La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado el Real Decreto-Ley con las ayudas por la guerra de Irán con los votos a favor de PP, PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos, entre otros, por lo que las rebajas fiscales a los combustibles, las medidas específicas para el campo y el transporte o el tope a la tarifa del gas para hogares vulnerables seguirán en vigor. Vox ha votado en contra.

El vicepresidente primero y ministro de Economía ha defendido un texto que, ante la incertidumbre por la guerra y las tensiones en los mercados internacionales, “profundiza en una apuesta equilibrada” que protege a empresas y sectores afectados. En total, desde marzo se han movilizado 12.000 millones de euros para “continuar dando protección y seguridad de ciudadanos y empresas”.

Cuerpo ha asegurado que las rebajas fiscales a la gasolina y al gasoil están funcionando y las gasolineras las están aplicando íntegramente en los precios. Según ha destacado el ‘número dos’ del Ejecutivo, al día siguiente de aprobarse el nuevo Real Decreto-Ley de ayudas, el 82% de las gasolineras “ya había trasladado el total de esta reducción impositiva”.

El vicepresidente ha apuntado que el alivio fiscal está permitiendo compensar el 60% del aumento del coste de la gasolina y un 40% en el caso del diésel.

La nueva rebaja fiscal aprobada a finales de septiembre contempla un recorte de 20 céntimos para el mes de octubre, a través del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, de 13 céntimos por litro en noviembre y 6 en diciembre, con una cláusula de salvaguarda en el caso de que los precios superen un incremento del 15% interanual. El dato de inflación de septiembre ha confirmado este extremo, por lo que la rebaja equivalente de 20 céntimos permanecerá en noviembre.

Medidas para la TUR, el campo y el transporte

Además, la norma vuelve a intervenir la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas natural, a la que están acogidos más de 3 millones de consumidores. Para evitar “un aumento de la TUR superior al 45 por ciento respecto de la tarifa vigente desde el 1 de julio”, se introduce un mecanismo similar al que estuvo vigente entre finales de 2021 y junio de 2024 para limitar las subidas de la tarifa regulada del gas, topando el componente relacionado con el coste de la materia prima a un 35% para el último trimestre de este año y a un 15% para los siguientes.

También se establece un mecanismo para recuperar temporalmente el IVA del 10% sobre electricidad y determinados combustibles, y vuelve a rebajarse el Impuesto Especial sobre la Electricidad al mínimo legal del 0,5% si el IPC energético supera el umbral del 15%.

El decreto introduce nuevas obligaciones relativas al control de la tensión eléctrica, clave en el apagón de 2025 y también una obligación extraordinaria de almacenamiento de gas natural licuado (GNL) entre noviembre de 2026 y marzo de 2027.

Para el campo, un sector prioritario, el decreto amplía “por un lado, el plazo de vigencia de la ayuda extraordinaria y temporal para sufragar el precio del gasóleo consumido por los productores agrarios” que finalizará a finales de este año. “El importe para el cálculo de la ayuda correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2026 y el 31 de diciembre de 2026 será hasta el 70 por ciento de la diferencia entre el precio medio del gasóleo agrario de la semana y el precio del gasóleo agrario antes del inicio del conflicto, sin que, en ningún caso, pueda superar los 0,2 euros por cada litro de gasóleo”. Asimismo, se amplía igualmente la ayuda compensatoria a empresas armadoras de buques pesqueros por el incremento de costes productivos provocados por el aumento del precio de los combustibles.

En cuanto al transporte, el texto recoge la prórroga, para los meses de octubre, noviembre y diciembre, de la “ayuda extraordinaria y temporal para sufragar el precio del gasóleo consumido por los titulares de los vehículos que tienen derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por el gasóleo de uso profesional”.

El texto recoge que el “importe de la ayuda ascenderá a 5 céntimos de euro por cada litro de gasóleo utilizado como carburante en el motor de los vehículos” de transporte por carretera “en los suministros realizados durante el mes de octubre de 2026”. Pasará “a 12 céntimos de euro por cada litro de gasóleo suministrado en el mes de noviembre de 2026 y a 19 céntimos de euro por cada litro de gasóleo suministrado en el mes de diciembre de 2026”. Además, recoge que “si por aplicación del mecanismo de salvaguarda, la bajada del tipo de gravamen del gasóleo fuera mayor en el mes de noviembre, el importe de la ayuda será de 5 céntimos por litro y, en el mes de diciembre y según el caso, de 5 ó 12 céntimos por litro”.

Por último, en el ámbito ferroviario, recoge el Real Decreto-Ley, “se establece una línea adicional de ayudas directas, complementaria” a lo últimos planes de ayuda aprobados por el Ejecutivo “destinada a compensar el impacto persistente de los costes energéticos sobre las empresas operadoras, evitando efectos de expulsión de este modo de transporte que puedan comprometer los objetivos de sostenibilidad y eficiencia del sistema logístico”.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha abierto la puerta a aprobar la subida de las pensiones de cara a 2027 estando en funciones y que el Real Decreto-Ley que la articule sea aprobado en la Diputación Permanente del Congreso, dado que los plazos por el adelanto electoral obligarían a un nuevo Gobierno a hacerlo ya entrado el año.

En una entrevista en TVE, el ‘número dos’ del Ejecutivo ha subrayado que el dato con el que se actualizarán las pensiones el próximo año se conocerá el viernes 27 de noviembre, dos días antes de las elecciones y la fecha en la que el INE publicará el dato adelantado de la inflación correspondiente a ese mes.

“En este caso las fechas no juegan a favor de tener aprobado en Consejo de Ministros esa actualización de las pensiones. El mensaje que puede darse de manera inequívoca es de tranquilidad a los pensionistas, de que esa actualización se va a hacer, independientemente de que el Real Decreto-Ley vaya dos días después de las elecciones”, ha dicho.

El Gobierno entrará en funciones de manera automática tras los comicios, con una capacidad legislativa muy limitada hasta la conformación de un nuevo Ejecutivo con la nueva mayoría que salga de las urnas. Pero el vicepresidente ha subrayado que la aprobación de ese Real Decreto-Ley, que después podría ser avalado por la Diputación Permanente del Congreso, estaría justificado por la “urgente necesidad” y el “interés general” y cree que todos los partidos estarían por la labor de que se le diera luz verde cuanto antes.

El Ejecutivo recuperó la indexación de las pensiones al IPC en la reforma de 2021, que estableció la media de la inflación de los doce meses previos a noviembre (este incluido) como la referencia para subir estas pagas. Con todo, el INE publica un avance a finales de mes y confirma el dato ya entrado diciembre. Habitualmente, el Ejecutivo ha aguardado hasta esta última fecha para confirmar la cifra definitiva.

Mensajes “alarmistas e infundados”

Además, el vicepresidente ha cargado contra los mensajes “alarmistas e infundados” del PP y Vox sobre las pensiones públicas y les ha acusado de tratar de generar “incertidumbre” a la población sin aportar soluciones. “Si el sistema está a punto de explotar, como dice la portavoz del PP, ¿cuáles son las soluciones? Aquí tenemos un vacío o una ausencia de transparencia más allá de decir que esto lo arreglará el PP cuando venga”, ha dicho.

“Tenemos que ser muy claros: las pensiones son sostenibles, están garantizadas y su actualización a la subida de los precios también. Esto lo hicimos en la reforma de 2021 y así va a seguir siendo”, ha insistido el ‘número dos’ del Ejecutivo, que ha recordado que esos cambios legislativos –divididos en dos patas acordadas con los sindicatos y, la primera de ellas, también con los empresarios– contempla mecanismos para asegurar su sostenibilidad.

“Tenemos la responsabilidad de actuar con rigor y transparencia”, ha insistido, que ha subrayado que tras las propuestas de PP y Vox “subyace un modelo distinto del que defendemos nosotros, que es público y sostenible hacia delante”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha lanzado este martes un claro aviso a los países frugales, que abogan por un fuerte recorte del próximo presupuesto europeo, entre los que se encuentra Alemania o Países Bajos. En el Parlamento Europeo, Von der Leyen ha advertido “contra los grandes recortes”, ya que “se corre el riesgo de recortar de forma drástica prioridades fundamentales que todos hemos acordado conjuntamente”. De esta manera, la presidenta de la Comisión Europea se posiciona más cerca de países como España, Italia o Francia, que han pedido incrementar el presupuesto europeo para afrontar mayores gastos en Defensa o innovación sin reducir partidas para la agricultura y la cohesión.

Von der Leyen ha avisado de la crisis de precios que sufre Europa para pedir que se mantenga sin rebajas el nuevo presupuesto: “El desafío energético al que nos enfrentamos nos recuerda una vez más que el próximo presupuesto europeo a largo plazo debe estar a la altura de los numerosos retos que afronta Europa”.

En este sentido, también anunció que Bruselas va a poner en marcha “undiálogo estratégico sobre las refinerías europeas”, que estará dirigido por los comisarios de Energía, Dan Jørgensen, y Defensa, Andrius Kubilius, con “el objetivo es reducir los costes y garantizar que dispongamos de los suministros necesarios también para la defensa”, explicó Von der Leyen.

La Comisión pretende además recuperar las compras conjuntas de energía que puso en marcha tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. Entonces se gestionó un sistema para hacer compras mancomunadas de gas. Esta vez, la propuesta del ejecutivo comunitario pasa por un sistema que reúna la demanda y se encargue a un operador de mercado efectuar las compras conjuntas.

“Presupuesto del 1,26% de la Renta Nacional Bruta de la UE”

Frente a países como Alemania o Países Bajos que han asegurado que el incremento del Presupuesto “no es realista”, Von der Leyen ha apuntado que “que estamos hablando de un presupuesto equivalente al 1,26% de la Renta Nacional Bruta de la Unión Europea”.

“Soy consciente de que no es fácil conciliar todas las restricciones. También soy consciente de la difícil situación presupuestaria de los Estados miembros. Pero quisiera advertir contra los grandes recortes. Corremos el riesgo de recortar de forma drástica prioridades fundamentales que todos hemos acordado conjuntamente. Por eso hemos propuesto un paquete importante de nuevos recursos propios. Y sé que esta Cámara me apoyará en este punto”, ha resaltado la presidenta de la Comisión Europea.

“Si queremos preservar nuestras prioridades y mantener el nivel de ambición que tenemos para Europa, tenemos que hacer el trabajo difícil por el lado de los ingresos”, ha insistido. Entre las medidas que se están estudiando para incrementar los ingresos están un impuesto digital sobre las grandes tecnológicas, tasas sobre las plusvalías de los criptoactivos o un impuesto sobre las apuestas en internet, que algunos cálculos podrían suponer unos 25.000 millones adicionales para las arcas europeas.

El ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, ha propuesto redefinir el calendario de devolución de la deuda de los fondos Next Gen de manera que se podría contar con 11.000 millones anuales adicionales o 70.000 millones para el conjunto del periodo presupuestario, entre 2028 y 2034, que se podrían dedicar a “inversiones estratégicas”. En su discurso, Von der Leyen no ha hecho mención a esta propuesta.

Hay una fuerte batalla por definir el Marco Financiero Plurianual (MFP), el presupuesto europeo correspondiente a 2028-2034. Como en el pasado, hay una clara diferencia de posiciones entre el Norte y el Sur de la Unión Europea. Mientras que hay un grupo de estados que han vuelto con la receta de la austeridad –Alemania, Países Bajos, Austrias, Finlandia o Suecia–, otros países que pretenden aumentar el gasto y hacer uso de la deuda ante los nuevos retos a los que se enfrenta la UE –Francia, España, Grecia, Portugal o Italia–.

Los 27 se enfrentan ahora divididos a diseñar el nuevo presupuesto en el que se pretende conjugar el avance hacia la soberanía económica con el incremento de partidas en defensa, competitividad y transición ecológica sin abandonar el gasto en cuestiones que han definido la esencia de la UE en los últimos años como la política agrícola y los fondos regionales. En esta diatriba, la opción de la deuda se ha vuelto a colar para distanciar aún más a los bloques.

Frente a los países que apuestan por la austeridad, Von der Leyen ha recordado que el “presupuesto a largo plazo debe estar a la altura de los numerosos desafíos que afronta Europa. Tenemos que aumentar nuestras inversiones en defensa y seguridad, en competitividad, en inteligencia artificial, en infraestructuras energéticas, en materias primas, en investigación e innovación, en capacidades y formación, en ampliación, en asociaciones internacionales”.

Pero además, la presidenta de la Comisión Europea ha insistido en que se mantienen como “prioridades” del próximo Marco Financiero Plurianual “la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria y la cohesión entre las regiones y los Estados miembros, que no están en cuestión”.

En la misma línea, la propuesta de la Comisión pretende incrementar “significativamente la financiación de prioridades que actualmente están infradotadas” mediante el “futuro Fondo de Competitividad”. En este sentido, ha asegurado que habrá “financiación adicional para otros ámbitos como las infraestructuras energéticas y la movilidad militar”.

“Nuestra propuesta también responde a la nueva realidad en la que vivimos e incrementa la financiación destinada a hacer frente a las crisis. Es el caso de la reserva agrícola, las catástrofes naturales y la financiación adicional para combatir la migración irregular. Este verano nos recordó hasta qué punto son fundamentales estos instrumentos y esta financiación”, ha subrayado Von der Leyen.

Además, la presidenta de la Comisión recuerda que se han propuesto “aumentar la financiación en ámbitos en los que el gasto a escala de la UE permite obtener mejores resultados y un mayor impacto que el gasto a nivel nacional. Pensemos, por ejemplo, en grandes proyectos como los del sector espacial. También es necesario para proyectos que sencillamente no serían posibles sin financiación europea, como las interconexiones energéticas u otros proyectos transfronterizos”.

El despegue de las cotizaciones de los bancos y los dividendos millonarios que están entregando las entidades financieras a sus accionistas gracias a sus continuos resultados récord tienen una importante derivada económica: el Estado está cada vez más cerca de poder recuperar los fondos inyectados en Bankia, la entidad que tuvo que ser rescatada hace casi 15 años y fusionada con Caixabank en 2021, justo después de la pandemia.

A lo largo de los últimos ejercicios, Caixabank ha ido reportando más de 1.700 millones de euros al Estado vía dividendos. Una cifra que, si se suma al valor de la participación pública en la entidad financiera cotizada, permiten otear más cerca los 24.000 millones que costó el salvamento del banco que presidió Rodrigo Rato. Una cifra que también incluye al antiguo Banco Mare Nostrum (BMN).

Actualmente, el Estado suma el 18% de las acciones de Caixabank. Según la cotización actual, esos títulos estarían valorados en más de 16.500 millones de euros. Es decir, si se vendieran esas acciones y se sumaran los dividendos ya cobrados y los previstos para los próximos meses, se comienza a atisbar el objetivo de poder recuperar el rescate de Bankia. Sin embargo, todavía se está muy lejos poder recuperar el total de lo inyectado a las entidades que pincharon tras la última burbuja inmobiliaria, en una inyección de fondos públicos próxima a los 90.000 millones de euros, como contamos en este tema. Además, hay que tener en cuenta que esa opción de poner en venta Caixabank, ahora mismo, no está sobre la mesa, lo que permitirá engordar esa nómina de dividendos.

El Estado controla su participación en Caixabank a través de BFA Tenedora de Acciones, una filial de FROB. Precisamente, este Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria que nació para salvar a la banca de la última gran crisis económica está ahora enfilando un proceso de transformación. Si sale adelante el anteproyecto elaborado por el Gobierno, dejaría de ser una autoridad de resolución bancaria para centrarse en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, mientras que la participación de Estado en Caixabank quedaría bajo el paraguas de una sociedad adscrita al Ministerio de Economía.

Un rescate de más de 24.000 millones

Hay que recordar que el Estado intervino Bankia en mayo de 2012. Supuso, en total, una inyección de más de 24.000 millones de euros, porque también hay que incluir que entró en su perímetro el citado BMN. En concreto, más de 22.400 millones corresponden a Bankia y 1.645 millones, a BMN.

Al cierre de 2025, el último ejercicio con datos completamente cerrados, el Estado podría recuperar 17.678 millones de euros. De esa cifra, 1.722 millones se han obtenido vía dividendos que BFA ha reportado al FROB; y 489 millones de euros a intereses de preferentes cobrados por el FROB, según confirman fuentes del Ministerio de Economía. A esa cuantía se sumaría el valor de la participación de Caixabank. Si se toma como referencia ese cierre del año 2025, con esa desinversión se sumarían 15.467 millones de euros. Sin embargo, la cotización ha seguido subiendo en lo que va de 2026, lo que deja el 18% de Caixabank en manos del Estado en más de 16.500 millones de euros que ha marcado su cotización en las últimas sesiones. 

En total, Caixabank vale actualmente en bolsa cerca de más de 92.000 millones de euros. Es la quinta mayor cotizada del Ibex 35, por detrás de Inditex, Iberdrola, y de otros dos bancos, BBVA y Santander. Precisamente, el presidido por Ana Botín es la mayor cotizada por capitalización bursátil, porque ronda los 183.000 millones de euros.

Sin intención de vender la participación del Estado

En su capital no solo está el FROB, con ese 18%. Su principal accionista es la Fundación La Caixa, que suma más del 30%. El resto está en manos de otros inversores, institucionales o minoristas. Por ejemplo, según los cálculos que publica la propia entidad, de ese 50% de 'free float', la gran parte está en manos de inversores institucionales, pero también hay una pequeña participación en manos de los propios empleados del banco. 

También hay que tener en cuenta que, en los últimos meses, el Estado ha ido aumentando su participación en Caixabank: ha pasado del 16% al 18%, porque ha acudido a la recompra de acciones de banco, un movimiento con el que las empresas cotizadas buscan mejorar la retribución de sus accionistas. Además, el dividendo de Caixabank va a seguir al alza. En su última junta de accionistas, la entidad dirigida por Gonzalo Gortázar aprobó un dividendo de 2.300 millones de euros con cargo a 2025. De ellos, 417 millones corresponden al Estado a través del FROB. 

Y no hay intención de vender. El vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicó en una entrevista en elDiario.es que “hace unos meses” el Ejecutivo tomó “la decisión de prorrogar el periodo límite para desinvertir en CaixaBank”, previsto para diciembre de 2027. “En los últimos años, la evolución tanto de la cotización como de los dividendos han revertido en el Estado, lo que ha justificado la permanencia más allá de lo previsto inicialmente”, argumentó Cuerpo. “Al final se trata de recuperar, en la medida de lo posible, el coste del rescate financiero, que es lo que supone esa presencia del Estado en Caixa. Estamos muy contentos con la gestión actual del banco y nuestra presencia en el consejo es testimonial”.

Lo que cambiará en los próximos meses, si sale adelante el anteproyecto en curso, es la estructura de esta participación. Por un lado, porque se transmitirán las participaciones del FROB en Sareb —el banco malo que acumuló los activos tóxicos ligados al ladrillo— a BFA. Por otro, porque posteriormente se hará “la transmisión gratuita de las participaciones del FROB en BFA a la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa”, según recoge el anteproyecto. De esta forma, BFA pasará a tener la consideración de sociedad mercantil estatal y se regirá por la normativa del sector público y los dividendos que lleguen desde Caixabank revertirán en el Tesoro. En paralelo, el proyecto el anteproyecto recoge que las funciones de supervisión y resolución pasarán al Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El Consejo Fiscal Europeo ha expresado este lunes en su informe anual “dudas” sobre “la activación por parte de España de la cláusula nacional de escape” para evitar la apertura de un procedimiento de déficit excesivo por parte de la Comisión Europea. Según este organismo europeo, el gasto en Defensa de España ha sido realmente “muy limitado” por lo que el organismo pone en cuestión que la flexibilidad en el gasto que se le ha concedido a nuestro país “esté realmente justificada”.

El informe del Consejo Fiscal Europeo coloca a España en el grupo de “deuda muy elevada”, superior al 90% del PIB, junto con Bélgica, Grecia, Francia, Italia y Portugal. El Gobierno anunció que en 2025 la deuda había bajado al 100,7% del PIB y que la previsión es que se reduzca al 99,6% en 2026, mientras que el déficit se elevó al 2,4% en 2025 y se prevé que se reduzca al 2,1% este año.

Aunque la Comisión en su evaluación de 2025 le otorgó a España la clasificación formal de “cumplimiento”, en el informe se recuerda que el 13 de abril de 2026, “solo dos semanas antes de enviar su informe anual de progreso”, el gobierno español solicitó la activación de la Cláusula de Salvaguardia Nacional para gasto en defensa, que permite no contabilizar en el déficit las partidas dedicadas a esta materia.

Entonces, el Ministerio de Economía que dirige Carlos Cuerpo emitió un comunicado en el que explicaba que “para 2026, España prevé volver a cumplir con la regla de gasto. El crecimiento del gasto computable se situará en términos anuales en el 4,2% y en el acumulado del periodo 2024-2026 se situaría en el 13,3%, ambas cifras por debajo de los límites del 0,3% y del 0,6% del PIB que establecen las reglas fiscales europeas”. 

Como la deuda pública de España superaba ampliamente el umbral del 60% del PIB, el Consejo Fiscal Europeo advierte que las desviaciones en el gasto neto registradas en 2025 hubieran activado normalmente el examen para abrir un Procedimiento de Déficit Excesivo, pero la activación de la cláusula de salvaguardia sirvió para evitar que la Comisión incluyera a España en este procedimiento.

Cuando un país entra en este procedimiento, las autoridades europeas de Bruselas imponen una senda correctiva de gasto, que se traduce en el cumplimiento de reformas y recortes presupuestarios para reconducir sus cuentas. España estuvo bajo esta supervisión de sus cuentas por parte de la UE entre 2009 y 2019.

Aumento del gasto en “partidas ajenas a Defensa”

Según el Consejo Fiscal Europeo, la desviación del crecimiento del gasto neto de España respecto al límite recomendado fue del 0,4% del PIB en 2025 y se proyecta en un 0,6% del PIB para 2026, superando en ambos años el umbral de tolerancia anual del 0,3%, pero con la aplicación de la cláusula de salvaguardia nacional el saldo resultante es del -0,1% del PIB en 2025 y del 0,4% en 2026.

Las dudas del Consejo vienen porque el aumento proyectado del gasto nacional en defensa entre 2024 y 2025 en España fue de solo un 0,1% del PIB, tras haber descendido un 0,2% en 2023. De esta manera, el organismo de fiscalidad señala que la desviación del 0,4% en el gasto se debe principalmente “a partidas ajenas a Defensa”.

Por otro lado, el Consejo Fiscal Europeo también añade que España es el único país entre las grandes economías del euro donde su crecimiento del PIB nominal mayor de lo previsto coincidió con un crecimiento del gasto neto superior al recomendado en 2025 y 2026, lo que apunta a una expansión fiscal procíclica. Esta fórmula de gasto según la evolución de la economía choca con la decisión de España de acogerse al período de ajuste fiscal de 7 años (en lugar del período estándar de 4 años), que está condicionado a unas reformas, entre ellas reforzar la estabilización automática, es decir mantener los planes de gasto acordados ante un crecimiento superior o inferior al previsto, de manera que la política fiscal contribuya a amortiguar las fluctuaciones de gasto.

El informe añade que España ya estuvo en riesgo de entrar en Procedimiento de Déficit Excesivo en la primavera de 2024 tras desactivarse la cláusula general de salvaguardia relativa a la grave recesión económica provocada por la pandemia de Covid. Sin embargo, la Comisión adoptó “una nueva forma de discrecionalidad” y decidió no imponer el procedimiento a España con el criterio de que no habría “servido para ningún propósito útil”.

El Gobierno abrirá el próximo mes de octubre una mesa de negociación multilateral para “articular un nuevo contrato social” para la era de la inteligencia artificial (IA). El presidente Pedro Sánchez ha anunciado que convocará a los agentes sociales (sindicatos y patronal), empresas del sector privado, grupos políticos y representantes de las administraciones públicas con el propósito de sellar “un gran acuerdo de país para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo en la vida que esta tecnología va a suponer”, ha manifestado.

Sánchez ha criticado a las tecnológicas que piden dejar el desarrollo tecnológico en sus manos. “Hace poco leía en una entrevista a uno de estos principales tecno-oligarcas decir 'confíen en nosotros'. Bueno, pues va a ser que no; vamos a decidir entre todos nosotros y nosotras qué podemos hacer con esta tecnología”, ha advertido el presidente, en referencia a unas declaraciones de Sam Altman, CEO de OpenAI, la semana pasada.

Las negociaciones del nuevo contrato social estarán lideradas por el propio presidente del Gobierno, ha adelantado. “Los incentivos de unos pocos que controlan estas industrias punteras nunca van a estar alineados con el interés general, por mucho que intenten convencernos de lo contrario”, ha insistido: “una transformación de esta magnitud lo que necesita son reglas claras, decididas por todos”.

En la misma línea, ha avisado a las multinacionales de que “sería bueno que los oligarcas del presente no cayeran en el mismo error en el que incurrieron los magnates del pasado, porque, a fin de cuentas, nadie está por encima del interés público”, recordando una cita del magnate de los ferrocarriles William Vanderbilt, que a finales del siglo XIX afirmó “al diablo con la gente. Yo solo trabajo para mis accionistas”. Finalmente, el poder que acumularon estos empresarios llevó a la primera gran regulación antimonopolio y la regulación del sector.

Nuevo plan para controlar la IA

Sánchez ha hecho este anuncio en la presentación del Plan IA 360, una estrategia dada a conocer este lunes por el líder del Ejecutivo y por el vicepresidente Carlos Cuerpo. Se trata de una “hoja de ruta” para desarrollar “una inteligencia artificial humanista” que conjugue el potencial económico de esta tecnología con la protección de los derechos de los ciudadanos.

El plan se desarrollará a lo largo de los próximos doce meses y se distribuye en cuatro ejes. Uno de ellos será “convertir la rápida adopción social de esta tecnología en España”, que Sánchez ha destacado que se encuentra “en el top-10 del mundo”, en un “motor económico y semillero de talento”. Para ello se lanzará un “Bono Inteligencia Artificial para pymes y autónomos”, cuyo objetivo será impulsar su integración en el tejido productivo para que en 2030 “más de la mitad” de las empresas ya cuenten con ella en sus procesos. Moncloa ha explicado que el bono cuenta con 600 millones de euros que se abonarán según los hitos y objetivos cumplidos por los beneficiarios.

Como parte de esta ambición, el Gobierno retocará los planes de estudio de la Educación Secundaria y la Formación Profesional para que los alumnos puedan “aprender a usar y a convivir con la IA”, pero también para que “no dañe su proceso de aprendizaje”.

La segunda clave del plan el “refuerzo” del “músculo tecnológico” con iniciativas “estratégicas” como la gigafactoría europea o los centros de datos sostenibles. En este sentido, el presidente ha citado también los trabajos del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC) para investigar “inteligencia artificial de frontera” y la necesidad de apoyar sus estudios.

Alianzas internacionales

El tercer punto citado por el presidente es la búsqueda de consensos internacionales para la gobernanza de la IA. Sánchez ha recordado las “alianzas estratégicas” que España está firmando con “socios afines” como Canadá o México. El Gobierno lo define como una búsqueda de una “tercera vía” para esta tecnología más allá de los modelos de EEUU y China. Este lunes, el presidente ha adelantado que el Ejecutivo seguirá buscando miembros para esa alianza, entre los que ha citado a Japón.

“Tenemos que impulsar una agenda que responsabilice legal y financieramente a las empresas por los daños que causan en sus actividades. Por tanto, por los daños que causan con sus algoritmos, ya sean los deepfakes, los problemas de salud mental de nuestros hijos o el robo de propiedad intelectual e industrial”, ha destacado.

Por último, el cuarto eje será ese “acuerdo de país” para establecer las guías para que la IA se implante en España. “Necesitamos una inteligencia artificial con supervisión y con trazabilidad que ayude a tomar las mejores decisiones para que no sustituya el criterio humano allí donde este debe prevalecer”, ha manifestado el presidente: “si lo hacemos bien, la IA puede hacer a los trabajadores más valiosos en sus empresas, no más prescindibles”.

El vicepresidente Carlos Cuerpo utiliza siempre el anglicismo “bala de plata” cuando le preguntan por la crisis de la vivienda. No hay una solución milagrosa para la falta de casas ni para las dificultades de acceder a un techo, ya sea de compra o de alquiler. Pero el Ministerio de Economía ha incluido en el decreto de vivienda que negocia con los grupos parlamentarios, y para el que todavía no hay fecha para su aprobación por parte del Consejo de Ministros, una medida que promete matar dos pájaros de un tiro: aliviar los cuellos de botella en un mercado totalmente desequilibrado y financiar la autonomía estratégica europea. 

El texto del decreto que se negoció este verano, al que tuvo acceso elDiario.es, incluye el desarrollo de Financia Europa, un producto financiero específico para redirigir el ahorro de los hogares españoles a invertir en empresas de la Unión Europea, toda vez que el continente intenta no quedar rezagado en una carrera económica que lideran Estados Unidos y China.

En concreto, el articulado del decreto pone en marcha la cuenta de ahorro e inversión que el Ministerio de Economía sacó a consulta pública a finales del año pasado. Entonces, el Gobierno no precisó cuál sería el vehículo legal que utilizaría para poner en marcha la reforma. Y han optado por el Real Decreto-Ley, que solo precisa de la convalidación del Congreso 30 días después de pasar por el Consejo de Ministros.

La letra pequeña del texto, que todavía está sujeta a cambios y negociación, crea un producto financiero que estará basado en dos cuentas bancarias: una de valores y otra, más de operativa, destinada a las operaciones de inversión y desinversión con un tope máximo de 1.500 euros.

La inversión de esta cuenta de ahorro solo podrá destinarse a acciones de empresas de la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega) y participaciones en fondos cotizados que tengan al menos el 70% de sus activos en estos territorios.

El Gobierno, además, plantea una versión exclusiva destinada a la reinversión de los fondos obtenidos por la venta de una vivienda. Si, tras la venta de una casa, el ciudadano decide reinvertir esas cuantías hasta 800.000 euros en una de estas cuentas de inversión, podrá beneficiarse de una exención fiscal siempre que se produzca seis meses después de la transmisión.

Con todo, el articulado no detalla cómo salvar el principal escollo al que se enfrentaba con el Ministerio de Hacienda: los incentivos fiscales para hacer atractiva esta apuesta por la inversión, más allá de la excepción para el uso de la liquidez tras la venta de una vivienda. Pero ese también es un frente al que los socios, que rechazan 'regalos tributarios', podrían oponerse. Cuestionadas por este aspecto, fuentes del Ministerio de Economía apuntan que no comentan borradores.

Además, el Gobierno ha incluido en el decreto la adaptación de un vehículo que ya existe en la actualidad: el Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo (SIALP, similar a un seguro de vida) para adaptarlo a Financia Europa. Normalmente, estos seguros están limitados a aportaciones de 5.000 euros al año y una tenencia mínima de cinco ejercicios para poder acceder a su ventaja fiscal, que es la exención de los rendimientos en el IRPF. Pero el decreto amplía el límite hasta los 10.000 euros anuales en el caso de que este instrumento financiero invierta en compañías europeas.

Activos financieros más rentables que el ladrillo

El vicepresidente Cuerpo ya deslizó durante una entrevista con elDiario.es que, en el conjunto de medidas para abordar el mercado de la vivienda, reconducir la inversión era una de ellas. “La vivienda se ha convertido ya no tanto en un bien de primera necesidad para los ciudadanos, sino en un activo, porque ha sido en muchas circunstancias la vía que han tenido para canalizar sus ahorros. Entre otras cosas por la ausencia de alternativas rentables en nuestros mercados financieros que ayuden a canalizarlo”, aseguró el ‘número dos’ del Ejecutivo a principios de julio.

En ese análisis, el ministro de Economía apuntó que era necesario trabajar para que ese ahorro pueda dirigirse a “activos financieros”. El objetivo de fondo: desincentivar la demanda especulativa de vivienda, destinada únicamente a ganar dinero, favoreciendo alternativas más rentables que también permitan impulsar la economía europea. “Vamos a anunciar medidas en este sentido, estamos trabajando a nivel europeo para avanzar en cuentas de ahorro, cuentas de inversión que garanticen un mínimo de rentabilidad y cuyo impacto revierta en inversión para empresas europeas”, adelantó el vicepresidente.

En la justificación de la medida, cuando la sacaron a consulta pública, el Ministerio destacó que el grueso del patrimonio de los españoles, en torno al 75%, estaba concentrado en ladrillo, y apenas el 25% restante estaba en efectivo o en depósitos de muy baja remuneración. También subrayaba la necesidad de “diversificar las fuentes de financiación de las empresas europeas, impulsando su crecimiento, así como modelos de negocio innovadores” y también que los hogares encuentren “oportunidades de inversión atractivas, que permitan mejorar su resiliencia y hacer frente a eventos vitales como la jubilación”.

Además, apuntaban que un mercado de capitales “mejor integrado, más líquido y profundo” permitirá que fluya más dinero a la doble transición verde y digital y, también, a los nuevos “retos de seguridad y autonomía estratégica”, entre los que se encuentra el incremento del gasto en Defensa.

El ingente volumen de ahorro de los hogares europeos –cerca del 15%, la más alta del mundo desarrollado– permite mantener la actividad en momentos de crisis, pero limita el crecimiento económico. “Europa tiene ahorros. Y, desafortunadamente, esos ahorros permanecen inactivos. A día de hoy, 10.000 billones de ahorros de los hogares permanecen en sus cuentas corrientes. Y una gran proporción de estos ahorros se invierten fuera del continente. Europa necesita ahora poner esos ahorros a trabajar para sus compañías”, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un discurso reciente.

El Ejecutivo comunitario quiere cerrar antes de final de año “con o sin los Veintisiete” un acuerdo sobre la llamada Unión de Ahorros e Inversiones, la integración de los mercados de capitales de los países miembros que permita que fluya esa financiación hacia las empresas europeas. “Hemos puesto encima de la mesa propuestas sobre titulización, inversión de bancos y aseguradoras y sobre la integración y supervisión de los mercados. En conjunto, estas medidas podrían desbloquear hasta 470.000 millones de euros en inversiones adicionales. Hemos de llegar a un acuerdo antes de final de año, idealmente con los Veintisiete estados miembros. Pero, si eso no funciona, si es necesario lo haremos con aquellos que estén preparados”, dijo Von der Leyen a finales de agosto. Financia Europa, si el decreto sale adelante, convertirá a España en el alumno aventajado para conseguirlo.

El nuevo Comité de Inversiones Estratégicas decidirá en un plazo de un mes si un determinado proyecto de inversión puede considerarse estratégico y, por lo tanto, contar con una declaración previa que le ofrezca acceso prioritario a permisos como licencias de obras o de conexión eléctrica.

Según ha explicado en un comunicado el Ministerio de Economía, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que regula el Comité, creado en noviembre del pasado año, y el procedimiento de declaración de proyectos estratégicos de inversión, informa EFE.

El objetivo, explica Economía, es “priorizar, con agilidad y seguridad jurídica, los proyectos que aporten un mayor retorno económico, social y medioambiental al país”.

Podrán acceder a la declaración de inversión estratégica los proyectos empresariales o público-privados de inversión o reinversión en España que mejoren las capacidades tecnológicas, científicas o productivas y redunden en el interés público, social, ambiental o económico del país, excluidas las adquisiciones de acciones y ampliaciones o reducciones de capital, entre otros.

El Comité podrá conceder, en el plazo de un mes, una declaración previa basada en criterios como el volumen de inversión y creación de empleo y la solidez del proyecto.

Sin embargo, la declaración definitiva será otorgada, en un plazo de tres meses, por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), la reunión de ministros económicos que lidera el vicepresidente Carlos Cuerpo, tras analizar cuestiones como el impacto ambiental o la contribución a la autonomía estratégica, al tiempo que determinará las medidas de apoyo y los compromisos asociados al proyecto.

El decreto establece que las comunidades autónomas serán consultadas para evaluar cada proyecto y que se establecerá un régimen de seguimiento del cumplimiento de los compromisos adquiridos, así como un sistema para revocar la declaración si estos se incumplen.

El Comité, presidido por el titular de la Oficina de Asuntos Económicos (ahora mismo, Manuel de la Rocha) y el secretario de Estado de Economía, contará con cinco vicepresidencias: Presidencia del Gobierno, secretaría de Estado de Energía y ministerios de Industria, Hacienda y Transformación Digital.

Asimismo, tendrá catorce vocalías, con representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores, Defensa, Transportes, Educación, Trabajo, Agricultura, Vivienda, Comercio, Sanidad, Ciencia, Inclusión y Medio Ambiente, así como los departamentos de Seguridad Nacional y Prospectiva Estratégicas y el ICEX.

El ‘día D’ ha llegado. Cinco años después de la puesta en marcha del programa millonario más ambicioso de la historia de la Unión Europea, los fondos europeos Next Generation EU, ha llegado la fecha marcada en rojo en el calendario. Este 31 de agosto tienen que estar todas las reformas e inversiones comprometidas con Bruselas en el Plan de Recuperación ejecutadas para que el Gobierno pueda recibir el total de 100.000 millones de euros asignados.

España afronta ahora el día después, mientras prepara toda la documentación necesaria para solicitar el séptimo y último pago antes del 30 de septiembre. Cuando el presidente Pedro Sánchez y la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaron el 16 de junio de 2021 la aprobación de la primera versión del Plan de Recuperación, que entonces canalizaba cerca de 70.000 millones en transferencias, la fecha límite parecía muy lejana.

El país entonces encaraba la salida de la pandemia, que todavía daría sus últimos coletazos, y el objetivo era sacar del pozo a una de las economías más golpeadas por el COVID-19. En 2020, el producto interior bruto (PIB) se hundió un 10,9%. Cuando todo parecía encarrilado, la invasión rusa de Ucrania desató la mayor crisis inflacionaria en medio siglo. Donald Trump volvió a la Casa Blanca y lanzó la mayor ofensiva comercial en décadas. Y en febrero de este año, Estados Unidos e Israel atacaron Irán y provocaron el cierre del Estrecho de Ormuz, una vía crítica para el suministro mundial.

La situación en la que ha tenido que desarrollarse el Plan de Recuperación ha estado lejos de lo que proyectó en aquel momento el Gobierno. Pero si España hoy es la gran economía del euro que más crece, más de un 10% desde finales de 2019 y a gran distancia del estancamiento de Alemania, Francia o Italia; es gracias a los fondos europeos.

“Los datos confirman que la decisión, el establecimiento, la implantación, el diseño del plan han sido un éxito y esperamos, y así nos lo dicen los análisis, que este plan no solo tenga un efecto positivo a corto plazo, sino que vaya a tener un efecto duradero en nuestro tejido productivo y en nuestro modelo económico y social”, celebró el vicepresidente Carlos Cuerpo en su última comparecencia en el Congreso para dar cuenta de la gestión del Plan de Recuperación.

Más de 2 puntos del PIB gracias al Plan

Aunque todavía es pronto para calcular el estímulo de las reformas e inversiones aprobadas desde 2020, un reciente estudio de Funcas apuntaba que solo las inversiones han aportado entre el 10 y el 14% del crecimiento anual del PIB entre 2021 y 2025. Es decir, entre 1,4 y 2,1 puntos porcentuales.

“La economía española ha sido la única de las cuatro grandes europeas donde la productividad real por hora se habría acelerado respecto a su tendencia previa, con un crecimiento adicional de 0,4 puntos, frente a las caídas de Alemania, Francia e Italia”, destaca la publicación. Con un pero: “Este avance es, sin embargo, modesto en términos absolutos y contrasta con la magnitud del estímulo recibido”.

La reforma laboral, uno de los hitos principales del Plan, ha permitido recortar la temporalidad a mínimos históricos al tiempo que ha disparado el empleo a máximos nunca vistos en el mercado español. Y el incremento de las horas trabajadas y de la productividad ha sido fundamental para sostener el buen crecimiento de los últimos años, como destacan los analistas de la Comisión Europea. El tejido productivo ya está notando los primeros cambios, como el avance en las profesiones más técnicas.

Sin embargo, la lentitud en el despliegue de los fondos, la baja demanda de algunos de sus programas o la excesiva concentración de la financiación en grandes empresas son algunos de los debes del Plan de Recuperación. Pero en el Gobierno, en su último balance, celebraron que los beneficiarios de las ayudas han superado los 1,5 millones, de los que el grueso han sido pymes y autónomos. Gracias, fundamentalmente, al Kit Digital, uno de sus mayores éxitos. Según BBVA Research, además, las inversiones se han concentrado en las comunidades autónomas con menores rentas per cápita, “lo que sugiere un cierto carácter redistributivo en el reparto de los fondos”, de acuerdo con su economista jefe para España, Miguel Cardoso.

¿Y ahora qué? El fondo España Crece

Sin embargo, la pregunta del ‘día D’+1, el 1 de septiembre, es: ¿y ahora qué? El Gobierno todavía tiene un mes para solicitar el último desembolso, por valor de 25.800 millones de euros y la Comisión tiene hasta el 31 de diciembre para evaluar y efectuar el pago. Pero la inyección millonaria desaparece y, los que han sido los verdaderos Presupuestos —hasta el momento— de Pedro Sánchez esta legislatura, se desvanecen. “Dada la magnitud de los recursos invertidos, la finalización del programa puede tener un impacto negativo a corto plazo sobre el PIB. En particular, en ausencia de estos recursos, se estima que la inversión en construcción no residencial sería un 8% inferior a la observada actualmente, lo que apunta a que el programa ha sustituido, en parte, gasto en capital que, de todas maneras, se habría realizado”, apunta Cardoso en su estudio.

El Gobierno lleva meses preparando ese escenario. A principios de año anunció la puesta en marcha de un instrumento que llamaron “fondo soberano”, España Crece, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y dotado con más de 10.000 millones procedentes de la financiación del Plan de Recuperación. El objetivo es movilizar 120.000 millones entre el sector público y el privado durante los próximos años para evitar el ‘efecto escalón’ de la desaparición del programa millonario. Y en junio aprobó, dentro del decreto de medidas por la guerra en Irán, una modificación para flexibilizar algunas inversiones para seguir gastando más allá de este 31 de agosto.

En un extenso documento para el ‘cierre’ del Next Generation EU elaborado por la consultora EY, el director de Coyuntura Económica de Funcas, Raymond Torres, reclama aprender la experiencia pasada y enfocarse en aquellos proyectos “más prometedores” para la economía española. Las líneas de avales se han demostrado útiles sobre todo para permitir que la financiación llegue a las pymes, uno de los principales obstáculos que ha encontrado el Plan de Recuperación. “El problema radica en la elevada atomización del tejido productivo y en las barreras que obstaculizan el crecimiento de las empresas más eficientes”, dice en el mismo documento Rafael Doménech, jefe de Análisis Económico de BBVA Research. “Por ello, avanzar en reformas que faciliten el crecimiento empresarial, reduzcan cargas regulatorias innecesarias y favorezcan una asignación más eficiente de recursos constituye una prioridad”, abunda el economista.

La gestión de los fondos se ha llevado hasta el último día, prácticamente. La semana pasada el Consejo de Ministros aprobó, in extremis, el registro de lobbies mediante decreto ley, uno de los hitos necesarios para recibir los fondos. En julio, el ICO ya dio luz verde a la estrategia de inversión de España Crece. El reto de sustituir al Plan de Recuperación es gigantesco.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes la situación de interés para la Seguridad Nacional en la ciudad de Ceuta y designará al titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al frente de un mando único para gestionarla.

“La creación del mando único que tendrá lugar mañana forma un antes y un después en cuanto a la gestión de los expedientes”, ha dicho el 'número dos' del Ejecutivo, apuntando a que esto acelerará las repatriaciones pendientes.

El Gobierno defiende que con el mando único, decretado 25 días después, hacen suya la petición del presidente ceutí de “crear una figura que dirija y coordine las actuaciones de todas las administraciones públicas implicadas”. Vivas pide desde hace semanas tanto un mando único como un plan estatal para la reactivación económica de la ciudad y la recuperación de la normalidad.

“Esta figura permitirá dotar de más agilidad a la toma de decisiones y de puesta en marcha de todos los recursos humanos y materiales que sean necesarios para atender con inmediatez cualquier necesidad”, argumentan fuentes de Moncloa.

Además del ministro Torres, formarán parte del comité representantes de la ciudad autónoma como el propio presidente, Juan Jesús Vivas, además del delegado del Gobierno, el CNI y los departamentos implicados en la crisis –Defensa, Interior, Migraciones, entre otros–, así como Seguridad Nacional, que depende de Presidencia del Gobierno.

Por su parte, y a preguntas de los medios de comunicación, el vicepresidente ha respondido que el flujo de salidas por parte de las personas que accedieron a Ceuta hacia Marruecos es “constante” y no ha parado desde el inicio de la crisis. Sobre los menores, ha apuntado que se han filiado a 2.900 y con el mando único se busca acelerar esta tramitación “teniendo en cuenta el interés primario del menor de solucionar su situación, que en algunos casos puede ser crítica o con enorme prioridad”.

Medidas de choque con el ICO y el ICEX

Cuerpo ha comparecido en la Delegación del Gobierno de la ciudad, donde ha avanzado que se reunirá con empresarios y agentes sociales ceutíes para definir “medidas de choque” que amplíen el Plan Socioeconómico aprobado en 2022 y hacer frente al shock económico que ha supuesto la crisis humanitaria en la actividad de la ciudad.

“Creemos que las circunstancias actuales exigen ir más alla y por eso planteamos la ampliación de este plan”, ha dicho Cuerpo, que ha cifrado en 180 millones las cuantías movilizadas hasta la fecha. El objetivo de esta ampliación será triple, ha detallado el titular de Economía: el refuerzo de la seguridad urbana y fronteriza, la gestión de los retornos de los migrantes presentes en Ceuta y el fortalecimiento de los servicios públicos en el enclave.

“El Gobierno va a poner todos los recursos necesarios a disposición de las instituciones y de los ciudadanos ceutíes”, ha insistido el vicepresidente, que ha asegurado que su población “debe sentir al Estado, así como lo hacemos aquellos que estamos en la península”.

En un primer análisis del impacto económico, Cuerpo ha avanzado que el gasto con tarjetas cayó un 30% en los primeros días desde la entrada de 80.000 personas migrantes en la ciudad, una recuperación que fue progresiva con el paso de las jornadas.

Sobre las ayudas que van a desplegar, el vicepresidente económico ha dicho que no se descarta ningún instrumento, y ha apuntado tanto al Instituto de Crédito Oficial (ICO) como al ICEX, el organismo público que ayuda a la internacionalización empresarial.

El Gobierno cifra en 1,5 millones los beneficiarios –empresas, pymes y autónomos– del Plan de Recuperación cuando solo quedan dos semanas para ejecutar las últimas inversiones y reformas vinculadas a los fondos europeos, que tendrán que estar finalizadas y debidamente ejecutadas el 31 de agosto.

Después de cinco años del programa llamado a transformar la economía española tras el golpe del COVID-19, en el Ejecutivo se muestran satisfechos con los frutos obtenidos hasta ahora. Y, con solo 14 días de margen y la Administración al ralentí por el mes de agosto, fuentes gubernamentales apuntan que el objetivo es “culminar en plazo todas las reformas e inversiones comprometidas y maximizar su impacto sobre el crecimiento, la modernización y la resiliencia” del tejido productivo del país.

Los últimos datos que maneja el Ejecutivo apuntan que millón y medio de compañías, entidades y personas físicas se han beneficiado ya de los fondos europeos. Y, hasta la fecha, el programa más exitoso, por su alcance, ha sido el Kit Digital: una ayuda de 3.000 euros para la modernización de negocios que han percibido 921.962 pymes y autónomos en el 90% de municipios españoles. Su plan hermano, el Kit Consulting –consultoría para la digitalización de empresas de entre 10 y menos de 250 empleados–, cuenta con 23.429 perceptores. Y casi 55.000 han recibido una garantía financiera, similar a un aval, de la sociedad estatal CERSA.

A esto, señalan las mismas fuentes, habría que sumar las 400.000 plazas de formación profesional financiadas con fondos europeos “que han posibilitado la mejora de la empleabilidad y que España tenga ahora la cifra más baja de tasa de desempleo juvenil desde 2008”; el acelerón en la creación de empresas tras la aprobación de la Ley Crea y Crece y el desarrollo del ecosistema emprendedor con la Ley de Startups.

Con estos datos el Ejecutivo trata de desmontar el mantra que utiliza la oposición de que el Plan de Recuperación solo ha servido para financiar gasto público o, incluso, para sufragar gasto corriente, como sucedió con la polémica por el uso de fondos europeos para pagar pensiones, algo que desinfló la propia Comisión. La principal razón es que uno de los documentos clave que el Gobierno debe publicar, los 100 mayores perceptores del ‘maná europeo’, es una lista copada por Ministerios, gobiernos regionales y empresas públicas, como Adif. Pero estos, la mayor parte de ocasiones, no son los receptores finales, sino meros gestores, como muestran las ayudas del Kit Digital.

Acelerón con la “fase final” de los fondos europeos

En La Moncloa aceleran esta quincena con la fase final del Plan de Recuperación y ya preparan para la solicitud del séptimo y último desembolso, que se enviará a Bruselas ya en septiembre, por valor de 25.800 millones de euros, entre transferencias y préstamos. La semana pasada la Comisión Europea efectuó el pago de 6.234 millones del sexto desembolso y avaló la última Adenda al Plan original, con cambios en algunos de los 148 hitos pendientes para dar mayor claridad de cara a su evaluación.

Como parte de esos cambios, el Gobierno también ha renunciado a efectuar una reforma de los beneficios fiscales en vigor, que habría sumado unos 1.700 millones de recaudación, ante la falta de mayorías parlamentarias para sacarla adelante. Tampoco subirá el impuesto al diésel, como se comprometió en un principio, lo que supondrá una merma de unos 200 millones de euros. Y, además, ha notificado que no solicitará 1.250 millones en préstamos.

En total, y si la Comisión Europea no pone pegas al último desembolso, España habrá recibido antes del 31 de diciembre de este año más de 100.000 millones de fondos europeos.

A futuro, el Gobierno ya ha puesto el fondo España Crece, articulado en torno al Instituto de Crédito Oficial (ICO) con el que pretenden evitar el “efecto escalón” de que desaparezca el impulso de la inversión pública cuando expire el Plan de Recuperación. El objetivo es que movilice 120.000 millones de euros, entre financiación pública y privada, en los mismos sectores clave y en la construcción de vivienda para alquiler asequible.

La Comisión Europea ha desembolsado este martes a España otros 6.230 millones de euros con cargo al fondo europeo de recuperación NextGenerationEU. El pago eleva a 78.000 millones la cantidad recibida hasta ahora por el país, equivalente al 76,5% de los 102.000 millones que tiene asignados, informa Europa Press.

Del importe abonado este martes, 5.970 millones corresponden a la sexta solicitud de pago, que Bruselas aprobó parcialmente el pasado 2 de julio. Otros 265 millones proceden de dos hitos que habían quedado suspendidos en el marco de la quinta solicitud y que el Ejecutivo comunitario ha dado ya por cumplidos, tras evaluar las medidas y documentación aportadas por España.

El desembolso llega después de que el Comité Económico y Financiero del Consejo emitiera su opinión favorable sobre la evaluación de la Comisión, último paso antes de hacer efectivo el pago, y cuando España ha cumplido ya el 60% del conjunto compromisos incluidos en su Plan de Recuperación.

La sexta solicitud, presentada por el Gobierno el pasado 3 de marzo, está vinculada a reformas e inversiones en ámbitos como la construcción de vivienda, el sistema sanitario, la movilidad sostenible, la digitalización de la red ferroviaria transeuropea de transporte y los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica.

Tres objetivos pendientes

La evaluación de otros tres objetivos incluidos en la sexta solicitud de pago continúa pendiente, después de que Bruselas no pudiera certificar en julio su cumplimiento por dudas sobre los mecanismos utilizados para verificar su ejecución.

Se trata de inversiones relacionadas con la formación profesional bilingüe, los servicios de teleasistencia y proyectos dirigidos a colectivos vulnerables, emprendedores y microempresas, tres objetivos para los que España planteó posteriormente modificaciones en la adenda de cierre de su Plan de Recuperación.

La Comisión dio el pasado viernes una evaluación preliminar positiva a esta revisión, que incorpora los ajustes negociados con Bruselas para precisar los elementos de verificación de estos tres objetivos y facilitar así su evaluación definitiva.

La adenda, aprobada previamente por el Consejo de Ministros, modifica además la redacción de 121 hitos y objetivos y 101 medidas del plan español para facilitar su ejecución y evaluación en la recta final del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

España afronta ahora la fase final del Plan con la preparación del séptimo y último desembolso, que supondrá la revisión de otros 146 compromisos, después de que el Gobierno haya ajustado también el paquete de préstamos para reducir los recursos que finalmente solicitará ante la menor ventaja financiera que ofrecen actualmente frente a otras vías de financiación.

El calendario europeo obliga a los Estados miembro a completar todos los objetivos pendientes antes de que termine agosto y presentar sus últimas solicitudes de pago antes de finales de septiembre, con vistas al cierre definitivo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a finales de 2026.

Cuando hablamos de élites solemos pensar en grandes fortunas, consejos de administración o reuniones discretas entre personas poderosas. Andrés Villena (Elche, 1980) invita a mirar más allá. Este profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid sostiene que no funcionan como una conspiración, sino a través de redes estables de confianza e influencia tejidas durante décadas entre grandes empresas, Administración, judicatura, universidades, fundaciones y medios de comunicación que sobreviven a gobiernos, crisis y cambios políticos. En el libro Las élites que dominan España. Una historia alternativa desde 1939 (Libros del KO), dibuja cómo se construyen esas relaciones y, en esta conversación, analiza por qué esas estructuras han cambiado mucho menos de lo que parece desde el franquismo, cómo condicionan la política y la economía, y hasta qué punto la meritocracia y el ascensor social son más una excepción que la norma. Villena escribe en la sección de opinión de elDiario.es.

¿Por qué las élites tienen hoy una connotación tan negativa?

Elites viene de “elegidos”, para dirigir el mundo o, por ejemplo, para dirigir un país. En este contexto, en el que tenemos crisis financieras recurrentes, pandemias y un escenario de incremento de las desigualdades absolutamente disfuncional, buscamos culpables.

Hay economistas que defienden que son necesarias para que una sociedad prospere. Argumentan que, en un determinado momento, crean valor. Figuras como Rockefeller, Stanford o Carnegie industrializaron Estados Unidos con el petróleo, el ferrocarril o el acero. O, más recientemente, todo el ecosistema que ha creado Tesla es muy interesante, más allá del personaje de Elon Musk. ¿Cree que las élites crean valor también para la sociedad o que son puramente extractivas?

Habría que hacer esa diferencia entre lo extractivo y lo funcional. Todos necesitamos liderazgo e imágenes que imitar. Cuando surge un presidente negro como Barack Obama está dando un mensaje importante, o cuando surge un tenista en España como Rafael Nadal o un tipo como Miguel Induráin. Son personas extraordinarias que sobresalen, bien por genética, bien por el contexto en el que se han formado. El problema es cuando ese liderazgo se estanca y, por ejemplo, en el caso español, nuestra economía financiera dedica más tiempo a ganar dinero que a producir valor. A partir de ese momento, las élites se convierten en extractivas y en un freno para el progreso. Pero es imposible vivir sin élites. En el propio 15-M se formaron liderazgos. No podemos aspirar a una sociedad sin diferencias, pero tenemos que cuidar la igualdad de oportunidades.

En nuestro país seguimos siendo diferentes y hablamos de unas élites absolutamente irresponsables. Siempre hemos tenido élites, pero ¿hasta qué punto son élites patrióticas? Durante el franquismo, en el año 56, apareció un tipo como Falciani. El caso Falciani ya se dio en el año 56 o 57 con otro suizo que se llamaba Laurent Rivara, un agente de la actual UBS, que vino a España con una carpeta con centenares de familias defraudadoras que ya en el franquismo mantenían el dinero fuera. Y, bueno, los apellidos son los de siempre. Los de Neguri, Botín-Sanz de Sautuola, los Entrecanales… Gente que eran los capitanes de la industria del momento y el dinero lo tenían fuera, o bien lo habían sacado durante la guerra y no lo habían metido. Las propias élites económicas no se creían el país y tenían ese carácter claramente extractivo. Es curioso porque años después, con el caso Falciani, salían otra vez las mismas familias. Eso indica que, además, la cosa no cambia demasiado.

En nuestro país las élites son absolutamente irresponsables. Ya en el franquismo mantenían el dinero fuera. Los apellidos son los de siempre: los de Neguri, Botín-Sanz de Sautuola, los Entrecanales… Gente que eran los capitanes de la industria del momento y el dinero lo tenían fuera. (...) Años después, con el caso Falciani, salían otra vez las mismas familias

Quizá el problema no es que existan, sino su falta de renovación. Volviendo al caso de Estados Unidos, esos tres apellidos que decía antes son muy importantes, pero ahora, por ejemplo, los apellidos de las élites son otros: Elon Musk, Bezos, Bill Gates, Zuckerberg... En España, en cambio, son los mismos desde hace décadas. ¿Por qué desde 1939 las instituciones que sostienen el poder económico han cambiado mucho menos de lo que parece? ¿A qué atribuyes este gatopardismo?

En España las familias y los apellidos siguen siendo muy importantes. Puede ser un carácter particular del capitalismo español, a diferencia del norteamericano, que es un capitalismo que nace y progresa sin aristocracia. Por eso los J. P. Morgan se llamaban Morgan I, Morgan II, porque no eran apellidos nobles. La nobleza tira a través de redes educativas, de pactos, de matrimonios, y eso les permite mantenerse. Fíjate, por ejemplo, en el matrimonio del alcalde de Madrid. ¡Qué casualidad! Un abogado del Estado, de una familia que está entrecruzada con la monarquía, se casa con una Urquijo veinte años menor. Nadie puede decir que eso sea un matrimonio planificado, pero socialmente sí está mediado. Este tipo de cruces o de parejas ocurren en todos los puntos de la élite, porque todos se conocen en clubes y en lugares exclusivos. Y eso contribuye a mantener el poder político y el poder económico. A lo mejor en Estados Unidos hay una capilaridad más fuerte y una cultura de la inmigración diferente. Pero, bueno, aquí entra Blackstone, que es un fondo de inversión que compra muchos pisos, y el delegado en España es Claudio Boada, hijo del que fue presidente del Instituto Nacional de Industria con Franco.

¿Qué es lo que cohesiona a las élites en España? ¿No funciona entonces el ascensor social ni la meritocracia?

Las redes se mantienen por los lugares educativos a los que van y por todos estos clubes en los que la gente que se tiene que conocer se conoce. Y tú acabas conociendo, enamorándote y relacionándote con las personas a las que conoces. Luego hay otros elementos de cohesión sobre los que a veces se pasa por encima, como son las fundaciones y las patronales empresariales. Son lugares para coordinar estrategias o para ayudar de forma caritativa, pero también para conocerse. Y cuando te vas al patronato de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción te encuentras a Isidro Fainé, a Florentino Pérez... Ese tipo de articulaciones de la élite no es casual.

Entonces, ¿funciona el ascensor social y la meritocracia en España? Difícilmente. No sé si esto se debe al carácter relativamente atrasado del capitalismo español en relación con otros países, a los cuarenta años de autoritarismo, a la influencia de la Iglesia... Es verdad que en otros países también hay familias que están donde tienen que estar, como en Inglaterra o en Francia; hay dinámicas parecidas. Pero en España parece que se mantienen en mayor medida porque aquí no tuvieron que convertirse a las democracias occidentales en 1945. Al final, allí también esas élites tuvieron que aceptar una cierta redistribución de la riqueza. Eso, sumado, por ejemplo, al comportamiento que tiene ahora mismo el aparato judicial, que responde a unas políticas con las que no está de acuerdo —territoriales o sociales—, sí que nos hace pensar que estas élites tienen una cierta continuidad.

Las redes se mantienen por los lugares educativos a los que van y por todos estos clubes en los que la gente que se tiene que conocer se conoce. Y tú acabas conociendo, enamorándote y relacionándote con las personas a las que conoces

¿Crees que hay lawfare?

No sé si podría contestar como un experto. No me parece igual el caso de Ábalos, por ejemplo, que el caso de Begoña o el de David Sánchez, que es un músico de San Petersburgo. Me parecen casos marcadamente distintos. Pero sí que, si te vas a cuando Aznar dijo aquello de “el que pueda hacer, que haga”, unos días después hubo una nota de prensa, una declaración de los altos funcionarios del Estado, a través de una federación que se llama FEDECA, la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado, en la que decían que el Estado de derecho, tal y como se entendía, estaba en peligro. La política, el alto funcionariado, incluyendo no solo jueces, sino también directores de la Policía, altos mandos de la Guardia Civil, abogados del Estado, técnicos comerciales..., se movilizaron en julio de 2023, cuando supieron que Sánchez pactaba con Junts. Y en esa nota de prensa, cuando ves los pronunciamientos de los líderes de las asociaciones funcionariales, ves a una líder de los inspectores de Hacienda que se apellida Piñar; ves a un líder de los interventores de ayuntamientos que se apellida Queipo de Llano.

Entonces, eso de “el que pueda hacer, que haga” es más inteligente de lo que parece, porque el Estado, que es milenario, tiene capacidad de respuesta y lo que tiene que hacer es defender el statu quo. Sí que hay una respuesta por parte de unos profesionales ante un intento de cambio en el modelo de Estado o de un Gobierno que no les gusta, por las distintas razones que sean.

El que pueda hacer, que haga” [de Aznar] es más inteligente de lo que parece, porque el Estado, que es milenario, tiene capacidad de respuesta y lo que tiene que hacer es defender el statu quo. Sí que hay una respuesta por parte de unos profesionales ante un intento de cambio en el modelo de Estado o de un Gobierno que no les gusta, por las distintas razones que sean

¿Qué papel juegan los casos de corrupción, tanto de corruptos como de corruptores, que han salpicado históricamente a los dos grandes partidos del poder en España en este mapa que tú dibujas? Desde el caso Filesa, el caso Gürtel, la Kitchen o Ábalos...

El caso Filesa, de la etapa de Felipe González, que ahora parece que defiende absolutamente la limpieza democrática, es un caso curioso porque González llega al poder con siete bancos muy potentes y pacta con ellos. Intercambia personal, de los bancos al Estado y del Estado a los bancos; renuncia a las nacionalizaciones e intercambia consejeros. Era una forma de matrimonio con el poder financiero, el verdadero poder de entonces. Y Filesa no era más que una trama de financiación irregular del partido en la que participaban buena parte de los bancos: el Central Hispano, el Santander, el Bilbao, el Vizcaya..., que ahora forman el oligopolio.

El poder político se organiza siempre pensando en el económico. Buena parte de las tramas que se le están echando encima al Partido Socialista ahora mismo tienen detrás a la SEPI. La SEPI es la palanca financiera estatal en las empresas públicas. Sánchez ha sido mucho más agresivo que Zapatero a la hora de penetrar en las empresas públicas. En Telefónica ha entrado con un 10%; estaba intentando una fusión entre Indra y otra empresa... No es raro que haya una relación entre esos intentos de controlar el aparato público y este tipo de tramas. Aznar metió la mano mucho más rápido en las empresas públicas porque vendió los últimos paquetes y nombró a los presidentes. No hay poder que se organice al margen de la élite corporativa y, mientras puedan, van a intentarlo. La presidencia de la mayoría de las grandes empresas públicas en España está en manos de directivos del PSC, que es uno de los poderes territoriales que más influyen en la política de Pedro Sánchez. Ahí tenemos territorio, capital y Gobierno. Aunque organizarte no quiere decir que te vayas a corromper. En la etapa de González, durante catorce años, ese tipo de articulaciones les llevó a hacer auténticas barbaridades, que dejan a las actuales como una broma. Filesa fue solo una más. También está el caso Ibercorp. El Banco de España era la élite intelectual de González, que se había puesto a especular con información privilegiada. Es uno de los casos más notorios.

La tentación de pensar que controlas todo el poder puede estar muy relacionada con la comisión de delitos. Lo que sorprende es el caso Ábalos, que parecía una cosa montada casi desde el principio, y sorprende.

La presidencia de la mayoría de las grandes empresas públicas en España está en manos de directivos del PSC, que es uno de los poderes territoriales que más influyen en la política de Pedro Sánchez

Dices en tu libro: “La narrativa dominante oculta la irracionalidad de las principales operaciones económicas y medidas políticas en España, provocando un expolio de recursos y una especialización productiva perjudicial”. También hablas de déficit democrático. ¿Puedes poner algún ejemplo?

En el momento en que se produce la crisis financiera, en 2008, cuando ya se les pasa a los gobernantes la idea de que el sistema financiero español es el más fuerte del mundo y el más saneado, se empieza a pensar que las cajas de ahorro ya no se sostienen, que hay que darles una serie de avales. Los niveles de deuda pública son excesivos, hay que poner en marcha planes de austeridad, pero, detrás de todo eso, la banca y las cajas, o la banca al final, de manera indirecta, recibieron mucho dinero barato. Buena parte del cual no han devuelto. A eso me refiero con el expolio. Se pueden comprobar casos continuos en los que la narrativa sirve para que no nos rebelemos, para que haya cosas que veamos como naturales, pero, cuando las estudias profundamente, no lo son. La explotación de gas de Castor, por ejemplo, de Florentino Pérez, fue una forma de ganar dinero de manera subvencionada. Se le podía dar una narrativa: convenía la innovación, pero al final son formas de expolio discretas, bien hechas.

En 1977, que era un momento en el que la lucha capital-trabajo se estaba decantando por el factor trabajo, con sindicatos cada vez más fuertes y con niveles que todavía rozaban el pleno empleo, había que llegar a unos pactos de moderación salarial porque, si no, la inflación se nos iba. Siempre hay algún problema racional: la inflación no se puede disparar, no se puede subir a determinados niveles porque, si no, España se convierte en Argentina... Lo que había detrás era un propósito de moderación salarial que pudo salir bien, pero al final es una cesión que obedece a una narrativa de que no queremos entrar en hiperinflación.

En la etapa de la crisis de la deuda pública no queríamos quebrar. En la etapa en la que surge la nueva política con Podemos, en la mayoría de los ayuntamientos, no podemos precipitarnos a otra guerra civil, a romper con los pactos constitucionales... Siempre hay detrás unos intereses que no se pueden trascender, que no se pueden tocar. No sé qué intereses ha tocado el Gobierno actual para que esté la cosa tan mal, que se le acusa hasta de ser un dictador venezolano.

Ahora, por ejemplo, identificas una tendencia creciente hacia la privatización de ámbitos como la sanidad, la educación o las pensiones. ¿Existe una estrategia deliberada y un trabajo activo de estas élites para avanzar en este sentido?

Le quiero dedicar el próximo libro a eso. Educación universitaria, FP, sanidad y vivienda son una aceleración de ese proceso privatizador. Determinado capital encuentra rentabilidad en unos sectores y yo creo que sí hay una estrategia. Sobre todo, en la Comunidad de Madrid, en la medida en que tú favoreces la entrada de un público que es diferente... Se están construyendo hospitales exclusivamente privados para ese tipo de personas, pero es que, además, como dice el profesor Arenas, el Estado es un cofre de dinero para estos sectores, que ganan dinero sin riesgo. El caso de Quirón, por ejemplo. Al final te vas al número dos de la Fundación Quirón y te das cuenta de que es Mauricio Casals. No hay una conspiración en ningún caso, pero hay una conformación que los lleva a estar de acuerdo en muchas de las cosas que pasan. Entonces, sí que hay un dinero seguro, a través de la Administración, para las élites privadas y yo creo que en España sí que se han acostumbrado mucho al subsidio, a lo que ellos llaman “la paguita”.

En Estados Unidos, el rescate de los grandes bancos que estaban a punto de quebrar en 2008 se hizo a cuenta de unos préstamos que ya se han devuelto. El capitalismo allí, a lo mejor, funciona y aquí está visto como muy ligado al concepto de subvención. En la Comunidad de Madrid, el capitalismo clientelar de favores juega con un nuevo modelo de vivienda, de educación y de sanidad que marcha con el cambio de preferencias en el electorado.

Educación universitaria, FP, sanidad y vivienda son una aceleración del proceso privatizador. Determinado capital encuentra rentabilidad en unos sectores y yo creo que sí hay una estrategia, sobre todo, en la Comunidad de Madrid

Has citado a Mauricio Casals, hombre fuerte de Atresmedia y La Razón, del Grupo Planeta. En todo este entramado que describes, ¿qué papel juegan los medios de comunicación? ¿Actúan como un actor independiente o como una herramienta de agenda para proteger determinados intereses?

En todos los medios de comunicación hay redacciones de periodistas que creen en su profesión y prefieren ser sancionados o despedidos antes que dejar de contar una historia que consideran cierta. Los medios de comunicación no están habitados por zombis que obedecen a la propiedad al cien por cien. Pero es verdad que, si esos medios reciben unos niveles de publicidad institucional elevados y la retirada de esa publicidad institucional puede suponer la desaparición de puestos de trabajo, se ven muy presionados. La precariedad actual de los contratos de muchos periodistas lesiona y reduce su independencia. Cuanto más precario es tu contrato, más dependencia tienes de lo que te pidan, porque más miedo tienes. Prisa tiene una deuda muy grande y esa deuda la tiene que amortizar, por ejemplo. O el caso de Planeta y los acuerdos implícitos que parece tener con el Partido Popular por la universidad que tiene en la Comunidad de Madrid [UNIE Universidad], con los que habrá también una cierta convergencia ideológica, más allá de lo económico.

Desde hace mucho tiempo, los presentadores de los principales medios tienen a Pedro Sánchez casi como un líder autoritario. Ahí puede haber también convencimiento por parte de los creadores de opinión. Y luego está toda esa red de publicidad institucional, que es muy difícil de demostrar, porque no es que la Comunidad de Madrid te meta dinero a ti. Eso sí se puede ver. Otra cosa es cómo la Comunidad de Madrid habla con una gran empresa para que esa empresa te meta dinero a ti. Eso es incomprobable. Ahí está esa red de medios de comunicación que favorecen a determinados gobiernos conservadores, otra vez con esa cultura del subsidio y de la ayuda.

La precariedad actual de los contratos de muchos periodistas lesiona y reduce su independencia. (...) Ahí está esa red de medios de comunicación que favorecen a determinados gobiernos conservadores, otra vez con la cultura del subsidio y de la ayuda

¿Tu caso forma parte de esto? Tu libro estaba programado para salir con el Grupo Planeta, pero al final no fue así. ¿Se debe a que cruzaste alguna línea roja?

Yo no tuve problemas con la gente que trabajaba conmigo. El problema creo que trascendía a la Editorial Ariel y que debió de ser alguien del Grupo Planeta, efectivamente. Pero, como no quisieron dar ninguna explicación, la imaginación es libre. Es un grupo tan posicionado ahora mismo que este tipo de mensajes, a lo mejor, no les interesaba, pero trabajamos quince meses juntos. Ya podían haber dicho algo.

Me ha llamado la atención tu tesis de que la tecnocracia económica se reproduce de forma idéntica, incluso en los gobiernos de izquierdas. Y trazas una línea sobre Carlos Cuerpo. Dices que emana de Nadia Calviño, que viene de Pedro Solbes, discípulo de Alberto Ullastres, tecnócrata del Opus Dei en el franquismo. ¿De verdad no hay diferencias? ¿Están los ministerios de Economía y de Hacienda blindados en este sentido para que no haya diferencias en la aplicación de políticas distintas?

Sí, hay diferencias. Ullastres, por cierto, era discípulo de un catedrático de Economía que había sido nazi, se había salido del partido, había emigrado a España y le habían dado una cátedra en la facultad. Carlos Cuerpo y Nadia Calviño responden a las demandas de un electorado diferente, a un Gobierno diferente, porque ahí hay unos ministros de Podemos y Sumar que están presionando, unas circunstancias como la pandemia y la inflación, en las que la Unión Europea ha dicho que la pandemia no es la crisis anterior y que hay que hacer política fiscal y monetaria expansiva. Eso, durante buena parte de la crisis financiera, no pasó. Y al Gobierno de Sánchez se le permite porque, además, es como la oveja negra europea que se mete con Trump y compañía. Ha tenido muchos grados de libertad.

Entonces, Cuerpo, y Calviño también, seguramente por presiones electorales, han hecho una política que no ha sido puramente de austeridad. Pero no dejan de ser técnicos comerciales, no dejan de ser un tipo de funcionario que ha estudiado un tipo de economía, un enfoque económico que los lleva a ser austeros, como austeros eran Miguel Boyer, Carlos Solchaga y Pedro Solbes. Si el tecnócrata es inteligente, se va a saber adaptar. Y tiene que responder a los intereses electorales del Gobierno en el que está. No puede ser tan sumamente rígido. Las cosas cambian, y a ese cambio lo llamamos democracia, que consiste en gobernar para grupos de gente cambiantes. Creo que Cuerpo tiene una cosa buena. Nadia Calviño es hija de un antiguo presidente de Radiotelevisión Española, un hombre con mucha influencia en el PSOE. Pero Cuerpo es nieto de un minero. Eso indica que hay cambios en esa élite burocrática y que empieza a entrar gente normal. Pero no deja de ser gente que está sometida o ligada a un cuerpo burocrático que tiene una lógica interna, que quiere hacer carrera europea. Yo no me imagino a Cuerpo como vicepresidente de Endesa. Me lo imagino con el sueño de ser consejero del Banco Central Europeo. O sea, un tipo con un compromiso con el sector público bastante fuerte. Igual que Calviño.

Cuerpo, y Calviño también han hecho una política que no ha sido puramente de austeridad. Pero no dejan de ser técnicos comerciales, un tipo de funcionario que ha estudiado un tipo de economía que les lleva a ser austeros como lo eran Miguel Boyer, Carlos Solchaga y Pedro Solbes

El fracaso de movimientos que surgieron hace más de una década, algunos al calor del 15M, como Podemos, o en su momento Ciudadanos, que salieron para alterar el statu quo, ¿es un éxito de las élites?

No sé si se podría llamar fracaso. Si es verdad que el objetivo era asaltar los cielos, desde luego han fracasado. Iglesias acabó siendo vicepresidente de las ayudas sociales de un sistema que quería asaltar. Creo que toda élite o toda estructura de poder tiene que absorber al rival. Hay un libro en México que estudia que el PRI gobernó durante setenta y cinco años seguidos porque iba absorbiendo a los movimientos indígenas, les iba dando una secretaría de Estado. Y Sánchez, cuando pacta con Podemos, el partido ya estaba muy mermado porque le habían caído ochenta mil bombas estatales, mediáticas, etcétera. Pero le dio una serie de ministerios de carácter social, con poco presupuesto. Darle el Ministerio de Consumo a un comunista parece una ironía. En cierto modo, pudieron quedar bastante neutralizados. No obstante, le echaron valor para hacer política por primera vez. Iglesias es un empresario de la comunicación política, que solo dejó de ser empresario durante dos años. Pero el Estado es muy pesado; las reuniones y las jornadas son muy largas... Intentaron hacer algo, pero quedaron absorbidos. Y, claro, cuando te pagan un puesto de trabajo, la profesionalización cambia tu política; al revolucionario lo modera. Y además crea unas situaciones de asesores, de diputados que están a sueldo... El sistema es sabio y te absorbe. No quiero decir que ellos traicionen, pero es un aparato burocrático muy complejo. ¿Cómo hacen para vencerlo? A través de asambleas o, peor, vídeos cortos o tuits. Se lo han echado en cara a Rufián recientemente. Y es verdad que Rufián es muy brillante para algunas cosas, pero habría que verlo dentro de la Administración. Esto es muy complicado.

¿A dónde encasillas a Vox?

Es un regreso del viejo Estado. Cuando tú ves el apellido de Espinosa de los Monteros, estos iban a las monterías con el rey para protegerle, para que no le pasara nada. Son familias muy apegadas a esa vieja idea de la monarquía, del viejo Estado. El tío bisabuelo de Espinosa de los Monteros era el asesor de Franco en el encuentro con la Alemania nazi en Hendaya, aunque luego lo defenestraron porque se enfrentó a Serrano Suñer. Yo creo que, ante la amenaza territorial, que les preocupa mucho, ha surgido una nueva fuerza que, de alguna manera, se ha hecho con el espacio que ocupaba temporalmente Ciudadanos. Y que busca una recentralización de España, una especie de “hacer grande España otra vez”, sin saber muy bien cuál era ese pasado, en realidad. Pero, paradójicamente, conecta con sectores muy precarios de la población que están enfadados y que, temporalmente, simpatizan con un partido que creen que es antisistema. No deja de ser el conservadurismo católico de toda la vida, donde hay altos funcionarios, jueces, abogados del Estado...

También están viviendo un proceso de purga, como en Podemos. El desgaste ha hecho que Abascal se vaya cargando distintas facciones del movimiento, como la de Espinosa de los Monteros, por ejemplo. Un grupo de leales está viviendo ese desgaste de otra manera, pero lo están viviendo también.

Vox es un regreso del viejo Estado, familias muy apegadas a esa vieja idea de la monarquía (...) que busca una recentralización de España, una especie de “hacer grande España otra vez”. Paradójicamente, conecta con sectores muy precarios de la población que están enfadados y que, temporalmente, simpatizan con un partido que creen que es antisistema

A pesar de todo lo que relatas en el libro, concluyes con una nota de optimismo, recordando que la Transición no fue solo cosa de despachos, sino también de la presión vecinal, feminista y sindical. ¿Tienes alguna receta o sugerencia para cambiar ahora estas estructuras reales de poder que has dibujado?

Si llegamos a tener en el pasado un ministro como Ernest Lluch, que universalizó la sanidad, eso quiere decir que había una serie de fuerzas y de personajes que se atrevieron, en etapas como los setenta, pero también en los cuarenta y los cincuenta, cuando salir a protestar podía suponer tu muerte o torturas recurrentes, una ficha policial que te arruinara la carrera... Esa organización y esa energía las seguimos teniendo. Que el 15M no lograra una subversión total del sistema no quiere decir que no se pueda. Pero yo creo que, si prestamos atención no solo a quien domina, sino también a las personas que jugaron su papel en la Transición y en etapas previas, que eran incluso más difíciles para cambiar las cosas, encontraríamos grandes inspiraciones. Un ejemplo es el movimiento feminista, o las políticas públicas del PSOE en los noventa para concienciar a la gente. Recuerdo un anuncio en el que había un hombre que ayudaba a una mujer con las bolsas. Eso ahora mismo es casi una coña: el movimiento feminista ha llegado a tal punto que ha provocado una reacción violenta del sistema, pero es porque, cuando la gente se organiza y toma conciencia, lo personal pasa a ser político.

De hecho, buena parte de esta reacción autoritaria responde al miedo que tienen al cambio. Y, si hay algo que tienen las élites, es miedo a perder lo que tienen. Yo creo que esa esperanza está ahí. Lo que pasa es que quizá estamos en una etapa en la que es difícil verla, porque casi todas las noticias son muy negativas.

Los vicepresidentes Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz han cerrado el curso político con un acuerdo de calado: la reforma del registro horario para endurecerlo y convertirlo en digital e interoperable por la Inspección de Trabajo se aprobará a la vuelta del verano, en septiembre, una vez el Ejecutivo cierre los últimos flecos para salvar las objeciones que puso el Consejo de Estado a su redacción.

Según fuentes del Ministerio de Trabajo el acuerdo con el Ministerio de Economía pasa por que el real decreto (reglamento) con la reforma no se apruebe antes del 31 de julio, como reclamaban los sindicatos y se había comprometido la propia Yolanda Díaz, sino que se haga al arranque del curso. El concurso de Carlos Cuerpo era necesario ya que preside la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), el 'Consejillo' de ministros económicos que masca los grandes asuntos del área antes de cada reunión semanal del gabinete y la mesa donde estaba 'atascado' el proyecto.

A cambio, indican las mismas fuentes, el acuerdo desbloquea la norma clave para el departamento de Yolanda Díaz, que vino a sustituir el espíritu de la reducción de jornada a 37,5 horas semanales, una vez esta decayó en el Congreso.

Un año de espera

El real decreto saldrá de la mesa del Consejo de Ministros prácticamente un año después de que pasara, en primera ronda, por dicha reunión. El reglamento se ha retrasado no solo por las reticencias expresadas por el Ministerio de Economía, sino también por los dos informes demoledores del Consejo de Estado y de la Agencia de Protección de Datos durante la tramitación de la norma. Ambos informes preceptivos y no vinculantes, pero que servirían de base para cualquier recurso contra el nuevo registro horario. Algo que la patronal ya se plantea hacer en cuanto esté en vigor.

El Consejo de Estado puso en duda que el vehículo legal, un real decreto, fuera el adecuado para los cambios que plantea la cartera de Yolanda Díaz. “Lo que puede la ley no lo puede el reglamento”, dijo el órgano consultivo que ahora lidera la exvicepresidenta Carmen Calvo. Un decreto que “no se limita a complementar o desarrollar lo preceptuado en la ley de cobertura, sino que impone nuevas obligaciones y cargas a los empresarios y trabajadores, rebasando así el ámbito propio de la potestad reglamentaria”.

Además, el Consejo citaba en su informe una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos en el que se cuestionaba “que la protección de los datos esté garantizada en relación con el acceso de terceros” al registro, “ya que no se justifica suficientemente que la representación de los trabajadores pueda acceder a todos esos datos”.

El propio Ministerio de Economía también planteó sus reservas sobre los plazos de su entrada en vigor, como adelantó este periódico. En un informe previo al dictamen del Consejo de Estado, reclamó un periodo transitorio de un año para su implementación en las pymes, en lugar de los 20 días que contempla la norma redactada por Trabajo.

Desde el Ministerio de Trabajo señalan que ahora es el momento de cerrar los detalles técnicos que permitan salvar las objeciones presentadas por el Consejo de Estado sin tocar las líneas principales del registro horario: es decir, que sea completamente digital, interoperable y permita acabar con el fraude de las horas extra sin pagar.

La vicepresidenta Díaz se confesó esta misma semana, tras el Consejo de Ministros del martes, “muy optimista” por el devenir del registro horario, asegurando que estaba “prácticamente listo” para sacarlo adelante. “Esta vulneración e irregularidad manifiesta se va a acabar”, dijo la titular de Trabajo.

Precisamente la aprobación del registro horario fue una de las cuestiones que la diputada de Sumar Aina Vidal reprochó al vicepresidente Cuerpo este jueves durante el Pleno extraordinario del Congreso en el que se aprobó la extensión de las medidas por la guerra en Irán. Preguntado por esta cuestión en una entrevista reciente, Cuerpo, que siempre ha defendido la implantación “equilibrada” de esta norma, defendió que era un proyecto “importante”. “Es importante que avancemos en esa digitalización del registro horario para ser capaces de hacer que se cumpla la normativa en cuanto al control de las horas”, dijo.

La decisión de llevar esta norma a septiembre coincidirá, también, con la campaña de Díaz para hacerse con la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una votación prevista para noviembre y cuyo mandato comenzaría en octubre del año próximo. Ya con la legislatura acabada.

El Ministerio de Economía ha dado un plazo de 30 días al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que detalle qué instrumentos financieros va a poner en marcha para desplegar España Crece, el llamado “fondo soberano” con el que el Gobierno quiere mantener el impulso del Plan de Recuperación tras su finalización el próximo 31 de agosto.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la Estrategia de Inversión del fondo España Crece, la orden aprobada por el Gobierno que fija las parcelas básicas a las que estará enfocado el instrumento y que es uno de los hitos cruciales para que la Comisión Europea abone el séptimo desembolso de los fondos europeos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arrancó el año con el anuncio de este fondo soberano. Con la inyección de más de 13.600 millones de euros (10.800 en ampliación de capital y 2.800 en transferencias) procedentes de los fondos europeos al ICO, el Gobierno pretende movilizar 120.000 millones de euros, entre financiación pública y privada.

En concreto, y de manera similar a las prioridades desplegadas en el Plan de Recuperación original, España Crece financiará actuaciones en sectores económicos con alta productividad y elevado potencial de transformación; en el ámbito de la vivienda, especialmente para el desarrollo de alquileres asequibles o sociales; en inversiones 'verdes', como desarrollo de energías renovables o de adaptación climática; y también se enfocará a financiar a las pymes y “otras prioridades estratégicas alineadas con las orientaciones de política económica nacional o europea”.

Es en este último epígrafe donde se encuadrarán algunas inversiones en el ámbito de la Defensa. Un ámbito donde el presidente del ICO, Manuel Illueca, ya ha avanzado que serán “estratégicas” y “a largo plazo”, no a la manera oportunista que trabajan otros fondos.

Estarán excluidas, eso sí, inversiones vinculadas a combustibles fósiles, aquellas con altas emisiones de gases de efecto invernadero, los vehículos contaminantes o el “procesamiento de combustibles nucleares y producción de energía nuclear”.

“La actuación del ICO en el marco de este programa se orientará por criterios de potencial de desarrollo en la economía española, capacidad transformadora, coherencia con los objetivos generales del país y la plena complementariedad respecto a la iniciativa privada”, destaca la orden firmada por el vicepresidente Carlos Cuerpo.

Un informe antes del 31 de agosto

El ICO tendrá 30 días a partir de este 15 de julio para aprobar la Estrategia de Inversión donde se definan los instrumentos financieros con los que se pondrá en marcha España Crece con un “carácter indicativo”. Eso sí, tendrá que definir qué importes se asignará a cada área, los potenciales beneficiarios finales –“que deberán tener alguna vinculación con la Unión Europea”–, las operaciones financiables y el multiplicador del apalancamiento esperado. Es decir, cuántos euros privados esperan atraer por cada euro público.

Además, ese documento tendrá que detallar cómo se asignarán algunos componentes subvencionables (el desarrollo contempla algunas ayudas, especialmente en el desarrollo de vivienda), los requisitos de etiquetado de las inversiones y cuál es el calendario que se prevé para su implementación.

La orden también establece que el ICO tendrá que publicar un informe anual con la información detallada de las medidas adoptadas para ejecutar su estrategia de inversión, así como las que prevé adoptar. El primer informe lo tendrá que enviar “en todo caso antes del 31 de agosto de 2026”, la fecha en la que tendrán que estar ejecutadas todas las inversiones y reformas vinculadas al Plan de Recuperación.

Este mes, además, el Ejecutivo prevé aprobar la reforma de los estatutos del ICO, como avanzó el vicepresidente Cuerpo durante una comparecencia parlamentaria la pasada semana.

El Gobierno solicitará en septiembre el séptimo desembolso, valorado en 25.000 millones de euros, que la Comisión Europea deberá transferir al Tesoro Público antes del 31 de diciembre.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, prevé cerrar este mes los últimos flecos para poner en marcha España Crece, el llamado ‘fondo soberano’ en torno al Instituto de Crédito Oficial (ICO) financiado con el Plan de Recuperación, con la aprobación de la estrategia de inversión del nuevo instrumento y la reforma de los estatutos del banco público para permitir su despliegue.

El ‘número dos’ del Gobierno ha comparecido ante la Comisión Mixta de la Unión Europea para dar cuenta de los avances del Plan de Recuperación, solo unos días después de que Bruselas diera luz verde al sexto pago, por valor de 7.000 millones de euros, y cuando queda poco más de un mes para el final de este programa millonario.

Cuerpo ha puesto en valor la aportación del Plan de Recuperación a la transformación económica del país que, hasta el 31 de mayo, ya había desplegado 68.534 millones de euros, de acuerdo con los datos de ejecución de la plataforma ELISA del Gobierno.

El reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia fija que los fondos europeos y las reformas vinculadas deben estar ejecutados antes del 31 de agosto de este año, mientras la Comisión Europea tiene hasta el 31 de diciembre para abonar el último desembolso –el séptimo, por valor de algo más de 25.000 millones–.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció a principios de año la puesta en marcha de lo que llamó un fondo soberano, financiado con partidas procedentes del Plan de Recuperación, para movilizar 120.000 millones de euros entre inversión pública y privada. El objetivo: que el motor de la economía y la inversión no se desacelere con la finalización del ‘maná europeo’.

El pasado mes de mayo el Consejo de Ministros aprobó la transferencia de capital de 13.300 millones al ICO para aumentar su capacidad de apalancamiento, de tal manera que sea capaz de movilizar 60.000 millones de euros desde la parte pública, que se complementarían con otros 60.000 millones del sector privado.

Según ha avanzado Cuerpo, el Gobierno trabaja ahora en finalizar los “tres elementos de cierre” para el lanzamiento de esta facilidad financiera. En primer lugar, con la aprobación de la estrategia de inversión de España Crece, negociada con la Comisión Europea y que, ha dicho el vicepresidente, confía aprobar la próxima semana en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE).

Esta definirá las líneas generales de actuación, los tipos de operaciones elegibles y los criterios de prioridad sectorial. Además, incorporará los criterios europeos aplicables al Plan de Recuperación, incluido el principio de no causar un perjuicio significativo al medio, y priorizará operaciones con un claro efecto transformador sobre la economía española y con capacidad de impulsar el crecimiento de la productividad a largo plazo. Las líneas de actuación podrán revisarse periódicamente para adaptarse a la demanda de inversión y a las necesidades del tejido productivo.

El ‘número dos’ del Gobierno ha confiado en aprobar, en un Consejo de Ministros de julio, el real decreto que reforme los estatutos del ICO “para adaptarlos a las necesidades” del nuevo instrumento. Finalmente, también en julio prevén transferir los fondos necesarios para poner en marcha España Crece.

“Estamos, así lo evidencian los datos, ante un proyecto de país que ha supuesto una oportunidad histórica que creo que hemos sabido aprovechar”, ha dicho el vicepresidente, que ha confiado en que tenga no solo efecto positivo a corto plazo, sino “duradero en nuestro tejido productivo”.

Una adenda técnica para cerrar el Plan

Cuerpo ha apuntado que el Ejecutivo se encuentra ahora inmerso en la negociación con la Comisión Europea de una “adenda técnica de cierre” al Plan de Recuperación para “reconciliar” los hitos que quedan pendientes con las evidencias disponibles para mostrar el cumplimiento de los mismos.

“Estamos trabajando no solo a nivel de la Administración General del Estado, también a nivel de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales para completar con éxito la certificación de los hitos y todos los hitos pendientes antes del 31 de agosto”, ha dicho el vicepresidente.

Los planes del Gobierno pasan por negociar esa última modificación del Plan para matizar la redacción de algunos hitos que han quedado pendientes de validar del sexto desembolso. El objetivo es presentar la séptima petición de fondos en septiembre.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene sin cambios la previsión de crecimiento de España para 2026 y 2027, con un avance del producto interior bruto (PIB) del 2,1% y del 1,8% respectivamente, mientras que recorta 0,2% la proyección para la zona euro, que crecerá un raquítico 0,9% este año.

La institución con sede en Washington ha publicado este miércoles la actualización intermedia de su informe de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, por sus siglas en inglés), en el que recorta ligeramente las expectativas de crecimiento globales con motivo de la guerra en Oriente Medio. “Esta ralentización modesta refleja los efectos de la guerra en Oriente Medio, parcialmente compensados por una aceleración en la demanda global de tecnología, gracias a los avances en la Inteligencia Artificial y en su adopción”, detallan.

Si bien el efecto será limitado, apuntan a una mayor inflación de la estimada en abril, justo al arranque de la guerra, que será del 4,7% en 2026 a escala global, y se ralentizará hasta el 3,9% el próximo ejercicio. “Estas proyecciones indican que la tendencia desinflacionaria en marcha desde principios de 2024 se ha estancado”, apuntan.

En el caso de España, el FMI espera que la economía crezca un 2,1% en 2026 y un 1,8% en 2027. Son las mismas cifras que adelantó en marzo y confirmó a finales de mayo, cuando cerró su informe anual sobre la economía española (el conocido como Artículo IV).

De hecho, los economistas del Fondo son los más pesimistas con respecto a la evolución del PIB español. La OCDE anticipa un crecimiento del 2,2% en 2026 (revisó al alza sus previsiones), el Banco de España apunta a un 2,3% y el Gobierno, el más optimista, disparó su proyección hasta el 2,6% para este ejercicio.

Un crecimiento diferencial si se compara con el escenario proyectado para la zona euro. El área de la moneda única crecerá un 0,9% este año, dos décimas menos de lo previsto en abril. Alemania lo hará un 0,7%, Francia un 0,6% e Italia un 0,5%.

Para 2027, cuando el FMI prevé un avance del 1,8% para España, la zona euro crecerá un 1,2%, Alemania un 1%, Francia un 0,9% e Italia un 0,5%.

En una valoración de estas previsiones, el Ministerio de Economía recuerda que la actualización de estas previsiones “no captura” la caída de los precios del petróleo posterior al 10 de junio. “La fecha de corte de los supuestos de materias primas del Fondo es previa a la bajada de cerca del 20% del precio del barril de petróleo en las últimas semanas, lo que implica automáticamente un escenario más negativo que el contemplado por otras previsiones más recientes como la del cuadro económico del propio Gobierno”, apuntan desde la cartera que dirige el vicepresidente Carlos Cuerpo.

Carlos Cuerpo se muestra orgulloso de las cifras macroeconómicas: “Estamos consiguiendo darle la vuelta a España”. El vicepresidente y ministro de Economía defiende que los buenos datos en el empleo o el PIB, muy por encima de la media europea, suponen “una mejora en el día a día de los ciudadanos”. En esta entrevista con elDiario.es, Cuerpo también reclama la colaboración de partidos y administraciones para atajar el problema de la vivienda: “Las competencias son compartidas”. En ese frente, apunta a impulsar la construcción de alquiler asequible con el Fondo España Crece, cambiar la fiscalidad de los pisos turísticos y crear cuentas de inversión que ofrezcan a los ahorradores alternativas a la inversión en vivienda.

¿Confía en que este año se logren aprobar los Presupuestos?

Ese es nuestro escenario central. Estamos ya dando los pasos, con la presentación del cuadro macroeconómico que sirve de base para el informe de situación económica. Y ya anunció el ministro de Hacienda que este lunes habrá un Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar el techo de gasto. El propósito es cumplir con el calendario ordinario para presentar los Presupuestos a la vuelta de verano y poder tener una negociación exitosa.

Llevamos tres años sin ellos por falta de un acuerdo político con los socios de Gobierno en el Parlamento. ¿Por qué este año sí que pueden salir?

Se trata de plasmar un escenario de políticas económicas que se traducen en líneas presupuestarias y, por lo tanto, es un aterrizaje del proyecto de la mayoría parlamentaria para seguir avanzando. Yo creo que uno de los grandes éxitos de esta legislatura es la gestión económica, el crecimiento y un crecimiento que además está suponiendo una mejora en el día a día de los ciudadanos.

Hemos tenido un escenario complejo presupuestariamente a raíz de las prórrogas, pero no ha sido una limitación para llevar adelante nuestra agenda

¿Qué han supuesto estos tres años con las cuentas públicas prorrogadas? ¿Qué consecuencias ha tenido y qué ha perdido la sociedad española por tener que estar prorrogando un año tras año las cuentas públicas?

Consecuencias en términos prácticos no ha tenido ninguna. Hemos sido capaces de llevar adelante todos los grandes objetivos en materia de inversiones y de reformas que teníamos, incluyendo también los asociados al plan de recuperación. Y esto se traduce, lo vemos perfectamente en las cifras de crecimiento, en la creación de empleo, en atracción de inversión... Hemos tenido un escenario complejo presupuestariamente a raíz de estas prórrogas, pero no ha sido una limitación para llevar adelante nuestra agenda.

El Gobierno acaba de mejorar sus previsiones económicas en el nuevo cuadro macroeconómico. Confían en que el PIB seguirá creciendo un 2,6% este año y que hasta 2029 estará por encima más o menos del 2%. ¿Por qué creen que vamos a crecer tanto? ¿Qué es lo que va a tirar de la economía española?

Llevamos creciendo estos últimos años no solo por encima de nuestra media histórica, sino por encima de las principales economías, europeas y mundiales. España es líder en crecimiento, pese a los shocks que hemos sufrido y pese a este contexto de incertidumbre internacional. Normalmente, ante este tipo de circunstancias la economía española solía resentirse más que sus principales socios. Y este no está siendo el caso, estamos consiguiendo darle la vuelta a España. Yo creo que nos hemos acostumbrado, aunque sea difícil decirlo, a que nuestra economía sigue dando sorpresas positivas de manera continua. Lo hemos visto en estos últimos años y en este primer semestre ya cerrado, donde se mantiene el pulso de actividad. Miramos las ventas de grandes empresas, las afiliaciones, los indicadores más coyunturales y nos dicen que la actividad sigue tirando.

Además, hemos visto que han funcionado bien las medidas que pusimos en marcha el 20 de marzo tras el inicio de la guerra de Irán. Han conseguido contener de media en un punto la inflación.

En cuanto a los factores que la van a impulsar, es la demanda interna, esencialmente el consumo privado y la inversión, sobre la base de un mercado de trabajo que está muy fuerte, con un efecto positivo del proceso de regularización.

La inmigración es decisiva para el mantenimiento y la mejora del estado de bienestar. (...) Además, hay que recordar que al estar ya aquí, ya hacían uso de muchos de esos servicios públicos, pero el estado no recaudaba todo lo que debería por su contribución

¿Qué impacto va a tener en la economía la regularización de más de un millón de inmigrantes? ¿Supone un problema para los servicios públicos, como critica la derecha?

Conviene insistir en que el impacto de la inmigración en nuestra economía es positivo: el dinamismo de nuestro mercado laboral atrae población extranjera por el éxito de nuestra economía y la demanda de nuestras empresas, algo que reconocen la mayoría de las instituciones. El Banco de España señala que la inmigración aportó, en términos per cápita, teniendo en cuenta el aumento de la población, hasta una cuarta parte del aumento del PIB per cápita entre 2022 y 2024.

La regularización es un proceso necesario de reconocimiento de derechos y obligaciones que responde a las necesidades de nuestra economía. Lejos de suponer un problema para los servicios públicos, tendrá una aportación presupuestaria positiva, ya visible en el aumento de las afiliaciones a la Seguridad Social. La inmigración es decisiva para el mantenimiento y la mejora del estado de bienestar. Los inmigrantes regularizados ya estaban aquí, en muchos casos trabajando en empleos de cualificación inferior a su formación o experiencia porque son los que pueden ocupar a trabajadores irregulares. Permitirles acceder a empleos más acordes con sus habilidades supondrá una ganancia neta para nuestra economía.

Además, hay que recordar que al estar ya aquí, ya hacían uso de muchos de esos servicios públicos, pero el estado no recaudaba todo lo que debería por su contribución.

Por último, se desplegará un nuevo Plan de Integración y Ciudadanía, con más de 500 millones de euros de dotación inicial, que actuará sobre empleo, educación, vivienda, sanidad y convivencia para mejorar barrios, escuelas y servicios públicos allí donde hoy se concentran más tensiones.

Los indicadores macroeconómicos son envidiables, sin duda, pero al mismo tiempo muchas familias pasan apuros. El poder adquisitivo de los sueldos no mejora e incluso retrocede, especialmente para los que viven de alquiler. ¿Qué ha hecho mal el Gobierno para que este crecimiento no llegue a todos?

El crecimiento y las buenas cifras macroeconómicas son una condición necesaria para que pueda acabar llegando al día a día de las familias. Y, cuando miramos cómo este crecimiento se está traduciendo en una mejora, hay distintos elementos que tenemos que considerar. Primero, el mercado de trabajo, que es el primer indicador de evolución y de reducción de desigualdad de nuestro país. Vemos que cada vez hay más gente empleada: el número de familias o de hogares con todos los adultos empleados está en máximos históricos. Vemos también las mejoras que ha habido relacionadas sobre todo con la subida del salario mínimo en aquellos segmentos de menores rentas. Además, se han producido mejoras salariales en su conjunto, entre otras cosas a través de la creación de empleo en sectores de mayor valor añadido. De los empleos que se han generado en los últimos dos años y medio, la mitad han ido a las cinco ramas de mayores salarios.

Hay un cambio, una modernización de nuestra economía que está llevando a que tengamos empresas más productivas que atraen a trabajadores más cualificados porque pueden permitirse mayores salarios. Evidentemente, hemos pasado en los últimos años el mayor shock de precios de los últimos 50, con una inflación que llegó en 2022 a estar por encima de los dos dígitos. Y esto afecta, sin lugar a dudas, a los ciudadanos. Y a ello se le suma otro elemento esencial en su carga mensual, como es la subida del alquiler. Pero en este escenario, hemos apoyado a las familias en todo este proceso inflacionario, como las medidas para reducir el impacto del shock energético por Irán. Si miramos los combustibles, el INE nos señala que, en ausencia de medidas, los precios tenían que haber subido un 28% en gasolinera y subieron apenas un 12 o 13%. Cuando miramos, el salario real ha evolucionado positivamente. El crecimiento estaba en torno a un 3,6% entre 2018 y 2025 y, cuando le quitamos el impacto del IRPF, había subido un 2,3%, más del doble de lo que lo hizo en el periodo 2014-2018. Somos conscientes de las dificultades, pero este esfuerzo por que el crecimiento llegue al día a día está en el frontispicio de la política económica. Y eso lo podemos ver cuando miramos el número de hogares que pasan dificultades para llegar a final de mes: el porcentaje se ha reducido del 26 al 20%, que sigue siendo elevado. Seguimos teniendo todavía demasiados hogares que tienen dificultades, pero vamos en la buena dirección.

¿Qué es lo que más le preocupa de la economía española ahora mismo?

Conseguir que ese crecimiento no se frene, seguir ampliando la tarta para poder tener un reparto más justo. Y remover cuellos de botella de este crecimiento. Con la finalización de los fondos europeos del plan de recuperación, tenemos que ser capaces de que no se pierda el impulso de la economía y, sobre todo, que sea un crecimiento transformador. Es decir, seguir creciendo y modernizando nuestra economía y además que ese crecimiento siga revirtiendo.

El Banco de España dice que el déficit de vivienda ha alcanzado las 750.000 casas entre el 21 y el 25. Y el gobernador Escrivá dijo el otro día que no entiende por qué esto no es una gran prioridad nacional. ¿Cómo atajamos este problema?

Para nosotros esta es la gran prioridad de la política económica. No hay una bala de plata para resolver la situación actual de falta de acceso asequible a la vivienda de muchas familias, en particular de nuestros jóvenes. Por eso la solución viene por un conjunto de políticas que estamos llevando a cabo. Hay una parte esencial que tiene que ver con la recuperación de la oferta. Durante la burbuja inmobiliaria, el sector de la construcción representaba un 13% del PIB, hoy está apenas en torno a 6%. Este es el efecto que tuvo la contracción del sector y, en este caso, de escasez. En cuanto a la nueva inversión, le falta oferta desde el punto de vista del parque público. Sabemos que esto lleva tiempo, pero el impulso en materia de inversión pública para recomponerlo está ahí, en gran parte con fondos europeos. Hablábamos antes de darle continuidad al crecimiento, incluso una vez finalizados los fondos. Hemos puesto en marcha el Fondo España Crece, que dedicará gran parte de su actividad también a seguir fomentando la construcción de viviendas para alquiler asequible. En el ámbito del sector turístico, ya hemos hecho el esfuerzo por hacer un filtrado de todas aquellas viviendas que estuvieran incumpliendo.

Que no haya pisos turísticos ilegales.

Exacto. Queremos hacer un esfuerzo adicional también por realinear la carga impositiva para que haya un mayor incentivo a poner esos pisos en un alquiler de medio y largo plazo con elementos de seguridad para los propietarios. Medidas que intenten cubrir los fallos de mercado que estamos viendo ahora mismo, sobre todo en aquellas zonas más tensionadas. Por ejemplo, un fallo de mercado que detectamos afecta a los jóvenes, que con sus sueldos actuales podrían permitirse pagar una cuota de una hipoteca, pero, sin embargo, no pueden conseguir ahorros suficientes porque están en lo que se denomina la trampa del alquiler: el alquiler supone demasiado esfuerzo mensual y no les permite ahorrar. El ICO está entrando para avalar hasta el 25% del coste y acabamos de renovar las condiciones de estos avales para subir los umbrales de renta por encima de los 60.000 euros en aquellas zonas más tensionadas. En las próximas semanas volveremos a llevar al Consejo de Ministros un real decreto ley con medidas para seguir reforzando nuestra actuación en materia de política de vivienda, siendo conscientes de que hay competencias compartidas.

¿Es usted partidario de intervenir el mercado de la vivienda para evitar operaciones especulativas, como ya se plantea el Gobierno en la Generalitat catalana?

Es importante tener en cuenta lo que ha pasado en las últimas décadas. La vivienda se ha convertido ya no tanto en un bien de primera necesidad para los ciudadanos, sino en un activo, porque ha sido en muchas circunstancias la vía que han tenido para canalizar sus ahorros. Entre otras cosas por la ausencia de alternativas rentables en nuestros mercados financieros que ayuden a canalizar ese ahorro. Hay que trabajar también para que ese ahorro pueda estar no solo en la vivienda, sino en activos financieros. Vamos a anunciar medidas en este sentido, estamos trabajando a nivel europeo para avanzar en cuentas de ahorro, cuentas de inversión que garanticen un mínimo de rentabilidad y cuyo impacto revierta en inversión para empresas europeas.

¿Tiene el Gobierno herramientas para entrar de verdad a solucionar el problema de la vivienda? Porque las políticas de vivienda están transferidas a las autonomías, y los planes urbanísticos y los permisos de construcción dependen en gran medida de los ayuntamientos.

Vamos a llevar adelante medidas importantes para contribuir a que este problema se resuelva. Pero necesitamos la colaboración del resto de partidos políticos. Es un Gobierno de coalición en minoría parlamentaria y, por lo tanto, las medidas tienen que pasar por esa mayoría del Congreso, como por ejemplo la ley del suelo. Las competencias son compartidas y necesitamos esa colaboración.

Todas las comunidades autónomas son conscientes de que la nueva propuesta de financiación mejora la situación actual. ¿Cuál es la alternativa?

El Gobierno ha convocado un Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de agosto. ¿Creen que pueden sacar adelante la nueva financiación autonómica a pesar del rechazo de todas las comunidades, excepto Catalunya?

Ha habido también conversaciones con aquellas comunidades autónomas que han querido hablar del sistema de financiación. Pero lo que para mí es más importante es que todas son conscientes de que esta propuesta mejora la situación actual. ¿Cuál es la alternativa? Llevamos más de diez años retrasando este debate. Hemos puesto sobre la mesa una propuesta y queremos avanzar en un debate que sabemos que es complejo porque es imposible repartir una cantidad fija de tal forma que sea beneficioso para todo el mundo, que consiga alcanzar los objetivos de máximos de todas las comunidades autónomas. Pero el Gobierno hace el esfuerzo de ceder 20.000 millones a las comunidades para poder conseguir que en términos absolutos todas mejoren. En términos relativos todas querrían ser la que más mejora, pero esta propuesta reduce la distancia entre autonomías. Todas van a tener más financiación de la que tenían, todas van a ganar, igual que con la propuesta de condonación de deuda.

Van a mantener las rebajas a las gasolinas para amortiguar los efectos del conflicto de Oriente Medio, a pesar de que el precio del petróleo y de la gasolina en España ya están por debajo de los niveles anteriores a la guerra de Irán. ¿Por qué lo hacen?

Queremos seguir ayudando, acompañando a las familias para que noten lo menos posible el conflicto. En gasolinas estamos ya por debajo del nivel preguerra, y en gasoil, ligeramente por encima, pero muy cerca. Pero estos precios siguen teniendo el apoyo del Gobierno a través de la reducción de impuestos. Queremos que esa retirada se haga en paralelo a la bajada de los precios de los carburantes a nivel internacional. Es un apoyo temporal y proporcional al impacto de la guerra.

Pero antes de estas rebajas, España ya era el país de Europa occidental que menos impuestos cobra por el gasóleo y por la gasolina. ¿No sería mejor gastar este dinero en subvencionar la transición ecológica?

Lo que estamos haciendo con las medidas para reducir el impacto de la guerra es también avanzar en la electrificación, en el apoyo a las renovables. El presidente Sánchez ha dicho en numerosas ocasiones que, en el año 2019, el 75% de las horas al día del precio de la electricidad lo determinaba el precio del gas. Hoy día estamos en torno al 9 o 10%. Esto ha supuesto que mientras los precios de los carburantes subían un 12%, el precio de la electricidad en el mes de mayo estaba cayendo un 4%. Queremos seguir impactando como lo estamos haciendo, por ejemplo, con medidas estructurales como la eliminación del impuesto a la producción de energía eléctrica. Este 7% que vamos a ir reduciendo hasta su eliminación en el año 2028 es una señal muy potente.

¿Cuándo se aprobará en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos el registro de la jornada laboral? ¿Va a entrar en vigor este año?

Ya tenemos el informe por parte del Consejo de Estado, y ahora mismo estamos trabajando internamente para ser capaces de llevarlo lo antes posible. Es un proyecto importante que tiene que ver con el proyecto de reducción de la jornada. Es importante que avancemos en esa digitalización del registro horario para ser capaces de hacer que se cumpla la normativa en cuanto al control de las horas.

¿Es partidario de seguir subiendo el salario mínimo por encima de la inflación como se ha hecho a lo largo de los últimos años desde el Gobierno?

Es importante contextualizar. El salario mínimo en España estaba muy lejos de la referencia que había marcado la Comisión Europea, que era el 60% del salario medio. Había que cerrar esta brecha y es lo que hemos hecho estos últimos años pese a que había en origen algunas dudas sin impacto significativo en el mercado laboral.

Alrededor de un tercio del aumento de los ingresos públicos desde la pandemia, según algunos estudios, viene de no haber ajustado el IRPF con la inflación. ¿Se plantean actualizar el IRPF con estos nuevos Presupuestos a la subida de la inflación anterior, como le pide la oposición?

La AIReF señala que en los últimos años el 80% del aumento de los ingresos procede de la buena evolución de la economía. La modernización de nuestra economía se traduce también en unos mayores ingresos de manera estructural. Un mercado laboral más pujante se traduce en mayores ingresos. La regularización de inmigrantes se traducirá también, estructuralmente, en unos mayores ingresos. Son políticas que mejoran nuestro crecimiento y el bienestar de los ciudadanos. A partir de ahí, las medidas concretas que vayan a entrar en los Presupuestos Generales del Estado las veremos en la presentación y en la posterior negociación. Por otro lado, del efecto de la deflactación el IRPF, la mitad corresponde a no deflactar la tarifa autonómica por parte de las comunidades autónomas.

Una de las últimas polémicas o largo de estos años ha sido la medición del PIB por parte del INE, que ha tenido que revisar al alza en varias ocasiones su medición. ¿Sigue habiendo un PIB infraestimado en España?

Todos los institutos de estadística de Europa han tenido que ir revisando las cifras de crecimiento posteriores a la pandemia, ha sido un proceso generalizado. ¿Hasta qué punto las estadísticas oficiales reflejan la realidad de la economía? Yo creo que hay muchos aspectos donde hay que seguir avanzando y ahí el INE está haciendo un esfuerzo por intentar modernizar teniendo en cuenta también las mejoras que ya están disponibles en cuanto a datos diarios, a los registros que tenemos más allá de las encuestas. Y tenemos que hacerlo alineados con Eurostat, ya que las estadísticas del INE tienen que llevar el visto bueno de Eurostat para asegurar que hay una cierta homogeneidad en términos de Europa.

¿Se plantea el Estado salir de CaixaBank?

Hace unos meses tomamos la decisión de prorrogar el periodo límite para desinvertir en CaixaBank. En los últimos años, la evolución tanto de la cotización como de los dividendos han revertido en el Estado, lo que ha justificado la permanencia más allá de lo previsto inicialmente. Al final se trata de recuperar, en la medida de lo posible, el coste del rescate financiero, que es lo que supone esa presencia del Estado en Caixa. Estamos muy contentos con la gestión actual del banco y nuestra presencia en el consejo es testimonial.

¿Y entrar en más empresas estratégicas, como ocurrió con Telefónica?

En la mayor parte de los países de nuestro entorno, los Estados tienen una presencia en las grandes empresas de telecomunicaciones. Es un sector clave dentro de los que se señala en el informe Draghi de importancia estratégica para la competitividad de nuestro continente. Y somos todos conscientes que, en el contexto de política industrial actual, el rol de los Estados como apoyo a estas grandes empresas es un elemento consustancial a estas políticas de seguridad económica y de autonomía estratégica. El apoyo a las empresas se puede hacer de muchas maneras, desde la presencia del Estado en su capital, como es el caso de Telefónica, pero también a través del resto de instrumentos como apoyar su financiación, como el ICO o la SETT [la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica].

¿Cree que Yolanda Díaz sería una buena presidenta de la Organización Internacional del Trabajo? ¿Cuenta con el apoyo del Gobierno?

Por supuesto. Si decide presentarse a este puesto, la apoyaremos en todo lo que podamos.

Vuelve la lucha de la vieja Europa por el presupuesto comunitario entre 2028 y 2034 entre países frugales frente a amigos de la cohesión, como se les llama ahora. ¿Teme una ola de austeridad y de endurecimiento de las reglas fiscales en Europa?

Tenemos que ser conscientes de que el contexto actual no es el que teníamos hace 10 o 15 años, e intentar superar estas discusiones que yo creo que ya tendrían que haber quedado obsoletas. Todos estamos de acuerdo con el informe Draghi y su hoja de ruta: habla de unos 800.000 millones de inversión al año para ser capaces de mantener el paso con Estados Unidos. Luego se ha actualizado a 1,2 billones. Y ese dinero tiene que venir del sector privado en su mayor parte, pero también con un impulso del sector público y del sector público nacional doméstico. Necesitamos un presupuesto europeo a la altura de las ambiciones que nos estamos dando en los otros grandes objetivos de seguridad y defensa, donde yo creo que ahí sí que se ha roto esta discusión tradicional entre frugales y no frugales. Hay muchos elementos de bienes públicos donde tenemos que reforzar a través de una aproximación genuinamente europea. Por ejemplo, nosotros estamos abogando por el incremento de los mercados de deuda europeos en euros. Dar liquidez a la emisión conjunta de deuda de tal forma que haya un beneficio muy claro, porque ahora mismo la Comisión no obtiene los beneficios que debería por ser un triple A. De hecho, España ahora mismo se financia más barato en muchos plazos que la Comisión Europea.

El Supremo acaba de condenar a José Luis Ábalos con la mayor pena de un ministro en democracia, 24 años de prisión. ¿Qué responsabilidad política cree que tiene el Gobierno por haber confiado en él durante tantos años?

Lo hemos dicho en numerosas ocasiones: hay un elemento esencial que tiene que derivarse de estos casos que estamos conociendo, que es la tolerancia cero en cualquier circunstancia frente a comportamientos irregulares o fuera de la ley. Y que cuando existan estos comportamientos se detecten y se deriven las consecuencias tanto en el ámbito político, como ya sucedió hace tiempo con el señor Ábalos, como en el ámbito judicial. En segundo lugar, hay que ayudar y fomentar que no exista impunidad en estas situaciones. ¿Cómo? Reforzando el Poder Judicial y a la Policía para que existan suficientes unidades como para perseguir este tipo de situaciones.

¿Usted confía en la inocencia de Zapatero, como ha asegurado el presidente del Gobierno?

Todos tenemos que respetar el principio de presunción de inocencia. Y en este caso, como en otros, yo creo que se están haciendo muchos juicios paralelos. Y es importante respetar la evolución de estos procesos, deberíamos todos de intentar ceñirnos a este elemento. Es comprensible que los tiempos políticos vayan más rápido de que lo que puedan ir los tiempos de la justicia, pero a mí me gusta mantener siempre un punto de prudencia y de respeto a estos procedimientos.

Desde que está en el Gobierno, ¿usted ha recibido regalos caros? ¿Qué ha hecho con ellos?

Los regalos que recibo pasan siempre a formar parte del patrimonio del Ministerio. Yo he recibido alguna moneda conmemorativa o incluso, a veces, algunos bienes perecederos, como chocolates, que al final se acaban repartiéndolos entre los colaboradores. Nada exótico.

Usted es un independiente del Gobierno, no tiene carné del PSOE. ¿Qué papel va a jugar en las próximas elecciones? ¿Se ve haciendo campaña?

En todo lo que pueda ayudar. En primer lugar, ahora, con mi gestión. Estoy convencido de que la actuación del Gobierno en estas dos legislaturas está contribuyendo a mejorar la vida de los ciudadanos y siento que es un privilegio poder formar parte de ello; que en mi día a día, el trabajo que hago pueda hacer que los ciudadanos estén mejor de lo que estaban cuando llegamos. Eso es lo que mueve mi actuación y lo que pueda contribuir a que este proyecto siga desde luego que lo haré.

Entrevista Completa

La Comisión Europea ha aprobado este jueves el sexto pago de los fondos del Plan de Recuperación al Gobierno de España, un desembolso de 7.021 millones de euros tras demostrar el cumplimiento de 73 hitos comprometidos con el Ejecutivo comunitario, entre ellos la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible o la creación de Casa 47, la empresa pública de vivienda.

Los Ministerios de Economía y Hacienda han informado a través de una nota de prensa de la luz verde a la transferencia de 7.021 millones de euros brutos, de los cuales 5.970 millones corresponden a ayudas no reembolsables y 1.051 millones a préstamos. Este pago se ejecutará en las próximas semanas.

Preguntado esta misma mañana por el desembolso, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se mostraba confiado en que habría noticias pronto al respecto. La próxima semana comparecerá en la Comisión Mixta de la Unión Europeo del Congreso y el Senado para dar cuenta de esta nueva transferencia.

El reconocimiento se produce cuando apenas quedan dos meses para que el Gobierno complete todas las reformas e inversiones del Plan de Recuperación, que deben estar debidamente justificadas antes del 31 de agosto, para solicitar el séptimo y último desembolso, por valor de 27.000 millones de euros, asociados a 146 hitos y objetivos.

En total, una vez se reciba este desembolso, España habrá recibido más de 77.000 millones de los fondos europeos, el 76% de los 102.000 millones asignados al país.

Además de las partidas vinculadas al sexto pago, España ha logrado que la Comisión le reconozca dos hitos que quedaron pendientes del quinto desembolso: uno relativo a la digitalización de entidades regionales y locales y otro, más relevante, vinculado a la reforma fiscal que el Gobierno logró aprobar (con sangre, sudor y lágrimas) a finales de 2024. Entonces quedó pendiente la equiparación de los impuestos del diésel y la gasolina, algo fundamental para Bruselas. Pero el Ejecutivo esgrimió el aumento estructural de la recaudación para zafarse de esta exigencia. De los 475 millones de euros retenidos, la Comisión ha dado luz verde al pago de una parte “sustancial”, en concreto, 277 millones de euros.

Tres hitos a reformular

Pendientes quedan, eso sí, tres hitos vinculados al sexto pago (unos 250 millones de euros) que “serán reformulados en una adenda técnica” para ganar “claridad” e incorporarlos en la séptima solicitud del 'maná europeo'. “Esta reordenación en la evaluación de hitos, un trabajo técnico coordinado plenamente con Bruselas, refleja la madurez del proceso de ejecución del Plan de Recuperación que España aspira a culminar con éxito”, apuntan desde el Ejecutivo.

En concreto, como ha apuntado la Comisión Europea a través de un comunicado, estos objetivos tienen que ver con inversiones en formación profesional bilingüe, servicios de teleasistencia y proyectos de apoyo a grupos vulnerables, emprendimiento y micropymes.

Entre las reformas por las que España ha recibido la financiación europea se encuentran la citada Ley de Movilidad Sostenible, las mejoras en la compatibilidad del Ingreso Mínimo Vital con otras prestaciones para facilitar la incorporación al mercado laboral de sus beneficiarios y la ejecución de 2.242 millones de euros en inversiones destinadas a la transformación industrial del país.

“España se encamina a cerrar con éxito un instrumento clave para la modernización económica, social y territorial del país”, celebran desde el Ejecutivo.

A apenas dos meses para el fin de este plan millonario, el Gobierno trabaja a contrarreloj para aprovechar al máximo la financiación procedente de Bruselas. Además del anunciado fondo España Crece, que se nutrirá con partidas procedentes del Plan de Recuperación, el Ejecutivo aprobó esta misma semana una flexibilización en las inversiones que permita seguir ejecutando los remanentes de algunos hitos ya cumplidos más allá del 31 de agosto. El objetivo: evitar un “efecto escalón” en la inversión pública una vez desaparezcan los fondos europeos.

Según los datos de la plataforma ELISA, desarrollada por el Ministerio de Economía para hacer un seguimiento de las licitaciones vinculadas al plan, hasta el 30 de abril se han resuelto convocatorias vinculadas a los fondos europeos por valor de 67.574 millones de euros.

El Gobierno ha acordado con Bruselas flexibilizar algunas de las inversiones vinculadas al Plan de Recuperación, de tal manera que se puedan utilizar los remanentes de hitos y objetivos ya cumplidos para seguir financiando gastos afines más allá del 31 de agosto. Esta es la fecha en la que tienen que estar ejecutadas todas las reformas y acciones financiadas con el ‘maná europeo’.

El Ejecutivo ha incluido en el Real Decreto-Ley de respuesta a la crisis en Oriente Medio una disposición adicional pactada con la Comisión Europea que permitirá que, en el caso de que se hayan cumplimentado los programas del Plan de Recuperación con un menor gasto del previsto inicialmente, se puedan usar esos ahorros para “la financiación de actuaciones en las mismas áreas políticas”. Es decir, fundamentalmente, las transiciones digital y energética.

El articulado especifica que se aplicará para los hitos y objetivos incluidos en la última solicitud de desembolso, el séptimo pago, que el Ejecutivo debería pedir antes del 31 de agosto. Y siempre que se compruebe “que el importe finalmente justificado y verificado es inferior al que se consideró para evaluar los proyectos presentados del hito u objetivo y determinar su cumplimiento”.

Según detalla la disposición, serán las “entidades decisoras” del Plan de Recuperación —es decir, los ministerios— quienes determinen los hitos y objetivos que se acojan a este nuevo régimen así como la cuantía afectada, en base a la información que proporcionen las “entidades ejecutoras” —los propios ministerios, empresas públicas, comunidades autónomas o ayuntamientos—.

La disposición, dice el texto, será de aplicación inmediata desde su entrada en vigor, este miércoles. Y el Gobierno se reserva, mediante un acuerdo de Consejo de Ministros, el dictar instrucciones “para la aplicación de los apartados anteriores y para garantizar la correcta ejecución final de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”. 

Una medida para evitar el “efecto escalón”

Fuentes del Gobierno consultadas por elDiario.es apuntan que no hay una cifra cerrada de fondos que potencialmente se puedan desatascar con esta medida, ya que no se conocerán hasta el final del programa, cuando se evalúen los hitos y las cuantías. En este sentido, desde el Ejecutivo señalan que llevan meses en conversaciones con la Comisión Europea para conseguir esta flexibilización. El objetivo último, detallan, es evitar un “efecto escalón” en la inversión pública una vez finalice el programa europeo.

Hace cinco años, el presidente Pedro Sánchez consiguió una gran victoria política en Bruselas al amarrar un ‘Plan Marshall’ europeo con emisión conjunta de deuda para reconstruir la economía tras el golpe de la pandemia. Inicialmente a España se asignaron 160.000 millones de euros, entre transferencias y créditos. Al final serán 102.000 millones, ya que el Gobierno renunció a 60.000 millones en préstamos, y solo si el Ejecutivo saca adelante todos sus compromisos.

Que desaparezca de golpe esa inyección millonaria podría ralentizar un crecimiento que, hasta ahora, no deja de batir las expectativas. Para evitarlo, además de esta iniciativa, el Gobierno ha impulsado el fondo España Crece, anunciado a principios de año, dotado con 13.500 millones procedentes del Plan de Recuperación y con el objetivo de que el Instituto de Crédito Oficial —que va a gestionar este vehículo— movilice 120.000 millones de euros de inversión, entre pública y privada. Sus objetivos serán similares a los del plan original: las transiciones verde y digital, así como el desarrollo de vivienda pública asequible.

La inyección de los fondos europeos ha servido al Gobierno para capear la falta de unas cuentas públicas, dado que las que están en vigor son las prorrogadas desde 2023. De hecho, en La Moncloa se ha considerado que el Plan de Recuperación eran los ‘verdaderos’ Presupuestos de esta legislatura. El presidente ha llegado a rechazar un adelanto electoral por la necesidad de ejecutar al completo los 102.000 millones de euros procedentes de Bruselas.

El Gobierno está aún a la espera de que la Comisión Europea dé luz verde a la solicitud del sexto desembolso, por valor de 7.256 millones de euros, que remitió en marzo de este año. Entre otros, está pendiente de que el Ejecutivo comunitario autorice al Ejecutivo ‘saltarse’ la subida de los impuestos al diésel. Precisamente, y como parte del nuevo paquete de medidas por la guerra en Oriente Medio, el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva rebaja temporal en el impuesto de hidrocarburos, hasta octubre.

En La Moncloa está previsto solicitar el séptimo y último pago antes de que termine el verano, donde se incluirán unos 140 hitos y objetivos por valor de 27.000 millones de euros. A partir de ahí, la Comisión tendrá hasta el 31 de diciembre para autorizar el desembolso.

Según los datos de la plataforma ELISA, desarrollada por el Ministerio de Economía para hacer un seguimiento de las licitaciones vinculadas al plan, hasta el 30 de abril se han resuelto convocatorias vinculadas a los fondos europeos por valor de 67.574 millones de euros.