Un hostelero de Oviedo/Uviéu tuvo que admitir que tenía trabajando a seis camareros, cinco djs y la persona encargada del guardarropa sin estar dados de alta en la Seguridad Social cuando efectivos de la Policía y de la Inspección de Trabajo se personaron en el discobar del casco antiguo. Los empleados no tenían contrato y estaban trabajando cuando los funcionarios y policías aparecieron en el local el 5 de marzo de 2023 a las 06:30 horas.

Tres años y siete meses después, el administrador general y encargado del discobar ha vuelto a reconocer los hechos, pero en esta ocasión delante de los tres magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, que le han impuesto una condena de seis meses de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Sin contratos

El acusado reconoció ante el tribunal los hechos imputados por la Fiscalía. Dijo que era el administrador y encargado de un discobar en la calle Ildefonso Martínez de Oviedo/Uviéu, propiedad de una sociedad limitada. En el cargo de administrador único figuraba desde el 18 de mayo de 1999.

La situación era clara. No podía probar con documentación que las 12 personas que estaban en sus puestos de trabajo en el discobar estuvieran dados de alta en la Seguridad Social en el curso de una inspección en materia laboral y extranjería efectuada conjuntamente por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Oviedo y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Asturias.

La condena

Tras reconocer los hechos, el acusado aceptó una condena de seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y el pago de una multa de 6 meses con una cuota diaria de 8 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

En concepto de responsabilidad civil, se comprometió a indemnizar a la Tesorería General de la Seguridad Social en las cantidades que se han dejado de satisfacer en concepto de cuotas de cotización a la Seguridad Social que se acrediten en ejecución de sentencia, más los intereses legales correspondientes.

Además, tendrá que abonar a cada uno de los trabajadores que se encontraban en el local en el momento de la inspección con 200 euros por los perjuicios morales ocasionados.

Un hombre de 34 años ha admitido este jueves en la Audiencia Provincial de Asturias, en Oviedo/Uviéu, que hace tres años ofreció regalos, drogas y alcohol a dos adolescentes a cambio de sexo durante los periodos de tiempo en que permanecían fugadas de las instalaciones del centro de menores donde permanecían bajo la tutela de la administración del Principado de Asturias por su situación de vulnerabilidad.

Tras su reconocimiento explícito de los hechos imputados por la Fiscalía, el acusado ha sido condenado a tres años y dos días de cárcel y siete años de libertad vigilada por sendos delitos de corrupción de menores.

Sabía que eran menores

El acusado llegó a mantener relaciones sexuales con una adolescente de 17 años, mientras que no logró su propósito con una menor de 15 años ante la negativa de la joven a tener sexo con él.

La vista oral del juicio se ha celebrado esta mañana ante los magistrados de la Sección Tercera, en Oviedo/Uviéu y, en sede judicial, el acusado ha admitido que sabía que las víctimas eran menores de edad y residían en un centro de la comunidad autónoma.

Entradas a discotecas y alcohol

Con la intención de mantener relaciones sexuales con ellas durante los periodos en que éstas permanecían fugadas recurría a la entrega de regalos. En otras ocasiones, les ofrecía bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes.

El acusado ha reconocido que a la adolescente de 17 años le pagó entradas a discotecas y bebidas alcohólicas para tener sexo.

Orden de alejamiento

El tribunal ha impuesto al acusado por el delito de corrupción de menores hacia esta joven una pena de un año y un día de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante cinco años.

El acusado también ha sido inhabilitado para cualquier empleo, profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante seis años y prohibición de comunicarse por cualquier medio y de aproximarse a menos de 500 metros a ella, a su domicilio y lugar de estudio o trabajo durante seis años.

Asimismo, tendrá que indemnizar a esta joven con el pago de una indemnización de 6.000 euros por los daños morales que le ha ocasionado.

Porros, cocaína y tatuaje

En el caso de la adolescente de 15 años, el acusado ha sido condenado por un delito de corrupción de menores con la agravación de menor de 16 años. La pena impuesta es de dos años y un día de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante seis años, inhabilitación especial para cualquier empleo, profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante ocho años.

Además tendrá prohibido comunicarse por cualquier medio y de aproximarse a menos de 500 metros a ella, y a su domicilio y lugar de estudio o trabajo durante seis años.

El 'caso Hulla' por el que se investiga el presunto desvío de fondos públicos de la residencia geriátrica, propiedad del Montepío de la Minería, ubicada en la localidad de Felechosa, en el concejo asturiano de Aller, empieza a avanzar en los tribunales, diez años después de que comenzara la instrucción y apenas cinco meses después de que se dieran por finalizadas las diligencias de investigación.

La Fiscalía Anticorrupción ha completado su escrito de calificación donde dirige la acusación contra 15 personas y solicita penas que se mueven en una horquilla que oscila entre los tres años y seis meses y los 24 años de prisión.

Las multas que solicita la acusación pública también son millonarias y van desde los 200.000 euros a los 80 millones.

Postigo, 'mano derecha' de Villa

Anticorrupción interesa la pena más elevada, cifrada en 24 años y 6 meses de cárcel y multa de 80,7 millones, para el ex presidente del Montepío de la Minería, José Ántonio Postigo, por su presunta autoría en los delitos de falsificación continuada de documentos, tráfico de influencias, prevaricación urbanística y blanqueo de capitales.

Postigo está considerado como la 'mano derecha' de José Ángel Fernández Villa, el líder minero que durante 34 años -en el periodo comprendido entre 1979 y 2013- estuvo al frente de la Secretaría General del Sindicato Obrero Minero de Asturias (SOMA-UGT).

A sus 83 años, Fernández Villa se ha librado de sentarse en el banquillo de los acusados. Su delicado estado de salud, certificado a través de los informes emitidos por los médicos forenses, ha sido clave para no ser juzgado. Para él se ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones.

La imputación de familiares

No han tenido tanta suerte su mujer, María Jesús Iglesias, y sus dos hijos, Rolando Fernández y Ángela Fernández Iglesias. La Fiscalía pide la imposición de una pena individual de tres años y medio de prisión. Además, interesa el pago de sendas multas de 300.000 euros para cada uno de los hijos y de 800.000 euros para su esposa como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales.

Como partícipes a título lucrativo también figuran Patricia Postigo, hija del expresidente del Montepío, y su exmujer, María Elena Pérez, contra quienes la Fiscalía no dirige acusación.

En su escrito de calificación, al que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, el representante del Ministerio Público pide también el sobreseimiento provisional de la causa para el exalcalde de Aller David Moreno Bobela, por “falta de pruebas respecto de su participación en los hechos”.

La amnistía fiscal de Montoro

Fernández Villa y Postigo se habían sumado a la amnistía fiscal que puso en marcha en 2012 el entonces ministro del Partido Popular (PP) Cristóbal Montoro. Creían que así regularizaban una situación económica que, por el contrario, afloró un patrimonio oculto de 1,2 millones y 436.000 euros respectivamente.

La Fiscalía Anticorrupción vincula este dinero al posible desvío de fondos públicos “a través del sobrecoste del proyecto y falseamiento de las certificaciones de obra” de la construcción de la residencia geriátrica de Felechosa. Las obras habían sido financiadas con cargo a los fondos mineros tras modificar el Decreto que regulaba su concesión.

Los acusados

A raíz de esta investigación judicial, además de analizar con detalle los movimientos de Fernández Villa y de Postigo, se estudiaron los de su entorno más próximo y los investigadores llegaron a la conclusión de la participación de algunos de sus familiares.

En el plano profesional también fueron 'cayendo' el resto de investigados, entre los que figuran el exalcalde de Aller, Gabriel Pérez Villalta; el asesor jurídico del Montepío de la Minería, Rafael Virgós; el asesor financiero externo del Montepío, José Manuel Fernández; el aparejador Vicente Fernández; el proveedor Jorge González; el administrador de la empresa Alcedo de los Caballeros, Juan Antonio Fernández; y el arquitecto del proyecto, Manuel Sastre.

La lista de la Fiscalía Anticorrupción incluye también a Rocío San José González, esposa de Juan Antonio Fernández; Juan Carlos Riera, socio de Alcedo; Dorina Bicher, pareja de Postigo, y Rodica Daniela Timis, quien prestaba servicios de limpieza en una residencia de Murcia donde según la investigación también hubo blanqueo de dinero.

Una década de instrucción

La causa judicial se bautizó como 'caso Hulla'. La magistrada-jueza María Begoña Fernández, titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo/Uviéu -antiguo Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo-, dictó un auto el pasado día 17 de febrero donde daba por finalizada la instrucción y acordaba que continuase la tramitación de las diligencias previas y su transformación en procedimiento abreviado.

Cinco meses después, la Fiscalía Anticorrupción ha concluido su escrito donde atribuye a los principales investigados su presunta participación en los delitos de fraude de subvenciones, falsedad documental, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, delitos contra la ordenación del territorio y contra la Hacienda Pública, y blanqueo de capitales.

Las peticiones de pena

Además de las penas de prisión, la Fiscalía reclama el decomiso de la residencia geriátrica de Felechosa, así como de varios vehículos, un inmueble y diversas cantidades de dinero que fueron intervenidas a lo largo de esta instrucción.

Anticorrupción pide las siguientes penas: 24 años y 6 meses de cárcel y 80,7 millones de multa para Postigo; 13 años y 6 meses de prisión y multa de 200.000 euros para su mujer, Dorina Bicher; 18 años de cárcel y 80 millones de multa para el administrador de la empresa Alcedo de los Caballeros, Juan Antonio Fernández; mientras que su esposa Rocío San José González afronta una petición de 15 años y seis meses de cárcel y 60 millones de euros.

Otras solicitudes de condena

Juan Carlos Riera, socio de Alcedo, afronta una petición de 16 años y medio de cárcel y 70 millones de multa, mientras que la pena interesada para el arquitecto Manuel Sastre se eleva a 13 años y 6 meses de cárcel y multa de 80 millones.

Anticorrupción reclama una pena de 10 años de cárcel y 60 millones de multa para el asesor jurídico del Montepío de la Minería, Rafael Virgós; una pena de 13 años y medio de prisión y multa de 80 millones para el asesor financiero externo del Montepío, José Manuel Fernández; ocho años y medio de cárcel y 60 millones para el aparejador del geriátrico Vicente Fernández, así como cinco años de prisión y 40 millones de euros para el proveedor Jorge González.

El exalcalde de Aller, Gabriel Pérez Villalta afronta una petición fiscal de siete años de prisión y multa de 60 millones de euros, mientras que la pena interesada para Rodica Daniela Timis asciende a ocho años y seis meses de prisión y 200.000 euros de multa.

Los dos gemelos de 9 años y su hermano de 11 años que vivieron con sus padres en un chalé en la zona rural de Oviedo, entre los años 2021 y 2025, sin contacto con el mundo exterior por el temor de sus progenitores a contagiarse de Covid seguirán de momento a cargo de la administración del Principado de Asturias.

El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha acordado este jueves el mantenimiento de la medida cautelar de suspensión de la patria potestad, guardia y custodia de los tres hijos menores de edad, por lo que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar seguirá a su cargo en régimen de acogimiento residencial.

Los magistrados de la Sección Segunda han seguido así el criterio de la Fiscalía del Principado que, el pasado 21 de julio, había solicitado que se mantuvieran las medidas cautelares adoptadas por el juez instructor, el 30 de abril de 2025, contra el alemán Cristian S., de 53 años, y su esposa Melissa A.S., de 48 años y con doble nacionalidad alemana y estadounidense.

Visitas supervisadas

A partir de ahora, el Principado deberá arbitrar e implementar un régimen de encuentros y comunicaciones de los padres con sus tres hijos, consistente en una visita semanal, a realizar en el lugar que la entidad pública entienda adecuado para este fin, y en comunicación telefónica o por videollamada dos veces por semana.

No obstante, todas estas visitas se deberán realizar “siempre y en todo caso” bajo la debida supervisión y control de los especialistas de la entidad pública tutelar, según ha confirmado un portavoz de la Fiscalía a elDiario.es Asturias.

La administración competente en materia de protección de menores del Principado de Asturias deberá elevar al tribunal un informe mensual sobre la evolución de los menores, sin perjuicio del deber de hacerlo también en cualquier momento en que se produjera cualquier circunstancia o cambio significativo en relación con los niños y que debiera ser conocido por el tribunal.

La sentencia todavía no es firme

La Fiscalía asturiana había basado su petición para mantener la medida cautelar en dos argumentos de peso: el hecho de que la sentencia que condena a los padres por un delito de abandono familiar no es firme y al interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

Cristian S. y Melissa A.S. fueron condenados el pasado mes de mayo por el tribunal de la Sección Segunda a una pena individual de dos años y diez meses de prisión por su autoría en un delito de violencia psíquica habitual y a sendas penas de seis meses de cárcel por otro delito de abandono familiar.

El matrimonio fue absuelto del delito de detención ilegal que le atribuían la Fiscalía y la acusación particular ejercitada por la Letrada del Menor de la administración del Principado de Asturias.

La evolución de los menores

El caso fue revisado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que absolvió a los padres, el pasado 13 de julio, del delito de maltrato psicológico. A raíz de esta revisión, el matrimonio quedó en libertad.

La propia Policía Local de Oviedo/Uviéu bautizó el caso como 'el chalé/la casa de los horrores' al liberar a los niños, ante el deplorable estado en que se encontraba la vivienda y los menores que, a pesar de su edad, seguían con pañales y sin escolarizar. Actualmente los menores evolucionan bien, aunque presentan algunas secuelas como consecuencia de los cuatro años que permanecieron en la vivienda, sin salir al exterior.

El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias ha dictado una providencia por la que acuerda que se libre exhorto a la oficina judicial adscrita al centro penitenciario de Madrid VI, en Aranjuez, donde cumple condena de ocho años de cárcel Natalio Grueso, ex director general del Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer, en Avilés, para que sea “inmediatamente puesto en libertad” tras el indulto parcial que ayer, martes, le concedió el Consejo de Ministros.

Natalio Grueso fue indultado por “razones humanitarias” tras sufrir un empeoramiento en su delicado estado de salud que se ha visto seriamente agravado durante su estancia en la prisión madrileña.

Un indulto “condicionado”

No obstante, en esta misma providencia, dictada este mismo miércoles y a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, el tribunal sentenciador recuerda expresamente que el indulto está condicionado a que Natalio Grueso “no vuelva a cometer delito doloso alguno en el plazo de ocho años”.

Los magistrados de la Sección Tercera habían condenado a Natalio Grueso, en el año 2020, a una pena de ocho años de cárcel por su autoría en delitos continuados de malversación de caudales públicos, falsedad documental y societario durante su gestión al frente de la Fundación Niemeyer.

El Supremo confirmó la condena

La sentencia fue confirmada, tres años después, por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que ratificó la argumentación de la Sala asturiana al considerar que Natalio Grueso utilizó los fondos de la Fundación Niemeyer de Avilés durante los seis años que duró su relación laboral como director general, entre 2006 y 2012, para su propio beneficio y el de su entorno, tanto personal como familiar y de amistades.

En la providencia dictada hoy, la Audiencia Provincial recuerda al propio condenado que estuvo huido de la justicia, una vez que la sentencia condenatoria fue firme, y que fue necesario cursar una orden europea de detención para su localización y posterior detención.

La huida y su 'escondite' con “perfil bajo”

La fuga duró un año e incluso Interpol, en 2024, le incorporó a la lista de 'los más buscados'.

El 4 de diciembre de 2025, tal y como adelantó este periódico, el Equipo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Judiciaria de Portugal, detuvo a Natalio Grueso en un pueblo pesquero en el Algarve luso donde mantenía “un perfil bajo”

A continuación, reproducimos el post difundido por la Guardia Civil en su perfil oficial de la red social X, donde se puede ver el momento en que los agentes proceden a la detención de Natalio Grueso.

El tribunal exige que aporte un domicilio

Esta circunstancia de la huida ha sido determinante para que los magistrados de la Sección Tercera añadan un párrafo en la providencia donde aluden expresamente a la obligación de Natalio Grueso a designar un domicilio, dado que el indulto no ha sido total, sino que está condicionado.

Concretamente, el tribunal le requiere para que designe un domicilio “habida cuenta que para su ingreso en prisión fue preciso cursar orden europea de detención y entrega al encontrarse por entonces en paradero desconocido”.

La providencia no es firme y contra la misma cabe interponer un recurso de súplica.

Un policía local de Oviedo/Uviéu ha sido exonerado de toda responsabilidad penal en el delito de lesiones por el que fue condenado por la Audiencia Provincial a una pena de dos años de cárcel, dos años de inhabilitación, y a otros dos años de privación del derecho a la tenencia y porte de armas por los tres disparos efectuados contra un vehículo que se dio a la fuga en el año 2022.

Los dos estudiantes de Medicina que estaban en el interior del coche alegaron en el juicio que su huida se debió al miedo que sintieron al temer por su vida al no reconocer como policías a las dos personas que se acercaron a su vehículo para pedir que se identificaran al ir en un coche camuflado y vestidos sin uniforme.

Otras vías jurisdiccionales

La Audiencia Provincial absolvió a uno de los policías y condenó al autor de los disparos por el delito de lesiones. Éste último recurrió la sentencia en apelación alegando la existencia de infracción de normas esenciales, garantías procesales, quebrantamiento de derechos e indefensión.

Los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA han estimado el recurso y han revocado la resolución judicial de primera instancia al apreciar que el estrés postraumático que presentaban las víctimas tras protagonizar un incidente con el policía condenado y su compañero de patrulla debe ser considerado, en su caso, como una secuela indemnizable en otras vías jurisdiccionales, pero no como un delito de lesiones por la vía penal.

Sin uniformar y en coche camuflado

En una sentencia de 60 páginas a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, el tribunal reconoce que “no es creíble” la versión ofrecida por los agentes sobre el incidente ocurrido el 24 de junio de 2022, sobre las 21 horas, cuando acudieron vestidos de calle y en un coche camuflado hasta el lugar conocido como el Pozo de San Lázaro de Paniceres, en el barrio ovetense de La Florida, y se acercaron al coche en cuyo interior se encontraba la pareja de estudiantes.

“La versión de los policías locales no resulta creíble, pues inicialmente uno de ellos refirió que se encontraban realizando labores correspondientes a la prevención del menudeo, cuando la instrucción era para control de carreras ilegales. Tales controles de carreteras tienen una clara vinculación con las funciones de la policía local, pues no obstante, son competentes para realizar los atestados de tráfico, ahora bien, distan mucho las de prevención del menudeo de droga”, señala la sentencia del TSJA.

“ Y ello, no porque no puedan, sino porque las labores de prevención e investigación de tales ilícitos, parten de una necesidad de petición de colaboración, aviso previo o autorización por las juntas de seguridad, y nada de ello consta que hubiese sucedido en la actuación de junio de 2022”, añade el tribunal.

Una actuación “peligrosa e innecesaria”

Así las cosas, los agentes, conscientes de que actuaban sin uniforme, y sin signo externo en el vehículo que permitiese su identificación, decidieron acometer una actuación “tan peligrosa como innecesaria”, subraya la Sala.

Los magistrados desgrosan el sentido de esta afirmación: “Peligrosa, porque la actuación sin uniforme hace que el natural principio de autoridad y deber de colaboración de los ciudadanos se difumine, al resultar plenamente posible que no considere policías locales a dos personas que se acercan a su coche retirado; máxime cuando tampoco portaban la identificación conforme exige el reglamento”.

“E innecesaria -continúa el relato del TSJA- porque si de identificar a dos personas que no estaban haciendo nada, por el simple hecho de estar estacionadas en lugar hábil para ello, se trataba, bien pudieron poner las señales acústicas previamente, o pedir que se acercase una patrulla logotipada. La intervención libre y voluntariamente decidida por los agentes locales supuso la creación de una situación peligrosa e innecesaria”.

La versión de los agentes policiales responde a su intento para tratar de explicar un comportamiento absolutamente desproporcionado y generador de un peligro para la vida e integridad física de la pareja que, de haber producido la muerte o lesión física, no nos cabe duda alguna sería constitutiva de un delito de homicidio o lesiones por dolo eventual

Magistrados — Tribunal de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA)

Una versión “no creíble”, según el TSJA

Por ello, la denuncia que formularon los agentes es considerada por la Sala como “un intento para tratar de explicar un comportamiento absolutamente desproporcionado y generador de un peligro para la vida e integridad física de la pareja que, de haber producido la muerte o lesión física, no nos cabe duda alguna sería constitutiva de un delito de homicidio o lesiones por dolo eventual”.

Tampoco da crédito la sentencia a las posiciones en las que se encontraban, según la descripción realizada por los agentes policiales, puesto que, según aseguran los magistrados, “carece del más mínimo sentido tal versión, además de resultar temporalmente muy difícil en una situación de huida”.

Las presuntas irregularidades

El TSJA también cuestiona que no levantaran acta alguna, no se acordonara el lugar de los hechos, ni se diera aviso a la Policía Nacional para que la Policía Científica pudiese realizar inspección ocular en zona acordonada con carácter previo a ir la Policía Local.

“Es más, que ni tan siquiera se facilitó información alguna, debiendo de ser la jefa de turno de la Policía Nacional la que llamase a la Policía Local para pedir información, y que, en culmen, las grabaciones de la Sala 092 de la Policía Local por cuestiones técnicas no hayan sido aportadas, hace de todo ello que la versión ofrecida por tales agentes no pueda otorgársele credibilidad más que como medio de tratar de evitar la situación que ellos mismos habían provocado”, ratifica la Sala de lo Civil y Penal.

Los hechos declarados probados no permiten apreciar el delito de lesiones psíquicas en las que se basó la Audiencia Provincial para dictar su condena, al no concurrir en este caso las exigencias típicas que la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) reclama para este tipo de ilícito cuando las lesiones derivan en un único episodio

La libre absolución

Sin embargo, a pesar de todas estas reflexiones y críticas que los magistrados vierten en la sentencia sobre la forma de actuación profesional, consideran que la condena al policía no debe ser confirmada.

A juicio del tribunal, los hechos declarados probados no permiten apreciar el delito de lesiones psíquicas en las que se basó la Audiencia Provincial para dictar su condena, al no concurrir en este caso las exigencias típicas que la jurisprudencia del Tribunal Supremo reclama para este tipo de ilícito cuando las lesiones derivan en un único episodio.

En base a estas consideraciones, el alto tribunal asturiano revoca la condena y acuerda la libre absolución del policía, sin perjuicio de las acciones que la pareja pudiera emprender por otras vías como la civil o la contencioso-administrativa.

Los hechos declarados probados

Así las cosas, los hechos declarados probados por la Audiencia y que la sentencia del TSJA da por reproducidos reflejan que en la noche del 24 de junio de 2022, los dos policías, sin uniforme y en un vehículo camuflado, pero autorizados para ello, se acercaron a un coche ocupado por un chico y una chica y requirieron la identificación del conductor.

El joven, debido a que “no estaba seguro de que fueran agentes de la autoridad y a que se asustó y creyó que él y su acompañante podían correr algún tipo de peligro”, arrancó el vehículo y efectuó una maniobra para irse del lugar consistente en dar marcha atrás y a continuación efectuar un giro y acelerar la marcha hacia delante.

Tres disparos

Cuando el vehículo conducido por el joven ya había recorrido un número no determinado de metros en su recorrido para abandonar el lugar, uno de los agentes, “con la única intención de evitar que el vehículo continuara la marcha”, sacó su arma reglamentaria y efectuó tres disparos que alcanzaron el lateral izquierdo del vehículo, dos de ellos en la puerta trasera izquierda y otro en la delantera.

Pese a los disparos, el joven continuó la marcha mientras su acompañante alertaba de los hechos al 112.

La persecución

Los agentes persiguieron el coche de la pareja con su vehículo hasta darles alcance en la calle Luis José de Ávila Fernández, donde uno de los policías detuvo al conductor “empleando para ello la fuerza mínima imprescindible y causándole lesiones consistentes en marca por agarre” en un brazo y erosión en la piel en una rodilla.

Tanto el joven como su acompañante sufrieron lesiones psíquicas -subsíndrome de estrés postraumático en el caso del conductor y síndrome de estrés postraumático con agravación de proceso depresivo previo en el caso de su acompañante- por las que recibieron tratamiento farmacológico y psicológico.

La sentencia del TSJA no es firme

Por estos hechos, la Audiencia Provincial condenó a uno de los dos agentes -el que ha recurrido- por las lesiones psíquicas sufridas por la pareja que, según el tribunal, tienen su origen “en la dolosa forma de proceder” del policía al disparar contra el coche de la pareja.

El otro agente, que detuvo al conductor, fue absuelto tras constatarse que la levedad de las lesiones físicas reflejan que su forma de actuar fue correcta y que “no empleó una fuerza superior a la mínima imprescindible”.

La sentencia del TSJA, que exonera de toda responsabilidad penal al policía local condenado, no es firme y contra la misma cabe interponer un recurso de casación en el plazo de cinco días.

La Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a 19 años y medio de cárcel al principal acusado por un alijo de 600 kilos de cocaína que fue incautado en Siero, mientras que a otros tres procesados les ha impuesto la pena de 14 años de prisión que conformaron con la Fiscalía el pasado mes de abril durante el desarrollo del juicio.

Fuentes judiciales han confirmado que el principal acusado, conocido como 'Matador', ha sido condenado por los delitos contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud con la agravante de reincidencia, pertenencia a grupo criminal, y depósito y tenencia ilícita de armas.

Los coacusados

Los otros condenados, que llevan cuatro años en prisión provisional, han sido condenados a 14 años de prisión tras el acuerdo de conformidad alcanzado por la Fiscalía y podrán ser expulsados del país al cumplir la mitad de la pena o en el momento de la concesión del tercer grado, ha precisado una de las letradas de la defensa, María Martín, de Davvero Abogados.

En la causa había una quinta procesada, expareja de 'Matador', para quien el juicio quedó aplazado después de que su abogado, que se había incorporado recientemente al procedimiento, fuera encontrado en su despacho de Oviedo/Uviéu herido de arma blanca el mismo día en que se tenía que celebrar la vista.

Operación conjunta con EEUU

Los hechos se remontan a septiembre de 2022, cuando la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional recibió un escrito de la Fiscalía de Illinois (Chicago, EE.UU.) solicitando la apertura de un procedimiento judicial en el marco de una investigación conjunta con la agencia estadounidense HS (Homeland Security Investigations), la Policía Nacional de Colombia y la Brigada Central de Estupefacientes (UDYCO) de la Policía Nacional.

Las autoridades de Estados Unidos iniciaron una operación encubierta con la que lograron introducir a agentes infiltrados en una organización radicada en Colombia que había planeado llevar unas dos toneladas de cocaína para dos organizaciones criminales de España.

Agentes infiltrados

En la operación, los narcotraficantes entregaron 1.340 paquetes con cocaína a agentes infiltrados que se encontraban a bordo de un barco en aguas internacionales del Caribe, a unas 200 millas náuticas de Barbados, desde donde fue trasladada a San Juan (Puerto Rico) y desde allí a Madrid en avión bajo custodia policial, según detalla el relato de la Fiscalía del Principado de Asturias.

A continuación, la Fiscalía Antidroga autorizó la entrega controlada de 600 kilos de cocaína con la participación de varios agentes encubiertos, lo que permitió la identificación de los procesados que aEcudieron a la recogida de la droga.

La Fiscalía de Asturias no se conforma con la condena a dos años y diez meses de cárcel que la Audiencia Provincial ha impuesto al matrimonio que durante cuatro años mantuvo aislados de todo contacto con el mundo exterior a sus tres hijos, dos gemelos que ahora tienen nueve años y su hermano de once, en la vivienda familiar, bautizada policialmente como 'la casa de los horrores', ubicada en la zona rural de Oviedo/Uviéu por miedo a que se contagiaran del covid.

El Ministerio Fiscal considera que el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias debería haber reflejado en la sentencia que con su comportamiento los padres habrían incurrido en tres delitos de detención ilegal, uno por cada uno de los menores, lo que habría elevado considerablemente la condena.

La Fiscalía solicitaba sendas penas de 25 años y cuatro meses de cárcel para los acusados, por lo que la diferencia entre su petición y el fallo es abismal.

Una pena más elevada

Por ello, la Fiscalía del Principado de Asturias ha decidido interponer ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) un recurso de apelación contra la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

En este recurso, la acusación pública solicita a la Sala que revoque el fallo y condene a la pareja también por los tres delitos de detención ilegal de los que fueron absueltos.

En su resolución, la Audiencia Provincial entendió únicamente que en su caso concurrían la existencia de un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y de un delito de abandono de familia.

El Principado también recurre

De la misma opinión es la administración del Principado, que ejerce actualmente la tutela de los tres hermanos que siguen evolucionando bien en el centro de menores donde están acogidos desde la detención de sus padres.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, Marta del Arco, ya había anunciado el pasado día 15 de este mes que el Gobierno asturiano interpondría un recurso por la misma razón alegada ahora por la Fiscalía.

La detención ilegal

En aquella ocasión, la consejera se pronunció a favor de recurrir la sentencia para que el TSJA contemplara los delitos de detención ilegal.

La administración autonómica, que se personó en el procedimiento como acusación particular y solicitó para los padres al igual que la Fiscalía una pena de 25 años y cuatro meses de cárcel, advirtió de que la sentencia debería haber recogido la figura de la detención ilegal, al haber sido retenidos los menores, aislándolos de todo contacto.

La buena evolución de los niños

Marta del Arco reconoció que los tres hermanos siguen “una evolución lenta” por “todo lo vivido” y se encuentran en un centro de acogimiento residencial en el que conviven “perfectamente con otros niños”.

Los magistrados de la Sección Segunda impusieron al alemán Cristian S., de 53 años, y a su esposa Melissa A.S., de 48 años y con doble nacionalidad -alemana y estadounidense-, una pena individual de dos años y cuatro meses de cárcel por el delito de violencia psíquica habitual en el ambito familiar, a la que se suma otra condena de seis meses de prisión por el delito de abandono de familia.

Inhabilitados para la patria potestad

A estas dos penas se sumó igualmente su inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda y acogimiento durante tres años y cuatro meses, y se les prohíbe aproximarse a los menores a menos de 300 metros, a su domicilio, lugar de estudio o cualquier otro que frecuenten durante tres años y cuatro meses.

Asimismo, ambos fueron condenados a otra pena de privación a la tenencia y porte de armas durante cuatro años y seis meses y el pago de una indemnización para cada uno de los tres menores de 30.000 euros, en concepto de responsabilidad civil.

Cuatro años aislados

Durante los cuatro años que ha durado el aislamiento de la familia, en el período comprendido entre los meses de diciembre y abril de 2025, los menores no salieron de la vivienda, estaban sin escolarizar, continuaban con pañales, pese a su edad, y se movían por la casa con tres mascarillas cubriendo la boca para no contagiarse.

Los padres tenían secuelas de covid persistente y, según explicaron sus abogados defensores, ese “miedo insuperable” a que contrajeran la enfermedad les llevó a autoconfinarse y a mantener a los menores dentro de casa, sin dejarlos siquiera que pudieran salir al jardín.

La alerta de la vecina

Una vecina que vivía en los alrededores de la vivienda familiar se puso en contacto con el Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu ante su sospecha de que dentro del chalé convivían más personas que el padre, que era el único que estaba empadronado, y tras unas vigilancias discretas por parte de la Policía Local ovetense, se decidió intervenir.

Los agentes acudieron a la vivienda el 28 de abril de 2025 con autorización judicial y, tras liberar a los menores, los padres fueron detenidos.

Tras comparecer en el juzgado, ambos fueron trasladados a la prisión de Asturias, donde han permanecido ingresados como presos preventivos durante un año.

De la cárcel al juicio

Desde la prisión, el matrimonio fue trasladado a la sede judicial donde el pasado mes de marzo fue juzgado a lo largo de varias sesiones.

Finalmente, el tribunal les impuso una sentencia condenatoria que los padres de los menores conocieron a través de sus abogados en la cárcel.

Desde el centro penitenciario, la pareja mostró su satisfacción por no haber sido condenada por los delitos de detención ilegal, alegando que su comportamiento se debía exclusivamente a ese “miedo insuperable” al covid y sin que detrás de su actitud hubiera una intención real de aislar a los menores para quienes, según dijeron, “solo querían lo mejor para ellos”.

Con el anuncio de los recursos del Principado y la Fiscalía, la decisión del futuro de la pareja queda ahora en manos de los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Marta del Arco, reclama un endurecimiento de la condena para los padres de los tres menores -dos gemelos que ahora tienen nueve años y su hermano, de 11- que permanecieron autoconfinados sin contacto alguno con el exterior, durante cuatro años, en un chalé ubicado en la zona rural de Oviedo/Uviéu por miedo a que los niños contrajeran el covid.

El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias impuso a los progenitores una pena de 2 años y 10 meses de prisión por su responsabilidad penal en sendos delitos de violencia psiquica habitual en el ámbito familiar y abandono de familia, pero en su resolución descartó que hubieran incurrido en tres delitos de detención ilegal.

El Principado recurrirá la sentencia

La administración autonómica se personó en el procedimiento como acusación particular y solicitó para los padres una pena de 25 años y cuatro meses de cárcel. Por ello, la consejera considera que la sentencia debería haber recogido la figura de la detención ilegal, al haber sido retenidos los menores, aislándolos de todo contacto. Un hecho que llevará al Principado a recurrir la sentencia.

Marta del Arco ha reconocido ante los medios de comunicación que no comparte el fallo de la Audiencia Provincial al haber concluido que ambos progenitores debían ser absueltos del delito de detención ilegal; que era el delito que conllevaba la pena más grave que se solicitaba para ellos.

El estado de los menores

La consejera ha explicado que los tres hermanos siguen “una evolución lenta” por “todo lo vivido” y se encuentran en un centro de acogimiento residencial en el que conviven “perfectamente con otros niños”.

Los menores ya están escolarizados y se relacionan “bien” con los otros menores del centro, según ha indicado la titular de Derechos Sociales y Bienestar.

Los tres hermanos siguen una evolución lenta por todo lo vivido, se encuentran en un centro de acogimiento residencial en el que conviven perfectamente con otros niños y ya están escolarizados

Marta del Arco — Consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias

Los magistrados condenaron al alemán Cristian S., de 53 años, y a su esposa Melissa A.S., de 48 años y con doble nacionalidad -alemana y estadounidense-, a una pena individual de dos años y cuatro meses de cárcel por el delito de violencia psíquica habitual en el ambito familiar, a la que se suma otra condena de seis meses de prisión por el delito de abandono de familia.

Inhabilitados para su tutela

El matrimonio también ha sido inhabilitado para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda y acogimiento durante tres años y cuatro meses, y le prohíbe aproximarse a los menores a menos de 300 metros, a su domicilio, lugar de estudio o cualquier otro que frecuenten durante tres años y cuatro meses.

A esta condena se añaden otra pena de privación a la tenencia y porte de armas durante cuatro años y seis meses y el pago de una indemnización para cada uno de los tres menores de 30.000 euros, en concepto de responsabilidad civil.

La reacción de los padres

La sentencia ha sido acogida “con moderada satisfacción” por los padres, según confirmaron sus abogados defensores, Elena González y Javier Guillermo Muñoz Pereira, por el hecho de que el tribunal haya reconocido que no secuestraron a sus hijos y, por tanto, no haber sido considerados culpables del delito de detención ilegal. Y, por contra, mostraron su disconformidad a la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, ya que su intención es lograr el reagrupamiento familiar.

La Fiscalía y el Gobierno asturiano, a través de la letrada del Menor, solicitaban 25 años y cuatro meses de cárcel frente a la petición de libre absolución por las que abogaban las defensas.

Las sospechas de la vecina

El caso se destapó el 28 de abril de 2025, cuando la Policía Local de Oviedo/Uviéu accedió al interior de la vivienda tras el aviso de una vecina de la familia que mostró sus sospechas de que en el domicilio pudiera haber más de una persona residiendo, ya que había visto movimiento en la casa, a niños que no veía salir, ni entrar y, por tanto, sin escolarizar y solo estaba el padre empadronado en el chalé.

Cuando los agentes entraron en la casa comprobaron que había dos adultos y tres niños, todos ellos provistos de tres mascarillas en la cara por el miedo al contagio del covid, y habitaciones en condiciones de insalubridad, con pañales sucios por el suelo, excrementos y escombros. Una escena que les llevó a denominar la vivienda como “la casa de los horrores”.

Un autoconfinamiento familiar

Durante los cuatro años que duró el autoconfinamiento, entre los meses de diciembre y abril de 2025, la familia se movía por el interior de la casa sin apenas hacer ruido, prácticamente a oscuras, sin televisión, ni conversaciones o juegos infantiles.

Tras liberar a los menores, los padres fueron detenidos y, tras comparecer en el juzgado, fueron trasladados a la prisión de Asturias, donde han permanecido ingresados como presos preventivos.

El pasado mes de marzo se celebró el juicio y, tras la sentencia condenatoria, las partes se plantean ya los posibles recursos de apelación. El Principado, en principio, ha sido el primero en pronunciarse.

El 'apagón' eléctrico que sumió en la oscuridad al país el 28 de abril de 2025 fue el día elegido para llevar a cabo un operativo policial en Oviedo para liberar a tres menores -dos gemelos de 8 años y su hermano de 10- que permanecían recluidos en el domicilio familiar desde hacía cuatro años, sin contacto alguno con el mundo exterior, por el miedo insuperable de sus padres a que contrajeran el Covid. Ambos progenitores sufrían las secuelas del covid persistente y la vida de la familia transcurría de puertas para adentro.

Un año después, la situación ha cambiado radicalmente. Los menores viven tutelados por la Administración del Principado de Asturias, separados de sus progenitores, que fueron detenidos y permanecen ingresados en prisión y a la espera de que la Audiencia Provincial de Asturias emita la sentencia que decida su futuro.

“Solo querían lo mejor para los niños”

El 19 de marzo fue otra fecha señalada. Mientras otras familias celebraban la festividad del día del padre, el alemán Christian S., de 53 años, y su esposa la norteamericana con nacionalidad alemana Melissa A.S., de 48 años, intentaban llevar al ánimo del tribunal que le juzgaba en Oviedo en su alegato final que su intención nunca fue perjudicar a sus hijos porque “solo querían lo mejor para ellos”.

Era la frase, pronunciada en el turno de última palabra, con la que se ponía colofón a un juicio, desarrollado a lo largo de varias sesiones, donde pudieron escuchar las versiones aportadas por policías, forenses, educadores, psicólogos, psiquiatras que les dibujaban una realidad muy diferente a su perspectiva personal.

Autoconfinados en su propia casa

Su casa familiar era calificada como “el chalé de los horrores”, el mismo nombre con el que fue bautizado por los responsables policiales que participaron en la liberación de los menores y la detención de los padres y recogido por los medios de comunicación.

Una imagen muy diferente a la que dibujaban los abogados Javier Guillermo Muñoz Pereira, que ejercitó la defensa de Melissa A.S., y Elena González, que representó a Christian S.

La versión de las defensas

Para los abogados defensores, ni los padres eran unos monstruos, ni la casa era un “chalé de los horrores” llena de escombros y excrementos, ni los niños estaban “secuestrados”.

Los letrados admitían que se trataba de una “familia normal con un comportamiento anómalo que tomó una serie de decisiones, seguramente equivocadas y erróneas, pero no criminales”, por lo que desde un principio se decantaron por buscar una solución desde el área social y no penal.

La horquilla

El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que dejó visto para sentencia la vista oral del juicio, aún no ha hecho pública la resolución que se mueve en una horquilla muy amplia que va desde los 25 años y cuatro meses de cárcel que solicitan la Fiscalía y la Letrada del Menor, Patricia Arce, que ejercita la acusación particular, y la absolución que interesan los abogados defensores.

La operación policial

La operación policial se desarrolló el 28 de abril de 2025, a las 14.30 horas. En el interior de la casa, ubicada en la zona rural de Oviedo/Uviéu, no se oían ruidos, ni nada hacía presagiar que había una familia dentro. Algo habitual desde hacía cuatro años, ya que los menores apenas hacían ruido y no había movimiento de puertas para afuera para no levantar sospechas entre un vecindario, ajeno a lo que ocurría.

Tres mascarillas superpuestas

Una tranquilidad que, en cuestión de minutos, cambió por completo a raíz de que una de las vecinas expusiera en el Ayuntamiento sus sospechas de que en alguna ocasión había visto movimiento dentro de la casa, lo que llevó a preparar un operativo de vigilancia discreto.

Finalmente, se preparó un operativo de intervención que se puso en marcha el día 28 de abril de 2025, coincidiendo con el 'apagón' eléctrico que dejó a oscuras el país. Cuando los agentes de la Policía Local se acercaron a la puerta, les recibió el padre que iba, según fuentes policiales, “con un aspecto desaliñado y descalzo”. Les pidió que se pusieran mascarillas y accedió a que entraran. En ese momento, pudieron ver a la madre y a los niños que iban con pañales. Toda la familia llevaba la cara cubierta con tres mascarillas.

La reacción de los menores

La Policía Local confirmó, horas después, que los cinco miembros de la familia vivían en condiciones higiénico-sanitarias deplorables y los menores estaban sin escolarizar. Un detalle que llamó especialmente su atención fue el hecho de que los menores, al salir al jardín, “tocaron la hierba y respiraron profundamente”. En ese instante, tuvieron la sensación de que ni siquiera habían salido al exterior.

Los niños se están adaptando a su nueva realidad en un centro dependiente de la Administración del Principado, una vez que la familia más próxima no ha podido hacerse cargo de ellos, aunque las defensas de los padres piden que se intente una futura reagrupación familiar.

Cuando se cumple un año de esta actuación policial, aún se está a la espera de que toda la situación se reconduzca, pero el futuro más inmediato de la familia estará supeditado al resultado de la sentencia que dicten los magistrados de la Audiencia Provincial de Asturias.

El letrado Fausto Suárez ha sido trasladado este miércoles en una ambulancia, “intubado pero consciente”, hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, para ser atendido de las heridas infligidas en el tórax con un arma blanca. El letrado fue agredido en su despacho, ubicado en la Avenida Colón de la capital asturiana, donde fue localizado por los agentes.

Desde la Audiencia Provincial se había instado a la Policía Nacional para que intentara localizar al abogado, al no haberse personado en la sede judicial donde estaba citado a las 10 horas de hoy, miércoles, para defender a Cristina O.P., la única acusada que está en libertad provisional de los seis procesados, y a la que se imputa su presunta pertenencia a una red de narcotráfico muy activa en el Principado, a la que se incautó 600 kilogramos de cocaína, en 2022.

Apuñalado en su despacho

Un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Asturias ha confirmado a eldiario.es Asturias que el caso está ya “en fase de investigación” desde que a primera hora de esta mañana se tuvo conocimiento del apuñalamiento. Los agentes de la Policía Judicial están recogiendo pruebas en el mismo despacho donde ocurrieron los hechos.

Los agentes inicialmente se personaron en el domicilio del abogado ovetense y, al no encontrarlo ahí, se desplazaron en compañía de su mujer hasta el despacho. La presencia policial y el traslado del abogado en esas circunstancias causaron una gran consternación entre los vecinos de la zona.

Defensor de una acusada

A la consternación del vecindario se sumó igualmente la conmoción en medios jurídicos y judiciales, donde el letrado ovetense es muy conocido al llevar muchos años en ejercicio.

Cristina O.P. se había reunido con su abogado ayer mismo de cara al juicio de esta mañana y donde ella está acusada de pertenecer a la red que presuntamente lidera Carlos González Morales, conocido por el apodo de 'El Matador'.

El juicio no se suspendió

Tras unos primeros momentos de confusión por la ausencia del letrado finalmente el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial acordó celebrar la primera de las cinco sesiones que están señaladas para la vista oral del juicio: los días 23, 24, 27, 28 y 29 de este mes. Ante la ausencia de letrado que la representara, la parte relativa a la acusación de esta procesada no se ha tenido en cuenta en la jornada de hoy.

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de los seis presuntos integrantes de esta organización a la que se intervino un alijo de 600 kilogramos de cocaína en una nave ubicada en el concejo asturiano de Siero en 2022 tras una operación internacional en la que intervinieron agentes encubiertos.

Agentes encubiertos infiltrados

La operación policial que derivó en la detención de los acusados se inició el 30 de septiembre de 2022 cuando se recibió en la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional un escrito de la Fiscalía de Illinois (Chicago, EEUU) solicitando la apertura de un procedimiento judicial en el marco de una investigación conjunta con la agencia estadounidense HS (Homeland Security Investigations), la Policía Nacional de Colombia y la UDYCO Central.

En este escrito se aportaban los datos de una organización dedicada al tráfico de drogas radicada en Colombia y sobre la que las autoridades de Estados Unidos habían iniciado una operación encubierta, logrando introducir a un agente infiltrado en la organización, que presuntamente lideraba el conocido como 'Matador', quien solicitó asistencia para el transporte de aproximadamente dos toneladas de cocaína desde Colombia a España.

Droga de Colombia a Asturias

En el marco de la operación encubierta, la organización colombiana pretendía enviar la droga desde Colombia a España empleando una embarcación que recogería la droga en aguas internacionales. Para ello, el presunto cabecilla solicitó que una vez que la organización entregara todo el cargamento, éste fuera trasladado a España, donde sería entregada a los receptores y distribuidores finales.

“Continuando con la operación encubierta, el 25 de septiembre de 2022, la organización colombiana entregó 67 bultos con 20 paquetes cada uno (un total de 1.340 paquetes) a los agentes infiltrados que se encontraban a bordo de un barco encubierto en aguas internacionales cerca del Caribe, a unas 200 millas náuticas de Barbados”, señala el escrito de calificación provisional de la Fiscalía asturiana.

Dos bandas de narcotráfico

El 28 de septiembre, la droga fue transportada hasta San Juan (Puerto Rico) y procesada, dando positivo en cocaína. Fue custodiada por agentes federales de Estados Unidos a la espera de los trámites para continuar con la operación en España. Para poder presentar como evidencia en la investigación estadounidense se retuvo uno de los bultos con 20 paquetes intervenidos, por lo que viajaron a España 1.320 paquetes.

La solicitud de cooperación se efectuó con el objetivo de identificar a los miembros de la organización, ya que se descubrió que la droga iba dirigida a dos organizaciones criminales con conexiones en España.

Cocaína en la bodega de un vuelo

Una vez autorizada la apertura del procedimiento judicial en España, la droga fue transportada en la bodega de un vuelo comercial desde el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, Puerto Rico, al de Madrid. Junto con el escrito de la Fiscalía estadounidense, se adjuntaba el suscrito por el oficial de enlace de la Policía Nacional de España en Colombia.

Todo ello, junto con las vigilancias realizadas por la UDYCO de los movimientos de los miembros de la organización en España durante los meses de mayo y septiembre de 2022, motivó que la Fiscalía Especial Antidroga incoara el 5 de octubre de ese mismo año diligencias de investigación, autorizando la entrega controlada de 600 kilos de cocaína intervenidos en San Juan de Puerto Rico con destino a España.

Bajo custodia policial

Paralelamente, en un segundo decreto, la Fiscalía Antidroga autorizó la actuación de ocho funcionarios como agentes encubiertos, con el objetivo de identificar a los integrantes de la organización.

La droga fue trasladada hasta Madrid el 8 de octubre de 2022 vía aérea y permaneció bajo custodia policial a la espera de que los procesados decidieran recogerla.

Los delitos

En estos hechos, que llevaron a la introducción en España y la ocupación en Siero de 600 kilos de cocaína, tuvieron participación los procesados, que actuaron de forma jerárquicamente ordenada y de manera estable en el tiempo y que, según sostiene la Fiscalía asturiana, son los mismos contra los que formula la acusación y que han sido llevados al banquillo de la Audiencia Provincial de Asturias.

La Fiscalía imputa a los acusados su presunta autoría en delitos contra la salud pública, depósito de armas y tenencia ilícita de armas, ya que además de la droga se les intervinieron armas, algunas de guerra, y una gran cantidad de munición.

Catorce años después de que se destapara la existencia de la banca paralela que el asturiano Manolo Mori García creó, entre los años 1998 y 2012, cuando era director de una sucursal bancaria en Cangas de Onís, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Asturias por su responsabilidad en un delito continuado de apropiación indebida con las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas.

La sentencia, que aún no es firme y es susceptible de ser recurrida ante el Tribunal Supremo (TS), se ha fijado en dos años de prisión, que Manolo Mori no cumplirá al carecer de antecedentes penales y el pago de una multa de 1.500 euros.

Además, tendrá que hacer frente al abono de una indemnización al Banco Santander S.A. cifrada en 636.328,08 euros por el dinero que la entidad abonó a varios de los 33 perjudicados personados en el procedimiento como reparación del daño tras haber adquirido el Banco Popular S.A. que a su vez sucedió al Banco Pastor donde trabajaba el acusado.

Su eficacia como director de la sucursal bancaria del entonces Banco Pastor S.A., ubicada en Cangas de Onís, había logrado que el nombre de Manolo Mori se asociara a la de una figura similar a la de un 'conseguidor' que resolvía rápidamente las gestiones económicas de muchos vecinos y vecinas del concejo con los que tenía relaciones de confianza, bien por vecindad o amistad, y que acudían a su despacho para solicitar préstamos, entregarle en mano sus ahorros para que los ingresara en sus cuentas o pedir su asesoramiento sobre una posible inversión.

Gratificación por lograr 'morosidad cero'

Era habitual que incluso algunos clientes firmasen en blanco los documentos que el director les entregaba y que dejaran en sus manos el dinero, en vez de ingresarlo ellos personalmente en sus cuentas, porque no recelaban de su buen hacer, ni desconfiaban de su diligente actuación.

Su profesionalidad y buen trato con los clientes fueron gratificados con bonos por parte de sus superiores porque había logrado con éxito que en su oficina hubiera “morosidad cero”.

Hasta siete auditorías superadas

Durante 14 años, Manolo Mori fue el directivo perfecto, ya que a su empatía hacia todo aquel que acudía a solicitarle un favor o a pedirle que le hiciera un ingreso o un reintegro unía un carácter muy afable y cercano. Esa fue una etapa dorada, que duró desde febrero de 1998 a mayo de 2012, cuando dirigía el Banco Pastor de la localidad de la zona oriental asturiana.

Las siete auditorías que se llevaron a cabo por parte de la entidad bancaria durante ese período dieron la conformidad a sus cuentas. Y todo parecía ir sobre ruedas.

La fusión bancaria

Sin embargo, la fusión del Banco Pastor con el Banco Popular, que posteriormente fue adquirido por el Banco Santander en el año 2012, dio al traste con toda esa imagen de bonhomía, cercanía y profesionalidad.

Abrumado y superado por la situación, Manolo Mori se adelantó a la auditoría que se iba a realizar con los nuevos gestores y confesó que había creado una banca paralela.

Niega un beneficio personal

Él se ofreció de inmediato a colaborar aportando todos los datos de que disponía de los movimientos bancarios realizados, mientras repetía una y otra vez que no se había apropiado de dinero alguno para su propio beneficio personal ya que, según su versión, todos los movimientos que había realizado de unas cuentas a otras de clientes nunca fueron destinados a su propio enriquecimiento.

En una localidad donde casi todo el mundo se conoce, el director del banco es una de las figuras más relevantes y la noticia de la banca paralela se extendió por la zona en apenas unos minutos.

Colas de clientes ante la sucursal

El nerviosismo y la angustia comenzaron a apoderarse de los clientes que hasta ese momento habían permanecido ajenos a todo lo ocurrido y desconocían el maremágnum de sensaciones que iba a desencadenar esta revelación y el largo procedimiento judicial que se les venía encima.

Las colas delante de la sucursal fueron constantes desde el instante en que Manolo Mori confesó las operaciones irregulares que había llevado a cabo y hasta la oficina comenzaron a acercarse los clientes para reclamar su dinero. Entre tanto, los auditores iniciaban una ardua tarea para tratar de aclarar, una a una, cada partida económica y su destino final.

La confesión

La colaboración de Manolo Mori con los investigadores ha sido clave para que los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo, hayan aplicado una circunstancia atenuante de confesión a su condena a dos años de cárcel por su autoría en un delito continuado de apropiación indebida.

Una circunstancia atenuante a la que se ha sumado otra segunda atenuante por dilaciones indebidas debido al enorme retraso en que la causa llegó a ser enjuiciada.

Las dilaciones indebidas

La atenuante de dilaciones indebidas se ha aplicado al haber transcurrido otros 14 años desde que el procedimiento ha derivado en la vista oral del juicio ante la Sala y dos años más hasta hacerse pública la sentencia.

El juicio arrancó ante el tribunal de la Sección Segunda el 5 de marzo de 2024 y la sentencia se ha dictado en marzo de 2026, dos años después.

Un juicio con 14 años de retraso

No obstante, la sentencia viene a reflejar el trabajo meticuloso de la Sala que describe, a través de 106 páginas, de forma pormenorizada, paso a paso, cada una de las actuaciones contables, el dinero que reclamaba cada una de las acusaciones particulares que han ejercitado muchos clientes perjudicados, las peticiones de condena y los posicionamientos de Fiscalía, acusaciones y defensa.

Una sentencia condenatoria dictada en una causa que ha sido de las más complejas que se han visto hasta ahora en esta Audiencia Provincial, dado el elevado número de personas perjudicadas y la falta de documentos de las que muchas de ellas disponían para acreditar el dinero entregado, lo que ha obligado a un esfuerzo mayor para tratar de delimitar cada intervención ilícita.

Hechos probados

Finalmente, el tribunal ha declarado probado que el acusado ostentó el cargo de director de la sucursal de la entidad Banco Pastor S.A., sita en Cangas de Onís, desde el 1 de febrero de 1998 al 22 de mayo de 2012, fecha ésta última en la que la entidad bancaria se refundió con Banco Popular S.A., dando lugar a una sola sede física; siendo posteriormente adquirido el Banco Popular por Banco Santander S.A.

Durante este largo período de tiempo, “aprovechándose de la posibilidad que le otorgaba su puesto y guiado por un ánimo de enriquecimiento (bien en su propio beneficio, bien en el de terceros –que en unas ocasiones eran clientes de la citada sucursal bancaria y en otras, personas ajenas a la misma-), realizó sin conocimiento ni consentimiento de la entidad para la que trabajaba y burlando sus mecanismos de control, una pluralidad de actos dispositivos irregulares en las cuentas de clientes de aquélla, sin contar para ello tampoco con el conocimiento ni autorización de los clientes afectados por tales actos dispositivos”, señala la resolución judicial.

Relación de confianza y amistad

Tales operaciones consistieron tanto en retiradas de sumas de dinero de las cuentas de muchos de los clientes bancarios, como en no materializar el ingreso de cuantías dinerarias que algunos clientes le entregaron al acusado para que éste las integrara en sus cuentas.

El tribunal subraya en la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, que para que todas estas actuaciones se pudieran llevar a cabo el acusado se sirvió de la relación de confianza, vecindad y/o amistad que le unía con los clientes afectados, así como también, del crédito empresarial de la entidad para la que servía profesionalmente.

Firmas en documentos en blanco

“Así, uno de los modos en los que consiguió formalizar los reintegros en las cuentas de las que detraía fondos, fue presentando a los clientes afectados por tal operativa impresos bancarios –por tanto, con el consiguiente membrete de la entidad- ”en blanco“, solicitándoles que los firmaran bajo el falso pretexto de que tales documentos, una vez firmados, los usaría para gestionarles o lograrles beneficios de diversa naturaleza (nuevos intereses, rentabilidades, productos financieros, prórrogas de productos contratados, etc…), sin que ello ocurriera finalmente, al emplear el acusado dichos documentos, una vez firmados, para extraer dinero de las cuentas de dichos clientes con importes que él consignaba a su entera voluntad”, sostienen los magistrados.

Esta era “una forma irregular de operar”, subraya la sentencia, pero según han declarado acreditado los magistrados no era la única.

Otros métodos

“En otras ocasiones el acusado autorizaba dichas detracciones de las cuentas de clientes estampando su propia firma en el lugar correspondiente al titular de la cuenta; materializando tales extracciones dinerarias en otros supuestos sin firma alguna”, expone la resolución judicial.

Asimismo, el encausado recibió de varios clientes cuantías monetarias para su ingreso en sus cuentas bancarias, que “éste nunca materializó, disponiendo del dinero que se le había entregado conforme al ánimo de enriquecimiento –propio o en favor de terceros- ya aludido”, incide el fallo.

La sentencia establece un amplio abanico de indemnizaciones para resarcir a los 33 clientes perjudicados, con cuantías que oscilan en una horquilla que va desde los 9.350 euros en los casos de menor cuantía hasta alcanzar un máximo de 645.800 euros para el cliente más perjudicado

Las indemnizaciones

La pena se ha fijado en dos años de prisión, cinco meses de multa a razón de 10 euros diarios e inhabilitación especial para ejercer actividades bancarias, crediticias y de seguros durante el tiempo de condena; todo ello con imposición de costas procesales, incluidas las devengadas por la actuación de las acusaciones particulares.

El exdirector de la entidad bancaria no ingresará en prisión al carecer de antecedentes penales y no superar la pena de dos años de cárcel.

El cliente peor parado

La sentencia establece un amplio abanico de indemnizaciones para resarcir a los 33 clientes perjudicados, con cuantías que oscilan en una horquilla que va desde los 9.350 euros en los casos de menor cuantía hasta alcanzar un máximo de 645.800 euros para el cliente más perjudicado.

Unas indemnizaciones destinadas a más de una treintena de víctimas que se verán incrementadas con los intereses a contar desde la fecha en la que cada perjudicado hubiera reclamado su pago con señalamiento de cantidades líquidas y hasta la fecha de la sentencia, así como con los intereses legales a contar desde esta resolución judicial hasta el completo pago de las sumas.

El tribunal impone al acusado, como responsable civil directo, el pago de una indemnización de 636.328,08 euros a abonar al Banco Santander S.A. como reembolso por los pagos que la entidad ya había adelantado a varias de las víctimas antes del juicio como reparación del daño. No obstante, esta entidad ha sido también declarada como responsable civil subsidiaria en la causa

Una doble condición

Además, el tribunal impone al acusado, como responsable civil directo, el pago de una indemnización de 636.328,08 euros a abonar al Banco Santander S.A. como reembolso por los pagos que la entidad ya había adelantado a varias de las víctimas antes del juicio como reparación del daño.

Aunque la Fiscalía había solicitado que el acusado reintegrara al Banco Santander S.A. 1.428.358,64 euros, más intereses, en restitución de las cantidades que también había resarcido a parte de los perjudicados, la Audiencia Provincial solo lo estimó parcialmente.

El tribunal explica en la sentencia que únicamente Manolo Mori debe reintegrar a la entidad bancaria 636.328,08 euros que era la cantidad que abonó a los perjudicados que fueron accionantes en el procedimiento judicial.

No obstante, la entidad Banco Santander S.A. ha sido declarada como responsable civil subsidiario, por lo que debe afrontar el pago de las cantidades a las que ha sido condenado el acusado, incluidos los intereses moratorios y legales, en su condición de adquirente del Banco Popular S.A., que a su vez sucedió a Banco Pastor S.A.

Ocho coacusados, absueltos

Otras ocho personas fueron también juzgadas como responsables civiles directos a título lucrativo. Todas ellas han sido absueltas: Adolfo N.A., Rafael Á.G., Rafael M.M., Julio César M.R., Ramón C.C.L., Federico B.V., Ana Isabel Z.G. y Fernando R.B.

A lo largo del procedimiento judicial se dio el caso de personas que dijeron que también habían sido perjudicadas y de las que el propio acusado aseguró no tener constancia alguna.

Algunas víctimas fallecieron

Inmediatamente antes de la celebración del juicio también se comunicó al tribunal el fallecimiento de varios de los perjudicados entre los que figuraban los hermanos José Ramón y Enriqueta Marina H. de D., y Francisco G.T. La Audiencia Provincial de Asturias ha reflejado en la resolución judicial que las indemnizaciones de las cantidades correspondientes a los perjudicados que hubieran fallecido, una vez se acredite tal extremo fehacientemente, corresponderán a sus respectivos herederos.

La causa también sufrió, a lo largo de su tramitación, diversas paralizaciones “injustificadas, siendo su duración desmesurada en atención a su complejidad, sin que ello pueda achacarse al acusado”, reconocen los magistrados.

La resolución judicial admite recurso

El tribunal deja constancia en la sentencia de que el acusado reconoció “plenamente” los hechos imputados que le atribuía la Fiscalía, al igual que había reconocido antes de la denuncia, ante los auditores de la entidad bancaria, “conductas irregulares, entregándoles textos manuscritos de contenido incriminatorio que se adjuntaron a la denuncia y coadyuvaron a la identificación de los perjudicados y a la cuantificación de los perjuicios. Conductas irregulares que también reconoció, aunque de modo limitado, en fase de instrucción”.

A pesar del tiempo transcurrido, el caso aún puede prolongarse en el caso de que alguna de las partes implicadas decida recurrir la sentencia, ya que la resolución judicial dictada por la Audiencia Provincial de Asturias no es firme y contra la misma aún cabe interponer un recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS).

El matrimonio que mantuvo aislados de todo contacto con el mundo exterior a sus tres hijos, dos gemelos que ahora tienen 9 años y un niño de 11, entre las cuatro paredes de su domicilio ubicado a las afueras de Oviedo, durante cuatro años, ha aprovechado el turno de última palabra en el juicio que les ha sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Asturias.

En su alegato final, la pareja ha admitido que su conducta “era anómala”, pero justifica que su comportamiento se debía a que sentía “un miedo insuperable” a que contrajeran el Covid–19 y estaba convencida de que la mejor solución era el autoconfinamiento familiar.

El matrimonio se ha mostrado dispuesto a colaborar con el Principado y la administración de Justicia para ayudar a reconducir esta situación y a recuperar alguna vez el vínculo paternofilial.

Es su máxima aspiración ahora que su único contacto con sus hijos se limita a media hora un día a la semana por teléfono y ante la gravedad de la petición de condena a la que se enfrenta, ya que las acusaciones –pública y particular– solicitan la imposición de sendas condenas para cada cónyuge de 25 años y cuatro meses de cárcel.

Declararon en inglés

“Querían lo mejor para ellos”, han trasmitido los acusados, el alemán Christian S., de 53 años, y su esposa la norteamericana con nacionalidad alemana Melissa A.S., de 48 años, en unas declaraciones efectuadas en inglés al traductor que se las iba relatando en castellano a los magistrados de la Sección Segunda que este jueves han dejado el juicio visto para sentencia en la cuarta jornada de la vista oral.

Esta era la ocasión en la que el matrimonio ha podido hablar directamente de sus sentimientos, sus emociones y sus reacciones a lo largo de estos cuatro años –desde 2021 a 2025– en que se autorrecluyeron en el chalé situado en la zona rural de la capital asturiana haciendo solo vida de puertas para adentro.

Una compleja situación personal y familiar después de la sorpresa que les produjo a todos los miembros de la familia la entrada en la vivienda de los agentes de la Policía Local de Oviedo, el pasado 28 de abril, para liberar a los menores, la detención, posterior ingreso en prisión de los padres y el internamiento de los niños en un centro de menores de la administración del Principado.

Los delitos imputados

Por ello, la pareja ha aprovechado el turno de última palabra una vez que ya han escuchado, dentro de la sala de vistas, todas las manifestaciones de las partes, las declaraciones de los testigos y las periciales psiquiátricas.

Unas palabras que han dirigido al tribunal que a partir de ahora tiene en su decisión su futuro más inmediato. Los magistrados tendrán que deliberar entre dos horquillas muy amplias. Si atienden a las tesis de la Fiscalía y la Letrada del Menor, Patricia Arce que ejercita la acusación particular, que solicitan sendas penas de 25 años y cuatro meses de cárcel por su presunta autoría en un delito de violencia psíquica habitual y tres delitos de detención ilegal o si se decantan por la versión de las defensas que interesan la libre absolución.

No estaban escolarizados

La Fiscalía suma a la petición de cárcel el pago de una indemnización de 30.000 euros para cada uno de los niños por los daños morales ocasionados y pide que a los padres se les prohíba aproximarse a los menores y se les suspenda cualquier régimen de visitas durante más de 11 años.

La acusación pública ha fijado así el perjuicio que los progenitores, Christian S. y Melissa A.S., han podido ocasionar a sus tres hijos por el prolongado tiempo en que no han podido salir a la calle, ni estar escolarizados, ni ser sometidos a seguimiento médico, ni socializar, ni llevar una vida “normalizada”.

La vía legal

Por su parte, los abogados Javier Guillermo Muñoz Pereira, que lleva la defensa de Melissa A.S., y Elena González, que representa a Christian S., piden la absolución.

A lo largo de las cuatro sesiones que se han desarrollado en la Audiencia Provincial de Asturias, los letrados defensores han reiterado que, en su opinión, los acusados nunca tuvieron que ser juzgados por la vía penal y se decantan por la vía asistencial como la mejor opción para abordar esta compleja situación.

Los dos acusados permanecen actualmente en el Centro Penitenciario de Asturias desde su detención y a esta cárcel han acudido a lo largo del año que llevan presos sus abogados defensores. En sus entrevistas con sus representados y en las visitas que han realizado al chalé donde residía la familia y que ha sido bautizada como 'la casa de los horrores' por los agentes de la Policía Local de Oviedo que intervinieron en el operativo pudieron comprobar que es una familia que “es normal, pero tiene un comportamiento que es anómalo y que responde a ese miedo insuperable al Covid”.

“No hay casa de los horrores”

En todas las ocasiones en las que las defensas han comparecido a las puertas de la sede judicial han transmitido a los medios de comunicación que esta denominación es además de incorrecta, injusta puesto que dicen que no se ajusta a su percepción.

A juicio de las defensas, la descripción de los agentes de que los niños vivían en una casa llena de “escombros y excrementos” no se corresponde con la realidad y en ningún caso, según su tesis, eso debería jugar en contra del matrimonio en un juicio penal, porque alegan que ellos no abandonaron a sus hijos y suplían su escolarización con el aprendizaje que seguían en la vivienda.

Juicio a puerta cerrada

No obstante, las defensas han querido ser cautas y no realizar declaraciones textuales de las manifestaciones que se producían dentro de la sala. Los letrados han reconocido a elDiario.es Asturias que han recibido un apercibimiento por parte del tribunal para que no realicen declaraciones al haber acordado que el juicio se celebrara a puerta cerrada, siguiendo así el criterio solicitado por la Fiscalía.

Por ello, este jueves se han limitado a señalar que confían, al igual que sus patrocinados, en que la sentencia que se dicte sea conforme a las peticiones de las defensas y que “este asunto por fin se reconduzca, de donde nunca debió salir, que es del ámbito asistencial o de ayuda de los servicios sociales”.

“Tuvieron decisiones erróneas”

“Nuestra defensa siempre ha sostenido –han afirmado– que esta es una familia normal en circunstancias anómalas y extraordinarias. Tomaron una serie de decisiones, seguramente equivocadas y erróneas, pero no criminales”.

El patrón no era el de una familia “socialmente adaptada”, un extremo que no se ha debatido desde el principio. Durante el juicio, el matrimonio ha incidido en que quiere recuperar el hilo con sus hijos, siempre bajo supervisión de quien tiene la tutela actualmente, que es el Principado de Asturias y ese tema, según las defensas, tampoco se ha puesto en duda.

“La etiqueta es estigmatizante”

“Su actuación siempre ha ido en interés de los menores y, aunque desde fuera quizá se ve extraño -aseguran- los que conocemos todo lo que ha sucedido y hemos visto la casa, sabemos que no se trataba de una casa de los horrores, una etiqueta que no compartimos y nos parece estigmatizante e injusta”.

Los abogados defensores confían en que su tesis absolutoria prevalezca en la sentencia que dicte la Audiencia Provincial de Asturias y esperan que la resolución sea “mesurada, moderada y conforme a derecho” y sobre todo que se pueda poco a poco ir recuperando la relación paternofilial.

Sin salida

“Realmente los padres se vieron inmersos en una bola de nieve y no supieron buscar una salida”, concluye.

Ahora, su futuro depende de los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias que emitirán la sentencia en los próximos días.

A.S.G., de 36 años, estaba casado y tenía dos hijos de 3 y 15 años. El 7 de febrero de 2017, su familia se despidió de él como un día normal cuando salió a trabajar. Tenía que desplazarse con una grúa móvil, de gran tonelaje, desde la base de la empresa Grúas Roxu S.A. sita en Tabaza, en el concejo asturiano de Carreño, hasta el parque eólico situado en el lugar denominado El Acebo, dentro del concejo asturiano de Grandas de Salime.

Un accidente laboral frustró su regreso a casa ya que, cuando circulaba en medio de una pista forestal, sin señalizar, con mala visibilidad debido a que estaba oscureciendo y por un terreno embarrado, éste cedió al paso del vehículo pesado y se precipitó por la ladera de una montaña, desde 66 metros. El trabajador salió despedido de la cabina y falleció esa misma noche en el lugar del accidente.

Tras un largo periplo judicial, los magistrados del alto tribunal asturiano han cuantificado en 371.130 euros la indemnización global para la viuda, sus hijos y los padres del fallecido, tras declarar que el accidente fue debido a la “omisión de medidas específicas de seguridad en el trabajo que provocó que el trabajador llevase a cabo sus tareas en una clara situación de riesgo y en tal omisión encontró su causa directa el accidente”, según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias.

Del sobreseimiento a la condena

La familia del trabajador ha tenido que esperar nueve años para ver declarada la responsabilidad empresarial en el accidente mortal. En este tiempo, la causa ha ido pasando por varios órganos judiciales: el Juzgado de Instrucción número Uno de Castropol dictó en 2018 auto de sobreseimiento provisional en una resolución que fue recurrida y confirmada por la Audiencia Provincial de Asturias donde se acordaba el archivo.

Posteriormente, la familia interpuso una demanda, que recayó en el Juzgado de lo Social 3 de Oviedo, donde ya empezó a establecerse una relación de causalidad hasta que finalmente la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha avalado su tesis de que la muerte en accidente laboral se debió a la falta de medidas de seguridad en el trabajo.

Los hechos probados

Según el relato de hechos probados, el día del accidente, A.S.G. recibió el encargo de la empresa para que condujera la grúa móvil de marca Liebherr, desde la base de Tabaza hasta el parque eólico ubicado en el lugar denominado El Acebo, “siendo el objeto del trabajo auxiliar con la grúa en las labores de reparación y mantenimiento de un aerogenerador”, según consta en la sentencia confirmada por el TSJA.

A.S.G. conducía la grúa con una Masa Máxima Autorizada (M.M.A) de 60.000 kilogramos, reflejada en su ficha I.T.V., sobre las 19.15 horas del 7 de febrero de 2017 dentro de una pista forestal cuando “de forma sorpresiva la calzada se derrumbó al paso del vehículo especial que conducía, hundiéndose las ruedas derechas del aparato, lo que ocasionó que el camión grúa girase sobre sí mismo volcando de lado (giro de tonel) y cayendo por el precipicio existente en la margen derecha de la vía”. A consecuencia del accidente, el trabajador falleció a las 21 horas del mismo día.

El “esfuerzo probatorio” de la familia

El TSJA ha dictado una sentencia condenatoria en base tanto a los informes técnicos emitidos por la Guardia Civil como a las pruebas periciales practicadas a instancia de la propia familia de la víctima.

La sentencia resalta el hecho de que frente al esfuerzo probatorio realizado por la familia, ninguna prueba pericial se practicó a instancia de las codemandadas.

La responsabilidad empresarial

Paradójicamente, frente al contundente informe de la Guardia Civil, la inspectora de Trabajo no apreció infracción de normas de seguridad en la producción del accidente.

El informe de la Inspección de Trabajo discrepaba respecto a la responsabilidad empresarial, en contraposición a los extremos corroborados por la Guardia Civil, que han sido avalados por la justicia.

Un lugar “remoto y sin señales”

El informe técnico de la Guardia Civil especificaba que la grúa no tenía autorización para circular por la pista forestal donde ocurrió el accidente e incluso constaba un oficio del Ayuntamiento de Grandas de Salime advirtiendo de la ausencia de solicitud de informe en orden a permitir la circulación de vehículo especial.

En un oficio de la Guardia Civil se describía que el accidente se registró “en un lugar remoto, deshabitado, en horas nocturnas, con ausencia de señales identificativas de cualquier tipo, lo que hizo dificultosa la labor de identificación del lugar, hasta el punto de que se posicionó erróneamente sobre el término municipal de Ibias cuyo partido judicial correspondería al Juzgado de Cangas de Narcea”.

El error de ubicación

Sin embargo, con posterioridad, se pudo verificar que se había producido dentro del término municipal de Grandas de Salime perteneciendo al partido judicial de Castropol.

El firme donde se produjo el accidente era “flexible” y el estado de conservación “malo”, por el grado de humedad, baches y surcos, y carecía de iluminación artificial, siendo el horario al atardecer (con poca luminosidad), y mala visibilidad por la configuración de la vía con abundantes tramos curvos y márgenes provistos de vegetación arbórea formando bosque y talud en el margen izquierdo, según consta en la sentencia.

Sin planificación

La empresa de grúas, de la que es titular J.M.G.S., omitió las medidas específicas de seguridad en el trabajo, según advierten los magistrados, dado que la actividad laboral con grúas de gran tonelaje -como la que conducía A.S.G.-, requieren una planificación y cuidado que no se tuvo por parte de la mercantil.

A esta circunstancia se vino a sumar el hecho de que el lugar por donde el gruista circulaba, en medio de una pista forestal, carecía en 2017 de cualquier tipo de señalización, sin que el trabajador contara con la indicación concreta del lugar al que tenía que dirigirse.

El gruista “no se distrajo”

La Guardia Civil descartó la posible existencia de una posible distracción del conductor “en tanto que el trazado de la huella de impronta discurre paralelo al eje de la calzada, mientras es trazada la curva a derecha”.

Además tenía el permiso de la clase C desde hacía 15 años y llevaba trabajando en Grúas Roxu S.A. con la categoría de gruista desde 1999, por lo que, según exponía, “tenía una dilatada experiencia laboral en la empresa para la cual trabajaba conduciendo este tipo de vehículos especiales”.

La condecoración

La familia no ha querido hacer declaraciones ya que, según han asegurado fuentes cercanas, está atravesando un momento delicado puesto que, al dolor por el fallecimiento del trabajador, se sumó el hecho de ver cómo se personaba en la causa Grúas Roxu S.A.como perjudicado solicitando el coste de la grúa.

Una circunstancia añadida ha sido el anuncio del Ayuntamiento de Siero, municipio donde reside la familia, de que el empresario J.M.G.S. será condecorado con la medalla de oro del concejo, en una fecha aún por determinar, al acoger la propuesta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) por su contribución a “crear riqueza y empleo en el territorio”.

El tribunal de la Audiencia Provincial de Asturias que juzgó y condenó a Natalio Grueso, ex director general del Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer, ubicado en Avilés, a una pena de ocho años de cárcel y a su inhabilitación absoluta para contratar con las administraciones públicas o entidades del sector público durante ocho años, ha emitido un informe desfavorable a la petición de indulto instada por el cantautor catalán Joan Manuel Serrat, premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, y a la que se adhirieron otras 70 personas.

Los magistrados de la Sección Tercera consideran que no concurren motivos de “equidad, justicia o conveniencia” que hagan aconsejable su concesión.

La fuga, penaliza

Eldiario.es Asturias ha accedido al informe donde la Sala estima que la fuga que protagonizó el ex director general para eludir su ingreso en prisión debe jugar en su contra a la hora de obtener esta medida de gracia.

En este informe, el tribunal se opone a la concesión de un posible indulto al mantener que “ni se ha producido actuación del penado, ni ingreso voluntario en Centro Penitenciario, que le hagan acreedor del beneficio solicitado”.

Al expediente tramitado, del que se dio traslado a las partes, se incorporaron tanto un informe de conducta de la Delegación del Gobierno en Madrid como un informe negativo del Ministerio Fiscal.

“No cumple los requisitos de la ley”

La Fiscalía argumenta que Natalio Grueso no cumple los requisitos establecidos en la Ley de 18 de junio de 1870 por la que se establecen las reglas para el ejercicio de la gracia del indulto.

Entre otras razones, aduce que no ha estado a disposición del tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena, una de las excepcionalidades recogidas en la legislación para ser susceptible de ser indultado.

La huida del país

Natalio Grueso huyó del país al ser confirmada su condena por el Tribunal Supremo (TS) por su autoría en un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso medial mercantil y oficial y un delito continuado societario.

Durante más de dos años permaneció fugado de la Justicia a raíz de que el alto tribunal declarara la firmeza de la sentencia condenatoria y se decretara su inmediato ingreso en prisión.

Busca y captura

En la causa consta que el ex director general del Niemeyer se sustrajo a la acción de la Justicia hasta en dos ocasiones.

“En el Procedimiento Abreviado se dictó con fecha 14 de septiembre de 2018 auto acordando su prisión provisional comunicada y sin fianza ante la imposibilidad de citarle para el acto del juicio, habiendo estado privado de libertad desde el 18 de septiembre hasta el 24 de octubre de 2018”, señala la Audiencia Provincial.

“En ejecución de sentencia se emitió orden requisitoria de busca, detención e ingreso en prisión con fecha 9 de agosto de 2023 para la ejecución de la pena privativa de libertad. Dicha orden -añade- se mantuvo en vigor hasta la detención del penado por las Fuerzas de Seguridad de la República Portuguesa en virtud de Orden Europea de Detención y Entrega, y su puesta a disposición de las autoridades españolas”.

Localizado y detenido en Portugal

Como medida cautelar, se le había retirado el pasaporte por lo que había dos opciones: por un lado, podría haber huido a un país donde no hiciera falta este tipo de documentación o bien que se hubiera refugiado en un país donde estuviera utilizando un pasaporte con identidad falsa.

La duda se resolvió el pasado mes de diciembre cuando fue localizado y posteriormente detenido en la localidad portuguesa de Olhão, un pueblo costero situado en la región del Algarve, en el extremo sur del país luso, tal y como adelantó este periódico.

A continuación reproducimos el vídeo que fue difundido, en diciembre de 2025, por la Guardia Civil, donde se puede apreciar cómo Natalio Grueso estaba haciendo vida normal, ajeno a la operación policial que se iba a poner en marcha minutos después para su arresto.

Unas imágenes que también se publicaron a través del perfil oficial del instituto armado, entre otros, en este post de la red social X.

De la cárcel de Badajoz a la de Aranjuez

Natalio Grueso mostró su deseo de que el cumplimiento de los ocho años de cárcel se realizara en una prisión de Madrid, ya que alegó a las autoridades portuguesas que es “en la capital española donde se encuentra su vida personal”.

Tras su entrega a las autoridades españolas, fue trasladado al Centro Penitenciario de Badajoz y actualmente se encuentra internado en el Centro Penitenciario Madrid VI Aranjuez, donde cumple la pena de prisión con fecha de inicio 15 de diciembre de 2025 y cumplimiento el 25 de octubre de 2033.

El impacto de la gestión

El cantautor catalán Joan Manuel Serrat, premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, encabeza la petición de indulto a la que se han adherido 70 personas de diversos ámbitos culturales nacionales e internacionales que consideran que la condena impuesta al ex gestor cultural es “desproporcionada”.

El cantautor catalán Joan Manuel Serrat, premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, encabeza la petición de indulto a la que se han adherido 70 personas, entre otros el cineasta Woody Allen. Consideran que la condena impuesta al ex gestor cultural del Niemeyer es desproporcionada

La indemnización

Entre otras razones, alegan que Natalio Grueso ya había abonado la indemnización de 78.819 euros; cantidad en la que los tribunales de justicia cuantificaron el delito de malversación de caudales.

“Un perjuicio ciento de veces menor que el impacto derivado de la gestión global realizada por Don Natalio -exponen- si consideramos solamente el valor de marca internacional generado, según una consultora especializada, o las derivadas del incremento de afluencia turística derivado de las actividades culturales llevadas a cabo una vez inaugurado el Centro Niemeyer”.

Adhesiones a la medida de gracia

El escrito con la petición de indulto se presentó en 2023 ante la División de Derechos de Gracia y otros derechos de la Subsecretaría de Justicia, en Madrid, y va acompañado de otro documento que está respaldado, entre otras personalidades del mundo cultural, por el director de cine estadounidense Woody Allen, artistas como India Martínez, Juan Echanove o Aitana Sánchez-Gijón y el exministro Manuel Pimentel

En el documento se adjuntan las firmas, entre otros, del exembajador de España en los Emiratos Árabes y exembajador en Nicaragua Manuel Piñeiro, el entonces presidente del Patronato del Centro Niemeyer durante cuyo mandato se produjeron los hechos Manuel Ángel Díaz y el exdirector del Banco de Inglaterra, Robert Morrison Gibb Brown.

Artistas nacionales e internacionales

Entre los artistas “de reputación nacional e internacional” citan expresamente a los cantantes Ana Belén, Víctor Manuel y Javier Gurruchaga, el actor Pedro Ruíz, el presidente de la Asociación de Intérpretes Luis Cobos, el director del estudio de arquitectura Niemeyer Jair Rojas, así como a varios periodistas de los principales grupos de comunicación del país.

Entre otros aspectos, se destaca en estos escritos que prácticamente todos los espectáculos que se programaron con motivo de las funciones que desarrollaba en la Fundación Niemeyer consiguieron una aceptación popular que “desbordó todas las previsiones”.

La proyección del Niemeyer

Entre otras, se cita expresamente cómo la labor de promoción y difusión que llevó a cabo durante su etapa logró la participación de figuras “de la categoría mundial de Brad Pitt, Kevin Spacey, Paulo Coelho, Jessica Lange, Paco de Lucía, Bárbara Hendricks y Yo Yo Ma . Entre sus logros se incluye la presentación del programa de Educación de la ONU, el encuentro del G8 de la cultura y estrenos mundiales de películas y obras teatrales, entre otras actividades.

Otro apartado con el que justifican el indulto es, en opinión de los firmantes, el papel de la Fundación como productora de contenidos, un capítulo donde Natalio Grueso tuvo un papel destacado con la exposición “Luz” del director de cine Carlos Saura, en este caso por su faceta como fotógrafo, o la obra de la bailaora y premio Princesa de Asturias de las Artes María Pagés dedicada a Óscar Niemeyer y el Ricardo III de Sam Mendes, en colaboración con otros productores de diversos países.

Los magistrados declararon probado que durante su etapa, desde 2006 hasta 2012, Natalio Grueso generó gastos ajenos a los fines de la Fundación Niemeyer en el tiempo que duró su relación laboral, disponiendo de sus fondos en beneficio propio, de sus familiares, amigos y terceros de su entorno, "como si de su propiedad fueran", en detrimento de la Fundación Niemeyer

Los hechos probados

La sentencia declaró como hechos probados que Natalio Grueso, que permaneció en el cargo de director general desde 2006 hasta 2012, generó gastos ajenos a los fines de la Fundación Niemeyer durante todo el tiempo que duró su relación laboral, “disponiendo de sus fondos en beneficio propio, de sus familiares, amigos y terceros de su entorno, como si de su propiedad fueran, en detrimento de la Fundación Niemeyer”.

El coacusado José María Vigil, exagente de Viajes El Corte Inglés, al que le unía una relación de amistad, ocultó gastos de desplazamientos y estancias hoteleras de familiares y allegados con facturas falsas o alteradas a nombre de trabajadores de la Fundación Niemeyer o por conceptos ficticios, según consta en la sentencia del alto tribunal.

Las penas impuestas

El Tribunal Supremo ratificó la pena de ocho años de prisión impuesta en 2020 a Natalio Grueso, los dos años de cárcel al exsecretario de la Fundación, José Luis Rebollo, por delito continuado societario, y rebajó de siete años y seis meses a seis años de prisión la condena a José María Vigil por los delitos de malversación, falsedad y estafa.

La exmujer de Natalio Grueso, Judith Pereiro, y el exjefe de Producción del Centro Niemeyer, Marc Martí, que también fueron juzgados en este procedimiento, habían sido absueltos por la Audiencia Provincial de un delito continuado de malversación en concepto de cómplice y un delito de malversación respectivamente.

La Fiscalía de Asturias ha endurecido su petición de condena para el matrimonio que mantuvo aislados de todo contacto con el mundo exterior a sus tres hijos -dos gemelos que actualmente tienen nueve años y a su hermano, de 11- en un chalé, ubicado en la zona rural de Oviedo, por el miedo de sus padres a que contrajeran el Covid. Un autoconfinamiento familiar que comenzó en 2021 y concluyó en 2025 con la detención de los padres y la liberación de los menores.

A la pena de 25 años y cuatro meses de cárcel que interesa para cada miembro de la pareja, el Ministerio Fiscal ha sumado el pago de 30.000 euros de indemnización a abonar a cada uno de los menores por los daños morales ocasionados y ha reclamado que se prohíba a los progenitores acercarse a los niños y que se les suspenda cualquier régimen de visitas durante más de 11 años.

La acusación pública ha fijado así el perjuicio que los progenitores, Christian S. y Melissa A.S., han podido ocasionar a sus tres hijos por el prolongado tiempo en que no han podido salir a la calle, ni estar escolarizados, ni ser sometidos a seguimiento médico, ni socializar, ni llevar una vida “normalizada”.

Los menores, en un centro de acogida

Unas peticiones que comparte la Letrada del Menor que está personada en la causa en representación del Principado. Actualmente los tres hermanos están acogidos en un centro de menores dependiente de la administración regional.

Las acusaciones imputan al matrimonio su presunta autoría en los delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia.

La petición de nulidad

Unas peticiones de condena que contrastan con las de las defensas. Los abogados defensores, Javier Guillermo Muñoz Pereira, en nombre de la madre, y Elena González Martínez, en representación del padre, interesan la libre absolución y que se favorezca la reagrupación familiar con el apoyo de los servicios sociales. Han planteado además una cuestión de nulidad al estimar que en la diligencia de registro del domicilio se produjeron “irregularidades procesales”.

Estos dos posicionamientos se han podido escuchar dentro de la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo. Un juicio que se desarrolla desde esta semana a puerta cerrada.

Una cuarta sesión

Para esta tercera sesión, que tenía lugar este jueves, estaban señaladas la declaración de los padres, la comparecencia de una psicóloga y los informes de conclusiones de las partes. Sin embargo, la jornada se ha prolongado más de lo previsto y, a las tres de la tarde, en vista de que aún faltaban las defensas por emitir su informe, el tribunal ha acordado que se celebre una nueva sesión.

La cuarta sesión tendrá lugar el próximo 19 de marzo, a las 13 horas, según ha confirmado a elDiario.es Asturias un portavoz de la Fiscalía.

Los alegatos de las defensas

Ese día, los abogados defensores tratarán de convencer a los magistrados de que sus patrocinados no tenían ánimo alguno de aislar a sus hijos del mundo exterior, sino que su comportamiento “anómalo, pero no criminal” respondía a su “miedo insuperable” a que se pudieran contagiar con algún virus ya que lo estaban pasando muy mal porque ambos progenitores tenían covid persistente que les había provocado secuelas sensoriales y querían proteger a sus hijos.

No hacer ruido, ni movimientos

El tribunal ha podido escuchar, en la tercera sesión, por boca de los propios acusados las razones que les llevaron a autoconfinarse. Además del miedo al contagio, también temían que pudieran ser denunciados por los vecinos porque no tenían su situación regularizada en Asturias, dado que únicamente se había empadronado en la vivienda el padre. Una situación que les llevaba a evitar hacer ruidos y movimientos que indujeran a los vecinos de la zona a creer que había más personas residiendo en su interior.

Con la ayuda de un traductor, los padres han declarado en inglés “durante varias horas” y lo han hecho “tranquilos y confiados en que se haga justicia”, ha explicado el abogado Javier Guillermo Muñoz.

El apercibimiento

Es la escueta declaración que ha realizado el letrado, a su salida de la sede judicial. Tanto él como su compañera de defensa, Elena González, no han querido aportar más detalles de cómo ha transcurrido la declaración de sus representados, ya que se les ha apercibido expresamente de que, al tratarse de un juicio a puerta cerrada, no pueden trascender los datos de lo que ocurre dentro. Una cautela que les ha llevado a no decir siquiera el día en que se iba a reanudar el juicio.

A continuación, reproducimos sus palabras a la salida de la sede judicial esta mañana.

“Confianza en la justicia”

No obstante, antes de ese apercibimiento, a su llegada a la sede judicial, los letrados de la defensa habían asegurado que habían visitado ayer por la tarde a los acusados en el Centro Penitenciario de Asturias.

La abogada Elena González corroboró que los padres estaban “deseando que esto se resuelva” y puedan verse en libertad.

El miedo “insuperable”

“Es su oportunidad de poder explicarse ampliamente porque en la instrucción, realmente, como venían con el enfoque negativo que transfirió la policía local, estaba todo un poco contaminado”, afirmó la abogada.

“Ahora ya se han esclarecido los hechos y les van a escuchar claramente lo que ocurrió, por qué actuaron por un miedo insuperable y se autoconfinaron”, añadió.

Los tres hermanos ya están escolarizados “y rehaciendo su vida”, desde que fueron liberados del domicilio por agentes de la Policía Local, el pasado 28 de abril, y se encuentran en un centro de menores dependiente de la administración regional.

La vía penal

“El sistema y la sociedad les ha fallado porque la primera respuesta que se les ha dado ha sido la penal, cuando debería haber sido la última”, ha indicado Javier Guillermo Muñoz.

Está convencido de que la petición de las acusaciones es “desmedida y desproporcionada” ya que los niños “necesitan a sus padres para su normalización”, algo que el abogado confía en que pueda producirse, a pesar de que la custodia de los niños permanecerá en manos del Gobierno asturiano aunque haya una sentencia absolutoria.

La mejoría de los hermanos

En función de la sentencia, que se conocerá en una o dos semanas, según el letrado, se podrán arbitrar medidas que permitan avanzar hacia la normalización “de unos niños que precisan de sus padres”.

Los tres hermanos han mejorado mucho desde que abandonaron la casa, en la que permanecieron entre diciembre de 2021 y abril de 2025, ahora juegan y se comportan como otros niños de su edad y, aunque aún presentan déficits educativos, están “en camino de recuperación social y personal”, según los forenses que les han examinado.

El contacto de la familia

Por su parte, el catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo, Julio Bobes, coincidió ayer con los abogados de la defensa en que este caso debería haberse derivado más a la vía asistencial que a la penal. En declaraciones a este periódico, el perito psiquiátrico destacó que lo más conveniente sería que los menores no perdieran el contacto con sus padres ya que actualmente apenas pueden escucharles por teléfono una media hora un día a la semana.

El próximo 19 de marzo se reanuda el juicio y, tras los informes de las defensas, el tribunal ofrecerá el turno de última palabra a los acusados por si quieren realizar algún tipo de declaración antes de que el juicio quede visto para sentencia.

El matrimonio que aisló de todo contacto con el mundo exterior a sus tres hijos -dos gemelos de ocho años y un niño de 10- en un chalé, ubicado en la zona rural de Oviedo, entre los años 2021 y 2025, por miedo a que contrajeran el Covid no padecen “enfermedad mental grave alguna”.

Este es el diagnóstico principal al que ha llegado el catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo, Julio Bobes, que examinó a Christian S. y a su esposa Melissa A.S., para conocer si detrás de este comportamiento podía haber algún tipo de trastorno mental que pudiera justificar el autoconfinamiento que privó a los menores de una vida normalizada socializando con personas ajenas a su círculo estrictamente familiar.

El peritaje

Julio Bobes acudió este miércoles a la sede de la Audiencia Provincial de Asturias para testificar como perito en la segunda sesión del juicio que desde ayer se desarrolla, a puerta cerrada, contra el matrimonio para ratificar su informe.

En los momentos previos, desde el exterior de la sede judicial, el catedrático de Psiquiatría atiende a elDiario.es Asturias para exponer las líneas principales de su peritaje. Asegura que coincide con los abogados de la defensa en que su caso debería haberse derivado más a la vía asistencial que a la penal y cree que lo más conveniente sería que los menores no perdieran el contacto con sus padres ya que actualmente apenas pueden escucharles por teléfono una media hora un día a la semana.

A continuación, en este vídeo que reproducimos se puede escuchar la argumentación del perito psiquiátrico.

“Hay miedo sí, pero insuperable... Ellos podían salir de la casa. De hecho salían a tirar la basura. Miedo insuperable sería el que no pudiera salir de casa o el que no es capaz de conectarse. Ellos tenían las luces en la casa encendidas, no había ningún ruido y eso es lo que extrañó a los vecinos, que se encendían las luces por la tarde o por la noche y no oían a nadie ni moverse, ni para abajo ni para arriba. Ni ruidos, ni música, ni televisión”, explica el perito.

“La vía penal no resuelve nada”

Julio Bobes reconoce que la pareja tenía temor a que todos los miembros de la familia pudieran ser vistos por los vecinos, ya que únicamente estaba empadronado el padre, y que pudieran llegar a ser denunciados, como finalmente ha ocurrido. Eran, bajo su criterio, “temores exagerados propios de estas circunstancias”.

El perito coincide en que llevar al matrimonio hasta el banquillo de los acusados por la vía penal “no resuelve nada” y él se inclina como fórmula más idónea por el campo asistencial que solo debería correr a cargo de especialistas en Psiquiatría, Pediatría y Psicología Clínica.

A través de las entrevistas que pudo mantener con el matrimonio, Julio Bobes tuvo conocimiento de que la familia había estado residiendo en la ciudad alemana de Hamburgo, país de procedencia del marido, y de ahí se trasladó a Berlín de donde llegó hasta el pueblo ubicado en la zona rural de Oviedo que era para ellos como “el paraíso”, ya que podían pasar más desapercibidos, como de hecho ocurrió durante cuatro años.

Secuelas por Covid persistente

Al haber contraído el matrimonio por dos veces consecutivas el Covid, el miedo a que sus hijos se contagiaran se fue acrecentando. A ello se sumó que a la pareja le quedaron secuelas sensoriales a consecuencia de sufrir covid persistente, lo que les incrementó su preocupación, según ha trasladado el perito a este periódico.

“La solución en esta causa no es la cárcel. Los padres no son enfermos mentales graves. Nunca estuvieron en tratamiento y necesitan ser ayudados por profesionales. Lo que presentan es un síndrome de acumulación y los problemas de las secuelas sensoriales por el covid persistente. Lo que habría que hacer es que esos niños tuvieran relación con los padres, porque no puede desaparecer su imagen”, ha añadido.

La sesión de hoy era, para las defensas, la mejor manera de que los padres pudieran expresar ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia la situación personal que desencadenó el autoconfinamiento. Sin embargo, no ha dado tiempo a que pudieran declarar en la vista oral del juicio, por lo que han sido citados a la sesión de mañana, en que se reanudará el juicio.

La declaración de los abuelos

En la jornada de hoy sí han declarado por videoconferencia los abuelos maternos, que llegaron a desplazarse a Oviedo cuando fue detenida su hija y su yerno y sus nietos fueron acogidos en un centro de menores del Gobierno de Asturias.

Aunque inicialmente se barajó la posibilidad de que un familiar directo pudiera hacerse cargo de los niños, de momento esta opción está descartada y desde el Principado se inclinan más por una familia de acogida temporal.

Los posicionamientos

La Fiscalía solicita para cada miembro de la pareja una pena de 25 años y cuatro meses de prisión por los delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia; la misma condena que interesa la Letrada del Menor.  

Los abogados de la defensa Javier Guillermo Muñoz Pereira y Elena González Martínez, que representan a Melissa A.S. y a Christian S., respectivamente, piden la libre absolución al sostener que ni hubo detención, ni se desentendieron de sus hijos ya que, según su versión, “únicamente tuvieron un comportamiento que podría calificarse de anómalo, pero nunca de criminal”.

Las “irregularidades” del registro

Los abogados defensores siguen manteniendo su petición absolutoria, aunque han presentado una cuestión de nulidad al considerar que en el registro de entrada al domicilio hubo “irregularidades procesales”.

Javier Guillermo Muñoz reiteró, una vez más, a las puertas de la sede judicial que en ningún caso sus patrocinados vivían en una “casa de los horrores”, como lo bautizaron los agentes policiales al acceder al domicilio ante el estado en que se encontraba.

Acumulación de enseres

Tanto él como la letrada Elena González aseguran que algunas estancias del domicilio estaban ordenadas y la descripción de otras habitaciones donde, según los policías, estaban llenas de escombros y excrementos en condiciones deplorables, no se ajustaría a la realidad, puesto que solo habría “acumulación de enseres”, por lo que, según inciden, no constituiría un delito.

“Aquí lo que habido es una familia con comportamiento disfuncional, anómalo, pero no criminal”, ha manifestado el representante legal de la madre. Entre otras razones, apunta a que al tratarse de una familia extranjera que no conocía el idioma cuando se trasladó a vivir a Oviedo y los problemas que tuvieron para registrarse sumado al miedo “insuperable” a contraer un virus -en esa fecha era el Covid- les llevó a autoconfinarse“.

Estudiar en casa

Tampoco los padres se desentendieron del aprendizaje de sus hijos, según las declaraciones que iban a realizar ante la Sala, ya que su idea era educar a sus hijos en casa y así lo estaban haciendo hasta el momento en que intervinieron los agentes de la Policía Local a raíz de que una vecina denunciara ante los servicios sociales del Ayuntamiento de Oviedo que sospechaba que en ese domicilio podría haber más personas y unos niños que no salían a la calle.

“Los padres crearon una célula en la que vivieron aislados”, si bien no ha habido “ningún tipo de detención” ilegal de los menores, dado que estos tenían la libertad de “deambular” dentro de la casa, han mantenido las defensas.

“Están devastados”

A la pregunta sobre cómo han encontrado al matrimonio, que actualmente se encuentra ingresado en el Centro Penitenciario de Asturias, los letrados han coincidido en que Christian S. y Melissa A.S. están “devastados”.

“No sustrajeron a los menores, ni hubo detención ilegal. Su comportamiento es anómalo y poco ortodoxo, pero no es criminal”, han añadido.

Periodistas extranjeros siguen el juicio

Las defensas también han dibujado una situación completamente diferente a la que ha trascendido a los medios de comunicación, no solo asturianos y nacionales, sino incluso en el extranjero. Un ejemplo de esa expectación mediática que ha despertado el caso se constata en el hecho de que hasta la capital asturiana se han desplazado periodistas y cámaras de televisión procedentes de Alemania y Luxemburgo.

Según los letrados, esa imagen que se ha dado de sus defendidos está totalmente distorsionada. Así, ni los niños presentaban “malformaciones”, ni presentaban un aspecto sucio cuando llegaron los agentes, puesto que “estaban aseados”.

“Tener la casa desordenada no es delito”

“Es una situación extraordinaria, anómala, extraña, pero no constitutiva de delito. Tener la casa desordenada no es un delito y no escolarizar a los hijos en un centro oficial no es un delito, puede ser una infracción administrativa y puede ser reprochable desde el punto de vista personal o social, pero no jurídico”, han corroborado.

La abogada del padre cree que la vía penal y afrontar una pena de tanta gravedad como es pedir 25 años de cárcel no solo no resolvería la situación familiar, sino que incluso sería “la más perjudicial” porque “se ha desmembrado una familia”. En su opinión, debería abordarse desde un punto de vista “asistencial”.

Habrá tercera sesión

El juicio se reanudará mañana, jueves, con una pericial, la declaración de los dos acusados -que aunque estaba prevista para la sesión de hoy no se pudo efectuar- que se llevará a cabo con la ayuda de un traductor que se encargará de transmitir las declaraciones que los procesados realizarán en inglés al ser el idioma en el que habitualmente se desenvuelven -el padre es alemán y la madre es estadounidense- y los informes con las conclusiones que las partes elevarán a definitivas.

Al término de estos informes, el tribunal de la Sección Segunda ofrecerá al matrimonio la posibilidad de intervenir en el turno de última palabra y el juicio quedará visto para sentencia.

Ni existe “una casa de los horrores”, ni tampoco “estaban retenidos los hijos, porque se trataba de un aislamiento voluntario”. Con esta argumentación, los abogados Javier Guillermo Muñoz Pereira y Elena González Martínez, tratarán de llevar al ánimo del tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias que el matrimonio formado por el alemán Christian S., de 53 años y la norteamericana con nacionalidad alemana Melissa A.S., nunca tuvo intención de retener a sus dos hijos gemelos, que actualmente tienen nueve años, y a su hijo mayor de 11, durante los cuatro años que estuvieron encerrados en un domicilio ubicado en la zona rural de la capital asturiana.

El matrimonio afronta sendas peticiones individuales de la Fiscalía de 25 años y cuatro meses de prisión acusado de los delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia por los cuatro años -de 2021 a 2025- que sus tres hijos menores de edad permanecieron ajenos a todo contacto con el mundo exterior, sin escolarizar y viviendo en una casa entre escombros, excrementos y en condiciones infrahumanas.

De los 25 años de cárcel a la absolución

Frente a esta petición de condena de la acusación pública, los abogados defensores interesan la libre absolución. Javier Guillermo Muñoz defiende a Melissa A.S., mientras que Elena González es la abogada que defiende a Christian S.

Ambos letrados llegaban juntos a la Audiencia Provincial y antes de traspasar la puerta de entrada a la sede judicial se vieron abordados por un numeroso grupo de cámaras de televisión, fotógrafos y periodistas, tanto de Asturias, como de Galicia, Madrid e incluso de Alemania, de donde procede el matrimonio. La expectación por conocer la versión de los padres era máxima.

“Los hijos no estaban secuestrados”

Sus primeras palabras fueron para rechazar rotundamente que la pareja tuviera secuestrados estos cuatro años a sus hijos. Christian y Melissa llevan ingresados en el Centro Penitenciario de Asturias desde su detención, el pasado mes de abril, cuando los agentes de la Policía Local de Oviedo liberaron a los tres menores tras una llamada efectuada por una vecina a los servicios sociales del Ayuntamiento de la capital asturiana. Entre tanto, los tres menores permanecen bajo la custodia de la administración del Principado de Asturias.

“Nuestro pronunciamiento va a ser absolutorio, porque este asunto creemos que debió llevarse por la vía de los servicios sociales, nunca del Derecho penal. No creemos que debe estar en la órbita del Derecho Penal. Esta familia decidió aislarse del mundo por las razones que se verán en el juicio y por los motivos que expresaremos aquí (en referencia a la Audiencia). Creemos y confiamos realmente en que la Sala va dictar una absolución sin perjuicio de que los Servicios Sociales de Asturias consigan adoptar las medidas necesarias, apoyando a la familia y a los niños”, expresó el abogado Javier Guillermo Muñoz, mientras su compañera Elena González asentía.

“Es una situación muy compleja”

Los abogados traducían sus propias declaraciones del inglés al castellano y viceversa, ante las numerosas interpelaciones que se les hacían desde los medios de comunicación españoles y alemanes.

“¿Por qué razones retuvieron a los niños en casa o mantuvieron a los niños en casa?”, fue la primera pregunta a la que, por razones obvias de que el juicio se celebra hoy y mañana a puerta cerrada por decisión del tribunal siguiendo el criterio de la Fiscalía, no podían responder con la argumentación que expondrán dentro de la Sala en la vista oral.

“Eso es precisamente el objeto de este juicio. Es una situación muy compleja. No son unas circunstancias tan simples. No hay ninguna casa de los horrores. Eso no existe aquí. Lo que ha habido es una situación de aislamiento voluntario. Una familia que no ha abandonado a sus hijos, sino todo lo contrario. Se ha volcado en sus hijos de una manera quizá extravagante o heterodoxa, lo podríamos llamar, pero desde luego no criminal”, ratifican los abogados defensores.

La denominación del caso responde a la manera en que fue bautizada la operación policial por los propios agentes al entrar en el domicilio.

“No debería ser un juicio penal”

Las defensas sostienen que el Derecho Penal no tiene encuadre en este caso concreto. Opinan que desde un principio se debería haber enfocado de una manera gradual, a través de los servicios sociales, que son los que tendrían que haber intervenido, ni la Policía, ni siquiera la justicia.

“Para eso estamos aquí, para que se determine la absolución”, corroboran casi al unísono, tanto con palabras como con lenguaje gestual.

“¿El daño a los menores?”

Ni Javier Guillermo Muñoz, ni Elena González creen que se haya podido acreditar durante la instrucción el daño que se habría podido producir a los tres menores, de ahí la importancia que se dará a la prueba pericial.

De antemano, los abogados recuerdan que al ser un juicio a puerta cerrada no pueden pronunciarse sobre ninguno de los detalles que serán motivo de análisis y debate de las partes, por lo que insisten una y otra vez en que no van a entrar en el fondo de la cuestión, aunque sí quieren aclarar que no hay un tema escabroso detrás de este “aislamiento voluntario”.

“No son unos delincuentes”

“¿Cómo están los niños”, se les pregunta. Y los abogados responden que “están bajo la tutela del Principado de Asturias”. “¿Y los padres, están confiados en el juicio?”, interpela un compañero de la prensa. Y la contestación es similar: “Están en prisión”.

No obstante, se les pide una valoración sobre su estado anímico, y las defensas aclaran: “Ellos no son unos delincuentes. Partiendo de esa premisa, las circunstancias de cómo se encuentran emocionalmente, obviamente son las de cualquier ciudadano normal que se encuentra en prisión y separados de sus hijos desde hace casi prácticamente un año. Así que no podemos definir -añaden- cómo están emocionalmente porque creemos que cualquier ciudadano, en circunstancias normales que no es un delincuente, obviamente sabrá cómo se deben de sentir”.

Los niños están ahora escolarizados

El estado psicológico y físico de los menores tampoco es una cuestión en la que los abogados defensores puedan ahondar y así lo manifiestan.

“Nosotros sobre los niños tampoco podemos pronunciarnos respecto a su estado psicológico, físico y demás. Ellos están yendo al colegio, están escolarizados, se están adaptando al nuevo patrón, digamos, de adaptación social y aprendiendo castellano”.

La custodia de los menores

Desde el Principado se ha incidido en que, de momento, dada la situación procesal de los padres y a la vista de que ningún familiar de los menores pudiera hacerse cargo de ellos, se pudiera optar por una familia de acogida temporal.

Esta cuestión también se le plantea a las defensas: “Nuestro objetivo es que si la Sala tiene a bien absolver a los padres que alguna vez, de manera gradual, puedan recuperar la custodia de sus hijos y lograr reunirse como familia que es del seno de donde ellos deberían desarrollarse. Los niños ahora mismo están bajo tutela de la administración, pero creemos que ese sería el camino correcto en pro y en protección de los intereses de los niños.

“Del tema de que se pudieran ir de acogida temporal, tendrán que preguntárselo a la Letrada del Menor, que es la que toma esas decisiones de las autoridades asturianas”, han añadido.

El relato de la Fiscalía

El Ministerio Fiscal relata en su escrito de conclusiones provisionales que el matrimonio se trasladó a residir a una vivienda familiar a las afueras de Oviedo, en diciembre de 2021, junto a sus tres hijos, dos gemelos, que ahora tienen nueve años, y otro niño que actualmente tiene once.

La familia procedía de Alemania, de donde es natural el padre, que era la única persona que figuraba empadronado en el chalé, ya que no constaban ni su mujer, ni los menores de edad en registro público alguno, incluidos el escolar o la Seguridad Social.

Los deberes de protección

Hasta el pasado 28 de abril, cuando se produjo la intervención policial que liberó a los menores, el matrimonio, “de común acuerdo”, según admite la Fiscalía, incumplió “los deberes de protección” que tenían sobre sus hijos, a los que privaron de sus necesidades “educativas, sanitarias, emocionales y sociales”.

Los acusados, según consta en el escrito de calificación, “encerraron a los menores en el interior de la vivienda y los aislaron de forma absoluta del mundo, negándoles el contacto con otras personas, tanto físicamente como por cualquier medio de comunicación”.

El aislamiento

El aislamiento del mundo exterior era absoluto, ni se relacionaban con terceras personas, ni conocían a otros miembros de la familia. El mundo de los menores se circunscribía únicamente al contacto entre los hermanos y sus progenitores y siempre dentro de casa. Los gemelos, cuando fueron encontrados por los agentes, no sabían leer ni escribir y aún llevaban pañales.

Entre tanto, los menores siguen tratando de hacer una vida lo más normalizada posible con la ayuda de profesionales. La Dirección General de Infancia y Familias está garantizando a los hermanos un entorno “seguro, protegido y acompañado por profesionales especializados”, según ha confirmado a este periódico un portavoz de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, de la que es titular la consejera Marta del Arco.

Las dos jornadas del juicio

La Letrada del Menor, Patricia Arce, solicita la misma pena que la Fiscalía -25 años y cuatro meses de prisión para cada miembro de la pareja- y no ha querido hacer valoraciones.

La primera jornada del juicio, que tiene lugar hoy ante el tribunal de la Sección Segunda, está previsto que se dedique a plantear las cuestiones previas que concurren. A continuación, prestarán declaración los policías locales y guardias civiles que intervinieron tanto en la liberación de los menores como en la detención de los padres.

También está previsto que testifiquen los agentes que hicieron la diligencia de registro en el domicilio y el reportaje fotográfico que acreditaba el estado en que se encontraba, así como los trabajadores sociales que han intervenido en la causa.

La cuestión de nulidad

Los padres declararán previsiblemente en la jornada de mañana y se procederá a elevar a definitivas las conclusiones provisionales de las partes.

Si no hay una modificación de calificaciones, las defensas interesarán la absolución e incluso plantearán una cuestión de nulidad al estimar que en esta causa “ha habido alguna irregularidad procesal y pondremos de manifiesto -aseguran- que la diligencia de entrada y registro no se practicó conforme a ley”.

El matrimonio que retuvo durante cuatro años a sus tres hijos menores de edad en una vivienda de la zona rural de Oviedo por miedo al contagio del covid-19, bautizado en la operación policial como “el chalé de los horrores”, será juzgado la próxima semana. La Audiencia Provincial de Asturias ha dictado un auto donde acuerda que la vista oral del juicio se celebre los próximos días 10 y 11 a puerta cerrada.

El tribunal de la Sección Segunda argumenta en este auto, al que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, que esta decisión responde a la necesidad de garantizar el bienestar de los tres menores de edad y ha valorado igualmente la entidad y gravedad de los hechos imputados a los padres.

Los delitos imputados

Las tres magistradas que integran el tribunal siguen así el criterio de la Fiscalía, que había solicitado que el juicio no fuera público “teniendo presente la naturaleza del delito enjuiciado, así como la entidad y gravedad del mismo con los perjuicios del todo desfavorables que pueden derivarse para las víctimas, todos ellos menores de edad”. Una petición que fue posteriormente apoyada por la Letrada del Menor.

Los acusados, el alemán Christian S., de 53 años y su esposa Melissa A.S. con doble nacionalidad estadounidense y alemana, están imputados como presuntos autores de los delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia.

Proteger a los tres niños

En este auto, la Sala expone que el hecho de que se celebre a puerta cerrada es la forma de proteger a los menores, dos gemelos y un hermano que no superan los 11 años, y respalda su resolución en el artículo 680 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC).

“El derecho del acusado a un juicio público puede ceder ante exigencias entre otras de orden público, perjuicio de los fines de la justicia, protección de la vida privada de las partes o de personas menores y respeto a la persona ofendida o a su familia, y en el concreto supuesto de la propia naturaleza y entidad de los hechos se desprende la existencia de razones que motivan la excepción legitimadora de suprimir en este caso concreto la garantía constitucional de que el juicio sea público”, sostiene el tribunal.

El auto, dictado ayer miércoles, día 4, no es firme y frente al mismo puede interponerse recurso de súplica en el plazo de tres días.

Denegada la libertad provisional

El matrimonio permanece ingresado en el Centro Penitenciario de Asturias desde que el pasado mes de abril los agentes de la Policía Local de Oviedo liberaran a los tres menores tras una llamada efectuada por una vecina a los servicios sociales del Ayuntamiento de la capital asturiana.

En esa llamada, aseguraba que a pesar de que en el chalé de sus vecinos apenas había movimiento y tan solo se veía al padre abrir la puerta a los repartidores, había podido observar a unos niños mirar al exterior desde una de las ventanas.

Todas las peticiones de las defensas para tratar de que la pareja saliera en libertad provisional a la espera del juicio fueron desestimadas por la Audiencia Provincial de Asturias.

Sin socializar

Las magistradas se basaron en el atestado policial que recogía que tanto el padre como la madre mantuvieron a sus hijos, durante cerca de cuatro años -desde 2021 a 2025, en el interior del domicilio familiar “con ausencia total de escolarización y de todo tipo de cuidados y seguimientos sanitarios”, e impidiéndoles la socialización, lo que les ha llevado a “un retraso evidente en diferentes áreas del comportamiento humano”.

A todo ello se añade la “situación deplorable” en la que se encontraba la vivienda, con “múltiples focos de basura” en el baño, la cocina, la escalera o junto a las camas de los niños, y con “una ausencia total de las condiciones de higiene y salubridad adecuadas para el desarrollo de una vida normalizada”.

La Fiscalía solicita sendas condenas de 25 años y cuatro meses de cárcel por los delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia

Reiteración delictiva

La Audiencia admitía que el riesgo de reiteración delictiva era, en ese momento, “poco relevante”, puesto que los menores se encuentran bajo la tutela del Principado de Asturias, pero subrayaba que “sí que se da un evidente e importante riesgo de fuga, dada la gravedad de la pena” que se les podría imponer.

Las elevadas penas a las que se enfrentan también jugó en contra del matrimonio. La Fiscalía solicita sendas condenas de 25 años y cuatro meses de cárcel a cada miembro de la pareja por los delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia.

En su relato de hechos, la acusación pública expone que el matrimonio se trasladó a residir a una vivienda familiar a las afueras de Oviedo, en diciembre de 2021, junto a sus tres hijos, dos gemelos, que ahora tienen nueve años, y otro niño que actualmente tiene once.

Solo el padre estaba empadronado

La familia procedía de Alemania, de donde es natural el padre, que era la única persona que figuraba empadronado en el chalé, ya que no constaban ni su mujer, ni los menores de edad en registro público alguno, incluidos el escolar o la Seguridad Social.

Hasta el pasado 28 de abril, cuando se produjo la intervención policial que liberó a los menores, el matrimonio, “de común acuerdo”, según admite la Fiscalía, incumplió “los deberes de protección” que tenían sobre sus hijos, a los que privaron de sus necesidades “educativas, sanitarias, emocionales y sociales”.

Absoluto aislamiento de los menores

Los acusados, según consta en el escrito de calificación, “encerraron a los menores en el interior de la vivienda y los aislaron de forma absoluta del mundo, negándoles el contacto con otras personas, tanto físicamente como por cualquier medio de comunicación”.

El aislamiento del mundo exterior era absoluto, ni se relacionaban con terceras personas, ni conocían a otros miembros de la familia. El mundo de los menores se circunscribía únicamente al contacto entre los hermanos y sus progenitores y siempre dentro de casa.

Los niños estaban sin escolarizar, sin seguimiento sanitario y aislados de todo contacto con el mundo exterior. Los gemelos, a sus ocho años, aún no sabían leer, ni escribir

“No salieron para nada al exterior, ni siquiera al jardín con el que contaba la vivienda, durante casi cuatro años por el infundado temor que tenían los acusados, y que habían inculcado a sus hijos, a que se contagiasen de algo”, recalca la Fiscalía.

Recuperarse de las secuelas

Un ejemplo claro de esa situación es que los gemelos, con 8 años cuando fueron encontrados por los agentes, no sabían leer ni escribir.

Entre tanto, los menores siguen tratando de hacer una vida lo más normalizada posible con la ayuda de profesionales. La Dirección General de Infancia y Familias está garantizando a los hermanos un entorno “seguro, protegido y acompañado por profesionales especializados”, según ha confirmado a este periódico un portavoz de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, de la que es titular la consejera Marta del Arco.

La búsqueda de familiares

Desde un principio, la idea del equipo de profesionales era lograr el equilibrio emocional de los menores y buscar a algún familiar que pudiera mantener un vínculo afectivo con ellos para que no tuvieran que seguir en un centro.

Inicialmente la búsqueda fue infructuosa y se llegó a contactar incluso con el Consulado alemán y la Embajada de Estados Unidos (EEUU) para ver si se lograba encontrar a familiares directos que pudieran incluso llegar a hacerse cargo de los menores.

La opción de la acogida temporal

Desde la administración regional barajaban como una de las principales opciones que los menores pudieran estar en acogida temporal si hubiera una familia que reuniera los requisitos, ya que en principio se descarta una posible adopción.

Inicialmente se pensó que dada la corta edad de los niños, este largo encierro podría acarrearles secuelas con el paso del tiempo.

Los abuelos regresaron a EEUU

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha ratificado que eso es exactamente lo que ha sucedido: “Están trabajando de una manera muy intensiva con los niños, tanto el personal educador como los psicólogos, porque realmente lo necesitan”, ha corroborado.

El Principado estudió las posibilidades de que los abuelos fueran quienes asumieran la custodia de sus nietos, una vez que el juzgado había retirado la patria potestad a sus padres, pero no es la opción más viable, dado que ya han regresado a su país de residencia, en Estados Unidos.

Una menor de 14 años ha conseguido probar que su abuelo la agredía sexualmente de forma continuada cuando acudía a comer y a dormir a su domicilio, ubicado en la localidad asturiana de Mieres, al aportar al juicio el audio que contenía algunos de estos episodios violentos.

El hombre ha admitido los hechos este jueves en la Audiencia Provincial de Asturias. Su defensa ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y la acusación particular por el que cumplirá una condena de 13 años de cárcel.

El reconocimiento explícito de su autoría en un delito continuado contra la libertad sexual ha hecho innecesaria la continuación del juicio que se estaba celebrando ante el tribunal de la Sección Segunda.

Aprovechaba sus visitas a casa

El procesado ha admitido el relato de las acusaciones que sostuvieron ante los magistrados que las agresiones sexuales se produjeron en su domicilio, donde reside junto a la abuela de la menor, entre los meses de marzo y noviembre de 2024.

La menor decidió grabar el audio para demostrar lo que sucedía; una prueba que ha resultado determinante para la condena del acusado.

Libertad vigilada

El acuerdo alcanzado entre las partes incluye además de los 13 años de cárcel, una pena de libertad vigilada durante 9 años; inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento durante 15 años, así como su inhabilitación para cualquier profesión, oficio u actividad, retribuida o no, que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad durante 19 años.

Asimismo, el tribunal ha acordado una orden de alejamiento para el acusado, con la prohibición de aproximación a menos de 500 metros de la menor, de su domicilio, lugares frecuentados por ella, así como de comunicarse con la misma por cualquier medio, todo ello durante 18 años.

En concepto de responsabilidad civil, el procesado se ha comprometido a indemnizar a su nieta con 30.000 euros.