La Comisión Europea vuelve a poner en duda la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez para hacer descarrilar la OPA que BBVA presentó para hacerse con el Sabadell. La Comisión Europea considera que dichas medidas son “incompatibles con el nuevo marco establecido para regular adquisiciones, fusiones, escisiones y otros cambios estructurales que afecten a entidades de crédito”. La operación del BBVA fracasó, ya que con las condiciones impuesta por el Gobierno solo logró el respaldo de poco más del 25% del accionariado de la entidad catalana.

Bruselas ya anunció el pasado 17 de julio de 2025 que abría un procedimiento de infracción contra España por las leyes en las que se basó el Ejecutivo para interferir en la OPA. Entonces el ejecutivo comunitario consideró que sólo el Banco Central Europeo (BCE) y las autoridades nacionales de Competencia (CNMC) deberían haberse pronunciado y cuestionó que la decisión se elevara al Consejo de Ministros, que puso condiciones extra.

Ahora la Comisión Europea ha enviado una nueva carta al Gobierno de España por incumplir el Reglamento del Mecanismo Único de Supervisión, la Directiva sobre Requisitos de Capital y los artículos 49 y 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

El Ministerio de Economía: “Es una carta complementaria”

Fuentes del Ministerio de Economía han señalado que “no se ha abierto ningún nuevo procedimiento de infracción a España relacionado con fusiones bancarias. La carta de la Comisión no supone que el procedimiento ya existente haya avanzado a una nueva fase o escalado. Es una carta complementaria a la anterior”.

Bruselas argumenta que “la consolidación del sector bancario beneficia a la economía de la Unión Europea en su conjunto y resulta esencial para la consecución de la Unión Bancaria Europea. Estas fusiones también garantizan que el capital se asigne de forma eficiente en toda la Unión y que ciudadanos y empresas tengan acceso a productos financieros a precios competitivos, un objetivo clave de la Unión de Ahorros e Inversiones”.

Con la entrada en vigor de la nueva directiva sobre requisitos de capital, que tenía que ser traspuesta en la legislación española antes del 10 de enero de 2026, la Comisión “ha actualizado la evaluación jurídica” del procedimiento contra España ya que considera que “las medidas españolas objeto de examen son incompatibles con el nuevo marco establecido” de dicha directiva. 

Desde el Ministerio de Economía se insiste en que “está trabajando intensamente en la transposición de la nueva Directiva de Requerimientos de Capital (CRD VI) para adaptar la normativa doméstica y recoger la competencia exclusiva del BCE y del Banco de España en materia de supervisión prudencial de las fusiones bancarias, sin perjuicio del papel de otras autoridades en el marco de sus competencias, como es el caso de la CNMC”.

Ante las medidas que sacó adelante el Gobierno de España para entorpecer la fusión entre BBVA y Sabadell, “la Comisión envía hoy esta carta de emplazamiento adicional a España, que dispone ahora de dos meses para responder y corregir las deficiencias señaladas”. En caso de que España no corrija su actuación, la Comisión emitirá “un dictamen motivado, que constituye la siguiente fase del procedimiento de infracción de la Unión Europea”.

La Comisión Europea lleva analizando la legislación que rodea esta operación desde mayo de 2024, cuando dos días después del anuncio de la adquisición de Banco Sabadell por BBVA recibió una denuncia de un ciudadano que ponía en alerta a los técnicos comunitarios sobre la posibilidad de que varias normas españolas pudieran entorpecer esa operación.

El Gobierno dio luz verde a la oferta de compra de BBVA por Banco Sabadell, pero exigió a los bancos que no se fusionen durante tres años, para que sigan operando por separado, y que no podrán realizar despidos en el marco de esta operación. Además, podrá ampliar ese tiempo hasta dos años más. Mantiene, también, las condiciones que determinó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Antes de esta decisión, el regulador del mercado bursátil, la CNMV, ha suspendido temporalmente la cotización de los bancos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anticipa un frenazo económico de España en 2026 y 2027, junto con una inflación disparada cercana al 5%, en el peor de los escenarios de la guerra en Oriente Medio, en el que los precios del barril de petróleo se mantienen por encima de los 110 dólares y el gas natural se encarece más de un 200%.

La organización con sede en Washington ha publicado este viernes su informe sobre la economía española, el conocido Artículo IV, y ha mantenido las previsiones de referencia que publicó hace dos meses: un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 2,1% en 2026 y de un 1,8% el próximo año. En estos dos ejercicios, la inflación se situaría en el 3% y el en 2,3%, respectivamente.

Pero, por primera vez, la institución ha aplicado a la economía española el más grave de los supuestos que diseñó en abril, cuando en su Informe de Proyecciones Económicas Mundiales evitó diseñar un escenario base para la economía global y apostó por uno de referencia, que complementó con otros dos (adverso y severo) en función de la duración del conflicto en Oriente Medio. En este último (precios medios del crudo de 110 dólares en 2026 y 125 dólares en 2027, con el gas triplicando su coste y los alimentos disparándose un 5% y un 10% en cada año), la factura para España sería mucho más costosa de lo anticipado.

El fondo prevé que, en este escenario, la economía española se ralentizaría en 2026 hasta un crecimiento del 1,5% (0,6 puntos menos que en el supuesto base que presenta) y ahondaría en la desaceleración el próximo año con un tímido avance del 1,1% (siete décimas menos de su proyección oficial).

El impacto más notable se daría en los precios: la inflación media escalaría al 4,1% este año (1,1 puntos más) y se situaría en el 4,8% el que viene (2,5 puntos más), en cotas no vistas desde el estallido de la guerra en Ucrania.

El FMI avanza que las cuentas públicas también se verían seriamente afectadas, con un empeoramiento del déficit de tres décimas en cada año, estancándose en el 2,5%, y el endeudamiento de las Administraciones Públicas ralentizando su mejora. “Dados los elevados niveles de deuda pública y las presiones estructurales de gasto, un estímulo fiscal discrecional amplio no estaría garantizado en este escenario”, apunta el documento, que apostaría por evitar esas rebajas de impuestos generalizadas por “medidas temporales y no distorsionadoras de los precios enfocadas a los hogares y empresas vulnerables”.

Si bien el mayor riesgo es un conflicto duradero en Oriente Medio, una posible corrección de las bolsas o una intensificación de los conflictos geopolíticos y de las barreras comerciales podría afectar a la economía, sobre todo al impactar de lleno a los principales socios europeos, apunta el organismo.

La fragmentación política y las prórrogas presupuestarias

A la interna, el FMI también advierte de las dificultades del Gobierno para atar mayorías parlamentarias y de que la fragmentación política se ha intensificado en el último año, “forzando la tercera prórroga presupuestaria consecutiva”. Por el camino se han quedado reformas económicas relevantes, como la reducción de la jornada laboral o medidas para impulsar la oferta de vivienda (Ley del Suelo).

“Esto plantea preguntas relacionadas con la capacidad del Gobierno para conseguir los compromisos incorporados en su Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo y de implementar acciones decisivas para calmar a los mercados en el caso de un estrés financiero -como la preocupación por las elevadas deudas soberanas en otras economías del euro- que puedan trasladarse a España”, aduce el organismo.

En este sentido, ante la falta de Presupuestos y de un techo de gasto, el FMI espera que los compromisos fiscales se alcancen “en el contexto de otra prórroga de las Cuentas de 2023 y esté impulsada por un incremento sólido de la recaudación”.

El rey Felipe VI y el vicepresidente Carlos Cuerpo pondrán rumbo la semana que viene a Canadá, en un viaje de tres días con el objetivo de amarrar inversiones de aquel país y abrir puertas a las empresas españolas en un momento clave para la geopolítica mundial, con Ottawa buscando reducir las dependencias de Estados Unidos y dejándose querer por la Unión Europea.

El Ejecutivo busca dar un impulso a las relaciones comerciales entre ambos países, que entre las mercancías y los servicios suponen unos intercambios de 7.000 millones de euros y 16.000 millones de inversión, apenas cinco meses después de que el primer ministro canadiense, el liberal Mark Carney, causara sensación en Davos con su apuesta por una coalición de “potencias medias” en un momento donde Estados Unidos, China o Rusia se miran cada vez más de reojo.

Carney, en cuyo liderazgo fue clave la figura de Donald Trump y, sobre todo, sus andanadas sobre una potencial anexión de Canadá a los Estados Unidos –se refirió a ellos como el estado 51, ahora lo hace con Venezuela– lleva meses acercándose a la Unión Europea. Cada vez más canadienses sueñan con unirse al proyecto (cerca del 60%, según una encuesta reciente), aunque el océano Atlántico de por medio hace difícil su adhesión. El primer ministro sí participó a principios de mes en la reunión de la Comunidad Política Europea (CPE), impulsada por Francia y a la que también acude Reino Unido, lo que muestra a las claras el paso al frente del político canadiense.

El petróleo y el gas, en el foco

Más allá de abrir nuevas oportunidades a las empresas españolas, el objetivo del viaje por parte del Ejecutivo es claro, según han detallado fuentes del Ministerio de Economía: el territorio canadiense es rico en hidrocarburos y también en materias primas críticas. No es solo que España carezca de ellas, sino que en los últimos años ha aumentado la dependencia de Estados Unidos como proveedor de productos energéticos –gas natural licuado, fundamentalmente–, un papel que se ha reforzado a consecuencia de la guerra en Oriente Medio.

Cuerpo viajará por tercera vez a Canadá, esta vez al máximo nivel acompañado por el rey Felipe VI. Allí ambos protagonizarán un encuentro con empresarios en el MaRS Discovery Centre –al menos 170, entre canadienses y españoles, han mostrado interés en acudir– donde la tecnología tendrá un componente fundamental. El vicepresidente se reunirá con el ministro de Inteligencia Artificial, Evan Solomon, y está prevista la firma de un memorando de entendimiento (MOU) entre ambos países para colaborar en estas infraestructuras tecnológicas.

Según el Ejecutivo, en Canadá se abren oportunidades muy relevantes para el sector español de la descarbonización. En cuanto a las relaciones comerciales, el saldo comercial es deficitario (es decir, importamos más que exportamos) debido a las compras de hidrocarburos y materias primas. Sin embargo, las exportaciones españolas a aquel país son de alto valor añadido, destacando los bienes de equipo y los productos farmacéuticos.

Además, Canadá forma parte del mecanismo SAFE impulsado por la Unión Europea para desarrollar la industria de Defensa sin depender de un Estados Unidos cada vez más agresivo en sus relaciones con los socios tradicionales. Actores nacionales como Indra estarán presentes en el encuentro con empresarios. 

Otro ámbito en el que habrá reuniones bilaterales será en el turístico, con un encuentro entre aerolíneas españolas y canadienses con el objetivo de ampliar las rutas existentes entre ambos países. Las conexiones son complejas y no hay línea directa entre España y Ottawa, la capital. Sí con Toronto o Montreal. Una circunstancia que también afecta a las relaciones económicas entre ambos Estados.

La Comisión Europea da por concluida la polémica por el uso de parte del dinero para el pago de pensiones en España. El vicepresidente de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, ha avalado este miércoles que el Gobierno español pueda utilizar fondos europeos para el pago de pensiones. “Aunque el pago de pensiones y otras formas de gasto corriente no son elegibles para reembolsos, sería posible que los Estados miembros utilicen temporalmente parte de la liquidez procedente de otros reembolsos para cubrir desembolsos presupuestarios”, ha comentado el comisario europeo.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, negó en el Senado haber utilizado fondos europeos para el pago de pensiones y defendió la legalidad de efectuar modificaciones presupuestarias, ya que son un “instrumento ordinario”, legal, y que los fondos europeos se han destinado “exclusivamente” a las inversiones comprometidas con la UE.

El Ministerio de Hacienda también defendió la operación por tener “un respaldo legal claro” en el cambio de uso de créditos “sobrantes” de fondos Next Gen en la adaptación que se realizó para prorrogar los Presupuestos Generales del Estado entre 2023 y 2024.

En Bruselas, Fitto ha recalcado que “este tipo de operaciones de gestión de tesorería por parte de los Estados miembros son temporales y no tienen impacto en la protección de los fondos de la UE. La Comisión comprueba claramente los sistemas nacionales de control y puede intervenir en casos de fraude, corrupción o conflicto de intereses”.

En el informe sobre la Cuenta General del Estado de 2024 del Tribunal de Cuentas se señalaba que “la insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos ineludibles de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas motivó que en noviembre de 2024 se autorizaran dos modificaciones por 2.389,4 millones de euros, ambas financiadas con créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”. 

Aunque se supone que Bruselas ha dado por zanjado el asunto, el vicepresidente de la Comisión ha apuntado que “la Comisión es consciente del asunto y está revisando el informe del tribunal español sobre esta investigación relativa al uso de los fondos Next Generation EU”.

El Partido Popular utilizó el informe del Tribunal de Cuentas para atacar al vicepresidente económico durante la sesión de control en el Senado que tuvo lugar este martes. La portavoz popular, Alicia García, acuso al Ejecutivo de utilizar el “método del trilero”, moviendo dineros entre partidas presupuestarias y usando los fondos europeos como “respiración asistida del sanchismo”.

La decisión del Gobierno español también provocó una polémica internacional, ya que el eurodiputado del PP europeo y presidente de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, el alemán Andreas Schwab, pidió la comparecencia en la Eurocámara de miembros de los tribunales de cuentas de la UE y España para explicar el desvío de partidas de las cuentas públicas de España, según apuntó en una entrevista en El Mundo.

El Gobierno niega haber utilizado fondos europeos para el pago de pensiones y defiende la legalidad de efectuar modificaciones presupuestarias, haya unas cuentas en vigor o sean prorrogadas, después de que el Partido Popular les haya acusado de usar el Plan de Recuperación como “respiración asistida del sanchismo”.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado en el Senado que las modificaciones presupuestarias –la vía que ha permitido efectuar cambios en las cuentas prorrogadas, a pesar de que no se han aprobado unos Presupuestos Generales del Estado desde 2023– son un “instrumento ordinario”, legal, y que los fondos europeos se han destinado “exclusivamente” a las inversiones comprometidas con Bruselas.

El Partido Popular ha salido este martes en tromba contra el 'número dos' del Ejecutivo durante la sesión de control en la Cámara Alta, aprovechando el informe sobre la Cuenta General del Estado de 2024 del Tribunal de Cuentas. El supervisor afeó que en aquel año se utilizaron de fondos europeos “sobrantes” para atender el pago de pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos por importe de 2.389,4 millones de euros, según recoge EFE.

En una intervención en la que ha hilado desde el juicio al exministro José Luis Ábalos a la gestión del hantavirus, la portavoz popular, Alicia García, ha dicho que el Ejecutivo utiliza el “método del trilero”, moviendo dineros entre partidas presupuestarias y usando los fondos europeos como “respiración asistida del sanchismo”.

Un instrumento “ordinario” y “transparente”

Una acusación en la que ha incidido el senador Gerardo Camps, también de los populares, asegurando que han convertido la “oportunidad histórica” del Plan de Recuperación en “oxígeno presupuestario” para seguir en el poder. “La pregunta que miles de pensionistas tienen derecho a preguntarse es inquietante: si no hubieran existido los fondos europeos, ¿habría podido este gobierno ejecutar con normalidad el pago de las pensiones?”, se ha cuestionado, ominoso.

Cuerpo, al que le han reprochado su “serenidad impostada” y ser “la sonrisa tranquila del régimen sanchista”, ha defendido que las modificaciones presupuestarias son “instrumentos ordinarios” y “transparentes” para adaptar las cuentas públicas ante circunstancias sobrevenidas. Este año ya se han reprogramado 32.000 millones de euros, entre los que se han destinado 7.300 millones para hacer frente al impacto de las borrascas de principios de año o 10.300 millones para poner en marcha el fondo España Crece.

Para defenderse de las acusaciones de trilerismo, Cuerpo ha esgrimido los datos de las modificaciones presupuestarias efectuadas por Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda entre 2012 y 2018 en el Gobierno de Mariano Rajoy: 193.000 millones.

“Los fondos del Plan de Recuperación se destinan exclusivamente a los proyectos e inversiones recogidos en el Plan de Recuperación y esto forma parte de su éxito”, ha zanjado el vicepresidente en su cara a cara con la portavoz popular.

Hacienda ya defendió que era legal el traspaso entre partidas presupuestarias en sus alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas, aunque fueran de créditos procedentes de fondos europeos, ya que no todos los ejercicios se perciben las mismas anualidades del Plan de Recuperación.

La Comisión Europea autoriza los desembolsos en función del cumplimiento de una serie de hitos y objetivos, con independencia del coste ejecutado, por lo que “existe una total desconexión entre los recursos recibidos y los gastos necesarios para dar cumplimiento a dichos hitos y objetivos”. Y una prórroga supondría adjudicar a 2024 los mismos recursos que en 2023, aunque las necesidades y recursos a percibir fueran distintos.

Por ello, los criterios de prórroga presupuestaria aprobados por el Gobierno establecieron la adaptación del servicio 50 de 2023 a las necesidades presupuestarias de 2024, lo que se tradujo en la identificación y puesta a disposición de Hacienda de 4.528 millones de créditos sobrantes: 1.965 millones del Ministerio de Industria, 1.380 millones de Vivienda y 1.183 millones de Educación. Parte de estos créditos sobrantes se utilizaron para financiar el complemento de pensiones mínimas (667 millones), una opción permitida legalmente por los presupuestos de 2023, y para ampliar la partida de clases pasivas (1.722 millones), tal y como permite la Ley General Presupuestaria, explica Hacienda en el documento, recogido por EFE.

De hecho, en la Comisión Europea no hay demasiada preocupación, más allá del anuncio de que estudiarán el caso. Según un portavoz comunitario, los Estados miembros pueden tener que adelantar dinero para financiar algunas inversiones de sus planes de recuperación antes de recibir los fondos europeos y, “de manera similar, un Estado miembro puede también utilizar la liquidez de los pagos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para cubrir otros gastos”. “En principio, estas operaciones ordinarias de gestión de tesorería por parte de los Estados miembro no afectan a los intereses financieros de la Unión ni tienen consecuencias para la implementación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”, añadió.

La ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media era la bandera del Ministerio de Trabajo para esta legislatura. Tumbada en el Congreso por PP, Vox y Junts, Yolanda Díaz afirmó que no se rendiría y volvería a llevarla al Parlamento. Sin embargo, el Gobierno no planea que sea este año, según el Plan Normativo previsto para 2026. La hoja de ruta solo contempla el real decreto para endurecer el registro horario, que aún enfrenta a Trabajo con Economía. Otra de las grandes normas en el aire en materia económica, los Presupuestos Generales del Estado, sí se han incluido, aunque sin especificar si serán para 2026 o irán directamente a las cuentas de 2027.

La ley para reducir la jornada laboral es la ausencia más llamativa de las normas que pretende sacar adelante el Ministerio de Trabajo este año, de acuerdo con el Plan Anual Normativo que el Gobierno ha aprobado este martes, y al que ha tenido acceso elDiario.es. Prioridad absoluta durante la primera mitad de la legislatura, el fracaso para su tramitación en el Congreso el pasado septiembre supuso un duro golpe para la bandera electoral de Sumar y la vicepresidenta segunda.

Desde entonces, Díaz ha insistido en que “no renuncia” a sacar adelante la reducción de la jornada laboral, pero optó por un ‘plan B’ en el corto plazo: endurecer el registro horario en las empresas a través de un real decreto, que no tiene que pasar por el Parlamento. Esta medida sí figura en la hoja de ruta del legislador para 2026, no así la reducción de la jornada. 

Preguntados por esta ausencia, fuentes de Trabajo apuntan que “no significa que lo que queda fuera del plan no vaya a hacerse”, y ponen de ejemplo otros proyectos, como la Ley de condiciones laborales transparentes y previsibles o el reglamento que regula los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo, que salieron adelante sin estar incluidos en esta hoja de ruta.

El refuerzo de la jornada laboral enfrenta no obstante sus propios problemas. Tras el varapalo del informe del Consejo de Estado se ha complicado su camino para salir adelante. El Ministerio de Economía, que dirige el ahora vicepresidente Carlos Cuerpo, mantiene varias diferencias con el actual texto, por ejemplo, sobre el periodo de aplicación para las pymes. Yolanda Díaz ha anunciado que la medida se aprobará antes de verano, y solo con ligeros cambios que no desvirtúen el texto pactado con los sindicatos, pero el vicepresidente económico ha recordado que el Consejo de Estado ha puesto objeciones no solo al contenido, sino también “al instrumento legal”. Así, Cuerpo ha afirmado que el Gobierno aún está analizando este dictamen para “ser capaces de llevarlo lo antes posible”, sin una fecha cerrada. 

De la reforma del despido a la democracia en las empresas

El resto de leyes laborales previstas en el plan normativo para este año no lo tienen más fácil para ser aprobadas, como ocurre con todas las regulaciones que tienen que lograr una mayoría parlamentaria. Entre otras, destacan la ley para modernizar la prevención de riesgos laborales, pactada con los sindicatos; la reforma del despido improcedente –que también ha contado con resistencias internas en la parte socialista–, y la ley de democracia en la empresa, para “impulsar una participación más eficaz de las personas trabajadoras en el ámbito de sus respectivas empresas, en consonancia con el artículo 129 de la Constitución Española”. Todas ellas con el rechazo de la patronal. 

Dada la dificultad del Gobierno para sumar mayorías parlamentarias, el Ejecutivo ha apostado por tramitar sus proyectos como real decreto, que no tienen que pasar por el Congreso. En temas laborales, es la vía por la que el departamento de Yolanda Díaz pretende aprobar varios cambios relevantes, como evitar la absorción de pluses salariales para amortiguar la subida del salario mínimo (que todo indica que la patronal llevará a los tribunales en caso de salir adelante), así como para transponer la Directiva Europea sobre condiciones laborales transparentes, por la que España ya se enfrenta a posibles sanciones de Bruselas debido al retraso en su implantación.

Aunque incluye algunos decretos en materia de salud laboral, en el Plan Normativo no figuran dos de los comprometidos con los sindicatos mayoritarios, para hacer frente al cambio climático y los riesgos psicosociales, que hace poco enfrentaron a CCOO con la vicepresidenta segunda. Desde el departamento de Díaz insisten en que el desarrollo de la norma se hará una vez se haya aprobado la ley en la cual se sustentan.

En Seguridad Social destacan que solo se prevén reales decretos, ninguna ley, aunque el Ministerio de Elma Saiz ultima al menos un real decreto ley para desbloquear la jubilación parcial de los empleados públicos. También se prevé que incluya más medidas, como una mejora del acceso a la pensión de viudedad de parejas de hecho no registradas. 

Tampoco hay rastro de normas sobre la incapacidad temporal, aunque el departamento de Saiz tiene una mesa de negociación abierta sobre este tema. Entre los reales decretos previstos destaca uno para reformar la jubilación flexible y otro para que cuenten como cotizados los años de actividad de deportistas profesionales (antes de que se integraran en la Seguridad Social).

Presupuesto sí, pero sin fecha

El Ejecutivo ha incluido en el plan normativo la aprobación de una Ley de Presupuestos Generales del Estado. Pero, por segundo año consecutivo, ha renunciado a concretar para qué año serán estas cuentas públicas, como sí se ha hecho en los programas de años anteriores, hasta el de 2025. O como se recoge en decretos específicos en el plan de este año, como el que elevará el salario mínimo para 2027.

Según detalla el documento, el objetivo de esta norma será “presentar la previsión cifrada y sistemática de los ingresos y gastos del ejercicio y fijar los créditos y normas que regulan la actuación administrativa en la distribución y gestión del gasto público”.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Presidencia, Félix Bolaños, insistió en que el Gobierno tiene la “voluntad” de aprobar unos Presupuestos, pero que “ahora no es el momento”. 

Es un discurso que llevan repitiendo en el Ejecutivo desde que estalló el conflicto en Oriente Próximo. “Vamos a presentar los Presupuestos, pero en este momento el Gobierno de España está centrado en la misma preocupación que tienen todos los españoles y españolas: cómo amortiguar las consecuencias de la guerra”, respondió el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, en una entrevista con elDiario.es.

Sin marcarse plazos, el Gobierno ya ha dado por hecho que la elaboración de unas cuentas públicas se retrasará “semanas” o “meses”, toda vez que la guerra en Irán ha desbaratado las previsiones económicas del proyecto que dejó preparado la exvicepresidenta María Jesús Montero antes de salir del Ejecutivo para concurrir como candidata del PSOE en las elecciones andaluzas.

“Cuando tengamos un escenario macroeconómico actualizado y aterrizado en función de lo que prevemos que va a ser el resto del año, en base a este escenario presentaremos los Presupuestos”, dijo el vicepresidente Carlos Cuerpo la pasada semana. La actualización del cuadro económico es el primer paso para la elaboración de unas cuentas. Y si las previsiones se retrasan, también se retrasa el Presupuesto. 

Lo que sí contempla Hacienda aprobar este año son los cambios en el sistema de financiación autonómica. Lo hará mediante dos normas: una ley orgánica “con el objetivo de acometer una actualización y reforma del sistema de financiación autonómica para hacerlo más eficiente y equitativo”, de acuerdo al modelo que Montero acordó con ERC. Y otra ley que “regula” el modelo de reparto.

Mayor control a las inversiones extranjeras

En el plan normativo, el vicepresidente Cuerpo ha incluido la aprobación de una ley para reforzar el control de las inversiones extranjeras e incluir en la normativa española los cambios aprobados a escala europea. Entre otros, una supervisión férrea en ámbitos como las tecnologías de doble uso (civil y militar), las materias primas fundamentales o aquellas entidades críticas en sectores como la energía, el transporte, las infraestructuras digitales o algunas entidades financieras.

El Gobierno apunta en el plan normativo que reformará otros aspectos de la actual ley para “llevar a cabo un control más focalizado y efectivo, acorde a la coyuntura geopolítica actual”. En este sentido, también recoge el desarrollo, mediante real decreto, de un Comité de Inversiones Estratégicas, una promesa del presidente Pedro Sánchez del año pasado, para “facilitar y priorizar proyectos estratégicos” con capital nacional o foráneo y “agilizar” su puesta en marcha.

El programa incluye otras normativas que ya han comenzado su tramitación en el seno del Gobierno, como la de contratos de crédito al consumo, que ya pasó en primera vuelta por el Consejo de Ministros, o la transposición de numerosas directivas pendientes de incorporar. Según los datos del Ejecutivo, de las 179 normas (entre leyes orgánicas, leyes y reales decretos) que prevén aprobar este año, 61 (el 34%) derivan de regulaciones comunitarias.

Los ministros de finanzas de los 27 países de la UE han vuelto este lunes a poner sobre la mesa las medidas comerciales que sirvieron para frenar la obsesión anexionista de Donald Trump sobre Groenlandia como respuesta a la amenaza del presidente de EEUU sobre aplicar aranceles del 25% al automóvil europeo.

Antes de entrar en la reunión de los ministros europeos de finanzas, el vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, resaltó que “lo que esperamos por parte de EEUU es que se cumpla el acuerdo al que llegamos en agosto. Si hay cualquier incumplimiento de este acuerdo no reservaríamos la capacidad de responder con los instrumentos y las herramientas que tenemos a nuestra disposición”.

En el mismo sentido, Lars Klingbeil, ministerio alemán de Finanzas, apuntó que “el camino europeo está claro: no queremos otra escalda con Estados Unidos. Pero por supuesto que estamos preparados para defender los intereses del lado europeo. Ya vimos en Groenlandia que es bueno estar preparados y decididos. La señal es que los aranceles hacen daño a las dos partes y por eso queremos una solución consensuada”.

Durante la crisis de Groenlandia la UE puso sobre la mesa dos medidas para frenar la ansias expansionistas de Trump: aranceles adicionales por 93.000 millones de euros sobre productos estadounidenses, hasta ahora suspendidos, tras el acuerdo comercial entre ambos bloques que se firmó en julio de 2025, y el instrumento anticoerción, una herramienta que permite castigos comerciales muy duros contra un país.

Entonces, el aviso de represalias por parte de la UE tuvo éxito y no hubo que accionar ninguna de la herramientas, especialmente el instrumento anticoerción, que es una opción muy contundente, ya que permite medidas que van desde la restricción de la exportación e importación de bienes y servicios a prohibir la participación en licitaciones públicas, limitar la inversión extranjera directa o cerrar el acceso al mercado de la UE. En la institución europea se asumió que el instrumento anticoerción se sacaba al tablero para que sirva “no tanto como una represalia, sino como una disuasión”.

Reunión en París

A pesar de que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se va a reunir con el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, este martes en París, aprovechando un encuentro del G7, Greer dijo Trump cumplirá con su amenaza de imponer en los próximos días un arancel del 25% a los autos y camiones fabricados en la Unión Europea.

Greer asegura que los países de la UE “acordaron modificar varias de sus regulaciones o conceder ciertas flexibilidades a EEUU, pero no han hecho nada de eso”. Además, el responsable del Ejecutivo de Trump señaló que el Parlamento Europeo “ha sido muy lento” y que ha añadido “una serie de enmiendas que limitarían las exportaciones estadounidenses y restringirían el alcance del acuerdo”.

Sin embargo, Greer no parece tener en cuenta que el Tribunal Supremo de EEUU tumbó en febrero los aranceles propuestos por Trump, con lo que la nueva decisión del presidente de EEUU no tendría un fácil encaje legal.

Aunque la Administración Trump trata de justificar la amenaza de nuevos aranceles por el retraso en la implementación del acuerdo comercial, la realidad es que también coincide con las represalias del presidente de EEUU contra Alemania, con la retirada de tropas, una vez que el canciller Friedrich Merz comentara que Irán “estaba humillando” a los Estados Unidos.

Roland Lescure, ministro francés de Finanzas, resaltó que “hay que mirar más allá del ruido” generado en redes sociales. “Tenemos un acuerdo, que está en proceso de negociación. También está siendo examinado democráticamente por el Parlamento Europeo. Estamos dispuestos a atenernos a este acuerdo de buena fe y esperamos que todos los demás estén en la misma disposición”, apuntó.

No es la primera vez que Trump ataca al sector automovilístico europeo. En marzo de 2025, el presidente de EEUU propuso aranceles del 25% “para todos los coches no fabricados en Estados Unidos”, como parte de una política desquiciante de anuncios continuos de aranceles, que posteriormente no llegó a cumplir. En julio de ese mismo año, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y Trump sellaron un acuerdo comercial, que en algunas capitales europeas se asumió como humillante, pero que parecía aportar cierta certidumbre a las relaciones comerciales que el presidente de Estados Unidos se encarga de torpedear continuamente. 

El vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado este lunes que “Europa no puede ser una región de segunda” y tiene que tener “acceso temprano” a Mythos, la inteligencia artificial de Anthropic, “que permita descubrir cuáles son las vulnerabilidades existentes y protegernos a la velocidad a la que están desarrollándose estos modelos”. La compañía que compite con OpenAI por el liderazgo de la inteligencia artificial ha desarrollado un modelo capaz de detectar fallos en los sistemas bancarios que ha puesto en alerta a todo el sector.

Cuerpo ha insistido en que frente a este reto “es necesario tener una respuesta desde Europa, con las herramientas que tenemos, incluyendo la regulación con la normativa Artificial Intelligence Act, podemos defendernos y empujar para que nuestras empresas también tengan acceso a estos modelos y sean capaces de protegerse por lo que pueda venir”. El vicepresidente económico se encuentra en Bruselas para reunirse con los ministros de Finanzas, donde se pretende acordar una respuesta coordinada ante el reto de la inteligencia artificial y su amenaza a las empresas.

Anthropic ya lanzó un comunicado que teme que si publica el modelo en abierto este pueda ser utilizado por grupos de ciberdelincuentes para aprovecharse de agujeros en el código que hasta ahora habían pasado inadvertidos.

Aunque la voz de alarma la ha lanzado la banca, el vicepresidente económico ha recordado que este problema puede afectar a todos los sectores económicos. “Hay elementos de ciberseguridad o amenazas que suponen los nuevos modelos de inteligencia artificial en cuanto a su capacidad para encontrar fallas o puertas traseras en prácticamente todos nuestros sectores económicos, no solo en el financiero”.

Cuando el vicepresidente se ha referido a que Europa no puede ser una región de segunda se refería a que “ya las instituciones en Estados Unidos están viendo cómo les afecta este modelo, no solo se ciñen o se circunscriben al sector financiero, forman parte del conjunto de la economía. Estamos hablando de infraestructuras críticas y otros elementos que son esenciales. Necesitamos tener una respuesta desde Europa”.

Cuerpo ha añadido que es necesario que en este tema se vaya de mano de la Unión Europea. “No podemos los Estados miembros ir cada uno por nuestra cuenta de manera descoordinada a intentar tener acceso a este software a este modelo. Necesitamos el paraguas de la Comisión y una aproximación coordinada”, ha recalcado.

El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a moderar el crecimiento del gasto público en 2026 hasta el 4,2%, a pesar de las medidas extraordinarias por la guerra en Oriente Medio, y después de que en 2025 avanzara un 4,5% sin tener en cuenta las inversiones en Defensa. El Ejecutivo ha trasladado a la Comisión Europea que seguirán embridando las cuentas públicas, con una reducción del déficit y de la ratio de deuda pública. Este último indicador cerrará 2026 por debajo del 100% del producto interior bruto (PIB) por primera vez desde 2019.

Los Ministerios de Economía y Hacienda han remitido este jueves, al filo de la medianoche, el Informe de Progreso Anual, el documento clave de las reglas fiscales europeas, en el que detallan el cumplimiento del Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo que el Ejecutivo pactó con la Comisión Europea a finales de 2024.

Como ya avanzó el Ejecutivo el martes, el documento se reafirma en que España cumplió con la regla de gasto -la medida de referencia para el nuevo marco de gobernanza económica- en 2025. El año pasado el gasto público -una vez descontadas las medidas de ingresos, que compensan el avance de estos costes- creció un 4,5%, en el límite máximo fijado por Bruselas.

Esto se debe, como explica el documento enviado al Ejecutivo comunitario, a que el crecimiento potencial de la economía española -es una medida teórica de cuánto puede avanzar el PIB sin provocar desequilibrios- ha sido superior tanto en 2025 a las previsiones que se manejaron en la elaboración del Plan Fiscal Estructural. Si a finales de 2024 se estimaba que este avance potencial era del 2%, las últimas simulaciones lo sitúan entre el 2,6 y el 2,8%. Esto ha dado mayor margen de gasto al tiempo que se cumplen las reglas fiscales.

El vicepresidente Carlos Cuerpo confirmó el martes que el Gobierno ha pedido a la Comisión Europea activar la cláusula de escape del gasto en Defensa, un mecanismo puesto en marcha por Bruselas para impulsar las inversiones en seguridad, que permiten que estas partidas no computen a efectos del cumplimiento de las reglas fiscales. Según el Informe, esto equivale 0,3 puntos porcentuales del crecimiento del gasto computable.

En términos acumulados, entre 2024 y 2025 el gasto creció un 8,7%, por debajo del margen permitido por las reglas fiscales. Si las previsiones del Gobierno se cumplen, con ese avance del 4,2% para este ejercicio, el gasto acumulado será del 13,3%, por debajo de las líneas rojas fijadas en la reforma de 2024.

El menor déficit en 20 años

Este menor crecimiento del gasto público redundará en una mejora de las cuentas públicas. El Gobierno estima que el déficit público cerrará el año en el 1,6% del PIB, una vez descontados los gastos extraordinarios a los que aún está haciendo frente el Gobierno por la DANA de 2024 y por las inundaciones de principios de este año. Esto supone una reducción de seis décimas desde el 2,2% notificado a Bruselas en 2025 y muy por debajo del objetivo que se fijó el Ejecutivo para este año, que era del 2,1%.

El Gobierno asegura que este año cerrará también con un superávit primario del 0,9% (esto es, la diferencia positiva entre ingresos y gastos públicos una vez descontado el coste de pagar los intereses de la deuda), lo que permitirá acelerar la reducción de la ratio de deuda pública. En concreto, ya este año se situará en el 99,3% del PIB, la menor tasa desde 2019 y adelantando un año el objetivo fijado para el final de la legislatura.

Además, el Ejecutivo da por cumplida la reforma fiscal y cifra en 2.300 millones la recaudación extra en 2025 por no actualizar con la inflación los tramos del IRPF, unos ingresos 'extra' que suponen el 0,14% del PIB y que permiten al Ejecutivo cumplir con el objetivo de la reforma fiscal pactada con la Comisión Europea en el Plan de Recuperación de los fondos europeos.

El Gobierno ha mantenido la previsión de crecimiento económico en el 2,2%, ante la incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio, pero calculan que los efectos de la guerra podrían costarle entre 0,1 y 0,4 puntos de PIB. Los datos de cierre de 2025, cuando España creció un 2,8% con una aceleración a final del ejercicio, y la robustez del principio de año (el PIB ha avanzado un 0,6%) sostienen esta proyección.

Sí prevén una mayor inflacion, medida por el deflactor del PIB, pero justifican que esta subida (al 3,1%) se debe a que el año pasado cerró por encima de lo que habían anticipado. Es decir, que tampoco incorpora el efecto de la subida de los precios del petróleo y el gas por la guerra.

La economía española ha aguantado el primer golpe de la guerra en Oriente Medio. A pesar de los fríos vientos de cara que proceden de Irán, y que ya está estancando algunas economías como la francesa, el producto interior bruto (PIB) español creció un sólido 0,6% en el primer trimestre, gracias a la fortaleza del consumo de los hogares y de la inversión productiva.

De acuerdo con los datos preliminares publicados este jueves por el INE, el crecimiento económico se ralentizó ligeramente en comparación con el cuarto trimestre de 2025, en el que avanzó un robusto 0,8%, pero en términos interanuales (es decir, comparando los tres primeros meses de 2026 con los del año pasado) se situó en el 2,7%, con una ligera aceleración en comparación con el final del ejercicio pasado.

Según destaca Estadística, de ese 0,6% que creció la economía en los tres primeros meses del año, 0,4 puntos se explicaron por la aportación de la demanda interna de la economía, en tanto que 0,2 fueron gracias al sector exterior.

En cuanto a la 'pata' interna de la economía, el consumo de los hogares avanzó un 0,6% y el de las administraciones públicas, un 0,2%, con una ligera ralentización en comparación con finales del año pasado.

La inversión productiva, medido a través de la Formación Bruta de Capital Fijo, creció un 0,4%, una ralentización notable si comparamos el avance de esta rúbrica en el último trimestre de 2025 (2,1%).

Del sector exterior, las exportaciones decrecieron ligeramente en el trimestre (0,5%), pero cayeron más las importaciones (1,2%). Este comportamiento menos dinámico de las compras al exterior del país es relevante a la hora de calcular el crecimiento, ya que que adquirir en otras economías 'resta' PIB, mientras que las ventas al extranjero suman.

Desde la óptica de la oferta, y por sectores, todas las ramas productivas crecieron en el primer trimestre del año: las primarias, vinculadas al campo, un 3,3%; la industria, un 0,4%; la construcción, un 0,1%; y los servicios, un 0,7%.

El crecimiento interanual se acelera

El crecimiento interanuales de la economía española se ha acelerado una décima, hasta el 2,7%, en comparación con el registrado a finales del año pasado, después de que el INE haya revisado ligeramente a la baja el cierre de 2025.

Si la economía española crece a un ritmo del 2,7% en comparación con le primer trimestre de 2025, 3,4 puntos se deben a la fortaleza interna de la economía, mientras que el sector exterior, aún sufriendo la convulsión arancelaria desatada por Donald Trump, restó 0,7.

El consumo de los hogares acelera al 3,2% (una décima más), que contrarresta ligeramente la desaceleración en el de las Administraciones Públicas (creció un 2%, cinco décimas menos que entre octubre y diciembre).

La inversión creció un 5,6%, con la construcción de vivienda (6%) y los productos de propiedad intelectual mostrando el mayor dinamismo (6,8%).

En una valoración remitida a los medios de comunicación, el Ministerio de Economía apunta a que esta cifra cierra una semana de “datos positivos”, tras la publicación de la Encuesta de Población Activa (que no fue tan buena, como suele ocurrir al iniciar el año) y de la inflación de abril, que se moderó ligeramente en relación con marzo.

“La economía española mantiene el pulso de crecimiento en este arranque de año marcado por la guerra de Irán”, señala el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, que destaca que este “sólido” ritmo de la actividad permite que España siga “liderando entre las principales economías de la Unión Europea”.

Otro de los datos positivos que arroja la Contabilidad Nacional publicada este jueves es el repunte de la productividad por hora trabajada, que creció un 1% en el primer trimestre, en comparación con el precedente. Esto, dicen desde el Ejecutivo, consolida “un ciclo insólito de aumento de la productividad y creación récord de puestos de trabajo, que es el reflejo de la modernización de nuestro modelo de crecimiento económico”.

Estos datos son un primer avance de la Contabilidad trimestral, que se elabora con los indicadores disponibles, la mayor parte hasta febrero. El estallido de la guerra, en marzo, y sus efectos sobre otros indicadores se verían ya reflejados en la revisión que haga Estadística de sus cifras a finales de junio.

El Gobierno cumplió en 2025 con las reglas fiscales y el gasto público, una vez descontadas las medidas de ingresos, aumentó un 4,5%, el máximo permitido por la regla de gasto europea, y después de que el Gobierno haya solicitado a la Comisión Europea la activación de la cláusula de escape para evitar que la inversión en defensa compute en el corsé comunitario.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado en la rueda de prensa que solicitó este desahogo al Ejecutivo comunitario, una vez con los datos del cierre de la ejecución presupuestaria, y se suma a los 17 países comunitarios que ya lo reclamaron antes de que finalizara el ejercicio.

“España cumple con la evolución de la regla de gasto (...) En este gasto computable hay una serie de partidas que se eliminan de manera automática: intereses, gasto cíclico en desempleo... y algunas partidas de manera ad hoc pueden eliminarse, entre ella la evolución del gasto en Defensa desde 2024”, ha dicho el 'número dos' del Ejecutivo.

Esta cláusula de escape forma parte de la estrategia de la Unión Europea para aumentar el gasto en seguridad y defensa y permite a los países que se acojan a ella dedicar durante cuatro años un gasto adicional en este ámbito equivalente al 1,5 % del PIB y no se abrirá un expediente por incumplir las reglas fiscales siempre y cuando se demuestre que el desequilibrio se debe a estas áreas. Según fuentes del Ejecutivo, esta solicitud tendrá que recibir el aval del Consejo Europeo una vez estudiada por parte de la Comisión, por lo que no tiene que pasar por el Parlamento.

Con los datos de 2025, el Gobierno ha incurrido en un incremento de gasto acumulado del 8,8%, dos puntos por debajo del máximo permitido por las instituciones europeas.

Retrasa la actualización de las previsiones

El Gobierno ha optado por no incluir una actualización del cuadro macroeconómico en el Informe de Progreso Anual, el nuevo documento clave de las reglas fiscales europeas, y ha optado por diseñar varios escenarios económicos sobre el potencial impacto del conflicto en Oriente Medio.

El vicepresidente Cuerpo ha justificado en la incertidumbre sobre la duración de la guerra, que dificulta “asignar probabilidades” a cada uno de los escenarios, el hecho de que se hayan mantenido las previsiones “inalteradas”, a la espera de aterrizar sus efectos en una actualización completa del cuadro macroeconómico más adelante.

Así, Economía mantiene su previsión de que el producto interior bruto (PIB) avanzará un 2,2% en 2026, y en torno al 2,1% en 2027, pero contempla que, si la guerra se estanca o avanza hacia escenarios más severos, el impacto sobre el crecimiento podría ser de entre 0,1 a 0,4 puntos porcentuales para este año, y de hasta 0,2 puntos el que viene.

“Los datos de este primer trimestre mantienen un cierto pulso y una dinámica de la economía que, en ausencia de guerra, es probable que nos hubiera llevado a una revisión al alza [de las previsiones]. Desgraciadamente, no estamos en ese escenario”, ha dicho el vicepresidente.

El impacto del conflicto no se reflejará tanto en la evolución de la actividad como en los precios. Medidos a través del deflactor del PIB -es decir, la referencia que mide la inflación en toda una economía, más allá del IPC-, los precios avanzarán un 3,1%, un punto más que lo que preveía el Gobierno en noviembre del año pasado.

Sobre las cuentas públicas, el Gobierno anticipa que este año el déficit público -diferencia entre ingresos y gasto públicos- se situará en el 1,6%, desde el 2,2% en el que cerró el año pasado. Sería el mejor dato desde 2007, cuando España cerró con un superávit -más ingresos públicos que gastos- del 1,9%.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que la actualización del cuadro macroeconómico del Gobierno, el escenario sobre el que se construyen los Presupuestos Generales del Estado (PGE), no se producirá hasta que se aterricen los efectos de la guerra y las medidas desplegadas para contrarrestarlos no tendrá lugar hasta “los próximos meses”.

El 'número dos' del Ejecutivo presentará este martes en Consejo de Ministros el Informe de Progreso Anual, el documento clave de las nuevas reglas fiscales europeas, en el que dará cuenta del cumplimiento del Estado de la regla de gasto, el parámetro clave que revisa la Comisión Europea.

Sin embargo, este documento no incluirá una actualización definitiva de las previsiones económicas del Ejecutivo, algo que tendrá lugar “en las próximas semanas”, lo que retrasa, de facto, la presentación de las Cuentas Públicas.

“Cuando tengamos un escenario macroeconómico actualizado y aterrizado en función de lo que prevemos que va a ser el resto del año, en base a este escenario presentaremos los Presupuestos”, ha dicho Cuerpo en declaraciones a la prensa tras la inauguración del Invest in Spain Summit, un gran foro destinado a la atracción de inversión extranjera.

Cuerpo ha aseverado que el Gobierno se encuentra “en el paso previo”, analizando el impacto de las medidas que han desplegado para hacer frente a la guerra en Irán. “Veremos en los próximos meses cómo actualizamos ese escenario económico, una vez se reduzcan estas fuentes de incertidumbre y, a partir de ahí, tendremos la base para la presentación de estos Presupuestos”, ha subrayado.

El vicepresidente ha justificado este movimiento en que otras instituciones nacionales y extranjeras, como el Banco de España o el Fondo Monetario Internacional, han diseñado diversos escenarios sobre el devenir del conflicto en Oriente Medio ante la “enorme incertidumbre” en torno al mismo.

Preguntado si el Gobierno se plantea ya la presentación de unas cuentas públicas para 2027, en lugar de unos Presupuestos para el ejercicio en curso, el vicepresidente se ha limitado a asegurar que ese trabajo se hará “en las próximas semanas”.

En una entrevista publicada este fin de semana en elDiario.es, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ya priorizaba “amortiguar las consecuencias de la guerra de Irán” sobre las empresas y familias a la presentación de las cuentas públicas, aunque se reafirmaba en que lanzaría el proyecto, que ya dejó preparado María Jesús Montero.

“Estamos trabajando conjuntamente con la Vicepresidencia primera y el Ministerio de Economía para tener un cuadro macro que sea lo más fidedigno y, con esas previsiones, presentar los presupuestos. Por lo tanto, funcionamos bien y con normalidad, a pesar de tenerlos prorrogados”, apuntó España.

Las proyecciones en vigor del Gobierno, hechas a finales del año pasado, anticipaban un crecimiento del 2,2% para 2026, en línea con las revisiones ya hechas por los organismos internacionales que incorporan los efectos de la guerra.

La economía española ha capeado el primer impacto de la guerra en Oriente Medio, a pesar de la subida de los precios de los combustibles, y el crecimiento, tras un muy buen final de 2025, apenas debería notar el efecto del conflicto en Irán durante el primer trimestre del año. Entre octubre y diciembre el producto interior bruto (PIB) se aceleró hasta el 0,8%, pero los modelos a tiempo real apuntan a un incremento de en torno al 0,6%, lejos de una debacle económica, sustentado por la firmeza del mercado laboral y el respiro de las renovables sobre el coste de la electricidad.

Los termómetros de distintas organizaciones, desde ‘think-tanks’ a instituciones oficiales como la AIReF, apuntan a que la economía mostrará un tono robusto, a pesar de la guerra, aunque los efectos podrían manifestarse más claramente conforme avance el año. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará el primer dato de avance a finales de este mes, pero cifras relevantes como la afiliación a la Seguridad Social en marzo ya avanzan con solidez a pesar del conflicto.

“Nuestro modelo arroja un crecimiento del 0,6%, de momento, a caballo entre el 0,6 y el 0,7% de crecimiento intertrimestral, por lo que sería un ligero recorte en comparación con el cuarto trimestre de 2025”, explica al teléfono el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de EsadeEcPol, Manuel Hidalgo, que apunta que solo el dato de afiliación de marzo (en el que el empleo rozó los 22 millones) anticiparía esta cifra. Similar a lo que creció la economía entre enero y marzo de 2025 (0,5%).

Hidalgo es uno de los autores del modelo de “nowcasting” (previsión a tiempo real) del centro de estudios de la escuela de negocios y detalla que, aunque puede variar en función de la aportación del sector exterior al crecimiento, “no suele haber mucha diferencia” con la cifra final que publica Estadística.

De la desaceleración por las lluvias, a la guerra

Desde la consultora británica Oxford Economics, su economista jefe para Europa, Ángel Talavera, coincide con Hidalgo en la cifra de crecimiento (0,6%), pero asegura que aún carece de datos que muestren el impacto de la guerra, más allá de la cifra concreta de la inflación. “Solo hay dos o tres indicadores de sentimiento, encuestas que en marzo han empezado a caer. Los datos aún están rezagados”, señala.

Talavera apunta a dos periodos diferenciados dentro del primer trimestre. Una primera desaceleración a principios de año, que podrían estar vinculadas al frío y a las lluvias que caracterizaron el arranque de 2026, y otro diferenciado a partir de marzo, cuando arrancó el conflicto. “Casi todos los datos en nuestro modelo muestran esos problemas de debilidad a principios de año. Los efectos de la guerra los veremos más en el segundo trimestre: el dato de empleo de marzo fue bueno, pero la inflación quizá afecte a las ventas por menor, a la producción industrial…”, detalla.

BBVA Research es más optimista y estiman que el crecimiento trimestral podría situarse en el 0,7%, apenas una décima inferior al ritmo registrado a finales de 2025, fundamentalmente gracias al vigor de los datos de la afiliación, como apuntó su responsable de Análisis Económico, Rafael Doménech, en una publicación de X. Desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el MIPred –que suele ser algo pesimista– arroja un crecimiento del 0,3%, con el 66,7% de los datos del periodo. Por su parte, la herramienta de Analistas Financieros Internacionales (AFI) limita el avance al 0,1%.

“No creemos que vaya a ser tan negativo”, matiza al teléfono Marina García, analista de la firma. “Según nuestras previsiones oficiales, estaríamos en torno a un 0,2%-0,3% de crecimiento en el primer trimestre”, abunda, una proyección arrastrada por la bajada en las previsiones más contenidas de crecimiento del consumo y de la inversión. En el conjunto de 2026 anticipan un crecimiento del PIB del 2,1%.

Un crecimiento sólido pese a la guerra

Los datos del primer trimestre son fundamentales para el avance del ejercicio completo. “Suelo explicar que, aunque resulte curioso, gran parte del crecimiento de 2026 ya ha pasado”, apunta Hidalgo. Esto es así porque el “efecto arrastre” de finales del año pasado, cuando la economía aceleró, y el crecimiento sostenido en el primer trimestre ya te marcan el punto de partida para el año completo. “Un PIB del 0,6% o 0,7% nos llevaría a un crecimiento en el entorno del 2% en el año, salvo que la segunda mitad del año sea catastrófica”, dice el profesor de la UPO.

De momento la primera oleada de previsiones económicas ha rebajado el crecimiento para este año, pero aún seguirá siendo sólido, en comparación con nuestros pares. El FMI y la OCDE anticipan un avance del 2,1% para el ejercicio completo, mientras que el Banco de España calcula un 2,3%. La inflación se situará en el entorno del 3%, muy por encima del escenario previo al estallido bélico.

Lejos de lo que ha hecho el Gobierno alemán, por ejemplo, que ha recortado a la mitad (0,5%) su cálculo del PIB para 2026, en el Ministerio de Economía todavía tratan de “aterrizar” –como señaló el vicepresidente Carlos Cuerpo– cuál será el efecto para diseñar los números en los que se basará su presupuesto. “Estamos analizando cómo aterriza la incertidumbre. Es muy importante ir viendo cómo va evolucionando la situación porque la gran incógnita es la duración del conflicto”, aseguran fuentes del Ministerio de Economía.

En el Ejecutivo subrayan que el plan de 5.000 millones aprobado el mes pasado está permitiendo “amortiguar” el efecto de las primeras semanas del conflicto, pero aunque la guerra terminase esta misma semana se tardaría meses en recuperar la normalidad. De acuerdo con los cálculos del Banco de España, de las cuatro décimas de crecimiento económico que ha restado el conflicto, este pack de ayudas compensa tres. De los 0,8 puntos que sumará a la inflación, el Plan del Gobierno permite rebajar 0,5.

El día a día del bolsillo va a poner a prueba la resistencia del entorno macroeconómico. El precio del barril de petróleo brent volvió a situarse este jueves por encima de los 103 dólares, lo que anticipa una subida del precio del combustible en las gasolineras. Un mes después de la rebaja de impuestos, el litro de diésel ha caído 20 céntimos y 30 céntimos el de la gasolina. Gracias, en parte, al abaratamiento del crudo en las últimas semanas, pese a las idas y venidas sobre las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

Y la factura de la luz también será clave. De momento, el gran peso de las renovables en la generación eléctrica –el gas, más caro, solo ha marcado el precio del 16% de las horas en lo que llevamos de año– está librando el grueso de los efectos sobre el bolsillo. Pero la llegada del calor, que dispara el consumo energético, podría trastocarlo todo.

Después de mucho tiempo intentando evitarle, el Partido Popular tuvo que enviar a uno de sus delanteros titulares a hacer una pregunta a Carlos Cuerpo en la sesión de control. No es que estuvieran aterrorizados con la oratoria del nuevo vicepresidente. Lo que les pasaba es que no se atrevían a hablar de economía. Bah, a quién le interesan esas cosas. Es más divertido pegar gritos y hablar de Ábalos y sus chicas.

El marronazo cayó en manos de Ester Muñoz, que intentó ceñirse al manual de costumbre y hablar de la corrupción. A ver si colaba. “¿A usted le indigna que una empresaria haya acreditado que llevaba bolsas de dinero a Ferraz?”. Dijo “empresaria” como si fuera una integrante de la junta directiva de la CEOE, pero se refería a Carmen Pano, imputada en la Audiencia Nacional por un fraude millonario en hidrocarburos y que ha declarado como testigo en el juicio de Ábalos, Koldo y Aldama. En realidad, Pano no acreditó nada. Reiteró una denuncia que ha sido desmentida por Aldama, la persona que supuestamente le ordenó llevar ese dinero. Es un testimonio que no tiene pruebas detrás. Ni siquiera sabe a quién entregó la bolsa. Era alguien que la esperaba a la salida de un ascensor.

Cuerpo no cayó en la trampa ni quiso aparentar lo que no es. Nada de gritos y golpes en el pecho. Con tono pausado, casi hablando al cuello de la camisa (hipertenso, no parece), quiso hablar de “los problemas de los ciudadanos”. Empezó recordando que lleva ya algún tiempo en el Gobierno sin que el PP se haya enterado: “No están preocupados por la economía. Dos preguntas al ministro de Economía en dos años y medio. No están preocupados por la vivienda. Menos del 3% de las preguntas de su grupo han ido sobre materia de vivienda”. Y para cerrar, y sin excitarse, una referencia a otro olvido: “Vemos que en el acuerdo con Vox en Extremadura la palabra ‘autónomos’ aparece cero veces”.

Muñoz no podía sacar la espada ante el evidente desinterés de Cuerpo por lanzarse al cuadrilátero. “Ser educado no es ser moderado”, le dijo, un reconocimiento implícito del hecho de que los diputados de la oposición no suelen ser muy educados en el hemiciclo. Probó con un argumento que le debió de parecerle muy bueno. “No puede decirse moderado y sentarse junto a Óscar Puente”.

Ella se sienta al lado de Miguel Tellado. Por otro lado, nadie ha cometido nunca el error de llamar ‘moderada’ a Muñoz, con lo que no se verá afectada.

La segunda pregunta a Cuerpo la hizo Juan Bravo, que es en teoría quien habla de economía en el grupo parlamentario, aunque antes tampoco hacía preguntas al ministro de Economía. La presión fiscal ha subido 2,1 puntos desde 2018 y el salario medio real ha caído 3,1 puntos, dijo. No se atrevió a repetir el mensaje de Feijóo del día anterior, cuando dijo que España “recauda como un país nórdico y no puede prestar servicios como un país tercermundista”. Las dos cosas son falsas, pero Feijóo piensa que la gente se las creerá si las repite con frecuencia.

Para acompañar la acusación de Feijóo, el PP publicó en Twitter un cartel que sostiene que el país necesita 300.000 millones de euros más en inversión en infraestructuras. Es una cifra gigantesca incluso para toda una legislatura y nadie sabe cómo podría financiarse si el partido también promete que bajará todos los impuestos. El PP maneja las cifras económicas como si fueran las pelotas que lanza al aire un malabarista del circo.

Bravo dijo que el 19,6% de los españoles se sitúa en la clase baja (15,6%) o pobre (4%), según la última encuesta del CIS. Hasta ahí, correcto. “Cuando ustedes llegaron (al poder), solamente eran el 3%. Se ha multiplicado por más de seis”, continuó. Es difícil pensar en una época reciente o lejana de la historia de España en que los ciudadanos pobres y de clase baja fueran el 3%. Probablemente porque nunca ocurrió.

Con tantos cambios en preguntas y respuestas que rompen la serie estadística, es difícil hacer comparaciones con las encuestas del CIS a lo largo de varios años. En el sondeo de septiembre de 2018, no se ofrece como opción identificarse como clase baja o pobre. Las dos opciones más abajo en la lista sobre “estatus socioeconómico” son obreros cualificados (27,5%) y obreros no cualificados (12,2%). Si nos atenemos a los ingresos netos mensuales, un 14,7% dice no recibir ninguno. Los que reciben entre 301 y 600 euros son el 7,8%. Entre 601 y 900 euros, son el 13,1%. Entre 901 y 1.200 euros, son el 14%. Estos tres porcentajes suman el 34,9%.

En resumidas cuentas, Juan Bravo se inventó la cifra del 3% de pobres en 2018. Pero no dudemos de la sensibilidad social del vicesecretario de Economía del PP. Es el mismo que dijo en 2023 que “es muy grave que tengamos tres millones de personas desempleadas y no se encuentre gente para cortar jamón”.

Los diputados socialistas dedicaron un largo aplauso a Cuerpo y salieron contentos con su estilo. Los del PP esperaron a que intervinieran los portavoces que tenían como misión disparar con artillería pesada. Tellado, pidiendo la dimisión de Francina Armengol como presidenta del Congreso por sus mensajes con Ábalos y Koldo, aunque nadie ha probado que haya cometido un delito. Jaime de Olano, llamando “Luca Brasi” a Óscar Puente. El mismo Tellado, diciendo que el Gobierno es “una organización criminal”. Ser educado no es lo mismo que ser moderado, había dicho antes Muñoz. No sólo eso, sino que ser educado está muy mal visto en el grupo parlamentario del PP.

Un Consejo Global para una Economía del Bien Común, liderado por la economista Mariana Mazzucato y con España como primer anfitrión e impulsor, guiará a las fuerzas progresistas a compensar y redistribuir las grandes riquezas acumuladas por las empresas como contrapeso al auge de la ultraderecha neoliberal. El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, lo ha anunciado este sábado durante su intervención en la Movilización Progresista Global, encuentro impulsado por el PSOE y el socialismo europeo que se celebra este fin de semana en Barcelona.

El Consejo surge como “espacio de reflexión y propuesta que aspira a transformar los cimientos del pensamiento económico dominante y ofrecer una alternativa rigurosa y progresista de políticas orientadas a un crecimiento compatible con la reducción de la desigualdad, la aceleración de la transición ecológica y el refuerzo de la democracia”, según han informado fuentes del Ministerio de Economía, que liderará este Consejo junto a Mazzucato.

Justicia, igualdad, sostenibilidad y solidaridad global serán los valores centrales que guiarán este Consejo, en el que participarán ministros de finanzas, representantes de la sociedad civil y economistas con trayectoria internacional reconocida. “El objetivo principal es pensar en cómo crecer económicamente con un propósito”, ha defendido Cuerpo, mientras que Mazzucato ha expresado que se trata de que “el Estado no solo se dedique a corregir a los mercados, sino que les dé forma” para que se reduzca la desigualdad entre las rentas del capital y las del trabajo, cada vez más amplias.

La primera reunión se celebrará en verano de 2026 y se convocará “en los márgenes” de eventos como las reuniones anuales del Banco Mundial y FMI o la COP. El segundo encuentro tendrá lugar en Madrid en la primavera de 2027 con el objetivo de marcar unos principios económicos claros y una agenda reformista de cara al otoño.

Teniendo en cuenta los asuntos abordados durante la cumbre del progresismo impulsada por el PSOE y con la participación de líderes de la izquierda europea y mundial, así como de activistas y académicos, el impuesto a los megarricos, la regulación de la IA y el control al gran poder de las tecnológicas, la agenda verde para reducir la huella de carbono y los precios energéticos y la crisis de la vivienda serán los temas principales a abordar.

Los debates se han celebrado casi sin discrepancias y los ponentes se han mostrado en general de acuerdo en crear mecanismos para redistribuir la riqueza de manera progresiva, para controlar y compensar el poder de las tecnológicas en Europa y para intervenir el mercado de la vivienda a la par que se fomenta la inversión en vivienda pública.

España cerró 2025 con un déficit (diferencia entre ingresos y gastos públicos) del 2,2% del producto interior bruto (PIB), la menor tasa desde el estallido de la crisis financiera, y por debajo del objetivo fijado por el Gobierno para el ejercicio, que era del 2,5%. La mejora de este saldo se debe al buen ritmo de la recaudación, que se disparó más de un 10% hasta superar los 325.000 millones de euros.

El Gobierno ha publicado este martes los datos de la Ejecución presupuestaria del año 2025, que arrojan una mejora del saldo público de 8.811 millones y siete décimas menos en comparación con la cifra del 2024, que fue del 2,9%, una vez descontados los efectos en las cuentas públicas de la DANA. En total, esto supone que el Estado registró un déficit de 36.780 millones de euros.

Este 2,2% del déficit supone los menores números rojos en 18 años. El Estado acabó el 2007 con un superávit (es decir, más ingresos que gastos) del 1,9%. Pero la crisis financiera golpeó de lleno a las cuentas públicas en 2008, hundiendo el saldo hasta el -4,9% en solo un año.

El déficit tocó suelo en 2012, cuando registró un 11,5%, y de nuevo en 2020, por los efectos de la pandemia, cuando se hundió hasta el 9,9%. Desde entonces, ha mejorado en 7,7 puntos porcentuales, como subrayan desde el Ejecutivo.

Aun contando con los efectos fiscales de la DANA en las cuentas públicas de 2025, el déficit se sitúa en el 2,4%. Igualmente, la menor cifra desde 2007.

A solo 0,1 puntos del objetivo para 2026

Según destaca el Ministerio de Hacienda en una nota de prensa, esta es la sexta ocasión en la que el saldo presupuestario mejora el objetivo fijado por el Ejecutivo y, también, todas las previsiones de los organismos nacionales como el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, el Banco de España o la AIReF.

De hecho, la rebaja del déficit es tan acusada que casi cumple con el objetivo para 2026 (2,1%), lo que da un amplio margen fiscal para financiar las medidas de apoyo en respuesta a los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio.

La ex vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero ya avanzó hace unas semanas que el Gobierno había cumplido con el objetivo del 2,5%. Sin embargo, el adelanto electoral en Andaulcía, donde concurre como candidata, impidió que presentara los datos publicados este martes.

Su sustituto, el ministro Arcadi España, ha subrayado que “España es un país fiable y con una política presupuestaria creíble y responsable”. “No solo es importante reducir nuestro déficit, sino también la forma en que lo hemos logrado. España está mejorando su saldo fiscal sin aplicar recortes sociales”, ha defendido.

Las cuentas públicas registraron un superávit primario (es decir, antes de incorporar el gasto en intereses de la deuda) del 0,21% del PIB, algo que tampoco sucedía desde 2007.

La recaudación del IVA roza los 100.000 millones

Los ingresos tributarios se dispararon un 10,4% el año pasado, lo que en el Ministerio de Hacienda vinculan con el buen ritmo de la economía y la creación de empleo el año pasado, con un mercado laboral que, por primera vez en más de una década, dejó la tasa de paro por debajo del 10%. En total fueron 325.356 millones de euros.

El IRPF fue, de nuevo, el gran impuesto recaudador, con 142.466 millones de euros, un 10,1% más que en el ejercicio 2024.

El IVA, después de recuperar la normalidad tras todas las rebajas fiscales que se aprobaron en respuesta a la crisis inflacionaria por la guerra en Ucrania, también despuntó un 9,9%, hasta rozar los 100.000 millones de recaudación (99.532 millones de euros).

El Impuesto de Sociedades superó en 2025 los 40.000 millones por primera vez desde 2007 y segunda ocasión en la historia de este tributo. Avanzó un 8,1%, hasta los 42.266 millones de euros, todavía por debajo del récord que fijó en 2007, antes de la crisis financiera.

Pero desde el Ministerio de Hacienda defienden que la inflación apenas jugó un papel determinante: apenas 1,3 puntos del 10,4% que avanzó la recaudación se explican por ese motivo.

El Gobierno central asumió todo el ajuste

Por subsectores, fue el Gobierno central quien asumió todo el ajuste de las cuentas públicas, al pasar de un déficit del 2,61% en 2024 al 1,86% en 2025. Los Fondos de la Seguridad Social también mejoraron sus números rojos, del 0,51% del PIB al 0,33% a cierre del año pasado.

Pero las comunidades autónomas empeoraron sus cifras, pasando de un déficit del 0,18% al 0,3%. En total, un desfase de 5.099 millones de euros.

Ocho comunidades autónomas registraron superávit (Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Galicia, Navarra y País Vasco) por nueve que incurrieron en déficit (Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja y la Comunitat Valenciana).

En el caso de las corporaciones locales, que están obligadas a registrar superávit fiscal, este también se moderó ligeramente del 0,45% del PIB en 2024 al 0,31% en 2025.

La deuda pública se recorta al 100,7% del PIB

El Banco de España ha publicado este martes los datos de cierre de año y mejoran en una décima, hasta el 100,7% del PIB, su estimación inicial de hace unos meses.

En concreto, las Administraciones Públicas acabaron 2025 con una deuda pública de 1,698 billones de euros. En términos nominales, esto supone un 4,8% más que a cierre de 2024. Pero medido en ratio de PIB, supone su menor registro desde el primer trimestre de 2020, antes del estallido de la pandemia de COVID-19.

La deuda pública alcanzó su máximo en el primer trimestre de 2021, con un 124,2% del PIB. Desde entonces ha caído más de 23 puntos.

El nuevo vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha declarado en una entrevista en la Cadena Ser que la reforma del registro horario en las pymes podrá llegar en el plazo de un año. Se trata de una de las medidas estrella del ala de Sumar en el Gobierno de Pedro Sánchez, que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, busca acelerar. Cuerpo ha insistido en que la reforma, que busca endurecer el control horario, necesita una “implementación equilibrada”. “Para las pymes, en lugar de 20 días pasar a un año”, ha dicho Cuerpo, que ha asegurado tener una relación “cordial” con Díaz, muy crítica con la actitud de Cuerpo en esta reforma.

elDiario.es ya contó cómo el Consejo de Estado ha emitido un dictamen desfavorable contra el real decreto del Ministerio de Trabajo destinado a endurecer el registro de jornada. Esta resolución se alinea con la postura previa del Ministerio de Economía, que remitió dos informes negativos cuestionando incluso la legalidad de la norma. A pesar de que el propio Consejo de Ministros aprobó su tramitación por la vía de urgencia, los organismos consultivos han frenado el avance del texto liderado por Yolanda Díaz.

Además, el vicepresidente ha asegurado que habrá Presupuestos, pero ha delegado en el sucesor de María Jesús Montero al frente de la cartera de Haciendo, Arcadi España, el cuándo se aprobarán las cuentas. Su antecesora, María Jesús Montero, se había comprometido ha que estuvieran en marzo, pero el guerra en Irán trastocó los planes.

Medidas contra los efectos de la guerra

Cuerpo ha destacado la efectividad de las medidas gubernamentales frente al precio de los carburantes, logrando rebajas de 23 céntimos en gasolina y 20 en gasoil. Según el ministro, el 90% de este ahorro ya llega al consumidor final.

Además ha subrayado la dificultad de realizar pronósticos fijos debido a la volatilidad del mercado —influenciado incluso por redes sociales— y la incertidumbre bélica. No obstante, ha adelantado que el Ejecutivo está dispuesto a ampliar los paquetes de ayuda si el conflicto en Oriente Próximo se prolonga, con el objetivo de evitar que los costes energéticos encarezcan la cesta de la compra. “Seguiremos apoyando a las familias”, ha concluido.

Preguntado si tiene intención de afiliarse al PSOE, dado que no lo está, el vicepresidente primero no ha aclarado esta cuestión y se ha limitado a precisar que él está “muy cómodo con las políticas que está haciendo este Gobierno”.

“Estoy en ese sentido totalmente identificado desde esta posición socialdemócrata, con la cual enfrento también mis tareas al frente del Ministerio. Por lo tanto, de ahí también mi compromiso para seguir adelante y aceptar el reto de pasar a la Vicepresidencia”, ha señalado sin desvelar si tiene intención de afiliarse, pero recalcando que “por supuesto” es de izquierdas.

En cuanto a lo que se dice de él de que tiene un perfil más técnico que político, Carlos Cuerpo ha dicho que él preguntaría de vuelta “qué significa tener perfil político”, dado que él considera que tiene su forma de hacer las cosas “desde lo técnico y con rigor”. No obstante, ha añadido que también tiene su forma de “afrontar las negociaciones o el contacto con otros grupos parlamentarios, grupos políticos”, con diálogo y “tendiendo la mano”.

Sobre si le sorprendió la llamada de Pedro Sánchez, Carlos Cuerpo ha explicado que cuando una persona sale señalada en los medios de comunicación como un posible candidato lo que se suele pensar es que “bajan las probabilidades de que suceda finalmente”. Por lo tanto, ha precisado que se quedó “muy contento” cuando le llamó el presidente y se lo dijo.

Pedro Sánchez volvió a demostrar esta semana que el ruido de sus socios e incluso algunos recelos en sus propias filas están muy lejos de poder influir en su toma de decisiones. El presidente resolvió la salida de María Jesús Montero con dos movimientos quirúrgicos y no con una crisis de Gobierno en profundidad. El Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ostentará desde ahora la responsabilidad de vicepresidente primero. Y la cartera de Hacienda recae en manos del valenciano Arcadi España, una persona con experiencia en la gestión de la política fiscal y de la confianza de su predecesora. Aunque España no estaba en las quinielas, es mayor el impacto político del ascenso de Cuerpo, una elección que genera suspicacia en algunos en el PSOE y que llega justo después de que Sumar lo elija como foco de conflicto en su estrategia por marcar algo de perfil propio en el Ejecutivo.

“Mi más sincera enhorabuena a Carlos Cuerpo por esta nueva responsabilidad en la vicepresidencia primera”, publicó en sus redes sociales la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, tras el anuncio del presidente. 48 horas antes, la también ministra de Trabajo había acusado directamente al titular de Economía de ponerse “del lado de las patronales que incumplen las horas extras de nuestro país”. Hace unos meses, en plena negociación interna de la reducción de jornada, Díaz llegó a calificar como “de mala persona” oponerse a que la gente trabaje menos, en referencia clara a su compañero en el Gobierno.

Y es que, aunque ese choque se haya recrudecido en los últimos días, viene de lejos. Desde la pasada legislatura, Díaz ha tenido a los diferentes ministros de Economía como sus némesis: primero, a Nadia Calviño y, desde que esta salió del Gobierno para asumir la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), a su sucesor, Carlos Cuerpo. Y ese choque se ha dejado notar en diferentes asuntos: desde la negociación de la reforma laboral, en cuya recta final Calviño trató de interferir para descafeinar la ley, hasta la mencionada y fallida reducción de la jornada de trabajo, donde Díaz y Cuerpo tuvieron sus más y sus menos públicamente por el intento del ahora vicepresidente de retrasar la tramitación de la propuesta.

Tras unos meses de calma, la última crisis entre ambos dirigentes ha tenido lugar esta semana a raíz de lo que, para Sumar, son maniobras de Cuerpo para “torpedear” el reglamento para reforzar el control horario de los trabajadores y evitar las horas extra impagadas, un texto que Trabajo lleva meses preparando. Fuentes del Ministerio afirman que el nuevo vicepresidente ha intentado boicotear, vía Consejo de Estado, la puesta en marcha de ese reglamento. Pero también aseguran que van a mantener el pulso y que tienen intención de hacer únicamente cambios mínimos para sortear las dudas jurídicas que pueda generar su propuesta: en ningún caso, prometen, incluirán las modificaciones que exige Cuerpo, como un plazo mayor para que las pymes apliquen la norma.

Ese conflicto se suma a la decisión de Sumar de endurecer el tono con el PSOE en relación a la vivienda después de que el pulso que echaron la semana pasada a los socialistas les saliera relativamente bien. Los de Díaz consiguieron que Sánchez aceptase aprobar la prórroga de los contratos de alquiler tras negarse a entrar en el Consejo de Ministros y retrasar su comienzo, aunque esa medida se desgajó del resto y tanto el PSOE como Sumar saben que tiene muy pocas opciones de que sea convalidada en el Congreso. Pese a ello, durante esta semana Díaz y los suyos han presumido de haber torcido el brazo a Sánchez y le han presionado públicamente para tomar más medidas en materia de vivienda.

No obstante, y a pesar de los roces de las últimas semanas, fuentes de diferentes familias de la coalición Sumar quitan hierro al enfrentamiento entre Cuerpo y Díaz. Y algunos dirigentes, incluso, deslizan que la propia vicepresidenta ha cargado las tintas públicamente contra el titular de Economía con el objetivo de marcar territorio ante él y, asimismo, para reforzar su propio perfil confrontando con el representante de la doctrina económica más “ortodoxa” dentro del Gobierno, en palabras de la propia Díaz.

De hecho, la mayor parte de las fuentes consultadas de los diferentes partidos que conforman Sumar están de acuerdo en que el nombramiento de Cuerpo no va a complicar el entendimiento entre las dos alas del Gobierno, aunque tampoco facilite asuntos que ya eran muy complicados de gestionar para la coalición, como la vivienda. Y varios de los dirigentes del espacio que comanda Yolanda Díaz coinciden en señalar que al titular de Presidencia, Félix Bolaños, como el ministro que verdaderamente seguirá moviendo los hilos de las relaciones entre las dos almas del Ejecutivo y que retendrá un enorme mando en plaza, aunque nominalmente estará por debajo del nuevo vicepresidente.

Es más: varias de las fuentes de Sumar consultadas coinciden en que el ascenso de Cuerpo y la sustitución de María Jesús Montero por Arcadi España en el Ministerio de Hacienda, aunque reordene las piezas, no va a suponer un giro brusco en materia económica, ni en una dirección ni en otra. Y eso es así porque, aunque los ministros tienen mucho poder y capacidad de negociación, al final la dirección de la política económica corresponde a Sánchez, y es con él con quien Díaz ha tenido que negociar, en última instancia, el desbloqueo de algunas de las crisis entre PSOE y Sumar de los últimos años. Incluida, por ejemplo, la del Consejo de Ministros que aprobó los decretos de medidas por la guerra de Irán.

El ascenso de Cuerpo

Desde la Moncloa trasladan que la elección de Cuerpo responde una lógica del presidente del Gobierno por poner el foco en la gestión y por reivindicar el estado de salud de la economía española, un tema tabú en el discurso de la oposición desde que se vinieron abajo los vaticinios de recesión lanzados por Feijóo tras su aterrizaje en la política nacional. “Carlos Cuerpo es uno de los economistas y servidores públicos más brillantes de nuestro país. Está haciendo un trabajo excepcional al frente del ministerio de economía y será también un fantástico vicepresidente”, dijo Sánchez durante su comparecencia del jueves.

Funcionario de carrera, economista de prestigio en lo académico, con dilatada experiencia internacional y con una interacción fluida con la élite empresarial del país, Carlos Cuerpo ha hecho gala desde su incorporación al Consejo de Ministros en diciembre de 2023 de un discurso y un talante de moderación y templanza al que la propia oposición admite que cuesta hincarle el diente. Por eso, y por el balance de gestión económica del Ejecutivo, interpretan en el Gobierno que su ascenso es precisamente una dificultad añadida para la estrategia de confrontación permanente que despliega la derecha, con quien incluso Cuerpo mantiene abiertas habituales vías de diálogo.

La percepción entre algunas voces de referencia en el PSOE, no obstante, es que la salida de una persona como María Jesús Montero del Consejo de Ministros requería la elección de un perfil más político para un puesto de tanta responsabilidad y exposición como es la vicepresidencia primera del Gobierno y en un momento de inicio del ciclo electoral. Esa corriente de opinión entre los socialistas asiste ahora con cierta inquietud al ascenso fulgurante de un hombre al que algunos de sus críticos señalan como “más liberal que progresista” y como “más técnico que político”. Opiniones, reacciones o análisis múltiples y variados sin permeabilidad alguna en las decisiones del presidente.

Entre el ruido, la prisa y la confrontación, la figura de Carlos Cuerpo emerge como una excepción: un responsable económico que reivindica el valor del conocimiento experto y la calma institucional. Su llegada a la Vicepresidencia Primera del Gobierno simboliza un giro hacia el blindaje técnico en plena incertidumbre global y confirma la apuesta por una gestión donde el dato pesa más que el eslogan. Este movimiento del Gobierno, impulsado por el presidente, Pedro Sánchez, tras la salida de María Jesús Montero hacia la arena andaluza, no es solo un movimiento de piezas en el tablero; es la consolidación de un modelo de gestión donde el dato no es un accesorio, sino el cimiento de la credibilidad.

El relevo encierra una carga simbólica que redefine una etapa. Por primera vez en años, una vicepresidencia deja de tener nombre de mujer, rompiendo la secuencia marcada por Carmen Calvo, Nadia Calviño y la propia Montero. Este giro hace una grieta en la apuesta por la igualdad, y a la vez subraya una prioridad distinta: el blindaje técnico de la economía española ante un escenario geopolítico fracturado por la crisis en Oriente Próximo y la sombra de los aranceles globales.

Cuerpo es el reverso del político de aparato. Su currículum, forjado en la Universidad de Extremadura, la London School of Economics y consolidado en la Comisión Europea y la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) describe a un profesional que entiende los mercados y las instituciones comunitarias desde dentro. Esa falta de trayectoria orgánica en el PSOE es, paradójicamente, su mayor activo: le permite ejercer una suerte de “tecnocracia con propósito”, centrada en diagnósticos compartidos y no en la adaptación táctica a unas siglas.

Esta fórmula explica por qué su departamento es, de forma sostenida, el mejor valorado del Ejecutivo. Según el barómetro del CIS de enero de 2026, Cuerpo no solo encabeza la tabla, sino que es el único miembro del gabinete que logra el aprobado ciudadano, con un 5,27. La economía española, ajena al desgaste de otros ministerios, ha transitado con una estabilidad inusual. No se trata de invisibilidad, sino de una eficacia que silencia el ruido: cuando España lidera el crecimiento de la OCDE con un 2,8% al cierre de 2025, el relato se escribe solo.

Sin embargo, el éxito de Cuerpo no reside únicamente en la macroeconomía fría. Su gestión intenta humanizar el rigor a través de lo que él define como “actuar con guante de seda”. Lo vemos en iniciativas que trascienden el titular inmediato: la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero y el Consejo Nacional de la Productividad no son meras estructuras burocráticas, sino cortafuegos institucionales diseñados para proteger a la ciudadanía frente a los abusos y evaluar el impacto real de las políticas públicas en el día a día.

Ese equilibrio entre control y operatividad se palpa en su agenda legislativa para este año. Medidas como la limitación de intereses en los créditos al consumo, que ahora exige un periodo de reflexión de 24 horas antes de aceptar una oferta, o la flexibilización de sistemas como Verifactu para no asfixiar a las pymes en su digitalización, demuestran que la técnica puede estar al servicio de la prudencia social.

Finalmente, hay un componente biográfico que otorga a su figura una autenticidad singular. Nacido en Badajoz y formado en la educación pública, Cuerpo encarna el éxito del ascensor social. Su “extremeñidad” no es un adorno folclórico; es la prueba de que se puede llegar al núcleo del poder económico europeo desde la periferia, sin necesidad de sobreactuaciones ni estridencias.

Ante los desafíos que restan —la emergencia de la vivienda, la integración de la inteligencia artificial o el aterrizaje final de los fondos europeos antes de agosto de 2026—, el liderazgo de Carlos Cuerpo plantea una lección de madurez democrática. En tiempos de máxima incertidumbre, la política más útil no es la que más grita, sino la que mejor sabe usar el conocimiento experto como herramienta de justicia. Su marca personal, discreta pero firme, empieza a dejar un eco difícil de pasar por alto.

Conviene recordar que no es la primera vez que Extremadura proyecta perfiles de relevancia en la política nacional. La figura de Magdalena Valerio, al frente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ya evidenció la capacidad de la región para situar talento en posiciones de responsabilidad institucional, con una gestión marcada por el conocimiento de lo público y la cercanía a los problemas reales. Anteriormente fueron: Alberto Oliart, María Antonia Trujillo y Celestino Corbacho.

Y si se amplía la mirada histórica, pasando por alto la época de la dictadura franquista, el eco conduce inevitablemente a Manuel Godoy, valido de Carlos IV y probablemente el extremeño que mayor poder acumuló en la estructura del Estado, convertido en figura central de la política española a finales del siglo XVIII. Dos contextos, dos estilos y dos épocas radicalmente distintas, pero un mismo hilo de fondo: la presencia, intermitente pero significativa, de Extremadura en los espacios donde se decide el rumbo de nuestro país.