Un Consejo Global para una Economía del Bien Común, liderado por la economista Mariana Mazzucato y con España como primer anfitrión e impulsor, guiará a las fuerzas progresistas a compensar y redistribuir las grandes riquezas acumuladas por las empresas como contrapeso al auge de la ultraderecha neoliberal. El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, lo ha anunciado este sábado durante su intervención en la Movilización Progresista Global, encuentro impulsado por el PSOE y el socialismo europeo que se celebra este fin de semana en Barcelona.

El Consejo surge como “espacio de reflexión y propuesta que aspira a transformar los cimientos del pensamiento económico dominante y ofrecer una alternativa rigurosa y progresista de políticas orientadas a un crecimiento compatible con la reducción de la desigualdad, la aceleración de la transición ecológica y el refuerzo de la democracia”, según han informado fuentes del Ministerio de Economía, que liderará este Consejo junto a Mazzucato.

Justicia, igualdad, sostenibilidad y solidaridad global serán los valores centrales que guiarán este Consejo, en el que participarán ministros de finanzas, representantes de la sociedad civil y economistas con trayectoria internacional reconocida. “El objetivo principal es pensar en cómo crecer económicamente con un propósito”, ha defendido Cuerpo, mientras que Mazzucato ha expresado que se trata de que “el Estado no solo se dedique a corregir a los mercados, sino que les dé forma” para que se reduzca la desigualdad entre las rentas del capital y las del trabajo, cada vez más amplias.

La primera reunión se celebrará en verano de 2026 y se convocará “en los márgenes” de eventos como las reuniones anuales del Banco Mundial y FMI o la COP. El segundo encuentro tendrá lugar en Madrid en la primavera de 2027 con el objetivo de marcar unos principios económicos claros y una agenda reformista de cara al otoño.

Teniendo en cuenta los asuntos abordados durante la cumbre del progresismo impulsada por el PSOE y con la participación de líderes de la izquierda europea y mundial, así como de activistas y académicos, el impuesto a los megarricos, la regulación de la IA y el control al gran poder de las tecnológicas, la agenda verde para reducir la huella de carbono y los precios energéticos y la crisis de la vivienda serán los temas principales a abordar.

Los debates se han celebrado casi sin discrepancias y los ponentes se han mostrado en general de acuerdo en crear mecanismos para redistribuir la riqueza de manera progresiva, para controlar y compensar el poder de las tecnológicas en Europa y para intervenir el mercado de la vivienda a la par que se fomenta la inversión en vivienda pública.

España cerró 2025 con un déficit (diferencia entre ingresos y gastos públicos) del 2,2% del producto interior bruto (PIB), la menor tasa desde el estallido de la crisis financiera, y por debajo del objetivo fijado por el Gobierno para el ejercicio, que era del 2,5%. La mejora de este saldo se debe al buen ritmo de la recaudación, que se disparó más de un 10% hasta superar los 325.000 millones de euros.

El Gobierno ha publicado este martes los datos de la Ejecución presupuestaria del año 2025, que arrojan una mejora del saldo público de 8.811 millones y siete décimas menos en comparación con la cifra del 2024, que fue del 2,9%, una vez descontados los efectos en las cuentas públicas de la DANA. En total, esto supone que el Estado registró un déficit de 36.780 millones de euros.

Este 2,2% del déficit supone los menores números rojos en 18 años. El Estado acabó el 2007 con un superávit (es decir, más ingresos que gastos) del 1,9%. Pero la crisis financiera golpeó de lleno a las cuentas públicas en 2008, hundiendo el saldo hasta el -4,9% en solo un año.

El déficit tocó suelo en 2012, cuando registró un 11,5%, y de nuevo en 2020, por los efectos de la pandemia, cuando se hundió hasta el 9,9%. Desde entonces, ha mejorado en 7,7 puntos porcentuales, como subrayan desde el Ejecutivo.

Aun contando con los efectos fiscales de la DANA en las cuentas públicas de 2025, el déficit se sitúa en el 2,4%. Igualmente, la menor cifra desde 2007.

A solo 0,1 puntos del objetivo para 2026

Según destaca el Ministerio de Hacienda en una nota de prensa, esta es la sexta ocasión en la que el saldo presupuestario mejora el objetivo fijado por el Ejecutivo y, también, todas las previsiones de los organismos nacionales como el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, el Banco de España o la AIReF.

De hecho, la rebaja del déficit es tan acusada que casi cumple con el objetivo para 2026 (2,1%), lo que da un amplio margen fiscal para financiar las medidas de apoyo en respuesta a los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio.

La ex vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero ya avanzó hace unas semanas que el Gobierno había cumplido con el objetivo del 2,5%. Sin embargo, el adelanto electoral en Andaulcía, donde concurre como candidata, impidió que presentara los datos publicados este martes.

Su sustituto, el ministro Arcadi España, ha subrayado que “España es un país fiable y con una política presupuestaria creíble y responsable”. “No solo es importante reducir nuestro déficit, sino también la forma en que lo hemos logrado. España está mejorando su saldo fiscal sin aplicar recortes sociales”, ha defendido.

Las cuentas públicas registraron un superávit primario (es decir, antes de incorporar el gasto en intereses de la deuda) del 0,21% del PIB, algo que tampoco sucedía desde 2007.

La recaudación del IVA roza los 100.000 millones

Los ingresos tributarios se dispararon un 10,4% el año pasado, lo que en el Ministerio de Hacienda vinculan con el buen ritmo de la economía y la creación de empleo el año pasado, con un mercado laboral que, por primera vez en más de una década, dejó la tasa de paro por debajo del 10%. En total fueron 325.356 millones de euros.

El IRPF fue, de nuevo, el gran impuesto recaudador, con 142.466 millones de euros, un 10,1% más que en el ejercicio 2024.

El IVA, después de recuperar la normalidad tras todas las rebajas fiscales que se aprobaron en respuesta a la crisis inflacionaria por la guerra en Ucrania, también despuntó un 9,9%, hasta rozar los 100.000 millones de recaudación (99.532 millones de euros).

El Impuesto de Sociedades superó en 2025 los 40.000 millones por primera vez desde 2007 y segunda ocasión en la historia de este tributo. Avanzó un 8,1%, hasta los 42.266 millones de euros, todavía por debajo del récord que fijó en 2007, antes de la crisis financiera.

Pero desde el Ministerio de Hacienda defienden que la inflación apenas jugó un papel determinante: apenas 1,3 puntos del 10,4% que avanzó la recaudación se explican por ese motivo.

El Gobierno central asumió todo el ajuste

Por subsectores, fue el Gobierno central quien asumió todo el ajuste de las cuentas públicas, al pasar de un déficit del 2,61% en 2024 al 1,86% en 2025. Los Fondos de la Seguridad Social también mejoraron sus números rojos, del 0,51% del PIB al 0,33% a cierre del año pasado.

Pero las comunidades autónomas empeoraron sus cifras, pasando de un déficit del 0,18% al 0,3%. En total, un desfase de 5.099 millones de euros.

Ocho comunidades autónomas registraron superávit (Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Galicia, Navarra y País Vasco) por nueve que incurrieron en déficit (Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja y la Comunitat Valenciana).

En el caso de las corporaciones locales, que están obligadas a registrar superávit fiscal, este también se moderó ligeramente del 0,45% del PIB en 2024 al 0,31% en 2025.

La deuda pública se recorta al 100,7% del PIB

El Banco de España ha publicado este martes los datos de cierre de año y mejoran en una décima, hasta el 100,7% del PIB, su estimación inicial de hace unos meses.

En concreto, las Administraciones Públicas acabaron 2025 con una deuda pública de 1,698 billones de euros. En términos nominales, esto supone un 4,8% más que a cierre de 2024. Pero medido en ratio de PIB, supone su menor registro desde el primer trimestre de 2020, antes del estallido de la pandemia de COVID-19.

La deuda pública alcanzó su máximo en el primer trimestre de 2021, con un 124,2% del PIB. Desde entonces ha caído más de 23 puntos.

El nuevo vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha declarado en una entrevista en la Cadena Ser que la reforma del registro horario en las pymes podrá llegar en el plazo de un año. Se trata de una de las medidas estrella del ala de Sumar en el Gobierno de Pedro Sánchez, que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, busca acelerar. Cuerpo ha insistido en que la reforma, que busca endurecer el control horario, necesita una “implementación equilibrada”. “Para las pymes, en lugar de 20 días pasar a un año”, ha dicho Cuerpo, que ha asegurado tener una relación “cordial” con Díaz, muy crítica con la actitud de Cuerpo en esta reforma.

elDiario.es ya contó cómo el Consejo de Estado ha emitido un dictamen desfavorable contra el real decreto del Ministerio de Trabajo destinado a endurecer el registro de jornada. Esta resolución se alinea con la postura previa del Ministerio de Economía, que remitió dos informes negativos cuestionando incluso la legalidad de la norma. A pesar de que el propio Consejo de Ministros aprobó su tramitación por la vía de urgencia, los organismos consultivos han frenado el avance del texto liderado por Yolanda Díaz.

Además, el vicepresidente ha asegurado que habrá Presupuestos, pero ha delegado en el sucesor de María Jesús Montero al frente de la cartera de Haciendo, Arcadi España, el cuándo se aprobarán las cuentas. Su antecesora, María Jesús Montero, se había comprometido ha que estuvieran en marzo, pero el guerra en Irán trastocó los planes.

Medidas contra los efectos de la guerra

Cuerpo ha destacado la efectividad de las medidas gubernamentales frente al precio de los carburantes, logrando rebajas de 23 céntimos en gasolina y 20 en gasoil. Según el ministro, el 90% de este ahorro ya llega al consumidor final.

Además ha subrayado la dificultad de realizar pronósticos fijos debido a la volatilidad del mercado —influenciado incluso por redes sociales— y la incertidumbre bélica. No obstante, ha adelantado que el Ejecutivo está dispuesto a ampliar los paquetes de ayuda si el conflicto en Oriente Próximo se prolonga, con el objetivo de evitar que los costes energéticos encarezcan la cesta de la compra. “Seguiremos apoyando a las familias”, ha concluido.

Preguntado si tiene intención de afiliarse al PSOE, dado que no lo está, el vicepresidente primero no ha aclarado esta cuestión y se ha limitado a precisar que él está “muy cómodo con las políticas que está haciendo este Gobierno”.

“Estoy en ese sentido totalmente identificado desde esta posición socialdemócrata, con la cual enfrento también mis tareas al frente del Ministerio. Por lo tanto, de ahí también mi compromiso para seguir adelante y aceptar el reto de pasar a la Vicepresidencia”, ha señalado sin desvelar si tiene intención de afiliarse, pero recalcando que “por supuesto” es de izquierdas.

En cuanto a lo que se dice de él de que tiene un perfil más técnico que político, Carlos Cuerpo ha dicho que él preguntaría de vuelta “qué significa tener perfil político”, dado que él considera que tiene su forma de hacer las cosas “desde lo técnico y con rigor”. No obstante, ha añadido que también tiene su forma de “afrontar las negociaciones o el contacto con otros grupos parlamentarios, grupos políticos”, con diálogo y “tendiendo la mano”.

Sobre si le sorprendió la llamada de Pedro Sánchez, Carlos Cuerpo ha explicado que cuando una persona sale señalada en los medios de comunicación como un posible candidato lo que se suele pensar es que “bajan las probabilidades de que suceda finalmente”. Por lo tanto, ha precisado que se quedó “muy contento” cuando le llamó el presidente y se lo dijo.

Pedro Sánchez volvió a demostrar esta semana que el ruido de sus socios e incluso algunos recelos en sus propias filas están muy lejos de poder influir en su toma de decisiones. El presidente resolvió la salida de María Jesús Montero con dos movimientos quirúrgicos y no con una crisis de Gobierno en profundidad. El Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ostentará desde ahora la responsabilidad de vicepresidente primero. Y la cartera de Hacienda recae en manos del valenciano Arcadi España, una persona con experiencia en la gestión de la política fiscal y de la confianza de su predecesora. Aunque España no estaba en las quinielas, es mayor el impacto político del ascenso de Cuerpo, una elección que genera suspicacia en algunos en el PSOE y que llega justo después de que Sumar lo elija como foco de conflicto en su estrategia por marcar algo de perfil propio en el Ejecutivo.

“Mi más sincera enhorabuena a Carlos Cuerpo por esta nueva responsabilidad en la vicepresidencia primera”, publicó en sus redes sociales la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, tras el anuncio del presidente. 48 horas antes, la también ministra de Trabajo había acusado directamente al titular de Economía de ponerse “del lado de las patronales que incumplen las horas extras de nuestro país”. Hace unos meses, en plena negociación interna de la reducción de jornada, Díaz llegó a calificar como “de mala persona” oponerse a que la gente trabaje menos, en referencia clara a su compañero en el Gobierno.

Y es que, aunque ese choque se haya recrudecido en los últimos días, viene de lejos. Desde la pasada legislatura, Díaz ha tenido a los diferentes ministros de Economía como sus némesis: primero, a Nadia Calviño y, desde que esta salió del Gobierno para asumir la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), a su sucesor, Carlos Cuerpo. Y ese choque se ha dejado notar en diferentes asuntos: desde la negociación de la reforma laboral, en cuya recta final Calviño trató de interferir para descafeinar la ley, hasta la mencionada y fallida reducción de la jornada de trabajo, donde Díaz y Cuerpo tuvieron sus más y sus menos públicamente por el intento del ahora vicepresidente de retrasar la tramitación de la propuesta.

Tras unos meses de calma, la última crisis entre ambos dirigentes ha tenido lugar esta semana a raíz de lo que, para Sumar, son maniobras de Cuerpo para “torpedear” el reglamento para reforzar el control horario de los trabajadores y evitar las horas extra impagadas, un texto que Trabajo lleva meses preparando. Fuentes del Ministerio afirman que el nuevo vicepresidente ha intentado boicotear, vía Consejo de Estado, la puesta en marcha de ese reglamento. Pero también aseguran que van a mantener el pulso y que tienen intención de hacer únicamente cambios mínimos para sortear las dudas jurídicas que pueda generar su propuesta: en ningún caso, prometen, incluirán las modificaciones que exige Cuerpo, como un plazo mayor para que las pymes apliquen la norma.

Ese conflicto se suma a la decisión de Sumar de endurecer el tono con el PSOE en relación a la vivienda después de que el pulso que echaron la semana pasada a los socialistas les saliera relativamente bien. Los de Díaz consiguieron que Sánchez aceptase aprobar la prórroga de los contratos de alquiler tras negarse a entrar en el Consejo de Ministros y retrasar su comienzo, aunque esa medida se desgajó del resto y tanto el PSOE como Sumar saben que tiene muy pocas opciones de que sea convalidada en el Congreso. Pese a ello, durante esta semana Díaz y los suyos han presumido de haber torcido el brazo a Sánchez y le han presionado públicamente para tomar más medidas en materia de vivienda.

No obstante, y a pesar de los roces de las últimas semanas, fuentes de diferentes familias de la coalición Sumar quitan hierro al enfrentamiento entre Cuerpo y Díaz. Y algunos dirigentes, incluso, deslizan que la propia vicepresidenta ha cargado las tintas públicamente contra el titular de Economía con el objetivo de marcar territorio ante él y, asimismo, para reforzar su propio perfil confrontando con el representante de la doctrina económica más “ortodoxa” dentro del Gobierno, en palabras de la propia Díaz.

De hecho, la mayor parte de las fuentes consultadas de los diferentes partidos que conforman Sumar están de acuerdo en que el nombramiento de Cuerpo no va a complicar el entendimiento entre las dos alas del Gobierno, aunque tampoco facilite asuntos que ya eran muy complicados de gestionar para la coalición, como la vivienda. Y varios de los dirigentes del espacio que comanda Yolanda Díaz coinciden en señalar que al titular de Presidencia, Félix Bolaños, como el ministro que verdaderamente seguirá moviendo los hilos de las relaciones entre las dos almas del Ejecutivo y que retendrá un enorme mando en plaza, aunque nominalmente estará por debajo del nuevo vicepresidente.

Es más: varias de las fuentes de Sumar consultadas coinciden en que el ascenso de Cuerpo y la sustitución de María Jesús Montero por Arcadi España en el Ministerio de Hacienda, aunque reordene las piezas, no va a suponer un giro brusco en materia económica, ni en una dirección ni en otra. Y eso es así porque, aunque los ministros tienen mucho poder y capacidad de negociación, al final la dirección de la política económica corresponde a Sánchez, y es con él con quien Díaz ha tenido que negociar, en última instancia, el desbloqueo de algunas de las crisis entre PSOE y Sumar de los últimos años. Incluida, por ejemplo, la del Consejo de Ministros que aprobó los decretos de medidas por la guerra de Irán.

El ascenso de Cuerpo

Desde la Moncloa trasladan que la elección de Cuerpo responde una lógica del presidente del Gobierno por poner el foco en la gestión y por reivindicar el estado de salud de la economía española, un tema tabú en el discurso de la oposición desde que se vinieron abajo los vaticinios de recesión lanzados por Feijóo tras su aterrizaje en la política nacional. “Carlos Cuerpo es uno de los economistas y servidores públicos más brillantes de nuestro país. Está haciendo un trabajo excepcional al frente del ministerio de economía y será también un fantástico vicepresidente”, dijo Sánchez durante su comparecencia del jueves.

Funcionario de carrera, economista de prestigio en lo académico, con dilatada experiencia internacional y con una interacción fluida con la élite empresarial del país, Carlos Cuerpo ha hecho gala desde su incorporación al Consejo de Ministros en diciembre de 2023 de un discurso y un talante de moderación y templanza al que la propia oposición admite que cuesta hincarle el diente. Por eso, y por el balance de gestión económica del Ejecutivo, interpretan en el Gobierno que su ascenso es precisamente una dificultad añadida para la estrategia de confrontación permanente que despliega la derecha, con quien incluso Cuerpo mantiene abiertas habituales vías de diálogo.

La percepción entre algunas voces de referencia en el PSOE, no obstante, es que la salida de una persona como María Jesús Montero del Consejo de Ministros requería la elección de un perfil más político para un puesto de tanta responsabilidad y exposición como es la vicepresidencia primera del Gobierno y en un momento de inicio del ciclo electoral. Esa corriente de opinión entre los socialistas asiste ahora con cierta inquietud al ascenso fulgurante de un hombre al que algunos de sus críticos señalan como “más liberal que progresista” y como “más técnico que político”. Opiniones, reacciones o análisis múltiples y variados sin permeabilidad alguna en las decisiones del presidente.

Entre el ruido, la prisa y la confrontación, la figura de Carlos Cuerpo emerge como una excepción: un responsable económico que reivindica el valor del conocimiento experto y la calma institucional. Su llegada a la Vicepresidencia Primera del Gobierno simboliza un giro hacia el blindaje técnico en plena incertidumbre global y confirma la apuesta por una gestión donde el dato pesa más que el eslogan. Este movimiento del Gobierno, impulsado por el presidente, Pedro Sánchez, tras la salida de María Jesús Montero hacia la arena andaluza, no es solo un movimiento de piezas en el tablero; es la consolidación de un modelo de gestión donde el dato no es un accesorio, sino el cimiento de la credibilidad.

El relevo encierra una carga simbólica que redefine una etapa. Por primera vez en años, una vicepresidencia deja de tener nombre de mujer, rompiendo la secuencia marcada por Carmen Calvo, Nadia Calviño y la propia Montero. Este giro hace una grieta en la apuesta por la igualdad, y a la vez subraya una prioridad distinta: el blindaje técnico de la economía española ante un escenario geopolítico fracturado por la crisis en Oriente Próximo y la sombra de los aranceles globales.

Cuerpo es el reverso del político de aparato. Su currículum, forjado en la Universidad de Extremadura, la London School of Economics y consolidado en la Comisión Europea y la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) describe a un profesional que entiende los mercados y las instituciones comunitarias desde dentro. Esa falta de trayectoria orgánica en el PSOE es, paradójicamente, su mayor activo: le permite ejercer una suerte de “tecnocracia con propósito”, centrada en diagnósticos compartidos y no en la adaptación táctica a unas siglas.

Esta fórmula explica por qué su departamento es, de forma sostenida, el mejor valorado del Ejecutivo. Según el barómetro del CIS de enero de 2026, Cuerpo no solo encabeza la tabla, sino que es el único miembro del gabinete que logra el aprobado ciudadano, con un 5,27. La economía española, ajena al desgaste de otros ministerios, ha transitado con una estabilidad inusual. No se trata de invisibilidad, sino de una eficacia que silencia el ruido: cuando España lidera el crecimiento de la OCDE con un 2,8% al cierre de 2025, el relato se escribe solo.

Sin embargo, el éxito de Cuerpo no reside únicamente en la macroeconomía fría. Su gestión intenta humanizar el rigor a través de lo que él define como “actuar con guante de seda”. Lo vemos en iniciativas que trascienden el titular inmediato: la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero y el Consejo Nacional de la Productividad no son meras estructuras burocráticas, sino cortafuegos institucionales diseñados para proteger a la ciudadanía frente a los abusos y evaluar el impacto real de las políticas públicas en el día a día.

Ese equilibrio entre control y operatividad se palpa en su agenda legislativa para este año. Medidas como la limitación de intereses en los créditos al consumo, que ahora exige un periodo de reflexión de 24 horas antes de aceptar una oferta, o la flexibilización de sistemas como Verifactu para no asfixiar a las pymes en su digitalización, demuestran que la técnica puede estar al servicio de la prudencia social.

Finalmente, hay un componente biográfico que otorga a su figura una autenticidad singular. Nacido en Badajoz y formado en la educación pública, Cuerpo encarna el éxito del ascensor social. Su “extremeñidad” no es un adorno folclórico; es la prueba de que se puede llegar al núcleo del poder económico europeo desde la periferia, sin necesidad de sobreactuaciones ni estridencias.

Ante los desafíos que restan —la emergencia de la vivienda, la integración de la inteligencia artificial o el aterrizaje final de los fondos europeos antes de agosto de 2026—, el liderazgo de Carlos Cuerpo plantea una lección de madurez democrática. En tiempos de máxima incertidumbre, la política más útil no es la que más grita, sino la que mejor sabe usar el conocimiento experto como herramienta de justicia. Su marca personal, discreta pero firme, empieza a dejar un eco difícil de pasar por alto.

Conviene recordar que no es la primera vez que Extremadura proyecta perfiles de relevancia en la política nacional. La figura de Magdalena Valerio, al frente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ya evidenció la capacidad de la región para situar talento en posiciones de responsabilidad institucional, con una gestión marcada por el conocimiento de lo público y la cercanía a los problemas reales. Anteriormente fueron: Alberto Oliart, María Antonia Trujillo y Celestino Corbacho.

Y si se amplía la mirada histórica, pasando por alto la época de la dictadura franquista, el eco conduce inevitablemente a Manuel Godoy, valido de Carlos IV y probablemente el extremeño que mayor poder acumuló en la estructura del Estado, convertido en figura central de la política española a finales del siglo XVIII. Dos contextos, dos estilos y dos épocas radicalmente distintas, pero un mismo hilo de fondo: la presencia, intermitente pero significativa, de Extremadura en los espacios donde se decide el rumbo de nuestro país.

Coherencia, continuidad y futuro. Son los tres mensajes que el presidente del Gobierno pretende enviar con la elección de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero del Gobierno en sustitución de María Jesús Montero en un contexto de clara incertidumbre geopolítica. Y lo mismo con el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, al frente de Hacienda, ya que era persona de absoluta confianza de su antecesora. Ambos coincidieron como consejeros de Hacienda en Andalucía y Valencia, respectivamente. La primera, con el gobierno de Susana Díaz. El segundo, con el de Ximo Puig.

Tras la jugada subyace, además de una apuesta que va más allá de 2027, la planificación estratégica con la que Pedro Sánchez pretende cambiar el marco de discusión en la recta final de su mandato. La economía, en el centro del debate.

El presidente, que en ocasiones ha destacado de Cuerpo su solvencia, su honestidad y sus convicciones europeístas, sabe que en los próximos meses buena parte de la conversación pública girará en torno al devenir de las finanzas. En España, en Europa y en el mundo. Y también que nuestro país ha sido en estos años la envidia de los socios europeos por sus datos macro, pese a la sucesión de crisis que el Gobierno ha tenido que afrontar desde que llegó a La Moncloa. Así que desde ahora, la derecha tendrá a un economista de marcado perfil técnico y acreditada solvencia de número dos del Gobierno, lo que le obligará a plantear a Carlos Cuerpo el rebote de las preguntas de la sesión de control que suceden habitualmente a las que la oposición plantea cada miércoles al presidente en el Congreso. 

El objetivo no es otro que llevar la economía y una década de crecimiento sostenido al marco de discusión hasta el final de la legislatura. Frente al dibujo de un país en decadencia en el que nada funciona que habitualmente proyecta la derecha, Sánchez asciende a la vicepresidencia primera al responsable de la mejor fotografía económica que ha tenido España en lustros, como reconoce la prensa internacional especializada. Y lo hace además en un contexto geopolítico de alta volatilidad que es, a su juicio, el principal reto al que se enfrenta el país.

Cuerpo representa, además, la cara de una nueva generación política que ni ha militado ni ha echado los dientes en las turbulentas aguas de la organización socialista, sino entre manuales académicos mientras se formaba, primero, en la Universidad de Extremadura como economista y, después, en la London School of Economics, hasta que ingresó, en 2008, en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Luego, trabajó en la Comisión Europea (2011-2014) y en la AIReF (2014-2020) hasta que más tarde fue nombrado Director General de Análisis Macroeconómico (2020) y Secretario General del Tesoro (2021).

Su enfoque técnico y su experiencia internacional no han impedido que, desde que sustituyó a Nadia Calviño en 2023 como ministro de Economía, fuera poco a poco construyéndose un perfil más político para navegar con algo de soltura entre las aguas movedizas de la actual política. Igual que Sánchez, Cuerpo se ha aficionado a TikTok, donde se le puede ver en un registro más informal con el que pretende llegar a las nuevas generaciones, algo a lo que el presidente últimamente concede un valor añadido.

Hasta ahora, el PP evitaba el contraste con Carlos Cuerpo en el Parlamento al entender que la buena marcha de la economía no era un terreno favorable para sus intereses partidistas. Y, aunque la guerra en Irán empieza a reducir las expectativas de crecimiento y puede elevar el dato de la inflación, Sánchez entiende que de la crisis que está por venir, España saldrá “mucho mejor que los países de nuestro entorno, como ya hizo tras la pandemia o tras la crisis inflacionaria de la guerra en Ucrania” gracias a instrumentos como la excepción ibérica o los Fondos Next Generation que el Gobierno de España peleó con uñas y dientes en Bruselas. Así que nada mejor que otorgar rango de vicepresidente al responsable económico para trasladar confianza y tranquilidad, además de la certeza de que, ante esta nueva embestida provocada por el furor belicista de EEUU e Israel, “el Gobierno actuará con la misma determinación y similares instrumentos para proteger a la ciudadanía”, aseguran fuentes del equipo del presidente.

A pesar de las especulaciones y las quinielas fallidas, Cuerpo no sumará la cartera de Hacienda, a la que tampoco asciende ninguno de los nombres que han circulado por los medios. De hecho, la opción de fusionar ambos ministerios no estuvo nunca en la cabeza del presidente. Entre otros motivos, por la recomendación expresa que le hizo quien abandona ahora la responsabilidad de las finanzas del Estado para ser la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía en las elecciones del próximo 17 de mayo.

A Montero la sustituye quien hasta ahora era secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España. Otro economista de perfil técnico con experiencia en gestión pública que también refuerza la apuesta por la continuidad. Es, además, un gran conocedor de las debilidades del actual modelo de financiación autonómica y su nombre fue sugerido por la propia Montero.

Los nuevos nombramientos han provocado, no obstante, una reacción menos entusiasta que la emitida por La Moncloa en el seno del PSOE, e incluso en algunos ministerios. Y es que por primera vez no habrá una mujer al frente de la vicepresidencia primera del Gobierno de Sánchez. Las críticas sobre todo vienen por el hecho de que un presidente que siempre llevó a gala la bandera del feminismo renuncie a sustituir a Montero por otra mujer, en un momento en el que la fidelidad del voto femenino al PSOE ha caído como consecuencia de las denuncias por acoso sexual que costaron el cargo a Francisco Salazar, exasesor de Sánchez. 

En tiempos de guerra y de inestabilidad económica, en palabras del círculo de Sánchez, “el presidente ha entendido que no era tan determinante la elección de una mujer para sustituir a Montero como trasladar un mensaje sobre la importancia de la gestión económica”. En todo caso, añaden los mismos interlocutores, “Cuerpo representa la nueva masculinidad, está igualmente comprometido con el feminismo y habla un lenguaje que entiende todo el mundo, incluso siendo un técnico”. 

Bolaños no fue una opción

Precisamente ese perfil más académico que político es también motivo de crítica entre algunos socialistas, empeñados en que en la recta final de la legislatura y con una oposición echada al monte “se precisa de nombres más entrenados en la brega partidista”. Sin embargo, el presidente está convencido de que ese papel está cubierto con los titulares de Transportes y Transformación Digital, Óscar Puente y Óscar López, además de con el de Presidencia, Félix Bolaños, quien desde hace años compartía con Montero la coordinación política de los ministerios y la relación con los socios de legislatura.

Que Bolaños sume —además de Presidencia— el Ministerio de Justicia y las Relaciones con las Cortes hacía inviable su nombramiento como vicepresidente por un exceso de acumulación de cargos. De hecho, esa opción nunca estuvo sobre la mesa de Sánchez, a pesar de lo publicado y de que el ministro atesorara sobrados méritos y capacidad para ello. Bolaños era una apuesta segura, pero con la que el presidente no ganaba nada porque, de facto, ya ejerce las funciones de vicepresidente sin tenerlas. Con Carlos Cuerpo se garantiza que, a partir de ahora, se hablará de gestión económica, una materia en la que el Gobierno acredita una buena hoja de servicios reconocida por toda la prensa internacional especializada.

El nuevo vicepresidente primero se estrenó en el Gobierno como sustituto de Nadia Calviño en diciembre de 2023 para dar continuidad a la línea marcada por su antecesora cuando dejó el gabinete para dirigir el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Tenía entonces un perfil técnico que con el tiempo ha ido silueteando con algunos trazos políticos, pese a que no milita en el PSOE y tampoco es santo de la devoción de algunos de sus compañeros del Consejo de Ministros, que le consideran un inequívoco faro de la ortodoxia de Bruselas y el estricto cumplimiento de las reglas fiscales. 

Dos vicepresidentes, a la gresca

No son pocos los enfrentamientos que ha tenido dentro del Ejecutivo con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien llegó a acusarle de ser “casi mala persona” por ponerse del lado de la patronal ante la reducción de la jornada laboral. El último ha sido a consecuencia del control horario y los informes contrarios emitidos desde Economía al empeño de la también ministra de Trabajo de sacar adelante la medida, que también ha sido informada negativamente por el Consejo de Estado. La pugna entre ambos está asegurada ahora mucho más que Cuerpo está jerárquicamente por encima de Díaz, que dicho sea de paso tampoco tiene una buena relación con Bolaños, como no la tenía con Montero. En realidad, la cohabitación con Díaz no es algo que fluya con normalidad con ningún ministro socialista. Pero esa ya es otra historia que algún día también será contada.

“Si algo funciona no lo toques” y “No me traigas problemas, tráeme soluciones”; fueron siempre los dos consejos maestros que Mariano Rajoy daba a sus ministros y ministras para encaminar su gestión. Para cubrir la marcha de -Montero dixit- “la mujer con más poder de la historia de la democracia”, el presidente Sánchez ha optado por aplicarlos con rigor casi marianista. 

En un momento cuando el Gobierno vuelve a conectar con el sentir mayoritario de la sociedad española sobre algo -la ilegal y brutal guerra de Irán-, mientras Feijóo y Vox parecen unir su destino al de Donald Trump, cuantas menos interferencias y menos ruido, mejor, habrán pensado con razón en la Moncloa. La primera regla siempre debe ser no distraer al adversario cuando se está equivocando.

Si algo le ha funcionado en estos años al “presidente con más potra” -Rufián dixit- de la historia de la democracia ha sido la economía. No era hora de andarse con experimentos y gaseosas. Confirmar y promocionar a uno de los responsables, reforzado además por una buena capacidad de comunicación y sentido político acreditados desde una más que encomiable discreción, parece la jugada más segura. Decir a estas alturas que Cuerpo es un perfil técnico no puede producir más que ternura. La promoción de Arcadi España responde al mismo patrón: nada de sustos; todo amarrado. Que iba a correr el escalafón en las vicepresidencias estaba descontado. Si algo importa en los gobiernos de coalición en mantener la jerarquía. 

Con las turbulencias de la guerra, vienen tiempos difíciles para el cuadro macroeconómico. Mejor mantener al mando con plenos poderes a alguien que claramente se ha ganado la percepción mayoritaria de saber qué está haciendo y cómo manejarlo. Ya lo dijo san Ignacio de Loyola: en tiempos de desolación, nunca hacer mudanza.

La economía funciona y el ministro de Economía acostumbra a traer más soluciones que problemas. Carlos Cuerpo ha demostrado que sabe batirse con la oposición de la derecha y la ultraderecha después de haber reclamado en vano durante meses que se atreviesen a preguntarle algo para así poder disertar sobre la buena marcha de la economía nacional. De hecho, resulta muy reveladora la estrategia popular de hacer como si el ministro de Economía no existiese; algo que ya no podrá hacer. Parece haber algo en el tono pausado y tranquilo de Cuerpo que actúa como la kriptonita para los animosos portavoces de la oposición. Que hable japonés con tanta fluidez tiene que resultar desconcertante incluso para Miguel Tellado.

También ha demostrado que sabe hacer de stoper de las necesidades cada vez más acuciantes de marcar perfil propio por parte de los socios de Sumar. Pocos compañeros de gabinete parecen tener la capacidad de provocar en la vicepresidenta Yolanda Díaz un nivel de animosidad que va más allá de las fronteras del “sentidiño”. María Jesús Montero era “riquiña”. Carlos Cuerpo, decididamente no. 

Se vienen consejos de ministros con intriga, suspense y emoción. Más vale tener a alguien que no pierda los nervios y la calma con facilidad. Con Carlos Cuerpo, el presidente se agencia dos Bolaños por el precio de uno. Chollo total.

El modelo minimalista de gestión de crisis funciona y ha acreditado su efectividad. a Rajoy le funcionaba de maravilla. A los demás, no tan bien. Es el único problema.

Carlos Cuerpo, ahora vicepresidente del Gobierno, esquivó este martes las preguntas que lo situaban al frente de la cartera de Hacienda durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “El hecho de que me incluyan en este tipo de quinielas quiere decir que, en el ámbito de la política económica, se está haciendo un buen trabajo”, respondió el titular de Economía.

Todas las apuestas apuntaban a un ‘superministro’ Cuerpo (Badajoz, 1980), desde que se supo que María Jesús Montero abandonaría el Ejecutivo para concurrir a las elecciones andaluzas. Calmado, didáctico y alejado de la polémica partidista, el extremeño ha conseguido convertirse en sus poco más de dos años al frente de Economía en una pieza fundamental del Ejecutivo. Los buenos datos de crecimiento económico, la respuesta a los aranceles de Donald Trump y, ahora, a la guerra en Oriente Medio han hecho despegar al miembro mejor valorado del Ejecutivo hasta convertirse en la mano derecha de Pedro Sánchez.

Cuerpo, licenciado en la pública Universidad de Extremadura y técnico economista y comercial del Estado (lo que en la jerga se conoce como ‘teco’), llegó a lo más alto del Ministerio de Economía tras desempeñarse como secretario general del Tesoro Público. El ‘número tres’ de la cartera fue el nombre que la entonces vicepresidenta Nadia Calviño recomendó a Sánchez para sustituirla tras ser elegida presidenta del Banco Europeo de Inversiones en diciembre de 2023. 

El jefe del Ejecutivo siguió su consejo pero situó a Montero al frente de la vicepresidencia primera, un puesto clave para dirigir los Consejos de Ministros en su ausencia y, además, sirve de contrapeso político a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En una decisión casi salomónica, puso a Cuerpo –que, al igual que Calviño, no milita en el PSOE– al frente de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), el ‘consejillo’ donde se mascan las grandes decisiones de política económica, lo que lo convirtió, in pectore, en el cargo que ahora desempeñará oficialmente.

Choques frecuentes con Trabajo

Quienes lo acompañan en el día a día destacan su capacidad de trabajo, de estudio y el buen trato en el cuerpo a cuerpo. Algo que se confirma en su relación con la prensa, a pesar de su estudiada lengua de madera para evitar responder con titulares a las preguntas más incisivas y polémicas sobre su cartera.

Sobre todo, aquellas sobre su relación con la vicepresidenta Díaz. En el Ministerio de Trabajo pasaron de verlo como uno de los suyos (formó parte del primer comité de expertos para subir el salario mínimo) a la personificación del neoliberalismo. A raíz de las negociaciones para sacar adelante la reducción de la jornada laboral, Díaz acusó a Cuerpo de frenar su tramitación interna. Llegó a decir que era “casi de mala persona” negarse a reducir media hora el tiempo de trabajo. Los dos socios llegaron a un acuerdo y finalmente se aprobó en el Consejo de Ministros tal y como Díaz acordó con los sindicatos. Pero en el Congreso no llegó a superar el trámite de totalidad por el rechazo de Junts.

El segundo capítulo de esta polémica ha llegado esta semana, cuando desde la vicepresidencia segunda acusaron a Economía de boicotear la puesta en marcha del registro horario con dos informes negativos. “Yo no voy a ser una cooperadora de la patronal para esas empresas que no pagan horas extra”, dijo Díaz en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. E insistió en que lo sacaría adelante “aunque sea lo último que haga”.

De Madrid a Bruselas, pasando por Washington 

El ministro se ha convertido en una figura clave no solo a la interna, sino también en la esfera internacional. Habla perfecto inglés y hasta se atreve con el japonés. Los grandes foros ya cuentan con él como uno de los invitados estrella: sucedió a principios de año en Davos, cuando intervino en un panel sobre la economía española mano a mano con la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.

“Es un buen ejemplo de transgredir con su iniciativa”, loó la francesa, hablando de la propuesta española de poner en marcha una “coalición de voluntarios” entre los gobiernos de la Eurozona para avanzar en la integración económica sin que los Estados miembros más reticentes puedan ponerle freno.

Cuerpo se curtió en Bruselas en su etapa al frente del Tesoro Público durante las eternas negociaciones europeas para reformar las reglas fiscales. También aspiró a presidir el Eurogrupo, una apuesta que no salió adelante. Y ha sido un apaciguador clave en las relaciones con Estados Unidos tras la vuelta de Trump a la Casa Blanca. Fue el encargado de viajar a Washington para reunirse con su homólogo, el secretario de Comercio, Scott Bessent, en pleno tira y afloja por los aranceles y por el enfado en la Casa Blanca —que sigue— por la inversión española en Defensa.

En el escenario de policrisis constante que vivimos desde 2020, Cuerpo ha sido también el rostro clave a la hora de diseñar –y comunicar– el embargo al comercio de armas con Israel, la intervención en la fallida opa hostil del BBVA al Banco Sabadell y, ahora, las medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, que este mismo jueves defendió en el Congreso.

Hasta ahora, el vicepresidente se ha beneficiado de los buenos datos económicos, que han colocado a España como líder de las economías avanzadas durante dos años consecutivos. El PP opta por no preguntarle en las sesiones de control, centrados en las vicepresidentas y sabedores de que no sacan rentabilidad a la economía. Pero con los nubarrones de la guerra en Oriente Medio y su nuevo cargo, el ‘teco’ tranquilo tendrá que sacar el colmillo. Cuerpo sabe que se han hecho los deberes y un “buen trabajo” en lo económico, como dijo este martes en rueda de prensa. Esa noche, El Gran Wyoming bromeaba en El Intermedio, de laSexta: “Alguien está a punto de pedir que le llamen ministro Cuerpazo”. Vicepresidente, nada menos.

La OCDE ha recortado en una décima, hasta el 2,1%, la previsión de crecimiento del producto interior bruto (PIB) de España en 2026 y en otra décima, hasta el 1,7%, el previsto para 2027, debido a los efectos del conflicto en Oriente Medio, que “pondrá a prueba a la resiliencia de la economía global”.

La organización ha publicado este jueves la actualización de sus proyecciones económicas que ya anticipan una ralentización de la actividad en todo el planeta, arrastrada por la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán y unos precios elevados que reducirán el crecimiento

En el caso de España, si bien las primeras cifras muestran un efecto contenido sobre el crecimiento, la previsión de inflación cambia drásticamente. La OCDE estima que los precios subirán un 3% en 2026, siete décimas más que lo que anticiparon en diciembre, y se ralentizarán hasta el 2,2% en 2027 (0,4 puntos porcentuales más).

La inflación subyacente, que es la que excluye de su cálculo a la energía y a los alimentos frescos por ser más volátiles, también se verá afectada por el conflicto. Este dato es el que los economistas denominan como inflación ‘núcleo’ del sistema productivo y ya estaba siendo muy ‘pegajosa’ para la actividad productiva antes del conflicto. Lo será más tras el estallido de la guerra: el 2,7% en 2026 (0,5 puntos más) y el 2,1% en 2027 (0,3 más).

Las previsiones publicadas este jueves se suman a las del Fondo Monetario Internacional (FMI) de la semana pasada, que ya apuntó a un recorte de dos décimas del crecimiento este año, también hasta el 2,1%, pese al comportamiento “firme” de la economía española.

“La amplitud y la duración del conflicto son muy inciertos, pero un periodo prolongado de precios de la energía altos elevará notablemente los costes para las empresas y subirá la inflación en los precios al consumidor, con consecuencias negativas para el crecimiento”, señala el informe publicado este jueves. “Un periodo prolongado de disrupción también podría dar lugar a significativos desabastecimientos energéticos que podrían rebajar aún más el crecimiento”, incide.

La guerra contrarresta los “vientos de cola” de la IA

La OCDE apunta que el crecimiento mundial se va a desacelerar en 2026 al 2,9%, desde el 3,3% que avanzó en 2025, debido a los efectos negativos del conflicto bélico, que contrarrestará los “vientos de cola” de las inversiones en tecnología, la bajada de los aranceles efectivos de Estados Unidos tras la sentencia del Tribunal Supremo que tumbó buena parte de estas tarifas, así como del arrastre para la economía del vigor que demostró la economía el año pasado. De no haber sido por el conflicto, dice el documento, habría actualizado al alza el crecimiento global.

La rebaja de previsiones no afecta solo a España. En el caso de la eurozona, el recorte es de cuatro décimas y la OCDE prevé que el crecimiento sea raquítico este año, del 0,8% en 2026. El mismo porcentaje que crecerán Alemania y Francia, ambas con una rebaja de 0,2 puntos con respecto a la anterior proyección, mientras que Italia avanzará un 0,4%.

Como señala la OCDE, la economía mundial estaba mostrando una solidez notable antes del estallido del conflicto, gracias a la fuerza de la inversión, del consumo de las familias y de las inversiones en el área de la tecnología, fundamentalmente para el desarrollo de la Inteligencia Artificial. Y a pesar de la volatilidad comercial de los aranceles impuestos por la Casa Blanca. 

El organismo sí alerta de las consecuencias que puede tener el conflicto sobre las cadenas de suministro globales. “Los fertilizantes son un riesgo particular, ya que el Golfo Pérsico supone un 34% de las exportaciones mundiales de urea y en torno al 20% de las exportaciones de fosfato diamónico y amoníaco anhidro en 2024”, dice el documento, que subraya que los precios se han disparado un 40% desde mediados de febrero, lo que puede tener un efecto directo sobre las cosechas y el coste de la alimentación de cara a 2027. Pero la zona es fundamental, también, para la producción de aluminio, el suministro de helio (clave para la producción de chips), el turismo…

Prevé que el BCE suba los tipos de interés

La OCDE recomienda a los bancos centrales que permanezcan “vigilantes” ante posibles repuntes en la inflación, pero que sean “cuidadosos” en cuanto a los efectos que puedan tener potenciales subidas de los tipos de interés sobre el crecimiento económico. De hecho, el organismo cree que, a diferencia de las proyecciones anteriores, el Banco Central Europeo llevará a cabo un “modesto incremento” de las tasas en el segundo trimestre “para ayudar a asegurar que las expectaciones de inflación permanezcan bien ancladas pese a los mayores precios de la energía”.

Sobre las medidas de emergencia para mitigar estos repuntes, la OCDE apunta que cualquier medida discrecional “deberían estar enfocadas a los hogares con mayor necesidad y a las empresas viables, perservar los incentivos para rebajar el uso energético y tener mecanismo claros de expiración”. En este sentido, y sobre subsidios y rebajas fiscales -como las que este jueves se votan en el Congreso- señala que si bien son fáciles de implementar, “tendrá costes fiscales más altos” y desincentiva el ahorro energético. “También es más probable que requieran de reducciones compensatorias en otras áreas de gastos si el espacio presupuestario es estrecho”, destaca. Todo esto, en un momento en el que en gasto en defensa, el envejecimiento poblacional y el cambio climático van a poner a prueba las cuentas públicas de decenas de países.

De hecho, la organización insiste en la necesidad de recuperar la sostenibilidad de las cuentas públicas, con revisiones del gasto público y potenciales subidas de impuestos en aquellos tributos donde aún hay margen de recaudación.

La economía española aceleró al cierre de 2025 y permitió que el año se zanjase con un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 2,8%, una cifra que supone doblar el avance registrado en el conjunto de la zona euro (1,4%) y que confirma a España como la economía avanzada líder por segundo año consecutivo.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este jueves el dato que adelantó a finales del mes de enero, cuando informó de que el PIB había aumentado en el cuarto trimestre un 0,8%, la mayor tasa del año. Ese acelerón registrado entre octubre y diciembre coloca a la economía española en un punto muy positivo para 2026, a pesar de los efectos de la guerra en Oriente Medio, ya que el 'efecto arrastre' implica que el tejido productivo ya crece a un ritmo del 1,1%.

El crecimiento en 2025 descansó en tres ejes: por un lado, el consumo de los hogares, que avanzó un 3,3%; por otro, la inversión productiva, medida a través de la formación bruta de capital fijo, que registró un crecimiento del 5,8%; y la productividad por hora trabajada, que se incrementó en un 0,7% en todo el ejercicio.

Según ha destacado el Ministerio de Economía en una valoración remitida a los medios de comunicación, el vigor del gasto de las familias está sostenido por el buen momento del mercado laboral y por la recuperación de poder adquisitivo de las familias, que se mantuvo en 2025. La cartera que dirige Carlos Cuerpo también destaca el “ciclo de crecimiento inédito en el que la creación de empleo récord va acompañada de ganancias de eficiencia, otra señal de la modernización de nuestra economía”.

De hecho, es la propia fuerza interna de la economía la que sostuvo el crecimiento económico, después de la guerra comercial lanzada por la Casa Blanca. La demanda nacional sumó 3,6 puntos al crecimiento, en tanto que el sector exterior restó 0,7 puntos. Con todo, las exportaciones de servicios no turísticos mostraron un gran dinamismo, como destaca Estadística, ya que avanzaron un 11,1%, mientras que, por la parte de las las importaciones, creció el gasto de hogares residentes en el resto del mundo un 12,6%. Cuatro veces superior al de los hogares no residentes en el territorio económico (4,4%).

El valor del PIB a precios corrientes para el conjunto del año 2025 se situó en 1.687.152 millones de euros, un 5,8% superior al de 2024.

La demanda interna se mantiene vigorosa

En términos trimestrales, el PIB creció un 0,8% entre octubre y diciembre, dos décimas más que en los tres meses anteriores. De nuevo, fue la demanda nacional (0,9 puntos) la que explicó este aumento, mientras que la exterior restó crecimiento a la economía, por un aumento mayor de las importaciones que de las exportaciones.

La parte interna de la economía estuvo azuzada por el gasto de los hogares, que creció un 0,9%, frente al 0,2% que sumó el de las Administraciones Públicas. La inversión avanzó un 2,4%, la mayor tasa registrada en el año. En concreto, aquella en vivienda y construcción creció un 2,9%, el ritmo más rápido desde principios de 2024.

En cuanto a los datos interanuales, en el cuarto trimestre la economía española se situó un 2,7% por encima del mismo periodo de 2024, una décima por encima de lo avanzado y al mismo ritmo que en el tercero. El gasto en el consumo final de los hogares creció un 3,1% y la formación bruta de capital fijo, un 6,4%. La inversión inmobiliaria y en infraestructuras avanzó un 7,8%.

Por la parte de la oferta -es decir, por sectores económicos- las ramas vinculadas al campo cayeron un 0,6% en el cuarto trimestre, en comparación con el año anterior. La industria creció un 2,6% y la Construcción, un 7,2%. El sector servicios creció un 3%.

El INE también destaca que la remuneración de los asalariados creció un 7,8% en el cuarto trimestre en tasa interanual, mientras que el excedente bruto de explotación -la medida que se aproxima a los beneficios empresariales- lo hizo a un ritmo del 4,2%.

El número de horas efectivamente trabajadas creció un 2,2% interanual y los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, un 2,8%. La productividad por hora trabajada sumó un 0,5%.

El Ministerio de Trabajo confía en aprobar su refuerzo del registro de la jornada laboral “a la mayor brevedad”, con pequeños cambios para sortear el rechazo de la norma por el Consejo de Estado, e ignorando las medidas que reclama el departamento de Economía. El departamento de Yolanda Díaz echa así un pulso al de Carlos Cuerpo y asegura en su confianza en que sacará adelante su texto legal, con el respaldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo indican fuentes de Trabajo tras conocerse este lunes la decisión desfavorable al real decreto del Consejo de Estado, adelantada por elDiario.es, que se suma a otro negativo de la Agencia Española de Protección de Datos en diciembre.

Tras ello, el Ministerio de Economía, que había emitido hasta dos informes desfavorables a la puesta en marcha del registro ante el Consejo de Estado, ha afirmado este martes que ahora se ha de asegurar una “implementación equilibrada” para las empresas de la norma, en palabras de Cuerpo.

Cuerpo se ha referido en concreto a facilitar la puesta en marcha de la medida a las pymes (pequeñas y medianas empresas), para las que su Ministerio demanda un mayor plazo para adaptarse a la norma, de hasta un año. Economía también reclama que haya algunos sectores excluidos de esta nueva legislación, con una normativa más relajada, como son la construcción, el transporte y el campo.

Confianza en ganar a Economía ante Sánchez

El Ministerio de Trabajo es sumamente crítico con los dos dictámenes de los órganos consultivos, desfavorables a su proyecto normativo y que consideran que han seguido la estela de las críticas de Economía y de las patronales.

Fuentes de Trabajo han rechazado además de manera tajante adaptar la norma a las peticiones del Ministerio de Economía. Han insistido en su confianza en tener el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para sacar adelante esta medida en el Consejo de Ministros, al margen de lo que opine el ministro Cuerpo.

Un ministro que cada vez gana más peso en el Ejecutivo y cuyo nombre suena como uno de los posibles candidatos a sustituir a Montero al frente de Hacienda.

Aunque en el Ministerio de Trabajo precisan que el equipo de Yolanda Díaz no ha hablado con el de Sánchez de este tema tras la censura del Consejo de Estado y las palabras de Carlos Cuerpo, insisten en que este tema ha sido muy hablado entre los dos responsables de PSOE y Sumar dentro del Gobierno.

Destacan además que es parte del acuerdo de Gobierno, que contempla: “Reforzaremos los instrumentos de registro horario con el uso de nuevas tecnologías para asegurar el cumplimiento de las normas en todas las empresas”.

“Pequeños cambios” para blindar el registro ante los tribunales

Pese a las críticas al Consejo de Estado, su dictamen desfavorable allana el camino de la denuncia ante los tribunales que ha anunciado la patronal si la norma sale adelante. Por ello, la intención de Yolanda Díaz es adaptar el texto con “pequeños cambios” para blindar el decreto ante esta denuncia de los empresarios, indican en el Ministerio.

Entre las modificaciones, en Trabajo destacan dos. Por un lado, introducir más énfasis en la garantía de la protección de datos del registro de jornada y, por otro, dejar claro que la negociación colectiva puede colaborar a la hora de adaptar las obligaciones de registro.

Ambos son dos de los elementos centrales por los que el Consejo de Estado rechaza el actual real decreto, que consideran que no respeta la legislación de protección de datos personales y que se excede en las competencias de los reales decretos, invadiendo las propias de la ley y los convenios colectivos.

Sin embargo, Trabajo ha subrayado otras dos líneas rojas del actual texto: que el registro sea digital y que sea accesible para la Inspección de Trabajo. Este primer elementos es otro de los que cita el Consejo de Estado para oponerse a la norma, ya que considera que requeriría de una ley.

En el Ministerio rechazan esta tesis y citan para ello el voto parcialmente discrepante de uno de los consejeros del órgano consultivo, el exmagistrado y ministro de Justicia Fernando Ledesma Bartret, que no comparte este argumento.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha deslizado este martes la necesidad de modificar el real decreto del Ministerio de Trabajo para reforzar el registro de jornada. “Ahora hay que asegurar que la implementación del mismo es equilibrada” para las empresas, ha respondido Cuerpo, al ser preguntado por elDiario.es por sus dos informes contrarios a la norma ante el Consejo de Estado, que el pasado jueves se posicionó finalmente contra el decreto en un duro dictamen.

La respuesta de Cuerpo llega tras conocerse este lunes el rechazo del Consejo de Estado a la aprobación del refuerzo del registro de jornada de Trabajo, pactado con los sindicatos CCOO y UGT, que ha desvelado además el informe desfavorable también de la Agencia Española de Protección de Datos. Es decir, un varapalo de los dos órganos consultivos que tenían que analizar la norma.

Tras este revés, el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz ha asegurado que “lógicamente” va a tener en cuenta los informes “aunque solo sean consultivos”. Pero ha precisado que “siempre que no desnaturalicen la norma que el Ministerio quiere llevar a cabo, que es que de cumpla la jornada en España, que se garantice el cumplimiento estricto de las compensaciones por horas extras y obviamente que pueda ser revisada por la Inspección y en formato digital”.

Una implementación “equilibrada” para las empresas

Carlos Cuerpo ha insistido en que su Ministerio comparte el “objetivo” de la norma. “Estamos convencidos y compartimos la importancia del objetivo que persigue esta medida, pilar esencial para alcanzar una reducción efectiva de la jornada hacia delante”, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

“Es importante mantener la ambición de estos derechos de los trabajadores”, ha apostillado Cuerpo, pero a la vez ha añadido que hay que “trabajar en paralelo para conseguir una implementación equilibrada que facilite la adopción de este tipo de medidas, en particular para nuestras pymes”.

“Ahora hay que asegurar que la implementación del mismo es una implementación equilibrada para poder garantizar que los sujetos obligados, las empresas, pueden llevar a cabo esta importante medida, esta importante conquista de los trabajadores”, ha añadido el rsponsable de Economía a preguntas de este medio sobre si era necesario modificar el decreto antes de que pase por el Consejo de Ministros.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, la ministra Elma Saiz, ha intervenido con la intención de “confirmar el compromiso del Gobierno con la reducción de la jornada y también, por supuesto, con el control horario y el abono de las horas extraordinarias”.

Las propuestas de Economía al Consejo de Estado

El Ministerio de Economía propuso varios cambios en sus informes desfavorables al control horario del departamento de Yolanda Díaz. En el primero (de diciembre) puso en duda la legalidad del propio decreto, pero en el segundo (de febrero) este elemento se eliminó.

Entre las modificaciones propuestas más destacadas, Economía planteó ampliar el periodo transitorio de aplicación del nuevo registro horario para las pymes, hasta un año de plazo, y que se exceptúe de este nuevo sistema a ciertos sectores de jornadas especiales, como la construcción, el campo y los transportes.

Este martes, Sumar ha acusado a Carlos Cuerpo de “usar sus tentáculos” para boicotear el refuerzo del control horario a los trabajadores. La portavoz de los comunes y de Sumar, Aina Vidal, ha cuestionado “cuál es la posición de la ministra de Seguridad Social”, Elma Saiz, “y si le gusta cómo nos expolian cada semana 2,5 millones de horas extras”, ha afirmado Vidal en una rueda de prensa en el Congreso.

La diputada de Sumar ha lanzado un “llamamiento a la tranquilidad” y ha reiterado su crítica a los “ministros que tienen la tentación de usar sus tentáculos en el Consejo de Estado o en otros estudios que encargan de forma mamporrera”.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que establece los requisitos de la factura electrónica obligatoria para las empresas, que contará con una plataforma pública a desarrollar por la Agencia Tributaria, y para la que las compañías contarán con un plazo de entre uno y dos años para adaptarse.

El Ejecutivo desarrolla con este reglamento un precepto incluido en la Ley Crea y Crece, de 2022, y que exigía la factura electrónica obligatoria para las empresas en su relación con otras compañías y profesionales. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha explicado que esta norma pretende dar solución a “uno de los obstáculos” para que las empresas españolas crezcan: la falta de liquidez por los largos periodos medios de pago en España (80 días), que es superior en el caso de las grandes empresas que en el de las pequeñas

La aprobación de este reglamento llega pocos meses después de que el Gobierno, en un guiño a Junts, decidiera retrasar la entrada en vigor de Verifactu a 2027. Esta última obligación establecía que las facturas debían contar con una suerte de “huella digital” que hiciera trazable el recibo mediante un QR a través del cual se puede acceder a una serie de datos fiscales relacionados con la compañía emisora.

La factura electrónica obligatoria, si bien relacionada, lo que regula es la relación entre las compañías. “Adaptarse a Verifactu no reemplaza la futura obligación de la factura electrónica. De hecho, son normativas con objetivos diferentes: Verifactu busca seguridad y trazabilidad interna; la factura electrónica obligatoria busca interoperabilidad y control comercial entre empresas. Quienes se adapten pronto a Verifactu estarán mejor preparados, pero no evitará otros cambios futuros”, detallaba Raquel Jurado, responsable del Servicio de Consultas del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas, en esta información publicada en noviembre.

Hasta 8.000 millones de ahorro

Según ha detallado Cuerpo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, avanzar en la facturación electrónica “tiene un enorme potencial”, ya que podría ahorrar en costes asociados 8.000 millones de euros para el conjunto de las empresas españolas.

El real decreto define la factura electrónica como un fichero estructurado de lectura automatizada —más allá del PDF, del Excel y del papel— e introduce la obligación de informar del estado de cada factura: aceptación y fecha de pago efectivo. Esta trazabilidad, dicen desde Economía, es clave para evitar la morosidad, ya que las empresas tendrán mayor control sobre sus cobros y pagos, y la Administración podrá monitorizar el cumplimiento real de los plazos de pago.

A partir de aquí, las empresas tendrán dos opciones. La primera, optar por una solución privada, que tendrá que estar interconectada a todas las plataformas existentes en el mercado, de tal manera que ninguna empresa se vea obligada a pertenecer a de su cliente. Y la segunda, adoptar la pública y gratuita que desarrollará la Agencia Tributaria.

Esta última es clave en relación con los plazos, ya que la orden del Ministerio de Hacienda que regulará sus aspectos clave dará el pistoletazo de salida a los plazos para la adopción de esta obligación. El Gobierno espera que sea antes del 1 de julio.

A partir de aquí, las empresas con una facturación superior a los ocho millones de euros tendrán un año para adaptarse, que será de dos años para el resto.

Según los datos de Economia, hoy se intercambian ya más de 550 millones de facturas electrónicas al año en España con ahorros que se estiman por encima de 2.700 millones de euros.

El Consejo de Estado ha resuelto un dictamen contrario al real decreto del Ministerio de Trabajo, que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz, para reforzar el registro de la jornada laboral, según indican fuentes del organismo consultivo a elDiario.es. El dictamen contrario llega tras los informes desfavorables contra la “puesta en marcha” de la norma que firmó el departamento dirigido por Carlos Cuerpo. El Ministerio de Economía llegó a enviar dos informes negativos y, en el primero de ellos, cuestionó incluso la validez legal del real decreto, cuya tramitación urgente aprobó el propio Consejo de Ministros.

La decisión del Consejo de Estado se alcanzó el pasado jueves, cuando se reunió la Comisión Permanente, como figura en la información de su página web. Según fuentes del organismo consultivo y del Gobierno, el Consejo de Estado rechaza que los cambios legales puedan aprobarse mediante un real decreto, sin una ley.

Aunque se trata de un dictamen no vinculante, es muy importante la negativa del Consejo de Estado, que allana el camino al recurso ante los tribunales que han anunciado los empresarios en caso de que la norma sea aprobada. Los cambios del registro fueron pactados por el Ministerio de Trabajo con los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT.

En el Ministerio de Economía encuadran sus informes desfavorables como “parte del procedimiento legislativo habitual”.

“Es incomprensible que alguien, como hacen estos informes, pueda situarse en contra de un instrumento que lo que quiere es garantizar que se cumpla la Ley en nuestro país, y que las empresas que abusan de la jornada de sus trabajadores no compitan deslealmente con el resto y paguen las horas extraordinarias como corresponde”, sostienen en el Ministerio de Trabajo sobre la posición de Economía ante el Consejo de Estado.

Las tensiones entre Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo no son en absoluto nuevas. Los choques entre ambos departamentos han sido constantes, a veces más públicos y otras menos, pero con continuas diferencias entre ambas carteras.

Un refuerzo del registro horario pactado entre PSOE y Sumar

La norma en conflicto es el proyecto de real decreto para endurecer el registro diario de la jornada laboral y facilitar su control por parte de la Inspección de Trabajo. El Ministerio de Yolanda Díaz dio este paso tras caer la ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media en el Congreso de los Diputados, por el voto en contra de PP, Junts y Vox.

Tras ello, Trabajo rescató de manera inmediata uno de sus elementos troncales: el refuerzo del registro horario, para combatir al menos las horas extra ilegales que hacen casi medio millón de trabajadores en España y tratar de garantizar el cumplimiento de los horarios. Este refuerzo del control horario además es un compromiso expreso del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, además de la reducción de la jornada laboral a las 37 horas y media.

“Cuestionarlo [el registro de jornada] es cuestionar un compromiso democrático entre PSOE y Sumar”, denuncian en el departamento de Díaz sobre el posicionamiento de Carlos Cuerpo.

El Gobierno dio en septiembre el primer paso para aprobar esta medida, a través de un real decreto (que no tiene que pasar por el Parlamento), con la luz verde del Consejo de Ministros a su tramitación urgente. Esta vía recorta los plazos para su aprobación, para lo que se requiere de dos informes previos antes de volver al Consejo de Ministros, del Consejo de Estado y de la Agencia Española de Protección de Datos.

Dos informes desfavorables: en diciembre y en febrero

Ha sido en el trámite previo del Consejo de Estado donde el Ministerio de Economía ha boicoteado la norma. En el informe preceptivo que tenía que emitir al órgano consultivo, el departamento de Carlos Cuerpo sostiene que valora “favorablemente el objetivo perseguido”, por “mejorar la transparencia y la trazabilidad del registro de jornada gracias a su carácter digital”, entre otros elementos, pero sin embargo “valora desfavorablemente su puesta en marcha”.

La particularidad es que el Ministerio de Economía emitió dos informes para el Consejo de Estado, uno en el mes de diciembre y otro a principios de febrero, ambos desfavorables.

En el primero, además de varias pegas sobre su contenido, el departamento de Carlos Cuerpo cuestionó la propia validez legal de la norma, argumento que ha adoptado el Consejo de Estado en su dictamen, según señalan fuentes de este organismo. “Asimismo, se cuestiona la adecuación del proyecto de Real Decreto al principio de jerarquía normativa”, recoge el informe de Economía del pasado mes de diciembre.

Es decir, que el Ministerio de Economía pone en duda que los cambios que quiere implementar Trabajo en el registro horario (como que sea interoperable en tiempo real por la Inspección de Trabajo) sea posible aprobarlos en un reglamento, por la vía del real decreto, en lugar de en una norma con rango de ley. Sin embargo, el Consejo de Ministros había dado luz verde en septiembre a la tramitación urgente de ese real decreto.

Unos meses más tarde, a principios de febrero, Economía emite un segundo informe desfavorable, igual al anterior en las objeciones sobre el contenido del decreto, pero ya sin cuestionar la forma, esa validez legal del real decreto.

“Es normal que dentro de este proceso se cambien o maticen algunos puntos de los informes, en este caso respecto a los primeros informes de diciembre”, responden sobre la emisión de este segundo informe en febrero.

Excluir al campo, el transporte y la construcción

El Ministerio de Economía rechaza la puesta en marcha del real decreto ya que “se considera necesario un periodo transitorio amplio y herramientas que minimicen el impacto operativo para las pymes”, así como porque considera “necesario tener en cuenta que una imposición homogénea de estas obligaciones no tiene en cuenta la existencia de sectores cuyas especificidades hacen que estas medidas pueden resultar ser adaptadas a su realidad”, recogen los informes.

Así, el departamento de Carlos Cuerpo reclama un periodo transitorio de un año para los cambios planteados en el registro horario –como obligar a que sea digital– para las pymes, en lugar de los 20 días previstos en el real decreto de Trabajo.

Por otro, reclama que haya sectores excluidos de esta norma general, como los de jornadas especiales, entre los que menciona el campo, el transporte y la construcción. La patronal de la construcción ha sido de las más beligerantes contra el refuerzo del registro horario, que ha sostenido que hundirá los salarios que hoy perciben los trabajadores (por lo que parece en horas extra por encima de la legislación laboral).

Al igual que se han relajado las exigencias del registro horario para el empleo doméstico en los hogares, Economía pide este trato diferenciado para estas otras actividades económicas. “Se considera necesario extender este enfoque diferenciado a otros sectores y ocupaciones en los que la aplicación estricta del sistema general puede resultar de difícil implementación”, recoge el informe de Economía.

Fuentes del departamento de Carlos Cuerpo sostienen que “el Ministerio de Economía está a favor de la medida —como ya ha reconocido públicamente el ministro Carlos Cuerpo, en varias ocasiones—, facilitando que las empresas puedan adoptarla”. “Es decir, dotándolas, sobre todo a las pymes, de periodos de adaptación suficientes que permitan que el control del registro horario sea sostenible y pueda ser un pilar para reforzar la reducción efectiva de la jornada laboral”, añaden.

“La reducción de la jornada no solo es socialmente necesaria, sino económicamente viable y respaldada por la evidencia internacional. Desde el Ministerio de Trabajo vamos a seguir defendiendo con firmeza una reforma que mejora la vida de los y las trabajadoras de nuestro país y moderniza de verdad nuestro mercado laboral”, sostienen por su parte en el Ministerio de Trabajo.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que España llega con “los deberes hechos” tanto en materia energética como económica para hacer frente a los posibles efectos de una guerra en Irán y del cierre del Estrecho de Ormuz, un impacto que aún no se está percibiendo en la actividad económica pero sí en los precios, por lo que las medidas que el Gobierno aprobará el viernes irán dirigidos a amortiguar estas subidas.

Cuerpo ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha presentado un informe sobre los primeros efectos del conflicto en Oriente Medio. Según el titular de Economía, España está “más preparada” tanto en el refuerzo de las infraestructuras energéticas y las reservas, como en la diversificación de los suministros de estas materias primas. “Llegamos con los deberes hechos, no solo en materia energética, sino también gracias a la fortaleza de nuestra economía”, ha dicho.

“Es fundamental que avancemos lo antes posible en la resolución del conflicto para evitar estos daños estructurales más a largo plazo en nuestra economía, que pueden darse a través de unos aumentos de precios más acusados o una potencial afectación en la actividad que aún no vemos en los datos”, ha subrayado.

Medidas para paliar la subida de precios

Cuerpo ha insistido en que “el mayor reto” ahora mismo tiene que ver con las subidas de precios en las gasolinas (16%), el gasoil (28%) y los fertilizantes (40%) desde el 28 de febrero, cuando se produjo el ataque combinado de Israel y Estados Unidos a Irán. “Supone un impacto en el día a día, particularmente a los setores más expuestos como el transporte, la logística, nuestro campo o incluso el sector pesquero, más allá de las industrias más intensivas en el uso de la energía”, ha asegurado.

Las medidas que se aprobarán este viernes irán destinadas a paliar estos incrementos, pero de manera focalizada en esos sectores clave, de tal manera que se eviten efectos de segunda ronda en la alimentación, por ejemplo. Sobre la mesa, medidas estructurales para reforzar la energía renovable y actuaciones fiscales enfocadas a los sectores más afectados. Quedan descartadas, por regresivas, subvenciones al combustible como en 2022 (el descuento de veinte céntimos por litro) o la rebaja del IVA a los alimentos.

Desde el Gobierno ponen en valor que el primer Real Decreto-Ley con medidas para amortiguar estos efectos se aprobará “diez días antes” de lo que sucedió en el caso de la guerra en Ucrania, un episodio que ha permitido tener “un diagnóstico robusto y riguroso” sobre las actuaciones del Ejecutivo.

“En el caso de la guerra de Ucrania tuvimos que afrontarla con siete paquetes de medidas. No sabemos cuál va a ser la evolución a futuro, existe una enorme incertidumbre, y necesitamos ese elemento de prudencia y de flexibilidad hacia delante”, ha señalado el ministro.

El Consejo de Ministros libera 11,5 millones de barriles de las reservas

El Consejo de Ministros ha acordado este martes la liberación de 11,5 millones de barriles de petróleo, que suponen 12,3 días de consumo nacional, en línea con la histórica liberación acordada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de 400 millones de barriles.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Energética, Sara Aagesen, ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta liberación se hará en dos fases. Una primera de 3,75 millones de barriles, correspondiente a 4 días de consumo, en los 15 días siguientes a la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial del Estado. Y una segunda, con los 8 millones de barriles restantes, que se hará en un plazo máximo de 90 días y en coordinación con los agentes y operadores nacionales. Se trata de 2,2 millones de barriles de gasolina y 9 millones de destinados medios de gasóleo. “Es una medida importante porque trata de amortiguar la tensión en los mercados ante esta situación coyuntural”, ha valorado Aagesen.

La responsable de Energía ha señalado que esta liberación es una “actuación solidaria” para países como Japón, que ya están afrontando problemas de suministro, y que la afectación en los precios se producirá en las próximas semanas conforme el resto de miembros de la AIE (32 Estados, entre ellos España) vayan acordando la salida de estas reservas estratégicas.

El sector alimentario y pesquero han reclamado la adopción de medidas urgentes durante la reunión que han mantenido con el Gobierno, entre las que figura la rebaja del IVA a los alimentos para mitigar el impacto económico derivado del conflicto en Oriente Próximo y que está afectando al sector.

En concreto, la ronda de contactos ha arrancado este lunes con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que ha mantenido un encuentro en la sede de su Departamento con representantes de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), con la Asociación Empresarial de Acuicultura Española (Apromar) y con la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP).

La patronal pesquera ha reclamado en esta reunión la adopción de medidas urgentes compensatorias que permitan mantener la actividad pesquera y evitar impactos en el suministro de pescado, ya que han alertado del riesgo de paradas de actividad ante el incremento desproporcionado de los costes de producción.

Así, entre las peticiones figuran establecer mecanismos de minoración del coste del combustible para la flota pesquera, incrementar los límites de ayudas estatales por buque, no por empresa, evaluar una suspensión o la reducción temporal del IVA aplicado a los productos pesqueros para aliviar la presión económica sobre el sector y la cadena de valor.

A última hora de la mañana, Planas y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se han reunido con las industrias de alimentación, de piensos y de fertilizantes en la sede de Economía. A la cita han acudido representantes de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos (Cesfac), de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (Anffe), de la Asociación Comercial Española de Fertilizantes (Acefer) y con la Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes (AEFA).

Así, la industria alimentaria ha trasladado a Cuerpo y Planas la necesidad de que adoptar medidas para mitigar el impacto del incremento de los precios de los suministros energéticos y, “en caso de prolongarse” el conflicto bélico, que se analice la posibilidad de adoptar otras acciones incluyendo la rebaja temporal del IVA de los alimentos, según han informado fuentes de FIAB a Europa Press.

Por su parte, Planas ha reiterado en estos encuentros que el sector agroalimentario y pesquero son “sectores estratégicos” para España. “Es importante conocer sus preocupaciones y dialogar con ellos para adoptar medidas eficaces que minimicen el impacto de la guerra en Oriente Medio en nuestros sectores productivos”, ha señalado en su perfil de la red social 'X', que recoge Europa Press.

Consejo de Ministros extraordinario el viernes

El Gobierno tiene intención de aprobar previsiblemente este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario, el Plan de Respuesta Integral ante la Guerra en Oriente Medio, donde se darán a conocer las medias estructurales y coyunturales, que tienen como objetivo protegera los más vulnerables y a los sectores más afectados por la subida de los precios, como es el sector agroalimentario, entre otros.

Por ahora, Cuerpo no ve que sea necesario aprobar la reducción del IVA para los alimentos. “Tenemos ahora mismo que estar muy centrados en el impacto que estamos viendo de la guerra y ahora mismo ese impacto se focaliza en la subida del precio de los carburantes”, ha explicado.

En este sentido, el ministro espera que este impacto se pare no solo con el apoyo a ciudadanos, empresas y trabajadores, sino con el fin de la guerra, lo que evitará que se generen efectos de segunda ronda en cuanto a traslado a los precios de los alimentos.

“Si acaso ese fuera el caso, estamos preparados para ir respondiendo de manera flexible y ampliando si es que fuera necesario el paquete de medidas”, ha asegurado.

La retórica confusa y contradictoria de Donald Trump se ha convertido en un problema añadido para la toma de decisiones de los gobiernos europeos frente a la guerra. A golpe de improvisación, el presidente de los EEUU es capaz de dar por terminados los ataques sobre Irán y, el mismo día, sostener lo contrario. Tan pronto defiende que la invasión coordinada con Israel será una “breve incursión”, como escribe en sus redes sociales que intensificará los ataques si el régimen de los ayatolás cierra el estrecho de Ormuz, lo que supondrá que una cuarta parte del petróleo mundial y el suministro de gas dejará de llegar al mercado. Un día defiende que los objetivos de la operación militar están “casi completados”, y al siguiente que “la operación no ha hecho más que comenzar” y que los bombardeos pueden durar hasta ocho semanas.

La imprevisión del inquilino de la Casa Blanca es el principal motivo que la Moncloa arguye para no haber aprobado aún el paquete de medidas con el que afrontar la nueva crisis, según versión de varios ministros socialistas. Todos, por cierto, en perfecta sincronía para criticar la precipitación con la que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aseguró el pasado jueves que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobaría el decreto con las medidas anticrisis. Los titulares de Presidencia y Economía, Félix Bolaños y Carlos Cuerpo, tuvieron que salir de inmediato a rectificar las palabras de la también ministra de Trabajo y enfriar los plazos que ella había fijado. 

“Salvo que la ministra [Díaz] se empeñe en precipitar alguna medida de su Departamento para que vaya al próximo Consejo, lo que incluya el decreto que tendrá que convalidar después el Congreso no parece que vaya a estar listo para entonces”, aseguran desde la Presidencia del Gobierno. El empeño de la vicepresidenta en anunciar decisiones que le trascienden es algo, además de habitual, que ha motivado no pocos enfrentamientos de los socialistas con la ya exlíder de Sumar. El de esta semana tenía especial relevancia porque en la parte socialista del Gobierno la consigna era aguardar a valorar el alcance de la crisis y, después, proceder a la activación de distintos planes de contingencia con los que paliar sus efectos en los colectivos más afectados. 

La única certeza en este momento es que Trump se ha embarcado en la guerra sin una hoja de ruta definida y arrastrado por Benjamín Netanyahu a una ofensiva que puede desestabilizar aún más Oriente Medio en un momento de profunda división en Europa. A la ya habitual cacofonía entre los diferentes estados miembros en materia de Defensa y Seguridad se han sumado esta semana unas declaraciones de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, con las que animaba a no derramar una lágrima por el régimen iraní y expedía el certificado de defunción del viejo orden internacional sin una sola una mención a los Derechos Humanos ni a la vulneración del Derecho Internacional. Palabras que se vio, más tarde, obligada a rectificar ante las críticas que desató en el seno de la UE.

De alargarse en el tiempo, la guerra puede provocar una crisis energética global y afectar gravemente al suministro de petróleo y gas, si bien lo único que puede frenar al presidente de los EEUU es que empiece a acusar problemas internos como consecuencia de una subida del tipo de interés del dólar y de la inflación. Esto además de que crezca la contestación del partido republicano, temeroso de que la ofensiva militar afecte a sus resultados en las elecciones de mitad de mandato el próximo noviembre. 

En este contexto, el Gobierno achaca a la incertidumbre del factor Trump las dificultades para cerrar el paquete de medidas frente a la guerra. Y Pedro Sánchez se agarra a la imposibilidad de calcular la dimensión de la crisis para justificar el retraso en la aprobación de un decreto que la oposición ha exigido prácticamente desde el primer día de los bombardeos. El presidente, aseguran en su entorno más cercano, prefiere escuchar a sus homólogos europeos antes de detallar el paquete fiscal y no descarta incluso aprobarlo tras la cumbre europea del día 19, en la que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea abordarán la respuesta a la escalada militar en Oriente Medio, así como la agenda comunitaria de competitividad, cuya aplicación se ha vuelto más urgente ante el impacto económico del conflicto.

En el gabinete presidencial lo explican en los siguientes términos: “Los canales diplomáticos con EEUU ya no sirven para tener información precisa sobre los planes de Trump y Netanyahu, por lo que el presidente quiere escuchar, el próximo jueves en la cumbre de Bruselas, la opinión del resto de líderes europeos y explorar posibilidades de articular posiciones comunes. Hasta entonces, lo lógico es contener la impaciencia y no precipitarse en la toma de decisiones”.

Los ministros del PSOE sostienen, sin embargo, que trabajan con el objetivo de aprobar las medidas cuanto antes, aunque reconocen la dificultad para hacerlo el próximo martes, como anticipó Yolanda Díaz. Lo que no descarta ninguno es que las ayudas se aprueben de forma gradual en función de la evolución de la crisis y que Trabajo precipite para esta semana medidas de protección a los trabajadores.

Los 25.000 millones de ahorro fiscal por Ucrania

“Tenemos el plan sobre la mesa y lo estamos acabando de perfilar”, asegura el ministro Cuerpo, en referencia a los contactos con los sectores afectados, los agentes sociales y los grupos parlamentarios para que el paquete de medidas tenga el mayor consenso posible. Economía ya ha tenido contactos con las distribuidoras de comercio minorista, que de momento no han detectado afectación a los precios en la alimentación. En la Moncloa defienden que la situación no es tan grave como cuando se produjo la guerra en Ucrania, algo que se refleja en el hecho de que la Comisión Europea no permite saltarse las reglas fiscales, tal y como ocurrió también con la pandemia.

Lo que se pretende evitar en todo caso es una lluvia de millones en ayudas y beneficios fiscales como se hizo con motivo de la crisis inflacionaria que desató la guerra de Ucrania. Entonces, la reducción, aprobada por el Gobierno, del IVA de la electricidad y los alimentos supuso un ahorro de más de 25.000 millones de euros. Solo el primer paquete de medidas aprobadas en marzo de 2022 supuso 6.000 millones de euros en rebajas fiscales y ayudas más otros 3.600, en junio de 2022, con la rebaja al 5% del IVA de la luz y el gas natural. Todo frente a una oposición que repite sin cesar el mantra de una necesaria rebaja de impuestos, como si el gobierno de España no hubiera hecho nada al respecto. 

Ahora, Economía está dispuesta también a aprobar rebajas en la fiscalidad de la electricidad para hacer frente al impacto de la guerra de Irán, pero no a que la medida se extienda a los alimentos de primera necesidad como se aprobó en enero de 2023. Tampoco está prevista una rebaja al precio de la gasolina y el diésel, salvo para el transporte profesional, la pesca y la agricultura.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, arrancó la semana advirtiendo que el conflicto regional en Oriente Medio desencadenado por los ataques de EEUU e Israel a Irán está lejos de ser una crisis más. La guerra ya ha provocado que el barril del petróleo supere los 100 dólares, sin contar los efectos del gas, la electricidad y el terremoto financiero en las principales plazas bursátiles del mundo. La economista búlgara fue clara en su conferencia en Tokio: “Piensen en lo impensable y prepárense para ello”.

El conflicto llega en el sexto aniversario de la paralización global a causa del COVID-19 y en el segundo año del segundo mandato de Donald Trump, un tiempo que ha sido suficiente para causar el caos mundial en dos ocasiones: primero con los aranceles y, ahora, con un ataque de consecuencias imprevisibles en una región clave para el suministro energético.

El precio del petróleo superó los 100 dólares esta semana por primera vez desde el estallido de la guerra de Ucrania, en 2022. Tanto el Brent, de referencia en Europa, como el estadounidense de Texas superaron esta barrera psicológica en respuesta al bloqueo del estrecho de Ormuz, una lengua de menos de 40 kilómetros de ancho por la que pasa el 20% de la energía del planeta.

“Un cierre definitivo del estrecho de Ormuz es como un arma de destrucción masiva socioeconómica a nivel mundial”, defendía esta semana el director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos (CEARC), Haizam Amirah Fernández, en una entrevista con elDiario.es. De acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el conflicto ya ha retirado 10 millones de barriles de petróleo diarios del mercado. 

Esto ha obligado a una liberación masiva de 400 millones de barriles de las reservas de la AIE, una cifra histórica –es el doble de lo que se acordó en respuesta a la invasión rusa– pero que, como apuntan desde Caixabank Research, apenas cubriría el flujo habitual de 20 o 25 días.

Una victoria para Putin

Si alguien ha salido beneficiado del ataque a Irán ha sido la Rusia de Vladímir Putin. A pesar de que Irán es uno de sus aliados más cercanos –pero Moscú no ha movido aún ficha en el conflicto–, Trump ordenó este jueves levantar las sanciones al crudo ruso en circulación para tratar de evitar mayores subidas de precios. Las registradas hasta ahora están afectando a los ciudadanos estadounidenses, que este año votarán en unas elecciones de medio mandato que son clave para el control férreo del magnate neoyorquino. 

La autorización es de apenas un mes y afectaría, según el portavoz económico del Kremlin, a unos 100 millones de barriles que se encuentran en alta mar, según recoge EFE. Pero, con la subida del precio del crudo ruso, aliviará en parte las cuentas públicas, diezmadas por cuatro años de guerra de desgaste en suelo ucraniano. En solo dos meses, el déficit público alcanzó los 3,45 billones de rublos (unos 37.600 millones de euros), la cuantía prevista para todo 2026.

Además de en las gasolineras de todo el globo –en Estados Unidos ya es un 20% más caro echar gasolina, en un país donde la gente conduce más que camina–, el subidón del petróleo se ha traducido en un terremoto en los mercados financieros. En dos semanas el Dow Jones de la bolsa estadounidense ha perdido un 4,5%. El Ibex, casi un 7%. Y las bolsas europeas, medidas por el índice Euro Stoxx 50, más de un 6%.

“El mercado interpretó la guerra de Ucrania como un problema europeo, pero ahora interpreta la guerra de Irán como un asunto global”, considera Miguel Sebastián, exministro de Industria (2008-2011) y profesor de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid. “Las bolsas europeas están cayendo más que la americana porque Europa es importadora de energía y es más vulnerable, pero ahora caen más a la par que en 2022, lo que indica que estamos ante una crisis más global”, apunta.

Por su parte, Calin Arcalean, profesor titular del Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad de Esade, señala que, si bien “la economía mundial podría estar mejor preparada para enfrentarse a cuellos de botella en la oferta que hace cuatro años”, las respuestas de los mercados podrían estar justificadas por el mayor nivel de incertidumbre que entonces.

Europa teme la “estanflación”

En los pasillos de las instituciones europeas se insiste en el temor a que la guerra de Irán y su alcance regional se traduzca en “un fuerte shock estanflacionario” –inflación alta y bajo o nulo crecimiento–, que no solo afecte a los precios de la energía. Varios líderes de países europeos, incluidos los que han sido más condescendientes con los bombardeos de EEUU e Israel, como el canciller alemán, Friedrich Merz, han pedido a Trump que termine ya con los ataques. El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, señaló que si el conflicto se alarga varias semanas, con el bloqueo del Estrecho de Ormuz y más ataques a infraestructuras energéticas en el Golfo, “podría acabar generando un fuerte shock estanflacionario para la economía mundial y europea, con precios de la energía más altos que alimentarían una inflación más amplia, efectos negativos sobre la confianza, interrupciones en las cadenas de suministro y condiciones de financiación más restrictivas”.

Hay pánico a que una extensión temporal del conflicto acabe por afectar a toda la cadena de valor de la economía. El presidente del Eurogrupo, el ministro griego de Economía Kyriakos Pierrakakis, elevó las posibles consecuencias de la crisis “más allá de los precios de la energía, también mediante otras variables: el coste de los fertilizantes, el tráfico aéreo e incluso el impacto indirecto de las condiciones de financiación”.

Este miedo se apoya en la pobre ejecución de la economía en los meses previos. Este viernes se han dado a conocer los datos de producción industrial de la zona euro que cayó un 1,5% en enero respecto al mes anterior, según Eurostat. Este dato refleja la debilidad de la industria europea a la que ya se enfrentaba antes de la actual crisis energética.

Según un informe de la consultora Oxford Economics, en el caso de que el barril de petróleo alcance un precio de 140 dólares y se mantenga en esos niveles durante dos meses, los efectos podrían traducirse en un recorte de 0,7 puntos de crecimiento global que, en el caso de la eurozona, podrían empujarla a una “ligera contracción”.

En la Comisión Europea hay preocupación por la evolución de los precios del petróleo y el gas, pero admiten a la vez que “estamos en una posición mucho mejor que en 2022”, tras el choque inflacionario que supuso la invasión de Ucrania por Rusia. De hecho, se ha anunciado que la institución prepara un paquete energético destinado a “reducir las facturas de electricidad de ciudadanos y empresas”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha llegado a poner sobre la mesa un tope al precio del gas. En su discurso en el Parlamento Europeo, Von der Leyen aseguró que “es crucial que se reduzca el impacto en los costos cuando el gas fija el precio de la electricidad. Estamos preparando diferentes opciones: un mejor uso de los acuerdos de compra de energía (Purchase Power Agreements) y contratos por diferencia, ayudas públicas estatales y explorar las subvenciones o el tope del precio del gas”. 

La presidenta de la Comisión Europea recupera una medida que impulsaron los Gobiernos de España y Portugal, la excepción ibérica, ante la crisis de precios energéticos de 2022. Aunque en aquel momento, tanto la Comisión como un grupo de países se posicionaron en contra, la intervención del mercado funcionó y ahora es una de las medidas que se vuelve a poner sobre la mesa.

La semana que viene se reúnen los líderes de los 27 países de la UE en una reunión en Bruselas donde podrían decidir y aprobar medidas para reducir el impacto del incremento del precio de los carburantes sobre los ciudadanos y las empresas. Bruselas se ha posicionado a favor de la propuesta del G7 de liberar las reservas mundiales de petróleo para reducir precios, pero se ha posicionado en contra de la medida propuesta por el Gobierno de Donald Trump de eliminar temporalmente las sanciones a la compra de petróleo ruso, ya que supone financiar la invasión rusa de Ucrania.

El BCE se debate entre la calma y la actuación temprana

Si hay un lugar en Europa donde se está calibrando al detalle el efecto en la economía de la situación bélica en Oriente Medio ese es Fráncfort. El Banco Central Europeo inició el año con la estabilidad por bandera, manteniendo los tipos de interés en la eurozona sin cambios en sus últimas cinco reuniones. Una sensación de continuidad que ha saltado por los aires, de forma similar a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, con la Reserva Federal (FED en sus siglas en inglés); y con otros bancos centrales, que ante los visos de un aumento de la inflación están midiendo con mucho cuidado qué pasos van a dar con el precio del dinero. 

De momento, al menos en lo que se refiere al BCE, se reunirá esta semana con llamadas a no perder la calma. Una de ellas, la del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá que ve “muy improbable” un cambio en los tipos. “Tiendo a pensar que hay que esperar”, apuntó en declaraciones a TV3 para ver “el potencial” de este escenario bélico de “impactar negativamente sobre la economía mundial” que “dependerá de lo que se prolongue en el tiempo”.

También Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, ha instado a “mantener la calma dada la excepcionalidad de la incertidumbre” y a no “sobrerreaccionar” con un movimiento en los tipos de interés que pueda lastrar el crecimiento en un momento de tanta incertidumbre. “Predecir la inflación es ahora más complicado de lo habitual, dada la fuerte fluctuación de los precios de la energía durante la guerra en Irán, y la volatilidad del mercado puede amplificar los efectos económicos”, justificó De Guindos durante un encuentro en Madrid del sector financiero. 

Desde Alemania, el presidente del Bundesbank y miembro del consejo de Gobierno del BCE, Joachim Nagel, ha dejado claro que si hay impacto en la economía, Fráncfort reaccionará más pronto que tarde. “Debemos mantenernos muy vigilantes”, ha asegurado Nagel a Reuters. “Si se hace evidente que el actual aumento de los precios de la energía se traducirá en una inflación generalizada de los precios al consumidor a medio plazo, el Consejo de Gobierno del BCE actuará con decisión y prontitud”.

En el siguiente gráfico se ve la evolución de los tipos de interés en la eurozona.

De momento, lo que se empieza a constatar, tanto en Europa como en EEUU es que las hipotecas a tipo de interés variable ya están moviéndose. Por ejemplo, en España, el Euribor a 12 meses ha llegado esta semana a superar el 2,55%, según los datos que publica el Banco de España. También en EEUU hay tensiones al alza, porque este jueves la tasa promedio para una hipoteca a 30 años se ha situado por encima del 6,1%, registrando su mayor subida en un año –más de 10 puntos básicos– según los datos que publica el gestor de hipotecas Freddie Mac, que tuvo que ser rescatado por Washington en la anterior crisis financiera. 

Tras el impacto de sus decisiones militares en la economía real, Donald Trump ha lanzado un nuevo dardo al presidente de la FED para que baje los tipos. “¿Dónde está Jerome 'demasiado lento' Powell? Debe bajar los tipos de interés inmediatamente sin esperar a la siguiente reunión”, reclamó el presidente estadounidense en su red social. La FED también tiene previsto reunirse esta próxima semana, pero el mercado no espera un movimiento a la baja y menos que sea tan inmediato como reclama Trump que, de nuevo, no ha guardado las distancias con la FED, considerada un organismo de política monetaria independiente del poder político.

El campo tiene un problema con los fertilizantes

El encarecimiento del petróleo y del gas tiene otra derivada que, a día de hoy, parece bastante obvia: el precio de los alimentos va a subir. Lo hará por el efecto dominó de un gas que es más caro y de un estrecho de Ormuz bloqueado que también es paso imprescindible para materias primas esenciales en la producción de los fertilizantes, como es el caso de la urea. 

A escala global, en las últimas jornadas ya se ha visto un aumento de los precios de elementos esenciales, como los cereales, que cotizan en mercados estadounidenses. En ese mismo país, el Council on Foreign Relations, uno de los principales 'lobbies' sobre relaciones internacionales publicó este viernes un análisis donde recoge que “aproximadamente una cuarta parte de la producción mundial de fertilizantes transita por el estrecho de Ormuz” y eso puede desencadenar un efecto arrastre. 

“Los fertilizantes representan hasta el 25% del coste de producción de productos agrícolas, y la guerra pone en riesgo la continuidad de un tercio de su comercio mundial”, explica el citado análisis. “El envío de gas natural ha disminuido drásticamente” en las últimas jornadas, “lo que afecta a la materia prima para los fertilizantes nitrogenados. Al mismo tiempo, Bahréin, Omán, Catar y Arabia Saudí, países afectados por el conflicto, son exportadores clave de fertilizantes como la urea, el fosfato diamónico (DAP) y el amoníaco”.

Centrando el foco en España, el problema a día de hoy –para las organizaciones agrarias consultadas por elDiario.es y, también, para fuentes del sector empresarial– es que el precio que se está repercutiendo al sector primario en los últimos días corresponde a materias primas que ya estaban en España cuando se produjo el ataque a Irán, lo que lleva a pensar en la especulación con este tipo de materiales esenciales para la producción de alimentos. Y si los precios en origen suben, lo acaban haciendo en la distribución. De hecho, esta semana, el presidente y fundador de la mayor cadena de supermercados, Mercadona, Juan Roig, reconoció que si su factura sube, la que pagan sus clientes también lo hará.

Un escudo social enfrentado a las reglas fiscales

Roig, de hecho, puso encima de la mesa la posibilidad de aplicar una rebaja general del IVA de los alimentos al 0%, similar a lo que se hizo en 2023, para aliviar la carga que supondrá a las familias. En el Gobierno lo rechazan. También los sindicatos. Una medida así es efectiva, ya que es inmediata y llega a toda la población, pero regresiva, en tanto que las personas con mayor capacidad de consumo son las más beneficiadas y, a la vez, resta recursos al Estado con los que financiar las políticas sociales.

El Gobierno apuesta ahora por medidas fiscales más enfocadas a los sectores afectados, fundamentalmente el campo y el transporte por carretera, y también en el ámbito energético, ya que es pronto para hablar aún de efectos de segunda. Ni se sabe cuánto puede durar el conflicto –los mensajes desde la Casa Blanca son confusos–, ni hay datos que cuantifiquen el impacto: los últimos datos oficiales de inflación son de febrero. Sí hay cifras de los surtidores: repostar este fin de semana es un 26,5% más caro en el caso del diésel y un 14,2%, en el de la gasolina.

La razón no es solo que el conflicto, de momento, no haya alcanzado la magnitud ni los precios de 2022, sino que, a diferencia de entonces, las reglas fiscales de Bruselas ahora están en vigor. Y este corsé está limitando mucho el margen de maniobra de los países. “La responsabilidad tiene que ver también con que hay que calibrar bien las medidas que se pongan encima de la mesa, también en base al coste fiscal que van a tener, sobre todo para darnos margen hacia delante de seguir respondiendo de manera proporcional a los desarrollos de este shock”, dijo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tras reunirse con los agentes sociales para valorar un primer paquete de respuesta.

Según Oxford Economics, los gobiernos europeos destinaron 600.000 millones de euros entre 2021 y 2022 para aliviar los efectos de la crisis energética. Solo en España, fueron 45.000 millones, de acuerdo con datos de La Moncloa. “Los Ejecutivos europeos están reaccionando con mucha mayor rapidez a la escalada de los precios energéticos que en crisis anteriores. Pero, a menos que los precios sigan altos por mucho más tiempo, la escala de esta intervención será probablemente muy modesta en comparación”, señalan los analistas.

¿Cuánto durará el conflicto? Es la pregunta clave para cualquier análisis. Lo “impensable”, según Georgieva, tendrá un efecto sobre el crecimiento mundial que no medirán hasta mediados de abril, cuando el FMI actualice sus previsiones económicas. En su anterior informe, anticipaban una caída del precio del petróleo del 8,7% para este año. El Gobierno de España manejaba un escenario de 68 dólares el barril. La última proyección de Funcas, el ‘think-tank’ de las antiguas cajas de ahorros, apunta a una inflación por encima del 3% durante todo el año. La única certeza es que cada misil en Oriente Medio es otro mordisco en el bolsillo.

El Gobierno prepara una serie de medidas fiscales para aliviar el impacto de la subida del precio de los combustibles pero sin apostar por subvenciones generales a las gasolinas, como se hizo tras el estallido de la guerra de Ucrania, apostando por ayudas más quirúrgicas a los sectores más afectados, como el campo o el transporte.

Así lo ha detallado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una rueda de prensa tras la reunión que ha mantenido el Ejecutivo con sindicatos y patronales, donde no se han detallado medidas concretas. El objetivo del Ejecutivo pasa por, primero, consensuar cualquier posible actuación con los agentes sociales y los grupos parlamentarios. Estos últimos fundamentales para que cualquier paquete de medidas pase el filtro del Congreso.

Cuerpo ha apuntado que el Ejecutivo trabajará en varios frentes, como ya detalló el presidente Pedro Sánchez en una entrevista con elDiario.es. Por un lado, con medidas estructurales en cuanto a las energías renovables, para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y la volatilidad asociada a cualquier posible corte de suministro. Y, por otro, con otras más quirúrgicas destinadas, en específico, a la subida del precio de la energía, la principal preocupación ahora mismo.

El ministro ha señalado que el Gobierno hace ahora un “análisis riguroso” de cuáles son las mejores medidas “teniendo en cuenta la experiencia derivada” de la crisis energética de 2022 y 2023. Ese primer paquete lo protagonizó la rebaja de los combustibles generalizada, algo que queda descartado casi por completo. “Parece que en las circunstancias actuales la bonificación sería una de las medidas que menos nos aconsejan los sectores y los agentes sociales”, ha dicho el ministro.

En este sentido, el titular de Economía ha apuntado a que el Gobierno va a colaborar de manera estrecha con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para evitar comportamientos “anómalos” en las gasolineras y que, cuando los precios del crudo bajen, “esa corrección se traslade a los precios de los carburantes”.

Prohibición de cortar suministros a los hogares vulnerables

Por otro lado, el Gobierno también contempla rescatar algunas de las medidas que decayeron en el escudo social, como el corte de los suministros para hogares vulnerables. Este potencial Real Decreto-Ley aún no tiene fecha ya que la prioridad del Ejecutivo es cerrar el texto cuanto antes, pero podría no ir en el próximo Consejo de Ministros.

“Ahora mismo lo prioritario es trabajar para cerrar un texto con la mayor celeridad, que pueda responder con responsabilidad a los efectos que ya están notando nuestros ciudadanos y empresas; que recoja las aportaciones de sectores, agentes sociales y grupos parlamentarios para que pueda contar con consenso”, ha dicho el titular de Economía.

Otra de las medidas que sirvieron hace cuatro años, con el gas por las nubes, fue el mecanismo ibérico, que topó los precios en España y Portugal. Aún es pronto para plantear esa opción, porque el gas ha subido, pero no tanto, pero tampoco hay que descartarla. “Estamos en una situación muy lejana a la que ocurrió con el conflicto en Ucrania” ha asegurado Cuerpo. Ahora, el precio del gas está en el “entorno de los 50 euros” cuando en “en el caso de Ucrania” estuvo “por encima de los 200 euros y, de manera sostenida, por encima de los 100 o 150”, ha resumido. Pero la opción del tope al gas está ahí. “Está preparado”, eso sí, “requiere colaboración con las autoridades europeas y portuguesas”, ha añadido el ministro.

El Gobierno ha insistido en que cualquier medida que se adopte ha de ser “responsable” en cuanto a su impacto en las cuentas públicas y también ha de ser lo suficientemente flexible para ser adaptada si el conflicto, que por ahora consideran como algo temporal y lejos de enquistarse, se mantiene.

Entre otras cosas, porque, a diferencia de 2022, ahora están en vigor las reglas fiscales y el Ejecutivo no tiene tan sencillo saltarse los compromisos presupuestarios para hacer frente a una situación que, de momento, no está enfriando la actividad económica.

Cuerpo ha descartado la rebaja del IVA de los alimentos, en el debate público tras ser planteado por el dueño de Mercadona. “No estamos observando todavía este canal de transmisión”, ha afirmado el ministro de Economía, en referencia a la afectación en estos precios. “Tenemos que tener una respuesta perimetrada y muy proporcional a los efectos que estamos observando”, ha añadido.

Tampoco están sobre la mesa intervenciones en el mercado de la vivienda, como la congelación de los arrendamientos, a pesar de que ha sido una de las reclamaciones de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y también de los sindicatos.

Sí está sobre la mesa un potencial relajo en el IVA de la electricidad, ya que Cuerpo ha apuntado que hay “bastante consenso” sobre esta medida, que ayudó a rebajar los precios en el anterior shock de precios.

Antes de reunirse con los agentes sociales, y en materia laboral, Díaz había concretado que están disponibles ya instrumentos de protección de empleos y empresas, como los ERTE, pero además ha añadido que es necesario aprobar “más medidas”, entre las que ha mencionado “probablemente prohibir despidos por causas energéticas como hicimos en otras crisis”, en referencia a la de Ucrania.

Con todo, el ministro Cuerpo ha insistido en que, de momento, no están percibiendo una afección en el mercado laboral y que los datos de afiliación muestran que la actividad económica está resistiendo el primer envite del shock de precios.

Los sindicatos reclaman ayudas al transporte público

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, han comparecido previamente al ministro y, si bien han asegurado que no contaban con un listado de medidas para plantear al Gobierno, sí han reclamado rebajar el precio de los transportes públicos y evitar rebajas masivas de impuestos.

Sordo ha reclamado que posibles medidas fiscales vengan acompañadas de “medidas eficaces del control de los precios y de la transmisión de precios a los ciudadanos”, ya que algunas -como las subvenciones a la gasolina- sirvieron para “mantener los beneficios de las empresas”.

“No se trata de quitar IVAs sin más, porque no todo el mundo tiene la misma participación a la hora de consumir”, ha dicho Álvarez.