La Autoridad Vasca de la Competencia cuestiona en un informe la intención del Gobierno vasco de poner trabas a la proliferación de pisos turísticos a través de la nueva normativa contenida en el anteproyecto de la ley de Turismo. La norma pretende, por ejemplo, establecer la obligación de renovar cada cinco años las licencias de estas viviendas, perdiendo el carácter indefinido que tienen ahora una vez se realiza la declaración responsable que garantiza que cumplan las condiciones requeridas. En un informe sobre el anteproyecto de la Ley de Turismo vasca, el organismo regulador señala que “la validez de la declaración responsable es con carácter indefinido, siendo el operador el obligado a mantener su cumplimiento, y la administración la obligada a controlar, vigilar y supervisar la acción del operador”.

Señala Competencia que la manifestación, mediante comunicación o declaración responsable, de que la persona cumple los requisitos exigidos para establecer un piso turístico “comporta, además, el traslado de la información necesaria para que la autoridad competente realice el pertinente control de la actividad”. Por ello, considera que “efectuada esa comunicación o declaración responsable, no cabe exigir, transcurrido el tiempo, que el operador vuelva a presentarla nuevamente. El operador podrá ejercer la actividad económica por tiempo indefinido”, es decir, como ocurre en estos momentos. “Competerá, de un lado, al operador comprobar que sigue cumpliendo los requisitos para el ejercicio de la actividad económica, y, de otro lado, a la administración competente vigilar, controlar y supervisar a los operadores”, recuerda el organismo regulador.

La administración competente podrá determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad cuando se compruebe la “inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de carácter esencial, que se hubiere aportado o el incumplimiento de los requisitos señalados en la legislación vigente”. Pero insiste en que la validez de la declaración responsable “es con carácter indefinido, siendo el operador el obligado a mantener su cumplimiento, y la administración la obligada a controlar, vigilar y supervisar la acción del operador”.

El anteproyecto de Ley, que inició el pasado mes de febrero el periodo de exposición pública, contiene varias modificaciones de la legislación anterior destinadas a restringir la apertura de pisos turísticos, una de las cuestiones más polémicas en la situación actual, en la que hay una creciente escasez de vivienda.

Ante esta pretendida restricción, la Autoridad Vasca de la Competencia advierte de que los poderes públicos deben garantizar la existencia de una competencia efectiva en los mercados y “no introducir distorsiones mediante la regulación”. “La salvaguarda de la libre competencia constituye un principio de interés general, que únicamente puede ser mermado si es necesario para la consecución de otros fines de interés general y bajo el cumplimiento de determinadas premisas”. Por ello, señala que en los supuestos en los que se pretendan establecer restricciones a la implantación o desarrollo de actividades económicas, “estas deberán justificarse en razones imperiosas de interés general (protección del medioambiente y del patrimonio urbano; conservación del patrimonio histórico y artístico; orden público, etc.), y adecuarse a los principios de proporcionalidad, mínima distorsión y no discriminación”.

En este sentido, recuerda en el informe que en la iniciativa para realizar una actividad económica rige el principio general de libre acceso y ejercicio de la actividad económica y que “cuando, para acceder y ejercer una actividad, se exige al operador cualquier tipo de actuación, estaríamos ante un régimen de intervención”. “Se identifican tres niveles de intervención administrativa: autorización, declaración responsable y comunicación. La autorización exige, para poder iniciar la actividad, un pronunciamiento previo de la Administración, mientras que con la declaración responsable el operador manifiesta cumplir los requisitos. Con la comunicación sólo resulta necesario poner en conocimiento de la Administración determinados datos para el inicio de la actividad”. E insiste el informe en que “efectuada esa comunicación o declaración responsable, no cabe exigir, transcurrido el tiempo, que el operador vuelva a presentarla nuevamente. El operador podrá ejercer la actividad económica por tiempo indefinido”.

“No se alcanza a entender la virtualidad de obligar periódicamente a los operadores a expresar que siguen cumpliendo con los requisitos cuando, de un lado, la presentación misma de la declaración responsable primigenia ya comporta esa obligación de cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa y, de otro lado, es la administración la facultada -e, incluso, obliga- a controlar, vigilar y supervisar que, efectivamente, los operadores siguen cumpliendo con los requisitos para el ejercicio de la actividad”.

“El órgano proponente, sabedor de que la autoridad de competencia aboga, con carácter general, por elegir, de entre los regímenes de intervención, el de comunicación, debería completar el análisis —y su correlativa justificación— de qué régimen de intervención es el que mejor se adecúa a la realidad cuya regulación le ha sido encomendada”, señala.

Por estas consideraciones, la Autoridad Vasca de la Competencia insta al Gobierno a la supresión del artículo 94.10, que establece que “las nuevas viviendas de uso turístico que se inscriban en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi deberán renovar su inscripción cada cinco años, mediante la presentación de una declaración responsable que acredite el cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos por la normativa vigente”. No es el único epígrafe del articulado que aboga por suprimir el organismo regulador.

Por ejemplo, el 10.k, que otorga a las administración general vasca “el ejercicio de potestades administrativas vinculadas a la protección de las empresas turísticas legalmente constituidas y a la defensa de su actividad frente al intrusismo”; el 68, por no compartir el principio de “unidad de explotación”, que parte de que todos los establecimientos de alojamiento turístico “deberán estar gestionados bajo el principio de unidad de explotación, correspondiendo su administración a una titularidad única, sobre la que recaerá la responsabilidad administrativa derivada de su funcionamiento”; el 131.6, que considera infracción “muy grave” el incumplimiento del principio de unidad de explotación; o el 81.1, que establece que “se podrán constituir en régimen de propiedad horizontal o figuras análogas los establecimientos de alojamiento turístico, siempre y cuando lo permita el planeamiento urbanístico municipal y no se trate de una zona residencial tensionada, quedando estrictamente sometidos a los principios de uso turístico exclusivo y unidad de explotación, con independencia del sistema de comercialización por el que opte el explotador”, por las referencias que hace a la unidad de explotación. Además, recomienda las modificaciones en la redacción de otros cuatro puntos.

Tampoco comparte el organismo regulador la exigencia de la suscripción de un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que cubra los daños que puedan provocar en la prestación del servicio. “Sólo cabrá esa exigencia en aquellos casos en que los servicios que presten presenten un riesgo directo y concreto para la salud o para la seguridad de la persona destinataria o de un tercero, o para la seguridad financiera de la destinataria”. También advierte de que no podrá exigirse constar en el Registro de Ética Turística para el otorgamiento de ventajas económicas o para establecer cauces colaborativos con entidades del sector público. “Si se incluye como un criterio de selección en los programas subvencionales, deberán estar vinculados al objeto del procedimiento subvencional; ser formulados de manera objetiva; respetar los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad; no conferir al órgano de selección una libertad de decisión ilimitada; garantizar la evaluación de las solicitudes en condiciones de competencia efectiva; y permitir comprobar de manera efectiva la información facilitada por las solicitantes para evaluar si las solicitudes cumplen los criterios de selección”. Además, del mismo modo que, para la adhesión, se prevé que ésta se efectuará mediante el procedimiento establecido al efecto, la exclusión también deberá realizarse mediante un procedimiento.

Por otra parte, aunque valora positivamente la mejora de la cualificación de las personas trabajadoras del sector turístico que contiene el anteproyecto, advierte de que “el desarrollo de líneas formativas no debe llevar a que, donde hoy la prestación del servicio es libre, pasen a exigirse títulos habilitantes”.

Los altos cargos y asimilados del Gobierno vasco tienen a su disposición 241 coches oficiales. De ellos, apenas 22 son ya diésel o gasolina. Aunque en 47 casos no hay datos, se están imponiendo los modelos híbridos. Estos vehículos han supuesto un coste de 1.567.855,02 euros (aquí se suma el posible 'renting', los peajes, aparcamientos, repostajes, cargas eléctricas y todos los gastos) y han recorrido exactamente 10.874.134 kilómetros. Son 271 vueltas al mundo por el ecuador (y un tercio de la siguiente). O, en lo que puede ser una referencia más habitual, 169.908 desplazamientos desde Bilbao hasta Lakua, la sede central de la Administración autonómica en Vitoria.

elDiario.es/Euskadi ofrece el detalle de los datos en tres gráficos interactivos. El primero es el desglose de la flota y los coches de combustión que quedan. El segundo informa del gasto por áreas en parque móvil. Y el tercero es el relativo al desplazamiento medido en kilómetros. La documentación procede de una solicitud realizada por Álvaro Gotxi del PP en el Parlamento Vasco a la que han respondido diez de los dieciséis departamentos del Ejecutivo. Los datos de esas carteras han sido facilitados por la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, que tiene bajo su cargo una flota general que luego se asigna a los diferentes departamentos. Otro matiz: los consejeros tienen un coche que computa en el Departamento de Seguridad y no en sus respectivas carteras, porque son vehículos de escolta policial.

Algunas situaciones particulares se dan en Presidencia. Aquí aparecen datos de los vehículos de las delegaciones en Argentina y en México, un Volkswagen y un Ford, en pesos argentinos y pesos mexicanos. Aquí se ha procedido a un cambio de divisas. ¿Y en qué vehículos viajan los miembros del Gobierno? Imanol Pradales, como Iñigo Urkullu, tiene Lexus. Y también algunos consejeros lo llevan. Hay nueve berlinas de lujo de esa marca, de los modelos XZ1 y LS 500 H. Además, hay cinco Audi A6 Limousine, cinco BMW 530E XDrive iPerformance y un Hyundai Tucson, el del viceconsejero de Seguridad, el único alto cargo que no forma parte del Consejo de Gobierno que mantiene la escolta. De todo el Gobierno, el organismo BRTA (Basque Research and Technology Alliance, dependiente de la cartera de Mikel Jauregi) ha sido el más transparente. Ha enviado incluso los extractos de las tarjetas de Kutxabank con los gastos. Se da la circunstancia de que la cartera de Susana García Chueca, la de Movilidad Sostenible, es la que tiene menos vehículos, menos gasto y menos kilometraje.

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, el socialista Javier Hurtado, ha considerado que este jueves es “un buen día” porque las tres Diputaciones han dado inicio, formalmente, al proceso de tramitación del futuro “impuesto” a las estancias turísticas. En concreto, han sometido a exposición pública el anteproyecto coordinado desde hace años por el propio Hurtado, que plantea un máximo de 7,50 euros de tasa por noche -en un hotel de cinco estrellas en cuyo municipio se aplique el recargo del 50% a las cuantías ordinarias- y exenciones para pueblos pequeños, a partir de la quinta pernocta o para menores de edad o desplazamientos por causas de fuerza mayor, como los motivados por temas de salud. Hurtado ha confiado en que el resultado sea “homogéneo” en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y también en que en 2026 pueda estar aprobado y en vigor, pero la realidad política marca que en dos de los tres Parlamentos forales PNV y PSE-EE no tienen mayoría y que deberán “sudar tinta” -en definición de un cargo foral- para buscar un socio externo.

Aunque los calendarios tienen matices en cada territorio, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, del PNV, ya adelantó que será el 17 de marzo cuando, en su caso, envíen el articulado a las Juntas Generales. Lo hizo tras una reunión con el alcalde de Donostia, Jon Insausti. Tras el encuentro, algunos medios ya dieron por hecho en sus titulares que “antes” del verano de 2026 se podría aplicar ya en la ciudad vasca más turística el nuevo gravamen. Sin embargo, tiene pendiente toda la tramitación parlamentaria -y por triplicado, en cada Cámara foral- y la propia norma da una 'vacatio legis' de seis meses a los ayuntamientos para que la trasladen a sus ordenanzas.

El impuesto, del que se ha discutido si tenía que ser autonómico o municipal, será finalmente similar al IBI o al ICIO, según ha explicado Hurtado. Es decir, vendrá con regulación foral, donde residen las competencias fiscales, pero tendrá desarrollo local. Es una fórmula “obligatoria” para los 252 ayuntamientos, aunque “podrán establecer, mediante ordenanza fiscal, una bonificación de hasta el 100% de la cuota tributaria cuando en el término municipal el número de plazas alojativas sea igual o inferior a 25” y también, si es superior a 750, “un recargo de hasta el 50%” en las tablas presentadas.

Hurtado ha insistido en que, como él demandaba, será una tributación “progresiva”. “No se va a pasar lo mismo en un 'camping' que en un hotel de cinco estrellas”, ha explicado a los periodistas. Igualmente, la tasa grava los pisos turísticos, con entre 2 y 4 euros por noche antes de posibles bonificaciones o recargos.

El impuesto -existente en muchos lugares de España, Europa y el mundo- no es finalista, de modo que los ingresos que obtengan los municipios no tendrán un destino obligado. Hurtado, en cambio, ha remarcado que la recaudación será para atender a las necesidades de residentes y visitantes. El Gobierno vasco estará vigilante de la aplicación del nuevo modelo, según las fuentes consultadas. De momento, ya ha habilitado partidas en los presupuestos de 2026 para iniciar la aplicación, con créditos de compromiso para futuros ejercicios.

Esta tramitación llega un año después de la aprobación de la reforma fiscal de 2025, de una larga duración. Finalmente, PNV y PSE-EE la sacaron adelante con el apoyo de Podemos. Extendieron a Bizkaia el contenido pactado, aunque allí nacionalistas y socialistas gozan de mayoría absoluta. PP o EH Bildu podrían ofrecer numéricamente los votos necesarios para la aprobación de las normas forales.

El 75% de los informes sobre pisos turísticos solicitados por el Gobierno vasco al Ayuntamiento de Getxo se han remitido fuera de plazo o no se han enviado. En total, 30 de los 45 informes solicitados a este consistorio. De ellos, nueve pisos turísticos de los que no había informes municipales han terminado siendo cesados por la inspección por incumplimiento de la normativa turística.

Se trata de los informes que el Gobierno vasco pide a los ayuntamientos para comprobar que los pisos turísticos que se registran cumplen los requisitos establecidos para operar como tales. El consistorio tiene un plazo de tres meses para contestarlos, según se establece en el artículo 8.3 del Decreto 101/2018, de 3 de julio, de viviendas y habitaciones de viviendas particulares para uso turístico.

A través de estos informes, el Gobierno trata de determinar “si la vivienda tiene carácter residencial y es conforme con la normativa municipal sobre edificación, con la indicación de si consta licencia de primera utilización o cédula de habitabilidad”; “si la actividad de alojamiento turístico que se propone es conforme con el uso urbanístico previsto por la normativa municipal y cumple las condiciones específicas que en su caso sean de aplicación”; “si consta en la documentación municipal, ocupación máxima de la vivienda”; y si “la actividad de alojamiento turístico que se declara cumple los requisitos medioambientales”.

El decreto establece el plazo de tres meses para que el ayuntamiento remita el escrito al Gobierno . “El caso de que, transcurrido dicho plazo, el informe no haya sido recibido, se tendrá por verificado el cumplimiento de los requisitos referidos y se continuará el procedimiento”. Esto es lo que ha pasado con los 30 informes que Getxo ha remitido fuera de plazo, 22, o que directamente no se han enviado, ocho. En este sentido, el departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco señala en una respuesta a la parlamentaria de EH Bildu, Itziar Murua, remitida a la Cámara vasca, que, al no recibir los informes pertinentes, el Gobierno da por verificado el cumplimiento de los requisitos referidos y se continuará el procedimiento con la solicitud a los propietarios de la documentación acreditativa de los requisitos, mientras la Dirección de Turismo y Hostelería seguirá realizando las “actuaciones de inspección y control necesarias” entre las que se puede incluir la inspección de la vivienda.

Esta labor ha llevado a que de los 30 expedientes donde el ayuntamiento ha remitido el informe fuera de plazo (22) o no ha remitido informe alguno (8), 19 hayan continuado con su actividad, mientras que 11 han sido cesados bien por incumplimiento de normativa turística, nueve de ellos, o por haber presentado el interesado el expediente de cese, dos, de ellos.

En total, el Gobierno ha solicitado 45 informes al Ayuntamiento de Getxo sobre viviendas turísticas de la localidad a través de la Oficina Territorial de la Dirección de Turismo y Hostelería de Bizkaia desde que se empezó a solicitar este tipo de informes. De ese total de solicitudes, sólo 11 se han remitido al Gobierno dentro del plazo establecido de tres meses, 22 no han sido remitidos dentro del plazo, y en otros ocho no se ha remitido ningún informe por parte del Ayuntamiento. Es decir, un total de 30 expedientes o no se han remitido en plazo no se han contestado.

Precisamente, el Ayuntamiento de Getxo ha vivido este pasada semana un convulso pleno en el que PP, EH Bildu y Podemos han pedido la dimisión de la alcaldesa, Amaia Agirre. La petición de dimisión se debe al caso del palacete protegido derribado, en el que hay tres concejales del PNV investigados, pero en las intervenciones de la oposición hubo críticas continuas a la gestión del equipo de Gobierno.

Según los datos aportados por el Gobierno vasco, en el momento de remitir la respuesta a la Cámara hay tres expedientes que están en tramitación y el Ayuntamiento está en plazo de enviar su informe preceptivo, mientras que una solicitud de informe de los 45 pedidos se anuló por haber presentado el interesado de la vivienda de uso turístico expediente de cese.

El viernes arrancará el camino del nuevo Basque Culinary Center, el dedicado al mundo del vino, con la colocación de la primera piedra del EDA Drinks & Wine Campus en la localidad alavesa de Laguardia, la que será la principal de las dos sedes con la que contará este centro de excelencia, ya que la otra estará en Vitoria. A las puertas de que se inicie el camino de la construcción de este edificio, que se espera que esté operativo para iniciar el curso de 2027 , los ecos del impacto que tendrá sobre la promoción de la zona llegan hasta Fitur, la feria del turismo que ha arrancado este miércoles en Madrid en la que Euskadi se promociona hasta el próximo sábado como foco de atracción de turismo.

Aunque no está previsto realizar ninguna presentación específica sobre el EDA de forma directa, ya que es un proyecto que, de momento, está dando sus primeros pasos, sí que “está teniendo ya un impacto de manera indirecta”, reconoce el alcalde de Laguardia, Raúl García Ezkerro, desde la feria de turismo internacional. “Es un evento, el de la primera piedra que se va a colocar el viernes, que esperamos con mucha ilusión en el municipio, porque va a suponer un montón de atracción turística para Laguardia”, señala el alcalde. Aunque considera que “más que para la atracción turística”, el nuevo centro del BCC, es importante a nivel de “fama”.

“Todo el mundo conoce al Basque Culinary Center, y eso nos coloca como punto de atracción a nivel mundial” en todo lo que se refiere al vino, más allá de la producción y las bodegas, señala. “Ponermos en el mapa a Laguardia y a toda la Rioja Alavesa”, es el objetivo. Por eso, aunque no hay una promoción directa, “el EDA está en el ambiente por lo que va a suponer”.

Señala, además que será un punto de atracción de otras inversiones en la comarca. “Puedo decir públicamente que desde que es una realidad, con la licencia de obras y el viernes ya con la primera piedra, he tenido numerosas reuniones con diversos sectores de cosas que se van a ir incrementando, ampliando o asentando en Laguardia entorno al EDA. Sin duda va a ser un tractor”, sostiene.

Laguardia promocionará en Fitur, entre otras cosas, varias cuestiones relacionadas con la cultura del vino, como el evento 'Laguardia en vino' que tendrá su espacio este jueves en el 'stand' de Euskadi, en el que se promocionan las pequeñas bodegas del municipio. “Lo llevamos a cabo de la mano de las bodegas, un poco a su gusto para que realmente funcione y al final intentar llegar al público que a ellos les interesa, que es el objetivo, que es el profesional de distribuidores, comercializadoras, vinotecas o críticos del sector. Es un evento muy peculiar, muy, vamos a decir, de alta gama, con un aforo limitado en el que se prueban los mejores vinos de Laguardia”, señala el alcalde, del PNV.

También Labastida promocionará la cultura del vino en Fitur y su marca como “cuna del vino moderno”, y su alcalde, Daniel García, considera también que el EDA es “un proyecto muy interesante para toda la comarca porque va en la dirección de posicionamiento en cuanto a calidad de los vinos”. “De construir una economía del vino más allá de la propia elaboración y una economía también del conocimiento de todo lo que rodea al vino, que muchas veces lo reducimos única y exclusivamente a lo que es la producción y al turismo, que tiene que ver con las catas en las bodegas, que visitar algunos viñedos”, incide. En este sentido, recuerda que el vino tiene mucho que ver con “la cultura, la historia y el patrimonio”. “Y aspira a ser y debe ser un reflejo de todo eso. Creo que va a dotar a la comarca de prestigio y que se va a convertir en un revulsivo”, sostiene el regidor del PP.

Fitur ha arrancado este miércoles con la inauguración oficial sustituida por un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Posteriormente, se ha seguido con el programa previsto y con los diferentes contactos empresariales, que son una de las razones de ser de esta feria. Con el consejero Javier Hurtado -que ha estado acompañado este miércoles por el vicelehedakari, el también socialista Mikel Torres- viajan a Madrid unas 170 empresas vascas para estar en la feria, que prevén mantener alrededor de 800 reuniones.

Este miércoles se ha presentado Álava como destino “soft”, que ofrece la posibilidad de disfrutar “con tranquilidad, sin prisas, de experiencias auténticas basadas en un rico patrimonio, una desbordante naturaleza y una reconocida gastronomía”, y Gipuzkoa y Bizkaia con una clara apuesta por el turismo sostenible. De hecho, Bizkaia ha sido distinguida este miércoles con el Premio al Destino más Responsable y Sostenible, dentro de los Premios de Turismo Responsable y Sostenible impulsados por la Fundación Intermundial, en colaboración con FITUR y la OMT (organziación Mundial de Turismo).

Euskadi vuelve a acudir a Fitur, el escaparate nacional del turismo. Y lo hace como lo ha hecho en los últimos años, con el respaldo de unos datos récord de entrada de viajeros que se distribuyen por todos los meses del año, es decir, un flujo desestacionalizado y que cada vez más se reparte más por todo el territorio y no sólo en las capitales.

En concreto, el año pasado, a falta de los datos de diciembre, se cerrará con un incremento en la entrada de viajeros de un 4% respecto al año anterior. Es mayor fuera de temporada alta, cuando crece un 5% frente al 1,9% de incremento de la estival. Además, el turismo que más crece es el internacional, un 5,7%, el doble que el nacional, “lo que ayuda a las estrategias de aumento de la estancia y aumento del gasto”, según ha señalado el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, el socialista Javier Hurtado.

Con estos datos, de los que Hurtado ha dado cuenta con motivo de la presentación de la oferta que Euskadi llevará a la feria del turismo en Madrid, que se celebra esta semana, del 21 al 25 de enero, el Gobierno vasco quiere hacer hincapié en la necesidad de que ese turismo sea “sostenible”. “Lo que realmente importa del crecimiento turístico no es la cantidad, sino cómo crecemos y cómo ese crecimiento favorece nuestra economía y a nuestra sociedad”, ha insistido el consejero, que lleva en el cargo desde 2020.

Hurtado ha recordado que este 2026 será año de “punto de inflexión” para el sector turístico. En primer lugar, porque “verá la luz el texto de una nueva ley de Turismo”. “Va a consolidar y reforzar nuestro modelo turístico, así como el control y la regulación”, ha indicado. En segundo lugar, porque “será el año el que se instaure el impuesto a las estancias turísticas”, que, según ha resaltado, permitirá a los ayuntamientos tener recursos para “para seguir mejorando sus municipios” y al sector turístico para “impulsar la sostenibilidad gracias a la dotación extraordinaria a través del departamento de turismo”. Además, ha indicado que 2026 será el año en el que se firme un pacto por el turismo sostenible con las diputaciones para la coordinación y la optimización de recursos entre las administraciones turísticas “sea todavía más efectivo”.

Precisamente el impulso del turismo “sostenible” será uno de los ejes fundamentales de las presentaciones de Euskadi en Fitur, conla campaña 'Guía para un viaje responsable', “reforzando su compromiso con un turismo sostenible, respetuoso y ético”. Con esta campaña se cierra el ciclo iniciado en años anteriores con 'Turista maitea', dirigida a quienes visitan Euskadi, y 'Turismo maitea', centrada en la población local. En este caso, se dirige a los ciudadanos vascos cuando viajan fuera, apelando a la coherencia y a la reciprocidad.

“Si pedimos a quienes nos visitan que respeten nuestra cultura, nuestro entorno y nuestra forma de vida, debemos actuar del mismo modo cuando viajamos a otros destinos”, ha señalado el consejero. El objetivo es “convertir a las personas viajeras vascas en embajadoras de buenas prácticas turísticas, reforzando la idea de que la sostenibilidad es un valor universal, no limitado al ámbito local”, ha señalado.

Junto al consejero ha comparecido el director de Basquetour, Daniel Solana, que ha detallado como será el 'stand' de este 2026, que repite el diseño inspirado en una gran txalaparta, tras ser reconocido como mejor muestrario institucional en 2025. Durante los tres días primeros días profesionales, el 'stand' acogerá una intensa agenda con presentaciones institucionales, encuentros sectoriales y reuniones profesionales, que se prolongará durante el fin de semana con actividades abiertas al público. Diputaciones, ayuntamientos, comarcas y agencias de desarrollo presentarán proyectos vinculados a la sostenibilidad, la accesibilidad, la digitalización, el turismo activo, el cicloturismo, la gastronomía y la cultura.

Además, el espacio de Euskadi contará con una amplia zona de reuniones para el sector turístico y será escenario de presentaciones como el plan de acción de Basquetour para 2026, iniciativas de destinos turísticos inteligentes, acuerdos de colaboración y acciones de promoción internacional. El año pasado se celebraron más de 870 reuniones por parte de las 172 empresas que acompañaron al Gobierno vasco en la feria. Durante el fin de semana, se ofrecerá una programación cultural y gastronómica con catas, talleres, exhibiciones de danza vasca, actividades solidarias y propuestas familiares, reforzando la imagen de Euskadi como un destino diverso y con identidad propia.

Las Haciendas forales vascas no quieren poner una fecha para la entrada en vigor de la denominada tasa turística, que en realidad será un impuesto. Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, que son las que están elaborando la normativa por la que se regirá este nuevo tributo, con el que se gravará la estancia de los turistas en Euskadi, carecen de un calendario para su tramitación y ninguna de las tres diputaciones forales quiere comprometer mes o año para su aprobación en las respectivas Juntas Generales, pese a que el Gobierno vasco cuenta con que esté implantada en 2026.

Itziar Gonzalo de Zuazo, diputada foral de Hacienda y Finanzas de Álava, reconoce en una respuesta escrita a EH Bildu, que el Gobierno foral “no tiene establecido un calendario de trabajo” para la elaboración de la norma foral sobre el impuesto sobre estancias turísticas. No obstante, señala que “está previsto la tramitación de la misma en la presente legislatura”. Es decir, un plazo a dos años vista y que no concuerda para nada con las previsiones del Gobierno vasco, que cuenta con que pueda estar en vigor el año que viene, por lo que ya se ha presupuestado 1,5 millones para reforzar al sector ante la implantación de este impuesto.

Fuentes de las tres Haciendas forales han reconocido que la tramitación está en una fase todavía muy preliminar sobre la que se está trabajando de manera conjunta en el seno del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT). Las previsiones que manejan las tres es tener un proyecto de norma antes de final de este año para poder llevarlo a exposición pública. A partir de ahí, “ni fechas ni horquillas” sobre cuándo se podrá aprobar, primero por los respectivos Consejos de Gobierno y después por las Juntas Generales, y recuerdan que la celeridad de la tramitación dependerá mucho de las alegaciones que se presente en el periodo de exposición pública y también de las enmiendas por parte de los diferentes grupos.

El impuesto sobre estancias turísticas se llevará a cabo a través de una norma foral que se quiere que esté totalmente coordinada entre los tres territorios, y será de recaudación municipal. La idea es que sean los propios ayuntamientos los que decidan si se aplica o no, porque la realidad es muy distinta en cada municipio, en función del tensionamiento que tenga. También tendrá diferentes importes en según el tipo de alojamiento.

La fórmula primera que barajaba y defendía el departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco era que se tratara de un impuesto autonómico del que una parte revirtiera en el sector. Como finalmente se tratará de un impuesto municipal, cuya recaudación será para el municipio, se ha arbitrado vía presupuestos una partida para reforzar al sector. El Gobierno vasco, y así lo señaló el consejero de Turismo, Javier Hurtado en la presentación de las cuentas de su departamento, es que la tasa esté implantada el año que viene. Por eso, por ser el primer año de implantación, se ha reservado una partida de 1,5 millones de euros para el impulso a la competitividad y sostenibilidad del sector, que subirá a dos millones en sucesivos ejercicios.

Fuentes del departamento de Turismo señalan esta partida presupuestaria indica la confianza del Ejecutivo en que las Haciendas tendrán ya la norma operativa el año que viene. En cualquier caso, han sindicado que ese 1,5 millones se destinará ya en 2026 a reforzar la competitividad del sector independientemente de si está ya en vigor o no el impuesto.

La implantación de la tasa turística -que en realidad será un impuesto- tiene ya reflejo en los presupuestos vascos de 2026. Las cuentas vascas asignan al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco una dotación extraordinaria de 1,5 millones para el impulso a la competitividad y sostenibilidad, que subirá a dos millones en sucesivos ejercicios, por el acuerdo sobre la próxima implantación de este impuesto, cuya normativa se encuentra ahora en fase de elaboración por parte de las Haciendas forales y que será municipal. Precisamente, el hecho de que la recaudación vaya a ser en su totalidad para los ayuntamientos, ha llevado a implementar en las cuentas esta dotación extraordinaria para reforzar el sector y que también se beneficie, aunque de forma indirecta, de la implantación de la tasa.

El propio consejero, el socialista Javier Hurtado, que ha presentado este jueves los presupuestos con los que contará su departamento para el próximo año, ha reconocido que la opción defendida por la consejería era que la recaudación del impuesto se repartiera en una mayor parte para los ayuntamientos y otra parte para el sector. “Finalmente, la vía escogida para implantar el impuesto ha sido la de un impuesto municipal a través de norma foral y, por tanto, la recaudación tiene que ser 100% municipal. Por ello, para conseguir el porcentaje que creemos firmemente que debe llegar también al sector, hemos acordado con el Departamento de Hacienda y Finanzas crear una dotación extraordinaria, gestionada a través del presupuesto del Departamento de Turismo que será de 1,5 millones este primer año de su implantación, el 2026, y 2 millones de euros en los años sucesivos”, ha señalado.

Además, el presupuesto del año que viene en materia de turismo da respuesta a la reclamación planteada por el consejero desde que arrancó la legislatura, la ampliación de cuerpo de inspectores para controlar las irregularidades del sector, y sobre todo, en lo referido a los pisos turísticos. La ampliación de personal, hasta ahora, estaba bloqueada por los departamentos de Hacienda y Gobernanza, según ha denunciado directamente en varias ocasiones el propio consejero, y que también se apoyó por parte del Parlamento. Finalmente, las cuentas de 2026 incluyen una partida de 500.000 euros para aumentar en ocho nuevas plazas el cuerpo de inspección.

Actualmente, hay 14 inspectores en Turismo y Comercio, por lo que habrá en total 22con las nuevas incorporaciones, destinadas sobre todo a intensificar el control de las viviendas de uso turístico y las plataformas online, ya que ahora se cuenta con nuevas herramientas y normativas como el reglamento europeo de alquileres de corta duración y la ventanilla única digital del Gobierno de España. “Es clave reforzar el personal para ajustarnos a esta nueva realidad y poder optimizar la inspección con el apoyo de estos nuevos instrumentos y normativos conscientes de esa necesidad”, ha señalado el consejero, que ha recordado que el refuerzo de la inspección ha sido “una reivindicación constante” de su departamento. “Puedo por fin decir que vamos a materializarlo”, ha lanzado.

En total, el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo cuenta con un presupuesto total de 56,6 millones de euros, un 4,7% más respecto a 2025, pero una vez descontados los fondos europeos. Es una cuestión que ha suscitado cierta polémica con los grupos de la oposición, ya que si no se descuentan estos fondos el presupuesto dismimuye. Pero Hurtado ha insistido en el carácter extraordinario de estas ayudas de la UE. En concreto, el área de Turismo dispondrá de 23,1 millones (+9,6%), de los cuales 10,2 millones se transfieren a la Agencia Vasca de Turismo, Basquetour. Comercio contará con 22,1 de millones, lo que supone un 1,8% más, mientras que la tercera pata del departamento, Kontsumobide cuenta con un presupuesto de 8,6 millones (+5,9%).

En materia de turismo, además de la dotación extraordinaria y el refuerzo a la inspección destaca, ayudas para apoyar directamente al sector, como las EMET, las Ayudas al Emprendimiento y Mejora de las Empresas Turísticas, que dispondrá de 1,3 millones, y las Ayudas para Proyectos Territoriales Turísticos PTT, dirigida a entes de cooperación y gestión, con un presupuesto de 1,8 millones. Las acciones de promoción del destino Euskadi basadas en la desestacionalización, movimiento de flujos y aumento de la estancia contarán con 2,9 millones de euros, destinados a marketing y comercialización del destino, ferias, y acciones con prensa especializada y a turoperadores. Además, Basquetour dispondrá de 2,2 millones para el “impulso y fortalecimiento del modelo de turismo sostenible”.

Entidad pública de Comercio

El consejero ha pedido más recursos para el sector del Comercio, para que pueda dar un salto “cualitativo y cuantitativo”. De hecho , los partidos de la oposición han criticado que no hay una apuesta clara por fortalecer el comercio local. Hurtado ha abogado por crear una nueva entidad pública que “dé impulso decidido al comercio” y posibilite ese “un salto cualitativo y cuantitativo”, para “destinar más recursos económicos y humanos para su gestión”, con el objetivo de “aumentar nuestro músculo técnico y capacidad dentro de la Dirección de Comercio”. Ha indicado que se trataría de una entidad a modo de la SPRI en el sector industrial, de Hazi en la cadena alimentaria o Basquetour en el sector turístico, ya que “el comercio local necesita, más que nunca, el apoyo y acompañamiento” de la Administración. “Es algo que vamos a seguir reivindicando y por lo que vamos a luchar dentro del Gobierno”, ha indicado, después de lamentar no haber conseguido aún que esta cuestión tenga reflejo en los presupuestos, pese a que aglutina a más de 135.000 familias, el 14% del empleo de Euskadi y el 11% de su PIB, y se expone a “grandes retos” por la “transformación digital, medioambiental y sociodemográfica”.

Ha destacado entre las partidas el programa Hirigune de dinamización comercial destinado a las asociaciones de comerciantes, que cuenta con una partida de 2,2 millones. Por su lado, la Red Vasca de Puntos de Asistencia Comercial Merkasaretza dispondrá de 2,2 millones y al programa de ayudas de emprendimiento comercial se destinarán 1,7 millones. El programa de modernización de establecimientos comerciales tendrá 4,6 millones. En cuanto a Kontsumobide, de los 8,6 millones con que cuenta 950.000 irán a campañas de formación, 881.000 euros a sensibilizació e información las asociaciones de consumidores recibirán una aportación de 505.000 euros. La convocatoria de las Oficinas Municipales de Atención a los Consumidores alcanza los 1,2 millones.

El Gobierno de Imanol Pradales ha enviado al Parlamento Vasco la información que obra en su poder sobre el caso de los campamentos de la localidad alavesa de Bernedo, organizados por la entidad Euskal Udalekuak, a raíz de una petición realizada por el PP. En las respuestas facilitadas por cuatro consejeros se confirma que son 21 las denuncias registradas y que esas colonias no han contado con financiación pública, aunque se aporta el dato de que las primeras sospechas de presunta violencia sexual se remontan a 2013. Un juez de Vitoria, Álvaro Silván, tiene abierta una investigación por si pudiesen haberse producido allí delitos contra la libertad sexual de menores que, al menos en un caso, podrían llegar a ser considerados como agresión.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, indica que las denuncias se refieren “hechos ocurridos en los campamentos de Euskal Udalekuak desde el año 2013”. Este dato no se había aportado. La entidad también gestiona otras dos actividades similares en Navarra. Zupiria defiende que “desde el primer momento en que tuvo conocimiento de los hechos” la Policía inició “diligencias de investigación” y señala que “actualmente” están en manos de la Justicia. La Fiscalía, sin embargo, denunció que el caso llegó en primavera al magistrado de Vitoria y que el expediente se mantuvo meses en el “limbo”, impidiendo adoptar medidas cautelares en este verano, cuando se han celebrado nuevamente los campamentos y de nuevo han llegado denuncias de violencia sexual.

Zupiria insiste en el “interés superior de los menores” y apela al “deber de sigilo” para no dar datos del caso. Los organizadores, de su lado, han explicado que las duchas mixtas y otras actividades formaban parte de un modelo para “desexualizar” los cuerpos desde una perspectiva feminista y transinclusiva. Un grupo numeroso de familias suscribió también un comunicado de apoyo a este modelo.

La titular de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, de cuya cartera depende la normativa de 2022 que obligaba a comunicar este tipo de actividades, se limita a recalcar que “no tiene consignado prespuesto alguno” para las colonias de Bernedo. En su caso, se ha creado una mesa interinstitucional con las diputaciones, competentes de estas actividades en sus territorios, para mejorar los protocolos de control. Melgosa ya dijo que eran “clandestinas” dado que nunca atendieron la obligación legal de notificar a la Administración la actividad.

Es la misma postura que mantiene la Diputación alavesa. La responsable de Cultura y Deporte, Ana del Val, informó en las Juntas Generales, igualmente a instancias del PP, que la entidad promotora del campamento “no ha presentado ninguna comunicación de actividad en 2025 ni en años anteriores”. Sin embargo, otras empresas privadas que hacen actividades estivales tampoco las notifican. En las últimas semanas se han citado los casos de los clubes deportivos de elite Athletic Club o Saski Baskonia, por ejemplo.

Se da la circunstancia de que otro consejero, Javier Hurtado, responsable de Turismo, Comercio y Consumo, ha informado al Parlamento de que sí tiene constancia de otra denuncia por los mismos hechos. Se trata de una “reclamación del importe pagado a la colonia” presentada en la oficina de Consumo de Eibar. El asunto se trasladó a Kontsumobide, el organismo competente para este tipo de materias, pero al ver que se apuntaba a la “posible existencia de acto constitutivo de delito” el “expediente íntegro” terminó en la Ertzaintza. Otra ventanilla de la Administración, el Instituto de la Mujer (Emakunde), recibió otras tres quejas por estas colonias.

Uno de los cinco consejeros del PSE-EE en el gabinete de Imanol Pradales, Javier Hurtado, ha insistido en que su socio, el PNV, ha roto de modo “unilateral” los términos del acuerdo de coalición para defender una reforma legal sobre el euskera, para cuya tramitación se ha apoyado en EH Bildu. Coincide con Pradales en que hay “un buen clima de trabajo en el Gobierno vasco y una buena relación entre los dirigentes de ambos partidos” pero remarca que eso es algo que no es incompatible con “denunciar el abuso que se pretende con el euskera en la Administración o criticar las razones partidistas que están moviendo al PNV”.

“No hay ninguna diferencia pactada entre el PNV y el PSE-EE sobre el de euskera en la administración. Lo que había es un consenso que ha roto de manera unilateral el PNV. Nuestra posición es conocida desde junio y así ha sido trasladada por nuestros representantes en el Parlamento”, ha aseverado Hurtado, que también es secretario general del partido en Álava.

Precisamente, el PSE-EE de Álava ha constituido este sábado su Consejo Municipal “para reforzar la coordinación entre instituciones y la acción socialista en el territorio”. Su presidente será Mitxel Montes, alcalde de Iruña de Oca. Durante la reunión se ha propuesto que en todos los municipios alaveses en los que haya representación socialista se elabore un plan de vivienda “impulsando medidas que faciliten el acceso a la vivienda, especialmente a los colectivos en riesgo de exclusión social y personas jóvenes, y que fomenten un modelo urbano justo y sostenible”.

En este contexto, Hurtado ha destacado que su partido “es fuerte, con raíces en cada pueblo y barrio, que trabaja desde la cercanía para mejorar la vida de la gente”, y ha defendido el municipalismo como “como una de las grandes señas de identidad del socialismo alavés”. “Nuestro objetivo es llevar a los 51 municipios de Álava las políticas progresistas que están llevando a cabo nuestros alcaldes y alcaldesas en Vitoria-Gasteiz, Iruña de Oca y Zambrana”, ha añadido.

Los partidos de la oposición han convertido los problemas de acceso a la vivienda en uno de los principales focos de presión al Gobierno vasco, y este viernes se ha dejado ver en el Parlamento Vasco. Durante la sesión de control, el lehendakari, Imanol Pradales, el consejero de Vivienda, Denis Itxaso y el de Turismo, Javier Hurtado han tenido que responder a preguntas de EH Bildu y del PP con la problemática de acceso a la vivienda como eje central. Pradales, de hecho, ha reprochado el “alarmismo” de la oposición.

El lehendakari ha respondido al líder del PP vasco, Javier de Andrés, que en su intervención ha responsabilizado al Gobierno del problema del acceso a la vivienda. “Un tercio de legislatura y ha logrado usted que la vivienda se convierta en el primer problema para los vascos”, ha dicho. De Andrés ha vaticinado un futuro “desastroso” para la vivienda en Euskadi, y ha criticado la falta de una “gestión” adecuada sobre esta materia por parte del Gobierno vasco. Pradales ha señalado que resolver los problemas para el acceso a una vivienda es “una prioridad absoluta” para el Ejecutivo que preside, y ha considerado que “desde el principio de la legislatura” se está “avanzando”, aunque ha reconocido que “todavía queda mucho camino por recorrer”. “Sabemos que queda un largo camino, pero estamos imprimiendo ritmo”, ha dicho.

Ha reprochado al PP que se dedique a “alimentar el alarmismo y la catástrofe” en ésta y otras materias, y ha asegurado que el Gobierno vasco activará “todos los recursos” a su alcance, colaborando con el resto de instituciones, agentes y el sector privado, para buscar una solución a la crisis de la vivienda“. Precisamente, en el marco de esta colaboración institucional, el lehendakari ha anunciado que la próxima semana los Gobierno vasco y catalán presentarán una ”propuesta conjunta“ respecto al 'Plan Europeo de Vivienda Asequible'. En la presentación, que se llevará a cabo en Barcelona, estará presente el consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, de la parte socialista.

Precisamente el consejero Itxaso ha sido el encargado de responder a otra pregunta, en este caso de EH Bildu, que acusaba al Gobierno vasco de no respetar la autonomía municipal en la ley de vivienda al obligarles a ceder suelo al Gobierno vasco y de hacer perder financiación a los municipios. Itxaso ha asegurado que ante la actual “emergencia habitacional pretender que las políticas de vivienda puedan desarrollarse sin que los ayuntamientos cedan suelo es simplemente una quimera”.

El consejero ha acusado a EH Bildu “falta de coherencia” en el tema de la vivienda y ha destacado las contradicciones en las que, según Itxaso, incurre este partido. “No es coherente cuestionar la cesión de suelo para la edificación de vivienda protegida y defender la reserva estratégica de suelo, como hace EH Bildu”, ha señalado. Además, ha destacado que hay ayuntamientos gobernados por EH Bildu que “afortunadamente” tienen una “actitud diferente” y están colaborando con el Ejecutivo en la cesión de suelo. El consejero ha señalado que “no sería lógico”, que parte del dinero destinado a vivienda tuviera que emplearse en pagar el suelo que tienen los ayuntamientos. “Hay que priorizar. La emergencia habitacional requiere inversiones en vivienda y en suelo, y la ciudadanía así lo demanda. Le aseguro que este Ejecutivo hará ese ejercicio de priorización también en la confección de sus presupuestos”, ha señalado Itxaso.

EH Bildu también ha interpelado al consejero de Turismo, Comercio y Consumo sobre el control de los pisos turísticos, pero directamente relacionado con el problema de la vivienda, ya que ha cuestionado a Javier Hurtado sobre cómo controlar la proliferación de estos pisos en aquellas poblaciones que tengan la declaración de zona tensionada. El PTS de Turismo, que está en tramitación, recoge la prohibición de abrir pisos turísticos en las zonas tensionadas. Es una medida que tendrá que aprobarse en el decreto de medidas urgentes sobre vivienda.

En su respuesta, Hurtado no se ha referido a medidas concretas para estos municipios, aunque sí ha señalado que cada vez va a ser más complicado abrir un piso turístico. En primer lugar porque es necesaria la aprobación expresa de la comunidad de vecinos. En este sentido, Hurtado ha anunciado que  se enviarán notificaciones a todas las comunidades de vecinos de Euskadi para recordarles que los propietarios que quieran iniciar una actividad de vivienda turística tienen la “obligación” de contar con el consentimiento de la comunidad.

Por otro lado, ha señalado que se están incrementando las inspecciones e investigaciones a los pisos ilegales, y se firmará un convenio con el Colegio de Registradores de España, que será aprobado en el próximo Consejo de Gobierno, con el que se permitirá acceder a información catastral y registral detallada, como dirección, geolocalización o titularidad de los inmuebles, lo que supondrá “un salto cualitativo” en las labores de inspección y sanción. Además, ha destacado que se ha conseguido el acuerdo de todas las instituciones para implicarse en que el auge del turismo no entre en colisión con el derecho a la vivienda.

El Gobierno vasco ha arrancado la tramitación del plan territorial sectorial (PTS) de recursos turísticos con el foco puesto sobre todo en las viviendas de uso turístico y en las segundas residencias, para garantizar que el desarrollo turístico se lleve a cabo sin efectos negativos en el “derecho a una vivienda digna”. El avance del PTS ha sido presentado este miércoles por dos consejeros del Gobierno vasco, el de Vivienda y Ordenación Urbana, Denis Itxaso, y el de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ambos del PSE-EE. Eso es “ya toda una declaración de intenciones”, han asegurado. No será una tramitación rápida, eso sí. De hecho, se ha dado por sentado que el documento final no estará antes de final de la legislatura, después de que el dictamen base presentado se someta a debate y periodo de alegaciones.

La intención es que, aunque la propuesta parte de dos departamentos, se impliquen en ello el resto de áreas del Gobierno, y también será necesario el acuerdo del resto de administraciones, diputaciones forales y ayuntamientos, para que el resultado final sea una “herramienta integral” que sirva de guía para las diferentes instituciones a la hora de tomar decisiones en torno a urbanismo, control de flujos de turistas o normativas específicas que se elaboren teniendo en cuenta el factor turístico, pero siempre partiendo de la base de que su impacto no es uniforme en Euskadi, y que, por lo tanto, cada territorio o ayuntamiento tendrá que adaptar a sus realidades.

Como no podía ser de otra forma teniendo en cuenta que uno de sus principales objetivos será la convivencia entre el desarrollo de turismo y el derecho a la vivienda, el control sobre los pisos turísticos y el de las segundas residencias será una de las cuestiones sobre las que se pondrá el foco de forma especial. Aunque, al menos de momento, no se contempla que se establezcan porcentajes topes para este tipo de viviendas, sino que eso quedará en manos de los ayuntamientos. No obstante, el PTS parte de un diagnóstico en el que se constata un aumento de la vivienda de uso turístico (VUT), que en unos años se ha posicionado como “la principal oferta de alojamiento turístico de la comunidad autónoma, con las implicaciones económicas, sociales y ambientales que ello tiene”.

De hecho, se cuantifican 20.836 plazas VUT, según el Gobierno vasco, y hasta 40.802 según las plataformas, frente a las 35.808 plazas hoteleras (sólo 14.594 de cuatro y cinco estrellas), lo que “supone un claro cambio de modelo turístico en 2024”, constata el plan. El avance contempla que las VUT “estén controladas y no superar un porcentaje de las viviendas disponibles en la sección censal que fije la planificación, llegándose incluso a su prohibición en las zonas residenciales de mercado tensionado”. Esta medida ya se adelanta en el decreto de medidas urgentes que está pendiente de aprobación por parte del Gobierno vasco y cuya elaboración fue adelantada en Semana Santa por este periódico. Se elimina la posibilidad de que haya nuevos pisos turísticos registrados en el momento en el que se declare una zona tensionada.

El control de los pisos ilegales, no obstante, sigue siendo difícil, pese a que en los últimos meses se han dado avances significativos para detectar los pisos turísticos que no cumplen la legalidad, como sacar de los anuncios de las plataformas los que no están registros como viviendas turísticas. No obstante, siguen faltando inspectores para llevar a cabo el control. La ampliación del cuerpo de inspección es algo que Turismo lleva reclamando desde el principio de la legislatura, pero que sigue a la espera del visto bueno de Hacienda y Gobernanza, dos carteras en manos del PNV.

En cuanto a las viviendas de segundas residencias, el avance del PTS recoge que hay 85% municipios vascos con más de un 10% de segundas residencias sobre el total. En algunos casos se supera este porcentaje con creces. Por ejemplo, en Lekeitio, con un 19,06%, en Valdegovía, con 18,68%, en Ea, con 18,58%, o en Berantevilla con 18,68%. Es algo que constituye un problema para el acceso a la vivienda en esos municipios.

En este punto se prevé plantear medidas que se impulse que estas segundas residencias se conviertan en vivienda principal “frente a cualquier otra alternativa”. Además, se valorará la viabilidad de determinar las condiciones de consolidación y ordenación de los espacios protagonizados por segundas residencias y funcionamiento urbano restringido a una parte menor del año, o en las zonas de predominio de segunda residencia se analizará la posible conveniencia de disponer de un porcentaje de viviendas no principales en régimen VUT que fije la planificación.

Además, el PTS creará un Inventario de Recursos Turísticos de Euskadi (IRTE), una herramienta destinada a recopilar de manera exhaustiva los recursos turísticos del territorio —naturales, culturales, patrimoniales e infraestructuras— y a “ponerlos al servicio de una planificación más sostenible”. Asimismo, el PTS incorpora el análisis de los flujos de movilidad de visitantes y la definición de criterios comunes que orienten la ordenación territorial y urbanística. Además, se plantea avanzar en la regulación de modalidades turísticas, hasta ahora menos estudiadas, como el turismo itinerante (vehículo propio, caravanas, autocaravanas, furgonetas camperizadas, ...), incorporando parámetros que garanticen una gestión equilibrada y sostenible de todos los recursos turísticos de Euskadi. También tendrá cabida el PTS la gestión del suelo no urbanizable en su relación con el turismo.

El avance del PTS llega en un momento dulce para el turismo, un sector que supone ya 11% del empleo en Euskadi. El consejero Hurtado ha recordado que los datos de este verano arrojan una fotografía que muestra que se está consiguiendo afianzar un crecimiento “sostenido y sostenible”. Se ha crecido un 4,6% de enero agosto lo que supone 3,3 millones de visitantes. Pero se consolida un mayor crecimiento fuera de verano, con un 5,8%, frente al 2% de los meses de verano. “Que era uno de los objetivos que nos habíamos marcado”, un crecimiento, “sostenido y desestacionalizado durante todo el año”, a la vez de un importante aumento del turismo internacional. De hecho, el consejero Hurtado ha destacado que “se va a enlazar por tercer año consecutivo cinco meses seguidos” con mayor peso de turistas internacionales que nacionales.

“El turismo es una fuente de riqueza y una oportunidad de proyección para Euskadi, pero queremos que sea un sector ordenado que no impacte negativamente sobre la vida y el derecho a una vivienda digna y asequible”, ha indicado Itxaso. Por su parte, Hurtado ha asegurado que “este PTS será una herramienta compartida para orientar nuestras políticas hacia un modelo turístico sostenible, ético y equilibrado, en el que la convivencia y el desarrollo positivo del territorio estén en el centro”. “Se lanza un mensaje claro de regulación, de contención y de priorización en un sector que tiene un impacto evidente sobre el acceso al mercado residencial”, han señalado. A partir de este momento arrancará un proceso de debate, que también se llevarán a cabo por territorios y con diferentes agentes e instituciones que tienen competencia.

Pisos turísticos en lonjas de edificios VPO

Por otra parte, preguntado Itxaso por el hecho de que haya edificios de viviendas de VPO que tienen en sus bajos pisos turísticos, como es el caso de los situados en la calle José María Lidón de Bilbao, el consejero ha señalado que la intención del departamento es que las lonjas que tiene en propiedad Visesa se vendan mayoritariamente para hacer viviendas y ha reconocido que unos bajos de viviendas de VPO repletos de viviendas turísticas es “una fotografía” que no le gusta al Gobierno.

“No nos gusta ver edificios de protección oficial con viviendas turísticas”, ha indicado. Dicho esto, ha recordado que “los que ya se vendieron” es algo que “no se puede controlar” y ha recordado que se pudieron vender para poner un comercio y que luego se hayan vendido como vivienda turística. “Estamos poniendo ahora toda la carne en el asador para que no ocurra esto. Pero, si se cumplía la ley en ese momento, no lo podemos controlar. Lo que estamos haciendo ahora es recuperar el control”, ha manifestado. No obstante, ha señalado que Visesa tiene en estos momentos la orden de reducir al máximo el número de lonjas en sus promociones.

Itxaso ha señalado que en estos momentos hay en poder de Visesa 16 locales en Álava (14 en Vitoria, uno en Llodio y otro en Amurrio); cinco en Bizkaia (tres en Bilbao, uno en Basauri y otro en Barakaldo); y cuatro en Gipuzkoa. “Estamos trabajando para que esos locales comerciales se puedan convertir en viviendas”, ha señalado. Pero ha recordado que depende mucho de las ordenanzas municipales de los diferentes ayuntamientos. No obstante, ha señalado que muchos están ubicados en zonas tensionadas, por lo que si se vendiera para uso comercial y luego quisiera convertirse en piso turístico no se podía hacer.

Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo ha abierto un expediente informativo sobre las prácticas comerciales de las empresas Sintagmal 2015 e Iber Home 2015, que operan bajo la marca comercial Ducha Confort, al detectar “cláusulas abusivas en sus contratos, plazos de inicio de obras excesivamente largos, y trabajos cobrados por adelantado que no se han realizado”.

El Gobierno vasco ha explicado, a través de un comunicado, que si como resultado de dicho expediente, que tendrá carácter sancionador, se aprecian indicios razonables de fraude, el Instituto Vasco de Consumo lo reenviará a la Fiscalía en el marco del convenio de colaboración que mantienen ambas entidades, informa Europa Press.

La decisión adoptada por Kontsumobide viene motivada por un aumento de las reclamaciones contra estas empresas . El Instituto Vasco de Consumo ha detectado “cláusulas abusivas en los contratos, plazos de inicio de obras excesivamente largos y obras cobradas por adelantado que no se han realizado”.

Hasta el momento, la empresa Sintagmal 2015 ha recibido 21 reclamaciones en el ámbito de Euskadi, en el conjunto de oficinas territoriales, OMIC y asociaciones de consumidores, tres de ellas con propuestas de sanción.

Por su parte, la empresa Iber Home ha recibido 37 reclamaciones en el conjunto de la comunidad autónoma, en oficinas territoriales, oficinas municipales y asociaciones, con tres propuestas de sanción hasta el momento.

Kontsumobide ha decidido dar publicidad a las reclamaciones recibidas de acuerdo al artículo 52 del Estatuto de las personas Consumidoras y Usuarias, y con el fin de “reforzar los derechos en materia de consumo, en este caso el de información”.

Este estatuto establece que, “cuando la garantía de la salud, la seguridad o los intereses económicos y sociales de las personas consumidoras y usuarias o su derecho a la información lo aconsejen, Kontsumobide podrá dar difusión de las reclamaciones planteadas en ese sentido, sus motivos, las personas empresarias objeto de reclamación y los sectores afectados, con respeto al derecho a la protección de datos personales, en los términos que se deriven de la legislación aplicable en la materia”.

La plataforma AirBnB ha retirado 703 anuncios de pisos turísticos en Euskadi que estaban en situación ilegal por no contar con número de registro. La empresa cumple así el requerimiento realizado por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco el pasado mes de junio, ya que contar con el número de registro es un requisito obligatorio según la normativa. La plataforma ha confirmado que los anuncios han sido retirados de su web y se ha informado a quienes los comercializan de sus obligaciones legales, según ha señalado el Gobierno vasco.

Desde el área que dirige el socialista Javier Hurtado, indican que, hasta ahora, y “pese a estar recogida esta obligatoriedad en la normativa de turismo (Decreto 101/2018 de Viviendas y habitaciones de Uso Turístico), algunas plataformas no estaban colaborando en la retirada de anuncios y los tribunales había anulado las sanciones que las autoridades competentes les habían impuesto”. Esta situación ha cambiado con el nuevo marco normativo, tras la entrada en vigor del Real Decreto 1213/2024 sobre la Ventanilla Única, que ha abierto una “colaboración activa” entre el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo y el Ministerio de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030, para “luchar contra el fraude de las viviendas turísticas, buscando nuevas vías y herramientas para poder actuar con las plataformas”.

De hecho, el requerimiento realizado a través de Kontsumobide está alineado con el realizado por el Ministerio previamente y ha concluido con la confirmación por parte de AirBnB de los anuncios remitidos por el Gobierno vasco, informando de que “ha procedido a dar de baja los anuncios que no disponían de número de registro y ha informado debidamente a los anfitriones afectados”. En el conjunto del Estado, la plataforma ha eliminado 65.000 anuncios, según ha confirmado este miércoles el Ministerio de Consumo.

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, adelantó en sede parlamentaria el pasado 20 de junio que se había realizado este requerimiento, y avisaba de que si no se retiraban se aplicarían sanciones. “Vamos a seguir usando todas las herramientas posibles para combatir el fraude”, señalaba. Igualmente, reafirmaba el compromiso del Departamento con la cooperación interinstitucional. “Seguimos trabajando con ayuntamientos, diputaciones, el Ministerio de Vivienda y especialmente con el de Consumo para proteger los derechos de las personas consumidoras y frenar la competencia desleal. Vamos a seguir regulando y explorando todas las vías posibles para que Euskadi siga siendo un destino turístico sostenible”.

Este pasado 1 de julio ha entrado en vigor la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, puesta en marcha por el Minsiterio en cumplimiento del Reglamento Europeo de Alquileres de Corta Duración. Esta plataforma que sirve como punto de intercambio de información con las administraciones competentes en materia de turismo, obliga a todas las viviendas turísticas a inscribirse en un nuevo registro estatal, en colaboración con el Colegio de Registradores. Euskadi ya cuenta con su propio Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REATE), regulado por la Ley de Turismo y su correspondiente Decreto, y que seguirá siendo obligatorio. Así, cualquier vivienda turística que quiera operar en Euskadi deberá figurar en el REATE y también en el nuevo Registro Único si se anuncia en plataformas online.

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco, el socialista Javier Hurtado, ha parecido culpar a las Haciendas forales, del PNV, del retraso en la puesta en marcha de la denominada 'tasa turística', que se esperaba que tuviera una formulación definida en mes de marzo o abril. Hurtado ha señalado este martes que su departamento ha elaborado una propuesta en colaboración con el Departamento de Hacienda y Finanzas dentro del plazo de seis meses que se había marcado en octubre de 2024, cuando se anunció la medida. Sin embargo, ha añadido que están a la espera de consensuar su propuesta con las Haciendas forales, que son en realidad las que tienen capacidad normativa en Euskadi en materia de impuestos.

“Todos sabemos por experiencia que las Haciendas forales pueden ser rápidas en ciertos asuntos y en otros quizás no tanto”, ha ironizado el consejero, en referencia velada a los retrasos que se están dando en la definición de los índices de precios de referencia del alquiler, imprescindibles para que las zonas tensionadas se apliquen en su totalidad.

El consejero ha presentado en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno vasco un programa de ayudas al emprendimiento en el sector comercial, pero, preguntado por la cuestión, ha dejado claro su malestar por el retraso y no se ha atrevido tan siquiera a dar un fecha de cuándo podrá estar operativa. “Esperemos que sea cuanto antes”, ha dicho.

Hurtado ha insistido en que la llamada 'tasa turística', que en realidad será un impuesto, es necesaria para que “quien venga a disfrutar de Euskadi, contribuya también a su mejora”. “Ése es el objetivo del impuesto, generar recursos que reviertan en una mejora para Euskadi, como ya se hace en múltiples ciudades por toda Europa y no retraer la llegada de turistas”, ha señalado. A su juicio, la medida requiere consenso y que sea respetuosa con el Estatuto de Gernika y con el Concierto Económico.

“Hemos trabajado con rigurosidad y discreción”, ha dicho destacando que para que la propuesta llegue a “buen término”, es necesaria “la coordinación, colaboración y participación de las Haciendas forales” en el proceso. “Llegados a este punto, el manejo de los tiempos ya no está solo en nuestras manos, ya que hay otras instituciones implicadas”, ha insistido.

Aunque no ha dado pistas sobre la propuesta realizada por el Gobierno y se ha limitado a insistir en que su propuesta es la que genere consenso, desde el primer momento se ha abierto un debate sobre si debe tratarse de un impuesto foral, municipal o autonómico. Aunque esta no es la fórmula más habitual, Hurtado se ha manifestado en algunas ocasiones favorable a que sea un impuesto autonómico.

Fuentes de la Hacienda foral de Gipuzkoa han dado pistas de que la solución del conflicto no va a ser fácil. “Esta iniciativa está en el programa de Gobierno del Gobierno vasco y es una petición de muchos municipios de Euskadi. Respetando nuestra arquitectura institucional, este impuesto habría que impulsarlo en el marco de una norma foral tramitada por las Juntas Generales y que hay que consensuar con los ayuntamientos para su implantación”, han señalado desde la institución foral.

El principal partido de la oposición, EH Bildu, que por cierto, es abiertamente partidario de que se trate de un impuesto municipal para que su recaudación revierta directamente en los municipios más afectados por el turismo, ha visto en las declaraciones del consejero un “nuevo episodio de desacuerdo” en la coalición de PNV y PSE-EE. Hay que recordar el Hurtado es un consejero socialista, y que, aunque en los Gobiernos forales también gobierna la coalición entre ambos partidos, la cartera de Hacienda están en manos del PNV.

No obstante, la implantación de la tasa figura en el acuerdo de coalición entre ambas formaciones y Hurtado ha puesto en valor la colaboración mantenida con el departamento de Hacienda y Finanzas que preside Noël D'Anjou, nacionalista. EH Bildu ha criticado, sin embargo, que “la falta de acuerdo entre PNV y PSE-EE” está bloqueando la puesta en marcha de este impuesto.

“Resulta llamativo, que, como venimos advirtiendo respecto al índice de referencia de precios para la declaración de zonas tensionadas, un consejero socialista evidencie que el PNV está intentando bloquear este avance desde las haciendas forales. Unas diputaciones en las que, además, el PSE-EE también forma parte de los gobiernos. No es admisible que, ya bien entrado el verano, volvamos a asistir a un nuevo incumplimiento de los compromisos anunciados por la entente PNV-PSE, máxime en un asunto que genera tanta afección en el territorio”, señalan desde a formación.

En este sentido, han exigido a ambos partidos “que aclaren su posición al respecto y aceleren los trabajos para evitar que estos meses de verano agraven el problema y saturen la labor de los ayuntamientos de Euskal Herria”.

No es la primera vez que Hurtado se queja de que desde el PNV se bloquee alguna de sus propuestas, por ejemplo en el tema de ampliar la plantilla de inspectores para controlar los pisos turísticos irregulares. En este caso, ha señalado que su propuesta está a la espera del visto bueno del departamento de Hacienda y de Gobernanza.

El Gobierno vasco de Imanol Pradales, al menos la parte del PNV, ha demandado “responsabilidad política” y “altura de miras” a Pedro Sánchez a la luz de las investigaciones de corrupción en el entorno del PSOE. La portavoz del Ejecutivo, María Ubarretxena, no ha ido más allá, no ha concretado a qué se refería. De hecho, está prevista para dentro dos semanas una cumbre entre Pradales y Sánchez para avanzar en las transferencias estatutarias pendientes, particularmente la Seguridad Social, y ha dejado claro que siguen trabajando para lograr acuerdos en esa cita. “Mientras haya un Gobierno al otro lado, seguiremos trabajando”, ha indicado a este respecto.

Ubarretxena ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno. A su lado tenía a uno de los cinco consejeros del PSE-EE en el bipartito vasco, Javier Hurtado, titular de Turismo, Comercio y Consumo. Éste ha declinado hacer comentarios sobre el encarcelamiento de Santos Cerdán y otras aristas políticas. “Estoy aquí como consejero de un Gobierno de coalición. No tenego problema en contestar en otros foros”, ha señalado en dos ocasiones ante sendas preguntas de los periodistas.

La portavoz, de la parte del PNV, sí ha sido más prolija en sus comentarios. Ha recalcado que el Ejecutivo encaja con “preocupación” las noticias y que teme que crezca la “desafección política” entre la ciudadanía. Ha reclamado que la investigación llegue “hasta el final” y, en todo caso, ha adelantado que el Gobierno vasco avanza en su propia auditoría de posibles adjudicaciones con las empresas implicadas en la trama. Eso sí, “por ahora no se ha encontrado absolutamente nada” aunque el trabajo continúa por el “volumen ingente” de contratos que hay que revisar.

Imanol Pradales (Santurtzi, 1975) estudió en Deusto y fue profesor de Deusto. Parte de sus asesores más cercanos los ha traído de esa Universidad. Sin embargo, ha sido una encuesta procedente de allí, el Deustobarómetro, la que ha mostrado que la ciudadanía suspende con un 4,6 al lehendakari al año de llegar a Ajuria Enea. Su Gobierno tampoco aprueba, con un 4,7. Casi un 67% sostiene que poco o nada ha cambiado en estos doce meses.

Su balance, realizado ya hace más de una semana, es más optimista. “No se ha hecho todo bien” pero hay “resultados”, sostuvo a mediados de junio. El suyo es un Gobierno de mayoría absoluta sostenido por un acuerdo de PNV y PSE-EE que no vive su mejor momento. Si las cuestiones migratorias, entre otras, han generado tensiones a lo largo de los meses, el aniversario llega con el PNV presentando en solitario una reforma de la ley para blindar la exigencia de euskera en el acceso al empleo público. “Las consecuencias las veremos en los próximos meses”, dijeron los socialistas al conocer este paso. elDiario.es/Euskadi repasa este primer año con un análisis de los hitos más relevantes de cada uno de los miembros del gabinete, uno por uno.

Imanol Pradales

Lehendakari (PNV)

Aunque en algunas políticas, como las relativas a la estrategia sobre autogobierno o el cuidado de la agenda internacional, mantiene una estrategia idéntica a la de Iñigo Urkullu, desde el principio ha querido marcar un estilo e impronta propios. Uno de sus lemas es “Euskadi Berria” y ha hecho actos en mangas de camisa. No siempre usa corbata. Mantiene -si no lo trunca la reciente crisis por la corrupción, que genera honda preocupación en Ajuria Enea- una excelente relación con Pedro Sánchez, con quien ha tenido cuatro encuentros. Fue propuesto por el PNV cuando Andoni Ortuzar era el presidente del partido y ahora tiene que enfocar una nueva bicefalia con Aitor Esteban. Ha lanzado algunos proyectos de los que no hay concreciones aún, como el pacto ético para el ejercicio de la política que lanzó en agosto y nunca llegó al Parlamento, la propuesta para desburocratizar y simplificar la Administración o la designación de un alto comisionado. La oposición le ha afeado que haya montado el Gobierno más grande de la historia.

Ibone Bengoetxea

Vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística (PNV)

Fue rescatada de EiTB. Había coincidido con Pradales en la Diputación de Bizkaia años atrás. Es la vicepresidenta primera del Gobierno, pero su perfil político es bajo. Tres referencias: hasta marzo no compareció en un Consejo de Gobierno, cuando el lehendakari se ha ausentado del Parlamento ha tenido más protagonismo el vicelehendakari segundo del PSE-EE, Mikel Torres, y el debate sobre la situación del euskera en la Administración lo ha liderado directamente el PNV como partido. Ha presentado una ley cultural, el Ejecutivo busca dar un “salto cualtitativo” al uso del euskera a partir de 2027 y ha dado mucha relevancia a las selecciones deportivas vascas, particularmente con el estreno reciente como equipo oficial y diferenciado del español de la selección de cesta punta.

Mikel Torres

Vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo (PSE-EE)

Es la cabeza del PSE-EE en el Gobierno y tiene que lidiar también con su propia bicefalia, la que mantiene con Eneko Andueza, el líder de su partido que está fuera del Ejecutivo y que mantiene un perfil exigente hacia el PNV que contrasta con el tono más mesurado de Torres. Es el consejero de Economía y presume de datos macro pero, recientemente, se ha conocido la creación de una comisión de asuntos económicos para coordinar la política del Ejecutivo que no dirige él. En el ámbito laboral, ha lidiado con el intento de configurar un SMI vasco. Ha recibido la competencia de gestión de los permisos de trabajo. Busca por la puerta de atrás una reforma de la RGI para exigir un “título válido” de ocupación de una vivienda para cobrar la prestación tras una setencia judicial negativa. Es también el secretario general del PSE-EE de Bizkaia y ha sido revalidado en ese cargo.

Noël d'Anjou

Hacienda (PNV)

Procedente de Kutxabank y un desconocido en la primera línea, es el hombre para los números de Pradales. Es el responsable de los presupuestos y puede presumir de haberlos presentado en tiempo y forma, de haberlos aprobado con normalidad en el Parlamento y de estarlos ejecutando, algo que contrasta con la situación del Estado. Coordina la política económica general del Gobierno por delante del vicelehendakari socialista y consejero de Economía. Además, ha aprobado dos modificaciones presupuestarias. La primera, a finales de 2024, inyectó 67 millones de euros a las patronales de la educación concertada; la segunda, de este mismo 2025, permite captar hasta 1.000 millones en endeudamiento adicional para proyectos industriales. D'Anjou dirige el Instituto Vasco de Finanzas, de donde parten las inversiones en participaciones empresariales. En su haber, ha sumado acuerdos con el Estado en las comisiones mixtas bilaterales.

María Ubarretxena

Portavoz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno (PNV)

María Ubarretxena, exalcaldesa de Arrasate-Mondragón, es la cara del Gobierno, la que comparece cada semana para atender a las preguntas de los medios de comunicación. También es la consejera que dirige las negociaciones estatutarias, que deberían terminar en 2025 con al transferencia de todos los temas pendientes del Estatuto de 1979. La más relevante que queda encima de la mesa es la de la gestión económica de la Seguridad Social. Se le ha visto con los ministros Ángel Víctor Torres, Elma Saiz o Yolanda Díaz en este tiempo. Y es la responsable de las políticas de transparencia. Ha presentado ya un proyecto de ley para dotar a Euskadi de un marco que no tiene. Ha habido tres intentos fallidos en el pasado y es la única comunidad autónoma sin normativa de ese tipo. Además, se ha visto obligada a ir actualizando portales de información que habían sido abandonados, como los relativos a las autorizaciones a excargos para saltar a la empresa privada, una exigencia legal. Así, ha sido ella la que ha revisado los casos de Iñigo Urkullu, de Gotzone Sagardui o de Arantxa Tapia, entre muchos otros.

Mikel Jauregi

Industria, Transición Energética y Sostenibilidad (PNV)

Procedente de Londres y de la empresa privada, este desconocido consejero es de la máxima confianza de Pradales, por si cupieran dudas. Dirige a la vez la pata industrial y la pata ambiental, aunque todo el protagonismo y los titulares se los lleva la primera. En estos meses ha afrontado crisis empresariales como Guardian o Talgo, entre otras, y participado en iniciativas que aún tienen un corto recorrido para dinamizar la industria como la Alianza Financiera Vasca o el Grupo para la Defensa de la Industria en el contexto de la incertidumbre internacional abierta por las subidas arancelarias de Estados Unidos. En materia de movilidad, demanda “neutralidad” y no demonizar el diésel frente al vehículo eléctrico. La oposición le ha criticado estar desaparecido (PP) o haber subcontratado planes estratégicos a empresas privadas (EH Bildu).

Bingen Zupiria

Seguridad (PNV)

El portavoz y consejero de Cultura de Iñigo Urkullu ha pasado de gestionar la llegada del Tour de Francia a ponerse al frente de la Ertzaintza y del conjunto de los servicios de emergencias. Ocurra lo que ocurra en la legislatura, ya puede colgarse la medalla de haber desactivado el conflicto de la Ertzaintza. Ha acordado con la mayoría sindical un nuevo convenio a cambio de las mismas subidas generalizadas que la pasada legislatura no eran posibles. Tiene también un compromiso de que, al fin, los 8.000 efectivos que tendría que tener la plantilla de la Policía vasca sean una realidad. Sus discursos se ubican a medio camino entre reconocer el incremento de la criminalidad y lamentar ciertas percepciones que alimentan un clima de inseguridad que no es tan exagerado como se plantea. En estos meses, decenas de BMW de 70.000 euros la unidad han empezado a llegar como nuevas patrullas y nueva imagen de la Ertzaintza.

Begoña Pedrosa

Educación (PNV)

Independiente de inicio, Pedrosa ya participa en todos los actos políticos del PNV, en los que aplaude desde la primera línea. Era viceconsejera de Educación en la pasada legislatura, cuando se aprobó la nueva ley, y ahora está asumiendo su desarrollo. Como Zupiria, también tiene una medalla, la de haber acordado el convenio del profesorado de la educación pública a cambio, igualmente, de subidas salariales generales. También ha cerrado otros pactos de menor relevancia económica en otros ámbitos educativos, como Haurreskolak o el personal no docente. De inicio no quiso dar números, pero ya se conoce que se invertirán para las mejoras salariales del profesorado del orden de 100 millones. Se suman a los 67 para la concertada acordados vía modificación presupuestaria. Pedrosa ha exhibido su preocupación por la denominada matrícula viva, esas llegadas de alumnos foráneos durante el curso. Están en los niveles más altos de siempre.

Denis Itxaso

Vivienda (PSE-EE)

El exdelegado del Gobierno de España dijo llegar con “actitud de combate” al Ejecutivo vasco para hacer frente al problema de la vivienda desde una cartera monográfica. Ha hablado de “emergencia habitacional” y se ha multiplicado en actos, comparecencias y reuniones. Itxaso alcanza el aniversario habiendo presentado una iniciativa legislativa para tener a finales de año nuevas medidas para facilitar la captación de suelos, desburocratizar procesos y hasta hacer levantes en algunos bloques para tener nuevas plantas. EH Bildu le ha criticado haber planteado una “contrarreforma” al reducir el porcentaje de vivienda protegida del 75% al 60%. También ha preparado un decreto ómnibus para retocar una batería de programas y hacerlos más efectivos, tales como las ayudas a jóvenes, Gaztelagun. Actúa en coordinación con la parte del PNV del Ejecutivo aunque no han desaparecido del todo las diferencias de enfoque en esta materia. Por ejemplo, las diputaciones han retrasado la entrega de datos para aplicar las zonas tensionadas que ya se están activando empezando por Errenteria, gobernada por EH Bildu. Otro municipio abertzale, Azpeitia, ha estrenado diez años después el canon para gravar a las viviendas vacías.

Alberto Martínez

Salud (PNV)

Es el nombre que todo el mundo menciona como fichaje revelación de Pradales. “Alberto es el mejor”, suelen repetir muy diferentes personas en privado. Anestesista afiliado al PNV sin experiencia alguna en política, se le asignó la patata caliente de asumir la cartera que más había suscitado críticas en la anterior legislatura y que, junto a Vivienda, es la principal preocupación ciudadana. Ha dado la vuelta al equipo de Gotzone Sagardui casi sin excepción y no ha tenido problema en enmerdarle en varios puntos. Por ejemplo, ha reabierto el segundo PAC y las Urgencias del centro de Vitoria, ha cambiado los planes de la cirugía cardíaca de Bilbao, ha celebrado elecciones sindicales en Osakidetza una década después y ha parado el gran almacén de gestión privada valorado en 129 millones y multirrecurrido por los sindicatos. También terminó por dar la razón a quienes denunciaban las irregularidades detrás de la principal adjudicataria de ambulancias, la catalana Grup La Pau, a la que rescindió sus contratos en Álava y Bizkaia. Sin embargo, no ha llegado a tener en marzo un pacto con oposición, sindicatos, universidades, colegios profesionales, patronal y otros agentes con medidas para mejorar Osakidetza. A finales de junio sigue en la búsqueda de ese consenso mínimo, aunque el peso de la privatización en la Sanidad pública está complicando claramente un texto compartido entre todas las partes que siguen en esa mesa. Martínez es un médico que busca desesperadamente médicos para paliar la escasez de personal.

Nerea Melgosa

Bienestar, Juventud y Reto Demográfico (PNV)

La alavesa entró al Gobierno en 2023 y es de las pocas que se ha mantenido con la salida de Urkullu y la llegada de Pradales. Su cartera, sin embargo, ha quedado reducida de un macrodepartamento con Prisiones, Igualdad o Justicia a otro más social que gestiona prestaciones como las ayudas por nacimiento o adopción -en Euskadi también se abonan en casos de gestación subrogada- o de emancipación. También es el área que dirige las políticas migratorias, un asunto que está ganando peso en el debate público. Desde Euskadi se ha pedido al Estado -de la mano de Canarias- un plan para una distribución más equitativa de los niños y adolescentes que llegan a las islas desde África.

Susana García Chueca

Movilidad Sostenible (PSE-EE)

Es probablemente la consejera más dispuesta a grabarse en Instagram o Tik Tok haciendo anuncios o respondiendo a preguntas de la ciudadanía. Se ríe incluso de sus errores en euskera, como cuando prometió “más amor” en el transporte ya que, en ese idioma, frecuencia y esa palabra apenas se diferencian por una letra. En estos meses, el Gobierno vasco ha recibido la transferencia de Cercanías y ahora controla los servicios de Renfe en las áreas metropolitanas de Bilbao y de Donostia, que se suman a los propios de Euskotren. Hace unas semanas, además, se inauguró el servicio de Vitoria, que llega a Alsasua en Navarra y a Miranda de Ebro en Burgos. Sin embargo, el gran reto es el interminable proyecto de la 'Y vasca', el ferrocarril de alta velocidad. Se ha dicho que, desde que se puso la primera piedra en 2006, se han destinado ya 5.000 millones y que quedan por invertir otros 4.000. No hay una fecha concreta para su puesta en marcha y ni siquiera una decisión sobre el trayecto hacia Pamplona. Hay dos posibles conexiones aún en estudio, las de Vitoria y Ezkio/Itsaso, no sin controversia política y territorial.

Juan Ignacio Pérez Iglesias

Ciencia, Universidades e Innovación (PNV)

El exrector de la ahora renombrada como EHU, con larga trayectoria académica, fue fichado como independiente por el PNV para una nueva cartera desgajada de Educación. En estos meses ha lidiado con la fallida transferencia de la homologación de títulos académicos obtenidos en el extranjero, finalmente anulada en el Tribunal Supremo y que era interpretada como una palanca para paliar la escasez de facultativos. También mantuvo tiranteces con el Gobierno central a cuenta del decreto para acotar las universidades privadas como Euneiz, el proyecto de Josean Querejeta en Vitoria. Pérez Iglesias lo veía como un intento de laminar las competencias vascas. Finalmente, se ha llegado a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

Javier Hurtado

Turismo, Comercio y Consumo (PSE-EE)

Es el único que mantiene, sin ninguna modificación, las mismas funciones que en la anterior legislaturas. Así las cosas, su gran novedad ha sido política, ya que ahora es el secretario general del PSE-EE en Álava también. El consejero Hurtado tiene sobre la mesa dos grandes asuntos, la regulación de las viviendas turísticas y la puesta en marcha de la tasa o impuesto para gravar las estancias. De lo primero, lo último es que se mantiene una pugna con AirBnB y se le ha requerido la retirada de 700 casas que ofertaba en Euskadi. De lo segundo, como en la mesa de salud, se planteó para marzo de 2025. Hurtado, asimismo, ha demandado poder disponer de más inspectores tanto para asuntos turísticos como de consumo. Es algo que le debe autorizar la parte del PNV del Ejecutivo.

Amaia Barredo

Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca (PNV)

Durante estos meses, ha asumido también la competencia de gestión de Costas en medio de la polémica por las críticas al anterior modelo del Estado lanzadas por el alcalde de Donostia, Eneko Goia. En el último año, el Supremo ha cerrado la puerta definitivamente a una denominación diferenciada de Rioja de los vinos elaborados en Álava y el Ararteko ha criticado duramente la nueva regulación de la pesca de la angula, una especie protegida. Barredo ha aplaudido la rebaja de la protección del lobo para mantener cierto control pero, a la vez, atendiendo las demandas de agricultores y ganadores y, desde el Parlamento, se ha modificado la ley de caza para permitir a los menores que asistan como acompañantes para garantizar el relevo generacional. Barredo ha defendido no aplicar una “cadena perpetua” al condenado por corrupción Alfonso Arriola, ex del PNV y ahora alto funcionario de su departamento con misiones como gestionar programas de ayudas o incluso ser “responsable” de fondos europeos. La consejera llegó al cargo como investigada por la autorización del proyecto Valogreene Paper en Bergara en una etapa anterior como viceconsejera de Medio Ambiente. Esa causa penal se cerró en el Superior sin que conste que se practicaran diligencias pero esa misma instancia ha emitido cuatro sentencias contencioso-administrativas que anulan aquella firma que estampó.

María Jesús San José

Justicia y Derechos Humanos (PSE-EE)

Ya había sido consejera de 2016 a 2020 pero en una cartera ligeramente diferente, ya que gestionaba las políticas laborales y en Justicia no estaban incorporadas ni Prisiones ni las políticas de memoria, articuladas en torno a Gogora. El suyo ha sido un equipo inestable, con varias salidas a lo largo del año, incluida la del viceconsejero Alfredo Retortillo. En Gogora, Alberto Alonso ha planteado realizar una labor memorialística con “rigor” tanto en lo tocante a la Guerra Civil y la dictadura como para el terrorismo de ETA y los GAL. Desde su creación, Gogora solamente había tenido una directora, Aintzane Ezenarro. Prisiones sigue siendo una patata caliente, con salidas de personal y más saturación que cuando el Estado cedió esta función a la comunidad autónoma en 2021. Afronta la reestructuración de la Administración de Justicia.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y el consejero vasco de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, han acordado reforzar la colaboración contra los pisos turísticos ilegales y tienen previsto desarrollar actuaciones conjuntas, ya que el Gobierno central se ha comprometido a trasladar al Departamento los datos del análisis de viviendas que se publicitan de forma ilegal.

Bustinduy se ha trasladado a Euskadi y, entre otros actos, se ha reunido con el consejero Hurtado. Han firmado el convenio para habilitar a la Junta Arbitral de Consumo de Euskadi como entidad prioritaria para la resolución de conflictos. Asimismo, según ha explicado el ministro, ambos han abordado la problemática de los pisos turísticos, que es una de las “líneas principales de actuación del Ministerio de Consumo”, informa Europa Press.

Ha añadido que, recientemente, un tribunal avaló las actuaciones del ministerio para exigir a Airbnb la retirada de 65.000 anuncios “ilegales” de pisos turísticos. Bustinduy ha afirmado que, en el encuentro con Hurtado, ha podido profundizar en la colaboración institucional con el Gobierno vasco y ha destacado, que, a diferencia de lo que están haciendo administraciones del Partido Popular que “miran hacia otro lado ante la problemática de la proliferación de pisos turísticos ilegales que están tensionando gravísimamente el mercado del alquiler y lesionando el derecho a la vivienda de millones de familias trabajadoras en España”, el Ejecutivo autonómico está “colaborando desde el principio” con el Gobierno central.

“Y de hecho hemos podido aportar las herramientas del Ministerio y los datos que hemos recabado sobre la situación en el País Vasco los van a poder cotejar con los suyos propios y de aquí derivarán actuaciones conjuntas para perseguir el objetivo común, que no es otro que erradicar los pisos turísticos ilegales y garantizar que no se conviertan en un obstáculo para el derecho efectivo a la vivienda de millones de familias trabajadoras”, ha manifestado.

Desde el Gobierno vasco también se ha subrayado, tras este encuentro, que ambas instituciones han acordado reforzar esa colaboración en el control de viviendas de uso turístico ilegales y, en concreto, han remrcado el compromiso del Ministerio de hacer llegar al Departamento los datos del análisis de viviendas que se publicitan de forma ilegal realizado por la Unidad de Análisis de Consumo.

Desde el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo se ha recordado que viene trabajando regularmente con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en la coordinación de diferentes acciones respecto al control de las viviendas de uso turístico, además de otros ámbitos, y con este encuentro se busca “seguir profundizando en esta cuestión y abriendo nuevas vías de colaboración”.

El consejero ha explicado al ministro las acciones que se han realizado desde Euskadi en estos últimos años en materia de control de viviendas turísticas. A lo largo de esta década se han desarrollado tanto la Ley de Turismo de 2016 como el Decreto de viviendas de uso turístico de 2018. En estos momentos, el Departamento está desarrollando una nueva normativa, con una nueva Ley de Turismo que permita “seguir adaptándose a la situación cambiante y las nuevas necesidades en esta materia”.

Igualmente, se ha colaborado con el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana y con los grupos parlamentarios en la tramitación de la Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo, que incluirá una medida para prohibir la actividad de nuevas viviendas de uso turístico en zonas tensionadas.

Además, le han trasladado al ministro que se han actualizado los protocolos de colaboración con los ayuntamientos para la emisión de informes, se ha habilitado un buzón contra el fraude para facilitar las denuncias y se ha trabajado “activamente” con el nuevo Reglamento Europeo de Alquileres de corta duración, que habilita mecanismos para obligar a las plataformas a compartir sus datos con las autoridades competentes.

En relación con este Reglamento, se colabora con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que ha habilitado el mecanismo de ventanilla única, que entrará en vigor el 1 de julio, para poder crear un registro único de viviendas turísticas que permita intercambiar datos con las plataformas y detectar y dar de baja las viviendas ilegales.

Euskadi ya cuenta con un registro propio (REATE) que recoge todos los alojamientos turísticos, y que ahora está trabajando en la interoperatividad con la ventanilla única, de modo que a partir del 1 de julio ambos registros serán obligatorios para las viviendas de uso turístico en Euskadi (el REATE ya lo es desde 2016).

El consejero ha expuesto al ministro el modo de proceder con el REATE, cómo se enfrenta la oferta ilegal desde el Departamento de Turismo y la relación con las plataformas, algunas de las cuales están ya colaborando activamente con el Departamento en la retirada de esos anuncios. “La respuesta de las plataformas ha sido desigual de unas a otras y no dudaremos en sancionar a aquellas que no colaboren retirando los anuncios ilegales”. Desde el Departamento se han realizado más de 2.300 inspecciones y se han abierto más de 550 expedientes sancionadores en los últimos tres años.

“En Euskadi hemos hecho los deberes en materia regulatoria y de control de las viviendas para uso turístico, y estamos trabajando para seguir reforzando y mejorando este control, colaborando con otros departamentos, instituciones y administraciones en lo que sea necesario y agradezco al ministro su disposición y cooperación en esta y otras materias” ha finalizado el consejero, Javier Hurtado.

El Gobierno de Imanol Pradales ha creado una Comisión de Asuntos Económicos que se encargará de la “coordinación” de las políticas de este ámbito y de las previsiones dada la relevancia de esta materia en el contexto internacional actual. Este foro de nuevo cuño estará presidido por el consejero de Hacienda, Noël D'Anjou, de la parte del PNV del Ejecutivo de coalición, y no por el vicelehendakari socialista Mikel Torres, que lidera la cartera de Economía, Trabajo y Empleo y que tiene mayor rango en el organigrama.

La constitución de la Comisión de Asuntos Económicos fue acordada en el Consejo de Gobierno del pasado martes, pero no se publicitó ni en la rueda de prensa posterior de la portavoz, María Ubarretxena, ni en el resumen de prensa. En él sí figuraban asuntos como 100.000 euros para digitalización de euskaltegis, ayudas al cine y a las series, la puesta en valor del patrimonio marítimo, las subvenciones a la producción literaria, el viaje a Quebec de la vicelehendakari, Ibone Bengoetxea, el presupuesto de la nueva línea de Cercanías de Vitoria y una línea de 1,2 millones para competitividad turística.

Se trata de un decreto que se ha publicado ahora en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) y que viene firmado por el lehendakari, Imanol Pradales, por el consejero D'Anjou y también por el vicelehendakari Torres. El propio texto alude al reparto competencial acordado entre PNV y PSE-EE con la renegociación de la coalición el pasado año. Uno de los cambios, además de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, fue que los socialistas reforzaron la vicepresidencia segunda que había tenido Idoia Mendia sumando a las competencias de Trabajo y Empleo las de Economía, que se traducían en materias como las previsiones económicas, el control del Instuto Vasco de Estadística (Eustat) y la gestión de los fondos europeos vinculados al programa Next. En la cartera de Hacienda se quedaba la política presupuestaria y el resto de fondos europeos.

Así, Torres tenía como una de sus atribuciones “coordinar la planificación económica y estratégica del Gobierno” pero D'Anjou, al tiempo, tenía asignada “la coordinación de la política económica del Gobierno”. Las circunstancias, según el decreto aprobado, “propician la creación de una Comisión de Asuntos Económicos” para que, “en el seno de la coordinación de la política económica del Gobierno, realice el seguimiento, análisis y control de la evolución de la economía, previsiones económicas y evaluación de las políticas públicas”.

La presidencia de ese foro queda en manos de D'Anjou. Habrá otros cuatro vocales y todos tendrán el mismo rango, incluido el vicelehendakari Torres. El resto serán los consejeros de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, y el titular de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado. De los cinco integrantes, tres son de la parte del PNV y dos del PSE-EE. Hay un sexto miembro, un secretario “con voz pero sin voto” propuesto por D'Anjou entre sus colaboradores.

El decreto prevé que la comisión cree un reglamento de funcionamiento y “el régimen de reuniones”, aunque ya hay una primera en el horizonte, según las fuentes consultadas. El calendario lo fijará D'Anjou pero los dos vocales del PSE-EE podrían forzar su celebración, a tenor de lo acordado. Para asuntos de alta “complejidad” se pueden crear subgrupos de trabajo con otros altos cargos. Los gastos ocasionados por este nuevo organismos correrán a cargo de los presupuestos de Hacienda.

EH Bildu propondrá de cara a la próxima Ley de Turismo que el Gobierno vasco quiere llevar al Parlamento a final de año que se limiten temporalmente las licencias que se conceden a los pisos turísticos y que se establezca una normativa para poder declarar “zonas turísticas tensionadas”, para poder tener mayor control sobre los pisos turísticos independientemente de que estén en una zona tensionada en vivienda o no. Esta medida sería un paso más allá de la intención del Gobierno vasco de que se prohíba la apertura de pisos turísticos en aquellos municipios que se declaren zona tensionada. La parlamentaria de la coalición abertzale Itziar Murua ha realizado estas propuestas durante el pleno del control, en el que ha interpelado al consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco, el socialista Javier Hurtado, sobre las medidas concretas a tomar para solucionar los problemas de las viviendas turísticas.

La parlamentaria de EH Bildu ha destacado que “una vivienda turística más es una vivienda habitual menos” y después de que Hurtado haya pedido que su partido realice propuestas concretas para la nueva ley que tendrá que tramitarse en Cámara vasca, ha señalado entre otras cuestiones, la importancia de que la licencia de las viviendas turísticas sea temporal, y que una vez concluido el plazo sea necesario “formular una nueva solicitud, analizando de nuevo las condiciones y haciendo los ajustes necesarios”, una cuestión que no ha sido vista con malos ojos por parte del consejero, que ha asegurado: “El límite temporal de la licencia es un tema que vamos a estudiar y que vamos a trabajar para la futura ley, con lo cual esa aportación será bienvenida”.

EH Bildu ha recordado al consejero que en Euskadi hay “una realidad es muy diferentes en relación con el turismo no se puede aplicar la misma política en todos los lugares”. En este sentido ha valorado la medida de que se prohíba nuevas viviendas turísticas en zonas tensionadas, pero ha considerado que “no es suficiente”. “Puede ocurrir que hay un lugar que no sea una zona tensionada, pero que sí esté saturado respecto al turismo, por eso pensamos que hay que tener en cuenta esa variable de la carga turística y que debería haber una normativa para declarar zonas turísticamente saturadas”, entiende Murua.

Hurtado ha resaltado el compromiso del Gobierno vasco con el control de las viviendas turísticas “antes de que aquí nadie hablara de ello”, pero ha recordado que se trata de un “fenómeno global” que requiere la implicación y colaboración de todas las administraciones, desde la Unión Europea hasta los ayuntamientos, y ha vuelto a señalar que con muchos municipios no hay una colaboración fluida en este ámbito. Ha reconocido que es necesario reforzar la inspección, ya que sólo cuentan con 14 personas para realizar estas labores, pero para todo los relacionados con turismo, no sólo para los pisos, y ha puesto de nuevo evidencia la falta de entendimiento en este punto con los Departamentos de Hacienda y Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, ambos dirigidos por el PNV, como lleva insistiendo desde principios de la legislatura. “No tengo problema de admitir errores o carencias que podamos tener una de ellas es la necesidad de ampliar el equipo de inspección, cuyo refuerzo hemos solicitado al Departamento de Gobernanza, así como al de Hacienda”, ha vuelto a decir en el Parlamento Vasco.