La investigación de la Audiencia Nacional sobre las maniobras de Leire Díez o Santos Cerdán, que tantos y tantos titulares está copando, tiene su origen en otro hito. Se trata del rescate por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (conocida por sus siglas SEPI) de la empresa de Amurrio Tubos Reunidos. Fue una operación de 112,8 millones de euros y se sospecha que encerró el pago de comisiones, el primero de otra serie de negocios similares y que han sido bautizados con el nombre en euskera Hirurok ('Nosotros tres', en castellano) por aglutinar a tres personas del entorno de Cerdán, la propia Díez, socialista vizcaína, Antxon Alonso, empresario guipuzcoano, y Vicente Fernández Guerrero, socialista andaluz y expresidente de la SEPI.

La UCO de la Guardia Civil, en calidad de Policía judicial, ha elaborado para el instructor Santiago Pedraz un informe específico sobre este asunto. Tiene fecha de 6 de mayo. Además, menciona el tema en otro dictamen más amplio y más reciente, del 26 de mayo. En él, señala también la “intermediación” de “algún miembro” del PNV en la operación de Tubos Reunidos, aunque no se aporta ningún dato identificativo y deja el rol de estas personas en condicional. No es la primera vez que en las investigaciones de la UCO que rodean al exsecretario de Organización del PSOE, el navarro Cerdán, se menciona al PNV. En otro informe se apuntaba a que los nacionalistas sugirieron unos nombramientos tras apoyar en 2018 la moción de censura que aupó al poder a Pedro Sánchez.

La empresa ha sido registrada nuevamente este mismo jueves. Ya lo fue durante horas en diciembre de 2025, justo antes de que trascendieran las detenciones de los tres de Hirurok. En aquel momento se llevaron una ingente cantidad de archivos informáticos y buscaron el rastro de dos directivos concretos de la empresa, los mismos que habían mantenido más contacto con Cerdán y Díez.

El rescate fue ejecutado en 2021. En ese momento, el expresidente de la SEPI, Fernández Guerrero, fue contratado por Tubos Reunidos como asesor externo. Cobró 114.950 euros a través de la asesoría zaragozana Mediaciones Martínez, según ha detectado la Policía judicial. La empresa no lo niega. En paralelo, Fernández Guerrero fue dado de alta como trabajador de Servinabar 2000, mercantil pamplonesa del empresario guipuzcoano Antxon Alonso y en la que Cerdán, aparentemente, controlaba el 45% de forma oculta.

Técnicamente, llevaba más de dos años fuera de su cargo y no había incompatibilidad legal en estas actividades mercantiles, pero los responsables de la investigación sostienen que en el período de 2019 a 2021, aunque formalmente estuvo fuera por otro problema legal relacionado con Aznalcóllar, siguió influyendo en el organismo estatal o intentando regresar. Es más, se sostiene que, cuando Belén Gualda fue elegida ese mismo 2021 para cubrir la vacante, la trama intentó que Díez fuese su jefa de gabinete.

Sobre los hechos de 2021, expone la Guardia Civil que “se pudo comprobar cómo Leire y Vicente, en un momento dado en el que el rescate se encontraba bloqueado, propusieron acudir a Santos y Antxón para impulsar el mismo”. En sus informes, este cuerpo siempre cita a los implicados por su nombre de pila. Agrega que, “previsiblemente como resultado de lo anterior, las acciones desarrolladas por el grupo Hirurok consistieron, según las palabras de los propios investigados, en al menos su 'intermediación' con algún miembro del Partido Nacionalista Vasco, lo cual podría haber contribuido a propiciar el otorgamiento de la ayuda en cuestión”.

Abunda la UCO que, años después del rescate, “se ha identificado una segunda operativa llevada a cabo entre 2024 y 2025, a los fines de conseguir el aplazamiento de una amortización parcial de los intereses de la deuda, en la cual habría podido participar Santos”. ¿En qué se basan? El 13 de noviembre de 2024 se celebró en el despacho de Cerdán “en la sede del PSOE, sita en la calle Ferraz”, una cita entre el dirigente socialista, Díez “y dos directivos de Tubos Reunidos”. Después, arreglado el problema, Fernández Guerrero facturó 40.000 euros adicionales a Tubos Reunidos. El expresidente de la SEPI mantuvo su relación económica con la empresa hasta un mes antes de ser detenido, hasta noviembre de 2025, según fuentes de la compañía.

¿Y cómo se conformó Hirurok con gentes de tan variada procedencia? La Guardia Civil ubica el inicio de la relación “personal” entre Fernández Guerrero y Díez en la SEPI, donde ella era responsable de comunicación de la filial Enusa. Era el año 2019. Un poco después, a finales de 2020, ambos conocieron a Alonso por mediación de Cerdán. Para demostrar que Cerdán y Fernández Guerrero también se conocían, la UCO muestra unos mensajes del actual secretario de Organización del PSE-EE, Miguel Ángel Morales. A finales de 2018, Cerdán le pidió a Morales, con quien mantenía una estrecha relación, que contactara con el entonces presidente de la SEPI.

“Es un favor que nos tienes que hacer”, ponía el socialista vasco. Hace un año, cuando Morales salía mencionado en otro informe sobre las causas que rodean a Cerdán, el PSE-EE desmintió totalmente cualquier implicación en irregularidades. Morales vuelve a ser mencionado en un mensaje de Díez a Fernández Guerrero. “Hoy volveré a ver a Santos porque ayer se reunía con Eneko y Morales”, le decía, en referencia previsible a Eneko Andueza, secretario general del partido en Euskadi. Fuentes del PSE-EE explican que Morales planteaba un favor de índole persona, dentro de la legalidad y sin relación alguna con los hechos investigados.

Hirurok como tal nace en 2021. Es un grupo de Threema, una aplicación de mensajería aparentemente más segura que WhatsApp. Se crea el mismo día en que Fernández Guerrero es dado de alta como trabajador de Servinabar 2000. Sin embargo, operaba de antes, según la tesis de la Guardia Civil.

La UCO sostiene que cobraron 117.612 euros en comisiones de otros dos negocios además de Tubos Reunidos. Menciona 18.119,75 euros ingresados en Servinabar 2000 por una adjudicación en Mercasa y 99.492,25 euros de la empresa navarra Excavaciones Erri-Berri por unos trabajos en Asturias. Se menciona, igualmente, que Forestalia “pactó” el pago de 200.000 euros a Hirurok para que Sepides aprobara una inversión de 17,32 millones para Arapellet, una filial. Alonso ejerció de representante de Forestalia ante numerosos cargos públicos y Fernández Guerrero también participó en reuniones, siempre según la Guardia Civil. Por otro lado, Díez creó en Marbella una sociedad llamada “Andalukadi”, en probable referencia a la unión de Andalucía y Euskadi.

El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero, estuvo dado de alta durante cuatro años como consultor externo de la empresa Tubos Reunidos, con sede en Amurrio, en Álava, y rescatada por la SEPI en 2021 con una inyección de 112,8 millones de euros. Según ha adelantado también 'El Mundo', la cantidad facturada por Fernández Guerrero ascendería a 114.950 euros. Los pagos no eran directos, sino a través de una “consultora” que él mismo había indicado y que estaba residenciada en Zaragoza, según añaden fuentes de la empresa.

Fernández Guerrero tuvo una relación económica para Tubos Reunidos entre diciembre de 2021 y noviembre de 2025. Las fechas son relevantes. Sobre la de inicio, Fernández Guerrero dejó la SEPI en 2019, de modo que cumplió con la espera legal de dos años para que exaltos cargos no incurran en incompatibilidades. Y, sobre la de final, fue justo antes de que fuera arrestado por ser parte de un grupo llamado Hirurok, en euskera, del que formaban parte también el empresario guipuzcoano Antxon Alonso y la socialista vizcaína Leire Díez.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz analiza si este grupo influyó en la SEPI para garantizar el millonario rescate de la empresa de Amurrio, que es de más del doble de cantidad que el de Plus Ultra, por ejemplo. Esta operación es el origen de la investigación más amplia de la pasada semana que incluyó la entrada en Ferraz o en el domicilio del exdirigente del PSOE Santos Cerdán, al que se sitúa indiciariamente como coordinador del grupo Hirurok. En uno de los mensajes se alude “Andalukadi”, un posible juego de palabras sobre Andalucía y Euskadi, el origen de los integrantes de Hirurok, que se comunicaba en Threema, una plataforma de mensajería supuestamente mejor cifrada que WhatsApp.

La UCO de la Guardia Civil, en calidad de Policía judicial, acudió a las instalaciones de Amurrio en diciembre de 2025, antes de trascender los arrestos de Fernández Guerrero, Alonso y Díez. Después de horas de registro, clonaron abundantísima cantidad de documentación y correos electrónicos. Se espera que el secreto de sumario de esa causa pueda ser levantado de forma inmediata después de varias prórrogas.

Se da la circunstancia de que mientras Fernández Guerrero cobraba de Tubos Reunidos vía Zaragoza estuvo dado de alta también en Servinabar 2000 de Pamplona, la mercantil de Alonso en la que, supuestamente, Cerdán tenía una participación del 45%. Cobró 68.632,45 de sueldo bruto en 2021 y 33.251,05 en 2023 y al menos 40.800 en 2022, según datos de la Hacienda foral de Navarra. La investigación sobre Servinabar 2000 sigue otro recorrido judicial paralelo. 

La de Tubos Reunidos, en todo caso, coincide con un momento crítico para la empresa. Acaba de entrar en concurso de acreedores. Ha vivido un arranque de 2026 marcado por una propuesta de 300 despidos que finalmente se han concretado en 242 y que han acarreado huelgas y movilizaciones. Los intereses del rescate de la SEPI elevan ya a 160 millones el montante adeudado al Estado, que es el principal acreedor de un pasivo total de unos 260 millones. Las instituciones vascas y alavesas, dirigidas por el PNV, demandan a la SEPI que flexibilice su deuda con Tubos Reunidos.

A las 10.35 horas de este miércoles, el consejero vasco de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, del PNV, enviaba al Parlamento Vasco una respuesta a preguntas de la coalición Sumar sobre la situación de la empresa Tubos Reunidos, que ha entrado recientemente en concurso de acreedores y que antes presentó un ERE para centenares de trabajadores. Su tesis fundamental era insistir en que el Estado, la Sepi, debería flexibilizar la deuda que reclama a la compañía, que asciende ya a unos 160 millones de euros.

La petición, que no es nueva, ha coincidido con la operación anticorrupción de la UCO de la Guardia Civil en la sede del PSOE en Ferraz y en otros puntos lanzada a primera hora de la mañana. Se trata de una causa de la Audiencia Nacional que deriva de otra iniciada en diciembre del pasado año (con número 89/25) precisamente con el rescate de Tubos Reunidos a cargo de la SEPI como epicentro. En aquel momento fueron arrestadas tres personas, el empresario guipuzcoano Antxon Alonso, la socialista vizcaína Leire Díez y el expresidente de la Sepi, el andaluz Vicente Fernández Guerrero. Se trataba de un grupo que se hacía llamar 'Hirurok', en euskera, en una plataforma de mensajería llamada Threema, aparentemente más segura que WhatsApp.

El rescate de Tubos Reunidos se produjo en 2021 y estuvo cuantificado en 112,8 millones de euros, más del doble que el de la línea aérea Plus Ultra investigado en otra causa, la que involucra al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El resto hasta 160 son los intereses acumulados.

Fernández Guerrero fue presidente de la SEPI entre 2018 y 2019. Después de dejar la entidad estatal, en 2021, cuando se efectuó el rescate, estuvo dado de alta como trabajador de la mercantil Servinabar 2000, con oficinas en Pamplona y detrás de la que está Alonso y, aparentemente, también el exdirigente del PSOE Santos Cerdán. Cobró 68.632,45 de sueldo bruto en 2021 y 33.251,05 en 2023 y al menos 40.800 en 2022, según datos de la Hacienda foral de Navarra. Asimismo, después de esa etapa, en diciembre de 2025, Tubos Reunidos confirmó que había realizado también pagos directos a Fernández Guerrero hasta pocos meses antes. Se trataba de “un contrato de asesoramiento con cantidades estándar”.

El auto de la nueva pieza secreta del juez Santiago Pedraz explica que el grupo 'Hirurok', sobre el que sitúan a Cerdán como una suerte de coordinador, pretendió mantener el control de la Sepi tras la salida de Fernández Guerrero. Estima que “valiéndose de su posición, relaciones y capacidad de influencias” quisieron “orientar” determinadas operaciones -y no solamente la de Tubos Reunidos- “con una finalidad lucrativa”. Según el magistrado, “fundamentalmente” operaron en 2021. Siempre según esta resolución judicial, Díez pretendió ser jefa de gabinete de la sustituta de Fernández Guerrero. Antes, había estado en Enusa, una sociedad de la Sepi.

Desde Tubos Reunidos, que ha copado titulares en los últimos meses por la propuesta de ejecutar 300 despidos -finalmente fueron 242- y la entrada en concurso de acreedores con una deuda de más de 260 millones y pérdidas de 118 millones en 2025, se insiste en que no tienen constancia de nada nuevo por parte de la Audiencia Nacional. Aseguran que han ido aportando a la autoridad judicial toda la documentación que se les ha requerido y recalcan que así lo seguirán haciendo.

Lo último que ha trascendido es que el juez instructor prorrogó el 8 de mayo durante un mes más el secreto de sumario de este procedimiento. Ha emitido varias resoluciones de ese mismo tenor. Entretanto, continúa la partida de ajedrez para salvar una empresa histórica, ya que tiene su origen en el siglo XIX. Teniendo en cuenta que la SEPI es el principal acreedor, el Gobierno vasco asegura que sigue “manteniendo contactos” con el Ejecutivo central “para explorar alternativas de reestructuración”. El consejero Jauregi, que ya ha aludido públicamente a que hay “inversores” interesados en el proyecto, destaca la importancia de esta compañía para el “empleo industrial”. La caída de Tubos Reunidos se suma a otras empresas en crisis en la comarca de Ayala, al norte de Álava, como Guardian, Maderas de Llodio o Tubacex, aunque también tiene planta en la zona vizcaína de Trapagaran.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha sido la última persona en comparecer ante la comisión de investigación sobre la derivada navarra del 'caso Koldo' en el Parlamento foral, que este miércoles finaliza sus trabajos, a falta de la redacción del dictamen, tras más de nueve meses de comparecencias. Una vez más ha reiterado la “honestidad” del Gobierno que ella lidera respecto a las obras adjudicadas a la UTE de Acciona y Servinabar 2000. “Pongo mi honestidad como aval a mi responsabilidad política. Nadie ha encontrado ni encontrará un delito”, ha aseverado.

Chivite ha recordado que las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate no está siendo investigadas por el momento por la Justicia. Este es el contrato más alto (76 millones de euros) que el Ejecutivo navarro ha adjudicado a las empresas investigadas por una posible trama de corrupción que según la Guardia Civil estaría liderada por el ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán.

Así, ha reprochado al portavoz de UPN, Javier Esparza, que quiera “darle la vuelta a la prueba” y que “se tenga que demostrar la inocencia” en lugar de la culpabilidad. “Yo no voy a asumir responsabilidades políticas por algo que no ha ocurrido”, ha asegurado. 

Ahondando en Belate, ha afirmado que ella como presidenta “no puede intervenir” en una mesa de contratación y ha recordado que “todos” los miembros de aquella mesa declararon en la misma comisión que “no hubo ni instrucción ni injerencia política” para que modificasen sus puntuaciones.

 “Al respecto de las puntuaciones, ya he dicho que hemos modificado algunas de las lagunas que había en los procedimientos de las mesas de contratación y puedo explicar qué mejoras hemos introducido ya en los procesos de licitación de las obras públicas”. Ha hablado así de “la digitalización de los expedientes; la mejora en los criterios de adjudicación incluyendo en los pliegos criterios con una puntuación diferenciada, de forma que se concretan los aspectos que se valoran en las adjudicaciones y su relevancia en las mismas”.

Chivite también ha apuntado que cuando se adjudicó la obra nadie sabía de la “presunta” participación de Cerdán en la mercantil señalada por la UCO.

A este respecto, ha señalado que fue un “shock” para ella la publicación del informe en el que los agentes de la Guardia Civil desvelaron que Cerdán había adquirido en 2016 el 45% de las participaciones de Servinabar 2000 tras haber encontrado un documento privado en el trastero del empresario vasco Antxon Alonso en el registro de su domicilio. “Cuando salieron los rumores hablé con él (Santos Cerdán) y me dijo que todo eran rumores, que era falso”, ha añadido Chivite, que ha repetido que no ha vuelto a hablar con Cerdán desde que se conoció el informe.

“Cerdán no negoció la moción de censura en Pamplona”

Javier Esparza ha centrado gran parte de su interrogatorio a la presidenta en la figura de Santos Cerdán, a quien consideran muñidor de los pactos de Gobierno de Chivite y de la moción de censura a UPN en el Ayuntamiento de Pamplona para investir a Joseba Asiron, de EH Bildu.

“La moción de censura en Pamplona se habló, se acordó, se negoció y se decidió tanto en una asamblea del PSN de Pamplona como en una reunión de la Comisión Ejecutiva del PSN”, ha aseverado Chivite, que sí ha reconocido que “se informó a los órganos del partido” de la decisión de hacer alcalde al candidato de EH Bildu.

De igual manera, ha indicado que la negociación del Gobierno de Navarra también se llevó en la comunidad foral. “Para conformar Gobierno no tengo que pedir autorización a Ferraz, tengo que someterme al comité regional del PSN, otra cosa es que el partido esté informado”.

“Es falso que necesite una autorización de Ferraz y si quiere le remito los estatutos de nuestro partido. Otra cosa, porque somos un partido de estructura federal, es que se esté informado de las cosas que se hablan en otras federaciones”, ha finalizado.

Mantiene la “confiaza política” en Alzórriz

Cuestionada por Ramón Alzórriz, su ex 'número dos' en el PSN a quien forzó a dimitir por haberle ocultarle que su pareja había trabajado en Servinabar 2000, ha manifestado que aquel día le retiró su “confiaza personal” pero que mantiene la “política”. “Sin duda”, ha añadido.

“Cada uno puede trabajar donde quiera, pero es algo que tenía que haber sabido, y como no me lo dijo, tuve que tomar esa decisión”, ha señalado, para negar que pactara con él mantenerlo como parlamentario. “Le retiré mi confianza personal, que no política, porque hasta donde yo sé no ha cometido ningún delito”, ha indicado.

Hace unos días, la titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona plaza número 5 ha remitió al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) una denuncia de Vox por las obras que realizó en su domicilio Ramón Alzórriz. Las obras las realizó la empresa Adentro Construimos, la misma a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó los cuatro contratos para la reconstrucción del parque natural de Sendaviva tras el incendio que lo calcinó en verano de 2022.

La comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a la UTE de Acciona y Servinabar 2000 encara esta semana su recta final con las comparecencias de la expresidenta Uxue Barkos y la actual jefa del Ejecutivo navarro, María Chivite. Este martes ha sido el turno de la expresidenta Barkos, que ha circunscrito su relación con el empresario vasco Antxon Alonso, el socio de Cerdán en la mercantil Servinabar 2000 según la UCO, al proyecto Mina Muga.

La ahora senadora autonómica ha asegurado que, pese a que mantuvo una relación “cordial” con Alonso (“incluso más cuando dejé el Gobierno”), su Ejecutivo no dio un “trato preferencial” a Servinabar 2000. Así, ha añadido que fueron “muy pocas” las reuniones que mantuvo con el empresario y ha aseverado que no ha vuelto a hablar con él desde que se conoció el informe de la UCO de la Guardia Civil que sitúa a Servinabar como la empresa que funcionaba como vehículo para el cobro de comisiones ilegales por la presunta trama de corrupción.

Barkos ha asegurado que nunca habló con Alonso de obras públicas y que “de ninguna manera” sospechó de la existencia de la presunta trama de corrupción investigada. “Si al final los tribunales detallan efectivamente que lo que la UCO apunta es así, Navarra no es, ni mucho menos por dimensión, el ámbito de desarrollo de esa trama”, ha apostillado.

Sobre un correo que, según la UCO, Antxon Alonso habría escrito para enviárselo a Uxue Barkos sobre distintas cuestiones relacionadas con Mina Muga, la expresidenta ha precisado que “no existe constancia” de que ese correo fuera enviado al correo de la Presidencia del Gobierno. “Es un correo que está hablando de cuál es la marcha de la Declaración de Impacto Ambiental, que se está tramitando en el Gobierno de España”, ha explicado.

Sí que ha reconocido que se tomó una fotografía con Alonso en un local de hostelería cercano a la plaza de toros de Pamplona durante los Sanfermines que ha enmarcado en uno de los “muchos encuentros cordiales” que ha mantenido con empresarios a lo largo de su presidencia.

Durante su presidencia el Gobierno de Navarra adjudicó un total de cuatro obras a la UTE de Acciona y Servinabar (una de ellas, la del colegio de Arbizu, fue en realidad a una UTE Acciona con Alegure, empresa hermana de Servinabar). Barkos ha defendido que fueron obras que se adjudicaron con “normalidad” y en cuyo proceso de licitación ella nunca participó. “Dijimos desde el principio que no existía caso alguno de corrupción. Creo que ha quedado perfectamente acreditado a lo largo de esta comisión”, ha solemnizado.

No negoció con Cerdán las coaliciones de gobierno

La expresidenta también ha sido interrogada por su relación con el ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, a quien ha dicho que conoció durante su etapa como parlamentario del PSN.

Uxue Barkos ha negado que negociase con él las coaliciones de gobierno con el PSN en los años 2019 y 2023 y ha asegurado que siempre lo hizo con la secretaria general de los socialistas navarros, la actual presidenta María Chivite. “Comprenderá que yo no voy a entrar ni a justificar, ni avalar cuál es su estructura ni cuál es su equilibrio de poder”, ha apostillado.

Así, ha afeado al portavoz de UPN, Javier Esparza, que haya querido “remarcar la relación de determinadas personas en la conformación de un Gobierno, como si aquello manchara la legitimidad de un Gobierno”.

La expresidenta de Navarra Yolanda Barcina, de UPN, ha reprochado este miércoles a los grupos de la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que la hayan citado a comparecer cuando Servinabar 2000, la empresa que la UCO sitúa en el centro de la presunta trama de corrupción por la que se investiga al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, cuando esta mercantil “se constituyó 44 días después” de que ella abandonara la presidencia del Gobierno navarro.

La que fuera presidenta navarra entre los años 2011 y 2015, que ha bromeado al inicio de su intervención con que no entraba en sus “planes” regresar al Parlamento foral tras abandonar la política, ha aseverado que en la causa abierta en el Tribunal Supremo por el cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública no aparece “ninguna” adjudicación de su Ejecutivo y ha acusado a los partidos de querer “igualar” las tres últimas legislaturas citando a las tres presidentas. “No todos somos iguales. Hay personas honradas, no honradas; corruptas, no corruptas”.

Según ha explicado, durante su mandato únicamente se “inició” la tramitación administrativa del proyecto Mina Muga, en el que según la UCO Cerdán y Koldo García entraron en contacto con Acciona. “Fue una tramitación administrativa normal y técnica, no hubo intervención política”, ha asegurado.

Sobre Servinabar ha comentado que tras ver que la Fiscalía la consideraba una empresa “creada 'ad hoc' para lucrarse con obras públicas” comprobó cuándo se había constituido y vio que fue el 4 de septiembre del 2015, cuando ella dejó de ser presidenta del Gobierno el 22 de julio de ese mismo año. “En ese sumario se está investigando principalmente a una empresa creada 'ad hoc' para lucrarse que se constituye 44 días después de dejar de ser presidenta”, ha manifestado.

“En esa causa no hay ninguna adjudicación realizada por el Gobierno de Navarra con dinero público en el mandato en el que soy presidenta. Y en ese sumario tampoco aparecen ni citado ni involucrado ningún miembro de mi Gobierno”, ha aseverado.

Preguntada por Geoalcali, la empresa promotora de Mina Muga, ha asegurado que no conocía al exdirector de la empresa Pedro Rodríguez, que en la misma comisión señaló que se había reunido con la expresidenta. “He visto la foto de ese señor en el diario y es como si no lo hubiese visto nunca, pero si él dice que ha estado conmigo, pues habré estado, ningún problema, aunque yo no lo recuerde”.

Barcina ha explicado que no recordaba cómo fueron los inicios de este proyecto, pero ha señalado que “una presidenta recibe a todo aquel que tiene algún interés por la comunidad”. “Eso es básico y va a generar riqueza, porque la riqueza la generan los empresarios, los autónomos, los que están trabajando”, ha indicado.

La expresidenta ha precisado que “una cosa es recibir, que es normal, y otra cosa es lo que pasa después, que tiene que haber un procedimiento administrativo, un expediente que lo sustente, y que intervengan los técnicos para que se cumpla ley”. Ha afirmado que ella no realizó ninguna intermediación en este proyecto y ha asegurado que se hizo “una mera tramitación administrativa sin intervención política”.

También se ha interrogado a la expresidenta Barcina por el proceso de adjudicación de la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra durante su Gobierno, con Javier Esparza como consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. Barcina ha defendido que este procedimiento fue “impecable” y ha expresado su “confianza total en la gestión de Javier Esparza cuando era consejero”.

El portavoz socialista, Javier Lecumberri, le ha cuestionado por el hecho de que Javier Esparza, como consejero, trasladara la recomendación del Gobierno a la mesa de contratación de dicha obra de que valorase incorporar nuevos informes, en este caso técnicos, de colegios profesionales, que estuvieran vinculados con la infraestructura.

Yolanda Barcina ha afirmado que “los controles siempre son buenos para evitar corrupción” y ha subrayado que la mesa de contratación del Canal fue “impecable”.

La exconsejera de Economía e Industria del último gobierno de UPN en Navarra liderado por Yolanda Barcina, Lourdes Goicoechea, ha negado este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas a la UTE de Acciona y Servinabar 2000 haber conocido a Antxon Alonso, el dueño de la mercantil que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el epicentro de la presunta trama de corrupción por el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública.

Fue durante el gobierno regionalista (2011-2015) cuando se inició la tramitación para Mina Muga, un proyecto para la instalación de una mina de potasa en la frontera entre Navarra y Aragón, y que según la UCO fue donde Santos Cerdán y Koldo García iniciaron sus contactos con Acciona. Sin embargo, la exconsejera de UPN ha señalado que el “único recuerdo” que tiene del proyecto es que fue “una tramitación administrativa muy técnica” y ha asegurado “no tener conciencia” de haberse reunido con representantes de Geoalcali, la empresa minera promotora del proyecto.

Así, Lourdes Goicocechea, ha explicado que como responsable de Industria mantenía reuniones con personas interesadas en impulsar proyectos en Navarra, pero cuestionada por Mina Muga ha apuntado que su trabajo se limitó a ser informada del trámite administrativo y no ha sabido decir si se reunió o no con Pedro Rodríguez, directivo de Geoalcali, que la semana pasada, en el mismo foro, sí manifestó que había hablado con Lourdes Goicoechea, entre otros muchos cargos de distinto color político. “No tengo conciencia, ha pasado muchísimo tiempo”, ha apostillado la exconsejera.

La responsable de Economía e Industria en el Gobierno de Barcina ha explicado que tampoco tuvo “ningún conocimiento” de que se pudiera haber firmado algún tipo de acuerdo entre Servinabar 2000 y Acciona para gestionar la obra del proyecto de Mina Muga. “Servinabar se constituyó en septiembre de 2015 y salí del Gobierno en julio de 2015”, ha dicho, para recordar que “han pasado más de 10 años” desde que abandonó la consejería. “A mí lo que me requerían era, institucional o políticamente, mi intervención, por supuesto, que no para el proyecto de Mina Muga, sino para todos los que hiciera falta; pero yo el recuerdo que tengo de esto es que fue una tramitación administrativa de un proyecto complejo”, ha dicho.

Según ha explicado el proyecto implicaba al Gobierno de Navarra, al de Aragón y al de España y en junio de 2015 se acordó una encomienda de colaboración de las tres administraciones para que el órgano sustantivo fuera el Estado. En 2021 Geolcali obtuvo la concesión del Ministerio para la Transición Ecológica, así como de los Gobiernos de Navarra (ya con la socialista María Chivite como presidenta) y de Aragón (presidido por el también socialista Javier Lambán) para la puesta en marcha del proyecto. Pero un recurso de Ecologistas en Acción y Sustrai Erakuntza hizi que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra diera la razón a los grupos ecologistas y anulara la concesión en septiembre de 2024 al considerar que el proyecto debía haberse llevado a cabo con un procedimiento único de tramitación y no mediante un fraccionamiento del proyecto entre las tres administraciones (Gobierno de España, de Navarra y de Aragón).

Lourdes Goicoechea ha asegurado que no recibió ninguna indicación por parte de algún cargo de UPN y que no hubo injerencias políticas para sacar adelante el proyecto Mina Muga. Al mismo tiempo, ha manifestado que nunca ha hablado con Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, sobre este proyecto y que no conoce ni a Koldo García.

El empresario vasco Antxon Alonso, dueño de la mercantil Servinabar 2000 que la Guardia Civil sitúa en el centro de la presunta trama del cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública, estuvo presente en una reunión en el año 2015 celebrada en el Palacio de Navarra entre la entonces presidenta Uxue Barkos y el director de Geoalcali, la promotora de Mina Muga, para la exposición del proyecto para la construcción de una mina de potasa en la frontera entre la comunidad foral y Aragón.

“Llegamos y él ya estaba allí con la presidenta”, ha desvelado este miércoles Pedro Rodríguez, director de Geoalcali entre los años 2012 y 2016, durante su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a las empresas Acciona y Servinabar 2000. “No tengo ni idea quién le invitó, conocía bien a Uxue Barkos, supongo que habrían quedado”, ha apostillado. Según la UCO fue en Mina Muga donde Koldo García y Santos Cerdán iniciaron sus contactos con Acciona a través del exdirectivo Fernando Merino.

Rodríguez ha asegurado que no supo de Servinabar hasta que salió “en prensa” en informe de la UCO en junio de 2025 a pesar de que la empresa minera remitió a los grupos de la comisión el acuerdo que firmaron en 2015 con la mercantil de Antxon Alonso para trabajos de asesoría jurídica por más de 350.000 euros.

El exdirector de Geoalcali ha explicado que fue un miembro del consejo de la minera australiana Highfield Resources, principal accionista de Geoalcali, quien le instó a contactar con Acciona para impulsar Mina Muga. Fue así, y tras una reunión con el vicepresidente de Acciona, Ignacio Entrecanales, como entró en contacto con Fernando Merino, que según ha explicado le trasladó el interés de Acciona de encargarse “de la obra civil” del proyecto, en ningún caso de la parte “minera”.

Fue a raíz de ahí cuando conoció a Antxon Alonso, ha apuntado, de quien ha dicho que “siempre” lo asoció con Acciona. “Para nosotros en ese tiempo había un vínculo total o muy próximo entre Antxon Alonso y Acciona”, ha afirmado.

Pedro Rodríguez también ha reconocido que mantuvo “tres o cuatro” encuentros con Koldo García, a quien conoció después de que se lo presentase un compañero de Geoalcali. El exdirector ha negado que Koldo estuviera en la plantilla de Geoalcali y que cobrara de la empresa minera, si bien sí que ha reconocido que hizo “trabajos” para ellos como ponerles en contacto con la comandancia de la Guardia Civil a raíz de un robo en las instalaciones de la mina o con una alcaldesa socialista de Aragón. “Era una persona afectiva, cordial y dispuesta a colaborar desinteresadamente”, ha apuntado.

El exdirector de Geoalcali ha explicado que durante su etapa al frente de la minera mantuvo encuentros con políticos de distinto signo para exponerles el proyecto de Mina Muga. Así, ha mencionado reuniones con representantes de UPN (Javier Esparza), PSOE, Geroa Bai o EH Bildu, entre otros.

El proyecto Mina Muga se encuentra actualmente paralizado por la Justicia. En 2021 Geolcali obtuvo la concesión del Ministerio para la Transición Ecológica, así como de los Gobiernos de Navarra (ya con la socialista María Chivite como presidenta) y de Aragón (presidido por el también socialista Javier Lambán) para la puesta en marcha del proyecto. Pero un recurso de Ecologistas en Acción y Sustrai Erakuntza hizi que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra diera la razón a los grupos ecologistas y anulara la concesión en septiembre de 2024 al considerar que el proyecto debía haberse llevado a cabo con un procedimiento único de tramitación y no mediante un fraccionamiento del proyecto entre las tres administraciones (Gobierno de España, de Navarra y de Aragón). Así el TSJN dictó que sería necesaria una única autorización por parte del Ministerio de Transición Ecológica, que todavía no ha llegado.

El auditor de la Cámara de Comptos, el Tribunal de Cuentas navarro, Miguel Ángel Aurrecoechea, que realizó un informe sobre las Cuentas Generales de Navarra de 2024 posteriormente corregido por el presidente del órgano fiscalizador, ha señalado este martes que los hechos relacionados con la modificación del proyecto de las obras de duplicación del túnel de Belate “podrían considerarse indicios de delitos y susceptibles de traslado a las instancias administrativas o jurisdiccionales correspondientes”.

Las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate fueron adjudicadas por el Gobierno de Navarra a la UTE de Acciona, Osés Construcciones y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán, por 68,2 millones de euros. Las empresas de la UTE anunciaron al iniciar la obra un sobrecoste de 8,5 millones que fue autorizado por la dirección de Obras Públicas. La Intervención General lo tumbó con un reparo suspensivo al considerar que no estaba justificado, lo que generó una crisis entre los socios del Gobierno después de que Geroa Bai y Contigo/Zurekin hablaran de una “pérdida de confianza” con el PSN y exigieran a la presidenta “responsabilidades políticas”. Finalmente, para resolver la crisis, María Chivite destituyó al director general de Obras Públicas, Pedro López Vera.

Después de que el presidente de la Cámara de Comptos no compartiera las conclusiones de Aurrecoechea y decidiera corregirlas con el aval de la asesoría jurídica de la institución, el auditor decidió incluir una cláusula de discrepancia en el informe para ratificarse en algunas de sus posiciones. Estas discrepancias hicieron que UPN citara a comparecer a Aurrecoechea en el Parlamento de Navarra, donde ha intervenido este miércoles en la Comisión de Economía y Hacienda.

El auditor ha afirmado que, en el caso relativo a los sobrecostes de las obras de Belate, analizó “una multitud de documentos que constituyeron evidencias suficientes y adecuadas, tal y como exigen las normas técnicas de auditoría, para concluir que no concurrían causas habilitantes para tramitar la modificación”.

Aurrecoechea ha defendido así que “se hizo un análisis exhaustivo, muy riguroso y con evidencias más que suficientes que me permitieron concluir” que “la tramitación de un expediente de modificación con el pretendido sobrecoste y sin causa legal que lo justificaba podrían considerarse indicios de delitos y susceptibles de traslado a las instancias administrativas o jurisdiccionales correspondientes”. No obstante, ha señalado que la Cámara de Comptos, sin solicitarle “ningún tipo de documentación”, concluyó que “no se aprecian indicios de responsabilidades”.

En su cláusula de discrepancia, el auditor menciona dos resoluciones del entonces director general de Obras Públicas de octubre y noviembre de 2024. En cuanto a la primera, considera que “supone una aprobación implícita del proyecto constructivo generadora de derechos a favor de la adjudicataria” y que implica “una modificación de facto del proyecto original”.

Respecto a la resolución de noviembre, el auditor ha afirmado que en sus conclusiones “se relatan hechos que podrían considerarse indicios de delitos y susceptibles de traslado a las instancias administrativas o jurisdicciones correspondientes”.

Durante su comparecencia, Aurrecoechea ha subrayado que “en ningún momento” se ha sentido “presionado” en el ejercicio de su labor y ha resaltado que “la cláusula de discrepancia no constituye una anomalía del sistema, sino una previsión expresa del ordenamiento jurídico que regula el funcionamiento de la Cámara de Comptos”.

Además, ha señalado que el ejercicio de esta discrepancia “se ha desarrollado en todo momento desde el respeto a la institución, a sus procedimientos y a las decisiones adoptadas por sus órganos competentes”. “El ejercicio de esa facultad lo realizo con pleno respeto a las competencias que corresponden a la Presidencia de la Cámara, a quien corresponde la aprobación del informe definitivo y al que tengo máximo respeto”, ha afirmado.

No obstante, se ha mostrado en “total desacuerdo” con los comunicados que ha remitido la Cámara de Comptos sobre este tema, “porque hay que reconocer que me han supuesto una pública humillación, pero he preferido poner el foco en la exposición técnica”.

Un juzgado navarro ha abierto diligencias previas por un presunto delito de desobediencia contra el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, después de que la Fiscalía le denunciase tras haberse negado hasta en dos ocasiones a comparecer en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a las empresas Acciona y Servinabar 2000, la mercantil de Antxon Alonso y, según la UCO de la Guardia Civil, Santos Cerdán.

Entrecanales ha sido citado a declarar en sede judicial el día 4 de septiembre a las 10:00 horas, según ha adelantado Diario de Navarra y ha confirmado este periódico de fuentes jurídicas. De esta forma, el presidente de Acciona no comparecerá en el Legislativo navarro, ya que, según fuentes consultadas los trabajos de la comisión finalizarán en el mes de junio, antes de que Entrecanales tenga que acudir a sede judicial a declarar.

José Manuel Entrecanales fue citado en enero por la comisión navarra de investigación en calidad de presidente de Acciona, empresa a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó en UTE con Servinabar 2000 al menos siete contratos. No acudió a la citación argumentando que Acciona había designado a otro representante para comparecer. La Fiscalía sostiene a este respecto que su incomparecencia “carece de justificación” porque los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra ya le habían “advertido expresamente” que la citación iba dirigida a su persona y no a un representante de Acciona.

Tras volver a ser citado en febrero, una vez más se negó a comparecer. Ante el nuevo plantón, los grupos de la comisión votaron dar traslado de los hechos a la Fiscalía al considerar que Entrecanales había incurrido en un delito de desobediencia recogido en el Código Penal. Hace unas semanas la Fiscalía lo denunció por estos hechos y ahora la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona plaza número 5 abre diligencias previas y le cita a declarar.

La exdirectora general de Universidades y Recursos Educativos del Gobierno de Navarra en la legislatura 2015/2019, Nekane Oroz, ha insistido este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento foral que tres auditorías externas han “avalado” la adjudicación que ella firmó en el año 2018 a la UTE de Acciona con Alegure, una empresa hermana de Servinabar 2000 sin estructura ni trabajadores, para la construcción del colegio público de Arbizu.

Oroz, que ha asegurado que no tuvo conocimientos de esa mercantil hasta leer el expediente de la mesa de contratación, ha defendido que la adjudicación no respondió únicamente a la oferta económica, como señaló la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), sino que también a criterios técnicos como los plazos de obra.

La obra para la construcción de este centro escolar es el único contrato que el Ejecutivo navarro adjudicó a la empresa Alegure. Alegure estaba domiciliada en el mismo lugar que Servinabar 2000, la pretendida pieza central de la trama y en la que, supuestamente, el exdirigente socialista Cerdán tenía intereses y participación a pesar de que el único administrador nominal era su amigo Alonso. Alegure se compone en un 96% de Servinabar 2000 y el 4% de Uribene, una entidad controlada por el empresario vasco Iñaki Alzaga, de Grupo Noticias, Euskaltel o Nortegás, entre otras. En las antiguas oficinas de Servinabar 2000, ya desmanteladas después de que trascendiera esta investigación, no había ningún rastro de esta otra empresa.

Fue adjudicataria de esta obra en UTE con Acciona, como solía operar Servinabar 2000. Conformaron la UTE denominada CPEIP Arbizu específicamente para esta obra. Se impusieron en un concurso abierto pero que tuvo carácter “de urgencia” a Río Valle, EBA, Erri-Berri y Murias. En la parte técnica EBA tenía una propuesta que fue ligeramente más valorada, pero en la oferta económica la de Acciona y Alegure era claramente la mejor.

De hecho, incluido el modificado, el total facturado por la obra del colegio, que ya está operativo, no supera los 3.563.706,28 de tope máximo previsto por la Administración inicialmente. Se quedó en exactamente 3.268.137,37 euros. Es también más bajo que cualquiera de las otras ofertas del concurso. EBA, por ejemplo, propuso 3.314.596,22 euros. En la UTE Acciona tenía un peso del 75% y Alegure del 25%, pero estos porcentajes se cambiaron posteriormente en escritura pública y Acciona pasó a tener el 99% de las participaciones y Alegure únicamente un 0,01%. Nekane Oroz ha asegurado que nadie le informó de esta circunstancia. “Mi labor es la coordinación y supervisión de los informes y la firma de las resoluciones”, ha afirmado.

La tramitación de esta adjudicación se hizo en la legislatura 2015-2019, con Uxue Barkos de Geroa Bai como presidenta y María Solana, de esa coalición y, en concreto, del PNV navarro, como consejera responsable. Todos los pasos del concurso los supervisó una mesa de contratación encabezada por el director del Servicio de Infraestructuras Educativas de Navarra. El modificado, en cambio, lo firmó ya el Ejecutivo de María Chivite, con Carlos Gimeno al frente de Educación. De hecho, consta en el expediente que el anterior equipo aceptaba dar más plazo pero no más dinero y que las empresas recurrieron y lograron esa compensación adicional.

La exdirectora general ha apuntado que ella únicamente autorizó una ampliación de plazo de ejecución de las obras y que respondió a un informe elaborado por la dirección facultativa en el que se exponía que “habían surgido algunos problemas con la red de pluviales durante las obras”. “Era un informe muy exhaustivo”, ha aseverado, para añadir que se les dio dos meses más de plazo “sin coste añadido”.

El exgerente de la sociedad pública navarra de vivienda Nasuvisa Alberto Bayona ha admitido este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre el 'caso Koldo' que mantuvo varias reuniones con el empresario guipuzcoano Antxon Alonso, si bien ha negado cualquier “relación laboral o contractual” con Servinabar 2000, la mercantil propiedad también de Santos Cerdán que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la trama de corrupción por funcionar supuestamente como el vehículo para el cobro de comisiones ilegales.

Según ha detallado Alberto Bayona, los contactos con Antxon Alonso, que no ha sabido cuantificar, se produjeron tras su salida de la empresa pública de vivienda en el año 2023, es decir, después de que el Gobierno de Navarra adjudicase a Servinabar 2000, en UTE con Acciona, el contrato para la construcción de 46 viviendas de protección oficial en el barrio de Erripagaña en 2022. El exgerente de Nasuvinsa ha enmarcado esos encuentros en su actividad profesional tras su salida de la empresa pública. Según ha explicado trabajaba para una empresa en el análisis de parcelas de uso residencial que pudiesen ser de interés para promotores para la gestión de proyectos.

“Tuvimos un encuentro casual en la calle, él me preguntó cuál era mi actividad y le expliqué que estaba analizando unas parcelas para ver si podían ser de interés para promotores. Él estaba interesado en unas parcelas, pero no se llegó a concretar nada”, ha señalado Alberto Bayona sobre sus reuniones con Antxon Alonso. “No he cobrado nada de Servinabar 2000”, ha aseverado.

El exgerente de Nasuvinsa ha negado también haber tenido relación con Santos Cerdán o Koldo García y haber desarrollado algún tipo de actividad incompatible con su cargo como gerente en Nasuvinsa. Asimismo ha asegurado desconocer que Cerdán era accionista de Servinabar.

La sociedad pública Nasuvinsa adjudicó dos lotes de VPO a la UTE de Acciona y Servinabar 2000, uno de 62 viviendas en el año 2018 y otro de 43 en 2022, los dos en el barrio de Erripagaña. La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra detectó algunas “irregularidades” en el proceso de esas adjudicaciones como la inexistencia de actas de las reuniones que mantuvo la mesa de contratación.

En la carretera N-121-A, la que une Pamplona con Francia a través de Irún, hay dos túneles que llevan años incumpliendo la normativa europea de seguridad en este tipo de infraestructuras, lo que ha llevado incluso a una amenaza de cierre de esta carretera por la que circulan a diario multitud de vehículos, sobre todo tráfico pesado. Son los túneles de Belate y Almándoz, que en la actualidad son bidireccionales y que la normativa obliga a desdoblar. La obra para separar el tráfico que circula en sentido norte (Irún) del que lo hace dirección sur (Pamplona) en el de Belate ya está avanzada, y no sin polémica. El contrato fue adjudicado por 62,8 millones de euros más IVA a la UTE de Acciona, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y, según la Guardia Civil, también de Santos Cerdán. Tras hacerse público el informe de la UCO, esta mercantil fue excluida de la obra, en la que participaban dos empleados dedicados a labores de seguridad y prevención de riesgos laborales.

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, la directora general de Obras Públicas, María Torres, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, así como personal de las empresas que conforman la UTE han enseñado este viernes a los alcaldes de la zona y a la prensa cómo avanzan las obras de desdoblamiento del primero de los dos túneles de la N-121-A. Según han detallado, de los alrededor de tres kilómetros que tendrá el túnel de longitud, se han excavado ya más de 2,5 kilómetros (“un 90%”), la gran mayoría por la cara norte. Para la unión de ambas caras, lo que se conoce como el “cale”, tan solo faltan unos 340 metros y se espera que se produzca “antes del verano”. Tras ello se desarrollarán los trabajos de “destroza”, todo lo que tiene que ver con la excavación de la parte inferior del túnel. Se prevé que la infraestructura sea inaugurada a finales del 2027, aunque el consejero no ha querido fijar una fecha.

En la obra, según ha apuntado el consejero, trabaja “24 horas al día, siete días a la semana” un equipo de unas 200 de personas, entre operarios, técnicos, ingenieros, personal de oficina o personal asignado a seguridad y calidad. Entre el personal ya no queda nadie con uniforme de la empresa Servinabar 2000, cuyo único rastro en la obra es un pequeño logo en uno de los carteles de la boca norte del túnel, por donde se ha entrado a la visita de los trabajos. En el resto de la cartelería ha desaparecido toda referencia a la empresa de Alonso y Cerdán que la UCO sitúa en el centro de la trama de corrupción por supuestamente funcionar como el vehículo para el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública.

Es en exterior de la cara norte del túnel, por donde se están llevando la gran parte de los trabajos de “avance”, las empresas de la UTE han montado “una pequeña ciudad”: hay un taller para reparar la maquinaria averiada, un espacio en el que se forjan las cerchas con las que asegura el techo del túnel, así como vestuarios, aseos y un pequeño comedor. Todo ello 'edificado' sobre un terreno pantanoso y lleno de trozos de pizarra extraida del interior del túnel. Para esas labores se están empleando un Jumbo de tres brazos; un Jumbo de dos brazos; dos Robot gunitador (hormigón proyectado); tres plataformas elevadoras normed; dos telescópicas; dos miniretroexcavadoras; dos bombas de inyección; cuatro extraviales articulados; un camión articulado; dos palas cargadoras; cuatro retros con martillo hidráulico; ocho vehículos de apoyo; dos patines de avance (cuadro eléctrico en el interior del túnel), uno por cada boca; dos transformadores eléctricos, uno por cada boca; cuatro bombas para achique de agua; dos sistemas láser de guiado y dos sistemas de ventilación compuesto por ventiladores y mangas, uno por cada boca.

El jefe de obra, Jerónimo Pérez, ha explicado que el terreno sobre el que se está excavando el túnel “es más complicado” de lo que se había “anticipado”, lo que ha obligado a solicitar un modificado del contrato. Las mayores dificultades, ha precisado, se encuentran en los cambios de la tipología de la geología y en las numerosas vetas de agua que han aparecido. Así, se han tenido que utilizar diferentes técnicas de excavación en función de la dureza del terreno. De los 300 metros que quedan para el “cale”, la unión de las dos bocas, la práctica totalidad del material es blando, pizarra, lo que obliga al uso de máquinas excavadoras en lugar de material explosivo.

La obra de este túnel no es objeto de la causa que ahora investiga la Audiencia Nacional, pero está bajo sospecha de corrupción por ser el contrato más elevado adjudicado por el Gobierno de Navarra a la empresa Servinabar 2000, de un total de siete. Además, estuvo envuelto en polémica desde el principio porque tres de los ocho miembros de la mesa de contratación, los tres letrados, emitieron sendos votos particulares oponiéndose a la adjudicación. En sus escritos justificaron sus reticencias alegando indicios de “arbitrariedad”. Aseguraron que el informe de valoración de las siete ofertas presentadas no exponía “las razones que justifican las puntuaciones”, ni expresaba “las ventajas de unas ofertas frente a otras”, lo que, según añadieron, podía “generar arbitrariedad e indefensión para los licitadores”. 

También destacaron que el presidente de la mesa, Jesús Polo, conoció las puntuaciones de los otros cuatro técnicos expertos en Obras Públicas, lo que según la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra debió “anular” el proceso de adjudicación.

En paralelo a estas obras se trabaja en la redacción de un segundo modificado del contrato que incluirá los sobrecostes por imprevistos de la obra después de que el primero de ellos fuera objeto de un reparo suspensivo por parte de la intervención general, que consideró que gran parte de los 8,5 millones de euros de sobrecoste presupuestados no estaban justificados. Este reparo provocó una crisis entre los socios del Ejecutivo de María Chivite que se saldó con la destitución del director general de Obras Públicas, Pedro López Vera, quien había autorizado el modificado.

Mientras se desarrollan estas obras también se está avanzando en las obras del tramo de carretera que comunica los túneles de Belate y Almándoz, y en la licitación del desdoblamiento de este segundo túnel, que se prevé para este 2026. El consejero ha avanzado que se tratará de negociar con la Unión Europea una prórroga del plazo fijado para la finalización de los dos túneles, que el Gobierno navarro había fechado en 2027, para evitar una sanción.

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, de Geroa Bai, ha desvelado este miércoles en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Parlamento foral que en 2018, cuando era gerente de la sociedad pública de vivienda Nasuvinsa, mantuvo una reunión con el empresario Antxon Alonso de la que no había informado hasta ahora por el interés que tenía el dueño de Servinabar 2000, la mercantil que la UCO sitúa en el centro de la presunta trama de corrupción, en hacerse con unos terrenos cerca de la localidad de Lumbier para ubicar el espacio logístico “ligado” al proyecto Mina Muga.

“Hubo una solicitud por su parte en este sentido para llevar adelante esta cuestión, y desde Nasuvinsa se le establecieron las condiciones que podrían contemplar una opción de esas características, pero que finalmente no se materializaron. Si no recuerdo mal, se le envió una propuesta de precios de alquiler, etc., que no contestó y que, por lo tanto, no llevó a ningún sitio”, ha explicado.

Asimismo, ha detallado que ya como consejero mantuvo otras dos reuniones con Alonso en relación con el proyecto de Mina Muga en las que analizaron “la conveniencia de impulsar, acelerar los procesos de desarrollo de políticas de vivienda y de desarrollo industrial en el ámbito de Sangüesa en función de cómo iba el desarrollo del proyecto de Mina Muga”.

Según José María Aierdi, en esas reuniones Alonso acudía como representante de Servinabar, “pero en una relación con Acciona, como ejecutantes de una parte de las obras previstas en el caso de Mina Muga”. Así, ha añadido, el Ayuntamiento de Sangüesa se dirigió al Departamento de Vivienda que él lideró en la legislatura 2019-2023 para “planificar el suelo necesario para atender esa demanda de vivienda y las posibilidades que tiene de desarrollo industrial”.

En ese contexto, ha dicho que mantuvo “unas 50 reuniones” con el señor Ignacio Salazar -consejero delegado de Geoalcali-, que era responsable gerente de Mina Muga, y en dos ocasiones con el señor Antxon Alonso para saber si el proyecto, por parte de los socios, “tenía visos de realidad o únicamente pretendía un pelotazo financiero y no había detrás un desarrollo industrial”.

Según ha añadido el consejero navarro, Antxon Alonso le trasladó que no había “ninguna intención por los entonces accionistas de llevar adelante el proyecto” y que simplemente estaban tratando de obtener las autorizaciones oportunas “para vender a un tercero, que sería el industrial, que desarrollaría el proyecto”.

Sobre si el proyecto Mina Muga era entonces artificial, el consejero ha comentado que vieron que “quienes dirigían este proyecto en ese momento no tenían en el corto plazo una previsión de intervención”. “Por eso lo único que hacemos en relación con Sangüesa es un desarrollo residencial de recuperación de viviendas de Camineros, un desarrollo de nueva construcción de 12-14 viviendas e iniciamos el proceso de modificación del PSIS, del polígono industrial del concejo que está pegado a Sangüesa”, ha señalado.

Ha asegurado el consejero que no tuvo “ninguna” reunión con Antxon Alonso en relación con la adjudicación a la UTE Acciona-Servinabar de las 62 VPO en Erripagaña. “En relación con este expediente, no he estado con nadie de Acciona ni Servinabar”, ha dicho.

La Fiscalía ha denunciado por un delito de desobediencia al presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, por haberse negado hasta en dos ocasiones a comparecer en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a las empresas Acciona y Servinabar 2000.

Entrecanales no acudió a su citación argumentando que Acciona había designado a otro representante para comparecer. La Fiscalía señala en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es que su incomparecencia “carece de justificación” porque los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra ya le habían “advertido expresamente” que la citación iba dirigida a su persona y no a un representante de Acciona.

“Ni el informe con alegaciones ni la sustitución a cargo de los sres. Mollinedo y Figueroa podían suplir su comparecencia personal”, apunta para añadir que nada de ello “ampara la desobediencia o la desatención de un requerimiento parlamentario que no sólo es legítimo, sino que, además, está respaldado por el Código Penal, que prevé, en caso de incumplimiento de tal requerimiento, la sanción más grave del ordenamiento jurídico, la pena de prisión.

José Manuel Entrecanales fue citado en calidad de presidente de Acciona, empresa a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó en UTE con Servinabar 2000 al menos siete contratos. Servinabar 2000 es la mercantil de Antxon Alonso que la UCO sitúa en el centro de la trama del cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública tras haber encontrado un documento en el domicilio del empresario vasco por el que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán adquiría el 45% de las participaciones de la compañía.

Tras negarse a comparecer en enero, la comisión de investigación decidió volver a citar al presidente de Acciona el lunes 9 de febrero y, una vez más, volvió a dar plantón a este foro. La multinacional argumentó que Entrecanales no había sido la persona designada por el consejo de administración para hacerlo. Añadieron que en su lugar se planteó la posibilidad de que declarase otro directivo de Acciona y que su comparecencia fue rechazada por los grupos. La Fiscalía desestima ahora esos argumentos y solicita a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona abrir diligencias contra José Manuel Entrecanales.

El exvicepresidente de UPN Óscar Arizcuren ha reconocido en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre la derivada foral del 'caso Koldo' que facturó a Servinabar 2000, la empresa propiedad de Antxon Alonso y, según la UCO de la Guardia Civil, también de Santos Cerdán.

Arizcuren, que ha reconocido que con Cerdán le unía una relación “estrecha y de amistad”, ha explicado que obtuvo 28.000 de beneficios por labores de consultoría facturados a Servinabar 2000 vía OAP Asesoramiento Integral, una consultora de su propiedad. La Hacienda Foral de Navarra cifra en 69.000 euros la cantidad facturada por esa colsultora a la empresa que la UCO sitúa en el epicentro de la trama de corrupción durante los ejercicios 2022, 2023 y 2024. “Una empresa tiene ingresos y gastos. Todo está justificadísimo y todos los cobros se hicieron por cuenta bancaria, no hay un solo movimiento en efectivo”, ha asegurado el exdirigente regionalista.

Según ha apuntado toda su relación con la empresa Servinabar se produjo a través de Antxon Alonso. “Era una empresa normal, si hubiera visto algún indicio de algo hubiera cortado relación”, ha apostillado. También ha señalado que tras leer el informe de la UCO que situaba a Cerdán al frente de la presunta trama de corrupción cortó su relación con él y con Antxon Alonso “por prudencia”.

Óscar Arizcuren, que en 2019 dejó la política navarra y la vicepresidencia de UPN para dar el salto a Madrid como directivo de Aena (desde diciembre de 2017), también ha reconocido que mantuvo “una o dos” reuniones con Santos Cerdán y el expresidente de UPN Javier Esparza, pero ha descartado que estuvieran relacionadas con negociaciones entre el partido regionalista y el PSOE para la reforma laboral. “Solo facilitaba la relación personal entre ellos dos”, ha apostillado.

“Nosotros venimos de estar en la oposición juntos y claro que hemos tenido comidas, una o dos, pero el único objetivo de esa comida es tejer relación por si hubiese la posibilidad de tener un acuerdo para llegar a un acuerdo de gobierno en el caso de que hubiese unas elecciones. Pero no tiene nada que ver con la posición del partido en ninguna cuestión”.

Arizcuren ha desvinculado su salto a Madrid y a Aena con su relación de amistad con Cerdán. “El PSOE aún no estaba en el Gobierno”, ha puntualizado. En 2020 dejó de ser afiliado de UPN aunque ha asegurado que sigue “siendo” del partido regionalista para negar su presencia en actos del PSOE.

La sociedad pública de vivienda Nasuvinsa ha sancionado con 449.000 euros a la UTE de Acciona Construcción S.A. y Servinabar 2000 S.L., la empresa de Antxon Alonso, y vinculada a Santos Cerdán, por incumplir el plazo de construcción de 46 viviendas de protección oficial en el barrio de Erripagaña. Este es uno de los siete contratos adjudicados por el Ejecutivo navarro a la empresa que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la presunta trama de corrupción por el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública.

Según ha detallado Nasuvinsa en una nota, el 9 de febrero de 2023 Nasuvinsa formalizó con la UTE Acciona Construcción y Servinabar el contrato de obras para la ejecución de esta promoción de vivienda protegida, con un plazo de ejecución de 608 días naturales. Las obras se retrasaron 101 días -algo más de tres meses-, ha continuado, de los cuales 53 días no fueron justificados ni autorizados por Nasuvinsa.

Asimismo, la sociedad pública tuvo conocimiento de retrasos en el pago de varias facturas a una empresa subcontratista por un plazo superior al máximo permitido de 30 días, “lo que constituye un incumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones Reguladoras del contrato”, ha explicado.

Como consecuencia de estos incumplimientos -“considerados faltas muy graves tanto por el retraso injustificado en el plazo de ejecución como por el incumplimiento en los pagos a subcontratistas”-, Nasuvinsa ha impuesto a la UTE Acciona-Servinabar una penalización por importe de 449.000 euros.

Según ha indicado Nasuvinsa, la UTE ha comunicado su rechazo a la penalización, al considerarla improcedente. No obstante, empresa pública ha iniciado su tramitación procediendo a ejecutar la garantía del contrato, constituida mediante seguros de caución y ha interpuesto una reclamación judicial para exigir el importe total de la penalización, así como la reposición de la garantía que debe mantenerse vigente conforme al contrato.

El exasesor del ministro José Luis Ábalos Koldo García ha declarado este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que va “a demostrar la verdad” en el juicio por corrupción que se va a celebrar en el Tribunal Supremo. “Esto acaba de empezar”, ha advertido durante su comparecencia, en la que se ha negado a dar explicaciones y no ha respondido a las preguntas de los grupos de la comisión que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno de Navarra a las empresas Acciona y Servinabar 2000, la mercantil de Antxon Alonso y Santos Cerdán.

García ha comparecido en la comisión navarra por videoconferencia después de que su defensa solicitase no trasladarle hasta Pamplona alegando motivos médicos. Su declaración estaba prevista para las 10:00 horas, pero Instituciones Penitenciarias la ha retrasado a las 12:00. El exasesor de Ábalos ha comenzado su declaración lamentando que haya políticos que quieran tener “su minuto de gloria” para contribuir a “un circo político y mediático”.

“Esto acaba de empezar, hay que tener un poco más de paciencia, queda mucho”, ha aseverado Koldo García, quien ha asegurado que “todo” lo que ha dicho lo ha “podido demostrar”. “Hay un procedimiento judicial que manda sobre encima de todas las cosas. Estoy en la cárcel por cosas que no se han demostrado, yo tengo que demostrar judicialmente que todo lo que están diciendo son barbaridades y voy a demostrar la verdad”, ha apostillado.

García ha asegurado que no es “idiota” y que meses antes de ser detenido sabía que le estaban “haciendo un seguimiento” por sus años de “colaboración” con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. “Yo mismo puse en conocimiento de la Guardia Civil que me estaban haciendo un seguimiento. Lo único que pedí es que no hicieran lo que hicieron, entrar de esa forma en mi domicilio”, ha apuntado.

“Cometí un error de cálculo porque no pensé que iban a hacer todo ese daño a la gente de mi entorno. Yo asumiré todos mis actos, pero pensé que se iba a focalizar en mí, no en los de mi alrededor”, ha lamentado. “Se han destrozado vidas que no tienen nada que ver aquí. Nadie va a poder borrar lo que se ha dicho sobre mi persona. Me preocupa que el día de mañana no se puedan borrar todas las falsedades que se han dicho sobre mí”, ha concluido. 

“He defendido los intereses de España”

Durante el interrogatorio, el portavoz de UPN, Javier Esparza, le he reprochado que pasase “de escolta de víctimas de ETA” a “defender” los acuerdos del PSOE con EH Bildu y “con Otegi”.

“No puede poner en duda que he defendido los intereses de España, usted no se lo cree y lo sabe”, le ha respondido Koldo García, quien ha señalado que mantuvo “una conversación” con el parlamentario regionalista. “Creo que he cumplido bastante bien a todos los españoles en mi área”, ha añadido.

Instituciones Penitenciarias acepta que “hay razones médicas” para que Koldo García no acuda este miércoles al Parlamento de Navarra a declarar en la comisión de investigación y ha desaconsejado su traslado. Así, ha propuesto que su comparecencia se realice por videoconferencia, tal y como había solicitado la defensa del exasesor del ministro José Luis Ábalos. Los grupos de la comisión de investigación han aceptado la recomendación de Prisiones y García comaprecerá por medios telemáticos.

Según ha informado fuentes del Parlamento navarro, Prisiones ha realizado esta comunicación por teléfono a primera hora de la mañana, cuando los grupos de la comisión que investiga las obras adjudicadas por el Gobierno de Navarra a las empresas Acciona y Servinabar 2000 se iban a reunir para votar la petición de Koldo García de comparecer desde la prisión de Soto del Real.

Koldo García está citado por su presunta implicación en la trama del cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública. Según el informe de la UCO de la Guardia Civil, ejerció de intermediario con Acciona para lograr contratos a cambio de mordidas. La semana pasada el asesor contable del bar Franky de Pamplona señalado por la UCO en su informe, confesó que emitió facturas falsas a la constructora por supuestas comidas en el establecimiento para que posteriormente Koldo García cobrase el dinero en efectivo.

La directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), Edurne Eginoa, ha avanzado este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que la oficina que ella dirige ha recibido dos denuncias “anónimas” por contratos adjudicados por el Gobierno foral para la construcción de viviendas de protección oficial a Servinabar 2000, la empresa propiedad de Antxon Alonso y Santos Cerdán que la Guardia Civil sitúa en el centro de la presunta trama de cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública.

Edurne Eginoa ha precisado que las dos denuncias llegaron a la OANA a raíz de la publicación de los informes que encargó la presidenta de Navarra, María Chivite, para auditar las obras encargadas por su Ejecutivo a la empresa Servinabar 2000 tras conocerse el informe de la UCO sobre Santos Cerdán. En esos informes, Anticorrupción detectó más de una decena de irregularidades en los procesos de adjudicación de cuatro obras. La adjudicación de una de ellas, la del desdoblamiento de los túneles de Belate, la llegó a calificar de “nula de pleno derecho”.

La presidenta de la OANA se ha ratificado en todo lo recogido en las conclusiones de los informes que elaboró a petición de Chivite. Incluso ha apuntado que tras escuchar las sesiones de la comisión de investigación de la Cámara foral en las que comparecieron los técnicos de la mesa de contratación de Belate, la OANA podría hacer ahora “un informe más extenso”.

Así, se ha referido a que los miembros de la mesa “pusieron de manifiesto la falta de una reunión presencial” y ha cuestionado la actuación del presidente de la mesa, Jesús Polo, por haberse “negado” a convocar reuniones presenciales. “Los propios miembros de la mesa han dicho que una reunión presencial hubiese solucionado determinadas discrepancias”, ha expuesto, para considerar fundamental en las mesas “deliberar”.

Con todo, ha apuntado que “lo lógico” es que la obra siga para no causar “perjuicio al interés general”. “La obra ya estaba adjudicada y ya incluso había comenzado. Yo entiendo, pero bueno, eso ya no me corresponde, que la obra tiene que continuar y hacerse hasta el final, por supuesto”, ha afirmado, para opinar que “sería un desastre parar ahora esa obra”.

Una represalia “de manual”

Preguntada por el traslado del puesto de trabajo del secretario de la mesa de contratación de las obras del túnel de Belate y denunciante, Lorenzo Serena, lo ha calificado de una “represalia de manual”.

El secretario fue trasladado a trabajar a una nave al polígono industrial de Landaben, decisión que posteriormente el Departamento de Cohesión Territorial corrigió tras recibir un informe de la OANA que afeaba el traslado y lo consideraba una represalia por haber denunciado ante Anticorrupción el procedimiento de la mesa de contratación.

“Trasladar a esta persona a un almacén de Landaben constituye una represalia, pero hay que reconocer la rápida actuación del consejero Chivite -consejero de Cohesión Territorial-, que lo admitió en seguida y a los dos días se anuló la resolución de traslado a Landaben”. Con todo, ha señalado que su traslado fue “inadmisible”, que nada lo justificaba y que la propia presidenta de Navarra lo reconoció.