EH Bildu ha aprovechado el deseo del consejero de Vivienda, el socialista Denis Itxaso, de convertir a Euskadi en la “Viena del sur” por ser la capital de Austria una referencia internacional de políticas sociales, para proponerle que haga de toda la comunidad autónoma una zona tensionada, de modo que se puedan aplicar controles de precios en los alquileres, limitaciones a apartamentos turísticos y otras medidas. La reacción del Gobierno no se ha hecho esperar. Desde la propia Viena, donde esta semana el equipo de Vivienda está de visita oficial para tomar ideas y donde la propia EH Bildu estuvo hace solamente dos semanas, el Ejecutivo ha despachado por “completamente electoralista” e “inviable” la iniciativa.

“Necesitamos políticas de vivienda contundentes y coherentes”, ha demandado la 'número dos' de la coalición abertzale en el Parlamento, Nerea Kortajarena, que es ya también la candidata a la alcaldía de la ciudad con los precios más caros, Donostia. Según ha expuesto en Vitoria, se trata de que todo el territorio pueda disponer también de las coberturas de los decretos-ley del Gobierno de España, si es que los convalida el Congreso de este viernes.

Desde Viena, el consejero Itxaso no ha querido entrar al cuerpo al cuerpo con Kortajarena, al menos de momento. Ha delegado la respuesta, que ha sido contundente y negativa, en la directora de Planificación y Procesos Operativos, Saioa Beistegui, que participa también la delegación y que es la responsable de la aplicación de la ley estatal de 2023, la que creó las zonas tensionadas.

Según ha expuesto a preguntas de los periodistas en Seedstadt, un barrio en las afueras de Viena y uno de los mayores desarrollos urbanos en marcha en la Unión Europea, es “completamente electoralista” la petición de la también candidata en Donostia, a la par que “inviable”. Ha indicado que la normativa fija unos requisitos para acceder a ese régimen y que hay zonas que no las cumplen. “No se puede declarar así como así toda la comunidad autónoma”, ha subrayado Beistegui, que ha recordado que cerca del 80% de los municipios 'tensionables' ya están o con los controles de precios en marcha o tramitando su inclusión en la lista. En octubre, por ejemplo, se sumarán Sopela, Urduliz y Bergara, que aparecerán en el Boletín Oficial del Estado. Y en enero vendrá otra tanda, en la que podría entrar Erandio, que precisa de ese paraguas para evitar los desahucios en Los Ochos.

La portavoz ha reclamado “más trabajo mano a mano” con los municipios y menos “imposición”. EH Bildu es la principal fuerza municipalista. Hasta ahora, sí había colaborado en varias iniciativas, como Azpeitia siendo el primer municipio en implementar el canon de viviendas vacías o Errenteria siendo la primera zona tensionada. Ahora mismo, el 54% de la población ya está cubierta, al estar dentro del listado las tres capitales y los grandes municipios. De hecho, los grandes que quedan fuera están gobernados por el PNV, Getxo y Zarautz.

En la misma comparecencia en Seestadt, Pablo García Astrain, director de Vivienda, Suelo y Arquitectura del equipo de Itxaso, ha defendido a la vez poder tomar ideas del modelo vienés pero poner en valor, igualmente, que el vasco tiene puntos fuertes. “Nosotros también tenemos muchas cosas envidiables”, ha manifestado. Kortajarena, en cambio, ha afeado que iniciativas recientes como el fondo social se hagan con ánimo de lucro para inversores privados, lo que no es “nada coherente” con repetir después que se quiere impulsar una “Viena del sur”.

Arnaldo Otegi bromeó en 2025, al ser reelegido para otro mandato al frente de EH Bildu, que lo había logrado “a la búlgara” por haber tenido un respaldo interno del 94%. Ahora, la formación abertzale ha dado los datos de sus candidatos para las municipales y forales de 2027 y, todos ellos, son superiores a esa cifra con la excepción de la única candidata de Alternatiba, María del Río, en Bilbao, que ha logrado 'solamente' un 91%.

En Pamplona, el alcalde Joseba Asiron ha tenido un 100% de apoyos en las bases, sin votos en contra o siquiera en blanco. En Navarra, Laura Aznal ha alcanzado el 98,29%, con un 1,71% de rechazo. En Vitoria, Rocío Vitero, que ganó las municipales en 2023 aunque no pudo gobernar, ha obtenido un 97,44% —solamente 0,85% en contra— y, en Álava, Eva López de Arroyabe, ha llegado al 98,82% y sin ningún voto negativo.

En el caso de Bizkaia, Iker Casanova ha tenido un 97,33%, con un 1,1% en contra. Pero la actual portavoz en Bilbao y aspirante a la reelección, María del Río, sí ha concitado algo más de rechazo, casi un 6%. De los ocho candidatos en capitales y forales es la única que no procede de Sortu o es una figura independiente. Es de los otros partidos de la coalición, en este caso de Alternatiba. En Gipuzkoa, finalmente, un 96,39% ha refrendado un nuevo intento de Maddalen Iriarte, que ganó en 2023 pero no gobierna, y la nueva gran apuesta por Nerea Kortajarena en Donostia alcanza el 97,01% de 'síes' y únicamente un 1,49% de 'noes'.

EH Bildu ha querido “felicitar” a los candidatos por sus resultados y agradecer su “compromiso” y “responsabilidad” para aceptar dar el paso en la inminente carrera electoral. También agradece la “participación” de sus bases. “Somos un movimiento vivo, participativo y lleno de ilusión. Tal y como señaló Arnaldo Otegi en la conferencia política del pasado sábado, es hermoso que, en tiempos de individualismo, haya personas que se comprometan con el colectivo”, indican desde la formación. Ahora, el proceso continuará con la búsqueda de candidatos municipales para las otras localidades de los cuatro territorios.

EH Bildu ha realizado una apuesta política de calado para tratar de ganar las elecciones municipales de 2027 en Donostia. Tras confirmarse la salida de Juan Karlos Izagirre, exalcalde de 2011 a 2015 y de nuevo candidato en 2023, la formación abertzale ha designado como aspirante a la dirigente Nerea Kortajarena (Donostia, 1974), actualmente 'número dos' en el Parlamento Vasco y responsable de Programa de la coalición.

Kortajarena, nacida en Egia y vecina de Loiola, trabajadora social y, entre otras características, seguidora de la Real Sociedad, llegó a la primera línea política en 2016 cuando entró al Parlamento Vasco. En 2023, con la salida de Maddalen Iriarte para ser candidata foral en Gipuzkoa, se convirtió en jefa de la oposición en el último tramo del mandato de Iñigo Urkullu, donde ganó en peso político. Llegó a sonar como candidata a lehendakari en 2024, pero finalmente EH Bildu optó por el dirigente Pello Otxandiano, del que ahora es 'número dos' Kortajarena.

EH Bildu sostiene que en esas autonómicas, como cabeza de lista por la circunscripción de Gipuzkoa, logró un resultado “histórico” al vencer claramente al PNV de Imanol Pradales y sobrepasar el 40% de los votos. Tiene “todas las cualidades necesarias” para ser alcaldesa, dicen en su partido. Nunca ha habido una mujer al frente del Ayuntamiento de Donostia, a diferencia de en Bilbao o Vitoria.

Al poco de confirmarse la noticia, la propia aludida ha publicado un vídeo anunciando la candidatura. “Kaixo. Soy Nerea Kortajarena y quiero ser alcaldesa de Donostia”, arranca. “Me encanta esa Donostia que se construye todos los días desde los barrios”, agrega la candidata, que se dice “preocupada” por la “deriva” que ha tomado la ciudad en los últimos años, con los elevados precios de la vivienda y la llegada masiva de turistas. Textualmente, ha asegurado a veces sentirse “forastera” en su propia ciudad o que “alucina” cuando ve “colas” para comer pintxos.

En principio, Kortajarena se enfrentará a Jon Insausti del PNV, alcalde desde 2025 cuando relevó sorpresivamente a Eneko Goia, a Ane Oyarbide del PSE-EE, según confirmó en este periódico el secretario general del partido, y a Borja Corominas del PP.

El Parlamento Vasco ha completado, en sesión vespertina, el debate monográfico sobre “seguridad vital”, un cajón de sastre para debatir sobre vivienda, economía y otros asuntos que casi ha parecido un pleno de política general adelantado, aunque no sea septiembre. A su término, los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, han aprobado 29 resoluciones genéricas que “instan” al Ejecutivo a “seguir” o “continuar” con planes ya anunciados, desde la reforma legislativa sobre vivienda hasta la implantación del nuevo sistema de tarifas del transporte público en función del uso y de la renta. La “seguridad vital” ha acabado derivando en una interpretación más clásica de la seguridad y han sido aprobadas incluso iniciativas de apoyo a la labor de la Ertzaintza. ¿Y de la oposición? De 183 propuestas solamente han prosperado siete.

EH Bildu había promovido el debate. Por la mañana, el lehendakari, Imanol Pradales, ha aprovechado para enumerar sus exigencias al Gobierno central, como la rebaja de hasta 30 céntimos por litro en los carburantes o del IVA de la carne y del pescado. El jefe de la oposición, Pello Otxandiano, se ha quejado de que se mire a Madrid y no se hagan los deberes en Vitoria.

Por la tarde, la 'número dos' de EH Bildu, Nerea Kortajarena, ha asumido que poca gente estaría pendiente del resultado del debate mientras presentaba sus propuestas más allá de que los oradores hayan intentado aligerarlo con continuas referencias a Miguel Ríos y otros cantantes. La coalición ha planteado 16 resoluciones. PNV y PSE-EE no han aceptado ninguna de ellas, aunque en el receso de la comida han mantenido algunas conversaciones. En realidad, el Ejecutivo no ha aceptado casi nada de la oposición. El PP había registrado 108 resoluciones y solamente ha visto prosperar dos. De Sumar han decaído las 53 de 58 y de Vox 17.

¿Qué se ha aprobado? La primera resolución mira al 1 de enero de 2027, momento de asunción de las competencias de las prestaciones de paro, las políticas pasivas de empleo. Se ha planteado un “refuerzo” de Lanbide para una gestión más “eficaz”. Y también ha habido una mención a la importancia del diálogo social, en el que no participa la mayoría sindical. En materia de Vivienda, los acuerdos son, en esencia, las medidas ya conocidas: mantenimiento de la calificación de las viviendas protegidas en las zonas tensionadas, reforma legal para evitar el fraude en las compraventas de viviendas de precio tasado, creación del “fondo social de vivienda” para “movilizar 2.000 millones” y levantar “10.000 viviendas de alquiler asequible en los próximos diez años” y “ayudas a los pequeños propietarios de viviendas de zonas tensionadas que pongan en arrendamiento con rentas que respeten los precios” de referencia.

PNV y PSE-EE han acordado, igualmente, que el Instituto Vasco de Finanzas continúe con sus programas de apoyo a las empresas o que el área de Movilidad invierta en infraestructuras ferroviarias o siga trabajando en el plan de establecer un sistema de descuentos “progresivos” en el transporte público en función de la frecuencia de uso y el nivel de renta. Es algo de lo que ya hablaba el consejero Iñaki Arriola, que dejó el cargo en 2024. O la gratuidad de las Haurreskolak, también refrendada por la Cámara. Se ha instado también a que se apruebe la nueva ley de Justicia restaurativa, adelantada por este periódico en mayo. Entre el paquete aprobado, hay también iniciativas sobre Osakidetza, para “valorar” algunas decisiones tomadas por el consejero Alberto Martínez.

Significativamente, no se han aprobado los 36 puntos que Pradales le ha pedido a Sánchez. Sí ha salido adelante un texto genérico para pedirle al “Gobierno del Estado” a que adopte “medidas integrales orientadas a proteger a las familias, reforzar la competitividad del tejido productivo, apoyar a los sectores más afectados por el encarecimiento de costes y avanzar en la transición energética, mediante actuaciones fiscales, ayudas directas, inversiones estratégicas y mecanismos de apoyo que contribuyan a contener el impacto de la crisis, garantzar la viabilidad de empresas y explotaciones, y preservar la actividad económica y el empleo en Euskadi”.

“Siendo honestos, las propuestas de resolución son nuestras acciones”, ha reconocido el representante socialista Ekain Rico, asumiendo que no son nuevas. Pero ha puntualizado que eso es lo que las hace valiosas. Ha añadido que tienen “gestión, recursos y coherencia” detrás. “No venimos a improvisar un catálogo de buenas intenciones”, le ha reprochado a la oposición. Joseba Díez Antxustegi, del PNV, ha añadido con ironía que no le parece lo más razonable ir a Londres a defender políticas sociales de vivienda, en referencia a sus elevados precios y a que fue la ciudad elegida por Otxandiano para su viaje de esta semana.

Kortajarena, en un segundo turno, ha asegurado que ya tienen experiencia en ver “ridiculizadas” las propuestas que lanzan en debates monográficos aunque luego, con el tiempo, reaparecen como planes “estrella” del Gobierno. Ha puesto como ejemplo los descuentos en el transporte. “Vamos a seguir trayendo medidas”, ha garantizando. Desde Sumar, Jon Hernández, también había dicho que se “caricaturizan” las “propuestas alternativas”, aunque su grupo ha sido al que más ha aceptado el Gobierno.

Apoyo a la Ertzaintza

¿Qué se le ha aceptado a la oposición? Las cinco iniciativas de Sumar apoyadas por PNV y PSE-EE versan sobre que “la paz no puede entenderse únicamente como ausencia de guerra”, que “la Unión Europea debe desempeñar un papel activo” y, sobre todo, que es necesario “reforzar las políticas públicas de lucha contra el racismo, la xenofobia, la islamofobia, el antigitanismo, el antisemitismo y toda forma de discriminación étnico-racial, incorporando una perspectiva estructural, preventiva y reparadora, así como mecanismos específicos de protección frente a los discursos de odio, la desinformación y la violencia política contra personas migrantes, racializadas y refugiadas”.

Asimismo, han sido aprobadas dos resoluciones del PP. Ambas guardan relación con el apoyo a la Ertzaintza. “El Parlamento Vasco muestra su apoyo y reconocimiento público a la Ertzaintza, como cuerpo policial autonómico propio de Euskadi, y a las mujeres y hombres que la forman por su profesionalidad y vocación de servicio desde su creación” y “el Parlamento Vasco condena la campaña de hostigamiento y las amenazas permanentes a la Ertzaintza y sus miembros”.

EH Bildu, sin que nada de lo suyo se haya aprobado, sí ha votado a favor de cuatro de las propuestas del Gobierno. Son en concreto, el blindaje de la protección de las viviendas en zonas tensionadas, la “colaboración público-privada” para que por cada euro invertido por el Instituto Vasco de Finanzas se movilicen tres, el impulso del “modelo vasco de acogida e integación” de migrantes que, entre otras cosas, incluye el “aprendizaje lingüístico” y menciona la “convivencia intercultural” y un punto que pone en valor que Euskadi sea “referente” en tratamiento del cáncer. Curiosamente, en esta resolución se ha mencionado Euskadi como “región” en la versión en castellano y como “herrialde” en la de euskera.

Entre lo no aprobado estaba el SMI de 1.500 euros de EH Bildu, la gratuidad del aprendizaje del euskera hasta el nivel C2, el máximo del marco europeo, lanzada por Sumar o que la Ertzaintza pueda portar pistolas de descargas eléctricas (taser), según requería el PP. Vox ha usado este debate, una vez más, para cuestionar los derechos de los extranjeros. La tercera de sus medidas era la “prioridad nacional” en el acceso a las prestaciones y servicios públicos.

El consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso, se ha congratulado este viernes por haber logrado, a su juicio, que EH Bildu pase de denunciar que la reforma legislativa de 2025 para agilizar promociones fue una “contrarreforma” a “encabezar la procesión” porque uno de sus municipios más relevantes, Errenteria, que también fue el primero en ser declarado zona tensionada en aplicación de la normativa estatal, ha sido igualmente el pionero en aplicarla al anunciar 755 pisos en Gamongoa. Asimismo, aunque sin mencionar las siglas del PNV, ha ironizado que localidades “de todos los colores” piden también las medidas de la ley estatal, en concreto la declaración de zonas tensionadas.

“No se trata de pasar factura a nadie. Se trata de dar la bienvenida. [...] Creo que se trata de que todos nos subamos al carro de las herramientas”, ha manifestado Itxaso en declaraciones a los medios de comunicación en la entrada del Parlamento Vasco, en las que no ha querido comentar nada de las investigaciones de corrupción que rodean a excargos de su partido, como el rescate de Tubos Reunidos en 2021. El consejero, en su mano, llevaba un libro con el 'Plan integral de acceso a la vivienda de Euskadi' y con una frase en su portada, 'El problema de la vivienda tiene solución. Y Euskadi tiene un plan'.

Según expuso el Ayuntamiento de Errenteria este jueves en un comunicado, “el anteproyecto de actuación prioritaria para la construcción del nuevo barrio de Gamongoa arrancó el lunes su tramitación con su registro formal por parte de las empresas promotoras”. Y agregó: “Dentro del proceso de tramitación se prevé su aprobación por parte del equipo de Gobierno el próximo mes de julio, acogiéndose a los instrumentos que habilita la nueva ley 6/2025 de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo, aprobada por el Parlamento Vasco para agilizar la construcción de vivienda protegida y facilitar la ejecución de ámbitos residenciales estratégicos como es Gamongoa”. Sin embargo, se menciona también que 560 de las nuevas casas serán protegidas, más de un 74%.

La ley fue impulsada por el Gobierno de PNV y PSE-EE y promulgada en diciembre. La normativa tuvo el 'no' de EH Bildu, que insistió en que era una “contrarreforma” básicamente porque planteaba que el porcentaje de pisos protegidos en las promociones podía bajar del 75% al 60%, algo que no se producirá en Gamongoa. La formación abertzale lamentó también que el Ejecutivo no aceptara ninguna enmienda de la oposición en el articulado final. Itxaso, ahora, insiste en que era necesario dar “viabilidad” a los promotores privados y en su tesis de que el 75% de cero es cero, mientras que con un porcentaje más flexible sí se puede construir, aunque en Errenteria la flexibilización es de menos de un punto.

“Criticaban que estábamos dando de comer a las promotoras. Bueno, si hoy el ámbito de Gamongoa se moviliza es porque las promotoras, que son las propietarias de ese suelo, han encontrado la viabilidad que no encontraban en años anteriores”, ha insistido el titular de Vivienda, que ha pedido a los municipios que apliquen “sin anteojeras” ni “prejuicios” las “herramientas” de la nueva legislación. “El problema de la vivienda tiene solución. Lo estamos demostrando. Y necesitamos a todos. Nadie sobra”, ha insistido, esgrimiendo su libro.

Se da la circunstancia de que Itxaso se reunió hace justamente dos semanas con el líder parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano. La cita venía motivada por unas palabras del consejero socialista, que lamentaba que la formación abertzale lanzara un plan para levantar 30.000 casas cuando sus municipios se negaron durante años a ceder suelos. Les pidió que bajaran “de las musas al teatro” repetidamente. Preguntado por si Errenteria ha hecho ya ese camino y si es fruto de los acuerdos alcanzados en esa reunión, Itxaso ha insistido en que “es buena noticia” que quienes votaron en contra apliquen la ley “de manera aventajada”. El consejero ha señalado también que dos municipios controlados por el PSE-EE, Portugalete en Bizkaia y la capital de Álava, Vitoria, se acogerán también a las nuevas pautas marcadas en la nueva ley para hacer promociones.

La dirigente abertzale Nerea Kortajarena, de su lado, ha negado con rotundidad que exista una “contradicción” entre el plan de Errenteria y el rechazo a la ley. De hecho, ha insistido en mantener que “es una contrarreforma”. Ha destacado que el municipio mantiene el 75% del estándar de vivienda protegida, muy por encima del 60%.

“La crítica principal era que se redujeran los estándares. Nos seguimos manteniendo en esa idea. Estamos de acuerdo en que se puedan agilizar otros trámites en determinadas condiciones [que es a lo que se acoge Errenteria] pero para eso no es necesario reducir los estándares [de vivienda protegida]. En Orereta lo hemos demostrado. Vamos a mantener el 75%”, ha insistido la portavoz de EH Bildu, que ha comparecido en la sala de prensa de la Cámara mientras Itxaso respondía a una pregunta del PP y seguía esgrimiendo su libro.

EH Bildu ha añadido que Itxaso debería estar más “preocupado” de lo que pasa en otras localidades. Kortajarena se refería a Donostia y al plan del conocido como Infierno. Según la formación abertzale, el PNV -que gobierna allí con los socialistas- insiste en ceder las parcelas a promotores privados para que “se lo lleven crudo” en vez de hacer vivienda protegida.

El Parlamento Vasco ha dado inicio finalmente este jueves a la tramitación de la reforma de la ley de Juventud de 2022 para intentar reforzar los controles en los campamentos en los que participen menores a la luz de la veintena de denuncias de presunta violencia sexual en los organizados en la localidad alavesa de Bernedo por la entidad Euskal Udalekuak. Se realizará por la vía de urgencia, con el ánimo de que las medidas entren en vigor en junio, según fuentes parlamentarias. Este mismo jueves se va a celebrar una Mesa para abrir ya el período de comparecencias de expertos y adelantar lo máximo posible el inicio del plazo de enmiendas, que será de solamente una semana, según estas mismas fuentes.

La iniciativa es de PNV y PSE-EE. EH Bildu también ha apoyado la toma en consideración, al igual que Sumar. El PP se ha abstenido y Vox ha sido la única formación en oponerse. La ley se reformará por la vía de urgencia, que acorta a la mitad los trámites ordinarios, pero no por el procedimiento aún más rápido, el de “lectura única”, como pretendían los partidos del Gobierno vasco. Para ello, podía haber optado por registrar la iniciativa como “proyecto de ley”, como le permite el reglamento. Pero se hizo como “proposición de ley”, para lo que se requiere unanimidad en la Mesa, sin ser suficiente la mayoría absoluta. Y EH Bildu, el único partido de la oposición representado en el órgano que dirige la Cámara, se opuso. El PNV ha insistido en las críticas a la coalición abertzale por “retrasar” la ley, pero Nerea Kortajarena, desde la bancada de EH Bildu, ha sido muy crítica. “La unanimidad no es un estado de gracia. Es el fruto del diálogo y la negociación”, ha avisado.

La cronología indica que la ley urgente -para que esté promulgada antes de la ya publicitada nueva edición de las colonias- se registró el 20 de febrero. Las denuncias sobre el campamento de Bernedo se conocieron en septiembre de 2025. De hecho, la Fiscalía lamentó que existiera una investigación de la Ertzaintza y de un juzgado de Vitoria desde la primavera anterior y que se volvieran a celebrar las actividades Euskal Udalekuak con normalidad el pasado verano. Un pequeño retraso en la presentación del preceptivo informe del Gobierno al texto de PNV y PSE-EE, como adelantó este periódico, impidió que esta tramitación se pudiera iniciar el 12 de marzo, cuando se celebró el anterior pleno. La ley llega al Parlamento en una temporada de baja actividad por la sucesión de puentes y parones vacacionales. Serán seis semanas sin sesiones de control después de haber retomado en febrero la actividad después de Navidad; y el próximo pleno ordinario no llegará hasta el 16 de abril.

El representante del PNV Ander Añibarro, exdirector de Juventud del Gobierno vasco, ha insistido en culpar a EH Bildu de los retrasos de la tramitación. “Con los menores no se juega”, ha llegado a decir, insistiendo en que era precisa la “lectura única”. “Un grupo parlamentario decidió impedir esa tramitación. ¿Por qué hicieron eso? La ciudadanía tiene derecho a conocer esas razones”, ha clamado desde la tribuna. “La respuesta legislativa no puede demorarse”, ha señalado, igualmente, el portavoz del PNV.

Kortajarena ha replicado -aunque la presidenta Bakartxo Tejeria le ha recordado que su turno era solamente de “explicación de voto” y no de debate con los otros partidos- que EH Bildu ve como una “prioridad” la defensa de los derechos de los menores, pero ha remarcado que el Gobierno lanza una reforma de una ley de 2022 incluso antes de haber aprobado los reglamentos para desarrollar el texto original. Es más, cuando se inició la discusión política sobre los retrasos en esta tramitación, la consejera del ramo, Nerea Melgosa (PNV), terció garantizando que aprobaría por decreto los controles adicionales para Bernedo. La semana pasada se activó ya la tramitación de ese decreto, según se informó. La consejera Melgosa no ha estado presente este jueves en el Parlamento.

Añibarro y la socialista Itxaso Asensio han explicado los cambios legislativos que se pretenden. Los principales pasan por cambiar la “comunicación” de la celebración de una colonia por una “declaración responsable”, así como por exiger “certificaciones negativas” de antecedentes de delitos sexuales para trabajar con menores y endurecer las sanciones. “Que las familias estén tranquilas”, ha señalado Asensio, que ha añadido que la ley busca “reforzar la función inspectora” igualmente.

El PP, como ya había adelantado, ha criticado la iniciativa al entender que el ordenamiento jurídico vigente en España ya permite actuar en ámbitos como los certificados para quienes desarrollan actividades con niños y adolescentes. Laura Garrido ha considerado que ya el pasado año “no se actuó aun teniendo herramientas”. Garrido ha anunciado enmiendas para “mejorar” la propuesta de PNV y PSE-EE. Sumar, por su parte, se ha dicho partidario de tramitar la reforma, pero no de los procedimientos con los que se quiere hacer. “El Parlamento debería tener derecho a debatir mejor”, ha señalado Jon Hernández, que ha cuestionado también las reformas legislativas 'ad hoc' pensadas para responder a “hechos concretos”. Vox, que está personado en la causa judicial por las denuncias de Bernedo, ha indicado que si una ley de 2022 se quiere retocar en 2026 es porque “nació coja” en lo tocante a “protección de los menores”.

Euskal Udalekuak prepara ya una nueva edición de los campamentos de Bernedo. También tiene actividades en dos localidades de Navarra. El pasado año, varios centenares de familias de usuarios lanzaron un mensaje de apoyo a la entidad frente a la cascada de denuncias de violencia sexual, que un caso tiene la tipificación inicial de agresión. Este año, personalidades del mundo de la cultura están haciendo vídeos animando a mantener las inscripciones.

EH Bildu ha denunciado que la Encuesta de la Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS) lleva sin renovar sus datos estadísticos desde 2022. Según señala la parlamentaria Nerea Kortajarena, que ha registrado una pregunta en el Parlamento Vasco para que la consejera Nerea Melgosa dé explicaciones, este estudio se realiza cada cuatro años, pero, al considerarse en su momento que este periodo era demasiado amplio, se realiza, entre las dos encuestas, un módulo de EPDS cada dos años, por lo que debería disponerse de los resultados de la encuesta de 2024 en 2025.

Recuerda Kortajarena que “las últimas tablas estadísticas e informe son de 2022”. En la página web del departamento se menciona a la empresa encargada de la encuesta 2024 y que la recogida de datos se realizará entre mayo y julio de 2024, “pero a día de hoy no hay tablas ni informe”. “Un Gobierno mide y analiza lo que le preocupa y le parece importante, de manera que tendremos que pensar que al Gobierno de Imanol Pradales la pobreza ni le preocupa ni le parece importante”, ha señalado la parlamentaria.

Corresponde al Órgano Estadístico Específico (OEE) adscrito al Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico desarrollar la actuación referente a la estadística. Entre las encuestas que el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico tiene en marcha, se menciona la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS), cuyo objetivo es “conocer, estudiar y evaluar las líneas de pobreza y su incidencia en la comunidad autónoma vasca”. EH Bildu considera que esta encuesta es de suma importancia para la toma de decisiones en torno a las políticas públicas, por lo que piden a la consejera que clarifique si se tienen los datos de 2024, cuándo estarán disponibles y los motivos del retraso en su publicación.

Ninguna fuerza de la oposición en Euskadi ha opinado sobre el mensaje lanzado a los migrantes por el lehendakari, Imanol Pradales, del PNV, que aprovechó su discurso de fin de año (o de Gabon, en su denominación tradicional) para recordarles sus “obligaciones”. La excepción, Vox, que ha considerado desde la ultraderecha que se ha quedado corto, que ha insistido en asociar criminalidad y extranjeros y que ha pedido “mano dura” contra este colectivo.

EH Bildu, como hizo con el mensaje de Felipe VI, ha optado por no hacer un balance como tal, a diferencia de la práctica habitual con Iñigo Urkullu o con el propio Pradales el pasado año. Según Radio Euskadi, la coalición entiende que en su país hay más de un lehendakari, en referencia a la navarra María Chivite y a los dirigentes de Iparralde. Por ello, tanto el líder institucional, Pello Otxandiano, que ha lanzado un mensaje en sus redes sociales, como la portavoz Nerea Kortajarena han optado por lanzar un mensaje propio para lanzar “esperanza” al conjunto de Euskal Herria a pesar de las “amenazas” reaccionarias.

En el flanco izquierdo, la coalición Sumar ha criticado por “escandalosamente autocomplaciente” la alocución de Pradales, al que ve “alejado de la realidad cotidiana”. Pero su único parlamentario, Jon Hernández, ha considerado que el “speech político del PNV” ha fallado en sus referencias a la vivienda, a las personas durmiendo en la calle o a la juventud. Nada ha mencionado sobre la migración, que ha ocupado la parte principal de la intervención del lehendakari y que era el mensaje más destacado que quería lanzar.

Desde el PP, Javier de Andrés ha optado por subrayar los temas “olvidados” por Pradales. Ha criticado la escasez de menciones al “coste de la vivienda”, que a su entender se debe a la “excesiva regulación que estrangula el mercado”, la falta de referencias al “crecimiento de la delincuencia”, algo que atribuye a la “laxitud” del Gobierno en sus respuestas, y también que no se aborde la “pérdida de capacidad adquisitiva”, lo que contrasta con el “crecimiento del gasto público”. “Parece que no hay límite”, ha ironizado De Andrés.

Desde fuera del arco parlamentario, Podemos ha bromeado que fue más interesante el vídeo a modo de inocentada del 28 de diciembre grabado con José Luis Korta en Ajuria Enea. “La verdad es que me gustó más el vídeo que hizo con Korta el día de los Inocentes porque al menos ese día sabíamos que era una broma”, ha asegurado Richard Vaquero, que está intentando en estos meses devolver el protagonismo perdido a la formación morada con acuerdos como la reforma fiscal o los presupuestos en Álava y Gipuzkoa, todos ellos con PNV y PSE-EE.

Los socios del Gobierno

Desde Araia, su localidad natal, el portavoz del PNV, Joseba Díez Antxustegi, ha visto “enfadada” a la oposición y “centrado” a Pradales. Ha mostrado su temor de que ese “enfado” de las fuerzas políticas vaya a traer en 2026 a Euskadi “el ruido y la polarización” de Madrid. Díez Antxustegi sí ha destacado que la migración haya sido el punto central del mensaje y agradece tener un mandatario que hable “claro” sobre el asunto, subrayando que Euskadi es un país de “acogida” pero en el que hay derechos y a la vez “obligaciones”.

Los socios del PNV, el PSE-EE, han enviado su propio mensaje con un Eneko Andueza que no ha ocultado que tienen “algunas diferencias” con los nacionalistas. Ha destacado como hitos de la gestión el empleo, la vivienda, el transporte y Osakidetza, de los que los tres primeros son carteras gestionadas por los socialistas. De hecho, ha insistido en que la “influencia” de su partido en el Ejecutivo es muy relevante y que gracias a ellos hay una orientación “progresista” de la gestión.

El PSE-EE, socio del PNV en el Gobierno de Imanol Pradales, se ha unido dialécticamente -pero sólo dialécticamente- a las otras fuerzas de izquierda, EH Bildu y Sumar, en un debate en el Parlamento Vasco sobre la decisión del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, de que la Ertzaintza haga público el origen de los detenidos, pero no ha llegado a votar en contra, como le han tentado los otros grupos con sus mociones, que han decaído. La tesis de los socialistas, que sostienen que es una “cesión” a la derecha y a la ultraderecha y a sus marcos que asocian inmigración y criminalidad, es que es preciso trabajo interno para reconducir la cuestión y no resolverlo con una “bofetada” a Zupiria sin más recorrido que lo declarativo.

Miren Gallástegui, parlamentaria socialista, ha cuestionado el “fondo” y las “formas” del cambio acometido por la Ertzaintza, que tuvo lugar en octubre y que lleva ya semanas motivando debates tanto en la Cámara como fuera de ella. “Debe cambiarse, no aporta nada”, ha enfatizado Gallástegui, alertando que puede alimentar estigmatizaciones y discursos xenófobos. La Ertzaintza llevaba dos décadas sin ofrecer esa información. “No hay menor transparencia que la que ofrece un dato descontextualizado”, ha agregado, igualmente. “Es un error y una equivocación [...]. Es un paso que ni compartimos ni creemos acertado. El origen no determina la delincuencia, señor consejero, la novedad es que alguien ha decidido darle un protagonismo especial a esa información, destacarla en notas de prensa y eso favorece a determinados relatos políticos del Partido Popular y Vox”, ha señalado dirigiéndose a Zupiria, presente en el hemiciclo.

El consejero, que hasta hace unos pocos meses defendía esa misma tesis, ya ha explicado que, en efecto, ha habido un cambio de criterio. Insiste en que desde que ha accedido al cargo en Seguridad, en el verano de 2024, ha visto realidades que le han empujado a dar el paso. El PNV, como partido, también ha comenzado a endurecer algunos mensajes sobre seguridad y migraciones. Su portavoz en este debate, el dirigente Joseba Díez Antxustegi, lo ha explicado como un ejercicio de transparencia, como una fórmula de ofrecer un análisis criminológico “más completo” y con “todas las variables”. No ha confrontado directamente con los socialistas, aunque el asunto tiene derivadas en otros escenarios como Catalunya, donde los Mossos d'Esquadra dirigidos por el PSC han imitado a la Ertzaintza, o Vitoria, donde el PNV dirige Seguridad en la coalición con los socialistas pero no la Alcaldía y donde el asunto ha provocado fricciones.

La proponente del debate y portavoz de EH Bildu, Nerea Kortajarena, se ha felicitado de que el PSE-EE comparta “prácticamente todo” lo que la coalición abertzale defiende en esta materia. “Sólo falta que alinee su voto con lo que ha dicho”, le ha dicho a Gallástegui. Ha deslizado que quizás “algún día” en la política vasca dejen de ocurrir “cosas raras” y se vote “en coherencia” con lo que se piensa. Kortajarena, sobre el fondo de la cuestión, ha insistido en que “raramente” el origen de un criminal aporta algo al esclarecimiento de los hechos y, por el contrario, “refuerza estereotipos negativos” hacia determinadas nacionalidades. Ha asegurado que la ultraderecha no opera en busca de transparencia sino de combustible para nuevas campañas y reforzar sus posiciones. El PNV, a este argumento, ha respondido que hasta ahora las recetas de cordón sanitario no ha frenado la subida de fuerzas como Vox. Precisamente este partido, con un único escaño, ha aprovechado el debate para señalar particularmente a personas magrebíes.

“Es muy preocupante que el 'sailburu' diga que igual el año que viene se arrepiente de haber dado este dato. Eso es una gran irresponsabilidad. No se puede plantear cambios de este tipo y actuar en cuestiones de esta delicadeza de esta manera y por razones de cálculos electorales y populistas”, ha señalado también Kortajarena. Desde Sumar, Jon Hernández se ha mostrado a favor de esta tesis: “No es una decisión inocente, ni de transparencia. Es una decisión motivada por la presión y por el impulso de la derecha y de la extrema derecha. Esto es peligroso”.

Desde la bancada del PP, Ainhoa Domaica ha planteado que el PSE-EE critica ofrecer unas informaciones que ya aparecen en otras bases de datos con naturalidad. Y ha citado documentos del Ministerio del Interior e incluso un recentísimo plan del área de Justicia del Gobierno vasco, controlado por los socialistas, que esta misma semana ha desglosado información sobre menores con identificación de su origen. Díez Antxustegi ha querido zanjar el debate asegurando que Zupiria es de los cargos más “valientes” de España por haber asumido este cambio y ha insistido en que la preocupación por la seguridad está en calles, bares y fábricas.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha realizado este viernes una larga disertación en euskera en el Parlamento Vasco sobre la decisión de la Ertzaintza de empezar a informar del origen de los detenidos -“y de las víctimas”, ha puntualizado Zupiria- en sus comunicaciones y estadísticas. No ha negado que ha “endurecido” su discurso sobre seguridad y migración y ha admitido que ha cambiado de opinión en pocos meses por lo que ha ido viendo en el cargo, al que accedió en 2024 tras haber sido entre 2016 y ese año responsable de Cultura y Política Lingüística y desde 2020 también portavoz con Iñigo Urkullu. “Y creo que igual el año que viene podría llegar a pensar que he metido la patada. Si es así, lo trasladaré”, ha agregado.

Zupiria ha comparecido sobre este tema a instancias de EH Bildu, que ya le preguntó por lo mismo hace un par de semanas, en la presentación de los presupuestos. Nerea Kortajarena le ha afeado que hasta hace poco la Ertzaintza evitaba esta dar información al entender que podría contribuir a estigmatizar a colectivos. La portavoz abertzale ha señalado que si Santiago Abascal, líder de Vox y exparlamentario vasco con el PP, se felicita de haber logrado ese cambio es que algo no ha ido bien.

Kortajarena ha recordado que han criticado este giro del PNV desde SOS Racismo hasta el Ararteko pasando por Jueces por la Democracia o incluso el PSE-EE, el socio de coalición. “¿Qué ha cambiado en este año para que usted y su partido, el PNV, hayan cambiado el criterio? Los datos son claros. En el último año ni han subido los delitos de manera alarmante ni la percepción social al respecto es hoy muy distinta a la de hace un año”, ha añadido Kortajarena.

El consejero del PNV, que ha admitido algunos “errores” de comunicación sobre este asunto, ha dicho no entender el debate que ha generado, como tampoco las palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, socialista, remarcando que los cuerpos que de él dependen no ofrecen esa información. Zupiria ha enumerado una larga lista de bancos de datos estatales donde sí se desglosan los delitos por nacionalidad. Incluso ha encontrado una ocasión en la que EH Bildu pidió un desglose de los datos sobre presos por origen. Además, ha dicho que también ha encontrado opiniones favorables al cambio de política de comunicación implementado en la Ertzaintza.

Zupiria sostiene que sigue con el ánimo de “confrontar” a derecha y ultraderecha. “Usemos los datos para hacer frente a la mentira y la estigmatización. Algunos quieren hacer ver que queremos esconderlos. ¿Por qué andar así? Nuestra sociedad ha tenido un cambio profundo en los últimos años. En muchos ámbitos. La sociedad vasca no es la de comienzos de este siglo. Ahora, entre nosotros, 14 de cada 100 han nacido fuera. 14 de cada 100. Más de 300.000 personas. De esas 300.000 personas, la gran, gran, gran, gran mayoría viven con nosotros de modo pacífico. Trabajan. Tienen acceso a educación y sanidad y hacen el esfuerzo para conocer y entender nuestra forma de vivir, para acercarse a nuestra cultura y costumbres. Los vemos trabajando en bares y restaurantes, cuidando a nuestros padres y abuelos, en las tiendas de verduras y frutas. O vendiendo comestibles Halal. En el ámbito sociosanitario, en el tercer sector, en barcos de pesca, bañándose en la playa o en la fiesta nocturna”, ha apuntado.

Pero ha seguido: “Junto con quienes hacen un esfuerzo de integración, tenemos otros que tienen problemas de integración. Que no tienen dónde vivir o dónde trabajar. Algunos de ellos, además, están en situación de vulnerabilidad. Además, tenemos otros, que son muy pocos, que son malhechores. Algunos, de aquí y de allí, han convertido el robo en oficio. La diversidad ha traído complejidad y es difícil gestionar la complejidad”.

La mayoría de PNV y PSE-EE en el Parlamento, con el añadido del voto de Vox, ha tumbado este jueves la admisión a trámite de la iniciativa legislativa popular respaldada por 145.142 firmas para equiparar las pensiones en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa al salario mínimo interprofesional, el SMI, ahora mismo en 1.184 euros mensuales en 14 pagas. Los partidos del Gobierno vasco ya habían adelantado con un informe su negativa a esta propuesta, alegando que “podría poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas” y también que Euskadi ya dispone de la renta de garantía de ingresos, la RGI, que es un salario social para quienes no tienen recursos, actúa también como complemento de nóminas y pensiones bajas.

EH Bildu y Sumar ha votado a favor de abrir un debate en la Cámara sobre las pensiones, pero sus 28 votos han sido insuficientes frente a los 39 del 'no' y las siete abstenciones del PP. Ana Mezo, la portavoz de los promotores que, sin ser parlamentaria, ha podido intervenir en el hemiciclo, ya intuía durante su exposición lo que minutos después iba a ocurrir. “El rechazo afecta a una cuestión de fuerte impacto social”, había dicho en su turno de presentación de las medidas propuestas. “Se hurta en este Parlamento y en la sociedad vasca un debate fundamental”, ha añadido también. “Detrás hay personas con nombres, apellidos y caras”, ha protestado, finalmente.

Mezo se ha quejado también por no disponer de “derecho a réplica”. De hecho, después de una salva de aplausos, la pensionista ha tenido que abandonar el hemiciclo tras su exposición de 15 minutos y ha seguido el resto de la sesión desde una tribuna con el resto de invitados, mayoritariamente pensionistas con un chaleco rojo con lemas alusivos a la necesidad de una pensión de 1.184 euros. Por ello, ha habido que suspender un par de minutos el debate para esperar a que Mezo subiera las tres plantas para acomodarse en su nueva ubicación. El personal de seguridad de la Cámara ha estado acompañándolos en todo momento.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha seguido el debate mientras trabajaba con su portátil en el escaño. El vicelehendakari socialista, Mikel Torres, de su lado, hacía lo propio con una tableta. En paralelo, el Ejecutivo vasco tiene abiertas negociaciones con el Estado para asumir, antes de que finalice 2025, la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. El proceso ya se ha iniciado con la transferencia de algunas prestaciones no contributivas y de las políticas pasivas de empleo (el SEPE), pero todavía no hay acuerdo en torno a las pensiones como tal. En todo caso, las cuantías y la legislación seguirán siendo competencia estatal. Tanto la Constitución como el Estatuto aluden expresamente a un sistema unitario y con solidaridad interterritorial.

15.091 pensionistas cobraban en agosto, el último mes de cerrado, el complemento de la RGI. Son el 25,81% de los perceptores totales. Los promotores estiman que del orden de 100.000 pensionistas carecen de ingresos suficientes. Añaden que el modelo de la RGI toma como referencia los ingresos y circunstancias de toda la unidad de convivencia o familia y no situaciones individuales. Mezo ha avisado, además, de la brecha de género entre las personas mayores, ya que la precariedad afecta especialmente a mujeres.

Las 145.142 representante al 6,46% de la población de la comunidad autónoma y casi cinco veces más que el mínimo legal, 30.000 rúbricas, para presentar una iniciativa legislativa popular (ILP). Si fueran votos, prácticamente serían la tercera fuerza en el Parlamento a la luz del escrutinio de las elecciones de 2024, muy cerca de los 150.000 apoyos sumados por el PSE-EE y solamente por detrás de PNV y EH Bildu. Desde que en 2018 Sabin Zubiri fuera el primer ciudadano anómino en tomar la palabra para defender una propuesta legislativa popular ninguna ha sido siquiera admitida a trámite. En la lista de espera del Parlamento, que llevaba hasta este jueves tres meses sin votaciones a causa del largo parón estival, hay otra propuesta lanzada por los sindicatos, esta vez sobre disponer en Euskadi de un SMI propio.

El “zorionak” del PNV y los datos del PSE-EE

PNV y PSE-EE ni siquiera han intervenido en el turno en contra antes de la votación. Se han limitado a tomar la palabra 'a posteriori', como explicación de voto. Markel Aranburu ha ejercido como portavoz del PNV. “Zorionak lortu duzuenagatik!”, ha arrancado, queriendo reconocer el trabajo de los pensionistas para reunir tantas firmas. “Las políticas sociales más avanzadas del Estado son las nuestras”, ha señalado también. Según Aranburu, no es posible tramitar esta propuesta porque la competencia “es de Madrid”. Además, ha indicado que el modelo vasco de “protección social”, en referencia a la RGI, ya complementa las pensiones bajas de 15.000 personas.

El representante socialista, Ekain Rico, ha acudido a la tribuna con una batería de datos. Ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha mejorado sin parar las pensiones con un “ambicioso programa de reformas” frente a los “recortes”, “congelaciones” y “contrarreformas” del PP durante la etapa de Mariano Rajoy. Ha señalado que el “incremento continuado” de las cuantías no se queda en “palabras”, que son “hechos”. La pensión media en España es de 1.312 euros, por encima de los 1.184. La de jubilación, en concreto, es de 1.507, ha dicho. “Y en Euskadi las cuantías son aún mayores”, ha subrayado igualmente. Ha hablado de 1.617 euros en general y de 1.836 por jubilación. Sobre la RGI, ha indicado que ofrece una cobertura de 1.080 euros para una persona sola (pero a doce pagas) y de hasta 1.535 para unidades de convivencia más amplias, según Rico. Eso sí, ha dicho que no puede convertirse en “complemento universal”, porque su misión es otra. En el bipartito vasco es el PSE-EE el que gestiona tanto la RGI como la parte de Seguridad Social que se va a ir transfiriendo.

La única parlamentaria de Vox, Amaia Martínez Grisaleña, ha sido la única que técnicamente ha usado el tiempo en contra. Ha dicho que era una cuestión de “respeto” a los invitados explicarles por qué se opone. Ha dicho que las pensiones son competencia del Estado y que “es el Gobierno de España el que debe dar solución a las pensiones mínimas”. También que no se puede poner una pensión mínima general que iguale a quienes “cada día madrugan, cotizan y hacen país” y dar unos complementos vascos que hagan que una persona mayor “del resto del Estado” tenga peores condiciones en las mismas circunstancias personales. “Es un mensaje peligroso”, ha cerrado.

El turno del 'sí'

El principal apoyo de la iniciativa ha sido el de EH Bildu. Nerea Kortajarena, desde la tribuna, ha lamentado el portazo y ha indicado que “la democracia, cuando es participativa, es más democracia”. Ha avisado que “nunca” una propuesta con “tanto apoyo” había llegado a la Cámara y ha asegurado que no se puede pretender que “la participación ciudadana se limite a votar cada cuatro años”. La 'número dos' de la coalición ha repetido datos sobre la necesidad de operar en la mejora de las pensiones y ha considerado deseable al menos abrir el debate y meter “en la agenda” esta cuestión. “Si el debate no es fructífero, tienen ustedes mayoría para pararlo [en la votación final]”, ha agregado. Kortajarena ha ironizado que el PNV, hace solamente una semana, prometió atender las preocupaciones que se perciben “en la calle” y “en los bares” y que ahora comete el “error” de cerrar la puerta a 145.142 personas.

Desde Sumar, Jon Hernández ha asegurado que la propuesta ha sido “arrojada al vertedero” por los partidos del Gobierno. “Permitir el debate es una cuestión prepolítica”, sostiene. Además, niega que establecer más complementos ponga en riesgo los presupuestos, porque comportaría incrementar un “1,4%” el presupuesto vasco. “No es ninguna locura”, ha considerado. Con todo, ha querido “lanzar un mensaje en positivo” a los firmantes porque su trabajo “no ha sido en balde” y “el debate está vivo aunque esta propuesta específica no vaya a seguir el trámite parlamentario”. Los invitados han aplaudido los discursos tanto de EH Bildu como de Sumar. El PP no ha votado en contra, pero tampoco a favor. Se ha quedado en la abstención aunque también ha pospuesto su intervención a después de la votación. Ha sido Álvaro Gotxi el que ha tomado la palabra.

Al poco de terminar el debate, Mezo y otros compañeros han dicho a los medios de comunicación que es un gran “despropósito” lo ocurrido. “Y podría emplear palabras más duras”, se ha contenido. Quien no lo ha hecho ha sido su colega Arturo Val del Olmo, que ha llegado a acusar de “prevaricación” a los partidos del Gobierno. Fue militante socialista y de la UGT. Mezo, en todo caso, sí ha aprovechado para poner en valor ocho años del movimiento de pensionistas vasco. En el exterior del Parlamento, más pensionistas se han movilizado en defensa de su propuesta y enfadados por el portazo. “Nos vamos de aquí con el convencimiento pleno de que tenemos que seguir luchando. Nuestra generación va a ir desapareciendo. Pero nuestra rebeldía no”, ha clamado Val del Olmo.

EH Bildu ha defendido este miércoles, en vísperas del quincuagésimo aniversario de los últimos fusilamientos del franquismo, que Juan Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegi, “son un referente de lucha antifascista y de búsqueda de mundos mejores”. Así lo ha expresado la 'número dos' de la formación abertzale en el Parlamento Vasco, Nerea Kortajarena, después de que el Gobierno de Imanol Pradales pidiera que, por la condición de miembros de ETA de ambos ejecutados, la efeméride no sea “instrumentalizada” para legitimar otras violencias. A lo largo del verano también ha sido objeto de debate la condición de “victimarios” de estas víctimas de la dictadura, reconocidas como tales oficialmente.

“Sinceramente, no hay nadie en este país que ponga en cuestión que hay que reivindicar la memoria de 'Txiki' y Otaegi. Son un referente de lucha antifascista, de búsqueda de mundos mejores. Así lo vivimos”, ha señalado Kortajarena a preguntas de los periodistas. Ha añadido que el propio lehendakari, en primera persona, ha aludido a los “tiempos oscuros” que acechan a España por el riesgo del crecimiento de la ultraderecha, por lo que tiene todo el sentido recordar estas figuras. Es “memoria antifascista, abertzale y republicana” y “debe estar más presente que nunca”, ha defendido Kortajarena.

El debate de las pensiones

La portavoz de la coalición ha comparecido en la Cámara por otro motivo muy diferente. Lo ha hecho para avisar, de modo preventivo, que PNV y PSE-EE pueden dar un portazo este jueves a la iniciativa legislativa popular (ILP) respaldada por 145.000 firmas para mejorar las pensiones. Aunque no hay aún confirmación oficial del 'no' a la admisión a trámite, EH Bildu remarca que el Gobierno de esos mismos partidos ya emitió un informe desfavorable. Kortajarena ha dicho que sería de “celebrar” que, al menos, rectificaran y accedieran no ya a aprobarla sino a admitirla a trámite. Ha incidido en que la renta de garantía de ingresos (RGI, una prestación autonómica) apenas cubre las necesidades de las pensiones bajas y que decenas de miles de personas, especialmente mujeres, están condenadas a “pasarlas canutas” y a vivir en la precariedad.

Minutos después de la comparecencia, fuentes del PNV han enviado un análisis para acotar los términos de la controversia. “Hay grupos políticos que, en un intento de enredo y manipulación, dicen que votar que no mañana es hurtar un debate público sobre las mejoras de las pensiones. Es preciso una aclaración: mañana no votamos si damos cauce a un debate, mañana votamos si se inicia la tramitación de una ley”, inciden. Y agregan: “Las razones por las que consideramos que la propuesta legislativa no es la fórmula adecuada son tres. Contamos con un modelo propio que garantiza rentas mínimas (y que cuenta con medidas específicas para pensionistas). Las pensiones, en este momento, son una competencia del Estado. Y la aplicación de este complemento de las pensiones supondría un gasto inasumible para nuestras finanzas públicas”, explican desde la formación 'jeltzale'.

Un centenar de localidades afiliadas a UEMA (mancomunidad de municipios vascoparlantes, por sus siglas en euskera) han celebrado este sábado a mediodía movilizaciones contra las sentencias judiciales que anulan normativas de impulso a la lengua vasca. Esta semana el Tribunal Supremo, por ejemplo, ha confirmado la anulación de varios artículos del decreto de desarrolo de la ley municipal recurrido por Vox salvo uno de los censurados en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Según UEMA, han contado con el respaldo de “miles” de personas. El presidente de UEMA y alcalde de Ataun, Martin Aramendi (EH Bildu), ha participado en la de su municipio, en Gipuzkoa. “Quieren condenar al euskera a ser una lengua de segunda. La sentencia es grave”, ha apuntado. Ha demanddo “acuerdos sólidos” en materia lingüística.

De su lado, el presidente de la Real Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia), Andrés Urrutia, ha considerado necesario garantizar al euskera “un espacio propio de actuación” para que la cooficialidad no sea sólo “sobre el papel”. En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, ha indicado que la sentencia del Supremo no es “ciertamente positiva”. “Al final lo que acaba ocurriendo con el euskera es que es una lengua perfectamente inútil para las labores o las funciones sociales que se entiende que una lengua moderna tiene que realizar en esta sociedad”, ha manifestado, aunque ha admitido que ha leído “muy por encima” el fallo. También ha recordado que “no ha declarado la nulidad del artículo 12 que permite a los ayuntamientos y a las entidades locales establecer, promover y regular la utilización de la euskera como lengua de servicio y lengua de trabajo”.

La dirigente de EH Bildu y 'número dos' en el Parlamento Vasco, Nerea Kortajarena, ha emplazado también a “actuar con la determinación y la decisión que requiere” lo que considera como una “emergencia lingüística” por la sentencia del Supremo y por otras anteriores. Kortajarena ha participado en la convocatoria de UEMA en Orio, también en Gipuzkoa. “Podemos actuar nosotras, tenemos instrumentos, tenemos mayorías y creo que compartimos en gran medida retos y también amenazas, por eso creo que las fuerzas abertzales y euskalzales estamos llamadas y obligadas a adoptar compromisos para tomar esas decisiones jurídicas que van a ser fundamentales en una situación de emergencia lingüística como la que estamos viviendo”, ha concluido.

Este viernes, el PNV ya se había pronunciado sobre la sentencia. La dirigente Maitane Ipiñazar considera que va “en contra de la voluntad democrática de los ciudadanos vascos y en contra de las instituciones vascas”. “Hemos recibido esta sentencia con un gran tristeza”, ha indicado en Bizkaia Irratia. “Tenemos que tener en cuenta que todo esto viene de un recurso presentado por Vox, y todos sabemos cual es la postura de Vox y, últimamente, también del PP en torno al euskera. Vox tiene un único representante en el Parlamento Vasco, pero aún así, ya vemos el ruido que hace y cuáles son sus intenciones en contra del autogobierno y del euskera”, ha señalado.

Nerea Kortajarena (Donostia, 1974) es la 'número dos' de EH Bildu en el Parlamento Vasco y la 'número cuatro' en la nueva dirección salida del reciente proceso congresual de la formación soberanista. Delega en su colega Edurne Benito del Valle la defensa de una iniciativa y recibe a este periódico antes de la tormenta política desatada por el informe de la Guardia Civil sobre la corrupción en torno al socialista Santos Cerdán, por lo que la conversación se ha actualizado 'a posteriori' con una pregunta adicional. Sobre la mesa, el balance del primer año de Imanol Pradales como lehendakari, a cuyo Gobierno de PNV y PSE-EE ve experto en “anuncios” y “luces” pero sin “sustancia” detrás. También está abierto el debate sobre la reforma de la normativa de vivienda, en la que EH Bildu cree que los socialistas se pliegan a los nacionalistas, o de la de euskera, en la que opina justo lo contrario. Su tesis es que la coalición, el bipartito, es una “suma cero”. Acusa también al Ejecutivo de proteger “políticamente” a un condenado por corrupción, como es Alfonso Arriola, uno de los implicados en la trama de Alfredo de Miguel.

El Gobierno de Imanol Pradales cumple un año. ¿Qué nota le pone EH Bildu del cero al diez?

No soy de poner notas. Y eso que venimos justo de conocer las calificaciones de la Selectividad. Ha pasado un año, sí. Es un nuevo Gobierno que surge seguramente con hipotecas bastante importantes. Surge con esa necesidad de hacer ver que las cosas cambian. En este año se ha intentado hacer un discurso diferente. Pero lo que vemos es que eso no se traduce en nada. Este Gobierno surge con una debilidad muy importante, la de que los socios sólo comparten la necesidad de gobernar, de mantenerse en el Gobierno. Pero tienen diferencias en cuestiones que son estratégicas. Ha sido público y bastante notorio. Este Gobierno tiene la necesidad de estar constantemente anunciando cosas, pero luego lo que hay debajo de esos anuncios… No hay sustancia política o solidez política suficiente.

¿A qué se refiere?

El grupo por la defensa de la industria, por ejemplo, surge de manera muy improvisada, de manera muy reactiva, y luego no sabemos en qué está ahora. O la alianza financiera también, un gran anuncio detrás del que no hay nada concreto. Es más un desiderátum que otra cosa. Ha sido un año de debates que se han dado de manera muy fraccionada, con una mirada muy corta. Creo que no se está dando la talla. Las necesidades de cambio no se están traduciendo en políticas públicas que estén a la altura del momento.

No pone notas, pero dígame, al menos, si cree que es mejor o peor que el Gobierno de Iñigo Urkullu.

No se trata de saber si es mejor o no que el Gobierno de Urkullu. La cuestión es si el Gobierno está a la altura de los retos que estamos viviendo y de las necesidades que tiene esta parte del país. Y creemos que, de momento, eso no se está viendo. Las últimas elecciones dejaron claros unos mensajes. Había una contestación a una forma de hacer política y a una serie de políticas públicas. Quedó en evidencia que hay una serie de políticas, las neoliberales que ya han tocado techo. Lo que no estamos viendo es que este Gobierno esté respondiendo a la altura de los tiempos, de los retos y de las necesidades que tenemos.

Citaba las elecciones. ¿Está más cerca ahora el liderazgo institucional de EH Bildu que hace un año?

Este año se ha demostrado que existe una alternativa. Hay una oposición responsable que está sabiendo leer muy bien el momento político y las necesidades que tenemos de cara al futuro. Estamos desarrollando un proyecto comprometido con este país, con las necesidades que tiene este país. Estamos demostrando que las cosas se pueden hacer de otra manera. Un ejemplo clarísimo es el pleno monográfico que se desarrolló el otro día aquí [sobre política económica e industrial]. Por primera vez en mucho tiempo hubo un contraste dialéctico. Euskal Herria Bildu puso propuestas concretas encima de la mesa.

Este año se ha demostrado que existe una alternativa. Hay una oposición responsable que está sabiendo leer muy bien el momento político y las necesidades que tenemos de cara al futuro

No se aprobó ninguna. La realidad es que el Gobierno, con su mayoría absoluta, las rechazó todas y cada una de ellas.

Habrá que reflexionar sobre esta dinámica. Tenemos unos retos que difícilmente un Gobierno en solitario va a poder solucionar. A este Gobierno también le falta eso, identificar que hay una oposición que está actuando de manera muy responsable. Que se entienda como una oportunidad y no como una amenaza. Había propuestas. Había algunas opciones para llegar a transaccionales. Hay ámbitos en los que seguramente no hay opciones para trabajar conjuntamente, pero en otros sí. Mire, a mí me llama poderosamente la atención, quizás porque fue la misma semana, que se rehúya aquí la opción de los acuerdos y que, sin embargo, se depositen las expectativas en un foro como es el de la Conferencia de Presidentes. Todas sabemos que la posibilidad de trabajar allí siquiera algún tema estratégico para nuestro país es impensable. Insisto, esa forma de hacer política ha tocado techo. Los tiempos exigen otras cosas.

La ley vasca de Vivienda cumple diez años. Fue un acuerdo de su grupo con el PSE-EE y también con UPyD. Ahora se está tramitando una reforma. Sin embargo, ustedes lo llaman “contrarreforma”. ¿Por qué?

Es una contrarreforma con todas las letras. Responde a unos intereses que no son los de la ciudadanía con respecto a la crisis habitacional que estamos viviendo. Responde más a los intereses de las promotoras y de los ‘lobbies’ inmobiliarios. Se les permite directamente incidir en las políticas de vivienda. Nosotras queremos políticas que claramente respondan a esa crisis habitacional, a cómo hacer efectivo ese derecho a la vivienda que se reconoció hace diez años. Es difícil pensar que quienes votaron en contra de esa ley en 2015, el PNV, que a lo largo de estos diez años ha hecho que la aplicación de esa ley haya ido muy al ralentí, vayan ahora a impulsar una ley que cambie esas lógicas y que ponga en el centro no los intereses del mercado sino el derecho que tiene la ciudadanía a tener una vivienda.

Uno de los puntos que más critican es que el porcentaje de vivienda protegida baja del 75% al 60%.

Claro. El consejero [Denis] Itxaso no ha explicado el porqué de esta contrarreforma. Y ha respondido de una manera muy, muy reactiva a las críticas que se le han hecho. Lo único que se ha dicho es que las promotoras no ganan lo suficiente, que no tienen una rentabilidad suficiente. Pero no hay números encima de la mesa. ¿Cuánto están ganando ahora? ¿Cuánto necesitan o quieren ganar? ¿Cuánto? ¿Un 18%? ¿Un 20%? ¿Un 22%? ¿Un 25%? ¿Un 30%? No hay números que justifiquen ese planteamiento que se ha hecho. Esas promotoras, esos ‘lobbies’ inmobiliarios, han estado teniendo ganancias de dos dígitos y quieren seguir manteniendo esas ganancias de dos dígitos. La venta de viviendas está en cifra récord y los precios están en cifras récord. Aquí algo no cuadra.

¿Cuál es su propuesta?

No puede ser que los intereses de las promotoras estén condicionando las políticas de vivienda. Si hay que cambiar la ley, hay que cambiarla para dar una respuesta a todas esas personas que están viviendo una crisis habitacional, para dar una respuesta a todos esos jóvenes que no se pueden emancipar. Se está convirtiendo ya en la primera preocupación de la ciudadanía. Y es intergeneracional. Preocupa a padres y madres; y preocupa también a las generaciones más jóvenes, a las que se les está hipotecando un futuro.

La cifra que ofrece el consejero es que es que el 75% de cero es cero y que bajando el porcentaje se facilita…

El 75% de cero es cero porque se permite. El consejero se pliega a ese chantaje de que sea cero. Hay que debatir con números encima de la mesa. Hablar las cosas tal y como son. Y la realidad es que el consejero Itxaso todavía no ha explicado con números en la mano cuáles son esas cifras, cuáles son los parámetros en los que nos estamos moviendo. ¿Porque qué pasa si dentro de dos años las promotoras quieren ganar más? ¿Vamos a reducir nuevamente los estándares de vivienda protegida? ¿Dónde está el límite?

No puede ser que los intereses de las promotoras estén condicionando las políticas de vivienda.

Lo que ha planteado también el consejero es que los municipios de su coalición mantengan el 75% si consideran que pueden hacerlo.

El consejero arremete contra los ayuntamientos y creo que lo hace para escurrir sus responsabilidades. El consejero Itxaso, mejor que nadie, sabe el trabajo intenso e inmenso que están haciendo los ayuntamientos de Euskal Herria Bildu, con unas competencias muy limitadas y con unos recursos muy limitados para responder a la situación de crisis habitacional. Lo sabe perfectamente porque tiene una interlocución directa con esos ayuntamientos. Y lo sabe porque cuando se ha querido sacar fotos ha ido a los ayuntamientos de Euskal Herria Bildu. Aquí no se pueden eludir las responsabilidades. Es una forma de hacer política muy, muy vieja. El consejero Itxaso pertenece a una coalición que lleva gobernando esta parte del país muchos años. Casi 40 años, de una manera o de otra. Y el consejero Itxaso pertenece a un Gobierno que ha tenido mayoría absoluta. Muchas de las cuestiones que ahora se plantean como necesarias estaban ya previstas y no se han hecho. ¿Cuál sería la situación que tendríamos ahora si se hubiera hecho una reserva estratégica de suelo hace tiempo? ¿Cuál sería la situación que tendríamos ahora si hubiéramos tenido un PTS que ordenara y que permitiera coordinar todo lo que es la política de vivienda protegida? ¿Cuál sería la situación si ahora si se hubiera promocionado un fondo para la promoción de la de la vivienda pública? Han tenido una mayoría absoluta y no se ha hecho. El consejero Itxaso, en vez de depositar responsabilidades sobre otros, debería estar pensando en hacer un análisis un poquito autocrítico y en no colgarse medallas, como hizo el otro día diciendo que vamos a seguir siendo “campeones”. Hay que tener mucho cuidado con esas afirmaciones cuando estamos viviendo una crisis habitacional y cuando los datos son tan evidentes. Debería establecer otras formas de colaboración institucional con los ayuntamientos. No creo que esto de retar a los ayuntamientos sea una forma para abordar esta cuestión. Él perfectamente sabe que si hay algún ayuntamiento que sea referente en materia de vivienda son los de Euskal Herria Bildu.

Mencionaba las medidas de los ayuntamientos en materia de vivienda. Pero el canon de vivienda vacía de la ley de 2015, sin embargo, se ha empezado a aplicar ahora, diez años después. Y en Azpeitia únicamente.

Sí, sí. Es verdad.

¿Qué ha fallado?

Tenemos que tener en cuenta que los ayuntamientos tienen unas competencias muy limitadas y unos recursos muy limitados. La aplicación del canon a las viviendas vacías es un proceso complejo. Hay muchos ayuntamientos que están trabajando en esa propuesta y hay que decir que ha tardado mucho en llegar. No tenemos ningún problema en decirlo. Pero lo evidente también es que ha llegado y que ha llegado de la mano de un ayuntamiento de Euskal Herria Bildu. Nuestro propósito es que la experiencia de Azpeitia pueda ser ampliable a otros.

El consejero Itxaso, cuando se ha querido sacar fotos, ha ido a los ayuntamientos de Euskal Herria Bildu

¿Y qué les parece que se utilice esta ley de Vivienda para hacer algunos ajustes en la ley de la RGI?

Absolutamente fuera de lugar. No lo compartimos en absoluto, desde luego. Se podría hablar mucho del procedimiento que se ha elegido para la tramitación de esta ley. Es una acción de Gobierno que se presenta por parte de los grupos. Y, claro, aunque la ciudadanía no tiene por qué saberlo, no se han hecho un montón de informes preceptivos. En relación, por ejemplo, al impacto que las medidas pueden tener. Y que se quiera colar una reforma de la ley de la renta de garantía de ingresos que además no responde a las vivencias de crisis habitacional que tienen las personas más vulnerables… Si todos estamos viviendo una crisis habitacional, eso se agrava por diez en el caso de las personas más vulnerables. Tienen dificultades mayúsculas para acceder a esos títulos que se les quiere exigir de alquiler o de un informe que acredite efectivamente un subarrendamiento. Tenemos una posición absolutamente contraria a esto.

Han dicho públicamente que en materia de Vivienda el PSE-EE se está plegando al PNV.

Yo creo que sí. Jueves tras jueves, aquí, cuando se debaten los cuestiones de vivienda, vemos que votan lo mismo, sí, pero los discursos son absolutamente diferentes. Estuve escuchando atentamente la presentación que se hizo de esta ley por parte de Eneko Andueza y Aitor Esteban y fue curiosa. Si uno analiza los argumentos que cada uno utilizó, se evidencian las diferencias que existen. Algunas veces, cuando se quieren hacer demostraciones de fuerza, se demuestran las mayores debilidades. Vimos esas diferencias hace diez años cuando el PNV votó en contra de la ley de Vivienda. Lo hemos visto en su desarrollo. Y lo hemos visto en ese recurso en relación a la ley de Vivienda estatal. Tenemos un consejero que va predicando las bonanzas de la ley del Estado, pero, por otro lado, se sigue manteniendo ese recurso. Es evidente que el PSE-EE se ha plegado a los intereses o a las posiciones del PNV

Sin embargo, con el euskera dicen justo lo contrario, que es el PNV el que se pliega a las exigencias socialistas.

Esto ha sido un ‘modus operandi’ de esta coalición de Gobierno durante mucho tiempo. Unos ceden en algunas cosas, los otros ceden en otras. El sumatorio de este Gobierno es la suma cero. Las diferencias están limitando las posibilidades de desarrollo de políticas públicas en esta parte del país.

El PNV cede en algunas cosas, los socialistas ceden en otras. El sumatorio de este Gobierno es la suma cero.

¿Qué recorrido le auguran a la ley en torno al empleo público que han presentado?

Entendemos que el PNV puede estar bastante cerca de las posiciones que se están planteando. Pero la verdad es que el resto también debería estarlo. Porque la realidad es que esta modificación que hemos presentado sigue los principios de lo que ya se está desarrollando en Galicia, en Valencia y en Catalunya. Aquellos que ahora levantan la voz contra este planteamiento quizás tienen que hablar con sus compañeros. Igual el señor Andueza tiene que hablar con sus compañeros para entender que esto que se está planteando no es otra cosa que respetar los derechos lingüísticos. Se trata de blindarnos y poner un muro a ese intento de la judicatura de hacer política lingüística no teniendo aquí las mayorías suficientes para ello.

¿Albergan alguna esperanza de que el Gobierno actúe por separado en este tema?

Ya veremos. Veremos lo que pasa estos días. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en esta modificación de ley. Es el fruto de una ronda bastante amplia que hemos hecho con sectores muy amplios. Creo que hay un consenso muy amplio en torno a que estamos viviendo, siendo optimistas, una situación de parón bastante importante. Hay voces que hablan incluso de una situación de emergencia lingüística. Llevamos muchos años en una rotonda. Pero lo decía nuestro portavoz [Pello Otxandiano] el otro día: están bien señalizadas las salidas y sabemos muy bien por dónde deberían ir los tiros para abordar ese salto que se tiene que dar en relación al euskera. Lo primero es poner freno, blindarnos ante esa ofensiva judicial en contra del euskera.

El lehendakari ha hecho una propuesta.

Creo que no tenemos tiempo de estar esperando dos años más en una rotonda. No podemos estar esperando dos años a que se celebre un congreso. Ni empezar de cero definiendo cuáles son los principios y valores que deben regir estas políticas. Hay consensos suficientes para empezar ya a abordar esta cuestión. Hay mayorías suficientes.

¿Y qué les parece el plan de Industria presentado esta semana por el Gobierno?

No conocemos más que un resumen ejecutivo. En realidad no hay plan. Que sepamos, no ha pasado por el Consejo de Gobierno. La presentación fue muy paradigmática de lo que es la acción de este Gobierno. Fue un anuncio con muchas luces, con una escenificación muy cuidada, pero que no está acompañada de unos contenidos. Lo que sí sabemos es que no ha habido capacidad institucional suficiente en este Gobierno para poder redactarlo. Ha tenido que ser subcontratado. El consejero es nuevo, sí, pero ha recibido la cartera de una consejera de su propio partido que ha estado haciendo esas políticas industriales durante un montón de años.

Esa consejera, Arantxa Tapia, trabaja ahora en KPMG.

Es llamativo. Es llamativo cómo circulan algunas personas en este país. Y también me parece llamativo que esa propia consejera esté en la consultora a la que se la ha subcontratado la utilización de la deuda estratégica de 1.000 millones que se aprobó en el Parlamento. No compartimos esta forma de hacer política. En Euskal Herria Bildu, quien sale de la política, vuelve a su puesto de trabajo.

EH Bildu ha sido una de las organizaciones que esta semana más duramente se ha posicionado contra las privatizaciones en Osakidetza dentro de los debates de la mesa de salud. ¿Estarán en la fotografía final de ese pacto?

Quien tiene que aclarar qué es lo que quiere hacer con el pacto de salud es el Gobierno. Tiene que aclarar cuál es su compromiso con el sistema público de salud. Se ha visto claramente que había un consenso muy amplio para poner freno a las privatizaciones. Y quien lo cuestiona es el propio Gobierno. Nosotros mantenemos nuestro compromiso con esa mesa de salud. Pero entendemos que las privatizaciones son uno de los elementos -como viene señalado en el diagnóstico- que han motivado el deterioro o el declive que ha tenido Osakidetza. Consideramos que tiene que haber una decantación clarísima, absoluta, en relación a lo público. Tiene que haber una posición clara en contra de esas privatizaciones. Lo vemos con ejemplos todos los días. Afectan a la atención. Se ve en las en las ambulancias; se ve en la OSI Tolosaldea, que tiene sus especialidades externalizadas; y se ve también cuando los centros de salud están cerrados y te atiende una empresa externa por teléfono. Estamos hablando de cosas que van más allá de la concertación.

Me parece llamativo que Tapia esté en la consultora a la que se la ha subcontratado la utilización de la deuda estratégica de 1.000 millones que se aprobó en el Parlamento

El consejero hablaba de un 6% de gasto privado externalizado. En educación es mucho más y, sin embargo, EH Bildu nunca es tan beligerante contra los centros privados concertados.

Tenemos una posición absolutamente clara con respecto también a lo que es la defensa del sistema público de educación. Creo que nuestra trayectoria también lo avala. Pero entendemos que existen una serie de singularidades. Tenemos muy claro que aquí el ánimo de lucro es una línea [roja] tanto en el servicio de educación como en el de salud o en el de los cuidados, en el que combatimos las privatizaciones abiertamente y directamente.

¿Qué les parecen los últimos discursos de la patronal de las ikastolas?

¿En relación a las matriculaciones?

Cuotas, matriculaciones, …

Hubo un pacto educativo que debería ser el que rigiera las políticas. Marcaba un horizonte muy claro para reforzar ese sistema público de educación. No se están desarrollando esos elementos que estaban establecidos en ese pacto educativo. Hemos pedido una y otra vez que se retome todo aquello acordado. Creemos que ese es el camino para lo que tiene que ser el sistema público de educación del futuro. Lo vemos como un elemento fundamental porque vertebra una sociedad.

¿Qué valoración hacen del papel de Alfonso Arriola, que está condenado por corrupción, en la Administración?

Nos hemos manifestado también abiertamente en ese sentido. Creemos que eso es una designación política. Si Alfonso Arriola ha estado gestionando estas subvenciones es porque ha habido una decisión política para que así sea. Y no lo compartimos en absoluto. Ese tipo de cuestiones se tienen que evitar. La ley de Transparencia lleva aquí cuatro legislaturas y sigue sin arrancar. Veremos ahora lo que da de sí. Debería blindar que este tipo de situaciones no se den.

¿Qué opinión le merecen las informaciones en torno a la corrupción de Santos Cerdán?

EH Bildu es un movimiento político que tiene instalado como un firme principio en su actuación política e institucional la honestidad y la lucha contra la corrupción, en cualquiera de sus manifestaciones. Los casos de presunta corrupción deben ser abordados con absoluta transparencia y honestidad política. Esa debe ser también la actitud exigible al PSOE, y EH Bildu será exigente.

Después de una docena de intervenciones entre réplicas y contrarréplicas, un grupo de parlamentarios del PNV ha bromeado en los pasillos con el socialista Mikel Torres, vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, porque 'de facto' ha ejercido como sustituto de Imanol Pradales en la sesión de control de este viernes celebrada en el Parlamento Vasco. Con el lehendakari en Barcelona, en la conferencia de presidentes, la oposición ha hecho mucho más protagonista al segundo vicepresidente que a la primera, Ibone Bengoetxea. Así, la siniestralidad laboral ha sido un tema central.

Torres ha respondido a EH Bildu, al PP -por partida doble- y a Sumar sobre los últimos tres fallecimientos y otras cuestiones relacionadas con el ámbito laboral. Y ha señalado con claridad la responsabilidad de las empresas. “Me criticaron por decir que para mí era más importante de la siniestralidad laboral que el absentismo laboral, que el mal llamado absentismo laboral. Y a algún dirigente empresarial de dedo rápido parece ser que no le gustó lo que dije”, ha afirmado.

Además, unos minutos después, el omnipresente Torres ha vuelto a hablar del asunto, en esta ocasión en la apertura de la asamblea anual de la patronal de Álava, SEA. “Les pido un esfuerzo en el ámbito de la siniestralidad laboral. Sé de los esfuerzos realizados, pero no son suficientes, también por la parte que represento, ya que no debemos ver como algo normal que una persona salga de su casa para cumplir con su jornada laboral y no vuelva con su familia, por morir en su puesto de trabajo”, ha manifestado el vicelehendakari.

El único ausente en el Parlamento no era Pradales. Tampoco ha estado Eneko Andueza, líder del PSE-EE, o incluso el jefe de la oposición, Pello Otxandiano. En la bancada de la principal fuerza de la oposición la que ha preguntado al vicelehendakari Torres ha sido la 'número dos', Nerea Kortajarena. Ha afirmado que no ve “muy preocupada” a la patronal con los fallecimientos -“seis solamente la pasada semana en Euskal Herria”- mientras protesta por un supuestamente elevado “absentismo”.

“Ciertamente, la pasada fue una semana negra. No son sólo números”, ha concedido Torres, que ha dicho que todos ellos eran “evitables” si hubiese habido más prevención y formación. “Puedo garantizar que la Inspección de Trabajo analizará las circunstancias e impondrá las sanciones que la ley marca”, ha agregado. Antes de esa “semana negra” estaban ya registrados once fallecidos en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. “Desde luego, no dudo que Inspección de Trabajo haga su trabajo en relación a la investigación de los accidentes que ya se han producido. Pero lo que nosotros le requerimos hoy es una mayor dureza, una mayor contundencia en relación a la seguridad y salud en el trabajo. Quienes tienen la obligación de garantizar esa prevención no cumplen con sus obligaciones de una manera estructural”, ha señalado, de su lado, Jon Hernández, de Sumar.

El líder del PP, Javier de Andrés, ha salido del pleno con la “sensación” de que el Gobierno “minimiza” la “gravedad” del “absentismo”. Según el dirigente conservador, es “de extrema gravedad” que por término medio de media cada trabajador no acude a su puesto un mes, un dato que “se va a aproximando a las vacaciones”. De hecho, ha añadido que la mayor parte de accidentes se dan “por la contratación de eventuales” y en “subcontratatas”, “precisamente las dos formas de suplir a los absentistas”.

En el acto de SEA en el que ha participado Torres, el presidente de los empresarios alaveses, Juan Antonio Sánchez Corchero, ha ofrecido también el mismo dato de casi un mes de baja por término medio por empleado. El absentismo es un “problema capital”, se ha señalado. Esta organización tiene ya creado un “observatorio” para buscar un diagnóstico y “soluciones”.

Consultoras

El otro que ha aludido al tema por parte del PP ha sido Álvaro Gotxi. Pero el tono era muy otro. Lo ha hecho para denunciar que la estrategia vasca de seguridad y salud laborales “fue sucontratada” a una empresa llamada Red 2 Red que, según el PP, es próxima a los socialistas y acabó como una de las sancionadas por Competencia en el cártel de las consultoras. Gotxi ha matizado, eso sí, que las contrataciones se hicieron en pasadas legislaturas, con María Jesús San José.

Precisamente, EH Bildu ha interpelado a la otra vicelehendakari, a la del PNV, por otra externalización a una consultora, en este caso para el apoyo a la redacción de la ley más importante de la legislatura en su cartera, la de Cultura y Política Lingüística. Josu Aztiria, de la coalición abertzale, ha afeado a Bengoetxea que la asesoría ni siquiera sea vasca. Ha pedido “ambición nacional” y no copiar el texto de otra comunidad autónoma, en este caso el de Canarias, en el que también habría participado esa firma.

La otra intervención de Bengoetxea ha sido motivada por Vox. La ultraderecha ha preguntado a la vicelehendakari su opinión de que el nuevo rector de la Universidad pública vasca, Joxerramon Bengoetxea, quiera que la marca de la entidad sea solamente EHU y no UPV/EHU. El Gobierno ha defendido que el nombre oficial no cambiará y ha apuntado que hay otros organismos que tienen nombre únicamente en castellano, como el IVAP o la SPRI.

Los partidos políticos vascos siguen discutiendo sobre la reforma fiscal después de que se conociera que Podemos, finalmente, no desea pactar los cambios tributarios planteados por PNV y PSE-EE en sus actuales términos. Los nacionalistas han anunciado para este jueves una comparecencia de las tres diputadas forales de Hacienda, Itxaso Berrojalbiz de Bizkaia, Itziar Agirre de Gipuzkoa e Itziar Gonzalo de Álava, y los socialistas creen que aún hay margen para el acuerdo. El bipartito solamente tiene la mayoría suficiente en Bizkaia y en Gipuzkoa y Álava precisa de un tercer socio.

Este viernes, PNV y PSE-EE habían acercado posturas con Podemos. Por ejemplo, estaban de acuerdo en elevar de 14.000 a 20.000 euros el límite exento para tributar el IRPF. Esta formación celebró una consulta entre sus bases para ratificar esa alianza en una materia. Ganó el 'sí' por un 46% frente a un 43% de 'noes'. Pero ante la baja participación, la dirección morada dio por “no concluyente” el resultado y dejó claro que “ahora mismo” no va a dar ese paso de pactar con nacionalistas y socialistas si no hay cambios en las medidas.

El PNV, a falta del pronunciamiento institucional de las tres diputadas competentes en la materia, ha defendido que ese “acuerdo fiscal” planteado a Podemos es la “posición definitiva”. Cree que Podemos ha respondido así por vértigo, por “cuestiones internas”. Insiste también en que la nueva fiscalidad “protege” a los más necesitados y que no merma de modo relevante la recaudación, “clave” para el “sostenimiento” de unos servicios públicos de calidad. “Hacer política con mayúsculas es negociar y acordar en beneficio de la gente”, opinan el partido aún dirigido por Andoni Ortuzar.

Sin relación con este asunto, este miércoles había programada una reunión de Podemos con el PSE-EE. Era el arranque de una ronda que Eneko Andueza ha puesto en marcha por su reciente reelección como secretario general. Andueza ha pedido a Podemos que “reconsidere” su “portazo” o, al menos, que precise qué “variaciones” habría que “incorporar” para cerrar un acuerdo definitivo. Sostiene que las bases cerradas con PNV y con Podemos tenían una clara impronta “progresista” y que han de ser la “base” para seguir tratando de sacar adelante las tres normas forales que recogen los cambios fiscales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

Richar Vaquero, el nuevo líder de Podemos en Euskadi, ha garantizado que el suyo es un partido “serio”. Y también “valiente”. “Nosotros hicimos una consulta a las bases sobre esa propuesta y las bases dijeron que no, pero no nos hemos levantado de la mesa”, ha sido su lectura sobre los últimos acontecimientos. Ha señalado que se “replantearán” el 'no' si hay una “modificación estructural” de las medidas. Podemos no solamente mira a la cantidad exenta sino al tratamiento de las EPSV o a “mejorar” las condiciones para las rentas más bajas o para acceder al mercado de la vivienda. Podemos no tiene escaños en el Parlamento pero sí es decisivo en las Juntas Generales. Eso sí, forma parte de una coalición más amplia, Elkarrekin. El otro socio, IU, ya ha dicho que se opone claramente a negociar con PNV y PSE-EE.

Entretanto, EH Bildu sigue observando la jugada con interés. Ha pedido “rigor” y “seriedad” a todas las partes y ha constatado que es imprescindible negociar cuando no existen mayorías, como es el caso de Álava y de Gipuzkoa, donde además la formación abertzale es la primera fuerza. La portavoz, Nerea Kortajarena, ha criticado que el PNV plantee un “ultimátum” cuando hay margen para reconducir la negociación por otras vías. “Llegados a este punto, uno no sabe si hay alguien al volante”, ha ironizado.

El PP ha lanzado también, por boca de Javier de Andrés, que “hay una alternativa a este acuerdo del PNV con grupos de izquierda”. Ofrece unas propuestas “interesantes” para devolver poder adquisitivo a las “clases medias” frente a la “doctrina socialista que impera en Euskadi”, ha señalado en una rueda de prensa en Bilbao.

EH Bildu ha dado este miércoles un portazo a la reforma fiscal presentada por PNV y PSE-EE... pero sin cerrar del todo la posibilidad a un acuerdo que permita sacar adelante la norma en Álava y en Gipuzkoa, donde los partidos de Gobierno no tienen mayoría. La coalición abertzale ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad a lo que consideran sólo un “retoque fiscal”, pero a la vez lanzan “enmiendas parciales para abrir el diálogo y debatir sobre los aspectos esenciales que, en nuestra opinión, deben abordarse en una verdadera reforma”. El PNV, sin embargo, ven falta de “madurez” en EH Bildu y lamentan su posición.

La parlamentaria Nerea Kortajarena, ahora también miembro de la nueva dirección de EH Bildu, ha presentado la estrategia que seguirá la coalición respecto a esta reforma en los tres territorios, que pasa por aceptar sus enmiendas parciales, que introducen, entre otras cuestiones, “eliminar el trato privilegiado de las rentas de capital en el IRPF y acercarlas a la tributación de las rentas del trabajo”, garantizar que las grandes empresas tributen una base efectiva sobre sus beneficios, y un compromiso para modificar el Impuesto de Sociedades en el plazo de un año.

Kortajarena ha considerado que “en lugar de una reforma en profundidad”, PNV y socialistas han presentado un “ajuste superficial, un simple retoque fiscal que, lejos de abordar los problemas estructurales, se limita a ofrecer deducciones que maquillan la situación sin resolverla de fondo”. “Esta propuesta de norma está muy lejos de la reforma que exige la coyuntura económica actual. No sólo es incapaz de lograr un consenso mayoritario para su aprobación, sino que, además de no reformar nada, aumentará la incertidumbre y supondrá una reducción de la recaudación”, ha señalado. Por contra, la propuesta de EH Bildu supondría un crecimiento en la recaudación de 890 millones de euros, ha señalado Kortajarena.

EH Bildu considera que es necesario fortalecer la capacidad recaudatoria de las instituciones. “Porque si no es así, ¿cómo vamos a sostener los servicios públicos?. ¿cómo generaremos riqueza?, ¿y cómo la distribuiremos de manera justa?”, se ha preguntado. “Necesitamos un sector público fuerte y estable, no sólo ahora, sino en los próximos años. Y eso sólo será posible con un modelo fiscal progresista y equitativo”, ha señalado.

En concreto, las enmiendas parciales de EH Bildu, además de “eliminar el trato privilegiado” de las rentas de capital en el IRPF y acercarlas a la tributación de las rentas del trabajo, propone introducir una nueva escala para las rentas de capital, como la de Navarra, “más progresiva que la actual y que evitaría el dumping fiscal entre los territorios vascos”. En este sentido, Kortajarena ha apuntado que se propone un análisis en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma, que conduzca a una integración progresiva en cinco años de una única base en el Impuesto sobre la Renta, aplicar también en el IRPF la escala vigente en Navarra, que es más progresiva que la de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, añadiendo dos tramos adicionales. Además, propone en cuanto a las deducciones (de vivienda, discapacidad o familia) que no se excluya de ellas a las rentas más bajas que no hacen la declaración de la renta, por lo que proponen que estas deducciones sean reembolsables para garantizar que también beneficien a quienes tienen ingresos inferiores a 20.000 euros anuales.

En cuanto a las empresas, propone que las grandes empresas tributen una base efectiva sobre sus beneficios, estableciendo una cuota mínima real “para evitar que deducciones y exenciones reduzcan drásticamente su aportación fiscal. Esto es clave para sostener la inversión pública en el tejido industrial”, ha dicho. Por otra parte, quieren un compromiso político de revisar en profundidad el Impuesto de Sociedades en el plazo de un año, implementar un sistema de evaluación continua de las deducciones empresariales para asegurar que realmente cumplen su propósito y no solo reducen la carga fiscal de las empresas y presentar antes de fin de año una reforma del Impuesto sobre el Patrimonio, “con el objetivo de mantener al menos la imposición conjunta del actual Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto de Solidaridad Temporal sobre las Grandes Fortunas”.

Por otra parte, en cuanto a vivienda vinculan las bonificaciones a los arrendadores a una reducción efectiva del precio del alquiler, para que “sólo se apliquen si el alquiler se realiza en el marco de un programa público como Bizigune o respetando los precios máximos establecidos por el sistema de referencia”. “Hacemos un llamamiento a PNV y PSE-EE para que valoren la oportunidad que les ofrecemos. Esta es una invitación a corregir la improvisación y falta de ambición que hemos presenciado en los últimos meses. EH Bildu está dispuesta a negociar una reforma fiscal de calado y, si así fuera, a retirar la enmienda a la totalidad”, ha insistido.

La propuesta con una de cal y otra de arena de EH Bildu llega en un momento en el que el líder del PSE-EE, Eneko Andueza, ha mostrado varias veces su oposición a pactar la reforma fiscal con el PP, porque su modelo fiscal “es el de Ayuso en Madrid” . La propia Kortajarena ha señalado su convencimiento de que “seguramente el PNV tenía en la cabeza aprobar esto con el PP”, pero hay “hay desavenencias entre ellos” en referencia a los dos partidos de Gobierno, y “ahora están en otra situación”.

Sin embargo, aunque el PSE-EE parace inclinarse más por el pacto con EH Bildu, fuentes del PNV han respondido de inmediato a la propuesta de EH Bildu acusando a la coalición de “no contar con la madurez política necesaria para alcanzar acuerdos realistas, responsables y de calado”. “Lo peor de todo es que quienes pagarán la falta de altura y madurez de Bildu serán, principalmente, los miles de jóvenes vascos y vascas que quieren comprar una vivienda o acceder a un alquiler social y se van a quedar sin una bonificación que les ayude a hacerlo, así como los colectivos de las personas más vulnerables y las clases medias, o los miles y miles de contribuyentes que pueden verse obligados a presentar la Declaración de la Renta...”, señalan. No obstante aseguran que el PNV “mantendrá tendida su mano al acuerdo hasta el minuto final del trámite en las respectivas Juntas Generales”.

Precisamente el lehendakari, Imanol Pradales, se ha referido a esta reforma durante su participación en un foro organizado por el periódico 'Deia'. Ha pedido a los grupos políticos “altura política” ante la revisión fiscal y centrarse en sus contenidos porque se está “en el tiempo de descuento”, y ha rechazado que se establezcan “cordones sanitarios” en relación a acuerdos “con determinados partidos políticos”.  

Desde el “respeto absoluto a quien debe negociar y liderar esta cuestión”, que son las diputaciones forales, y a los debates que se produzcan en las Juntas Generales, ha afirmado que, desde el punto de vista del debate político, se observa que “continuamente se ponen una suerte de cordones sanitarios, acuerdos con determinados partidos políticos”. En este sentido, espera que los grupos políticos “estén a la altura” y tengan en consideración “los beneficios sociales” que, según ha defendido, plantea la revisión fiscal propuesta por el PNV y el PSE-EE. Hace unos días, en el Parlamento, él mismo abrió la puerta a dialogar con el PP.

Por su parte, Elkarrekin ha señalado que mantiene su disposición a llegar a acuerdos para que Euskadi tenga una “fiscalidad justa y progresiva” por “responsabilidad”, aunque pide al PNV y al PSE-EE que sean, a su vez, “responsables” y den “pasos valientes”. En principio no presentarán enmiendas a la totalidad.

El fichaje de la exconsejera de Salud, Gotzone Sagardui, como directora médica de la clínica privada Vithas San José de Vitoria a los seis meses de haber dejado el cargo y a pesar de que inicialmente había regresado a su plaza de alta funcionaria en la UPV/EHU ha suscitado las críticas de la oposición, particularmente duras desde la izquierda, que usa la expresión “puerta giratoria”, y también la comunicación oficial de Osakidetza a ese centro de que no mantendrá ninguna relación “comercial” en el futuro, según ha garantizado el sustituto de Sagardui, Alberto Martínez. La aludida no ha respondido a la invitación de este periódico para exponer su punto de vista.

En el Parlamento Vasco, la principal fuerza de la oposición, EH Bildu, ha pedido separar la “legalidad” de la designación -que ha contado con el visto bueno de la comisión que revisa los posibles casos de conflicto de intereses en los dos años posteriores al cese- de la “ética” y de la “estética”. “Nos encontramos ante una situación preocupante. Parece que hay quien ha empezado a cobrar por los servicios prestados. Esto, desde luego, encaja perfectamente con ese 'cambio cultural' del que habló en su día la exconsejera. Pero lo que está por ver es cómo encaja en ese pacto ético que presentó el lehendakari al inicio de la legislatura”, han manifestado en una rueda de prensa sobre Sanidad las representantes de la coalición Nerea Kortajarena y Rebeka Ubera. Hacían referencia, por un lado, a una conferencia pronunciada por Sagardui en la que pedía una nueva mentalidad para entender que habría consultorios sin médico o que habría que ir más lejos a la consulta y, por otro, a la reciente propuesta de Imanol Pradales sobre la ejemplaridad en política, que finalmente ha encallado en la Cámara.  

“Es un auténtico escándalo que, con la falta de médicos que tenemos en Osakidetza y con la grave situación que estamos viviendo, la exconsejera y militante del PNV Gotzone Sagardui haya optado por acudir a la sanidad privada. Desde EH Bildu queremos interpelar directamente al lehendakari Pradales, a los cargos del PNV y también al PSE-EE [socio de coalición del PNV] para conocer su opinión sobre esta cuestión. ¿Consideran que esto es compatible con esa ejemplaridad que tanto se reclama? ¿Encaja esto en la forma de entender la política que tienen tanto el PNV como el PSE-EE?”, se preguntan en EH Bildu. Y agregan: “No tenemos ninguna duda de que se intentarán justificar estas actuaciones con argumentos legales. Pero aquí no estamos hablando solo de legalidad, estamos hablando de ética, de estética y del impacto que estas decisiones tienen en nuestra sociedad. Esto no es ético, no es estético y, desde luego, no es inocuo. No podemos normalizar lo que no es normal. Y quiero dejar algo muy claro: ni Rebeka Ubera ni yo, Nerea Kortajarena, recibiremos jamás ningún premio de la sanidad privada. Eso lo aseguro con rotundidad”, han llegado a decir..  

Entiende EH Bildu que la noticia sobre Sagardui causa “desafección política” porque “refuerza la percepción de que las cosas no cambian”. “En un momento en el que Osakidetza se encuentra en una situación crítica, con un enorme esfuerzo colectivo para revertir su declive, actuaciones como ésta restan credibilidad y van en la dirección contraria. Hoy más que nunca, defendemos una manera diferente de hacer política, basada en la ética, la ejemplaridad y el compromiso con lo público. No, no todos somos iguales. EH Bildu apuesta y seguirá apostando por un Osakidetza fuerte, público y al servicio de toda la ciudadanía”, han indicado sus portavoces.

En una rueda de prensa en Bilbao, el líder del PP, Javier de Andrés, se ha pronunciado también sobre el salto de Sagardui a la privada. “Es una decisión de una empresa privada y de su dinero gastan, con lo cual ellos sabrán si es una buena opción. No la puedo juzgar. Pero estaremos atentos a ver si eso podría tener alguna influencia posterior en los convenios que se podían celebrar, si esto tiene alguna consecuencia distinta a lo que sería una relación legítima entre la Sanidad pública y la Sanidad privada”, ha manifestado, según informa Belén Ferreras. “Gotzone Sagardui, exconsejera de Salud con Iñigo Urkullu, da el salto a la dirección de una clínica privada tras años de recortes y debilitamiento en Osakidetza. Éste es un nuevo ejemplo de las puertas giratorias entre lo público y lo privado, donde quienes gestionan el desmantelamiento de la Sanidad pública acaban encontrando su recompensa en el sector privado”, abundan desde la coalición Sumar. Podemos, de su lado, cree que no es “un caso más de las vergonzosas puertas giratorias” del PNV porque así se añade que “la exconsejera ficha como directora médida de una clínica privada después de desmantelar la Sanidad pública”. “El PNV no cree en la sanidad pública y trabaja para la red privada. Cabe recordar que el anterior consejero Jon Darpón fichó por Keralty”, indican desde este partido.

En una comparecencia sobre la gripe, también en Bilbao, el nuevo consejero, Alberto Martínez, con plaza en Osakidetza, se ha pronunciado sobre el asunto. Por un lado, ha recalcado que el fichaje tiene todos los parabienes legales. Eso sí, esa documentación no está publicada en los portales de transparencia y, de hecho, no se ha informado de ninguna resolución sobre compatibilidades desde 2023, desde hace casi dos años. Por otro lado, ha insistido en que Vithas San José, uno de los centros privados de referencia de Vitoria, no tiene ningún convenio con Osakidetza y ha añadido que en el día en que se conoció la noticia la delegación territorial de Salud en Álava comunicó a esta policlínica que no celebrarán acuerdos en el futuro ni tendrán “relación comercial”. “Le deseo el mejor de los éxitos”, ha zanjado Martínez, que ha renovado casi en su totalidad el equipo que heredó de Sagardui.

Sin sorpresas. Como si del guion de cada año se tratase, la oposición ha criticado el mensaje del lehendakari, en este caso el primero de Imanol Pradales, mientras los partidos del Gobierno y particularmente el de Pradales, el PNV, han puesto en valor sus bondades. El PSE-EE repite que sus consejeros aportan un marchamo progresista a las políticas del nuevo Ejecutivo.

La 'número dos' de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Nerea Kortajarena, he exhibido su preocupación por la “distancia” entre la “retórica” de Pradales y las “acciones concretas”. La coalición abertzale entiende que el lehendakari del PNV ofrece “grandes palabras”, “buenas intenciones” y “promesas” pero también que ya han pasado meses suficientes de mandato como para pensar ya en “soluciones concretas”, particularmente en materia de vivienda o de Osakidetza, aunque también en lo tocante a condiciones laborales o brecha de género. A EH Bildu no se le escaparon las continuas referencias al primer lehendakari, José Antonio de Aguirre, y las ha aprovechado para ironizar que entonces, en plena Guerra Civil, aquel Ejecutivo llegaba a acuerdos amplios con otras formaciones.

El líder del PP, Javier de Andrés, también ha sido muy duro con Pradales. En un vídeo en X, De Andrés alerta de las “contradicciones” del PNV. Destaca, por ejemplo, que critique el “populismo” creciente en Europa cuando el PNV “vota” a favor de candidatos de Viktor Orban o Giorgia Meloni en las instituciones comunitarias. Y lamenta que “frente al valor de la unidad” en España haga ver que “todo se soluciona” con la “fragmentación”, en probable referencia a las alusiones a “avanzar” en el autogobierno.

Según la coalición Sumar, el Gobierno de Pradales ofrece “recetas del pasado” frente a la “complejidad del presente”. Aprecian un modelo “sin ambición” y “que no aporta soluciones”, según explicó la líder de una de las patas de esta confluencia, Alba García Martín. Avisan de que, por mucho que hubiera guiños a los jóvenes, en ellos cala la “desafección” ante realidades como la carestía de la vivienda o la precariedad laboral. “Necesitamos abrir una nueva etapa”, insiste García Martín. Vox ha despachado el discurso institucional asegurando que es un “mitin” y en el que no se han tocado sus prioridades, como son la criminalidad o la “imposición” del euskera. Desde fuera del Parlamento, Podemos ha pedido a Pradales que haga un ejercicio de escucha, particularmente con las nuevas generaciones.

El Gobierno de Imanol Pradales, que tiene mayoría absoluta y ninguna necesidad de pactar los presupuestos de 2025 con la oposición, ha llegado a las últimas horas antes de las votaciones de las enmiendas en comisión con una supuesta negociación abierta con EH Bildu, el gran rival del PNV en las urnas. “Si hubiese acuerdo sería anunciado pero tampoco hay desacuerdo”, explicaba una fuente pasadas las 20.00 horas como resumen del clima de desconcierto imperante en la tramitación de las primeras cuentas de la legislatura. Muchos observadores entienden que el único obstáculo para no ser más claros en el 'no' es no dar la imagen de ser el causante de la ruptura.

Las conversaciones las alentó precisamente EH Bildu al demandar allá por octubre un acuerdo “global” con PNV y PSE-EE que incluyera al Ejecutivo autonómico y a las tres diputaciones. En Álava y en Gipuzkoa nacionalistas y socialistas no tienen mayoría y precisan apoyos. Pradales despachó pronto esa propuesta. Dijo que era cara y que vulneraba la autonomía de cada ámbito institucional. Tan es así que PNV y PSE-EE han pactado con el PP en Gipuzkoa y con EH Bildu en Álava para sortear la minoría. ¿Y en el ámbito vasco? Las conversaciones fueron paralelas a otras con otras formaciones. Hubo un momento en que el hombre de los números, Noël d'Anjou, llegó a verbalizar que podría pactar igualmente a diestra y siniestra, sin decantarse por una u otra opción ideológica.

EH Bildu y la delegación del Gobierno, en la que se sumó el estrecho colaborador del lehendakari Mikel Iriondo, secretario general de la Presidencia, tuvieron seis reuniones hasta este martes. Ese día, EH Bildu no hizo como el resto de la oposición y no pidió la devolución de las cuentas con una enmienda de totalidad. Acto seguido, se celebró en el mismo Parlamento la séptima reunión. El Ejecutivo ha asegurado textualmente que había entregado a EH Bildu una última propuesta. La contraparte lo niega. De hecho, Nerea Kortajarena, la segunda de Pello Otxandiano, había anunciado una entrevista en Radio Euskadi para esta noche en la que iba a concretar posturas pero el titular que ha dejado es que la víspera del plazo final ha sido un día “desierto”, es decir, sin avances. Y ha añadido, como aparente contraposición, que Álava ha sido un ejemplo de “voluntad” para los acuerdos.

Y eso que EH Bildu ha reducido la negociación en Euskadi a dos únicos puntos. Por un lado, Vivienda, y con una propuesta menos onerosa que la inicial, de 350 millones de euros. Y, por otro lado, impulsar un SMI vasco más alto que el español por el nivel de vida más caro. Eso sí, es algo ya pactado con PNV y PSE-EE en 2022, la única ocasión en que las tres fuerzas han coincidido en unos presupuestos vascos. Nunca se llegó a desarrollar. Que la coalición haya dejado fuera exigencias en Osakidetza o en Emakunde, por ejemplo, le ha generado críticas, principalmente del sindicato ELA.

Kortajarena ha señalado que, a falta de acuerdo como tal, el Gobierno podría votar las dos propuestas de EH Bildu en la comisión de presupuestos. Sin embargo, la práctica habitual en estas negociaciones es que se voten transacciones compartidas por los firmantes de los pactos. A las 20.30 horas del miércoles no las había, aunque desde primerísima hora habrá parlamentarios de guardia para poder hacerlas, si fuese necesario. En todo caso, aunque no haya acuerdo alguno, sí habrá cambios. Como público este periódico, PNV y PSE-EE ya tienen preparadas sus propias autoenmiendas para introducir ajustes en las cuentas con relación al proyecto original.

Aseguran que parte de esas iniciativas están inspiradas en lo que han escuchado a la oposición en estas semanas de conversaciones. Son 15 millones en medidas económicas para planes como comprar furgonetas de la Ertzaintza o el segundo PAC de Vitoria, cerrado hace unos años. También, por cierto, hay un guiño al impulso a un SMI más alto a través de la negociación colectiva. Además, se plantean dos retoques legislativos para mejorar el programa de ayudas juveniles Emantzipa y hacer expropiaciones en casos de proyectos de utilidad pública. La comisión también votará dos ajustes simbólicos que sí están acordados, incluso con Sumar, que se opone frontalmente al Gobierno. Se trata de dinero para la causa saharaui y para la defensa de Pablo Ibar, preso en Estados Unidos.

Para rizar el rizo, hay interpretaciones parlamentarias que alientan a que, técnicamente, hasta el propio pleno final y habitualmente intrascendente de ratificación de los presupuestos habría margen para el acuerdo. Esa sesión está programada para el 20 de diciembre y cerrará el año político en Euskadi. Eso sí, EH Bildu ya avisó el martes que se daba 48 horas para resolver el enigma. No más. “Quizás el Gobierno se lo esté pensando. Mañana es un día importante”, ha ironizado Kortajarena sobre lo que puede suceder en una comisión que, además, se celebrará a la misma hora en la que el Gobierno para presentar sus planes de mejora de la atención primaria de Osakidetza de cara a 2024 y 2025.