El letrado Fausto Suárez ha sido trasladado este miércoles en una ambulancia, “intubado pero consciente”, hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, para ser atendido de las heridas infligidas en el tórax con un arma blanca. El letrado fue agredido en su despacho, ubicado en la Avenida Colón de la capital asturiana, donde fue localizado por los agentes.

Desde la Audiencia Provincial se había instado a la Policía Nacional para que intentara localizar al abogado, al no haberse personado en la sede judicial donde estaba citado a las 10 horas de hoy, miércoles, para defender a Cristina O.P., la única acusada que está en libertad provisional de los seis procesados, y a la que se imputa su presunta pertenencia a una red de narcotráfico muy activa en el Principado, a la que se incautó 600 kilogramos de cocaína, en 2022.

Apuñalado en su despacho

Un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Asturias ha confirmado a eldiario.es Asturias que el caso está ya “en fase de investigación” desde que a primera hora de esta mañana se tuvo conocimiento del apuñalamiento. Los agentes de la Policía Judicial están recogiendo pruebas en el mismo despacho donde ocurrieron los hechos.

Los agentes inicialmente se personaron en el domicilio del abogado ovetense y, al no encontrarlo ahí, se desplazaron en compañía de su mujer hasta el despacho. La presencia policial y el traslado del abogado en esas circunstancias causaron una gran consternación entre los vecinos de la zona.

Defensor de una acusada

A la consternación del vecindario se sumó igualmente la conmoción en medios jurídicos y judiciales, donde el letrado ovetense es muy conocido al llevar muchos años en ejercicio.

Cristina O.P. se había reunido con su abogado ayer mismo de cara al juicio de esta mañana y donde ella está acusada de pertenecer a la red que presuntamente lidera Carlos González Morales, conocido por el apodo de 'El Matador'.

El juicio no se suspendió

Tras unos primeros momentos de confusión por la ausencia del letrado finalmente el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial acordó celebrar la primera de las cinco sesiones que están señaladas para la vista oral del juicio: los días 23, 24, 27, 28 y 29 de este mes. Ante la ausencia de letrado que la representara, la parte relativa a la acusación de esta procesada no se ha tenido en cuenta en la jornada de hoy.

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de los seis presuntos integrantes de esta organización a la que se intervino un alijo de 600 kilogramos de cocaína en una nave ubicada en el concejo asturiano de Siero en 2022 tras una operación internacional en la que intervinieron agentes encubiertos.

Agentes encubiertos infiltrados

La operación policial que derivó en la detención de los acusados se inició el 30 de septiembre de 2022 cuando se recibió en la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional un escrito de la Fiscalía de Illinois (Chicago, EEUU) solicitando la apertura de un procedimiento judicial en el marco de una investigación conjunta con la agencia estadounidense HS (Homeland Security Investigations), la Policía Nacional de Colombia y la UDYCO Central.

En este escrito se aportaban los datos de una organización dedicada al tráfico de drogas radicada en Colombia y sobre la que las autoridades de Estados Unidos habían iniciado una operación encubierta, logrando introducir a un agente infiltrado en la organización, que presuntamente lideraba el conocido como 'Matador', quien solicitó asistencia para el transporte de aproximadamente dos toneladas de cocaína desde Colombia a España.

Droga de Colombia a Asturias

En el marco de la operación encubierta, la organización colombiana pretendía enviar la droga desde Colombia a España empleando una embarcación que recogería la droga en aguas internacionales. Para ello, el presunto cabecilla solicitó que una vez que la organización entregara todo el cargamento, éste fuera trasladado a España, donde sería entregada a los receptores y distribuidores finales.

“Continuando con la operación encubierta, el 25 de septiembre de 2022, la organización colombiana entregó 67 bultos con 20 paquetes cada uno (un total de 1.340 paquetes) a los agentes infiltrados que se encontraban a bordo de un barco encubierto en aguas internacionales cerca del Caribe, a unas 200 millas náuticas de Barbados”, señala el escrito de calificación provisional de la Fiscalía asturiana.

Dos bandas de narcotráfico

El 28 de septiembre, la droga fue transportada hasta San Juan (Puerto Rico) y procesada, dando positivo en cocaína. Fue custodiada por agentes federales de Estados Unidos a la espera de los trámites para continuar con la operación en España. Para poder presentar como evidencia en la investigación estadounidense se retuvo uno de los bultos con 20 paquetes intervenidos, por lo que viajaron a España 1.320 paquetes.

La solicitud de cooperación se efectuó con el objetivo de identificar a los miembros de la organización, ya que se descubrió que la droga iba dirigida a dos organizaciones criminales con conexiones en España.

Cocaína en la bodega de un vuelo

Una vez autorizada la apertura del procedimiento judicial en España, la droga fue transportada en la bodega de un vuelo comercial desde el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, Puerto Rico, al de Madrid. Junto con el escrito de la Fiscalía estadounidense, se adjuntaba el suscrito por el oficial de enlace de la Policía Nacional de España en Colombia.

Todo ello, junto con las vigilancias realizadas por la UDYCO de los movimientos de los miembros de la organización en España durante los meses de mayo y septiembre de 2022, motivó que la Fiscalía Especial Antidroga incoara el 5 de octubre de ese mismo año diligencias de investigación, autorizando la entrega controlada de 600 kilos de cocaína intervenidos en San Juan de Puerto Rico con destino a España.

Bajo custodia policial

Paralelamente, en un segundo decreto, la Fiscalía Antidroga autorizó la actuación de ocho funcionarios como agentes encubiertos, con el objetivo de identificar a los integrantes de la organización.

La droga fue trasladada hasta Madrid el 8 de octubre de 2022 vía aérea y permaneció bajo custodia policial a la espera de que los procesados decidieran recogerla.

Los delitos

En estos hechos, que llevaron a la introducción en España y la ocupación en Siero de 600 kilos de cocaína, tuvieron participación los procesados, que actuaron de forma jerárquicamente ordenada y de manera estable en el tiempo y que, según sostiene la Fiscalía asturiana, son los mismos contra los que formula la acusación y que han sido llevados al banquillo de la Audiencia Provincial de Asturias.

La Fiscalía imputa a los acusados su presunta autoría en delitos contra la salud pública, depósito de armas y tenencia ilícita de armas, ya que además de la droga se les intervinieron armas, algunas de guerra, y una gran cantidad de munición.

Catorce años después de que se destapara la existencia de la banca paralela que el asturiano Manolo Mori García creó, entre los años 1998 y 2012, cuando era director de una sucursal bancaria en Cangas de Onís, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Asturias por su responsabilidad en un delito continuado de apropiación indebida con las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas.

La sentencia, que aún no es firme y es susceptible de ser recurrida ante el Tribunal Supremo (TS), se ha fijado en dos años de prisión, que Manolo Mori no cumplirá al carecer de antecedentes penales y el pago de una multa de 1.500 euros.

Además, tendrá que hacer frente al abono de una indemnización al Banco Santander S.A. cifrada en 636.328,08 euros por el dinero que la entidad abonó a varios de los 33 perjudicados personados en el procedimiento como reparación del daño tras haber adquirido el Banco Popular S.A. que a su vez sucedió al Banco Pastor donde trabajaba el acusado.

Su eficacia como director de la sucursal bancaria del entonces Banco Pastor S.A., ubicada en Cangas de Onís, había logrado que el nombre de Manolo Mori se asociara a la de una figura similar a la de un 'conseguidor' que resolvía rápidamente las gestiones económicas de muchos vecinos y vecinas del concejo con los que tenía relaciones de confianza, bien por vecindad o amistad, y que acudían a su despacho para solicitar préstamos, entregarle en mano sus ahorros para que los ingresara en sus cuentas o pedir su asesoramiento sobre una posible inversión.

Gratificación por lograr 'morosidad cero'

Era habitual que incluso algunos clientes firmasen en blanco los documentos que el director les entregaba y que dejaran en sus manos el dinero, en vez de ingresarlo ellos personalmente en sus cuentas, porque no recelaban de su buen hacer, ni desconfiaban de su diligente actuación.

Su profesionalidad y buen trato con los clientes fueron gratificados con bonos por parte de sus superiores porque había logrado con éxito que en su oficina hubiera “morosidad cero”.

Hasta siete auditorías superadas

Durante 14 años, Manolo Mori fue el directivo perfecto, ya que a su empatía hacia todo aquel que acudía a solicitarle un favor o a pedirle que le hiciera un ingreso o un reintegro unía un carácter muy afable y cercano. Esa fue una etapa dorada, que duró desde febrero de 1998 a mayo de 2012, cuando dirigía el Banco Pastor de la localidad de la zona oriental asturiana.

Las siete auditorías que se llevaron a cabo por parte de la entidad bancaria durante ese período dieron la conformidad a sus cuentas. Y todo parecía ir sobre ruedas.

La fusión bancaria

Sin embargo, la fusión del Banco Pastor con el Banco Popular, que posteriormente fue adquirido por el Banco Santander en el año 2012, dio al traste con toda esa imagen de bonhomía, cercanía y profesionalidad.

Abrumado y superado por la situación, Manolo Mori se adelantó a la auditoría que se iba a realizar con los nuevos gestores y confesó que había creado una banca paralela.

Niega un beneficio personal

Él se ofreció de inmediato a colaborar aportando todos los datos de que disponía de los movimientos bancarios realizados, mientras repetía una y otra vez que no se había apropiado de dinero alguno para su propio beneficio personal ya que, según su versión, todos los movimientos que había realizado de unas cuentas a otras de clientes nunca fueron destinados a su propio enriquecimiento.

En una localidad donde casi todo el mundo se conoce, el director del banco es una de las figuras más relevantes y la noticia de la banca paralela se extendió por la zona en apenas unos minutos.

Colas de clientes ante la sucursal

El nerviosismo y la angustia comenzaron a apoderarse de los clientes que hasta ese momento habían permanecido ajenos a todo lo ocurrido y desconocían el maremágnum de sensaciones que iba a desencadenar esta revelación y el largo procedimiento judicial que se les venía encima.

Las colas delante de la sucursal fueron constantes desde el instante en que Manolo Mori confesó las operaciones irregulares que había llevado a cabo y hasta la oficina comenzaron a acercarse los clientes para reclamar su dinero. Entre tanto, los auditores iniciaban una ardua tarea para tratar de aclarar, una a una, cada partida económica y su destino final.

La confesión

La colaboración de Manolo Mori con los investigadores ha sido clave para que los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo, hayan aplicado una circunstancia atenuante de confesión a su condena a dos años de cárcel por su autoría en un delito continuado de apropiación indebida.

Una circunstancia atenuante a la que se ha sumado otra segunda atenuante por dilaciones indebidas debido al enorme retraso en que la causa llegó a ser enjuiciada.

Las dilaciones indebidas

La atenuante de dilaciones indebidas se ha aplicado al haber transcurrido otros 14 años desde que el procedimiento ha derivado en la vista oral del juicio ante la Sala y dos años más hasta hacerse pública la sentencia.

El juicio arrancó ante el tribunal de la Sección Segunda el 5 de marzo de 2024 y la sentencia se ha dictado en marzo de 2026, dos años después.

Un juicio con 14 años de retraso

No obstante, la sentencia viene a reflejar el trabajo meticuloso de la Sala que describe, a través de 106 páginas, de forma pormenorizada, paso a paso, cada una de las actuaciones contables, el dinero que reclamaba cada una de las acusaciones particulares que han ejercitado muchos clientes perjudicados, las peticiones de condena y los posicionamientos de Fiscalía, acusaciones y defensa.

Una sentencia condenatoria dictada en una causa que ha sido de las más complejas que se han visto hasta ahora en esta Audiencia Provincial, dado el elevado número de personas perjudicadas y la falta de documentos de las que muchas de ellas disponían para acreditar el dinero entregado, lo que ha obligado a un esfuerzo mayor para tratar de delimitar cada intervención ilícita.

Hechos probados

Finalmente, el tribunal ha declarado probado que el acusado ostentó el cargo de director de la sucursal de la entidad Banco Pastor S.A., sita en Cangas de Onís, desde el 1 de febrero de 1998 al 22 de mayo de 2012, fecha ésta última en la que la entidad bancaria se refundió con Banco Popular S.A., dando lugar a una sola sede física; siendo posteriormente adquirido el Banco Popular por Banco Santander S.A.

Durante este largo período de tiempo, “aprovechándose de la posibilidad que le otorgaba su puesto y guiado por un ánimo de enriquecimiento (bien en su propio beneficio, bien en el de terceros –que en unas ocasiones eran clientes de la citada sucursal bancaria y en otras, personas ajenas a la misma-), realizó sin conocimiento ni consentimiento de la entidad para la que trabajaba y burlando sus mecanismos de control, una pluralidad de actos dispositivos irregulares en las cuentas de clientes de aquélla, sin contar para ello tampoco con el conocimiento ni autorización de los clientes afectados por tales actos dispositivos”, señala la resolución judicial.

Relación de confianza y amistad

Tales operaciones consistieron tanto en retiradas de sumas de dinero de las cuentas de muchos de los clientes bancarios, como en no materializar el ingreso de cuantías dinerarias que algunos clientes le entregaron al acusado para que éste las integrara en sus cuentas.

El tribunal subraya en la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, que para que todas estas actuaciones se pudieran llevar a cabo el acusado se sirvió de la relación de confianza, vecindad y/o amistad que le unía con los clientes afectados, así como también, del crédito empresarial de la entidad para la que servía profesionalmente.

Firmas en documentos en blanco

“Así, uno de los modos en los que consiguió formalizar los reintegros en las cuentas de las que detraía fondos, fue presentando a los clientes afectados por tal operativa impresos bancarios –por tanto, con el consiguiente membrete de la entidad- ”en blanco“, solicitándoles que los firmaran bajo el falso pretexto de que tales documentos, una vez firmados, los usaría para gestionarles o lograrles beneficios de diversa naturaleza (nuevos intereses, rentabilidades, productos financieros, prórrogas de productos contratados, etc…), sin que ello ocurriera finalmente, al emplear el acusado dichos documentos, una vez firmados, para extraer dinero de las cuentas de dichos clientes con importes que él consignaba a su entera voluntad”, sostienen los magistrados.

Esta era “una forma irregular de operar”, subraya la sentencia, pero según han declarado acreditado los magistrados no era la única.

Otros métodos

“En otras ocasiones el acusado autorizaba dichas detracciones de las cuentas de clientes estampando su propia firma en el lugar correspondiente al titular de la cuenta; materializando tales extracciones dinerarias en otros supuestos sin firma alguna”, expone la resolución judicial.

Asimismo, el encausado recibió de varios clientes cuantías monetarias para su ingreso en sus cuentas bancarias, que “éste nunca materializó, disponiendo del dinero que se le había entregado conforme al ánimo de enriquecimiento –propio o en favor de terceros- ya aludido”, incide el fallo.

La sentencia establece un amplio abanico de indemnizaciones para resarcir a los 33 clientes perjudicados, con cuantías que oscilan en una horquilla que va desde los 9.350 euros en los casos de menor cuantía hasta alcanzar un máximo de 645.800 euros para el cliente más perjudicado

Las indemnizaciones

La pena se ha fijado en dos años de prisión, cinco meses de multa a razón de 10 euros diarios e inhabilitación especial para ejercer actividades bancarias, crediticias y de seguros durante el tiempo de condena; todo ello con imposición de costas procesales, incluidas las devengadas por la actuación de las acusaciones particulares.

El exdirector de la entidad bancaria no ingresará en prisión al carecer de antecedentes penales y no superar la pena de dos años de cárcel.

El cliente peor parado

La sentencia establece un amplio abanico de indemnizaciones para resarcir a los 33 clientes perjudicados, con cuantías que oscilan en una horquilla que va desde los 9.350 euros en los casos de menor cuantía hasta alcanzar un máximo de 645.800 euros para el cliente más perjudicado.

Unas indemnizaciones destinadas a más de una treintena de víctimas que se verán incrementadas con los intereses a contar desde la fecha en la que cada perjudicado hubiera reclamado su pago con señalamiento de cantidades líquidas y hasta la fecha de la sentencia, así como con los intereses legales a contar desde esta resolución judicial hasta el completo pago de las sumas.

El tribunal impone al acusado, como responsable civil directo, el pago de una indemnización de 636.328,08 euros a abonar al Banco Santander S.A. como reembolso por los pagos que la entidad ya había adelantado a varias de las víctimas antes del juicio como reparación del daño. No obstante, esta entidad ha sido también declarada como responsable civil subsidiaria en la causa

Una doble condición

Además, el tribunal impone al acusado, como responsable civil directo, el pago de una indemnización de 636.328,08 euros a abonar al Banco Santander S.A. como reembolso por los pagos que la entidad ya había adelantado a varias de las víctimas antes del juicio como reparación del daño.

Aunque la Fiscalía había solicitado que el acusado reintegrara al Banco Santander S.A. 1.428.358,64 euros, más intereses, en restitución de las cantidades que también había resarcido a parte de los perjudicados, la Audiencia Provincial solo lo estimó parcialmente.

El tribunal explica en la sentencia que únicamente Manolo Mori debe reintegrar a la entidad bancaria 636.328,08 euros que era la cantidad que abonó a los perjudicados que fueron accionantes en el procedimiento judicial.

No obstante, la entidad Banco Santander S.A. ha sido declarada como responsable civil subsidiario, por lo que debe afrontar el pago de las cantidades a las que ha sido condenado el acusado, incluidos los intereses moratorios y legales, en su condición de adquirente del Banco Popular S.A., que a su vez sucedió a Banco Pastor S.A.

Ocho coacusados, absueltos

Otras ocho personas fueron también juzgadas como responsables civiles directos a título lucrativo. Todas ellas han sido absueltas: Adolfo N.A., Rafael Á.G., Rafael M.M., Julio César M.R., Ramón C.C.L., Federico B.V., Ana Isabel Z.G. y Fernando R.B.

A lo largo del procedimiento judicial se dio el caso de personas que dijeron que también habían sido perjudicadas y de las que el propio acusado aseguró no tener constancia alguna.

Algunas víctimas fallecieron

Inmediatamente antes de la celebración del juicio también se comunicó al tribunal el fallecimiento de varios de los perjudicados entre los que figuraban los hermanos José Ramón y Enriqueta Marina H. de D., y Francisco G.T. La Audiencia Provincial de Asturias ha reflejado en la resolución judicial que las indemnizaciones de las cantidades correspondientes a los perjudicados que hubieran fallecido, una vez se acredite tal extremo fehacientemente, corresponderán a sus respectivos herederos.

La causa también sufrió, a lo largo de su tramitación, diversas paralizaciones “injustificadas, siendo su duración desmesurada en atención a su complejidad, sin que ello pueda achacarse al acusado”, reconocen los magistrados.

La resolución judicial admite recurso

El tribunal deja constancia en la sentencia de que el acusado reconoció “plenamente” los hechos imputados que le atribuía la Fiscalía, al igual que había reconocido antes de la denuncia, ante los auditores de la entidad bancaria, “conductas irregulares, entregándoles textos manuscritos de contenido incriminatorio que se adjuntaron a la denuncia y coadyuvaron a la identificación de los perjudicados y a la cuantificación de los perjuicios. Conductas irregulares que también reconoció, aunque de modo limitado, en fase de instrucción”.

A pesar del tiempo transcurrido, el caso aún puede prolongarse en el caso de que alguna de las partes implicadas decida recurrir la sentencia, ya que la resolución judicial dictada por la Audiencia Provincial de Asturias no es firme y contra la misma aún cabe interponer un recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS).

El matrimonio que mantuvo aislados de todo contacto con el mundo exterior a sus tres hijos, dos gemelos que ahora tienen 9 años y un niño de 11, entre las cuatro paredes de su domicilio ubicado a las afueras de Oviedo, durante cuatro años, ha aprovechado el turno de última palabra en el juicio que les ha sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Asturias.

En su alegato final, la pareja ha admitido que su conducta “era anómala”, pero justifica que su comportamiento se debía a que sentía “un miedo insuperable” a que contrajeran el Covid–19 y estaba convencida de que la mejor solución era el autoconfinamiento familiar.

El matrimonio se ha mostrado dispuesto a colaborar con el Principado y la administración de Justicia para ayudar a reconducir esta situación y a recuperar alguna vez el vínculo paternofilial.

Es su máxima aspiración ahora que su único contacto con sus hijos se limita a media hora un día a la semana por teléfono y ante la gravedad de la petición de condena a la que se enfrenta, ya que las acusaciones –pública y particular– solicitan la imposición de sendas condenas para cada cónyuge de 25 años y cuatro meses de cárcel.

Declararon en inglés

“Querían lo mejor para ellos”, han trasmitido los acusados, el alemán Christian S., de 53 años, y su esposa la norteamericana con nacionalidad alemana Melissa A.S., de 48 años, en unas declaraciones efectuadas en inglés al traductor que se las iba relatando en castellano a los magistrados de la Sección Segunda que este jueves han dejado el juicio visto para sentencia en la cuarta jornada de la vista oral.

Esta era la ocasión en la que el matrimonio ha podido hablar directamente de sus sentimientos, sus emociones y sus reacciones a lo largo de estos cuatro años –desde 2021 a 2025– en que se autorrecluyeron en el chalé situado en la zona rural de la capital asturiana haciendo solo vida de puertas para adentro.

Una compleja situación personal y familiar después de la sorpresa que les produjo a todos los miembros de la familia la entrada en la vivienda de los agentes de la Policía Local de Oviedo, el pasado 28 de abril, para liberar a los menores, la detención, posterior ingreso en prisión de los padres y el internamiento de los niños en un centro de menores de la administración del Principado.

Los delitos imputados

Por ello, la pareja ha aprovechado el turno de última palabra una vez que ya han escuchado, dentro de la sala de vistas, todas las manifestaciones de las partes, las declaraciones de los testigos y las periciales psiquiátricas.

Unas palabras que han dirigido al tribunal que a partir de ahora tiene en su decisión su futuro más inmediato. Los magistrados tendrán que deliberar entre dos horquillas muy amplias. Si atienden a las tesis de la Fiscalía y la Letrada del Menor, Patricia Arce que ejercita la acusación particular, que solicitan sendas penas de 25 años y cuatro meses de cárcel por su presunta autoría en un delito de violencia psíquica habitual y tres delitos de detención ilegal o si se decantan por la versión de las defensas que interesan la libre absolución.

No estaban escolarizados

La Fiscalía suma a la petición de cárcel el pago de una indemnización de 30.000 euros para cada uno de los niños por los daños morales ocasionados y pide que a los padres se les prohíba aproximarse a los menores y se les suspenda cualquier régimen de visitas durante más de 11 años.

La acusación pública ha fijado así el perjuicio que los progenitores, Christian S. y Melissa A.S., han podido ocasionar a sus tres hijos por el prolongado tiempo en que no han podido salir a la calle, ni estar escolarizados, ni ser sometidos a seguimiento médico, ni socializar, ni llevar una vida “normalizada”.

La vía legal

Por su parte, los abogados Javier Guillermo Muñoz Pereira, que lleva la defensa de Melissa A.S., y Elena González, que representa a Christian S., piden la absolución.

A lo largo de las cuatro sesiones que se han desarrollado en la Audiencia Provincial de Asturias, los letrados defensores han reiterado que, en su opinión, los acusados nunca tuvieron que ser juzgados por la vía penal y se decantan por la vía asistencial como la mejor opción para abordar esta compleja situación.

Los dos acusados permanecen actualmente en el Centro Penitenciario de Asturias desde su detención y a esta cárcel han acudido a lo largo del año que llevan presos sus abogados defensores. En sus entrevistas con sus representados y en las visitas que han realizado al chalé donde residía la familia y que ha sido bautizada como 'la casa de los horrores' por los agentes de la Policía Local de Oviedo que intervinieron en el operativo pudieron comprobar que es una familia que “es normal, pero tiene un comportamiento que es anómalo y que responde a ese miedo insuperable al Covid”.

“No hay casa de los horrores”

En todas las ocasiones en las que las defensas han comparecido a las puertas de la sede judicial han transmitido a los medios de comunicación que esta denominación es además de incorrecta, injusta puesto que dicen que no se ajusta a su percepción.

A juicio de las defensas, la descripción de los agentes de que los niños vivían en una casa llena de “escombros y excrementos” no se corresponde con la realidad y en ningún caso, según su tesis, eso debería jugar en contra del matrimonio en un juicio penal, porque alegan que ellos no abandonaron a sus hijos y suplían su escolarización con el aprendizaje que seguían en la vivienda.

Juicio a puerta cerrada

No obstante, las defensas han querido ser cautas y no realizar declaraciones textuales de las manifestaciones que se producían dentro de la sala. Los letrados han reconocido a elDiario.es Asturias que han recibido un apercibimiento por parte del tribunal para que no realicen declaraciones al haber acordado que el juicio se celebrara a puerta cerrada, siguiendo así el criterio solicitado por la Fiscalía.

Por ello, este jueves se han limitado a señalar que confían, al igual que sus patrocinados, en que la sentencia que se dicte sea conforme a las peticiones de las defensas y que “este asunto por fin se reconduzca, de donde nunca debió salir, que es del ámbito asistencial o de ayuda de los servicios sociales”.

“Tuvieron decisiones erróneas”

“Nuestra defensa siempre ha sostenido –han afirmado– que esta es una familia normal en circunstancias anómalas y extraordinarias. Tomaron una serie de decisiones, seguramente equivocadas y erróneas, pero no criminales”.

El patrón no era el de una familia “socialmente adaptada”, un extremo que no se ha debatido desde el principio. Durante el juicio, el matrimonio ha incidido en que quiere recuperar el hilo con sus hijos, siempre bajo supervisión de quien tiene la tutela actualmente, que es el Principado de Asturias y ese tema, según las defensas, tampoco se ha puesto en duda.

“La etiqueta es estigmatizante”

“Su actuación siempre ha ido en interés de los menores y, aunque desde fuera quizá se ve extraño -aseguran- los que conocemos todo lo que ha sucedido y hemos visto la casa, sabemos que no se trataba de una casa de los horrores, una etiqueta que no compartimos y nos parece estigmatizante e injusta”.

Los abogados defensores confían en que su tesis absolutoria prevalezca en la sentencia que dicte la Audiencia Provincial de Asturias y esperan que la resolución sea “mesurada, moderada y conforme a derecho” y sobre todo que se pueda poco a poco ir recuperando la relación paternofilial.

Sin salida

“Realmente los padres se vieron inmersos en una bola de nieve y no supieron buscar una salida”, concluye.

Ahora, su futuro depende de los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias que emitirán la sentencia en los próximos días.

A.S.G., de 36 años, estaba casado y tenía dos hijos de 3 y 15 años. El 7 de febrero de 2017, su familia se despidió de él como un día normal cuando salió a trabajar. Tenía que desplazarse con una grúa móvil, de gran tonelaje, desde la base de la empresa Grúas Roxu S.A. sita en Tabaza, en el concejo asturiano de Carreño, hasta el parque eólico situado en el lugar denominado El Acebo, dentro del concejo asturiano de Grandas de Salime.

Un accidente laboral frustró su regreso a casa ya que, cuando circulaba en medio de una pista forestal, sin señalizar, con mala visibilidad debido a que estaba oscureciendo y por un terreno embarrado, éste cedió al paso del vehículo pesado y se precipitó por la ladera de una montaña, desde 66 metros. El trabajador salió despedido de la cabina y falleció esa misma noche en el lugar del accidente.

Tras un largo periplo judicial, los magistrados del alto tribunal asturiano han cuantificado en 371.130 euros la indemnización global para la viuda, sus hijos y los padres del fallecido, tras declarar que el accidente fue debido a la “omisión de medidas específicas de seguridad en el trabajo que provocó que el trabajador llevase a cabo sus tareas en una clara situación de riesgo y en tal omisión encontró su causa directa el accidente”, según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias.

Del sobreseimiento a la condena

La familia del trabajador ha tenido que esperar nueve años para ver declarada la responsabilidad empresarial en el accidente mortal. En este tiempo, la causa ha ido pasando por varios órganos judiciales: el Juzgado de Instrucción número Uno de Castropol dictó en 2018 auto de sobreseimiento provisional en una resolución que fue recurrida y confirmada por la Audiencia Provincial de Asturias donde se acordaba el archivo.

Posteriormente, la familia interpuso una demanda, que recayó en el Juzgado de lo Social 3 de Oviedo, donde ya empezó a establecerse una relación de causalidad hasta que finalmente la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha avalado su tesis de que la muerte en accidente laboral se debió a la falta de medidas de seguridad en el trabajo.

Los hechos probados

Según el relato de hechos probados, el día del accidente, A.S.G. recibió el encargo de la empresa para que condujera la grúa móvil de marca Liebherr, desde la base de Tabaza hasta el parque eólico ubicado en el lugar denominado El Acebo, “siendo el objeto del trabajo auxiliar con la grúa en las labores de reparación y mantenimiento de un aerogenerador”, según consta en la sentencia confirmada por el TSJA.

A.S.G. conducía la grúa con una Masa Máxima Autorizada (M.M.A) de 60.000 kilogramos, reflejada en su ficha I.T.V., sobre las 19.15 horas del 7 de febrero de 2017 dentro de una pista forestal cuando “de forma sorpresiva la calzada se derrumbó al paso del vehículo especial que conducía, hundiéndose las ruedas derechas del aparato, lo que ocasionó que el camión grúa girase sobre sí mismo volcando de lado (giro de tonel) y cayendo por el precipicio existente en la margen derecha de la vía”. A consecuencia del accidente, el trabajador falleció a las 21 horas del mismo día.

El “esfuerzo probatorio” de la familia

El TSJA ha dictado una sentencia condenatoria en base tanto a los informes técnicos emitidos por la Guardia Civil como a las pruebas periciales practicadas a instancia de la propia familia de la víctima.

La sentencia resalta el hecho de que frente al esfuerzo probatorio realizado por la familia, ninguna prueba pericial se practicó a instancia de las codemandadas.

La responsabilidad empresarial

Paradójicamente, frente al contundente informe de la Guardia Civil, la inspectora de Trabajo no apreció infracción de normas de seguridad en la producción del accidente.

El informe de la Inspección de Trabajo discrepaba respecto a la responsabilidad empresarial, en contraposición a los extremos corroborados por la Guardia Civil, que han sido avalados por la justicia.

Un lugar “remoto y sin señales”

El informe técnico de la Guardia Civil especificaba que la grúa no tenía autorización para circular por la pista forestal donde ocurrió el accidente e incluso constaba un oficio del Ayuntamiento de Grandas de Salime advirtiendo de la ausencia de solicitud de informe en orden a permitir la circulación de vehículo especial.

En un oficio de la Guardia Civil se describía que el accidente se registró “en un lugar remoto, deshabitado, en horas nocturnas, con ausencia de señales identificativas de cualquier tipo, lo que hizo dificultosa la labor de identificación del lugar, hasta el punto de que se posicionó erróneamente sobre el término municipal de Ibias cuyo partido judicial correspondería al Juzgado de Cangas de Narcea”.

El error de ubicación

Sin embargo, con posterioridad, se pudo verificar que se había producido dentro del término municipal de Grandas de Salime perteneciendo al partido judicial de Castropol.

El firme donde se produjo el accidente era “flexible” y el estado de conservación “malo”, por el grado de humedad, baches y surcos, y carecía de iluminación artificial, siendo el horario al atardecer (con poca luminosidad), y mala visibilidad por la configuración de la vía con abundantes tramos curvos y márgenes provistos de vegetación arbórea formando bosque y talud en el margen izquierdo, según consta en la sentencia.

Sin planificación

La empresa de grúas, de la que es titular J.M.G.S., omitió las medidas específicas de seguridad en el trabajo, según advierten los magistrados, dado que la actividad laboral con grúas de gran tonelaje -como la que conducía A.S.G.-, requieren una planificación y cuidado que no se tuvo por parte de la mercantil.

A esta circunstancia se vino a sumar el hecho de que el lugar por donde el gruista circulaba, en medio de una pista forestal, carecía en 2017 de cualquier tipo de señalización, sin que el trabajador contara con la indicación concreta del lugar al que tenía que dirigirse.

El gruista “no se distrajo”

La Guardia Civil descartó la posible existencia de una posible distracción del conductor “en tanto que el trazado de la huella de impronta discurre paralelo al eje de la calzada, mientras es trazada la curva a derecha”.

Además tenía el permiso de la clase C desde hacía 15 años y llevaba trabajando en Grúas Roxu S.A. con la categoría de gruista desde 1999, por lo que, según exponía, “tenía una dilatada experiencia laboral en la empresa para la cual trabajaba conduciendo este tipo de vehículos especiales”.

La condecoración

La familia no ha querido hacer declaraciones ya que, según han asegurado fuentes cercanas, está atravesando un momento delicado puesto que, al dolor por el fallecimiento del trabajador, se sumó el hecho de ver cómo se personaba en la causa Grúas Roxu S.A.como perjudicado solicitando el coste de la grúa.

Una circunstancia añadida ha sido el anuncio del Ayuntamiento de Siero, municipio donde reside la familia, de que el empresario J.M.G.S. será condecorado con la medalla de oro del concejo, en una fecha aún por determinar, al acoger la propuesta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) por su contribución a “crear riqueza y empleo en el territorio”.

El tribunal de la Audiencia Provincial de Asturias que juzgó y condenó a Natalio Grueso, ex director general del Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer, ubicado en Avilés, a una pena de ocho años de cárcel y a su inhabilitación absoluta para contratar con las administraciones públicas o entidades del sector público durante ocho años, ha emitido un informe desfavorable a la petición de indulto instada por el cantautor catalán Joan Manuel Serrat, premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, y a la que se adhirieron otras 70 personas.

Los magistrados de la Sección Tercera consideran que no concurren motivos de “equidad, justicia o conveniencia” que hagan aconsejable su concesión.

La fuga, penaliza

Eldiario.es Asturias ha accedido al informe donde la Sala estima que la fuga que protagonizó el ex director general para eludir su ingreso en prisión debe jugar en su contra a la hora de obtener esta medida de gracia.

En este informe, el tribunal se opone a la concesión de un posible indulto al mantener que “ni se ha producido actuación del penado, ni ingreso voluntario en Centro Penitenciario, que le hagan acreedor del beneficio solicitado”.

Al expediente tramitado, del que se dio traslado a las partes, se incorporaron tanto un informe de conducta de la Delegación del Gobierno en Madrid como un informe negativo del Ministerio Fiscal.

“No cumple los requisitos de la ley”

La Fiscalía argumenta que Natalio Grueso no cumple los requisitos establecidos en la Ley de 18 de junio de 1870 por la que se establecen las reglas para el ejercicio de la gracia del indulto.

Entre otras razones, aduce que no ha estado a disposición del tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena, una de las excepcionalidades recogidas en la legislación para ser susceptible de ser indultado.

La huida del país

Natalio Grueso huyó del país al ser confirmada su condena por el Tribunal Supremo (TS) por su autoría en un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso medial mercantil y oficial y un delito continuado societario.

Durante más de dos años permaneció fugado de la Justicia a raíz de que el alto tribunal declarara la firmeza de la sentencia condenatoria y se decretara su inmediato ingreso en prisión.

Busca y captura

En la causa consta que el ex director general del Niemeyer se sustrajo a la acción de la Justicia hasta en dos ocasiones.

“En el Procedimiento Abreviado se dictó con fecha 14 de septiembre de 2018 auto acordando su prisión provisional comunicada y sin fianza ante la imposibilidad de citarle para el acto del juicio, habiendo estado privado de libertad desde el 18 de septiembre hasta el 24 de octubre de 2018”, señala la Audiencia Provincial.

“En ejecución de sentencia se emitió orden requisitoria de busca, detención e ingreso en prisión con fecha 9 de agosto de 2023 para la ejecución de la pena privativa de libertad. Dicha orden -añade- se mantuvo en vigor hasta la detención del penado por las Fuerzas de Seguridad de la República Portuguesa en virtud de Orden Europea de Detención y Entrega, y su puesta a disposición de las autoridades españolas”.

Localizado y detenido en Portugal

Como medida cautelar, se le había retirado el pasaporte por lo que había dos opciones: por un lado, podría haber huido a un país donde no hiciera falta este tipo de documentación o bien que se hubiera refugiado en un país donde estuviera utilizando un pasaporte con identidad falsa.

La duda se resolvió el pasado mes de diciembre cuando fue localizado y posteriormente detenido en la localidad portuguesa de Olhão, un pueblo costero situado en la región del Algarve, en el extremo sur del país luso, tal y como adelantó este periódico.

A continuación reproducimos el vídeo que fue difundido, en diciembre de 2025, por la Guardia Civil, donde se puede apreciar cómo Natalio Grueso estaba haciendo vida normal, ajeno a la operación policial que se iba a poner en marcha minutos después para su arresto.

Unas imágenes que también se publicaron a través del perfil oficial del instituto armado, entre otros, en este post de la red social X.

De la cárcel de Badajoz a la de Aranjuez

Natalio Grueso mostró su deseo de que el cumplimiento de los ocho años de cárcel se realizara en una prisión de Madrid, ya que alegó a las autoridades portuguesas que es “en la capital española donde se encuentra su vida personal”.

Tras su entrega a las autoridades españolas, fue trasladado al Centro Penitenciario de Badajoz y actualmente se encuentra internado en el Centro Penitenciario Madrid VI Aranjuez, donde cumple la pena de prisión con fecha de inicio 15 de diciembre de 2025 y cumplimiento el 25 de octubre de 2033.

El impacto de la gestión

El cantautor catalán Joan Manuel Serrat, premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, encabeza la petición de indulto a la que se han adherido 70 personas de diversos ámbitos culturales nacionales e internacionales que consideran que la condena impuesta al ex gestor cultural es “desproporcionada”.

El cantautor catalán Joan Manuel Serrat, premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, encabeza la petición de indulto a la que se han adherido 70 personas, entre otros el cineasta Woody Allen. Consideran que la condena impuesta al ex gestor cultural del Niemeyer es desproporcionada

La indemnización

Entre otras razones, alegan que Natalio Grueso ya había abonado la indemnización de 78.819 euros; cantidad en la que los tribunales de justicia cuantificaron el delito de malversación de caudales.

“Un perjuicio ciento de veces menor que el impacto derivado de la gestión global realizada por Don Natalio -exponen- si consideramos solamente el valor de marca internacional generado, según una consultora especializada, o las derivadas del incremento de afluencia turística derivado de las actividades culturales llevadas a cabo una vez inaugurado el Centro Niemeyer”.

Adhesiones a la medida de gracia

El escrito con la petición de indulto se presentó en 2023 ante la División de Derechos de Gracia y otros derechos de la Subsecretaría de Justicia, en Madrid, y va acompañado de otro documento que está respaldado, entre otras personalidades del mundo cultural, por el director de cine estadounidense Woody Allen, artistas como India Martínez, Juan Echanove o Aitana Sánchez-Gijón y el exministro Manuel Pimentel

En el documento se adjuntan las firmas, entre otros, del exembajador de España en los Emiratos Árabes y exembajador en Nicaragua Manuel Piñeiro, el entonces presidente del Patronato del Centro Niemeyer durante cuyo mandato se produjeron los hechos Manuel Ángel Díaz y el exdirector del Banco de Inglaterra, Robert Morrison Gibb Brown.

Artistas nacionales e internacionales

Entre los artistas “de reputación nacional e internacional” citan expresamente a los cantantes Ana Belén, Víctor Manuel y Javier Gurruchaga, el actor Pedro Ruíz, el presidente de la Asociación de Intérpretes Luis Cobos, el director del estudio de arquitectura Niemeyer Jair Rojas, así como a varios periodistas de los principales grupos de comunicación del país.

Entre otros aspectos, se destaca en estos escritos que prácticamente todos los espectáculos que se programaron con motivo de las funciones que desarrollaba en la Fundación Niemeyer consiguieron una aceptación popular que “desbordó todas las previsiones”.

La proyección del Niemeyer

Entre otras, se cita expresamente cómo la labor de promoción y difusión que llevó a cabo durante su etapa logró la participación de figuras “de la categoría mundial de Brad Pitt, Kevin Spacey, Paulo Coelho, Jessica Lange, Paco de Lucía, Bárbara Hendricks y Yo Yo Ma . Entre sus logros se incluye la presentación del programa de Educación de la ONU, el encuentro del G8 de la cultura y estrenos mundiales de películas y obras teatrales, entre otras actividades.

Otro apartado con el que justifican el indulto es, en opinión de los firmantes, el papel de la Fundación como productora de contenidos, un capítulo donde Natalio Grueso tuvo un papel destacado con la exposición “Luz” del director de cine Carlos Saura, en este caso por su faceta como fotógrafo, o la obra de la bailaora y premio Princesa de Asturias de las Artes María Pagés dedicada a Óscar Niemeyer y el Ricardo III de Sam Mendes, en colaboración con otros productores de diversos países.

Los magistrados declararon probado que durante su etapa, desde 2006 hasta 2012, Natalio Grueso generó gastos ajenos a los fines de la Fundación Niemeyer en el tiempo que duró su relación laboral, disponiendo de sus fondos en beneficio propio, de sus familiares, amigos y terceros de su entorno, "como si de su propiedad fueran", en detrimento de la Fundación Niemeyer

Los hechos probados

La sentencia declaró como hechos probados que Natalio Grueso, que permaneció en el cargo de director general desde 2006 hasta 2012, generó gastos ajenos a los fines de la Fundación Niemeyer durante todo el tiempo que duró su relación laboral, “disponiendo de sus fondos en beneficio propio, de sus familiares, amigos y terceros de su entorno, como si de su propiedad fueran, en detrimento de la Fundación Niemeyer”.

El coacusado José María Vigil, exagente de Viajes El Corte Inglés, al que le unía una relación de amistad, ocultó gastos de desplazamientos y estancias hoteleras de familiares y allegados con facturas falsas o alteradas a nombre de trabajadores de la Fundación Niemeyer o por conceptos ficticios, según consta en la sentencia del alto tribunal.

Las penas impuestas

El Tribunal Supremo ratificó la pena de ocho años de prisión impuesta en 2020 a Natalio Grueso, los dos años de cárcel al exsecretario de la Fundación, José Luis Rebollo, por delito continuado societario, y rebajó de siete años y seis meses a seis años de prisión la condena a José María Vigil por los delitos de malversación, falsedad y estafa.

La exmujer de Natalio Grueso, Judith Pereiro, y el exjefe de Producción del Centro Niemeyer, Marc Martí, que también fueron juzgados en este procedimiento, habían sido absueltos por la Audiencia Provincial de un delito continuado de malversación en concepto de cómplice y un delito de malversación respectivamente.

La Fiscalía de Asturias ha endurecido su petición de condena para el matrimonio que mantuvo aislados de todo contacto con el mundo exterior a sus tres hijos -dos gemelos que actualmente tienen nueve años y a su hermano, de 11- en un chalé, ubicado en la zona rural de Oviedo, por el miedo de sus padres a que contrajeran el Covid. Un autoconfinamiento familiar que comenzó en 2021 y concluyó en 2025 con la detención de los padres y la liberación de los menores.

A la pena de 25 años y cuatro meses de cárcel que interesa para cada miembro de la pareja, el Ministerio Fiscal ha sumado el pago de 30.000 euros de indemnización a abonar a cada uno de los menores por los daños morales ocasionados y ha reclamado que se prohíba a los progenitores acercarse a los niños y que se les suspenda cualquier régimen de visitas durante más de 11 años.

La acusación pública ha fijado así el perjuicio que los progenitores, Christian S. y Melissa A.S., han podido ocasionar a sus tres hijos por el prolongado tiempo en que no han podido salir a la calle, ni estar escolarizados, ni ser sometidos a seguimiento médico, ni socializar, ni llevar una vida “normalizada”.

Los menores, en un centro de acogida

Unas peticiones que comparte la Letrada del Menor que está personada en la causa en representación del Principado. Actualmente los tres hermanos están acogidos en un centro de menores dependiente de la administración regional.

Las acusaciones imputan al matrimonio su presunta autoría en los delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia.

La petición de nulidad

Unas peticiones de condena que contrastan con las de las defensas. Los abogados defensores, Javier Guillermo Muñoz Pereira, en nombre de la madre, y Elena González Martínez, en representación del padre, interesan la libre absolución y que se favorezca la reagrupación familiar con el apoyo de los servicios sociales. Han planteado además una cuestión de nulidad al estimar que en la diligencia de registro del domicilio se produjeron “irregularidades procesales”.

Estos dos posicionamientos se han podido escuchar dentro de la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo. Un juicio que se desarrolla desde esta semana a puerta cerrada.

Una cuarta sesión

Para esta tercera sesión, que tenía lugar este jueves, estaban señaladas la declaración de los padres, la comparecencia de una psicóloga y los informes de conclusiones de las partes. Sin embargo, la jornada se ha prolongado más de lo previsto y, a las tres de la tarde, en vista de que aún faltaban las defensas por emitir su informe, el tribunal ha acordado que se celebre una nueva sesión.

La cuarta sesión tendrá lugar el próximo 19 de marzo, a las 13 horas, según ha confirmado a elDiario.es Asturias un portavoz de la Fiscalía.

Los alegatos de las defensas

Ese día, los abogados defensores tratarán de convencer a los magistrados de que sus patrocinados no tenían ánimo alguno de aislar a sus hijos del mundo exterior, sino que su comportamiento “anómalo, pero no criminal” respondía a su “miedo insuperable” a que se pudieran contagiar con algún virus ya que lo estaban pasando muy mal porque ambos progenitores tenían covid persistente que les había provocado secuelas sensoriales y querían proteger a sus hijos.

No hacer ruido, ni movimientos

El tribunal ha podido escuchar, en la tercera sesión, por boca de los propios acusados las razones que les llevaron a autoconfinarse. Además del miedo al contagio, también temían que pudieran ser denunciados por los vecinos porque no tenían su situación regularizada en Asturias, dado que únicamente se había empadronado en la vivienda el padre. Una situación que les llevaba a evitar hacer ruidos y movimientos que indujeran a los vecinos de la zona a creer que había más personas residiendo en su interior.

Con la ayuda de un traductor, los padres han declarado en inglés “durante varias horas” y lo han hecho “tranquilos y confiados en que se haga justicia”, ha explicado el abogado Javier Guillermo Muñoz.

El apercibimiento

Es la escueta declaración que ha realizado el letrado, a su salida de la sede judicial. Tanto él como su compañera de defensa, Elena González, no han querido aportar más detalles de cómo ha transcurrido la declaración de sus representados, ya que se les ha apercibido expresamente de que, al tratarse de un juicio a puerta cerrada, no pueden trascender los datos de lo que ocurre dentro. Una cautela que les ha llevado a no decir siquiera el día en que se iba a reanudar el juicio.

A continuación, reproducimos sus palabras a la salida de la sede judicial esta mañana.

“Confianza en la justicia”

No obstante, antes de ese apercibimiento, a su llegada a la sede judicial, los letrados de la defensa habían asegurado que habían visitado ayer por la tarde a los acusados en el Centro Penitenciario de Asturias.

La abogada Elena González corroboró que los padres estaban “deseando que esto se resuelva” y puedan verse en libertad.

El miedo “insuperable”

“Es su oportunidad de poder explicarse ampliamente porque en la instrucción, realmente, como venían con el enfoque negativo que transfirió la policía local, estaba todo un poco contaminado”, afirmó la abogada.

“Ahora ya se han esclarecido los hechos y les van a escuchar claramente lo que ocurrió, por qué actuaron por un miedo insuperable y se autoconfinaron”, añadió.

Los tres hermanos ya están escolarizados “y rehaciendo su vida”, desde que fueron liberados del domicilio por agentes de la Policía Local, el pasado 28 de abril, y se encuentran en un centro de menores dependiente de la administración regional.

La vía penal

“El sistema y la sociedad les ha fallado porque la primera respuesta que se les ha dado ha sido la penal, cuando debería haber sido la última”, ha indicado Javier Guillermo Muñoz.

Está convencido de que la petición de las acusaciones es “desmedida y desproporcionada” ya que los niños “necesitan a sus padres para su normalización”, algo que el abogado confía en que pueda producirse, a pesar de que la custodia de los niños permanecerá en manos del Gobierno asturiano aunque haya una sentencia absolutoria.

La mejoría de los hermanos

En función de la sentencia, que se conocerá en una o dos semanas, según el letrado, se podrán arbitrar medidas que permitan avanzar hacia la normalización “de unos niños que precisan de sus padres”.

Los tres hermanos han mejorado mucho desde que abandonaron la casa, en la que permanecieron entre diciembre de 2021 y abril de 2025, ahora juegan y se comportan como otros niños de su edad y, aunque aún presentan déficits educativos, están “en camino de recuperación social y personal”, según los forenses que les han examinado.

El contacto de la familia

Por su parte, el catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo, Julio Bobes, coincidió ayer con los abogados de la defensa en que este caso debería haberse derivado más a la vía asistencial que a la penal. En declaraciones a este periódico, el perito psiquiátrico destacó que lo más conveniente sería que los menores no perdieran el contacto con sus padres ya que actualmente apenas pueden escucharles por teléfono una media hora un día a la semana.

El próximo 19 de marzo se reanuda el juicio y, tras los informes de las defensas, el tribunal ofrecerá el turno de última palabra a los acusados por si quieren realizar algún tipo de declaración antes de que el juicio quede visto para sentencia.

El matrimonio que aisló de todo contacto con el mundo exterior a sus tres hijos -dos gemelos de ocho años y un niño de 10- en un chalé, ubicado en la zona rural de Oviedo, entre los años 2021 y 2025, por miedo a que contrajeran el Covid no padecen “enfermedad mental grave alguna”.

Este es el diagnóstico principal al que ha llegado el catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo, Julio Bobes, que examinó a Christian S. y a su esposa Melissa A.S., para conocer si detrás de este comportamiento podía haber algún tipo de trastorno mental que pudiera justificar el autoconfinamiento que privó a los menores de una vida normalizada socializando con personas ajenas a su círculo estrictamente familiar.

El peritaje

Julio Bobes acudió este miércoles a la sede de la Audiencia Provincial de Asturias para testificar como perito en la segunda sesión del juicio que desde ayer se desarrolla, a puerta cerrada, contra el matrimonio para ratificar su informe.

En los momentos previos, desde el exterior de la sede judicial, el catedrático de Psiquiatría atiende a elDiario.es Asturias para exponer las líneas principales de su peritaje. Asegura que coincide con los abogados de la defensa en que su caso debería haberse derivado más a la vía asistencial que a la penal y cree que lo más conveniente sería que los menores no perdieran el contacto con sus padres ya que actualmente apenas pueden escucharles por teléfono una media hora un día a la semana.

A continuación, en este vídeo que reproducimos se puede escuchar la argumentación del perito psiquiátrico.

“Hay miedo sí, pero insuperable... Ellos podían salir de la casa. De hecho salían a tirar la basura. Miedo insuperable sería el que no pudiera salir de casa o el que no es capaz de conectarse. Ellos tenían las luces en la casa encendidas, no había ningún ruido y eso es lo que extrañó a los vecinos, que se encendían las luces por la tarde o por la noche y no oían a nadie ni moverse, ni para abajo ni para arriba. Ni ruidos, ni música, ni televisión”, explica el perito.

“La vía penal no resuelve nada”

Julio Bobes reconoce que la pareja tenía temor a que todos los miembros de la familia pudieran ser vistos por los vecinos, ya que únicamente estaba empadronado el padre, y que pudieran llegar a ser denunciados, como finalmente ha ocurrido. Eran, bajo su criterio, “temores exagerados propios de estas circunstancias”.

El perito coincide en que llevar al matrimonio hasta el banquillo de los acusados por la vía penal “no resuelve nada” y él se inclina como fórmula más idónea por el campo asistencial que solo debería correr a cargo de especialistas en Psiquiatría, Pediatría y Psicología Clínica.

A través de las entrevistas que pudo mantener con el matrimonio, Julio Bobes tuvo conocimiento de que la familia había estado residiendo en la ciudad alemana de Hamburgo, país de procedencia del marido, y de ahí se trasladó a Berlín de donde llegó hasta el pueblo ubicado en la zona rural de Oviedo que era para ellos como “el paraíso”, ya que podían pasar más desapercibidos, como de hecho ocurrió durante cuatro años.

Secuelas por Covid persistente

Al haber contraído el matrimonio por dos veces consecutivas el Covid, el miedo a que sus hijos se contagiaran se fue acrecentando. A ello se sumó que a la pareja le quedaron secuelas sensoriales a consecuencia de sufrir covid persistente, lo que les incrementó su preocupación, según ha trasladado el perito a este periódico.

“La solución en esta causa no es la cárcel. Los padres no son enfermos mentales graves. Nunca estuvieron en tratamiento y necesitan ser ayudados por profesionales. Lo que presentan es un síndrome de acumulación y los problemas de las secuelas sensoriales por el covid persistente. Lo que habría que hacer es que esos niños tuvieran relación con los padres, porque no puede desaparecer su imagen”, ha añadido.

La sesión de hoy era, para las defensas, la mejor manera de que los padres pudieran expresar ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia la situación personal que desencadenó el autoconfinamiento. Sin embargo, no ha dado tiempo a que pudieran declarar en la vista oral del juicio, por lo que han sido citados a la sesión de mañana, en que se reanudará el juicio.

La declaración de los abuelos

En la jornada de hoy sí han declarado por videoconferencia los abuelos maternos, que llegaron a desplazarse a Oviedo cuando fue detenida su hija y su yerno y sus nietos fueron acogidos en un centro de menores del Gobierno de Asturias.

Aunque inicialmente se barajó la posibilidad de que un familiar directo pudiera hacerse cargo de los niños, de momento esta opción está descartada y desde el Principado se inclinan más por una familia de acogida temporal.

Los posicionamientos

La Fiscalía solicita para cada miembro de la pareja una pena de 25 años y cuatro meses de prisión por los delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia; la misma condena que interesa la Letrada del Menor.  

Los abogados de la defensa Javier Guillermo Muñoz Pereira y Elena González Martínez, que representan a Melissa A.S. y a Christian S., respectivamente, piden la libre absolución al sostener que ni hubo detención, ni se desentendieron de sus hijos ya que, según su versión, “únicamente tuvieron un comportamiento que podría calificarse de anómalo, pero nunca de criminal”.

Las “irregularidades” del registro

Los abogados defensores siguen manteniendo su petición absolutoria, aunque han presentado una cuestión de nulidad al considerar que en el registro de entrada al domicilio hubo “irregularidades procesales”.

Javier Guillermo Muñoz reiteró, una vez más, a las puertas de la sede judicial que en ningún caso sus patrocinados vivían en una “casa de los horrores”, como lo bautizaron los agentes policiales al acceder al domicilio ante el estado en que se encontraba.

Acumulación de enseres

Tanto él como la letrada Elena González aseguran que algunas estancias del domicilio estaban ordenadas y la descripción de otras habitaciones donde, según los policías, estaban llenas de escombros y excrementos en condiciones deplorables, no se ajustaría a la realidad, puesto que solo habría “acumulación de enseres”, por lo que, según inciden, no constituiría un delito.

“Aquí lo que habido es una familia con comportamiento disfuncional, anómalo, pero no criminal”, ha manifestado el representante legal de la madre. Entre otras razones, apunta a que al tratarse de una familia extranjera que no conocía el idioma cuando se trasladó a vivir a Oviedo y los problemas que tuvieron para registrarse sumado al miedo “insuperable” a contraer un virus -en esa fecha era el Covid- les llevó a autoconfinarse“.

Estudiar en casa

Tampoco los padres se desentendieron del aprendizaje de sus hijos, según las declaraciones que iban a realizar ante la Sala, ya que su idea era educar a sus hijos en casa y así lo estaban haciendo hasta el momento en que intervinieron los agentes de la Policía Local a raíz de que una vecina denunciara ante los servicios sociales del Ayuntamiento de Oviedo que sospechaba que en ese domicilio podría haber más personas y unos niños que no salían a la calle.

“Los padres crearon una célula en la que vivieron aislados”, si bien no ha habido “ningún tipo de detención” ilegal de los menores, dado que estos tenían la libertad de “deambular” dentro de la casa, han mantenido las defensas.

“Están devastados”

A la pregunta sobre cómo han encontrado al matrimonio, que actualmente se encuentra ingresado en el Centro Penitenciario de Asturias, los letrados han coincidido en que Christian S. y Melissa A.S. están “devastados”.

“No sustrajeron a los menores, ni hubo detención ilegal. Su comportamiento es anómalo y poco ortodoxo, pero no es criminal”, han añadido.

Periodistas extranjeros siguen el juicio

Las defensas también han dibujado una situación completamente diferente a la que ha trascendido a los medios de comunicación, no solo asturianos y nacionales, sino incluso en el extranjero. Un ejemplo de esa expectación mediática que ha despertado el caso se constata en el hecho de que hasta la capital asturiana se han desplazado periodistas y cámaras de televisión procedentes de Alemania y Luxemburgo.

Según los letrados, esa imagen que se ha dado de sus defendidos está totalmente distorsionada. Así, ni los niños presentaban “malformaciones”, ni presentaban un aspecto sucio cuando llegaron los agentes, puesto que “estaban aseados”.

“Tener la casa desordenada no es delito”

“Es una situación extraordinaria, anómala, extraña, pero no constitutiva de delito. Tener la casa desordenada no es un delito y no escolarizar a los hijos en un centro oficial no es un delito, puede ser una infracción administrativa y puede ser reprochable desde el punto de vista personal o social, pero no jurídico”, han corroborado.

La abogada del padre cree que la vía penal y afrontar una pena de tanta gravedad como es pedir 25 años de cárcel no solo no resolvería la situación familiar, sino que incluso sería “la más perjudicial” porque “se ha desmembrado una familia”. En su opinión, debería abordarse desde un punto de vista “asistencial”.

Habrá tercera sesión

El juicio se reanudará mañana, jueves, con una pericial, la declaración de los dos acusados -que aunque estaba prevista para la sesión de hoy no se pudo efectuar- que se llevará a cabo con la ayuda de un traductor que se encargará de transmitir las declaraciones que los procesados realizarán en inglés al ser el idioma en el que habitualmente se desenvuelven -el padre es alemán y la madre es estadounidense- y los informes con las conclusiones que las partes elevarán a definitivas.

Al término de estos informes, el tribunal de la Sección Segunda ofrecerá al matrimonio la posibilidad de intervenir en el turno de última palabra y el juicio quedará visto para sentencia.

Ni existe “una casa de los horrores”, ni tampoco “estaban retenidos los hijos, porque se trataba de un aislamiento voluntario”. Con esta argumentación, los abogados Javier Guillermo Muñoz Pereira y Elena González Martínez, tratarán de llevar al ánimo del tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias que el matrimonio formado por el alemán Christian S., de 53 años y la norteamericana con nacionalidad alemana Melissa A.S., nunca tuvo intención de retener a sus dos hijos gemelos, que actualmente tienen nueve años, y a su hijo mayor de 11, durante los cuatro años que estuvieron encerrados en un domicilio ubicado en la zona rural de la capital asturiana.

El matrimonio afronta sendas peticiones individuales de la Fiscalía de 25 años y cuatro meses de prisión acusado de los delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia por los cuatro años -de 2021 a 2025- que sus tres hijos menores de edad permanecieron ajenos a todo contacto con el mundo exterior, sin escolarizar y viviendo en una casa entre escombros, excrementos y en condiciones infrahumanas.

De los 25 años de cárcel a la absolución

Frente a esta petición de condena de la acusación pública, los abogados defensores interesan la libre absolución. Javier Guillermo Muñoz defiende a Melissa A.S., mientras que Elena González es la abogada que defiende a Christian S.

Ambos letrados llegaban juntos a la Audiencia Provincial y antes de traspasar la puerta de entrada a la sede judicial se vieron abordados por un numeroso grupo de cámaras de televisión, fotógrafos y periodistas, tanto de Asturias, como de Galicia, Madrid e incluso de Alemania, de donde procede el matrimonio. La expectación por conocer la versión de los padres era máxima.

“Los hijos no estaban secuestrados”

Sus primeras palabras fueron para rechazar rotundamente que la pareja tuviera secuestrados estos cuatro años a sus hijos. Christian y Melissa llevan ingresados en el Centro Penitenciario de Asturias desde su detención, el pasado mes de abril, cuando los agentes de la Policía Local de Oviedo liberaron a los tres menores tras una llamada efectuada por una vecina a los servicios sociales del Ayuntamiento de la capital asturiana. Entre tanto, los tres menores permanecen bajo la custodia de la administración del Principado de Asturias.

“Nuestro pronunciamiento va a ser absolutorio, porque este asunto creemos que debió llevarse por la vía de los servicios sociales, nunca del Derecho penal. No creemos que debe estar en la órbita del Derecho Penal. Esta familia decidió aislarse del mundo por las razones que se verán en el juicio y por los motivos que expresaremos aquí (en referencia a la Audiencia). Creemos y confiamos realmente en que la Sala va dictar una absolución sin perjuicio de que los Servicios Sociales de Asturias consigan adoptar las medidas necesarias, apoyando a la familia y a los niños”, expresó el abogado Javier Guillermo Muñoz, mientras su compañera Elena González asentía.

“Es una situación muy compleja”

Los abogados traducían sus propias declaraciones del inglés al castellano y viceversa, ante las numerosas interpelaciones que se les hacían desde los medios de comunicación españoles y alemanes.

“¿Por qué razones retuvieron a los niños en casa o mantuvieron a los niños en casa?”, fue la primera pregunta a la que, por razones obvias de que el juicio se celebra hoy y mañana a puerta cerrada por decisión del tribunal siguiendo el criterio de la Fiscalía, no podían responder con la argumentación que expondrán dentro de la Sala en la vista oral.

“Eso es precisamente el objeto de este juicio. Es una situación muy compleja. No son unas circunstancias tan simples. No hay ninguna casa de los horrores. Eso no existe aquí. Lo que ha habido es una situación de aislamiento voluntario. Una familia que no ha abandonado a sus hijos, sino todo lo contrario. Se ha volcado en sus hijos de una manera quizá extravagante o heterodoxa, lo podríamos llamar, pero desde luego no criminal”, ratifican los abogados defensores.

La denominación del caso responde a la manera en que fue bautizada la operación policial por los propios agentes al entrar en el domicilio.

“No debería ser un juicio penal”

Las defensas sostienen que el Derecho Penal no tiene encuadre en este caso concreto. Opinan que desde un principio se debería haber enfocado de una manera gradual, a través de los servicios sociales, que son los que tendrían que haber intervenido, ni la Policía, ni siquiera la justicia.

“Para eso estamos aquí, para que se determine la absolución”, corroboran casi al unísono, tanto con palabras como con lenguaje gestual.

“¿El daño a los menores?”

Ni Javier Guillermo Muñoz, ni Elena González creen que se haya podido acreditar durante la instrucción el daño que se habría podido producir a los tres menores, de ahí la importancia que se dará a la prueba pericial.

De antemano, los abogados recuerdan que al ser un juicio a puerta cerrada no pueden pronunciarse sobre ninguno de los detalles que serán motivo de análisis y debate de las partes, por lo que insisten una y otra vez en que no van a entrar en el fondo de la cuestión, aunque sí quieren aclarar que no hay un tema escabroso detrás de este “aislamiento voluntario”.

“No son unos delincuentes”

“¿Cómo están los niños”, se les pregunta. Y los abogados responden que “están bajo la tutela del Principado de Asturias”. “¿Y los padres, están confiados en el juicio?”, interpela un compañero de la prensa. Y la contestación es similar: “Están en prisión”.

No obstante, se les pide una valoración sobre su estado anímico, y las defensas aclaran: “Ellos no son unos delincuentes. Partiendo de esa premisa, las circunstancias de cómo se encuentran emocionalmente, obviamente son las de cualquier ciudadano normal que se encuentra en prisión y separados de sus hijos desde hace casi prácticamente un año. Así que no podemos definir -añaden- cómo están emocionalmente porque creemos que cualquier ciudadano, en circunstancias normales que no es un delincuente, obviamente sabrá cómo se deben de sentir”.

Los niños están ahora escolarizados

El estado psicológico y físico de los menores tampoco es una cuestión en la que los abogados defensores puedan ahondar y así lo manifiestan.

“Nosotros sobre los niños tampoco podemos pronunciarnos respecto a su estado psicológico, físico y demás. Ellos están yendo al colegio, están escolarizados, se están adaptando al nuevo patrón, digamos, de adaptación social y aprendiendo castellano”.

La custodia de los menores

Desde el Principado se ha incidido en que, de momento, dada la situación procesal de los padres y a la vista de que ningún familiar de los menores pudiera hacerse cargo de ellos, se pudiera optar por una familia de acogida temporal.

Esta cuestión también se le plantea a las defensas: “Nuestro objetivo es que si la Sala tiene a bien absolver a los padres que alguna vez, de manera gradual, puedan recuperar la custodia de sus hijos y lograr reunirse como familia que es del seno de donde ellos deberían desarrollarse. Los niños ahora mismo están bajo tutela de la administración, pero creemos que ese sería el camino correcto en pro y en protección de los intereses de los niños.

“Del tema de que se pudieran ir de acogida temporal, tendrán que preguntárselo a la Letrada del Menor, que es la que toma esas decisiones de las autoridades asturianas”, han añadido.

El relato de la Fiscalía

El Ministerio Fiscal relata en su escrito de conclusiones provisionales que el matrimonio se trasladó a residir a una vivienda familiar a las afueras de Oviedo, en diciembre de 2021, junto a sus tres hijos, dos gemelos, que ahora tienen nueve años, y otro niño que actualmente tiene once.

La familia procedía de Alemania, de donde es natural el padre, que era la única persona que figuraba empadronado en el chalé, ya que no constaban ni su mujer, ni los menores de edad en registro público alguno, incluidos el escolar o la Seguridad Social.

Los deberes de protección

Hasta el pasado 28 de abril, cuando se produjo la intervención policial que liberó a los menores, el matrimonio, “de común acuerdo”, según admite la Fiscalía, incumplió “los deberes de protección” que tenían sobre sus hijos, a los que privaron de sus necesidades “educativas, sanitarias, emocionales y sociales”.

Los acusados, según consta en el escrito de calificación, “encerraron a los menores en el interior de la vivienda y los aislaron de forma absoluta del mundo, negándoles el contacto con otras personas, tanto físicamente como por cualquier medio de comunicación”.

El aislamiento

El aislamiento del mundo exterior era absoluto, ni se relacionaban con terceras personas, ni conocían a otros miembros de la familia. El mundo de los menores se circunscribía únicamente al contacto entre los hermanos y sus progenitores y siempre dentro de casa. Los gemelos, cuando fueron encontrados por los agentes, no sabían leer ni escribir y aún llevaban pañales.

Entre tanto, los menores siguen tratando de hacer una vida lo más normalizada posible con la ayuda de profesionales. La Dirección General de Infancia y Familias está garantizando a los hermanos un entorno “seguro, protegido y acompañado por profesionales especializados”, según ha confirmado a este periódico un portavoz de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, de la que es titular la consejera Marta del Arco.

Las dos jornadas del juicio

La Letrada del Menor, Patricia Arce, solicita la misma pena que la Fiscalía -25 años y cuatro meses de prisión para cada miembro de la pareja- y no ha querido hacer valoraciones.

La primera jornada del juicio, que tiene lugar hoy ante el tribunal de la Sección Segunda, está previsto que se dedique a plantear las cuestiones previas que concurren. A continuación, prestarán declaración los policías locales y guardias civiles que intervinieron tanto en la liberación de los menores como en la detención de los padres.

También está previsto que testifiquen los agentes que hicieron la diligencia de registro en el domicilio y el reportaje fotográfico que acreditaba el estado en que se encontraba, así como los trabajadores sociales que han intervenido en la causa.

La cuestión de nulidad

Los padres declararán previsiblemente en la jornada de mañana y se procederá a elevar a definitivas las conclusiones provisionales de las partes.

Si no hay una modificación de calificaciones, las defensas interesarán la absolución e incluso plantearán una cuestión de nulidad al estimar que en esta causa “ha habido alguna irregularidad procesal y pondremos de manifiesto -aseguran- que la diligencia de entrada y registro no se practicó conforme a ley”.

El matrimonio que retuvo durante cuatro años a sus tres hijos menores de edad en una vivienda de la zona rural de Oviedo por miedo al contagio del covid-19, bautizado en la operación policial como “el chalé de los horrores”, será juzgado la próxima semana. La Audiencia Provincial de Asturias ha dictado un auto donde acuerda que la vista oral del juicio se celebre los próximos días 10 y 11 a puerta cerrada.

El tribunal de la Sección Segunda argumenta en este auto, al que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, que esta decisión responde a la necesidad de garantizar el bienestar de los tres menores de edad y ha valorado igualmente la entidad y gravedad de los hechos imputados a los padres.

Los delitos imputados

Las tres magistradas que integran el tribunal siguen así el criterio de la Fiscalía, que había solicitado que el juicio no fuera público “teniendo presente la naturaleza del delito enjuiciado, así como la entidad y gravedad del mismo con los perjuicios del todo desfavorables que pueden derivarse para las víctimas, todos ellos menores de edad”. Una petición que fue posteriormente apoyada por la Letrada del Menor.

Los acusados, el alemán Christian S., de 53 años y su esposa Melissa A.S. con doble nacionalidad estadounidense y alemana, están imputados como presuntos autores de los delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia.

Proteger a los tres niños

En este auto, la Sala expone que el hecho de que se celebre a puerta cerrada es la forma de proteger a los menores, dos gemelos y un hermano que no superan los 11 años, y respalda su resolución en el artículo 680 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC).

“El derecho del acusado a un juicio público puede ceder ante exigencias entre otras de orden público, perjuicio de los fines de la justicia, protección de la vida privada de las partes o de personas menores y respeto a la persona ofendida o a su familia, y en el concreto supuesto de la propia naturaleza y entidad de los hechos se desprende la existencia de razones que motivan la excepción legitimadora de suprimir en este caso concreto la garantía constitucional de que el juicio sea público”, sostiene el tribunal.

El auto, dictado ayer miércoles, día 4, no es firme y frente al mismo puede interponerse recurso de súplica en el plazo de tres días.

Denegada la libertad provisional

El matrimonio permanece ingresado en el Centro Penitenciario de Asturias desde que el pasado mes de abril los agentes de la Policía Local de Oviedo liberaran a los tres menores tras una llamada efectuada por una vecina a los servicios sociales del Ayuntamiento de la capital asturiana.

En esa llamada, aseguraba que a pesar de que en el chalé de sus vecinos apenas había movimiento y tan solo se veía al padre abrir la puerta a los repartidores, había podido observar a unos niños mirar al exterior desde una de las ventanas.

Todas las peticiones de las defensas para tratar de que la pareja saliera en libertad provisional a la espera del juicio fueron desestimadas por la Audiencia Provincial de Asturias.

Sin socializar

Las magistradas se basaron en el atestado policial que recogía que tanto el padre como la madre mantuvieron a sus hijos, durante cerca de cuatro años -desde 2021 a 2025, en el interior del domicilio familiar “con ausencia total de escolarización y de todo tipo de cuidados y seguimientos sanitarios”, e impidiéndoles la socialización, lo que les ha llevado a “un retraso evidente en diferentes áreas del comportamiento humano”.

A todo ello se añade la “situación deplorable” en la que se encontraba la vivienda, con “múltiples focos de basura” en el baño, la cocina, la escalera o junto a las camas de los niños, y con “una ausencia total de las condiciones de higiene y salubridad adecuadas para el desarrollo de una vida normalizada”.

La Fiscalía solicita sendas condenas de 25 años y cuatro meses de cárcel por los delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia

Reiteración delictiva

La Audiencia admitía que el riesgo de reiteración delictiva era, en ese momento, “poco relevante”, puesto que los menores se encuentran bajo la tutela del Principado de Asturias, pero subrayaba que “sí que se da un evidente e importante riesgo de fuga, dada la gravedad de la pena” que se les podría imponer.

Las elevadas penas a las que se enfrentan también jugó en contra del matrimonio. La Fiscalía solicita sendas condenas de 25 años y cuatro meses de cárcel a cada miembro de la pareja por los delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia.

En su relato de hechos, la acusación pública expone que el matrimonio se trasladó a residir a una vivienda familiar a las afueras de Oviedo, en diciembre de 2021, junto a sus tres hijos, dos gemelos, que ahora tienen nueve años, y otro niño que actualmente tiene once.

Solo el padre estaba empadronado

La familia procedía de Alemania, de donde es natural el padre, que era la única persona que figuraba empadronado en el chalé, ya que no constaban ni su mujer, ni los menores de edad en registro público alguno, incluidos el escolar o la Seguridad Social.

Hasta el pasado 28 de abril, cuando se produjo la intervención policial que liberó a los menores, el matrimonio, “de común acuerdo”, según admite la Fiscalía, incumplió “los deberes de protección” que tenían sobre sus hijos, a los que privaron de sus necesidades “educativas, sanitarias, emocionales y sociales”.

Absoluto aislamiento de los menores

Los acusados, según consta en el escrito de calificación, “encerraron a los menores en el interior de la vivienda y los aislaron de forma absoluta del mundo, negándoles el contacto con otras personas, tanto físicamente como por cualquier medio de comunicación”.

El aislamiento del mundo exterior era absoluto, ni se relacionaban con terceras personas, ni conocían a otros miembros de la familia. El mundo de los menores se circunscribía únicamente al contacto entre los hermanos y sus progenitores y siempre dentro de casa.

Los niños estaban sin escolarizar, sin seguimiento sanitario y aislados de todo contacto con el mundo exterior. Los gemelos, a sus ocho años, aún no sabían leer, ni escribir

“No salieron para nada al exterior, ni siquiera al jardín con el que contaba la vivienda, durante casi cuatro años por el infundado temor que tenían los acusados, y que habían inculcado a sus hijos, a que se contagiasen de algo”, recalca la Fiscalía.

Recuperarse de las secuelas

Un ejemplo claro de esa situación es que los gemelos, con 8 años cuando fueron encontrados por los agentes, no sabían leer ni escribir.

Entre tanto, los menores siguen tratando de hacer una vida lo más normalizada posible con la ayuda de profesionales. La Dirección General de Infancia y Familias está garantizando a los hermanos un entorno “seguro, protegido y acompañado por profesionales especializados”, según ha confirmado a este periódico un portavoz de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, de la que es titular la consejera Marta del Arco.

La búsqueda de familiares

Desde un principio, la idea del equipo de profesionales era lograr el equilibrio emocional de los menores y buscar a algún familiar que pudiera mantener un vínculo afectivo con ellos para que no tuvieran que seguir en un centro.

Inicialmente la búsqueda fue infructuosa y se llegó a contactar incluso con el Consulado alemán y la Embajada de Estados Unidos (EEUU) para ver si se lograba encontrar a familiares directos que pudieran incluso llegar a hacerse cargo de los menores.

La opción de la acogida temporal

Desde la administración regional barajaban como una de las principales opciones que los menores pudieran estar en acogida temporal si hubiera una familia que reuniera los requisitos, ya que en principio se descarta una posible adopción.

Inicialmente se pensó que dada la corta edad de los niños, este largo encierro podría acarrearles secuelas con el paso del tiempo.

Los abuelos regresaron a EEUU

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha ratificado que eso es exactamente lo que ha sucedido: “Están trabajando de una manera muy intensiva con los niños, tanto el personal educador como los psicólogos, porque realmente lo necesitan”, ha corroborado.

El Principado estudió las posibilidades de que los abuelos fueran quienes asumieran la custodia de sus nietos, una vez que el juzgado había retirado la patria potestad a sus padres, pero no es la opción más viable, dado que ya han regresado a su país de residencia, en Estados Unidos.

Una menor de 14 años ha conseguido probar que su abuelo la agredía sexualmente de forma continuada cuando acudía a comer y a dormir a su domicilio, ubicado en la localidad asturiana de Mieres, al aportar al juicio el audio que contenía algunos de estos episodios violentos.

El hombre ha admitido los hechos este jueves en la Audiencia Provincial de Asturias. Su defensa ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y la acusación particular por el que cumplirá una condena de 13 años de cárcel.

El reconocimiento explícito de su autoría en un delito continuado contra la libertad sexual ha hecho innecesaria la continuación del juicio que se estaba celebrando ante el tribunal de la Sección Segunda.

Aprovechaba sus visitas a casa

El procesado ha admitido el relato de las acusaciones que sostuvieron ante los magistrados que las agresiones sexuales se produjeron en su domicilio, donde reside junto a la abuela de la menor, entre los meses de marzo y noviembre de 2024.

La menor decidió grabar el audio para demostrar lo que sucedía; una prueba que ha resultado determinante para la condena del acusado.

Libertad vigilada

El acuerdo alcanzado entre las partes incluye además de los 13 años de cárcel, una pena de libertad vigilada durante 9 años; inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento durante 15 años, así como su inhabilitación para cualquier profesión, oficio u actividad, retribuida o no, que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad durante 19 años.

Asimismo, el tribunal ha acordado una orden de alejamiento para el acusado, con la prohibición de aproximación a menos de 500 metros de la menor, de su domicilio, lugares frecuentados por ella, así como de comunicarse con la misma por cualquier medio, todo ello durante 18 años.

En concepto de responsabilidad civil, el procesado se ha comprometido a indemnizar a su nieta con 30.000 euros.

La imputación del exlíder minero José Ángel Fernández Villa en el 'caso Hulla' ha quedado totalmente descartada. La magistrada-jueza que investiga las irregularidades detectadas sobre la subvención, adjudicación y construcción de la residencia geriátrica del Montepío de la Minería, ubicada en la localidad de Felechosa, en el concejo asturiano de Aller, ha concluido la instrucción -después de nueve años- y le ha apartado de la causa por su inimputabilidad penal.

Los médicos forenses le diagnosticaron una enfermedad neurológica degenerativa que le impediría seguir un juicio de estas características “con garantías”.

El ex secretario general del Sindicato Obrero Minero de Asturias (SOMA-UGT), de 82 años, no se sentará definitivamente en el banquillo de los acusados, ni tendrá que dar explicaciones por la vía penal sobre la procedencia de su patrimonio, ni justificará si el origen de 1,2 millones de euros que intentó regularizar en la amnistía fiscal de 2012 tuvo vinculación alguna con presuntas 'mordidas' relacionadas con las obras del geriátrico, que habían sido financiadas con cargo a los fondos mineros tras modificar el Decreto que regulaba su concesión.

Los tribunales dirimirán si los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude de subvenciones, continuado de falsedad documental, tráfico de influencias, estafa/apropiación indebida y contra la ordenación del territorio, tanto en su autoría material o a título de cooperador necesario o inductor según los casos

Los delitos

La magistrada-jueza María Begoña Fernández, titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo -antiguo Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo-, ha dictado un auto, fechado el pasado día 17, donde da por finalizada la instrucción y acuerda que continúe la tramitación de las diligencias previas y su transformación en procedimiento abreviado.

El objetivo final es dirimir si los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude de subvenciones, continuado de falsedad documental, tráfico de influencias, estafa/apropiación indebida y contra la ordenación del territorio, tanto en su autoría material o a título de cooperador necesario o inductor según los casos.

En el auto, que consta de 16 páginas y al que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, se decreta el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a María Elena Postigo, hija del expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo, considerado el hombre de confianza del exlíder minero.

La lista de imputados

Por el contrario, mantiene en la lista de imputados a 18 personas, entre los que figuran la esposa de Fernández Villa, María Jesús Iglesias, y sus hijos Rolando y Ángela; así como José Antonio Postigo, su exmujer María Elena Pérez Veiga, su hija Patricia Postigo y la pareja de Postigo, Dorina Bicher.

En la relación de imputados están también los dos socios de la empresa Alcedo de los Caballeros Juan Antonio Fernández y Juan Carlos Riera, la esposa del primero Rocío San José y el arquitecto Manuel Sastre.

Los otros nueve restantes son el aparejador Vicente Fernández, el proveedor Jorge González Muñiz, los exalcaldes de Aller David Moreno y Gabriel Pérez Villalta; Rodica Daniela Timis y los asesores fiscales Rafael Virgós y José Manuel Fernández Fernández.

Nueve años de instrucción

La magistrada-jueza María Begoña Fernández comenzó a instruir esta causa en abril de 2017, a raíz de que desde la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada se remitiera un escrito de querella donde instaba a la investigación de unos hechos que consideraba que podían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales vinculados a delitos de falsedad en documento oficial y mercantil, fraude de subvenciones, tráfico de influencias, delito societario por apropiación indebida, delito contra la hacienda pública, ello sin perjuicio de posibles delitos de prevaricación, prevaricación urbanística y malversación de caudales públicos.

En ese escrito ya se citaban los nombres de las personas que finalmente han sido incorporadas a esta lista de imputados, incluso el de José Ángel Fernández Villa aunque en su caso se archivó y posteriormente se dictó auto de sobreseimiento provisional de las actuaciones ratificado a su vez por auto de mayo de 2025 de la Audiencia Provincial de Asturias.

En todos estos autos judiciales se le eximía debido a su delicado estado de salud. En la nueva resolución, dictada por la magistrada-jueza de instrucción, ya queda totalmente descartada la imputación del exlíder minero.

La Fiscalía Anticorrupción sospechaba de la procedencia del patrimonio tanto de Fernández Villa, quien durante 35 años -entre los años 1979 y 2013- estuvo al frente del SOMA-UGT, como de su mano derecha, el expresidente del Montepío de la Minería José Antonio Postigo. Ambos se habían acogido a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro en 2012 para regularizar 1,2 millones y 436.000 euros, respectivamente

La amnistía fiscal

Uno de los objetivos de esa investigación también iba dirigida a averiguar la procedencia del patrimonio tanto de Fernández Villa, quien durante 35 años -entre los años 1979 y 2013- estuvo al frente del SOMA-UGT, como de su mano derecha, José Antonio Postigo.

Ambos se habían acogido a la amnistía fiscal de 2012 del entonces ministro Cristóbal Montoro durante la etapa del presidente del Gobierno por el PP Mariano Rajoy. Fernández Villa quería regularizar 1,2 millones y Postigo un total de 436.000 euros.

El modus operandi

En la instrucción del 'caso Hulla' que acaba de dar por finalizada, la magistrada-jueza relata el modus operandi de la presunta trama. En este auto considera que José Antonio Postigo era una figura clave ya que tenía fuerte relevancia y responsabilidades a nivel sindical en SOMA-UGT y Mutualidad y Montepío de la Minería Asturiana de la que era presidente desde 2006 y la administración única de las cuatro mercantiles participadas al 100% por la Mutualidad: Residencia de Mayores La Minería, Residencial La Minería Roquetas de Mar S.L., Residencial La Minería Los Alcázares S.L. y Balneario de Ledesma.

Desde los cargos que ostentaba, José Antonio Postigo actuó “en connivencia con los responsables de la constructora Alcedo de Los Caballeros S.L. (participada al 50% por Juan Carlos Riera Blanco y su administrador Juan Antonio Fernández Fernández)” y, según consta en el auto, “se concertaron a fin de obtener y repartirse de forma continuada ilícitos beneficios derivados del desvío tanto de fondos privados propios del Montepío como públicos derivados de una ayuda adjudicada al mismo en el ámbito de los fondos mineros”.

El desvío de fondos privados

En cuanto a los desvíos de fondos privados, la defraudación acometida sobre el patrimonio del Montepío se realizó -siempre según el auto- “mediante el incremento fraudulento de los costes del servicio de limpieza en los residenciales de Almería (Roquetas de Mar) y Murcia (Los Alcázares)”.

En su relato, la magistrada-jueza expone cómo esta actuación se llevaba a cabo, de forma que se iba “facturando en el primero de ellos los servicios que realmente eran prestados por Anframa de Limpiezas S.L. a través de la empresa interpuesta Pravi participada por Juan Antonio Fernández Fernández y Juan Carlos Riera Blanco y administrada por Juan Antonio y su esposa Rocío San José”.

La reforma de un piso de Postigo

En el residencial Los Alcazares, cuya dirección fue asignada por José Antonio Postigo a su pareja Dorina Bicher, en diciembre de 2011, el incremento fraudulento de la facturación del servicio de limpieza, se habría acometido “mediante la contratación a tales efectos de Rodica Daniela Timis para la efectiva realización de los servicios, si bien se sobrefacturaban los mismos a nombre de las mercantiles Todo Limpio y Caritime, constituidas por Postigo y su pareja y administradas por Dorina”.

Asimismo, fueron facturados con cargo a residencial Los Alcázares varias facturas del orden de los 16.622,30 euros correspondientes a obras y actuaciones acometidas para reforma y acondicionamiento de la vivienda que Postigo y su pareja Dorina compartían en la localidad de Torre Pacheco, en Murcia.

Todo ello determinó unos ingresos para la mercantil Pravi del orden de los 157.023,77 euros desviados del residencial de Roquetas, y 145.931,84 euros desviados entre los años 2010 y 2011 y de 99.776,94 euros, en el periodo de marzo a noviembre de 2012, en el residencial Los Alcázares de Murcia.

El desvío de fondos públicos

Por lo que se refiere al desvío de fondos públicos, según se expone en el auto, todos los anteriores “en connivencia con persona de enorme relevancia política y sindical tanto a nivel autonómico como nacional al que no afecta esta resolución -dice la magistrada-jueza- se confabularon para obtener un lucro ilícito a medio de los Fondos procedentes de la subvención otorgada para la construcción de la Residencia de Mayores de La Minería en Felechosa, Aller”.

Esta subvención se concedió en el ámbito de las Ayudas al desarrollo de las infraestructuras en las comarcas mineras del carbón (Fondos Mineros 2006-2012) regulados tanto en el Real Decreto 112/2007 de 24 de agosto que establece las bases para su concesión como en la Ley General de Subvenciones, y cuya financiación deriva del crédito del Instituto para la Reestructuración de la Mineria del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) adscrito al entonces Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Los beneficiarios

La magistrada-jueza destaca igualmente en esta resolución que resultan exclusivamente beneficiarios de tales ayudas Comunidades Autónomas y Entidades Locales en el ámbito de la minería del carbón y tan sólo excepcionalmente con un límite del 1% de los fondos, entidades sin ánimo de lucro cuya actividad se desarrolle en los ámbitos geográficos de la minería del carbón.

“El trámite de concesión de tales ayudas requiere en primer término la presentación de las propuestas ante la Mesa Regional de la Minería del Carbón (integrada por Gobierno autonómico, organizaciones sindicales firmantes del Plan del Carbón y municipios mineros) que propone varias candidaturas para su financiación a la Comisión de Cooperación”.

Financiación con fondos mineros

Esta comisión está integrada por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) y Comunidades Autónomas, quien procede a la selección de las candidaturas que “han de ser reflejadas en un convenio específico de colaboración entre Ministerio de Industria y las Comunidades Autónomas en el que se establecen las condiciones de financiación, ejecución y justificación”.

Alcedo de los Caballeros, por medio de su socio Juan Carlos Riera Blanco, ya habría instado en los años precedentes una solicitud para la financiación con cargo a los fondos mineros de la construcción de un geriátrico en la localidad asturiana de Pola de Lena, la cual le había sido concedida “si bien con la limitación del 1% de la ayuda legalmente establecida por el Real Decreto al no ser aquél ni comunidad autónoma, ni entidad local”.

Contratos “fraudulentos”

La magistrada-jueza incide en que los socios de Alcedo, “en connivencia con Postigo para el que ya venían desarrollando una prolija actividad empresarial mediante obras en el Montepio y bajo el indispensable amparo de la influencia política del tercero al inicio de la resolución que determinaría incluso una modificación legal, se concertaron para la obtención de la subvención en favor del Montepío con financiación del 100% de los fondos para la construcción por Alcedo del geriátrico de Felechosa, ello con un fraudulento incremento de la ayuda en base al aumento del importe del proyecto y los costes de la construcción hasta una suma de 30.000.000 euros”, añade.

En el auto se explica que la suma ascendió a 30 millones de euros por los trabajos certificados en el geriátrico de Felechosa y concedidos por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, pese a que el importe real de las obras no superó los 18 millones de euros. La diferencia se desvió, entre otras actuaciones, mediante facturas falsas y contratos fraudulentos de limpieza para las instalaciones que gestionaban en Murcia y Almería

En este auto se explica que la suma ascendió a 30 millones de euros por los trabajos certificados en el geriátrico de Felechosa, en Aller, y concedidos por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, pese a que el importe real de las obras no superó los 18 millones de euros.

La diferencia se desvió, según consta en el auto, entre otras actuaciones mediante facturas falsas, además de los contratos fraudulentos de limpieza para las instalaciones que gestionaban en Murcia y Almería.

La intervención de los alcaldes

La actuación de los alcaldes del concejo de Aller habría sido dirigida a salvar las trabas legales, corrobora el auto.

La resolución judicial destaca también que algunas empresas proveedoras procedieron al abono de las comisiones que les eran exigidas mediante la realización de trabajos de reforma en las viviendas colindantes sitas en Mayorga, Valladolid, que poseían José Antonio Postigo y Juan Antonio Fernández Fernández o incluso mediante el pago en metálico de bienes muebles e inmuebles en favor del expresidente del Montepío de la Minería.

El auto no es firme y contra el mismo cabe interponer un recurso de reforma y subsidiario de apelación o un recurso de apelación directo.

La Fiscalía del Principado de Asturias ha ratificado este martes su petición de condena de 18 años de prisión para un vecino de Oviedo por agredir sexualmente, maltratar, lesionar y coaccionar a su pareja. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de la capital asturiana dictó contra el acusado una orden de alejamiento a menos de 500 metros, así como la prohibición de comunicarse con su novia por cualquier medio “aunque mediara el consentimiento expreso de la víctima”.

El juicio se ha celebrado esta mañana ante los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial y ha quedado visto para sentencia.

Agresivo desde el inicio de la relación

El acusado y su novia habían iniciado su relación sentimental en su país -ambos son colombianos- y continuó cuando ambos se trasladaron a vivir a Oviedo. Desde un principio, el procesado, “de manera reiterada y sostenida en el tiempo y con la intención de quebrantar la salud física y psíquica de su pareja, sometió a la mujer a numerosas agresiones físicas y le dirigió un trato vejatorio, humillante y amedrentador”, ha sostenido la Fiscalía.

El procesado, además, con frecuencia le espetaba a su novia la frase: “eres una cualquiera, te acuestas con todos” y mostraba un comportamiento posesivo, sin dejar que se relacionase con otras personas, y controlaba todos sus movimientos con llamadas continuas.

Las “estrategias de sumisión”

Con este comportamiento, el acusado consiguió crear un clima de “miedo, tensión y sometimiento en la convivencia”, reforzado por la circunstancia de que él tenía 30 años y ella 20 años y que ésta no se atrevía a denunciar, “adoptando estrategias de sumisión para minimizar el daño”.

En la tarde del 28 de diciembre de 2022, cuando la mujer se encontraba hablando por teléfono con el procesado, le advirtió que debía colgar ya que había llegado un técnico para instalar Internet en la vivienda, lo que provocó los celos del procesado.

La agresión sexual

Según el relato fiscal, el acusado se presentó en la casa con actitud muy agresiva y comenzó a increpar a la mujer por haber interrumpido la llamada, interrogándola acerca de lo que había hecho con el trabajador.

Sin embargo, todas las explicaciones que la mujer le dio para tratar de calmarle no fueron suficientes y el hombre “suponiendo que le mentía y sin mediar palabra, la agredió sexualmente”, ha descrito la Fiscalía.

El deseo de separarse de la mujer

En ese momento, la mujer, a pesar del temor que le tenía, le manifestó su intención de dejarle y abandonar la vivienda. La reacción del acusado no se hizo esperar: “la rodeó con fuerza con sus brazos por el torso, apretándola y lanzándola contra la cama, a la vez que le decía 'de aquí no sales'. Al intentar zafarse, el procesado le propinó un puñetazo que le alcanzó en la muñeca derecha”, según consta en el escrito de calificación fiscal.

Al día siguiente, la mujer comenzó a recoger sus cosas para irse de la casa, lo que no le permitió el procesado, si bien, un rato después, y, aprovechando la circunstancia de que el hombre estaba en el cuarto de baño, logró abrir la puerta e irse de la vivienda. El procesado la siguió y le quitó la llave, al tiempo que le decía “si te vas, te vas sin nada”, por lo que ella tuvo que marcharse sin ninguna de sus cosas y acudir al domicilio de una amiga para pedir ayuda.

La orden de alejamiento

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Oviedo dictó un auto acordando una orden de protección respecto de la mujer, imponiendo al procesado la prohibición de aproximarse a ella a menos de 500 metros, a su domicilio, su lugar de trabajo y cualquier otro de ocio o esparcimiento donde ella pudiera encontrarse, así como prohibición de comunicarse con la misma, de forma directa o indirecta, por cualquier medio o procedimiento, informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual, “aunque mediara el consentimiento expreso de la víctima”.

La Fiscalía ha imputado al acusado su autoría en un delito de agresión sexual, un delito de maltrato habitual, un delito de lesiones de género y un delito de coacciones de género.

Las penas solicitadas

Por todos estos delitos, ha pedido penas que suman 18 años de cárcel, así como la prohibición de aproximarse a su pareja a menos de  500 metros durante 24 años. También a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar donde esté o frecuente, aún cuando la mujer no se encuentre en esos lugares, y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante el mismo período de tiempo. Además, ha acordado la imposición de la medida de libertad vigilada durante 10 años.

A estas penas, el Ministerio Fiscal añade otra petición por la que interesa que el tribunal acuerde la expulsión del procesado cuando acceda al tercer grado o se le conceda la libertad condicional.

El representante de la acusación pública también ha solicitado que el acusado indemnice a su novia con 15.280 euros por las lesiones causadas y los daños morales ocasionados y al SESPA, con la cantidad que se acredite en ejecución de sentencia por los gastos de asistencia sanitaria prestada a la víctima.

“Largas jornadas laborales, en ocasiones extenuantes, sin apenas descansos diarios, sin vacaciones, sin hacerles contrato en la mayoría de los casos y sin darles de alta en la Seguridad Social”. De esta manera tan gráfica describía la Fiscalía de Asturias la realidad que se encontraron mujeres inmigrantes cuando empezaron a trabajar para una pareja en una empresa de limpieza y cuidado de personas mayores y dependientes en Gijón, aunque las condiciones eran similares a las que tenían otras compañeras en las sucursales de Valladolid, Salamanca y Santander.

La pareja ha admitido esta dinámica que ha explicado la Fiscalía sobre la explotación laboral que ejerció sobre las víctimas durante el juicio que se ha celebrado a lo largo de esta semana en la Audiencia Provincial de Asturias.

Trata de seres humanos

Su aceptación explícita de los hechos se ha reflejado igualmente en la sentencia que dictará en los próximos días el tribunal de la Sección Tercera. Para el empresario la condena será de ocho años de prisión como autor de un delito de trata de seres humanos en concurso con un delito contra los derechos de los trabajadores, un delito de grupo criminal y otro de blanqueo de capitales.

Además, tendrá libertad vigilada durante seis años, deberá indemnizar a la Tesorería de la Seguridad Social por las cuotas de cotización impagadas y con 5.000 euros a una testigo protegida de la que tendrá vigente una orden de alejamiento de 200 metros durante ocho años.

Su mujer, la 'número 2' del negocio

Su mujer, que estaba considerada como “su número 2”, ha aceptado una pena de un año y medio de cárcel como autora de un delito de grupo criminal.

Los magistrados han dejado el juicio visto para sentencia para las otras cinco personas con las que han compartido el banquillo de los acusados y que, en su caso no han admitido el relato fiscal, ni sus peticiones de pena que oscilan en una horquilla que va de seis a tres años y medio de prisión y expulsión del país durante cinco años por delitos de pertenencia a grupo criminal o favorecimiento de la inmigración ilegal.

Víctimas muy vulnerables

El empresario era el administrador único de una mercantil dedicada al servicio de limpieza y cuidado de personas mayores y dependientes y ejercía como jefe de un grupo que se dedicaba, a través de cuatro sucursales de la mercantil, a la contratación de mujeres para la prestación de servicios en su negocio.

Las mujeres eran principalmente de origen sudamericano, que se habían ido de su país debido a su situación de precariedad económica, en búsqueda de un futuro mejor.

Sin papeles

La Fiscalía sostiene que el empresario y acusado principal en esta causa conocía, al igual que las responsables de esas sucursales, la precaria situación económica y problemas familiares de estas mujeres, que carecían de documentación y en algunos casos se encontraban en situación irregular en España, con escasas o nulas opciones de acceder al mercado laboral.

Acuciadas por esta situación, las mujeres aceptaron trabajar en la empresa. Sin embargo, una vez que ya las habían convencido les ofrecieron el empleo a cambio de sueldos “por debajo de lo estipulado por convenio colectivo, con largas jornadas laborales, en ocasiones extenuantes, sin apenas descansos diarios, sin vacaciones, sin hacerles contrato en la mayoría de los casos y sin darles de alta en la Seguridad Social”, tal y como ha descrito la Fiscalía y han admitido los dos principales acusados.

Todo bajo control

El empresario ahora condenado era quien tomaba en última instancia las decisiones, daba instrucciones y supervisaba el funcionamiento de todas las sucursales, que se encontraban en Gijón, Valladolid, Salamanca y Santander. Para ello se desplazaba periódicamente a cada una de ellas, principalmente para entrevistarse con potenciales trabajadoras y efectuar los pagos que se realizaban, mayoritariamente, en mano y en efectivo.

El contrato que se firmaba entre el grupo mercantil y los clientes que acudían en búsqueda de empleadas para realizar trabajos como internas recogía como días libres para las trabajadoras los días festivos desde las 10:00 hasta las 22:00 horas, jueves y viernes de Semana Santa, Navidad y Año Nuevo. En esta primera toma de contacto, la empresa se comprometía a abonar la Seguridad Social de las trabajadoras y a sustituirlas durante las vacaciones e igualmente aseguraban que las trabajadoras tenían derecho a un descanso de dos horas diarias.

Los acusados conminaban a las víctimas a trabajar aunque estuvieran enfermas, procediendo en caso contrario a reducirles el sueldo en la parte proporcional no trabajada. Además, no las dejaban acudir solas al médico

Condiciones leoninas

Todo quedó en papel mojado y la realidad que se encontraron las trabajadoras fue bien distinto, como ha asegurado la Fiscalía: “En realidad, las trabajadoras eran presionadas para trabajar los días festivos por 50 euros al día, que en algunos casos eran reducidos a 40, bajo el apercibimiento de quitárselos de su sueldo en el caso de no acceder a desempeñar esta labor. Igualmente se conminaba a las víctimas a trabajar aunque estuvieran enfermas, procediendo –en caso contrario- a reducirles el sueldo en la parte proporcional no trabajada. Además, no las dejaban acudir solas al médico”.

Pese a estas condiciones leoninas, las trabajadoras aceptaban debido a su precaria situación económica, sus situaciones personales y familiares y el incentivo que les había prometido el empresario de regularizar su situación administrativa en el país “si eran buenas trabajadoras y permanecían en la empresa por un período determinado que solía ser de, al menos, dos años”, afirma la Fiscalía.

Las coacusadas

En el segundo puesto dentro del grupo se encontraba la pareja sentimental del empresario, quien estaba al frente de la sucursal de Valladolid. Ella colaboraba con él en la llevanza de la empresa, controlaba cuentas bancarias, de las que poseía las claves, manejaba el patrimonio de la misma y daba instrucciones a las empleadas de esa sucursal y a las de las sucursales de Salamanca, Gijón y Santander. Posteriormente le trasladaba la información de todas las sucursales y éste, a su vez, le daba las instrucciones que procedían.

La Fiscalía ha dirigido la acusación contra otras cinco personas que trabajaban en las sucursales. La trabajadora que estaba en Valladolid era apoderada del grupo empresarial desde el 24 de octubre de 2022 y persona de confianza del jefe, controlando varias cuentas bancarias del grupo, bien ostentando la titularidad como ocurre en una de ellas, bien como autorizada y encargándose del movimiento de ingentes cantidades de dinero.

Recepcionistas y jefas de personal

En la sucursal de Gijón estaba como encargada otra de las acusadas, quien según la Fiscalía mantenía igualmente una relación sentimental con el empresario. En su caso, ella realizaba labores de recepcionista, jefa de personal y con participación activa en la contratación de trabajadoras en situación irregular por el grupo empresarial, siguiendo sus pautas y directrices.

En la sucursal de Santander estaba como encargada una acusada que realizaba labores de recepcionista, jefa de personal y con participación activa en la contratación de trabajadoras en situación irregular, dando oportuna cuenta de todo al empresario y siguiendo también sus directrices.

El análisis patrimonial

Del análisis patrimonial del grupo empresarial y los investigados, en el período que abarca del 1 de septiembre de 2022 al 13 de junio de 2023, los ingresos, entre efectivo y trasferencias bancarias ascendieron a 776.048,82 euros y los reintegros en efectivo ascendieron a 503.520 euros.

La Fiscalía mantiene en su escrito de calificación que únicamente consta que este empresario solo presentó la declaración del IRPF en el ejercicio de 2022.

Dos hermanas implicadas

Las otras dos acusadas son hermanas y formaban igualmente parte del grupo. Ambas estaban encargadas de traer desde Honduras a una mujer, que es testigo protegido en la causa, para el cuidado de dos personas de edad avanzada y la realización de tareas domésticas con unas condiciones laborales precarias y sin alta en la Seguridad Social. La mujer padece problemas de salud por estos hechos, que le causaron gran angustia y temor, por los que se encuentra en tratamiento.

En la causa también figura otra mujer que estaba en la sucursal de Salamanca y contra la que en la actualidad la Fiscalía no dirige la acusación porque se encuentra en paradero desconocido.

El concejo asturiano de Degaña tiene abierta una herida muy difícil de cicatrizar. El asesinato de Sheila Barrero Fernández -perpetrado hace ya 22 años- sigue estando impune y su caso se ha convertido en uno de los más complejos que sigue pendiente de resolver en los archivos policiales.

Ayer no era un domingo cualquiera en esta localidad de la zona suroccidental asturiana. El alcalde Óscar Ancares, como otros años, se reunía con un grupo de familiares y vecinos en la Casa Consistorial para recordar a esta joven, estudiante de Turismo, de 22 años, que era asesinada de un disparo en la nuca cuando se encontraba en el interior de su vehículo, en el alto del puerto de La Collada, en el límite entre Asturias y León.

Buscar pruebas concluyentes

Es un gesto testimonial con el que la localidad quiere perpetuar la memoria de su joven vecina y al tiempo incidir en la necesidad de que, aunque pasen los años, no se deje de buscar al autor o autora del crimen aunque oficialmente la palabra prescripción esté en el vocabulario judicial porque para la familia sería importante comprobar que matar no sale gratis.

Una familia que, a pesar del tiempo transcurrido, aún alberga esperanzas de que se pueda encontrar el hilo del que tirar para lograr alguna prueba concluyente que pueda esclarecer lo ocurrido.

Las sospechas de la familia

Aunque de forma reiterada las sospechas de la familia se han dirigido hacia Borja V.G., un joven que en aquella fecha tenía 19 años y con el que se había relacionado sentimentalmente a Sheila, su abogado Pedro González siempre ha tenido la convicción de que no hay indicios que le inculpen.

Sheila estudiaba Turismo y trabajaba en un pub en Villablino, localidad leonesa donde vivía ese chico con sus padres y hermanos.

Pruebas de residuos de pólvora

El joven había sido arrestado al día siguiente de que se hallara el cadáver de Sheila tras dar positivo en las pruebas de residuos de pólvora que le practicaron. Él reconoció que era cazador y había disparado una escopeta unos días antes. Sólo permaneció un día detenido.

El juzgado de Cangas del Narcea se hizo cargo de la instrucción. Seis jóvenes –entre ellos Borja V.G.– fueron investigados. Tres de ellos dieron positivo en residuos. Todo quedó en una prueba indiciaria, sin más recorrido policial, ni judicial.

Dos posibles causas

En 2008, el caso quedó sobreseído provisionalmente y la decisión fue ratificada por el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias que consideró que los restos hallados en las manos del exnovio podían ser debidos a dos posibles causas: “a haber estado cazando una semana antes de que se produjese el crimen o por transferencia”.

La causa se reabrió de nuevo en 2018, cuando los integrantes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se desplazaron a Asturias para esclarecer el asesinato del concejal de IU de Llanes, Javier Ardines –que se saldó con condenas de 20 y 22 años de cárcel para el autor intelectual, los dos sicarios y su intermediario– y de nuevo se incentivó la causa del asesinato de Sheila.

Investigaciones

El objetivo era comprobar si los nuevos adelantos en el análisis de ADN podían revelar detalles importantes para la investigación del asesinato de Sheila. El juzgado de Cangas del Narcea decretó entonces la apertura del procedimiento después de que la Guardia Civil impulsase las investigaciones.

La entonces delegada del Gobierno, la socialista Delia Losa, aseguró que los agentes contaban con pruebas que eran “concluyentes” y anunció que el caso estaba cada vez más cerca de su resolución. Calificó el crimen “como execrable” y habló incluso de “un ajusticiamiento”.

Sus declaraciones se quedaron en una mera opinión, ya que ni la Fiscalía, ni el juzgado instructor dieron un solo paso en ese sentido. Un nuevo golpe para la familia que había puesto sus esperanzas en esas supuestas “pruebas concluyentes”.

Concentraciones y huelga de hambre

Ni las manifestaciones, ni concentraciones reclamando justicia fueron suficientes para impulsar la investigación judicial, ni las acciones de la propia familia lograron avances en el terreno judicial.

La madre de la víctima, Julia Fernández, llegó a protagonizar una huelga de hambre y una acampada ante la sede de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo. Familiares, amigos y vecinos llevaron a cabo concentraciones a las puertas del Ayuntamiento de Degaña, la localidad del suroccidente asturiano donde residen los padres.

La solidaridad cada 25 de enero

Hubo manifestaciones ante los juzgados de la capital asturiana e incluso han mantenido reuniones con los responsables de las investigaciones y con los grupos políticos. Pero el resultado no ha sido el esperado y el crimen sigue impune.

La falta de respuesta judicial, sin embargo, no impide que cada año, el 25 de enero, los vecinos y vecinas de Degaña se sigan acercando al Ayuntamiento para recordar, unidos, a Sheila y mostrar su apoyo a sus familiares. Y para recordar que el caso sigue aún pendiente de resolver, mientras el autor o autora de este asesinato puede seguir haciendo vida normal.

La Audiencia Provincial de Asturias mantiene el sobreseimiento provisional y el archivo de la denuncia interpuesta por el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Langreo por los delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental en la organización de la cabalgata de reyes de 2025.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Langreo había dado carpetazo a la causa al considerar que no había base alguna en las acusaciones vertidas por el grupo municipal de Vox en Langreo y no había quedado debidamente justificada la perpetración de los delitos denunciados.

Contra esta resolución, el partido de ultraderecha recurrió en apelación ante la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, que acaba de ser desestimado a través de un auto al que ha tenido acceso elDiario.es Asturias.

“Vox no es perjudicado”

El tribunal de la Sección Segunda argumenta que los hechos delictivos en que se sustentó la denuncia “no tiene un perjudicado concreto ya que el bien jurídico protegido con su incriminación, en este caso, es de carácter difuso, al venir referido a la salvaguardia del recto y normal funcionamiento de las Administraciones Públicas que constituye un presupuesto básico de una sociedad democrática”, señala la Audiencia.

La Sala ni siquiera ha tenido que entrar al fondo del asunto, ya que no ha admitido el recurso, al considerar que los concejales del grupo municipal de Vox, Ainara García Martín y Daniel Martínez Buelga, no pueden personarse en calidad de perjudicados.

Los hechos delictivos en que se sustentó la denuncia no tiene un perjudicado concreto ya que el bien jurídico protegido con su incriminación, en este caso, es de carácter difuso, al venir referido a la salvaguardia del recto y normal funcionamiento de las Administraciones Públicas que constituye un presupuesto básico de una sociedad democrática

Magistrados — Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias

Sin recorrido judicial

La resolución de la Audiencia es firme y, por tanto, no admite la interposición de recurso, por lo que no tiene más recorrido judicial.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Langreo, que conforma el grupo municipal de IU-MÁS PAÍS-IAS, ha reaccionado de forma inmediata a esta resolución.

“No ha habido irregularidades”

Esta decisión judicial viene a confirmar, según comenta, que la denuncia respondía a una estrategia política y no a la existencia de irregularidades reales.

“La justicia vuelve a dejar claro que no había base para esta denuncia -sostiene- y que toda la documentación solicitada fue entregada. Aquí no había nada”.

“Acudir a los tribunales una y otra vez sin fundamento no es fiscalizar la acción de gobierno. Es intentar desgastar, paralizar el funcionamiento del Ayuntamiento y sembrar dudas donde no las hay”, advierte.

Se ha obligado a funcionarios y asociaciones a pasar por un proceso judicial innecesario, a defenderse individualmente y a asumir costes económicos y personales, simplemente porque alguien decidió denunciar sin pruebas. Disparando a diestro y siniestro para conseguir una pena de banquillo, un juicio de fotografía de cara a los medios de comunicación

IU-Más País-IAS — Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Langreo

Los perjuicios

El equipo de gobierno lamenta que esta situación no se ha circunscrito al plano político, ya que ha tenido graves repercusiones personales y económicas en los trabajadores y trabajadoras municipales, los técnicos y voluntarios que, de forma altruista, participaban en la Cabalgata de Reyes.

“Se ha obligado a funcionarios y asociaciones a pasar por un proceso judicial innecesario, a defenderse individualmente y a asumir costes económicos y personales, simplemente porque alguien decidió denunciar sin pruebas. Disparando a diestro y siniestro para conseguir una pena de banquillo, un juicio de fotografía de cara a los medios de comunicación”, recalca.

La línea roja

El gobierno municipal corrobora que Vox ha cruzado una línea que no debería haberse traspasado: “No todo vale en política. No se puede convertir la vía judicial en un arma para atacar al equipo de gobierno ni poner en cuestión, de forma permanente, la profesionalidad y el compromiso de quienes trabajan cada día al servicio de la ciudadanía como técnicos del Ayuntamiento”, señala.

Una vez agotado el recorrido judicial, el equipo de gobierno insta al partido de ultraderecha a reflexionar sobre el daño ocasionado, así como la utilización de la Administración de Justicia como herramienta política.

“Su confrontación no aporta nada”

El gobierno municipal ha reiterado su apoyo y reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Langreo y a todas las personas que colaboraron en la Cabalgata de Reyes.

“Desde el equipo de gobierno seguiremos trabajando con seriedad y responsabilidad, centrados en mejorar Langreo, sin dejarnos arrastrar por estrategias de confrontación que no aportan nada”, ha apostillado.

A diez años de cárcel asciende la petición de condena de la Fiscalía del Principado para un hombre que ha sido juzgado este martes en la Audiencia Provincial de Asturias acusado de un delito de agresión sexual, con la agravante de género, sobre su pareja, en 2021, cuando ella era menor de edad.

La víctima había ocultado su relación sentimental a su familia por temor a su reacción ya que el acusado tenía 30 años y ella solo 15.

El juicio ha quedado esta mañana visto para sentencia ante el tribunal de la Sección Tercera.

Un clima de miedo y control

Durante la vista oral, la Fiscalía ha relatado que la relación entre agresor y víctima estaba caracterizada por la “conflictividad y asimetría de poder, debido a la diferencia de edad y los roles asumidos dentro de la pareja”. Además, el procesado había logrado crear “un clima de miedo y control” sobre la víctima.

Los hechos ocurrieron el 18 de septiembre de 2021. Sobre las dos de la madrugada, la menor acudió al domicilio de su novio. Aprovechando que él estaba dormido, le cogió el móvil y comprobó que había estado intercambiando mensajes con otra chica.

Una fuerte discusión

Al ver los mensajes, según la versión fiscal, despertó a su novio “para pedirle explicaciones”, produciéndose una fuerte discusión entre ambos. A continuación, cuando la joven se disponía a abandonar la vivienda, el procesado “la agarró violentamente y la agredió sexualmente”.

La Fiscalía ha calificado los hechos como un delito de agresión sexual, con la agravante de género, y ha pedido que a los diez años de cárcel se sume una pena de prohibición de aproximarse a la joven a menos de 500 metros, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar donde se encuentre, y de comunicarse con ella por cualquier medio, todo ello durante 15 años.

Libertad vigilada

Asimismo, ha interesado que el acusado sea inhabilitado para el desempeño de profesión, oficio o actividad, sean o no remunerados, que supongan un contacto regular y directo con menores de edad durante un tiempo superior en cinco años al que se imponga de privación de libertad en caso de condena; y libertad vigilada durante cinco años.

El Ministerio Fiscal ha solicitado igualmente que el procesado indemnice a la víctima con 10.000 euros por los daños morales.

El Equipo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Judiciaria de Portugal, detuvo el pasado 4 de diciembre al ex director general del Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer de Avilés, Natalio Grueso, que permanecía prófugo de la Justicia desde 2023, cuando el Tribunal Supremo (TS) ratificó la condena de ocho años de cárcel por delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil y societario, tal y como adelantó elDiario.es Asturias.

La Guardia Civil ha difundido este jueves el vídeo de la detención del ex gestor cultural, quien fue reconocido cuando se encontraba en la localidad de Olhão, un pueblo pesquero ubicado en el Algarve portugués, al sur del país luso, donde procuraba pasar desapercibido, manteniendo un “perfil bajo” para seguir con discreción su rutina diaria.

Entre los delincuentes más buscados

Natalio Grueso había sido incluido en la lista de delincuentes fugados a raíz de que el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, que le impuso la condena en junio de 2020 y posteriormente ratificada por el Supremo, solicitara que contra él se dictara una orden de detención internacional para que, una vez localizado, fuera detenido e ingresado “inmediatamente” en un centro penitenciario.

Además de los ocho años de cárcel, los magistrados de la Audiencia impusieron al ex gestor cultural una pena de inhabilitación para la contratación con las administraciones públicas o entidades del sector público durante ocho años.

Vida normal en Portugal

Eldiario.es Asturias ha tenido acceso a toda la documentación remitida desde Portugal a las autoridades españolas donde, inicialmente comunicaban la localización y detención, y posteriormente anunciaban que sería entregado el próximo lunes, día 15, en un control fronterizo.

A continuación reproducimos el vídeo que ha sido difundido por la Guardia Civil, donde se puede apreciar cómo Natalio Grueso estaba haciendo vida normal, ajeno a la operación policial que se iba a poner en marcha minutos después para su arresto.

Un vídeo que también ha sido difundido a través del perfil oficial del instituto armado, entre otros, en este post de la red social X.

Entrega en un control fronterizo

Entre esta documentación, las autoridades portuguesas comunican que la entrega de Natalio Grueso se hará efectiva en el Centro de Cooperación Policial y Aduanera (CCPA) de Caya Elvas, en Badajoz. En octubre de 2022, el ministro del Interior español, Fernando Grande- Marlaska y el ministro de Administración Interna de Portugal, José Luís Carneiro, acordaron perfeccionar sus mecanismos de cooperacion policial transfronteriza entre ambos países.

Natalio Grueso ha solicitado ser trasladado a un centro penitenciario en Madrid y probablemente será conducido hasta la cárcel de Soto del Real.

A disposición judicial

El ex gestor cultural había estado internado como preso preventivo en la cárcel de Asturias, adonde no quiere volver porque, según explicó su propio abogado defensor a este diario en una entrevista concedida cuando se encontraba ya huido de la justicia, “no se había fugado, solo quería proteger su vida”.

Tras su detención, las autoridades portuguesas solicitaron oficialmente la comunicación de la orden europea de detención al Tribunal da Relacao de Évora, que llevaba la causa, así como que “no cese la alerta hasta que la entrega se haya hecho efectiva y el reclamado haya sido puesto a disposición judicial”, tal y como recogió este periódico el pasado día 5 de diciembre.

¿Por qué fue condenado Natalio Grueso?

El caso Niemeyer da nombre a la trama sobre la emisión de facturas falsas o manipuladas durante la gestión de Natalio Grueso al frente de la Dirección General del Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer, ubicado en la localidad asturiana de Avilés.

Natalio Grueso no estuvo solo en el banquillo de los acusados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. Junto a él se sentaron su exmujer, Judith Pereiro, el exsecretario de la Fundación Niemeyer, el abogado José Luis Rebollo, el exagente de Viajes El Corte Inglés, José María Vigil y el exjefe de Producción del Centro Niemeyer, Marc Martí.

Uno de los detalles que más llamó la atención durante el juicio fue la actitud adoptada por el propio Natalio Grueso que se pasó la mayoría de las sesiones con un libro en la mano que leía a ratos desde el propio banquillo de los acusados.

Desplazamientos y hoteles

La sentencia ratificaba como hechos probados que Natalio Grueso, director general de la Fundación de 2006 hasta 2012, generó gastos ajenos a los fines de la Fundación Niemeyer durante todo el tiempo que duró su relación laboral, “disponiendo de sus fondos en beneficio propio, de sus familiares, amigos y terceros de su entorno, como si de su propiedad fueran, en detrimento de la Fundación Niemeyer”.

Con el apoyo del coacusado José María Vigil, a quien unía una relación de amistad, también ocultó gastos de desplazamientos y estancias hoteleras de familiares y allegados con facturas falsas o alteradas a nombre de trabajadores de la Fundación o por conceptos ficticios.

Los otros coacusados

Tras recurrir en casación, el Tribunal Supremo (TS) confirmó el relato de hechos. Ratificó la pena de ocho años de prisión impuesta en 2020 a Natalio Grueso, los dos años de cárcel impuestos al exsecretario de la Fundación, José Luis Rebollo, por delito continuado societario, y rebajó de siete años y seis meses a seis años de prisión la condena que le había sido impuesta al tercer condenado en la causa, José María Vigil, exagente de Viajes El Corte Inglés, por malversación, falsedad y estafa.

La Audiencia Provincial absolvió a la exmujer de Grueso, Judith Pereiro, y al exjefe de Producción del Centro Niemeyer, Marc Martí, de un delito continuado de malversación en concepto de cómplice y un delito de malversación respectivamente.

La petición de indulto

Con la sentencia firme, Vigil decidió ingresar voluntariamente en el Centro Penitenciario de Asturias. Rebollo logró la suspensión de la ejecución de la pena durante tres años y Natalio Grueso emprendió una nueva batalla judicial para evitar su prisión por una doble vía: por un lado, presentó una petición de indulto ante el Ministerio de Justicia refrendado por numerosas personalidades del ámbito cultural y por otro empezó a recurrir ante la Audiencia Provincial para pedir la suspensión en tanto se resuelva el indulto.

En su recurso de apelación, argumentaba que tenía “razones de peso” entre las que resaltaba la “utilidad y conveniencia pública y la protección de la vida e integridad física y mental” dado que la inmediata ejecución de la pena “haría ilusoria la finalidad perseguida por la gracia solicitada”.

El recurso de apelación

En este recurso de apelación, al que también ha accedido elDiario.es Asturias, la defensa incidía en la “contribución al desarrollo y el impulso de la esfera cultural española” de Natalio Grueso y recordaba que ya había hecho frente a la responsabilidad civil y a las multas.

Además, aseguraba que el perjuicio económico ocasionado a la Fundación Niemeyer ascendía a 78.819 euros, que ya había abonado y que, según la defensa, “supone el 0,17 por ciento del gasto total gestionado” por el exdirector general, que superó los 50 millones.

Ahora, con la detención y posterior ingreso en prisión de Natalio Grueso se abre un nuevo capítulo en el denominado 'caso Niemeyer'.

El ex director general del Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer de Avilés, Natalio Grueso, ha firmado su consentimiento para ser entregado por las autoridades portuguesas en un control fronterizo a sus homólogas españolas para ser trasladado a un centro penitenciario para cumplir la condena de ocho años de cárcel que le fue impuesta por las irregularidades detectadas durante su gestión al frente del complejo cultural avilesino.

Natalio Grueso fue declarado responsable de los delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil y societario.

La entrega se hará efectiva el próximo día 15 en el Centro de Cooperación Policial y Aduanera (CCPA) de Caya Elvas, en Badajoz. En octubre de 2022, el ministro del Interior español, Fernando Grande- Marlaska y el ministro de Administración Interna de Portugal, José Luís Carneiro, acordaron perfeccionar sus mecanismos de cooperacion policial transfronteriza entre ambos países.

Cumplir la pena en Madrid

Natalio Grueso se fugó de la justicia española hace más de dos años cuando el Tribunal Supremo (TS) declaró la firmeza de la sentencia condenatoria impuesta por el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo.

Como medida cautelar, se le había retirado el pasaporte por lo que había dos opciones: por un lado, podría haber huido a un país donde no hiciera falta este tipo de documentación o bien que se hubiera refugiado en un país donde estuviera utilizando un pasaporte con identidad falsa.

Finalmente se resolvió la duda: el ex gestor cultural fue detenido el pasado 4 de diciembre en la localidad portuguesa de Olhão, un pueblo costero situado en la región del Algarve, en el extremo sur del país luso, tal y como adelantó elDiario.es Asturias.

Orden de detención europea

En ese momento, las autoridades portuguesas solicitaron oficialmente la comunicación de la orden europea de detención al Tribunal da Relacao de Évora, que lleva la causa, así como que “no cese la alerta hasta que la entrega se haya hecho efectiva y el reclamado haya sido puesto a disposición judicial”.

Natalio Grueso mostró su deseo de que el cumplimiento de los ocho años de cárcel por su autoría en los delitos de  malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil y societario se realizara en una prisión de Madrid, ya que alegó a las autoridades portuguesas que es “en la capital española donde se encuentra su vida personal”, como se recoge en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.

Dos años en busca y captura

Entre esta documentación también figura el auto de audiencia del Tribunal da Relação de Évora Secção Criminal - 2º Subsecção ante el que compareció Natalio Grueso en calidad de detenido, tras verificar su identidad y constatar que era la misma persona sobre la que pesaba una orden de detención europea.

Esta orden fue dictada a raíz de su fuga después de que los intentos de la Policía Judicial de la Guardia Civil para localizarle resultaran infructuosos. Ante la falta de constancia oficial sobre su paradero, el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias acordó extender la petición de búsqueda al ámbito internacional.

De la detención a la cárcel

Fuentes solventes han confirmado a este diario que en el caso de que Natalio Grueso sea ingresado en una prisión madrileña, como ha expresado que es su deseo, en vez de ser trasladado al Centro Penitenciario de Asturias, donde ya estuvo internado, la prisión elegida es Soto del Real.

Esta prisión madrileña es el destino al que han ido, entre otros políticos acusados de corrupción, el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y recientemente abandonó una de sus celdas el ex secretario general de organización del PSOE, Santos Cerdán. Por esa cárcel también han pasado el exministro Rodrigo Rato o el que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas.

La trama

El 'caso Niemeyer' da nombre a la trama sobre la emisión de facturas falsas o manipuladas durante la gestión de Natalio Grueso al frente de la Dirección General del Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer, ubicado en la localidad asturiana de Avilés.

La Audiencia Provincial declaró probado que Natalio Grueso generó gastos ajenos a los fines de la institución cultural durante todo el tiempo que duró su relación laboral, “disponiendo de sus fondos en beneficio propio, de sus familiares, amigos y terceros de su entorno, como si de su propiedad fueran, en detrimento de la Fundación Niemeyer”.

Viajes y hoteles con familiares

El Tribunal Supremo ratificó la pena de dos años de prisión impuesta al exsecretario de la Fundación, el abogado José Luis Rebollo, por delito continuado societario, y rebajó de siete años y seis meses a seis años de prisión la condena impuesta al tercer imputado en la causa, José María Vigil, exagente de Viajes El Corte Inglés, por malversación falsedad y estafa.

Para la Audiencia, no había duda alguna de que Natalio Grueso, con el apoyo de Vigil, a quien unía una relación de amistad, también ocultó gastos de desplazamientos y estancias hoteleras de familiares y allegados con facturas falsas o alteradas a nombre de trabajadores de la Fundación o por conceptos ficticios.

Proteger su vida

Tras el juicio celebrado a lo largo de seis meses en el año 2019, la Audiencia Provincial absolvió a la exmujer de Natalio Grueso, Judith Pereiro, y al exjefe de Producción del Centro Niemeyer, Marc Martí, de un delito continuado de malversación en concepto de cómplice y un delito de malversación, respectivamente.

El abogado de Natalio Grueso, Francisco Miranda, concedió una entrevista a este diario en octubre de 2023 donde mantuvo que su cliente no comparecía ante el tribunal que ordenó su inmediato ingreso en prisión para cumplir la condena de ocho años de cárcel porque, debido a su delicado estado de salud, “está protegiendo su vida”.

La petición de indulto

Además, explicaba que su representado merecía el indulto que tiene solicitado con el apoyo de importantes personalidades de la cultura nacional e internacional por sus logros profesionales, entre otros, al posicionar a la Fundación Niemeyer dentro del circuito internacional de centros culturales de referencia.

Entre estos apoyos figuraban desde el cineasta neoyorkino Woody Allen al cantautor catalán y premio Princesa de Asturias de las Artes 2024 Joan Manuel Serrat.

Suspensión de la ejecución de la pena

Tanto la petición de indulto presentada ante el Ministerio de Justicia como la solicitud de suspensión de la ejecución de la pena ante la Audiencia Provincial -ambos escritos a los que también tuvo acceso este diario- vienen a resaltar “la innegable y esencial contribución de Don Natalio al desarrollo y el impulso de la esfera cultural española”.

En ambos escritos se hace un exhaustivo repaso por la trayectoria profesional del ex director general, tanto antes de ser investigado y condenado por estos hechos como con posterioridad a la notificación de la sentencia firme.

Una indemnización satisfecha

Asimismo, inciden en que Natalio Grueso ya ha abonado la indemnización de 78.819 euros; cantidad en la que los tribunales de justicia han cuantificado el delito de malversación de caudales.

“Un perjuicio ciento de veces menor que el impacto derivado de la gestión global realizada por Don Natalio -exponen- si consideramos solamente el valor de marca internacional generado, según una consultora especializada, o las derivadas del incremento de afluencia turística derivado de las actividades culturales llevadas a cabo una vez inaugurado el Centro Niemeyer”.

La Fiscalía, en contra

La Fiscalía de Asturias se opuso a la concesión del indulto solicitado por Natalio Grueso al no apreciar “razones de justicia, equidad o utilidad pública que lo pudieran justificar”.

De momento, la petición del indulto está sin resolver. Lo más inminente es la entrega a España del prófugo asturiano y su posterior ingreso en la cárcel, previsiblemente en Soto del Real.

La Audiencia Provincial de Asturias ha impuesto una pena de 15 años de cárcel a un maestro por los tres delitos continuados de abusos sexuales que cometió sobre tres alumnas de 11 años a las que impartía clases, con las que no podrá comunicarse ni acercarse a menos de 300 metros durante diez años.

Además, no podrá acceder a cualquier empleo, cargo público, profesión u oficio que implique contacto con menores durante cuatro años más.

Libertad vigilada

A estas penas se suma la imposición de una medida de libertad vigilada a determinar a la vista de la propuesta que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria eleve en el momento pertinente, en fase de ejecución y al menos dos meses antes de la extinción de las penas de prisión.

Los magistrados de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo, han condenado al profesor a indemnizar a una de las menores con 5.000 euros, si bien han declarado la responsabilidad civil subsidiaria de la Consejería de Educación del Principado de Asturias.

El juicio contra el docente, de 65 años, se celebró a puerta cerrada. El acusado, un funcionario interino del Cuerpo de Maestros, fue destinado a un centro publico de Educación Básica para impartir clases de Lengua Asturiana a los alumnos de sexto de primaria en el curso escolar que comprendía el periodo desde principios de septiembre hasta noviembre de 2021.

Entre su alumnado había tres menores, de 11 años, a las que durante ese periodo se “sirvió de su posición como profesor para acercarse a ellas y acariciarles el cabello deslizando su mano por el cuello hasta la zona del pecho, satisfaciendo su propósito libidinoso”, según la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias.

Las menores veían que “no era normal”

Los magistrados aseguran que este comportamiento lo mantuvo “no menos de dos veces con cada una de las menores”.

En una ocasión, el día del Amagüestu, cuando subían por las escaleras del centro el acusado cogió a una de estas alumnas por las caderas con la misma intención.

Las tres menores, que habían percibido que “estos tocamientos no eran normales”, mostraron su rechazo a quedar a solas con el profesor e incluso a ir al colegio. Una de ellas llegó a presentar problemas de sueño y ansiedad.

Nerviosas y alteradas

La actitud de nerviosismo y alteración que mostraban las tres menores en el comedor del centro escolar, donde no querían comer, fue observada por una monitora, quien se interesó por lo que les pasaba y ellas se lo contaron.

Esta testigo prestó declaración en el juicio, donde manifestó que una de las menores estaba más afectada porque “es más reservada y callada y se puso muy roja cuando le preguntó si era verdad lo que decían”.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer un recurso de apelación ante la Sala Penal-Civil del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJA) ha revocado la condena a seis años de cárcel que le fue impuesta al exsacerdote Jesús José María Menéndez Suarez, conocido como 'el padre Chus', por tres delitos de corrupción de menores al hallar una “duda razonable” sobre la versión aportada por las víctimas.

El alto tribunal asturiano revoca así parcialmente la sentencia condenatoria dictada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, ya que le mantiene los cuatro años de cárcel por tráfico de drogas por inducir a los menores a consumir sustancias estupefacientes en su domicilio.

El abogado defensor, Javier Díaz Dapena, ha confirmado a elDiario.es Asturias que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo (TS) para que sea declarada la total absolución del exsacerdote al que considera “plenamente inocente”.

Dinero a cambio de sexo

La Audiencia Provincial había condenado, el 28 de junio de 2024, al exsacerdote tras declarar probado que, al menos desde el año 2015, contactaba con menores invitándoles a acudir a su domicilio ubicado en la calle Donato Argüelles de Gijón, “donde les entregaba pequeñas cantidades de dinero o les facilitaba hachís que consumían en el salón y en su presencia”.

Los menores siempre consumían la droga delante del 'padre Chus', quien facilitaba el piso como lugar habitual para el consumo. Además, les instaba a que invitaran a otros menores a fumar el hachís con ellos y entablar una amistad para, posteriormente, “ganarse la confianza del mayor número de chicos posible guiado con la finalidad de conseguir mantener relación sexuales con ellos bajo la promesa de facilitarles dinero, hachís o permitir la permanencia de éstos en su casa consumiendo libremente tal sustancia”, según consta en la sentencia.

Las propuestas a los menores

Los magistrados de la Sección Octava sostuvieron que el excura, “con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales”, propuso en 2015 a uno de los menores que tenía en aquel momento 14 años, que le practicara una felación, a lo que éste se negó, pese a lo cual le facilitó hachís en repetidas ocasiones.

'El padre Chus' ofreció dinero a otro menor, de 16 años, “a cambio de dejarse tocar el pene”, no accediendo el menor al que igualmente le entregó hachís en más de una ocasión.

En un tercer caso, el excura le puso la mano en la pierna a otro menor, también de 16 años, y le propuso darle dinero a cambio de sexo, recibiendo la misma respuesta negativa.

Hachís intervenido en el registro

La Policía realizó un registro en el domicilio de la calle Donato Argüelles, el 11 de noviembre de 2021, en el que se intervino a otra persona 5,28 gramos de hachís “que iban a ir destinados al suministro a menores”.

La Audiencia condenó al excura a una pena de cuatro años de prisión por el delito de tráfico de drogas y a tres penas de dos años de prisión por cada uno de los tres delitos de corrupción de menores, así como a su inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, fueran o no retribuidos, que conllevase contacto regular y directo con personas menores de edad y a libertad vigilada.

Desde al menos el año 2015, jóvenes, tanto mayores como menores de edad, accedían frecuentemente al domicilio de Jesús José María Menéndez Suárez, donde con pleno conocimiento de éste consumían de modo habitual hachís, sustancia que en ocasiones les era proporcionada personalmente por el propio acusado

Magistrados — Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA)

El anonimato de los testigos protegidos

El abogado defensor, Javier Díaz Dapena, recurrió la sentencia en apelación ante el TSJA. Los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal han sustituido este relato de hechos probados por uno nuevo donde se reconoce explícitamente que “desde al menos el año 2015, jóvenes, tanto mayores como menores de edad, accedían frecuentemente al domicilio de Jesús José María Menéndez Suárez, donde con pleno conocimiento de éste consumían de modo habitual hachís, sustancia que en ocasiones les era proporcionada personalmente por el propio acusado”.

El letrado había solicitado a la Audiencia conocer la identidad de los testigos protegidos, pero el tribunal mantuvo el anonimato al considerar que era la forma de defender la integridad física y psíquica de los tres menores que declararon en la causa. Ante esta tesitura, la defensa instó al TSJA a pronunciarse sobre esta delicada y compleja cuestión.

Intereses confrontados

“Nos encontramos ante una ponderación de intereses confrontados, la tutela de la integridad personal del testigo frente al derecho de defensa a través de una prueba testifical sometida a los principios de inmediación y contradicción”, reconoce el TSJA.

Ante esta disyuntiva, el alto tribunal optó por ratificar la conveniencia del anonimato de los testigos protegidos, al estimar que las pruebas de cargo no se reducían a la declaración de las víctimas y advertir que era “razonablemente ponderada la decisión de mantener reservada la identidad de los testigos en el juicio”.

El secreto de las comunicaciones

El segundo motivo de recurso presentado por la defensa hacía alusión a la vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones al intervenir el teléfono del exsacerdote.

Para resolver este motivo, los magistrados se remiten a mayo de 2021 cuando una dotación policial auxilió a una menor que presentaba síntomas de intoxicación toxica que admitió que había ingerido cocaína que le había facilitado una persona que le había dicho que la sustancia se la facilitaba el 'padre Chus', a cambio de relaciones sexuales. Esa persona fue un testigo protegido.

La vigilancia del domicilio del excura

Los investigadores policiales establecieron entonces una vigilancia en torno al domicilio del excura, en junio y julio de 2021, y constataron cómo numerosos jóvenes accedían y abandonaban el inmueble e identificando cuando salía a una persona que les entregó tres trozos de hachís.

“Concurrían pues datos objetivos que indiciariamente indicaban la seria probabilidad de que al indicado domicilio los jóvenes acudían para consumir drogas, con alusión a que podían ser facilitadas a cambio de favores sexuales, y dado que los probables hechos ocurrían en el interior de una vivienda -argumenta la Sala- la dificultad de comprobación que ello comportaba presentaba como justificado el recurso a investigar las conversaciones telefónicas de su titular, aflorando necesaria y proporcional la medida de escucha y grabación de las mismas”.

La inviolabilidad de la vivienda

Javier Díaz Dapena invocó un tercer motivo al alegar que se había producido igualmente una vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio por el auto de entrada y registro en la vivienda del excura el 10 de noviembre de 2021.

En este sentido, el tribunal no tuvo duda alguna y lo desestimó con el siguiente razonamiento: “Descartada la nulidad de las escuchas, decae directamente la base de este motivo del recurso”.

La presunción de inocencia

El último motivo del recurso aducía que se había producido una violación del derecho a la presunción de inocencia por inexistencia de prueba de cargo. El tribunal tampoco lo tiene en cuenta, al sostener que la valoración que la Audiencia hizo de las pruebas practicadas “en modo alguno carece de toda base razonable, es decir, no es ni irracional ni llega a conclusiones contrarias a las más elementales reglas de la lógica”.

El TSJA reconoce que no alberga duda razonable para mantener la condena por el delito contra la salud publica ya que el conjunto probatorio muestra que el 'padre Chus' “facilitaba el consumo de drogas toxicas por jóvenes, muchos menores, quienes con asiduidad fumaban hachís en su vivienda con su pleno conocimiento y consentimiento”.

“Vamos a echar unos petas ahí”

Varios testigos protegidos -además de los menores denunciantes- corroboraron que era el exsacerdote quien suministraba la droga y además veía cómo la consumían. A estas manifestaciones se sumaba el contenido de las grabaciones telefónicas. Entre otras, cómo uno de los testigos “pide dinero al apelante para 'echar unos petas ahí' y cómo a otro testigo, el 'padre Chus' le contesta que en ese momento no tiene porros pero que más tarde podrá tener algo”.

No existe la misma convicción por parte del tribunal a la hora de constatar si hubo o no corrupción de menores. Para ello se detiene en la declaración de uno de los testigos protegidos que declaró que en varias ocasiones el acusado le propuso hacerle una felación, que “la primera vez él era menor, se negó y le dio un guantazo, que lo propuso más veces siendo ya mayor pero nunca fue obligado. Añade que no sabe si fue broma lo de la felación, les hacía gracia lo que decía Chus, que siguió yendo por su casa tras declarar en el Juzgado y que la Policía le dijo que si declaraba contra Chus lo soltarían y no le pasaría nada por traficar con droga”.

“Chus es bromista con el sexo”

En la declaración del segundo denunciante, éste manifestó que cuando tenía 16 años en su habitación Chus le dijo que le daba dinero si se dejaba tocar el pene, pero añadía el detalle de que “Chus es bromista con el sexo pero le vio serio, que tiene borrosa la etapa porque se drogaba pero recuerda lo del pene”.

Uno de los testigos llegó a declarar que no quería que se le condenara porque las cosas que se decían “no eran verdad” y sus manifestaciones, según el tribunal, presentan “fisuras en el relato, así como ambigüedad sobre el posible carácter jocoso de las expresiones del apelante, recuerdo difuso de la época de las mismas o imposibilidad de someter a contradicción en el plenario la declaración preconstituida de otro testigo”.

Las expresiones de los menores

Junto a estas declaraciones, los magistrados disponían de las testificales de dos trabajadoras del centro de asistencia a menores sobre expresiones que otros menores utilizaban aludiendo a Chus, “a la tercera felas ”o “comerle la serpiente”, en cuanto sustraídas las mismas a todo control contradictorio.

Una vez analizada toda la prueba, el tribunal de la Sala de lo Civil y Penal concluye que “el acervo probatorio no permite consolidar una convicción incriminatoria exenta de razonable duda”.

Mostramos una satisfacción parcial por el fallo por cuanto quien postula la libre absolución de todos los cargos, jamás puede encontrar consuelo cuando no alcanza su objetivo íntegro. No obstante, sí que nos encontramos ciertamente satisfechos con la supresión de los tres delitos graves que han sido objeto de condena en la instancia y, por supuesto, se anunciará recurso de casación ante el Tribunal Supremo con el objeto de que sea declarada la total absolución de quien consideramos plenamente inocente

Javier Díaz Dapena — Abogado defensor del 'padre Chus'

El recurso ante el Supremo

La sentencia no es firme y contra la misma se puede interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), una opción a la que se va a acoger el abogado defensor.

“Mostramos una satisfacción parcial por el fallo por cuanto quien postula la libre absolución de todos los cargos, jamás puede encontrar consuelo cuando no alcanza su objetivo íntegro. No obstante -afirma el letrado- sí que nos encontramos ciertamente satisfechos con la supresión de los tres delitos graves que han sido objeto de condena en la instancia y, por supuesto, se anunciará recurso de casación ante el Tribunal Supremo con el objeto de que sea declarada la total absolución de quien consideramos plenamente inocente”.