¿De qué manera afecta el trauma por haber sufrido algún tipo de violencia al proceso de la maternidad? ¿La violencia sufrida por la madre puede afectar al bebé? ¿Cómo se puede acompañar a una madre y sus hijos en el proceso? Con el objetivo de abordar estas cuestiones, el Curso de Verano de la EHU 'Violencias y Maternaje' ha reunido durante este lunes y martes a expertos en psicología, atención a las víctimas y el sistema sanitario, quienes han compartido sus experiencias y las limitaciones a las que se enfrentan en el acompañamiento y asistencia a las mujeres víctimas de violencia durante la maternidad en la red sociosanitaria de Euskadi.

En concreto en la mesa redonda sobre el acompañamiento y asistencia a estas mujeres han participado Iker Usón González, jefe de Servicio de inclusión social y atención a la violencia machista contra las mujeres de la Diputación de Gipuzkoa, Jon Bengoetxea Lopez, psicólogo y miembro del Servicio de Infancia de la Diputación de Bizkaia, Rosa Lizarraga Marañon psicoterapeuta infanto-juvenil y especialista en atención a víctimas menores de abuso sexual, Sonsoles Merino Sanchez, matrona del Hospital Universitario Donostia y, por último, Maria Ullate Rodríguez psicóloga sanitaria especializada en trauma e infancia, quien ha sido la encargada de moderar la conferencia.

Tras explicar las redes asistenciales y los recursos disponibles en Euskadi, los ponentes han abordado las limitaciones a las que se enfrentan en su día a día, así como los retos a la hora de desarrollar su labor de una forma correcta. En este sentido, Rosa Lizarraga Marañon, psicoterapeuta infanto-juvenil y especialista en atención a víctimas menores de abuso sexual, ha confesado que en muchas ocasiones los profesionales “no se atreven a intervenir” en casos de abuso sexual infantil, lo que dificulta su detección. “Tenemos compañeros y compañeras que trabajan en situaciones muy complicadas y en muchas ocasiones no se atreven a intervenir porque da mucho miedo. Se viven muchas situaciones de violencia al margen del abuso sexual infantil y con ellas no hay tanto problema a la hora de abordarlo, pero cuando llegamos al abuso sexual infantil es algo que cuesta mucho y hace falta acompañamiento también a los profesionales que estamos en primera línea. El abuso sexual infantil en muchas ocasiones no se ve hasta que el niño o la niña puede hablar, hasta que no hablan a los niños y niñas no se les siente víctimas, cuando lo fundamental es la detección e intervención temprana en todos los casos de violencia”, ha argumentado.

Muchas madres desarrollan estrategias activas de protección, incluso en contextos extremadamente difíciles

En el caso del impacto de la violencia sobre la maternidad y la vivencia de las mujeres, Iker Usón González, jefe de Servicio de inclusión social y atención a la violencia machista contra las mujeres de la Diputación de Gipuzkoa, ha reconocido que “por un lado las mujeres padecen las consecuencias consecuencias de la violencia sobre su bienestar emocional, su autonomía y su proyecto vital, pero además, por otro lado, sufren el impacto que esa misma violencia tiene sobre su papel como madres y la relación con sus hijos e hijas”. “La maternidad ocupa un lugar central en la identidad y en la experiencia vital de muchas mujeres. Adecuar o comprender adecuadamente el impacto de la violencia exige incorporar también esta dimensión desde la perspectiva de los recursos especializados forales. Una de las limitaciones que históricamente hemos tenido es que muchas intervenciones, la mayoría, se han orientado prioritariamente a recuperar individualmente a la mujer. Sin embargo, la experiencia nos muestra que la maternidad no puede entenderse únicamente como una circunstancia más dentro de la vida de esas mujeres. Requiere una mirada específica”, ha apuntado.

Según ha detallado Usón, “la violencia machista ataca directamente a la función materna” y, en la mayoría de casos, esa es una de las estrategias del agresor. “La violencia genera miedo, inseguridad, aislamiento, hipervigilancia, desgaste emocional y un largo etcétera por desgracia, pero cuestiona permanentemente la capacidad que tiene la mujer de decidir, desautoriza su criterio, minimiza su papel dentro de la familia y en muchos casos instrumentaliza los propios hijos e hijas como una forma adicional de control y de maltrato. Y esto no lo sacamos de los libros, lo sacamos de los casos diarios. Este daño no es únicamente una consecuencia directa de la violencia. En muchas ocasiones constituye una estrategia deliberada del agresor. El agresor desacredita a la mujer también como madre, cuestiona sus decisiones, genera inseguridad sobre sus capacidades, obstaculiza los cuidados cotidianos y dificulta todas aquellas rutinas que proporcionan estabilidad y seguridad a los hijos e hijas. Por tanto, vemos que la violencia se ejerce contra la mujer, pero ataca también activamente el ejercicio de la maternidad. La consecuencia que nos encontramos es que muchas mujeres sienten que no han podido ejercer la maternidad como hubiesen deseado, como les hubiese gustado”, ha subrayado.

En este sentido, el experto ha recalcado que en el sistema de protección se encuentran a mujeres que “mayoritariamente intentan cuidar, proteger y educar a sus hijos en circunstancias extraordinariamente adversas”. “Junto al daño también debemos ser capaces de reconocer las capacidades. Muchas madres desarrollan estrategias activas de protección, incluso en contextos extremadamente difíciles. Realizan enormes esfuerzos para amortiguar el impacto de la violencia. Incluso podríamos decir que preservan espacios de seguridad dentro de lo que pueden hacer. Yo creo que desde los servicios especializados tratamos de identificar, de validar, de fortalecer estas capacidades, no porque el daño no exista, sino porque una intervención centrada exclusivamente en lo que falta, en el déficit, en las dificultades, puede invisibilizar”, ha destacado.

Muchas mujeres no quieren que les hagan los tactos y terminan muchas veces en un parto instrumental con una episiotomía

En el caso del parto, Sonsoles Merino Sanchez, matrona del Hospital Universitario Donostia, ha indicado que es fundamental ser conscientes de que el parto es una “experiencia de vulnerabilidad”, sobre todo para aquellas mujeres que han sufrido abuso sexual en la infancia. “Los paritorios son habitaciones en la que la cama está en el centro. Abren la puerta y la mujer está muy expuesta. Son situaciones en las que vemos que hay mucho miedo. Muchas mujeres no quieren que les hagan los tactos y terminan muchas veces en un parto instrumental con una episiotomía, con lo que supone todo eso. ¿Entonces, no somos conscientes de que incluso la arquitectura de los paritorios puede ayudar a proteger a esa mujer? La prevención es fundamental, así como la detección en las clases de preparación al parto y las consultas en todas las semanas de gestación. Tiene que haber un cribado, un acompañamiento y tenemos que tener personal formado en hacer preguntas relacionadas con la violencia que han podido sufrir estas mujeres”, ha destacado.

Ante las limitaciones, los profesionales han llegado a la conclusión de que es fundamental la comunicación y el trabajo conjunto entre distintos departamentos y Diputaciones. “Echo en falta equipos bisagra sociosanitarios, programas dentro de las Diputaciones que se ajusten a las necesidades de cada caso, porque hay realidades complejas y a veces la rigidez de la estructura institucional dificulta la adecuación de los recursos a las necesidades de cada mujer. Podrían plantearse la creación de equipos de profesionales sociosanitarios que hicieran, por ejemplo, bisagra entre sanidad y lo social”, ha propuesto la matrona.

Estas son algunas de las cuestiones que de forma general han abordado durante la primera jornada del curso, que a lo largo de este martes planteará cuestiones como la detección y acompañamiento desde la red sanitaria a mujeres víctimas de violencia en el periodo de embarazo, parto y post parto, la psicoterapia de la parentalidad en mujeres que han sufrido trauma o las consecuencias en el maternaje de las mujeres victimas de abuso sexual en la infancia.

Una decena de expertos y alumnos de Criminología de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) se han adentrado, dirigidas por la doctora investigadora del Instituto Vasco de Criminología, Gema Varona a la cárcel de Zubieta para conversar con una veintena de internos y tratar de entender qué les ha llevado a cometer los delitos por los cuales han sido condenados. La actividad, que desde hace cuatro años aborda temas distintos con personas internas en cárceles vascas, se ha realizado este viernes dentro del Curso de Verano de la EHU 'Criminología dentro y fuera de prisión: Cruce de caminos'.

Por motivos de confidencialidad y para asegurarse de que la conversación con los internos fuera honesta y sin miedos, este periódico no ha podido acceder al encuentro, no obstante, tras él, Varona ha explicado en qué se ha basado, los objetivos del mismo y las conclusiones a las que han llegado tras reunirse durante más de tres horas con 17 presos y 3 presas de la cárcel de Zubieta de entre 24 y 60 años. “Hemos realizado una dinámica de diálogo, un círculo en el que cada uno contaba por qué estaba ahí y su historia de vida. Lo han hecho con un objeto de palabra que se iban pasando unos a otros. Después, hemos hecho una dinámica creativa con plastilina para plasmar qué les había parecido y qué se llevaban de la actividad”, ha detallado.

“En un círculo de diálogo de estas características no es necesario hablar si uno no quiere. Todo se lleva a cabo desde el respeto y la confidencialidad. Es una conversación en la que sobre todo lo que queremos es que se escuche lo que el otro dice, no para justificarlo ni para compartirlo, sino simplemente para entender. No queríamos que detallasen nada sobre el delito cometido, sino que hablaran sobre las causas que les llevaron a cometerlo. Traumas en la infancia, en la adolescencia, la falta de recursos a lo largo de la vida, una gestión errónea de las emociones, malas compañías, querer obtener dinero fácil o discriminación han sido algunas de las razones aportadas”, ha confesado Varona.

No tiene nada que ver una malversación de fondos con una violación o un asesinato. Lo que nos importa en estas actividades es escuchar a las personas

Entre los asistentes también ha participado una persona que ha sido víctima de un delito que ha subrayado la “importancia de responsabilizarse a pesar de las estructuras injustas” que ha podido llegar a vivir la persona que comete el delito y cómo se puede prevenir que ocurra. “Los internos han dado mucha importancia a la conexión con las demás personas, a tener vínculos que les hagan que pertenecen a algo, que se les valora. Ha habido diferentes opiniones porque en realidad lo que nos interesaban eran sus propias percepciones sin tener que personalizar, aunque alguno lo haya hecho”, ha indicado la experta.

Según ha destacado, estudiar e investigar la comisión de un delito es complejo dependiendo de qué es lo que se haya hecho. “No tiene nada que ver una malversación de fondos con una violación o un asesinato. Lo que nos importa en estas actividades es escuchar a las personas y, en mi caso, llevar a los estudiantes para que rompan los estereotipos que se tienen respecto a las personas que han podido cometer un homicidio o tráfico de drogas. Nosotros estudiamos comportamientos delictivos de personas de carne y hueso, son humanos como nosotros y pueden haber cometido algo horrible, pero no debemos deshumanizarlos porque si lo hacemos no vamos a entender cuáles han sido las razones que les han llevado a cometer los delitos. Y repito que entender no es compartir ni justificar”, ha recalcado.

Hemos sacado temas de violencia de género que son muy difíciles de abordar, algo que también sabemos por las investigaciones que hemos realizado

Durante el encuentro han tratado de que la conversación fuera cómoda y participativa, pero también han encontrado puntos de desencuentro o cuestiones que han sido más complicadas de abordar con los internos, sobre todo las relacionadas con la violencia machista. “Hemos sacado temas de violencia de género que son muy difíciles de abordar, algo que también sabemos por las investigaciones que hemos realizado. La normativa internacional interna obliga a tener programas específicos de violencia de género con personas que la han ejercido, pero muchas veces es complicado por lo que llamamos en Criminología como técnicas de neutralización de la culpa o la desvinculación moral selectiva. Estas cuestiones hacen pensar que incluso quienes cometen este tipo de delitos son más víctimas que autores. Por eso es importante que en prisión haya recursos y preparación suficiente y también apoyo a las personas funcionarias porque realizan un trabajo muy complejo para poder ayudar al cambio de estas personas. El cambio no es fácil, la sociedad piensa que porque se les haya privado de libertad y se les haya metido en prisión van a reflexionar y cambiar y muchas veces es al revés, porque de manera más o menos irracional los internos pueden llegar a sentirse víctimas del sistema”, ha lamentado Varona.

Para la experta lo importante es que “la sociedad entienda que el objetivo de la prisión debe ser que no se vuelva a cometer ningún delito y que las personas internas aprendan algo estando dentro de prisión”. “Se trata de que cuando salgan respeten, por eso hay que entender cuáles son los problemas que tienen y responder de la manera menos dañina posible porque el coste de estar en prisión no es solamente una privación de libertad, también tiene una afectación en familias y en la propia sociedad”, ha concluido Varona quien no descarta volver a repetir un encuentro similar el año que viene.

La Universidad privada del grupo Saski Baskonia-Deportivo Alavés ofrecerá a partir del próximo mes de septiembre el grado en Enfermería. La entidad asegura que es “uno de los sectores con mayor demanda laboral”. Es una carrera que ya se ofrece por parte de la EHU, la Universidad pública.

La nueva titulación acaba de recibir el visto bueno de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco (Unibasq) y contará con 60 plazas desde el curso 2026/2027. La rectora de Euneiz, Eva Eguiguren, ha destacado la importancia estratégica de este nuevo grado dentro del proyecto universitario, que supone un “paso clave” en el compromiso de la Universidad con la formación en salud, informa Europa Press. “Nuestro objetivo es que los estudiantes no solo accedan a un empleo, sino que puedan liderar la evolución de la profesión, incorporando nuevas formas de cuidado, apoyadas en la evidencia y en la tecnología”, ha afirmado la rectora.

Euneiz ha celebrado ya la graduación de su primera promoción, integrada por 129 estudiantes de cuatro titulaciones de grado y tres de máster. En paralelo, el presidente del grupo Saski Baskonia-Deportivo Alavés, Josean Querejeta, ha anunciado ya un segundo edificio para el centro por su consolidación, al igual que una nueva residencia. Forma parte de un plan más amplio que incluye la compra del Fernando Buesa Arena y del aparcamiento.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha expresado este jueves su preocupación “por el cuestionamiento del principio de autoridad” que sufren los agentes de la Ertzaintza y de otros cuerpos policiales, “pero también a profesores, conductores de autobús o personal sanitario”. Asegura que también hay “pérdida de respeto a las personas y a los bienes públicos o privados”.

En un contexto de pintadas con ertzainas o incluso tras el caso de un agente increpado cuando hacía de árbitro en el torneo de fútbol Donosti Cup, el lehendakari ha querido insistir en esta idea en su conferencia inaugural del curso de verano de la EHU sobre el denominado Basque Segurtasun Foroa, el foro creado por el Gobierno vasco para hacer un diagnóstico sobre inseguridad, criminalidad y respuesta policial y que ha celebrado ya una treintena de encuentros en pueblos y ciudades en el último año. El evento académico ha tenido lugar en el palacio de Miramar de Donostia.

Según el lehendakari, “Euskadi es uno de los países más seguros de Europa para vivir y los índices relativos a los principales delitos e infracciones penales están por debajo de las medias española y europea”. Pero no ha negado que está “constatado” que la “preocupación” por la criminalidad en la sociedad vasca “ha ido en aumento”. “Este sentimiento de fragilidad está directamente relacionado con un mundo cada vez más convulso y cambiante. La sociedad vasca nos recuerda que mantener la seguridad cotidiana en nuestras calles y pueblos debe ser una de nuestras prioridades”, ha apuntado Pradales, que ha reclamado “no bajar la guardia” y “adoptar nuevas medidas”. El PNV, de hecho, ha introducido en su argumentario conceptos como “multirreincidencia” o “armas blancas” y ha apostado por mostrar el origen nacional de los detenidos.

Con todo, más allá del “aumento de los delitos por robos”, Pradales ha pedido ampliar la mirada sobre la seguridad y analizar si Euskadi está preparada también “para responder a incendios cada vez más violentos, pandemias, apagones, inundaciones o altas temperaturas persistentes”. Ha recordado, igualmente, que las “estafas” se cuelan “a través del móvil o del ordenador” y ha alertado del crecimiento de la violencia machista. “¿Se denuncia lo suficiente?”, se ha preguntado, al tiempo que ha reclamado “concienciación” contra esa lacra.

“Como Gobierno vamos a seguir trabajando para ofrecer a la sociedad vasca un 'aterpe', un entorno de certidumbre y seguridad, con el fin de que podamos sentirnos más seguros”, ha apostillado Pradales, que ha prometido “mayor anticipación” y atender algunas propuestas del Basque Segurtasun Foroa como asegurar “mayor presencia” policial en las calles, “mayor coordinación” entre cuerpos y otros servicios de emergencias -en ningún momento ha mencionado a las Fuerzas de Seguridad del Estado- y planes de “intervención tempra” en “jóvenes y adolescentes, ante el riesgo de vulnerabilidad de consumos de sustancias adictivas, como las drogas, el alcohol o el uso incontrolado de teléfonos móviles”.

“El próximo paso será elaborar el plan integral de Seguridad de 2026-2030”, ha apuntado el lehendakari, que entiende que saldrá “enriquecido” de las aportaciones de los participantes en las mesas del foro. “Más de treinta foros participativos celebrados en otros tantos puntos de nuestra geografía en los que han participado más 1.000 personas de distintos ámbitos: representantes forales, alcaldes y alcaldesas, ertzainas, policías locales, jueces, fiscales y representantes de sectores como el educativo, empresarial, sociosanitario, o asociativo”, ha ponderado.

El Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno vasco ha retocado prácticamente un tercio articulado de su anteproyecto de ley de Universidades tras recibir medio millar de alegaciones. Así, se recoge el blindaje del término 'Universidad', es decir, se prohíbe el uso de la palabra 'universidad' o 'universitario' sin autorización expresa. En este sentido, cualquier entidad que opere bajo esta denominación sin cumplir los requisitos legales se enfrentará a sanciones graves, combatiendo directamente el intrusismo académico y los denominados “chiringuitos universitarios”.

“Los promotores de nuevas universidades y centros universitarios que quieran implantarse en Euskadi deberán acreditar el valor añadido que aportan al sistema. No se van a poder usar de forma impropia 'universidad' y 'universitario' para referirse en estos términos a lo que no lo es”, ha argumentado el consejero Juan Ignacio Pérez Iglesias, quien ha presentado este miércoles en Bilbao el estado actual del anteproyecto, una vez incorporadas las modificaciones derivadas del proceso de participación pública.

Acompañado por el viceconsejero de Política Universitaria, Xabier Aizpurua, y por la directora de Ordenación y Planificación Universitaria, Sara Urionabarrenetxea, el consejero ha explicado las principales aportaciones incorporadas al texto tras el análisis de las cerca de 500 alegaciones recibidas de parte de integrantes de la comunidad universitaria, sobre todo la EHU, el buque insignia del sistema vasco, ciudadanía, órganos consultivos y agentes sociales que, tal y como ha subrayado Pérez Iglesias, “han enriquecido el texto inicial y han permitido modificar 41 de sus 142 preceptos”.

Tras anunciar que el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación da por concluida la fase de participación pública del anteproyecto, Pérez Iglesias ha destacado que “todas las aportaciones se han analizado con la debida atención y estudiado con respeto, rigor y voluntad de escucha”. En este sentido, además de las cuestiones relacionadas con la creación de “chiringuitos” privados, la EHU ha solicitado y la reforma incluye un incremento del límite de profesorado asociado y el porcentaje máximo de personal sustituto en cada departamento. Asimismo, amplía de dos a cuatro años el plazo de adaptación al nuevo marco normativo para facilitar una implantación gradual.

Es decir, se dobla el límite de profesorado asociado del 5% propuesto al 10% y, en el caso del profesorado sustituto, se han ajustado los mecanismos de contratación para ganar agilidad en la cobertura de plazas, permitiendo que la gestión de las sustituciones sea más eficiente y menos burocrática durante los periodos de transición. En vez de un 2% que establecía el borrador original, la EHU podrá tener hasta un 5% de personal sustituto. “El anteproyecto dobla al 10% el porcentaje de profesorado asociado porque la EHU pidió subirlo para cubrir con esa figura determinadas áreas, al igual que la cuota de personal sustituto, un asunto controvertido que, tras haber sido fijado en el 2% del total de plantilla, ahora se eleva al 5%, aunque se mantiene la idea de cubrir los puestos con personal propio”, ha aclarado el consejero.

Sobre el “malestar” expresado por la EHU por el hecho se dejara vía libre a la creación de una nueva universidad pública, Pérez Iglesias ha desvelado que su departamento no contempla ninguna creación ni tiene en mente ninguna nueva universidad pública, pero que sí se mantiene el término 'centro universitario público' para, ha subrayado, “evitar suspicacias y a petición de la EHU”. En todo caso, aunque no se contempla ningún proyecto como universidad pública como tal, sí ha desvelado que en un plazo de un año, ya trabajan con la propia EHU en la creación de un centro de estudios avanzados centrado en estudios de posgrado. Se trataría, como ha explicado el consejero de un modelo similar al del centro superior de música, Musikene, con la presencia de personal procedente de otros ámbitos y fichajes puntuales, modelo con el que la EHU está de acuerdo porque “es parte del proyecto y se beneficia de que exista”.

En cuanto a la carrera académica, la nueva regulación es “más flexible para favorecer la captación y el cuidado de las personas de alta cualificación”, según ha expresado Pérez Iglesias. Para ello, se establecen vías alternativas de acceso basadas en el desempeño profesional excelente y se flexibiliza la exigencia de estancias internacionales (rango de 1 a 2 años en lugar de una cifra rígida). Y, al mismo tiempo se reduce la carga de la dación de cuentas para la universidad pública (EHU) al reconocer que el exceso de precisión burocrática estaba interfiriendo con el funcionamiento ordinario. Además, se refuerza la seguridad jurídica del contrato-programa, permitiendo que la financiación ordinaria pueda incrementarse según la captación de recursos externos (proyectos europeos, investigación competitiva), una vez garantizada la suficiencia financiera.

La ley elimina “ambigüedades” de los complementos retributivos adicionales del profesorado de la universidad pública, pero remite esta cuestión al posterior desarrollo reglamentario y a la negociación colectiva con los sindicatos. En cuanto a la conciliación, en el texto se integra la conciliación de la vida personal, buscando que la carrera investigadora, especialmente para las mujeres, sea compatible con la vida personal sin sacrificar la excelencia. “Algunas -de las alegaciones- se han incorporado al texto y otras han enriquecido el debate, pero todas han permitido un examen crítico del documento tras analizar el espíritu de las alegaciones y tratar de dar salida a las propuestas, no recogerlas tal cual. Lo importante es que contamos con un anteproyecto de ley mejor que el que iniciamos hace unos meses y con una base más sólida para afrontar el futuro de la actividad universitaria” ha remarcado el consejero, para añadir que “los cambios introducidos no modifican los fundamentos del anteproyecto ni la dirección que deseamos imprimir al sistema universitario, pero sí flexibilizan aspectos significativos del texto original”.

A modo de resumen, el consejero ha subrayado que el propósito del Departamento ha sido elaborar “una ley concebida en Euskadi para responder a los retos de las universidades vascas”, fruto del diálogo con la comunidad universitaria y orientada a fortalecer un sistema de calidad, al servicio de la sociedad vasca e internacional. El consejero ha explicado que tras los cambios, el Anteproyecto de Ley delimita “con mayor precisión” el ámbito del Sistema Universitario Vasco, de manera que la planificación del Gobierno vasco abarcará toda la actividad universitaria desarrollada en Euskadi, incluidos los centros dependientes de otras administraciones y las universidades extranjeras con presencia en el territorio.

Por su parte, desde la EHU indican a este periódico que en la presentación del anteproyecto han podido comprobar que algunas de sus alegaciones han sido recogidas en el nuevo texto, como las relacionadas con la carrera académica, el personal sustituto, la ética en la investigación, la creación -o no creación- de una Universidad pública, la internacionalización, etc. Pero deben estudiar el documento en su totalidad, algo que por el momento no han podido realizar al no haberlo recibido.

Una vez concluida la fase de participación pública, el anteproyecto continuará su tramitación ordinaria, que requiere la emisión de los informes y dictámenes preceptivos. Posteriormente, el Consejo de Gobierno deberá aprobar el texto antes de remitirlo al Parlamento Vasco para su tramitación. PNV y PSE-EE tienen mayoría absoluta y su aprobación en la legislatura, salvo sorpresa mayúscula, está garantizada.

A menudo llegan a las aulas temas relacionados con las comunidades digitales de hombres que promueven masculinidades radicales, la misoginia y el antifeminismo a través de redes sociales conocidas como la 'machosfera'. Se trata de hombres que comparten rutinas relacionadas con el deporte, la dieta o su día a día, pero entendiendo la producción como sinónimo de fortaleza y emoción, el éxito como producto del esfuerzo, es decir, la meritocracia capitalista, el dinero, los coches y las mujeres como muestra de ese éxito con un lenguaje de la humillación como generador de una frustración que pueden rentabilizar y siendo su cuerpo como campo de batalla.

Así lo han explicado María Rodriguez Rodríguez, doctora en Género y Diversidad y sexóloga e Iván Gómez Beltrán, doctor en Género y Diversidad e historiador durante el Curso de Verano de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) 'Educación sexual y pantallas: desafíos, oportunidades y propuestas' y, en concreto en la mesa redonda 'Manosfera, Femesfera y la construcción del género en las redes'. Según han detallado, la idea de la 'manosfera' es cada vez más común, pero ¿qué ocurre cuando también llega a las aulas la 'femesfera'?

Según Rodríguez, la figura más significativa de la 'femesfera' son las 'trad wifes', “esas esposas tradicionales que son ángeles del hogar y que ponen en valor la nostalgia y la seguridad frente a la incertidumbre. Es como que viven en mucha incertidumbre y necesitan un anclaje, la idea de que el pasado fue mejor sirve para ellas como ancla. Estas tendencias tienen que ver con una respuesta a la presión social. En la incorporación de la mujer al trabajo hay una doble carga y, aunque el feminismo se ha ido institucionalizando y ha ido conquistando distintos terrenos, el ámbito de los cuidados, la educación y la crianza no son igualitarios”, ha recalcado la experta.

En su investigación ha visitado páginas, foros y blogs de estas mujeres que deciden quedarse en casa para criar desde una perspectiva más tradicional y machista y, en ellos comparten mensajes como: “Tu marido sostiene a la familia. Merece ser adorado, mimado y consentido. Quítale las botas cuando llegue a casa, rasca su espalda. Haz lo que él quiera y tú quieras hacer para demostrarle tu aprecio”; “el estilo de vida de una ama de casa no es para personas débiles. Cuando nació nuestra hija, mi esposo me dijo que podía quedarme en casa. Me emocioné muchísimo. También es duro. Leer aquí me ayuda a que no soy la única”; “no tengo amigas tradicionales y esta es mi vía principal para encontrar conexión y validación” o “por fin encuentro un lugar con un discurso rebelde frente a lo 'feministamente correcto'”.

Esa última frase contiene una de las claves analizadas durante el curso: “Rebelde”. Es decir, se considera ser rebelde ir en contra del sistema y, por ende, de los derechos adquiridos. “Hay niños de 15 años que son muy machirulos y niñas que lo sepan o no, también transmiten ideas machistas. Niños que dicen que los trabajos de las mujeres son una mierda o que no sirven para nada. Hay una actitud de rebelarse contra la autoridad y el antifeminismo viene de ahí. Ahora ser antifeminista es ser el más punk. Lo 'woke', lo progre es lo hegemónico y decir algo machista te da más puntos”, ha indicado Rodríguez.

Otra de las cuestiones a las que se enfrentan en las aulas son comentarios relacionados con el 'bodycount', o el 'km0', términos que los alumnos emplean para evaluar, sobre todo a las mujeres, dependiendo con el número de hombres -o en este caso, niños- han estado. Los propios menores hablan del dignifAI, un programa de inteligencia artificial que “dignifica” imágenes de mujeres poniéndoles ropa y cambiándoles el pelo y maquillaje a otros más sobrios y “naturales”, porque así “valen más”. “Las mujeres de alto valor se miden por su 'bodycount' o las personas con las que se han acostado. Es un eje que vertebra su identidad”, ha detallado Rodríguez.

Sobre esta cuestión Gómez, ha añadido una metáfora que emplean en la 'manosfera': “Una llave maestra abre todos los candados, pero un candado que se abre con todas las llaves es un candado roto. Esto lo aprendí yo con los chavales. Por eso es importante controlar sus códigos”, ha destacado.

En el caso de dignifAI, los expertos han lamentado que, “en el mismo espacio-tiempo en el que hay señores desnudando a mujeres a través de la IA, también las hay vistiéndolas”. “Las fotos reales son las subidas por ellas, pero ellos las vuelven a subir con las chicas más tapadas. Buscan a mujeres que consideran que no son lo suficientemente dignas y las 'dignifican' con trajes tradicionales o más recatados”, ha destacado Rodríguez.

Gómez, por su parte, ha destacado que “es importante ver en qué atributos se está poniendo la deseabilidad”. “Principalmente, si miramos a lo físico, un cuerpo musculoso es sinónimo de éxito. La gordofobia es inmensa en la 'machosfera', la panza de la que hablan, es algo que hay que trabajar mucho con los chavales”, aunque, ha subrayado que “los chavales no se convierten en antifeministas directamente a través de la 'machosfera', sino que hay ideas previas, emociones y malestares que la 'machosfera' prende”.

A modo de cierre, Rodríguez ha criticado que “la sexualidad femenina siempre está bajo sospecha”. “En este sentido están contribuyendo tanto la 'machosfera' y la 'femesfera' como los discursos más progresistas. Da la sensación de que si me saco una foto, muevo el culo o me visto de una determinada manera nunca lo hago para mí misma, siempre lo hago para el otro y me parece algo muy problemático. Si interpretamos cualquier expresión sexual femenina solo como cosificación/alineación corremos el riesgo de negar la posibilidad de un deseo propio y de una elección situada, aunque ese deseo pueda ser contradictorio. El reto no está solo en defender derechos frente a la reacción conservadora, sino en no caer en la trampa de esencializar la sexualidad de las mujeres y pensarla solo desde el miedo, el riesgo o la sospecha. Eso implica defender condiciones para la autonomía, el deseo, la negociación, la ambivalencia, el placer y la diversidad de experiencias”, ha concluido.

Andoni Cossio, profesor de la Universidad pública vasca (EHU), ha hallado, en el marco de un proyecto de investigación financiado por la Universidad de Granada, un documento que conserva una traducción inédita de J.R.R. Tolkien conservada en la biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford. El documento fue localizado durante el estudio de manuscritos conservados en la prestigiosa biblioteca británica. El texto localizado, titulado 'Soul's Ward' ('La custodia del alma') corresponde a una traducción al inglés moderno realizada por Tolkien del homiliario medieval 'Sawles Warde', obra del siglo XIII escrita en el conocido como dialecto AB, una variedad lingüística de especial relevancia para los estudios filológicos del autor de 'El señor de los anillos'.

La investigación ha permitido sacar a la luz un documento desconocido hasta ahora para la comunidad científica y ampliar de forma significativa el corpus de escritos académicos conservados de Tolkien. El trabajo ha culminado con la edición crítica del texto en la revista 'The Review of English Studies', publicada por Oxford University Press. Este descubrimiento aporta nuevos conocimientos sobre la trayectoria de Tolkien como filólogo y medievalista, una faceta fundamental de su actividad intelectual que complementa su conocida producción literaria.

Asimismo, pone de relieve la importancia de la investigación en fuentes originales y archivos históricos para la recuperación de materiales de interés internacional. La repercusión del hallazgo ha trascendido el ámbito académico y ha despertado el interés de medios de comunicación especializados y generalistas de distintos países. Ha sido el proyecto de investigación Transmel (Translation, Transmission, and Transformation in Medieval English Literature), dirigido por el investigador Ramón y Cajal del Departamento de Filologías Inglesa y Alemana Rafael J. Pascual, el que ha permitido localizar este documento inédito.

El hallazgo ha sido realizado por Andoni Cossio, profesor de la Universidad pública vasca (EHU) e investigador de Transmel, un proyecto financiado por el Plan Propio de Investigación de la UGR. Además de este hallazgo, el proyecto Transmel ha impulsado la traducción al español de 'La figura del Rey Arturo', realizada por Miguel Ángel Martínez-Cabeza y Rafael J. Pascual. Esta publicación recoge la primera traducción al español del ensayo artúrico de Charles Williams, miembro del grupo literario de los Inklings junto a J.R.R. Tolkien y C.S. Lewis.

Profesores e investigadores de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) han reunido más de 12.000 firmas en un manifiesto en defensa de los correctores de la Selectividad. Este nuevo movimiento llega después de que cuarenta estudiantes hayan presentado recursos ante la Justicia para que no se tenga en cuenta su calificación de Euskera y Literatura II en el cálculo de la nota de acceso y de admisión a la universidad.

El manifiesto, que ha sido presentado este miércoles en Bilbao por los profesores de la EHU Iñigo Urrutia -que fue Aldezle o defensor del alumnado- y Lore Erriondo, critica que “el trabajo del profesorado y de quienes corrigen los exámenes se ha puesto en entredicho, tanto en algunos medios de comunicación como mediante movilizaciones y acudiendo a los tribunales”. “Queremos expresar nuestra preocupación e indignación por todo lo ocurrido en torno al examen de euskara de la PAU. Hace años que muchos profesores y profesoras de EHU participan en los exámenes de la prueba de acceso a la universidad. Durante años apenas ha habido problemas, desde luego ningún caso que haya llegado a la opinión pública y mucho menos a los tribunales. El de este año, en cambio, ha superado todos los límites”, recoge el documento.

“Es grave que tras no superar el examen de euskara, y antes de solicitar la revisión, se acuda a los medios de comunicación. Es grave organizar una concentración delante de un edificio de la EHU, poniendo públicamente en duda el trabajo y la actitud del profesorado y queriendo condicionar la revisión. Es grave que, después de realizada la revisión —es decir, tras haber corregido de nuevo el examen otros profesores y profesoras—, también se cuestione la corrección y la revisión de estos. Es grave querer obtener en los tribunales los resultados que no se han conseguido en el examen. Y, por supuesto, es aún más grave que el juzgado de lo contencioso-administrativo haya resuelto, aunque sea de forma provisional, que la calificación de la prueba de euskara de los alumnos y alumnas que han recurrido no se tenga en cuenta para el acceso a EHU”, lamentan.

En el escrito defienden que la resolución judicial supone “un privilegio” para aquellos alumnos que acudieron a los tribunales en respecto al resto del alumnado que ha realizado la PAU. “¿Deben anteponerse los derechos de unos pocos estudiantes a los derechos de miles de estudiantes? ¿Debe un juez sustituir la función del profesorado y de quienes corrigen los exámenes? Nos resulta incomprensible”, señalan.

“No sabemos cómo terminará finalmente todo este conflicto, pero nos preocupan profundamente las consecuencias que pueda tener de cara a los próximos años. El trabajo del profesorado y de quienes corrigen los exámenes se ha puesto en entredicho, tanto en algunos medios de comunicación como mediante movilizaciones y acudiendo a los tribunales. Queremos recordar que quienes corrigen no son únicamente profesorado de EHU; el profesorado de Educación Secundaria asume la misma responsabilidad y realiza su trabajo con la misma profesionalidad. Por ello, este conflicto no es un simple ataque contra la Universidad del País Vasco: es también un ataque de desconfianza y de deslegitimación contra todo el sistema educativo público vasco”, recalcan los profesores e investigadores de la EHU.

Otra de las cuestiones que han criticado durante la presentación del manifiesto es el panorama que deja la decisión judicial de cara a las próximas convocatorias de Selectividad. “¿Qué consecuencias tendrá todo esto de cara a los próximos años? ¿Quién querrá ser el próximo año corrector o correctora de la PAU? ¿Está calibrando el Gobierno vasco en qué situación podemos encontrarnos dentro de un año? Nos hemos sentido desamparados y desamparadas, y eso puede tener graves consecuencias de cara al futuro”, apuntan.

Los profesores e investigadores han querido expresar su “apoyo y solidaridad a todo el profesorado que ha sido corrector de la PAU”. “Sin ellos y ellas este proceso sería imposible y porque sabemos que afrontan año tras año este reto y este examen con profesionalidad y actitud constructiva. Asimismo, queremos subrayar que EHU ha priorizado desde el inicio la profesionalidad, la transparencia y el servicio público en este asunto. Se han cumplido rigurosamente los procedimientos vigentes, se han activado todos los mecanismos de revisión y, en todo momento, se ha intentado garantizar los criterios académicos y un trato igualitario hacia todo el alumnado. Por ello, nos parece grave que se ponga en duda la actuación de la institución y de sus profesionales”, argumentan.

Por último, han querido lanzar un mensaje a la ciudadanía exigiendo respeto para su trabajo y para el sistema educativo público. “Somos profesorado de la universidad pública del País Vasco y estamos orgullosos de serlo. Ante este intento de poner en duda nuestra capacidad y profesionalidad, y de poner en el punto de mira a la propia EHU, exigimos respeto. Pero ese respeto no corresponde solo a la EHU: se le debe a todo el sistema educativo público, a todos los profesionales que trabajamos en él y a la legitimidad de la evaluación del alumnado. Respeto al sistema educativo público, respeto a la Universidad del País Vasco”, concluyen.

El Gobierno vasco ha aprobado este martes la convocatoria de becas universitarias y otros estudios superiores, dotada con 28,56 millones de euros, para el curso 2026-2027 con una ampliación del umbral de renta, por lo que 1.500 estudiantes más podrían beneficiarse de las ayudas. Esto es posible debido a que se ha creado un nuevo umbral complementario de renta situado un 10% encima del actual. “Esta medida permitirá incorporar a familias cuyos ingresos superaban ligeramente los límites establecidos hasta ahora, pero que afrontan dificultades para hacer frente al coste de los estudios superiores. Las personas cuyas unidades convivenciales se sitúen dentro de este nuevo umbral tendrán derecho a percibir las mismas cuantías que las contempladas para el actual umbral 3. De este modo, pequeñas diferencias en el nivel de ingresos dejarán de suponer la pérdida del derecho a la beca”, ha informado el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, durante el Consejo de Gobierno.

Con la ampliación de los umbrales de renta, el tope máximo de ingresos para acceder a las ayudas se sitúa ahora en 17.124 euros para unidades convivenciales de un solo miembro y alcanza los 65.119 euros para familias de ocho miembros. “Esta convocatoria responde a un objetivo claro: que ningún estudiante vea limitado su acceso a la educación superior por razones económicas. Ampliamos el sistema de becas para adaptarlo mejor a la realidad de las familias y ofrecer una respuesta más justa y flexible”, ha añadido Pérez Iglesias.

Durante el curso 2025-2026, un total de 8.915 estudiantes recibieron alguna de estas ayudas por un importe cercano a los 21 millones de euros. Con la incorporación del nuevo umbral de renta, se estima que la próxima convocatoria beneficiará a unas 1.500 personas más y consolidará un “sistema de becas más amplio y equitativo”, ha recalcado.

Otra de las novedades de la nueva convocatoria es que se flexibiliza la compatibilidad entre la ayuda por residencia y la ayuda por desplazamiento interurbano cuando la necesidad de residir fuera del domicilio familiar se limite a un periodo concreto del curso, permitiendo percibir ambas ayudas de forma proporcional. Asimismo, ya no será necesario que el centro de estudios esté ubicado en Euskadi. A partir del próximo curso, quienes residan en la Comunidad Autónoma Vasca y deban desplazarse a diario a un centro situado a una distancia máxima de 200 kilómetros podrán acceder a esta ayuda con independencia de la comunidad autónoma en la que curse sus estudios. Es decir, podrán recibir la ayuda quienes estudien en Burgos, Cantabria o Navarra.

También se flexibilizan en esta nueva convocatoria los requisitos académicos para acceder a determinadas ayudas. Quienes inicien por primera vez estudios de grado u otros estudios superiores podrá acceder a la cuantía básica ligada al aprovechamiento académico con una nota de acceso a la universidad de 5, frente al 6,5 exigido hasta ahora. Del mismo modo, la nota media necesaria para acceder a la cuantía básica vinculada a la renta familiar se reduce de 6 a 5, ampliando las posibilidades de acceso a las becas.

La convocatoria también refuerza el apoyo al estudiantado con discapacidad. Los estudiantes con un grado de discapacidad de entre el 25% y el 64% podrán reducir hasta un 25% su carga lectiva sin perder los componentes de la beca y dispondrán de un año adicional para seguir beneficiándose de la ayuda, lo que favorecerá la finalización de sus estudios en condiciones de mayor equidad.

La Universidad pública vasca (EHU, por sus siglas en euskera) ha presentado este lunes un amplio análisis estadístico de las notas de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU, la antigua Selectividad) a la luz de la controversia por las calificaciones de euskera y por el hecho hasta ahora desconocido de que 40 estudiantes hayan logrado en la jurisdicción contencioso-administrativa que un juez anule temporalmente su calificación en el examen de lengua vasca a la hora de formalizar su matrícula universitaria. La conclusión, verbalizada por el rector, Joxerramon Bengoetxea, es que lo sucedido “entra dentro de una normalidad estadística” a pesar de que las denuncias de alumnos de colegios privados del entorno de Bilbao con modelo A (el que imparte la docencia mayoritariamente en castellano) hayan abierto un debate político y social de grandes dimensiones.

El primer dato es que las medidas cautelares afectan al 0,33% de los 11.833 estudiantes que hicieron la prueba de euskera. La nota media general euskera fue de 6,33 sobre 10, “en medio de la tabla”. La de castellano sí fue superior, de 6,42, pero en una de las dos variantes de Matemáticas fue de 5,08 puntos e incluso en Física la media fue de suspenso, de 3,99. Es cierto que euskera fue la asignatura con más ceros, aparentemente 313 inicialmente y 163 después de las revisiones, el 2,64% y el 1,37% respectivamente, pero en proporción los hubo más en otras materias, principalmente en Física, cursada por muchos menos alumnos. Llegaron al 3,2%.

El rector, acompañado por la vicerrectora Urtza Garay, ha insistido en que la PAU es un proceso totalmente garantista, regulado por un real decreto estatal y que permite, en caso de desacuerdo con la calificación inicial, solicitar una revisión. Es más, si la segunda nota difiere en dos puntos de la primera, automáticamente se realiza de oficio otra revisión externa e independiente.

Frente a las acusaciones de que hubo un tribunal de Bilbao con alumnos de colegios concretos de modelo A con una elevada proporción de ceros, la EHU ha insistido en que “las revisiones apenas modifican la calificación”. En total, 4.233 alumnos han pedido una segunda corrección, un tercio del total, y 8.127 ejercicios han sido comprobados, ya que se puede pedir la segunda evaluación de varias asignaturas. En euskera, las revisiones han movido la media en apenas 0,13 puntos al alza, por 0,22 de Historia del Arte, por ejemplo.

La comparativa de la Selectividad del pasado año muestra que, en efecto, las notas de euskera han bajado de 6,81 a 6,33, pero el desplome en Física o en las dos Matemáticas es mayor. Sólo se mejora en Biología y en Castellano. La EHU lo atribuye a los nuevos criterios de evaluación y asegura que tocará trabajar en coordinación con Educación para que los centros entiendan los nuevos criterios.

La conclusión es que las notas de euskera “no siguen una tendencia aislada” y que hay “en todas las asignaturas” casos de ceros e incluso dieces. “El cero es una calificación más”, ha recordado la vicerrectora Garay, que ha insistido en que muchas de las “anomalías” atribuidas a la lengua vasca se ven igualmente, sin polémica política y social alguna, en otras asignaturas.

El análisis de la EHU ha entrado en un terreno hasta ahora inexplorado y ha cruzado sus datos con los de Educación y ha analizado si la tendencia de las notas es diferente en función del modelo. Además del A existen el D, con el euskera como lengua vehicular, y el B, mixto. A falta de conclusiones definitivas, habría seis tribunales de 41 con medias de euskera por debajo de 5. “Y en esos tribunales hay estudiantes del A o del D”, han dicho los responsables universitarios. Un dato final: el 71,6% de quienes han tenido un cero han aprobado la Selectividad y la proporción sube al 74,8% entre quienes inicialmente sacaron esa nota en euskera.

Cientos de personas se han concentrado este jueves en los campus de la EHU de Bilbao, Donostia y Vitoria para denunciar “la ofensiva judicial contra el euskera”, después de que decenas de estudiantes hayan presentado demandas ante la Justicia para que no se tenga en cuenta su calificación de Euskera y Literatura II en el cálculo de la nota de acceso y de admisión a la universidad y al menos 25 autos de juzgados del contencioso-administrativo de Bilbao hayan decretado medidas cautelares para aquellos alumnos que hayan acudido a los tribunales. “La ofensiva contra la normalización del euskera no se detiene. Al contrario, se está extendiendo, y ahora ha puesto en su punto de mira el sistema educativo. Solo así puede entenderse lo ocurrido en los últimos días: cómo se han utilizado los malos resultados obtenidos por algunos estudiantes en el examen de Euskera y Literatura de la prueba de acceso a la universidad para atacar al euskera. En estos días hemos visto cómo la preocupación de ese alumnado ha sido utilizada política y mediáticamente contra el papel que desempeña el sistema educativo de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en la normalización del euskera. Y con especial gravedad hemos visto, una vez más, cómo el poder judicial ha tenido la última palabra, obligando a la EHU a eximir de euskera a los estudiantes que, tras obtener malos resultados, han acudido a la vía judicia”, han leído en un comunicado representantes del Euskalgintzaren Kontseilua organización que agrupa las principales entidades a favor del euskera, en los campus de EHU las tres capitales.

En el caso de Bilbao, ha sido la secretaria general de Euskalgintzaren Kontseilua, Idurre Eskisabel, la encargada de leer el escrito, acompañada de representantes de los sindicatos ELA, LAB y Steilas. “De nuevo, el poder judicial se ha situado por encima de las instituciones que cuentan con el conocimiento y la legitimidad para resolver esta cuestión, por encima de la propia EHU e incluso del Gobierno vasco. Mediante esta ofensiva política, mediática y judicial actualmente en marcha, se está profundizando cada vez más en el proceso de desoficialización del euskera. De hecho, lo ocurrido en torno a las pruebas de acceso a la universidad tiene consecuencias graves y evidentes en lo que respecta a la oficialidad del euskera. Por un lado, premiará y privilegiará en el acceso a la universidad a quienes renuncian al euskera. En cambio, menospreciará a quienes han otorgado al euskera la misma importancia que al resto de asignaturas, a quienes han respetado el lugar que le reconoce el currículo educativo y han hecho el esfuerzo de aprenderlo. Convertirá en víctimas de una gran injusticia a miles y miles de estudiantes. Y este perjuicio no se soluciona aumentando plazas. Si así fuera, habría que aplicar la misma lógica al alumnado que ha obtenido malos resultados en Matemáticas o Castellano y no está conforme con ellos”, ha lamentado tras una pancarta en la que se leía “Euskara guztiontzat”.

Según ha criticado, lo ocurrido deja al descubierto que aquellos que viven en euskera son “ciudadanos de segunda”. “Todo ello ha puesto de manifiesto hasta qué punto quienes nos desenvolvemos en euskera somos ciudadanía de segunda; hasta qué punto el euskera es una lengua de segunda y subordinada al castellano. El mensaje que se ha trasladado a la sociedad es claro: el euskera no vale tanto como el castellano. Todo ello está muy lejos de una verdadera oficialidad, muy lejos de la igualdad y aún más lejos de la política de normalización que necesita una lengua minorizada como el euskera”, ha aseverado.

Durante la concentración también han criticado el papel del Gobierno vasco en esta situación. Este martes, tras la primera resolución judicial que decretó medidas cautelares, se celebró una reunión de urgencia entre el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, y el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, tras la cual tomaron la decisión de ofertar más plazas en la universidad para que los alumnos que han recurrido su examen puedan entrar sin dejar al resto de los alumnos fuera. “En Euskalgintzaren Kontseilua vemos con gran preocupación la actitud mostrada en estos días por el Gobierno vasco ante esta cuestión. Ha sido especialmente inquietante comprobar que, en lugar de abordar el verdadero problema –que el sistema de modelos lingüísticos vigente deja a parte del alumnado sin alcanzar el nivel mínimo de euskera recogido en el currículo–, el Departamento de Educación ha optado por señalar al profesorado encargado de corregir los exámenes, poniendo en duda su conocimiento, rigor y criterio. Queremos expresar nuestro apoyo a todo ese profesorado que trabaja día a día en la enseñanza y transmisión del euskera, así como a quienes han participado en la corrección de las pruebas como parte de esa labor”, ha señalado Eskisabel.

Para las entidades a favor del euskera la solución es clara: acabar con los modelos educativos A, en el que el castellano es la lengua principal y el euskera se enseña únicamente como una asignatura adicional y B, en el que se imparten algunas asignaturas en euskera y otras en castellano, cuyos alumnos son los afectados en los exámenes de euskera de la Selectividad de este año. “Tenemos claro que el núcleo de este problema reside en el sistema de modelos. Desde hace tiempo se sabe y se ha demostrado que los modelos A y B no sirven para cumplir los objetivos establecidos por el propio currículo educativo. Estos modelos, además de obstaculizar el avance en la normalización del euskera, vulneran el derecho de miles de estudiantes a adquirir la lengua. Por ello, desde hace tiempo Kontseilua viene reclamando la superación del actual sistema de modelos y la generalización de un modelo educativo en euskera, con el objetivo de ofrecer más recursos a quienes menos euskera tienen. Ese es el camino, no solo para avanzar en la normalización y revitalización del euskera en un momento en que su futuro está en juego, sino también para desatar uno de los principales nudos como sociedad, profundizando en la justicia y la cohesión social”, ha trasladado, tras recordar que “en el último debate de la Ley de Educación se perdió una excelente oportunidad para dar ese paso”.

“En un momento en el que la ofensiva se ha extendido al ámbito educativo, se abre una nueva oportunidad para impulsar un modelo educativo generalizado en euskera, y queremos hacer un llamamiento a todos los agentes del ámbito del euskera y de la educación, así como a las fuerzas políticas y sindicales que creen en el futuro del euskera. Y, por supuesto, hacemos un llamamiento a todas las personas euskaltzales, a toda la ciudadanía que defiende el euskera, la justicia social y la igualdad, para que sean impulsoras de este cambio. Mientras tanto, seguiremos trabajando para crear unas condiciones reales para poder vivir en euskera. Tomemos conciencia, empoderémonos y organicémonos como euskaltzales: en los centros educativos, en la calle, entre amistades, en las redes y en todos los ámbitos de la vida”, ha concluido Eskisabel.

Otra decena de estudiantes ha decidido presentar nuevas demandas ante la Justicia para que, al igual que en el caso de sus compañeros, no se tenga en cuenta su calificación de Euskera y Literatura II en el cálculo de la nota de acceso y de admisión a la universidad. Por el momento son cerca de 25 los autos de juzgados del contencioso-administrativo de Bilbao los que han decidido tomar medidas cautelares para aquellos alumnos que hayan acudido a los tribunales. Se trata de una decisión recurrida por la EHU al considerar que “el cumplimiento de estas medidas cautelares podría generar precisamente un perjuicio irreparable para el resto del estudiantado que ha realizado la PAU conforme a las mismas reglas y cuyos derechos deben ser igualmente protegidos”.

Aun así, un juez, Emilio Lamo de Espinosa, ha avisado al rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, de que incurrirá en un “delito de desobediencia” si no acata la resolución judicial -extremo que nunca ha planteado-, con el PNV volviendo a cargar contra la Universidad pública por falta de transparencia y con el PSE-EE hablando de posible “apartheid” porque el problema se concentra en colegios (privados) de modelo A, es decir, mayoritariamente en castellano. Por ello, la EHU ha anunciado ampliar provisionalmente las plazas para que ningún alumno salga perjudicado aunque la preinscripción a los grados de la Universidad pública vasca finalizó este martes, 30 de junio.

Tras las denuncias los jóvenes podrán acceder, con la nota de Selectividad sin contar la el examen de euskera, a una plaza en la EHU -u otra universidad pública del país-, pero solamente de manera cautelar. El proceso judicial no ha revisado el fondo del asunto y, cuando eso se produzca, podría ocurrir que pierdan la plaza. “Se informa a la parte recurrente que, en caso de dictarse sentencia desestimatoria en el pleito principal, podrá perder la plaza a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución de esta medida cautelar”, ha plasmado el propio Lamo de Espinosa en uno de los autos.

Desde el Consejo de Estudiantes temen que esta situación “sienta un precedente”. “Este año ha sido euskera pero puede que el año que viene sea Matemáticas y esto abre un precedente para los alumnos y sus familias de que, si no están conformes con una nota, pese a las recorrecciones y a las garantías de este sistema, pueden acudir a la Justicia para que la nota que no les gusta no cuente. Aunque no consideramos que la PAU sea un modelo plenamente justo, sigue siendo el mecanismo común que debe garantizar las mismas oportunidades para todo el mundo. Puede discutirse si lo consigue, pero es su promesa: llegado el momento, todo el mundo se sienta ante el mismo examen y con las mismas reglas. Para que la PAU cumpla, al menos, con esa función común, deben aplicarse criterios objetivos y respetarse la normativa vigente, como ha hecho la EHU con el conjunto del estudiantado. Sin embargo, las medidas cautelares adoptadas, lejos de garantizar esa igualdad de oportunidades, pueden profundizar las desigualdades existentes. Resulta especialmente grave que la materia apartada sea Lengua Vasca y Literatura II: el euskera no es una asignatura optativa ni prescindible, sino la lengua propia de nuestro país y una parte esencial de la universidad pública vasca. La decisión permite que algunas personas sean valoradas sin computar una materia obligatoria y obliga a reservar plazas al margen del procedimiento general”, lamentan desde el Consejo de Estudiantes.

“En un sistema con plazas limitadas, esta decisión no afecta únicamente a quienes han acudido a los tribunales. Puede desplazar en las listas a estudiantes que han seguido el procedimiento ordinario y dejarles fuera de la titulación que desean cursar. Además, si finalmente se concluyera que no existió ninguna irregularidad, se plantea el dilema de qué pasaría con quienes quedaron fuera pese a que realmente les correspondían esas plazas. No se puede corregir una posible injusticia creando otra, ni proteger a unas personas a costa de desproteger al resto. Aceptarlo sentaría un precedente peligrosísimo: que la igualdad de oportunidades dependa de quién puede permitirse acudir a los tribunales”, añaden los estudiantes.

Este jueves Euskalgintzaren Kontseilua, organización que reúne las principales entidades sociales a favor del euskara, ha convocado una manifestación en facultades de la EHU de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava “con el objetivo de denunciar la desoficialización del euskara, la ofensiva del poder judicial y el menosprecio sistemático hacia la lengua, superar el sistema de modelos lingüísticos y apostar por un modelo educativo generalizado en euskara que garantice que todo el alumnado, en igualdad, sea competente en esta lengua y avanzar en la normalización y revitalización del euskara en un contexto de emergencia lingüística”.

“Los tribunales han aprovechado los malos resultados obtenidos por algunos estudiantes en el examen de Euskera y Literatura II de la prueba de acceso a la universidad (PAU) para extender a la educación una ofensiva contra la normalización del euskara que viene de lejos y para profundizar en su desoficialización. Como consecuencia, han premiado y privilegiado la renuncia al euskara. Este hecho evidencia el menosprecio sistemático hacia el euskara por parte del poder judicial, con el objetivo de perpetuar el euskara como una lengua de segunda categoría y subordinada al castellano. A ello se suma que el actual sistema de modelos lingüísticos vigente en la educación de Euskadi deja a miles de estudiantes sin alcanzar un nivel mínimo de euskara”, lamentan los organizadores de la protesta, a la que se han adherido  los sindicatos ELA, LAB y STEILAS, Euskal Herriko Ikastolak, BIGE, Denon Eskola, las organizaciones estudiantiles IAS e IKAMA, además del Consejo de Estudiantes y los grupos de euskara de los campus de Leioa, Donostia y Gasteiz de la EHU.

La decisión adoptada por varios juzgados del contencioso-administrativo de Bilbao de no tener en cuenta la calificación de Euskera y Literatura II en el cálculo de la nota de acceso y de admisión a la universidad de las personas que obtuvieron bajas calificaciones y han acudido a la Justicia deja ahora tres escenarios posibles para los estudiantes. El asunto ha escalado a debate político con un juez, Emilio Lamo de Espinosa, avisando al rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, de que incurrirá en un “delito de desobediencia” si no acata la resolución judicial -extremo que nunca ha planteado-, con el PNV volviendo a cargar contra la Universidad pública por falta de transparencia y con el PSE-EE hablando de posible “apartheid” porque el problema se concentra en colegios (privados) de modelo A, es decir, mayoritariamente en castellano.

En primer lugar, se encuentran los cerca de 25 estudiantes que acudieron a la Justicia para, según uno de sus abogados representantes, Iñaki Picaza, que la nota de la asignatura en el examen de la Selectividad “no se tenga por puesta, porque el procedimiento es nulo”. Varios juzgados de lo contencioso-administrativo de Bilbao les han dado la razón y han decretado, como medidas cautelares, que “no sean tenidas en cuenta, o queden en suspenso, a los efectos de cálculo de la nota de acceso y de admisión, y por ende de los procedimientos de preinscripción, adjudicación de plazas y matrícula” de las personas que han acudido a los juzgados.

Estos jóvenes podrán acceder a una plaza, pero solamente de manera cautelar. El proceso judicial no ha revisado el fondo del asunto y, cuando eso se produzca, podría ocurrir que pierdan la plaza. “Se informa a la parte recurrente que, en caso de dictarse sentencia desestimatoria en el pleito principal, podrá perder la plaza a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución de esta medida cautelar”, ha plasmado el propio Lamo de Espinosa en uno de los autos. La EHU ha presentado un recurso.

En segundo lugar se encuentran los alumnos que también han suspendido u obtenido un cero en el examen de euskera de la Selectividad, pero han decidido no acudir a la Justicia. Aunque es cierto que la semana pasada se acometió la revisión de esos exámenes y se determinó que en aproximadamente un 80% de los casos la calificación podía ser algo más alta que cero, pero no los dos puntos que implican que, de oficio, sea necesario un tercer tribunal corrector por observarse una gran diferencia. Sin embargo, estos alumnos se quedarían sin los 'beneficios' de quienes acudieron a la Justicia, es decir, sus bajas notas de euskera contarán en el cálculo de la nota de acceso y de admisión a la universidad.

El tercer escenario puede tratarse del más complicado y, como califican desde el Consejo de Estudiantes de la EHU, “injusto”. Se trata de aquellos alumnos a los que, habiendo aprobado el examen de Euskera y Literatura II, esta nota les ha bajado la media. “Tenemos a alumnos con un 8 de media que han sacado un 6 en euskera. Este año ha sido euskera pero puede que el año que viene sea Matemáticas y esto abre un precedente para los alumnos y sus familias de que, si no están conformes con una nota, pese a las recorrecciones y a las garantías de este sistema, pueden acudir a la Justicia para que la nota que no les gusta no cuente. Aunque no consideramos que la PAU sea un modelo plenamente justo, sigue siendo el mecanismo común que debe garantizar las mismas oportunidades para todo el mundo. Puede discutirse si lo consigue, pero es su promesa: llegado el momento, todo el mundo se sienta ante el mismo examen y con las mismas reglas. Para que la PAU cumpla, al menos, con esa función común, deben aplicarse criterios objetivos y respetarse la normativa vigente, como ha hecho la EHU con el conjunto del estudiantado. Sin embargo, las medidas cautelares adoptadas, lejos de garantizar esa igualdad de oportunidades, pueden profundizar las desigualdades existentes. Resulta especialmente grave que la materia apartada sea Lengua Vasca y Literatura II: el euskera no es una asignatura optativa ni prescindible, sino la lengua propia de nuestro país y una parte esencial de la universidad pública vasca. La decisión permite que algunas personas sean valoradas sin computar una materia obligatoria y obliga a reservar plazas al margen del procedimiento general”, lamentan desde el Consejo de Estudiantes.

“En un sistema con plazas limitadas, esta decisión no afecta únicamente a quienes han acudido a los tribunales. Puede desplazar en las listas a estudiantes que han seguido el procedimiento ordinario y dejarles fuera de la titulación que desean cursar. Además, si finalmente se concluyera que no existió ninguna irregularidad, se plantea el dilema de qué pasaría con quienes quedaron fuera pese a que realmente les correspondían esas plazas. No se puede corregir una posible injusticia creando otra, ni proteger a unas personas a costa de desproteger al resto. Aceptarlo sentaría un precedente peligrosísimo: que la igualdad de oportunidades dependa de quién puede permitirse acudir a los tribunales”, añaden los estudiantes.

Con el objetivo de que los estudiantes de ese tercer escenario no se vean perjudicados y pierdan sus “merecidas” plazas, la Universidad vasca ofertará más plazas para que entren los que recurrieron el examen de euskera y nadie quede fuera. La decisión se ha adoptado tras una reunión de urgencia celebrada en la tarde de este martes entre el rector y el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias. “Como resultado del encuentro, ambas instituciones han acordado ampliar cautelar y provisionalmente las plazas de excepción cuya reserva imponen los autos judiciales en aquellas titulaciones en las que resulte necesario. El objetivo es evitar, en la medida de lo posible, que la ejecución de estas resoluciones perjudique al resto del estudiantado ya admitido y, al mismo tiempo, dar cumplimiento a los autos judiciales que prevén la reserva de plazas”, informan desde la universidad.

A raíz de esta situación desde la EHU consideran que la aplicación de los autos judiciales la sitúan en un conflicto con el Real Decreto 534/2024, norma estatal que regula la prueba de acceso a la universidad. “El citado Real Decreto establece expresamente que la materia de Euskara y Literatura II debe formar parte de la calificación de la fase de acceso. Sin embargo, los autos judiciales ordenan recalcular las calificaciones prescindiendo de dicha materia, lo que, a juicio de la universidad, obliga a dejar de aplicar una previsión expresa de una norma estatal vigente. Euskal Herriko Unibertsitatea considera que esta situación plantea un dilema jurídico inédito. La ejecución de los autos, en los términos en que han sido dictados, obliga a la universidad a modificar las calificaciones de acceso y a reservar plazas, dejando de aplicar una previsión expresa del Real Decreto 534/2024”, destacan desde la universidad.

“La universidad considera, además, que esta situación altera las condiciones de un proceso de admisión ya iniciado, obvia las reglas generales del sistema de acceso para un grupo concreto de personas, quiebra el principio de igualdad de oportunidades que debe regir el acceso a la universidad, resulta contraria a los derechos del resto del estudiantado, compromete la seguridad jurídica y genera un precedente de enorme gravedad para el sistema universitario”, señala la EHU, que aclara que “acatará y aplicará las medidas cautelares en los términos establecidos por los autos judiciales, por ser de obligado cumplimiento”, pero “al mismo tiempo, defenderá por todas las vías legales a su alcance la plena aplicación del Real Decreto 534/2024 y las garantías del sistema de acceso a la universidad”.

Por ello, como han anunciado este lunes, la universidad recurrirá la decisión judicial. “La universidad está estudiando cuantas acciones judiciales considere necesarias para salvaguardar la seguridad jurídica de la institución y garantizar el respeto al marco normativo vigente que regula el acceso a la universidad. La EHU mantiene los recursos ya presentados contra los autos y continuará defendiendo la aplicación del marco legal vigente y las garantías del sistema de acceso a la universidad”, concluyen.

El juez de lo contencioso-administrativo de Bilbao Emilio Lamo de Espinosa ha avisado al rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, de que si no da cumplimiento con carácter “inmediato” a la resolución judicial para que no cuente la nota de euskera a los estudiantes que recurrieron en los tribunales su baja calificación a la hora de formalizar la inscripción en la Universidad “se procederá a deducir testimonio por la posible comisión de delito de desobediencia”. Aunque públicamente la Universidad ya ha explicado que acatará el fallo habilitando más plazas para no excluir ni a los beneficiarios de las cautelares, unos 25 estudiantes, ni a los posibles afectados por el efecto dominó de ocupación de esas plaza, el magistrado responde así a nuevas quejas de los recurrentes que ofrecen “pantallazos” que acreditarían que no están pudiendo matricularse.

“Los hechos expuestos permiten concluir que pese al tiempo transcurrido, la preinscripción no se ha formalizado ya que el sistema informático no ha sido adaptado a la realiudad de los autos, que obliga a que no sean tenidas en cuenta o queden en suspenso las calificaciones del ejercicio de Lengua Vasca y Literatura II. Por lo tanto, se hace preciso requerir expresamente a la UPV/EHU [sic] para que proceda sin demora al inmediato cumplimiento de lo ordenado”, expone Lamo de Espinosa. Añade que le da un tope de 48 horas a la EHU para ejecutar los mandamientos judiciales y ordena que se confirme la inscripción de los estudiantes “mediante la certificación correspondiente”.

La Universidad pública vasca (EHU) ha anunciado que acatará las medidas cautelares adoptadas por varios juzgados de no tener en cuenta la calificación de Euskera y Literatura II en el cálculo de la nota de acceso de las personas que obtuvieron bajas calificaciones y acudieron a la Justicia. Se les reservará una plaza, de tal manera que no se perjudique tampoco al resto. “Los autos implican dos obligaciones que debemos acatar: no contar a las personas interesadas la calificación que hayan obtenido en la prueba de euskera y reservar una plaza a las personas interesadas”, ha señalado el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, en unas declaraciones que recoge EiTB.

La decisión se ha adoptado tras una reunión de urgencia celebrada en la tarde de este martes entre el rector y el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias. “Se ha acordado que serata de medidas cautelares cuya resolución definitiva está todavía pendiente y que los propios autos establecen expresamente que, si finalmente prosperan los recursos presentados por la universidad o la sentencia definitiva fuera contraria, las personas que han interpuesto un recurso y accedan ahora a una plaza la perderán”, ha explicado la EHU en un comunicado.

Los exámenes de euskera en la Selectividad han generado controversia, sobre todo en centros concertados del modelo A —con el castellano como lengua vehicular— del entorno de Bilbao, en los que se ha dado una acumulación de ceros. Tras la revisión de los exámenes, se estimó que, en alrededor del 80% de los casos, la nota podía incrementarse mínimamente, pero no en más de dos puntos. Algunos juzgados han ordenado en los últimos días, como medidas cautelares, que esa nota no se tenga en cuenta. La EHU ha recurrido esta decisión, pero por el momento la acata.

En cualquier caso, la EHU subraya que la normativa que rige eel acceso a la universidad “establece expresamente” que la materia de euskera “debe formar parte de la calificación de la fase de acceso”, de tal manera que la situación “plantea un dilema jurídico inédito”.

Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) ha informado este lunes de que recurrirá la decisión adoptada por varios juzgados de no tener en cuenta la calificación de Euskera y Literatura II en el cálculo de la nota de acceso y de admisión a la universidad de las personas que han acudido a la Justicia. La resolución judicial, hecha pública este mismo lunes, establece que “no sean tenidas en cuenta, o queden en suspenso, a los efectos de cálculo de la nota de acceso y de admisión, y por ende de los procedimientos de preinscripción, adjudicación de plazas y matrícula” de las personas que han acudido a los juzgados. Asimismo, el auto requiere a la EHU “la reserva de la plaza correspondiente mientras se sustancia el recurso”.

Sin embargo, desde la Universidad pública vasca determinan que “la medida cautelar resulta de imposible cumplimiento”. “La universidad pública no hace reserva de plazas al margen del procedimiento general de acceso, ya que la adjudicación de las plazas universitarias se realiza exclusivamente en función de la nota de acceso y del número de plazas ofertadas para cada titulación, respetando estrictamente el orden de prelación de todas las personas aspirantes. Reservar una plaza a una persona concreta al margen de ese procedimiento e independientemente de su calificación, supondría alterar el sistema de acceso y afectar a los derechos del resto del estudiantado”, aclaran desde la EHU.

En este sentido, la universidad insiste en que “no comparte la decisión adoptada por los juzgados en torno a las medidas cautelarísimas y presentará el correspondiente recurso”. “El propio auto señala que las medidas cautelares tienen como finalidad que no resulten irreparables las consecuencias derivadas de la duración del proceso. Sin embargo, el cumplimiento de estas medidas cautelares podría generar precisamente un perjuicio irreparable para el resto del estudiantado que ha realizado la PAU conforme a las mismas reglas y cuyos derechos deben ser igualmente protegidos. Alterar el procedimiento ordinario de adjudicación de plazas supondría situar en una posición de desprotección al conjunto de las personas aspirantes y quebrar el principio de igualdad que debe regir el acceso a la universidad pública”, informan.

“La EHU ha actuado en todo momento conforme a la normativa vigente y ha aplicado estrictamente lo establecido en el Real Decreto 534/2024, por el que se regulan los requisitos de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado. La propia norma dispone que, en las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales, el alumnado debe acreditar las competencias lingüísticas en ambas lenguas como parte de la prueba de acceso, motivo por el que la calificación de Euskera y Literatura II forma parte del cálculo de la nota de acceso y admisión en los términos previstos por la legislación estatal”, concluyen en un comunicado.

La noticia del recurso se ha producido después de que al menos tres juzgados de lo contencioso-administrativo de Bilbao hayan decretado, como medidas cautelares, que no sea tenida en cuenta la nota de euskera a la hora de condicionar el acceso a la Universidad de los estudiantes que presentaron un recurso judicial tras recibir un 0 en la Selectividad. A falta de que se hagan públicas las resoluciones completas, medios como 'El Correo' o EiTB mencionan que los diferentes magistrados han asumido la “urgencia” de adoptar esta medida porque, de lo contrario, estos alumnos podrían quedarse sin plaza.

Los autos indican que “se ha podido quebrar en este procedimiento el deber de garantizar el anonimato del alumnado y de los centros durante el proceso de corrección y calificación de los ejercicios”. La mayoría de calificaciones bajas se concentraron en un tribunal corrector de Bilbao donde se examinaban estudiantes de centros privados concertados de modelo A, el que es mayoritariamente en castellano. “Se ha podido quebrar en este procedimiento el deber de garantizar el anonimato del alumnado y de los centros durante el proceso de corrección y calificación de los ejercicios”, se puede leer en la resolución.

La semana pasada, un grupo de familias de estudiantes que sacaron un cero en el exámen de euskera de la Selectividad vasca pidió en los tribunales la nulidad de las calificaciones y “de todo el procedimiento”. Representados por el abogado Iñaki Picaza los afectados presentaron una demanda ante un Juzgado de lo contencioso-administrativo al considerar que se “han saltado la garantía de anonimato de los alumnos y el centro del que proceden”, en su mayoría de colegios privados concertados y que estudian en el modelo A, en el que el castellano es la lengua principal y el euskera se enseña únicamente como una asignatura adicional. “La demanda es contra la autoridad educativa, que ha seguido este procedimiento reglado, saltándose, con absoluto desprecio, la garantía de anonimato de los alumnos y el centro del que proceden, que es lo que garantiza la objetividad en las correcciones. Si esos principios fundamentales se quiebran, no vale nada”, detalló Picaza.

Con la demanda, según aclaró el abogado, “no se busca ni una reevaluación de las notas ni que hagan un nuevo examen, simplemente que ese examen, esa nota no se tenga por puesta, porque el procedimiento es nulo”. “Hay casos sangrantes como los de alumnos que tienen, no solo un B2 o cursan el EGA, sino que tienen un curriculum académico excelente, premio extraordinario de bachillerato, por lo que es imposible una nota tan baja porque algunos eran brillantes en lengua vasca o son de familias euskaldunes”, argumentó.

Las resoluciones -que ahora recurrirá la EHU- solamente afectan a quienes han recurrido a la Justicia ordinaria y no a todos los posibles afectados. Con todo, son medidas cautelares y no suponen un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Precisamente, según ha informado la EHU, este martes 2.332 estudiantes realizarán la PAU en convocatoria extraordinaria.

Al menos tres juzgados de lo contencioso-administrativo de Bilbao han decretado, como medidas cautelares, que no sea tenida en cuenta la nota de euskera a la hora de condicionar el acceso a la Universidad de los estudiantes que presentaron un recurso judicial tras recibir un 0 en la Selectividad. A falta de que se hagan públicas las resoluciones completas, medios como 'El Correo' o EiTB mencionan que los diferentes magistrados han asumido la “urgencia” de adoptar esta medida porque, de lo contrario, estos alumnos podrían quedarse sin plaza.

Igualmente, entrando más al fondo del asunto, los autos indican que “se ha podido quebrar en este procedimiento el deber de garantizar el anonimato del alumnado y de los centros durante el proceso de corrección y calificación de los ejercicios”. La mayoría de calificaciones bajas se concentraron en un tribunal corrector de Bilbao donde se examinaban estudiantes de centros privados concertados de modelo A, el que es mayoritariamente en castellano. “Se ha podido quebrar en este procedimiento el deber de garantizar el anonimato del alumnado y de los centros durante el proceso de corrección y calificación de los ejercicios”, se puede leer en la resolución.

El asunto lleva semanas generando gran controversia en Euskadi, hasta el punto de motivar una 'cumbre' entre el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, y los consejeros de Educación, Begoña Pedrosa, y Universidades, Juan Ignacio Pérez Iglesias. Sin embargo, el pasado lunes se acometió la revisión de esos exámenes y se determinó que en aproximadamente un 80% de los casos la calificación podía ser algo más alta que cero, pero no los dos puntos que implican que, de oficio, sea necesario un tercer tribunal corrector por observarse una gran diferencia. “En la mayoría de los casos las notas no han experimentado incrementos significativos y han permanecido próximas al cero. Como consecuencia, la distribución general de las calificaciones apenas ha registrado cambios relevantes”, explicó la Universidad, al tiempo que pidió orillar las “presiones” políticas y mediáticas en torno a la prueba ahora conocida como PAU.

Las resoluciones solamente afectan a quienes han recurrido a la Justicia ordinaria y no a todos los posibles afectados. Aunque no son pocos. Representados por el abogado Iñaki Picaza, quienes se sintieron afectados buscaron la nulidad de esas calificaciones. Con todo, son medidas cautelares y no suponen un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Precisamente, según ha informado la EHU, este martes 2.332 estudiantes realizarán la PAU en convocatoria extraordinaria.

No está teniendo un año tranquilo la consejera de Educación. Era esperable que el fin de las movilizaciones de la Escuela Pública tras la firma del nuevo Acuerdo regulador, en 2025, le diera el oxígeno necesario para impulsar con más tranquilidad los distintos proyectos en los que se encuentra embarcada la educación vasca. Pero no ha sido así. Citando algunos casos, el retraso inexplicable en la firma del mencionado Acuerdo, la información desdibujada de los resultados de la evaluación de diagnóstico, los problemas para trabajar las novedades que la ley educativa plantea, las ya obligadas quejas de los centros concertados sobre las plazas destinadas al personal vulnerable, o, por ir a episodios más recientes, el frente abierto con la propia EHU (antigua UPV-EHU) por las notas de la PAU en algunos tribunales han frustrado cualquier intento por tener lo que se llama un curso tranquilo.

Era de suponer que la consejera, con experiencia validada en el entorno administrativo, habría hecho acopio de fuerzas para tales imprevistos. Se habría rodeado de personas con experiencia suficiente para ayudarla a digerir determinadas malas digestiones. Habrá aprendido a surfear en aguas procelosas, desviando el objeto de atención con nuevas propuestas, a veces diametralmente ajenas a la problemática surgida. Pero lo que no esperábamos, al menos parte de la ciudadanía que sigue el devenir educativo vasco con suma atención, es el nuevo talante amenazante que empieza a utilizarse en el entorno docente. 

Da la impresión de que uno de los caminos que utiliza el Departamento cuando se encuentra con protestas públicas sobre su gestión (cierre o fusión de centros públicos, o valoraciones personales de indefensión ante amenazas del alumnado en algún instituto playero, por citar dos ejemplos de este mismo curso) es refugiarse en la apertura de expedientes disciplinarios para quienes hacen la crítica. En vez de ahondar en una información más detallada y transparente -que elimine sensaciones de abandono cada vez más recurrentes en la Escuela Pública- recurre a las sanciones.

Da la sensación de que, todo indica que las críticas son mal asumidas. Parece que se recurre a la forma más sencilla -la punitiva- para advertir de los riesgos en que incurre cualquiera cuando manifiesta su desacuerdo con las líneas marcadas desde instancias administrativas. Asustar con actos disciplinarios, aunque, en el mejor de los casos, pueda acabar en una simple llamada de atención, es poner el acento en que se lo planteen mejor aquellas personas díscolas que piensan en clave crítica.

La consejera debería saber mejor que nadie que formar al alumnado en el pensamiento crítico no puede ser sólo teoría, sino que debe ejercerse desde la práctica; ella y su equipo deben valorar que analizar la gestión, sopesar los aciertos y errores contribuye a mejorar la actuación; cualquier persona dirigente con un mínimo de experiencia -y los cargos del equipo de Pedrosa lo son- debe asumir que trabaja para mejorar un servicio público como es el educativo.

Si volvemos a los proyectos que tocaba desarrollar para este curso a punto de finalizar, la ley educativa de 2023 es precisamente uno de ellos. Si nos fijamos, ya en la exposición de motivos queda explícitamente señalado uno de los valores del sistema educativo vasco que también la Administración debería respetar: “El sistema educativo se propone formar personas que piensen por sí mismas” ¿Es posible trabajar en este principio con medidas sancionadoras como las mencionadas? No hay que avanzar mucho en la lectura de la ley para entender que en varios capítulos se insiste en la formación crítica y activa del alumnado (art.3j.) y en su preparación para el pleno ejercicio de la ciudadanía y su inserción activa en la sociedad. ¿Francamente entiende esta administración que con sanciones sobre opiniones críticas se acerca a la comunidad discente a conformar una ciudadanía plural?

No es sostenible coartar la libertad de expresión en ninguna situación. Menos aún si el motivo es que las críticas recibidas generan incomodidad. ¿Qué pretenden conseguir así?, ¿sumisión?, ¿silencio?... 

Volvamos la vista hacia el poeta ruso Y. Yevtushenko y asentimos con preocupación, compartiendo su afirmación: “Cuando la verdad es desplazada por el silencio, este es una mentira”. Este no es el camino.

La Ertzaintza registró en 2025 193 incidentes de odio, frente a los 236 de 2024. Es un descenso del 18% que, sin embargo, ha de interpretarse con cautela, dado que una parte importante de este tipo de incidentes no llegan a denunciarse, según recoge el 'Informe de Incidentes de Odio en Euskadi 2025', que indica que los incidentes por racismo y xenofobia continúan siendo los más numerosos, al representar el 56% del total.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha presentado el informe este miércoles en el Parlamento Vasco. Está elaborado con la colaboración de la cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la EHU, dirigida por Jon Mirena Landa. Ya hay datos de diez años en este observatorio.

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, la Ertzaintza registró 193 incidentes de odio potencialmente delictivos en Euskadi, un 18% menos respecto a 2024, cuando se registraron 236. Se trata del tercer año consecutivo de reducción tras el máximo alcanzado en 2022, con 435 incidentes.

No obstante, según recoge el propio estudio, estos datos deben interpretarse con cautela, ya que la estadística policial refleja únicamente los hechos que llegan a conocimiento de la Ertzaintza. Los autores del informe advierten, por lo tanto, de la relevancia de la denominada 'cifra negra'; es decir, los incidentes que no se denuncian o que no llegan a registrarse como delitos de odio. Por ello, la evolución descendente de los registros no permite concluir, por sí sola, que el fenómeno haya disminuido en la misma proporción.

Según el informe presentado en el Parlamento, entre los factores que contribuyen a la infradenuncia destacan la situación administrativa irregular de muchas víctimas, la falta de recursos económicos o conocimiento del procedimiento, la normalización de la cultura de la violencia, la baja confianza en el sistema judicial y policial, así como el miedo a represalias por parte de los agresores o incluso de las propias autoridades.

Los delitos de carácter racista o xenófobo, en la línea de años precedentes, siguen concentrando la mayor parte de los delitos de odio registrados. Durante el 2025 fueron 108 casos, el 56% del total, con una bajada del 6% con respecto al año anterior. En segundo lugar se sitúan los incidentes motivados por la orientación o identidad sexual, con 40 casos, el 21% del total. Les siguen los vinculados a ideología u orientación política, con 18 casos, el 9%. El informe recoge también 9 incidentes por discapacidad, 7 por creencias o prácticas religiosas, 4 por físico o apariencia, 2 por género, 2 por enfermedad, 1 por antisemitismo y 1 por aporofobia.

El documento destaca, asimismo, la existencia de siete casos de motivación múltiple, en los que concurren varias características protegidas. La mayoría de estos supuestos (4) combinan racismo o xenofobia con orientación o identidad sexual. En cuanto a la tipología delictiva de los delitos de odio registrados el pasado año en Euskadi, el informe constata que las lesiones y amenazas concentran más de la mitad de los incidentes registrados.

Por territorios históricos, Bizkaia y Gipuzkoa registran 85 incidentes cada una, el 44% del total en ambos casos. Álava contabiliza 23 incidentes, el 12%. Esta distribución rompe el patrón de los últimos años, en los que Bizkaia concentraba de forma más destacada el mayor número de registros. Respecto a los municipios siguen destacando las capitales y los municipios con mayor concentración de población. Donostia registra 35 incidentes, el 18% del total; Bilbao, 29, el 15%; Irún, 19, el 10%; y Vitoria 18, el 9%. También aparecen Barakaldo y Portugalete, con 7 incidentes cada uno, y Hernani y Getxo, con 4 cada uno.

En relación con el lugar de comisión, la vía pública es el espacio en el que más delitos de odio se producen, el 45% del total. Le siguen los centros docentes, con el 11%, los domicilios con el 9% y los establecimientos hosteleros, también con el 9%. Los incidentes cometidos a través del ciberespacio o por vía telefónica representan el 4%. Según recoge el 'Informe de Incidentes de Odio en Euskadi 2025', casi la mitad de los incidentes se producen entre el viernes y el domingo, y el 75% entre la tarde y la noche.

El informe recoge en 2025 un total de 284 personas investigadas en relación con incidentes de odio. La mayoría son hombres, el 78%, y la media de edad de las personas investigadas se sitúa en 32 años. 76 de las personas investigadas son menores de edad. En cuanto al origen, 182 personas investigadas son de nacionalidad española, el 64%, y el 19% son de origen extranjero. Durante 2025 se produjeron 9 detenciones, menos de la mitad que en 2024, cuando se contabilizaron 25. En lo que se refiere a las víctimas, el informe registra 225 victimizaciones, lo que supone un descenso del 17% respecto al año anterior. El 55% de las víctimas son de origen extranjero. Por edad, destacan las personas de entre 18 y 29 años, aunque el rango de edad abarca desde los 8 hasta los 82 años. El 57% de las víctimas son hombres.

En su intervención, el director de la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la EHU, Jon Mirena Landa, se ha referido a la memoria que en torno a esta misma cuestión realiza la Fiscalía, unos estudios sobre los que ha lamentando su “pobreza” de datos. En este sentido, ha indicado que en el ministerio público existe voluntad de mejora en lo que se refiere a estos informes, pero que esa intención choca con los importantes “déficits estructurales” que padece la institución.

La revisión de las notas del examen de euskera de la Selectividad, que tanta controversia generaron sobre todo en centros concertados del modelo A -el que tiene como lengua vehicular el castellano- del entorno de Bilbao por una acumulación de ceros, ha estimado que en alrededor un 80% de los casos la nota puede subir algo y no ser un “cero absoluto”, pero no más de dos puntos. Es decir, seguirá siendo un suspenso claro. Las calificaciones “apenas experimentarán variaciones relevantes”, ha señalado el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea. “En la mayoría de los casos las notas no han experimentado incrementos significativos y han permanecido próximas al cero. Como consecuencia, la distribución general de las calificaciones apenas ha registrado cambios relevantes”, ha añadido la Universidad.

En una comparecencia ante los medios de comunicación en Vitoria en la que aún no ha facilitado todos los datos de las revisiones solicitadas en toda la comunidad autónoma por 4.223 estudiantes y sobre 8.127 pruebas de todas las asignaturas, Bengoetxea ha puesto en valor las garantías del proceso de corrección de la prueba ahora conocida como PAU. Ha pedido no trasladar la idea de que se ha producido “arbitrariedad” contra determinados colectivos. “Las calificaciones no pueden determinarse por la presión social, política y mediática”, ha insistido.

Con la nueva corrección, inicialmente se hablaba de 168 ceros totales y de que se ha bajado a 110. Pero el dato queda superado solamente por el caso concreto del tribunal de la discordia de Bilbao, donde de 76 se han quedado en 11, más allá de que se mantengan notas muy bajas. 876 estudiantes -de todas las asignaturas- han visto mejorada su nota y a 442 se les ha bajado. Solamente si la variación entre la primera y la segunda nota es de más de dos puntos se activa de oficio una tercera y definitiva evaluación para fijar la nota. En el caso del euskera, solamente afectaría al entorno del 20%, siempre a falta de los datos definitivos. El rector ha añadido que también se han reclamado 1.193 notas del examen de castellano y 1.137 del de inglés, no tan alejado de los 1.778 de euskera.

¿Qué ha sucedido? Según el rector, la posibilidad de reducir hasta dos puntos por errores ortográficos, gramaticales o de “coherencia” puede ser una explicación. Podría darse el caso de tener una calificación de 1,9 que se quede en nada por la concatenación de fallos, ha manifestado el rector. “Lo que queremos decir es que, hacer cierto tipo de lecturas sobre el proceso, creemos que puede perjudicar a todos los implicados. Tenemos que ser serios. Conocer el proceso y el rigor que implica. Hacer las lecturas antes...”, ha planteado Bengoetxea, a quien convocaron a una reunión de “urgencia” la pasada semana por estos casos los consejeros de Educación, Begoña Pedrosa, y de Universidad, Juan Ignacio Pérez Iglesias.

Ha pedido también que se destierre ese “discurso” que ha calado en la sociedad de que “es muy difícil” sacar un cero solamente con presentarse a una prueba de alto nivel académico. La ley vasca de Educación de 2023 obliga a acabar la etapa obligatoria -es decir, a los 16 años y no a los 18- con un nivel B2 en ambas lenguas oficiales independientemente del modelo en que se cursen los estudios.

El rector ha destacado el sistema de “garantías” para estudiantes y familias que hay detrás de las notas de Selectividad, y ha recordado que bebe de una normativa “estatal”. Igualmente, ha recordado que los tribunales no dependen de la EHU exclusivamente, sino que son compartidos con personal de los institutos de Bachillerato. En el caso de los tribunales correctores de euskera, el 75% procedían de las enseñanzas no universitarias.

Casi a la misma hora, en el Parlamento ha comparecido la consejera Pedrosa. Ha señalado que la preocupación por los resultados no era “infundada” porque los ceros se han concretado sobremanera en un tribunal. Casi un 50% fueron impuestos por un mismo corrector. Ha pedido que se analicen “con rigor absoluto” las reclamaciones y ha insistido en que es la EHU la que coordina el proceso. “El Gobierno vasco no corrige exámenes, pero sí exige garantías”, ha añadido Pedrosa.

Ha planteado varias “líneas de mejora” de cara a años venideros. Son cuatro, mejorar la “comunicación interinstitucional” por la falta de “rapidez, formalidad y precisión” de este 2026, hacer pública la composición de los tribunales, distribuir el alumnado para que no se concentre un grupo del mismo origen en las mismas manos y evitar así interpretaciones de “desigualdad” y, finalmente, un reglamento más preciso. “La PAU debe ser una prueba exigente, pero también transparente”, ha zanjado.

Este conflicto es uno más de los surgidos entre la Universidad y el Gobierno desde que Bengoetxea ganó las elecciones con una candidatura alternativa y alejada de las posiciones del PNV. Desde que llegó al cargo, han chocado por la financiación y por otros temas y nada hace prever que esas diferencias se vayan a reducir tras la controversia en torno a la Selectividad.