La clínica privada de Vitoria Vithas San José, cuyo titular es la empresa Iquimesa, ha prescindido en los últimos días de la exconsejera de Salud, Gotzone Sagardui, del PNV, como directora médica. Sagardui fue fichada a bombo y platillo en enero de 2025, medio año después de salir del Gobierno en medio de la polémica por su gestión, y ya no ocupa un puesto en el que tenía una retribución bruta anual de 95.000 euros, según adelantó 'Norte Exprés' y no desmienten fuentes de Vithas, que eluden hacer comentario alguno sobre las causas de la salida.

Sagardui, procedente del Ayuntamiento de Bilbao pero con experiencia política previa en Lanbide o en el Parlamento Vasco, fue incorporada por Iñigo Urkullu a su tercer gabinete, constituido en medio de la pandemia, en el verano de 2020. Licenciada en Medicina y bilingüe, se buscaba dar un impulso a una cartera crítica, la de Salud, muy expuesta en la primera ola con la cardióloga Nekane Murga al frente, que había sido nombrada en 2019 tras la dimisión de Jon Darpón por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de 2018.

Durante el cuatrienio, la preocupación ciudadana sobre la gestión sanitaria fue en aumento. Una de las pocas certezas con el cambio de Urkullu por Imanol Pradales era que Sagardui no iba a tener ninguna opción de continuar. Sus relaciones con el PNV no eran tampoco las mejores.

El nuevo lehendakari buscó en Osakidetza a un anestesista sin experiencia política, Alberto Martínez. En año y medio largo ha enmendado algunas medidas anteriores -como las polémicas en Vitoria por el cierre de las Urgencias del centro o del PAC de San Martín- y montó una mesa para busca un pacto de Salud que mejorara la Sanidad vasca.

Terminado su periplo en el Gobierno, Sagardui regresó a su plaza de alta funcionaria en el área administrativa de la EHU, la Universidad pública vasca. Sin embargo, en noviembre de 2024, apenas unos meses después, recibió una oferta laboral de Iquimesa para ser directora médica de uno de los hospitales privados más relevantes de Vitoria, la antigua Policlínica San José.

Este periódico adelantó su incorporación, que fue el 7 de enero de 2025. En Euskadi los excargos, por ley, tienen que recibir una autorización del Gobierno vasco para saltar a la privada en los dos años siguientes al cese. Es un proceso en el que se revisan posibles conflictos de intereses. Sagardui cumplió su parte, pero el Ejecutivo de Pradales no respondió en tiempo y forma a la petición. La normativa hace que el silencio administrativo pasado un plazo permita a los interesados iniciar su nueva actividad profesional. Y así se hizo.

La oposición interpretó el salto de Sagardui de la pública a la privada en apenas unos meses como una “puerta giratoria”. 'A posteriori', llegaron los informes del Gobierno y fueron favorables al entenderse que no constaba una relación de tipo económico o similar entre las decisiones adoptadas por Sagardui en el Ejecutivo y la empresa que ahora la contrataba.

Vithas anunció con una fotografía de la exconsejera con bata blanca en el propio hospital su incorporación. Se decía entonces que ganaban con “Gotzone” -como la llamaban- “excelencia médica” por su “destacada trayectoria profesional”. “Su experiencia en gestión de equipos, presupuestos, liderazgo organizacional y gestión sanitaria la posiciona como una figura clave para reforzar la calidad asistencial y experiencia de paciente del hospital Vithas Vitoria”, se publicitaba.

Ahora, cuando ni siquiera se han cumplido catorce meses, Vithas se limita a no negar las informaciones sobre la salida de Sagardui. Los portavoces consultados no ofrecen ningún tipo de información adicional. Este periódico tampoco ha podido recabar la opinión de la exconsejera, que sigue manteniendo su plaza en la EHU. Si quisiera regresar a ella, no sería necesaria una autorización, ya que es un organismo público. No obstante, si de aquí a junio quisiera trabajar en otra empresa privada tendría que volver a hacer el mismo papeleo.

Se da la circunstancia de que, en los últimos meses, el centro privado ha perdido a uno de sus referentes médicos, el traumatólogo Mikel Sánchez. Recientemente ha quedado inaugurada su propia clínica privada, llamada Miks.

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), en su última auditoría publicada, ha vuelto a poner encima de la mesa las relevantes anomalías en la adjudicación de contratos por parte del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). Suman, al menos, 101,9 millones de euros. Se trata de la revisión de las cuentas del ejercicio 2023, con Gotzone Sagardui del PNV como consejera y Rosa Pérez Esquerdo como directora general y sigue exactamente los mismos términos que las de 2021 (114,8 millones en contratos señalados) y 2022 (129,2 millones). Otra auditoría más, esta vez de un órgano interno, la Oficina de Control Económico (OCE), controlada directamente por el Ejecutivo, se ha venido pronunciando en términos muy similares.

El órgano de control externo, en cuya composición los vocales propuestos por los partidos del Gobierno vasco, PNV y PSE-EE, tienen una mayoría de cinco de siete en el plenario, alerta en la página 92 de un informe de 169 folios relativo a 2023 que se han tramitado por sistema como contratos menores (sin concurso) adquisiciones de suministros que superan con claridad el máximo legal permitido, de 15.000 euros más IVA. Añade que, para ello, se recurrió a “fraccionamientos”, esto es, a trocear el contrato para hacerlo encajar con las cuantías permitidas para las adjudicaciones directas, una práctica prohibida. En las alegaciones presentadas por Osakidetza, se asume la necesidad de “corregir” algunas cuestiones señaladas por el Tribunal de Cuentas y se admite un caso concreto de mala gestión, pero se rechaza la existencia de irregularidades generalizadas.

En concreto, el dictamen señala que las OSI de Osakidetza, que son las organizaciones comarcales en que se divide el Servicio Vasco de Salud desde su última reestructuración, “han tramitado como contratos menores diversos suministros de productos y bienes muebles e inversiones, fraccionando el objeto del contrato, que hubieran requerido la tramitación del correspondiente procedimiento abierto”. Detalla que “este incumplimiento se ha detectado en adquisiciones de medicamentos por 27,7 millones de euros, en otros suministros por 73 millones de euros y en inversiones por 1,2 millones de euros”. Se cita expresamente que los datos proceden de los informes de control de la OCE.

Además de esos 101,9 millones, se indica también que en 2023 hubo 57 expedientes por valor de 46 millones prorrogados “más allá del período máximo contemplado en la legislación aplicable”, que unas obras de Basurto han incurrido en sobrecostes que deberían haber motivado una nueva licitación y que se han hecho otras 31 obras pequeñas por cerca de 0,5 millones también con fraccionamientos y sin concurso. Los anexos de la auditoría detallan que el 11,8% del gasto total en compra de medicamentos se hace vía contratos menores y que, en un 65,3% de los casos, se produce un “incumplimiento” de la legalidad. El porcentaje sube al 69,5% de los casos con otros suministros.

Osakidetza ha enviado al Tribunal de Cuentas un largo escrito con alegaciones que aparece adjunto a la auditoría. Sobre los 27,7 millones en compra de fármacos, se indica que en un porcentaje muy alto (casi el 70%) son medicamentos “de comercialización exclusiva y/o de naturaleza biológica y no química”. Si solamente hay un proveedor, hacer un concurso no tendría sentido, argumenta el Servicio Vasco de Salud. Enumera una larguísima lista de productos que estarían en esas circunstancias. Recalca, además, que los precios los fija “el Ministerio de Sanidad”, por lo que no cabría tampoco imputar fraude o mala gestión. Indica, en todo caso, se han tomado “medidas de corrección”.

Se incide, con todo, en que son productos “de alta complejidad técnica, indicados para patologías graves, incapacitantes, de gran dificultad diagnóstica e impredecibles”. Y “de coste muy elevado”. “No es posible que la prestación se vea interrumpida en tanto en cuanto se procede a la preparación y licitación del oportuno expediente de contratación [...]. Existen circunstancias particulares del mercado que obligan a las organizaciones de servicios a acudir a la compra directa, al ser los medicamentos suministros esenciales”, explica Osakidetza. Revela también que hay “proveedores” que “no atienden” a las licitaciones. Ha pasado con un nuevo fármaco para la AME (atrofia muscular espinal) y para la acondroplasia, por ejemplo. Osakidetza apela también a “tensiones en el mercado” tras la pandemia y a casos de servicios contratados que no son atendidos por “desabastecimiento absoluto” y que obligan a buscar nuevos proveedores. “Estas circunstancias son intrínsecas al propio procedimiento de compra de medicamentos y ajenas a Osakidetza, a pesar de sus esfuerzos en la contratación”, alega.

En cuanto a otras irregularidades, según Salud, “la situación de premura que sufre el entorno asistencial puede haber requerido la toma de decisiones rápidas” pero, subraya, siempre “dentro del marco legal”. “La necesidad de montar y habilitar áreas asistenciales en un tiempo récord es vital para garantizar la continuidad de la atención sanitaria. [...] Los contratos menores permiten agilizar los procesos y reducir los plazos de ejecución, asegurando que las instalaciones estén operativas lo antes posible”, señala Osakidetza. Eso sí, asume el “compromiso” de “evolucionar hacia modelos de gestión más eficientes y transparentes, con el fin de fortalecer el cumplimiento de la normativa en materia de contratación pública”.

Ahora bien, “se acepta” que las obras concretas de Basurto revisadas por el Tribunal de Cuentas no se tramitaron correctamente, por ejemplo. Según la auditoría, eran unos trabajos de “adecuación de espacios” que fueron adjudicados en 2022 por 4 millones de euros para dos años y que se ampliaron luego a 7 millones de euros en 2023, por encima del tope legal para modificaciones, del 50% del importe inicial. “Debiera haber sido objeto de una nueva licitación”, se apunta.

El Gobierno vasco ha tenido que revisar 52 veces desde 2020 el salto a una actividad privada de excargos autonómicos antes de que hubieran pasado dos años desde su cese. Una ley de 2014 obliga a la Administración a comprobar la oferta laboral para descartar cualquier tipo de conflicto de intereses. Según la información facilitada al Parlamento Vasco a instancias de EH Bildu por la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, solamente en un caso se ha denegado el permiso y, según las fuentes consultadas, por una cuestión menor.

El informe de datos facilitado por Ubarretxena a Lamia Arcas indica que 44 de las solicitudes han sido por el procedimiento ordinario y las otras 8 por la vía “abreviada”. Siete de los expedientes ordinarios quedaron no admitidos -por desistimiento del interesado (tres) o por falta de objeto (cuatro)- y otro más de los urgentes. Aunque son 52 expedientes, hay algunos casos en que el excargo ha tramitado varios.

La labor de esta oficina -a cuyo frente hay un alto funcionario- ha quedado muy expuesta en los últimos meses a causa de los exmiembros del Gobierno de Iñigo Urkullu que han emprendido nuevas actividades tras la llegada de Imanol Pradales a Ajuria Enea en 2024. La lista la encabeza el propio lehendakari de 2012 a 2024, que ahora lidera un 'lobby' europeísta costeado por Iberdrola, Repsol (Petronor), BBVA y Kutxabank. Además, las exconsejeras Arantxa Tapia o Gotzone Sagardui también recibieron luz verde a sus nuevos puestos, como consultora de KPMG y en Vithas, respectivamente.

Sin embargo, el informe no detalla que en varios supuestos la autorización llegó por silencio administrativo, es decir, porque la resolución con el visto bueno no llegó en tiempo y forma, en los plazos marcados por la ley. De hecho, durante varios meses hubo un 'apagón' en el portal de transparencia que informa de estos permisos que ahora ya ha quedado resuelto. Se pueden consultar aquí las últimas compatibilidades concedidas.

EH Bildu preguntaba también por otra autorización que otorga la Administración, la de actividades paralelas a la pública y que pueden ser desde la docencia hasta la participación en conferencias o medios de comunicación. Se apunta a 254 solicitudes de altos cargos presentadas en un lustro, de las cuales 8 están “en tramitación” actualmente. 14 de ellas no han sido concedidas, 10 por desestimiento y 4 más “por falta de objeto”. Una misma persona puede pedir varias. Si se extiende el análisis a los empleados públicos, los expedientes son 364, con 43 denegaciones y 4 casos pendientes de resolución. Aquí entrarían, por ejemplo, los facultativos que quieren simultanear Osakidetza con una consulta privada.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha confirmado en el Parlamento Vasco este lunes la paralización definitiva del macroproyecto de almacén centralizado de Osakidetza, uno de los planes estrella heredados del anterior equipo de Gotzone Sagardui, del PNV igualmente, pero que motivó hasta cinco recursos de otros tantos sindicatos que siguen vivos en los tribunales y protestas. El Gobierno de Imanol Pradales renuncia a las obras en la antigua sede de EiTB en Iurreta y a la gestión privatizada durante diez años de esas instalaciones, lo que iba a comportar un coste total de 129 millones de euros. Este periódico publicó esta posibilidad hace dos semanas.

Martínez, que ya ha enmendado otros planes y decisiones de Sagardui al entender que rompían consensos internos, buscará la “centralización” de las compras y de la logística -los suministros de 2.000 proveedores suponen unos 500 millones de euros anuales- con una plataforma virtual e “innovadora” que coordine los 24 almacenes que ahora tiene la red de Osakidetza y en la que trabajan 200 operarios públicos pero no, en principio, con una sede física y medios externos. Desde el inicio de la legislatura, el criticado proyecto había sido puesto en 'stand by' y ahora la decisión en firme es de suspender la licitación y de “empezar de cero”. “Procederemos a la paralización definitiva. Suscitaba más dudas que certidumbres”, ha admitido el titular de Salud.

En una comparecencia parlamentaria precedida por una protesta del sindicato LAB contra la “privatización” a la que se ha sumado la portavoz de EH Bildu, Rebeka Ubera, y antes de la cual por el hilo musical de la Cámara no paraba de sonar música clásica por unas pruebas “de seguridad” en la megafonía, Martínez ha admitido que el modelo propuesto había generado “tensiones internas”, que había personal de Osakidetza que lo había tomado como “amenaza”. “La cuestión es que generó incomodidad. Si se ejerció un proceso de contraste, éste no ha desembocado en un proyecto consensuado”, ha dicho sobre sus predecesores.

De cara al futuro, Martínez entiende que Osakidetza está “abocada” a mejorar la “eficiencia” de la logística desde criterios de garantía de “provisión” para la red. “No hay prácticamente actividad asistencial sin material”, ha recordado. Sin “apriorismos”, buscará una fórmula “híbrida” y consensuada que se apoye en la plataforma virtual para garantizar los suministros de todos los almacenes “físicos” de ambulatorios, hospitales y servicios.

Desde la oposición, Ubera, que había pedido esta comparecencia en noviembre, hace medio año, ha manifestado “no entender” por qué ha costado “tanto tiempo” resolver el asunto de Iurreta. Ha enfatizado que el asunto proviene de la anterior legislatura, con Sagardui. Según el consejero, “seis meses es un tiempo prudente” para haber reflexionado y analizado todas las aristas de este espinoso asunto. EH Bildu se ha preguntado qué ocurrirá ahora con los procesos judiciales en marcha que buscaban la paralización del proyecto y el titular de Salud ha indicado que no incidirá en nada la resolución, ya que la decisión tomada de paralización es firme. “Quien ha activado la vía judicial, los sindicatos, deberán decidir si desisten por pérdida de objeto sobrevenida”, ha agregado Susana López Altuna, directora general de Osakidetza.

El PSE-EE ha coincidido con las dos principales fuerzas de la oposición, EH Bildu y PP, en que Euskadi va “tarde” en relación a la transparencia y en considerar una “buena noticia” que el Gobierno de Imanol Pradales haya acelerado ya su propuesta para aprobar una ley en el que será el cuarto intento tras los tres fallidos en otras tantas legislaturas de Iñigo Urkullu. El Consejo de Gobierno dio luz verde este martes al proyecto, que toma como base el último de los borradores no aprobados del anterior Ejecutivo para poder agilizar la tramitación. Con tres años de legislatura por delante y una mayoría absoluta de PNV y los propios socialistas, sería una sorpresa que esta vez volvierse a naufragar la ley vasca de transparencia. Euskadi es la única comunidad autónoma sin esa herramienta junto con Ceuta y Melilla.

“Es una ley que llevamos tiempo esperando y que los socialistas hemos reclamado durante años. Peleamos porque estuviera en el acuerdo de Gobierno”, ha señalado Pau Blasi, que ha indicado que podrían llegarle “mejoras” en el trámite de enmiendas. “Seguro que en esta legislatura por fin aprobaremos la ley de transparencia en Euskadi”, ha agregado en euskera el portavoz socialista.

Por pura coincidencia en el calendario, en la semana en que el Gobierno vasco ha puesto sobre la mesa la ley de transparencia la consejera responsable, María Ubarretxena, ha comparecido este miércoles por la tarde en el Parlamento Vasco a instancias de EH Bildu para hablar de la Comisión de Ética, de la que es presidenta desde hace meses. Este órgano analiza el comportamiento de los altos cargos y en el pasado ha recibido críticas porque habitualmente nunca censura las actuaciones de los miembros de los diferentes niveles del Gobierno. No se ha abierto nunca un expediente de oficio, por ejemplo. Así lo ha hecho constar la coalición abertzale, que ha insistido en que son cargos públicos elegidos por un partido los que analizan los casos que afectan a otros cargos públicos de ese mismo partido. Tiene asentado el criterio, por ejemplo, de que no se ha de forzar una dimisión en caso de investigación penal salvo que se llegue a juicio.

Ubarretxena, acompañada del viceconsejero y secretario de la Comisión de Ética Xabier Otxandiano, ha presentado de una tacada las memorias de este organismo de 2023 y 2024. Ella es la tercera presidenta del foro sucediendo a Josu Erkoreka y Olatz Garamendi y, por el momento, solamente ha resuelto un caso, aunque en la fecha de la resolución figura febrero “de 2024”, cuando ni siquiera estaba nombrada. En los últimos años ha sido habitual que estos documentos obligatorios se hayan publicado con retraso. Los propios expedientes también se publican muchos meses después. Otxandiano, sin embargo, ha asegurado que este órgano opera “casi en tiempo real”. Además, las resoluciones públicas reducen tanto los datos que ofrecen que su lectura es casi ininteligible.

EH Bildu, en ese sentido, ha propuesto que al menos se indique el delito que se imputa a los investigados. También ha adelantado que usará la tramitación de la ley de transparencia para proponer cambios en la Comisión de Ética. Lamia Arcas ha sugerido que sean funcionarios los que asuman los casos y que puedan operar con criterios técnicos y no políticos. Ubarretxena ha respondido que otro organismo de control, la oficina que revisa el salto a la empresa privada de los excargos en los dos años siguientes a su cese, sí está liderada por funcionarios y ha mostrado su sorpresa por que ésa sea la propuesta cuando también hay críticas. De hecho, el PP ha aprovechado la coyuntura para recordar que el reciente fichaje de la exconsejera de Salud, Gotzone Sagardui, por una clínica privada de Vitoria no se hizo en tiempo y forma, según ha explicado Laura Garrido.

Desde la bancada del PNV, Xabier Barandiaran ha terciado en el debate para pedir un análisis “sin populismos” sobre transparencia. Ha criticado que se quiera usar la Comisión de Ética para hacer “oposición” o como tribunal de justicia. De hecho, el único dato concreto que ha dado Ubarretxena sobre los casos de 2023 y 2024 es que dos de ellos fueron denunciados por “un parlamentario”. Nada se ha mencionado sobre el contenido de las investigaciones en las que están incursos los altos cargos. Barandiaran ha aprovechado para recordar que la ciudadanía vasca confía en gran nivel en su Gobierno, más que en otras instituciones. Arcas le ha respondido que pretender que los órganos de control sean “más transparentes” y “ágiles” no es hacer “populismo”.

Ubarretxena, en su último turno, ha defendido que la nueva ley de transparencia es una “buena oportunidad” para dar “un bonito paso adelante” en la mejora de la “calidad democrática”. El Gobierno ha comprometido un paquete más amplio de medidas, incluso una ponencia parlamentaria para discutirlas. Lo manifestó en la Cámara el propio lehendakari. La consejera ha dicho también que en la próxima semana se actualizarán otros datos que llevaban meses sin ser publicados relativos a altos cargos más allá de las autorizaciones para fichar por empresas privadas, ya conocidos. El Ejecutivo, según la consejera, funciona “estupendamente” en este ámbito.

Otros nueve excargos del Gobierno vasco, además de la exconsejera de Salud, Gotzone Sagardui, recibieron fuera del plazo legal la autorización para saltar a la empresa privada, según documentación solicitada por el PP en el Parlamento Vasco al Ejecutivo de Imanol Pradales. A efectos prácticos, el dictamen de compatibilidad firmado por la consejera María Ubarretxena no tenía ya para ellos efecto alguno porque la normativa en vigor -una ley de 2014 y un decreto de 2016- apunta que si pasa más de un mes desde la solicitud se da por aprobada por silencio administrativo. De hecho, de haber sido negativo en algún caso, cosa que no ha ocurrido, se podría abrir la puerta incluso a una indemnización económica.

Además de Sagardui, que como adelantó este periódico empezó a trabajar el 7 de enero de 2025 en una clínica privada de Vitoria y no tuvo la compatibilidad hasta el 30 de ese mes, los altos cargos en la misma situación son Estíbaliz Alkorta, exdirectora de Euskera, Iñigo Ansola, exresponsable del Ente Vasco de la Energía (EVE) que pasó brevemente por la corporación cooperativa Mondragon antes de ser presidente del PNV de Bizkaia, Francisco Javier Arnáez, exdirector general del Instituto Vasco de Finanzas, Ana Belén Camacho, exresponsable de Industria y Transición Ecológica, Iñigo Camino, exdirector de Comunicación con las consejeras Beatriz Artolazabal y Nerea Melgosa -que, de hecho, ya estaba en otro puesto que el tramitado que no precisa de esta autorización cuando vio finalizado su proceso-, José Ángel María Muñoz Otaegi, exasesor de Cultura, Iván Pedreira, excargo de la parte del PSE-EE tanto de Medio Ambiente como de Transportes, Alfredo Ruiz Huega, exdirector en Educación, y Aitor Urzelai, exdirector de la sociedad Spri.

El diario 'Gara', asimismo, ha dado otros detalles sobre el caso concreto de Ansola, ahora dirigente del PNV. En el expediente, aparentemente por error, figura que tenía ya la compatibilidad desde agosto de 2024 habiendo dejado su cargo público el 13 de septiembre y recibida la resolución el 23 de ese mes.

La norma obliga a los excargos a solicitar autorización si quieren trabajar en el ámbito privado durante los dos años siguientes a su salida de la Administración. Un organismo llamado “registro de personal” analiza posibles conflictos de intereses. La ley de 2014 y el decreto de 2016 recogen los plazos para hacerlo. Cuando un afectado recibe una oferta tiene dos días para comunicarlo de cara a recabar el visto bueno. Quien lo otorga con su firma es la consejera competente en materia de “función pública”, ahora María Ubarretxena, que lidera Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno. Antes, ha tenido que recibir un informe del departamento en el que trabajó el afectado para analizar su vinculación con esa empresa o sector. La norma señala que, si no se responde a estas peticiones en treinta días, por defecto se permite a los excargos incorporarse a esa empresa.

Así las cosas, en 10 de los 19 casos analizados en los últimos meses el plácet no ha llegado a tiempo y la autorización la han logrado por la vía del silencio administrativo. Los casos tramitados en tiempo y forma han sido los de José María Armentia, exviceconsejero precisamente de Función Pública, Ignacio Barredo, exviceconsejero de Economía, Yurdana Burgoa, exasesora de los consejeros Pedro Azpiazu y Noël d'Anjou, Jonan Fernández, el hombre para todo de Iñigo Urkullu en sus doce años en Presidencia, Peli Manterola, exgerente de la entidad Hazi, José Carlos Peña, exasesor de Innovación, Arantxa Picón, ex jefa de Enfermería de un hospital, Mikel Sánchez, excargo de Salud ahora en Mutualia, y Humberto Unzueta, exasesor de Olatz Garamendi.

En una reciente rueda de prensa, al hilo del caso de Sagardui, la consejera Ubarretxena garantizó que todos los expedientes se han tramitado “en tiempo, forma y de acuerdo a la legalidad”. Recalcó también que “lo que menos vale” del procedimiento es su firma, aunque la normativa le atribuye a ese trámite la condición de resolución final del expediente. Otras fuentes insisten en que estas anomalías se deben a motivos “internos” y que el actual Gobierno trabajará con ahínco para reconducir la situación.

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, ha afirmado que la autorización a la exconsejera de Salud de 2020 a 2024, Gotzone Sagardui, para que pudiera fichar como directora médica de una clínica privada se hizo “en tiempo, forma y de acuerdo a la legalidad”. Ha garantizado también que así ha sido igualmente en la veintena de casos de excargos que, como es preceptivo, han de recibir el visto bueno de la Administración para pasar a la actividad privada si lo hacen en los dos años siguientes al cese para estudiar posibles conflictos de intereses.

Este periódico ha publicado, con base en documentación oficial, que Sagardui solicitó permiso para fichar por la clínica Vithas San José de Vitoria el 27 de noviembre de 2024, cumpliendo con las exigencias de la normativa, una ley de 2014 y un decreto de 2016. Esa misma normativa obliga al Ejecutivo a resolver el expediente en el plazo de un mes y, antes, a solicitar un informe al departamento del alto cargo afectado para analizar su compatibilidad. En el caso de Sagardui, ese informe de Osakidetza se emitió el 23 de diciembre -aunque luego hubo otras versiones- y la autorización llegó el 30 de enero, es decir, fuera de plazo y cuando la aludida llevaba ya varias semanas en su nuevo puesto. De hecho, la ley remarca que si la Administración no cumple con los plazos se puede empezar a trabajar con normalidad, como ha sido el caso.

Ubarretxena, que es la consejera a la que le compete la firma -“la resolución será competencia de la persona titular del departamento que tenga atribuida la competencia de función pública”-, ha aseverado en rueda de prensa que el salto de Sagardui a la Sanidad privada ha sido “totalmente legal”. “Todo el procedimiento de la señora Sagardui se ha hecho en tiempo, forma y de acuerdo a la legalidad”, ha recalcado a preguntas de los periodistas, al tiempo que ha rebajado su firma “lo que menos vale” de todo el expediente. También ha puesto en valor la “objetividad” con la que trabajan los funcionarios encargados de esta materia, un órgano “independiente”. Se llama “registro de personal”.

El Gobierno, además, insiste en que dentro del plazo legal de 30 días Sagardui tenía ya conocimiento por parte de la Administración de que su informe iba a ser positivo. Eso no consta en el expediente. De hecho, en el portal de transparencia se orilla totalmente la autorización firmada por Ubarretxena a finales de enero y se da como fecha de finalización del procecimiento el 28 de diciembre de 2024, es decir, justamente cuando pasó un día desde que se agotó el plazo. El Ejecutivo insiste en que si 'a posteriori' se hubiese detectado algún problema se podría haber actuado igualmente e impedido la incorporación de Sagardui a Vithas.

El Gobierno de Imanol Pradales no autorizó en tiempo y forma el salto de la exconsejera de Salud con Iñigo Urkullu entre 2020 y 2024, Gotzone Sagardui, también del PNV, a la dirección médica de una clínica privada del centro de Vitoria, Vithas San José, cuyo titular es Iquimesa. La luz verde definitiva de la Administración, preceptiva por ley en los dos años posteriores al cese para todos los excargos, ya que hay que revisar que no se incurra en un conflicto de intereses, fue firmada el 30 de enero de 2025, es decir, 23 días después de que Sagardui empezara en su nuevo puesto de trabajo y 22 después de que este periódico adelantara la noticia. Es más, en esa fecha ese trámite era ya totalmente innecesario porque se había excedido el plazo máximo para responder a la solicitud de Sagardui, que era de noviembre, de modo que ya podía empezar a trabajar con normalidad por silencio administrativo.

Sagardui cumplió con su obligación como excargo del Gobierno y pidió permiso para saltar a la Sanidad privada el 27 de noviembre de 2024. La solicitud venía acompañada de una oferta de trabajo datada ese mismo día en la que se detallaban las nuevas funciones que Vithas pretendía asignar a las exconsejera. En concreto, buscaban una “directora médica” de “plena dedicación” a partir del 7 de enero de 2025. El salario estipulado era de 95.000 euros brutos anuales –un consejero vasco cobra por encima de los 105.000 euros– más un variable del 20% en función de los objetivos. También se le ofertaban seguros médicos privados para ella y para su familia. La oposición ha calificado este salto como una “puerta giratoria”.

La ley autonómica de 2014 estipula que la Administración debe analizar la solicitud y responderla en un plazo “máximo” de treinta días. Asimismo, deja claro que la no resolución del expediente “transcurrido dicho plazo de un mes” permite a la persona interesada “iniciar su desempeño” en la privada. El decreto de 2016 que desarrolla esta norma se expresa en términos muy similares. Antes, en un plazo de diez días, se debe iniciar la tramitación con un informe al departamento del alto cargo aludido para que detalle posibles conflictos de intereses antes de que la consejera María Ubarretxena firme la resolución definitiva.

Sin embargo, el expediente completo de este caso, enviado al Parlamento Vasco a petición del PP, deja claro que no se cumplieron esas premisas. Además, en la documentación oficial hay abundantes errores tanto en el nombre de la exconsejera –se la llama “Gagoone” o “Gotxone” en algunos momentos– como de la empresa contratante –a veces es “Iquimesa” y otras “Inquimesa”–. Fuentes del Ejecutivo explican que Sagardui sí recibió de modo “informal” una respuesta en el plazo estipulado porque ya se sabía que no había incompatibilidades y achacan a “temas internos” que la firma de la resolución se retrasara tantas semanas.

Si Sagardui hizo su solicitud el 27 de noviembre, hasta el 16 de diciembre no se pidió a Salud desde el área de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, la que gestiona las políticas de personal y de altos cargos, el informe que debería haberse reclamado en diez días. Los servicios jurídicos de Salud, el 23 de diciembre, sí emitieron ya un certificado en el que negaban tener contratos o subvenciones con Iquimesa, que es la empresa detrás de la clínica Vithas San José de Vitoria. Sin embargo, el expediente quedó completamente parado todas las vacaciones de Navidad.

La exconsejera se incorporó a su nuevo puesto el 7 de enero, después de los Reyes Magos. A las 24 horas, este periódico informó de su fichaje. Ese día, fuentes oficiales del Ejecutivo recalcaron que Sagardui tenía la autorización administrativa preceptiva. El propio consejero de Salud, Alberto Martínez, lo dijo también en una rueda de prensa cuando se le preguntó por esta noticia. “Está evaluado dentro del Gobierno y tiene luz verde”, manifestó. El 9 de enero, Vithas anunció oficialmente la incorporación de su nueva directora médica y acompañó la información de una fotografía de ella con la bata en la propia policlínica.

Sin embargo, el expediente muestra que el 21 de enero llegó un nuevo informe de Salud sobre las relaciones de la Administración con el grupo empresarial detrás de Vithas San José. Ese documento ya es más matizado que el primero, que simplemente negaba cualquier relación contractual. La misma letrada que firmó el primer documento en diciembre amplía ahora el foco a otras empresas relacionadas con Iquimesa como Goodgrower y Grupo Corporativo Landon y a todo el grupo Vithas. Y añade que, aunque Osakidetza o Salud no tuvieran relación económica alguna con estas mercantiles entre 2020 y 2024, el Centro de Transfusiones y Tejidos Humanos, dependiente de Osakidetza, sí tiene “como cliente” a Iquimesa Servicios Sanitarios“ y que, ádemas, ”actualmente le debe dinero“. No se concreta nada más. Cuatro días después se matizó ese documento con un documento sin membretes y se explicó que el Centro de Transfusiones y Tejidos Humanos es el único banco de ”sustancias de origen humano“ y que Vithas San José accede a ellas como todos los hospitales públicos y privados de Euskadi, abonando las tarifas prefijadas. Por ello, se considera que no es una ”relación directa“ que pueda comprometer la contratación de Sagardui.

Ese mismo 21 de enero, en rueda de prensa, Ubarretxena explicó que la información sobre la compatibilidad de Sagardui, que ha de ser pública por ley, iba a salir en breve, aunque dio a entender que el expediente ya estaba finalizado y resuelto a su favor. El 10 de enero, la vicelehendakari primera, Ibone Bengoetxea, aludió al asunto y también aseguró que la exconsejera reunía todas las condiciones para saltar a la privada.

Así las cosas, ya muy fuera de plazo, el 29 de enero es cuando se elaboró la propuesta de informe definitivo que efectivamente rechazaba cualquier conflicto de intereses o ilegalidad en el nuevo puesto de la exconsejera de Salud. Venía respaldado por Alicia Cristóbal, responsable del Registro de Personal. La consejera Ubarretxena lo recibió a las 17.17 horas de ese día y a las 8.40 horas de la mañana, tras la firma que lo hacía definitivo, ya estaba listo para su envío a Sagardui, que lo recibió a las 9.05 horas de esa misma jornada, siempre según los datos oficiales. Se da la circunstancia de que en la propia orden firmada por Ubarretxena consta un recordatorio de los plazos legales exigidos y que no se cumplieron.

Desde el Gobierno, preguntados por este expediente, insisten en que “antes de Navidad” a Sagardui “ya se le había comunicado” de un modo “informal” que no había ningún problema, aunque eso no consta en el expediente. Sí se asume que la fecha de la resolución es “tardía” pero lo justifican por problemas “internos”. Recalcan que el 23 de diciembre ya se conocía que no había incompatibilidad alguna a la luz del informe sobre las relaciones entre Osakidetza y Vithas y que el informe final de la consejera Ubarretxena es simplemente “el cierre de un procedimiento” que acredita lo que ya estaba claro semanas atrás, en tiempo y forma. Se insiste también en que como el caso fue controvertido al saltar a la luz pública se pidieron más informes para descartar cualquier conflicto de intereses. “Hemos querido ser muy puristas y muy rigurosos”, indican desde el Gobierno.

El estado de salud de la Sanidad pública ha bajado del segundo al tercer problema de la población vasca por la inquietud creciente por la vivienda, pero sigue siendo una preocupación para el 35%, exactamente como hace un año. Son datos de un Sociómetro dado a conocer este mismo viernes. En este contexto, el lehendakari, Imanol Pradales, y el consejero de Salud, Alberto Martínez, siguen realizando anuncios para “mejorar” la atención en Osakidetza. Este viernes ha llegado uno nuevo que, a la vez, es una nueva rectificación de las decisiones de Gotzone Sagardui. El Gobierno vasco ha decidido la reapertura de las Urgencias del centro de Vitoria, cerradas en la pasada legislatura bajo la premisa de que era más operativo centralizar toda la atención en el nuevo edificio de Txagorritxu.

Martínez, en declaraciones a los periodistas tras un acto en el centro de salud de San Martín, también reabierto como PAC este mes de febrero después de que se defendiera la oportunidad de su clausura años atrás, ha confirmado que serán urgencias “generales”, que estarán “abiertas al público” y que tendrán turnos de “24 horas”. Hasta ahora, se había justificado que no era un recorte de servicios porque formalmente seguía habiendo atención urgente para pacientes que entraban por ambulancia o derivación, aunque no había posibilidad de acudir a ellas como al resto de hospitales. La información objetiva mostraba que esos cambios habían supuesto más demoras y se habían producido numerosas movilizaciones y quejas de oposición, sindicatos e instituciones locales. Se prevé que las nuevas-viejas Urgencias del hospital de Santiago estén operativas desde el 1 de abril, aunque en dos semanas habrá ya un plan más detallado.

El consejero ha confirmado que la reapertura del PAC ha tenido “buena acogida” y “excelente valoración”, por lo que seguirán aplicando cambios. En ese caso no hubo aumentos de plantilla pero en las Urgencias de Santiago sí habrá “más” profesionales que los que ahora atienden el servicio, ha comprometido. Las rectificaciones no solamente afectan a Vitoria, ya que las ha habido con el servicio de cirugía cardíaca de Basurto, con el almacen logístico de Iurreta o con la contrata de ambulancias, ya que se rescindió la adjudicación a Grup La Pau después de que se defendiera que era una empresa “solvente”.

Martínez, preguntado por los cambios con respecto a la etapa de Sagardui, compañera suya en el PNV y ahora al frente de una clínica privada en el centro de Vitoria, ha asegurado que él “toma decisiones” en función de la “demanda asistencial”, no por criterios políticos. “Este PAC es un ejemplo”, ha señalado desde la sala de espera del ambulatorio de San Martín, lleno de pacientes durante la comparecencia, incluido el director de orquesta Juanjo Mena y muchas madres con niños pequeños. “Sabemos qué hacer y sabemos cómo hacerlo. Tenemos presupuesto pero nos faltan médicos”, ha señalado Martínez sobre la gran limitación que ha encontrado para seguir reforzando Osakidetza. Ha insistido en que Euskadi no tiene competencias para corregirlo, aunque sí ha lanzado propuestas al Estado. La más insistente es que se permita a los facultativos de atención primaria que continúen en servicio (si lo desean) hasta los 72 años. “En este momento, el nudo gordiano del sistema de salud en Euskadi, en España y en Europa no es otro que el déficit de médicos”, ha razonado.

El lehendakari también ha querido poner en valor las medidas adoptadas para mejorar Osakidetza en ocho meses, que se traducen en menos espera quirúrgica, en ambulatorios o para pruebas. “Hemos conseguido ya algunos objetivos”, ha señalado remarcando que prometió para el primer año, que se cumplirá en junio, que la sociedad percibiera ya mejoras. Es importante “escuchar a quien sabe” y “colaborar con quien trabaja en el sistema”, ha manifestado. Con todo, ha pedido no solamente mirar a los cambios “a corto plazo” sino también a las necesarias “transformaciones” a largo plazo. En ese sentido, ha puesto en valor el trabajo de la mesa puesta en marcha para cerrar un pacto de salud. En principio, tenía que tener para marzo un consenso pero todo apunta a que se retrasará unas semanas. Ahora está en la fase de diseñar las medidas concretas después de que los agentes que componen ese foro -Gobierno, oposición, sindicatos, universidades o colegios profesionales- hayan cerrado ya un diagnóstico.

“No es suficiente. Nos queda mucho camino por recorrer. Hay que seguir mejorando la atención sanitaria de la ciudadanía vasca. El acuerdo es nuestra forma de hacer”, ha solemnizado también Pradales, que ha puesto en valor el buen trabajo de su consejero de Salud, de la directora general de Osakidetza, Susana López Altuna, y de todos los profesionales del Servicio Vasco de Salud. Pradales ha aseguado, en todo caso, que no se puede “caer en autocomplacencias” y ha admitido que “a veces” también se “equivocan”.

El Gobierno de Imanol Pradales ha actualizado al fin este viernes, después de meses sin hacerlo, el listado con las autorizaciones recibidas por exaltos cargos de la Administración para empezar a trabajar en la empresa privada, una revisión preceptiva en los dos años siguientes al cese para evitar posibles conflictos de intereses. Ahí figura el caso más controvertido y conocido extraoficialmente, el del fichaje por la clínica privada Vithas San José de Vitoria de la exconsejera de Salud, Gotzone Sagardui. Y figura igualmente su colaborador Mikel Sánchez, ahora en Mutualia. Y también el presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola, que tuvo un breve paso por Mondragon después de dejar de ser director del Ente Vasco de la Energía (EVE). Otro nombre destacado es el de Jonan Fernández, asesor para todo del anterior lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha regresado a Baketik.

El total de nombres en ese listado es de 17. Aparecen Estíbaliz Alkorta (directora de Promoción del Euskera que ha tenido contratos con dos empresas privadas sin relación con su posición anterior), José María Armentia (viceconsejero de Función Pública que ahora es asesor en Bitartesport), Ignacio Barredo (viceconsejero de Economía fichado por Naider), Yurdana Burgoa (jefa de gabinete con Pedro Azpiazu y con Noël d'Anjou recién incorporada a Last Tour), Ana Belén Camacho (de directora de Industria a directora general de Inser Robótica), Iñigo Camino (responsable de Comunicación con Beatriz Artolazabal y Nerea Melgosa que pasó primero a la Fundación Sabino Arana del PNV y después a EiTB), Peli Manterola (de Hazi a Gorbeialde), José Ángel María Muñoz (asesor en Cultura antes, en Tabakalera en la actualidad), José Carlos Peña (asesor de Presidencia que ha regresado a Innobasque), Arantxa Picón (jefa de enfemería en un hospital público que ahora dirige una clínica privada en Gipuzkoa), Humberto Unzueta (asesor de comunicación con Olatz Garamendi que ha vuelto a 'Deia') y Aitor Urzelai (director general de Spri y ahora directivo de Lawesome).

Hay uno más, de la parte del PSE-EE. Se trata de Iván Pedreira, director de Medio Ambiente con Iñaki Arriola -una época en la que llegó a recibir un aviso por cumplimiento insuficiente del Código Ético y a ser investigado en los tribunales- pero que ya dejó el Ejecutivo en 2023 para irse a la Diputación de Gipuzkoa. Sin embargo, al cesar allí en 2024 y no haber pasado aún dos años, también su caso ha sido revisado por el Gobierno vasco. Se incorporó en noviembre a la empresa Lurgiro. Sus funciones son, concretamente, “diseño y ejecución de investigaciones exploratorias de la calidad del suelo, gestión integral de residuos peligrosos y no peligrosos, restauraciones y rehabilitaciones ambientales, recuperación de emplazamientos contaminados, estudios de calidad del medio”.

Como ya informó este periódico, el Ejecutivo llevaba meses sin publicar información sobre altos cargos a la que está obligado. El apagón venía ya del tramo final de la legislatura anterior. De hecho, estos nuevos listados son solamente una parte de los datos y siguen faltando más. Se trata de las indemnizaciones o cesantías cobradas por quienes dejan un cargo, de las retribuciones nominales y el número total de personal de libre designación, de las declaraciones de bienes, de las abstenciones o inhibiciones de altos cargos actuales por posibles conflictos de intereses en adjudicaciones y otros asuntos o de las compatibilidades autorizadas a esos mismos directivos y aserores para otras funciones políticas, académicas o similares. Fuentes del Gobierno indican que estos datos también verán la luz en breve.

Con todo, la consejera responsable de la materia, María Ubarretxena, del PNV, ha dejado esta frase este viernes en el diario de sesiones del Parlamento Vasco: “Euskadi tiene 100 puntos sobre 100 en transparencia en el 'ranking' de comunidades autónomas que elabora Transparencia Internacional. Es un 'ranking' elaborado por una organización no gubernamental reconocida internacionalmente por su trabajo y en favor de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Su independencia está fuera de toda duda”. Euskadi es también la única comunidad autónoma sin ley propia de transparencia. Ha habido tres intentos fallidos, tantos como legislaturas de Urkullu. Está también prometida por Pradales.

En la primera sesión de control de 2025, PP y EH Bildu, con enfoques diferentes, han realizado preguntas tanto al lehendakari como a Ubarretxena por asuntos de esta índole. El líder de los 'populares', Javier de Andrés, ha denunciado las “puertas giratorias” -aunque no les ha puesto nombres y apellidos- y ha ironizado que la Presidencia se ha convertido en una productora de Netflix porque hay nuevos cargos de “asesor de identidad digital, asesor audiovisual de fotografía, asesora de publicidad, asesor de diseño gráfico y de asesor de contenidos”. También insiste en criticar las externalizaciones de los procesos de selección. El lehendakari, que llevaba desde noviembre sin responder preguntas de la oposición en la Cámara, ha lamentado que el PP busque importar las “formas y maneras” de hacer política en Madrid y ha retado a De Andrés a que lleve a los tribunales lo que considere irregular. Garikoitz Mujika ha alertado de problemas de “estética” con algunos nombramientos de Presidencia y con la financiación de los medios de comunicación. Ubarretxena le ha respondido igualmente a la coalición abertzale que no han de dar lecciones.

La policlínica San José de Vitoria, del grupo Vithas, no ha recibido ningún tipo fondos públicos entre 2020 y 2024, cuando Gotzone Sagardui fue consejera de Salud, según un informe oficial firmado por su sucesor, Alberto Martínez, también del PNV, y que ha sido enviado este miércoles al Parlamento Vasco a instancias de EH Bildu. Rebeka Ubera preguntó por la relación con Vithas después de que este periódico adelantara en enero que Sagardui había sido fichada como directora médica de este centro apenas medio año después de abandonar el Gobierno. Otro de sus altos cargos, Mikel Sánchez, ha fichado igualmente por Mutualia como antes Jon Darpón y otros colaboradores recalaron en Keralty (Sanitas Internacional).

Recalca Martínez que “el Departamento de Salud no ha mantenido relación económica con la clínica Vithas” entre 2020 y 2024. Tampoco ha habido adjudicaciones de “ningún otro” organismo de la Administración autonómica. Igualmente, tampoco con posterioridad a la marcha de Sagardui se han formalizado conciertos. De hecho, el consejero llega a decir que no hay ni siquiera “intención” de explorarlos. Es lo mismo que ya había trasladado en los medios de comunicación tras conocerse el nuevo destino de Sagardui.

Los altos cargos han de solicitar una autorización en los dos años posteriores a su salida del Gobierno cuando fichen por una empresa privada. Se trata de un control para evitar posibles conflictos de intereses. En este caso, el dictamen fue favorable. No obstante, la Administración lleva meses y meses sin actualizar ni esos datos sobre Sagardui ni otros que son de obligada publicación, como el número de altos cargos, sus retribuciones o los permisos para compatibilizar la actividad pública con otras de tipo académico o similares.

Salud, en todo caso, sí indica que había mantenido convenios con Vithas antes de la etapa de Sagardui. En el año 2019, por ejemplo, resultó adjudicataria de un contrato de derivación de pacientes de Osakidetza. Ese contrato expiró en diciembre de 2020, es decir, ya con Sagardui en el cargo, pero “se recogía la posibilidad de la realización de tres prórrogas” de un año y nunca se llegaron a ejecutar. Dice el Gobierno que fue “la empresa” la que “no prorrogó” el acuerdo, en todo caso.

En total, desde 2009 esta empresa ha percibido 3.130.005,28 euros. Por ejemplo, en 2020, el año de la llegada de la COVID-19 y el último con acuerdos con la policlínica San José, se le abonaron 264.110,80 euros para apoyos de hospitalización y otras prestaciones. Los años con más ingresos fueron los del PSE-EE en el Ejecutivo, 2009, 2010 y 2011, siempre según los datos del informe de Martínez.

La noticia de que Gotzone Sagardui, exconsejera de Salud, ha fichado como directora médica de la clínica San José de Vitoria del grupo privado Vithas ha destapado que el portal de información sobre altos cargos del Gobierno vasco lleva meses sin ser actualizado. La autorización para que Sagardui puede saltar a ese puesto —es obligatorio tenerla en los dos años posteriores al cese— no apareció en su momento en el apartado correspondiente de la página web, como tampoco la de otros excargos como Mikel Sánchez, también ahora en la Sanidad privada, en su caso en Mutualia.

En un repaso a ese portal, en el que se especifica que los datos han de ser “públicos” y de fácil acceso, no solamente no hay información de los numerosos cargos que salieron con la llegada de Imanol Pradales y que han podido encontrar acomodo en empresas privadas u otras actividades. Faltan muchos más datos.

La relación del personal con autorización para compatibilizar su puesto político con otras actividades (como la docencia, las colaboraciones en medios o los cargos en los partidos) no se ha actualizado desde el 2 de noviembre de 2023. La evolución del número de cargos públicos no se ha modificado desde el 23 de junio de 2023, cuando es conocido que la llegada de Pradales ha implicado un incremento de carteras y de altos cargos y asesores.

Desde el 14 de junio de 2023 no se modifica el listado de cargos que se han abstenido de tramitar o firmar un asunto por un conflicto de intereses. No es tema menor. La exconsejera Arantxa Tapia, por ejemplo, se inhibía en todo lo relativo a la compañía de su marido, Vicomtech. Lógicamente, no hay información alguna de posibles casos de esta legislatura, con muchas caras nuevas.

En cuanto a salarios, el 7 de febrero de 2024 se publicaron los datos relativos a las declaraciones del IRPF de los altos cargos correspondientes a 2022 y liquidadas en 2023. No hay información más reciente. Se indica que en octubre de 2024 se actualizaron los datos con las retribuciones nominativas de los altos cargos, pero no hay datos recientes. En otras tablas se agotan en 2023, cuando ya están en vigor los presupuestos de 2025. Finalmente, son del 29 de septiembre de 2023 las tablas sobre las indemnizaciones que cobran los altos cargos cuando salen del Gobierno, por lo que tampoco hay información sobre Urkullu y sus exconsejeros.

Cuando surgió el caso de Sagardui, fuentes del área de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, la que gestiona la política de altos cargos y funcionarios, indicaron que asumían el error de no tener actualizado ese portal y que “en breve” se aportarán todos los datos pendientes. De momento, la oposición los ha solicitado ya por vía parlamentaria igualmente.

Se da la circunstancia de que Euskadi es la única comunidad autónoma sin ley de Transparencia propia. Ha habido tres intentos, tantos como legislaturas de Urkullu, pero nunca se terminó por aprobar por diferentes circunstancias, aunque en las dos últimas ha habido mayorías absolutas. Ahora, Pradales también ha prometido sacar adelante esa normativa. La consejera al cargo es nuevamente la de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena.

LAB ha denunciado que el “fichaje” de Mikel Sánchez, que fue director de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias bajo la dirección de la exconsejera de Salud Gotzone Sagardui, es “el pago a los favores” del Departamento de Salud a Mutualia, mutua empresarial “de la órbita del PNV”.

En un comunicado recogido por Europa Press, la central sindical ha recordado que en mayo de 2022 denunció que el Gobierno vasco, en manos de PNV y PSE, habría proporcionado a esta mutua empresarial la historia clínica de trabajadores. Un hecho, ha advertido LAB, que tiene “evidentes riesgos” para los trabajadores, ya que “cualquier problema de salud o episodio de su vida puede ser utilizado por la empresa para negar una enfermedad profesional”.

Asimismo, ha subrayado que el propio Ararteko denunció que los trabajadores firmaron la autorización de la cesión de las historias clínicas “bajo presión” y que “no procede continuar con esta praxis”, ya que “se aprovecha de la situación de debilidad del trabajador”.

Por otro lado, LAB ha criticado que este “regalo” de PNV y PSE PSE ha tenido como recompensa “generosos sueldos de las puertas giratorias”. Además, ha apuntado que “el 100% del dinero que gestiona Mutualia es público, pero las decisiones las toman los empresarios al amparo de sus intereses”. “Ahora, Mikel Sánchez recibirá un buen sueldo, dinero público, por decisión de un consejo de administración compuesto por empresarios”, ha denunciado.

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha acusado a EH Bildu y al PP de llevar a cabo “una campaña” contra la formación 'jeltzale' recurriendo a “mentiras” sobre el nombramiento de la exconsejera de Salud Gotzone Sagardui como directora médica del hospital privado Vithas Vitoria, del que ha afirmado que le parece “muy apropiado” por la experiencia de Sagardui y porque “no hay relación comercial” entre el Gobierno Vasco y esta empresa. Antxustegi, que ha comparecido ante los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, ha defendido la incorporación de Sagardui, consejera de Salud desde septiembre de 2020 hasta junio de 2024, y ha respondido a las críticas de EH Bildu y PP a su incorporación a Vithas.

El portavoz parlamentario 'jeltzale' ha acusado a EH Bildu y al PP de desarrollar “una estrategia conjunta que trata de desacreditar el ejercicio de la política”. Díez Antxustegi ha afirmado que la actitud de ambas formaciones supone “un paso más en una campaña permanente de desprestigio del ejercicio de la propia política”. Según ha afirmado, EH Bildu y PP han desarrollado dicha campaña a través de “'fake news', mentiras y medias verdades”. “Ha habido personas políticas que han llevado a cabo esta campaña y que lo han hecho sin esperar a tener la información; han aprovechado para salir y hacer ruido sin tener la información”, ha denunciado, tras lo que ha indicado que quienes han actuado de esta forma “podían haber hecho preguntas parlamentarias y solicitudes de información al Gobierno” para tener un conocimiento más completo de lo ocurrido con este nombramiento.

El portavoz del PNV en la Cámara ha lamentado que EH Bildu y el PP no hayan planteado estas preguntas y solicitudes de información antes de pronunciarse en torno a este tema, y ha afirmado que esto se debe a que “no les importa la realidad”, dado que “lo que les importa es generar ruido”. “Lo que han hecho ha sido dar un paso más en una permanente campaña de desprestigio de la política y han tenido como su único objetivo de arremeter contra el PNV”, ha criticado.

Frente a los reproches de ambas formaciones, ha recordado que “existen unos criterios claros para regular el paso de una persona de la política a la empresa privada”. En este sentido, ha destacado que en el nombramiento de Sagardui como directora médica de la clínica Vithas de Vitoria se han cumplido dichas condiciones, por lo que su designación, “sin lugar a dudas, es legal”.

Además, a la hora de analizar este caso desde un punto de vista “ético”, ha puesto de manifiesto que “en los últimos años” no ha existido “una relación contractual comercial entre el Departamento de Salud o el Gobierno vasco” con esta empresa sanitaria, y tampoco en la actualidad existe una relación de ese tipo. Díaz Antxustegi ha asegurado incluso que tampoco habrá “en el futuro” una relación comercial entre el Ejecutivo vasco y Vithas. Por todo ello, ha afirmado que desconoce “dónde están las dudas en esta cuestión”. El portavoz del PNV en el Parlamento ha denunciado que en este caso existe “un interés partidista de generar ruido”.

A su vez, ha planteado la necesidad de reflexionar sobre “cuál es el papel que adoptamos para interpretar el paso de unas personas a la empresa privada cuando acaban su actividad política. ”Habrá quien crea que una persona, cuando deja la política, no puede pasar a la empresa privada“, ha indicado.No obstante, ha manifestado que el PNV no comparte esa opinión, puesto que considera que ”siempre que se cumplan unos requisitos que estén establecidos“, debe permitirse el paso de la esfera pública a la privada.

El representante 'jeltzale' ha advertido de que “si impedimos que una persona, cuando acaba su experiencia y su etapa en política, pase a la empresa privada, no vamos a ser capaces de atraer talento a la política”. Asimismo, ha afirmado que “si no permitimos un paso a la a la empresa privada, nadie va a querer dejar la política y la gente se va a aferrar a sus puestos”.

De esa forma, y en referencia a Sagardui, ha afirmado que en un caso como este, en el que no existe “ninguna relación comercial” entre el Gobierno vasco y Vithas, le parece “muy apropiado” que una persona que es licenciada en Medicina y que tiene “amplios conocimientos sobre la gestión sanitaria”, haya “fichado” por una empresa “que se dedica a algo que guarda relación con lo que ella ha estudiado y con la experiencia profesional que ella tiene”.

La coalición EH Bildu ha pedido este jueves al Gobierno de Imanol Pradales una copia del expediente completo que ha autorizado la contratación de la exconsejera de Salud Gotzone Sagardui por una clínica privada de Vitoria. En la respuesta quiere que estén “incluidos todos los informes preceptivos por ley en este tipo de procedimientos”, según ha planteado la formación, que previamente había considerado poco “ético” este movimiento de pasar a la Sanidad privada a los pocos meses de dejar el Ejecutivo.

EH Bildu ha recordado que la ley establece que “si el nuevo empleo tiene relación con la labor desempeñada en la Administración, los altos cargos tienen que esperar dos años antes de volver al sector privado”. “En el caso de Sagardui, el Gobierno le ha permitido no cumplir ese plazo” por lo que “para clarificar el fundamento legal de la decisión de Lakua” toca ver el “expediente completo, con todos los informes”, ha indicado la parlamentaria Lamia Arcas.

Es de la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, de quien depende “el órgano que gestiona y resuelve las solicitudes de autorización de altos cargos para realizar actividades privadas”. Desde 2023 no se ha hecho pública ninguna de las resoluciones de posibles casos de conflictos de intereses, algo preceptivo para todos los excargos que pasan al sector privado en los dos años siguientes a su cese.

Entre los papeles a los que quiere acceder EH Bildu, están las “copias de sus declaraciones de actividades y de bienes, y su declaración responsable sobre el cumplimiento de las obligaciones de abstención e inhibición, en caso de que la haya presentado”. Asimismo, Arcas quiere ver la oferta de empleo de la clínica a Sagardui, “indicando la modalidad de contrato, duración, categoría, retribuciones y actividades a realizar”, así como la resolución de la comisión de incompatibilidades autorizando la contratación de la exconsejera y la notificación de dicha resolución a la clínica privada, “por ser parte interesada en el procedimiento”.

Gotzone Sagardui posa ya con la bata blanca de “médico” de Vithas. El grupo privado ha confirmado con un comunicado el fichaje como directora médica de la clínica San José de Vitoria de la exconsejera de Salud del PNV hasta junio del pasado año, una noticia adelantada por este periódico el mismo día en que inició su nuevo trabajo, el 8 de enero. En la nota, Vithas asegura que con Sagardui ganan en “excelencia médica” y en “gestión eficiente” y añaden que “Gotzone” —como la llaman— afronta con “gran ilusión” la nueva etapa.

Vithas San José ha enviado a los medios de comunicación una fotografía de su nueva directora médica. También un escrito en el que explica que han pensado en ella por su “destacada trayectoria profesional”. Lo hacen después de que la oposición haya empezado a denunciar el salto a la privada de quien era máxima responsable de la Sanidad pública hasta hace apenas seis meses, previo paso temporal por su plaza de alta funcionaria en la UPV/EHU, en concreto en la vicegerencia del campus de Bizkaia.

El grupo insiste en la tesis que ya defendieron antes las fuentes consultadas por este periódico: “como corresponde” se informó del nombramiento a la comisión de incompatibilidades de la Administración, que por ley revisa todas las contrataciones de excargos en los dos años siguientes al cese por si hubiere conflicto de intereseses. Ese dictamen es favorable —aunque no se ha hecho público— y Vithas remarca que no tiene conciertos sanitarios con la Administración que puedan generar problemas.

Dice la clínica privada que Sagardui atesora “un gran conocimiento en el ámbito sanitario en el País Vasco”, así como de las “necesidades” de la población. “Su experiencia en gestión de equipos, presupuestos, liderazgo organizacional y gestión sanitaria la posiciona como una figura clave para reforzar la calidad asistencial y experiencia de paciente del hospital Vithas Vitoria”, explican.

Y concluyen: “Gotzone confirma que inicia esta nueva etapa profesional con gran ilusión, consciente de los desafíos que afronta el sector en estos tiempos, pero fiel a su vocación por el cuidado de la salud de las personas, sabiendo que en Vithas Vitoria cuenta con un excelente equipo de profesionales”. Vithas tiene 20 hospitales y 39 centros médicos en 14 provincias, según sus propios datos. Tiene 12.600 profesionales y se considera “uno de los líderes” de la Sanidad privada en España.

El fichaje de la exconsejera de Salud, Gotzone Sagardui, como directora médica de la clínica privada Vithas San José de Vitoria a los seis meses de haber dejado el cargo y a pesar de que inicialmente había regresado a su plaza de alta funcionaria en la UPV/EHU ha suscitado las críticas de la oposición, particularmente duras desde la izquierda, que usa la expresión “puerta giratoria”, y también la comunicación oficial de Osakidetza a ese centro de que no mantendrá ninguna relación “comercial” en el futuro, según ha garantizado el sustituto de Sagardui, Alberto Martínez. La aludida no ha respondido a la invitación de este periódico para exponer su punto de vista.

En el Parlamento Vasco, la principal fuerza de la oposición, EH Bildu, ha pedido separar la “legalidad” de la designación -que ha contado con el visto bueno de la comisión que revisa los posibles casos de conflicto de intereses en los dos años posteriores al cese- de la “ética” y de la “estética”. “Nos encontramos ante una situación preocupante. Parece que hay quien ha empezado a cobrar por los servicios prestados. Esto, desde luego, encaja perfectamente con ese 'cambio cultural' del que habló en su día la exconsejera. Pero lo que está por ver es cómo encaja en ese pacto ético que presentó el lehendakari al inicio de la legislatura”, han manifestado en una rueda de prensa sobre Sanidad las representantes de la coalición Nerea Kortajarena y Rebeka Ubera. Hacían referencia, por un lado, a una conferencia pronunciada por Sagardui en la que pedía una nueva mentalidad para entender que habría consultorios sin médico o que habría que ir más lejos a la consulta y, por otro, a la reciente propuesta de Imanol Pradales sobre la ejemplaridad en política, que finalmente ha encallado en la Cámara.  

“Es un auténtico escándalo que, con la falta de médicos que tenemos en Osakidetza y con la grave situación que estamos viviendo, la exconsejera y militante del PNV Gotzone Sagardui haya optado por acudir a la sanidad privada. Desde EH Bildu queremos interpelar directamente al lehendakari Pradales, a los cargos del PNV y también al PSE-EE [socio de coalición del PNV] para conocer su opinión sobre esta cuestión. ¿Consideran que esto es compatible con esa ejemplaridad que tanto se reclama? ¿Encaja esto en la forma de entender la política que tienen tanto el PNV como el PSE-EE?”, se preguntan en EH Bildu. Y agregan: “No tenemos ninguna duda de que se intentarán justificar estas actuaciones con argumentos legales. Pero aquí no estamos hablando solo de legalidad, estamos hablando de ética, de estética y del impacto que estas decisiones tienen en nuestra sociedad. Esto no es ético, no es estético y, desde luego, no es inocuo. No podemos normalizar lo que no es normal. Y quiero dejar algo muy claro: ni Rebeka Ubera ni yo, Nerea Kortajarena, recibiremos jamás ningún premio de la sanidad privada. Eso lo aseguro con rotundidad”, han llegado a decir..  

Entiende EH Bildu que la noticia sobre Sagardui causa “desafección política” porque “refuerza la percepción de que las cosas no cambian”. “En un momento en el que Osakidetza se encuentra en una situación crítica, con un enorme esfuerzo colectivo para revertir su declive, actuaciones como ésta restan credibilidad y van en la dirección contraria. Hoy más que nunca, defendemos una manera diferente de hacer política, basada en la ética, la ejemplaridad y el compromiso con lo público. No, no todos somos iguales. EH Bildu apuesta y seguirá apostando por un Osakidetza fuerte, público y al servicio de toda la ciudadanía”, han indicado sus portavoces.

En una rueda de prensa en Bilbao, el líder del PP, Javier de Andrés, se ha pronunciado también sobre el salto de Sagardui a la privada. “Es una decisión de una empresa privada y de su dinero gastan, con lo cual ellos sabrán si es una buena opción. No la puedo juzgar. Pero estaremos atentos a ver si eso podría tener alguna influencia posterior en los convenios que se podían celebrar, si esto tiene alguna consecuencia distinta a lo que sería una relación legítima entre la Sanidad pública y la Sanidad privada”, ha manifestado, según informa Belén Ferreras. “Gotzone Sagardui, exconsejera de Salud con Iñigo Urkullu, da el salto a la dirección de una clínica privada tras años de recortes y debilitamiento en Osakidetza. Éste es un nuevo ejemplo de las puertas giratorias entre lo público y lo privado, donde quienes gestionan el desmantelamiento de la Sanidad pública acaban encontrando su recompensa en el sector privado”, abundan desde la coalición Sumar. Podemos, de su lado, cree que no es “un caso más de las vergonzosas puertas giratorias” del PNV porque así se añade que “la exconsejera ficha como directora médida de una clínica privada después de desmantelar la Sanidad pública”. “El PNV no cree en la sanidad pública y trabaja para la red privada. Cabe recordar que el anterior consejero Jon Darpón fichó por Keralty”, indican desde este partido.

En una comparecencia sobre la gripe, también en Bilbao, el nuevo consejero, Alberto Martínez, con plaza en Osakidetza, se ha pronunciado sobre el asunto. Por un lado, ha recalcado que el fichaje tiene todos los parabienes legales. Eso sí, esa documentación no está publicada en los portales de transparencia y, de hecho, no se ha informado de ninguna resolución sobre compatibilidades desde 2023, desde hace casi dos años. Por otro lado, ha insistido en que Vithas San José, uno de los centros privados de referencia de Vitoria, no tiene ningún convenio con Osakidetza y ha añadido que en el día en que se conoció la noticia la delegación territorial de Salud en Álava comunicó a esta policlínica que no celebrarán acuerdos en el futuro ni tendrán “relación comercial”. “Le deseo el mejor de los éxitos”, ha zanjado Martínez, que ha renovado casi en su totalidad el equipo que heredó de Sagardui.

La exconsejera de Salud, Gotzone Sagardui (PNV), ha sido nombrada recientemente directora médica de una de las clínicas privadas más importantes de Vitoria, Vithas San José. Después de dejar el cargo con la llegada de Imanol Pradales en el verano de 2024, Sagardui regresó a su plaza en la vicegerencia del campus de Bizkaia de la UPV/EHU. Sin embargo, en menos de medio año ha encontrado un nuevo acomodo, según han confirmado tres fuentes a este periódico.

Sagardui se convirtió en consejera de Salud en el verano de 2020, después de la primera ola de la COVID-19. Sus primeros meses estuvieron marcados por la gestión de las restricciones sanitarias. Poco a poco, la preocupación por la calidad de la Sanidad pública en Euskadi fue creciendo hasta convertirse en el gran lunar de la gestión del tercer y último mandato de Iñigo Urkullu. Su salida estaba cantada con la llegada de Pradales, que confió la cartera de Salud al doctor Alberto Martínez, que ha enmendado algunas de las decisiones anteriores -como es el caso del cierre del segundo PAC de Vitoria o del servicio de cirugía cardíaca de Bilbao- y ha puesto en marcha una mesa para lograr un pacto para mejorar Osakidetza.

El nuevo nombramiento ha tenido que contar, necesariamente, con el visto bueno de la comisión de incompatibilidades del Gobierno vasco, que vigila posibles conflictos de intereses en los dos años posteriores al cese. En el caso de Sagardui, se ha entendido que este puesto no guarda relación alguna con Osakidetza, ya que no es un centro concertado, por ejemplo. Hay un precedente reciente. El exconsejero Jon Darpón, también del PNV, dimitió en 2019 por las denuncias de irregularidades en las oposiciones médicas del año anterior y de ahí, como adelantó también este periódico, saltó a la aseguradora privada Keralty (Sanitas Internacional) junto con otros colaboradores de su equipo como Fátima Ansotegi. Quien fuera miembro de su equipo, Ibon Etxebarria, pasó también a gerente de la principal adjudicataria de ambulancias de Osakidetza, Grup La Pau, aunque aquí habían pasado más de dos años desde su abrupta salida por haberse saltado las restricciones de la pandemia para ir a jugar al golf.

El Gobierno no mantiene actualizada la lista de ex altos cargos que han recibido el visto bueno para emprender una nueva actividad privada. No hay ningún movimiento en esa web desde 2023, hace casi dos años y es imposible ver la resolución sobre Sagardui, que según algunas de las fuentes consultadas ha sido presentada y resulta a su favor.

Sagardui, nacida en Bilbao en 1966, es licenciada en Medicina por la propia UPV/EHU y máster en prevención de riesgos laborales. Adquirió una plaza de funcionaria de carrera en la Universidad, donde siempre ha trabajado en áreas de gestión. Bilbaína de nacimiento, su carrera política siempre ha estado muy unida al alcalde de Bilbao, Juan María Aburto. Con el inició su andadura en el IFAS foral, el instituto de asistencia social que gestiona las residencias. Después, cuando Aburto entró como consejero al primer gabinete de Urkullu en 2012 fue alto cargo de Lanbide. Durante una etapa fue también parlamentaria del PNV, pero luego saltó al Ayuntamiento de Bilbao para ser incluso teniente de alcalde, entre otras carteras.

¿Qué ha sido del resto de consejeros de Urkullu? La pasada semana se supo que Olatz Garamendi ha sido nombrada vocal de la Comisión Jurídica Asesora (COJUA). El vicelehendakari Josu Erkoreka fue recolocado a las 48 horas de salir del Ejecutivo como asesor de la Diputación de Bizkaia. La otra vicelehendakari, Idoia Mendia, de la parte del PSE-EE, ya había dejado su puesto al ser elegida europarlamentaria en las elecciones de junio. Le sucedió temporalmente Iñaki Arriola, que ha pasado a integar el consejo de Renfe Mercancías. La exconsejera Arantxa Tapia sí está en sus plazas de la UPV/EHU. Jokin Bildarratz se ha jubilado, al igual que Pedro Azpiazu. Siguen en el Ejecutivo en la nueva etapa el socialista Javier Hurtado, que conserva exactamente sus mismas funciones, y los nacionalistas Nerea Melgosa y Bingen Zupiria, ahora responsables de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico y Seguridad, respectivamente.