Más de cinco autobuses han llegado durante la pasada madrugada y parte de la mañana a la estación de Atocha-Almudena Grandes de Madrid. Tres de ellos transportaban a los viajeros de los trenes accidentados en Adamuz (Córdoba) que habían partido de la estación madrileña. Según han informado Samur y Suma 112, desde que tuvieron noticias del incidente se pusieron a disposición de Renfe y Adif para desplegar un dispositivo de atención a afectados y familiares, con un equipo psicosocial formado por psicólogos y varias unidades de atención sanitaria que han trasladado a cuatro heridos leves para ser atendidos en hospitales de la capital.

La de este lunes ha sido una mañana de nerviosismo, carreras e incertidumbre para muchos pasajeros. A mediodía el equipo de Samur se retirba para pasar a una fase de mayor “normalidad”, aunque pendientes de posibles novedades, según ha informado su supervisor de guardia, Juan José Jiménez Mediavilla. El Suma 112 permanece para seguir ofreciendo apoyo psicológico y mantendrá una unidad asistencial.

Los psicólogos desplegados han atendido a alrededor de una veintena de personas y desde los primeros momentos han trabajado en la instalación de salas de atención a familiares, donde han realizado la asistencia tanto a afectados como a quienes llegaban buscando noticias de los viajeros. “Hemos intentado, dentro de lo duro del momento, transmitir la máxima normalidad y tranquilidad a los ciudadanos. Entonces intentamos que el equipo de psicólogos sea muy discreto y que hable con ellos con la máxima intimidad para intentar dar el mayor calor que podamos”, explica Almudena Crespo Ruiz, jefa de guardia de Suma 112. “Ha habido momentos bonitos de familias que se han reencontrado, que venían de otros autobuses, gente que nos cuenta que ha ayudado a otras personas en el accidente y quería saber cómo estaba esa persona”, asegura.

Según ha relatado Samur, desde primera hora han ido llegando los primeros familiares a la estación en busca de noticias: “Las primeras familias que llegaron sí tenían más problemas de contactar. Había gente que llegó corriendo a la estación a primerísima hora y todavía es verdad que faltaba información y modo de contactar”, ha contado Jiménez Mediavilla, que ha atendido a decenas de medios de comunicación expectantes. Crespo Ruiz ha destacado el “miedo y la angustia” que se ha vivido en el lugar: “Había una señora, por ejemplo, que no sabía nada de su hermano y empezó a somatizar con la angustia que tenía”.

“He decidido venir a ayudar”

La oficina de información al viajero ha sido el punto donde se juntaban la mayoría de pasajeros que buscaban alternativas esta mañana para llegar a Andalucía. Allí, entre nervios, dudas, prisas y preguntas, el personal de la estación ha intentado ofrecer soluciones. Algunos han podido viajar en los mismos autobuses que venían de Adamuz y volvían hacia Córdoba. Otros han encontrado alternativas improvisadas.

Antonio llegaba esta mañana a Atocha y se acercaba al lugar ofreciendo ocho plazas en su furgoneta camino a Córdoba: “He escuchado en la radio que había muchos muertos y he decidido venir para ayudar. Decían que había mucho lío con todo y voy a llevar a ocho personas a Córdoba de manera altruista; si en Córdoba hay otras ocho personas que tengan que venir a Madrid, pues me los traigo para acá”.

Una de las pasajeras que le seguía era Emilia, que tenía programado un tren hoy a Córdoba. “Estaba preocupada por cómo llegar, pero más que nada estoy conmocionada, porque si lo hubiera cogido hace solo unas horas, podría haber estado yo en ese tren y el accidente ha sido gravísimo. Eso es lo que me tiene más angustiada”, ha contado. Detrás de ella esperan sentadas decenas de personas pendientes de alternativas para llegar a sus destinos.

Los pasajeros que llegan a estas horas a Atocha y quienes han viajado o tenían programado trasladarse en uno de los trenes afectados comparten la angustia de haberse visto cerca de la tragedia. Es el caso de Diana e Iciar, madre e hija, que viajaban la pasada tarde en un tren entre Madrid y Huelva, cinco minutos antes del Alvia accidentado con el mismo trayecto: “Todo el viaje se desarrolló con normalidad hasta las 19.30 o 20.00 horas, cuando empecé a escuchar a alguna compañera de vagón que decía que su hija estaba en el tren de Madrid a Huelva y que había descarrilado”, explica Diana.

“Ya una vez en Sevilla, que sería como 30 minutos más tarde, tuvimos más noticias por parte de esa señora. Su hija le contó que parecía que había algún fallecido y que estaban muy nerviosos porque no podían salir de los vagones”. No fue hasta unas horas después cuando supieron de la magnitud del accidente. “Impresiona mucho, es un tren que cogemos nosotros y nuestros familiares dos o tres veces al mes. Es una suerte no haber estado en ese tren, pero un susto y una pena terrible por todos los que iban ahí”, añade Iciar.

Agustina, muy nerviosa, es una de las que esperan a un autobús que le lleve hasta Córdoba. Es argentina y cuenta que esta es la primera vez que viaja a Europa. Ella y su acompañante planeaban ir hasta Sevilla para coger un avión a Italia: “Es la primera vez que cogemos aquí el tren y pasa esto. Pero la gente está ayudando mucho. Nos acaban de ofrecer un autobús para poder llegar al menos a Córdoba y viajar a Sevilla por nuestra cuenta como podamos”.

Un equipo médico del Summa 112 ha hallado muertos a un varón y a una mujer, ambos de 60 años, con heridas de arma blanca en un chalet situado en la calle de la Jara de la localidad madrileña de Alpedrete, según un portavoz del servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Una llamada ha alertado de los hechos sobre las 12.00 horas del mediodía. Una vez el equipo médico ha llegado hasta el lugar del suceso, se han encontrado los cuerpos sin vida de un varón y de una mujer, ambos de 60 años, y los dos muertos con signos visibles de violencia. Según fuentes próximas a la investigación citadas por EFE, las dos personas eran pareja.

El hijo de la pareja ha sido quien ha encontrado inicialmente los cuerpos sin vida de las víctimas en habitaciones diferentes. Tras el hallazgo, ha quedado en estado de 'shock'.

El hombre tenía antecedentes psiquiátricos por intentos autolíticos y depresión, han precisado fuentes próximas a la investigación a EFE. No existían denuncias previas, ni ninguna de las víctimas estaban registradas en VioGén, el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género de España, han indicado a EFE las mismas fuentes.

Lo único que he podido hacer el equipo del Summa 112 ha sido confirmar el fallecimiento de ambas personas. Posteriormente, la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de los hechos y según fuentes de la Benemérita consultadas por Europa Press no se descarta ninguna hipótesis al respecto.

El levantamiento de los cadávares ya ha finalizado y ambos han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal donde se les realizará la autopsia.

Un trabajador de una contrata de Metro de Madrid ha recibido un corte profundo en el antebrazo mientras utilizaba una radial operando en una obra, en la estación de Ciudad Universitaria. Los efectivos del Summa 112 llegaron a los pocos minutos junto a varios agentes policiales, entre ellos de la Policía Nacional, que aplicaron un torniquete al herido, de 25 años.

Pese a la zona de la herida, los sanitarios desplazados indicaron que no necesitará amputación inicialmente, según confirman desde el Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid.

Agentes de la Policía Municipal también se desplazaron a la zona del suburbano en la que se hallaba el empleado. Los hechos se notificaron a las 18.19 horas de este mismo miércoles. El herido trabaja para la red de Metro, que precisamente mantiene cerrada la línea 6 en esa estación por el corte del tramo entre Moncloa y Legazpi.

El servicio de la Circular lleva suspendido en esos trayectos desde el 6 de septiembre y hasta el 31 de diciembre, como parte de la segunda etapa para la renovación integral de la línea. Los trabajos se iniciaron en mayo, cuando se produjeron los primeros cortes entre Moncloa y Méndez Álvaro.

Finalmente, terminaron de modificar el primer tramo con antelación y estuvo listo poco antes de cerrar el resto de estaciones. Desde la Policía Municipal confirman que el hombre herido era un trabajador de obra de Metro de Madrid, y que aunque el corte le ha producido una importante pérdida de sangre no ha concluido, al menos no en un primero momento, con el peor de los escenarios.

El fulminante cese sin indemnización de cerca de una treintena de trabajadores del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (Summa 112) llevado a cabo por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a finales del mes de agosto, además de generar estupor y gran indignación en muchos de los compañeros de los afectados, dejó al descubierto el lento deterioro de este servicio de urgencias, que siempre ha gozado de un gran prestigio y que es fundamental para salvar vidas.

Como publicó elDiario.es, este despido masivo de profesionales con más de 20 años de experiencia, que se justificó alegando la “amortización de sus plazas”, provocó que la oposición de izquierdas se interesara por el caso y llamara a comparecer en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid al responsable de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, Miguel Ángel Rodríguez Roiloa.

El diputado del PSOE Daniel Rubio consideró estos ceses como “la historia de un maltrato continuado en el tiempo” y “una falta de consideración y de respeto” hacia los profesionales de estos servicios de emergencias. Rubio recordó que desde hace tiempo “el 97% de la plantilla del Summa 112 ha tenido que estar o ha estado en fraude de ley y por eso hubo que hacer un proceso de estabilización”. Además, reprochó al representante de la Comunidad de Madrid la utilización de la baremación de estos profesionales para otras tareas, “a conveniencia, cuando les ha parecido bien”.

Alfredo (nombre supuesto), uno de los trabajadores cesados que tiene tres juicios pendientes por denuncias contra el Servicio Madrileño de la Salud (Sermas), se indigna con la situación en la que se han visto de buenas a primeras tras más de dos décadas en el servicio. “Te has dejado ahí la vida y de repente te encuentras con una situación caótica, sin poder afrontar los gastos de tu casa”, lamenta. Pero a diferencia de otros compañeros suyos él reconoce que es “un afortunado” porque aprobó la oposición y está a la espera de ocupar una plaza “si no falla en el reconocimiento médico”. 

Gabriel, que es conductor, teme volver a enfrentarse con la “sobresaturación de trabajo” y con los mismos problemas que tenía el servicio antes de su cese. “Solo quieren recortar. Nos quitaron coches de refuerzos médicos y de enfermeras aunque ahora no sé como estará la situación. Espero que haya mejorado”, dice, esperanzado.

Las quejas de estos profesionales por las condiciones de trabajo que soportan y las denuncias llevadas a cabo por parte de algunos usuarios de este servicio motivaron que en esta ocasión fuera Más Madrid el grupo que moviera ficha y llamara a comparecer en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid al director gerente del Summa, Pedro Muñoz Sahagún.

Subcontratas y privatización del servicio

Durante la sesión, que tuvo lugar el 17 de febrero, la diputada de Más Madrid, Marta Carmona, denunció que el Summa funciona desde hace tiempo “bajo mínimos de personal” mientras en ocasiones se ve además “obligado a responder con sus recursos a avisos de intervención domiciliaria que deberían haber sido atendidos en Atención Primaria”. Carmona recordó la precaria situación que sufre también el Summa por culpa de la subcontratación del servicio de ambulancias básicas de traslado que está llevando a cabo el Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso y “de la paulatina privatización” de todo el sistema de salud del que se está viendo favorecido el grupo hospitalario Quirón donde trabaja la pareja de la presidenta regional, Alberto González Amador.

Carmona cree que el problema de la infradotación de las plantillas “es tanto propia del Summa como en los sectores externalizados, las ambulancias de soporte vital básico, que dependen de dos empresas que también explotan a sus trabajadores que con su sobreesfuerzo son los que hacen de cortafuegos de las malas decisiones de gestión de cara a los pacientes. El problema es que todo tiene un límite”, abunda la diputada.

Esa carencia principalmente de médicos fue reconocida en su comparecencia por el director gerente. El representante del Gobierno regional del PP, sin embargo, achacó el problema a “la escasez que existe en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS)” y “a una falta de planificación estructural del Ministerio de Sanidad”, que dirige Mónica García, “en lo que respecta a la formación y distribución de profesionales médicos”.

El Summa 112 cuenta actualmente con 1.960 profesionales entre personal sanitario y no sanitario, que en 2024 se vieron sometidos a una enorme sobrecarga de trabajo, ya que, según explicó Muñoz Sahagún, atendieron un total de 1.120.016 llamadas a través del Centro Coordinador de Urgencias (CCU), con una media de 3.069 llamadas diarias –lo que equivale a una cada 28 segundos–.

Según desveló, el servicio movilizó 542.528 recursos asistenciales –es decir, una activación cada 58 segundos–, lo que supuso que los profesionales del Summa 112 asistieran ese mismo año a 484.482 pacientes, de los cuales 21.203 correspondieron al Centro de Urgencias Extrahospitalarias (CUE) de El Molar, también gestionado por este servicio. Además, activaron 2.611 alertas por Código Ictus, 1.245 por Infarto y 59 por sepsis. Asimismo atendieron más de 2.124 paradas cardiorrespiratorias, 10.402 accidentes de tráfico y un total de 4.342 urgencias o emergencias en las que se sospechó de posible violencia contra la mujer“, se explayó el gerente.

Un servicio que requiere inmediatez

“El Summa 112 es una institución clave dentro del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid. Su actividad asistencial refleja el enorme esfuerzo y compromiso de nuestros profesionales para garantizar una atención de calidad, eficiente y accesible a todos los ciudadanos”, aseguró el director gerente, algo que ni la portavoz de Sanidad de Más Madrid ni su homólogo del PSOE, Carlos Moreno Vinués, pusieron en duda durante sus respectivas intervenciones.

Pero lo que sí denunciaron fue ese paulatino deterioro del servicio, que, como recordó Moreno Vinués, “requiere de inmediatez ante situaciones de emergencia como el código ictus o infartos”. Sin embargo, lamentó que esa saturación que sufre el Summa haya derivado en el “deterioro en los tiempos de respuesta ante este tipo de patologías”. Por su parte, Carmona destacó el alto índice de bajas en el servicio “como consecuencia de una situación de recarga laboral de sus profesionales”.

Uno de los muchos casos que ponen en evidencia el deterioro del sistema es el de una señora de 83 años con un marcapasos recién colocado que sufrió una bradicardia de 48,5 pulsaciones por minuto. La mujer llamó al servicio de urgencias y le pasaron con un profesional de Atención Primaria que tras evaluar su caso pidió a las dos de la tarde una ambulancia de soporte vital básico urgente para trasladarla a un centro hospitalario. Según ha podido certificar esta redacción, a las seis de la tarde la directora del centro reclamó de nuevo la ambulancia porque no había llegado y al final la paciente se tuvo que ir al hospital Clínico San Carlos por sus propios medios, en el coche de su hijo. 

El director gerente, sin embargo, recalcó en su intervención que el número de reclamaciones supone un 0,027% en transporte sanitario urgente y un 0,095% en transporte sanitario no urgente. “El índice de satisfacción en el Summa 112 es de un 90% - 91%”, zanjó

La realidad es que el episodio de esta mujer de 83 años no es un caso aislado. El pasado mes de enero, Javier, un hombre de 40 años, sufrió el de una luxación del globo ocular en su domicilio de Fuenlabrada. Su pareja, Estefanía, pese a ser enfermera entró en “pánico absoluto” y llamó al 112 mientras le dejó tumbado para evitar males mayores. “Jamás había tratado un caso similar y no me atrevía a hacer nada”. Pero pasados 10 minutos de espera, muy preocupada, le hizo ella misma la primera cura de urgencia, mientras se mantuvo a la espera al teléfono con la esperanza de poder hablar con un médico para le diera pautas de actuación y saber si podía mover a Javier o si convenía mantenerle tumbado y quieto.

“Lo que yo pedía era, principalmente, que me dijesen cómo debía continuar el proceso de actuación”, relata a elDiario.es. La mujer esperó pacientemente al otro lado de la línea a que la dieran instrucciones, pero pasó el tiempo y nada. “Solo oigo la musiquita y la voz que me indica que no cuelgue que enseguida seré atendida”, cuenta. Cerca de una hora después, decidió llamar también por el móvil de su pareja al servicio de urgencias, sin colgar la otra línea. Tuvo suerte y al narrar su situación le dijeron que le pasaban con un médico. Solo entonces colgó la otra llamada.

“La doctora que me atiende me dice: 'Bonita, llévale al hospital de Fuenlabrada'”. Pero allí le dijeron que no había oftalmólogo de guardia y le recomendaron ir al hospital 12 de Octubre o al de Móstoles y es a este último al que se dirigieron por cercanía. Allí a Javier le hicieron un TAC y las pruebas pertinentes. Los profesionales que le atendieron dijeron a Estefanía que el ojo se había salvado y que su pareja recuperaría la vista gracias a su rápida actuación.

El Summa admite “una gran carga asistencial” tras una queja

Estefanía puso una reclamación por escrito contra el 112 a través del apartado “Atención al Usuario” de la página del Servicio de Salud, que es donde se centralizan todas las quejas. Diez días después recibió una carta de respuesta del Summa 112 en la que le pedían “disculpas por la impresión negativa de la asistencia recibida”, mientras lamentaron que esta no fuera “la esperada”.

Tras reconocer que el servicio sufre de “una gran carga asistencial”, aseguraron que “en estos últimos días, ha habido un pico de llamadas, tanto al teléfono 112 como al 061, que, en momentos, ha desbordado la capacidad de los reguladores del Centro de Coordinador, para poder dar respuesta en tiempo adecuado y deseado”. Situación que aseguraban que estaban “analizando para adecuar, de una forma dinámica, los recursos, tanto técnicos como de profesionales, a los picos de demanda asistencial”.

Lo que le molestó a Estefanía fue que en la carta “dieran a entender” que “colgó el teléfono”. La versión del Summa es que “salvo contingencias técnicas en la comunicación, las llamadas en ningún momento son cortadas, y que siempre y en todos los casos, finalmente, son atendidos por un médico”. “Entendemos que esto a veces o no lo explicamos bien, o por el momento emocional de ustedes no lo entienden bien, pero da lugar a que ustedes cuelguen la llamada”, le explicaron, para recomendarle después que “aun entendiendo la ansiedad del momento, les podemos asegurar firmemente y les aconsejamos, que, en la medida de lo posible, cuando solicitan ayuda al 112 o al 061, nunca cuelguen la llamada, pues, de lo que les hemos expuesto, entenderán, que lo único que se consigue con ello, es retrasar aún más la asistencia”.

“Yo no colgué. Estuve más de 53 minutos por reloj esperando a que alguien me atendiera por la primera línea. Luego llamé por otra y al lograr ya hablar con un médico fue cuando corté la otra llamada”, protesta Estefanía, que después de todo el susto pasado ha decidido pasar página y no ir más allá.

“Muchos médicos y enfermeras prefieren irse a otras comunidades”

Esta saturación del servicio la ratifica Marcos, nombre ficticio de uno de los profesionales del Summa 112 con varios años de experiencia que prefiere guardar el anonimato por temor a represalias. A su juicio, estas emergencias prestan “un gran servicio” y están integradas por “grandes profesionales”, pero “viven de las rentas”. “Lo están destruyendo poco a poco”, sentencia.

Marcos asegura que en el caso concreto del Summa se trabaja con “recursos mínimos”, lo que perjudica en la atención a los usuarios. “Los dispositivos no están completos. Falta personal, sobre todo médicos y enfermeras porque muchos se han ido a trabajar fuera de Madrid a otras Comunidades en donde encuentran mejores condiciones de trabajo”. “Es curioso –señala este profesional– que la Comunidad de Madrid que tiene muchos reclamos para muchas cosas, que tiene hospitales muy grandes y un servicio de emergencias tan potente, cada vez sea la autonomía menos preferida por los profesionales para quedarse”. Según cuenta, “en Madrid se paga poco y se trabaja mucho y mal. El mayor desaliento es dedicar mucho esfuerzo a algo que por estar mal gestionado, al final no sale bien”, dice. “Ese castigo es el que provoca que los profesionales se vayan”. Además, denuncia que “los retenes son horas extras que no se pagan. Con el mismo sueldo tienes que hacer alguna guardia extra lo que supone una forma bajada de sueldo encubierta”.

“La Comunidad de Madrid ha decidido privatizar todas las asistencias sanitarias y han empezado por la Atención Primaria, que vive una situación cada vez más precaria. Lo que no se puede atender en Primaria se deriva al resto de servicios de asistencia y al primero que le llega es al Summa y luego, por extensión, a las emergencias de hospitales. Y cuando estas se saturan, pues luego ya afecta también a los niveles más especializados de los hospitales, aumentando las listas de espera. Ese es, a mi juicio, el mayor problema de nuestro sistema”, explica este mismo profesional. Por eso le pide a Ayuso que “sea sincera”. “Si quiere cargarse el sistema público y regalárselo a la Quirón, que lo diga y lo hacemos ordenadamente”, ironiza.

Julia –nombre también ficticio de una médica madrileña de Atención Primaria–, confirma lo dicho por Luis. “El principal problema es la escasa preocupación de la Administración en cuanto a la asistencia en el primer nivel como es la Atención Primaria. Actualmente contamos con unos medios muy escasos en cuanto a personal, y estamos siempre pendientes de un hilo y en la cuerda floja en cuanto a recursos”. “El desbarate de las ambulancias es tremendo. No se puede confiar en el transporte de un paciente, que ante esa inseguridad se enfadan con nosotros, que somos la cara visible de todo eso y no sabemos qué decirles”. “La subcontratación a empresas externas ha empeorado mucho la calidad del servicio. Hay muchos menos dispositivos disponibles y lo que antes era una hora o dos horas de espera para recoger a un paciente ahora estamos ya en el doble o el triple de tiempo”, explica Julia.

A Ayuso le dice que “si de verdad se preocupa por la salud de los madrileños, que visite los centro de Atención Primaria”. “Que vea en las condiciones en las que trabajamos”.

A finales del pasado mes de agosto, 27 veteranos trabajadores del servicio de Emergencias de Madrid, adscritos al SUMMA 112, regresaron de sus vacaciones estivales y se encontraron con la desagradable sorpresa de sus ceses en un servicio en el que la mayoría de ellos llevaba trabajando más de 25 años. “Recibí una llamada telefónica de un administrativo del departamento de Recursos Humanos para anunciarme que a partir de 1 de septiembre ya no acudiera a mi puesto de trabajo”, relata Gabriel, nombre ficticio de uno de los afectados que ejerce de portavoz de sus compañeros para denunciar su situación.

El despido fue ratificado pocos días después vía telemática, a través de un comunicado firmado por el director gerente del SUMMA 112 en el que se les notificaba como “causa de la baja” la “amortización de la plaza”. La puntilla fue saber que además no iban a recibir ni un euro de indemnización pese a llevar un mínimo de dos décadas realizando distintas labores en emergencias.

El SUMMA 112 es el servicio responsable de todos los servicios de urgencias tanto terrestres como aéreos en todo el ámbito de la Comunidad de Madrid. Fue creado una vez que las competencias de Sanidad fueron transferidas a las Comunidades Autónomas, ya que anteriormente todas las emergencias se canalizaban a través del 061, dependiente del Ministerio de Sanidad. La Comunidad de Madrid fusionó entonces este servicio con el Servicio de Emergencia y Rescate de la Comunidad de Madrid (SERCAM) para finalmente crearse el SUMMA 112, que depende del SERMAS, cuyas competencias recaen en la Consejería de Sanidad de Madrid. Los contratos de estos trabajadores ahora despedidos datan de esa primera época. Tanto Gabriel como el resto de sus compañeros cesados tenían la condición de “interinos estatutarios”, una figura laboral que teóricamente les aseguraba sus puestos de trabajo hasta que no se cubrieran sus plazas por alguna persona que hubiera aprobado la oposición, algo que, según afirman, en todos esos años nunca ocurrió: “Llevamos en fraude de ley 25 años”, sentencia.

Hace unos meses, en marzo de 2024, se convocó finalmente una Oferta Pública de Empleo (OPE) para cubrir 515 plazas de técnico de emergencia en el turno libre, a las que se presentaron 1.944 opositores. En el turno de promoción interna se ofertaron 42 plazas y se presentaron 43 aspirantes, según datos sindicales. Pero este grupo de trabajadores ahora cesado no concurrió a la oferta porque, como insisten, todos tenían ya la habilitación de transportes sanitario terrestre otorgado por la propia Comunidad de Madrid y todos eran técnicos de urgencia y emergencia, lo que les habilitaba para trabajar en esos dispositivos.

De hecho, cuando hace más de dos décadas firmaron sus contratos, se les habilitó para poder ejercer como técnicos de emergencias sanitarias primero en el 061 y luego en el SUMMA 112, a nivel no solo autonómico, sino también estatal, sin necesidad tampoco de tener que realizar un módulo de grado medio que se empezó a exigir posteriormente para acceder a una plaza, un módulo que como les indicaron años después era “recomendable” realizar. Algunos de esos antiguos contratados así lo hicieron “por miedo, ante las amenazas veladas de los distintos gerentes que ha habido en el servicio”, cuenta Gabriel.

Sin embargo, insiste en que ellos estaban “blindados, como queda acreditado en los documentos”. “Todos somos funcionarios de la CAM, bien interinos, bien estatutarios o fijos, o bien funcionarios de carrera, hay un abanico muy amplio e importante de opciones administrativas”, añade. “Somos leyenda viva de cómo ha ido evolucionando este servicio”, sigue relatando Gabriel, que no tiene reparos en añadir que todos ellos han sido y son “personal altamente cualificado”: “Atendemos todo tipo de emergencias, hemos participado en grandes siniestros, estuvimos en las laborales de ayuda tras el terrible atentado del 11M, nos jugamos la vida durante la pandemia cuando ni siquiera había mascarillas suficientes ni vacunas contra la COVID. Hemos ayudado en catástrofes no solo dentro de nuestro país, sino también fuera, en misiones con el Ministerio de Exteriores, hemos atendido todo tipo de urgencias, unos conduciendo UVIS móviles, otros en helicópteros de rescate, en fin, cada uno en su puesto. Nuestra labor ha sido muy importante”, detalla.

Según la versión de este grupo de trabajadores, tras anunciarles sus ceses, la Consejería de Sanidad tampoco les dio alternativa alguna para reubicarles en otros departamentos acordes con su experiencia. “Después de 25 años de servicio y de total entrega nos echan sin contemplaciones, nos dan una patada para ponernos en la calle como basura, sabiendo además que todos hemos sobrepasado los 50 años, que muchos tienen hijos y que a esa edad es muy complicado reciclarse”, lamenta Gabriel, quien por otra parte también destaca el nulo apoyo que han recibido por parte de los sindicatos del sector que son conocedores de la situación.

Sanidad alega que estaban advertidos de su situación

La Consejería de Sanidad, sin embargo, difiere de estos argumentos. Fuentes de este organismo autonómico señalan a esta redacción que allá por 2015 “se crea la formación de Técnico en Emergencias Sanitarias, profesionales que, además de asumir las funciones realizadas por las categorías de locutores, celadores y conductores, cuentan con una formación sanitaria específica”, una “nueva categoría de sanitarios que dota a los equipos de SUMMA 112 de un plus de calidad para los pacientes”. 

Estas mismas fuentes se ciñen a que unos años después, en junio de 2018, hubo un acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad para la implantación de la categoría profesional de TES en el SUMMA 112, por el que “la Administración y los sindicatos acuerdan un proceso paulatino para la integración de esta categoría en el 100% de los puestos de las categorías anteriormente existentes, cuyos puestos se declaran a amortizar (conductor, locutor y celador)”. “En dicho Acuerdo se establece que aquellos puestos ocupados por personal interino de las categorías a amortizar en SUMMA tras la resolución de convocatorias públicas serán amortizados”, y “es por ello que, ante la Resolución del proceso selectivo de la categoría de conductor, las plazas a consolidar por personal fijo no pueden hacerlo en SUMMA 112, ya que en esta organización se trata de una categoría a extinguir”.

Por ello a finales de agosto “se procede a informar de todo lo anterior tanto a las organizaciones sindicales, como a los profesionales afectados tanto telefónicamente como mediante correo electrónico”, sostienen. Y añaden que de los 27 profesionales cesados por amortización, “un total de 4 habían superado el proceso selectivo tomaron posesión en otras Gerencias”; “otro total de 23 no superaron el proceso selectivo, por lo que, como en todo proceso selectivo, los profesionales interinos que no han aprobado no ocupan puesto”.

El PSOE denuncia los ceses en la Asamblea de Madrid

El caso llegó a mediados de octubre a la Asamblea de Madrid de la mano del diputado del PSOE Daniel Rubio que se preocupó por la situación de desamparo en la que se ha quedado esta treintena de trabajadores sanitarios. Su grupo pidió la comparecencia de director general del departamento de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, Miguel Ángel Rodríguez Roiloa, para que diera explicaciones de esos ceses fulminantes. A preguntas de Rubio, el representante del Gobierno de la Comunidad de Madrid se escudó en los mismos argumentos que la Consejería de Sanidad, es decir, que la resolución de los ceses vino motivada porque sus plazas, “en su mayoría de conductores”, “fueron adjudicadas a personal fijo que ha superado el proceso selectivo” que es “donde pueden desempeñar sus funciones, no pudiendo consolidarlas en el ámbito del SUMMA al no existir ya esa categoría”. “Los ceses son inherentes a los procesos selectivos”, insistió Rubio Roiloa.

El diputado socialista no se quedó nada satisfecho con sus explicaciones y acusó al Gobierno regional de estar perpetrando “la historia de un maltrato continuado en el tiempo”, de “una falta de consideración y de respeto” hacia los profesionales de estos servicios de emergencias “que ha tenido su culminación en este proceso selectivo que ha acabado con el despido de numerosos profesionales con una larga trayectoria”. El diputado del PSOE recordó que desde hace tiempo “el 97% de la plantilla del SUMMA 112 ha tenido que estar o ha estado en fraude de ley y por eso hubo que hacer un proceso de estabilización” y reprocho además al representante de la CAM la utilización de la baremación de estos profesionales para otras tareas, “a conveniencia, cuando les ha parecido bien”.

El caso está en la actualidad en los tribunales a la espera de que los jueces decidan la suerte de esos cerca de treinta trabajadores cesados del SUMMA 112, que han presentado denuncias individuales contra la Comunidad de Madrid por “despidos improcedentes” en “fraude de ley” porque creen que hace tiempo que tenían que haber sido reconocidos como “personal laboral fijo”.

“El gobierno de Ayuso debería tener un gesto de humanidad con ellos. Igual que hizo los homenajes públicos a los sanitarios durante la pandemia y puso una placa en la Puerta del Sol, a estas personas habría que tenerlas en consideración y no echarlas a la calle. Hay vacantes no cubiertas. La Consejería de Sanidad tiene 80.000 empleados y el 112 unos 500 y esto es recolocar a un pequeño grupo que no llega ni a 30 personas”, apunta el diputado socialista Daniel Rubio.

La presidenta de la Comunidad de Madrid presume de tener el Gobierno más estable de España. En esta breve legislatura, Isabel Díaz Ayuso no ha realizado ningún cambio en su gabinete, pero esa afirmación no es extrapolable a otros escalones de su Ejecutivo. Y si una consejería se ha visto especialmente afectada por ceses, renuncias y dimisiones ha sido la de Sanidad, un departamento que ha cobrado especial importancia tras la pandemia y que vive enquistados conflictos en la región.

La última en dejar su cargo ha sido la gerente asistencial de Atención Primaria, Sonia Martínez Machuca. Anunció su dimisión este lunes, en plena crisis por la reestructuración de las urgencias extrahospitalarias, que llevan funcionando a medio gas desde marzo de 2020. Desde la Consejería de Sanidad alegaron que esta médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria presentó su renuncia “por motivos médicos y personales”, pero su futuro al frente de la gerencia se preveía conflictivo, con una huelga indefinida de los trabajadores de los Servicios de Atención Rural (SAR) recién convocada para el próximo 25 de octubre.

“La decisión de dimitir de la gerente de Atención Primaria es consecuente con el desastre y el caos generado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en la Sanidad Pública madrileña, y más concretamente con su nefasto Plan de Atención Primaria, con su ofensivo y demoledor plan para las Urgencias de Atención Primaria, con su abandono a la población usuaria de la Sanidad Pública y con su desprecio a los trabajadores y trabajadoras de la Sanidad, con más ahínco después de su gran esfuerzo durante la pandemia”, reaccionaba el secretario general de CCOO Sanidad de Madrid, Mariano Martín-Maestro.

La dimisión, que llega en pleno conflicto por la remodelación de las urgencias extrahospitalarias que supone un recorte de personal respecto al que había antes de la pandemia, se produce tres meses después de la reestructuración llevada a cabo por Ayuso en la consejería de Sanidad. En julio ya hubo un baile de nombres en el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero. Algunos fueron reubicados y otros se quedaron descolgados del Gobierno regional.

Fue el caso del que era hasta ese momento director general de Asistencia Sanitaria y Aseguramiento del Servicio Madrileño de Salud, Jesús Vázquez, que llevaba en el puesto menos de un año. Vázquez había tenido que lidiar con los volantazos de Ayuso y Escudero en la gestión de las urgencias extrahospitalarias. Primero, intentaron minusvalorar su importancia. Después, dijeron que reabrirían solo algunos de los SUAP que habían cerrado por la pandemia. Luego, que serían todos cuando en cuanto fuese posible. Por el camino, las protestas de profesionales sanitarias y vecinos que se manifestaban frente a diferentes centros de salud.

Además, a las puertas del verano, la consejería de Sanidad puso en conocimiento de los centros de salud un nuevo procedimiento por el que se mandaba a las enfermeras atender y derivar pacientes cuando no hubiera médicos, pese a no tener competencias para hacerlo.

“No son gente del partido. Los trabajadores los conocen y saben lo que significan estas políticas para la atención primaria, así que se los cargan o se van ellos”, señala una fuente sindical sobre los movimientos en la consejería de Sanidad. En los de julio, se produjeron ocho ceses y nombramientos. En esa remodelación, ganó relevancia Pedro Irigoyen, a quien Escudero puso al frente de una nueva viceconsejería de gestión económica, con competencias similares, pero con más peso a las que ya tenía. También sumó galones Fernando Prados Roa, que cesó como director general de Hospitales e Infraestructuras Sanitarias, donde coordinó el Hospital Enfermera Isabel Zendal, para ser nombrado viceconsejero del Proceso Integrado de Salud.

Prados asumió en septiembre una nueva responsabilidad. La de Salud Pública que dejaba el hasta entonces viceconsejero Antonio Zapatero, a quien Ayuso fichó para dirigir el hospital de Ifema en lo peor de la pandemia y a quien luego puso al frente de la COVID-19. El cese, aseguró entonces el vicepresidente Enrique Ossorio, se producía “a petición propia”, pero la decisión fue tomada, según fuentes de Sol, entre la presidenta y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que le nombró nuevo responsable nacional de Salud Pública del partido. En la Comunidad de Madrid dejó unas listas de espera de casi 900.000 personas.

“Aclarar el futuro de los trabajadores de los SUAP”

A quien sí se le comunicó su cese, que se hizo efectivo con fecha de 1 de agosto de 2022, fue al gerente del Summa 112, Pablo Busca, que llevaba en el cargo siete años. En su despedida, Busca envió una carta en la que reconocía que se iba con “orgullo” pero también con la “decepción de no haber podido tener la oportunidad de afrontar desde esta posición el futuro más inmediato de este Servicio”. Además, admitía que “quedan muchas cuestiones por resolver”, como “aclarar el futuro de los trabajadores de los SUAP”.

Este mismo martes se ha conocido también el cese del gerente del Hospital Clínico San Carlos, José Soto, que se suma al del Gregorio Marañón, Joseba Barroeta. “Yo no tengo que valorar ni poner en tela de juicio ni el trabajo ni el nombre de ningún gerente de ningún hospital en la Comunidad de Madrid. La consejería de Sanidad está llevando a cabo la renovación de algunos directivos, sobre todo algunos que llevan décadas al frente, como un proceso habitual en todas las administraciones”, justificó la presidenta Ayuso a preguntas de los periodistas.

Una de las dimisiones más sonadas a las que se ha enfrentado el Gobierno regional ocurrió en la anterior legislatura, una suerte de primer tiempo que el ejecutivo ha utilizado para evitar rendir cuentas de lo que ocurrió entre mayo de 2019 y mayo de 2021, fue su directora de salud pública. Yolanda Fuentes dejó su cargo en mayo de 2020, ante el riesgo de “colapso” de las UCI en el empeño de Ayuso se pasar a la fase 1 del plan de desescalada. Desde entonces, Fuentes no ha ocultado su descuerdo con lo ocurrido aquellos días. “Dimití tras horas intentando convencer de que no cometieran una barbaridad”, llegó a escribir en su cuenta de Twitter.

Cinco meses después de la de Fuentes se produjo la dimisión de Marta Sánchez-Celaya al frente de la gerencia asistencial de Atención Primaria, el mismo puesto que vuelve a quedar ahora vacante. El personal de esta puerta de entrada al sistema de salud madrileño lleva años reclamando mejoras. Sánchez-Celaya renunció en octubre de 2020 tras aprobar un plan con el que bloqueo un amago de huelga de los médicos y las médicas de familia. En él, la consejería se comprometía a llevar a cabo reformas estructurales, equiparaciones salariales, subidas de sueldo, medidas coyunturales y una estrategia para ocupar plazas de difícil cobertura, para superar el colapso que vivían los centros de salud, en un momento en el que los hospitales también estaban saturados y la administración dedicaba recursos en personal al Zendal.

“Una relación complicada”

Cuando Martínez Machuca tomó el relevo, el plan tardó poco en quedar en papel mojado. En diciembre de aquel año, el departamento madrileño de Hacienda se opuso a esa estrategia y el Gobierno de Ayuso impuso uno nuevo, sin el acuerdo de la mesa sectorial. En marzo de 2021, los sindicatos convocaron una huelga que, pese a tener un seguimiento del 80%, duró una sola mañana. La misma en la que la presidenta convocó elecciones anticipadas.

“Nuestra relación con ella [Martínez Machuca] ha sido complicada. Desde los incumplimientos de la huelga de primaria y de los acuerdos de 2020 con el plan ‘Ayuso 1’, la transformación e imposición de lo que llamamos el plan ‘Ayuso 2’, y desde Amyts hemos pedido su dimisión con anterioridad a todo este sinsentido que se está produciendo con el nuevo modelo de urgencias extrahospitalarias, que en realidad parece ser una especie de paso a una atención continuada con insuficiente personal”, señala la secretaria general del sindicato, Ángela Hernández, que espera que “venga otra gerente que sepa escuchar mejor a los profesionales”.

La líder de Más Madrid, Mónica García, fue este lunes la primera en exigir a la presidenta regional explicaciones por la dimisión de su gerente de Atención Primaria. “Es un toque de atención que demuestra que el plan de Ayuso es inviable y debe rectificar”, escribió en su cuenta de Twitter. El grupo parlamentario ha registrado una petición de comparecencia del consejero de sanidad para conocer el motivo de los diferentes cambios en la gerencia de Atención Primaria y en los equipos de dirección de hospitales públicos.

“Llevamos un año en Madrid encadenando rectificaciones, cambios de planes, ceses, dimisiones de directivos de la sanidad pública. Improvisando”, criticó el portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, que pidió “parar un momento y resolver este problema de una vez”. “Lo que, por desgracia, está haciendo el Partido Popular con este magnífico sistema sanitario que históricamente hemos tenido es desmantelarlo, desproveerlo de recursos profesionales, de recursos económicos”, lamentó, para pedir un “pacto por la salud”. “Después de llevar casi 1.000 días con los servicios de urgencias de atención primaria cerrados y con una huelga en ciernes. Esto demuestra que el modelo de negocio que tiene la señora Ayuso sobre la sanidad pública es insostenible hasta para ellos mismos”, aseguró la portavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto.

Más allá de las dimisiones, el vicepresidente Ossorio aseguraba a finales de septiembre que los cambios llevados a cabo por el propio Gobierno dentro de la consejería de sanidad respondían a la necesidad de “ser un revulsivo” tras la pandemia y de dar “todavía más pasos” en la mejora del servicio. “Por eso se hicieron una serie de cambios para que sea una organización más moderna”, aseguró el número dos de Ayuso.

Entre tanto, la presidenta ha evitado aclarar si contará con su consejero de Sanidad en un hipotético Ejecutivo si consigue gobernar tras las elecciones del próximo mes de mayo. “Es muy pronto para hablar del futuro de la siguiente legislatura, de los nombres de mi futuro Consejo de Gobierno Lo que estamos haciendo en la actualidad es trabajar como llevamos haciendo desde el primer día, con un gobierno estable, probablemente el gobierno más estable de España si tenemos en cuenta las crisis que ha habido en otros”, dijo Ayuso, obviando que dinamitó su propio gabinete hace menos de un año y medio.