Actuaciones “motu proprio y de manera inexplicable, pues no disponían de instrucción alguna emitida por la empresa”. De esta forma arremetía la notificación de sanción de la compañía Urbaser que recibieron dos empleados, a los que la empresa responsabiliza de vertidos ilegales de aguas negras en el cantón de limpieza de Las Tablas, una actuación denunciada hace meses por Ecologistas en Acción después de que quedara captada en un vídeo. Trabajadores de la entidad insistieron en que “era una orden” y ahora este periódico ha tenido acceso a mensajes que prueban cómo el método irregular era conocido y aprobado por cargos superiores.

Así queda reflejado en conversaciones telefónicas entre el delegado de Urbaser David Lao y una capataz, a la cual la compañía ha abierto otro expediente sancionador con amenaza de despido o suspensión de empleo y sueldo entre 12 y 60 días. En los mensajes, anteriores a la trascendencia mediática del caso, la operaria trasladaba puntualmente al cargo de Urbaser las diferentes actuaciones que se llevan a cabo en dos cantones, con imágenes de las prácticas acometidas en las que se dan cuenta de las aguas negras vertidas. “Limpia la arqueta de Quintanapalla [calle donde se ubica el cantón de Las Tablas]. Luego vemos cómo”, ordena Lao a esta trabajadora, que en la actualidad se encuentra de baja.

La capataz respondió a Lao preguntando por si lo que quería que sanearan era “el pocillo”, nombre coloquial con el que la plantilla se refiere a las arquetas que se abrieron para llevar a cabo esta limpieza irregular. La capataz envía varias fotos al delegado de Urbaser y explica que “se han limpiado las rejillas de Quintanapalla” o que “el martes se hizo Isla de Arosa [otro cantón del distrito de Fuencarral-El Pardo]”.

“Llevamos así más de año y medio, dos veces a la semana. Hemos vertido unos 150 litros de aceite hidráulico al alcantarillado público”, denunciaba un trabajador del servicio municipal de recogida de residuos de Madrid sobre la dinámica en el cantón de limpieza del Ayuntamiento en Las Tablas, al norte de la capital.

Impacto al río Jarama después de “directrices de mandos superiores”

Ecologistas en Acción alertaba en un comunicado de “un impacto al medio ambiente y a la salud de los trabajadores que requiere una intervención urgente por parte de Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de Madrid, ya que afecta a sus instalaciones”. Y añaden: “La carga contaminante estará llegando a la estación regeneradora de aguas residuales de Valdebebas, alterando su normal funcionamiento e incrementando el riesgo de contaminación directa del río Jarama. Especialmente si existen tormentas con intensa precipitación en poco tiempo y el agua del alcantarillado no puede ser retenida por los tanques de tormenta y se vierte directamente al río. Se trata de un delito ambiental que afecta directamente el adecuado funcionamiento del alcantarillado y depuración del Canal de Isabel II y el Ayuntamiento”.

El conflicto medioambiental derivó en poco tiempo en un choque laboral. Los dos empleados retratados ejecutando estas tareas irregulares recibieron el pasado 28 de julio sendas notificaciones de sanción por parte de Urbaser, a la que luego se unió la enviada a la capataz. Sin embargo, diversas fuentes de la plantilla consultadas por Somos Madrid aseguran que estas actuaciones han sido “repetidas en el tiempo” y que seguían “las directrices de mandos superiores”.

“Si no cumplíamos con lo que el jefe nos mandaba, nos conllevaba una sanción”, aseguraba un miembro del personal. Explicaba que recibían las directrices de mandos intermedios, de su capataz, pero que estas “vienen siempre a su vez del jefe de servicio”. En caso de no seguir estas indicaciones, los trabajadores temporales se exponían a “la no ampliación de sus contratos como forma de castigo”. La plantilla fija también podía sufrir represalias: “Si ibas al médico no valía un justificante. Te exigen un certificado que demuestre que la prueba tenía que ser necesariamente en el horario de tu turno. Te retienen la cantidad correspondiente a esas horas hasta que les llevas a juicio, y no es hasta ese momento que te lo devuelven para evitarse el proceso”.

La notificación de sanción laboral de Urbaser, a la que tuvo acceso este medio, habla por contra de actuaciones sin “instrucción alguna emitida por la empresa”: “Usted empezó a recoger parte del líquido que se encuentra en un cubo con otro de menores dimensiones y una cuerda, siendo posteriormente basculado en el interior del cubo que previamente había trasladado hasta las inmediaciones del separador de hidrocarburos [...] Arrojaron el líquido hacia una alcantarilla situada a la entrada del cantón”. Una intervención que, admite la propia empresa, supone “transgredir una prohibición expresa” y “daña la imagen de la compañía”.

Las cartas dirigidas a los dos empleados y a la capataz finalizan con las propuestas de sanción: “Los hechos son susceptibles de ser tipificados como falta muy grave, siendo sancionables con la suspensión de empleo y sueldo o el despido, tal y como se recoge en el artículo 56.3 del Convenio colectivo general del sector”. Las fuentes laborales explican que sus compañeros siguen meses después a la espera de una respuesta por escrito sobre el estado y el alcance concreto de la multa: “Pero tienen claro que no se van a comer ni un día de castigo, van a defenderse. Seguramente en el juicio ni se presentará Urbaser, sobre todo cuando vea que existen más vídeos. Pero aunque se retracten, piensan llevar a la empresa a los tribunales. Y el malestar ya está en toda la plantilla”.

Una investigación interna ante el silencio del Ayuntamiento y las críticas de sindicatos o ecologistas

Este diario ha contactado en reiteradas ocasiones al área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid para conocer su postura acerca de los vertidos, el resto de actuaciones que denuncian los operarios y la posible intervención ante ellas, así como si estas dinámicas pueden suponer un incumplimiento del acuerdo contractual con Urbaser. Por el momento, la concejalía que lidera Borja Carabante no da respuesta a las preguntas trasladadas.

Desde Urbaser declararon por su parte el pasado agosto que “actualmente la investigación interna sigue en curso y, por ende, aún no se han adoptado medidas de índole laboral, aunque sí se han adoptado otras de refuerzo de control y supervisión de las operaciones”. Esta vez, la compañía prefiere no hacer declaraciones públicas por el momento ante las cuestiones dirigidas a ella, después de las revelaciones sobre el papel de David Lao en los vertidos irregulares.

“No hay ninguna evidencia para atribuir la responsabilidad de este incidente a estos trabajadores en concreto”, recogía la alegación a la sanción laboral de Urbaser que presentó el sindicato UGT (al que está afiliado uno de los afectados). El escrito profundiza en estas críticas: “¿Cómo es posible que sucedan hechos como los descritos en su relato en un cantón donde continuamente están entrando y saliendo trabajadores, incluidos mandos intermedios, y nadie se percate de lo que hacen dos trabajadores abriendo una arqueta que nadie debía abrir según su versión?”.

A estos reproches se ha sumado el sindicato de Comisiones de Bases, co.bas, en una misiva dirigida a Borja Carabante. Recuerdan al concejal “las denuncias de Ecologistas en Acción contra Urbaser por vertidos ilegales al alcantarillado y por acumular residuos de barredoras en el cantón de Isla de Arosa, hechos que demuestran una falta total de control y supervisión municipal”. Hablan de una “grave y mala gestión del servicio de limpieza viaria en el distrito de Fuencarral-El Pardo, gestionado por Urbaser”.

“Se constata una falta de vehículos operativos, escasez de barrenderos en las calles y una planificación deficiente, lo que provoca amplias zonas sin atender. Este verano, por primera vez en muchos años, no se ha activado el retén de conductores, por lo que no se cubrieron las vacaciones ni las bajas, dejando numerosos vehículos inmovilizados y reduciendo drásticamente el servicio”, indican en un escrito que recoge otra serie de críticas a la compañía adjudicataria de dos lotes de limpieza licitados por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida.

“Cabe recordar que con la anterior adjudicataria, Valoriza, la organización y planificación eran más eficientes, a pesar de contar con menos medios, lo que evidencia que el problema actual es de mala gestión. Además, el temor de los vecinos de Montecarmelo ante la posible gestión del futuro cantón por parte de Urbaser tiene fundamento, dados los antecedentes recientes en el distrito”, apuntan desde co.bas. La empresa tendrá la compleja tarea de administrar el mencionado cantón, uno de los que ha despertado más contestación vecinal debido a talas y trasplantes infructuosos de árboles ya ejecutados o molestias de salubridad, ruidos, movilidad y seguridad que anticipan residentes del entorno.

Urbaser asumió el lote de los servicios de limpieza y recogida de residuos correspondientes a Fuencarral-El Pardo en 2021. La compañía, que antiguamente pertenecía a ACS y en la actualidad está en manos del fondo estadounidense Platinum Equity, se hizo con dos de los seis contratos concedidos: el número 3 (que además de Fuencarral-El Pardo incluye los distritos de Moncloa-Aravaca y Latina) por 269,8 millones de euros y el 5 (Puente de Vallecas, Moratalaz, Villa de Vallecas y Vicálvaro) por 233,5 millones.

La relación contractual que se ha mantenido después de que la multinacional apartase a su número tres y al máximo responsable de Sertego (su filial de gestión de residuos) después de reconocer esta empresa su responsabilidad en una trama de fraude. Mezclaban aceite reciclado con gasoil para venderlo en estaciones de servicio, con un perjuicio para la Hacienda pública de 4,2 millones de euros. Urbaser enmarcó los cambios en “un proceso de reorganización”.

El último revés de la compañía llegó a finales de agosto, cuando trascendió que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid anuló la adjudicación de 1.091 millones de euros en un contrato de limpieza impulsado por la 42 localidades que conforman la Mancomunidad de Municipios del Noroeste por “falta de motivación”. Tumbó la concesión una modificación presentada por la empresa sobre su propuesta inicial, ante la cual la mesa de contratación debía decidir si se trataba de una mejora o un cambio sustancial en los pliegos. Cada una supone implicaciones propias y un tratamiento distinto en el proceso. “En el expediente existe una ausencia de justificación técnica en las puntuaciones dadas, que supera el límite de la discrecionalidad técnica”, subraya la resolución.

Revés jurídico al mayor contrato de basuras de España, con una cuantía superior a los 1.000 millones de euros. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (TACP) ha tumbado la adjudicación que la compañía Urbaser recibió para gestionar los residuos urbanos en 42 municipios del noroeste de Madrid. El organismo argumenta que el resultado de la convocatoria no quedó debidamente justificado.

Las localidades que conforman la Mancomunidad de Municipios del Noroeste emprendieron una concesión valorada en 1.091 millones de euros donde se incluye la construcción y explotación de una polémica planta de tratamiento de residuos en Colmenar Viejo, un núcleo urbano en el que se suceden los conflictos medioambientales y cuyo alcalde preside la Mancomunidad. El contrato acarrea también la explotación del conjunto de infraestructuras de tratamiento de residuos de la zona, con un período de concesión de 20 años.

Ahora la anulación (aprobada en febrero pero publicada este agosto en el portal de contratación) responde a dos recursos presentados por las empresas rivales que no ganaron el concurso: Valoriza (compañía que el fondo Morgan Stanley compró a Sacyr en 2023) y un consorcio entre FCC y Acciona.

La sentencia del TACP expone que concurrió una “falta de motivación” en la admisión y valoración por parte de la administración de una mejora introducida por Urbaser en su oferta. Es decir, la cuestión que ha llevado a tumbar la adjudicación ha sido una modificación presentada por Urbaser sobre su propuesta inicial ante la cual la mesa de contratación debía decidir si se trataba de una mejora o un cambio sustancial en los pliegos. Cada una supone unas implicaciones propias y un tratamiento distinto en el proceso.

“Lo que no es admisible es que se admita como mejora y no se motive cómo se ha valorado la misma en relación a la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor, que es donde se incluyó aquélla”, recoge la sentencia. Y añade el escrito: “Podemos concluir que en el presente expediente existe una ausencia de justificación técnica en las puntuaciones dadas, que supera el límite de la discrecionalidad técnica”.

Golpe en un momento convulso para Urbaser

Urbaser es una compañía gestionada por el fondo estadounidense Platinum Equity, aunque antes estuvo vinculada a ACS. Obtuvo una puntuación total de 99,87 puntos, seguida de FCC-Acciona (98,68 puntos), Valoriza (92,27) y Espina-Setec (86,09). Todo ello en un proceso en el que la Mancomunidad de Municipios echa mano de los fondes europeos Next Generation, que deben invertirse antes de junio de 2026.

La decisión judicial llega en un momento crítico para Urbaser. Platinum lleva desde finales del pasado año tratando de vender esta filial, según detalla Cinco Días. Una operación que valoraban en unos 5.000 millones de euros, cuantía comprometida en gran parte por esta importante adjudicación en la Comunidad de Madrid ahora en entredicho.

Además, Urbaser se ha visto envuelta en la controversia estas últimas semanas, después de que dos empleados recibieran amenazas de despidos por ejecutar un vertido ilegal de aguas negras en un cantón de limpieza del distrito de Fuencarral-El Pardo (en Madrid capital). Fuentes de la plantilla afirmaron en conversación con Somos Madrid que los empleados “seguían directrices” de estamentos superiores de la compañía.

La empresa es también la gran beneficiada por las adjudicaciones de limpieza del Ayuntamiento de Madrid, donde asumió el lote de los servicios de recogida de basuras correspondientes a Fuencarral-El Pardo en 2021. La compañía se hizo con dos de los seis contratos en liza: el 3 (además de Fuencarral-El Pardo incluye los distritos de Moncloa-Aravaca y Latina) por 269,8 millones de euros y el 5 (Puente de Vallecas, Moratalaz, Villa de Vallecas y Vicálvaro) por 233,5 millones. Más de 500 millones de euros que, aun así, no tapan el impacto que la sentencia del TACP puede generar en la entidad.

“Todo lo que se vierta aquí va al Monte del Pardo, y de ahí al río Manzanares”. Agustín Gil vive a pocos metros del futuro cantón de Montecarmelo, en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo. Se trata de una de las instalaciones más polémicas que prepara el Ayuntamiento liderado por José Luis Martínez-Almeida, enfrentada a una fuerte oposición vecinal por las afectaciones que denuncian los vecinos en materia de contaminación acústica o medioambiental, perjuicio a la movilidad o talas del arbolado. Unos temores que se han reforzado con el vertido ilegal en otro cantón del mismo distrito, el de Las Tablas, reconocido por la empresa que lo gestiona. Esto es, Urbaser, la compañía que también administrará el almacenamiento de residuos en Montecarmelo.

“Hemos vertido unos 150 litros de aceite hidráulico al alcantarillado público”, admitía un empleado del servicio municipal de recogida de residuos en declaraciones a este periódico. Unas palabras en las que negaba el carácter puntual de ese derramamiento de aguas negras publicado por Ecologistas en Acción. También la responsabilidad de los trabajadores en él, pese a que dos miembros de la plantilla han recibido cartas donde Urbaser amenaza con sus posibles despidos. Así, el operario lo presentaba como un procedimiento sistemático, ya que seguían “órdenes directas de mandos superiores”.

“Soy ingeniero técnico y he trabajado durante muchos años en un taller. Dudo que tanto en Las Tablas como en Montecarmelo tengan la cantidad de personal necesario y que hagan un uso adecuado de las labores que deben llevar a cabo”, anticipa Agustín en conversación con Somos Madrid. “En mi ático nos lo comemos sí o sí con las luces, olores y ruidos que va a acarrear”, lamenta. Su casa está junto al Colegio Alemán, la institución que ya ha logrado tumbar el cantón en los tribunales por carecer de informe de evaluación ambiental. Una sentencia que el Gobierno municipal ya ha recurrido y que puede obviar hasta que sea firme, continuando así con los trabajos en el recinto.

“La instalación debería estar preparada para que los residuos más contaminantes se recojan y dirijan a un sitio diferente, no para que se los lleve directamente el Canal de Isabel II sin ningún filtro”, explica Agustín. “Por lo que hemos visto tiene pinta de que en Las Tablas, y creemos que en futuro en Montecarmelo, no limpian la arqueta separadora de grasas. Una obligación que deberían cumplir al menos una vez al mes”, añade. Desde la Plataforma No Al Cantón Montecarmelo han elevado una petición al Ayuntamiento para acceder al informe de impacto del suelo, solicitud que el Consistorio les ha denegado por el momento.

La instalación debería estar preparada para que los residuos más contaminantes se recojan y dirijan a un sitio diferente, no para que se los lleve directamente el Canal de Isabel II sin ningún filtro

Este vecino de Montecarmelo recurre de nuevo a su experiencia en el sector para arremeter contra la forma de proceder de las empresas contratadas por el Consistorio para gestionar los residuos urbanos: “Acudí a una visita al cantón que está junto a la colonia Alfonso XIII, en Chamartín. Los vecinos de la zona nos habían dicho que llegaron a ver ratas. Aunque cuando nosotros fuimos se notaba que acababan de limpiarlo, seguía siendo un desastre. No tenían una máquina separada de grasas o de hidrocarburos. Hasta sacamos una foto con el chorreo que soltaba la cuba de un camión de basura compactador. Y eso que al lado estaba el concejal”.

Se refiere a José Antonio Martínez Páramo, titular del área delegada de Limpieza y Zonas Verdes, así como concejal presidente del distrito de Fuencarral-El Pardo. Una doble función que le pone en el centro de las críticas de quienes se oponen a cantones como el de Montecarmelo. En las imágenes que menciona Agustín, Martínez Páramo visita la instalación de Alfonso XIII para certificar su correcto funcionamiento, aunque a su lado se percibe el rastro de la pérdida de aceite de un vehículo. Según Agustín, “tal y como estaba situado difícilmente iría a una arqueta, porque se encontraba en un punto bajo, así que cae directamente al alcantarillado”.

Los propios vecinos de la colonia Ciudad Jardín Alfonso XIII han querido manifestar su inquietud a este diario. Joaquín Navarro relata que es “un cantón pequeño, pero que ejemplifica las consecuencias del nuevo modelo municipal: a ellos va a parar todo lo que no se llevan los camiones de limpieza y reciclaje”. Desde muebles hasta el contenido de las papeleras de la ciudad, pasando por elementos que volquetes o camiones pequeños van recogiendo por todo Madrid. “Restos de bocatas o cacas de perro. Cualquier cosa que se te ocurra”, dice. Joaquín sostiene que en el cantón que tiene a unos pocos metros de su casa “solo separan cartón y madera, el resto va a dos compactadoras que lo trituran”. Denuncia “un ruido constante” por parte de estos vehículos, que “no se detienen”, además de “un olor a demonios”.

Aunque quizá uno de los episodios más dolorosos para los residentes de la colonia fue la tala de una pequeña zona verde cerca de sus casas: “Se la han cargado y la han llenado de hormigón para que entren más vehículos de limpieza”, denuncia Joaquín. Todo ello en un entorno protegido e histórico, donde “hasta para pintar la valla de casa tienes que pedir permiso”. La Colonia Jardín Alfonso XIII comenzó a edificarse en 1928 y alberga unas 80 viviendas, muchas de ellas desocupadas o utilizadas solo como residencia ocasional. En su origen estaba destinada a personal del ámbito de la comunicación o la información y a empleados municipales. El problema respecto a Montecarmelo, dice, es que la resistencia es menor: “Somos muy pocos, solo unas 25 familias. Pero lo vamos a pelear”.

Para esa batalla legal, han recopilado un arsenal de incidencias que aseguran se dan en su entorno, una dinámica que consideran respaldada por el vertido ilegal de Las Tablas: “Nadie nos asegura que no pasa aquí, de hecho vemos cosas manifiestamente irregulares. Las hojas que recogen las barredoras van a un contenedor que se queda ahí hasta que se llena, lo vacían una vez a la semana. Así que aunque compacten las hojas, cuando llueve se produce un proceso de putrefacción en el que surge líquido lixiviado”. Esta sustancia contaminante se forma cuando el agua atraviesa residuos sólidos, como los que se encuentran en los vertederos, y arrastra consigo elementos disueltos. “Esta actividad ilegal, como otras que se dan en los cantones, no cumple ni la directiva europea ni la nacional”.

Las hojas que recogen las barredoras van a un contenedor que se queda ahí hasta que se llena, lo vacían una vez a la semana. Cuando llueve se produce un proceso de putrefacción. Esta actividad ilegal, como otras que se dan, no cumple la directiva europea ni la nacional

El cantón de Alfonso XIII, a diferencia del de Las Tablas o el que llegará a Montecarmelo, no está gestionado por Urbaser (que en 2021 recibió dos de los seis grandes contratos de limpieza en la ciudad por 269,8 y 233,5 millones de euros, respectivamente). Pertenece a un lote diferente, que en este caso el Ejecutivo de Almeida adjudicó por 274 millones a la empresa Valoriza (antigua filial de la constructora Sacyr que esta vendió al fondo Morgan Stanley). Atañe a la limpieza de los distritos de Arganzuela, Retiro, Salamanca y Chamartín.

Unos pliegos cuestionados de inminente renovación

Cinco años después de aquel pliego, que caduca 2026, los vecinos afectados por los cantones exigen que en la próxima convocatoria se rediseñe: “El formato actual está concebido para que nadie le recrimine al alcalde que la ciudad está sucia, que lo está, a cambio de un modelo molesto e insalubre para quienes están alrededor de las instalaciones. Queremos que el nuevo pliego vaya hacia unas condiciones más efectivas y seguras, aunque sean más caras. Por ejemplo, que las compactadoras pequeñas vayan separando los recursos mientras los recogen y que los llevan directamente el vertedero, en vez de que volquetes recojan la basura y luego depositen todo en los cantones de cualquier manera”, propone Joaquín.

Desde su punto de vista, el futuro pliego debe mejorar también las condiciones del personal, uno de los argumentos en los que más se ha apoyado Borja Carabante (concejal a cargo del área de Medio Ambiente) para justificar la llegada de un cantón de limpieza a Montecarmelo: “No pueden usar a los trabajadores como escudo y luego tenerlos como los tienen. Soportan un contacto continuo con residuos y olores a cielo abierto, sin un ápice de sombra y con 40 °C al sol”.

Más allá de los reproches a la formulación de los pliegos, desde algunos estamentos emergen críticas que cuestionan si las adjudicatarias están cumpliendo con los contenidos que estos recogen, sobre todo después de lo ocurrido en Las Tablas. En un escrito del sindicato de comisiones de base Co.bas dirigido al área de Medio Ambiente al que ha tenido acceso este medio, la entidad solicita “información acerca de si el servicio que diariamente presta Urbaser se corresponde con lo que tienen pactado con ustedes en el pliego de condiciones”. El motivo de esa petición, dicen, es que “diariamente llegan quejas de los vecinos por el servicio deficiente y la sociedad acumulada en el barrio”.

“Hemos considerado que antes de llevar la denuncia al Seprona o de emprender acciones judiciales por el vertido ilegal de productos tóxicos en un talud de tierra, debíamos ponerlo en conocimiento de esa área del Ayuntamiento. Pensamos que deberían actuar al respecto, entendiendo que deberán tomarse muestras y valorar los peligros en caso de que los hubiera”, apostillan en el documento.

Para el Ayuntamiento “no hay motivo para temer nada”, aunque reconoce efectos al saneamiento

Ante las quejas de ciudadanos y sindicatos, el Ayuntamiento de la capital se justifica. “Los vecinos no tienen ningún motivo para temer nada. Se trata [el vertido de Las Tablas] de un hecho puntual detectado en una instalación de las muchas que hay por la ciudad. Además, es una instalación privada y no una instalación municipal cedida, como las que se están construyendo actualmente o las que se encuentran en operación. Es la que provisionalmente sustituye al cantón de Montecarmelo hasta que este se construya”, trasladan a Somos Madrid desde el área de Medio Ambiente, Movilidad y Urbanismo.

“El problema detectado, exclusivamente en esa instalación y cuyo alcance se está evaluando por parte de la empresa, no tiene ni puede tener efectos en los vecinos. Influye en la calidad del agua aportada a la red pública de saneamiento. Por tanto, insistimos, no puede tener influencia alguna en el vecindario. Los análisis en el punto de acometida a la red muestran un cumplimiento estricto de los parámetros. Tampoco por parte del Canal de Isabel II, que gestiona la depuradora de Valdebebas, se han reportado alteraciones en las instalaciones, daños en las conducciones, ni acumulaciones de suciedad. La depuradora no se ha visto afectada por las prácticas inadecuadas que se denuncian, no habiendo rastro del vertido que se describe según ha reportado el Canal”, mantienen estas fuentes municipales.

A Agustín, por contra, ninguna explicación le alivia: “Lo que quieren instalar aquí no es un cantón, es un Selur [instalación del Servicio de Limpieza Urgente] que opera los 365 días de año y las 24 horas del día. Si hay un partido de fútbol, vendrán aquí con los residuos que deje a las 00.00 de la noche. Se acaba el uso lúdico de un barrio con un marcado perfil social y abierto. Nos vamos a tragar restos del Madrid norte y noreste porque en muchos barrios de la zona el Ayuntamiento no ha proyectado puntos limpios como debiera. No son cuatro vestuarios, hemos visto el proyecto y es una auténtica industria. Una industria de la basura”.

“Llevamos así año y medio, dos veces a la semana. Hemos vertido unos 150 litros de aceite hidráulico al alcantarillado público”. Así denuncia un trabajador del servicio municipal de recogida de residuos de Madrid la dinámica establecida en un cantón de limpieza del Ayuntamiento en el barrio de Las Tablas, al norte de la capital. Operada por la compañía Urbaser, que gestiona el lote de estas actuaciones correspondientes al distrito de Fuencarral-El Pardo, la situación de la instalación ha trascendido mediáticamente después de que Ecologistas en Acción publicase imágenes en las que se observa un vertido de aguas negras.

Además, el conflicto medioambiental ha derivado en poco tiempo en un choque laboral. Los dos empleados retratados llevando a cabo estas tareas irregulares recibieron el pasado 28 de julio sendas notificaciones de sanción por parte de Urbaser. Sin embargo, diversas fuentes de la plantilla consultadas por Somos Madrid aseguran que estas actuaciones han sido “repetidas en el tiempo” y que seguían “las directrices de mandos superiores”.

“Los vídeos demuestran que ha habido órdenes directas”, indica un empleado en conversación con este diario. Miguel (nombre ficticio por el temor a represalias profesionales) se refiere a grabaciones todavía no publicadas, a las que ha tenido acceso este periódico, en las que otros trabajadores efectúan prácticas similares a las que han costado amenazas de sanción en el caso de los dos hombres captados en el clip que ha visto la luz.

“Era una orden. Si no cumplíamos con lo que el jefe nos mandaba, nos conllevaba una sanción”, asegura este miembro de la plantilla. Explica que recibían las directrices de mandos intermedios, de su capataz, pero que estas “vienen siempre a su vez del jefe de servicio”. En caso de no seguir estas indicaciones, cuenta Miguel, los trabajadores temporales se exponían a “la no ampliación de sus contratos como forma de castigo”. El personal fijo también podía sufrir represalias: “Si ibas al médico no valía un justificante. Te exigen un certificado que demuestre que la prueba tenía que ser necesariamente en el horario de tu turno. Te retienen la cantidad correspondiente a esas horas hasta que les llevas a juicio, y no es hasta ese momento que te lo devuelven para evitarse el proceso”.

¿Cómo es posible que sucedan hechos como los descritos en un cantón donde continuamente están entrando y saliendo trabajadores, incluidos mandos intermedios, y nadie se percate de lo que hacen dos trabajadores abriendo una arqueta que nadie debía abrir?

La notificación de sanción laboral de Urbaser, a la que ha tenido acceso este medio, habla por contra de actuaciones “motu proprio y de manera inexplicable, pues no disponían de instrucción alguna emitida por la empresa”: “Usted empezó a recoger parte del líquido que se encuentra en un cubo con otro de menores dimensiones y una cuerda, siendo posteriormente basculado en el interior del cubo que previamente había trasladado hasta las inmediaciones del separador de hidrocarburos [...] Arrojaron el líquido hacia una alcantarilla situada a la entrada del cantón”. Una forma de actuar que, reconoce la propia empresa, supone “transgredir una prohibición expresa” y “daña la imagen de la compañía”.

Las cartas dirigidas a los dos empleados finalizan con las propuestas de sanción: “Los hechos son susceptibles de ser tipificados como falta muy grave, siendo sancionables con la suspensión de empleo y sueldo o el despido, tal y como se recoge en el artículo 56.3 del Convenio colectivo general del sector”. Miguel explica que sus compañeros están a la espera de una respuesta por escrito sobre el estado y el alcance concreto de la multa: “Pero tienen claro que no se van a comer ni un día de castigo, van a defenderse. Seguramente en el juicio ni se presentará Urbaser, sobre todo cuando vea que existen más vídeos. Pero aunque se retracten, piensan llevar a la empresa a los tribunales. Y el malestar ya está en toda la plantilla”.

“No hay ninguna evidencia para atribuir la responsabilidad de este incidente a estos trabajadores en concreto”, recoge la alegación a la sanción presentada por el sindicato UGT (al que está afiliado uno de los afectados). El escrito profundiza en estas críticas: “¿Cómo es posible que sucedan hechos como los descritos en su relato en un cantón donde continuamente están entrando y saliendo trabajadores, incluidos mandos intermedios, y nadie se percate de lo que hacen dos trabajadores abriendo una arqueta que nadie debía abrir según su versión?”.

“Si no eran esas las órdenes recibidas, ¿qué órdenes habían recibido y por qué nadie se percató de que no las estaban cumpliendo? Todo esto pasa un día [el pasado 22 de mayo] en el que nadie se percata de los hechos, pero curiosamente más de dos meses después la empresa tiene todos los detalles de aquellos sucesos. Empezando por la identidad de los trabajadores, o ¿acaso los identifica la prensa?, y continuando por las órdenes que recibieron, aunque tampoco sabemos quién se las dio”, cuestiona el documento, remitido por la sección sindical de UGT en Fuencarral-El Pardo y por el sector de servicios públicos del sindicato.

La plantilla califica de “agravio” la situación de los dos empleados y denuncia una progresiva precarización en sus condiciones: “Solo podemos enfrentarnos los fijos, por eso se los van cargando para meter gente de contratos precarios que no amplían si te quejas. O si no, directamente recurren a amiguismos, personas que no van a sufrir una sanción aunque se duerman en el turno de noche”, dice Miguel.

Este periódico ha contactado al área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid para conocer su postura acerca de los vertidos, el resto de actuaciones que denuncian los operarios y la posible actuación ante ellas. Por el momento la concejalía que lidera Borja Carabante no da respuesta a las preguntas trasladadas. Desde Urbaser declaran por su parte que “actualmente la investigación interna sigue en curso y, por ende, aún no se han adoptado medidas de índole laboral, aunque sí se han adoptado otras de refuerzo de control y supervisión de las operaciones”.

“Se secan las plantas a nuestro lado”

Miguel explica la afección al medioambiente que suponen los vertidos acometidos: “El aceite se tira en una compactadora que va al vertedero. Cuando llueve, todo eso acaba en el alcantarillado. Los efectos son muy evidentes, vemos que hay tierra negra en los terraplenes a nuestro lado y que se secan las plantas. La mala gestión es que por ahorrar dinero no se haya contratado una empresa externa que gestione esos residuos”.

En el comunicado que acompaña a la difusión de los vídeos, Ecologistas en Acción alerta de “un impacto al medio ambiente y a la salud de los trabajadores que requiere una intervención urgente por parte de Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de Madrid, ya que afecta a sus instalaciones”. Y añaden: “La carga contaminante estará llegando a la estación regeneradora de aguas residuales de Valdebebas, alterando su normal funcionamiento e incrementando el riesgo de contaminación directa del río Jarama. Especialmente si existen tormentas con intensa precipitación en poco tiempo y el agua del alcantarillado no puede ser retenida por los tanques de tormenta y se vierte directamente al río. Se trata de un delito ambiental que afecta directamente el adecuado funcionamiento del alcantarillado y depuración del Canal de Isabel II y el Ayuntamiento”.

Desde Ecologistas muestran además su solidaridad con los dos empleados en vías de sanción: “En vez de tomar las medidas necesarias para evitar esta práctica, la empresa ha actuado sobre los trabajadores que se ven en los vídeos. Han tomado represalias y les han achacado esta práctica cuando estos simplemente obedecían las directrices de Urbaser. El vertido de aguas negras al alcantarillado, además del impacto ambiental que puede causar, se hacía sin ningún tipo de medida de seguridad y salud para las personas empleadas, que podían ser las primeras afectadas”.

Los millonarios contratos de Urbaser con el Ayuntamiento de Madrid

Urbaser asumió el lote de los servicios de limpieza y recogida de residuos correspondientes a Fuencarral-El Pardo en 2021. La compañía, que antiguamente pertenecía a ACS y en la actualidad está en manos del fondo estadounidense Platinum Equity, se hizo con dos de los seis contratos en liza: el 3 (además de Fuencarral-El Pardo incluye los distritos de Moncloa-Aravaca y Latina) por 269,8 millones de euros y el 5 (Puente de Vallecas, Moratalaz, Villa de Vallecas y Vicálvaro) por 233,5 millones.

Una relación contractual que se ha mantenido después de que la multinacional apartase a su número tres y al máximo responsable de Sertego (su filial de gestión de residuos) tras reconocer esta empresa su responsabilidad en una trama de fraude. Mezclaban aceite reciclado con gasoil para venderlo en estaciones de servicio, con un perjuicio para la Hacienda pública de 4,2 millones de euros. Urbaser enmarcó los cambios en “un proceso de reorganización”.

Según Javier, otro operario que ha trabajado en el cantón de Las Tablas y que opta igualmente por no revelar su nombre real, las condiciones se han deteriorado en estos cuatro años: “Urbaser entró comprando maquinaria y contratando gente, pero ya muy pronto un jefe nos dijo que trabajamos para un fondo buitre y hay ciertas exigencias. Empezaron con los contratos de dos días en diario, una fórmula que han mantenido estos años. Con el tema de que no bastaban las faltas justificadas por ir al médico la plantilla fija empezó a tener miedo, acababas yendo los findes. Luego además faltan vehículos y medios, ves que un pliego recoge la adquisición de 16 camiones y solo llegan nueve”.

Este empleado declara haber sido testigo de los vertidos en varias ocasiones y tacha las maniobras de la empresa en el entorno de “aberraciones” que cometen “una vez tras otra”. Afirma que la compañía “ha sellado la pocería después de la nota de Ecologistas y ha esperado a ello para llamar al Canal de Isabel II”.

Javier acaba avisando a los vecinos del barrio de Montecarmelo (perteneciente a Fuencarral-El Pardo), donde el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida plantea instalar un nuevo y polémico cantón de limpieza: “Somos nosotros quienes vamos a gestionarlo. Y con nosotros no me refiero a unos trabajadores que hacemos lo que podemos de la manera que mejorar sabemos, sino a alguien que se salta todas las leyes y vierte donde no debe”.

La multinacional española Urbaser ha apartado a su número tres y al máximo responsable de Sertego, su filial de gestión de residuos, tras reconocer esta empresa su responsabilidad en una trama de fraude con aceite reciclado que se mezclaba con gasoil para venderlo en estaciones de servicio, con un perjuicio para la Hacienda pública de 4,2 millones de euros.

La compañía, que enmarca los cambios en “un proceso de reorganización”, ha prescindido del hasta ahora Director de la línea de negocio de Tratamiento y considerado el número 3 de la compañía, Carlos Abilio Pérez. El directivo acaba de comunicar en LinkedIn esta “inesperada transición” tras 33 años en el grupo.

Su sustituto es Rafael Guinea, hasta ahora responsable de Tirme, la concesionaria del servicio de tratamiento de residuos urbanos de Mallorca que gestionan Urbaser (80%) y FCC (20%).

Carlos Abilio es un histórico de Urbaser y, antes, de ACS. Perteneció muchos años a la alta dirección de la constructora, como director general de Tratamiento de Residuos, cuando esta empresa pertenecía al gigante de Florentino Pérez. ACS vendió Urbaser en 2016 a un grupo chino, Tianying. Este a su vez vendió la compañía en 2021 al fondo estadounidense Platinum.

La multinacional que pilota desde 2022 Fernando Abril-Martorell, expresidente de Indra e hijo del exministro de la Transición, también ha prescindido del hasta ahora director general de Sertego, Aitor Jáuregui. Su carta de presentación como máximo responsable de la filial ha sido ya borrada de la compañía. 

Jáuregui llegó a presidir en 2013 la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE), patronal del sector, que está integrada en CEOE desde el año pasado. Según fuentes de Urbaser, su sustituto al frente de esta división se incorpora “la semana que viene”.

Esas fuentes enmarcan estos cambios en el anuncio, el pasado verano, de una tercera unidad de negocio en Urbaser llamada Soluciones Industriales, que se une a las de Servicios Urbanos y Tratamiento, y que sustituye a la marca Sertego.

“El cambio de nombre de la división (de Sertego a Soluciones Industriales) responde a nuestra estrategia de Rebranding para agrupar a las marcas, dentro de esta profunda transformación empresarial en la que estamos inmersos, explica Urbaser.

En paralelo a estos cambios, Urbaser ha fichado como director general del área de Servicios Urbanos a Alejandro de la Joya, histórico de Ferrovial que fue consejero delegado de su filial de Construcción o de Cintra. Hermano de Adrián de la Joya (ex socio del ex comisario corrupto José Manuel Villarejo), Alejandro de la Joya cubre la vacante de Manuel de Andrés, el hasta este año número dos de la compañía. 

La criba en la pata de Medio Ambiente se ha producido tras aceptar Sertego la responsabilidad subsidiaria derivada del que fuera director de su planta de aceites en Fuenlabrada en una trama de fraude que lideraba un empresario almeriense, Emilio Torrecillas, denominado el Rey del Gasóleo adulterado, y recientemente condenado por el Tribunal Supremo. 

Torrecillas, que ya fue condenado por contrabando o por delitos contra la Hacienda Pública previos a estos hechos, fue detenido en junio de 2021 en un hotel de Logroño tras años huido de la justicia. En noviembre, el Supremo le condenó a 14 años y tres meses de prisión y al pago de multas de más de 8 millones por distribuir desde 2007 hasta 2010 millones de litros de combustible fraudulento a cientos de estaciones de servicio del sureste español. 

Para ello, utilizaba gasóleo mezclado con un 25% de aceite reciclado que la empresa Tracemar, de Urbaser (luego rebautizada como Sertego Servicios Medioambientales SL), obtenía en Fuenlabrada de un proceso de regeneración de lubricantes, que cuando se destinan al comercio intracomunitario están exentos de impuestos. 

Los condenados fingían exportar ese aceite a Francia o Italia mediante albaranes falsos que confeccionaba la propia Tracemar, según la sentencia. Pero el producto reciclado en realidad acababa en una nave de su propiedad en un polígono industrial de Cantoria (Almería). Allí se mezclaba con gasoil y se vendía sin declararlo a Hacienda.

A través de 515 operaciones ficticias con ese aceite industrial procesado por Sertego, y valiéndose de una red de sociedades pantalla que utilizó en algunos casos a ancianos que figuraban como testaferros a cambio de 500 euros, se evadieron cantidades millonarias en el impuesto de Hidrocarburos, que equivale actualmente a 0,307 euros por cada litro de gasoil vendido.

El representante de Sertego fue condenado en julio de 2020 por cuatro delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad de documento mercantil por la Audiencia Provincial Almería.

“Nada que ver”

“Sertego no está condenada penalmente en ninguna causa y, por tanto, Aitor Jáuregui no tiene nada que ver”, dice Urbaser en un correo electrónico. La filial cuya marca ahora va a desaparecer se define todavía en su web como “la principal operadora del mercado de residuos industriales en España.” 

“Dentro de la dilatada experiencia de Sertego, destacan los logros de la compañía en el ámbito de la Regeneración de Aceites Usados, que permite que sean nuevamente utilizados como lubricantes. Somos una compañía que consigue con su tratamiento valorizar el residuo por completo para darle el uso original para el que fue fabricado”.

En las cuentas de 2022 que Urbaser remitió hace unos meses al mercado de renta fija MARF, sin incluir en primera instancia el informe de su auditor, y con omisiones que han sido denunciadas ante el Ministerio de Economía, la multinacional española se refiere por primera vez a las “denuncias y querellas” presentadas en relación a esta trama. No se ha referido a ellas hasta la reciente condena del cabecilla en el Supremo. 

En esas cuentas, Urbaser explica que tras formularse “acusación contra distintas personas por defraudar impuestos en la venta como combustible de aceite usado”, entre ellas el ex director de su planta de Fuenlabrada, “los acusados fueron condenados solidariamente al pago de la responsabilidad de los delitos” a un total de 6,3 millones, intereses incluidos. 

“Sertego aceptó la responsabilidad civil subsidiaria derivada de la actuación del trabajador. La Audiencia Provincial ya ha abierto un procedimiento de ejecución y ha requerido al pago a los condenados”. A falta de medidas ejecutivas concretas para ejecutar esa responsabilidad, “si después hay alguna cantidad pendiente, la pagará Sertego como responsable subsidiario”, dice Urbaser en sus cuentas.

En ellas indica que la Audiencia ha solicitado auxilio a la Agencia Tributaria “para que se encargue de la ejecución”.

La llegada de De la Joya a esa división va a cubrir meses después la vacante de Manuel de Andrés. El hasta este año número 2 de Urbaser fue despedido antes del verano tras el envío de una comunicación al dueño de Platinum pidiendo el cese de Abril-Martorell por mantenerle en su puesto cuando ya había confesado ante la Justicia sobornos a cargos públicos en Canarias para conseguir el contrato de recogida de residuos del municipio de Arrecife (Lanzarote). Esta conducta choca frontalmente con el código ético de Urbaser.

Estos hechos se están juzgando estos días en el denominado Caso Jable en la Audiencia Provincial de Las Palmas. Durante el juicio, Manuel de Andrés ha ratificado este mes que autorizó pagos en metálico y en joyas, relojes de lujo y viajes para miembros del consistorio canario, incluida su alcaldesa, Isabel Déniz, y para Dimas Martín, líder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), la fuerza política que gobernaba en la capital de la isla en ese momento.

La agenda de otro de los procesados, Jacinto Álvarez, ha dejado patente durante el juicio los manejos de Tecmed (hoy Urbaser) para sobornar a la alcaldesa: “Quiere 40.000 para sus chanchullos y un Rolex”, decía una de sus anotaciones.

Álvarez decidió colaborar con la justicia tras su detención hace más de una década y lleva años fuera de Urbaser. La compañía intentó encarcelarle sin éxito junto a su esposa y sus hijos tras tirar de la manta. Una situación que contrasta con la de otro de los procesados en ese caso, Stephan Jean Antoine Balverde, al que la multinacional mantiene en plantilla.

Cruces de correos electrónicos para preparar propuestas técnicas de centenares de folios en los que “el contenido es idéntico”: mismos textos, idéntica tipografía, las mismas fotos… Ofertas que elaboraba una empresa y que luego sus supuestas competidoras se limitaban a copiar poniendo sus logos, con alguna llegando a equivocarse en el copia-pega.

Son algunas de las pruebas recopiladas por la Agencia de la Competencia y Regulación Económica de Andalucía (ACREA) para imponer sanciones de 5,3 millones de euros a Urbaser, el gigante español de la limpieza viaria y la recogida de basuras, y a Eiffage, una de las mayores constructoras francesas, por manipular contratos públicos de mantenimiento de carreteras licitados por la Junta de Andalucía en 2020.

Ambas formaban parte de un cártel desmantelado el pasado 4 de mayo que, según esta entidad, tuvo “unos efectos muy nocivos para el interés general”. Como avanzó elDiario.es, la agencia impuso en total 5,78 millones en multas a cuatro empresas y una persona física por infracciones muy graves prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia. 

La ACREA acaba de publicar la resolución que dictó hace ya cuatro meses, y que detalla la operativa del cártel. La entidad dice en ese documento que no ha “encontrado evidencias” de que las empresas hubieran contactado entre sí antes de publicarse las licitaciones que luego se repartieron a partir de mayo de 2020, con España confinada por la pandemia.

Pero sí considera “plenamente acreditado” que la pyme andaluza a la que señala como la líder del cartel, Coralsur Mantenimiento, “mantuvo relaciones bilaterales” con Eiffage o Urbaser “llegando a particulares acuerdos con cada una de ellas con respecto a su participación en las licitaciones promovidas por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, con la finalidad de falsear la competencia”.

Como prueba de esas prácticas ilícitas, el documento recopila correos electrónicos con las ofertas enviadas por Wetransfer a Eiffage; mails en los que las sancionadas se intercambiaban las ofertas “en formato editable porque faltan los datos de la empresa” o un correo que un técnico de Coralsur remite el 26 de mayo de 2020, tras publicarse las licitaciones, a dos responsables de Urbaser y a Eiffage “para poder preparar las ofertas de poda y desbroce”, con copia al administrador único de Coralsur, Alejandro Jesús García Castro, sancionado a título personal con 10.000 euros.

El resultado es que las empresas presentaron propuestas en las que “el contenido es idéntico”. Y no es “un episodio aislado”, sino que se repite “de forma constante en las ofertas técnicas presentadas por todas las empresas”, dice la ACREA.

En ocasiones, con chapuza mediante. En un párrafo de una oferta técnica que presentó la otra empresa sancionada, El Ejidillo, Viveros Integrales SL, incluía por error una frase en la que indicaba que “Urbaser [no El Ejidillo] tiene implantado un sistema de gestión medioambiental que constituye el marco necesario para orientar a la organización a alcanzar y mantener el funcionamiento conforme a metas establecidas en cuanto a medidas medioambientales”. 

Esa errata, dice la agencia en su resolución, “refuerza la conclusión” de que El Ejidillo “solo intervenía en el procedimiento de contratación de forma aparente, limitándose a suscribir los documentos que le había preparado Coralsur Mantenimiento, SL, sin revisar siquiera los posibles errores en que esta última entidad hubiera podido incurrir en su redacción”. Por lo que es “probable” que El Ejidillo “hubiera partido del texto destinado a Urbaser, SAU, y que en su labor de sustitución de una denominación social por otra omitiera ese cambio”.

Algo similar ya ocurrió en otro cártel que funcionaba de forma paralela formado por otras seis empresas, encabezadas por la andaluza Alvac, y que fue destapado en julio. En este caso, las empresas multadas también presentaban ficheros word prácticamente idénticos en sus ofertas técnicas a la Junta. Solo cambiaban los logos de cada compañía y no se molestaban en modificar las propiedades de los documentos ni corregir erratas comunes como “característcas”, “circunstacias” o “duracción”.

“Identidad absoluta”

Como explica la agencia en la resolución del expediente de Urbaser y Eiffage, los pliegos de la Junta no imponían un modelo determinado para presentar las ofertas técnicas: “Cada empresa es libre para formularla en los términos que estime conveniente. Lógicamente, ello debería dar lugar a múltiples tipos de ofertas técnicas, siempre que se respete el contenido mínimo exigido”.

“Sin embargo, la lógica de la diversidad se quiebra en las ofertas técnicas presentadas por El Ejidillo Viveros Integrales, SL, Eiffage Infraestructuras, SAU y Urbaser, SAU, en las que se aprecia una identidad absoluta en gran parte de las mismas”. 

En las de la UTE formada por Coralsur y Licuas, “la completa identidad se ve únicamente alterada por el cambio de fotografías y una distinta composición del documento, pero se mantiene el mismo texto con modificaciones esporádicas de una palabra o una expresión”.

En el caso de Urbaser, “la redacción de la oferta técnica (sobre 2) y la oferta económica (sobre 3)” fue “realizada en su integridad por Coralsur”, sentencia la ACREA. “Es más, esos textos fueron los empleados por esta última entidad para confeccionar los documentos que tuvieron como destinatarios a El Ejidillo Viveros Integrales SL y Eiffage Infraestructuras, SAU”.

Respecto a esta última, “cada uno de los documentos integrantes de las ofertas”, es decir, la documentación de los sobres 1, 2 y 3, “fue realizada en su integridad por Coralsur Mantenimiento SL” y no por la multinacional francesa.

El resultado es, por ejemplo, una licitación en la que “se constata una identidad absoluta en 113 páginas entre la oferta técnica hallada en poder de D. Alejandro Jesús García Castro en la inspección realizada a Coralsur Mantenimiento, SL, y la oferta técnica presentada a la Consejería a nombre de Eiffage Infraestructuras, SAU. También se ha constatado en este caso que la oferta técnica fue redactada a partir del texto preparado para Urbaser, SAU”.

Con estas prácticas ilegales, las empresas sancionadas se repartieron el mercado de mantenimiento de carreteras para influir en el precio de seis concursos cuyo importe, más de 10,2 millones de euros, supone casi un 6% de las licitaciones que lanzó para este tipo de trabajos la Junta en 2020.

El expediente fue incoado tras una denuncia de la empresa Seanto en febrero de 2021 contra la Consejería andaluza de Fomento y más de una decena de empresas, entre ellas filiales de Elecnor o Licuas. El denunciante, tras solicitar los expedientes de adjudicación, había podido “comprobar que no solo las empresas licitadoras habían presentado la misma oferta en cada uno de los contratos”, sino que sus ofertas técnicas eran “muy similares entre sí, cuanto no idénticas en algunos casos”.

En el caso de Urbaser, la agencia acordó incluirla en la investigación en mayo de 2022. La multa que llegó a proponer la Dirección de Investigación para esta compañía fue de 7,58 millones, que habría sido la mayor de la historia de la ACREA. Sin embargo, finalmente, la multa a la empresa que pilota Fernando Abril-Martorell, expresidente de Indra e hijo del exministro de la Transición, quedó rebajada a la mitad.

La conclusión de la ACREA es que los cárteles intercambiaban información “en secreto para crear una ficción de independencia, cuando en realidad actuaban de forma coordinada” con Coralsur, multada con 211.438 euros, “para que esta entidad les elaborase sus respectivas ofertas” y así “falsear la competencia”. Los cárteles operaron en las ocho provincias andaluzas entre finales de mayo o principios de junio de 2020 y el 5 de octubre de 2021.

La sanción lleva aparejada la inhabilitación para obtener contratos de poda de setos arbustivos en medianeras y de control de vegetación en márgenes por parte de la Junta. A Urbaser, pese a recibir la mayor sanción económica, le ha correspondido un veto de solo tres meses, frente a los dos años de Coralsur y los seis meses de las otras dos sancionadas. La Dirección de Investigación pedía dos años de veto para Coralsur y un año para el resto de infractoras.

La Agencia de la Competencia y Regulación Económica de Andalucía (ACREA) ha impuesto a Urbaser, el gigante español de la limpieza viaria y la recogida de basuras, y a Eiffage, una de las mayores constructoras francesas, sanciones por importe de 5,3 millones de euros por manipular contratos públicos de mantenimiento de carreteras entre 2020 y finales de 2021.

Para Urbaser, la sanción asciende, explican fuentes de la agencia a elDiario.es, a 3.229.493 euros, una de las más altas de la historia del organismo. A Eiffage le ha correspondido otra multa de 2.065.601 euros. En total se ha sancionado en este expediente con 5.785.276 euros a cuatro empresas y una persona física por infracciones muy graves prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia. El cártel, según la agencia, tuvo “unos efectos muy nocivos para el interés general”. 

La autoridad andaluza de competencia considera acreditado el intercambio de información entre las infractoras, que participaban en tres cárteles para repartirse seis licitaciones de servicios de poda de setos en las medianas de carreteras andaluzas. Los cárteles operaron en las ocho provincias andaluzas entre finales de mayo o principios de junio de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia, y el 5 de octubre de 2021.

La agencia explica que Urbaser y Eiffage, junto a El Ejidillo Viveros Integrales SL, multada con 211.438 euros, intercambiaban información “en secreto para crear una ficción de independencia, cuando en realidad actuaban de forma coordinada” con la empresa sevillana Coralsur Mantenimiento SL, sancionada con 211.438 euros, “para que esta entidad les elaborase sus respectivas ofertas técnicas y económicas”.

El objetivo era “falsear la competencia” e “influir” en el precio de los contratos y en su adjudicación, “directa o indirecta”, a Coralsur. El administrador único de esta última, Alejandro Jesús García Castro, ha sido sancionado con otros 10.000 euros. Según la agencia, “el objetivo principal de esta actuación empresarial coordinada no era el de intercambiar información o imponer un precio a la Administración, sino que se trataba de una estrategia ideada para el reparto de las licitaciones promovidas por la Consejería”.

La sanción lleva aparejada la inhabilitación para obtener contratos de poda de setos arbustivos en medianeras y de control de vegetación en márgenes por parte de la Junta. A Urbaser, pese a recibir la mayor sanción económica, le corresponde un veto de solo tres meses, frente a los dos años de Coralsur y los seis meses de las otras dos sancionadas.

Menos de la mitad

Inicialmente, los servicios técnicos de la agencia andaluza plantearon imponer a Urbaser una sanción muy superior, de 7,5 millones. También plantearon inhabilitarla durante un periodo de 12 meses. Pero, tras las alegaciones presentadas por la compañía que pilota Fernando Abril-Martorell, hijo del exministro de la Transición y presidente de Indra con el PP, el consejo de administración del organismo de la Competencia andaluz ha decidido rebajar la sanción a menos de la mitad y ha limitado la prohibición de contratar a solo un trimestre.

Ambas variables se han “ajustado”, indican desde la agencia, teniendo en cuenta el volumen de negocio de la infractora, que se ha visto afectado por factores como la pandemia. La entidad, orgánicamente adscrita a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, no ha publicado todavía la resolución. Este medio contactó el lunes con la agencia para preguntar por este expediente y por qué no se ha publicado todavía en la web. Este miércoles explicó que no se había notificado a las partes afectadas. El grupo ni siquiera había informado en su web de la incoación de este expediente.

Este procedimiento recogido en las últimas cuentas anuales de Urbaser. En ellas, el grupo indica que el 10 de noviembre la ACREA le notificó “una propuesta de resolución por la que la Agencia propone una multa de 7.585.290 € y la imposición de una prohibición de 12 meses a Urbaser en relación con las licitaciones relativas al mantenimiento de las carreteras de la Junta de Andalucía”. Habría sido la sanción más elevada de la historia de esa agencia, por delante de los 5,8 millones que impuso en 2018 al grupo de hospitales privados Pascual por establecer condiciones abusivas al Servicio Andaluz de Salud.

La propuesta inicial de sanción a Urbaser llegó después de que la ACREA le notificara la apertura de un expediente sancionador en mayo de 2021, un mes antes de que la antigua filial de ACS fuera adquirida por el fondo estadounidense Platinum. El grupo fue incluido en este expediente sancionador en mayo de 2022.

La fase de instrucción administrativa del expediente finalizó el 2 de noviembre. Las pesquisas se iniciaron tras una detallada denuncia de una empresa afectada por estas prácticas, la sevillana Seanto. En octubre de 2021, la agencia anunció que había inspeccionado la sede de tres compañías, sin identificarlas, “por la presunta existencia de acuerdos para repartirse el mercado del mantenimiento y conservación de carreteras en todas las provincias de Andalucía”. La investigación afectaba “inicialmente” a 13 firmas, “que podrían estar agrupadas en uno o más cárteles”.

En julio, la ACREA anunció multas de 3,23 millones a seis empresas por crear un cártel para fijar precios en seis contratos de la Consejería de Fomento también en 2020, en otro expediente abierto por esa denuncia que se incoó el 13 de diciembre de 2021. La mayor sanción, de 2,577 millones, ha sido en este caso para la constructora Alvac, vetada además durante 18 meses para contratar con la Junta.

El plazo de inhabilitación fue de 12 meses para las otras cinco sancionadas en ese expediente, con multas muy inferiores: Elayco, Ecofilia, Urjusa, Construcciones Porman SA y Pavimentaciones Morales SL. Las sanciones en este caso están en línea de la que propuso la Dirección de Investigación del organismo en diciembre de 2022, según se desprende de la resolución del consejo.

Las mismas erratas

Ese documento muestra que las empresas multadas en ese expediente incluso presentaban ficheros word prácticamente idénticos en sus ofertas técnicas a la Junta. Solo cambiaban los logos de cada compañía y no se molestaban en modificar las propiedades de los documentos ni corregir erratas como “característcas”, “circunstacias” o “duracción”.

Este litigio de Urbaser aparece recogido en las cuentas del grupo junto a posibles pasivos como la apertura, hace un año, de una inspección de la Agencia Tributaria sobre el Impuesto de Sociedades en el periodo en el que pertenecía a la sociedad China Tianying. Las actuaciones del Fisco están todavía en fase preliminar.

Esta información contrasta con la ausencia de datos en sus cuentas sobre el juicio por un escándalo de sobornos en Canarias a cambio de contratos, el conocido como Caso Jable, que se celebra en la Audiencia Provincial de Las Palmas, por el que se autoinculparon hace unos meses dos directivos del grupo, incluyendo su hasta entonces número dos.

Hace unos días, la defensa de la ex alcaldesa de Arrecife (Lanzarote) Isabel Déniz (2000-2007) reconoció en un escrito que recibió sobornos durante su mandato por valor de 45.000 euros en forma de ''detalles y regalos'' y reconoció un ''delito de cohecho pasivo impropio'', pero sostiene que ha prescrito por las dilaciones indebidas en la causa y exige que sea absuelta.

La compañía argumenta que ha omitido este procedimiento en sus cuentas de 2022 porque, pese a que los sobornos los pagaba Tecmed (luego Urbaser), el grupo “no está implicado en el Caso Jable, nunca lo ha estado, como compañía no tiene ni ha tenido responsabilidad civil. Además de que las personas supuestamente implicadas, ya no están en la compañía”.

El grupo mantuvo durante meses en plantilla a esos dos directivos, circunstancia que fue denunciada ante el fondo estadounidense que controla el grupo en una comunicación que pedía el “cese inmediato” de Abril-Martorell por su inacción en este asunto. Finalmente Urbaser los despidió hace unas semanas ante la evidente violación de su código ético.

La falta de información sobre el Caso Jable y otros aspectos, como la omisión de datos sobre los sueldos de la cúpula del grupo que pilota Abril-Martorell, han motivado una denuncia contra el auditor de Urbaser, EY, ante el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. EY no ha incluido ninguna salvedad en su auditoría, que el grupo ocultó inicialmente a sus inversores en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), donde tiene varias emisiones de deuda en circulación.

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Una denuncia ante el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital acusa a la firma Ernst & Young (EY) de “presuntas infracciones muy graves” de la normativa contable en su auditoría de las cuentas de Urbaser, el gigante español de la limpieza viaria y la recogida de basuras.

La denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, se presentó el pasado 21 de julio y reclama al ICAC que abra expediente sancionador a la firma EY y a su auditor Fernando González Cuervo. Les acusa de supuestas irregularidades en su análisis de las cuentas individuales y consolidadas de 2022 que Urbaser remitió en junio al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). La empresa tiene registradas allí varias emisiones de pagarés e inicialmente omitió a los inversores ese informe. 

Apoyándose en un dictamen pericial de un experto independiente, catedrático y ex director general del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda, el denunciante asegura que las cuentas de Urbaser contienen “graves irregularidades sustanciales” y no reflejan “la imagen fiel del patrimonio, de sus resultados y de su posición financiera”.

Las omisiones que menciona son falta de información sobre un escándalo de sobornos en Canarias para el que hay dictada apertura de juicio oral contra Urbaser; ausencia de datos sobre los sueldos y bonus de los consejeros y altos directivos del grupo; y supuesta asistencia financiera prestada por la compañía a su actual dueño, el fondo estadounidense Platinum.

A diferencia de años anteriores, Urbaser, que desde hace algo más de un año pilota Fernando Abril-Martorell, hijo del ex ministro de la Transición y ex primer ejecutivo de Indra, no incluye información sobre los sueldos de su consejo y sus altos directivos en las cuentas de 2022 que ha puesto a disposición de los inversores.

Según la normativa contable española, no incluir esos datos afecta a la imagen fiel de las cuentas de las empresas, si bien la matriz última de Urbaser se encuentra en Luxemburgo. 

En las cuentas consolidadas de 2022 remitidas al MARF y aprobadas sin salvedades por EY, Urbaser indica que “no se han devengado retribuciones al Consejo de Administración ni Alta Dirección porque estos cargos no existen en la Sociedad actualmente”.

Pero, según el denunciante, “es una evidencia que existe el consejo”, que, afirma, forman la presidenta de Urbaser y socia de Platinum, Mary Ann Sigler, el vicepresidente y consejero delegado de Urbaser, Abril-Martorell, y el consejero Miguel Liria. 

Estas tres personas administran la cabecera de Urbaser en España, Luna IV Servicios Ambientales SL, que no ha depositado sus cuentas de 2022 en el Registro Mercantil. Luna IV, sin empleados, cuelga a su vez de la luxemburguesa PE Luna Holding SARL, controlada desde Islas Caimán, y que acaba de mandar al registro del Gran Ducado sus estados financieros, auditados por EY. En ellos se indica que la remuneración de sus principales ejecutivos fue de algo más de 3 millones en 2022.

Respecto a la alta dirección, el denunciante señala que “obviamente también existe y son las personas que reportan directamente al Consejero Delegado”. Se apoya en lo que apunta el citado informe pericial del catedrático, que tacha de “inconcebible que una Sociedad que en sus cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2022 reporte un número medio de personas empleadas de 57.691 personas y no tenga Alta Dirección. La inteligencia artificial va desarrollándose progresivamente pero no ha llegado al punto de dirigir una empresa sustituyendo a todos sus empleados, a su Consejo de Administración y a su Alta Dirección”.

Plan de acciones

Las cuentas consolidadas de Urbaser remitidas al MARF tampoco mencionan un plan de remuneración con acciones en Luxemburgo a su cúpula, con Abril-Martorell a la cabeza. La denuncia indica que “el plan de remuneración retribuye, con fecha 7 de abril de 2022, a 24 Directores de Urbaser con participaciones que oscilan desde 528.616 acciones hasta 49.338 acciones, en función de la categoría de cada uno de ellos”.

En el caso de Abril-Martorell, que se incorporó en junio de 2022, le corresponde una asignación de 1.533.173 acciones ordinarias A, 27.150 acciones ordinarias B y 472.850 acciones preferentes. Esos títulos equivaldrían a unas 5.655 acciones de Urbaser con un valor de mercado de unos 2,4 millones de euros, según la pericia adjunta a la denuncia.

Esta atribuye a EY y su auditor una infracción muy grave de la Ley de Auditoría por omitir esta información. El artículo 72 de esa norma castiga, bajo amenaza de baja en el registro de auditores, los informes con una opinión que “no fuese acorde con las pruebas obtenidas por el auditor en su trabajo, siempre que hubiese mediado dolo o negligencia especialmente grave e inexcusable”.

Según el denunciante, ese dolo existe porque en las cuentas de la antigua filial de ACS los sueldos de su cúpula “se ocultan supuesta e intencionadamente y, ante estos hechos, EY y su auditor el Sr. González no emiten ninguna salvedad en sus informes de auditoría”. 

Una situación que, recuerda, contrasta con los reparos que otras firmas han incluido en otros supuestos similares, como acaba de hacer Deloitte con el fondo de capital riesgo Cinven, dueño de Burger King en España. Otros ejemplos son las salvedades de los auditores de Securitas Direct en España (con matriz en Luxemburgo, como Urbaser), Alcaliber (monopolista del opio en España) o la riojana Cartonajes Santorromán, conocida por las invectivas contra el Gobierno de su dueño, acogido a la amnistía fiscal de 2012.

Corrupción en Canarias

Las cuentas de Urbaser (tanto la sociedad española como su matriz luxemburguesa) omiten la existencia de un auto de apertura de juicio oral contra la antigua filial de ACS por un escándalo de corrupción en Canarias, el conocido como Caso Jable. Según el denunciante, “que todavía no exista sentencia firme en el Caso Jable no significa estar exento de publicidad. No se puede justificar su ocultación”. Y compara la ausencia de información con las explicaciones que incluyen en sus cuentas BBVA, Repsol, CaixaBank e Iberdrola sobre su implicación en el caso Villarejo, sin que haya llegado a la apertura de juicio oral.

El escrito al ICAC subraya que “la transparencia frena la corrupción”. Indica que Urbaser y su auditor “tienen una muy grave responsabilidad en la ocultación de esta causa penal. Naturalmente, para EY y su auditor Sr. González es irrelevante esta información y, por supuesto, ni siquiera recomendaron, al menos, indicar los motivos por los que Urbaser había decidido ocultar en sus cuentas anuales la existencia de este escandaloso caso de corrupción”.

Y no pueden “recurrir a la excusa de que lo desconocían alegando que Urbaser no les informó. Hemos acreditado que una gran variedad de medios de comunicación se hacen eco del Caso y van informando del desarrollo del mismo. Basta teclear en google ”Caso JABLE“ para ponerse al día de la evolución del juicio oral que se reanudará en septiembre”.

El 9 de mayo, elDiario.es informó de que Urbaser mantenía en nómina a su entonces número dos, Manuel Andrés, y a su mano derecha, Santiago Alonso, que semanas atrás habían confesado que sobornaron a cargos públicos de Arrecife (Lanzarote) entre 2001 y 2004 para conseguir la concesión del servicio de recogida de residuos de esa ciudad. 

Lo hicieron durante la negociación con la Fiscalía Anticorrupción ante el juicio por estos hechos en la Audiencia Provincial de Las Palmas que se va a celebrar 13 años después de ser detenidos por la Guardia Civil. El Ministerio Público pedía para ellos penas de 10 años de cárcel por delitos de cohecho, falsedad documental, fraude y aprovechamiento de secretos. 

El dueño del fondo Platinum fue advertido de la permanencia en la empresa de estos dos directivos tras reconocer los sobornos en una comunicación que pedía el cese inmediato de Abril-Martorell. Entonces, la empresa indicó que su área de Compliance estaba analizando el asunto. Cuatro días después, Urbaser comunicó a EFE el despido de ambos, tras comprobar que los hechos violaban su código de conducta.

La denuncia ante el ICAC también acusa a Urbaser de prestar dinero supuestamente a Platinum para comprar el grupo español mediante “una extensa cadena de sociedades pantalla domiciliadas en Luxemburgo y en el paraíso fiscal de las Islas Caimán”, prestándole asistencia financiera, prohibida por la ley española y europea. Asegura que EY y su auditor “tienen una muy grave responsabilidad en la ocultación de la asistencia financiera que Urbaser ha prestado para la adquisición de sus propias acciones por el fondo de inversión Platinum”.

“La prohibición de asistencia financiera (existente en el ordenamiento europeo y consagrada en España en los artículos 143, 149 y 150 de la Ley de Sociedades de Capital), tiene su raíz en el hecho de que una empresa no puede utilizar sus propios recursos para que un tercero adquiera sus acciones”.

Y añade: “Urbaser ha prestado todo tipo de garantías que, en su conjunto e incluyendo sus activos más significativos, las principales cuentas bancarias y cuentas a cobrar, suponen el 80% de su EBITDA consolidado y, con ello, ha violado el art. 150 de la Ley de Sociedades de Capital de España”.

El escrito subraya también que el informe de auditoría de EY contiene un “error material”, al estar firmado el 8 de mayo de 2022, y no en 2023, por lo que “se requiere de una rectificación ineludible ya que el auditor no se puede equivocar en la fecha a la hora de certificar unas cuentas anuales”. 

El ICAC es el organismo equivalente en España al Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) estadounidense que, según Financial Times, ha encontrado deficiencias en las auditorías de EY en varios países, entre ellos España.

Urbaser, un gigante con una cifra de negocios de más de 3.000 millones, pagó el año pasado a EY por sus servicios 2,311 millones, un 57% más que en 2021, cuando esta firma empezó a auditar sus cuentas. Urbaser y EY han rechazado responder a las preguntas de elDiario.es.

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