Las previsiones meteorológicas auguran que, en los próximos días, el frío extremo puede llegar a Vitoria. No se descartan los primeros copos de nieve de la temporada. Del martes al domingo, las mínimas no pasarán de 2 ó 3 grados centígrados, según Aemet. En el barrio de Salburua, un grupo de voluntarias -porque en su mayoría son mujeres- busca desesperadamente una solución transitoria urgente en forma de lonja, local o lo que se tercie para dar techo a medio centenar de malienses que, ahora mismo, pasan las horas y pernoctan en los soportales frente a la comisaría de la Policía Nacional o en otros cercanos al lado de un supermercado.

La ciudad que discute la necesidad de un centro para refugiados -que se construye a no más de cinco minutos a pie del complejo policial- y que se cuelga medallas en calidad de vida tiene desde hace al menos cuatro meses completamente abandonadas a su suerte a decenas de personas que huyen del régimen de terror en su país de origen, Malí, adonde España pide no ir en ningún supuesto por los atentados, minas, escasez de combustible, falta de libertades y “bandidaje”, entre otros problemas. “Duermo en la calle. Tengo mucho frío”, resume bajo varias capas y una capucha, en nombre de todo el grupo, el joven Yaya, de 17 años, en el anochecer de una jornada todavía con temperatuas templadas pero con fuerte viento.

Es el benjamín de un grupo heterogéneo, con personas también de mediana edad o rondando la cincuentena. Su vida entera se acumula en una maleta con ruedas -una de ellas con los colores del Real Madrid- y un teléfono móvil. Matan el tiempo escuchando música o jugando al póker. Los más afortunados disponen de un 'camping gas' en el que hacer alguna comida caliente.

Este periódico informó a finales de julio de que las entidades sociales que trabajan con migrantes estaban empezando a detectar a un grupo de personas procedentes de Malí en las calles de Vitoria. Era exactamente el mismo problema ocurrido en Donostia en los meses anteriores, solventado en buena medida con solidaridad vecinal. Ya en 2024, a raíz de los golpes de Estado de 2020 y 2021, las peticiones de asilo de ciudadanos malienses se dispararon un 700% en España. Y en 2025 han seguido creciendo.

Conseguir una cita en la Policía Nacional, el cuerpo con competencias en materia de Extranjería, se ha convertido en un tapón, aunque “en un 98%” los malienses tienen derecho a protección, según datos de Zehar-Errefuxiatuekin. Esta entidad, de hecho, acaba de denunciar que en Donostia cinco personas de esta nacionalidad han sido arrestadas y “podría derivar en su expulsión” de España. Janire, una de las voluntarias de Vitoria, sostiene que están viendo casos de personas que reciben como propuesta para la primera cita en comisaría fechas “de 2028”. Sin esos papeles, no hay más Sanidad que la atención en Urgencias y se truncan los proyectos educativos o laborales.

Es una respuesta muy diferente a la que se articuló en 2022 con las llegadas de refugiados de Ucrania tras la invasión de Rusia. Francia, potencia colonial en el país y que se dice “verdaderamente preocupada” por la situación en Malí, según ha trasladado esta misma semana, ha levantado desde hace años un muro 'de facto' en pleno espacio Schengen de libre circulación y bloquea por sistema las llegadas de migrantes sin documentación en regla e incluso ha practicado 'devoluciones en caliente' en la frontera de Irún/Hendaya. En 2018, este periódico ya recogió junto a la muga testimonios de malienses bloqueados.

Aunque algunas personas de las que han pasado por Vitoria ya se han marchado a seguir con su periplo vital en algún otro lugar y otras han sido formalmente derivadas a recursos asistenciales oficiales, como el de Oñati, la sensación de las voluntarias es que las llegadas son constantes y que el grupo que pernocta en Salburua es mayor que nunca en estos momentos. Los soportales de la avenida de la cuenca del Deba, los últimos del barrio residencial y los que dan a la Policía Nacional, son donde se acumulan más personas. Es un punto de paso muy común, sobre todo en coche. Es el camino hacia los humedales del anillo verde, una zona de esparcimiento, o hacia el pabellón Fernando Buesa Arena, donde juega el Baskonia. Pero la vida cotidiana de los vitorianos parece darles la espalda a los malienses.

También hay varias decenas de colchones perfectamente alineados en otro soportal, en la calle de Madrid, bajo otro bloque de viviendas de Salburua. Y algunas de las personas que les ayudan sostienen que hay grupos repartidos por otros puntos de la ciudad. En verano, por ejemplo, había grupos igualmente en el entorno del ferrocarril, cerca de las oficinas de Zehar-Errefuxiatuekin y CEAR.

Como Janire, otras mujeres de edades dispares como Montse, Conchi, Leire o Analía dedican parte de su tiempo y hasta de sus recursos económicos para apoyar a los malienses. Se han ido conociendo en estos meses allí y ahora comparten un grupo de WhatsApp. También se les ha unido Jacques, camerunés de 36 años, y que echa una mano como traductor al dominar el francés y el árabe. “Ellos vienen aquí por la guerra. Gracias a Dios han podido cruzar [el mar que separa África de Europa]. La mayoría son hombres, pero tenemos también a alguna mujer”, apunta señalando a la única que, ahora mismo, forma parte del grupo bajo los soportales frente la Policía Nacional, que tiene la mitad posterior de sus instalaciones completamente vacía porque nunca se llegaron a necesitar ante la reducción de funciones por el despliegue de la Ertzaintza. En su momento, Stop Desahucios cifró en 50 las viviendas que podrían salir de allí.

Al comienzo de la llegada de malienses, el Ayuntamiento ofreció a estas personas la posibilidad de que utilizaran las instalaciones de un centro cívico, San Andrés, para que se ducharan y asearan. Pero ahora ha cerrado el grifo, literalmente. Montse, que tiene una lonja solidaria desde hace dos décadas en el cercano barrio de Zaramaga, emplea los recursos que obtienen allí para pagar cada día la ducha a cinco de los refugiados en el polideportivo de Iparralde. Son 11 euros de su bolsillo al día. ¿Por qué empezó a colaborar? Explica que un amigo suyo, de origen maliense, se encontró en la mezquita con un vecino de su mismo pueblo ya en abril. “Me dijo que estaban viviendo en la calle. Y en la lonja ayudamos a tres”, apunta. La Policía de Vitoria también llegó a impedirles instalar una lona como cortavientos contra el frío, denuncian las voluntarias. Los móviles los cargan en bares de la zona que les abren sus puertas.

Conchi, vecina de Salburua, es la cocinera oficiosa. “Por las mañanas, les traigo pan y chocolate. Al mediodía, preparamos dos kilos de arroz con verduras o algo de carne. O con un huevo cocido”, explica. Si ella no puede, su marido se encarga de cocer el arroz. Tienen hasta bandejas y “un carrito” para las entregas. “Lo compro yo todo. Se está haciendo largo”, señala. Afirma que ella es “cristiana y católica practicante” y que llamó a Cáritas para buscar ayuda. Enfadada, lamenta que le contestaran que no podían hacer nada porque le dijeron que las llegadas están organizadas por “mafias”.

“Ellos son humanos”, se indigna apuntando hacia el grupo. “Cuando me acuesto, siempre miro por la ventana y pienso en el frío que va a hacer. Rezo mucho para que no llueva. Se les mojan los colchones. Ahora viene el frío”, se lamenta. Abandona la entrevista antes de tiempo porque el adolescente Yaya, que antes estaba en Miranda de Ebro y donde aprendió algo de castellano, lleva todo el día sin comer y no lo puede tolerar. Analía, que se mueve en patinete y es de origen argentino, muestra una bolsa del Banco de Alimentos con piezas de fruta. Asegura que esta institución es la única que entrega víveres regularmente a este colectivo.

Leire es mucho más joven. Es del Sindicato Socialista de Vivienda. Agradece la existencia de una “red solidaria” frente a la “dejadez increíble” de las instituciones “burguesas”, con una respuesta “claramente insuficiente”. Lamenta el desenfoque de las reacciones al problema de la vivienda, con propuestas de construcción de pisos para las clases medias cuando en la misma ciudad hay colectivos vulnerables en la calle. “Se pasan la pelota de unos a otros. Que si el Ayuntamiento, que si la Diputación, que si ahora el Gobierno central... Pero aquí nadie hace nada”, se queja.

Por el contrario, la delegada del Gobierno de España en Euskadi, la socialista Marisol Garmendia, preguntada por este periódico, asegura que el Estado lleva “muchos meses trabajando” en este asunto para “dar la mejor respuesta” a los malienses. “Llegan a Euskadi a pedir refugio y asilo político. Y estamos agilizando todos los trámites con la Policía Nacional para que tengan una primera entrevista y puedan acceder a los servicios sociales y al circuito estatal [de protección]”, indica.

“La llegada de malienses se ha más que duplicado en los últimos meses por razones políticas de su país, donde hay persecución y guerra. Como digo, estamos trabajando en colaboración el Ayuntamiento y con el Gobierno vasco para dar la mejor solución”, agrega Garmendia. Según datos de CEAR, desde julio del orden de 500 personas de Malí han llegado a Euskadi y, de ellas, más de la mitad lo han hecho a Vitoria.

A cinco minutos del criticado centro de refugiados

“En los discursos oficiales se presume de proteger a las personas refugiadas y promover la migración regular, pero las personas que vienen de África no cuentan, 'de facto', con vías de acceso regulares ni seguras, y quienes emprenden tránsitos terrestres y marítimos no son identificadas como personas en búsqueda de asilo o merecedoras de protección internacional, sino como infractores de las leyes administrativas. Finalmente, la práctica totalidad de éstas ven denegada la protección si logran solicitarla, con la excepción precisamente de las personas que huyen del conflicto de Malí, que en su práctica totalidad obtienen la protección subsidiaria”, han expuesto SOS Racismo y Zehar-Errefuxiatuekin recientemente.

El principal proyecto del Gobierno central en materia de migración en Vitoria y en Euskadi es un nuevo centro para refugiados en el barrio de Arana, en una antigua clínica y residencia a no más de cinco minutos caminando del lugar donde ahora se guarecen los malienses. El proyecto ha concitado rechazos vecinales y políticos -el PP ha recogido firmas y lo ha asociado a la delincuencia, Vox enarbola la xenofobia y el PNV aboga por un “modelo vasco” que huya de “macrocentros”- y finalmente tendrá 200 plazas y no 350, como se anunció inicialmente. Si bien la delegada Garmendia ha asegurado que “con el centro de refugiados de Arana no se tendría esta crisis con los malienses”, la alcaldesa, la también socialista Maider Etxebarria, explicó que además de la reducción de plazas, que se ha publicitado como “una buena noticia”, el recurso iba a ser para “familias”. Estos migrantes, en su mayoría, son personas solas. Se pueden leer aquí todas las noticias relacionadas con este recurso.

Janire, que es una de las personas más activas de entre las voluntarias, alerta del racismo subyacente que también está empezando a emerger. Recuerda que, hace unas semanas, Vox plantó una jaima para realizar su propaganda contra la “delincuencia” justo a unos metos de los soportales. Algunas voluntarias refieren haber escuchado frases “si tanto te importa, ¿por qué no te los llevas a tu casa?”. “Se criminaliza a estos colectivos cuando no son para nada los culpables. Es lo que persigue el racismo, hacerles responsables a ellos mismos de su miseria”, apostilla Leire.

Pero a Janire, sobre todo, le preocupa el invierno. Como consecuencia del cambio climático, Vitoria vive de sus años más cálidos y, hasta ahora, el otoño no ha sido especialmente beligerante. Pero esta semana todo va a cambiar. El mercurio se va a desplomar y puede llegar la nieve. Por eso pide que el mensaje final a la ciudadanía de Vitoria sea de ayuda. Buscan mantas y sacos de dormir con urgencia. Y demandan que se habilite un espacio cerrado y bajo techo para que quienes ahora pernoctan en la calle puedan hacerlo con menos riesgo. “¿Tiene que morir alguien para que hagan algo?”, se preguntan las voluntarias.

La asociación Babestu Araba/7. Alaba, crítica con el centro de refugiados que el Estado proyecto en la zona de Arana de Vitoria, había empapelado las calles de los barrios adyacentes con carteles anunciando una “mesa redonda” para este jueves con la participación tanto del exalcalde y diputado foral de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, del PNV, y de la delegada del Gobierno de España, Marisol Garmendia, del PSE-EE. Sin embargo, fuentes de ambas instituciones han confirmado que no participarán.

El centro de refugiados en la antigua Clínica Arana, un edificio propiedad de la Seguridad Social que primero fue hospital y luego residencia, está sobre la mesa desde 2023. Las obras ya están en marcha con 2026 como horizonte para la apertura. Recientemente, a petición de la alcaldesa socialista de Vitoria, Maider Etxebarria, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido rebajar de 350 a 200 las plazas.

La instalación ha suscitado duras críticas desde muchos frentes. El PP, por ejemplo, llegó a asociarlo con la delincuencia y recogió firmas. El PNV y el PSE-EE, socios institucionales, también están enfrentados por este asunto. Los nacionalistas se oponen al “macrocentro” incluso con las plazas rebajadas y abogan por un “modelo vasco”. Los socialistas creen que eso esconde posiciones más próximas a la extrema derecha y antiinmigración, como ha recalcado Eneko Andueza esta misma semana.

En ese contexto, se había prometido una “mesa redonda” en la asamblea vecinal. Pero las fuentes consultadas indican que no se va a producir y lamentan que los organizadores hayan dado publicidad al evento sin contar en ningún caso con los invitados. Aseguran que hay otros precedentes. En la delegación, por ejemplo, se recibió la información hace menos de una semana cuando Garmendia ya tenía otros actos cerrados en su agenda, en este caso la presentación de los nuevos vuelos a Madrid y Barcelona desde el aeropuertos de Foronda con la compañía Volotea. En las mismas fechas llegó la invitación a la Diputación, que declinó asistir dado que no tiene competencias en la materia.

Desde 2023, ya se han producido otras asambleas vecinales en Arana, Aranzabela o Salburua en la que han participado cargos públicos, incluida Garmendia y su predecesor, el ahora consejero Denis Itxaso. Cuando se presentó el proyecto Urtaran era alcalde de Vitoria y ahora forma parte del Gobierno foral.

La alcaldesa de Vitoria, la socialista Maider Etxebarria, ha confirmado que el Estado ha aceptado que futuro centro de protección y acogida al refugiado de la capital, ubicado en Arana, tenga finalmente con un total de 200 plazas frente a las 350 inicialmente previstas. Según la alcaldesa, es una “buena noticia” y así podrá “ajustarse mejor a la capacidad de los servicios sociales y recursos públicos de la capital alavesa”. Asimismo, ha destacado que llegarán “familias” y niños.

En rueda de prensa, Etxebarria ha agradecido este viernes “la receptividad y compromiso” de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, de su propio partido, al aceptar todas “las propuestas de mejora” planteadas por la alcaldesa en la reunión que mantuvieron el pasado mes de septiembre, al tratarse de “un paso importante, fruto del diálogo y la colaboración institucional”, informa Europa Press.

Así, el centro de protección internacional tendrá una “apertura progresiva con un número máximo de 200 plazas”, una cifra que, según la alcaldesa, permitirá “habilitar los servicios sociales” de la ciudad, ya que, ha afirmado, que “sí se van a poder atender” desde el municipio. Tal y como ha explicado, “serán las instituciones vascas”, Ayuntamiento, Diputación alavesa y Gobierno vasco, quienes tendrán que “adecuar los servicios sociales para la cobertura de estas personas”. Aparte de la rebaja en el número final de plazas, el Ministerio también ha aceptado que algunas dependencias del centro puedan ser utilizadas por el vecindario, tales como instalaciones deportivas y otros espacios, para “facilitar la convivencia, el encuentro y la interrelación entre las personas refugiadas y los vecinos”.

Por otra parte, “el Ministerio se ha comprometido a coordinar con las instituciones competentes”, Ayuntamiento, Diputación y Gobierno Vasco, “todas las cuestiones que afecten de una u otra manera al centro”. Por último, Etxebarria ha señalado “el interés de que el centro reciba refugiados agrupados en torno a núcleos familiares, con especial atención a la infancia”, asimismo ha dicho desconocer los plazos de apertura del recurso. “El Ministerio ha aceptado las propuestas de mejora planteadas y habilitará los recursos a las necesidades de la ciudad, lo que mejorará la atención al refugiado. Mientras, avanza en la construcción del centro con el objetivo de ofrecer techo, atención, ayuda y dignidad a los solicitantes de asilo, personas vulnerables que necesitan reconstruir su vida, ya que lo han perdido todo y se han visto en la obligación de huir de su país”, ha manifestado.

Etxebarria ha destacado que “algunas de las opciones políticas, hasta ahora muy críticas con el proyecto, se hayan acercado al mismo, apostando por un diálogo constructivo entre instituciones”, en alusión a EH Bildu, para agradecer que “ya no está sola defendiendo el proyecto”. “Así quedo reflejada en la enmienda presentada en el Parlamento Vasco por PSE-EE, EH Bildu y Sumar que, aunque finalmente no pudo debatirse, quiero subrayar el gran valor que tiene que la crítica haya dado un paso al frente del compromiso, ya que es un gran avance en la defensa de los derechos humanos y la acogida responsable”, ha valorado, para añadir: “Me he visto sola y con mucho orgullo de defender este proyecto, pero ya no estoy sola”. Cuestionada por la demanda del PNV, su socio de Gobierno, para “paralizar” el proyecto, Etxebarria se ha ceñido a la gestión municipal, para resaltar que “mantiene una estupenda relación” con los nacionalistas.

El PNV mantiene su rechazo

La presidenta del PNV de Álava, Jone Berriozabal, ha reiterado la oposición del partido 'jeltzale' y ha denunciado que la reducción de las plazas de este recursos desde las 350 inicialmente anunciadas a 200 es “una decisión unitaleral”, por lo que ha insistido en reclamar la paralización del proyecto. Berriozabal, a través de un comunicado, ha recordado que el PNV se opuso “desde el primer momento” a este centro, al considerar que se trata de un recurso de una dimensión excesiva y que una adecuada integración de las personas requiere de centros más pequeños.

“Ni con 350 plazas, ni con 200; el redimensionamiento anunciado hoy es una nueva imposición del Gobierno de España”, ha criticado la dirigente del PNV, que ha recordado que el anuncio de este redimensionamiento por parte de la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, se produce un día después de que el PSE-EE acordara, junto a EH Bildu y Sumar, un texto en el Parlamento Vasco reclamando un diálogo institucional sobre el proyecto.

“Estamos ante una nueva decisión unilateral que no responde a ningún proceso de consenso ni diálogo compartido”, ha afirmado. Además, ha mostrado su “sorpresa” ante el “cambio de postura” que, según ha dicho, han tenido EH Bildu y Sumar respecto a este proyecto. “Hasta ahora solo el PSE defendía este proyecto impuesto por el Gobierno de España; ahora se le suman Bildu y Sumar por puro tacticismo”, ha manifestado. El PNV ha reiterado su apuesta por centros “que respondan al modelo vasco de acogida, que prioriza recursos más pequeños y atención personalizada”, y ha denunciado que el centro proyectado en el barrio vitoriano de Arana “no cuenta con consenso institucional ni social”.

El PSE-EE y las dos fuerzas de izquierdas de la oposición en el Parlamento Vasco, EH Bildu y Sumar, han querido “dar visibilidad” a la “mayoría progresista” que existe en la Cámara, una alternativa a la suma del PNV con los socialistas que rige las instituciones vascas desde 2015. Aunque no han podido aprobar en el pleno un texto sobre el centro de refugiados de Arana por el balón de oxígeno que le ha dado el PP al PNV, que se iba a quedar sin socio, sí lo han leído ante los medios de comunicación en una comparecencia en la sala de prensa en la que, con anterioridad, se había avisado de que no habría posibilidad de preguntas y en la que, finalmente, las han atendido sin responderlas.

En la lectura, Amancay Villalba ha hablado de “una sorprendente maniobra parlamentaria” con la que “se ha pretendido evitar que el Parlamento Vasco expresara, de forma mayoritaria, una posición constructiva sobre la acogida de personas solicitantes de asilo y sobre el proyecto del centro de protección internacional en Arana”. También ha indicado que había un “objetivo” de “visibilizar” [en referencia a dar visibilidad] la “mayoría progresista del Parlamento” y “su compromiso por abordar este debate desde la responsabilidad, la defensa de los derechos humanos y la apelación al diálogo y al consenso social e institucional”. “Vivimos tiempos oscuros en los que el auge del autoritarismo nos obliga a ser especialmente responsables a la hora de afrontar debates complejos. Por eso, hoy volvemos a manifestar que no todo vale por un puñado de votos y que no son aceptables los discursos que, anteponiendo intereses partidistas, alimentan posiciones que ponen en riesgo la cohesión social”, han señalado también los tres partidos con la voz de Villalba. La socialista Patricia Campelo y Jon Hernández, el único representante de Sumar, han leído el contenido concreto, que tiene una mención expresa contra la “xenofobia”.

Después, aunque finalmente se han podido formular algunas preguntas, no han dado explicaciones ni concretado nada en relación al PNV, con el que gobiernan los socialistas. “En principio no vamos a hacer ningúnna valoración”, han insistido. Asimismo, no han aclarado si volverán a registrar la iniciativa con otro formato para buscar su aprobación aunque otras fuentes han descartado expresamente esa posibilidad. A lo largo de la jornada, dirigentes de PNV y PSE-EE han mantenido conversaciones. A falta de explicaciones de la parte de socialista, el PNV ha indicado que entra dentro de la normalidad que en asuntos concretos existan diferencias. El PP también ha respondido a todas las preguntas que se le han formulado sobre el asunto.

El PP -que lleva varias semanas pidiendo dimisiones de cargos del Gobierno vasco como Bingen Zupiria o Edurne Egaña, que ya ha cesado como directora de la sociedad portuaria EKP- ha proporcionado este jueves en el Parlamento Vasco un balón de oxígeno político al PNV al retirar a última hora su iniciativa sobre el centro de refugiados que el Estado construye en el barrio vitoriano de Arana. El debate migratorio separa cada vez más a los nacionalistas de su socio de coalición, el PSE-EE, hasta el punto de que los socialistas habían pactado una resolución alternativa con EH Bildu y Sumar, dos fuerzas de la oposición, explorando una mayoría de izquierdas latente en la Cámara pero que no se había activado nunca en esta legislatura.

La portavoz del PP, Laura Garrido, ha sido clara. Conocido por los medios de comunicación el acuerdo entre PSE-EE y las izquierdas para sacar adelante una resolución que no pedía la paralización del centro para refugiados de VItoria y sí alertaba de los mensajes racistas y xenófobos que están proliferando en torno al proyecto, ha manifestado que no deseaban que saliera aprobado ese texto cuando, según sostiene, el “sentir mayoritario” en la ciudad es de rechazo al “macrocentro”. Los 'populares' han realizado una recogida de firmas e incluso han asociado la llegada de refugiados con una supuesta mayor delincuencia.

“No queremos que salga un texto totalmente contrario”, ha dicho Garrido a los periodistas. En todo caso, ha buscado tranquilizar a los detractores del plan al asegurar que “más pronto que tarde” el PP gobernará en España y paralizará las obras. El proyecto se presentó a comienzos de 2023, la reforma de lo que fue una antigua clínica y residencia propiedad de la Seguridad Social avanza ya y se prevé su apertura para 2026. Pedro Sánchez ha manifestado su deseo de agotar la legislatura por lo que las generales serían en 2027, con las instalaciones ya inauguradas. La alcaldesa socialista de Vitoria, Maider Etxebarria, ha indicado, en todo caso, que se ha propuesto una reducción de las 350 plazas inicialmente planteadas a 200.

La portavoz del PP, que ha bromeado con que un dirigente del PNV le dijo “mañana vamos a estar juntos” a la luz de los movimientos políticos que ha suscitado el asunto, ha criticado en todo caso a los nacionalistas. Según Garrido, si el partido de Aitor Esteban es tan “influyente” como dice en el Estado podría haber arañado a Sánchez la “paralización” del proyecto en el acuerdo de investidura de 2023, realizado cuando el plan ya era conocido. “El PNV ni ha estado ni se le espera ni se le esperará” en este tema, ha zanjado.

Minutos después, el portavoz del PNV Joseba Díez Antxustegi ha enmendado al PP y ha negado que fueran a pactar con ellos. Ha asegurado que su intención era presentar un texto propio, aunque también en el sentido de demandar la “paralización” del “macrocentro”. Los nacionalistas defienden un “modelo vasco” de acogida de refugiados y ni siquiera han accedido a aceptar la rebaja sustancial de plazas planteada por los socialistas.

Según el análisis del PNV, el asunto no cambia el escenario de la legislatura, con dos socios unidos por un programa compartido pero que piensan y “pueden votar diferente” en “determinadas materias”. Se da la circunstancia de que hace unas semanas el PNV ya se apoyó en EH Bildu para iniciar la tramitación de una reforma legal para blindar el euskera en convocatorias públicas, algo que rechaza el PSE-EE. Díez Antxustegi entiende que EH Bildu, como principal fuerza de la oposición, está jugando a “meter cuña” en el bipartito. “Tacticismo electoral”, interpreta. El lehendakari, Imanol Pradales, ya lanzó esta teoría hace unos días.

En la sesión, en todo caso, sí se debatirá sobre Arana. Y es que, además del PP, Vox había registrado una iniciativa también en contra del centro de refugiados. El PP la apoyará, según Garrido, aunque asume que no es tan completa como la propia. No obstante, la práctica habitual en la Cámara vasca es que el resto de grupos le hagan un cordón sanitario político a la ultraderecha, de modo que ni debatirán ni presentarán enmiendas. El PSE-EE, de hecho, ha retirado una que había planteado inicialmente, según fuentes del grupo parlamentario.

En un escenario inédito en la legislatura, el PSE-EE ha alcanzado un acuerdo con el resto de fuerzas de izquierdas en el Parlamento Vasco, EH Bildu y Sumar, para sacar adelante una resolución sobre política migratoria y sobre el centro de refugiados que el Estado proyecta en el barrio de Arana de Vitoria. El texto se votará en el pleno de la Cámara de este jueves y evidenciará la segunda ruptura en el bipartito de PNV y PSE-EE en pocas semanas después de que los nacionalistas se apoyaran en la coalición abertzale para poder tramitar una reforma legislativa para blindar la exigencia de euskera en la Administración a la que se oponen los socialistas.

Ya era conocido que este debate, forzado por el PP y por Vox, desde una posición de rechazo frontal al proyecto de Arana, separaba a los socios. El PNV es también contrario a lo que llama “macrocentro”, aunque en las últimas semanas los socialistas, que gobiernan en Vitoria y en España, han accedido a bajar de 350 a 200 plazas las ofrecidas a refugiados. Cuando las derechas plantearon el debate, los socios del Ejecutivo ya presentaron enmiendas separadas.

Ahora el PSE-EE da un paso más y ha transado un texto con junto con EH Bildu y Sumar. El Parlamento Vasco tiene latente una mayoría de izquierdas que nunca opera como tal, pero este jueves sí permitirá sacar adelante un texto que incluye un “compromiso” con la “acogida responsable” de refugiados, una “necesidad de colaboración” entre instituciones para atender a estas personas, el “rechazo a cualquier forma de xenofobia” y a trabajar en la planificación de las infraestructuras desde el diálogo con las instituciones y entidades sociales locales.

El grupo municipal del PNV en Vitoria se ha sumado a la petición del PP para reclamar “la paralización del macrocentro” de personas refugiadas en el barrio de Arana, por ser “un modelo insostenible, inadecuado y contrario al modelo vasco de acogida, que apuesta por centros más pequeños que ofrecen una acogida y una atención más personalizadas”. La responsable del PNV en el Ayuntamiento y concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazabal, ha demandado “la paralización” del proyecto que, por primera vez, ha calificado como de “macrocentro”, durante el pleno municipal celebrado este viernes en la capital alavesa.

El debate ha escenificado la ruptura municipal del PSE-EE y PNV en este asunto, donde cada partido del Gobierno local ha presentado su moción a raíz de una propuesta del PP, en la que demandaba la paralización “inmediata y definitiva” de este centro y donde no se ha alcanzado un consenso, ya que cada partido ha apoyado su propia iniciativa al respecto. Artolazabal ha mostrado la postura “en contra” de su partido a llevar a cabo este recurso, “tal y como está concebido, porque no da respuesta a las necesidades que las personas refugiadas necesitan”, por lo que ha solicitado su “paralización”.

Frente a este proyecto, la 'jeltzale' ha defendido el “modelo de acogida vasco que lo gestionamos entre todas las instituciones vascas con el modelo asociativo vasco que sí que creemos da respuesta a las necesidades que estas personas tienen para una integración real en nuestra sociedad”. “Una integración que necesita de apoyos comunitarios y de muchos elementos para que sea real desde el punto de vista de la educación, la sanidad, las políticas sociales y la vivienda”, ha añadido.

Asimismo, ha señalado que el PNV “no llega a un acuerdo con el PP” en esta cuestión, “porque no compartimos su discurso cuando asocia, en muchas ocasiones, la inmigración con la delincuencia o la inseguridad”. La edil ha criticado que se está llevando a cabo una “decisión unilateral del Gobierno central sin diálogo con el Gobierno vasco, ni con la Diputación Foral de Álava, ni con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz” y ha lamentado “profundamente esa falta de coordinación y de respeto a un modelo que hemos construido entre todos y todas”.

“Cuando esas personas terminen su estancia en el centro, van a necesitar una vivienda, atención sanitaria, escolarizar a sus hijos y acompañamiento social y, me preocupa porque, si yo no estoy confundida, las instituciones vascas y el ayuntamiento, en gran medida, van a tener que asumir todo esto”, ha argumentado.

Choque entre PSE-EE y PP

Por su parte, la concejala del PP Marta Alaña ha vuelto a demandar “la paralización del macrocentro” de refugiados en Vitoria, ya que “no cuenta con consenso ni político, ni social”. Alaña ha calificado como de “engañosa” la propuesta de la alcaldesa para reducir de 350 a 200 su número de plazas, al señalar que, según el proyecto que se está ejecutando, tiene una capacidad de 350 plazas en dos edificios, el A, con 200 plazas, y el B, con 150 plazas. “Un macrocentro de 200 plazas seguiría siendo inasumible para una ciudad como Vitoria, por la no adecuación del modelo y por la saturación en que se encuentran ya muchos servicios públicos”, ha comentado, para recriminar “la unilateralidad y discrecionalidad con que el Gobierno de España ha gestado este proyecto”.

La alcaldesa, Maider Etxebarria, ha tomado la palabra “por alusiones del PP hacia su persona”, para “aclarar y que quede constancia”, de que “no está justificando, en ningún caso, la reducción de plazas por el rechazo social”. “Me llama la atención que ustedes, que no llegan a ver el genocidio en Gaza, puedan llegar a ver tanto miedo y tantos problemas de convivencia por un centro. El rechazo social lo quieren generar ustedes con fines partidistas y, con este discurso del odio, se están convirtiendo en una marca blanca de Vox”, ha interpelado.

El concejal de Convivencia y también socialista, Pascual Borja, ha asegurado que su partido “no va a permitir que se utilice el dolor de quienes están huyendo de la guerra como munición partidista”. “Lo que necesita Vitoria no es ni miedo ni enfrentamiento, es responsabilidad, cooperación institucional y políticas que garanticen derechos sin dejar de cuidar la convivencia en nuestros barrios y calles”, ha señalado.

Borja ha censurado que “el PP vuelve a utilizar el centro de refugiados de Arana como excusa para agitar, dividir y sembrar miedo”, para defender que “es compatible el derecho de asilo sin dejar de proteger los servicios de la ciudad”. “Estamos planteando la mejora de la colaboración interinstitucional y de la coordinación, porque la creemos necesaria. Además, hemos propuesto que el centro de Arana no sea un espacio cerrado, sino que se convierta en un recurso para la ciudad, abierto al barrio, útil para la convivencia y generador de vínculos sociales. Esto es Derechos Humanos”, ha zanjado.

La portavoz de EH Bildu, Rocío Vitero, ha expuesto que el modelo de Arana no es el que su partido defiende, ya que “un modelo de 350 o de 200 plazas no es adecuado, porque no apoya a la inclusión, ni ayuda a la atención personalizada, ni a los itinerarios individualizados”. “Este proyecto responde al modelo 'low cost' que ha aplicado unilateralmente el PSOE, sin dar información en ningún momento sobre este centro, ni llamarnos para una sola reunión, ni tener en cuenta los sistemas de protección que son necesarios para poder atender a este volumen de personas”, ha reprobado.

Vitero ha dicho que “la falta de colaboración institucional” y la “mala gestión” en este asunto está siendo “aprovechada por el PP para hacer campaña, azuzar el miedo y el ruido”, mediante una moción “con olor a racismo”. Por último, la portavoz de Elkarrekin, Garbiñe Ruiz, ha censurado que “pedir la paralización del centro no es buscar una solución”. “Prefieren mirar hacia otro lado, mientras que las personas refugiadas van a seguir llegando y nuestra obligación es, de alguna manera, darles una acogida digna y ordenada y no dejarlas en la calle”, ha determinado.

“El reto no es sumarse aquí en detractores y no detractores de este centro de refugiados. No es decidir qué número de personas tienen que estar o no tienen que estar, el reto es trabajar juntas para definir un modelo de acogida digno, sostenible y adaptado a nuestra ciudad, porque Vitoria-Gasteiz es una ciudad solidaria”, ha sentenciado.

Con el debate sobre las obras del centro de refugiados de Arana como telón de fondo, el PP, tercera fuerza política de la ciudad, va a pasar de recoger firmas contra esa instalación a fletar una furgoneta para recorrer las calles con el lema 'Fuera okupas y delincuentes'. El PP ha habilitado también un teléfono atendido por su portavoz en el Ayuntamiento de Vitoria, Iñaki García Calvo, así como por el resto de sus concejales, para que la ciudadanía traslade “cualquier problema de seguridad” que ocurra en la ciudad. Así lo han presentado este miércoles tanto el presidente del PP, Iñaki Oyarzabal, como el propio García Calvo.

En este sentido, Oyarzabal ha manifestado su “tolerancia cero a 'okupas' y delincuentes” y reivindicado “una Vitoria segura”, además de apuntar que “el incremento de los delitos y las 'okupaciones' es exponencial, genera miedo y altera la convivencia”. Hace unos meses, él mismo asoció el centro de refugiados con la criminalidad. El presidente del PP alavés ha acusado a PSE-EE y PNV de “llevar años sin tomar medidas” y ha reclamado “el aumento del número de efectivos y mayor presencia de la Policía en la calle, freno a la 'okupación' ilegal, refuerzo de unidades especializadas, endurecer las leyes para frenar la multirreincidencia y más cacheos y detenciones por portar armas blancas”.

Por su parte, García Calvo, ha explicado que “recorrerá los barrios de Vitoria las próximas cuatro semanas”. “[Es] para decirles a los vitorianos que su seguridad es nuestra prioridad, cuáles son nuestras propuestas en materia de seguridad y que, si la alcaldesa no actúa, lo haremos nosotros cuando lleguemos al Gobierno”, ha expuesto. Y ha agregado: “Fuera okupas y delincuentes de Vitoria. El que roba fuera, el que okupa, también. Nuestra ciudad no puede ser destino de delincuentes, la gente está harta de la situación de inseguridad que vive nuestra ciudad y pide medidas contundentes”.

García Calvo ha asegurado que “Vitoria se ha convertido en la capital de provincia española donde más han crecido los delitos presenciales”, según los últimos datos del Ministerio del Interior de los seis primeros meses de este año. En este sentido, ha subrayado que la ciudad “sufre ya más de 53 delitos al día, el dato más alto de toda la historia, y supone una subida del 8,9% respecto al mismo periodo de 2024”, según datos de Ertzaintza y Policía Local.

Según ha denunciado, la capital vasca está registrando “cifras récord de delincuencia, con robos con violencia e intimidación y asaltos a personas mayores, delitos contra la libertad sexual, robos con fuerza a viviendas, empresas y comercios y 'okupaciones' de lonjas”, entre otras. El portavoz del PP en Vitoria ha insistido en que “las personas mayores tienen que poder ir seguras por la calle, las familias tienen que poder estar tranquilas mientras sus hijos salen por la noche y los jóvenes tienen que poder salir sin miedo a que les roben o les agredan”.

“La alcaldesa sigue negando la realidad, afirmando que Vitoria es una ciudad segura, cuando la inseguridad es uno de los principales problemas de la ciudad en este momento y, lo primero que hay que hacer, es reconocer que existe un problema para enfrentarse a él”, ha recriminado. Por último, García Calvo ha criticado que “siguen sin actuar de forma contundente y tienen a EH Bildu como socio preferente, quien ampara a 'okupas' y quiere una Policía sin medios para defenderse y perseguir delincuentes”.

La propuesta de reducir de 350 a 200 las plazas del futuro centro de refugiados del Estado en Vitoria, lanzada este viernes por la alcaldesa socialista, Maider Etxebarria, no ha logrado frenar la oposición de ni uno solo de quienes antes se oponían al proyecto, ubicado en la antigua Clínica Arana. El PNV, que repite una y otra vez que desea un “modelo vasco” de acogida de migrantes, sigue calificando de “macrocentro” el plan a pesar de la sustancial rebaja de capacidad. El PP, que ha realizado una recogida de firmas y vinculado a los potenciales usuarios con la delincuencia, ha abogado por paralizar “por completo” el centro porque no sirven “medias tintas”. “No queremos ninguno”, ha resumido también la ultraderecha de Vox.

La reforma de las antiguas instalaciones de Arana fue anunciada a comienzos de 2023, antes de las elecciones municipales. El entonces alcalde del PNV, Gorka Urtaran, la consejera vasca del ramo, Nerea Melgosa, también del PNV, y el diputado general alavés, Ramiro González, del PNV igualmente, coincidieron en denunciar el plan del Estado y en lamentar que no hubiera comunicación con las instituciones locales. De esa época son las apelaciones al “modelo vasco” de acogida que, en sus palabras, implica recintos de pequeño tamaño para ofrecer un trato personalizado. Han llevado estas quejas a Congreso y Senado. De su lado, el PP ha vinculado directamente la llegada de refugiados con la aparente comisión de delitos en las inmediaciones del centro y está recogiendo firmas contra él. Vox también incluye su oposición a la instalación dentro de su panoplia de críticas continuadas a los extranjeros.

Por su parte, colectivos sociales y vecinales también habían mostrado su rechazo al proyecto con diferentes argumentos, algunos más vinculados a la necesidad de dispensar un trato más individual a los migrantes y otros también relacionados con seguridad y convivencia. En los últimos años ha habido movilizaciones, asambleas y otras protestas, pero la empresa Seranco acomete ya las obras para que el centro esté listo en 2026.

Ahora, una alcaldesa socialista ha arrancado a la ministra Elma Saiz el compromiso de reducir las plazas, de abrir los servicios del recinto al barrio y de mejorar la interlocución con las instituciones locales, según expuso la propia Etxebarria. Sin embargo, a las horas, el PNV, con el que cogobierna en Vitoria, dijo no conocer estos cambios (Beatriz Artolazabal) o que 200 plazas seguirán saturando otros servicios del barrio (Jone Berriozabal). El líder del PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado por dos veces que el PNV “se está contagiando de discursos de la derecha y la ultraderecha” en lo tocante a migración. La delegada del Gobierno de España en Euskadi, Marisol Garmendia, ya tuvo un enfrentamiento con los nacionalistas en primavera a cuenta de Arana.

Desde las filas del PP, el portavoz local Iñaki García Calvo ha pedido a la alcaldesa que elija “o Vitoria o Pedro Sánchez”. No puede haber “medias tintas” y el plan “tiene que paralizarse por completo”. Sostienen que “Vitoria no puede asumir esta infraestructura”. Dicen que la capital vasca ya tiene “lista de espera” en atención de infancia, mayores o vivienda y que acoger a refugiados metería “presión” a los servicios sociales. Estas palabras de García Calvo son menos duras que las del presidente del PP alavés, Iñaki Oyarzabal, que cuando anunció la recogida de firmas asoció directamente refugiados y delincuencia.

La alcaldesa socialista de Vitoria, Maider Etxebarria, ha solicitado al Gobierno de España la reducción de 350 a 200 de las plazas del futuro centro de refugiados que el Estado construye en la antigua Clínica Arana, propiedad de la Seguridad Social y abandonada desde hace años y antes hospital y residencia, según ha informado este viernes. Iba a ser el más grande de España.

La infraestructura, en una ciudad que ha tenido este mes de agosto a decenas de personas procedentes de Malí pernoctando en la calle, había generado un rechazo amplio y por diferentes motivos. Había colectivos y movimientos vecinales que denunciaban que iba a ser un “macrocentro”, el PNV también sostenía que se alejaba del “modelo vasco” de atención individualizada, EH Bildu se había opuesto y PP y Vox directamente asociaban inmigración con mayor delincuencia.

Las obras del recinto ya están en marcha y estaba prevista la apertura del complejo para 2026, un año antes de las elecciones municipales de 2027 en el que el debate migratorio, desde luego, va a tener un gran protagonismo. “Creo que de esta manera el centro se ajustaría mejor a la capacidad operativa de los recursos y servicios sociales de la ciudad”, ha argumentado la alcaldesa Etxebarria en rueda de prensa tras anunciar en primera persona la nueva capacidad. Otras fuentes, en cambio, adelantan que “siguen siendo demasiadas”.

En la rueda de prensa, Etxebarria ha insistido en que el proyecto es para “gente vulnerable” y que “quiere trasladar esperanza” a colectivos que sufren persecución en sus países de origen. “No hay más que ver lo que está pasando en Gaza”, ha expresado sobre la necesidad de contar con el recurso y tras recordar que Vitoria es “solidaria”. “No es un centro de delincuentes como quiere hacer creer la extrema derecha”, ha recalcado la regidora socialista.

La alcaldesa ha estado en Madrid con la ministra del ramo, Elma Saiz, esta misma semana. Le hizo llegar tres “peticiones” que fueron bien acogidas. Además del menor número de plazas, el PSE-EE local también desea que las dependencias puedan ser compartidas con los vecinos, como la zona deportiva, la biblioteca y otros servicios sociales y “mejorar los cauces de coordinación” con las instituciones locales. “La ministra fue receptiva”, ha manifestado Etxebarria.

Este sábado, en el centro de Vitoria, bajo el Ayuntamiento, han confluido dos manifestaciones. Por un lado, decenas de personas clamaban contra el centro de refugiados que el Estado planea en el barrio de Arana. Por el otro, un grupo gritaba contra el genocidio de Israel en Palestina. Otro sábado, pero el de mediados de junio de 2015, también confluyeron dos movilizaciones en ese mismo punto. En la plaza de España, frente a frente, estaban los simpatizantes y detractores del hasta entonces alcalde de la capital vasca, Javier Maroto, del PP, que había ganado con claridad las elecciones con un discurso que asociaba el fraude y la delincuencia a la migración pero que, por el mismo motivo, propició que todas las demás fuerzas políticas de la ciudad se unieran contra él y que brotara una plataforma cívica llamada Gora Gasteiz. Se celebró la investidura, no sin movimientos políticos de última hora, y acabó con la 'makila' de alcalde Gorka Urtaran, del PNV, el tercero en las urnas y que tuvo que arrancar con un Gobierno apoyado en solamente cinco de 27 escaños. De aquello han pasado ya diez años.

Para entender la Vitoria de junio de 2015 hay que entender la de un año atrás. En 2014, en una entrevista en la Cadena Ser, el alcalde Maroto, tres años después de llegar al cargo con un discurso aperturista e incluso pactando con Bildu y que no había tenido problemas en fotografiarse con la estrella de la NBA fichada por el Baskonia Lamar Odom, inició una campaña con ideas como que el fraude en las prestaciones sociales era “escandaloso” y culpó de ello abiertamente a “argelinos y marroquíes”, que no mostraban “ningún interés en trabajar”. Ya antes, el PP y Maroto habían usado su influencia sobre el Gobierno vasco de Patxi López y la consejera socialista Gemma Zabaleta para lograr un recorte en la renta de garantía de ingresos, el salario social de quienes no tienen recursos en Euskadi o el complemento de las nóminas y pensiones bajas.

El argumentario lo asumieron pronto otros dirigentes del PP, como el diputado general de Álava, Javier de Andrés, ahora líder del PP vasco, y se organizó una recogida de firmas bajo los eslóganes “ayudas más justas” o “ayudas sí, abusos no” para darle otra vuelta de tuerca a la protección social. En aquellos años, se instrumentalizó a otros grupos de extranjeros, como el colectivo de dominicanos, liderado por un militante del PP, para apoyar al alcalde y sus medidas. Otro afiliado, Patxi Gómez, tuvo que dejar la portavocía de la plataforma contra el fraude de los extranjeros en las prestaciones sociales al destaparse que él mismo había cometido fraude a la Seguridad Social.

Llegaron las elecciones municipales de mayo de 2015. En España gobernaba el PP, Mariano Rajoy. En Euskadi el PNV, Iñigo Urkullu. Había nacido Podemos, pero iba con una marca blanca a las urnas locales, Sumando. De hecho, había otra oferta de la nueva izquierda, Irabazi, la suma de IU y Equo. El PSE-EE vitoriano estaba destrozado, con un candidato de última hora, Peio López de Munain, tras la salida abrupta de la elegida en primarias, Maite Berrocal, de uno de los dos sectores críticos de la formación y que ya había lanzado su campaña llenando de su imagen todas las marquesinas. El PNV acababa de recibir, en marzo, las conclusiones de la investigación de su mayor trama de corrupción, el 'caso De Miguel'. Bildu había pasado ya a ser EH Bildu y había encontrado una candidata con tirón, la independiente Miren Larrion.

El PP de Maroto obtuvo en Vitoria un excelente resultado. Mantuvo sus nueve concejales de 27 y ganó 3.000 apoyos. Para interpretar correctamente el dato hay que recordar que ninguno de los candidatos conservadores en las 50 capitales de provincia de España mejoró los números de 2011. Solamente en otra ciudad grande ocurrió algo similar, en Badalona. Xavier García Albiol ofreció una campaña similar a la de Maroto.

En segunda posición irrumpió la EH Bildu de Larrion, con seis ediles. El PNV de Urtaran fue tercero, con solamente cinco representantes. El candidato quiso dimitir por el mal dato. El PSE-EE salvó únicamente cuatro asientos en el pleno. La izquierda dividida sacó tres concejales, dos para Sumando (Podemos) y uno para Irabazi (IU y Equo).

Casi desde el momento mismo del escrutinio, Larrion abogó por una pinza 'antiMaroto' capitaneada por la izquierda abertzale. Sin embargo, los socialistas nunca aceptaron ese planteamiento. Aquellos comicios alumbraron precisamente un matrimonio que se mantiene hasta hoy, el bipartito del PNV y PSE-EE. Empezaron ya a funcionar como bloque y el ya fallecido presidente nacionalista en Álava, Xabier Agirre, esgrimió a Larrion que la primera fuerza eran los nueve ediles que tenían ambas formaciones.

“La candidata nos trasladó que quería ser alcaldesa, pero nosotros teníamos el pacto con los socialistas. Poníamos nueve concejales encima de la mesa, los mismos que el PP, y ellos seis. La segunda fuerza eran ellos, sí, pero dijeron que estaban dispuestos a que gobernara la tercera con tal de que no lo hiciera Maroto”, recuerda un colaborador de Agirre, que reconoce que Urtaran les había pedido dejarlo. Se llegó a un acuerdo. El Araba Buru Batzar celebró una reunión extraordinaria para darle el visto bueno. Participó en ella Andoni Ortuzar, presidente nacional del partido.

Maroto también había hecho su ronda de reuniones. El PP recibió incluso a Larrion en el Ayuntamiento, a la izquierda abertzale. Normalidad institucional. Estuvo con el PNV igualmente. Esa cita no estuvo exenta de tensión. “Agirre les dijo: lo mismo que te ha dado el triunfo va a ser lo que no te permita gobernar”, explica un testigo. “Lo único que unió a PNV, Bildu, PSOE y Podemos fue echar al alcalde, que había ganado con contundencia y muchísimo apoyo”, replica Iñaki García Calvo, actual portavoz local del PP y colaborador de Maroto en aquellos años.

Llegó la investidura y mientras el PP y sus seguidores en la calle clamaban por el respeto a la lista más votada, todo estaba previsto para que el tercero en las urnas, un Urtaran que ya llegó a la política municipal cuatro años antes por otra carambola, fuese uno más de los 'alcaldes del cambio' de aquella primavera en la que Manuela Carmena tomó el mando en Madrid o Ada Colau en Barcelona.

En España, todos los ayuntamientos se constituyen el mismo día. Siempre es un sábado de mediados de junio. Sin embargo, en Vitoria se dejó el pleno para última hora de la mañana. Mucho antes estaba convocada la sesión en Andoain, en Gipuzkoa. Y aquello estuvo a punto de cambiarlo todo. Allí, el PNV tenía comprometido apoyar a los socialistas para desalojar a EH Bildu. Pero a última hora un edil nacionalista se negó y se truncó la operación. Como acto reflejo, el partido dio la orden a sus ediles en Vitoria de no votar a favor de Urtaran. Llegaron a publicarse titulares en prensa digital dando por hecho que Maroto, 'in extremis', iba a salvar la alcaldía.

Pero había otra opción. Incluso sin el PSE-EE era posible una mayoría alternativa. Implicaba que las nuevas izquierdas votaran a un alcalde de la derecha vasca. Primero fue Podemos quien dio el visto bueno. Así que solamente quedaba el edil Óscar Fernández, procedente de Equo y sin experiencia alguna en política. Era periodista deportivo en medios locales y trabajaba para una ONG. De repente, todas las miradas se posaron sobre él.

“No teníamos ni despacho aún. Como se retrasó la investidura, estábamos con compañeros de IU y de Equo tomando algo en un bar de la plaza. Se formó un poco de barullo, la verdad. Tuvimos que atravesar la plaza. Los seguidores de Maroto me increpaban y me insultaban. Del otro lado, me preguntaban qué iba a hacer. Fui de despacho en despacho. Primero estuve en el PSE-EE. Me encontré a Peio [López de Munain] llorando, devastado. Los socialistas me echaron la responsabilidad sobre mis hombros. Y yo no tenía experiencia alguna”, relata Fernández, que sigue siendo concejal en 2025. De hecho, salvo García Calvo del PP y otro compañero, nadie más de aquel momento continúa en el Ayuntamiento sin que haya pasado tanto tiempo.

“No era tanto apoyar a Urtaran como que Maroto no continuara”, abunda Fernández. Cristina Macazaga, dirigente de aquel primer Podemos en Vitoria, explica que ellos tampoco se habían presentado “para hacer alcalde a Urtaran”. “Pero la coyuntura ofrecía la oportunidad de evitar que el racismo y la xenofobia administrara la ciudad. No hubo duda en apoyar otra alternativa para que Maroto y su discurso del odio no fuera alcalde”, explica ya alejada de la política.

“Viví aquel sábado. Aunque a mí me gusta mirar al futuro y no tanto al pasado, no podemos dejar de pasarlo por alto. Era una ciudad que estaba funcionando. Aquí había un alcalde. El único que había mejorado resultados en toda España. Fui testigo de muchísima gente que quiso apoyar a su alcalde, al que puso a Vitoria en el mapa. Hay mucha diferencia con la decadencia que tenemos diez años después”, explica García Calvo sobre su versión de lo ocurrido aquel sábado de 2015.

Se celebró el pleno. El PSE-EE, en efecto, no apoyó al PNV. López de Munain -con el que este periódico no ha podido contactar- lloraba y lloraba. En la calle, la tensión creció. A la izquierda, mirando al Ayuntamiento, los seguidores del PP estaban indignados. A la derecha, Larrion saludaba desde un balcón a los suyos aunque ella no fuera la alcaldesa. Urtaran y su equipo casi pasaban inadvertidos en aquel ambiente. En X (entonces llamada Twitter), De Andrés tiró de ironía sobre lo ocurrido ya que en Oyón, en la Rioja Alavesa, un candidato del PNV, Eduardo Terroba, también relevó a un regidor del PP. Hizo un juego de palabras con los apellidos de Terroba y de Urtaran y un 'robo' político. “Sabemos que este alcalde es legal pero no es legítimo”, añadió Alfonso Alonso, entonces ministro.

El PNV montó un Gobierno en solitario. Eran el alcalde y cuatro concejales nada más. Un par de asesores, Álvaro Iturritxa y Blanca Guinea, apoyaban al Ejecutivo de la capital vasca en el día a día desde la sombra. Una de las ediles multitarea fue Nerea Melgosa, actual consejera en el Gobierno vasco. De hecho, se le asignó liderar una nueva cartera de “Convivencia”. Melgosa recuerda llegar a la investidura después de oficiar una boda esa misma mañana y, además, en inglés. Dice que sigue en contacto con aquella pareja así que recuerda aquel sábado como “doblemente fructífero”.

“Más que tensión, hubo emoción. Hay que dar las gracias a Gorka, por haber dado ese paso”, explica. Asegura ninguno de los integrantes de ese equipo piso su casa en el primer año. Melgosa, por ejemplo, llevaba Convivencia pero también Políticas Sociales o Promoción Económica, “incluidos los polígonos industriales”. “Era mucho, mucho”, afirma. Melgosa, en julio de 2015, acabó descalza en una mezquita mostrando respeto a la comunidad magrebí tras lo ocurrido.

A finales de 2015, el PNV eligió nuevo presidente en Álava, José Antonio Suso. Su primera misión fue llamar al PSE-EE para retomar el acuerdo. En pocos meses, a mediados de 2016, se cerró una coalición y la ciudad pasó a tener un Gobierno de nueve miembros. Urtaran, el tercero en discordia, acabó ganando las elecciones de 2019. Pero, en 2023, el PNV prescindió de él. Ahora es diputado foral en Álava. Llegó a encabezar una candidatura crítica para liderar su partido, aunque fue derrotado.

Larrion, de su lado, tuvo que dimitir de forma repentina al ser arrestada por la Ertzaintza. Acabó condenada por el robo de una cartera a una asesora y por la suplantación de su identidad. Su pena quedó atenuada por su salud mental y la saldó con trabajos en beneficio de la comunidad, sin llegar a entrar en prisión. En 2023, Rocío Vitero fue la nueva candidata y ganó las elecciones. Pero, como Maroto, no pudo gobernar porque hubo un acuerdo en su contra. En este caso fue el PP el que apoyó al bipartito de PSE-EE y PNV para evitarlo, a modo de venganza diferida ocho años después.

Vitero no estaba en el Ayuntamiento en 2015 pero, según explica, fue Gora Gasteiz lo que le hizo dar el salto a la vida política institucional. “Participé en los movimientos sociales frente a la situación de racismo, xenofobia y crispación”, cuenta al otro lado del teléfono. Y añade: “Para mí, fue un detonante cuando EH Bildu cedió su puesto, sin interés político, porque el Ayuntamiento no podía tener un líder que rompiera la convivencia y con un discurso racista. Se demostró capacidad de escuchar y de materializar lo que pedía la gente de Gasteiz. Se trabajó con total discreción”.

A juicio de Vitero, desde entonces EH Bildu sigue “creciendo”. “Tenemos otra manera de hacer política”, afirma. Preguntada por la investidura fallida de 2023, acusa a PNV y PSE-EE de “ir de la mano del PP”. Sin embargo, pone en valor que, después de aquello, quien ofrece “estabilidad” a la ciudad es su grupo, con acuerdos presupuestarios y de otro tipo.

¿Y Maroto? Muchas voces califican como “exilio” sus siguientes años. A pesar de repetir que llevaba “Vitoria en el corazón”, en 2016 decidió dejar el Ayuntamiento y convertirse en diputado en el Congreso en sustitución del otro alcalde que ha tenido el PP, Alfonso Alonso. En las generales de 2019 intentó revalidar el escaño, pero se lo ganó EH Bildu, que lo celebró como un segundo desalojo. Finalmente, el partido lo recolocó como senador electo por Castilla y León, para lo que tuvo que empadronarse en el minúsculo pueblo segoviano de Sotosalbos.

En estos años, ha sido dirigente de Génova con Pablo Casado y ahora es vicepresidente del Senado. Ya no hace vida política en Vitoria y nunca se le ha visto apoyar a los compañeros que dejó aquí, a diferencia de Alonso. “Yo no cambiaría la política local por nada del mundo. Es la más exigente, pero es la más gratificante”, señala preguntado por este 'exilio' García Calvo, que previsiblemente será el candidato del PP en 2027.

Este sábado, una de las protestas en Vitoria era contra el centro de refugiados de Arana. Es cierto que la oposición a este proyecto es mucho más amplia que la del PP y que encierra matices diferentes, pero los 'populares' acaban de iniciar otra recogida de firmas. El presidente 'popular' alavés, Iñaki Oyarzábal, ha asociado ese recurso con un supuesto incremento de la delincuencia. Hace unas semanas, en el Senado, el PNV preguntó por esta infraestructura al Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente de la Cámara, Pedro Rollán, se ausentó y terminó moderando el debate sobre Vitoria y la migración el senador segoviano Javier Maroto.

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco y 'número tres' del Euzkadi Buru Batzar de Aitor Esteban, Joseba Díez Antxustegi, ha admitido implícitamente el error de usar la palabra “selectivo” para definir las llegadas de migrantes a Álava, Bizkaia y Gipuzkoa pero ha insistido en que no hay que “pecar de bisoñez” y que los flujos han de ser “ordenados” y “seguros”. Ha asegurado que los partidos “moderados, centrados, tradicionales y clásicos” tienen que abordar ese reto porque, si no, solamente toman esa bandera los “radicales y populistas” como Vox. Y el PNV encara esta cuestión desde posiciones “diferentes a las de los partidos autodenominados de izquierdas”.

En este contexto, ha recalcado que el PNV “está en contra” del centro para 350 refugiados que el Estado habilita ya en la antigua Clínica Arana de Vitoria. “No lo quieren en ninguna parte del Estado y el PSOE lo quiere imponer en Vitoria. No lo queremos. Va en contra del modelo vasco de acogida. Es una vergüenza lo que se está haciendo. No conozco a nadie, salvo a la alcaldesa [Maider Etxebarria] que esté a favor de este macrocentro”, ha apuntado. A su juicio, este centro contrapone el “modelo vasco” de acogida, pretendidamente más individualizada.

Díez Antxustegi ha ofrecido este lunes una entrevista en Radio Euskadi después de que su partido y el PSE-EE, que son socios de coalición en el Gobierno vasco y en las principales instituciones forales y municipales, dieran por zanjadas las discrepancias que afloraron la pasada semana sobre la cuestión migratoria. Los socialistas llegaron a encuadrar al PNV próximo a la “caverna”, a PP y Vox, por algunas de sus reflexiones. El propio Díez Antxustegi recibió la etiqueta de “racista”, lo que ha molestado sobremanera en la formación de Esteban.

De saque, el dirigente 'jeltzale' ha admitido que ya no volvería a usar uno de los términos que se le criticaron en medio de fuego cruzado, su apelación a unas llegadas “selectivas”. Sin embargo, ha considerado que “políticos y periodistas” se enredan “en la palabrería” porque lo importante es el “fondo” de su mensaje. “Es una realidad que tenemos en el país”, ha insistido antes de repetir que “a Euskadi se viene a trabajar”. Para “acoger bien” hay que “aportar” y, por ello, es necesario un modelo “ordenado, regular y seguro”. Díez Antxustegi ha asegurado que eso no implicar mezclar la presencia de extranjeros con la criminalidad, como le reprochó EH Bildu, y que son términos consensuados y “pacíficos” en el ámbito internacional.

Añade Díez Antxustegi que “la gente de la calle” ha entendido perfectamente la postura del PNV. Él mismo tuvo decenas de mensajes en su móvil, tanto en Instagram como en WhatsApp, dándole apoyo sobre sus opiniones frente a las críticas recibidas, según ha contado.

Sobre el PSE-EE, tras la firma de la tregua, ha afirmado que no deseaba “generar nuevos charcos”, pero sí ha críticado en genérico a quienes los crean. “Eneko Andueza [líder del PSE-EE] vive cómodo en estos debates. Me da envidia que disfrute. Tenemos formas diferentes de hacer política”, ha asegurado. Ha agregado que él prefiere que la ciudadanía le escriba en Instagram o WhatsApp para comentar temas de fondo que “periodistas” para seguir alentando declaraciones críticas.

Ahora bien, ha recalcado que la coalición de PNV y PSE-EE “funciona”. “Tenemos acuerdos. El país funciona. El Gobierno funciona”, ha asegurado antes de enumerar una decena de medidas recientes, desde los 1.000 millones de modificación presupuestaria para la industria hasta el nuevo convenio del profesorado de la enseñanza pública. Ha limitado las discrepancias a materias competencia del Estado, como lo relativo a la Clínica Arana.

El PP ha anunciado este miércoles la puesta en marcha de una campaña de recogida de firmas en Vitoria para que “los ciudadanos puedan expresar su rechazo” al futuro centro de acogida de 350 refugiados que el Gobierno de España abrirá en 2026 en la antigua Clínica Arana, ya en obras. Este partido ya realizó una campaña similar hace una década para endurecer el acceso a las ayudas sociales con el entonces alcalde, Javier Maroto, a la cabeza. Ello polarizó la ciudad y, aunque el PP subió en votos en las municipales de 2015, hizo que el resto de fuerzas se unieran para desalojarle del poder. De entrada, esta nueva iniciativa vuelve a asociar a los refugiados con la delincuencia.

La campaña ha sido anunciada este miércoles en rueda de prensa por el presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal. Lo ha hecho horas antes de mantener una reunión con el nuevo líder del PSE-EE de Álava, el también consejero Javier Hurtado, en el marco de los contactos que ha iniciado tras acceder al cargo. El PP también ha aprovechado ese encuentro para mandar otro comunicado contra el “macrocentro” y ha añadido como argumento que los servicios sociales de la ciudad tienen otras necesidades, como la atención de los mayores. Los socialistas han aludido a un encuentro “cordial” pero constatan las “manifiestas diferencias ideológicas” entre ambos partidos.

Según Oyarzabal, con las firmas se busca “visualizar” [visibilizar] el pretendido “rechazo” social al proyecto. “No queremos que traigan a Vitoria y que nos impongan un macrocentro de inmigrantes”, ha indicado. El PP señala directamente a los socialistas, por liderar el Gobierno de España, pero también al PNV, que apoya a ese Ejecutivo aunque se oponga igualmente al proyecto al defender un modelo de acogida de centros “más pequeños”.

Oyarzabal, dentro de su argumentario, ha asegurado que el nuevo centro “generará problemas de convivencia”. “No queremos delincuentes en nuestra ciudad. Acoger al que llega a trabajar, sí, pero al que delinque lo queremos fuera de nuestra ciudad”, ha apostillado. Este martes, el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, pidió también exigir aprendizaje de euskera o castellano para cobrar ayudas sociales y cuestionó la llegada de foráneos porque la actual tasa de paro de extranjeros en Euskadi es elevada.

Los vecinos de los barrios de Vitoria más próximos al futuro centro para refugiados que el Estado ha proyectado en una edificio de su propiedad que en el pasado fue la histórica Clínica Arana y luego residencia de ancianos han celebrado este martes por la tarde la primera de las cuatro asambleas previstas para mostrar su rechazo ante el inicio de las obras. Su alternativa es que vuelva a ser un geriátrico, algo que las instituciones locales nunca habían contemplado desde que se abrieron los centros residenciales forales de Abetxuko y Lakua.

Esta primera reunión de la nueva oleada ha tenido lugar en la ikastola pública de Aranzabela, separada solamente por un par de pasos de peatones de la antigua Clínica Arana. En ella ya se ha retirado el rótulo antiguo y la empresa contratada por el Gobierno central, Seranco, ha iniciado ya los trabajos de “rehabilitación” para el nuevo “CAPI” o centro de acogida de protección internacional. El propio cartel instalado en la puerta apunta a 15,6 millones de presupuesto y catorce meses de trabajo. Podrá estar listo en 2026, tres años después de que se conociera la iniciativa tras más de una década con las instalaciones abandonadas. En los próximos días habrá reuniones en Arana, en Aranbizkarra y en Judizmendi. Las movilizaciones incluyen también una concentración frente al Ayuntamiento el 25 de marzo con la que buscan eco en la prensa.

Los trabajos están en marcha pero hay quienes quieren pararlos. Guillermo Perea, de Babestu Araba/Zazpigarren Alaba y exconcejal por HB hace tres décadas, ha llevado la voz cantante en la reunión en Aranzabela. Y ha señalado abiertamente a los socialistas, impulsores del proyecto desde el Gobierno central y que ocupan en la actualidad la alcaldía en Vitoria. “Quiero decir alto y claro que el PSOE quiere crear un enfrentamiento, alimentar a las fuerzas de extrema derecha. Tenemos un respeto absoluto a la inmigración, pero lo que no pueden hacer es crear un gueto. El CAPI va a generar enfrentamientos. El rédito que va a sacar es que va a perder la alcaldía”, ha aventurado Perea, que ha adelantado que pedirá la “dimisión” de Maider Etxebarria en la concentración ya anunciada.

A su juicio, los socialistas no tienen “valor” para presentar mociones en las instituciones locales para defender el proyecto porque saben que las “perderían”. Incluso el PNV, su socio, se opone al plan, ha subrayado, aunque no sin duras críticas tanto a la consejera Nerea Melgosa como al diputado Gorka Urtaran. “Hay un desprecio por parte del Gobierno central a las instituciones vascas”, ha seguido. Perea ha asegurado que existe un “modelo vasco” alternativo de acogida a migrantes con centros “pequeñitos” y no un “macrocentro”. Es una tesis que ha defendido el PNV y también algunas ONG.

Después, Perea ha elevado la carga de las críticas. “¿Qué pretenden? ¿Liquidar Aranzabela?”, se ha preguntado sobre el barrio más pegado al complejo, que tiene casi tantas viviendas (380) como plazas (350) el nuevo recurso para personas que huyen de guerras u otro tipo de persecuciones. Perea ha redondeado su intervención cargando contra los medios de comunicación, a los que ha acusado de “desinformación” si bien, al tiempo, en la reunión han brotado todo tipo de datos incorrectos sin que hayan sido corregidos.

Entre los asistentes, todos los argumentos han coincidido en criticar el centro. Una primera intervención, de una mujer, ha recordado que “la noticia del día” era el acuerdo para la distribución de menores solos llegados a Canarias en la península. Se ha mostrado crítica con que el lehendakari, Imanol Pradales, haya accedido a acoger a una noventena de adolescentes. “¿Cómo nos va a afectar?”, ha planteado. Hace un par de años, en una asamblea similar, el entonces delegado del Gobierno de España, Denis Itxaso, se avino a responder a las preguntas de los vecinos. Este asunto ya salió y se aclaró que nada tienen que ver los centros de refugiados -por ejemplo, ucranianos que huyen de los ataques de Rusia- con la problemática de jóvenes que llegan solos a la Unión Europea.

Otro hombre ha asegurado que “vive al lado” de un recinto que no va a ser una residencia de ancianos pública y que eso podría obligarle a pagar entre 6.000 y 8.000 euros si su padre y su madre necesitaran cuidados en un centro privado más alejado. “¿Qué solución se les da? ¿Cuántos mayores se van a morir si no le dan la plaza?”, ha preguntado. Una mujer, enojada, le ha respondido que “ponerles una inyección” y matarlos.

En el debate ha surgido la duda de si las obras tienen o no licencia. Se ha acusado al edil de Urbanismo, Borja Rodríguez, socialista, de ser un “gracioso” y de no decir la vedad sobre este asunto. Se ha propuesto “denunciar” las actuaciones aparentemente ilegales de Seranco, que ya han arrancado, para que la Policía detenga las obras.

Otro vecino ha asegurado que un centro con 350 plazas implicará mucho personal y “muchos coches” en la zona como un argumento adicional para oponerse. “¿Dónde metemos 300 y pico coches más?”, ha preguntado. Otro ha comentado que en el barrio hay personas con “proyectos” y con “hijos”. “No puede ser que un señor a 300 kilómetros decida. Es un disparate”, ha dicho sobre el Gobierno central.

La asamblea ha reparado en que los dos últimos delegados del Gobierno fueron ediles en Donostia. Lo fue Itxaso y también su sucesora, Marisol Garmendia. “No lo han planteado allí”, se ha protestado. “Si esta residencia estuviera en Neguri, seguro que no se hacía”, han dicho también sobre Bizkaia. Perea ha dado el dato de que va a ser el mayor centro de refugiados de España por número de beneficiarios. “Y no somos la población más grande”, ha agregado. Es el equivalente a dos hoteles como el Canciller Ayala. La residencia de estudiantes de la UPV/EHU tiene 220 plazas, por ejemplo.

En la asamblea ha habido una votación. ¿Residencia o centro de refugiados? Por “unanimidad” de los “130” asistentes se ha elegido el recurso para personas mayores como la mejor de las opciones. Una mujer ha mostrado su intuición de que en las próximas reuniones en otros barrios el resultado será idéntico. Nada se ha dicho de una posible alternativa para los demandantes de asilo que quedarían sin espacio en el barrio en caso de que se parara el proyecto.

Desde hace dos semanas, aproximadamente, han comenzado unas obras en la zona de la Clínica Arana de Vitoria. Este antiguo hospital primero y residencia de ancianos después lleva una década sin uso y es propiedad del Estado. En enero trascendió que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de José Luis Escrivá tenía en cartera reformar esas instalaciones para abrir un centro para refugiados. Sin embargo, fuentes de la Delegación del Gobierno de España indican que no tienen noticia alguna de que se trate de las obras de ese proyecto, que siguen su tramitación administrativa. Fuentes del Ayuntamiento de Vitoria -consultadas antes de la llegada de la nueva alcaldesa, Maider Etxebarria- también desconocían las actuaciones en Arana.

Los trabajos empezaron a principios de junio con un pequeño vallado en la zona izquierda de la entrada principal, justamente donde se habían hecho unas marcas en el suelo. También se apreciaban acopios de materiales en la salida hacia el eje entre las avenidas de Valladolid y Bruselas, ya decoradas para el paso del Tour de Francia el 2 de julio. Sin embargo, en las últimas horas han empezado ya a trabajar al menos un camión y una máquina excavadora. El edificio como tal continúa cerrado a cal y canto y no da la sensación de que haya ningún tipo de actividad en el interior.

Fue en enero cuando se conocieron los planes para sacar la antigua Clínica Arana de su letargo. En concreto, su titular, el Gobierno central, la eligió como ubicación para uno de los centros de refugiados planificados en la España peninsular. Presupuestó una obra de 14,7 millones de euros. El asunto levantó una gran polvareda por el Gobierno vasco y el entonces alcalde, Gorka Urtaran, ambos del PNV, denunciaron no tener información y criticaron el modelo de “macrocentro”. En el barrio se generó también un cierto rechazo vecinal e incluso el delegado del Gobierno, Denis Itxaso, participó en una asamblea para responder a preguntas.

Una reunión entre altos cargos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y del Gobierno vasco ha servido este lunes para escenificar un acercamiento de posturas en torno al proyecto del Gobierno central en Vitoria, un centro para refugiados de 350 plazas que había sido fuertemente criticado por la parte del PNV de las instituciones autonómicas, forales y municipales. Según un comunicado oficial de la delegación vasca, en la cita “se ha hecho mención” al plan para la antigua Clínica Arana y ambas partes “han estado de acuerdo” en que este asunto ha de abordarse desde parámetros de “cogobernanza”. A nivel político, PNV y PSE-EE también habían limado asperezas después de que los socialistas llegaran a acusar de “xenofobia” a sus socios.

La cita parte de un encuentro previo entre el ministro, José Luis Escrivá, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, y de otra videoconferencia entre el propio Escrivá y dos consejeras. Allí se acordó la creación de grupos de trabajo. El reunido ahora es sobre “ámbitos de mejora en el marco de actuación y gobernanza de las políticas migratorias y de asilo” y no estrictamente sobre el traspaso de competencias. Representan al Gobierno central la secretaria de Estado de Migraciones, Isabel Castro, y otros altos cargos como Amapola Blasco, directora general de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal, Reyes Zataraín del Valle, subdirectora general de Coordinación Jurídica, y Alberto Sereno, subsecretario de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por parte vasca, encabezaba la delegación la viceconsejera Lide Amilibia, aunque también estaban el director de Migración y Asilo, Xabier Legarreta, la directora de Autogobierno, Begoña Pérez de Eulate, y el asesor del lehendakari y responsable de Agenda 2030, Jonan Fernández.

“El encuentro tenía como objetivo delimitar el contenido jurídico-técnico de este grupo de trabajo, así como su modo de funcionamiento. [...] La representación del Gobierno Vasco ha subrayado que su objetivo en este ámbito es mejorar cualitativa y cuantitativamente los procesos de acogida e integración, porque hay un amplio margen para ello, especialmente en relación con las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional. Con este fin, y tal y como se consideró en diciembre de 2019, el Gobierno casco ha manifestado que es necesario redefinir el marco de actuación posibilitando que los gobiernos autonómicos con voluntad de implicación en esta materia puedan asumir, en su ámbito territorial, funciones de diseño, gestión y coordinación del servicio que se presta a las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, desde el primer momento y en las distintas fases del proceso de acogida. Un buen ejemplo, en este sentido, es el pilotaje que con la colaboración de ACNUR y con la participación de ambos gobiernos se ha desarrollado en Euskadi con el modelo de Patrocinio Comunitario”, ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Además, ha insistido en que “es indispensable impulsar un modelo de colaboración y cogobernanza”. “Esta mejora de la coordinación es ineludible, máxime, si se tiene en cuenta que las competencias en materia de salud, educación o prestaciones sociales, entre otras, se encuentran en las instituciones autonómicas y locales”, ha destacado el Gobierno vasco. Este pasado viernes, precisamente, se criticó duramente la gestión del Estado con los refugiados en un acto en la sede de Presidencia con motivo del aniversario de la guerra en Ucrania. Solamente “al final de la reunión”, según la parte vasca, “se ha hecho mención a la residencia de Arana”. Se apunta a que habrá una nueva reunión a finales de marzo.

PNV y PSE-EE, socios de coalición en Euskadi, en las tres diputaciones y en las tres capitales, han escenificado este jueves en el Parlamento Vasco unidad en torno a la acogida de refugiados y migrantes a pesar de las diferencias que han mostrado en el último mes tras conocerse que el Gobierno central planea para Vitoria un centro de 350 plazas en la antigua Clínica Arana. Orillando las discrepancias, han resuelto las iniciativas de la oposición aprobando con su mayoría un texto genérico que aboga por “robustecer” el sistema de acogida y por la “colaboración” con el Estado, sin muchos más aderezos.

“Tal vez algunos hubieran preferido que hoy los grupos socialista y nacionalistas vascos defendiéramos enmiendas diferentes, sostuviéramos posiciones enfrentadas, nos tiráramos los trastos a la cabeza y escenificáramos el desacuerdo. Pero, siento decepcionarles, la realidad no es ésa”, ha ironizado el 'jeltzale' Joseba Díez Antxustegi. Y ha dicho también:  “Y eso −no polemizar− es lo que estamos haciendo hoy ambos grupos en este debate. Hoy ponemos en valor lo que nos une y es por ello que desde esta tribuna quiero agradecer [al PSE-EE] también la disposición que ha tenido para alcanzar un acuerdo en el que todos nos dejamos cosas en el tintero”. Desde la bancada del PSE-EE, sin embargo, Txarli Prieto ha recalcado que la competencia es del Estado y ha parecido dar por hecho que se continuará con el proyecto en Arana, dotado con unos 15 millones de euros.

Desde la oposición, EH Bildu ha ironizado sobre el supuesto idilio de los socios de Gobierno. “Yo no quiero que vengan ustedes a echarse los trastos. Es que se los echan solos. No hace falta que nadie les anime. Lo han hecho ustedes solitos”, ha afirmado Nerea Kortajarena. En estas semanas, de las filas socialistas se ha llegado a sugerir que la oposición del PNV al plan en Vitoria escondía incluso xenofobia. Tanto EH Bildu como Elkarrekin Podemos-IU han enfatizado que el PNV ha renunciado a compromisos sobre el modelo acogida que ya había adquirido en el pasado para preservar su pacto con los socialistas. “Recoge aspectos que ustedes también han acordado con nosotras durante muchos muchos años”, ha dicho Kortajarena sobre el texto alternativo pactado con por ambas coaliciones de izquierdas y que ha decaído.

“No va a salir [aprobado] refrendar, mejorar y aumentar los acuerdos alcanzados en 2019, en 2020 y en 2022”, ha lamentado en el mismo sentido Íñigo Martínez, parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU. Y ha clamado: “Volvamos a trabajar de forma conjunta en esos consensos y construyamos ese modelo vasco que necesariamente va a tener que estar coordinado con el Estado y con la Unión Europea y con la sociedad civil, porque es la única manera de garantizar los derechos de las personas solicitantes de protección internacional”. Aquí se ha colado el dato que de más de 4.000 solicitudes de asilo en Euskadi apenas ha prosperado el 5%.

La coalición PP+Cs también había registrado otra moción sobre la Clínica Arana. “Sobre el centro hay muchas preguntas y hay pocas respuestas. ¿Por qué en Vitoria? ¿Porque hay un edificio vacío? ¿Por qué 350 personas? ¿Por qué se decide sin tener en cuenta la opinión de las instituciones vascas: los ayuntamientos, de las diputaciones, del Gobierno vasco? ¿Por qué sin tener en cuenta la opinión de personas expertas, de organizaciones de asistencia que llevan trabajando muchos años en la asistencia a los refugiados, a las personas migrantes? ¿Por qué? Ésas son las preguntas que nosotros queremos que tengan respuesta en una mesa de diálogo y en una mesa de trabajo”, ha enfatizado Carmelo Barrio.

Vox, por el contrario, ha insistido con mensajes contrarios a la inmigración. “Tenemos muy clara la diferencia entre refugiados e inmigrantes ilegales, entre inmigración ordenada y caos migratorio, entre personas dispuestas a respetar los valores y cultura del país de acogida −el nuestro− y quienes pretenden imponernos aquí formas de vida que ya son inasumibles en nuestra sociedad”, ha señalado Amaia Martínez Grisaleña, única electa de la formación de ultraderecha. De hecho, en otro punto de la sesión plenaria ha asociado igualmente la presencia de extranjeros con el supuesto repunte de casos de violencia en las calles y en el ocio nocturno. “Todo aquel que venga con intención de integrarse, trabajar y contribuir a la mejora de España, y, por extensión, del País Vasco, siempre será recibido con los brazos abiertos. Todo aquel que quiera iniciar un nuevo proyecto vital con vocación de integración será bienvenido, e, incluso, apoyamos que durante el proceso de integración existan de forma transitoria actitudes solidarias encaminadas a conseguir la plena inclusión social de aquellas personas que vienen de fuera y quieren aportar su esfuerzo y trabajo para alcanzar la plena integración social. Somos conscientes de que la mayoría de la población inmigrante viene a nuestro país con vocación de trabajar y de integrarse, pero las estadísticas también indican que, proporcionalmente, una parte de la población inmigrante delinque en mayor medida que la población nacional”, ha aseverado.

La sesión ha supuesto el estreno en la Cámara de Nerea Melgosa como nueva consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, el área con competencias en materia de Migración y Asilo. En su primera rueda de prensa ya afirmó que apuesta por la continuidad de las políticas marcadas por su predecesora y ahora candidata del PNV en Vitoria, Beatriz Artolazabal. Ella se quejó de falta de información por parte del Gobierno central y reclamó huir de macrocentros para apostar por una acogida más individualizada.

El barrio de Arana, de orígenes obreros como tantos en Vitoria y que llenó sus casas de ladrillo visto con mano de obra procedente del resto de España, debate ahora sobre su patio trasero, sobre el parque de Arana. Allí se yergue abandonada desde hace más de una década la vieja Clínica Arana, residencia de mayores en sus últimos años. El Estado planea gastar 15 millones de euros para rehabilitarlo y abrir un centro de 350 plazas para refugiados. A nivel político y social el proyecto ha suscitado controversia y este lunes por la tarde-noche, el delegado del Gobierno de España en Euskadi, el socialista Denis Itxaso, se ha reunido con un centenar de vecinos en el modesto salón de actos del centro cívico del barrio. “Que quede bien claro que nosotros no nos oponemos a que venga la gente. Nos oponemos a que vengan aquí”, ha sintetizado una mujer ante el asentimiento de otros de los presentes. “No hay que hacerlos en lugares aislados para que no nos molesten”, ha respondido Itxaso, que ha repetido como idea-fuerza que esta iniciativa representa una “oportunidad”.

El alto cargo del Estado ha querido acotar qué es y qué no es el plan para la Clínica Arana. Ha afirmado que es un espacio para refugiados y demandantes de asilo, no para “menores no acompañados” o “migrantes como los que llegan a Canarias”. “La gran mayoría son familias ucranianas”, ha afirmado Itxaso, que ha añadido que será un recurso “con personal suficiente” y “con sistemas de seguridad y vigilancia”. Ha añadido que el plan había sido comunicado con mucha antelación al Ayuntamiento de Vitoria y al Gobierno vasco, aunque estas instituciones lo niegan y lo critican, y que en otros puntos de España hay instalaciones similares que funcionan de manera satisfactoria, “imbricadas” en las zonas en las que se ubican.

Tras una alocución en la que no ha leído un texto preparado, Itxaso ha abierto un turno de preguntas en el que han querido intervenir decenas de personas. El primero ha sido Guillermo Perea, de la entidad Babestu Araba. Ha asegurado que su asociación plantea para la Clínica Arana un “centro de 50 plazas para personas con Alzheimer” que sería más barato porque “con tres millones se podría poner en marcha”. Otros vecinos han querido justificar su rechazo al centro de refugiados porque elimina la opción de “reabrir” el centro residencial para otros fines. “Todos ustedes viven en una burbuja opaca. Esto no es ninguna oportunidad. Precisamente están cerrando la oportunidad a Vitoria y a la provincia de Álava para recuperar un centro que necesita con emergencia para la asistencia sociosanitaria. Esto me parece vergonzoso”, ha solemnizado una vecina muy aplaudida. 

Itxaso ha repetido que el Estado, que es el titular del complejo, nunca ha recibido una petición expresa ni de Osakidetza ni de la Diputación para utilizar nuevamente el complejo para fines sanitarios o sociales. Solamente en 2018 hubo un interés “puntual” para acoger migrantes en tránsito. “Eso no se ha producido”, ha repetido Itxaso, que ha emplazado a los vecinos a dirigirse a otros cargos institucionales para que se sienten con ellos a discutir sobre esa materia. Entre los asistentes que no querían coger el micrófono para hablar en público se escuchaban frases como “si hay otros sitios, ¿por qué tiene que ser aquí?” o “¿no hay otro barrio?”. “¿Por qué primero los ucranianos y no los 5.000 de aquí que se están muriendo?”, preguntaba en voz alta, visiblemente enojado, un hombre mayor. Como ‘alternativas’, una mujer ha planteado destinar las viviendas de la casa-cuartel de la Guardia Civil para refugiados. También se dicho lo mismo con la parte vacía de la base de la Policía Nacional en Betoño, no lejos de Arana. El comentario ha suscitado el apoyo de un sector muy importante de los oyentes. Incluso aplausos.

Un portavoz de la Asociación de Vecinos de Arana, de nombre Peio, ha avisado que “el barrio de Arana se va a ampliar en un 10%” con los usuarios del centro. Y ha añadido que es ya “un barrio un poco desfavorecido” al que llegarán “personas que en principio no van a ser económicamente muy potentes”. Ha lamentado también -y aquí ha arrancado un “lo siento” de Itxaso- que la información a los vecinos no haya llegado antes. Este hombre, a la entrada, ha colocado carteles de otra charla alternativa en el mismo lugar que ha organizado para escuchar a entidades que trabajan con migrantes y el ejemplo de una instalación ya operativa en Madrid, en concreto en Vallecas. La ha convocado para el 23 de febrero. Otra joven ha manifestado su queja por el hecho de que el acto fuese “informativo” y no “participativo”, lo que ha impedido lograr un “consenso vecinal”. Otro se ha atrevido a proponer que los presentes pasaran a la acción y votasen. Finalmente, un vitoriano llamado Íñigo ha apostillado que proyectos como éste se hacen para que “los partidos se lleven su parte” debido a la “corrupción” que aprecia en las instituciones. 

Una asistente ha citado los argumentos del PNV para oponerse a esta nueva vida para la Clínica Arana. “El modelo vasco no hace macrocentros”, ha afirmado. Itxaso ha replicado que no existe tal modelo ya que la competencia de acogida es exclusiva del Estado y todas las plazas las concierta el Gobierno central. Sí ha admitido que cuando se inició la invasión de Ucrania el Ejecutivo de Iñigo Urkullu reforzó el dispositivo estatal de Hilanderas, en la frontera de Irún-Hendaya, con otro recurso. “Eran 150 literas en un pabellón sin licencia de actividad”, ha ironizado. El padre de un estudiante de la ikastola de Aranzabela ha puesto sobre la mesa también que la red pública ya tiene problemas de segregación frente a la concertada y ha pedido que los menores que puedan llegar -sin cuestionar su derecho a la escolarización, ha repetido- no agraven este problema. 

La reunión ha durado casi dos horas y no ha habido ninguna voz que defendiese nítidamente el plan. Entre el público había también representantes de todos los partidos con representación en Vitoria, PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU-Equo, PP y desde luego del PSE-EE, que ha arropado con numerosos cargos a Itxaso. Los socialistas, que llegaron a traer a Pedro Sánchez de campaña a Arana, tienen en este barrio uno de sus feudos históricos. “Se vota dentro de poco, ¿eh?”, ha avisado anónimamente un hombre entre el público.

Desde la premisa de que no interesa a ninguna de las dos partes azuzar un debate sobre migrantes que solamente acabaría beneficiando a formaciones de ultraderecha en un clima preelectoral, PNV y PSE-EE parecen haberse conjurado para desescalar sus discrepancias en torno a la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para abrir un centro para refugiados de 350 plazas y unos 14 millones de euros de inversión en un edificio de su propiedad en Vitoria, la antigua Clínica Arana. Así lo ha hecho ver el consejero-portavoz del Gobierno vasco de coalición, Bingen Zupiria, que pertenece al ala nacionalista, pero también lo constatan fuentes de la parte socialista del gabinete, aunque ello no elimina el malestar manifiesto del lehendakari, Iñigo Urkullu, por las acusaciones de “xenofobia” llegadas desde su socio. Entretanto, afloran ahora elementos que apuntan a que tanto en 2009 como en 2018 ya se descartó el viejo hospital para acoger otros usos por el mal estado de las instalaciones que ahora pretende reformar y reabrir el Estado.

La Clínica Arana se convirtió en residencia de ancianos cuando dejó de operar como centro sanitario. El gestor pasó a ser, por lo tanto, la Diputación de Álava. Y, en 2009, como ha revelado el diputado general, Ramiro González (PNV), técnicos forales firmaron un documento que alertaba de problemas estructurales en el complejo, particularmente en el edificio trasero de los dos que componen el recinto. El informe, al que ha tenido acceso este periódico, lo rubricaron el arquitecto de la provincia, Javier Botella, y el jefe de servicio, Julio Herrero.

En un apartado dedicado a “deficiencias constructivas”, los expertos reseñan que “el edificio trasero, probablemente por elementos de su estructura metálica, presenta fisuraciones generalizadas en sus fachadas así como en los pavimentos interiores”. “Adicionalmente, los acabados, carpinterías exteriores e interiores e instalaciones como la de calefacción se encuentran obsoletas y deterioradas, todo lo cual de cara a una eventual rehabilitación hace pensar en unos costes excesivos en comparación con el valor de construcción”, se añadía. Eso sí, se admitía que la situación del edificio principal era “sustancialmente mejor” porque no presentaba en 2009 “problemas estructurales”. En todo caso, como conclusión general, se hablaba de que en la Clínica Arana había “otros aspectos del edificio o sus instalaciones deficientes, sistemas de comunicación, griferías inadecuadas, dimensiones de paso insuficientes en algunos casos, etc.”. En todo caso, fuentes forales recalcan que este análisis se hizo desde la perspectiva de su uso como centro para personas mayores y el propio informe señala que “a diferencia de las deficiencias más estructurales o de concepto general”, hay otras “subsanables mediante reforma”.

La “solución propuesta” por la Diputación era “plantear el derribo” del edificio trasero para sustituirlo “por otro cuerpo de edificio” completamente nuevo. El principal, dado su “valor arquitectónico” e histórico para la ciudad, sí podría tener posibilidades de reforma. En 2010, el entonces diputado de Administración Foral, Claudio Rodríguez, llegó a enviar a instancias del PP a las Juntas Generales, el Parlamento foral, unos diseños de cómo quedaría un nuevo edificio en la trasera de la Clínica Arana. Algunas estimaciones cifraban en 24 millones de euros la reforma del complejo y, según González, el paso del tiempo elevaría ahora a 30 millones la inversión requerida.

Casi una década después, en 2018, el Gobierno vasco se vio en la necesidad de buscar recursos para centros de acogida de migrantes ante la llegada “masiva” de personas desde la frontera sur de Europa y que se quedaban taponadas en Euskadi por los controles fronterizos de Francia en la zona de Irún-Hendaya. Fueron unas 6.000 personas en esa segunda mitad del año. El entonces responsable de estas políticas en el Ejecutivo autonómico, Jonan Fernández, ha afirmado que se contactó con ayuntamientos, diputaciones, empresas privadas, colegios y con el Estado para buscar espacios para estas personas en tránsito. Y, en las conversaciones con la Delegación del Gobierno central, surgió también el nombre de la Clínica Arana.

Según ha contado Fernández a preguntas de los periodistas, el 11 de julio de 2018 una persona de su equipo, Monika Hernando, acudió a realizar una visita del recinto acompañada de CEAR, entidad que trabaja con refugiados. “Se consideró que no era adecuado”, ha zanjado Fernández, que ahora gestiona en el equipo de Iñigo Urkullu otras políticas como la Agenda 2030 o la Juventud. Sea como fuere, el Gobierno vasco admite que la competencia es del Estado -“es el propietario y decidirá lo que tenga que decidir”- pero pide “diálogo permanente” ya que la llegada de migrantes implica más necesidades que las propias de Extranjería, tales como la atención sanitaria, educativa o social, competencia autonómica.

Vitoria y Euskadi han discutido en la última semana sobre la propuesta del Gobierno central de reconvertir un edificio de su propiedad, la antigua clínica Arana de la capital vasca, en un centro de acogida para migrantes con unas 350 plazas. El debate tiene muchas aristas, desde las propias de planificación urbanística de una ciudad hasta el modelo de acogida de extranjeros, un asunto que ya polarizó la campaña electoral de 2015 cuando el exalcalde y exvitoriano Javier Maroto planteó endurecer el acceso a las prestaciones sociales asociando el fraude con la llegada de magrebíes. Además, ha vuelto a situar al ministro José Luis Escrivá en la diana del PNV y ha motivado un nuevo encontronazo entre socios, entre nacionalistas y socialistas.

1 - La Clínica Arana

El lugar elegido para el centro es un antiguo complejo sociosanitario en el parque de Arana de Vitoria, junto a Salburua. Es un edificio histórico, ya que fue durante décadas la maternidad de la ciudad. También por ello fue el epicentro de las denuncias de robos de bebés. En el 3 de marzo de 1976, cuando la Policía Armada posfranquista tiroteó a trabajadores en Zaramaga, jugó un papel determinante. Cientos de personas fueron allí para donar sangre. El edificio es del Estado y de la Seguridad Social porque es previo a la transferencia a las comunidades autónomas de la competencia sanitaria aunque en su exterior pervive un logotipo de Osakidetza. Años después se reconvirtió en residencia de ancianos, la Residencia Arana. Irónicamente, la A se ha desprendido y ahora está rotulada como Residencia Rana. Es un síntoma más de su abandono. La Diputación, competente en materia de residencias, salió de allí hace ya una década al poner en marcha un nuevo modelo con los centros Zadorra y Lakua, de colaboración público-privada. Desde entonces, la antigua instalación languidece con ventanas tapiadas, grafitis, suciedad y carreteras sin salida donde los niños del barrio aprenden a andar en bicicleta. Hasta ahora, en el debate sobre la ciudad no se habían formulado propuestas para su reutilización, más allá de alguna mención en 2020 a su posible reapertura en caso de colapso sanitario por la llegada del coronavirus. Fotografías de los últimos días han mostrado que el interior del recinto no está tan deteriorado como el exterior, aunque algunas voces han alertado de que padece “aluminosis”.

2- El proyecto del Estado

En octubre, en una rueda de prensa de muy larga duración, el Ministerio de Seguridad Social -que tiene también las competencias de Inmigración- anunció que pondría en marcha 18 centros de acogida de migrantes en España. Ocho estarían en las Islas Canarias por sus características singulares y el resto en la península. En esa comparecencia se indicaron las ubicaciones de cuatro de ellos, una lista entre la que no estaba Vitoria. La iniciativa pasó luego a los presupuestos generales del Estado. Y se aprobaron con votos, entre otros, del PNV. En ningún momento se mencionó el tema. En otoño de 2022, mucho antes de que estallara esta polémica, este periódico preguntó por dos veces a la Delegación del Gobierno por el futuro de Arana y obtuvo la callada por respuesta. Tampoco se permitió una visita que ahora sí ha sido posible.

3 - Las competencias

La competencia de Inmigración es del Estado. En este contexto, ya dispone de un centro de acogida -de mucha menor dimensión- en la frontera de Irún-Hendaya. Se trata del albergue de Hilanderas, gestionado a través de Cruz Roja y que en estos años ha adquirido protagonismo por el bloqueo permanente de Francia a la entrada de extracomunitarios, a los que devuelve en caliente a pesar de ser un punto de paso dentro del espacio Schengen. Euskadi complementa esa atención con algunos recursos propios. Se ha visto también en la crisis por la llegada de refugiados procedentes de la guerra de Ucrania. Además, en el caso de los menores son las diputaciones las que gestionan los centros de acogida. El Gobierno de Iñigo Urkullu demanda la transferencia de la competencia y, de hecho, el compromiso de Pedro Sánchez para completar el Estatuto de 1979 incluía también un acuerdo en este sentido. Un informe del Ejecutivo vasco plantea asumir las funciones de atención debido a las competencias autonómicas en protección social, salud o educación, aunque la gestión como tal de la frontera, de los permisos de residencia y del régimen regulador será siempre una competencia del Estado. Este lunes, el propio Urkullu ha manifestado en un foro de 'Deia' que siente que ha habido un “escasísimo bagaje” en materia de desarrollo estatutario con Sánchez.

4 - El PNV contra Escrivá

Las instituciones vascas implicadas, Gobierno vasco, Diputación de Álava y Ayuntamiento de Vitoria, están dirigidas por el PNV, aunque el PSE-EE forma parte de todas ellas como socio minoritario. Todas ellas han coincidido en denunciar falta de información por parte de Escrivá sobre los planes en Arana, aunque han admitido que en su día recibieron algunas nociones sobre lo que se pretendía hacer. Defienden un necesario acuerdo interinstitucional y también recalcan que está abierta una negociación sobre el cambio de competencias. En el caso autonómico, el área sobre migrantes recae en la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal. Dejará este cargo en febrero para centrarse en su condición de candidata del PNV a la alcaldía de Vitoria y este asunto le ha golpeado de lleno. No es la primera vez que el PNV encuentra en Escrivá el centro de sus críticas. Andoni Ortuzar amenazó con mandar “al carajo” a Sánchez si Escrivá no accedía a algunos planteamientos de su partido para la transferencia del IMV, que ya se cerró. “Con Escrivá tenemos una discrepancia global, dura y fuerte que, si sigue así, se convertirá en una discrepancia dura, global y fuerte con Pedro Sánchez. No le puedo decir a Sánchez cuáles tienen que ser sus ministros. Sí le puedo decir cuáles son las cláusulas de comodidad y las condiciones que el PNV pone para que la relación política que tenemos funcione bien. Yo no esperaba el cambio de Escrivá porque es amigo personal de Sánchez. También sé que llegará el momento en que esto va a terminar en la mesa de Pedro Sánchez. Entonces vendrá el momento clave de ver si hay o no hay una interlocución especial con el PNV o persiste la crisis”, manifestó Ortuzar a ‘Deia’ después de que en la crisis de Gobierno de hace dos veranos, a pesar de los deseos de los ‘jeltzales’, Sánchez ratificara en su cargo al titular de Seguridad Social.

5 - El “modelo vasco”

Los cargos nacionalistas han argumentado también para oponerse al proyecto del Estado en Vitoria que se trata de un macrocentro y que acarreará riesgo de “guetización”. Colectivos como Cáritas o Zehar Errefuxiatuekin se han pronunciado en términos similares. El PNV ha querido contraponer esto con el “modelo vasco” de acogida, más individualizado e integrado en la comunidad. El Gobierno central le ha respondido que no hay tal “modelo”. Además, en otros ámbitos donde sí hay competencias plenas, como Educación, las acusaciones de “guetización” recaen precisamente sobre el PNV, ya que el sistema de enseñanza concentra a la población vulnerable en la red pública. Cerca de la Clínica Arana de Vitoria hay varios colegios e institutos en esa situación. Y, en materia de Vivienda, una competencia que recae en la parte socialista del Ejecutivo autonómico, también se temía que la concesión del derecho a la vivienda pudiera derivar en situaciones similares. En una pirueta política, el líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, ha alertado de una posible “xenofobia” detrás de estos reparos al centro en Arana. Pero la coalición de Podemos e IU, socia de Sánchez en Madrid, tampoco parece ver con buenos ojos el proyecto. PP+Cs ha registrado una iniciativa en el Parlamento Vasco para que se vote la paralización “inmediata” del plan de Escrivá. EH Bildu también reclama una atención más “descentralizada”. Los socialistas insisten en que no hay que “alimentar sentimientos irracionales de rechazo a las personas refugiadas” frente a quienes se oponen a este proyecto.