El Ministerio de Economía ha dado un plazo de 30 días al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que detalle qué instrumentos financieros va a poner en marcha para desplegar España Crece, el llamado “fondo soberano” con el que el Gobierno quiere mantener el impulso del Plan de Recuperación tras su finalización el próximo 31 de agosto.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la Estrategia de Inversión del fondo España Crece, la orden aprobada por el Gobierno que fija las parcelas básicas a las que estará enfocado el instrumento y que es uno de los hitos cruciales para que la Comisión Europea abone el séptimo desembolso de los fondos europeos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arrancó el año con el anuncio de este fondo soberano. Con la inyección de más de 13.600 millones de euros (10.800 en ampliación de capital y 2.800 en transferencias) procedentes de los fondos europeos al ICO, el Gobierno pretende movilizar 120.000 millones de euros, entre financiación pública y privada.

En concreto, y de manera similar a las prioridades desplegadas en el Plan de Recuperación original, España Crece financiará actuaciones en sectores económicos con alta productividad y elevado potencial de transformación; en el ámbito de la vivienda, especialmente para el desarrollo de alquileres asequibles o sociales; en inversiones 'verdes', como desarrollo de energías renovables o de adaptación climática; y también se enfocará a financiar a las pymes y “otras prioridades estratégicas alineadas con las orientaciones de política económica nacional o europea”.

Es en este último epígrafe donde se encuadrarán algunas inversiones en el ámbito de la Defensa. Un ámbito donde el presidente del ICO, Manuel Illueca, ya ha avanzado que serán “estratégicas” y “a largo plazo”, no a la manera oportunista que trabajan otros fondos.

Estarán excluidas, eso sí, inversiones vinculadas a combustibles fósiles, aquellas con altas emisiones de gases de efecto invernadero, los vehículos contaminantes o el “procesamiento de combustibles nucleares y producción de energía nuclear”.

“La actuación del ICO en el marco de este programa se orientará por criterios de potencial de desarrollo en la economía española, capacidad transformadora, coherencia con los objetivos generales del país y la plena complementariedad respecto a la iniciativa privada”, destaca la orden firmada por el vicepresidente Carlos Cuerpo.

Un informe antes del 31 de agosto

El ICO tendrá 30 días a partir de este 15 de julio para aprobar la Estrategia de Inversión donde se definan los instrumentos financieros con los que se pondrá en marcha España Crece con un “carácter indicativo”. Eso sí, tendrá que definir qué importes se asignará a cada área, los potenciales beneficiarios finales –“que deberán tener alguna vinculación con la Unión Europea”–, las operaciones financiables y el multiplicador del apalancamiento esperado. Es decir, cuántos euros privados esperan atraer por cada euro público.

Además, ese documento tendrá que detallar cómo se asignarán algunos componentes subvencionables (el desarrollo contempla algunas ayudas, especialmente en el desarrollo de vivienda), los requisitos de etiquetado de las inversiones y cuál es el calendario que se prevé para su implementación.

La orden también establece que el ICO tendrá que publicar un informe anual con la información detallada de las medidas adoptadas para ejecutar su estrategia de inversión, así como las que prevé adoptar. El primer informe lo tendrá que enviar “en todo caso antes del 31 de agosto de 2026”, la fecha en la que tendrán que estar ejecutadas todas las inversiones y reformas vinculadas al Plan de Recuperación.

Este mes, además, el Ejecutivo prevé aprobar la reforma de los estatutos del ICO, como avanzó el vicepresidente Cuerpo durante una comparecencia parlamentaria la pasada semana.

El Gobierno solicitará en septiembre el séptimo desembolso, valorado en 25.000 millones de euros, que la Comisión Europea deberá transferir al Tesoro Público antes del 31 de diciembre.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, prevé cerrar este mes los últimos flecos para poner en marcha España Crece, el llamado ‘fondo soberano’ en torno al Instituto de Crédito Oficial (ICO) financiado con el Plan de Recuperación, con la aprobación de la estrategia de inversión del nuevo instrumento y la reforma de los estatutos del banco público para permitir su despliegue.

El ‘número dos’ del Gobierno ha comparecido ante la Comisión Mixta de la Unión Europea para dar cuenta de los avances del Plan de Recuperación, solo unos días después de que Bruselas diera luz verde al sexto pago, por valor de 7.000 millones de euros, y cuando queda poco más de un mes para el final de este programa millonario.

Cuerpo ha puesto en valor la aportación del Plan de Recuperación a la transformación económica del país que, hasta el 31 de mayo, ya había desplegado 68.534 millones de euros, de acuerdo con los datos de ejecución de la plataforma ELISA del Gobierno.

El reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia fija que los fondos europeos y las reformas vinculadas deben estar ejecutados antes del 31 de agosto de este año, mientras la Comisión Europea tiene hasta el 31 de diciembre para abonar el último desembolso –el séptimo, por valor de algo más de 25.000 millones–.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció a principios de año la puesta en marcha de lo que llamó un fondo soberano, financiado con partidas procedentes del Plan de Recuperación, para movilizar 120.000 millones de euros entre inversión pública y privada. El objetivo: que el motor de la economía y la inversión no se desacelere con la finalización del ‘maná europeo’.

El pasado mes de mayo el Consejo de Ministros aprobó la transferencia de capital de 13.300 millones al ICO para aumentar su capacidad de apalancamiento, de tal manera que sea capaz de movilizar 60.000 millones de euros desde la parte pública, que se complementarían con otros 60.000 millones del sector privado.

Según ha avanzado Cuerpo, el Gobierno trabaja ahora en finalizar los “tres elementos de cierre” para el lanzamiento de esta facilidad financiera. En primer lugar, con la aprobación de la estrategia de inversión de España Crece, negociada con la Comisión Europea y que, ha dicho el vicepresidente, confía aprobar la próxima semana en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE).

Esta definirá las líneas generales de actuación, los tipos de operaciones elegibles y los criterios de prioridad sectorial. Además, incorporará los criterios europeos aplicables al Plan de Recuperación, incluido el principio de no causar un perjuicio significativo al medio, y priorizará operaciones con un claro efecto transformador sobre la economía española y con capacidad de impulsar el crecimiento de la productividad a largo plazo. Las líneas de actuación podrán revisarse periódicamente para adaptarse a la demanda de inversión y a las necesidades del tejido productivo.

El ‘número dos’ del Gobierno ha confiado en aprobar, en un Consejo de Ministros de julio, el real decreto que reforme los estatutos del ICO “para adaptarlos a las necesidades” del nuevo instrumento. Finalmente, también en julio prevén transferir los fondos necesarios para poner en marcha España Crece.

“Estamos, así lo evidencian los datos, ante un proyecto de país que ha supuesto una oportunidad histórica que creo que hemos sabido aprovechar”, ha dicho el vicepresidente, que ha confiado en que tenga no solo efecto positivo a corto plazo, sino “duradero en nuestro tejido productivo”.

Una adenda técnica para cerrar el Plan

Cuerpo ha apuntado que el Ejecutivo se encuentra ahora inmerso en la negociación con la Comisión Europea de una “adenda técnica de cierre” al Plan de Recuperación para “reconciliar” los hitos que quedan pendientes con las evidencias disponibles para mostrar el cumplimiento de los mismos.

“Estamos trabajando no solo a nivel de la Administración General del Estado, también a nivel de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales para completar con éxito la certificación de los hitos y todos los hitos pendientes antes del 31 de agosto”, ha dicho el vicepresidente.

Los planes del Gobierno pasan por negociar esa última modificación del Plan para matizar la redacción de algunos hitos que han quedado pendientes de validar del sexto desembolso. El objetivo es presentar la séptima petición de fondos en septiembre.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene sin cambios la previsión de crecimiento de España para 2026 y 2027, con un avance del producto interior bruto (PIB) del 2,1% y del 1,8% respectivamente, mientras que recorta 0,2% la proyección para la zona euro, que crecerá un raquítico 0,9% este año.

La institución con sede en Washington ha publicado este miércoles la actualización intermedia de su informe de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, por sus siglas en inglés), en el que recorta ligeramente las expectativas de crecimiento globales con motivo de la guerra en Oriente Medio. “Esta ralentización modesta refleja los efectos de la guerra en Oriente Medio, parcialmente compensados por una aceleración en la demanda global de tecnología, gracias a los avances en la Inteligencia Artificial y en su adopción”, detallan.

Si bien el efecto será limitado, apuntan a una mayor inflación de la estimada en abril, justo al arranque de la guerra, que será del 4,7% en 2026 a escala global, y se ralentizará hasta el 3,9% el próximo ejercicio. “Estas proyecciones indican que la tendencia desinflacionaria en marcha desde principios de 2024 se ha estancado”, apuntan.

En el caso de España, el FMI espera que la economía crezca un 2,1% en 2026 y un 1,8% en 2027. Son las mismas cifras que adelantó en marzo y confirmó a finales de mayo, cuando cerró su informe anual sobre la economía española (el conocido como Artículo IV).

De hecho, los economistas del Fondo son los más pesimistas con respecto a la evolución del PIB español. La OCDE anticipa un crecimiento del 2,2% en 2026 (revisó al alza sus previsiones), el Banco de España apunta a un 2,3% y el Gobierno, el más optimista, disparó su proyección hasta el 2,6% para este ejercicio.

Un crecimiento diferencial si se compara con el escenario proyectado para la zona euro. El área de la moneda única crecerá un 0,9% este año, dos décimas menos de lo previsto en abril. Alemania lo hará un 0,7%, Francia un 0,6% e Italia un 0,5%.

Para 2027, cuando el FMI prevé un avance del 1,8% para España, la zona euro crecerá un 1,2%, Alemania un 1%, Francia un 0,9% e Italia un 0,5%.

En una valoración de estas previsiones, el Ministerio de Economía recuerda que la actualización de estas previsiones “no captura” la caída de los precios del petróleo posterior al 10 de junio. “La fecha de corte de los supuestos de materias primas del Fondo es previa a la bajada de cerca del 20% del precio del barril de petróleo en las últimas semanas, lo que implica automáticamente un escenario más negativo que el contemplado por otras previsiones más recientes como la del cuadro económico del propio Gobierno”, apuntan desde la cartera que dirige el vicepresidente Carlos Cuerpo.

Carlos Cuerpo se muestra orgulloso de las cifras macroeconómicas: “Estamos consiguiendo darle la vuelta a España”. El vicepresidente y ministro de Economía defiende que los buenos datos en el empleo o el PIB, muy por encima de la media europea, suponen “una mejora en el día a día de los ciudadanos”. En esta entrevista con elDiario.es, Cuerpo también reclama la colaboración de partidos y administraciones para atajar el problema de la vivienda: “Las competencias son compartidas”. En ese frente, apunta a impulsar la construcción de alquiler asequible con el Fondo España Crece, cambiar la fiscalidad de los pisos turísticos y crear cuentas de inversión que ofrezcan a los ahorradores alternativas a la inversión en vivienda.

¿Confía en que este año se logren aprobar los Presupuestos?

Ese es nuestro escenario central. Estamos ya dando los pasos, con la presentación del cuadro macroeconómico que sirve de base para el informe de situación económica. Y ya anunció el ministro de Hacienda que este lunes habrá un Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar el techo de gasto. El propósito es cumplir con el calendario ordinario para presentar los Presupuestos a la vuelta de verano y poder tener una negociación exitosa.

Llevamos tres años sin ellos por falta de un acuerdo político con los socios de Gobierno en el Parlamento. ¿Por qué este año sí que pueden salir?

Se trata de plasmar un escenario de políticas económicas que se traducen en líneas presupuestarias y, por lo tanto, es un aterrizaje del proyecto de la mayoría parlamentaria para seguir avanzando. Yo creo que uno de los grandes éxitos de esta legislatura es la gestión económica, el crecimiento y un crecimiento que además está suponiendo una mejora en el día a día de los ciudadanos.

Hemos tenido un escenario complejo presupuestariamente a raíz de las prórrogas, pero no ha sido una limitación para llevar adelante nuestra agenda

¿Qué han supuesto estos tres años con las cuentas públicas prorrogadas? ¿Qué consecuencias ha tenido y qué ha perdido la sociedad española por tener que estar prorrogando un año tras año las cuentas públicas?

Consecuencias en términos prácticos no ha tenido ninguna. Hemos sido capaces de llevar adelante todos los grandes objetivos en materia de inversiones y de reformas que teníamos, incluyendo también los asociados al plan de recuperación. Y esto se traduce, lo vemos perfectamente en las cifras de crecimiento, en la creación de empleo, en atracción de inversión... Hemos tenido un escenario complejo presupuestariamente a raíz de estas prórrogas, pero no ha sido una limitación para llevar adelante nuestra agenda.

El Gobierno acaba de mejorar sus previsiones económicas en el nuevo cuadro macroeconómico. Confían en que el PIB seguirá creciendo un 2,6% este año y que hasta 2029 estará por encima más o menos del 2%. ¿Por qué creen que vamos a crecer tanto? ¿Qué es lo que va a tirar de la economía española?

Llevamos creciendo estos últimos años no solo por encima de nuestra media histórica, sino por encima de las principales economías, europeas y mundiales. España es líder en crecimiento, pese a los shocks que hemos sufrido y pese a este contexto de incertidumbre internacional. Normalmente, ante este tipo de circunstancias la economía española solía resentirse más que sus principales socios. Y este no está siendo el caso, estamos consiguiendo darle la vuelta a España. Yo creo que nos hemos acostumbrado, aunque sea difícil decirlo, a que nuestra economía sigue dando sorpresas positivas de manera continua. Lo hemos visto en estos últimos años y en este primer semestre ya cerrado, donde se mantiene el pulso de actividad. Miramos las ventas de grandes empresas, las afiliaciones, los indicadores más coyunturales y nos dicen que la actividad sigue tirando.

Además, hemos visto que han funcionado bien las medidas que pusimos en marcha el 20 de marzo tras el inicio de la guerra de Irán. Han conseguido contener de media en un punto la inflación.

En cuanto a los factores que la van a impulsar, es la demanda interna, esencialmente el consumo privado y la inversión, sobre la base de un mercado de trabajo que está muy fuerte, con un efecto positivo del proceso de regularización.

La inmigración es decisiva para el mantenimiento y la mejora del estado de bienestar. (...) Además, hay que recordar que al estar ya aquí, ya hacían uso de muchos de esos servicios públicos, pero el estado no recaudaba todo lo que debería por su contribución

¿Qué impacto va a tener en la economía la regularización de más de un millón de inmigrantes? ¿Supone un problema para los servicios públicos, como critica la derecha?

Conviene insistir en que el impacto de la inmigración en nuestra economía es positivo: el dinamismo de nuestro mercado laboral atrae población extranjera por el éxito de nuestra economía y la demanda de nuestras empresas, algo que reconocen la mayoría de las instituciones. El Banco de España señala que la inmigración aportó, en términos per cápita, teniendo en cuenta el aumento de la población, hasta una cuarta parte del aumento del PIB per cápita entre 2022 y 2024.

La regularización es un proceso necesario de reconocimiento de derechos y obligaciones que responde a las necesidades de nuestra economía. Lejos de suponer un problema para los servicios públicos, tendrá una aportación presupuestaria positiva, ya visible en el aumento de las afiliaciones a la Seguridad Social. La inmigración es decisiva para el mantenimiento y la mejora del estado de bienestar. Los inmigrantes regularizados ya estaban aquí, en muchos casos trabajando en empleos de cualificación inferior a su formación o experiencia porque son los que pueden ocupar a trabajadores irregulares. Permitirles acceder a empleos más acordes con sus habilidades supondrá una ganancia neta para nuestra economía.

Además, hay que recordar que al estar ya aquí, ya hacían uso de muchos de esos servicios públicos, pero el estado no recaudaba todo lo que debería por su contribución.

Por último, se desplegará un nuevo Plan de Integración y Ciudadanía, con más de 500 millones de euros de dotación inicial, que actuará sobre empleo, educación, vivienda, sanidad y convivencia para mejorar barrios, escuelas y servicios públicos allí donde hoy se concentran más tensiones.

Los indicadores macroeconómicos son envidiables, sin duda, pero al mismo tiempo muchas familias pasan apuros. El poder adquisitivo de los sueldos no mejora e incluso retrocede, especialmente para los que viven de alquiler. ¿Qué ha hecho mal el Gobierno para que este crecimiento no llegue a todos?

El crecimiento y las buenas cifras macroeconómicas son una condición necesaria para que pueda acabar llegando al día a día de las familias. Y, cuando miramos cómo este crecimiento se está traduciendo en una mejora, hay distintos elementos que tenemos que considerar. Primero, el mercado de trabajo, que es el primer indicador de evolución y de reducción de desigualdad de nuestro país. Vemos que cada vez hay más gente empleada: el número de familias o de hogares con todos los adultos empleados está en máximos históricos. Vemos también las mejoras que ha habido relacionadas sobre todo con la subida del salario mínimo en aquellos segmentos de menores rentas. Además, se han producido mejoras salariales en su conjunto, entre otras cosas a través de la creación de empleo en sectores de mayor valor añadido. De los empleos que se han generado en los últimos dos años y medio, la mitad han ido a las cinco ramas de mayores salarios.

Hay un cambio, una modernización de nuestra economía que está llevando a que tengamos empresas más productivas que atraen a trabajadores más cualificados porque pueden permitirse mayores salarios. Evidentemente, hemos pasado en los últimos años el mayor shock de precios de los últimos 50, con una inflación que llegó en 2022 a estar por encima de los dos dígitos. Y esto afecta, sin lugar a dudas, a los ciudadanos. Y a ello se le suma otro elemento esencial en su carga mensual, como es la subida del alquiler. Pero en este escenario, hemos apoyado a las familias en todo este proceso inflacionario, como las medidas para reducir el impacto del shock energético por Irán. Si miramos los combustibles, el INE nos señala que, en ausencia de medidas, los precios tenían que haber subido un 28% en gasolinera y subieron apenas un 12 o 13%. Cuando miramos, el salario real ha evolucionado positivamente. El crecimiento estaba en torno a un 3,6% entre 2018 y 2025 y, cuando le quitamos el impacto del IRPF, había subido un 2,3%, más del doble de lo que lo hizo en el periodo 2014-2018. Somos conscientes de las dificultades, pero este esfuerzo por que el crecimiento llegue al día a día está en el frontispicio de la política económica. Y eso lo podemos ver cuando miramos el número de hogares que pasan dificultades para llegar a final de mes: el porcentaje se ha reducido del 26 al 20%, que sigue siendo elevado. Seguimos teniendo todavía demasiados hogares que tienen dificultades, pero vamos en la buena dirección.

¿Qué es lo que más le preocupa de la economía española ahora mismo?

Conseguir que ese crecimiento no se frene, seguir ampliando la tarta para poder tener un reparto más justo. Y remover cuellos de botella de este crecimiento. Con la finalización de los fondos europeos del plan de recuperación, tenemos que ser capaces de que no se pierda el impulso de la economía y, sobre todo, que sea un crecimiento transformador. Es decir, seguir creciendo y modernizando nuestra economía y además que ese crecimiento siga revirtiendo.

El Banco de España dice que el déficit de vivienda ha alcanzado las 750.000 casas entre el 21 y el 25. Y el gobernador Escrivá dijo el otro día que no entiende por qué esto no es una gran prioridad nacional. ¿Cómo atajamos este problema?

Para nosotros esta es la gran prioridad de la política económica. No hay una bala de plata para resolver la situación actual de falta de acceso asequible a la vivienda de muchas familias, en particular de nuestros jóvenes. Por eso la solución viene por un conjunto de políticas que estamos llevando a cabo. Hay una parte esencial que tiene que ver con la recuperación de la oferta. Durante la burbuja inmobiliaria, el sector de la construcción representaba un 13% del PIB, hoy está apenas en torno a 6%. Este es el efecto que tuvo la contracción del sector y, en este caso, de escasez. En cuanto a la nueva inversión, le falta oferta desde el punto de vista del parque público. Sabemos que esto lleva tiempo, pero el impulso en materia de inversión pública para recomponerlo está ahí, en gran parte con fondos europeos. Hablábamos antes de darle continuidad al crecimiento, incluso una vez finalizados los fondos. Hemos puesto en marcha el Fondo España Crece, que dedicará gran parte de su actividad también a seguir fomentando la construcción de viviendas para alquiler asequible. En el ámbito del sector turístico, ya hemos hecho el esfuerzo por hacer un filtrado de todas aquellas viviendas que estuvieran incumpliendo.

Que no haya pisos turísticos ilegales.

Exacto. Queremos hacer un esfuerzo adicional también por realinear la carga impositiva para que haya un mayor incentivo a poner esos pisos en un alquiler de medio y largo plazo con elementos de seguridad para los propietarios. Medidas que intenten cubrir los fallos de mercado que estamos viendo ahora mismo, sobre todo en aquellas zonas más tensionadas. Por ejemplo, un fallo de mercado que detectamos afecta a los jóvenes, que con sus sueldos actuales podrían permitirse pagar una cuota de una hipoteca, pero, sin embargo, no pueden conseguir ahorros suficientes porque están en lo que se denomina la trampa del alquiler: el alquiler supone demasiado esfuerzo mensual y no les permite ahorrar. El ICO está entrando para avalar hasta el 25% del coste y acabamos de renovar las condiciones de estos avales para subir los umbrales de renta por encima de los 60.000 euros en aquellas zonas más tensionadas. En las próximas semanas volveremos a llevar al Consejo de Ministros un real decreto ley con medidas para seguir reforzando nuestra actuación en materia de política de vivienda, siendo conscientes de que hay competencias compartidas.

¿Es usted partidario de intervenir el mercado de la vivienda para evitar operaciones especulativas, como ya se plantea el Gobierno en la Generalitat catalana?

Es importante tener en cuenta lo que ha pasado en las últimas décadas. La vivienda se ha convertido ya no tanto en un bien de primera necesidad para los ciudadanos, sino en un activo, porque ha sido en muchas circunstancias la vía que han tenido para canalizar sus ahorros. Entre otras cosas por la ausencia de alternativas rentables en nuestros mercados financieros que ayuden a canalizar ese ahorro. Hay que trabajar también para que ese ahorro pueda estar no solo en la vivienda, sino en activos financieros. Vamos a anunciar medidas en este sentido, estamos trabajando a nivel europeo para avanzar en cuentas de ahorro, cuentas de inversión que garanticen un mínimo de rentabilidad y cuyo impacto revierta en inversión para empresas europeas.

¿Tiene el Gobierno herramientas para entrar de verdad a solucionar el problema de la vivienda? Porque las políticas de vivienda están transferidas a las autonomías, y los planes urbanísticos y los permisos de construcción dependen en gran medida de los ayuntamientos.

Vamos a llevar adelante medidas importantes para contribuir a que este problema se resuelva. Pero necesitamos la colaboración del resto de partidos políticos. Es un Gobierno de coalición en minoría parlamentaria y, por lo tanto, las medidas tienen que pasar por esa mayoría del Congreso, como por ejemplo la ley del suelo. Las competencias son compartidas y necesitamos esa colaboración.

Todas las comunidades autónomas son conscientes de que la nueva propuesta de financiación mejora la situación actual. ¿Cuál es la alternativa?

El Gobierno ha convocado un Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de agosto. ¿Creen que pueden sacar adelante la nueva financiación autonómica a pesar del rechazo de todas las comunidades, excepto Catalunya?

Ha habido también conversaciones con aquellas comunidades autónomas que han querido hablar del sistema de financiación. Pero lo que para mí es más importante es que todas son conscientes de que esta propuesta mejora la situación actual. ¿Cuál es la alternativa? Llevamos más de diez años retrasando este debate. Hemos puesto sobre la mesa una propuesta y queremos avanzar en un debate que sabemos que es complejo porque es imposible repartir una cantidad fija de tal forma que sea beneficioso para todo el mundo, que consiga alcanzar los objetivos de máximos de todas las comunidades autónomas. Pero el Gobierno hace el esfuerzo de ceder 20.000 millones a las comunidades para poder conseguir que en términos absolutos todas mejoren. En términos relativos todas querrían ser la que más mejora, pero esta propuesta reduce la distancia entre autonomías. Todas van a tener más financiación de la que tenían, todas van a ganar, igual que con la propuesta de condonación de deuda.

Van a mantener las rebajas a las gasolinas para amortiguar los efectos del conflicto de Oriente Medio, a pesar de que el precio del petróleo y de la gasolina en España ya están por debajo de los niveles anteriores a la guerra de Irán. ¿Por qué lo hacen?

Queremos seguir ayudando, acompañando a las familias para que noten lo menos posible el conflicto. En gasolinas estamos ya por debajo del nivel preguerra, y en gasoil, ligeramente por encima, pero muy cerca. Pero estos precios siguen teniendo el apoyo del Gobierno a través de la reducción de impuestos. Queremos que esa retirada se haga en paralelo a la bajada de los precios de los carburantes a nivel internacional. Es un apoyo temporal y proporcional al impacto de la guerra.

Pero antes de estas rebajas, España ya era el país de Europa occidental que menos impuestos cobra por el gasóleo y por la gasolina. ¿No sería mejor gastar este dinero en subvencionar la transición ecológica?

Lo que estamos haciendo con las medidas para reducir el impacto de la guerra es también avanzar en la electrificación, en el apoyo a las renovables. El presidente Sánchez ha dicho en numerosas ocasiones que, en el año 2019, el 75% de las horas al día del precio de la electricidad lo determinaba el precio del gas. Hoy día estamos en torno al 9 o 10%. Esto ha supuesto que mientras los precios de los carburantes subían un 12%, el precio de la electricidad en el mes de mayo estaba cayendo un 4%. Queremos seguir impactando como lo estamos haciendo, por ejemplo, con medidas estructurales como la eliminación del impuesto a la producción de energía eléctrica. Este 7% que vamos a ir reduciendo hasta su eliminación en el año 2028 es una señal muy potente.

¿Cuándo se aprobará en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos el registro de la jornada laboral? ¿Va a entrar en vigor este año?

Ya tenemos el informe por parte del Consejo de Estado, y ahora mismo estamos trabajando internamente para ser capaces de llevarlo lo antes posible. Es un proyecto importante que tiene que ver con el proyecto de reducción de la jornada. Es importante que avancemos en esa digitalización del registro horario para ser capaces de hacer que se cumpla la normativa en cuanto al control de las horas.

¿Es partidario de seguir subiendo el salario mínimo por encima de la inflación como se ha hecho a lo largo de los últimos años desde el Gobierno?

Es importante contextualizar. El salario mínimo en España estaba muy lejos de la referencia que había marcado la Comisión Europea, que era el 60% del salario medio. Había que cerrar esta brecha y es lo que hemos hecho estos últimos años pese a que había en origen algunas dudas sin impacto significativo en el mercado laboral.

Alrededor de un tercio del aumento de los ingresos públicos desde la pandemia, según algunos estudios, viene de no haber ajustado el IRPF con la inflación. ¿Se plantean actualizar el IRPF con estos nuevos Presupuestos a la subida de la inflación anterior, como le pide la oposición?

La AIReF señala que en los últimos años el 80% del aumento de los ingresos procede de la buena evolución de la economía. La modernización de nuestra economía se traduce también en unos mayores ingresos de manera estructural. Un mercado laboral más pujante se traduce en mayores ingresos. La regularización de inmigrantes se traducirá también, estructuralmente, en unos mayores ingresos. Son políticas que mejoran nuestro crecimiento y el bienestar de los ciudadanos. A partir de ahí, las medidas concretas que vayan a entrar en los Presupuestos Generales del Estado las veremos en la presentación y en la posterior negociación. Por otro lado, del efecto de la deflactación el IRPF, la mitad corresponde a no deflactar la tarifa autonómica por parte de las comunidades autónomas.

Una de las últimas polémicas o largo de estos años ha sido la medición del PIB por parte del INE, que ha tenido que revisar al alza en varias ocasiones su medición. ¿Sigue habiendo un PIB infraestimado en España?

Todos los institutos de estadística de Europa han tenido que ir revisando las cifras de crecimiento posteriores a la pandemia, ha sido un proceso generalizado. ¿Hasta qué punto las estadísticas oficiales reflejan la realidad de la economía? Yo creo que hay muchos aspectos donde hay que seguir avanzando y ahí el INE está haciendo un esfuerzo por intentar modernizar teniendo en cuenta también las mejoras que ya están disponibles en cuanto a datos diarios, a los registros que tenemos más allá de las encuestas. Y tenemos que hacerlo alineados con Eurostat, ya que las estadísticas del INE tienen que llevar el visto bueno de Eurostat para asegurar que hay una cierta homogeneidad en términos de Europa.

¿Se plantea el Estado salir de CaixaBank?

Hace unos meses tomamos la decisión de prorrogar el periodo límite para desinvertir en CaixaBank. En los últimos años, la evolución tanto de la cotización como de los dividendos han revertido en el Estado, lo que ha justificado la permanencia más allá de lo previsto inicialmente. Al final se trata de recuperar, en la medida de lo posible, el coste del rescate financiero, que es lo que supone esa presencia del Estado en Caixa. Estamos muy contentos con la gestión actual del banco y nuestra presencia en el consejo es testimonial.

¿Y entrar en más empresas estratégicas, como ocurrió con Telefónica?

En la mayor parte de los países de nuestro entorno, los Estados tienen una presencia en las grandes empresas de telecomunicaciones. Es un sector clave dentro de los que se señala en el informe Draghi de importancia estratégica para la competitividad de nuestro continente. Y somos todos conscientes que, en el contexto de política industrial actual, el rol de los Estados como apoyo a estas grandes empresas es un elemento consustancial a estas políticas de seguridad económica y de autonomía estratégica. El apoyo a las empresas se puede hacer de muchas maneras, desde la presencia del Estado en su capital, como es el caso de Telefónica, pero también a través del resto de instrumentos como apoyar su financiación, como el ICO o la SETT [la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica].

¿Cree que Yolanda Díaz sería una buena presidenta de la Organización Internacional del Trabajo? ¿Cuenta con el apoyo del Gobierno?

Por supuesto. Si decide presentarse a este puesto, la apoyaremos en todo lo que podamos.

Vuelve la lucha de la vieja Europa por el presupuesto comunitario entre 2028 y 2034 entre países frugales frente a amigos de la cohesión, como se les llama ahora. ¿Teme una ola de austeridad y de endurecimiento de las reglas fiscales en Europa?

Tenemos que ser conscientes de que el contexto actual no es el que teníamos hace 10 o 15 años, e intentar superar estas discusiones que yo creo que ya tendrían que haber quedado obsoletas. Todos estamos de acuerdo con el informe Draghi y su hoja de ruta: habla de unos 800.000 millones de inversión al año para ser capaces de mantener el paso con Estados Unidos. Luego se ha actualizado a 1,2 billones. Y ese dinero tiene que venir del sector privado en su mayor parte, pero también con un impulso del sector público y del sector público nacional doméstico. Necesitamos un presupuesto europeo a la altura de las ambiciones que nos estamos dando en los otros grandes objetivos de seguridad y defensa, donde yo creo que ahí sí que se ha roto esta discusión tradicional entre frugales y no frugales. Hay muchos elementos de bienes públicos donde tenemos que reforzar a través de una aproximación genuinamente europea. Por ejemplo, nosotros estamos abogando por el incremento de los mercados de deuda europeos en euros. Dar liquidez a la emisión conjunta de deuda de tal forma que haya un beneficio muy claro, porque ahora mismo la Comisión no obtiene los beneficios que debería por ser un triple A. De hecho, España ahora mismo se financia más barato en muchos plazos que la Comisión Europea.

El Supremo acaba de condenar a José Luis Ábalos con la mayor pena de un ministro en democracia, 24 años de prisión. ¿Qué responsabilidad política cree que tiene el Gobierno por haber confiado en él durante tantos años?

Lo hemos dicho en numerosas ocasiones: hay un elemento esencial que tiene que derivarse de estos casos que estamos conociendo, que es la tolerancia cero en cualquier circunstancia frente a comportamientos irregulares o fuera de la ley. Y que cuando existan estos comportamientos se detecten y se deriven las consecuencias tanto en el ámbito político, como ya sucedió hace tiempo con el señor Ábalos, como en el ámbito judicial. En segundo lugar, hay que ayudar y fomentar que no exista impunidad en estas situaciones. ¿Cómo? Reforzando el Poder Judicial y a la Policía para que existan suficientes unidades como para perseguir este tipo de situaciones.

¿Usted confía en la inocencia de Zapatero, como ha asegurado el presidente del Gobierno?

Todos tenemos que respetar el principio de presunción de inocencia. Y en este caso, como en otros, yo creo que se están haciendo muchos juicios paralelos. Y es importante respetar la evolución de estos procesos, deberíamos todos de intentar ceñirnos a este elemento. Es comprensible que los tiempos políticos vayan más rápido de que lo que puedan ir los tiempos de la justicia, pero a mí me gusta mantener siempre un punto de prudencia y de respeto a estos procedimientos.

Desde que está en el Gobierno, ¿usted ha recibido regalos caros? ¿Qué ha hecho con ellos?

Los regalos que recibo pasan siempre a formar parte del patrimonio del Ministerio. Yo he recibido alguna moneda conmemorativa o incluso, a veces, algunos bienes perecederos, como chocolates, que al final se acaban repartiéndolos entre los colaboradores. Nada exótico.

Usted es un independiente del Gobierno, no tiene carné del PSOE. ¿Qué papel va a jugar en las próximas elecciones? ¿Se ve haciendo campaña?

En todo lo que pueda ayudar. En primer lugar, ahora, con mi gestión. Estoy convencido de que la actuación del Gobierno en estas dos legislaturas está contribuyendo a mejorar la vida de los ciudadanos y siento que es un privilegio poder formar parte de ello; que en mi día a día, el trabajo que hago pueda hacer que los ciudadanos estén mejor de lo que estaban cuando llegamos. Eso es lo que mueve mi actuación y lo que pueda contribuir a que este proyecto siga desde luego que lo haré.

Entrevista Completa

La Comisión Europea ha aprobado este jueves el sexto pago de los fondos del Plan de Recuperación al Gobierno de España, un desembolso de 7.021 millones de euros tras demostrar el cumplimiento de 73 hitos comprometidos con el Ejecutivo comunitario, entre ellos la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible o la creación de Casa 47, la empresa pública de vivienda.

Los Ministerios de Economía y Hacienda han informado a través de una nota de prensa de la luz verde a la transferencia de 7.021 millones de euros brutos, de los cuales 5.970 millones corresponden a ayudas no reembolsables y 1.051 millones a préstamos. Este pago se ejecutará en las próximas semanas.

Preguntado esta misma mañana por el desembolso, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se mostraba confiado en que habría noticias pronto al respecto. La próxima semana comparecerá en la Comisión Mixta de la Unión Europeo del Congreso y el Senado para dar cuenta de esta nueva transferencia.

El reconocimiento se produce cuando apenas quedan dos meses para que el Gobierno complete todas las reformas e inversiones del Plan de Recuperación, que deben estar debidamente justificadas antes del 31 de agosto, para solicitar el séptimo y último desembolso, por valor de 27.000 millones de euros, asociados a 146 hitos y objetivos.

En total, una vez se reciba este desembolso, España habrá recibido más de 77.000 millones de los fondos europeos, el 76% de los 102.000 millones asignados al país.

Además de las partidas vinculadas al sexto pago, España ha logrado que la Comisión le reconozca dos hitos que quedaron pendientes del quinto desembolso: uno relativo a la digitalización de entidades regionales y locales y otro, más relevante, vinculado a la reforma fiscal que el Gobierno logró aprobar (con sangre, sudor y lágrimas) a finales de 2024. Entonces quedó pendiente la equiparación de los impuestos del diésel y la gasolina, algo fundamental para Bruselas. Pero el Ejecutivo esgrimió el aumento estructural de la recaudación para zafarse de esta exigencia. De los 475 millones de euros retenidos, la Comisión ha dado luz verde al pago de una parte “sustancial”, en concreto, 277 millones de euros.

Tres hitos a reformular

Pendientes quedan, eso sí, tres hitos vinculados al sexto pago (unos 250 millones de euros) que “serán reformulados en una adenda técnica” para ganar “claridad” e incorporarlos en la séptima solicitud del 'maná europeo'. “Esta reordenación en la evaluación de hitos, un trabajo técnico coordinado plenamente con Bruselas, refleja la madurez del proceso de ejecución del Plan de Recuperación que España aspira a culminar con éxito”, apuntan desde el Ejecutivo.

En concreto, como ha apuntado la Comisión Europea a través de un comunicado, estos objetivos tienen que ver con inversiones en formación profesional bilingüe, servicios de teleasistencia y proyectos de apoyo a grupos vulnerables, emprendimiento y micropymes.

Entre las reformas por las que España ha recibido la financiación europea se encuentran la citada Ley de Movilidad Sostenible, las mejoras en la compatibilidad del Ingreso Mínimo Vital con otras prestaciones para facilitar la incorporación al mercado laboral de sus beneficiarios y la ejecución de 2.242 millones de euros en inversiones destinadas a la transformación industrial del país.

“España se encamina a cerrar con éxito un instrumento clave para la modernización económica, social y territorial del país”, celebran desde el Ejecutivo.

A apenas dos meses para el fin de este plan millonario, el Gobierno trabaja a contrarreloj para aprovechar al máximo la financiación procedente de Bruselas. Además del anunciado fondo España Crece, que se nutrirá con partidas procedentes del Plan de Recuperación, el Ejecutivo aprobó esta misma semana una flexibilización en las inversiones que permita seguir ejecutando los remanentes de algunos hitos ya cumplidos más allá del 31 de agosto. El objetivo: evitar un “efecto escalón” en la inversión pública una vez desaparezcan los fondos europeos.

Según los datos de la plataforma ELISA, desarrollada por el Ministerio de Economía para hacer un seguimiento de las licitaciones vinculadas al plan, hasta el 30 de abril se han resuelto convocatorias vinculadas a los fondos europeos por valor de 67.574 millones de euros.

El Gobierno ha acordado con Bruselas flexibilizar algunas de las inversiones vinculadas al Plan de Recuperación, de tal manera que se puedan utilizar los remanentes de hitos y objetivos ya cumplidos para seguir financiando gastos afines más allá del 31 de agosto. Esta es la fecha en la que tienen que estar ejecutadas todas las reformas y acciones financiadas con el ‘maná europeo’.

El Ejecutivo ha incluido en el Real Decreto-Ley de respuesta a la crisis en Oriente Medio una disposición adicional pactada con la Comisión Europea que permitirá que, en el caso de que se hayan cumplimentado los programas del Plan de Recuperación con un menor gasto del previsto inicialmente, se puedan usar esos ahorros para “la financiación de actuaciones en las mismas áreas políticas”. Es decir, fundamentalmente, las transiciones digital y energética.

El articulado especifica que se aplicará para los hitos y objetivos incluidos en la última solicitud de desembolso, el séptimo pago, que el Ejecutivo debería pedir antes del 31 de agosto. Y siempre que se compruebe “que el importe finalmente justificado y verificado es inferior al que se consideró para evaluar los proyectos presentados del hito u objetivo y determinar su cumplimiento”.

Según detalla la disposición, serán las “entidades decisoras” del Plan de Recuperación —es decir, los ministerios— quienes determinen los hitos y objetivos que se acojan a este nuevo régimen así como la cuantía afectada, en base a la información que proporcionen las “entidades ejecutoras” —los propios ministerios, empresas públicas, comunidades autónomas o ayuntamientos—.

La disposición, dice el texto, será de aplicación inmediata desde su entrada en vigor, este miércoles. Y el Gobierno se reserva, mediante un acuerdo de Consejo de Ministros, el dictar instrucciones “para la aplicación de los apartados anteriores y para garantizar la correcta ejecución final de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”. 

Una medida para evitar el “efecto escalón”

Fuentes del Gobierno consultadas por elDiario.es apuntan que no hay una cifra cerrada de fondos que potencialmente se puedan desatascar con esta medida, ya que no se conocerán hasta el final del programa, cuando se evalúen los hitos y las cuantías. En este sentido, desde el Ejecutivo señalan que llevan meses en conversaciones con la Comisión Europea para conseguir esta flexibilización. El objetivo último, detallan, es evitar un “efecto escalón” en la inversión pública una vez finalice el programa europeo.

Hace cinco años, el presidente Pedro Sánchez consiguió una gran victoria política en Bruselas al amarrar un ‘Plan Marshall’ europeo con emisión conjunta de deuda para reconstruir la economía tras el golpe de la pandemia. Inicialmente a España se asignaron 160.000 millones de euros, entre transferencias y créditos. Al final serán 102.000 millones, ya que el Gobierno renunció a 60.000 millones en préstamos, y solo si el Ejecutivo saca adelante todos sus compromisos.

Que desaparezca de golpe esa inyección millonaria podría ralentizar un crecimiento que, hasta ahora, no deja de batir las expectativas. Para evitarlo, además de esta iniciativa, el Gobierno ha impulsado el fondo España Crece, anunciado a principios de año, dotado con 13.500 millones procedentes del Plan de Recuperación y con el objetivo de que el Instituto de Crédito Oficial —que va a gestionar este vehículo— movilice 120.000 millones de euros de inversión, entre pública y privada. Sus objetivos serán similares a los del plan original: las transiciones verde y digital, así como el desarrollo de vivienda pública asequible.

La inyección de los fondos europeos ha servido al Gobierno para capear la falta de unas cuentas públicas, dado que las que están en vigor son las prorrogadas desde 2023. De hecho, en La Moncloa se ha considerado que el Plan de Recuperación eran los ‘verdaderos’ Presupuestos de esta legislatura. El presidente ha llegado a rechazar un adelanto electoral por la necesidad de ejecutar al completo los 102.000 millones de euros procedentes de Bruselas.

El Gobierno está aún a la espera de que la Comisión Europea dé luz verde a la solicitud del sexto desembolso, por valor de 7.256 millones de euros, que remitió en marzo de este año. Entre otros, está pendiente de que el Ejecutivo comunitario autorice al Ejecutivo ‘saltarse’ la subida de los impuestos al diésel. Precisamente, y como parte del nuevo paquete de medidas por la guerra en Oriente Medio, el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva rebaja temporal en el impuesto de hidrocarburos, hasta octubre.

En La Moncloa está previsto solicitar el séptimo y último pago antes de que termine el verano, donde se incluirán unos 140 hitos y objetivos por valor de 27.000 millones de euros. A partir de ahí, la Comisión tendrá hasta el 31 de diciembre para autorizar el desembolso.

Según los datos de la plataforma ELISA, desarrollada por el Ministerio de Economía para hacer un seguimiento de las licitaciones vinculadas al plan, hasta el 30 de abril se han resuelto convocatorias vinculadas a los fondos europeos por valor de 67.574 millones de euros.

El Gobierno quiere dejar sus deberes presupuestarios hechos en julio para irse de vacaciones y retomar, ya en septiembre, la redacción de las cuentas públicas para que entren en el Congreso antes del 1 de octubre, la fecha marcada en rojo en el calendario por la Constitución. En La Moncloa estudian si llevar dos veces a votación los objetivos de estabilidad en el mes de julio, para salvar ese trámite y volver del verano con todo preparado para presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2027.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, presentó este lunes el primer paso para la elaboración: la actualización de las previsiones económicas. En el Ministerio de Economía estiman que el producto interior bruto (PIB) avanzará un 2,6% este año, cuatro décimas más de lo previsto en noviembre a pesar de la guerra, con un horizonte temporal en el que el crecimiento estará por encima del 2% hasta 2029.

Y anunció que el ministro de Hacienda, Arcadi España, citará la próxima semana a las comunidades autónomas a un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que se abordará el techo de gasto y la senda de déficit. Un organismo donde el Gobierno cuenta con mayoría de los votos y solo necesita el apoyo de una comunidad (singularmente, alguna de las gobernadas del PSOE) para que sus propuestas salgan adelante.

Dos fechas para votar: 14 o 23 de julio

A partir de ahí, los tiempos aprietan al Ejecutivo. El Gobierno ha trasladado al Congreso que el acuerdo del Consejo de Ministros con los objetivos de estabilidad se debatirán y votarán en uno de los dos Plenos extraordinarios de julio: el martes 14 o el jueves 23. Para llegar a la primera fecha, la reunión del CPFF tendría que ser el próximo lunes –es una de las fechas que baraja Hacienda– y, solo un día después, aprobarse en la reunión semanal del gabinete para remitirlo a la Cámara baja. Según el reglamento del CPFF, la convocatoria ha de realizarse con al menos 72 horas de antelación y con el orden del día incluido.

El escenario más plausible, a la vista de los antecedentes en este paso previo a los Presupuestos, es que los objetivos de estabilidad decaigan en el Congreso. Y a partir de aquí la Ley de Estabilidad Presupuestaria da 30 días al Ejecutivo para aprobar otro acuerdo con esta senda para que se vote de nuevo en el Congreso. En el caso de ser rechazados el próximo 14, al Gobierno le daría tiempo a aprobarlo de nuevo y llegar al Pleno del 23 de julio, reconocen fuentes parlamentarias. O incluso plantear otro Pleno antes de que termine el mes de julio.

En el Gobierno no descartan dejar cerrada esta carpeta antes del verano para arrancar el curso con la redacción presupuestaria y sin un revolcón en el Congreso. “Vamos a ver si cabe”, responden fuentes gubernamentales preguntadas por esta posibilidad.

¿Por qué las urgencias del Gobierno en enviar una senda de déficit condenada —en principio— al fracaso? Porque la ley únicamente establece que tengan que votarse dos veces, pero no qué hacer si son rechazados por duplicado. En el Ejecutivo, ya a finales del año pasado, argumentaron que el rechazo a este acuerdo del Consejo de Ministros no puede hurtarle su capacidad presupuestaria ni la obligación de cumplir con los compromisos adquiridos con la Comisión Europea.

Así, sin objetivos en vigor, el Ejecutivo podría hacer sus Cuentas con las referencias acordadas con Bruselas en el Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo, el documento clave de las reglas fiscales: un déficit del 1,8% en 2027 y 1,6% en 2028. Y, sin un reparto por Administraciones en vigor –esto es, cuánto corresponde al Gobierno central, a los autonómicos y a las entidades locales–, en Hacienda dan por hecho que es la Carta Magna la que prima, obligando a las comunidades autónomas a presupuestar en equilibrio.

El Gobierno parece determinado a llegar, esta vez, al marco que mandata la Constitución, que fija que el Ejecutivo debe remitir los Presupuestos “al menos tres meses antes de la expiración de los del año en vigor”. Las últimas cuentas aprobadas son las de 2023, que recibieron el aval del Congreso a finales de 2022.

“Nosotros estamos trabajando en ese escenario central de ir cumpliendo los plazos”, respondió Cuerpo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Vamos por ahora bien. Era necesario esperar a que se rebajara la incertidumbre, esperar a ver cuál estaba siendo el impacto [de la guerra en Oriente Medio] y a tener definidas las nuevas medidas. Estamos en ese punto, planteamos ese escenario económico que sienta las bases para la previsión de gastos e ingresos, que van a ser ese primer paso de los Presupuestos a través del techo de gasto y de la asignación de objetivos a las distintas Administraciones”, incidió.

Si el Gobierno presenta antes del 30 de septiembre las cuentas públicas, sería la primera vez en la legislatura en que los presenta “en tiempo y forma”. Otra cosa es que después haya 'agua' en el Congreso para que salgan adelante. “El esfuerzo está, o va a estar, en que los Presupuestos reflejen una agenda de política económica de una mayoría parlamentaria”, zanjó Cuerpo.

El Gobierno ha aprobado este lunes un nuevo paquete de medidas para responder al impacto de la guerra en Oriente Medio y mantiene las rebajas en las gasolinas para los hogares, que se irá recortando de manera progresiva hasta octubre y que cuenta con una cláusula de reactivación en el caso de que las cotizaciones del crudo vuelvan a dispararse. Además, ha prorrogado las ayudas a los sectores profesionales, fundamentalmente el campo y los transportistas.

Según ha detallado el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el Ejecutivo ha acordado desplegar 1.825 millones de euros. Entre ellos, el alivio de 20 céntimos por litro para agricultores y transportistas, que se suma a una partida de 165 millones en ayudas directas para el sector primario, en concreto a la compra de fertilizantes.

Para los hogares, la rebaja de precios en las gasolineras se articulará de manera progresiva, articulado a través del impuesto especial de hidrocarburos y no a través del IVA, como hasta ahora. Los cálculos del Gobierno pasan por que esta rebaja será de 20 céntimos por litro en julio; en agosto, de 15 céntimos por litro; en septiembre, de 10 céntimos; y en octubre se recortará hasta los 5 céntimos.

Además, el Gobierno ha incluido una cláusula automática de reactivación de la rebaja, por la que se elevará hasta los 20 céntimos/litro si la inflación de los carburantes supera el 15%. También se aplicará a los precios de la electricidad y del gas natural, activándose en el caso de que se disparen en ese mismo porcentaje.

El Ejecutivo ha dado continuidad a las medidas aprobadas el pasado mes de marzo, un paquete valorado en 5.500 millones de euros, articulado en torno a rebajas fiscales del IVA de la luz, los carburantes y el gas natural, así como otra serie de ayudas a los sectores más golpeados, como la agricultura o el transporte.

El Gobierno suprime el Impuesto de generación de electricidad

Además, el Gobierno ha decidido suprimir progresivamente el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), más conocido como impuesto del 7% a la generación, sobre el que ya actuó en el primer paquete normativo para paliar el impacto de la guerra en Oriente Medio. Así, el tributo se reduce un 30% durante el tercer trimestre de 2026, un 40% durante el cuarto trimestre, un 50% durante todo 2027 –situándose en el tipo de gravamen en el 3,5%– y desaparece totalmente en 2028.

La medida está incluida en el Real Decreto-Ley aprobado este lunes y pone fecha de caducidad a este impuesto, que hasta ahora solo se había suspendido temporalmente. El gravamen, que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy, y cuya supresión lleva años reclamando el PP, lo pagan las generadoras, pero se repercute al consumidor en el mercado mayorista de electricidad.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha explicado que esta eliminación del IVPEE, “la única medida fiscal estructural” del decreto, es “fundamental para la electrificación”, porque va a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y a diferencia de otras ocasiones en que se ha suspendido temporalmente, ahora su efecto se percibirá también en los precios a medio y largo plazo, incrementado la competitividad del tejido productivo e incentivando la inversión

El decreto también habilita a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a solicitar la información necesaria para conocer el funcionamiento del mercado de carburantes a los agentes mayoristas y minoristas de la cadena de distribución, en el ejercicio de sus competencias. También se amplía la obligación que ya tenían los operadores con capacidad de refino en España de informar semanalmente al regulador sobre sus costes de aprovisionamiento y sus precios de venta al resto de operadores mayoristas. Y si el organismo aprecia un comportamiento anómalo de algún agente, además de iniciar el procedimiento sancionador que corresponda, podrá incluir información individualizada sobre estos sujetos en su reporte semanal sobre el mercado de carburantes.

Según ha detallado la vicepresidenta Aagesen, apenas 52 estaciones de las 10.000 analizadas han incurrido en comportamientos “anómalos”. “A pesar de que son pocas, entendemos que es bueno que se dé publicidad y que los consumidores sean conscientes dónde la CNMC ha podido detectar cualquier comportamiento fuera de lo que se entiende un comportamiento normal”, ha dicho, sobre la oportunidad de activar esta medida ahora.

Para seguir acelerando la implantación de generación renovable y la producción de biogás con el máximo retorno socioeconómico para los territorios próximos a las instalaciones y con el mínimo impacto ambiental, se habilita al Organismo Nacional de Normalización (UNE) a desarrollar con normas técnicas el sello de excelencia social, territorial y ambiental que permite disfrutar de una tramitación preferente a los mejores proyectos.

También se introducen medidas para agilizar la repotenciación de líneas eléctricas existentes, especialmente para anticipar la conexión de nuevas demandas, así como la posibilidad de incorporar baterías para prestar servicios técnicos en los territorios no peninsulares, reduciendo con ello el consumo de combustibles fósiles.

Según los cálculos del Ministerio de Economía, las medidas han contribuido a rebajar en un punto porcentual la inflación. El dato de avance de junio, conocido este lunes, se ha mantenido en el 3,2% por tercer mes consecutivo. A pesar de que el IVA de la electricidad volvió al 21% a principios de mes, la caída de los precios del crudo en los mercados internacionales ya se está trasladando a las gasolineras, por lo que se han compensado.

El Real Decreto-Ley incluye la prórroga en la prohibición del despido por razones vinculadas al conflicto en Oriente Medio, así como ayudas condicionadas a planes de movilidad sostenible para trabajadores.

El Gobierno de coalición, además, ha anunciado un acuerdo entre ambos socios del Ejecutivo para impulsar un ambicioso paquete de medidas en materia de vivienda, que se votará en el mes de julio, con medidas para bajar los precios e impulsar la oferta de vivienda asequible.

El Consejo de Ministros también ha dado luz verde al nuevo cuadro macroeconómico, las cifras con las que Hacienda elaborará los Presupuestos de 2027, y que dispara el crecimiento del producto interior bruto (PIB) al 2,6% para este año.

El Gobierno ha dado el pistoletazo de salida a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2027 disparando su previsión de crecimiento hasta el 2,6% para este año, un avance que se mantendrá por encima del 2% hasta 2029.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al nuevo cuadro macroeconómico, la base con la que se redactarán las cuentas públicas, y prevé que ni la guerra ni la desaceleración en Europa vayan a frenar la 'locomotora española'.

Las cifras, adelantadas por la SER y confirmadas por este periódico, apuntan a que la subida de los precios energéticos y la incertidumbre provocada por el conflicto económico apenas pasará factura a la actividad. Los buenos datos de crecimiento de principios de año, junto con los indicadores ya adelantados para el segundo trimestre, apuntalan un crecimiento sólido para este ejercicio.

El buen ritmo de la economía española se mantendrá en los próximos años, con crecimientos por encima del 2% en 2027, 2028 y 2029.

La revisión del cuadro macroeconómico del Gobierno se produce después del alto el fuego en la guerra entre Estados Unidos e Irán, lo que ha despejado algunos de los nubarrones del escenario económico.

El Ejecutivo rehusó actualizar sus cifras a finales de abril, cuando envió el Informe de Progreso Anual de las reglas fiscales a Bruselas, argumentando que la situación bélica impedía hacer una proyección adecuada. La guerra supuso retrasar los Presupuestos para 2026 hasta el punto de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apostó por ir directamente a un proyecto para 2027, el último año de la legislatura.

Con estas cifras, el Gobierno se sitúa en la parte alta de las previsiones elaboradas hasta ahora por los principales observadores económicos. El Banco de España, hace dos semanas, decidió mantener su proyección en el 2,3%, aunque el escenario se cerró mucho antes del anuncio de la paz entre ambos países. La OCDE elevó al 2,2% su estimación, mientras que el FMI la mantuvo en el 2,1%.

La inflación cierra junio en el 3,2%, idéntica tasa que en los meses de mayo y abril, después de que el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos haya calmado las aguas de los mercados internacionales. La relajación de las cotizaciones del crudo ha comenzado ha trasladarse a los precios de las gasolineras, lo que ha compensado la subida en el precio de la electricidad, tras retornar su IVA al 21% a principios del mes.

El INE ha publicado este lunes los datos de avance del Índice de Precios al Consumo (IPC) del sexto mes del año, el dato clave que le faltaba al Ejecutivo para contrastar la efectividad de las medidas anticrisis que desplegó a finales de marzo y que expiran este 30 de junio. El Consejo de Ministros, adelantado a este lunes, decidirá qué medidas nuevas aprueba o cuáles prorroga, de cara a seguir amortiguando los efectos económicos del conflicto en Oriente Medio.

El Ministerio de Economía, en una valoración remitida a los medios de comunicación, apunta que el Plan de Respuesta por la guerra ha recortado el IPC en torno a un punto porcentual. Sin embargo, la tasa sigue muy por encima del 2,3% que registró en febrero, antes de los ataques sobre Irán.

Desde la Vicepresidencia que lidera Carlos Cuerpo señalan que, desde el 1 de julio, el Gobierno va a mantener el apoyo a las familias “y a los sectores más afectados”, como la industria, el transporte y la agricultura. “Al mismo tiempo, la progresiva disipación de la incertidumbre que ha marcado los últimos meses permite adaptar y calibrar de forma gradual las medidas, sin retirar la protección a quienes más la necesitan”, detallan estas mismas fuentes.

Los datos de junio también apuntan a un ligero alivio en la tasa de la inflación subyacente -la que excluye los precios más volátiles de la energía y los alimentos frescos-, que baja una décima, hasta el 2,9%. Esto disipa, al menos en parte, algunos temores de que las presiones inflacionistas por la guerra ya se estaban trasladando al tejido productivo.

En términos mensuales, eso sí, los precios de junio crecieron un 0,6% respecto a los del mes de mayo, una aceleración con respecto al 0,1% que marcó esta tasa hace solo 30 días.

El Gobierno de España movilizará un millón de euros de financiación a través de las instituciones multilaterales que estén presentes en Venezuela para contribuir a que las “consecuencias se minimicen” tras los terremotos registrados en el país sudamericano.

Así lo ha anunciado este viernes en Oviedo/Uviéu el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien ha indicado que ha dado la orden para movilizar esta contribución financiera “en estas primeras horas”.

Minimizar las consecuencias

Antes de participar en la inauguración de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el ministro ha señalado que el objetivo de estas ayudas es que las consecuencias “se minimicen”, aunque, según ha advertido, ya se están viendo los efectos “devastadores” que han tenido los terremotos.

El vicepresidente del Gobierno, que ha trasladado un mensaje de acompañamiento a todos los afectados, ha destacado que el Ejecutivo español está en permanente seguimiento de la situación e intentando entrar en contacto con todos los españoles que están en la zona afectada, sin haberlo conseguido con todos ellos.

Tres españoles muertos

A este respecto, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado en las últimas horas de la muerte de tres españoles en los terremotos de Venezuela, confirmada por familiares, y que en estos momentos hay otros 80 ciudadanos desaparecidos.

Cuerpo ha pedido que los españoles que aún no lo han hecho que se pongan en contacto “en la medida de lo posible” con el Consulado para poder hacer un seguimiento y “ayudarles en lo que en lo que se pueda en estas difíciles circunstancias”.

La ayuda de la UME

El ministro ha recordado que esta madrugada partió a Venezuela un avión fletado para prestar ayuda con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), de los equipos de emergencia de la Comunidad de Madrid y miembros de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido este viernes en Oviedo/Uviéu la “sostenibilidad” del Gobierno “hasta que termine esta legislatura, que será el año que viene”, ha puntualizado.

Cuerpo ha respondido en estos términos al ser preguntado por los periodistas sobre si el Ejecutivo es sostenible o si son necesarias unas elecciones.

La gestión del Ejecutivo

El vicepresidente primero ha dicho que “los datos hablan por sí mismos” porque el Gobierno ha sacado adelante más del 85% de las votaciones celebradas en el Congreso, donde además ha aprobado 68 normas.

Cuerpo también se ha referido a la gestión del Ejecutivo y a los resultados que ha tenido en materia de crecimiento, de creación de empleo, de reducción de la desigualdad, o de mejora del poder adquisitivo, asuntos que a su juicio “hablan por sí mismos en cuanto a la sostenibilidad de este Gobierno hasta que termine esta legislatura, que será el año que viene”.

El vicepresidente primero y ministro de Economía se encuentra este viernes en Oviedo/Uviéu para participar en la LXVI Reunión Ordinaria de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 

El producto interior bruto (PIB) de la economía española creció un 0,6% en el primer trimestre del año, un periodo en el que ya impactó de lleno la incertidumbre y la subida de los precios energéticos y la incertidumbre provocadas por la guerra en Oriente Medio, gracias al vigor de la demanda interna de la economía, de acuerdo con los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de principio de año, a pesar de que arroja una ligera desaceleración en comparación con el 0,8% que creció la economía a cierre de 2025, muestra la resistencia del tejido productivo a pesar de los vientos de cara de la guerra. La demanda interna de la economía se mantuvo fuerte gracias a la fuerza del consumo de los hogares, que avanzó un 0,6%, alimentado por el buen comportamiento del mercado laboral y las medidas desplegadas por el Ejecutivo para amortiguar el impacto de la subida de los precios.

El hecho de que las importaciones (que 'restan' crecimiento al efectuar compras en otros países) cayeran un 1%, con más fuerza de lo que se corrigieron las exportaciones (-0,6%), provocó que el sector exterior también contribuyera en positivo al crecimiento de la economía española. De ese 0,6%, medio punto se explica por la fuerza de la pata interna de la economía y una décima por la actividad exterior.

Por el lado de la oferta, todos los sectores arrojaron tasas positivas de crecimiento, salvo la construcción, que se mantuvo prácticamente plana.

En términos interanuales (primer trimestre de 2026 comparado con el primer trimestre de 2025), la economía española aceleró su crecimiento hasta el 2,7%, una décima más de lo que registró a cierre de 2025. De nuevo, fue el consumo de los hogares (3,2%) y la fortaleza de la inversión (5,6%, medida a través de la formación bruta de capital fijo) las variables que apuntalaron el tirón de la actividad.

Salvo el primario, todos los sectores registraron crecimientos en la actividad, singularmente la construcción (6,3%), que ya cerró 2025 con avances superiores al 7%.

En una valoración remitida a los medios de comunicación, el Ministerio de Economía destaca la “señal positiva hacia delante” que supone la fortaleza de este sector, en plena crisis habitacional. La inversión en vivienda y construcción aumentó un 6%, de acuerdo con los datos publicados por el INE.

La Contabilidad Nacional Trimestral (el nombre técnico de esta estadística) también recoge variables de empleo, que muestran un comportamiento positivo del mercado laboral. Las horas efectivamente trabajadas crecieron un 2,1%, en comparación con el mismo periodo del año anterior, y los puestos de trabajo equivalentes fueron un 2,8% superiores.

La productividad por hora trabajada, que es la variable más utilizada para medir la eficiencia de la economía, avanzó un 0,6%.

El Gobierno aprobará la actualización de su cuadro macroeconómico, la referencia fundamental con la que se elaboran los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el próximo 29 de junio, junto al nuevo Real Decreto-Ley de medidas para amortiguar los efectos de la guerra en Oriente Medio, según ha podido saber elDiario.es.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció hace unas semanas que sería el próximo martes, 23 de junio, cuando presentaría en el Consejo de Ministros la actualización de las previsiones de crecimiento económico y de inflación. Es el primer paso clave, junto con la aprobación de la senda de estabilidad, para la redacción de las cuentas públicas, ya que son los supuestos en los que se basan algunas referencias clave como la evolución de los ingresos y los gastos públicos.

Sin embargo, fuentes gubernamentales indican que la fecha en la que se aprobará esta nueva referencia será el 29 de junio, lunes, en la misma reunión del gabinete en la que se apruebe el nuevo paquete de medidas en respuesta a la guerra en Irán.

Este retraso, de apenas unos días, se produce después de conocerse el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, que ha provocado una reacción inmediata en los mercados financieros y una rebaja de los precios del petróleo. El Ministerio de Economía se da unos días más para actualizar al minuto la última información disponible, ya que referencias clave como la inflación (que puede influir mucho en las previsiones del gasto en pensiones) pueden cambiar mucho si el crudo se estabiliza en los niveles previos al conflicto.

El Gobierno renunció a actualizar el cuadro macroeconómico en abril, antes de enviar a Bruselas el Informe de Progreso Anual de las reglas fiscales, debido a que la volatilidad del conflicto dificultaba los ejercicios de proyección. Cuando Cuerpo anunció la fecha del 23 de junio, el acuerdo de paz era una posibilidad pero no algo cierto, como sí lo es desde esta semana.

El cuadro macroeconómico incluirá el impacto de las nuevas medidas que apruebe el Gobierno para paliar los efectos de la guerra en Irán. El pasado mes de marzo aprobaron una serie de rebajas fiscales en el IVA y otros impuestos especiales que decayeron a finales de mayo, en el caso de la electricidad y el gas natural, y que terminan el 30 de junio, en lo que respecta a las bonificaciones en los carburantes. El lunes 29, como anunció el presidente del Gobierno, aprobarán un nuevo Real Decreto-Ley de “protección al tejido productivo y a la ciudadanía”, que negociarán con los grupos parlamentarios para asegurar que salga adelante.

Las últimas cifras del Ejecutivo, presentadas a finales del año pasado, preveían un crecimiento del producto interior bruto (PIB) para 2026 del 2,2%, en la línea del resto de analistas. El Banco de España, que actualizó este jueves sus propias proyecciones, calcula un repunte del 2,3% de la economía, aunque con una previsión de inflación muy por encima de lo estimado en marzo. Una nota del centro de estudios de Funcas, publicada este viernes, apunta a un Índice de Precios al Consumo de entre el 3,1 y el 3,3%, en función de si las medidas desplegadas por el Gobierno se mantienen hasta octubre o no.

El Gobierno trata de dar contenido político al año que queda de legislatura en plena tormenta judicial y lo hace por el frente en el que se siente más seguro: la economía. Para sacar pecho de las buenas cifras macro, a pesar de los vientos de cara que llegan de Oriente Medio, el Ejecutivo ha organizado una jornada para celebrar los cinco años del Plan de Recuperación y la transformación verde y digital del país, cuando quedan solo dos meses para el final de los fondos Next Generation EU.

El próximo lunes el Gobierno, en colaboración con la Comisión Europea, celebrará en el Teatro Real el acto ‘España verde y digital: El impacto del Plan de Recuperación’, un evento que, según apuntan desde el Ejecutivo, “servirá para reflexionar sobre la transformación de nuestro país durante los cinco años de despliegue de los fondos” europeos.

El acto será inaugurado por el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y por la vicepresidenta para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, la máxima representante de los socialistas europeos en el Ejecutivo europeo y, hasta 2024, la vicepresidenta ‘verde’ del Gobierno de Pedro Sánchez. Será el presidente quien clausure el evento.

El proyecto clave del mandato de Sánchez

El objetivo, apuntan fuentes gubernamentales, es hacer balance del proyecto estrella de Sánchez quien, tras la pandemia, consiguió que la Comisión Europea hiciera algo inédito: emitir deuda conjunta para financiar un ‘plan Marshall’ que permitiera reconstruir la economía. En total, España fue el segundo Estado más beneficiado por el programa, después de Italia, con 160.000 millones de euros, prácticamente a partes iguales entre ayudas y préstamos. 

Finalmente, la cuantía que reciba España será inferior –102.000 millones de euros–, después de que España renunciara al grueso de los créditos (60.000 millones), una decisión que el Ministerio de Economía explicó porque el Tesoro Público puede financiarse en los mercados con unas condiciones más favorables que los bonos de la Unión Europea.

A dos meses del 31 de agosto, la fecha marcada en rojo en el calendario porque es cuando deben estar todas las inversiones y proyectos financiados con fondos europeos asignados, el Gobierno aprovechará para destacar algunos de los proyectos clave surgidos al calor de este ‘maná europeo’ y presentar a empresas beneficiadas en sectores como el energético, la tecnología médica o la economía circular. Ese impacto del Plan de Recuperación se verá también a través de la intervención de una alumna de un ciclo de Formación Profesional promovido por este programa y con la proyección de un vídeo sobre La Vega Innova, el hub de innovación agroalimentaria del Ministerio de Agricultura que, entre otras cosas, funciona como aceleradora de start-ups vinculadas al sector primario.

En La Moncloa dan una relevancia fundamental a los fondos europeos, ya que consideran que han sido los 'verdaderos' Presupuestos de Sánchez en esta legislatura. De hecho, el presidente ha llegado a rechazar un adelanto electoral por la necesidad de ejecutar al completo los 102.000 millones de euros procedentes de Bruselas.

El Gobierno está aún a la espera de que la Comisión Europea dé luz verde a la solicitud del sexto desembolso, por valor de 7.256 millones de euros, que remitió en marzo de este año. Entre otros, está pendiente de que el Ejecutivo comunitario autorice al Ejecutivo ‘saltarse’ la subida de los impuestos al diésel.

En La Moncloa está previsto solicitar el séptimo y último pago antes de que termine el verano, donde se incluirán unos 140 hitos y objetivos por valor de 27.000 millones de euros. A partir de ahí, la Comisión tendrá hasta el 31 de diciembre para autorizar el desembolso.

Según los datos de la plataforma ELISA, desarrollada por el Ministerio de Economía para hacer un seguimiento de las licitaciones vinculadas al plan, hasta el 30 de abril se han resuelto convocatorias vinculadas a los fondos europeos por valor de 67.574 millones de euros.

El reto al que se enfrenta la economía española una vez expiren los fondos es al ‘efecto precipicio’ de la inversión pública, un hundimiento repentino del impulso que ha supuesto el Plan de Recuperación. El presidente Sánchez anunció a principios de año la creación de un fondo soberano, España Crece, a través de una inyección de capital al Instituto de Crédito Oficial para movilizar hasta 120.000 millones de euros, en proyectos vinculados a las transiciones ecológica y digital, así como para aumentar la oferta de vivienda de alquiler asequible.

Si bien todavía hay poca evidencia académica sobre los efectos del Plan de Recuperación sobre la economía, en el Gobierno estiman que, gracias a su impacto, en 2031 el producto interior bruto español estará 3,4 puntos por encima de donde habría estado sin las reformas e inversiones. Algunas investigaciones ya recogen las consecuencias beneficiosas de programas como el Kit Digital a la hora de mejorar la productividad de las empresas: las compañías que solicitaron esta ayuda de hasta 5.000 euros experimentaron un incremento de su eficiencia del 1,2% un año después de percibirla, frente a aquellas que no la pidieron, según los datos del Banco de España en su Informe Anual 2025.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha desvelado este miércoles que la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno generó en mayo entre 20.000 y 25.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social.

En la sesión de control al Gobierno, la vicesecretaria del PP Cuca Gamarra ha dirigido una interpelación urgente al vicepresidente para mostrar su preocupación por diferentes asuntos relacionados con la actualidad política y económica, a lo que el ministro ha replicado ensalzando algunos hitos logrados durante la legislatura, según informa Europa Press.

En concreto, se ha referido al “récord de afiliaciones” que registra el país y al hilo de ello se ha pronunciado sobre el proceso de regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes impulsado vía real decreto en abril de este año.

Cuerpo ha destacado que cada vez se están ocupando empleos de mayor valor añadido y con una mayor estabilidad de la que tenían hace seis años, al mismo tiempo que se está reduciendo la tasa de abandono escolar.

A renglón seguido, el 'número dos' del Gobierno ha ensalzado las “nuevas noticias” procedentes del proceso de regularización y más precisamente que este movimiento ya está reflejando un impacto “positivo” en las afiliaciones de mayo.

“En los datos del mes de mayo hay un incremento de en torno a 60.000 afiliaciones en términos desestacionalizados y tiene en torno a unas 20.000-25.000 afiliaciones que procederían del impacto positivo de este proceso de regularización”, ha especificado Carlos Cuerpo. En este sentido, el ministro ha incidido en que el proceso de regularización está demostrando ser un “elemento esencial” para el Estado del bienestar y el crecimiento económico.

El PP, centrado en pedir elecciones

En línea con este discurso, Carlos Cuerpo ha lanzado desde la tribuna del Congreso un mensaje de “confianza, de aliento y de esperanza a la ciudadanía”, remarcando que el país es “próspero”, “abierto” y con una economía “líder” y con un tejido social que avanza protegiendo a la mayoría.

En el turno de réplica, Cuca Gamarra ha compartido que desde el mundo económico hay confianza en el país, pero porque según ella “ya queda poco” para que haya elecciones y el PP llegue al Gobierno. “Esta es la explicación y esto es lo que está generando confianza en la economía”, ha soltado.

La Comisión Europea vuelve a poner en duda la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez para hacer descarrilar la OPA que BBVA presentó para hacerse con el Sabadell. La Comisión Europea considera que dichas medidas son “incompatibles con el nuevo marco establecido para regular adquisiciones, fusiones, escisiones y otros cambios estructurales que afecten a entidades de crédito”. La operación del BBVA fracasó, ya que con las condiciones impuesta por el Gobierno solo logró el respaldo de poco más del 25% del accionariado de la entidad catalana.

Bruselas ya anunció el pasado 17 de julio de 2025 que abría un procedimiento de infracción contra España por las leyes en las que se basó el Ejecutivo para interferir en la OPA. Entonces el ejecutivo comunitario consideró que sólo el Banco Central Europeo (BCE) y las autoridades nacionales de Competencia (CNMC) deberían haberse pronunciado y cuestionó que la decisión se elevara al Consejo de Ministros, que puso condiciones extra.

Ahora la Comisión Europea ha enviado una nueva carta al Gobierno de España por incumplir el Reglamento del Mecanismo Único de Supervisión, la Directiva sobre Requisitos de Capital y los artículos 49 y 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

El Ministerio de Economía: “Es una carta complementaria”

Fuentes del Ministerio de Economía han señalado que “no se ha abierto ningún nuevo procedimiento de infracción a España relacionado con fusiones bancarias. La carta de la Comisión no supone que el procedimiento ya existente haya avanzado a una nueva fase o escalado. Es una carta complementaria a la anterior”.

Bruselas argumenta que “la consolidación del sector bancario beneficia a la economía de la Unión Europea en su conjunto y resulta esencial para la consecución de la Unión Bancaria Europea. Estas fusiones también garantizan que el capital se asigne de forma eficiente en toda la Unión y que ciudadanos y empresas tengan acceso a productos financieros a precios competitivos, un objetivo clave de la Unión de Ahorros e Inversiones”.

Con la entrada en vigor de la nueva directiva sobre requisitos de capital, que tenía que ser traspuesta en la legislación española antes del 10 de enero de 2026, la Comisión “ha actualizado la evaluación jurídica” del procedimiento contra España ya que considera que “las medidas españolas objeto de examen son incompatibles con el nuevo marco establecido” de dicha directiva. 

Desde el Ministerio de Economía se insiste en que “está trabajando intensamente en la transposición de la nueva Directiva de Requerimientos de Capital (CRD VI) para adaptar la normativa doméstica y recoger la competencia exclusiva del BCE y del Banco de España en materia de supervisión prudencial de las fusiones bancarias, sin perjuicio del papel de otras autoridades en el marco de sus competencias, como es el caso de la CNMC”.

Ante las medidas que sacó adelante el Gobierno de España para entorpecer la fusión entre BBVA y Sabadell, “la Comisión envía hoy esta carta de emplazamiento adicional a España, que dispone ahora de dos meses para responder y corregir las deficiencias señaladas”. En caso de que España no corrija su actuación, la Comisión emitirá “un dictamen motivado, que constituye la siguiente fase del procedimiento de infracción de la Unión Europea”.

La Comisión Europea lleva analizando la legislación que rodea esta operación desde mayo de 2024, cuando dos días después del anuncio de la adquisición de Banco Sabadell por BBVA recibió una denuncia de un ciudadano que ponía en alerta a los técnicos comunitarios sobre la posibilidad de que varias normas españolas pudieran entorpecer esa operación.

El Gobierno dio luz verde a la oferta de compra de BBVA por Banco Sabadell, pero exigió a los bancos que no se fusionen durante tres años, para que sigan operando por separado, y que no podrán realizar despidos en el marco de esta operación. Además, podrá ampliar ese tiempo hasta dos años más. Mantiene, también, las condiciones que determinó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Antes de esta decisión, el regulador del mercado bursátil, la CNMV, ha suspendido temporalmente la cotización de los bancos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anticipa un frenazo económico de España en 2026 y 2027, junto con una inflación disparada cercana al 5%, en el peor de los escenarios de la guerra en Oriente Medio, en el que los precios del barril de petróleo se mantienen por encima de los 110 dólares y el gas natural se encarece más de un 200%.

La organización con sede en Washington ha publicado este viernes su informe sobre la economía española, el conocido Artículo IV, y ha mantenido las previsiones de referencia que publicó hace dos meses: un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 2,1% en 2026 y de un 1,8% el próximo año. En estos dos ejercicios, la inflación se situaría en el 3% y el en 2,3%, respectivamente.

Pero, por primera vez, la institución ha aplicado a la economía española el más grave de los supuestos que diseñó en abril, cuando en su Informe de Proyecciones Económicas Mundiales evitó diseñar un escenario base para la economía global y apostó por uno de referencia, que complementó con otros dos (adverso y severo) en función de la duración del conflicto en Oriente Medio. En este último (precios medios del crudo de 110 dólares en 2026 y 125 dólares en 2027, con el gas triplicando su coste y los alimentos disparándose un 5% y un 10% en cada año), la factura para España sería mucho más costosa de lo anticipado.

El fondo prevé que, en este escenario, la economía española se ralentizaría en 2026 hasta un crecimiento del 1,5% (0,6 puntos menos que en el supuesto base que presenta) y ahondaría en la desaceleración el próximo año con un tímido avance del 1,1% (siete décimas menos de su proyección oficial).

El impacto más notable se daría en los precios: la inflación media escalaría al 4,1% este año (1,1 puntos más) y se situaría en el 4,8% el que viene (2,5 puntos más), en cotas no vistas desde el estallido de la guerra en Ucrania.

El FMI avanza que las cuentas públicas también se verían seriamente afectadas, con un empeoramiento del déficit de tres décimas en cada año, estancándose en el 2,5%, y el endeudamiento de las Administraciones Públicas ralentizando su mejora. “Dados los elevados niveles de deuda pública y las presiones estructurales de gasto, un estímulo fiscal discrecional amplio no estaría garantizado en este escenario”, apunta el documento, que apostaría por evitar esas rebajas de impuestos generalizadas por “medidas temporales y no distorsionadoras de los precios enfocadas a los hogares y empresas vulnerables”.

Si bien el mayor riesgo es un conflicto duradero en Oriente Medio, una posible corrección de las bolsas o una intensificación de los conflictos geopolíticos y de las barreras comerciales podría afectar a la economía, sobre todo al impactar de lleno a los principales socios europeos, apunta el organismo.

La fragmentación política y las prórrogas presupuestarias

A la interna, el FMI también advierte de las dificultades del Gobierno para atar mayorías parlamentarias y de que la fragmentación política se ha intensificado en el último año, “forzando la tercera prórroga presupuestaria consecutiva”. Por el camino se han quedado reformas económicas relevantes, como la reducción de la jornada laboral o medidas para impulsar la oferta de vivienda (Ley del Suelo).

“Esto plantea preguntas relacionadas con la capacidad del Gobierno para conseguir los compromisos incorporados en su Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo y de implementar acciones decisivas para calmar a los mercados en el caso de un estrés financiero -como la preocupación por las elevadas deudas soberanas en otras economías del euro- que puedan trasladarse a España”, aduce el organismo.

En este sentido, ante la falta de Presupuestos y de un techo de gasto, el FMI espera que los compromisos fiscales se alcancen “en el contexto de otra prórroga de las Cuentas de 2023 y esté impulsada por un incremento sólido de la recaudación”.

El rey Felipe VI y el vicepresidente Carlos Cuerpo pondrán rumbo la semana que viene a Canadá, en un viaje de tres días con el objetivo de amarrar inversiones de aquel país y abrir puertas a las empresas españolas en un momento clave para la geopolítica mundial, con Ottawa buscando reducir las dependencias de Estados Unidos y dejándose querer por la Unión Europea.

El Ejecutivo busca dar un impulso a las relaciones comerciales entre ambos países, que entre las mercancías y los servicios suponen unos intercambios de 7.000 millones de euros y 16.000 millones de inversión, apenas cinco meses después de que el primer ministro canadiense, el liberal Mark Carney, causara sensación en Davos con su apuesta por una coalición de “potencias medias” en un momento donde Estados Unidos, China o Rusia se miran cada vez más de reojo.

Carney, en cuyo liderazgo fue clave la figura de Donald Trump y, sobre todo, sus andanadas sobre una potencial anexión de Canadá a los Estados Unidos –se refirió a ellos como el estado 51, ahora lo hace con Venezuela– lleva meses acercándose a la Unión Europea. Cada vez más canadienses sueñan con unirse al proyecto (cerca del 60%, según una encuesta reciente), aunque el océano Atlántico de por medio hace difícil su adhesión. El primer ministro sí participó a principios de mes en la reunión de la Comunidad Política Europea (CPE), impulsada por Francia y a la que también acude Reino Unido, lo que muestra a las claras el paso al frente del político canadiense.

El petróleo y el gas, en el foco

Más allá de abrir nuevas oportunidades a las empresas españolas, el objetivo del viaje por parte del Ejecutivo es claro, según han detallado fuentes del Ministerio de Economía: el territorio canadiense es rico en hidrocarburos y también en materias primas críticas. No es solo que España carezca de ellas, sino que en los últimos años ha aumentado la dependencia de Estados Unidos como proveedor de productos energéticos –gas natural licuado, fundamentalmente–, un papel que se ha reforzado a consecuencia de la guerra en Oriente Medio.

Cuerpo viajará por tercera vez a Canadá, esta vez al máximo nivel acompañado por el rey Felipe VI. Allí ambos protagonizarán un encuentro con empresarios en el MaRS Discovery Centre –al menos 170, entre canadienses y españoles, han mostrado interés en acudir– donde la tecnología tendrá un componente fundamental. El vicepresidente se reunirá con el ministro de Inteligencia Artificial, Evan Solomon, y está prevista la firma de un memorando de entendimiento (MOU) entre ambos países para colaborar en estas infraestructuras tecnológicas.

Según el Ejecutivo, en Canadá se abren oportunidades muy relevantes para el sector español de la descarbonización. En cuanto a las relaciones comerciales, el saldo comercial es deficitario (es decir, importamos más que exportamos) debido a las compras de hidrocarburos y materias primas. Sin embargo, las exportaciones españolas a aquel país son de alto valor añadido, destacando los bienes de equipo y los productos farmacéuticos.

Además, Canadá forma parte del mecanismo SAFE impulsado por la Unión Europea para desarrollar la industria de Defensa sin depender de un Estados Unidos cada vez más agresivo en sus relaciones con los socios tradicionales. Actores nacionales como Indra estarán presentes en el encuentro con empresarios. 

Otro ámbito en el que habrá reuniones bilaterales será en el turístico, con un encuentro entre aerolíneas españolas y canadienses con el objetivo de ampliar las rutas existentes entre ambos países. Las conexiones son complejas y no hay línea directa entre España y Ottawa, la capital. Sí con Toronto o Montreal. Una circunstancia que también afecta a las relaciones económicas entre ambos Estados.

La Comisión Europea da por concluida la polémica por el uso de parte del dinero para el pago de pensiones en España. El vicepresidente de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, ha avalado este miércoles que el Gobierno español pueda utilizar fondos europeos para el pago de pensiones. “Aunque el pago de pensiones y otras formas de gasto corriente no son elegibles para reembolsos, sería posible que los Estados miembros utilicen temporalmente parte de la liquidez procedente de otros reembolsos para cubrir desembolsos presupuestarios”, ha comentado el comisario europeo.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, negó en el Senado haber utilizado fondos europeos para el pago de pensiones y defendió la legalidad de efectuar modificaciones presupuestarias, ya que son un “instrumento ordinario”, legal, y que los fondos europeos se han destinado “exclusivamente” a las inversiones comprometidas con la UE.

El Ministerio de Hacienda también defendió la operación por tener “un respaldo legal claro” en el cambio de uso de créditos “sobrantes” de fondos Next Gen en la adaptación que se realizó para prorrogar los Presupuestos Generales del Estado entre 2023 y 2024.

En Bruselas, Fitto ha recalcado que “este tipo de operaciones de gestión de tesorería por parte de los Estados miembros son temporales y no tienen impacto en la protección de los fondos de la UE. La Comisión comprueba claramente los sistemas nacionales de control y puede intervenir en casos de fraude, corrupción o conflicto de intereses”.

En el informe sobre la Cuenta General del Estado de 2024 del Tribunal de Cuentas se señalaba que “la insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos ineludibles de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas motivó que en noviembre de 2024 se autorizaran dos modificaciones por 2.389,4 millones de euros, ambas financiadas con créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”. 

Aunque se supone que Bruselas ha dado por zanjado el asunto, el vicepresidente de la Comisión ha apuntado que “la Comisión es consciente del asunto y está revisando el informe del tribunal español sobre esta investigación relativa al uso de los fondos Next Generation EU”.

El Partido Popular utilizó el informe del Tribunal de Cuentas para atacar al vicepresidente económico durante la sesión de control en el Senado que tuvo lugar este martes. La portavoz popular, Alicia García, acuso al Ejecutivo de utilizar el “método del trilero”, moviendo dineros entre partidas presupuestarias y usando los fondos europeos como “respiración asistida del sanchismo”.

La decisión del Gobierno español también provocó una polémica internacional, ya que el eurodiputado del PP europeo y presidente de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, el alemán Andreas Schwab, pidió la comparecencia en la Eurocámara de miembros de los tribunales de cuentas de la UE y España para explicar el desvío de partidas de las cuentas públicas de España, según apuntó en una entrevista en El Mundo.