla de trabajadores que lleva más de un año sin cobrar al estar “en manos de auténticos sinvergüenzas”.

También el diputado de Foro Adrián Pumares se ha felicitado del consenso sobre una iniciativa “que nace de la sociedad civil”, permite “desterrar una laguna” y dota a la administración de una capacidad que hasta ahora no tenía, mientras que la también parlamentaria del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha subrayado que el objetivo es proteger “la seguridad de los trabajadores y el medio ambiente frente a conductas negligentes”.

Las movilizaciones

Los trabajadores de Mina Miura, que protagonizaron un encierro de quince días e hicieron una marcha a pie entre Ibias y Oviedo, venían reclamando al propietario de la mina, que adquirió los derechos mineros el pasado mes de octubre, el pago inmediato de la totalidad de las nóminas y atrasos adeudados y la intervención directa del Ejecutivo asturiano para que medie en este conflicto.

El Servicio de Minas del Principado de Asturias decidió el pasado mes de mayo elevar a muy grave la infracción en materia de seguridad cometida por la empresa Carbones La Vega, propietaria de Mina Miura, lo que conlleva una multa de 30.000 euros.

Reforzar los controles

Además, el Gobierno publicó el 1 de junio una nueva instrucción que endurece los requisitos exigidos a las empresas para la transmisión de derechos mineros, elaborada tras el informe de la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas tras el accidente de Cerredo/Zarréu, que buscaba reforzar los controles administrativos y dotar de mayor claridad a la tramitación de los expedientes vinculados a esta actividad.

Así, se regulaba la transmisión de derechos derivados de concesiones de explotación para establecer criterios más precisos y reforzar la obligación de que la empresa adquirente acredite su capacidad legal y su solvencia técnica y económica; se concretaba la documentación exigida y se ampliaba el control a operaciones mercantiles como fusiones, absorciones, escisiones o adquisiciones que supongan un cambio efectivo en el control de la concesión.

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha expresado este martes su “absoluta tranquilidad” sobre la operación por la que el Principado concedió a Duro Felguera un préstamo de 6 millones de euros, y que ahora no se podrá recuperar debido a la quita establecida en el plan de reestructuración de la empresa.

En respuesta a una interpelación del diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons y a una pregunta del forista Adrián Pumares en el pleno de la Junta General, Peláez ha dicho que se trata de una operación “absolutamente transparente” enmarcada en el consenso que había en el parlamento sobre la necesidad de apoyar a Duro Felguera, que recibió el préstamo en 2021 a través de la Sociedad Regional de Promoción.

Las críticas a la operación

El consejero ha recordado que esa operación se produjo de forma complementaria al préstamo de 120 millones de euros que le concedió la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, puesto en marcha para respaldar a sociedades en dificultades tras la pandemia de la covid.

El diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons, quien ha criticado que los grupos de la izquierda hayan rechazado pedir a la Sindicatura de Cuentas un informe específico sobre la operación, ha exigido explicaciones sobre los motivos que llevó al Gobierno del Principado a aceptar en mayo de 2023 la novación del préstamo con la eliminación de la garantía de cobro y otras modificaciones solicitadas por Duro Felguera.

Las acusaciones de “opacidad”

Cuervas-Mons ha acusado al Gobierno del Principado de haber “tragado con todo” de forma que el dinero público se ha convertido en privado y el préstamo en “una donación” con lo que la SEPI aún puede cobrar los 120 millones de euros, “pero los asturianos no pueden recuperar sus 6 millones”.

En una línea similar, el diputado de Foro, Adrián Pumares, ha criticado “la opacidad” de una operación que acabó convirtiendo un préstamo a una empresa en una donación.

Objeto de la quita

Ante estas críticas, Peláez ha recordado que el préstamo fue clasificado como privado y, por tanto, objeto de la quita en el plan de reestructuración de Duro Felguera debido a la naturaleza mixta público-privada de la SRP, de acuerdo a la Ley Concursal.

Respecto a la novación, Peláez ha explicado que sirvió para facilitar la entrada en 2023 de los nuevos socios inversores de Duro Felguera ya que la entrada de nuevo capital era la única opción en esos momentos.

No obstante, ha señalado que si Duro Felguera no cumple con su plan de reestructuración el préstamo podría volver a reclamarse.

Constructora Sedes

En su intervención, el diputado de Foro también ha criticado que el Gobierno del Principado haya comprado por un euro las acciones de Unicaja en la constructora Sedes, que es “un euro más de lo que vale” por ser un “negocio ruinoso” del que el banco se ha ido “de rositas” mientras los asturianos asumen la deuda.

Peláez ha defendido la utilidad de contar con una constructora pública que podrá actuar donde no lo hace el mercado, por ejemplo en la construcción de escuelas infantiles en el medio rural por no encontrarlo rentable.

Reflotar la empresa

El consejero ha dicho que el objetivo es “reflotar la empresa, aprovechando que hay un encaje de negocio que puede hacerla viable”, algo para lo que “es necesario tener el control público”.

Además, ha agradecido a Unicaja que haya ofrecido un acuerdo por el que el banco aporta el 40 por ciento de la deuda que Sedes tiene con terceros, mientras que la deuda de Sedes con Unicaja se va a refinanciar a veintidós años con “un tipo de interés muy competitivo”. 

Solo Izquierda Unida (IU)-Convocatoria por Asturies (CA), socio de gobierno del PSOE en Asturias, ha registrado un voto particular al dictamen final de la comisión parlamentaria de investigación sobre las posibles responsabilidades derivadas del accidente ocurrido en la mina de Zarréu, en el concejo de Degaña, el 31 de marzo de 2025, en el que fallecieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos.

Al dictamen final se había llegado con un amplio grado de consenso de todos los partidos políticos, a excepción del PSOE que se desmarcó de las conclusiones ante su disconformidad con el texto definitivo donde se establecía la reprobación de siete personas entre las que figuran cuatro ex consejeros socialistas de Industria del Principado y tres funcionarios, para los que se pide su cese o dimisión.

La sorpresa de IU-CA

A las dos de la tarde de hoy, martes, se cerraba el plazo para la presentación de votos particulares al dictamen que se llevará conjuntamente al pleno que se celebrará la próxima semana para su aprobación.

La principal incógnita era ver si el PSOE, que no se había pronunciado oficialmente sobre cuál iba a ser su posicionamiento, finalmente se decidía a emitir un voto particular y finalmente no lo ha hecho. Al parecer, los socialistas van a optar por votar en contra del dictamen cuando se someta a votación en el pleno en la sesión del próximo 24 de junio.

Sin embargo, curiosamente ha sido su socio de gobierno, IU-Convocatoria por Asturies, el único que sí ha registrado un voto particular. Su portavoz, Xabel Vegas, asegura que es “parcial y concurrente” con el dictamen ya que en líneas generales su grupo parlamentario está de acuerdo con las conclusiones, pero discrepa al obviar el texto definitivo cualquier responsabilidad política del alcalde de Degaña, el socialista Óscar Ancares, al haber ocurrido el accidente en su concejo y, por tanto, tener competencias propias de control de actividades, de disciplina y verificación en su ámbito.

Apoyo “en lo sustancial”

IU subraya que comparte “en lo sustancial” el dictamen, tanto en la reconstrucción de los hechos como en la identificación de las principales disfunciones administrativas y políticas que contribuyeron al trágico accidente mortal en Zarréu.

A su juicio, no se trató de “un fallo aislado, puntual o puramente técnico”, sino de “una sucesión de deficiencias acumuladas en la instrucción administrativa, en el control, en la inspección, en la reacción sancionadora y en la delimitación misma de los instrumentos jurídicos empleados”.

IU-CA plantea la necesidad de incorporar al dictamen definitivo un informe jurídico de los letrados de Cámara para reforzar la seguridad jurídica del texto ya que, al atribuir responsabilidades tanto a cargos públicos como a funcionarios de la administración autonómica, se transita “por un terreno delicado” basándose en los criterios del Tribunal Constitucional (TC).

Centeno: “Solo quiere hacerse notar”

El diputado de Vox, Gonzalo Centeno, ha valorado positivamente el dictamen definitivo y ha mostrado su confianza en que el texto pueda salir adelante con el mayor consenso posible en el pleno.

“Nuestra posición de máximos apuntaba a la responsabilidad política del presidente Adrián Barbón, porque aquí no falló únicamente un funcionario, sino todo un sistema de control y supervisión vinculado a la Dirección General de Minas, a la Dirección General de Medio Natural y a distintos niveles de la Administración”, ha señalado.

Vox calcula que el dictamen recoge el 90% de las ideas de su grupo parlamentario y ha mostrado su sorpresa por el voto particular de IU-CA, al estimar que “parece más una iniciativa destinada a hacerse notar que una aportación sustancial al contenido del dictamen”, ha indicado.

Las responsabilidades políticas

El texto consensuado por todos los grupos salvo el PSOE señala directamente la responsabilidad política de los exconsejeros de Industria socialistas Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón/Xixón, y Belarmina Díaz, quien estaba al frente de Industria en el momento del siniestro y dimitió del cargo apenas 15 días después del accidente mortal.

El cuarto exconsejero es Isaac Pola, quien estuvo al frente de la cartera de Industria durante la etapa del presidente del Principado Javier Fernández y posteriormente fue 'rescatado' por Adrián Barbón como viceconsejero de Industria y director general de Minas.

En el dictamen final de la comisión parlamentaria tampoco ha variado la propuesta de ayudas a las familias de las víctimas mortales y los heridos registrados en los accidentes en la mina de Zarréu en los años 2022 y 2025.

La periodista gijonesa Azahara Cañedo Ramos ya es la nueva directora general de la Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA). Su candidatura era la única que había optado al puesto.

El pleno de la Junta General del Principado ha aprobado su designación en una segunda votación después de que ayer no obtuviera los votos necesarios. Era preciso que al menos 30 de los 45 diputados y diputadas de la cámara le dieran su sufragio, pero no obtuvo los votos suficientes. Esta mañana, se procedió a una segunda votación en la que salió elegida por una mayoría absoluta, fijada en 23 votos que se correspondieron a los emitidos por PSOE, Convocatoria por Asturies y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé.

Releva a Francisco Orejas

Azahara Cañedo recibió otros 18 votos en blanco, correspondientes a PP y Foro Asturias, mientras que Vox emitió tres votos nulos.

La periodista gijonesa releva en el cargo a Francisco Orejas que presentó su renuncia en enero, para acceder a la jubilación.

El plan estratégico

La nueva directora general expuso recientemente su proyecto ante la Comisión de Control de la RTPA del parlamento autonómico.

En su intervención, apostó por un plan estratégico a tres años que coincida con el futuro contrato programa del ente público y mostró especial preocupación por los problemas laborales de una televisión pública que se creó con un modelo de plantilla que, en su opinión, es “erróneo e inadecuado”.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha defendido este miércoles acudir a la reunión bilateral con el Ministerio de Hacienda para negociar el modelo de financiación autonómica con el objetivo de defender los intereses de la comunidad, frente a un Partido Popular que le ha pedido que no acuda y que “no traicione a Asturias”, en palabras del líder de los populares asturianos, Álvaro Queipo.

En el turno de preguntas al jefe del Ejecutivo en el pleno de la Junta General, Queipo ha acusado a Barbón de “consentir” los incumplimientos de los compromisos del Gobierno central con Asturias y también de incumplir sus propios acuerdos como los relativos a la financiación autonómica.

La 'Declaración de Santiago'

Queipo ha subrayado que Asturias firmó en 2021 con otras siete comunidades autónomas la 'Declaración de Santiago', un documento que decía que la reforma del modelo de financiación solo puede ser fruto de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y que “por tanto deja a un lado cualquier reunión bilateral” entre el Estado y las comunidades, ha remarcado el presidente del PP de Asturias.

Además, el Gobierno asturiano firmó en 2020 un acuerdo con todos los grupos de la Junta General, excepto Vox, que establecía que el nuevo modelo debe ser “el resultado de una negociación multilateral, transparente y fruto del consenso”, ha añadido.

Queipo: “No traicionen a Asturias”

“Van a sentarse donde firmaron que no se iban a sentar nunca”, ha dicho Queipo, quien ha advertido de que la reunión bilateral a la que acudirá el Principado no servirá para negociar sino para “blanquear que a Asturias le tocan lo restos de lo que negocia Oriol Junqueras”, líder de ERC.

“No asistan a esa reunión, no traicionen a Asturias, se lo pedimos encarecidamente”, ha insistido Queipo, quien ha afirmado que “Asturias está indefensa” porque lleva “demasiado tiempo sin un presidente que la defienda” y lo que tiene el Principado es “un portavoz de Ferraz en un despacho de Oviedo”.

Barbón: “Asturias, por encima de todo”

En su respuesta, Barbón ha remarcado que su Gobierno “actúa por encima de la ideología de partido” o de “afinidades tribales de ideología” porque “tiene muy claro que por encima de todo está Asturias”, y ha subrayado que ejemplo de ello es su rechazo a la actual propuesta de reforma del modelo de financiación o su exigencia de eliminación del peaje del Huerna.

“Cuando Asturias tiene problemas, el Gobierno actúa; cuando tiene una oportunidad, negocia, y cuando hay un agravio, pelea”, ha subrayado Barbón, quien ha asegurado que su Gobierno acudirá a la reunión para exigir cambios en la propuesta de reforma si Hacienda quiere contar con el 'sí' de Asturias.

El envejecimiento o la dispersión

Barbón ha garantizado que su Gobierno defenderá lo pactado en la 'Declaración de Santiago' y en el acuerdo alcanzado en el seno de la Junta General, documentos que defienden la introducción de factores como el envejecimiento o la dispersión a la hora de calcular el coste efectivo de la prestación de los servicios públicos, y no solo el número de habitantes.

Además, el presidente del Principado ha subrayado que, aunque el acuerdo definitivo se tiene que adoptar en el CPFF, en la negociación de la financiación autonómica siempre hay reuniones bilaterales, y ha recordado que en la reforma de 2009 el entonces presidente gallego y actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acudió a esos encuentros.

El “síndrome preelectoral precoz”

Barbón ha acusado a Queipo de “estar a lo que le ordena Génova” y ha afirmado que si fuera él el que tuviera que negociar la financiación autonómica para Asturias “no se atrevería jamás” a defender los intereses de la comunidad.

El jefe del Ejecutivo asturiano ha insistido en que Queipo sufre “el síndrome preelectoral precoz” y “cree que hacer oposición es decir no a todo” ante su “incapacidad” de presentar una alternativa.

El arzobispo de Oviedo/Uviéu, Jesús Sanz Montes, ha sido elegido por la asociación Xente LGTBI+ Astur (Xega) como la persona que, por meritos propios, se merece poseer el Ladrillo Rosa que concede a todas aquellas personas, entidades o proyectos cuyas acciones, declaraciones o políticas atentan contra los derechos y la dignidad de las personas LGTBIAQ+. 

La asociación de personas LGTBI + de Asturias considera que el Ladrillo Rosa es un reconocimiento “incómodo, pero necesario” porque nombrar el daño también es, a su juicio, una forma de combatirlo.

XEGA es un colectivo LGTBIAQ+ de Asturias que, desde hace más de 30 años, trabaja por la plena equiparación en derechos de las personas y por combatir, denunciar y erradicar la discriminación por orientación sexoafectiva, identidad y expresión de género.

Contribuye a un “clima de hostilidad”

Para el colectivo, el arzobispo es la persona idónea para alzarse con este galardón ante sus reiteradas declaraciones públicas contra el colectivo LGTBIAQ+ porque estima que no se trata de simples opiniones aisladas, sino de discursos pronunciados desde una posición de “poder e influencia social” y, por tanto, con consecuencias reales en la vida de las personas.

“Cada intervención que criminaliza, patologiza o niega la legitimidad de nuestras identidades contribuye a construir un clima de hostilidad que no se queda en las palabras: se traduce en miradas, en insultos, en agresiones, en el miedo que muchas de nosotras seguimos sintiendo en las calles cada día. Las palabras desde el púlpito no son inocentes”, explica la coordinadora de Xega, África Preus.

“Los migrantes no son una amenaza”

Sus críticas hacia los migrantes tuvieron un peso importante a la hora de su designación para ser el Ladrillo Rosa de esta edición que, según comenta la coordinadora, tiene una segunda dimensión, igualmente grave, en opinión del colectivo: “El arzobispo también alzó la voz para afirmar que ”no todos caben“, en referencia a la regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular. ¿Qué mayor vulnerabilidad existe que encontrarse en un país ajeno, sin permiso de residencia, sin acceso al mercado laboral formal, expuesto a la explotación y sin ninguna red de protección?”, interpela.

Xega incide en que las personas migrantes en situación administrativa irregular no son una amenaza sino, en muchos casos, personas que huyen de la pobreza, la persecución o la violencia, por lo que las palabras de Sanz Montes son aún más hirientes.

Facilitar la regularización

El colectivo no duda a la hora de estar al lado de estas personas que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad, a las que acompaña como un compromiso y una responsabilidad: “Sabemos lo que significa ser señaladas y que el sistema no te reconozca. Y desde esa memoria -comenta- hemos estado ofreciendo orientación jurídica gratuita y emitiendo el certificado de vulnerabilidad para facilitar el acceso a la regularización de quienes más lo necesitan. Frente a quien decide quién merece existir y quién no, nosotras seguimos eligiendo la acogida”, recalca la coordinadora.

Si el Ladrillo Rosa escenifica el rechazo ante comportamientos o actitudes que van contra los principios y derechos universales, en el lado contrario se encuentra el Triángulo Rosa, donde se premia todo lo opuesto: la defensa de los derechos humanos en general y del colectivo LGTBIAQ+ en particular.

El Triángulo Rosa

En esta ocasión, el Triángulo Rosa se ha concedido a la Asamblea 8M con el que Xega reconoce el trabajo de las alianzas que construye con el tejido asociativo asturiano que les acompaña en sus reivindicaciones.

Los argumentos que han motivado a la asociación a otorgar este reconocimiento son numerosos. Entre otros, señala que concede este premio a la Asamblea 8M “por integrar, frente al machismo heteropatriarcal, la perspectiva LGTBIAQ+ en el espíritu y el ideario del movimiento feminista asturiano, así como por incorporar y tener presente a nuestro colectivo, en especial a las mujeres LBTIAQ+ en los grupos de trabajo, en la programación de actividades, en las acciones, en la difusión, en los manifiestos...”.

La unidad del feminismo

No son las únicas razones. Aún hay más. Para Xega, es importante que la Asamblea 8M tenga tan claro que “todas las discriminaciones están interconectadas, y que las mujeres LTBIAQ+ también somos trabajadoras y pensionistas, también estamos racializadas y migradas, somos Discas, formamos parte del sistema informal y formal de cuidados, tenemos mucho que decir y que aportar en lo referente a salud, educación, vivienda... y también sufrimos violencias como mujeres”.

Toda una argumentación que se resume en una frase: “su incansable trabajo en pro de la unidad del feminismo, un feminismo hecho para todas, todos y todes, es lo que lleva a que la Asamblea 8M Asturias tenga este premio más que merecido”.

Acto político-social

Xega entregará el Ladrillo Rosa y el Triángulo Rosa el próximo 12 de junio, a las 18.00 horas en el transcurso de un acto político-social en la Junta General del Principado de Asturias, un espacio abierto en el que compartirán “lo que somos y lo que hacemos”, explica África Preus.

Este año también habrá un reconocimiento especial a María Ludivina Valvidares Suarez , profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, con el que la asociación de personas LGTBI+ de Asturias reconocer su trabajo y sobre todo su implicación en su trayectoria profesional con el máster de Proteccion Jurídica de personas y grupos vulnerables.

Los méritos de María Valvidares

Xega destaca sus clases y formaciones en Derechos Humanos, con especial atención a los de las personasLGTBIAQ+ y practicando la interseccionalidad de la que “tanto se habla y que cuesta tanto aplicar”.

María Valvidares es “una auténtica maestra y una feminista que cree y trabaja por la justicia social”, subraya la coordinadora.

'Nuestra memoria, nuestra fuerza'

África Preus ha presentado junto a Carla Herrera y Paula Vázquez, activistas de Xega, la programación de actividades que han diseñado para celebrar el Orgullo 2026 que se desarrolla bajo el lema 'Nuestra memoria, nuestra fuerza'. Unas han sido organizadas por la asociación, mientras que en otras han colaborado.

Actividades abiertas a la ciudadanía

Las actividades comenzaron el pasado lunes, día 1 de junio, con una charla-coloquio con la Asociación Asperger Asturias, en el Conseyu de Mocedá de Xixón.

Hoy, sábado, 6 de junio realizarán unas Jornadas jurídicas y sociales enfocadas en el pasado y presente de la diversidad LGTBIAQ+: en el Archivo Histórico de Asturias, en Oviedo/Uviéu.

Mañana, domingo, 7 de junio, desde las 16:00 horas a las 20.00 horas habrá una mesa redonda de Referentes LGTBIAQ+ en el Evento Orgullo de Abierto hasta el amanecer que será en el Local AHA, en Gijón/Xixón.

El viernes, 12 de junio, a las 18:00 horas se celebrará el acto político-institucional con la entrega de los premios Triángulo y Ladrillo Rosa 2026 en la Sala del Hemiciclo de la Junta General del Principado de Asturias, en Oviedo/Uviéu.

El sábado, 13 de junio, de 09:00 a 14:00 horas se celebrarán la II Jornada Social en la Universidad Laboral de Gijón/Xixón.

Paseo histórico

El domingo, 14 de junio, a partir de las 12:00 horas realizarán un Paseo histórico y creativo por Cimadevilla descubriendo las Historias del barrio. junto a la asociación de vecinos Gigia Cimadevilla que comenzará en la Plaza El Lavadero de Gijón/Xixón.

El sábado, 20 de junio, de 11:00 a 14:00 horas y de 17.00 a 20:30 horas pondrán una mesa con libros de referentes LGTBIAQ+ en FéLiX, la Feria del Libro de Xixón en el Centro de Cultura Antiguo Instituto Jovellanos y en el mismo lugar a las 17:00 horas. se hará la presentación, seguida de una charla y firma de libros de Rusly Cachina Esapa y a las 18:00 horas en la Biblioteca Jovellanos seguirán conversando con la autora.

'Café orgulloso'

El viernes, 26 de junio, a las 19:00 horas habrá un 'Café Orgulloso' en 'El Orgullín'.

El 'Orgullín del Norte' es un Fin de semana de convivencia y celebración en el camping de Deva en torno al Día del Orgullo LGTBIAQ+ en Asturias que organiza el Orgullín y en el que Xega colabora.

Manifestación del Día del Orgullo

El sábado, 27 de junio tendrá lugar la manifestación del Día del Orgullo LGTBIAQ+. La manifestación partirá a las 17:30 horas del Paseo de Begoña y finalizará en la Plaza del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

El domingo, 28 de junio, a las 12:30 horas seguirá en el Orgullin donde habrá una reunión del Grupo de Familias de Xega.

Colaboración en otros espacios

La asociación participa y colabora en otros espacios, que son los siguientes:

Hoy, sábado, 6 de junio, La Liga de la Diversidad, que es el grupo Joven de Xega, participa entre las 9:30 y las 20:00 horas en 'MoZedá en Xuegu', una actividad organizada por el Consejo de la Juventud de España y Conseyu de la Mocedá del Principado de Asturias en la Playa del Arbeyal, en Gijón/Xixón.

El martes, 9 de junio, a las 19:00 horas tendrá lugar la presentación del libro 'Farsante' de Andrea Momoitio acompañada de Yanira Hermida que organiza La Revoltosa, en Gijón/Xixón.

El martes, 16 de junio, de 12:00 a 17:00 horas habrá un Punto Arcoiris en la II Feria de la Salud Laviada que organiza C.S. Laviada. en el Parque Carlos Marx, de Gijón/Xixón. Ese mismo día, a las 18.30 horas, participarán en la presentación del libro 'Nos recordarán' de Clara More que organiza LABoral. Centro de Arte y Creación Industrial, en Gijón/Xixón.

Orgullo de Llanera

El viernes, 19 de junio, de 17:00 a 20:00 horas habrá un encuentro con la Asociación Asperger Asturias.

El domingo, 21 de junio, a las 17:45 horas, Xega colabora en el Arguyu Superball pride Edition que organiza La Real House Comunidad: Libertad, Poder. en Kuivi / Almacenes, en Oviedo/Uviéu.

El jueves, 25 de junio, a las 18:00 horas, apoyarán el Orgullo de Llanera que organiza Xuntes y Diverses.

Manifestaciones en Gijón y Madrid

El sábado, 27 de junio, participarán en la manifestación del Orgullo en Gijón/ Xixón, a las 17:30 horas.

El sábado, 4 de julio, apoyarán la manifestación del Orgullo que se celebra en Madrid a partir de las 19:00 horas.

El pleno de la Junta General del Principado de la próxima semana procederá al nombramiento de la periodista gijonesa Azahara Cañedo Ramos como directora general de la Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA), propuesta que cuenta con el apoyo de todos los diputados de la izquierda.

Su nombramiento debe aprobarse por mayoría cualificada de la Junta General -30 de sus 45 diputados- en una primera votación, aunque en una segunda basta con que cuente con mayoría absoluta, es decir, un mínimo de 23 diputados, que son los que suman socialistas, IU-CA y Covadonga Tomé, que han mostrado ya su respaldo.

Las votaciones

La primera votación se llevará a cabo el martes, 9 de junio, y de no conseguir la mayoría requerida, se procederá a una nueva votación al día siguiente.

Vox ya ha anunciado que está en contra de su nombramiento, mientras que el Partido Popular no ha adelantado el sentido de su voto, al igual que el diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares , aunque éste ha señalado hoy que le gustó lo que oyó a Cañedo cuando planteó su modelo al comparecer la semana pasada en sede parlamentaria.

Los compromisos

El portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, también ha valorado los compromisos asumidos por Cañedo por lo que ha asegurado que su voto “seguramente sea favorable porque debe haber un cambio” en la RTPA.

Para la portavoz socialista, Dolores Carcedo, esta candidata, presentada por su grupo parlamentario, también cuenta “con el perfil idóneo” para afrontar los retos inmediatos del ente público, que cumple ya 25 años.

Cañedo Ramos (Gijón, 1985) compareció la semana pasada ante la Comisión de Control de la RTPA del parlamento autonómico para exponer el modelo plantea para la televisión pública asturiana, en la que el puesto de director permanece vacante desde principios de año, tras presentar su renuncia Francisco Orejas para acogerse a la jubilación.

Un plan estratégico a tres años

En su intervención, Cañedo apostó por un plan estratégico a tres años que coincida con el futuro contrato programa del ente público y mostró especial preocupación por los problemas laborales de una televisión pública que se creó con un modelo de plantilla que, en su opinión, es “erróneo e inadecuado”.

AsÍ, considera preciso abordar la recategorización de los actuales empleados de plantilla y reducir la interinidad de los que actualmente trabajan para subcontratas en las corresponsalías de los servicios informativos, que son cerca de un centenar.

La estrategia lingüística

Cañedo se mostró también partidaria de normalizar la presencia de las lenguas propias en la programación del ente público y, con ese fin, ha planteado crear en el equipo directivo una figura con competencias para impulsar la estrategia lingüistica de manera transversal.

Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III y doctora en Investigación en Medios de Comunicación, es profesora titular de Periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha donde ocupa el cargo de responsable de Comunicación Institucional. 

El Gobierno de Asturias pagará el precio simbólico de un euro a Unicaja para adquirir el 40% de las acciones de Sedes que permanecen actualmente en manos de la entidad bancaria. El Principado cuenta con el 60% del accionariado, por lo que esta operación permitirá avanzar en la conversión de la sociedad en una empresa íntegramente pública.

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha sido el encargado de hacer público el anuncio este martes durante su comparecencia en la Junta General del Principado.

Los créditos pendientes

Zapico ha explicado que es un acuerdo ya cerrado por el que la entidad bancaria asumirá el 40% de la deuda de Sedes con terceros en el momento de la venta. Además, ambas partes han consensuado la reestructuración de los créditos pendientes para que la empresa pueda hacer frente a sus compromisos en un horizonte de 22 años.

El consejero respondia así a una interpelación del diputado del Grupo Popular José Agustín Cuervas-Mons sobre la situación de la empresa constructora que el pasado año estuvo al borde de la quiebra.

La continuidad de la empresa

En su intervención, Zapico ha defendido que la operación culmina el trabajo desarrollado durante la legislatura para garantizar la continuidad de la empresa, preservar el empleo y consolidar una herramienta pública al servicio de las políticas del Gobierno de Asturias.

“Siempre creí que merecía la pena hacer un esfuerzo para reflotar Sedes porque puede desempeñar un papel muy importante como instrumento auxiliar de las políticas públicas”, ha indicado el titular de Ordenación del Territorio.

Aprovechar sinergias

La compañía ya participa en actuaciones vinculadas a la vivienda pública mediante trabajos de mantenimiento y reparación para Vipasa y ha colaborado también en la construcción de siete escuelines, entre otros proyectos, según ha especificado Zapico.

El consejero ha apostado por profundizar en la coordinación entre los instrumentos públicos vinculados al suelo y la construcción para aprovechar sinergias y dar una respuesta más eficaz a los retos residenciales.

El plazo estimado

“Si contamos con herramientas públicas en materia de vivienda, de gestión de suelo residencial e industrial y de construcción, tenemos mucho avanzado para evitar futuras crisis como la que hoy estamos padeciendo”, ha añadido.

Posteriormente, ha calculado que la aprobación de este expediente por parte del Consejo de Gobierno no debería prolongarse más allá de mediados de julio.

Reflotar Sedes

A pesar de la “situación kafkiana” que vivía esta empresa, el consejero ha señalado que siempre ha considerado que merecía la pena reflotar Sedes porque puede jugar un papel importante como empresa auxiliar del gobierno en políticas de vivienda, sociales o de sanidad y que “había que hacer un esfuerzo para hacerla cien por cien pública”.

A lo largo de esta legislatura, se ha trabajado para salvarla de la difícil situación en la que se encontraba “y se ha logrado”, ha apostillado, y ha recordado que actualmente hace trabajos de mantenimiento de viviendas para Vipasa o que ha acometido ya las obras de siete escuelas infantiles de la red regional.

Formar “un gran ente”

Para Zapico, es importante contar con una constructora cien por cien pública que se sume a las sociedades que forman parte de la administración asturiana para la promoción del suelo y de viviendas que a medio plazo tienen que establecer sinergias y formar un “gran ente” que permita evitar en el futuro crisis como el que se está viviendo actualmente en el sector inmobiliario.

Cuervas-Mons: “No nos tomen por tontos”

Cuervas-Mons, sin embargo, ha puesto en duda que se vaya a materializar la compra de esta sociedad antes de que acabe la legislatura o que Unicaja vaya a irse sin reclamar nada.

“No nos tomen por tontos”, ha afirmado el diputado popular que ha preguntado para qué ha servido y en qué punto de cumplimiento se encuentra el plan de reestructuración de Sedes en el que se gastaron 80.000 euros.

Para Cuervas-Mons, Sedes “sigue siendo, por desgracia, una empresa kafkiana”, al igual que, en su opinión, es kafkiana la situación del consejero si se siente orgulloso de su gestión y de cómo va la compañía en los últimos tres años.

El presidente del Principado y líder de los socialistas asturianos, Adrián Barbón, ha defendido este jueves que el PSOE es una organización “limpia y digna” pese a que haya algunos dirigentes que “no son dignos de militar en el partido ni de lo que significa ser socialista” y por ello han sido expulsados al verse envueltos en casos judiciales.

Barbón se ha expresado en estos términos en el pleno de la Junta General al ser preguntado por la presidenta de Vox Asturias, Carolina López, por las investigaciones judiciales que afectan al PSOE.

“El PSOE no son 'X dirigentes'”

El jefe del Ejecutivo asturiano ha dicho que “el PSOE no son 'X dirigentes'”, sino “millones de votantes y miles y miles de militantes que en sus 147 años de historia han conformado esta organización, que es limpia y digna”.

Barbón, quien se ha declarado “un orgulloso militante socialista” que siempre va a defender a esa militancia “que da la cara en las buenas y en las malas”, ha remarcado que su “postura de tolerancia cero contra la corrupción es total, absoluta y radical”.

Tolerancia cero

Tras insistir en que tiene “tolerancia cero contra la corrupción, contra los corruptos y contra aquellos que corrompen la política”, Barbón ha dicho que también tiene la misma tolerancia cero contra quienes niegan los crímenes machistas, quienes son racistas y xenófobos, los que critican al colectivo LGTBI y sus derechos o contra los que quieren involucionar.

La portavoz de Vox le ha respondido que “involución son los 147 años que lleva el PSOE enterrado en toneladas de corrupción, clientelismo y escándalos permanentes”, y ha afirmado que el manual socialista frente a la corrupción pasa por “negarlo todo” en un primer momento para después “victimizarse” y por último fingir “sorpresa”.

La réplica de Vox

López ha dicho que mientras los socialistas hablaban de feminismo apareció el caso Ábalos, mientras hablaban de transparencia surgió la trama Koldo, y cuando lo hacían de regeneración democrática “aparecían mordidas, comisiones y adjudicaciones bajo sospecha”.

La diputada ha añadido que “mientras Pedro Sánchez presume del Gobierno más limpio de la democracia, la Guardia Civil investiga a cargos socialistas de continuo”.

Rodríguez Zapatero

La presidenta de Vox Asturias ha cuestionado que el PSOE defienda a José Luis Rodríguez Zapatero como el mejor presidente que ha tenido el país, cuando es “el mejor en llevárselo crudo” y se ha convertido en el primer expresidente imputado.

López, quien ha afirmado que “millones de españoles sienten que la corrupción forma parte del ADN del Partido Socialista, ha criticado que el PSOE que no pare de dar ”lecciones de ética y superioridad moral“, y solo reconozca la presunción de inocencia para los socialistas y que para los demás haga un ”linchamiento previo“.

Los casos en Asturias

La dirigente de Vox, quien también se ha referido a casos judiciales que han afectado al PSOE en Asturias como el Caso Marea o la condena al exlíder del SOMA José Ángel Fernández Villa por apropiación, ha dicho que el Partido Socialista ha constituido “una organización criminal jerarquizada” par utilizar el poder para enriquecerse.

Barbón le ha replicado que él defiende el derecho fundamental de la presunción de inocencia para todo el mundo y ha retado a López a decirle una sola ocasión en la que no la haya respetado.

El “campañón” de ZP

Además, ha remarcado que a Rodríguez Zapatero no se le investiga por su gestión como presidente del Gobierno y ha vuelto a poner en valor su papel en la campaña electoral de 2023, cuando hizo “un campañón en toda España” que permitió al PSOE cerrar la brecha que le separaba del PP en las encuestas.

Previamente a este debate, el presidente del PP, Álvaro Queipo, también aprovechó su pregunta a Barbón sobre los servicios públicos para referirse a las investigaciones judiciales abiertas en torno al PSOE.

Queipo ha advertido de que “cada semana que pasa” hay “una nueva investigación de su partido, de algunos dirigentes o de su entorno” sin que haya habido “una palabra de condena” por parte de Barbón.

Los partidos políticos con representación parlamentaria en Asturias han demostrado este jueves que cuando sus representantes tienen interés en dialogar es más fácil sacar adelante una ley que permita reducir las trabas administrativas y mejorar al sector afectado. Y es lo que ha ocurrido con la nueva Ley de Cooperativas aprobada esta mañana en el parlamento asturiano con un amplio consenso parlamentario. La norma ha salido adelante con 41 votos a favor y cuatro abstenciones.

Actualmente, hay 169 cooperativas en el Principado que dan empleo a cerca de 3.000 trabajadores. Si se suman las sociedades laborales, que también forman parte de la economía social, el cómputo asciende a 383 empresas y 5.000 empleos directos.

El volumen anual de negocio que genera este sector ronda los 380 millones, según los datos facilitados por el Gobierno de Asturias.

Modernizar el marco jurídico

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha defendido hoy en la Junta General del Principado esta nueva ley que se caracteriza por modernizar de forma integral el marco jurídico de la economía social e impulsa el emprendimiento colectivo.

El texto sustituye a la ley vigente desde 2010 y es fruto de la negociación dentro de un proceso de diálogo institucional y social.

Cuando la política se toma en serio su función transformadora se nota en la vida real, porque hay menos obstáculos administrativos, mayor seguridad jurídica y nuevas oportunidades para las empresas

Borja Sánchez — Consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias

El valor político del consenso

Borja Sánchez ha destacado el amplio consenso parlamentario escenificado esta mañana en el parlamento asturiano.

Para el consejero, este consenso tiene un enorme valor político y práctico: “cuando la política se toma en serio -ha asegurado- su función transformadora se nota en la vida real, porque hay menos obstáculos administrativos, mayor seguridad jurídica y nuevas oportunidades para las empresas”.

Los cinco ejes principales

La nueva norma, estructurada en 185 artículos, configura un marco más ágil para el tejido productivo asturiano a través de cinco ejes principales: facilidades para emprender, flexibilidad económica, simplificación de la gestión, digitalización total y nuevas realidades.

Facilidades para emprender: reduce a dos el número mínimo de personas socias para constituir una cooperativa de primer grado, lo que evita que pequeños proyectos queden descartados.

Flexibilidad económica: mantiene el capital social mínimo en 3.000 euros, pero permite iniciar la actividad con un desembolso inicial del 25% y aportar el resto en un plazo de cuatro años.

Simplificación de la gestión: adapta las obligaciones al tamaño real de la empresa. El consejo rector solo será obligatorio a partir de diez personas socias y la figura de la intervención pasa a ser opcional en las cooperativas más pequeñas.

Digitalización total: consolida la sede electrónica y la página web corporativa como herramientas plenas para la comunicación y la publicidad.

Nuevas realidades: incorpora de forma expresa las cooperativas de industrias culturales y creativas junto con las de impulso empresarial y las de desarrollo local, fundamentales para fijar población y servicios en el medio rural.

Un sector estratégico para Asturias

El consejero ha incidido en que el cooperativismo no es un sector marginal, sino “emprendimiento colectivo en estado puro”.

“Esta fórmula de propiedad compartida y gestión democrática resulta esencial para el Principado como motor de arraigo territorial”, ha subrayado.

La nueva norma incorpora medidas que eran demandadas por el sector para facilitar la creación de nuevas entidades, reducir cargas burocráticas y adaptar la legislación a la realidad económica y social actual.

La valoración de ASATA

La agrupación de empresas de economía social de Asturias ASATA considera positiva la modernización normativa, que reduce burocracia, facilita la creación de cooperativas y reconoce nuevas fórmulas empresariales, aunque advierte de que su impacto dependerá de cómo se aplique y de los recursos que se destinen a su desarrollo.

Para la agrupación, la nueva ley supone un paso adelante para reforzar la competitividad de las cooperativas asturianas, mejorar su seguridad jurídica y eliminar obstáculos administrativos que, en muchas ocasiones, dificultaban la puesta en marcha y el funcionamiento ordinario de estas empresas de economía social.

La escucha activa

ASATA valora también que durante la tramitación de la norma se hayan tenido en cuenta propuestas y enmiendas trasladadas por la agrupación, en el marco del diálogo con el sector. A juicio de la entidad, “esta incorporación confirma la importancia de que las políticas públicas vinculadas a la economía social se construyan escuchando a quienes trabajan diariamente con las cooperativas y conocen sus necesidades reales”.

Su presidente, Ruperto Iglesias, está convencido de que esta es una ley “positiva, modernizadora y necesaria, que recoge avances importantes para el cooperativismo asturiano”.

Medidas en “la buena dirección”

Bajo su prisma, reducir burocracia, facilitar la constitución de cooperativas con dos personas socias, flexibilizar el desembolso del capital social y adaptar la organización interna de las entidades a su tamaño real son medidas que “van en la buena dirección”.

Entre los aspectos más relevantes de la norma, ASATA destaca la posibilidad de constituir cooperativas con un mínimo de dos personas socias, una medida que, según expone, puede facilitar el nacimiento de nuevos proyectos y evitar que algunas entidades entren en causa de disolución por la reducción de integrantes.

Menos trabas burocráticas

La entidad también valora positivamente que se mantenga el capital social mínimo en 3.000 euros, permitiendo que pueda desembolsarse de forma aplazada, con una aportación inicial mínima del 25%.

“Esta ley quita trabas y eso es importante. Para muchas iniciativas pequeñas, especialmente en el ámbito profesional, rural o de emprendimiento joven, los requisitos formales podían convertirse en una barrera de entrada. La posibilidad de crear cooperativas más pequeñas y flexibles puede abrir nuevas oportunidades para emprender colectivamente en Asturias”, afirma su presidente.

Otras actuaciones acertadas

La agrupación también considera acertada la simplificación de determinadas obligaciones administrativas, como que el consejo rector solo sea obligatorio en cooperativas con diez o más personas socias, permitiendo a las de menor tamaño optar por uno o dos administradores.

Del mismo modo, valora la eliminación del informe de gestión como obligación genérica junto al depósito de cuentas anuales, la posibilidad de realizar determinados procesos de disolución, liquidación y extinción de forma simultánea, y la supresión de publicaciones obligatorias en prensa en algunos supuestos.

Más recursos

No obstante, advierte de que la aprobación de la ley no puede ser entendida como un punto final, sino como el inicio de una nueva etapa que exigirá compromiso político, recursos técnicos y capacidad de gestión por parte del Gobierno asturiano.

En este sentido, la agrupación agradece el apoyo de los grupos parlamentarios que han respaldado la nueva norma y valora especialmente el amplio consenso alcanzado en torno a una ley relevante para el futuro del cooperativismo asturiano.

El reconocimiento al cooperativismo

Para ASATA, este acuerdo evidencia que la economía social debe ocupar un espacio compartido en la agenda pública, por encima de diferencias partidistas, y que el cooperativismo cuenta con un reconocimiento creciente como herramienta útil para generar empleo estable, arraigo territorial y desarrollo económico equilibrado.

“Valoramos el avance, pero no podemos ser complacientes. Una buena ley -añade- no basta si después la administración no funciona con agilidad, si los trámites siguen siendo lentos o si las cooperativas no encuentran acompañamiento cuando lo necesitan”.

Ruperto Iglesias cree que el Gobierno ha dado un paso importante y el consenso parlamentario alcanzado refuerza el valor de esta norma.

“Ahora toca demostrar que Asturias cree de verdad en el cooperativismo como motor económico y social”, incide.

Valoramos el avance, pero no podemos ser complacientes. Una buena ley no basta si después la administración no funciona con agilidad, si los trámites siguen siendo lentos o si las cooperativas no encuentran acompañamiento cuando lo necesitan. Ahora toca demostrar que Asturias cree de verdad en el cooperativismo como motor económico y social

Ruperto Iglesias — Presidente de ASATA

Generar empleo estable

La nueva ley también incorpora figuras como las cooperativas de impulso empresarial y las cooperativas de desarrollo local que ASATA considera especialmente relevantes para generar empleo estable, fijar población, dinamizar el territorio y dar respuesta a nuevas formas de actividad económica desde los principios de la economía social.

“Las cooperativas de impulso empresarial y las de desarrollo local pueden ser herramientas muy útiles si se despliegan bien”, manifiesta el presidente de la agrupación.

De ideas a proyectos viables

ASATA estima que Asturias necesita fórmulas que ayuden a transformar ideas en proyectos viables, especialmente en los territorios donde el emprendimiento individual tiene más dificultades y donde la cooperación puede marcar la diferencia.

La agrupación valora igualmente que la norma refuerce el uso de la página web corporativa como instrumento de publicidad, comunicación y participación, así como su utilidad para favorecer reuniones y encuentros telemáticos.

Políticas activas

Para la organización, esta adaptación a las herramientas digitales es imprescindible para modernizar el funcionamiento cooperativo y facilitar la participación de las personas socias.

La entidad recuerda, además, que las cooperativas son empresas democráticas, arraigadas en el territorio y comprometidas con la creación de empleo estable y con una distribución más equilibrada de la riqueza. Por ello, insiste en que la nueva ley debe ir acompañada de políticas activas de fomento del cooperativismo, formación, asesoramiento especializado, financiación adaptada y presencia de la economía social en las estrategias de desarrollo económico del Principado.

Convertir el acuerdo en resultados

“La ley abre una oportunidad. Agradecemos el apoyo de los grupos que la han hecho posible y el amplio consenso alcanzado, pero ahora hay que convertir ese acuerdo en resultados: más cooperativas, menos burocracia real, más empleo estable y más economía social en Asturias”, corrobora Ruperto Iglesias.

ASATA se compromete a colaborar con lealtad institucional, pero al mismo tiempo anuncia que va a ser exigente para que esta norma no se quede “en una buena intención legislativa”.

El trabajo de la comisión parlamentaria constituida para investigar las posibles responsabilidades políticas que pudieran existir en el accidente registrado en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, en el que fallecieron cinco mineros y otros cuatro trabajadores resultaron heridos, ha concluido este viernes con un amplio grado de consenso de todos los partidos políticos, a excepción del PSOE que se ha desmarcado del resultado.

El dictamen final mantiene la reprobación de las siete personas que con anterioridad habían sido señaladas por su responsabilidad, entre las que figuran cuatro exconsejeros de Industria del Principado y tres altos funcionarios.

Los exconsejeros socialistas

El dictamen de la Comisión de Investigación señala como responsables políticos a Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón/Xixón, y Belarmina Díaz, quien estaba al frente de Industria en el momento del siniestro y dimitió del cargo apenas 15 días después del accidente mortal. Para los tres exconsejeros, que han formado parte de una de las carteras con mayor peso en el Consejo de Gobierno del actual presidente del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbon, piden su reprobación.

El cuarto exconsejero es Isaac Pola, quien estuvo al frente de la cartera de Industria durante la etapa del presidente del Principado Javier Fernández y posteriormente fue 'rescatado' por Adrián Barbón como viceconsejero de Industria y director general de Minas.

Los altos funcionarios

Los diputados y diputadas de los grupos con representación parlamentaria que participan en esta comisión de investigación han cuestionado la forma de actuar de otros tres altos funcionarios.

El dictamen también apunta por su presunta responsabiliad a los jefes de servicio Santiago Berjano y Alberto Quirino y al asesor jurídico Gonzalo Martín Morales, a este último se le identifica como la persona que estableció el argumentario jurídico para establecer la figura del Proyecto de Investigación Complementario (PIC) ahora en entredicho

A Santiago Berjano se le atribuye la validación de las actas de inspección sin cuestionar la metodología; a Alberto Quirino por realizar inspecciones en las que no se percató de la existencia de indicios de actividad extractiva ilegal y a Gonzalo Martín Morales como “promotor intelectual y tutelador” de los PIC, figura no regulada por la Ley de Minas.

El clima de trabajo

En el dictamen final de la comisión parlamentaria tampoco ha variado la propuesta de ayudas a las familias de los fallecidos y a los heridos graves, tanto en el accidente de 2025 como en el ocurrido en 2022, donde fallecieron otros dos mineros.

La diputada Covadonga Tomé, portavoz de Somos Asturies y presidenta de la comisión, si bien se ha mostrado muy satisfecha tanto con el clima de trabajo como con el resultado obtenido, no ha obviado los obstáculos que, según asegura, puso en el camino el PSOE con una “falta de actitud constructiva”.

El texto sale “mejorado”

En su análisis, Tomé ha explicado que “hubo días más tensos y días menos tensos, pero en general el ambiente fue proactivo, de colaboración y con verdadera intención de enriquecer el dictamen”.

Ese ambiente “proactivo” facilitó que, según la diputada, el texto saliera “mejorado” respecto al borrador inicial gracias a las incorporaciones de otros grupos parlamentarios.

Ayudas “directas e inmediatas”

Tomé ha asegurado que el tema de las ayudas económicas es “una parte fundamental del dictamen”, si bien ha contrapuesto esta posición general a la socialista, cuya propuesta genérica de apoyo a accidentes laborales a partir de 2025 “excluiría a las víctimas del accidente ocurrido en 2022, que se saldó con un fallecido y un herido”.

No obstante, tras una corrección en la redacción, estas ayudas “no tendrán carácter de adelanto sobre futuras indemnizaciones judiciales, sino que constituirán -ha señalado- una ayuda directa e inmediata”.

Las críticas a los socialistas

El dictamen ya fue aprobado en comisión con el voto en contra del PSOE, lo que ha llevado a la diputada a pensar que podrá salir adelante en el pleno “con una amplia mayoría”.

Tomé ha tildado el comportamiento del PSOE de “hostil, rayando la pataleta”.

Las reacciones de los partidos

Al término de la reunión, los representantes de los demás grupos políticos también han hecho su propia valoración.

El PSOE, por el momento, no se ha pronunciado sobre el voto particular que previsiblemente presentará al texto en el plazo de quince días que se abrirá el lunes.

Para el portavoz de IU/CA, Xabel Vegas, las posiciones “opuestas” entre su formación y el PSOE en torno al dictamen debe verse “con normalidad democrática” y sin que comprometa la estabilidad del Gobierno pese a que, a juicio del socialista René Suárez, el texto sale adelante “con correcciones sobre correcciones” y sin atender al criterio de los letrados y dejando abierta la puerta a un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC).

El caos “sistemático”

Para el diputado popular Rafael Alonso, el dictamen evidencia tanto que la comisión parlamentaria era necesaria pese a la oposición inicial del PSOE como el “caos sistémico” en la administración que posibilitó que la empresa concesionaria del yacimiento estuviera extrayendo carbón pese a carecer de autorización para ello.

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha lamentado que el PSOE “se autoexcluyera” del consenso al no participar, según ha dicho, en la búsqueda de acuerdos sobre el texto final, y ha criticado que el principal grupo de la Cámara actuase “como que esto no va con él” frente al resto de los grupos que “han estado a la altura”.

Las responsabilidades

Vox ya ha avanzado su renuncia a presentar un voto particular al darse por satisfecho con la redacción del texto pese a que finalmente no reclame responsabilidades del alcalde de Degaña, el socialista Óscar Ancares, ni del presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón.

El texto mantiene la exigencia de responsabilidades políticas tanto para los cuatro exconsejeros socialistas, que deberán sustanciarse “y no limitarse a quedar reflejadas en un papel sino conllevar ceses”, como para los tres altos funcionarios de la administración autonómica.

El cuestionamiento de los letrados

Esa mención a los empleados públicos fue cuestionada por los letrados de la Cámara y los grupos han buscado una redacción que evite el riesgo de que la Junta General vuelva a ser amonestada por el Tribunal Constitucional (TC), como ya ocurrió con la comisión que investigó al Gestor de Infraestructuras por vulnerar su derecho a la presunción de inocencia en caso de que presenten un recurso de amparo.

Los letrados de la Cámara redactarán ahora el texto final del dictamen para que el próximo lunes, a las 10 horas, se reúna de nuevo la comisión para su aprobación y posterior elevación a pleno, que lo debatirá y votará a lo largo del mes de junio.

Los trabajadores de Mina Miura han resistido la lluvia, la humedad, el frío y el cansancio que les ha llevado durante seis días a protagonizar una marcha por las carreteras del suroccidente asturiano hasta llegar este miércoles a Oviedo/Uviéu para decir alto y claro que siguen reclamando las 12 nóminas que el empresario Fernando Martínez Blanco les adeuda y defender el mantenimiento del empleo en la comarca.

Los mineros apenas tuvieron tiempo para descansar y recuperar fuerzas tras el encierro que protagonizaron, a 300 metros de profundidad, durante 15 días, para reclamar el cobro pendiente de los salarios y exigir estabilidad laboral y soluciones que permitan garantizar el futuro de la actividad minera. Nada más abandonar la explotación, decidieron que no podían quedarse en sus casas a esperar que el empresario diera señales de vida y les ofreciera una salida a esta situación.

Del encierro a la marcha minera

Dicho y hecho. Del encierro en la mina se pasó a analizar las siguientes movilizaciones y optaron por realizar una marcha minera desde Tormaleo, en el concejo de Ibias, hasta la capital asturiana, con la meta fijada en la sede de la Junta General del Principado.

Los 160 kilómetros que separan ambas localidades los distribuyeron en seis etapas, que culminaron hoy a las 13.30 horas cuando llegaron a la calle Uría de Oviedo/Uviéu. Durante su recorrido no han estado solos y han recogido las muestras de solidaridad de familiares, amigos, vecinos, representantes políticos y sindicales tanto de Asturias como de León.

La marcha iba encabezada por los mineros que protagonizaron el encierro, quienes portaban una pancarta bajo el eslogan 'De Mina Miura a a Junta General. Mineros en lucha por el empleo en la comarca' con una foto donde sobreimpresionada llevaba la frase 12 nóminas robadas y las siglas del sindicato UGT-SOMA-FITAG que ha estado a su lado en todas las acciones de protesta emprendidas.

El apoyo de la calle

La llegada de los mineros a Oviedo/Uviéu ha sido seguida con gran expectación a su llegada a la calle Uría, donde fueron saludados por numerosos vecinos y vecinas que les mostraron su apoyo.

Además de los representantes de los grupos parlamentarios asturianos, con los que se reunieron previamente al encuentro que mantuvieron con el presidente asturiano, los mineros también han estado respaldados por dirigentes del PSOE de León.

A su llegada a la sede del Parlamento asturiano, han sido recibidos por el presidente de este institución, Juan Cofiño, y representantes de todos los grupos políticos, con los que han mantenido una reunión.

Respeto al trabajo de los mineros

Seguidamente, el portavoz de los mineros José María Pérez, ha leído un manifiesto donde dejaba constancia de que los trabajadores no llegaban a “la casa de todos los asturianos a pedir favores”.

“Venimos a exigir el cumplimiento de la ley, política para las personas y el respeto a nuestro trabajo”, dijo.

Supervivencia de las cuencas mineras

Con este testimonio reflejaba, según sus propias palabras, “la lucha por la supervivencia de las cuencas mineras”.

Las críticas al empresario “a la fuga”, como lo denominaron días atrás por la falta de contacto con ellos y las reiteradas promesas incumplidas, no se hicieron esperar.

La “impunidad” empresarial

Además de solicitar garantías de futuro para los mineros, reclaman que se impida que “los vacíos legales o la mala gestión empresarial recaigan, una vez mas, sobre las espaldas de la clase obrera” y denunciaron “la desesperación de vivir sin salarios”.

Los mineros han denunciado la “impunidad empresarial” y la actitud de una patronal que “ignora responsabilidades legales, reteniendo las nóminas devengadas, condenándoles a la precariedad” y “burlándose de la administración pública”.

Solidaridad asturiana y leonesa

Los socialistas leoneses, que acompañaron a los mineros en su marcha a la capital asturiana, recordaron que una parte muy importante de los trabajadores de las explotaciones mineras asturianas en activo procede de la provincia leonesa, lo que convierte este conflicto “en una cuestión de enorme impacto social y económico para las cuencas mineras leonesas”.

Entre otros dirigentes se encontraban la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León y procuradora leonesa, Nuria Rubio, quien señaló que “esta marcha refleja la desesperación y el cansancio de unos trabajadores que llevan demasiado tiempo esperando respuestas”.

Estabilidad, seguridad y soluciones

“Estamos hablando de familias que necesitan estabilidad, seguridad y soluciones reales para poder seguir adelante”, ha afirmado.

Nuria Rubio ha destacado además el esfuerzo realizado por los mineros durante estos días de movilización y ha insistido en que “las administraciones no pueden mirar hacia otro lado ante una situación que afecta de lleno a las cuencas mineras y a comarcas que han dado tanto a esta tierra”.

La dignidad de los mineros

Por su parte, el alcalde de Villablino y procurador socialista, Mario Rivas, ha subrayado que “los mineros han vuelto a demostrar una enorme dignidad defendiendo sus derechos y el futuro de sus familias”.

“No están reclamando privilegios, están reclamando poder trabajar y cobrar por su trabajo”, ha resaltado.

La vinculación

Mario Rivas ha destacado igualmente la estrecha vinculación histórica entre las cuencas leonesas y la minería asturiana, y ha recalcado que “cuando se pone en riesgo el empleo minero, se pone en riesgo la estabilidad de muchos municipios de León que todavía dependen de esta actividad”.

La situación laboral

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, acompañó a los mineros hasta la sala donde se reunieron con el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, y miembros de su gabinete.

En el encuentro, los trabajadores expusieron su delicada situación laboral y defendieron la necesidad del mantenimiento de los puestos de trabajo.

La mediación del Principado

El objetivo de los mineros era pedir al Gobierno del Principado que realice una labor de mediación en el conflicto laboral que mantienen con el empresario de cara a agotar “todas las vías administrativas y legales contra el incumplimiento empresarial”.

Los mineros han advertido sobre el “abandono” del suroccidente asturiano, “donde cada empleo minero perdido es un clavo más en el ataúd” de los pueblos y han insistido en “soluciones efectivas” puesto que “no basta con palabras de apoyo” y se precisan “acciones políticas y jurídicas contundentes que obliguen al empresario a cumplir”.

“No venimos a pedir favores”

“Los mineros y las personas que hoy estamos aquí, somos herederos de una tradición de lucha que nunca se ha rendido. Si el empresario no paga, la administración no puede ser cómplice con su silencio o inacción. No venimos a pedir favores, venimos a exigir el cumplimiento de la ley”, han defendido.

Los cuatro trabajadores han agradecido a los alcaldes y vecinos de los municipios recorridos en los seis días de marcha a pie “sus muestras de cariño, el plato de comida caliente y las puertas abiertas”. Ahora falta que el Principado medie y el empresario responda.

 El Consejo de Gobierno del Principado aprobará en su reunión del próximo lunes la recuperación del Servicio de Seguridad Minera suprimido en 2019 a través de un decreto que regulará la estructura de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, que dará marcha atrás a la fusión de servicios realizada poco después de la formación del primer Ejecutivo de Adrián Barbón.

Esta decisión, que convertirá a Asturias en la única comunidad autónoma en disponer de dicho servicio y que figuraba entre las recomendaciones del informe de la Inspección General de Servicios sobre el accidente minero de Zarréu, en el que fallecieron cinco trabajadores, el 31 de marzo de 2025, ha sido anunciada este miércoles por Barbón durante el turno de preguntas al presidente en el pleno de la Junta General del Principado.

Las responsabilidades

Las preguntas hacían referencia a la asunción de responsabilidades en el gobierno regional por el siniestro y al borrador de dictamen de la comisión de investigación sobre el accidente y habían sido formuladas por el portavoz del PP, Álvaro Queipo, quien ha advertido a Barbón de que su legado será el de un presidente “que falló a Asturias” y que “mintió y encubrió a los responsables para protegerse a sí mismo”, y por la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que preside ese órgano parlamentario.

Uso partidista

Tomé ha reprochado a Barbón la reacción de su partido al contenido de su propuesta de dictamen, que atribuye responsabilidades a cuatro altos cargos de sus gobiernos y a tres funcionarios, y ha defendido la inclusión de nombres -“no solo de los empresarios, que son terroristas patronales”- como una exigencia de la sociedad a un parlamento del que espera “firmeza y claridad” para esclarecer lo ocurrido.

En sus respuestas, Barbón ha acusado al líder del PP de caer “en lo más rastrero” al utilizar la muerte de personas para hacer política sin que le interese hablar las víctimas ni llegar hasta el final sino únicamente “los votos” al estar más preocupado por subir un punto en las encuestas que en conseguir que se haga justicia.

“Más allá de las recomendaciones”

El jefe del Ejecutivo ha reiterado que su gobierno ha ido más allá de las recomendaciones que figuraban en el informe de la Inspección General de Servicios sobre el accidente pese a la “cacería electoral” organizada por un PP cuyo líder es “incapaz de ponerse en el lugar de las familias de las víctimas” y de condenar explícitamente la actuación de la empresa que explotaba el yacimiento.

Para Queipo, la actitud de Barbón no es solo “políticamente cobarde” si no injusta con las víctimas y será recordado por una negligencia que permitió que el accidente ocurriera y por una respuesta “que no supo estar a la altura” al renunciar a asumir responsabilidades, mentir y encubrir a los responsables “para protegerse”.

Qué, quién y por qué falló todo

“Si no se reconoce qué fallo, ni quién fallo y por qué se falló todo va a ser humo y ustedes lo saben porque nunca se corrige lo que se niega y nunca se arregla lo que se pretende tapar”, ha subrayado el presidente del PP tras lamentar el “peligrosísimo” mensaje que lanza el Gobierno de que en Asturias “todo puede fallar y no pasa nada”.

En la misma línea ha criticado el anuncio de ayudas a fallecidos en accidentes laborales realizado por un gobierno que se contradice “a sí mismo” y se reúne “de forma clandestina” para poner en marcha compensaciones “con las que tapar su responsabilidad” y “salir del paso” que, además no llegarán a las víctimas del siniestro de 2022 en Cerredo. “No hay peor forma de hacerlo”, ha subrayado Queipo.

“El lío” de las ayudas

También la portavoz de Somos Asturies ha cuestionado el “absoluto lío” con las ayudas un gobierno que se dio “mucha prisa” en reunirse de forma opaca para emitir un informe negativo y bloquear su proposición sobre esta cuestión y ha lamentado los “aspavientos” del PSOE sobre su propuesta de dictamen.

De los empresarios, ha advertido, se encargará la justicia ordinaria que también está investigando la actuación a una compañía “pirata e insolvente” que, ha subrayado, operaba con permisos concedidos por el gobierno de Asturias y supuestamente bajo su supervisión pese que en 2022 ya se había constatado en otro accidente mortal que en el yacimiento de Cerredo se esta extrayendo carbón.

Minimizar el borrador

Barbón, por su parte, ha considerado el borrador de Tomé como “una aportación más” a la búsqueda de la verdad sobre el siniestro que incluye defectos “y errores graves” y que sitúa a los señalados como responsables al borde de imputarles el delito de homicidio imprudente pese a que, a su juicio, ni el informe de la Inspección General de Servicios ni el propio borrador aporten pruebas que atribuyan la responsabilidad de lo ocurrido a personas concretas.

“Caiga quien caiga, pero con pruebas”, ha subrayado durante su intervención.