ELA, el principal sindicato vasco, ha anunciado este martes que a partir del mes de septiembre negociará únicamente en euskera los 27 convenios sectoriales que se encuentran actualmente en proceso “aunque no exista un servicio de traducción”. Es una medida que afectará por ejemplo a la negociación de convenios tan importantes como el Metal de Bizkaia y Álava, el de Intervención Social de Gipuzkoa y buena parte de los relativos a Servicios e Industria.

Paralelamente, ha solicitado al Consejo de Relaciones Laborales (CRL) que habilite los recursos necesarios para que las mesas de negociación puedan desarrollarse en euskera con normalidad. Según ha señalado el responsable de negociación colectiva del sindicato, Pello Igeregi, ELA “no renunciará al uso del euskera” y durante la negociación “corresponderá al resto de organizaciones sindicales y a las patronales buscar los medios necesarios para seguir el desarrollo de las negociaciones”.

El sindicato parte de la base de que ni la patronal ni el CRL están colaborando para favorecer el uso del euskera en la negociación colectiva. En este sentido, Igeregi ha recordado que en 2022, junto a LAB y Euskalgintzaren Kontseilua, propuso la universalización de los planes de euskera en las empresas, “una iniciativa que fue rechazada y en los convenios colectivos rara vez aceptan medidas a favor de los derechos lingüísticos de las personas euskaldunes”. En este contexto, considera que el primer paso regular el euskera en los convenios es hacerlos visibles en las negociaciones.

En cuanto al CRL , ha señalado que “carece de un servicio estable de traducción e interpretación, por lo que las escasas negociaciones que se desarrollan en euskera dependen del trabajo de su propio personal que no cuenta con formación específica para desempeñar esa función”. En este sentido, ha señalado que se han reunido con la presidenta del CRL, Emilia Málaga, a quien han trasladado la necesidad de que el organismo disponga de medios para garantizar negociaciones en euskera.

ELA concluye del análisis de 1.499 convenios vigentes, que el 83,19% no incorpora ninguna medida para garantizar los derechos lingüísticos de las personas euskaldunes en el ámbito laboral y que las medidas existentes son, en su mayoría, “de carácter simbólico” como el pago de los costes de cursos para aprender euskera y o la regulación del paisaje lingüístico. “Solo el 5,07% de los convenios cuenta con un plan de euskera o contempla el compromiso de elaborarlo. El 13,8% prevé ayudas para el aprendizaje de la lengua, el 4,37% permite estudiar euskera dentro de la jornada laboral y únicamente el 1,66% establece que el conocimiento del euskera se valorará en la contratación”, han señalado.

“Al igual que ocurre con cualquier otra opresión social, como las opresiones de género, clase o raza, la opresión lingüística solo puede superarse si se regula el uso de las lenguas y se destinan recursos para superar la situación de subordinación. El uso de la lengua que ha ganado la supremacía absoluta se naturaliza y el uso de otras lenguas se considera excepcional, a menos que existan normas y recursos para equiparar los derechos lingüísticos”, ha afirmado Igeregi. Como ejemplo, ha indicado que si una empresa no dispone de medios para celebrar reuniones en euskera y parte de la plantilla no conoce la lengua, estas se desarrollarán en castellano. Del mismo modo, si el aprendizaje del euskera no se reconoce como un derecho laboral, el único idioma cuyo conocimiento estará realmente garantizado será el castellano.

En este sentido, reconoce que el sindicato no ha conseguido “situar los derechos lingüísticos al mismo nivel que otras reivindicaciones laborales, como las mejoras salariales o la reducción de jornada”, una cuestión que atribuye tanto a la negativa de las patronales a negociar medidas de normalización del euskera como a la incapacidad de los sindicatos para organizar movilizaciones y huelgas específicas en defensa de estos derechos.

Tras el anuncio de ELA, el sindicato LAB ha dado la “bienvenida” a la iniciativa de usar solo el euskera, a partir de septiembre, pero ha asegurado que le sorprende que no haya contado con ellos porque “haberla impulsado conjuntamente, habría sido más eficaz”. El sindicato ha defendido que se necesitan garantías “para poder utilizar el euskera no solo en la negociación colectiva, sino también en los juzgados y en otras muchas instancias”. A través de un comunicado, LAB ha advertido, además, de que “en los últimos tiempos estamos viviendo una ofensiva contra el euskera”, por lo que ha defendido dar “un nuevo impulso a las medidas en favor del euskera” y que esta lengua adquiera “una centralidad aún mayor en la acción sindical”. “Seguiremos reclamando garantías para la euskaldunización de la administración pública y continuaremos impulsando planes de euskera en los centros de trabajo”, han añadido.

Por contra, UGT de Euskadi ha mostrado su “sorpresa” por el anuncio de ELA y ha apelado a “construir consensos por el euskera en vez de lanzar ultimátums y falsos debates en torno a su uso en el ámbito sociolaboral”. “Cabe preguntarse por qué no lo han hecho antes si lo estimaban necesario, dado que la misma cuestión, intervenir exclusivamente en euskera, es algo que ya venían haciendo con normalidad desde hace años en las negociaciones del sector público”, ha dicho el sindicato.

Los trabajadores de las ITV de las localidades de Bergara y Zarautz irán a la huelga indefinida a partir del próximo 13 julio, en plena campaña de verano, lo que puede complicar las listas de espera para los conductores guipuzcoanos que necesiten pasar la revisión obligatoria antes de emprender su viaje veraniego. Los sindicatos ELA y LAB han convocado el paro indefinido después de que la empresa concesionaria, Itasua ITV, haya decidido poner fin a la negociación sobre las condiciones laborales. Los trabajadores se quejan de que tienen peores salarios y horarios que sus compañeros de otras ITV del territorio y piden la equiparación. “Hacemos el mismo trabajo”, señalan.

El conflicto no es nuevo. Han mantenido siete reuniones con la empresa y se han realizado paros parciales, el último el pasado 29 de junio, que se repetirán el 8 y el 10 de julio para pasar ya a la huelga indefinida a partir del lunes día 13 si no se consigue una respuesta positiva de la dirección de la empresa, que además de los dos centros en Gipuzkoa, tiene también una ITV en Vitoria, en Jundiz. En el centro alavés los delegados han optado por aceptar las condiciones ofrecidas por la dirección y firmarán un acuerdo de eficacia limitada descolgándose de los paros, lo que ha supuesto la ruptura de los sindicatos con los que hasta ahora eran sus delegados.

Los sindicatos consideran que la empresa, Itasua, tiene capacidad para afrontar las reivindicaciones de los trabajadores y consideran que la única finalidad de la dirección al pactar un acuerdo con el centro de Vitoria es “dividir” a la plantilla. “El pacto se estaba negociando entre los tres centros con la empresa, porque es un pacto de empresa. Pero la dirección ha jugado a dividir a la plantilla sabiendo que en el centro de Gasteiz lo tenía más fácil para desmovilizar a la gente, y parece que lo ha conseguido, haciendo que entren a firmar esta propuesta como pacto de eficacia limitada. Los sindicatos no estamos con esta firma, como es obvio, porque la empresa tiene mucho más que ofrecer y es momento de movilizarse para conseguir un convenio mas justo”, señala el representante de LAB, Eneko Fernández San Juan.

Lo que reivindican los trabajadores, que son alrededor de 25 en Zarautz, 32 en Bergara, y 45 en Vitoria, es equiparar sus condiciones, fundamentalmente el salario y el tiempo de trabajo, al de trabajadores de otros centros de ITV gestionados por otras empresas, porque, haciendo el mismo trabajo sus condiciones son mucho peores, dicen.

En concreto, piden una subida del IPC más el 3% para 2026, y lo mismo para los años 2027 y 2028, para equiparse con otros centros de los que les separan en salarios alrededor de 5.000 euros anuales. La empresa solo acepta una subida del IPC más el 1% para los tres años, que ha sido aceptada por la plantilla de Vitoria. En cuanto a la jornada, ELA y LAB piden una reducción de 70 horas anuales para quedarse con 1.655 horas, ya que tienen una diferencia con las ITV de Beasain, Irun y Urnieta de unas 133 horas, señalan. La propuesta de la empresa reduce 12 horas en 2026 para tener 1.713 horas anuales y otras 6 horas en 2027 y 2028 para situarse en 1.707 horas al año.

El juicio por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de Osakidetza se celebrará en la Audiencia Provincial de Álava finalmente los días 20 y 21 de octubre. Habrán pasado ocho años y cinco meses desde que se celebraron los exámenes que fueron investigados. En otros proceso de similar duración, las penas han quedado rebajadas por dilaciones indebidas.

La presidenta del tribunal, la magistrada Beatriz Eva Román Gobernado, ha aclarado en la vista preliminar celebrada este martes que no aceptará que sea un juicio “prospectivo”. Solamente se enjuiciará finalmente lo sucedido en la categoría de Cirugía Plástica y no todas las demás pruebas que quedaron archivadas en su día o a la cúpula del Servicio Vasco de Salud en aquella época. Quienes han estado presentes lo han entendido como un mensaje de que habrá que ceñirse a esos sucesos concretos y orillar toda la parte de controversia política que suscitó el caso en su día.

Un ejemplo: se ha desestimado la intención del sindicato LAB, personado como acusación, de que compareciese como testigo el exconsejero Jon Darpón, del PNV, que dimitió en 2019 por este mismo asunto, como también lo hicieron la entonces directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, y otros cargos. Según recoge Efe, Román Gobernado ha señalado que algunas peticiones de LAB “no guardan relación con este proceso concreto sino con hechos ya sentenciados”, aunque nunca ha habido ninguna sentencia por estos hechos. Sí se han atendido otras peticiones las otras dos acusaciones, la Fiscalía y el sindicato ESK.

Como adelantó este periódico, las dos personas que se sentarán en el banquillo de entre la veintena de imputados que llegó a haber no han llegado a un acuerdo con la Fiscalía, representada por Cristina Vicente Briansó, en la vista previa y se celebrará contra ellos el juicio. Se exponen a penas de prisión e inhabilitación, variables en función de los escritos de cada una de las partes.

Los procesados son Thais Salas, opositora del examen de Cirugía Plástica, y Alfredo Martínez-Flórez, miembro del tribunal evaluador. En la parte del examen elaborada por este facultativo, la aspirante, con la que le unía un vínculo familiar, logró una nota altísima que contrastaba, claramente, con el resto de sus calificaciones. Declararán en el juicio todos los integrantes del tribunal. Las anomalías ya se detectaron 'in situ' ya que la opositora llegó a renunciar a sus notas allí mismo.

Un largo camino hasta el juicio

La investigación del presunto fraude en la OPE de Osakidetza arrancó en junio de 2018 con una primera revisión por parte de la Fiscalía de una veintena de exámenes en los que había las mismas sospechas que en Cirugía Plástica: notas anormalmente altas en personas próximas a los autores de las preguntas. Osakidetza no le entregó toda la documentación, pese a lo cual se elevó una denuncia ante el Tribunal de Instancia de Vitoria, donde tiene su sede el Servicio Vasco de Salud. Durante años, cuatro instructoras han liderado la investigación, que ha sufrido todo tipo de avatares y retrasos.

Finalmente, se decretó el cierre total de las actuaciones, pero la Audiencia Provincial entendió que los indicios de Cirugía Plástica eran muy sólidos y pidió reabrir al menos esa especialidad y que hubiese juicio. Sin embargo, este paso se ha demorado igualmente por el relevo de todo el tribunal -sin que ninguna de las partes lo estimara oportuno- y por la elección de una terna completamente nueva. Ahora, entre la vista previa y el juicio transcurrirán de nuevo cuatro meses.

Salvo una nueva sorpresa, este martes, por fin, la Audiencia Provincial de Álava celebrará la vista previa del juicio por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) de 2018. Se trata de un mero trámite, más teniendo en cuenta que los dos únicos acusados, el doctor Alfredo Martínez Flórez y la opositora Thais Salas, del examen de Cirugía Plástica, no tienen intención de alcanzar acuerdo alguno de asunción de culpabilidad con la Fiscalía, según fuentes de su entorno. Así, la principal virtualidad de esa vista será la fijación de la fecha para el juicio, aunque previsiblemente se pospondrá ya hasta otoño.

El caso se inició en la primavera de 2018 y tuvo cuatro instructoras en la fase de investigación, que acumuló controversias. Se llegaron a revisar una docena de categorías en las que se repetía el patrón de que las notas más altas -en pruebas de elevada dificultad- correspondían a aspirantes próximos a los vocales del tribunal. Finalmente, todo quedó archivado. Se estimó que no había pruebas. Sin embargo, los recursos de los sindicatos LAB y ESK, que han ejercido como acusación, forzaron que la Audiencia Provincial reabriera la causa al entender que los indicios en Cirugía Plástica eran tan contundentes que necesariamente tenían que ser revisados en un juicio.

La examinanda, Salas, logró 48 aciertos de las 50 preguntas realizadas el doctor Martínez Flórez y bajó a 24 de 50 en la segunda mitad, ya con otra autoría. Era una prueba de alta dificultad y, a pesar del dato de la segunda parte, su nota fue de las más altas, “muy por encima del resto de opositores”. Fue tal el revuelo ya en ese momento que la dirección de Osakidetza intervino y la opositora terminó renunciando. En aquel momento, ambos guardaban una relación de parentesco.

La Fiscalía ha solicitado dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el doctor por “filtrar las preguntas” del examen. Y pide para ella un año de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación, así como la imposibilidad de que obtenga ayudas públicas durante ocho años. Estimaba “probable”, al presentar su escrito de calificación, que se pudiera alcanzar una conformidad si ambos admitían los hechos, con lo que las penas quedarían moduladas, pero en los últimos meses las defensas de los imputados han descartado de plano esa opción cada vez que han sido cuestionadas por este periódico. LAB y ESK formulan acusaciones más duras.

La vista previa iba a ser ya hace meses, pero quedó suspenda. Renunciaron los tres jueces del tribunal que iba a analizar este caso, Jesús Poncela, Elena Cabero y Ana Jesús Zulueta. Los dos primeros fueron parte de la sala que ordenó celebrar el juicio sobre Cirugía Plástica y se sentían contaminados; la tercera fue una de las instructoras. Recientemente, han sido designada otra terna: Beatriz Eva Román Gobernado, Sara Mallen y Álvaro Silván. Este movimiento se produjo sin que ninguna de las partes entendiese que fuera necesario.

Los trabajadores de Maderas de Llodio (Álava) han aceptado la última propuesta de la empresa, lo que permite poner fin a “más de 260 días de huelga y movilización constante” desde el 22 de septiembre del pasado año, según ha informado el comité de empresa en un comunicado. Los representantes de los trabajadores han anunciado que en los próximos días convocarán una rueda de prensa para dar a conocer los detalles del acuerdo entre trabajadores y patronal.

“Por el momento, únicamente podemos comunicar que la plantilla ha decidido aceptar la última propuesta existente sobre la mesa, una propuesta que es consecuencia directa de la movilización desarrollada durante estos meses”, han señalado en el comunicado, recogido por Europa Press. El comité ha destacado que “todo lo conseguido hasta la fecha, así como las medidas y compromisos que hoy están sobre la mesa, son fruto de la lucha, la unidad y el compromiso de quienes han defendido sus puestos de trabajo y su futuro”. “Esta lucha no era únicamente por Maderas sino por la defensa del empleo, de la industria y del futuro de toda una comarca de Ayala”, ha remarcado.

La multinacional Garnica planteó en septiembre del año pasado un ERE en su empresa Maderas de Llodio con 39 despidos en una plantilla formada por 151 personas. Finalmente, fueron 35 los trabajadores afectados por el expediente, que se ejecutó en octubre de 2025. Sin embargo, posteriormente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) estimó parcialmente las demandas contra el ERE y declaró los despidos “improcedentes”.

Tras la decisión judicial, dirección y sindicatos volvieron a la mesa de negociaciones y hace unos días la empresa hizo una “última oferta” que los trabajadores han aceptado este lunes en asamblea.

El 1 de junio de 2018, hace ahora ocho años, estalló en Euskadi un caso que aún no ha sido resuelto en los tribunales, las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de Osakidetza. Opacado por la moción de censura contra Mariano Rajoy y la llegada de Pedro Sánchez al poder, que se produjo ese mismo día, ese día empezaron a brotar indicios de que aspirantes cercanos a los miembros de los diferentes tribunales -cada especialidad médica tiene su propio examen- tenían notas muy elevadas en pruebas de cierta complejidad. Ha sido una investigación sobre exámenes en la que consideró inoportuno revisar los exámenes y en la que no se ha accedido a ni una sola comunicación entre las partes. Y ha terminado en todo archivado salvo lo relativo a la categoría de Cirugía Plástica, donde a la buena nota de la opositora se unía una relación familiar con el vocal autor de una parte de las preguntas. Pero, tras el intento fallido de esta primavera, sigue sin haber fecha para el juicio.

El transitar judicial de este expediente ha sido verdaderamente tortuoso. Todo empezó con una preinvestigación de la Fiscalía en la que Carmen Adán no contó con todas las pruebas de que disponía el Servicio Vasco de Salud, ya que no se le entregaron las grabaciones de una investigación interna que se había ordenado a raíz del revuelo surgido. Ese proceso concluyó que no había pruebas de la existencia de filtraciones, pero quienes acudieron a comparecer como testigos sí exhibían sus dudas sobre el proceso y aludían a un problema estructural, como publicó después este periódico.

Durante estos años, hasta cuatro instructoras han dirigido la causa, residenciada en la plaza segunda de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vitoria, donde está la sede central de Osakidetza. Yolanda Varona fue la primera, una sustituta de la titular del juzgado en 2018, Ana Jesús Zulueta, por aquel entonces en otras funciones. Después llegaron Cristina Rodríguez Ruiz y Blanca Ester Díaz Pulido.

Ha sido una causa trufada de parones, prórrogas y denegaciones de pruebas. Se han revisado muy pocos exámenes aunque, cuando se vieron unos pocos de la prueba de Anestesia, se vio un patrón de respuesta muy similar entre los presuntos beneficiarios de las filtraciones, preguntas respondidas en el mismo orden, redacción similar y hasta fallos comunes dados por buenos.

Además de la Fiscalía, los sindicatos LAB y ESK han ejercido de acusación estos años. Y pidieron revisar todas las pruebas. “En relación a la aportación de los originales de los exámenes, no resulta necesario ni útil traer a este procedimiento un volumen de documentación que no será examinada por el tribunal por el escaso interés que tiene para la causa, así como por la innecesariedad de leer una sucesión interminable de preguntas médicas cuyo contenido y respuesta es totalmente ajeno a la función jurisdiccional y que no es objeto del presente procedimiento, ya que no se está enjuiciando una incorrecta valoración de los exámenes, sino una posible filtración”, llegó a argumentar como respuesta la juez Rodríguez Ruiz.

El 'caso De Miguel', la gran trama de corrupción investigada en Euskadi y que ha acabado con cuatro excargos del PNV en la cárcel y con otros condenados, ha solido aparecer como el gran espejo de una causa judicial compleja que se eternizó en los tribunales. Sin embargo, antes de que se cumplieran ocho años de las detenciones que dieron inicio al proceso, todos los imputados ya estaban en el banquillo. De marzo de 2010 a enero de 2018.

En detalle, el plazo inicial de investigación finalizó en el verano del 2021, a los tres años de los hechos, pero se acordó una prórroga de seis meses. En enero de 2022, 'in extremis', las acusaciones lograron seis meses más para que el asunto no muriera. Pero en ese período no se movió ni un papel y, terminado ese medio año, se acordó el final definitivo de la instrucción. Esto fue refrendado por otra instancia, la Audiencia de Álava, en abril de 2023. Desde entonces estaba pendiente que la magistrada Díaz Pulido hiciera público su auto de conclusiones. Esto llegó en diciembre de 2024 con un archivo total de la causa en la docena de categorías médicas bajo investigación.

Sin embargo, en septiembre de 2025, la Audiencia Provincial enmendó a la instructora y forzó a que, al menos en una categoría, sí hubiese juicio. ¿Por qué? Aquí, la examinanda logró 48 aciertos de las 50 preguntas realizadas por su allegado, el doctor Alfredo Martínez Flórez, pero bajó a 24 de 50 en la segunda mitad, ya con otra autoría. Era una prueba de alta dificultad y, a pesar del dato de la segunda parte, su nota fue de las más altas, “muy por encima del resto de opositores”. Fue tal el revuelo ya en ese momento que la dirección de Osakidetza intervino y la opositora, Thais Salas, terminó renunciando.

La Fiscalía ha solicitado dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el doctor por “filtrar las preguntas” del examen. Y pide para ella un año de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación, así como la imposibilidad de que obtenga ayudas públicas durante ocho años. Estimaba “probable”, al presentar su escrito de calificación, que se pudiera alcanzar una conformidad si ambos admitían los hechos, con lo que las penas quedarían moduladas, pero ahora las defensas de los imputados descartan de plano esa opción, según han trasladado a este periódico en varias ocasiones.

Hay otras dos acusaciones, los sindicatos LAB y ESK. Piden penas más severas. En el caso de LAB, por ejemplo, demanda tres años de prisión para cada uno de los dos imputados. Solamente aceptaría un acuerdo en caso de que los acusados entrasen a explicar que las filtraciones han sido históricamente una dinámica “estructural” dentro de Osakidetza. ESK, por su parte, pide dos años de cárcel para ambos.

El caso se llevó por delante al entonces consejero de Salud, Jon Darpón, del PNV. Fue en 2019. También a la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, o al responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, entre otros cargos. El exconsejero es ahora alto directivo de la compañía privada Keralty, la antigua Sanitas internacional. La exdirectora general, cuando fue citada como testigo en la instrucción, contó con ayuda de agentes de la Ertzaintza, incluido un comisario, para evitar a la prensa, lo que motivó una nueva investigación.

Estaba prevista para esta primavera la vista previa del juicio, la última antesala antes de la audiencia pública. Pero se suspendió a última hora por otro imprevisto. Los tres miembros del tribunal presentaron un incidente de abstención al sentirse 'contaminados'. Esta misma semana se ha aceptado una recusación que ninguna de las otras partes había considerado necesaria. Se remarca que la juez Zulueta fue parte de la investigación y que no debería serlo ahora de la resolución del caso y, respecto de los jueces Elena Cabero y Jesús Poncela, se ha entendido que ya habían entrado al fondo del asunto al enmendar el cierre total decretado por la última instructora y ordenar un juicio contra dos de los imputados.

Desde el palacio de justicia no se concreta cuál es ahora el calendario y cuándo habrá una nueva terna para celebrar el juicio. Procesos mucho más cortos han visto cómo las penas eran rebajadas por las conocidas como “dilaciones indebidas”. “Antes del verano seguro que no”, vaticina un letrado conocedor del sumario al ser preguntado por una posible nueva fecha para retomar el asunto.

“Este proceso está repleto de sobresaltos, de cambios de magistrada, ... Estamos ante el escándalo sobre el escándalo”, opina el sindicato LAB. Y abundan: “Que el asunto de las filtraciones de exámenes en Osakidetza termine acotado judicialmente en una única categoría es un escándalo quizás más preocupante que las propias filtraciones. Es una consecuencia de realizar una investigación muy débil”. Este sindicato sostiene que existía una “red clientelar de adjudicación de plazas” y que se debería haber investigado más a fondo tanto los propios exámenes como la gestión de la dirección política. Lamentan el portazo a algunas de sus propuestas en ese sentido.

Desde ESK, ven igualmente “decepcionante” la situación actual del proceso jurídico de lo que llaman “opes dopadas”. Sostienen que el proceso “se ha dilatado de manera innecesaria”, que ha sido “largo y tortuoso”, lleno de “decisiones cuanto menos cuestionables” y que “para rizar el rizo” ahora se conocido la abstención de los magistrados del tribunal. Coincide con LAB en que han sido las acusaciones las que han dado impulso a la investigación. Con todo, ESK extrae una conclusión positiva de estos años porque “el objetivo era acabar con un sistema clientelar” y el “cambio de modelo” en Osakidetza para las últimas convocatorias, que dificulta estas filtraciones, según exponen, es “fruto del trabajo de denuncia sistemático” iniciado en 2018. Añaden que el actual consejero, Alberto Martínez, era miembro del tribunal de una de las categorías de las que brotaron las primeras denuncias, Anestesia.

A lo largo de esta semana, trabajadoras del sector social han protagonizado distintos conflictos laborales que, según denuncian, merman sus condiciones. Por un lado, las trabajadoras de intervención social de Álava, que acumulan cinco jornadas de huelga, por otro lado, sus compañeras de intervención social en Gipuzkoa, que saldrán a la calle este jueves para luchar por un nuevo convenio, y por último, las trabajadoras del módulo psicosocial de Bilbao, que denuncian recortes por parte del Ayuntamiento de hasta un 65%.

En el caso de las trabajadoras de intervención social de Álava, los sindicatos ELA, LAB, CCOO y ESK denuncian la falta de avances en cuestiones clave del convenio laboral. “Tras más de 15 meses de negociación y 15 reuniones celebradas para aprobar el IV Convenio de Intervención Social de Álava, aunque la patronal AISA ha mostrado por primera vez disposición para alcanzar acuerdos en materias como complementos de incapacidad temporal, flexibilidad, euskera, teletrabajo o modalidades de contratación, siguen existiendo importantes diferencias en aspectos centrales como la subida salarial, la reducción de jornada, la conciliación, las licencias, la jubilación anticipada o la reducción de la parcialidad involuntaria”, denuncian los sindicatos.

Consideran que el cambio de actitud de la patronal ha sido “consecuencia directa de la presión ejercida por las trabajadoras y trabajadores del sector”, y subrayan que mantendrán las protestas hasta lograr “condiciones laborales dignas” y la equiparación con el personal contratado directamente por las administraciones públicas. En el caso de las trabajadoras subcontratadas, la brecha salarial comparada con las que son contratadas directamente por el Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), supera los 10.000 euros en algunos puestos de trabajo.

En este sentido, más allá de señalar a AISA, las trabajadoras responsabilizan a las instituciones públicas de la precarización del sector y reclaman mayor implicación política y financiación suficiente para garantizar mejoras laborales de cara a la próxima mesa de negociación tendrá lugar el 4 de junio. Aunque mientras tanto, además de las jornadas de huelga, han convocado movilizaciones el 29 de mayo a las 18.30 horas desde el Gobierno Militar, contra el aumento del gasto militar y una coche-caravana el 31 de mayo hacia Peñacerrada.

El segundo conflicto laboral abierto de este sector se produce en Gipuzkoa, donde este jueves, 28 de mayo a las 11.00 las trabajadoras se movilizarán en el Paseo Bizkaia, 14-15 de Donostia para negociar el V Convenio Colectivo de Intervención Social de Gipuzkoa tras cumplir el IV convenio cuya duración ha sido desde 2023 hasta 2025. En este caso, la patronal es Hedatzen, y la firma del anterior convenio se produjo con los votos a favor de los sindicatos LAB y CCOO y en contra de ELA, al considerar “insuficientes” las propuestas relacionadas con las subidas salariales y la eliminación de la quinta categoría profesional, la de los trabajadores considerados los “más precarizados”, que la patronal se negó a eliminar alegando que la Diputación Foral de Gipuzkoa “no lo avalaba”. Ahora comenzarán una nueva ronda de negociaciones y movilizaciones que buscan como objetivo, al igual que en el caso de Álava, firmar un convenio laboral que evite la precarización de un sector feminizado.

Por último, este miércoles han salido a la calle las trabajadoras del Módulo Psicosocial de Deusto-San Ignacio, quienes llevan desde febrero denunciando que el Ayuntamiento de Bilbao ha recortado un 65% su presupuesto para 2026, que ha pasado de 195.000 euros (2025) a 68.000 euros, con lo que se pone en riesgo “la supervivencia del modelo comunitario” que presta apoyo integral a víctimas de violencia machista, ya que “si mantienen el recorte, en 2027 desaparecerá”.

Se trata de doce trabajadoras del servicio de atención a violencias machistas y de atención a derechos en salud sexual y salud reproductiva, un módulo creado en los años 80 por el movimiento vecinal para dar respuesta a dos fenómenos graves que no estaban siendo atendidos institucionalmente: por un lado, la desatención a las personas jóvenes afectadas por la entrada masiva de la heroína en los barrios populares y, por otro, la salida del periodo dictatorial franquista, que supuso poder organizar recursos para la atención a las mujeres en los procesos de divorcio, que no fue legal hasta 1981, y la atención de su salud sexual y reproductiva, muy influida por el fin de la prohibición de la prescripción de anticonceptivos.

“La atención que ofrece el Módulo Psicosocial de Deusto-San Ignacio a las personas afectadas por violencias machistas está íntimamente ligada a nuestra identidad de recurso del barrio, lo que supone que somos parte de la comunidad que habitamos. Esta identidad delimita que no somos uno más de los recursos para mujeres víctimas de violencia de género que vienen recogidos en las distintas leyes estatales y autonómicas. Nacimos con anterioridad a todas estas legislaciones, estando desde el inicio pegadas a las necesidades concretas del colectivo de mujeres de clase trabajadora, mayoritariamente inmigrantes de los territorios rurales, que eran las que habitaban el barrio y distrito de Bilbao en el que estamos”, aseguran las trabajadoras que han protagonizado una manifestación convocada junto a Bilbo Feminista Saretzen y Denon Bizitzak Erdigunean en el Ayuntamiento de Bilbao.

Por su parte, desde el área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao defienden que “con el Departamento de Salud se acordó la asunción de los programas por parte de cada sistema con base en las competencias correspondientes de cada uno de ellos, así como asegurar por parte del Ayuntamiento una financiación que podría llegar a igualar la del 2025 en 2026 en caso de que el Departamento de Salud no pudiera llevarla a cabo a tiempo”. “El Departamento de Salud se ha comprometido a integrar en el sistema público de salud a lo largo del 2026, aquellos servicios que siendo de competencia del sistema sanitario se prestan en los módulos. La compensación dependerá del proceso que lleve a cabo el Departamento de Salud con el que estamos en contacto. La decisión está supeditada a la integración en el Sistema de Salud”, argumentan en una respuesta a preguntas realizadas por el grupo municipal de EH Bildu.

Desde el Ayuntamiento confirman que “mantendrán los servicios que se prestan actualmente y que son de competencia municipal” y que “tal y como se ha trasladado a los módulos, el proceso tendrá en cuenta a las y los profesionales que trabajan en los módulos analizado desde las competencias de cada una de las administraciones”.

No obstante, el consejero de Salud del Gobierno vasco, Alberto Martínez, a preguntas de la coalición Sumar en el Parlamento vasco el pasado marzo sobre “el cierre y debilitamiento” de este tipo de servicios, aseguró que Osakidetza “ya tiene en cartera” los servicios sanitarios que ofrecen los módulos psicosociales de Bilbao, como el módulo psicosocial de Rekalde, el Auzolan de San Francisco y el módulo psicosocial de Deusto-San Ignacio.

En este sentido, Martinez explicó que el momento actual ofrece “la posibilidad de analizar el papel de los módulos desde una perspectiva estratégica y de mejora del sistema” debido a que el servicio público de salud de hoy “no tiene ya nada que ver” con los años 70 y 80, cuando se crearon dichos módulos y, “aunque siguen funcionando, el contexto social y sanitario ha evolucionado de manera sustancial”.

Al respecto, indicó que el Departamento de Salud destina 1,9 millones de euros, para financiar tres programas sanitarios de estos módulos bilbaínos, que “ya están en cartera de Osakidetza” de cara a “fortalecer” estos servicios sanitarios y sociales con “un mayor acercamiento a los servicios públicos ya existentes”. Así, puso como ejemplo la asunción por parte de Osakidetza de las interrupciones voluntarias del embarazo, que “se irán asumiendo de manera gradual y progresiva, con el objetivo de reforzar la atención a las personas en situación de mayor vulnerabilidad”.

Los magistrados de la Audiencia Provincial de Álava Jesús Poncela, Elena Cabero y Ana Jesús Zulueta han quedado definitivamente apartados del tribunal que iba a juzgar el caso de las presuntas filtraciones de exámenes en las oposiciones médicas de 2018 del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). Los tres presentaron hace unas semanas su deseo de renunciar, los dos primeros por haber emitido ya resoluciones resolviendo recursos que entraban al fondo del asunto -básicamente la que obligó a reabrir una causa ya cerrada y a celebrar un juicio porque hay indicios de delito- y la tercera por haber sido una de las cuatro instructoras del expediente en la fase de investigación.

En una resolución firmada el pasado 20 de mayo pero conocida ahora y que viene firmada por los jueces Iñigo Madaria, Mercedes Guerrero y Beatriz Eva Román Gobernado, se explica que “examinadas las razones expuestas por los abstenidos para apartarse del conocimiento del asunto” se entiende que “resultan justificadas y necesarias” con el fin de “disipar cualquier recelo sobre la independencia y neutralidad del órgano encargado de la decisión del asunto”.

Se constata que Zulueta “efectivamente intervino en la instrucción”, lo que “impide el enjuiciamiento”. “Se vulneraría el derecho al juez imparcial”, se apunta. Y, sobre Poncela y Cabero, se entiende que la resolución que adoptaron para revocar el cierre prematuro de la causa y elevar a juicio al menos una pequeña parte del sumario, lo relativo al examen de Cirugía Plástica parte de un “estudio detallado y anticipado” de los indicios y un posicionamiento de su “calificación jurídica”.

“En definitiva, el conocimiento previo del proceso, vistas las circunstancias concurrentes, ha determinado un prejuicio susceptible de comprometer su neutralidad que sólo puede remediarse con su abstención”, entienden los colegas de Poncela, Cabero y Zulueta que han revisado el asunto. Sin embargo, ninguna de las acusaciones, ni la Fiscalía ni los sindicatos ESK y LAB, ni tampoco las defensas de las dos personas imputadas, una opositora de Cirugía Plástica y un vocal del tribunal de ese examen con quien tenía lazos familiares, habían considerado necesaria esta cautela.

La consecuencia evidente es que un proceso que lleva ocho años deambulando por los tribunales y que se iba a reactivar esta primavera con al menos la vista previa para el juicio queda de nuevo bloqueado a la espera de que se designe una nueva terna de magistrados. Los exámenes de Osakidetza bajo investigación se celebraron en mayo de 2018. Un mes después, elDiario.es/Euskadi y la Cadena Ser informaron de las primeras denuncias de la existencia de filtraciones. Abarcaban a decenas de categorías y se repetía un patrón común: notas altas y rayanas a la perfección en el caso de aspirantes cercanos a los autores de las preguntas. Una tortuosa instrucción, con cambios constantes de magistradas, ha desembocado en un juicio con todo archivado salvo las incidencias de Cirugía Plástica a pesar de indicios y testimonios en muchas más pruebas como Anestesia, Angiología o Cardiología.

Son dos las personas que se sentarán en el banquillo, la opositora Thais Salas y el doctor Alfredo Martínez Flórez, miembro del tribunal evaluador y pariente en aquel momento de la aspirante. La examinanda logró 48 aciertos de las 50 preguntas realizadas por su allegado, pero bajó a 24 de 50 en la segunda mitad, ya con otra autoría. Era una prueba de alta dificultad y, a pesar del dato de la segunda parte, su nota fue de las más altas, “muy por encima del resto de opositores”.

La Fiscalía ha solicitado dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el doctor Martínez Flórez por “filtrar las preguntas” del examen. El ministerio público pide para ella un año de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación, así como la imposibilidad de que obtenga ayudas públicas durante ocho años. LAB y ESK, sindicatos personados como acusación, plantean condenas más elevadas. En un primer momento se barruntó la posibilidad de que los imputados llegaran a un acuerdo para admitir los hechos a cambio de una rebaja sustancial de la condena efectiva pero fuentes de su entorno lo descartan de plano. Su estrategia pasa por defender su inocencia total hasta el final.

La mayoría sindical en Tubos Reunidos de Amurrio ha decidido “suspender la huelga” indefinida que arrancó el 15 de marzo y esperar a ver cómo evoluciona el procedimiento de concurso de acreedores en el que está inmersa la empresa y qué ocurre con el ERE en el curso de ese proceso. Precisamente, el próximo día 26 de mayo la jueza que se ha hecho cargo del procedimiento, María Teresa Trinidad Santos, ha citado a la representación legal de los trabajadores y al administrador concursal para empezar a decidir que se hace con el ERE puesto en marcha por la empresa y que, de momento, está suspendido.

La decisión de volver al trabajo por parte de la mayoría del comité se ha trasladado a la plantilla -no se ha votado- en una tensa asamblea que llega después de que este mismo lunes hayan empezado a incorporarse a sus puestos los trabajadores que el pasado 7 de mayo votaron en referéndum abandonar la huelga, apoyados por los sindicatos UGT y CCOO. La mayoría sindical que forman ELA, LAB y ESK -este último sindicato era partidario de seguir con el paro- han señalado este viernes que la decisión de suspender la huelga no tiene nada que ver con esta situación de división entre la plantilla. En cualquier caso, han advertido de que la suspensión no significa que acabe el conflicto: “Seguiremos movilizándonos y llamando a todas las puertas necesarias para garantizar el futuro de todos y todas”. De entrada ya han convocado dos días de huelga que se llevarán a cabo el 26 y el 28 de mayo.

Según han señalado los representantes de la mayoría del comité a través de un comunicado conjunto la suspensión de la huelga se basa en que el concurso de acreedores supone un cambio de escenario que obliga a realizar un análisis serio, responsable y colectivo de la situación“, aunque han dejado claro que los que ha cambiado es ”el escenario“, no sus objetivos de mantener el empleo y la actividad.

Han insistido en que la huelga no ha llevado a Tubos Reunidos al concurso. “La huelga ha sido la consecuencia de las imposiciones de la empresa, de años de mala gestión y de una absoluta falta de transparencia y negociación”, y “frente a quienes intentan desacreditar la lucha de la plantilla” han reivindicado todo lo que la huelga ha conseguido durante estos meses, poniendo en el centro del debate “el verdadero problema de Tubos Reunidos” y “señalar públicamente responsabilidades empresariales e institucionales”. “La pregunta que debería hacerse cualquiera es en qué escenario estaríamos hoy si no hubiéramos peleado. Probablemente, nos encontraríamos con el ERE consolidado, con la acería cerrándose y con la logística externalizada, y todo ello sin haber solucionado ninguno de los problemas reales de la empresa”. Consideran que con el concurso entra una nueva interlocución y una administración concursal, y pretenden que el ERE que ahora está en suspenso “se convierta en retirada definitiva”

La vuelta de los trabajadores a la actividad, puede facilitar el mantenimiento de la actividad de la compañía, y que sea menos complicado la entrada de inversiones que impidan que el proceso de concurso acabe en liquidación. La jueza ha nombrado administrador concursal a la firma PKF Attest Concursal SLP de todas las sociedades del grupo Tubos Reunidos menos de la matriz, que cotiza en Bolsa, ya que en este caso la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tiene que presentar una terna de administradores concursales a la jueza para que designe uno. La CNMV ha abierto un plazo hasta el 1 de junio para que se presenten los posibles interesados entre los que elegirá tres entre los que la jueza elegirá el administrador final.

Miles de personas han clamado este sábado en las calles del centro de Bilbao por el derecho a “vivir y trabajar” en euskera llamadas por la mayoría sindical, conformada por ELA y por LAB, pero en este caso también por Steilas, con un peso muy relevante en la enseñanza. La convocatoria llega en un contexto en el que el Parlamento Vasco tramita una reforma legislativa de la normativa autonómica de empleo público de 2022 en lo tocante a las exigencias lingüísticas sin que su éxito esté nada claro.

El Gobierno de PNV y PSE-EE, en un hecho inédito en la legislatura, concurre dividido a la fase decisiva de la tramitación, con los socialistas negando que sea necesario el cambio, particularmente en la modíficación de los índices de referencia para fijar la proporción de plazas perfiladas o con requisito de euskera en las OPE. EH Bildu, que ha participado en la movilización, tiene una propuesta alternativa. Las dos fuerzas nacionalistas aseguran que es necesario un ajuste legal para blindar las convocatorias ante la cascada de recursos y sentencias judiciales pero no comparten la fórmula aunque tienen pendiente una reunión para los próximos días. Un hipotético pacto entre PNV y EH Bildu rompería el acuerdo de Gobierno vigente, que obliga a los nacionalistas a ir de la mano del PSE-EE.

La secretaria general de Euskalgintzaren Kontseilua, Idurre Eskisabel, ha reclamado desde Bilbao que se deben “crear las condiciones políticas y sociales para vivir y trabajar en euskera”, el lema escrito en la pancarta cabecera. Eskisabel ha añadido que es cada vez mayor la proporción de vascoparlantes y que la Administración tiene que adaptarse. Según recoge Europa Press, Kontseilua ha puesto en valor su plan para llegar, en quince años, “a una Administración con los dos idiomas en igualdad sin hacer daño a nadie”.

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, de su lado, ha alentado una mayoría alternativa en el Parlamento. Ha pedido a PNV y EH Bildu “valentía” en materia de euskera. Ha reclamado una “respuesta organizada a la ola reaccionaria política y judicial que vive” esta lengua. El dirigente del principal sindicato vasco ha señalado que hay un objetivo “político” para dar “predominio al español”.

Por su parte, la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, también ha hablado de “un ataque organizado” contra el euskera. Se ha dirigido al PNV y le ha rogado que “no permita vetos” ni “hipotecas” del PSE-EE en la reforma legislativa. A su juicio, se vive una campaña “euskarofoba”, y ha considerado que es una “falacia” que defender los derechos lingüísticos sea ir contra los derechos laborales, como sostienen otras organizaciones como CCOO.

A su juicio, se quiere “imponer el castellano y dificultar el derecho de los trabajadores de la Administración a trabajar en euskera”. Aranburu cree que “en realidad” el euskera no es oficial. “A los trabajadores de la Administración publica se le debe exigir euskera y español al mismo nivel y deben ponerse recursos para que las personas que no conozcan el euskera, que es un instrumento ee inclusión social”, ha agregado. En España, el euskera tiene estatus de cooficialidad en la comunidad autónoma vasca, pero solamente en una parte de Navarra. En los territorios dentro de Francia no tiene ninguna cobertura legal.

“La euskarafobia no tiene cabida en nuestra sociedad”, ha apuntado Steilas en la red social X. Esta organización asegura que es necesaria una “respuesta colectiva, unificada y fuerte” ante un “ataque organizado” a la lengua vasca. “La defensa del euskera es responsabilidad de todos. Estamos construyendo el futuro”, pide la central educativa.

La mayoría del comité de empresa de Tubos Reunidos ha culpado a la dirección y accionistas de la empresa y a las instituciones de la situación de insolvencia de la compañía que le ha llevado a presentar este lunes el concurso de acreedores voluntario ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos. “La huelga no ha traído a Tubos Reunidos hasta aquí”, han señalado. Y ante la nueva fase que se abre ahora, en la que las decisiones se tomarán bajo la dirección judicial, han exigido que se “obligue a una solución justa” para la plantilla.

Representantes de ELA, LAB y ESK han valorado este martes el nuevo escenario que se abre con la tutela judicial que implica el concurso de acreedores -la antigua suspensión de pagos- , una fase a la que los sindicatos que forman el comité de empresa llegan completamente divididos. De hecho, las tres centrales que conforman esta mayoría han convocado una comparecencia de prensa ante las oficinas de la empresa en Bilbao y una posterior manifestación por la capital vizcaína, sin unidad de acción con CCOO ni de UGT, aunque algún delegado de este sindicato ha participado en la movilización. Ambos sindicatos, UGT y CCOO, son partidarios de que la plantilla de la planta de Amurrio pueda votar si quiere mantener o no la huelga indefinida. ELA, LAB y ESK ya han anunciado este martes que no acudirán a la asamblea convocada este jueves por un grupo de trabajadores que tienen el aval de 235 firmas, para votar si continúan o no con el paro.

“El problema no está en hacer o no asambleas, si no en hacerlas para llevar propuestas o soluciones, no para quitar derechos fundamentales. Entramos en un nuevo escenario y evidentemente no estamos en el mismo punto que ayer”, han señalado los representantes de la mayoría en un comunicado que han leído durante la comparecencia y que han recordado que este miércoles la dirección de la empresa les ha convocado a una reunión. Un encuentro que, por cierto, la dirección mantendrá por separada con el comité de Amurrio y de Trápaga, pese a que todas las reuniones del ERE la dirección exigió que se realizaran con una única representación para ambas empresas. “Vamos a esperar a la reunión de mañana, a escuchar qué plantea la empresa y a analizar la nueva situación con responsabilidad”, han indicado los representantes de la planta de Amurrio.

Las centrales parten de la base de que se entra en una nueva fase en la que “hay que estar más organizados, más unidos y más firmes que nunca”. “En esta nueva fase esperamos que tengamos la posibilidad de interlocución y de negociación que hasta ahora la dirección había bloqueado. Hasta ahora todo ha sido imposición. Ahora se abre un escenario distinto y esperamos que sirva para hablar de verdad, con transparencia y con toda la información encima de la mesa”, han señalado tras asegurar que siempre han estado dispuestos a negociar. “Pero negociar de verdad, negociar con transparencia, negociar sin chantajes, negociar sin presiones. Negociar con toda la información encima de la mesa y con participación real de la plantilla. Eso es lo que hemos exigido desde el primer día y eso es lo que seguimos exigiendo hoy”.

Después de que la dirección culpara el lunes a la huelga indefinida en Amurrio de buena parte de la situación de insolvencia de la empresa, al estar paralizada la actividad, las centrales han reiterado que “la plantilla no ha elegido este conflicto. A la plantilla la han empujado al conflicto”. En este sentido, han señalado que ya advirtieron de que “las medidas planteadas por la dirección, despidos, cierre de la acería y externalización de la logística, no resolvían el problema de fondo de Tubos Reunidos. Dijimos que el problema no era la plantilla, ni sus condiciones, ni sus derechos. Dijimos que el problema era financiero, pero también de gestión y de dirección. Y dijimos que hacía falta abrir un proceso de negociación real, transparente y con participación efectiva de la plantilla. No quisieron escuchar. Eligieron la imposición, el chantaje y la presión. Eligieron intentar hacer pagar a la plantilla las consecuencias de años de mala gestión”.

En este sentido, han recordado que la empresa presentó el ERE como “imprescindible” para garantizar la viabilidad y facilitar la refinanciación. “Hoy ese ERE queda suspendido, porque ni siquiera pueden hacer frente a sus costes. Nos dijeron que el cierre de la acería y la externalización eran necesarios para salvar la empresa. Ahora la empresa solicita entrar en concurso de forma voluntaria. Los hechos son claros, ni el ERE era la solución, ni el cierre de la acería era la solución, ni la externalización de la logística era la solución. Y eso hay que decirlo alto y claro”, han señalado.

Las centrales han recordado que el de Tubos Reunidos “no es un concurso cualquiera. Hay dinero público de la Sepi detrás. Eso significa que hay margen para salvar la empresa. Y si hay dinero público, tiene que haber empleo y actividad industrial. Ahora ya no decide solo la empresa. Aquí entran más actores: Sepi, los bancos como BBVA, la administración concursal y los gobiernos. Y por eso ahora hace falta más presión que nunca. Porque lo que se decide ahora es muy claro: si la empresa se salva a costa de la plantilla o si se obliga a una solución justa”, insisten.

Además, los trabajadores miran a los acreedores privados, además de la Sepi, como el BBVA, que es una de las entidades a las que también debe dinero Tubos Reunidos. La plantilla se ha concentrado ante la sede de la empresa en Bilbao.

Miles de personas han salido a la calle este Primero de Mayo en Euskado reivindicando salarios dignos. Por separado -sólo CCOO y UGT se han manifestado juntos- todas las centrales han hecho alusiones a la guerra en Irán y han pedido que no sean los trabajadores los que paguen el conflicto bélico. La manifestación más numerosa ha sido la de ELA, que ha concetrado en Bilbao todas las movilizaciones -sólo ha hecho otra en Pamplona-. Su secretario general, Mitxel Lakuntza, ha asegurado que el sindicato no va a parar hasta conseguir un salario mínimo interprofesional (SMI) propio en Euskadi de 1.500 euros y ha acusado al lehendakari, Imanol Pradales, de “ponerse de perfil” ante esta reivindicación “sumándose al voto contrario de su partido, junto a PSE, PP y Vox”. Además, ha pedido “que nadie decida en nuestro lugar, que nadie desde Madrid nos imponga su precariedad”.

ELA se ha manifestado bajo el lema 'SMI 1.500; Jo ta ke, hemen erabaki arte' (SMI 1.500, sin descanso hasta decidir aquí. En su discurso, previo a la manifestación, Lakuntza ha recordado la huelga general del 17 de marzo en demanda de un SMI propio en Euskadi y ha destacado que se ha conseguido “implicar en esta lucha a la clase trabajadora de nuestro país, dejar sin argumentos a la patronal, a los partidos, sindicatos y gobiernos que se oponen, y que una parte mayoritaria de la sociedad haga suya la reivindicación de un salario mínimo propio”. “Ese es nuestro mejor activo, el apoyo popular que hemos conseguido durante todo el proceso, con cada firma que recogimos para entregar la ILP, con cada protesta que hemos hecho cada vez que la patronal ha rechazado sentarse y con cada centro de trabajo que hemos conseguido parar”, ha resaltado.

Lakuntza ha dicho que no quieren “que nadie decida en nuestro lugar, que nadie desde Madrid nos imponga su precariedad, porque argumentar que el incremento del SMI en todos los territorios donde sea posible es insolidario es, además de españolista, algo difícil de vender en este país”. En ese sentido, ha criticado que “hay partidos y sindicatos que venden que es mejor cobrar 1.200 euros que 1.500 euros” y ha dicho que “están faltando al respeto a los trabajadores en situación más precaria”, porque, entre otras cosas, la reivindicación del SMI de 1.500 euros es “un compromiso para mejorar la vida de miles de mujeres en este país” y porque un SMI propio de 1.500 euros “busca hacer justicia feminista”.

El líder de ELA ha afirmado que la explicación de aquellos que se oponen es, “sobre todo, ideológica, porque el españolismo y el centralismo se usan para extender la precariedad”. “Por eso no quieren que tengamos la capacidad para subir los salarios más bajos. Por eso también Confebask es centralista y españolista”, ha advertido, para insistir en que en ELA no se van a rendir hasta conseguir un salario mínimo propio.

En ese sentido, ha dicho que el lema “Jo ta ke hemen erabaki arte” de este Primero de Mayo quieren que sea “un impulso y una declaración de compromiso con la lucha por el SMI” y ha asegurado que van a trabajar “para abrir nuevas vías” y para que SMI “siga estando en la agenda política de este país, porque el SMI es una cuestión política”.

Además, ha criticado que, hasta ahora, el lehendakari “ha decidido oponerse al SMI propio, sumándose al voto contrario de su partido, junto a PSE, PP y VOX”. “En el mejor de los casos, Pradales se ha puesto de perfil”, ha reprochado, para recordar que hace unos días el lehendakari y su gobierno decidieron “responder de la peor manera posible, amenanzado a ELA y LAB con una nueva Ley de participación institucional que tendrá consecuencias si no pasamos por el aro de la mesa del diálogo social, una mesa vacía de contenido pero llena de propaganda”.

En ese sentido, ha añadido que el consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha anunciado que “premiarán a los que acudan a la mesa, a quienes acepten participar de ese teatro que buscan el gobierno y la patronal, el teatro de aparentar que se hace algo, cuando realmente no negocian nada”, y ha afirmado que la del diálogo social es “una mesa antidemocrática, donde ni siquiera se respetan las mayorías, porque UGT y CCOO apenas llegan al 28% de representación, y ahora se da un salto en una decisión autoritaria para atacar a la mayoría sindical de este país”.

Por otro lado, “ante un modelo capitalista salvaje que solo trae destrucción, miseria y muerte”, ha reivindicado los valores del Primero de Mayo, “la paz, la solidaridad, el feminismo, la libertad y la vida” y ha criticado que Confebask y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, “han llamado a mirar para otro lado” ante los “graves peligros” que suponen “los gobiernos de Trumpo y Netanyahu, porque ”no quieren que se moleste a las principales amenazas para la paz mundial“ y porque ”su prioridad no son los derechos humanos, la paz o la justicia social, sino los intereses económicos“. Ante esto, Lakuntza ha reivindicado ”la paz, la solidaridad, el feminismo, la libertad y la vida“, ha denunciado el imperialismo y ha defendido ”la soberanía de los pueblos“.

También ha expresado su apoyo a los trabajadores que están participando en numerosas movilizaciones y huelgas, y ha subrayado que, ante los ERE y despidos que destruyen empleo, la labor del sindicato es defender los puestos de trabajo. “El objetivo de ELA no es votar lo que quiera la empresa, el sindicato debe mantener el empleo hasta el final”, ha subrayado. El sindicato, ha reiterado, “no está para facilitar despidos, ni para aceptar el mal menor, ni para votar lo que la empresa quiere, como en el caso de Tubos Reunidos, ni para dejar tirados a unos por otros”, sino que está para defender el empleo hasta el final, hasta el último juzgado si hace falta“.

También LAB ha cargado contra el Gobierno vasco y le ha acusado de “blanquear” a Confebask e impulsar “el sindicalismo dócil” y castigar “al sindicalismo soberanista de clase”. Además, el sindicato ha defendido que un salario mínimo propio de 1.500 euros es una “medida justa y viable” y seguirán con esa “lucha”.

“Langileok eragin” ha sido el lema elegido por LAB para sus marchas en 26 localidades aunque la central ha sido en Donostia donde la coordinadora general, Garbiñe Aranburu, ha hecho un llamamiento a los trabajadores “a movilizarse por el derecho a trabajar y vivir en euskera y ha puesto en valor la labor de los trabajadores que luchan en defensa del empleo”. Aranburu ha afirmado que es de hoy es un día “de reivindicación y movilización” y ha mostrado su “solidaridad a los pueblos trabajadores del mundo”.

La dirigente de LAB ha defendido que la actual coyuntura exige realizar políticas a favor de los trabajadores y ha recordado que se viene de una “exitosa huelga general” el 17 de marzo por un salario mínimo propio y este Primero de Mayo miles de trabajadores han vuelto a a salir a la calles“. ”Por lo tanto, los trabajadores hemos hablado; reclamamos políticas redistributivas, para repartir los cuidados, el empleo y los salarios. Para mejorar los salarios y las pensiones, para garantizar el derecho a la vivienda; para garantizar servicios públicos de calidad en la sanidad, en la educación o en los cuidados“, ha apuntado.

Aranburu ha señalado que todas estas medidas son “medidas para cerrar las puertas al fascismo y la ofensiva reaccionaria y hacer frente a las brechas machistas y racistas y a las existentes entre generaciones”. La dirigente de LAB ha defendido el salario mínimo propio de 1.500 euros para “una vida digna” y ha asegurado que es “una medida necesaria, justa y viable”. “La patronal y los gobiernos han despreciado nuestras propuestas, pero la lucha sigue. La demostración de fuerza de la huelga mantiene viva esa reivindicación. Nos ha dado más fuerza y legitimidad. No será fácil”, ha reconocido.

CCOO y UGT piden “una política salarial seria”

Por su parte, CCOO y UGT han vuelto a manifestarse conjuntamente el Primero de Mayo en las capitales vascas y el líder del CCOO Euskadi, Santi Martínez, ha reclamado “una política salarial seria” que “se deje de cuentos de la lechera” y fijar un salario mínimo de convenio de 1.500 euros. Por su parte, el presidente de la Comisión Gestora de UGT Euskadi, Tximi López, ha defendido el diálogo social y “mancharse las manos para lograr avances reales” frente a quienes prefieren “la parálisis”. Estas reflexiones han sido realizadas en los mitines que han ofrecido ambos en la capital vizcaína, tras la manifestación que han realizado por Bilbao bajo el lema “Derechos, no trincheras: Salarios, vivienda y democracia”, una marcha que se ha repetido también en San Sebastián y Vitoria.

Santi Martínez ha afirmado que el sindicalismo confederal “no tiene fronteras, ni líneas rojas entre trabajadoras, ni trincheras”. En este sentido, se ha sumado en primer lugar al “no a la guerra”. “De trincheras saben mucho los criminales impulsores de unas guerras ilegales que están condicionando el mundo, que se están cargando un sistema de relaciones internacionales basado en el multilateralismo, que están promoviendo la ley del más fuerte para perpetuar guerras”.

Tras denunciar que “el capitalismo mata” y si se junta con “atrasistas” se convierte “en una pandemia mortal de imbéciles con poder”, ha defendido que Europa, España y Euskadi necesitan despertar de “su letargo” y ha asegurado que el sindicalismo confederal “va a contribuir a que despierte de ese mal sueño”.

Asimismo, ha señalado que ese sindicalismo confederal es el “mejor actor para defender a las personas trabajadoras” y ha llamado a estar “vigilantes ante la avaricia de unas patronales que no contentas con unos beneficios económicos históricos retoman el papel de plañideras a las primeras de cambio, cuando vienen mal dadas”.

“Bienvenidos sean aquellos neoliberales de pacotilla que terminan suplicando la intervención y el impulso de lo público en contextos como estos. Bienvenidos sí, pero no así. Las ayudas públicas se condicionan, a la protección del empleo, a un empleo de calidad y a una fiscalidad progresiva”, ha indicado.

En su discurso, también ha defendido el dialógo social “concebido para condicionar las políticas públicas”. En este sentido, ha asegurado que la mejor manera de “no condicionar nada es no estar” y ha afirmado que CCOO “no va a renunciar a ningún espacio de incidencia”. Tras recordar algunos de las medidas adoptadas en el marco del diálogo social, ha citado, entre ellas, la subida del 66% del SMI, “un 66 por ciento más que la subida lograda por las organizaciones convocantes de la última huelga general excluyente en Euskadi por el salario mínimo vasco”.

“Así que lecciones, las justas. A ver si va a resultar que el sindicalismo que califican como dócil es el que está condicionando de verdad las políticas públicas frente a la sobreactuación de algunas organizaciones que lo cuestionan todo pero que no cambian nada”, ha remarcado.

El representante de CCOO ha defendido establecer “una política salarial seria en este país que se deje de cuentos de la lechera”. “Estamos hablando de un salario mínimo de convenio de 1.500 euros”, ha remarcado.

Santi Martínez ha destacado la importancia de “pelear ese reparto de beneficios de las empresas en favor del factor trabajo” y, por ello, ve “fundamental garantizar el poder adquisitivo”.

“Defendemos una política salarial útil y pegada a la realidad de Euskadi, basada en la negociación colectiva. La prioridad pasa por incrementos salariales con garantías y por un salario mínimo de convenio de 1.500 euros. El objetivo es reforzar certezas, mejorar rentas del trabajo y responder con herramientas concretas al coste real de la vida”, ha señalado.

Santi Martínez ha defendido también que ensanchar la democracia es “el mejor antídoto contra esos estrechos mentales que crecen como parásitos del descontento y fortalecen las ideas supremacistas de la ultraderecha”. “Ensanchar la democracia también en los centros de trabajo, ejerciéndola de verdad, y no aceptando vetos al voto de las plantillas”, ha remarcado.

Por otra parte, ha asegurado que el acceso a una vivienda es “hoy un problema generacional y generalizado” y también es “un problema laboral”. Por ello, ha reclamado un parque público de alquiler “asequible, suficiente y real”.

También ha pedido extender la democracia apoyando el proceso de regularización extraordinaria que “va a sacar de la clandestinidad a miles de conciudadanas” y ha señalado que estarán presentes para “evitar el dumping salarial a la baja que quieren establecer algunas empresas”.

“Hoy queremos ser la referencia de la población trabajadora migrante. Porque en nosotras no van a encontrar ninguna duda, ninguna vacilación banderiza, ninguna barrera teñida de patriotismo rancio, sea vasco o español, nosotras tenemos claro que, como antes, y como siempre, 'de aquí o de fuera, la misma clase obrera. No podemos criticar las prioridades nacionales de algunos y callarnos ante otras prioridades y privilegios que, nos lo cuenten como nos lo cuenten, fragmentan la sociedad y el mundo del trabajo”, ha criticado.

Por su parte, el presidente de la omisión gestora de UGT Euskadi, Tximi López, ha reafirmado el papel del sindicalismo de clase como “primera línea de defensa” de los derechos laborales en el actual contexto de incertidumbre global y ha subrayado que su prioridad absoluta es la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora “por encima de intereses y de siglas”.

En este sentido, Tximi López ha defendido la apuesta por la negociación y el acuerdo que mantiene UGT y ha rechazado las críticas por su participación en la Mesa de Diálogo Social, porque el compromiso con los trabajadores se demuestra “con hechos y convenios, no con descalificaciones”.

“Que nos oigan los que tanto nos critican: no estamos aquí para afianzar siglas, sino derechos”, ha asegurado en referencia a ELA y LAB que no participan en ese foro.

Tximi López ha añadido que, frente a quienes prefieren “la parálisis” para reafirmar sus posiciones, UGT opta por “mancharse las manos para lograr avances reales”.

Este Primero de Mayo de 2026, en el que los sindicatos sacarán a las calles vascas miles de trabajadores reivindicando sus derechos, parece calcado al del año pasado, como si las reivindicaciones que centraron los lemas de 2025 hubieran quedado suspendidas. El año pasado las reclamaciones de los sindicatos vascos iban del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio para Euskadi al “no a guerra”. Y en esas mismas estamos un año después, con situaciones incluso peores en lo que se refiere a los conflictos bélicos, que están repercutiendo -al margen de en la pérdida de vidas humanas- en un progresivo deterioro de las condiciones económicas que influye directamente en la situación de los trabajadores. En cuanto al SMI vasco, sigue estancado, sin que la patronal vasca quiera sentarse a negociar.

Así las cosas, los salarios dignos y las consecuencias que tendrán las guerras abiertas -Ucrania, Gaza, Irán- sobre los trabajadores, con lo que eso supone en el coste de la vida, la pérdida de poder adquisitivo, las dificultades para acceder a una vivienda o el incremento de la precariedad laboral, centrarán los lemas de los sindicatos que se manifestarán este viernes festivo por las capitales vascas, en su mayoría separados, como ya es habitual en el panorama sindical vasco.

Aunque son muchas las reivindicaciones que comparten, solo CCOO y UGT se manifestarán de forma conjunta entre los cuatro sindicatos más representativos. El primer sindicato vasco, ELA, y el segundo en representatividad, LAB, lo harán por separado, ratificando una vez más que la unidad de acción entre ambas centrales queda restringida a casos muy puntuales. Otras centrales como ESK compartirán convocatoria con Steilas, CGT y CNT. Aunque habrá manifestaciones de todas las centrales en las tres capitales, la mayoría ha elegido Bilbao para sus actos centrales. Este es el caso de ELA, CCOO y UGT, mientras que LAB tendrá la manifestación central,con sus principales líderes, en Donostia.

En el caso de ELA, el sindicato que dirige Mitxel Lakuntza concentra sus esfuerzos en una única manifestación en la capital vizcaína -tendrá otra en Pamplona- bajo el lema ‘SMI 1.500; Jo ta ke, hemen erabaki arte’, un lema que ya es toda una declaración de intenciones: no cesará en su reivindicación de un salario propio de mínimo 1.500 euros hasta que se consiga, como ya advirtió con motivo de la huelga general por este motivo que capitaneó junto con LAB y otros sindicatos como Steilas, ESK, Etxalde, Hiru, CNT, CGT. El sindicato, que junto a otras centrales nacionalistas de varias comunidades autónomas ha puesto en marcha una campaña en el Congreso para conseguir modificar el Estatuto de los Trabajadores y que las comunidades puedan legislar sobre el SMI, insta al lehendakari a implicarse directamente en el proceso y reivindicar esta competencia a Madrid. ELA considera que “con un SMI propio, se demostrará otro principio cada vez más evidente: es necesario reforzar la soberanía de Euskal Herria. Cuanto más cerca esté el poder de decisión, más justas serán las medidas políticas”.

LAB realizará un total de 26 manifestaciones en las capitales vascas y navarra, en Baiona y Maule, se movilizará junto a la intersindical y en varias comarcas, aunque la movilización central tendrá lugar en Donostia. Ante la guerra y el encarecimiento de la vida, LAB reivindicará políticas a favor de los trabajadores bajo el lema 'Langileok eragin'. Denuncian desde este sindicato que la patronal, como ocurrió con la crisis financiera, la pandemia o la guerra de Ucrania, intentará hacer que la clase trabajadora “pague la factura de la guerra en Oriente Medio, encareciendo los precios y atacando el empleo y las condiciones laborales”. Ante ello, consideran que hay que expresar con firmeza un mensaje contra la guerra: “No a la guerra y no a pagar la factura de la guerra”.

En este contexto incierto reclaman “políticas en favor de los trabajadores”, con salarios y pensiones con “ingresos mínimos dignos”. “Hay que reivindicar que se ponga en el centro las vidas de todos y todas, en lugar de los beneficios de unos pocos”. “Hay que establecer políticas de redistribución en Euskal Herria; políticas para el reparto del empleo, de los cuidados y de la riqueza”, señalan desde el sindicato.

UGT y CCOO se movilizarán juntos en Euskadi, siguiendo la estela de sus formaciones en todo el Estado. Realizarán movilizaciones en las tres capitales vascas, con acto central en Bilbao, bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia'.  “Es decir, defender derechos frente a trincheras, salarios frente a precariedad, vivienda frente a especulación y democracia frente a discursos de odio y exclusión”, señalan desde estos sindicatos. Ambas centrales quieren además quieren que sea un día para contraponer el diálogo social que defienden “herramienta eficaz y útil” ante el “ruido y la crispación” de sindicatos que defienden “el conflicto estéril y el grito”. Además, quieren que sea una oportunidad para reclamar la defensa de proteger la industria para garantizar salarios dignos y exigir a las Administraciones públicas que no destinen ni un euro de dinero público a las empresas que optan por la deslocalización ante la mínima dificultad.

Otros sindicatos como ESK, Steilas, CGT y CNT comparten convocatoria con manifestaciones en las tres capitales vascas en contra de la guerra y el imperialismo, aunque el acto central será en Vitoria: “No vamos a permitir que sigan empobreciéndonos para enriquecerse a nuestra costa y, menos aún, que lo hagan justificando, por acción o por omisión, guerras e injerencias imperialistas”, señalan.

Estas son las principales manifestaciones

ELA: El sindicato mayoritario concentra las movilizaciones en la CAV en Bilbao, a las 11.30 horas. Un acto central en la plaza del Sagrado Corazón con intervención de Mitxel Lakuntza dará paso después a la manifestación que acabará en la plaza Circular.

LAB: La movilización principal será en Donostia. Una manifestación arrancará a las 12 horas de la plaza Easo y termirá en la plaza de la Trinidad, con un acto de la coordinadora general Garbiñe Aranburu. Además, se manifestarán en Vitoria a las 12.30 desde la plaza de la Provincia, y en Bilbao a las 12 desde la plaza Zabalburu.

CCOO y UGT: El acto central de estos sindicatos tendrá lugar en Bilbao, con la presencia de Santi Martínez, secretario general de CCOO, y de Tximi López, responsable de la comisión gestora que dirige UGT. La manifestación arrancará a las 11.30 a la altura del número 77. En Vitoria arrancará a las 12 de la Virgen Blanca y en Donostia a la misma hora desde el Alderdi Eder

ESK, Steilas, CGT y CNT: Manifestaciones en las capitales, a las 11.30 desde la Gran Vía de Bilbao, a la altura del número 56; a las 12 en Donostia desde el Museo de San Telmo; y a las 12,30 desde el Palacio Europa de Vitoria.

Finalmente, el 20 de abril no habrá vista previa de cara al juicio de las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). Según una providencia de la Audiencia Provincial de Álava con fecha de este miércoles, “se deja sin efecto el señalamiento previsto [...] en atención a la posibilidad de un cambio en la composición del tribunal”.

No se explica más en la comunicación trasladada a las partes de los motivos del posible cambio en la terna de jueces que iban a dirigir este proceso, de la sección segunda de lo penal de la Audiencia alavesa. Simplemente se indica que se pospone 'sine die' este trámite previo para un juicio que nunca ha llegado a tener fecha.

Los exámenes de Osakidetza bajo investigación se celebraron en mayo de 2018. Un mes después, elDiario.es/Euskadi y la Cadena Ser informaron de las primeras denuncias de la existencia de filtraciones. Abarcaban a decenas de categorías y se repetía un patrón común: notas altas y rayanas a la perfección en el caso de aspirantes cercanos a los autores de las preguntas. Una tortuosa instrucción, con cambios constantes de magistradas, ha desembocado en un juicio con todo archivado salvo las incidencias de Cirugía Plástica a pesar de indicios y testimonios en muchas más pruebas como Anestesia, Angiología o Cardiología.

Son dos las personas que se sentarán en el banquillo, la opositora Thais Salas y el doctor Alfredo Martínez Flórez, miembro del tribunal evaluador y pariente en aquel momento de la aspirante. La examinanda logró 48 aciertos de las 50 preguntas realizadas por su allegado, pero bajó a 24 de 50 en la segunda mitad, ya con otra autoría. Era una prueba de alta dificultad y, a pesar del dato de la segunda parte, su nota fue de las más altas, “muy por encima del resto de opositores”.

La Fiscalía ha solicitado dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el doctor Martínez Flórez por “filtrar las preguntas” del examen. El ministerio público pide para ella un año de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación, así como la imposibilidad de que obtenga ayudas públicas durante ocho años. LAB y ESK, sindicatos personados como acusación, plantean condenas más elevadas. En un primer momento se barruntó la posibilidad de que los imputados llegaran a un acuerdo para admitir los hechos a cambio de una rebaja sustancial de la condena efectiva pero fuentes de su entorno lo descartan de plano. Su estrategia pasa por defender su inocencia total hasta el final.

Fuentes próximas a los dos únicos imputados que finalmente se sentarán en el banquillo de los acusados en una fecha indeterminada en el caso de las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) de 2018, una opositora del examen de Cirugía Plástica y un vocal del tribunal, señalan con rotundidad a este periódico que no tienen intención de alcanzar acuerdo alguno por el que puedan recibir una pena rebajada a cambio de confesar irregularidades. El próximo lunes, 20 de abril, se celebrará una vista preliminar en la Audiencia de Álava donde, entre otras cuestiones previas, se tocará la posibilidad de una conformidad, una hipótesis lanzada en su momento por la Fiscalía pero que no tiene visos de cristalizar.

Los exámenes de Osakidetza bajo investigación se celebraron en mayo de 2018. Un mes después, elDiario.es/Euskadi y la Cadena Ser informaron de las primeras denuncias de la existencia de filtraciones. Abarcaban a decenas de categorías y se repetía un patrón común: notas altas y rayanas a la perfección en el caso de aspirantes cercanos a los autores de las preguntas. Una tortuosa instrucción, con cambios constantes de magistradas, ha desembocado en un juicio con todo archivado salvo las incidencias de Cirugía Plástica a pesar de indicios y testimonios en muchas más pruebas como Anestesia, Angiología o Cardiología. Aquí, la examinanda logró 48 aciertos de las 50 preguntas realizadas por su allegado, pero bajó a 24 de 50 en la segunda mitad, ya con otra autoría. Era una prueba de alta dificultad y, a pesar del dato de la segunda parte, su nota fue de las más altas, “muy por encima del resto de opositores”.

La Fiscalía ha solicitado dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el doctor Martínez Flórez por “filtrar las preguntas” del examen, de cuyo tribunal era integrante, a la opositora, a la que le unía un vínculo familiar. El ministerio público pide para ella un año de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación, así como la imposibilidad de que obtenga ayudas públicas durante ocho años. Estimaba “probable”, al presentar su escrito de calificación, que se pudiera alcanzar una conformidad si ambos admitían los hechos, con lo que las penas quedarían moduladas, pero ahora las defensas de los imputados descartan de plano esa opción.

Hay otras dos acusaciones, los sindicatos LAB y ESK. Según la documentación judicial a la que ha tenido acceso este periódico, los sindicatos personados piden penas más elevadas que la Fiscalía. En el caso de LAB, por ejemplo, demanda tres años de prisión para cada uno de los dos imputados. Solamente aceptaría un acuerdo en caso de que los acusados entrasen a explicar que las filtraciones han sido históricamente una dinámica “estructural” dentro de Osakidetza. ESK, por su parte, pide dos años de cárcel para ambos.

El doctor y la opositora, de su lado, han presentado ante el juzgado brevísimos escritos de defensa con una premisa muy clara. Al contrario de lo que ha concluido la investigación, garantizan que no se intercambiaron el material y, por consiguiente, “donde no hay delito no hay autor”. Las fuentes consultadas insisten en esa tesis e incluso aventuran que la vista previa apenas durará “cinco minutos” porque no hay nada que acordar antes del juicio, cuya fecha es desconocida. Sí se deberá de concretar si, como desea LAB, el consejero en el momento de los hechos, Jon Darpón, acude o no como testigo a la vista oral.

La patronal vasca, Confebask, vuelve a decir que no. Ni los llamamientos al diálogo de las instituciones, ni la huelga general del 17 de marzo han hecho que varíe su postura sobre negociar un salario mínimo propio para los trabajadores vascos, más elevado que el del Estado. Los empresarios han anunciado que no asistirán a la reunión a la que les habían citado ELA y LAB en la sede del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) para este martes y cierran de nuevo la puerta a la negociación.

“Declinamos nuevamente la petición cursada para la apertura del ámbito negocial pretendido y esperamos que se desista de la misma”, han señalado los empresarios a través de un comunicado adelantándose a la cita de este martes. Los sindicatos habían planteado esta última reunión centrando la negociación sólo en salario, dejando fuera las cotizaciones sociales que se referencian a él. Pero tampoco así quieren sentarse los empresarios, que es ya la cuarta vez que rechazan abrir la negociación. Las centrales ya han advertido de que “si esta fase de interlocución y negociación” que intentaban abrir tras la huelga general “concluye sin acuerdo, llegará el momento de volver a las movilizaciones”. “La reivindicación del salario mínimo ha venido para quedarse y hasta que se logre las iniciativas sindicales no se van a para”, alegan.

Confebask considera que esta convocatoria no se distingue en nada de las anteriores. En este sentido, indica que ELA y LAB “siempre han planteado una única y exclusiva pretensión: un salario o retribución mínima para quienes presten servicios en la comunidad autónoma del País Vasco. ”Así se deduce de todos los documentos presentados en el CRL, de la demanda interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de las manifestaciones vertidas en el acto del juicio celebrado, e incluso del reciente recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo. Nunca se refirieron o pretendieron otra cosa o efecto secundario derivado de ese salario o retribución mínima reclamado“, exponen. Por eso, señalan que ”sorprende la nueva convocatoria cursada por ELA y LAB ante el CRL, cuya única aportación respecto a las previas es que especifican y explican que sólo pretenden negociar el referido salario o retribución mínima 'en términos laborales'. Nunca tuvimos nadie esa duda“, afirman.

Por ello, han insistido en que se trata de una cuestión que “ya ha sido debatida bilateralmente y en el seno del CRL en múltiples ocasiones”, que ha sido analizada por el Superior, “concluyendo que existe una causa legal para no negociar esa materia (o, dicho de otra manera, que sería ilegal hacerlo)”. Además, han recordado que “se encuentra pendiente de recurso de casación presentado por ELA y LAB ante el Tribunal Supremo, situación que exige la ausencia de negociación respecto de una materia sobre la que el único pronunciamiento judicial hasta el momento ha decretado que no puede someterse a dicha negociación”. 

Llamamiento desde el Gobierno al diálogo social

El nuevo portazo de la patronal al diálogo se ha acogido con disgusto desde el Gobierno vasco. El vicelehendakari, Mikel Torres, ha vuelto ha hacer un llamamiento al “diálogo social” tras conocer el rechazo de Confebask a acudir a la cita. Torres ha pedido a sindicatos y patronal “hacer los esfuerzos necesarios para continuar en el diálogo y avanzar en la negociación colectiva”.

Tras lamentar la falta de avances, ha advertido que tanto la falta de diálogo social como la judicialización de los conflictos laborales es “un error”: “Los problemas de negociación colectiva, entre los que está la consecución de unos salarios acordes a la situación sociolaboral de Euskadi, no deben llevarse ni a los tribunales ni a reformas legislativas de consecuencias imprevisibles, sino a la mesa de diálogo social”, ha destacado.

Mientras tanto, ELA y LAB han exigido al Gobierno vasco que deje de “buscar equidistancias entre los agentes sociales y hacer frente directamente a Confebask para que abandone su modelo de negocio del siglo XIX basado en la pobreza extrema de los trabajadores y las trabajadoras”.

Tras la huelga general el pasado 17 de marzo que se acompañó de multitudinarias manifestaciones en las capitales vascas, la negociación para conseguir un salario mínimo propio en Euskadi, por encima del vigente en el Estado, vuelve a la casilla de salida. En concreto, al emplazamiento a la patronal a que siente a negociar la cantidad mínima que los trabajadores deben cobrar en Euskadi. Los sindicatos ELA y LAB han citado a Confebask a una reunión en el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) el martes día 24 para abordar la negociación. En el caso de Navarra la cita con la patronal está convocada un día después, el día 25.

La reunión de este martes será la cuarta ocasión en la que se intenta llegar a un acuerdo con los empresarios sobre este tema, después del primer encuentro que se celebró en febrero de 2025 y al que los empresarios acudieron solo para decir que no tienen intención de abordar este tema, al menos tal y como lo plantean los sindicatos. A partir de ahí no ha habido más que desencuentros con los empresarios. Por un lado, los empresarios se aferran a que se trata de una competencia que es del Estado y, por lo tanto, no les corresponde a ellos fijarla. Y por otro, consideran que establecer un salario mínimo común para todas las empresas de Euskadi, más elevado que el de otras comunidades, pondría en “riesgo a la competitividad y la sostenibilidad de las empresas vascas”.

Ante la negativa de la patronal a sentarse a negociar, ELA y LAB llevaron el tema a los tribunales, pero el TSJPV desestimó la demanda por ser una cuestión de competencia estatal. Sin embargo, los sindicatos se han aferrado precisamente a la argumentación contenida en esta sentencia para volver a citar a los empresarios. Las centrales señalan que la Justicia estableció que los sindicatos “pueden negociar con Confebask un salario mínimo para las relaciones laborales, pero sin afectar a las prestaciones sociales” y, por ello, ahora proponen “una nueva negociación dentro de ese marco”. En su petición de reunión señalan expresamente que solo quieren negociar un nivel salarial básico que afecte a las relaciones laborales de Euskadi y no a las prestaciones sociales.

ELA y LAB consideran que la sentencia supone que no pueden reclamar a la patronal la negociación de un salario mínimo legal que supere el marco de las relaciones laborales, ya que las negociaciones “no pueden afectar, por ejemplo, a la regulación de la Seguridad Social, a la inembargabilidad legal de los salarios o la determinación de las indemnizaciones del Fogasa” algo que, según aseguran, nunca han exigido en su reclamación de negociación a la patronal, razón por la que recurrirán la sentencia.

CCOO y UGT, que no convocaron ni secundaron la huelga , consideran que este nuevo emplazamiento entra de la fórmula de salario mínimo de convenio que estos sindicatos sí defienden, por lo que han emplazado a la patronal a negociar. Los sindicatos convocantes del paro consideran que “el éxito de la huelga general y las movilizaciones masivas” demuestran que “la sociedad vasca no va a ceder en la reivindicación de un SMI propio de 1.500 euros” y han considerado que “el clamor social debe obligar a gobiernos y patronales a avanzar de modo inmediato en su implantación”. Creen que la huelga ha sido “una demostración de fuerza de la clase trabajadora vasca”. “Estamos más fuertes que ayer, y tanto los partidos políticos como las patronales se han dado cuenta”. “No pararemos hasta conseguir el objetivo”, advierten. Y consideran por ello que la patronal debe escuchar el mensaje que le ha lanzado la huelga y sentarse a negociar.

De forma paralela, se mantiene abierta la vía iniciada de pedir a los partidos en el Congreso de los Diputados que presenten iniciativas para modificar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, de manera que las comunidades autónomas tengan capacidad para legislar sobre el SMI, siempre y cuando sea para elevarlo por encima del vigente en el conjunto del Estado. Esta iniciativa ha llevado a reunirse con los partidos en el Congreso a los sindicatos nacionalistas de Euskadi, Catalunya, Galicia, Islas Baleares y Valencia. “Ningún partido con los que nos hemos reunido -todos con representación a excepción de PP y Vox- nos han dicho que no”, han asegurado.

La mayoría sindical vasca, capitaneada por ELA y LAB, ha hecho una demostración de fuerza este martes al conseguir sacar a miles de personas a la calle en una jornada de huelga general para presionar a la patronal, y también a los Gobiernos vasco y navarro, con el objetivo conseguir un salario mínimo propio, diferenciado y más elevado que en el Estado, y por encima de los 1.500 euros. Las movilizaciones del mediodía han llenado las calles de Bilbao, Vitoria, Donostia y Pamplona, y también ha habido convocatorias en otras localidades más pequeñas. Mientras, el seguimiento ha sido desigual en los diferentes sectores. ELA ha cifrado en 105.000 las personas en la calle. Ha sido una jornada con algunos incidentes, como los ocurridos a primera hora en Vitoria, con quemas de neumáticos y contenedores, o a mediodía en Bilbao, donde se ha producido un detenido en la Gran Vía.

“Nos van a tener enfrente hasta que decidan sentarse y acordar con los sindicatos un salario mínimo”, ha avisado Mitxel Lakuntza, secretario general de ELA, en el mitin que ha cerrado la manifestación de este martes por la mañana en Bilbao y en la que se han congregado miles de personas contra “el saqueo organizado que se está dando desde los empresarios”. “Hoy la clase trabajadora vasca ha demostrado la fuerza que tiene”, ha advertido el coordinador general de LAB, Igor Agirre, que ha estado también en la marcha de la capital vizcaína. Steilas, ESK, Etxalde, Hiru, CNT, CGT o el movimiento alrededor de GKS o los pensionistas también llamaban a la huelga, pero no CCOO y UGT.

Las manifestaciones se han celebrado también en Vitoria, Donostia, Pamplona, Eibar y Tudela. Con ellas, los sindicatos convocantes han querido mostrar en la calle su fuerza en un paro que han calificado de rotundo éxito, aunque ha tenido un seguimiento desigual según los sectores, con mayor repercusión en educación y empresas industriales, con amplio seguimiento en algunas de las grandes, sobre todo en Gipuzkoa. En Osakidetza, donde la huelga vasca ha coincidido con jornada de paro de los médicos, la incidencia ha sido menor que la de este lunes, con solamente la convocatoria profesional. Los transportes, aunque con retrasos, han circulado en general por encima del 30% de servicios mínimos. En el comercio ha habido cierres al paso de los piquetes u obligados por ellos, sobre todo en el centro de Bilbao.

Partidos como EH Bildu o Podemos han instado a la población a sumarse a la huelga. El fin de la huelga es doble: por un lado, presionar a la patronal para que se fije un salario mínimo en Euskadi de 1.500 euros, frente a los 1.221 euros vigentes ahora en todo el Estado. Por otro, presionar a las fuerzas políticas para que exijan las competencias para fijar el SMI, hoy por hoy legislación básica, y, por lo tanto, competencia exclusiva del Estado. De hecho, gran parte de las intervenciones de los líderes sindicales se han destinado a cargar contra los Gobiernos de Imanol Pradales, sobre todo, y de María Chivite.

“Los Gobiernos de Chivite y de Pradales tienen que rectificar. Es injustificable que tengan una posición contraria al salario mínimo interprofesional. Es una decisión que va en contra del propio autogobierno y lo único que hace es favorecer la continuidad de la precariedad”, ha señalado Lakuntza. De igual forma, Arroyo se ha dirigido directamente a Pradales: “Se presentó como una especie de cambio respecto a Iñigo Urkullu, pero parece que está haciendo un recambio, un cambio 'fake'. Estamos viendo como una tras otra está dando negativas a reivindicaciones populares”. Y ha citado las negativas a la ILP de las pensiones o del SMI. “Pues bien, señor Pradales, si sigue en esas, va a ir viendo como su Gobierno tiene un declive, porque aquí no valen medias tintas. O se está con las inquilinas o se está con los fondos buitres, o se está con las mujeres que luchan contra la precariedad salarial o con una patronal que se aprovecha del trabajo productivo y reproductivo de las mujeres. O con Tubos Reunidos y con la gente que defiende sus puestos de trabajo o con la oligarquía de Josu Jon Imaz o de José Antonio Jainaga”, ha señalado.

Estas críticas directas han servido al PNV para otorgar a la huelga una “clara motivación política”. A través de un comunicado, los de Aitor Esteban han acusado a los sindicatos de buscar únicamente “generar ruido y mostrar una sensación de un descontento social que no se acerca a la realidad”. Además, ha advertido el PNV de que en ningún caso el derecho a la huelga “ampara actos vandálicos y violentos”, en relación sobre todo a los incidentes que se han producido en Bilbao al paso de piquetes en los que se han producido ataques a varios comercios con rotura de escaparates y en algunos piquetes en empresas a primera hora de la mañana.

“Como partido defensor de los derechos fundamentales de las personas, [el PNV] respeta el derecho a la huelga de la ciudadanía, un derecho que incluye respetar también a quien no quiera ejercitarlo y que, en ningún caso, ampara actos vandálicos y violentos”, opinan. Y recalcan que las comunidades “carecen de competencias” para aumentar el Salario Mínimo Interprofesional: “Es el Gobierno español, y en concreto el Ministerio de Trabajo, quien tiene la potestad para establecer y subir anualmente el SMI”.

También el Gobierno vasco, que ha celebrado su Consejo de Gobierno con total normalidad, ha criticado los incidentes, y han abogado por defender el SMI propio a través del diálogo social. Como ocurre en todas las huelgas, el entusiasmo de los sindicatos sobre el seguimiento del paro se ha minimizado por parte de la Administración, en el caso del sector público, o de las diferentes patronales.

A falta de datos más concretos al cierre de la jornada, a mediodía, los sindicatos cifraban la huelga en Educación en más del 80% en las 'haurreskolak', más del 80% en las ikastolas, más del 60% entre el profesorado del sector público y más del 65% entre el personal de servicios. Educación, por su parte, ha cifrado el seguimiento en los colegios publicos en un 49%. En la Administración general el dato es del 16,82%, en Prisiones únicamente diez personas han hecho huelga, en Euskotren ronda el 19% y en Osakidetza un 12%, según las fuentes oficiales consultadas.

En el caso de los transportes, Metro Bilbao ha informado de que su servicio se ha desarrollado al 60% de un día normal, aunque los servicios mínimos fijaban la frecuencia de trenes en un 30%. También Bilbobus o Lurraldebus han circulado muy por encima de los servicios público. Tuvisa, en Vitoria, tenía solamente al 13% de huelga a primera hora.

En cuanto al seguimiento en la industria, el balance de los sindicatos es de una incidencia máxima en el sector industrial, sobre todo en Gipuzkoa, con muchas fábricas que han tenido que parar la producción, como KSB Itur; Inda Taldea; Elmubas; Korta; Ampo; Mendiaraz; Corrugados; Natra; Garay; Elay; Tesa; Yurrita; Arcelor Bergara; Ikankonitrek; CIE Legazpi; GKN; Indar; Hine; CAF de Irun y Beasain; Niessen; Lau lagun; Ubis; Mendiola; Ahlstrom; ITV zerbitzuak; Biele Azpeitia, Guerra Hnos Beasain; ABC Eibar; JMA; o Indaux. También la huelga ha tenido impacto en Irizar, Orona, Fagor Electronica, o Ulma Embedded.

El seguimiento de la huelga también está siendo muy amplio en importantes empresas de Bizkaia, como Cementos Lemona, Kide, Cikautxo, Nemak, Kauxot, Kutenik, Losal, Bruss, Pronutec, Teknia, Sermanfer, Winoa, Ingeteam, Alstom, Gestamp, Arisawa y Salica. En Álava lo mismo, con paro en Cie Goian, AEG, Cie Nova Recyd, Cie Gameco, SAS Autosystemtechnik, Fibertecnic, Dominion, Tauxme, Wec, Arcelor y Laminaciones Arregui, según informan los sindicatos. Además, han destacado el impacto en las empresas de Aiaraldea, por ejemplo en empresas como Maderas de Llodio, Tubos Reunidos -que está en huelga indefinida- , Tubacex, Inausa, Amurrio Ferrocarril o Envases Metalúrgicos. Otras grandes empresas, alavesas como Mercedes o Michelin han trabajado con normalidad. En Navarra, los sindicatos han destacado el paro en empresas como Funvera, Savera, Torraspapel, Lakuntza Calor, Barranquesa, Omnia, Magotteaux, Arcelor Lesaka, Portland, Aceros Moldeados, GhGuema, Mecaisa o Guerra Hnos y en otras compañías como Kybse, Icer Rail o Ingeteam, entre otras.

En el comercio el seguimiento ha sido desigual, y muchas tiendas han cerrado al paso de las columnas de manifestantes. En Bilbao, en Pull & Bear han accedido tirando la ropa de la tienda y golpeando los escaparates.

Las manifestaciones volverán a tener lugar esta tarde. Los sindicatos, que han convocado a una reunión a las patronales la próxima semana para negociar el SMI propio y advierten a los empresarios de que el seguimiento de este martes les ha dado fuerza para seguir: “No pararemos hasta conseguirlo”.

Miles de personas se han manifestado este martes por las calles del centro de Pamplona para reclamar un salario mínimo propio de 1.500 euros para Navarra, superior a los 1.221 euros que marca el SMI de España. Convocados por los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru, han partido de la Plaza del Castillo pasadas las 12.45 horas del mediodía en una jornada de huelga general también convocada en Bizkaia, Gipuzkoa y Álava.

Encabezada por una pancarta con el lema 'Gutxieneko soldata hemen erabaki. SMI 1.500. Mejorar salarios para repartir la riqueza', y con carteles con mensajes como 'Cuando el salario no alcanza, la dignidad se organiza', o 'Mejorar los salarios para repartir la riqueza', la manifestación ha recorrido varias calles del centro de la capital navarra para finalizar de nuevo en la Plaza del Castillo.

“El salario mínimo que a día de hoy se decide en Madrid es insuficiente para garantizar una vida digna en Navarra”, ha señalado el coordinador de ELA en Navarra, Imanol Pascual, que ha destacado que lograrlo “sería un avance para hacer frente al aumento de la pobreza”. “Las empresas tienen que dejar de tener tanta cara, dejar de hablarnos de absentismo, y remar, poner de su parte y convertir en realidad el salario mínimo”, ha criticado Imanol Karrera, responsable de LAB en Navarra.

Los representantes de los dos sindicatos convocantes de la jornada de huelga han lamentado que la semana pasada en el pleno del Parlamento de Navarra tan solo EH Bildu y Geroa Bai apoyaran una proposición de ley para defender en el Congreso de los Diputados desentralizar el salario mínimo. Así, han afeado al PSN y a Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre) por “sumar sus votos” a los de UPN, PP y Vox para “echar por tierra esta reivindicación”.

A la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, le han reprochado que haya pasado “a la historia en Navarra por ser la primera presidenta que renuncia a tener competencias para mejorar el salario en su tierra y mejorar los salarios de sus trabajadores y trabajadoras”. “Fue un error garrafal. Hoy, viendo esta imagen, que tome nota, porque está a tiempo de corregirla”, ha apuntado el portavoz del sindicato LAB.

Los representantes de los dos sindicatos también han criticado la ausencia de UGT y Comisiones Obreras (CCOO), a quienes han emplazado a sumarse a la mesa de negociación del próximo 25 de marzo con la patronal para negociar que la comunidad foral pueda tener un salario mínimo propio y más elevado. “Son miles y miles de trabajadores y trabajadoras en Navarra los que han dicho 'sí' a nuestra reivindicación, y creemos que esta huelga general va a ser el impulso decisivo para conseguir que Navarra tenga un salario mínimo de 1.500 euros”, ha destacado Karrera.

Sobre datos de seguimiento, el portavoz de ELA, Imanol Pascual, ha señalado que “está teniendo un seguimiento importante” en Navarra, fundamentalmente en la zona norte, donde el seguimiento “está siendo total”. También “está teniendo incidencia” en el cordón industrial de la Comarca de Pamplona y en la zona de Estella. El seguimiento “está siendo menor” en la Ribera, “aunque también hay empresas importantes que están teniendo seguimiento” y donde la huelga “está teniendo incidencia”.

“La valoración es positiva, el número de personas que se están movilizando evidencia que hay una mayoría social en Navarra que quiere que se decidan aquí sus condiciones laborales”, ha aseverado.

Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, así como también Navarra, han afrontado este martes una huelga general. La mayoría sindical vasca, encabezada por ELA y LAB, pero con el apoyo también de otras organizaciones, reclama un salario mínimo propio, diferenciado y superior al vigente en España. Habla de 1.500 euros, frente a los 1.221 euros vigentes ahora. elDiario.es/Euskadi recoge aquí las incidencias, declaraciones, imágenes y vídeos de la jornada.

Y te dejamos también algunas piezas destacadas de la jornada: