Un menor de 15 años participó el año pasado en el bolsín taurino de Ledesma (Salamanca) pese a que lo prohíben las bases. El alumno fue seleccionado por la Escuela de Tauromaquia a pesar de que el menor no cumplía con la edad requerida para participar en el certamen, según ha podido confirmar elDiario.es.

El Ayuntamiento reconoció la participación del adolescente en agosto de 2024 en un escrito oficial. Se trató de un “error administrativo” que atribuyó a “un fallo en la comunicación y gestión de la Escuela de Tauromaquia”. “Se produjo un error administrativo que llevó a la inscripción de un participante que no cumplía con la edad mínima requerida de 15 años al haber sido confirmado por la Diputación un error en el cómputo del cálculo de la edad”, ratifica el alcalde en el escrito.

Este alumno estaba en la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, donde los padres de dos menores han denunciado que sus hijos han sufrido acoso sexual por parte de compañeros y acoso de un profesor hacia un alumno. La Escuela sigue sin tener un protocolo antiacoso y tampoco obligará este curso a los alumnos mayores de 14 años a presentar un certificado de delitos de naturaleza sexual pese a las reiteradas peticiones de la familia de una de las víctimas.

Las normas del bolsín obligaban a que los más pequeños tuvieran como mínimo 15 años cumplidos el último día de la inscripción y las candidaturas de los novilleros debían ir acompañadas de su “currículum taurino” con fotocopia del DNI o pasaporte, copia del carnet de novillero del Ministerio de Cultura y el documento de afiliación a la Seguridad Social. Los menores de edad también deben presentar una autorización escrita de los progenitores o tutores legales. El alcalde de Ledesma, Exuperancio Benito (PP), asegura a elDiario.es que, a pesar de que en la normativa establece que la documentación debe enviarse al Ayuntamiento, se encarga de todo la Diputación de Salamanca (PP). “El bolsín se organiza a instancia de la Diputación para promocionar a sus alumnos y nosotros solo nos encargamos de que haya ambulancias y personal de Protección Civil, pero no lo organiza directamente el Ayuntamiento”, ha reiterado el regidor de Ledesma. Este periódico se ha puesto en contacto con el diputado de Carreteras, Escuela de Tauromaquia y Deportes, Jesús María Ortiz, pero no ha contestado a las preguntas formuladas, como tampoco hizo cuando se hicieron públicas las denuncias por acoso y por acoso sexual.

En las tientas, cada novillero debe lidiar con una vaquilla sin muerte. Las normas establecen la entrega del trofeo de la Rosquilla de Oro para el ganador del Bolsín, y la posibilidad de ser incluido en caso de ser realizada en una novillada picada que se celebre en la siguiente fiesta del Corpus de Ledesma. El alcalde del municipio, de 1.500 habitantes, asegura que ellos desconocen si los participantes cumplen con sus propias bases y tienen “14, 15, 16 o 17 años”. Sin embargo, las bases del concurso establecen que el DNI, el “currículum taurino” y la autorización del tutor responsable del menos deben enviarse al correo electrónico del Ayuntamiento.

La Diputación da una subvención anual de 3.000 euros a la “Asociación Bolsín Taurino Ayuntamiento de Ledesma” porque considera que estos bolsines, “y concretamente el desarrollado por el Ayuntamiento de Ledesma”, son “parte importante de la identidad” de Salamanca y “un escaparate sin igual para que los jóvenes novilleros se muestren su buen hacer y así conseguir oportunidades que les validen en su camino y formación como matadores de toros, siendo esta la meta y aspiración de todos ellos”. El área de Cultura de la Diputación de Salamanca entrega 21.900 euros anuales en subvenciones directas (para los bolsines de Alba de Tormes, Ciudad Rodrigo, Ledesma, Parada de Rubiales y el Museo Taurino de Salamanca) y otros 190.000 euros en concurrencia competitiva para que los Ayuntamientos organicen novilladas con la participación de alumnos de la Escuela de Tauromaquia.

“El Ayuntamiento cumple las normas a su manera”

La oposición municipal asegura a elDiario.es que esto es “una muestra más del funcionamiento del Ayuntamiento”. “El equipo de gobierno actual cumple las normas a su manera, incluso en un certamen como este. Metieron a un menor y les dio igual, dijeron que no se habían dado cuenta y ahí quedó”, señala la portavoz socialista en Ledesma, Patricia Martín. La concejala del PSOE considera que el Ayuntamiento podría haber emitido una declaración o haber explicado públicamente la situación porque el Bolsín Taurino es un certamen “importante” y “debería ser serio”.

En la Diputación de Salamanca, el PSOE preguntó al equipo de gobierno, que consideró que enviar a un alumno menor de 15 años fue un “error administrativo” de la Escuela y que debía ser el Ayuntamiento el que debería haber rechazado la candidatura al revisar su DNI, puesto que aún no había cumplido los 15 años.

El reglamento de la Junta de Castilla y León, la edad mínima de los participantes para los bolsines taurinos es de 14 años previa autorización por escrito de los padres o tutores. Sin embargo, varios municipios, como Candeleda (Ávila), Alba de Tormes o Ciudad Rodrigo (Salamanca), han decidido ampliar la edad mínima de participación a 16 años.

La Escuela de Tauromaquia de Salamanca ha vivido unos días muy convulsos desde que Salamanca24horas hiciera públicas dos denuncias de padres de menores que han sufrido acoso sexual por parte de compañeros y acoso de un profesor hacia un alumno. En el primer caso, se trata de una menor que en ese momento tenía 12 años, cuyos padres ya han interpuesto dos denuncias ante la Policía Nacional y la Guardia Civil. En un principio, la familia de la menor pensó que recibía este tipo de presiones solo por parte de uno de sus compañeros, aunque finalmente han resultado ser dos los alumnos de la Escuela los que han sido denunciados ante la Policía Nacional, que se ha negado a facilitar información al haber menores implicados.

La escuela, que depende de la Diputación de Salamanca, admite alumnos de entre 8 y 20 años, que acuden tres veces a la semana a formarse en cuestiones vinculadas al mundo del toreo. Los acusados tienen ahora 17 y 18 años, aunque ambos eran menores de edad cuando se produjeron los hechos. Los maestros y responsables de la Diputación se han reunido en cuatro ocasiones con la familia de la niña para comentar la situación, según relata el padre de la menor, que no ha visto mucha acción por parte de la Diputación, en manos del PP. La familia ha presentado las denuncias ante la Policía Nacional y ante la Guardia Civil. También ha intentado contactar en múltiples ocasiones con la Diputación y con el Ayuntamiento que dirige la diputada de Bienestar Social, Familia y Juventud, Eva María Picado, para ver si podía interceder, pero nadie le devolvió las llamadas.

La familia de la víctima —de 13 años cuando se produjeron los mensajes por Whatsapp e Instagram— se reunió con los profesores de la Escuela y con el diputado provincial, Jesús María Ortiz, para informarles de lo que sucedía. “Los profesores y el diputado han visto todos los mensajes. Nos dijeron que les iban a expulsar hasta que se resolviera el caso y les pedimos que incluyeran también la obligación de que los alumnos mayores de 14 años presentaran un certificado de delitos de naturaleza sexual”, explica a elDiario.es uno de sus progenitores. Esa misma tarde la pequeña se quedó sola mientras el resto de alumnos salieron a correr y uno de los acusados se acercó a ella para increparla y presionarla. “Esa fue la medida de protección que tomaron. ¿La segunda? Que quedaban dos semanas para que acabase el curso y la medida fue que se turnaran unos días unos y otros. Es decir, que la víctima no pudiera ir a clase”, relata el padre.

En un comunicado de prensa, la Diputación de Salamanca defiende que se tomaron medidas en cuanto tuvo conocimiento el equipo directivo. “Se decidió separar a los alumnos implicados para que no coincidieran en las clases hasta la finalización del curso”, ha manifestado en un comunicado la Administración provincial, que abrió un expediente administrativo “para recabar toda la información de ambas partes”. Ese expediente, según confirma el Partido Socialista, se abrió en agosto después de que su grupo pidiera explicaciones al diputado provincial de Carreteras, Escuela de Tauromaquia y Deportes, Jesús María Ortiz. elDiario.es ha intentado contactar con el diputado, que no ha respondido a las preguntas formuladas.

El padre también explica que se les remitió por correo la petición de que aquellos que tuvieran una condena por delitos sexuales a menores no pudieran acudir a la escuela, un e-mail al que no recibió ninguna respuesta. “El diputado provincial me dijo por teléfono que creía a los maestros, que no tenía por qué creernos y que si le habían dicho que allí no ha pasado nada, no ha pasado nada”, explica. Cuando la familia escribió a la Diputación para pedir la expulsión temporal de los dos alumnos, se les solicitaron las fotografías de la menor para demostrar que se las habían pedido a la niña, según ha podido confirmar elDiario.es. “Si tiene pruebas fehacientes (fotos, etc.) deberías aportarlas al expediente”, recomendaba por escrito un funcionario a la familia de la víctima, que tiene asistencia psicológica.

La diputada provincial del PSOE, Miryan Tobal, denuncia que no hay un protocolo antiacoso y, por lo tanto, las medidas tomadas son “improvisadas”. Este viernes en rueda de prensa ha considerado “muy preocupante” que las familias digan que la Diputación “ha silenciado este asunto y lo ha querido dejar pasar”. “Le quitaron de clase a la niña: uno de los acusados dejó de ir, pero con el otro se turnó hasta final de curso. La mujer es la que va a dejar de hacer la actividad”, reprocha en declaraciones a elDiario.es. La madre de la niña lamenta que su hija no haya tenido tampoco apoyo de sus compañeros ni de los otros profesores. “Lo tendrá de quejar y este ha sido su sueño toda la vida, pero las instituciones no han hecho nada”, lamenta.

Una Escuela para “formar hombres para la sociedad”

La Escuela tiene entre sus objetivos “formar toreros y hombres para la sociedad”, según su plan de Enseñanza. Además, el reglamento de la Escuela contempla el respeto a profesores y alumnos como una de sus “obligaciones primordiales”. El incumplimiento de esta —y otras— norma se considera “una falta grave” y podría llevar aparejada “la suspensión temporal o definitiva”. La Escuela de Tauromaquia de Salamanca está financiada por la Diputación y los padres apenas pagan una cuota de 20 euros aproximadamente.

El padre reconoce que esos mensajes no se producían durante las horas de clase, pero la Escuela sí jugó un papel en este acoso y entiende que estos chicos deberían ser expulsados. “Le pedían que no dijera nada en la Escuela, que la iban a echar si decía algo”, señala el padre, que ha leído los mensajes que prueban cómo los chicos, mayores que la víctima, intentaban convencerla: “Le decían: 'si haces esto, entreno contigo mañana, o toreamos mañana... Todo han sido amenazas hacia lo que se producía en la escuela”. También le amenazaron con “hacerle la vida imposible”, según consta en la denuncia.

Otra víctima de acoso, pero de un docente al alumno

La familia de otro menor también ha notificado en numerosas ocasiones a la Diputación la situación que ha vivido durante años su hijo, que ha necesitado atención psicológica como consecuencia del acoso que sufre por parte de uno de los profesores del centro. Le acusan de insultar al menor por su estado físico o su forma de vestir desde hace años. “Es una escuela privada disfrazada de pública”, denuncia la madre del menor.

Cuando la familia de este menor advirtió al diputado de la Escuela de Tauromaquia de las “faltas de respeto” que sufría su hijo, Ortiz respondió que “tomaban nota”. En el escrito destacó que la escuela es “un referente no solo nacional sino también internacional” y “uno de los mejores centros de formación de futuro profesionales del toreo”, y los padres no han vuelto a saber nada sobre si se ha abierto algún tipo de expediente disciplinario.

La Escuela de Tauromaquia niega “rotundamente” que cualquiera de sus profesores hayan tenido un comportamiento “inadecuado o vejatorio”. “Estas acusaciones responden al descontento de un alumno y su progenitor tras las decisiones técnicas adoptadas por el profesorado, relativas a la preparación y nivel de los alumnos para participar en clases prácticas, que implican riesgo físico y exigen criterios estrictos de seguridad y capacitación”, ha suscrito la Diputación de Salamanca.

Dos alumnos han denunciado que sufren acoso sexual y escolar en la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, dependiente de la Diputación. Según ha informado Salamanca24horas, una menor de 13 años interpuesto una denuncia ante la Policía por acoso sexual y coacciones por parte de dos compañeros, y otro alumno, también menor, ha emprendido acciones legales con motivo por un maltrato psicológico continuado por parte de los profesores.

La Diputación de Salamanca ha asegurado que el acoso sexual —instándole en repetidas ocasiones a enviar fotografías íntimas— se produjo “fuera del horario y de las instalaciones” de la Escuela Taurina y que se tomaron medidas en cuanto tuvo conocimiento el equipo directivo. “Se decidió separar a los alumnos implicados para que no coincidieran en las clases hasta la finalización del curso”, ha manifestado en un comunicado la Administración provincial, que abrió un expediente administrativo “para recabar toda la información de ambas partes”.

“La Escuela de Tauromaquia no puede, ni debe, vulnerar los derechos de ninguno de los implicados. No existe en la actualidad ninguna medida judicial ni administrativa que justifique la expulsión de los alumnos, y proceder a ello supondría un menoscabo grave de los derechos fundamentales de una de las partes. Esta institución actuará siempre conforme a la ley y a las resoluciones judiciales que puedan dictarse, respetando en todo momento la presunción de inocencia”, ha defendido en el comunicado.

La Escuela de Tauromaquia niega “rotundamente” que cualquiera de sus profesores hayan tenido un comportamiento “inadecuado o vejatorio”. “Estas acusaciones responden al descontento de un alumno y su progenitor tras las decisiones técnicas adoptadas por el profesorado, relativas a la preparación y nivel de los alumnos para participar en clases prácticas, que implican riesgo físico y exigen criterios estrictos de seguridad y capacitación”, ha suscrito la Diputación de Salamanca, que ha reivindicado “su compromiso absoluto” con “la formación, seguridad y bienestar” de sus alumnos.

La Diputación niega que haya habido un intento de “inacción o encubrimiento”. “La gestión de todos los hechos conocidos se ha realizado con la máxima diligencia, responsabilidad y dentro del marco legal que ampara a las partes implicadas”, ha rematado.

La escuela taurina de Salamanca recibió en 2019 el Premio de Tauromaquia de Castilla y León por su contribución al mundo del toro desde hace ya 40 años de formación a “cientos de jóvenes como profesionales taurinos” de manera ininterrumpida. Esta institución está financiada con fondos públicos —y con un diputado provincial específico, Jesús María Ortiz, que dirige Carreteras, Escuela de Tauromaquia y Deportes— y convoca una subvención dirigida a los Ayuntamientos de Salamanca para que contraten alumnos de la escuela para becerradas y novilladas. La Diputación también colabora económicamente a través de la Escuela para subvenciones bolsines como los de Ciudad Rodrigo, Alba de Tormes y Ledesma, entre otros.

Entidades como la Fundación Franz Weber han reclamado el cierre de esta escuela para cumplir con una recomendación del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en 2018 de “alejar” a los menores de edad de la tauromaquia, incluyendo su participación directa en este tipo de recintos o como personas espectadoras. La escuela salmantina admite alumnos de entre 8 y 20 años.

El PSOE ha denunciado este miércoles la falta de planificación y organización en materia de extinción de incendios forestales en la provincia de Salamanca entre la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial. La viceportavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Carmen Ávila, junto con dos de los alcaldes de los municipios afectados por los fuegos, Miguel Ángel Luengo, regidor de La Alberca, y Agapito Pascual, de El Payo, han criticado esta situación en una rueda de prensa.

En esta comparecencia, en la que los socialistas han pasado revista a los diferentes episodios de los incendios que han azotado la provincia salmantina a mediados de agosto, Ávila ha acusado a la Junta de Castilla y León y la Diputación provincial de falta de organización y planificación, además de una carencia en los recursos humanos y materiales para la extinción.

La viceportavoz ha puesto de relevancia que han sido más de 11.000 hectáreas las quemadas, algo provocado porque, según ha asegurado, ni el Gobierno autonómico ni la Diputación se han tomado en serio la planificación y organización del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Emergencias.

En esta clave, la también alcaldesa de Peñaranda de Bracamonte ha expresado que sus peticiones a la Diputación de que haya más profesionales y menos voluntarios han sido desoídas en los últimos años, siendo insuficientes las plazas abiertas, lo que refleja en su opinión una mala gestión.

Las otras dos intervenciones, tanto de Pascual como de Luengo, han incidido en las trabas burocráticas que existen a la hora de extinguir un incendio y lo peligroso que es que los voluntarios de los ayuntamientos sean los que tengan que hacer frente a los mismos estando solo protegidos por el patrimonio de los propios alcaldes.

A pesar de ello, han agradecido la labor de estos trabajadores aunque han remarcado que la extinción de incendios, como marca la ley, tiene que estar hecha o atendida por bomberos profesionales, por eso han pedido la profesionalización de los parques y el formalizar un convenio.

Para el alcalde de La Alberca lo sucedido en este periodo estival con los incendios ha sido un fracaso total por parte de la Diputación de Salamanca, sin contar con los recursos, los medios, el dinero y el personal formado para su extinción.

El PP de Salamanca dice que el Gobierno solo declaró zona catastrófica municipios del PSOE

El grupo del PP en la Diputación de Salamanca ha afirmado hoy que el Gobierno central solo ha declarado zona afectada por una emergencia de protección civil, antes conocida como zona catastrófica, a municipios gobernados por el PSOE en la provincia.

“Resulta difícil de explicar que el Gobierno central solo haya declarado zona catastrófica a municipios gobernados por el PSOE, como La Alberca y El Payo, mientras que Cipérez, con unas repercusiones económicas y sociales mucho mayores, así como Martín de Yeltes, han quedado fuera de esa consideración”, han dicho hoy los populares en un comunicado.

El PP ha respondido así a las críticas que esta mañana en rueda de prensa ha hecho el PSOE de la Diputación a la gestión de los incendios de la Junta y la institución provincial (ambas gobernadas por el Partido Popular), junto a dos de los alcaldes de los municipios afectados por los grandes fuegos de agosto, Miguel Ángel Luengo, de La Alberca, y Agapito Pascual, de El Payo.

Los socialistas han denunciado falta de planificación y organización y han reprochado a la Diputación que haya desatendido sus peticiones de profesionalizar el servicio de bomberos.

El PP ha vuelto a reclamar al PSOE que exija al Gobierno que “subsane el grave error cometido al no incluir a Cipérez, e incluso a Martín de Yeltes en la declaración de zona catastrófica, como sí se ha hecho con otras localidades”.

La Junta ha asegurado que solicitó la declaración para todos los municipios afectados, sin exclusión, pero el PSOE ha argumentado que la Junta debía comunicar al Ministerio y a Protección Civil qué incendios habían tenido una situación operativa o nivel 2 por su gravedad y no lo ha hecho.

Y ha explicado que los incendios de El Payo y La Alberca sí están incluidos en la declaración aprobada la semana pasada por el Gobierno porque la Junta solicitó formalmente la Unidad Militar de Emergencias (UME), aunque finalmente solo fue a El Payo, y para ello era indispensable enviar la documentación pertinente.

El incendio de Cipérez es el más grande registrado nunca en la provincia, con 10.500 hectáreas arrasadas, y afectó además a los municipios de Espadaña, Tremedal, Puertas, Villar de Peralonso, Peralejos de Arriba y Villaseco de los Reyes.

La oposición en el Ayuntamiento de Béjar, Salamanca, formada por el PSOE, dos con concejalas no adscritos y un edil de Tú Aportas, han registrado este martes una moción de censura contra el alcalde, Luis Francisco Martín Hernández (PP), por lo que han considerado “la pérdida de confianza” de la corporación municipal hacia el regidor “motivando una situación política de desprestigio y deterioro del gobierno municipal”.

Con 10 concejales que apoyan de la moción de censura, frente a los 7 que suman el PP y Vox, la Alcaldía de Béjar cambiará de manos. El PSOE ha propuesto al concejal, Antonio Cámara López, como candidato para reemplazar a Martín Hernández, que recibirá el bastón de mando a más tardar en diez días hábiles, es decir el 5 de agosto a las 12.00 horas, fecha que fija la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en su artículo 197, para convocar el pleno extraordinario.

La oposición ha suscrito un escrito con 14 “consideraciones políticas” para apartar a Martín Hernández de la Alcaldía en las que explican los motivos para esa “pérdida de confianza”. Entre ellos, el incumplimiento de los “compromisos políticos más fundamentales para el interés municipal y que figuraban en su programa electoral”.

Además, han señalado que “la situación de la ciudad es insostenible, sin servicios adecuados para la ciudadanía con una carencia absoluta de gestión por parte del actual equipo de gobierno encabezado por el alcalde”. Una cuestión que deja a Béjar, según la oposición, “sin limpieza, sin prevención de incendios, sin desbroces, sin inversiones, sin respeto por las empleadas y empleados públicos, con un deterioro absoluto de la relación con la representación de las trabajadoras y trabajadores”.

Otro aspecto son “los malos niveles económicos”, la bajada de población, que según el documento deja a Béjar “ya por debajo de los 11.950 habitantes”, la fatal de escucha del equipo de gobierno ante los problemas y al resto de grupos políticos, o una gestión de bienes públicos “catastrófica” con una “pérdida alarmante tanto de dinero como de interés”.

La oposición pone el acento en la “alarmante falta de interés en el progreso” y de “desprestigio” de la localidad, la caída de subvenciones y de ejecución. Todo ello, derivado de la falta de proyecto político tras dos años sin que PP y Vox hayan presentado un presupuesto.

Todas estas situaciones, como han defendido en el escrito, desencadenó que el alcalde ya fuera reprobado por el Pleno municipal “por estos y otros hechos y acciones, sin que esto haya servido para reconducir sus políticas y trabajar por la ciudad”. Las consideraciones concluyen defendiendo que la moción de censura se hace bajo “el sentido de la responsabilidad” buscando “la mejora social y económica de las ciudadanas y ciudadanos de Béjar”.

Crisis de gobierno por tener un asesor con presuntos vínculos con el narcotráfico en Chile

A estos motivos expuestos añaden otro: “la introducción por parte del alcalde de personas ajenas al consistorio, sin relación contractual ni nombramiento por su parte, para ejercer las funciones de asesores, pudiendo tener acceso a expedientes e información personal de la ciudadanía bejarana, así como a todas las instalaciones municipales, tal y como quedó reflejado en la comisión de investigación del 'caso asesores', constituida por acuerdo de pleno y cuyas conclusiones fueron aportadas a la Fiscalía”.

En las elecciones de 2023 el PSOE ganó las elecciones en votos y empató con el PP a siete concejales. Vox, con sus dos ediles, hizo sumar la mayoría para que Martín Hernández obtuviese el bastón de mando. Al poco de llegar a la Alcaldía, irrumpen dos hermanos como asesores, son Guillermo Ramón y Marta Elisa Barceló Barrachina. El hombre aparece mencionado en una sentencia de narcotráfico en Chile y en vídeos policiales en los que se le señala como presunto facilitador para mover droga.

Esta situación, sin ningún contrato de por medio salvo uno con Marta Elisa para realizar un estudio de viabilidad sobre el centro turístico Sierra de Béjar La Covatilla, se saldó con la salida de dos concejalas del PP que ahora que se han sumado al PSOE y a edil de Tú Aportas para quitar a Martín de la Alcaldía.

La exedil del PP, Olga García, que cruzó denuncias por amenazas con los asesores, aseguró en un pleno que el alcalde le habría dicho que los asesores fueron mandados por el “Partido Popular y más concretamente el señor Alfonso Fernández Mañueco”. Asimismo, en su intervención señaló que el regidor habría asegurado que en “mochilas negras” llevaban “pistolas” porque “estaba amenazado”.

Condenado en 2005 a un año de prisión e inhabilitación

Con esta moción de censura se acabará el mandato de Martín Hernández, que ha saltado a la prensa por dar estrambóticas situaciones, tal y como ha ido publicando elDiario.es. Antes de llegar a la Alcaldía, como candidato, este medio relató que Martín Hernández fue condenado en 2005 a un año de prisión e inhabilitación para cargo público por usurpación de funciones.

Martín, que era concejal en Béjar, aceptó ser en 2001 “secretario interventor accidental” en Puente del Congosto, un puesto que le dio la alcaldesa de esa localidad, Soledad Arana Martín. “Nombró a quien ella quiso prescindiendo total y absolutamente de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, no reuniendo el agraciado con dicho nombramiento la titulación exigida para el acceso a la subescala y categoría del puesto”, recogía la sentencia.

El entonces edil de Béjar no solo no estaba capacitado para ser secretario, un cargo al que se accede por oposición y con una titulación superior; además ocupaba otro cargo público. Tanto él como la entonces alcaldesa ignoraron las repetidas advertencias y requerimientos que llegaron de diversas administraciones y entidades oficiales. Para su presentación como candidato contó con el presidente del PP de Castilla y León y de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, mostrando una camiseta con la inscripción 'Luis Fernando'. “Luis Francisco tiene el respaldo del PP desde Feijóo hasta la dirección provincial y autonómica”, afirmó Mañueco.

En marzo rajan tres ruedas del vehículo personal del alcalde de Béjar

En marzo de este año, Martín denunció que le habían rajado las ruedas de su coche. En declaraciones a Europa Press, aseguró tener “ganas de dejarlo todo”. Asimismo, afirmó que otro coche de su propiedad que sacó para viajes más largos ha pinchado en dos ocasiones.

El alcalde señalaba que desde que tomó posesión en el Ayuntamiento sufrió desde el primer día un “acoso y derribo” hacia su persona y ha asegurado que esta “crispación” se ha notado en Plenos, en comisiones, en la radio o en la calle, puesto que “han hecho todo lo posible” para que deje la Alcaldía.

Polémica por autorizar pagar un libro de un miembro de la lista del PP que facturó a sus empresas

En junio de 2025, el alcalde Béjar vuelve a saltar a la polémica porque sus empresas editaron e imprimieron un libro sobre cultura de la localidad, según recoge elDiario.es. La obra fue escrita por un afiliado del PP que concurrió en su lista como suplente en 2023. El problema comienza en la contratación de “colaboración en la impresión de 100 libros, con 290 páginas (textos y fotos de acontecimientos culturales a lo largo de cuatro décadas en la Ciudad de Béjar, en Instituciones, colegios y Teatro Cervantes...), así como comentarios y reseñas de los XXIV certámenes de teatro, zarzuelas, óperas, en las emisoras locales: 'Es radio' y 'Cadena Ser' de Béjar”. Este contrato estaba dotado con una cantidad de mil euros (826,45 sin IVA) y se adjudicó el 20 de marzo.

El alcalde firmó una Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses en febrero de 2025 y dice que no detectó este conflicto de interés hasta mayo, cuando vio el libro del que se trataba y las facturas que presentaba el adjudicatario. Las facturas en cuestión estaban fechadas el 28 de enero y compulsadas por el Ayuntamiento el 18 de febrero, un mes antes de que se adjudicara ese contrato. El alcalde había firmado dos decretos (26 de febrero y 20 de marzo) sobre la necesidad de este contrato menor. elDiario.es se puso puesto en contacto con el alcalde sin respuesta alguna.

Luis Francisco Martín rechazó pagarse a sí mismo alegando que “muchas cosas de las que firmo no las leo, lo que es intrascendental”. Eso sí, matizó que “en el momento en el que vi la factura lo mandé paralizar y no se ha pagado. Fíjese qué delito es”, reclamó el alcalde 'popular' a los miembros del Grupo Socialista, cuya sede fue vandalizada en enero.

El pleno del Ayuntamiento de Béjar (con el voto a favor de los 7 concejales del PSOE y las dos no adscritas) ha aprobado esta semana instar a los Servicios Jurídicos municipales para que envíe todos los documentos del expediente a Fiscalía por si ve oportuno intervenir, algo que el alcalde tachó de “sucio y mezquino”.

Renuncia como asesor del Grupo Popular en la Diputación de Salamanca

La última situación política de Martín en saltar a los titulares fue su renuncia en junio como coordinador del Grupo Popular en la Diputación Provincial de Salamanca, cargo que ha ocupado desde las pasadas elecciones municipales y que ha compatibilizado con la Alcaldía, a pesar de los escándalos que se han ido conociendo sobre su actividad política.

El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha autorizado a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte la concesión de una subvención de 26.000 euros a la Diputación Provincial de Salamanca como titular de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, “para el desarrollo de su actividad y su funcionamiento, así como para apoyar la labor de promoción de la tauromaquia que desempeña”, según ha informado a través de un comunicado. Es la misma cantidad que la Consejería ha consignado en 2024 y 2023, cuando entró en la consejería Gonzalo Santonja, el único consejero que colocó Vox y que conservó su cargo después de la ruptura del partido de Abascal con el PP el año pasado.

La concesión de esta subvención a la institución provincial salmantina tiene como objetivo contribuir al sostenimiento económico de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca de la que es titular, en su labor de fomento y difusión de la tauromaquia, en la recuperación de la tradición taurina asociada a las ermitas rurales y en la formación de futuros profesionales que den continuidad a la fiesta de los toros.

La Escuela de Tauromaquia de Salamanca tiene entre sus funciones “contribuir a la fiesta de los toros mediante la búsqueda de nuevos valores que velen por su permanencia y pureza”, así como promocionar y fomentar “la afición y la cultura taurina”. En desarrollo de estas funciones, la actuación se dirige básicamente, a impartir enseñanzas teórico-prácticas relacionadas con las diversas suertes del toreo que ayuden a los aspirantes a toreros a formarse como tales.

En este aprendizaje se incluyen enseñanzas culturales y profesionales, para que los alumnos adquieran también, una formación adecuada, además de colaborar con las restantes instituciones públicas y privadas relacionadas con la fiesta, así como desarrollar actividades para el cumplimiento de sus objetivos, organizando concursos, exposiciones, conferencias, festivales o novilladas.

Nuevo capítulo en la vida política del alcalde de Béjar, Luis Francisco Martín. La Diputación de Salamanca ha publicado en el boletín oficial de la provincia su renuncia como coordinador del Grupo Popular en la administración provincial, cargo que ha ocupado desde las pasadas elecciones municipales, a pesar de los escándalos que se han ido conociendo sobre su actividad política y que elDiario.es ha publicado.

A comienzos de este mes de junio, este medio informó sobre la autorización de Luis Francisco Martín para pagar un libro de un miembro de la lista del PP que se presentó a las elecciones de 2023 como suplente, que editó una de las empresas del regidor y que imprimió su otra compañía.

Sin embargo, no es la primera polémica del alcalde de este municipio de algo más de 12.000 habitantes. El equipo de gobierno de Béjar, formado tras un pacto entre Vox y PP, perdió la mayoría a comienzos del año 2024, cuando dos concejalas del PP abandonaron el grupo. El PSOE, en minoría, junto con un partido local, no pudieron presentar una moción de censura sin incumplir el pacto antitransfugismo. Este escenario político fue consecuencia de una pareja de 'asesores' del alcalde, dos hermanos de nacionalidad española pero que hablan con fuerte acento colombiano. El hermano aparece mencionado en una sentencia de narcotráfico en Chile y en vídeos policiales en los que se le señala como facilitador para mover droga introduciéndola en cargamentos de pescado y fruta.

Pero Luis Francisco Martín, que sigue ocupando el puesto de alcalde a pesar de todo lo sucedido, ya fue señalado previamente. Martín fue condenado en el año 2005 a un año de prisión e inhabilitación para cargo público por usurpación de funciones. Aceptó en el año 2001, cuando era ya concejal en Béjar, ser “secretario interventor accidental” en Puente del Congosto, un puesto que le dio la alcaldesa de esa localidad.

Martín renuncia ahora como coordinador del Grupo Popular en la Diputación de Salamanca, un puesto que compatibilizaba con la alcaldía de Béjar.

El único diputado de Vox en Salamanca, Celestino del Teso, ha señalado al presidente provincial de la formación, el también procurador en las Cortes de Castilla y León, Carlos Menéndez, de “sembrar discordia” en el Grupo, al tiempo que ha denunciado haber recibido “presiones” para que renunciara a su cargo.

En rueda de prensa, del Teso ha exigido “un nuevo Comité Ejecutivo Provincial, la restitución de los dos procuradores en sus funciones en las Cortes dentro del grupo y el reconocimiento de la renovación del Grupo Municipal del Ayuntamiento de Salamanca”.

Durante su intervención ha asegurado que ni él, ni los compañeros a los que representa, “un 80% de Vox en la provincia y capital”, en sus palabras, trae “problemas, solo soluciones”. “Cuanto antes llegue la justicia, antes llegará la paz” ha subrayado.

En este punto, ha asegurado que la situación que vive el partido en la provincia se resume en “la pésima gestión” de la Dirección Provincial por su “política y pactos post electorales” en el Ayuntamiento de Sotoserrano, Béjar, Carrascal de Barregas y Topas, ha enumerado. También por los “intolerables ataques” a miembros del equipo de Vox en Salamanca “amparados e impulsados” por el presidente Carlos Menéndez y la “pésima gestión” de la organización del partido en la provincia que ha conducido, a su juicio, al “colapso”. “Estas tres cuestiones tienen un responsable fácilmente identificable: el presidente provincial” ha zanjado Del Teso.

Según ha señalado el diputado en rueda de prensa, los que se presentaron en Salamanca por Vox abandonaron sus “actividades y zona de confort” para dejarse “la vida e iniciar una aventura difícilmente soportable si quien tenía que estar al mando sembró discordia”, en relación a Menéndez.

Del Teso ha explicado que había guardado silencio “por respeto” al partido al que pertenece y en el que quiere “seguir”, si bien ha lamentado que sus opiniones “constructivas” no sean tomadas “en cuenta” y haya recibido “presiones o amenazas” para dejar el cargo.

Del Teso ha pedido a la Dirección Nacional que le llame, “aunque sea para algo malo”, ya que estas “críticas”, las hace “por devoción a los principios” de un partido, al que no va a “traicionar nunca”.

Celestino del Teso ha confirmado que no renunciará al acta, a pesar de haber tenido su “carta de dimisión escrita”, si bien “cambió de opinión” cuando supo lo que pasaba. “No estamos poniendo a Vox en la provincia en peligro, pero sí lo hacen los que deben estar al frente de esta familia y no lo han hecho”, ha finalizado.

Javier Iglesias ha sido reelegido este martes por cuarto mandato consecutivo presidente de la Diputación de Salamanca, donde el PP ha ampliado su mayoría absoluta con los dos escaños más que obtuvo en las municipales del 28-M. Con los 15 votos de su partido, Iglesias (Peñaranda de Bracamonte, 1969) estará al frente de la nueva Corporación Provincial de la Diputación el periodo 2023-2027, una institución que preside desde 2011.

La novedad de la sesión de constitución ha sido la entrada de Vox con un diputado, Celestino del Teso, quien ha pedido a Iglesias “que salga más del despacho” y atienda las necesidades de unos pueblos “cada vez más vacíos y envejecidos”. En su discurso, Iglesias le ha respondido que “en muchas ocasiones” no está en su despacho sino “visitando municipios para conocer de primera mano las necesidades de los pueblos” y ha llamado a todos los concejales a “ejercer este honor con responsabilidad, honestidad y dedicación”.

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Diputación, Fernando Rubio, ha recordado en su discurso el “proceso judicial del Partido Popular” que “ha comprometido el buen nombre de esta casa”, en referencia a la institución provincial.

Iglesias ha sido elegido esta vez concejal de la Diputación por el pueblo de San Morales, después de que el alcalde de Salamanca y su sucesor en la dirección del PP provincial, Carlos García Carbayo, lo dejara fuera de su candidatura municipal para mantener “fresco y vivo” al PP de la ciudad y “renovar” el proyecto popular en el Ayuntamiento, según explicó entonces.

En 2019, Iglesias fue de número 5 en la lista que entonces encabezó también García Carbayo, quien le reemplazó al frente del partido provincial tras su dimisión en diciembre de 2022 debido a la investigación judicial en la que estaba inmerso entonces el presidente de la Diputación.

El pasado 24 de marzo, el Juzgado de Instrucción número dos de Salamanca archivó la causa abierta contra el PP de Salamanca al no ver financiación ilegal, causa en la que llegaron a estar en calidad de investigados el propio partido, Iglesias, y la gerente provincial, Isabel Sánchez.

En su resolución, el Juzgado consideró que de las actuaciones practicadas no se puede determinar que el PP haya sido financiado de manera ilegal en el marco de las primarias autonómicas de 2017, que se celebraron para elegir al sucesor de Juan Vicente Herrera al frente del PP de Castilla y León y que auparon al liderazgo autonómico al actual presidente del partido y de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Iglesias, quien agradeció este martes a Mañueco su asistencia a la constitución de la nueva Corporación Provincial, es licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad de Salamanca y ostenta cargos en el PP desde 1996.

Ha sido diputado, procurador en las Cortes de Castilla y León, senador, alcalde de Ciudad Rodrigo, presidente provincial del PP (2008-2022) y presidente de la Diputación (desde 2011).

La bronca interna del PP de Salamanca, que arrancó con el 'caso primarias', ya archivado, en el que el presidente del partido y de la Diputación Provincial, Javier Iglesias, llegó a estar imputado por presunta financiación ilegal, ha llegado al Pleno de este miércoles. Iglesias ha cerrado el micro a un diputado de su grupo, Marcelino Cordero, cuando en el último Pleno de la institución provincial, este ha pedido perdón al sector “díscolo” del PP, que intentó presidir el partido con Chabela de la Torre a la cabeza. Los portavoces de los grupos han aprovechado para despedirse, ya que muchos de ellos no estarán en la nueva corporación que se constituirá la semana que viene, y Cordero ha pedido la palabra tras la intervención de Iglesias. En tono tranquilo, el que ha sido diputado durante 16 años ha empezado a hilar un discurso que no ha podido acabar.

“No tenía la intención de intervenir pero ya que me han dado la oportunidad voy a hacerlo, en primer lugar, agradeciendo a los trabajadores de esta casa su comprensión y muchas veces su generosidad en cuanto a las negociaciones que hemos tenido conjuntamente”, ha arrancado. Lo inesperado es que se haya posicionado con los compañeros del sector crítico de su partido y que han sido purgados de las listas de diputados provinciales, Javier García Hidalgo, Román Hernández y Julián Barrera.

“También he de pedir perdón a los que yo también llamaba díscolos porque como les he dicho en algún momento, habéis llegado demasiado pronto o quizás yo, demasiado tarde. Si hubiera sido hoy, a lo mejor yo estaba con vosotros. Y estaba con vosotros y voy a razonar y a justificar mi actitud. Y voy a hacerlo, por empezar de alguna forma, voy a decir que yo no fui...”. En este punto, el presidente de la Diputación en funciones, Javier Iglesias, le ha interrumpido: “Quizás, discúlpame querido amigo Marcelino, no es el momento”. “Querido amigo sobra”, ha respondido Cordero. “No tienes la palabra”, ha espetado Iglesias. Cordero ha asentido e Iglesias ha puesto el fin al Pleno deseando “lo mejor a todos” y con un dardo final, ya que ha dicho que espera que el “espacio de convivencia que es la Diputación de Salamanca no haga volver a salir lo peor del ser humano” porque él desea “encontrar lo mejor de las personas a partir de ahora y en el futuro” y deseando “una vida feliz” a todos.

Cordero: “Me di de baja del PP tras enterarme al ir a votar de que no estaba en la lista de diputados, no son formas”

En declaraciones a elDiario.es, Cordero ha explicado el porqué de una intervención que no ha podido terminar. “La Junta Electoral convocó a los concejales para votar a los diputados provinciales el pasado 21 de junio, y es en ese momento en el que yo me entero que no estoy en esas listas, nadie del partido me dijo que no estaría, y no es por estar o no estar, porque yo estoy jubilado y bien jubilado, es que no son formas”, ha precisado. El diputado lleva 28 años trabajando junto a Iglesias y 16 como diputado provincial. Al día siguiente, Cordero comunicó a la gerente del PP de Salamanca que se daba de baja del PP. “Me dijo que no lo hiciera, pero no, este no es mi PP. Mi ideología no ha cambiado, yo sigo estando en el mismo sitio, pero el PP de Salamanca no es mi partido. Entiendo que bastante haya tenido Javier Iglesias con que le hayan salvado el culo a él, pero no son formas, es que me he enterado cuando me han convocado a votar y a día de hoy nadie me ha dicho nada”, ha lamentado. Del mismo modo, Cordero entiende la purga de los “díscolos” algo que “era de esperar” pero no que se le haya dado el mismo trato. “No me han dejado expresarme en libertad”, ha lamentado. Cordero, originario de Gijón y donde se establecerá definitivamente, no tiene pensado afiliarse a ningún partido, pero de hacerlo, sería en el PP de Gijón.