La precariedad del sector de los técnicos y montadores de los eventos culturales vascos les llevará a una huelga en Vitoria entre las 6.00 horas del 5 de agosto y las 6.00 horas del 6 de agosto si no media una reacción de última hora de la patronal que no se ha producido en meses. El momento elegido condiciona buena parte del día grande de las fiestas de La Blanca, con decenas de actos programados, y a la noche de conciertos, incluido el de Leire Martínez, uno de los platos fuertes del programa en la plaza de los Fueros.

De momento, en vista de la convocatoria, las txosnas ya han confirmado la suspensión de actividades por las protestas. Pero también están llamados a parar los trabajadores de los actos de la plaza de la Provincia o de la plaza del Matxete, otros dos puntos neurálgicos de La Blanca. “Fiestas que cuentan con un presupuesto millonario y, a pesar de ello, van a estar ligadas a la explotación y a la precariedad laboral”, sostienen los convocantes, que miran a la patronal Euki, pero también a las instituciones públicas promotoras de los eventos y que “adjudican los contratos sin importarles las condiciones de los trabajadores”.

Los convocantes son el colectivo Teknikariok y los sindicatos ESK, LAB, UGT, CCOO, ELA y CNT. Ya hicieron movilizaciones en primavera —aseguran que lograron un seguimiento cercano al 80% en un colectivo de unas 300 personas—, pero ahora buscan el altavoz de las fiestas de las capitales, ya que igualmente anuncian movimientos similares en Donostia y en Bilbao. Las respectivas 'semanas grandes' arrancan el 8 y el 22 de agosto, respectivamente.

“La paralización será muy amplia [...]. Y tenemos el apoyo del público y de la cultura”, vaticinan los convocantes, que han celebrado una rueda de prensa cerca de la Virgen Blanca de Vitoria, donde se iniciarán las fiestas este martes a las 18.00 horas. Marta Castro Dehesa, de Teknikariok, ha apelado a la “empatía” de la ciudadanía y “de los que se suben al escenario” porque “sin el que conecta el audio nada sería posible”.

El Ayuntamiento, ante el temor a que se le caiga parte de la programación, ha sugerido que serían necesarios “servicios mínimos”. Los convocantes han acogido con extrañeza la petición. “Ya nos gustaría que la cultura” fuera considerada un servicio básico, han ironizado. Insisten en que ese deseo “no se aplica de ninguna manera” y ven una “intención política” de “aparentar que están intentando hacer algo”.

Los convocantes recalcan que “no era la intención” llegar a la huelga, pero “después de más de dos años y medio la negociación sigue bloqueada” y ni siquiera las protestas de primavera han espoleado a Euki. Dicen que el suyo es un sector “completamente desregularizado” que, además, tiene que cohabitar con “paracaidistas”, es decir, empresas que vienen de fuera a festivales y cuyas condiciones son diferentes. No tienen calendarios ni pluses de nocturnidad o festivos y la Inspección de Trabajo ha emitido ya varias resoluciones sobre el sector, han recalcado Teknikariok y los sindicatos promotores de la huelga.

El camino hacia la regularización de la mayor contrata de Osakidetza, la de las ambulancias, se le puede complicar al Gobierno vasco. Los sindicatos LAB, ESK y ELA han formalizado ya recursos administrativos contra los pliegos de la licitación y fuentes de UGT y de LSB-USO indican que están estudiando hacer lo propio. Este periódico ha conocido también que un grupo de trabajadores se está organizando con los mismos fines. Igualmente, son posibles los recursos de empresas del sector y, de hecho, en la vecina Cantabria la asociación AE Trans Sanit ya logró una paralización cautelar del correspondiente concurso.

El plazo se termina este viernes. Después, la pelota quedará en el tejado del denominado OARC (Órgano Administrativo de Recursos Contractuales). Es un organismo dependiente del Ejecutivo vasco que tiene capacidad para paralizar la licitación si ve base en las alegaciones recibidas. El objetivo de Salud, según expuso el viceconsejero Aritz Uriarte, era que los nuevos contratos entrasen en vigor el 1 de enero de 2027.

Euskadi vive un período de excepcionalidad en este servicio sanitario básico desde noviembre de 2024, cuando Osakidetza rescindió antes de tiempo sus contratos con la catalana Grup La Pau, prestataria del servicio en Bizkaia y en Álava. Se realizaron adjudicaciones directas de emergencia para salvar la situación. Así, Ambulancias Gipuzkoa se mantuvo en ese territorio y pasó también a gestionar Álava, y en Bizkaia se creó 'ad hoc' la marca Bizkanb, una UTE de la rama sanitaria de Alsa (Sanir) con Baztan-Bidasoa.

Ahora, con la mirada puesta en 2027, se busca regularizar la situación con un doble concurso, por un lado para las ambulancias urgentes (las de color amarillo) y por otro para las programadas (las blancas y azules). El Gobierno vasco mencionó la cifra de 650 millones como presupuesto orientativo, pero es el cálculo sin IVA para los cuatro años estimados para el nuevo servicio, hasta 2030. Los sindicatos, en cambio, lo elevan a 1.359 millones si se tienen en cuenta todos los conceptos y los tres años de posible prórroga, hasta finales de 2033.

En una rueda de prensa en Vitoria este jueves, el sindicato ESK ha explicado el motivo de sus recursos. Consideran que la experiencia pasada con Grup La Pau —el Gobierno vasco acaba de personarse en el juzgado de Barcelona que gestiona su concurso de acreedores porque debe 13,6 millones de su etapa en Euskadi— hace más evidente la necesidad de no externalizar estos servicios públicos. “La gestión directa es mucho más eficiente”, ha dicho Patxi Nicolau. ESK denuncia también que las adjudicaciones temporales para tapar la salida de La Pau a Bizkanb y Ambulancias Gipuzkoa “se han prolongado mucho más de lo debido, casi dos años”, y ha lamentado que el modelo, en esencia, no ha sufrido grandes cambios porque las nuevas empresas “siguen acumulando denuncias y sanciones”.

En un comunicado, el sindicato LAB también ha criticado esta licitación y alude a que el PNV mantiene un “modelo neoliberal” gracias a “colaboración” del PSE-EE, su socio en el Gobierno vasco. “Convierten un derecho fundamental en un nicho de negocio y actuación empresarial”, entienden. “Estos contratos suman más de 1.000 millones de euros. Esa cantidad de recursos representa una oportunidad perdida de dimensiones históricas. Con esa inmensa cantidad de recursos públicos no sólo se podría prestar el servicio de ambulancias de forma directa, pública y eficiente, sino que aún quedarían recursos para implementar mejoras estructurales urgentes en el conjunto de la Sanidad pública vasca y reforzarla en beneficio de toda la sociedad”, añade LAB.

En el caso de ELA, ya presentó un primer recurso y el OARC ha comunicado el cierre de ese expediente porque el sindicato desistió. Ahora interpondrán otro porque, según indican, les faltaban algunas cuestiones que han querido incoporar. Las secciones sindicales de ELA en Ambulancias Gipuzkoa y Bizkanb entienden que la licitación “vulnera los derechos laborales” del personal. “No vamos a admitir más empresas piratas”, claman también desde la central, que recuerda que cada trabajador tiene una deuda media de 2.000 arrastrada desde los tiempos de Grup La Pau. “Lo tenemos claro: la publificación es la única solución”, estima ELA.

En UGT, que presentó en 2024 el recurso que supuso el primer hito en el largo proceso que acabó con la rescisión de La Pau unos meses después, explican que se hallan “estudiando” la posibilidad de ir al OARC. Lo mismo trasladan desde LSB-USO, donde ven en los pliegos algunos puntos contrarios a los derechos laborales de la plantilla e incluso a la prevención de riesgos. “Somos trabajadores 'low cost' de Osakidetza: más horas, menos precio y las mismas exigencias”, ironizan desde esta central.

Asimismo, este periódico ha accedido a un escrito de un grupo de trabajadores que también está considerando presentar un recurso. Este colectivo afirma que el consejero Alberto Martínez se comprometió a no ampliar el perímetro de externalizaciones en el marco de su pacto de sal y, al contrario, a ir publificando contratos en la medida de lo posible y entienden que en los pliegos, cuando se crean nuevos servicios y se presentan como mejoras, se está incumpliendo esta premisa.

Hay un total de 386 ambulancias de Osakidetza externalizadas, 76 amarillas y 310 para servicios programados. Sí son de gestión enteramente pública las denominadas UVI móvil. El Gobierno explicó que de cara al futuro contrato se han introducido importantes mejoras, sobre todo para evitar el pago de servicios retrasados. Asimismo, en un documento oficial enviado al Parlamento Vasco, el consejero Martínez indicó que los pliegos han incorporado propuestas de asociaciones de pacientes pero también de los sindicatos LAB y UGT.

La mayoría sindical en Osakidetza, conformada por los sindicatos Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT —y apoyada por ESK desde fuera—, ha respondido este miércoles al acuerdo de mejora de condiciones laborales exclusivamente para el colectivo médico, aprobado ya definitivamente este martes, con el anuncio de una “dinámica de huelgas y movilizaciones” en otoño. El calendario, eso sí, no ha sido definido y se hará “después del verano”.

El consejero Alberto Martínez confirmó ya la entrada en vigor del pacto alcanzado con el SME y que tendrá una dotación total de 75 millones de euros. Para el resto de organizaciones con representación en Osakidetza, en cambio, “no da respuesta a las reivindicaciones del colectivo ni afronta los retos estructurales del sistema sanitario público vasco” y consolida un modelo de “autoconcertación”, es decir, de abono de horas extraordinarias para reducir listas de espera sin ampliar la plantilla estructural.

Asimismo, critican que Osakidetza ha operado “fuera de los cauces ordinarios de negociación colectiva, debilitando el papel de la mesa sectorial”, tras unas conversaciones bilaterales con el SME, “que no puede ser considerado como único interlocutor válido del colectivo médico”. “El futuro de Osakidetza no puede construirse mediante respuestas parciales ni acuerdos que afecten únicamente a una parte de la plantilla. Cualquier reforma del sistema sanitario debe abordarse de manera global, contando con la representación de todos los colectivos profesionales y garantizando la cohesión de los equipos asistenciales”, han dicho.

La plataforma de la unidad sindical incluye la exigencia de un convenio para toda Osakidetza —el anterior es de 2008—, políticas para “mejorar” el sistema sanitario público y “respeto” para las mayorías representativas. Satse y los cuatro sindicatos de clase, en una rueda de prensa en Bilbao, han querido recalcar también que sus reclamaciones “no se dirigen contra ningún colectivo” aunque el consejero Martínez haya buscado, a su juicio, “enfrentar” a los diferentes grupos.

El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, “se ha metido en un lío”, según un observador de los últimos movimientos en Osakidetza. El equipo de Martínez, anestesista que hasta estrenarse en política en 2024 trabajaba en el hospital de Cruces, ha acordado en encuentros “bilaterales” con el SME (Sindicato Médico de Euskadi) una mejora de las condiciones laborales exclusivamente de los facultativos, unos 8.500 de una plantilla de 34.000. Esto está consensuado también con un nuevo movimiento llamado MUD que carece de representación legal.

El resto de los sindicatos, una amplísima mayoría en el foro legal de negociación, la mesa sectorial, ha avisado de que el plan es “clasista” y que este intento de arreglar el objetivo problema de las demandas de los facultativos, con huelgas intermitentes desde comienzos de 2026 y las listas de espera disparándose, ha podido generar un gran incendio en el resto de la plantilla, númericamente muchos más que los facultativos. Se prepara ya un “otoño caliente” y una potencial huelga general tendría un seguimiento mucho mayor y unas consecuencias imprevisibles en la asistencia sanitaria. Es más, ni siquiera el acuerdo garantiza que el SME se descuelgue de las convocatorias de huelga, que son de ámbito español.

1 - Cuál es el contexto

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acordado con la mayoría sindical en el Sistema Nacional de Salud (Satse, CCOO, UGT y CSIF) un estatuto marco para regular las condiciones laborales de todas las categorías profesionales. Sin embargo, las organizaciones corporativas se han opuesto con firmeza, demandando un estatuto propio para los médicos. En el Colegio de Médicos de Vitoria, por ejemplo, lleva meses colgado un cartel con esa reivindicación.

Así, se han ido celebrando huelgas de una semana de duración todos los meses hasta junio. Igualmente, parte del personal médico ha dejado de hacer las denominadas 'peonadas', que son turnos adicionales o 'autoconcertaciones' para reducir las listas de espera fuera del horario ordinario. A finales de mayo, la demora quirúrgica en Osakidetza se estaba acercando ya al pico de 85 días alcanzado en agosto de 2022, tras la finalización de las oleadas de la COVID-19, muy por encima de los 54,2 de hace medio año. Se han incrementado las derivaciones a la privada de modo notable.

Desde el principio, el consejero Martínez ha secundado esta demanda y criticado que la ministra García, de Sumar, no se avenga a negociar. No es el único frente abierto con ella, ya que también mantienen un conflicto con las liquidaciones de los fondos de compensación entre comunidades autónomas. Es más, Martínez se ha erigido en portavoz de las 17 comunidades autónomas en sus críticas a García, también anestesista. Le ha llegado a pedir que delegue las competencias del estatuto marco para resolver el entuerto desde Euskadi.

Como detalle, cuando Osakidetza informa del seguimiento de las huelgas médicas, las notas siempre vienen encabezadas con la frase de que son convocatorias “contra el Ministerio de Sanidad”. La última de ellas tuvo lugar el 19 de junio con la siguiente participación: 16,92% de seguimiento en el turno matinal y 7,85% en el vespertino. El SME asume que los datos están cayendo conforme pasan los meses.

2 - Quién ha firmado el acuerdo

En Euskadi, el último convenio en Osakidetza se firmó en 2008. Era consejero Gabriel Inclán y lehendakari Juan José Ibarretxe, ambos del PNV. Desde entonces, han pasado muchas cosas. En Salud, por ejemplo, estuvo el socialista Rafael Bengoa y los nacionalistas Jon Darpón, Nekane Murga y Gotzone Sagardui.

Ahora, sin haber actualizado el acuerdo regulador, se ha firmado una mejora solamente para una parte de la plantilla y se ha añadido que es un paso “histórico”. El enfado en el resto de la organización es mayúsculo, a la luz de las declaraciones de diferentes representantes sindicales de Satse, de los cuatro sindicatos de clase (ELA, LAB, CCOO y UGT) e incluso de otras organizaciones minoritarias.

Las últimas elecciones en Osakidetza fueron en 2024. Satse fue la ganadora con 89 delegados de 361 posibles. ELA quedó como segunda fuerza con 81, LAB fue la tercera con 44 y en cuarto lugaron empataron, con 34 representantes, UGT y el SME. El acuerdo, por lo tanto, tiene un respaldo de menos del 10% de la representación de la plantilla. En votos, la central médica logró un porcentaje algo mayor, del entorno del 15%. Según datos del propio SME, incluso el 80% del personal médico en Osakidetza no es del sindicato.

Quien no tiene ninguna representación es el MUD, aunque una portavoz de ese colectivo ha ofrecido declaciones en TVE destacando que hay medidas que son de “justicia” y de “dignidad”, no “privilegios”. Algunas voces asimilan esta situación a la del movimiento 'Ertzainas en lucha' de 2023. Sin embargo, la respuesta del Gobierno fue muy diferente. Se insistió en que había una representación legal y mayoritaria que había que respetar y unos foros tasados para el debate. Finalmente, se acordó un convenio precisamente con todos los sindicatos salvo el más próximo a aquel movimiento.

En el caso del SME, Mabel Arciniega ha llegado a decir que “en la mesa sectorial no se aprueban las cosas por mayoría”, que basta con que las refrende el Consejo de Gobierno, y ha argumentado que los facultativos tienen una “problemática específica”. “Sí, somos una parte pequeña, pero somos el eje del sistema”, añadió. Satse no ha dudado en tildar de “ilegal” el pacto. LAB introdujo también otro elemento para la reflexión: ¿están pidiendo algunos médicos más descansos en la Sanidad pública cuando a la vez trabajan en la privada?

3 - Qué se ha acordado

El mejor reflejo del acuerdo es la documentación facilitada por el SME. La central pone el énfasis en el final de las guardias de 24 horas. Igualmente, hay mejoras en las libranzas y en los pagos de esas horas de guardia. “Así, el precio hora guardia supera a la hora ordinaria y, además, con la actualización de las tablas retributivas anuales, conlleva un incremento progresivo hasta llegar a un 38% en el precio de la guardia en 2028 de tal forma que hacer dos guardias equivaldrá a hacer tres guardias en la actualidad”, sostiene el sindicato. Igualmente, “se va a ir disminuyendo paulatinamente la edad de exención, hasta llegar en 2030, hasta los 50 años”. “Es decir, que un profesional de 46 años en la actualidad, podrá dejar de hacer guardias y optar por los módulos compensatorios dentro de cuatro años”, se indica.

“Somos conscientes de que, a día de hoy, eliminar las guardias de un plumazo”es imposible de cara a garantizar una atención 24/7/365 a la ciudadanía. Requiere de un análisis profundo del sistema y redimensionamiento de la plantilla así como de un cronograma de implementación de medidas hasta alcanzar el objetivo. Mientras esto se lleva a cabo, se ha propuesto que, de forma voluntaria y de mutuo acuerdo con el equipo y la jefatura, la persona pueda optar, entre semana, por no trabajar la mañana del día de guardia (recuperando esa jornada ordinaria otro día por la tarde) o, partir la guardia de fin de semana en dos 'medias guardias' de 12 horas, explica el SME.

Asimismo, los médicos tendrán un “incremento salarial de 300 euros mensuales, de forma paulatina” y “a partir del 1 de julio de 2027”. Hay otros ajustes sobre los horarios o la autoconcertación. El acuerdo, según el SME, incluye que el Gobierno defienda públicamente la singularidad del colectivo médico. “Si bien la propuesta no recoge el 100% de nuestras demandas, desde el Sindicato Médico la valoramos positivamente, ya que incluye medidas de aplicación inmediata que van a suponer una mejora en las condiciones laborales del colectivo en cuanto a descansos, reconocimiento de la penosidad de las guardias, conciliación y equiparación de los distintos niveles asistenciales se refiere”, añaden.

El Gobierno aún no ha precisado el coste económico de las mejoras. Simplemente ha dado el dato de que se pondrán sobre la mesa 13 millones ya en 2026. Lo hizo la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, que fue la encargada de escenificar, con fotografía incluida, la firma del pacto con el SME.

4 - Y ahora qué

La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, ha echado un capote a su compañero Martínez y ha defendido los últimos movimientos. Es algo “bueno” para el colectivo médico, que tiene una “singularidad muy concreta”, y “la ciudadanía lo va a notar muy pronto”. Además, esto no “excluye” que se planteen a futuro mejoras para el resto de la plantilla. Obviando el plantón dispensado ya por las centrales, el Ejecutivo asegura que está “trabajando” con ellas para alcanzar nuevos acuerdos.

Con todo, Ubarretxena ha insistido en que “el origen de todo esto está en Madrid”. “Ante el inmovilismo y la cerrazón, nos ha tocado movernos. Hemos hecho nuestras 'etxeko-lanak', los deberes”, ha explicado. En el Parlamento Vasco, la coalición de la ministra solamente tiene un escaño, pero lo ha usado para criticar al consejero Martínez. “Ignora al conjunto de la plantilla, vulnera derechos sindicales y rompe con las mayorías representativas”, ha lamentado Jon Hernández, portavoz vasco de Sumar.

A tenor de las palabras de Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT, se trabaja ya en una movilización de cara al otoño. Deducen que solamente las huelgas han forzado a la dirección de Osakidetza a moverse y entienden que ellos han de aprovechar también esa herramienta. En paralelo, el SME no ha llegado a desmarcarse aún de las nuevas convocatorias médicas previstas en septiembre, que son ya indefinidas. Asegura que no depende de ellos. En todo caso, sí han recomendado a sus afiliados retomar las 'peonadas' para no seguir comprometiendo las listas de espera.

Para el SME, es “lamentable” que “organizaciones que se hacen llamar sindicatos monten un pollo” porque un colectivo logre mejoras laborales. “También somos trabajadores”, ha subrayado en Radio Euskadi. Además, ha considerado “injusto” que facultativos “tengan que hacer unas 1.000 horas más” que un trabajador “normal” de Osakidetza.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, del PNV y anestesista de profesión, ha causado un incendio de grandes dimensiones -y de imprevisibles consecuencias- entre la plantilla de Osakidetza. Persuadido de que el colectivo médico, que es el suyo, tiene que ver reconocida su “singularidad” en una mejora de las condiciones laborales, ha firmado un acuerdo exclusivamente con el SME (Sindicato Médico de Euskadi, cuarta fuerza sindical y sin mayoría) y exclusivamente centrada en mejoras para ese colectivo que tendrán un primer impacto presupuestario de 13 millones en 2026.

El movimiento busca desactivar una huelga periódica que viene arrastrándose desde el inicio del año y también la negativa a hacer 'peonadas' o turnos adicionales para aliviar las listas de espera, pero la realidad es que la mayoría sindical (Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT) se ha plantado en la reunión en que se ha presentado el acuerdo y amenaza ya con una huelga de mucho mayor volumen en el conjunto del Servicio Vasco de Salud.

El contexto del incendio viene de la polémica por el estatuto marco acordado por el Ministerio de Sanidad con la mayoría sindical en España para regular las condiciones de todo el personal sanitario. Los sindicatos corporativos y un nuevo movimiento llamado MUD, que en Euskadi carece de representación legal, plantearon una huelga que tiene como premisa principal que demandan una regulación propia para los facultativos. Las huelgas se inicieron en enero, después se sumó la negativa a las 'peonadas' y el resultado son unas listas de espera disparadas en quirófanos, consultas y pruebas, echando al tras el terreno recuperado tras la pandemia de la COVID-19.

Políticamente, el consejero Martínez se ha erigido en vanguardia contra la ministra Mónica García, que es de Sumar. Ha llegado a actuar como portavoz de las 17 comunidades autónomas y también a plantear que el Estado transfiera a Euskadi las competencias sobre el estatuto marco. En paralelo, en casa, Osakidetza lleva desde 2008 sin un convenio propio.

A finales de la pasada semana trascendió que Osakidetza había alcanzado un acuerdo con el SME para mejorar las condiciones del colectivo médico. La central, que dice representar a un 20% de los facultativos de Osakidetza y que obtuvo del orden del 15% de los votos en las últimas elecciones sindicales, destaca que el documento firmado combate la “penosidad” de las guardias, incrementa los salarios, mejora la conciliación y homogeneiza el trato al personal de ambulatorios y hospitales. Se acabaron, por ejemplo, los turnos de 24 horas seguidas.

El pacto, cerrado de modo bilateral entre el Gobierno y el SME, ha sido sometido este lunes al escrutinio de la mesa, el órgano supremo de representación en Osakidetza, con presencia de todas las fuerzas sindicales elegidas por la plantilla. La cita ha estado dirigida por la responsable de Recursos Humanos, Josune Retegi. A los pocos minutos, todos los sindicatos menos el SME se han levantado, airados y avisando de que se avecina un “otoño caliente”. El SME se ha quedado y se ha firmado el acuerdo.

“Sí, somos una parte pequeña de la plantilla, pero somos el eje del sistema. A los hechos me remito. Tenemos que trabajar más que los demás y tenemos una casuística diferente”, ha justificado en la puerta de la sede central de Osakidetza en Vitoria Mabel Arciniega, portavoz del SME. ¿El acuerdo es válido teniendo en cuenta sus circunstancias? “En la mesa sectorial no se aprueban las cosas por mayoría”, ha dicho Arciniega a preguntas de los periodistas. Y ha asegurado que entrará en vigor cuando lo vise el Consejo de Gobierno. ¿Les ha ayudado que el consejero sea del colectivo? “Eso lo tendrá que contestar él”, ha despejado la responsable del SME.

Según la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, se trata de un paso adelante para mejorar la calidad asistencial o al menos para intentar evitar que se sigan disparando las demoras. Frente a la “confrontación” en el Estado, en Euskadi hay “negociación”, ha señalado, aunque el estatuto marco estatal sí tiene detrás el respaldo de una mayoría, a diferencia del nuevo acuerdo en Osakidetza. Para Bilbao, eso sí, estas mejoras no implican que no pueda haberlas para el resto de la plantilla, pero tocaba reconocer la “singularidad” de los facultativos.

El sindicato mayoritario en Osakidetza es Satse, la central de enfermería. Amaia Mayor, su portavoz, ha sido muy dura. Extremadamente dura. Cree que ha sido una negociación “clandestina” y “clasista” que crear profesionales “de primera y de segunda”. Es un “grave precedente” que rompe todos los equilibrios y que, además, es “ilegal”. Según Mayor, Martínez opera como “portavoz directo” de los médicos y no como consejero de todos. Y ha pedido transparencia con el coste del acuerdo: “La ciudadanía tiene derecho a saber en qué se gastan sus impuestos”.

Esther Saavedra, de ELA, ha sido clara también: “Viendo el talante y que sólo se hace caso a los que están en huelga, la movilización es el camino”. Su llamada a la huelga de cara a otoño está sobre la mesa y el guante lo recogen otras organizaciones con potencial de movilizar a mucha más gente que el SME y MUD, que tenían un seguimiento de no más del 20%.

Desde LAB, Jesús Oñate se ha dicho “muy enfadado”. Ha llamado “sindicato vertical” al SME y ha recordado que esto se produce cuando pasan “casi veinte años” desde el último convenio en Osakidetza. Ha pedido también tener en cuenta que tocaría analizar cuántos facultativos se quejan de la falta de descansos en la pública mientras trabajan también en la privada.

“Lo que mueve [al Gobierno] es ir a la huelga, ¿no?”, ha razonado Carmen Rayo, de CCOO. Jasone Pérez, de UGT, ha apelado a la “unión sindical” y ha asumido que son una central pactista y poco dada a las movilizaciones, pero que esta vez toca cambiar de estrategia por la gravedad de lo sucedido. “Tenemos fama de ser blandos. Es difícil convencer a la gente de ir a la huelga. Pero en este caso no va a serlo”, ha manifestado la representante ugetista.

La pregunta latente es si, a la vuelta de las vacaciones, volverá a haber huelgas médicas. Pero este paso ni siquiera garantiza eso. El SME ha recordado que son convocatorias estatales, aunque admite que ha recomendado retomar las 'peonadas' para no seguir incrementando las esperas. Desde Osakidetza, también se confía en que no se mantenga la “misma actitud” dadas las circunstancias, aunque las potenciales movilizaciones tendrían un alcance mucho mayor con el respaldo expreso de Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT e incluso de otras organizaciones más pequeñas como ESK.

El sindicato LAB ha criticado con dureza el fondo Indartuz creado por el Gobierno vasco como “vehículo para grandes inversiones transformadoras” y que es complementario del existente Finkatuz, con el que la Administración autónomica adquiere participaciones societarias en empresas estratégicas. Bebe de la filosofía de cada euro público movilizado genera tres de inversión privada. LAB ha emitido un voto particular al dictamen del Consejo Económico y Social (CES), uno de los órganos consultivos que ha revisado el decreto del Ejecutivo y, entre otros puntos, cuestiona que no vete a la industria armamentística.

Según la central, el Gobierno destina dinero público “a garantizar la rentabilidad de los bancos privados” y no el “retorno social”. Señala, por ejemplo, que Kutxabank es ya una entidad privada más y que no tiene el viejo espíritu local de las antiguas cajas que lo crearon, BBK, Vital y Kutxa. LAB cuestiona el modelo de “colaboración público-privada” que tanto repite el PNV porque “los beneficios se los quedará el capital y, en caso de que haya pérdidas” repercutirán negativamente en los recursos públios. “Lo pagaremos entre todos”, ironiza.

Avisa LAB, igualmente, de que “el dinero público no se puede emplear para financiar la destrucción del empleo, ni tampoco la precarización”. No se trata solamente de mejorar la “competitividad” del tejido empresarial sino de que se procure “el bienestar de toda la sociedad” con las inversiones. Por ello, pide retirar la puerta abierta a la “relocalización industrial” o a la “internacionalización”, porque “pueden ocasionar” la pérdida de empleo.

El sindicato cree también que los requisitos para acceder a la financiación de Indartuz “no son suficientes”. Pide, por ejemplo, que se exija que el 80% del personal sea fijo o que las empresas acrediten planes de igualdad, contra la brecha salarial, de no discriminación LGTBI+ o racista, de normalización del euskera o de prevención de riesgos laborales, entre otros. Y si los tiene y no los cumple, tendrá que devolver “la mitad” de lo cobrado más intereses. Y se debería pedir un reintegro del 100% si hay un ERTE, despidos o incremento de la temporalidad.

LAB, finalmente, pide vetar expresamente la “expansión de la industria armamentística”. Cree que se está impulsando “como una oportunidad” -y de hecho el Estado ha amagado con llevar al Tribunal Constitucional una modificación legal colada en los presupuestos de 2026 en este sentido- y recalca que “no se puede negociar ni con el genocidio ni con las guerras”. “Sí a una industria que sea socialmente necesaria y ecológicamente sostenible”, zanja el sindicato en su escrito.

Representantes de los sindicatos ELA, CCOO, LAB, UGT y ESK en los comités de empresa de Tubos Reunidos exigirán en las tres reuniones previstas este martes con la administración concursal “transparencia” y conocer “de primera mano y no por la prensa” la información “oportuna” de las posibles ofertas que vayan entrando así como que no espere hasta “última hora” y al cierre del plazo, el 14 de septiembre, para desvelar “potenciales interesados”. La compañía de Amurrio está en concurso de acreedores, un proceso que coincide con la investigación judicial por presunta corrupción como consecuencia del posible pago de comisiones ilegales por el rescate millonario de 2021 a manos de la SEPI.

Las cinco centrales con presencia en los comités de empresa de las plantas del fabricante de tubos han sido citadas por la administración concursal a tres reuniones este martes. La primera, a las 10.00 horas en la planta de Trapagaran; la segunda, prevista a las 12.00 en Amurrio y la última a las 16.00 horas en Iruña de Oca, informa Europa Press.

Los sindicatos llegan a estas reuniones, tal y como han trasladado, “expectantes” y abiertos a recibir “información y explicaciones” sobre el estado de la empresa y de todos los interesados en la compra de Tubos Reunidos que hayan presentado su solicitud formal de interés para participar en el proceso concursal. Además de estar de acuerdo en que hay que esperar a si se les traslada “algo relevante o se trata de reuniones rutinarias sin novedades” otro de los puntos de coincidencia entre los cinco sindicatos es su postura favorable a la venta unitaria de toda la unidad productiva y no por separado.

En ese sentido, desde CCOO han trasladado que “igual hay alguna sorpresa pero es mejor valorar tras las reuniones para ver la situación general” y también “cuál es la situación actual de la empresa”. Desde UGT coinciden en este diágnostico acerca del proceso concursal y confían en que se les “trasladen las posibles ofertas que se están planteando para la posible compra de la unidad productiva, si es que las hay”.

Por su parte, desde ELA, también han confirmado que acuden “expectantes”, aunque van a exigir “transparencia, información en el tiempo oportuno o quién puede estar como oferente”. Por parte LAB coinciden en apuntar a la actitud de la dirección y esperan “transparencia” por parte del administrador. ESK agrega que reclamará “explicaciones” sobre “asuntos pendientes”, como los días de libre disposición, la externalización del servicio de vigilancia de la salud y otras materias relacionadas con las condiciones laborales de la plantilla, como el intento de cambio del calendario laboral o la comunicación a los trabajadores de bloqueo de parte de sus días de libre disposición, considerándolos “deuda” contra la masa pasiva.

ELA, el principal sindicato vasco, ha anunciado este martes que a partir del mes de septiembre negociará únicamente en euskera los 27 convenios sectoriales que se encuentran actualmente en proceso “aunque no exista un servicio de traducción”. Es una medida que afectará por ejemplo a la negociación de convenios tan importantes como el Metal de Bizkaia y Álava, el de Intervención Social de Gipuzkoa y buena parte de los relativos a Servicios e Industria.

Paralelamente, ha solicitado al Consejo de Relaciones Laborales (CRL) que habilite los recursos necesarios para que las mesas de negociación puedan desarrollarse en euskera con normalidad. Según ha señalado el responsable de negociación colectiva del sindicato, Pello Igeregi, ELA “no renunciará al uso del euskera” y durante la negociación “corresponderá al resto de organizaciones sindicales y a las patronales buscar los medios necesarios para seguir el desarrollo de las negociaciones”.

El sindicato parte de la base de que ni la patronal ni el CRL están colaborando para favorecer el uso del euskera en la negociación colectiva. En este sentido, Igeregi ha recordado que en 2022, junto a LAB y Euskalgintzaren Kontseilua, propuso la universalización de los planes de euskera en las empresas, “una iniciativa que fue rechazada y en los convenios colectivos rara vez aceptan medidas a favor de los derechos lingüísticos de las personas euskaldunes”. En este contexto, considera que el primer paso regular el euskera en los convenios es hacerlos visibles en las negociaciones.

En cuanto al CRL , ha señalado que “carece de un servicio estable de traducción e interpretación, por lo que las escasas negociaciones que se desarrollan en euskera dependen del trabajo de su propio personal que no cuenta con formación específica para desempeñar esa función”. En este sentido, ha señalado que se han reunido con la presidenta del CRL, Emilia Málaga, a quien han trasladado la necesidad de que el organismo disponga de medios para garantizar negociaciones en euskera.

ELA concluye del análisis de 1.499 convenios vigentes, que el 83,19% no incorpora ninguna medida para garantizar los derechos lingüísticos de las personas euskaldunes en el ámbito laboral y que las medidas existentes son, en su mayoría, “de carácter simbólico” como el pago de los costes de cursos para aprender euskera y o la regulación del paisaje lingüístico. “Solo el 5,07% de los convenios cuenta con un plan de euskera o contempla el compromiso de elaborarlo. El 13,8% prevé ayudas para el aprendizaje de la lengua, el 4,37% permite estudiar euskera dentro de la jornada laboral y únicamente el 1,66% establece que el conocimiento del euskera se valorará en la contratación”, han señalado.

“Al igual que ocurre con cualquier otra opresión social, como las opresiones de género, clase o raza, la opresión lingüística solo puede superarse si se regula el uso de las lenguas y se destinan recursos para superar la situación de subordinación. El uso de la lengua que ha ganado la supremacía absoluta se naturaliza y el uso de otras lenguas se considera excepcional, a menos que existan normas y recursos para equiparar los derechos lingüísticos”, ha afirmado Igeregi. Como ejemplo, ha indicado que si una empresa no dispone de medios para celebrar reuniones en euskera y parte de la plantilla no conoce la lengua, estas se desarrollarán en castellano. Del mismo modo, si el aprendizaje del euskera no se reconoce como un derecho laboral, el único idioma cuyo conocimiento estará realmente garantizado será el castellano.

En este sentido, reconoce que el sindicato no ha conseguido “situar los derechos lingüísticos al mismo nivel que otras reivindicaciones laborales, como las mejoras salariales o la reducción de jornada”, una cuestión que atribuye tanto a la negativa de las patronales a negociar medidas de normalización del euskera como a la incapacidad de los sindicatos para organizar movilizaciones y huelgas específicas en defensa de estos derechos.

Tras el anuncio de ELA, el sindicato LAB ha dado la “bienvenida” a la iniciativa de usar solo el euskera, a partir de septiembre, pero ha asegurado que le sorprende que no haya contado con ellos porque “haberla impulsado conjuntamente, habría sido más eficaz”. El sindicato ha defendido que se necesitan garantías “para poder utilizar el euskera no solo en la negociación colectiva, sino también en los juzgados y en otras muchas instancias”. A través de un comunicado, LAB ha advertido, además, de que “en los últimos tiempos estamos viviendo una ofensiva contra el euskera”, por lo que ha defendido dar “un nuevo impulso a las medidas en favor del euskera” y que esta lengua adquiera “una centralidad aún mayor en la acción sindical”. “Seguiremos reclamando garantías para la euskaldunización de la administración pública y continuaremos impulsando planes de euskera en los centros de trabajo”, han añadido.

Por contra, UGT de Euskadi ha mostrado su “sorpresa” por el anuncio de ELA y ha apelado a “construir consensos por el euskera en vez de lanzar ultimátums y falsos debates en torno a su uso en el ámbito sociolaboral”. “Cabe preguntarse por qué no lo han hecho antes si lo estimaban necesario, dado que la misma cuestión, intervenir exclusivamente en euskera, es algo que ya venían haciendo con normalidad desde hace años en las negociaciones del sector público”, ha dicho el sindicato.

Los trabajadores de las ITV de las localidades de Bergara y Zarautz irán a la huelga indefinida a partir del próximo 13 julio, en plena campaña de verano, lo que puede complicar las listas de espera para los conductores guipuzcoanos que necesiten pasar la revisión obligatoria antes de emprender su viaje veraniego. Los sindicatos ELA y LAB han convocado el paro indefinido después de que la empresa concesionaria, Itasua ITV, haya decidido poner fin a la negociación sobre las condiciones laborales. Los trabajadores se quejan de que tienen peores salarios y horarios que sus compañeros de otras ITV del territorio y piden la equiparación. “Hacemos el mismo trabajo”, señalan.

El conflicto no es nuevo. Han mantenido siete reuniones con la empresa y se han realizado paros parciales, el último el pasado 29 de junio, que se repetirán el 8 y el 10 de julio para pasar ya a la huelga indefinida a partir del lunes día 13 si no se consigue una respuesta positiva de la dirección de la empresa, que además de los dos centros en Gipuzkoa, tiene también una ITV en Vitoria, en Jundiz. En el centro alavés los delegados han optado por aceptar las condiciones ofrecidas por la dirección y firmarán un acuerdo de eficacia limitada descolgándose de los paros, lo que ha supuesto la ruptura de los sindicatos con los que hasta ahora eran sus delegados.

Los sindicatos consideran que la empresa, Itasua, tiene capacidad para afrontar las reivindicaciones de los trabajadores y consideran que la única finalidad de la dirección al pactar un acuerdo con el centro de Vitoria es “dividir” a la plantilla. “El pacto se estaba negociando entre los tres centros con la empresa, porque es un pacto de empresa. Pero la dirección ha jugado a dividir a la plantilla sabiendo que en el centro de Gasteiz lo tenía más fácil para desmovilizar a la gente, y parece que lo ha conseguido, haciendo que entren a firmar esta propuesta como pacto de eficacia limitada. Los sindicatos no estamos con esta firma, como es obvio, porque la empresa tiene mucho más que ofrecer y es momento de movilizarse para conseguir un convenio mas justo”, señala el representante de LAB, Eneko Fernández San Juan.

Lo que reivindican los trabajadores, que son alrededor de 25 en Zarautz, 32 en Bergara, y 45 en Vitoria, es equiparar sus condiciones, fundamentalmente el salario y el tiempo de trabajo, al de trabajadores de otros centros de ITV gestionados por otras empresas, porque, haciendo el mismo trabajo sus condiciones son mucho peores, dicen.

En concreto, piden una subida del IPC más el 3% para 2026, y lo mismo para los años 2027 y 2028, para equiparse con otros centros de los que les separan en salarios alrededor de 5.000 euros anuales. La empresa solo acepta una subida del IPC más el 1% para los tres años, que ha sido aceptada por la plantilla de Vitoria. En cuanto a la jornada, ELA y LAB piden una reducción de 70 horas anuales para quedarse con 1.655 horas, ya que tienen una diferencia con las ITV de Beasain, Irun y Urnieta de unas 133 horas, señalan. La propuesta de la empresa reduce 12 horas en 2026 para tener 1.713 horas anuales y otras 6 horas en 2027 y 2028 para situarse en 1.707 horas al año.

El juicio por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de Osakidetza se celebrará en la Audiencia Provincial de Álava finalmente los días 20 y 21 de octubre. Habrán pasado ocho años y cinco meses desde que se celebraron los exámenes que fueron investigados. En otros proceso de similar duración, las penas han quedado rebajadas por dilaciones indebidas.

La presidenta del tribunal, la magistrada Beatriz Eva Román Gobernado, ha aclarado en la vista preliminar celebrada este martes que no aceptará que sea un juicio “prospectivo”. Solamente se enjuiciará finalmente lo sucedido en la categoría de Cirugía Plástica y no todas las demás pruebas que quedaron archivadas en su día o a la cúpula del Servicio Vasco de Salud en aquella época. Quienes han estado presentes lo han entendido como un mensaje de que habrá que ceñirse a esos sucesos concretos y orillar toda la parte de controversia política que suscitó el caso en su día.

Un ejemplo: se ha desestimado la intención del sindicato LAB, personado como acusación, de que compareciese como testigo el exconsejero Jon Darpón, del PNV, que dimitió en 2019 por este mismo asunto, como también lo hicieron la entonces directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, y otros cargos. Según recoge Efe, Román Gobernado ha señalado que algunas peticiones de LAB “no guardan relación con este proceso concreto sino con hechos ya sentenciados”, aunque nunca ha habido ninguna sentencia por estos hechos. Sí se han atendido otras peticiones las otras dos acusaciones, la Fiscalía y el sindicato ESK.

Como adelantó este periódico, las dos personas que se sentarán en el banquillo de entre la veintena de imputados que llegó a haber no han llegado a un acuerdo con la Fiscalía, representada por Cristina Vicente Briansó, en la vista previa y se celebrará contra ellos el juicio. Se exponen a penas de prisión e inhabilitación, variables en función de los escritos de cada una de las partes.

Los procesados son Thais Salas, opositora del examen de Cirugía Plástica, y Alfredo Martínez-Flórez, miembro del tribunal evaluador. En la parte del examen elaborada por este facultativo, la aspirante, con la que le unía un vínculo familiar, logró una nota altísima que contrastaba, claramente, con el resto de sus calificaciones. Declararán en el juicio todos los integrantes del tribunal. Las anomalías ya se detectaron 'in situ' ya que la opositora llegó a renunciar a sus notas allí mismo.

Un largo camino hasta el juicio

La investigación del presunto fraude en la OPE de Osakidetza arrancó en junio de 2018 con una primera revisión por parte de la Fiscalía de una veintena de exámenes en los que había las mismas sospechas que en Cirugía Plástica: notas anormalmente altas en personas próximas a los autores de las preguntas. Osakidetza no le entregó toda la documentación, pese a lo cual se elevó una denuncia ante el Tribunal de Instancia de Vitoria, donde tiene su sede el Servicio Vasco de Salud. Durante años, cuatro instructoras han liderado la investigación, que ha sufrido todo tipo de avatares y retrasos.

Finalmente, se decretó el cierre total de las actuaciones, pero la Audiencia Provincial entendió que los indicios de Cirugía Plástica eran muy sólidos y pidió reabrir al menos esa especialidad y que hubiese juicio. Sin embargo, este paso se ha demorado igualmente por el relevo de todo el tribunal -sin que ninguna de las partes lo estimara oportuno- y por la elección de una terna completamente nueva. Ahora, entre la vista previa y el juicio transcurrirán de nuevo cuatro meses.

Salvo una nueva sorpresa, este martes, por fin, la Audiencia Provincial de Álava celebrará la vista previa del juicio por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) de 2018. Se trata de un mero trámite, más teniendo en cuenta que los dos únicos acusados, el doctor Alfredo Martínez Flórez y la opositora Thais Salas, del examen de Cirugía Plástica, no tienen intención de alcanzar acuerdo alguno de asunción de culpabilidad con la Fiscalía, según fuentes de su entorno. Así, la principal virtualidad de esa vista será la fijación de la fecha para el juicio, aunque previsiblemente se pospondrá ya hasta otoño.

El caso se inició en la primavera de 2018 y tuvo cuatro instructoras en la fase de investigación, que acumuló controversias. Se llegaron a revisar una docena de categorías en las que se repetía el patrón de que las notas más altas -en pruebas de elevada dificultad- correspondían a aspirantes próximos a los vocales del tribunal. Finalmente, todo quedó archivado. Se estimó que no había pruebas. Sin embargo, los recursos de los sindicatos LAB y ESK, que han ejercido como acusación, forzaron que la Audiencia Provincial reabriera la causa al entender que los indicios en Cirugía Plástica eran tan contundentes que necesariamente tenían que ser revisados en un juicio.

La examinanda, Salas, logró 48 aciertos de las 50 preguntas realizadas el doctor Martínez Flórez y bajó a 24 de 50 en la segunda mitad, ya con otra autoría. Era una prueba de alta dificultad y, a pesar del dato de la segunda parte, su nota fue de las más altas, “muy por encima del resto de opositores”. Fue tal el revuelo ya en ese momento que la dirección de Osakidetza intervino y la opositora terminó renunciando. En aquel momento, ambos guardaban una relación de parentesco.

La Fiscalía ha solicitado dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el doctor por “filtrar las preguntas” del examen. Y pide para ella un año de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación, así como la imposibilidad de que obtenga ayudas públicas durante ocho años. Estimaba “probable”, al presentar su escrito de calificación, que se pudiera alcanzar una conformidad si ambos admitían los hechos, con lo que las penas quedarían moduladas, pero en los últimos meses las defensas de los imputados han descartado de plano esa opción cada vez que han sido cuestionadas por este periódico. LAB y ESK formulan acusaciones más duras.

La vista previa iba a ser ya hace meses, pero quedó suspenda. Renunciaron los tres jueces del tribunal que iba a analizar este caso, Jesús Poncela, Elena Cabero y Ana Jesús Zulueta. Los dos primeros fueron parte de la sala que ordenó celebrar el juicio sobre Cirugía Plástica y se sentían contaminados; la tercera fue una de las instructoras. Recientemente, han sido designada otra terna: Beatriz Eva Román Gobernado, Sara Mallen y Álvaro Silván. Este movimiento se produjo sin que ninguna de las partes entendiese que fuera necesario.

Los trabajadores de Maderas de Llodio (Álava) han aceptado la última propuesta de la empresa, lo que permite poner fin a “más de 260 días de huelga y movilización constante” desde el 22 de septiembre del pasado año, según ha informado el comité de empresa en un comunicado. Los representantes de los trabajadores han anunciado que en los próximos días convocarán una rueda de prensa para dar a conocer los detalles del acuerdo entre trabajadores y patronal.

“Por el momento, únicamente podemos comunicar que la plantilla ha decidido aceptar la última propuesta existente sobre la mesa, una propuesta que es consecuencia directa de la movilización desarrollada durante estos meses”, han señalado en el comunicado, recogido por Europa Press. El comité ha destacado que “todo lo conseguido hasta la fecha, así como las medidas y compromisos que hoy están sobre la mesa, son fruto de la lucha, la unidad y el compromiso de quienes han defendido sus puestos de trabajo y su futuro”. “Esta lucha no era únicamente por Maderas sino por la defensa del empleo, de la industria y del futuro de toda una comarca de Ayala”, ha remarcado.

La multinacional Garnica planteó en septiembre del año pasado un ERE en su empresa Maderas de Llodio con 39 despidos en una plantilla formada por 151 personas. Finalmente, fueron 35 los trabajadores afectados por el expediente, que se ejecutó en octubre de 2025. Sin embargo, posteriormente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) estimó parcialmente las demandas contra el ERE y declaró los despidos “improcedentes”.

Tras la decisión judicial, dirección y sindicatos volvieron a la mesa de negociaciones y hace unos días la empresa hizo una “última oferta” que los trabajadores han aceptado este lunes en asamblea.

El 1 de junio de 2018, hace ahora ocho años, estalló en Euskadi un caso que aún no ha sido resuelto en los tribunales, las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de Osakidetza. Opacado por la moción de censura contra Mariano Rajoy y la llegada de Pedro Sánchez al poder, que se produjo ese mismo día, ese día empezaron a brotar indicios de que aspirantes cercanos a los miembros de los diferentes tribunales -cada especialidad médica tiene su propio examen- tenían notas muy elevadas en pruebas de cierta complejidad. Ha sido una investigación sobre exámenes en la que consideró inoportuno revisar los exámenes y en la que no se ha accedido a ni una sola comunicación entre las partes. Y ha terminado en todo archivado salvo lo relativo a la categoría de Cirugía Plástica, donde a la buena nota de la opositora se unía una relación familiar con el vocal autor de una parte de las preguntas. Pero, tras el intento fallido de esta primavera, sigue sin haber fecha para el juicio.

El transitar judicial de este expediente ha sido verdaderamente tortuoso. Todo empezó con una preinvestigación de la Fiscalía en la que Carmen Adán no contó con todas las pruebas de que disponía el Servicio Vasco de Salud, ya que no se le entregaron las grabaciones de una investigación interna que se había ordenado a raíz del revuelo surgido. Ese proceso concluyó que no había pruebas de la existencia de filtraciones, pero quienes acudieron a comparecer como testigos sí exhibían sus dudas sobre el proceso y aludían a un problema estructural, como publicó después este periódico.

Durante estos años, hasta cuatro instructoras han dirigido la causa, residenciada en la plaza segunda de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vitoria, donde está la sede central de Osakidetza. Yolanda Varona fue la primera, una sustituta de la titular del juzgado en 2018, Ana Jesús Zulueta, por aquel entonces en otras funciones. Después llegaron Cristina Rodríguez Ruiz y Blanca Ester Díaz Pulido.

Ha sido una causa trufada de parones, prórrogas y denegaciones de pruebas. Se han revisado muy pocos exámenes aunque, cuando se vieron unos pocos de la prueba de Anestesia, se vio un patrón de respuesta muy similar entre los presuntos beneficiarios de las filtraciones, preguntas respondidas en el mismo orden, redacción similar y hasta fallos comunes dados por buenos.

Además de la Fiscalía, los sindicatos LAB y ESK han ejercido de acusación estos años. Y pidieron revisar todas las pruebas. “En relación a la aportación de los originales de los exámenes, no resulta necesario ni útil traer a este procedimiento un volumen de documentación que no será examinada por el tribunal por el escaso interés que tiene para la causa, así como por la innecesariedad de leer una sucesión interminable de preguntas médicas cuyo contenido y respuesta es totalmente ajeno a la función jurisdiccional y que no es objeto del presente procedimiento, ya que no se está enjuiciando una incorrecta valoración de los exámenes, sino una posible filtración”, llegó a argumentar como respuesta la juez Rodríguez Ruiz.

El 'caso De Miguel', la gran trama de corrupción investigada en Euskadi y que ha acabado con cuatro excargos del PNV en la cárcel y con otros condenados, ha solido aparecer como el gran espejo de una causa judicial compleja que se eternizó en los tribunales. Sin embargo, antes de que se cumplieran ocho años de las detenciones que dieron inicio al proceso, todos los imputados ya estaban en el banquillo. De marzo de 2010 a enero de 2018.

En detalle, el plazo inicial de investigación finalizó en el verano del 2021, a los tres años de los hechos, pero se acordó una prórroga de seis meses. En enero de 2022, 'in extremis', las acusaciones lograron seis meses más para que el asunto no muriera. Pero en ese período no se movió ni un papel y, terminado ese medio año, se acordó el final definitivo de la instrucción. Esto fue refrendado por otra instancia, la Audiencia de Álava, en abril de 2023. Desde entonces estaba pendiente que la magistrada Díaz Pulido hiciera público su auto de conclusiones. Esto llegó en diciembre de 2024 con un archivo total de la causa en la docena de categorías médicas bajo investigación.

Sin embargo, en septiembre de 2025, la Audiencia Provincial enmendó a la instructora y forzó a que, al menos en una categoría, sí hubiese juicio. ¿Por qué? Aquí, la examinanda logró 48 aciertos de las 50 preguntas realizadas por su allegado, el doctor Alfredo Martínez Flórez, pero bajó a 24 de 50 en la segunda mitad, ya con otra autoría. Era una prueba de alta dificultad y, a pesar del dato de la segunda parte, su nota fue de las más altas, “muy por encima del resto de opositores”. Fue tal el revuelo ya en ese momento que la dirección de Osakidetza intervino y la opositora, Thais Salas, terminó renunciando.

La Fiscalía ha solicitado dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el doctor por “filtrar las preguntas” del examen. Y pide para ella un año de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación, así como la imposibilidad de que obtenga ayudas públicas durante ocho años. Estimaba “probable”, al presentar su escrito de calificación, que se pudiera alcanzar una conformidad si ambos admitían los hechos, con lo que las penas quedarían moduladas, pero ahora las defensas de los imputados descartan de plano esa opción, según han trasladado a este periódico en varias ocasiones.

Hay otras dos acusaciones, los sindicatos LAB y ESK. Piden penas más severas. En el caso de LAB, por ejemplo, demanda tres años de prisión para cada uno de los dos imputados. Solamente aceptaría un acuerdo en caso de que los acusados entrasen a explicar que las filtraciones han sido históricamente una dinámica “estructural” dentro de Osakidetza. ESK, por su parte, pide dos años de cárcel para ambos.

El caso se llevó por delante al entonces consejero de Salud, Jon Darpón, del PNV. Fue en 2019. También a la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, o al responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, entre otros cargos. El exconsejero es ahora alto directivo de la compañía privada Keralty, la antigua Sanitas internacional. La exdirectora general, cuando fue citada como testigo en la instrucción, contó con ayuda de agentes de la Ertzaintza, incluido un comisario, para evitar a la prensa, lo que motivó una nueva investigación.

Estaba prevista para esta primavera la vista previa del juicio, la última antesala antes de la audiencia pública. Pero se suspendió a última hora por otro imprevisto. Los tres miembros del tribunal presentaron un incidente de abstención al sentirse 'contaminados'. Esta misma semana se ha aceptado una recusación que ninguna de las otras partes había considerado necesaria. Se remarca que la juez Zulueta fue parte de la investigación y que no debería serlo ahora de la resolución del caso y, respecto de los jueces Elena Cabero y Jesús Poncela, se ha entendido que ya habían entrado al fondo del asunto al enmendar el cierre total decretado por la última instructora y ordenar un juicio contra dos de los imputados.

Desde el palacio de justicia no se concreta cuál es ahora el calendario y cuándo habrá una nueva terna para celebrar el juicio. Procesos mucho más cortos han visto cómo las penas eran rebajadas por las conocidas como “dilaciones indebidas”. “Antes del verano seguro que no”, vaticina un letrado conocedor del sumario al ser preguntado por una posible nueva fecha para retomar el asunto.

“Este proceso está repleto de sobresaltos, de cambios de magistrada, ... Estamos ante el escándalo sobre el escándalo”, opina el sindicato LAB. Y abundan: “Que el asunto de las filtraciones de exámenes en Osakidetza termine acotado judicialmente en una única categoría es un escándalo quizás más preocupante que las propias filtraciones. Es una consecuencia de realizar una investigación muy débil”. Este sindicato sostiene que existía una “red clientelar de adjudicación de plazas” y que se debería haber investigado más a fondo tanto los propios exámenes como la gestión de la dirección política. Lamentan el portazo a algunas de sus propuestas en ese sentido.

Desde ESK, ven igualmente “decepcionante” la situación actual del proceso jurídico de lo que llaman “opes dopadas”. Sostienen que el proceso “se ha dilatado de manera innecesaria”, que ha sido “largo y tortuoso”, lleno de “decisiones cuanto menos cuestionables” y que “para rizar el rizo” ahora se conocido la abstención de los magistrados del tribunal. Coincide con LAB en que han sido las acusaciones las que han dado impulso a la investigación. Con todo, ESK extrae una conclusión positiva de estos años porque “el objetivo era acabar con un sistema clientelar” y el “cambio de modelo” en Osakidetza para las últimas convocatorias, que dificulta estas filtraciones, según exponen, es “fruto del trabajo de denuncia sistemático” iniciado en 2018. Añaden que el actual consejero, Alberto Martínez, era miembro del tribunal de una de las categorías de las que brotaron las primeras denuncias, Anestesia.

A lo largo de esta semana, trabajadoras del sector social han protagonizado distintos conflictos laborales que, según denuncian, merman sus condiciones. Por un lado, las trabajadoras de intervención social de Álava, que acumulan cinco jornadas de huelga, por otro lado, sus compañeras de intervención social en Gipuzkoa, que saldrán a la calle este jueves para luchar por un nuevo convenio, y por último, las trabajadoras del módulo psicosocial de Bilbao, que denuncian recortes por parte del Ayuntamiento de hasta un 65%.

En el caso de las trabajadoras de intervención social de Álava, los sindicatos ELA, LAB, CCOO y ESK denuncian la falta de avances en cuestiones clave del convenio laboral. “Tras más de 15 meses de negociación y 15 reuniones celebradas para aprobar el IV Convenio de Intervención Social de Álava, aunque la patronal AISA ha mostrado por primera vez disposición para alcanzar acuerdos en materias como complementos de incapacidad temporal, flexibilidad, euskera, teletrabajo o modalidades de contratación, siguen existiendo importantes diferencias en aspectos centrales como la subida salarial, la reducción de jornada, la conciliación, las licencias, la jubilación anticipada o la reducción de la parcialidad involuntaria”, denuncian los sindicatos.

Consideran que el cambio de actitud de la patronal ha sido “consecuencia directa de la presión ejercida por las trabajadoras y trabajadores del sector”, y subrayan que mantendrán las protestas hasta lograr “condiciones laborales dignas” y la equiparación con el personal contratado directamente por las administraciones públicas. En el caso de las trabajadoras subcontratadas, la brecha salarial comparada con las que son contratadas directamente por el Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), supera los 10.000 euros en algunos puestos de trabajo.

En este sentido, más allá de señalar a AISA, las trabajadoras responsabilizan a las instituciones públicas de la precarización del sector y reclaman mayor implicación política y financiación suficiente para garantizar mejoras laborales de cara a la próxima mesa de negociación tendrá lugar el 4 de junio. Aunque mientras tanto, además de las jornadas de huelga, han convocado movilizaciones el 29 de mayo a las 18.30 horas desde el Gobierno Militar, contra el aumento del gasto militar y una coche-caravana el 31 de mayo hacia Peñacerrada.

El segundo conflicto laboral abierto de este sector se produce en Gipuzkoa, donde este jueves, 28 de mayo a las 11.00 las trabajadoras se movilizarán en el Paseo Bizkaia, 14-15 de Donostia para negociar el V Convenio Colectivo de Intervención Social de Gipuzkoa tras cumplir el IV convenio cuya duración ha sido desde 2023 hasta 2025. En este caso, la patronal es Hedatzen, y la firma del anterior convenio se produjo con los votos a favor de los sindicatos LAB y CCOO y en contra de ELA, al considerar “insuficientes” las propuestas relacionadas con las subidas salariales y la eliminación de la quinta categoría profesional, la de los trabajadores considerados los “más precarizados”, que la patronal se negó a eliminar alegando que la Diputación Foral de Gipuzkoa “no lo avalaba”. Ahora comenzarán una nueva ronda de negociaciones y movilizaciones que buscan como objetivo, al igual que en el caso de Álava, firmar un convenio laboral que evite la precarización de un sector feminizado.

Por último, este miércoles han salido a la calle las trabajadoras del Módulo Psicosocial de Deusto-San Ignacio, quienes llevan desde febrero denunciando que el Ayuntamiento de Bilbao ha recortado un 65% su presupuesto para 2026, que ha pasado de 195.000 euros (2025) a 68.000 euros, con lo que se pone en riesgo “la supervivencia del modelo comunitario” que presta apoyo integral a víctimas de violencia machista, ya que “si mantienen el recorte, en 2027 desaparecerá”.

Se trata de doce trabajadoras del servicio de atención a violencias machistas y de atención a derechos en salud sexual y salud reproductiva, un módulo creado en los años 80 por el movimiento vecinal para dar respuesta a dos fenómenos graves que no estaban siendo atendidos institucionalmente: por un lado, la desatención a las personas jóvenes afectadas por la entrada masiva de la heroína en los barrios populares y, por otro, la salida del periodo dictatorial franquista, que supuso poder organizar recursos para la atención a las mujeres en los procesos de divorcio, que no fue legal hasta 1981, y la atención de su salud sexual y reproductiva, muy influida por el fin de la prohibición de la prescripción de anticonceptivos.

“La atención que ofrece el Módulo Psicosocial de Deusto-San Ignacio a las personas afectadas por violencias machistas está íntimamente ligada a nuestra identidad de recurso del barrio, lo que supone que somos parte de la comunidad que habitamos. Esta identidad delimita que no somos uno más de los recursos para mujeres víctimas de violencia de género que vienen recogidos en las distintas leyes estatales y autonómicas. Nacimos con anterioridad a todas estas legislaciones, estando desde el inicio pegadas a las necesidades concretas del colectivo de mujeres de clase trabajadora, mayoritariamente inmigrantes de los territorios rurales, que eran las que habitaban el barrio y distrito de Bilbao en el que estamos”, aseguran las trabajadoras que han protagonizado una manifestación convocada junto a Bilbo Feminista Saretzen y Denon Bizitzak Erdigunean en el Ayuntamiento de Bilbao.

Por su parte, desde el área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao defienden que “con el Departamento de Salud se acordó la asunción de los programas por parte de cada sistema con base en las competencias correspondientes de cada uno de ellos, así como asegurar por parte del Ayuntamiento una financiación que podría llegar a igualar la del 2025 en 2026 en caso de que el Departamento de Salud no pudiera llevarla a cabo a tiempo”. “El Departamento de Salud se ha comprometido a integrar en el sistema público de salud a lo largo del 2026, aquellos servicios que siendo de competencia del sistema sanitario se prestan en los módulos. La compensación dependerá del proceso que lleve a cabo el Departamento de Salud con el que estamos en contacto. La decisión está supeditada a la integración en el Sistema de Salud”, argumentan en una respuesta a preguntas realizadas por el grupo municipal de EH Bildu.

Desde el Ayuntamiento confirman que “mantendrán los servicios que se prestan actualmente y que son de competencia municipal” y que “tal y como se ha trasladado a los módulos, el proceso tendrá en cuenta a las y los profesionales que trabajan en los módulos analizado desde las competencias de cada una de las administraciones”.

No obstante, el consejero de Salud del Gobierno vasco, Alberto Martínez, a preguntas de la coalición Sumar en el Parlamento vasco el pasado marzo sobre “el cierre y debilitamiento” de este tipo de servicios, aseguró que Osakidetza “ya tiene en cartera” los servicios sanitarios que ofrecen los módulos psicosociales de Bilbao, como el módulo psicosocial de Rekalde, el Auzolan de San Francisco y el módulo psicosocial de Deusto-San Ignacio.

En este sentido, Martinez explicó que el momento actual ofrece “la posibilidad de analizar el papel de los módulos desde una perspectiva estratégica y de mejora del sistema” debido a que el servicio público de salud de hoy “no tiene ya nada que ver” con los años 70 y 80, cuando se crearon dichos módulos y, “aunque siguen funcionando, el contexto social y sanitario ha evolucionado de manera sustancial”.

Al respecto, indicó que el Departamento de Salud destina 1,9 millones de euros, para financiar tres programas sanitarios de estos módulos bilbaínos, que “ya están en cartera de Osakidetza” de cara a “fortalecer” estos servicios sanitarios y sociales con “un mayor acercamiento a los servicios públicos ya existentes”. Así, puso como ejemplo la asunción por parte de Osakidetza de las interrupciones voluntarias del embarazo, que “se irán asumiendo de manera gradual y progresiva, con el objetivo de reforzar la atención a las personas en situación de mayor vulnerabilidad”.

Los magistrados de la Audiencia Provincial de Álava Jesús Poncela, Elena Cabero y Ana Jesús Zulueta han quedado definitivamente apartados del tribunal que iba a juzgar el caso de las presuntas filtraciones de exámenes en las oposiciones médicas de 2018 del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). Los tres presentaron hace unas semanas su deseo de renunciar, los dos primeros por haber emitido ya resoluciones resolviendo recursos que entraban al fondo del asunto -básicamente la que obligó a reabrir una causa ya cerrada y a celebrar un juicio porque hay indicios de delito- y la tercera por haber sido una de las cuatro instructoras del expediente en la fase de investigación.

En una resolución firmada el pasado 20 de mayo pero conocida ahora y que viene firmada por los jueces Iñigo Madaria, Mercedes Guerrero y Beatriz Eva Román Gobernado, se explica que “examinadas las razones expuestas por los abstenidos para apartarse del conocimiento del asunto” se entiende que “resultan justificadas y necesarias” con el fin de “disipar cualquier recelo sobre la independencia y neutralidad del órgano encargado de la decisión del asunto”.

Se constata que Zulueta “efectivamente intervino en la instrucción”, lo que “impide el enjuiciamiento”. “Se vulneraría el derecho al juez imparcial”, se apunta. Y, sobre Poncela y Cabero, se entiende que la resolución que adoptaron para revocar el cierre prematuro de la causa y elevar a juicio al menos una pequeña parte del sumario, lo relativo al examen de Cirugía Plástica parte de un “estudio detallado y anticipado” de los indicios y un posicionamiento de su “calificación jurídica”.

“En definitiva, el conocimiento previo del proceso, vistas las circunstancias concurrentes, ha determinado un prejuicio susceptible de comprometer su neutralidad que sólo puede remediarse con su abstención”, entienden los colegas de Poncela, Cabero y Zulueta que han revisado el asunto. Sin embargo, ninguna de las acusaciones, ni la Fiscalía ni los sindicatos ESK y LAB, ni tampoco las defensas de las dos personas imputadas, una opositora de Cirugía Plástica y un vocal del tribunal de ese examen con quien tenía lazos familiares, habían considerado necesaria esta cautela.

La consecuencia evidente es que un proceso que lleva ocho años deambulando por los tribunales y que se iba a reactivar esta primavera con al menos la vista previa para el juicio queda de nuevo bloqueado a la espera de que se designe una nueva terna de magistrados. Los exámenes de Osakidetza bajo investigación se celebraron en mayo de 2018. Un mes después, elDiario.es/Euskadi y la Cadena Ser informaron de las primeras denuncias de la existencia de filtraciones. Abarcaban a decenas de categorías y se repetía un patrón común: notas altas y rayanas a la perfección en el caso de aspirantes cercanos a los autores de las preguntas. Una tortuosa instrucción, con cambios constantes de magistradas, ha desembocado en un juicio con todo archivado salvo las incidencias de Cirugía Plástica a pesar de indicios y testimonios en muchas más pruebas como Anestesia, Angiología o Cardiología.

Son dos las personas que se sentarán en el banquillo, la opositora Thais Salas y el doctor Alfredo Martínez Flórez, miembro del tribunal evaluador y pariente en aquel momento de la aspirante. La examinanda logró 48 aciertos de las 50 preguntas realizadas por su allegado, pero bajó a 24 de 50 en la segunda mitad, ya con otra autoría. Era una prueba de alta dificultad y, a pesar del dato de la segunda parte, su nota fue de las más altas, “muy por encima del resto de opositores”.

La Fiscalía ha solicitado dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el doctor Martínez Flórez por “filtrar las preguntas” del examen. El ministerio público pide para ella un año de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación, así como la imposibilidad de que obtenga ayudas públicas durante ocho años. LAB y ESK, sindicatos personados como acusación, plantean condenas más elevadas. En un primer momento se barruntó la posibilidad de que los imputados llegaran a un acuerdo para admitir los hechos a cambio de una rebaja sustancial de la condena efectiva pero fuentes de su entorno lo descartan de plano. Su estrategia pasa por defender su inocencia total hasta el final.

La mayoría sindical en Tubos Reunidos de Amurrio ha decidido “suspender la huelga” indefinida que arrancó el 15 de marzo y esperar a ver cómo evoluciona el procedimiento de concurso de acreedores en el que está inmersa la empresa y qué ocurre con el ERE en el curso de ese proceso. Precisamente, el próximo día 26 de mayo la jueza que se ha hecho cargo del procedimiento, María Teresa Trinidad Santos, ha citado a la representación legal de los trabajadores y al administrador concursal para empezar a decidir que se hace con el ERE puesto en marcha por la empresa y que, de momento, está suspendido.

La decisión de volver al trabajo por parte de la mayoría del comité se ha trasladado a la plantilla -no se ha votado- en una tensa asamblea que llega después de que este mismo lunes hayan empezado a incorporarse a sus puestos los trabajadores que el pasado 7 de mayo votaron en referéndum abandonar la huelga, apoyados por los sindicatos UGT y CCOO. La mayoría sindical que forman ELA, LAB y ESK -este último sindicato era partidario de seguir con el paro- han señalado este viernes que la decisión de suspender la huelga no tiene nada que ver con esta situación de división entre la plantilla. En cualquier caso, han advertido de que la suspensión no significa que acabe el conflicto: “Seguiremos movilizándonos y llamando a todas las puertas necesarias para garantizar el futuro de todos y todas”. De entrada ya han convocado dos días de huelga que se llevarán a cabo el 26 y el 28 de mayo.

Según han señalado los representantes de la mayoría del comité a través de un comunicado conjunto la suspensión de la huelga se basa en que el concurso de acreedores supone un cambio de escenario que obliga a realizar un análisis serio, responsable y colectivo de la situación“, aunque han dejado claro que los que ha cambiado es ”el escenario“, no sus objetivos de mantener el empleo y la actividad.

Han insistido en que la huelga no ha llevado a Tubos Reunidos al concurso. “La huelga ha sido la consecuencia de las imposiciones de la empresa, de años de mala gestión y de una absoluta falta de transparencia y negociación”, y “frente a quienes intentan desacreditar la lucha de la plantilla” han reivindicado todo lo que la huelga ha conseguido durante estos meses, poniendo en el centro del debate “el verdadero problema de Tubos Reunidos” y “señalar públicamente responsabilidades empresariales e institucionales”. “La pregunta que debería hacerse cualquiera es en qué escenario estaríamos hoy si no hubiéramos peleado. Probablemente, nos encontraríamos con el ERE consolidado, con la acería cerrándose y con la logística externalizada, y todo ello sin haber solucionado ninguno de los problemas reales de la empresa”. Consideran que con el concurso entra una nueva interlocución y una administración concursal, y pretenden que el ERE que ahora está en suspenso “se convierta en retirada definitiva”

La vuelta de los trabajadores a la actividad, puede facilitar el mantenimiento de la actividad de la compañía, y que sea menos complicado la entrada de inversiones que impidan que el proceso de concurso acabe en liquidación. La jueza ha nombrado administrador concursal a la firma PKF Attest Concursal SLP de todas las sociedades del grupo Tubos Reunidos menos de la matriz, que cotiza en Bolsa, ya que en este caso la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tiene que presentar una terna de administradores concursales a la jueza para que designe uno. La CNMV ha abierto un plazo hasta el 1 de junio para que se presenten los posibles interesados entre los que elegirá tres entre los que la jueza elegirá el administrador final.

Miles de personas han clamado este sábado en las calles del centro de Bilbao por el derecho a “vivir y trabajar” en euskera llamadas por la mayoría sindical, conformada por ELA y por LAB, pero en este caso también por Steilas, con un peso muy relevante en la enseñanza. La convocatoria llega en un contexto en el que el Parlamento Vasco tramita una reforma legislativa de la normativa autonómica de empleo público de 2022 en lo tocante a las exigencias lingüísticas sin que su éxito esté nada claro.

El Gobierno de PNV y PSE-EE, en un hecho inédito en la legislatura, concurre dividido a la fase decisiva de la tramitación, con los socialistas negando que sea necesario el cambio, particularmente en la modíficación de los índices de referencia para fijar la proporción de plazas perfiladas o con requisito de euskera en las OPE. EH Bildu, que ha participado en la movilización, tiene una propuesta alternativa. Las dos fuerzas nacionalistas aseguran que es necesario un ajuste legal para blindar las convocatorias ante la cascada de recursos y sentencias judiciales pero no comparten la fórmula aunque tienen pendiente una reunión para los próximos días. Un hipotético pacto entre PNV y EH Bildu rompería el acuerdo de Gobierno vigente, que obliga a los nacionalistas a ir de la mano del PSE-EE.

La secretaria general de Euskalgintzaren Kontseilua, Idurre Eskisabel, ha reclamado desde Bilbao que se deben “crear las condiciones políticas y sociales para vivir y trabajar en euskera”, el lema escrito en la pancarta cabecera. Eskisabel ha añadido que es cada vez mayor la proporción de vascoparlantes y que la Administración tiene que adaptarse. Según recoge Europa Press, Kontseilua ha puesto en valor su plan para llegar, en quince años, “a una Administración con los dos idiomas en igualdad sin hacer daño a nadie”.

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, de su lado, ha alentado una mayoría alternativa en el Parlamento. Ha pedido a PNV y EH Bildu “valentía” en materia de euskera. Ha reclamado una “respuesta organizada a la ola reaccionaria política y judicial que vive” esta lengua. El dirigente del principal sindicato vasco ha señalado que hay un objetivo “político” para dar “predominio al español”.

Por su parte, la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, también ha hablado de “un ataque organizado” contra el euskera. Se ha dirigido al PNV y le ha rogado que “no permita vetos” ni “hipotecas” del PSE-EE en la reforma legislativa. A su juicio, se vive una campaña “euskarofoba”, y ha considerado que es una “falacia” que defender los derechos lingüísticos sea ir contra los derechos laborales, como sostienen otras organizaciones como CCOO.

A su juicio, se quiere “imponer el castellano y dificultar el derecho de los trabajadores de la Administración a trabajar en euskera”. Aranburu cree que “en realidad” el euskera no es oficial. “A los trabajadores de la Administración publica se le debe exigir euskera y español al mismo nivel y deben ponerse recursos para que las personas que no conozcan el euskera, que es un instrumento ee inclusión social”, ha agregado. En España, el euskera tiene estatus de cooficialidad en la comunidad autónoma vasca, pero solamente en una parte de Navarra. En los territorios dentro de Francia no tiene ninguna cobertura legal.

“La euskarafobia no tiene cabida en nuestra sociedad”, ha apuntado Steilas en la red social X. Esta organización asegura que es necesaria una “respuesta colectiva, unificada y fuerte” ante un “ataque organizado” a la lengua vasca. “La defensa del euskera es responsabilidad de todos. Estamos construyendo el futuro”, pide la central educativa.

La mayoría del comité de empresa de Tubos Reunidos ha culpado a la dirección y accionistas de la empresa y a las instituciones de la situación de insolvencia de la compañía que le ha llevado a presentar este lunes el concurso de acreedores voluntario ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos. “La huelga no ha traído a Tubos Reunidos hasta aquí”, han señalado. Y ante la nueva fase que se abre ahora, en la que las decisiones se tomarán bajo la dirección judicial, han exigido que se “obligue a una solución justa” para la plantilla.

Representantes de ELA, LAB y ESK han valorado este martes el nuevo escenario que se abre con la tutela judicial que implica el concurso de acreedores -la antigua suspensión de pagos- , una fase a la que los sindicatos que forman el comité de empresa llegan completamente divididos. De hecho, las tres centrales que conforman esta mayoría han convocado una comparecencia de prensa ante las oficinas de la empresa en Bilbao y una posterior manifestación por la capital vizcaína, sin unidad de acción con CCOO ni de UGT, aunque algún delegado de este sindicato ha participado en la movilización. Ambos sindicatos, UGT y CCOO, son partidarios de que la plantilla de la planta de Amurrio pueda votar si quiere mantener o no la huelga indefinida. ELA, LAB y ESK ya han anunciado este martes que no acudirán a la asamblea convocada este jueves por un grupo de trabajadores que tienen el aval de 235 firmas, para votar si continúan o no con el paro.

“El problema no está en hacer o no asambleas, si no en hacerlas para llevar propuestas o soluciones, no para quitar derechos fundamentales. Entramos en un nuevo escenario y evidentemente no estamos en el mismo punto que ayer”, han señalado los representantes de la mayoría en un comunicado que han leído durante la comparecencia y que han recordado que este miércoles la dirección de la empresa les ha convocado a una reunión. Un encuentro que, por cierto, la dirección mantendrá por separada con el comité de Amurrio y de Trápaga, pese a que todas las reuniones del ERE la dirección exigió que se realizaran con una única representación para ambas empresas. “Vamos a esperar a la reunión de mañana, a escuchar qué plantea la empresa y a analizar la nueva situación con responsabilidad”, han indicado los representantes de la planta de Amurrio.

Las centrales parten de la base de que se entra en una nueva fase en la que “hay que estar más organizados, más unidos y más firmes que nunca”. “En esta nueva fase esperamos que tengamos la posibilidad de interlocución y de negociación que hasta ahora la dirección había bloqueado. Hasta ahora todo ha sido imposición. Ahora se abre un escenario distinto y esperamos que sirva para hablar de verdad, con transparencia y con toda la información encima de la mesa”, han señalado tras asegurar que siempre han estado dispuestos a negociar. “Pero negociar de verdad, negociar con transparencia, negociar sin chantajes, negociar sin presiones. Negociar con toda la información encima de la mesa y con participación real de la plantilla. Eso es lo que hemos exigido desde el primer día y eso es lo que seguimos exigiendo hoy”.

Después de que la dirección culpara el lunes a la huelga indefinida en Amurrio de buena parte de la situación de insolvencia de la empresa, al estar paralizada la actividad, las centrales han reiterado que “la plantilla no ha elegido este conflicto. A la plantilla la han empujado al conflicto”. En este sentido, han señalado que ya advirtieron de que “las medidas planteadas por la dirección, despidos, cierre de la acería y externalización de la logística, no resolvían el problema de fondo de Tubos Reunidos. Dijimos que el problema no era la plantilla, ni sus condiciones, ni sus derechos. Dijimos que el problema era financiero, pero también de gestión y de dirección. Y dijimos que hacía falta abrir un proceso de negociación real, transparente y con participación efectiva de la plantilla. No quisieron escuchar. Eligieron la imposición, el chantaje y la presión. Eligieron intentar hacer pagar a la plantilla las consecuencias de años de mala gestión”.

En este sentido, han recordado que la empresa presentó el ERE como “imprescindible” para garantizar la viabilidad y facilitar la refinanciación. “Hoy ese ERE queda suspendido, porque ni siquiera pueden hacer frente a sus costes. Nos dijeron que el cierre de la acería y la externalización eran necesarios para salvar la empresa. Ahora la empresa solicita entrar en concurso de forma voluntaria. Los hechos son claros, ni el ERE era la solución, ni el cierre de la acería era la solución, ni la externalización de la logística era la solución. Y eso hay que decirlo alto y claro”, han señalado.

Las centrales han recordado que el de Tubos Reunidos “no es un concurso cualquiera. Hay dinero público de la Sepi detrás. Eso significa que hay margen para salvar la empresa. Y si hay dinero público, tiene que haber empleo y actividad industrial. Ahora ya no decide solo la empresa. Aquí entran más actores: Sepi, los bancos como BBVA, la administración concursal y los gobiernos. Y por eso ahora hace falta más presión que nunca. Porque lo que se decide ahora es muy claro: si la empresa se salva a costa de la plantilla o si se obliga a una solución justa”, insisten.

Además, los trabajadores miran a los acreedores privados, además de la Sepi, como el BBVA, que es una de las entidades a las que también debe dinero Tubos Reunidos. La plantilla se ha concentrado ante la sede de la empresa en Bilbao.

Miles de personas han salido a la calle este Primero de Mayo en Euskado reivindicando salarios dignos. Por separado -sólo CCOO y UGT se han manifestado juntos- todas las centrales han hecho alusiones a la guerra en Irán y han pedido que no sean los trabajadores los que paguen el conflicto bélico. La manifestación más numerosa ha sido la de ELA, que ha concetrado en Bilbao todas las movilizaciones -sólo ha hecho otra en Pamplona-. Su secretario general, Mitxel Lakuntza, ha asegurado que el sindicato no va a parar hasta conseguir un salario mínimo interprofesional (SMI) propio en Euskadi de 1.500 euros y ha acusado al lehendakari, Imanol Pradales, de “ponerse de perfil” ante esta reivindicación “sumándose al voto contrario de su partido, junto a PSE, PP y Vox”. Además, ha pedido “que nadie decida en nuestro lugar, que nadie desde Madrid nos imponga su precariedad”.

ELA se ha manifestado bajo el lema 'SMI 1.500; Jo ta ke, hemen erabaki arte' (SMI 1.500, sin descanso hasta decidir aquí. En su discurso, previo a la manifestación, Lakuntza ha recordado la huelga general del 17 de marzo en demanda de un SMI propio en Euskadi y ha destacado que se ha conseguido “implicar en esta lucha a la clase trabajadora de nuestro país, dejar sin argumentos a la patronal, a los partidos, sindicatos y gobiernos que se oponen, y que una parte mayoritaria de la sociedad haga suya la reivindicación de un salario mínimo propio”. “Ese es nuestro mejor activo, el apoyo popular que hemos conseguido durante todo el proceso, con cada firma que recogimos para entregar la ILP, con cada protesta que hemos hecho cada vez que la patronal ha rechazado sentarse y con cada centro de trabajo que hemos conseguido parar”, ha resaltado.

Lakuntza ha dicho que no quieren “que nadie decida en nuestro lugar, que nadie desde Madrid nos imponga su precariedad, porque argumentar que el incremento del SMI en todos los territorios donde sea posible es insolidario es, además de españolista, algo difícil de vender en este país”. En ese sentido, ha criticado que “hay partidos y sindicatos que venden que es mejor cobrar 1.200 euros que 1.500 euros” y ha dicho que “están faltando al respeto a los trabajadores en situación más precaria”, porque, entre otras cosas, la reivindicación del SMI de 1.500 euros es “un compromiso para mejorar la vida de miles de mujeres en este país” y porque un SMI propio de 1.500 euros “busca hacer justicia feminista”.

El líder de ELA ha afirmado que la explicación de aquellos que se oponen es, “sobre todo, ideológica, porque el españolismo y el centralismo se usan para extender la precariedad”. “Por eso no quieren que tengamos la capacidad para subir los salarios más bajos. Por eso también Confebask es centralista y españolista”, ha advertido, para insistir en que en ELA no se van a rendir hasta conseguir un salario mínimo propio.

En ese sentido, ha dicho que el lema “Jo ta ke hemen erabaki arte” de este Primero de Mayo quieren que sea “un impulso y una declaración de compromiso con la lucha por el SMI” y ha asegurado que van a trabajar “para abrir nuevas vías” y para que SMI “siga estando en la agenda política de este país, porque el SMI es una cuestión política”.

Además, ha criticado que, hasta ahora, el lehendakari “ha decidido oponerse al SMI propio, sumándose al voto contrario de su partido, junto a PSE, PP y VOX”. “En el mejor de los casos, Pradales se ha puesto de perfil”, ha reprochado, para recordar que hace unos días el lehendakari y su gobierno decidieron “responder de la peor manera posible, amenanzado a ELA y LAB con una nueva Ley de participación institucional que tendrá consecuencias si no pasamos por el aro de la mesa del diálogo social, una mesa vacía de contenido pero llena de propaganda”.

En ese sentido, ha añadido que el consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha anunciado que “premiarán a los que acudan a la mesa, a quienes acepten participar de ese teatro que buscan el gobierno y la patronal, el teatro de aparentar que se hace algo, cuando realmente no negocian nada”, y ha afirmado que la del diálogo social es “una mesa antidemocrática, donde ni siquiera se respetan las mayorías, porque UGT y CCOO apenas llegan al 28% de representación, y ahora se da un salto en una decisión autoritaria para atacar a la mayoría sindical de este país”.

Por otro lado, “ante un modelo capitalista salvaje que solo trae destrucción, miseria y muerte”, ha reivindicado los valores del Primero de Mayo, “la paz, la solidaridad, el feminismo, la libertad y la vida” y ha criticado que Confebask y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, “han llamado a mirar para otro lado” ante los “graves peligros” que suponen “los gobiernos de Trumpo y Netanyahu, porque ”no quieren que se moleste a las principales amenazas para la paz mundial“ y porque ”su prioridad no son los derechos humanos, la paz o la justicia social, sino los intereses económicos“. Ante esto, Lakuntza ha reivindicado ”la paz, la solidaridad, el feminismo, la libertad y la vida“, ha denunciado el imperialismo y ha defendido ”la soberanía de los pueblos“.

También ha expresado su apoyo a los trabajadores que están participando en numerosas movilizaciones y huelgas, y ha subrayado que, ante los ERE y despidos que destruyen empleo, la labor del sindicato es defender los puestos de trabajo. “El objetivo de ELA no es votar lo que quiera la empresa, el sindicato debe mantener el empleo hasta el final”, ha subrayado. El sindicato, ha reiterado, “no está para facilitar despidos, ni para aceptar el mal menor, ni para votar lo que la empresa quiere, como en el caso de Tubos Reunidos, ni para dejar tirados a unos por otros”, sino que está para defender el empleo hasta el final, hasta el último juzgado si hace falta“.

También LAB ha cargado contra el Gobierno vasco y le ha acusado de “blanquear” a Confebask e impulsar “el sindicalismo dócil” y castigar “al sindicalismo soberanista de clase”. Además, el sindicato ha defendido que un salario mínimo propio de 1.500 euros es una “medida justa y viable” y seguirán con esa “lucha”.

“Langileok eragin” ha sido el lema elegido por LAB para sus marchas en 26 localidades aunque la central ha sido en Donostia donde la coordinadora general, Garbiñe Aranburu, ha hecho un llamamiento a los trabajadores “a movilizarse por el derecho a trabajar y vivir en euskera y ha puesto en valor la labor de los trabajadores que luchan en defensa del empleo”. Aranburu ha afirmado que es de hoy es un día “de reivindicación y movilización” y ha mostrado su “solidaridad a los pueblos trabajadores del mundo”.

La dirigente de LAB ha defendido que la actual coyuntura exige realizar políticas a favor de los trabajadores y ha recordado que se viene de una “exitosa huelga general” el 17 de marzo por un salario mínimo propio y este Primero de Mayo miles de trabajadores han vuelto a a salir a la calles“. ”Por lo tanto, los trabajadores hemos hablado; reclamamos políticas redistributivas, para repartir los cuidados, el empleo y los salarios. Para mejorar los salarios y las pensiones, para garantizar el derecho a la vivienda; para garantizar servicios públicos de calidad en la sanidad, en la educación o en los cuidados“, ha apuntado.

Aranburu ha señalado que todas estas medidas son “medidas para cerrar las puertas al fascismo y la ofensiva reaccionaria y hacer frente a las brechas machistas y racistas y a las existentes entre generaciones”. La dirigente de LAB ha defendido el salario mínimo propio de 1.500 euros para “una vida digna” y ha asegurado que es “una medida necesaria, justa y viable”. “La patronal y los gobiernos han despreciado nuestras propuestas, pero la lucha sigue. La demostración de fuerza de la huelga mantiene viva esa reivindicación. Nos ha dado más fuerza y legitimidad. No será fácil”, ha reconocido.

CCOO y UGT piden “una política salarial seria”

Por su parte, CCOO y UGT han vuelto a manifestarse conjuntamente el Primero de Mayo en las capitales vascas y el líder del CCOO Euskadi, Santi Martínez, ha reclamado “una política salarial seria” que “se deje de cuentos de la lechera” y fijar un salario mínimo de convenio de 1.500 euros. Por su parte, el presidente de la Comisión Gestora de UGT Euskadi, Tximi López, ha defendido el diálogo social y “mancharse las manos para lograr avances reales” frente a quienes prefieren “la parálisis”. Estas reflexiones han sido realizadas en los mitines que han ofrecido ambos en la capital vizcaína, tras la manifestación que han realizado por Bilbao bajo el lema “Derechos, no trincheras: Salarios, vivienda y democracia”, una marcha que se ha repetido también en San Sebastián y Vitoria.

Santi Martínez ha afirmado que el sindicalismo confederal “no tiene fronteras, ni líneas rojas entre trabajadoras, ni trincheras”. En este sentido, se ha sumado en primer lugar al “no a la guerra”. “De trincheras saben mucho los criminales impulsores de unas guerras ilegales que están condicionando el mundo, que se están cargando un sistema de relaciones internacionales basado en el multilateralismo, que están promoviendo la ley del más fuerte para perpetuar guerras”.

Tras denunciar que “el capitalismo mata” y si se junta con “atrasistas” se convierte “en una pandemia mortal de imbéciles con poder”, ha defendido que Europa, España y Euskadi necesitan despertar de “su letargo” y ha asegurado que el sindicalismo confederal “va a contribuir a que despierte de ese mal sueño”.

Asimismo, ha señalado que ese sindicalismo confederal es el “mejor actor para defender a las personas trabajadoras” y ha llamado a estar “vigilantes ante la avaricia de unas patronales que no contentas con unos beneficios económicos históricos retoman el papel de plañideras a las primeras de cambio, cuando vienen mal dadas”.

“Bienvenidos sean aquellos neoliberales de pacotilla que terminan suplicando la intervención y el impulso de lo público en contextos como estos. Bienvenidos sí, pero no así. Las ayudas públicas se condicionan, a la protección del empleo, a un empleo de calidad y a una fiscalidad progresiva”, ha indicado.

En su discurso, también ha defendido el dialógo social “concebido para condicionar las políticas públicas”. En este sentido, ha asegurado que la mejor manera de “no condicionar nada es no estar” y ha afirmado que CCOO “no va a renunciar a ningún espacio de incidencia”. Tras recordar algunos de las medidas adoptadas en el marco del diálogo social, ha citado, entre ellas, la subida del 66% del SMI, “un 66 por ciento más que la subida lograda por las organizaciones convocantes de la última huelga general excluyente en Euskadi por el salario mínimo vasco”.

“Así que lecciones, las justas. A ver si va a resultar que el sindicalismo que califican como dócil es el que está condicionando de verdad las políticas públicas frente a la sobreactuación de algunas organizaciones que lo cuestionan todo pero que no cambian nada”, ha remarcado.

El representante de CCOO ha defendido establecer “una política salarial seria en este país que se deje de cuentos de la lechera”. “Estamos hablando de un salario mínimo de convenio de 1.500 euros”, ha remarcado.

Santi Martínez ha destacado la importancia de “pelear ese reparto de beneficios de las empresas en favor del factor trabajo” y, por ello, ve “fundamental garantizar el poder adquisitivo”.

“Defendemos una política salarial útil y pegada a la realidad de Euskadi, basada en la negociación colectiva. La prioridad pasa por incrementos salariales con garantías y por un salario mínimo de convenio de 1.500 euros. El objetivo es reforzar certezas, mejorar rentas del trabajo y responder con herramientas concretas al coste real de la vida”, ha señalado.

Santi Martínez ha defendido también que ensanchar la democracia es “el mejor antídoto contra esos estrechos mentales que crecen como parásitos del descontento y fortalecen las ideas supremacistas de la ultraderecha”. “Ensanchar la democracia también en los centros de trabajo, ejerciéndola de verdad, y no aceptando vetos al voto de las plantillas”, ha remarcado.

Por otra parte, ha asegurado que el acceso a una vivienda es “hoy un problema generacional y generalizado” y también es “un problema laboral”. Por ello, ha reclamado un parque público de alquiler “asequible, suficiente y real”.

También ha pedido extender la democracia apoyando el proceso de regularización extraordinaria que “va a sacar de la clandestinidad a miles de conciudadanas” y ha señalado que estarán presentes para “evitar el dumping salarial a la baja que quieren establecer algunas empresas”.

“Hoy queremos ser la referencia de la población trabajadora migrante. Porque en nosotras no van a encontrar ninguna duda, ninguna vacilación banderiza, ninguna barrera teñida de patriotismo rancio, sea vasco o español, nosotras tenemos claro que, como antes, y como siempre, 'de aquí o de fuera, la misma clase obrera. No podemos criticar las prioridades nacionales de algunos y callarnos ante otras prioridades y privilegios que, nos lo cuenten como nos lo cuenten, fragmentan la sociedad y el mundo del trabajo”, ha criticado.

Por su parte, el presidente de la omisión gestora de UGT Euskadi, Tximi López, ha reafirmado el papel del sindicalismo de clase como “primera línea de defensa” de los derechos laborales en el actual contexto de incertidumbre global y ha subrayado que su prioridad absoluta es la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora “por encima de intereses y de siglas”.

En este sentido, Tximi López ha defendido la apuesta por la negociación y el acuerdo que mantiene UGT y ha rechazado las críticas por su participación en la Mesa de Diálogo Social, porque el compromiso con los trabajadores se demuestra “con hechos y convenios, no con descalificaciones”.

“Que nos oigan los que tanto nos critican: no estamos aquí para afianzar siglas, sino derechos”, ha asegurado en referencia a ELA y LAB que no participan en ese foro.

Tximi López ha añadido que, frente a quienes prefieren “la parálisis” para reafirmar sus posiciones, UGT opta por “mancharse las manos para lograr avances reales”.

Este Primero de Mayo de 2026, en el que los sindicatos sacarán a las calles vascas miles de trabajadores reivindicando sus derechos, parece calcado al del año pasado, como si las reivindicaciones que centraron los lemas de 2025 hubieran quedado suspendidas. El año pasado las reclamaciones de los sindicatos vascos iban del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio para Euskadi al “no a guerra”. Y en esas mismas estamos un año después, con situaciones incluso peores en lo que se refiere a los conflictos bélicos, que están repercutiendo -al margen de en la pérdida de vidas humanas- en un progresivo deterioro de las condiciones económicas que influye directamente en la situación de los trabajadores. En cuanto al SMI vasco, sigue estancado, sin que la patronal vasca quiera sentarse a negociar.

Así las cosas, los salarios dignos y las consecuencias que tendrán las guerras abiertas -Ucrania, Gaza, Irán- sobre los trabajadores, con lo que eso supone en el coste de la vida, la pérdida de poder adquisitivo, las dificultades para acceder a una vivienda o el incremento de la precariedad laboral, centrarán los lemas de los sindicatos que se manifestarán este viernes festivo por las capitales vascas, en su mayoría separados, como ya es habitual en el panorama sindical vasco.

Aunque son muchas las reivindicaciones que comparten, solo CCOO y UGT se manifestarán de forma conjunta entre los cuatro sindicatos más representativos. El primer sindicato vasco, ELA, y el segundo en representatividad, LAB, lo harán por separado, ratificando una vez más que la unidad de acción entre ambas centrales queda restringida a casos muy puntuales. Otras centrales como ESK compartirán convocatoria con Steilas, CGT y CNT. Aunque habrá manifestaciones de todas las centrales en las tres capitales, la mayoría ha elegido Bilbao para sus actos centrales. Este es el caso de ELA, CCOO y UGT, mientras que LAB tendrá la manifestación central,con sus principales líderes, en Donostia.

En el caso de ELA, el sindicato que dirige Mitxel Lakuntza concentra sus esfuerzos en una única manifestación en la capital vizcaína -tendrá otra en Pamplona- bajo el lema ‘SMI 1.500; Jo ta ke, hemen erabaki arte’, un lema que ya es toda una declaración de intenciones: no cesará en su reivindicación de un salario propio de mínimo 1.500 euros hasta que se consiga, como ya advirtió con motivo de la huelga general por este motivo que capitaneó junto con LAB y otros sindicatos como Steilas, ESK, Etxalde, Hiru, CNT, CGT. El sindicato, que junto a otras centrales nacionalistas de varias comunidades autónomas ha puesto en marcha una campaña en el Congreso para conseguir modificar el Estatuto de los Trabajadores y que las comunidades puedan legislar sobre el SMI, insta al lehendakari a implicarse directamente en el proceso y reivindicar esta competencia a Madrid. ELA considera que “con un SMI propio, se demostrará otro principio cada vez más evidente: es necesario reforzar la soberanía de Euskal Herria. Cuanto más cerca esté el poder de decisión, más justas serán las medidas políticas”.

LAB realizará un total de 26 manifestaciones en las capitales vascas y navarra, en Baiona y Maule, se movilizará junto a la intersindical y en varias comarcas, aunque la movilización central tendrá lugar en Donostia. Ante la guerra y el encarecimiento de la vida, LAB reivindicará políticas a favor de los trabajadores bajo el lema 'Langileok eragin'. Denuncian desde este sindicato que la patronal, como ocurrió con la crisis financiera, la pandemia o la guerra de Ucrania, intentará hacer que la clase trabajadora “pague la factura de la guerra en Oriente Medio, encareciendo los precios y atacando el empleo y las condiciones laborales”. Ante ello, consideran que hay que expresar con firmeza un mensaje contra la guerra: “No a la guerra y no a pagar la factura de la guerra”.

En este contexto incierto reclaman “políticas en favor de los trabajadores”, con salarios y pensiones con “ingresos mínimos dignos”. “Hay que reivindicar que se ponga en el centro las vidas de todos y todas, en lugar de los beneficios de unos pocos”. “Hay que establecer políticas de redistribución en Euskal Herria; políticas para el reparto del empleo, de los cuidados y de la riqueza”, señalan desde el sindicato.

UGT y CCOO se movilizarán juntos en Euskadi, siguiendo la estela de sus formaciones en todo el Estado. Realizarán movilizaciones en las tres capitales vascas, con acto central en Bilbao, bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia'.  “Es decir, defender derechos frente a trincheras, salarios frente a precariedad, vivienda frente a especulación y democracia frente a discursos de odio y exclusión”, señalan desde estos sindicatos. Ambas centrales quieren además quieren que sea un día para contraponer el diálogo social que defienden “herramienta eficaz y útil” ante el “ruido y la crispación” de sindicatos que defienden “el conflicto estéril y el grito”. Además, quieren que sea una oportunidad para reclamar la defensa de proteger la industria para garantizar salarios dignos y exigir a las Administraciones públicas que no destinen ni un euro de dinero público a las empresas que optan por la deslocalización ante la mínima dificultad.

Otros sindicatos como ESK, Steilas, CGT y CNT comparten convocatoria con manifestaciones en las tres capitales vascas en contra de la guerra y el imperialismo, aunque el acto central será en Vitoria: “No vamos a permitir que sigan empobreciéndonos para enriquecerse a nuestra costa y, menos aún, que lo hagan justificando, por acción o por omisión, guerras e injerencias imperialistas”, señalan.

Estas son las principales manifestaciones

ELA: El sindicato mayoritario concentra las movilizaciones en la CAV en Bilbao, a las 11.30 horas. Un acto central en la plaza del Sagrado Corazón con intervención de Mitxel Lakuntza dará paso después a la manifestación que acabará en la plaza Circular.

LAB: La movilización principal será en Donostia. Una manifestación arrancará a las 12 horas de la plaza Easo y termirá en la plaza de la Trinidad, con un acto de la coordinadora general Garbiñe Aranburu. Además, se manifestarán en Vitoria a las 12.30 desde la plaza de la Provincia, y en Bilbao a las 12 desde la plaza Zabalburu.

CCOO y UGT: El acto central de estos sindicatos tendrá lugar en Bilbao, con la presencia de Santi Martínez, secretario general de CCOO, y de Tximi López, responsable de la comisión gestora que dirige UGT. La manifestación arrancará a las 11.30 a la altura del número 77. En Vitoria arrancará a las 12 de la Virgen Blanca y en Donostia a la misma hora desde el Alderdi Eder

ESK, Steilas, CGT y CNT: Manifestaciones en las capitales, a las 11.30 desde la Gran Vía de Bilbao, a la altura del número 56; a las 12 en Donostia desde el Museo de San Telmo; y a las 12,30 desde el Palacio Europa de Vitoria.