La lista de objetivos del grupo liderado por Leire Díez y amparado por Santos Cerdán era larga. Jueces, fiscales y guardias civiles que, de alguna manera, habían agraviado en algún momento al PSOE, al Gobierno o a los colaboradores de la trama y sobre los que los imputados buscaban trapos sucios. Uno de los nombres sobre el que más información buscaron es el de Alejandro Luzón, el fiscal jefe de Anticorrupción, al que querían “apartar de su puesto”, según algunos testigos. Para ello recurrieron sin éxito a dos fiscales con un historial de polémicas que quisieron usar como grieta: José Grinda e Ignacio Stampa. El primero era odiado por buena parte de los compañeros de viaje de Leire Díez y el segundo estaba famosamente enfrentado con la Fiscalía General del Estado.

Las referencias a esta actividad de la trama son abundantes a lo largo y ancho del sumario del caso y permiten ver las razones por las que Alejandro Luzón se había convertido, en palabras de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en un “objetivo”. La principal era el supuesto pacto entre Anticorrupción y Víctor de Aldama que había permitido su excarcelación en noviembre de 2024 tras un mes y medio en Soto del Real. El empresario había confesado su participación en el caso Koldo de corrupción y fue sacado de la cárcel por la trama de hidrocarburos en la que también estaba envuelto.

Esa maniobra, a tenor de los mensajes incautados por la UCO, era el principal motor para intentar obtener información comprometedora de Luzón. Pero para entonces la relevancia de su figura había trascendido con creces a la salida de prisión de Aldama, al menos para las personas que integraban el grupo de Leire Díez. Era el fiscal que impulsaba las diligencias, acusaciones y juicios contra José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Y otros integrantes y satélites del grupo también le tenían la matrícula cogida desde hacía años por impulsar causas contra Javier Pérez Dolset (Zed), Nervis Villalobos, Sandro Rosell o Gaspar Zarrías (ERE). Luzón, dijo Leire Díez a un guardia civil, era además “afín al PP” y sería, según sus vaticinios, fiscal general con Alberto Núñez Feijóo.

Alejandro Luzón Cánovas empezó su carrera como fiscal ejerciendo en Toledo, en 1989. Lo hizo mientras su padre, José María Luzón, ejercía como fiscal en el Tribunal Supremo e impulsaba, entre otras medidas, la condena del exministro del Interior José Barrionuevo y su alto cargo Rafael Vera por el terrorismo de estado de los GAL. Luzón hijo fue nombrado fiscal jefe Anticorrupción en 2017, el último año de Mariano Rajoy en la Moncloa, después del escándalo de Manuel Moix, y tomó posesión amadrinado por Consuelo Madrigal. El nombramiento fue incluso celebrado por los fiscales progresistas y se entendió como el fracaso del PP en su intento por controlar, a través de Moix, el departamento más delicado del Ministerio Público.

Para cuando fue puesto al frente de Anticorrupción, Luzón ya se había trazado un perfil de doble cara. Incisivo al denunciar el “pillaje” de los consejeros de Caja Madrid que habían gastado 12 millones con las 'tarjetas black', pero sin querer escalar al Banco de España y la CNMV el juicio fallido por la ruinosa salida a bolsa de Bankia. O impulsando las acusaciones en causas de corrupción como Gürtel o Púnica y firmando los decretos de archivo de las investigaciones abiertas al rey emérito.

En lo relativo a Leire Díez y su grupo, además de las escaramuzas particulares de cada uno de sus miembros con Anticorrupción, el foco estaba puesto en su actuación en el caso Koldo, facilitando la salida de prisión de Víctor de Aldama, reclamando rebajas de condena para el empresario y propiciando la entrada de José Luis Ábalos y Santos Cerdán. “Leire y Dolset estaban interesados en apartar de su cargo al fiscal jefe Anticorrupción, ya que habría desobedecido órdenes de su inmediato superior al proponer la puesta en libertad de Víctor de Aldama”, resumió como testigo el empresario extremeño Joaquín Parra ante la Guardia Civil. Una declaración que desliza otro aspecto fundamental del perfil actual de Luzón: su alejamiento progresivo e irremediable con la Fiscalía General durante los últimos años.

El juego era doble. Leire Díez hizo creer al abogado de José Manuel Villarejo, el centro de las cloacas del caso Tándem, que la Fiscalía Anticorrupción pactaría con ellos, cuando en realidad pretendían tumbar a su líder y varios de sus fiscales. Y después puso en marcha su mayor habilidad: encontrar a gente cercana al objetivo con alguna grieta por la que pasar. Pusieron el foco en dos fiscales vinculados con Anticorrupción y con una polémica que explotar: José Grinda e Ignacio Stampa.

El pasado del fiscal Grinda

José Grinda superó la oposición para ser fiscal en 1993, poco después de Luzón, en una promoción en la que tuvo como compañeros a investigadores como Susana Gisbert, Pedro Horrach o Pilar Rodríguez. Ejerció en Gipuzkoa y Barcelona antes de entrar en Anticorrupción en 2005 y su nombre empezó a estar asociado a causas de gran relevancia pública. En 2010 un cable de WikiLeaks desveló que Grinda había vinculado a la mafia rusa con el Kremlin dos años antes. Estuvo al frente de la operación Emperador, impulsó el caso del 3% de corrupción en Cataluña, el caso contra la familia Pujol y propició la entrada en prisión del exministro venezolano Nervis Villalobos por blanqueo, entre otros muchos hitos.

Grinda también tenía un pasado. En 2009 había sido imputado por un juzgado de la localidad jienense de Alcalá la Real acusado de enviar vídeos sexuales a una menor de 15 años de edad. La denuncia había sido presentada por la madre de la chica después de que su hermano encontrara las conversaciones en su ordenador. La causa se archivó en 2013 cuando el juzgado, con el apoyo de la Fiscalía, entendió que Grinda no sabía que la joven con la que mantenía conversaciones sexuales era ampliamente menor de edad. La madre de la afectada no se había personado en el caso y las diligencias, con la retirada de la Fiscalía, se archivaron. El sobreseimiento libre y definitivo del caso, a petición de Grinda, llegó en 2017.

El asunto nunca se hizo público en aquellos años, pero revivió en 2019 cuando la joven, ya entonces mayor de edad, volvió a los tribunales para tener acceso a todo el contenido de la causa. Grinda se opuso y ya entonces pidió “ser protegido frente a usos torticeros y desviados de la información”, aludiendo a “posibles fines espurios dirigidos a destruir su reputación personal y profesional”. El Tribunal Constitucional dio la razón a la joven en 2022 y se reactivó entonces el proceso judicial pero por la vía civil, para reclamar una indemnización. Para entonces el asunto ya había trascendido aunque sin demasiada fuerza. Grinda, por ejemplo, consiguió que el Tribunal Supremo condenara a las hijas del polémico abogado fallecido Ignacio Peláez por llamarle “pederasta reincidente” en un programa de televisión.

Grinda era, según la UCO y la documentación interna, uno de los grandes objetivos de Leire Díez y sus colaboradores y no por si vinculación por causas que afecten al Gobierno. “Fiscales, sobre todo Grinda”, habían escrito ellos mismos en la lista de nombres. “A mí me hace mucha falta arrear a Grinda”, escribió Leire Díez en un mensaje de 2024. Las fechas en las que el grupo había decidido “empezar por Grinda”. El contacto se produjo en febrero de 2025 cuando, según la UCO y el propio Grinda, el periodista Pere Rusiñol le trasladó el ofrecimiento: un destino jugoso en el extranjero y la retirada de la demanda civil de la joven de Jaén, a la cual se le pagarían 300.000 euros, a cambio de que Grinda les trasladase trapos sucios de su superior Alejandro Luzón y propiciase el cierre de multitud de causas judiciales delicadas.

El sumario revela lo que había pasado en los años anteriores con respecto a ese asunto que el grupo de Leire Díez había detectado como punto de entrada para negociar con Grinda. Su talón de Aquiles. La propia joven declaró ante la Guardia Civil como testigo y explicó que ya en 2021, cuando ya había acudido al Constitucional para tener toda la documentación de su caso, fue contactada por dos personas: Yohir Akerman y otro hombre llamado “Vytenis”. No dijeron de parte de quién venían, pero tenían documentación de su caso y se ofrecieron a llevárselo como abogados. De hecho, según la propia joven, costearon su defensa pagando a un abogado de Jaén de cara al juicio civil contra Grinda.

Ella no supo explicar a la Guardia Civil por qué lo hicieron ni de dónde habían sacado los papeles. Pero sí reveló que poco antes del juicio civil contra Grinda a mediados de 2025 estos dos hombres le presentaron a Leire Díez en Madrid. En otro punto distinto del sumario, los indicios sobre quién urdió esa visita apuntan al venezolano Nervis Vilallobos. “Hemos conseguido que la chica de Jaén se desplace a Madrid única y exclusivamente para verse contigo”, dijo Villalobos a Díez, sin reconocer si esos dos hombres que asesoraban a la joven y pagaban su abogado trabajaban bajo sus órdenes. También le indicó el hotel donde iban a reunirse y hablaron varias veces por mensaje de cómo se había desarrollado el viaje y de la opción de ponerle un abogado.

La propia joven completó el relato en su testifical ante la Guardia Civil. Una vez en Madrid Leire Díez le dijo que estaba “interesada” en su caso y en ayudarla contra Grinda. “Que intentaría ir a por él para que saliera a la luz el caso”. Al día siguiente, añadió, visitó la sede del PSOE en la calle Ferraz y mantuvo un encuentro con Santos Cerdán “donde hablaron exclusivamente del procedimiento judicial contra Grinda”. Era octubre de 2024 y las conversaciones reflejan un gran intercambio de mensajes en los meses siguientes entre Leire Díez y la joven.

Para cuando Rusiñol trasladó al fiscal Grinda el ofrecimiento de librarle de ese juicio faltaban menos de dos meses para la vista en un juzgado de Majadahonda y Leire Díez, por mediación de Nervis Villalobos –uno de los grandes detractores de Grinda– llevaba ya meses hablando con la joven. Y dos hombres, cuya vinculación con el exmandatario venezolano no han quedado claras todavía, habían incluso pagado su defensa.

El fiscal José Grinda recibió la propuesta del grupo y, tras declinar el ofrecimiento, le comunicó la situación a sus superiores, pocos meses antes de poner rumbo a Bolivia en un nuevo destino. Hubo un segundo intento de contacto con el grupo, esta vez a través del expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, al que habían llegado a través de Santos Cerdán, pero el sumario no refleja si se llegó a celebrar. Sí refleja lo que Díez y sus colaboradores querían decirle: “Ya has trasladado a terceras personas que tienes documentación de Luzón”.

La segunda vía: el fiscal Stampa

Los distintos sumarios judiciales que han indagado en la actividad de Leire Díez desvelan que encontró un segundo fiscal al que acceder para intentar llegar hasta los supuestos secretos de Luzón: Ignacio Stampa. Uno de los primeros responsables de la investigación contra Villarejo en Anticorrupción que denuncia, incluso a través de un libro, que fue purgado de ese departamento y apartado del caso por una represalia ejecutada por Dolores Delgado y su entonces mano derecha, Álvaro García Ortiz.

En su caso, la oferta llegó en un encuentro a finales de abril de 2025, después de las comunicaciones con Grinda. Fue entonces cuando Leire Díez afirmó que ella era “la persona que ha puesto el PSOE” para sacar a relucir todas las irregularidades judiciales de múltiples causas. Y siguiendo con el doble juego, le pidieron información comprometida de Luzón, del juez Manuel García-Castellón, pero también del propio Grinda: “Pretendían sacarme información o algún comentario que le desprestigiara”. A cambio le ofrecieron recuperar su puesto en la Fiscalía, algo que parecía sencillo de prometer, pero difícil de ejecutar: en ese momento el fiscal general era Álvaro García Ortiz, considerado por Stampa como su mayor rival.

Stampa también acudió a sus superiores en la Fiscalía de Madrid y ambos asuntos acabaron en un juzgado de la Plaza de Castilla a la espera de saber si ahora es el juez Santiago Pedraz, en la Audiencia Nacional, quien acumula todas las diligencias. Con Grinda destinado temporalmente a miles de kilómetros en Bolivia, Anticorrupción ha pedido a Pedraz que entre de lleno en su parte del caso y ponga en marcha varias diligencias: llamar a declarar a la joven que le denunció para que aclare su trato con la trama y, en paralelo, que los juzgados remitan la documentación del juicio que Leire Díez ofreció suspender a cambio de que le ayudara a tumbar a Alejandro Luzón.

“Para que la legislatura pueda continuar hay que actuar, no vale quedarse de brazos cruzados”, y el movimiento clave debe ser el despliegue de la “agenda social”. Esas dos frases, pronunciadas el pasado miércoles por el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, resumen la actitud que ha adoptado el conjunto de la coalición que lidera Yolanda Díaz después de una primera reacción dubitativa ante la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y las nuevas revelaciones del caso Leire Díez. Pese a las diferencias internas en su seno, Sumar ha apostado por presionar al PSOE para reanudar la agenda legislativa, y ha puesto en el foco tres asuntos: la vivienda, el final de la vigencia de algunas de las medidas aprobadas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán y la derogación de la ley mordaza.

Con diferentes formulaciones, varios portavoces de Sumar pertenecientes a distintos partidos de los que integran la coalición han insistido en estos días en esta idea: la de que el Ejecutivo no puede quedarse instalado en el shock y debe recuperar la iniciativa política si quiere que la legislatura sobreviva. “Los casos [de supuesta corrupción] no pueden paralizar la acción de Gobierno”, y el Ejecutivo debe “actuar y profundizar en las reformas y abordar ya el problema de la vivienda”, señalaba hace unos días la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández. “Vamos a presionar para obligar al PSOE a desbloquear y acelerar las reformas pendientes”, sostuvo por su parte el pasado martes el diputado Gerardo Pisarello, de los Comuns.

Presionar con la agenda social es la manera que ha encontrado Sumar de resolver el complejo equilibrio que se ha visto obligado a hacer desde que el tablero político saltó por los aires hace un par de semanas, con la imputación de Zapatero. En el seno de la formación se han producido serias diferencias en relación a cómo desvincularse de las investigaciones por supuestas corruptelas que afectan al PSOE sin, en ningún caso, plantearse la salida del Gobierno. No es la primera vez que la alianza que lidera Yolanda Díaz apuesta por esta vía, la de exigir a los socialistas un impulso de las medidas sociales para no quedar atrapados en un debate sobre corrupción, aunque en ocasiones anteriores Sumar no ha tenido demasiado éxito. 

En diciembre, por ejemplo, los de Díaz exigieron al PSOE una reunión para concretar “medidas sociales y en defensa del derecho a la vivienda”, así como la sustitución de algunos ministros del PSOE, una petición que fue desdeñada desde el ala socialista del Consejo de Ministros. El encuentro se realizó, pero de él no salió ninguna conclusión, lo cual llevó a Sumar a criticar la “actitud inmovilista” del socio mayoritario del Gobierno y a alertar de que esta actitud “solo favorece el desánimo progresista, refuerza la antipolítica y alimenta a PP y Vox y sus políticas de extrema derecha”.

En esta nueva crisis desatada hace un par de semanas, son tres las áreas en las que Sumar ha exigido —por ahora, sin éxito— al PSOE que apruebe nuevas medidas. El pasado lunes, el mismo día que decayeron las rebajas fiscales a la luz y el gas que aprobó el Gobierno en marzo para hacer frente a la amenaza inflacionaria por la guerra de Irán, Díaz planteó la necesidad de que el Gobierno ponga en marcha de manera “urgente” un nuevo decreto que recupere estas bajadas del IVA del 21% al 10%. Por el momento, la exigencia no ha tomado demasiado cuerpo, entre otras cosas porque el debate público ha girado en torno a la posibilidad de que el PP presentara una moción de censura contra el presidente Pedro Sánchez y en relación al sumario del caso Leire.

Pese a la presión de Sumar, el ala socialista del Ejecutivo se ha limitado a afirmar que está analizando los efectos de las medidas que desplegó en marzo y a anunciar que se reunirá con los agentes sociales para definir cuáles extender o adaptar más allá del 30 de junio. Fuentes del Ministerio de Economía aseguraron el lunes que no tomarán ninguna decisión antes de estos encuentros, que se celebrarán en las próximas semanas y que también incluirán conversaciones los sectores más afectados “de cara a calibrar las medidas de apoyo que puedan ser necesarias” a partir de finales de este mes.

La prórroga de los alquileres, parada

La gran batalla de los de Díaz en el seno del Gobierno, no obstante, sigue siendo la vivienda, y así lo refieren públicamente todos sus portavoces, especialmente desde que hace algo más de un mes PP, Vox y Junts unieron sus votos para derribar el decreto que permitió durante su vigencia prorrogar su contrato de alquiler por dos años a los inquilinos a los que les vencía. Desde entonces, Sumar ha presionado al PSOE para recuperar esa medida asegurando que Junts estaría dispuesto a aceptarla siempre y cuando se le ofreciesen a cambio iniciativas como el IVA franquiciado o exenciones fiscales para los arrendatarios. 

Pero esas conversaciones no avanzan, al menos no muy rápidamente: fuentes del Ministerio de Vivienda afirman que siguen abiertos a un nuevo paquete de medidas, si bien admiten que el mazazo que ha supuesto el estallido de los casos de corrupción ha ralentizado las negociaciones. Y Junts no parece por la labor de dar ninguna victoria a un Gobierno al que han pedido que convoque elecciones porque “desde hace seis meses no tiene mayoría”... precisamente por la decisión de la formación independentista de retirarle su apoyo parlamentario.

La última de las áreas en las que Sumar ha pedido al PSOE poner el foco es la derogación de la ley mordaza, que lleva más de un año varada en el Congreso por la falta de acuerdo entre los socios del Ejecutivo para su redacción final, pese a que a priori sí hay números suficientes para aprobarla. “Existe una mayoría para democratizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, planteó a este respecto el martes pasado el diputado Alberto Ibáñez, y exigió al PSOE que “cumpla” con su compromiso electoral de acabar con la norma aprobada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy. No obstante, también llamó “al conjunto de los socios a evitar vetos cruzados” y a no dar pie a que el PSOE ponga “más excusas” para poner en marcha una nueva regulación.

El exalcalde de Vega de Pas por el PRC Víctor Manuel Gómez ha afirmado conocer “muy bien” a la exconcejala socialista en este municipio cántabro y exmilitante del PSOE Leire Díez, a la que ha tildado de “narcisista, fanática, trepa, poco inteligente y mala hasta decir basta”.

Gómez ha afirmado que se trata de una persona para la que todo es “armar el espectáculo”. “Una fashion, una pequeña Nicolasa o una Antoñita la Fantástica”, sin ninguna “moralidad” y que estaba en el PSOE “pero lo mismo podía haber dado en el PP”.

“El karma existe y lo va a pagar bien”, ha opinado en relación al caso que lleva su nombre y con la que supuestamente se pretende desestabilizar las causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y a su presidente, Pedro Sánchez.

En declaraciones a Europa Press, el exalcalde de Vega de Pas ha detallado que Leire Díez llegó al municipio sobre el año 2007 cuando adquirió una cabaña pasiega que rehabilitó. “Era una de tanta gente que hay aquí que vende y compra cabañas”.

Según ha relatado, antes de ser concejala ya era “un poco exigente” con el exregidor en sus peticiones, tales como que arreglase una carretera por un bache o por problemas con el suministro de agua, “estaba siempre así”.

Y dado que Leire es “muy activa”, “enseguida la captó la oposición” que Gómez tenía en el Ayuntamiento, cuando aquello el PP, junto al médico del pueblo, pero para acabar ambos formando parte de las listas del PSOE. “Eran (los 'populares') la gente pensante que les utilizó; a ella porque era muy revolucionaria y a él porque era una autoridad moral dentro del pueblo”.

Un “infierno” de oposición y fraude electoral

“Me empezaron a hacer una oposición muy dura: muchas denuncias, cualquier cosa que hacíamos estaban en encima, querellas... Un infierno con ellos”, ha lamento Gómez, que, incluso, les ha acusado de realizar fraude electoral en los comicios de 2011, cuando un pacto entre PP y PSOE le arrebató la Alcaldía.

El exalcalde del PRC ha afirmado que Díez y el médico tenían como objetivo a las personas mayores y vulnerables para que emitieran su voto por correo, una práctica que “hacen todos los años” -incluido el PP, ha señalado-.

“Ya veía que me la iban a hacer gordísima”, ha dicho, por lo que puso en conocimiento de estos “movimientos” a la Junta Electoral Central a través de una carta y también lo denunció ante la Guardia Civil, cuerpo que encontró en la papelera del asilo de Vega de Pas “30 solicitudes de voto por correo con la misma letra: la del médico”.

También ha insinuado que tanto Leire como el doctor “estaban compinchados con gente de Correos”. De este modo, este último “era el que llevaba a la oficina como 30 o 40 solicitudes de voto por correo”, algo que ha justificado en que la entrada en Correos fue a las 13.05 horas, las 13.06, las 13.07...“. Sin embargo, ni la Junta Electoral Central ni los tribunales dieron la razón al exalcalde.

“Los tribunales no son Dios, también están hechos por personas”, ha afirmado Gómez para también insinuar que en aquella época Leire Díez “se movía por esferas muy altas”, apuntando al cántabro Alfredo Pérez Rubalcaba, del que “era muy amiga”.

Con todo ello, ha dicho que perdió y que le echaron de la Alcaldía “de malas maneras”, y a día de hoy sigue pensando que aquellas elecciones “fueron fraudulentas” y que se las “robaron”, ha sostenido.

Incluso ha comentado que le condenaron a dos años y cuatro meses de inhabilitaron en 2017 por una querella interpuesta por Leire por contratar como guía del Museo Etnográfico a una amiga suya -la que le vendió la cabaña- “porque no encontrábamos a nadie”, aunque la jueza entendió que la metió “a dedo”.

Así las cosas, Gómez ha aseverado que Leire “ya despuntaba” por lo que no le extraña “lo que está pasando” y ha opinado que “el karma existe y lo va a pagar bien. Ya sería el colmo que la absolvieran”.

En cuanto al ascenso de la exedil en Madrid, a su juicio, se trata de una persona “mala, atrevida y poco inteligente” por lo que ha concluido que “la han utilizado para hacer la labor sucia”, afirmando que la prueba está “en que la han grabado todas las conversaciones”, con lo que “no se fían mucho de ella tampoco”.

Según ha explicado el exalcalde, tras las elecciones del 2011, Leire “salió mal” con el actual regidor del PP de Vega de Pas y también senador, Juan Carlos García, que la expulsó junto al médico del equipo de Gobierno.

A raíz de ahí, se quedó “desamparada” y la “metió” la exvicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, en el PSOE autonómico para hacerse cargo de las redes sociales del partido entre 2015 y 2017. “La pagaban bien, 45.000 euros para llevar cuatro redes y cuatro tweets”, ha enfatizado.

Gómez ha continuado con que cuando Pablo Zuloaga ganó en 2017 las primarias en el seno de la formación socialista en la región, “se la quitó de encima. Pienso que sospechaba qué tipo de persona era, que era peligrosa”.

Tras esto, Leire se fue a Madrid y “ya no sé si por Ábalos o Narbona y como es de un carácter muy trepa”, ha ido “subiendo y subiendo”, conociendo gente. “Casi ha tocado al presidente, si no ha tenido reuniones con él”, ha opinado.

Finalmente, por su experiencia, el exalcalde cree que Díez “es de estas personas que vale más que estén lejos y más tenerlas de amigas que de enemigas”.

Voy a comenzar el boletín de este domingo con unas palabras de Emiliano García-Page. No es que el presidente de Castilla La Mancha tenga un olfato político bien calibrado, pero estas frases no están mal tiradas. “En España tenemos la mala costumbre de pensar que la gente mala es lista. Pues no, también hay corruptos tontos y torpes. Esta es una”, dijo esta semana al hablar de Leire Díez, la espía tonta que el PSOE, a través de Santos Cerdán, financió para que buscara trapos sucios de jueces, fiscales y policías. 

Con Page, es fácil encontrar frases que confirman que ha comprado la mayor parte del mensaje de la derecha. En esa misma entrevista, dice que se deberían haber celebrado elecciones anticipadas hace un año y que ya es imposible gobernar, porque “el poder lo tiene Puigdemont”. Claro que sí. Por eso, sigue viviendo de alquiler en Bélgica y su partido se va consumiendo en los sondeos.

Volviendo a Leire Díez y lo que se ha sabido esta semana, tenemos una nueva víctima política a la que se podría añadir a su jefe, que resulta que es el ministro de Interior. Se trata de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, de la que Marlaska dijo antes que no se había reunido con Díez. Eso ha quedado viejo. El informe de la UCO describe tres contactos entre ambas. El ministro ha pasado a decir que “no tuvo con Leire ninguna conversación relativa a la trama”. Entonces, ¿de qué hablaron? La nueva versión es que Díez le pidió que echara un cable al comandante Rubén Villalba, que estaba implicado en el caso Koldo, y que en ese momento González puso fin al encuentro y no hubo más relación. 

Este tipo de situaciones ponen a prueba la paciencia de los votantes y eso en política nunca acaba bien. ¿Por qué no se contó toda la verdad desde el principio? La respuesta es sencilla: porque sabían que eso daría mala imagen y regalaría argumentos al rival político. O porque se estaba intentando ocultar algo. Al final, las consecuencias son peores. Una investigación revela hechos que podrían ser sospechosos o no muy relevantes, pero, como no fuiste honesto desde el primer momento, ahora lo tienes más difícil para que te crean. 

También podrías llegar a la conclusión, aunque creas que no hay indicios de delito en esa situación, de que alguien tiene que pagar con el puesto al asumir las consecuencias políticas de esos actos. No siempre es justo, pero la política dista mucho de ser justa cuando vuelan las sospechas. Necesitas poner a alguien que no tenga ninguna relación con los hechos y que por tanto esté libre de toda culpa, real o potencial. 

No va a ocurrir nada de eso. Es más fácil que Donald Trump o el Papa tengan que dimitir a que lo haga Marlaska. Pedro Sánchez ha mostrado su apoyo al ministro y a la directora de la Guardia Civil. En resumidas cuentas, el marrón se lo comerá entero Moncloa. Y luego se quejarán. 

Ya no se puede negar que un grupo de personajes lamentables se dedicaba a intentar desacreditar las investigaciones policiales y judiciales que podían perjudicar al Gobierno. ¿Con qué nivel de apoyo político? Los informes policiales indican que recibían dinero de Santos Cerdán cuando era secretario de Organización del PSOE. Los socialistas pueden decir ahora que ya no tienen ninguna relación con él y que se busque la vida en las causas judiciales que le atañen. Vale, de acuerdo, pero Cerdán era quien dirigía el partido desde Ferraz, por decisión de Sánchez, y quien controlaba sus fondos. La distinción de que era Cerdán, y no el PSOE, quien hacía esos pagos a la banda de Díez es casi bizantina. No te absuelve en absoluto de tu responsabilidad política. 

Una explicación convincente la ha dado el ministro Félix Bolaños: “Es indiscutible que hay una persona que utiliza el nombre del presidente del Gobierno continuamente y probablemente lo hace para darse importancia. Pero es que el propio sumario responde a esa pregunta, porque no hay nada, absolutamente nada, que indique que el presidente del Gobierno tuviera ningún conocimiento de esto”.

No es eso lo que dice la UCO en su informe. En el estilo habitual de estos agentes, donde se mezclan los hechos, las deducciones y el uso frecuente del condicional, escriben que “lo que se evidenciaría del contenido de los mensajes anteriores es el conocimiento por parte del presidente del Gobierno de la actividad que venía desarrollando la propia Leire”. Y con eso el diario ABC ya tenía hecho el titular: “La UCO sostiene que Pedro Sánchez conocía el trabajo de las cloacas del PSOE”.

Sánchez confirmó el viernes que no sabía nada de las maniobras de Díez: “Ni lo avalé ni tuve información. Nunca lo hubiera tolerado”. 

El Partido Popular afirma que estamos ante el escándalo más grave de la democracia, como si hubiera pocos. Mientras tanto, se celebra en la Audiencia Nacional el juicio de la Kitchen donde no encontrarás a una exmilitante y exconcejal del PP con delirios de grandeza. En el banquillo de los acusados están: un ministro (Fernández Díaz), un secretario de Estado (Martínez), un director operativo de la policía (Pino), el célebre comisario Villarejo, el comisario Gómez Gordo que fue también cargo de confianza de Cospedal, el comisario y jefe de la UDEF Martín Blas, el comisario Olivera que había sido jefe de la UDEF, el inspector jefe Fuentes Gago, mano derecha de Pino, y el inspector jefe Díez Sevillano, también colaborador de Pino. Toda la plana mayor del Ministerio de Interior del Gobierno de Rajoy. Si eso no es una conspiración, ya casi no se puede utilizar esa palabra.

Desde luego, Rajoy dice que no sabía nada de lo que pasaba en ese Ministerio ni de lo que había hecho su tesorero, Luis Bárcenas, de la misma forma que Aznar no sabía nada de la Gürtel. Pero el PP está convencido de que Sánchez lo sabía todo de Ábalos, Koldo, Cerdán y Leire. Y que algún juez le llamará a declarar como imputado más pronto que tarde.

Cada uno puede valorar la credibilidad de los indicios conocidos del caso Leire. Lo que no puede hacer es restar gravedad a las acusaciones sobre las maniobras de Leire Díez pagadas con fondos del PSOE porque los de antes hacían lo mismo, pero mejor y con tipos con más experiencia en el ramo.

Un delirio judicial

A las acusaciones populares, incluidas las del PP y Vox, en el juicio de David Sánchez no les vino muy bien el testimonio de los tres directores que han dirigido los dos conservatorios de Badajoz en los últimos años sobre la conducta profesional del hermano del presidente del Gobierno. Así que han doblado su petición de pena, de tres a seis años de prisión. Intentan aprovecharse del testimonio del teniente coronel Antonio Balas, que una vez más se explayó con sus deducciones y su teoría de que si hay una jerarquía de mando en una institución, y las hay en todas, el de arriba tuvo que cometer todos los delitos que se están juzgando. ¿Qué pruebas tiene para afirmarlo? No necesita ninguna. Le preguntaron por el resto de acusados. Dijo que no sabía nada de ellos, como escribí en el artículo del jueves. Él estaba ahí sólo por David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo.

El juicio de Sánchez es un puro dislate. Es un agravio comparativo con los casos de enchufes o nepotismo que han pasado por los tribunales. Ignacio Escolar recuerda uno muy conocido, el de José Luis Baltar, presidente de la Diputación de Ourense desde 1990 a 2012. Colocó de forma ilegal a 104 personas en nómina, la mayoría familiares y cargos vinculados al PP. Nunca le pidieron pena de prisión y solo fue condenado, cuando ya estaba fuera de la política, a nueve años de inhabilitación. 

El que pueda pedir seis años de prisión al hermano de Pedro Sánchez, que lo pida.

A tope con los fetos y que les den a los niños

Todas las veces que he estado en la Asamblea de Madrid en épocas de calor, la temperatura era gélida. No me hubiera sorprendido ver a un oso polar siguiendo una rueda de prensa con el boli y el cuaderno sintiéndose como en casa. Cuando en plena crisis energética por la invasión de Ucrania el Gobierno de Sánchez impuso una temperatura mínima de 24 grados en los edificios de la Administración, en la Asamblea pasaron del tema y puede que hasta bajaran el termostato.

Por eso, resulta grotesco que un consejero del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se riera de la petición de acelerar la instalación de equipos de aire acondicionado en los colegios. Mariano de Paco dijo que el calor puede ser “fuente de inspiración” y que él fue al colegio en Murcia, que allí hacía mucho calor “y aquí estoy y no pasa absolutamente nada”. Que vayan los niños en manga corta, dijo, como hace con su hijo. Se creerá que lo normal es que estén a 30 grados en las aulas con un plumífero.

Puedes estar seguro de una cosa. Todos los políticos que restan importancia al tema de calor tienen puesto el aire acondicionado en sus despachos. Nunca prescindirán de él. Para los demás, ya se verá, y si son niños, que les den.

Lo curioso es que momentos antes Ayuso defendió su medida de considerar al embrión como parte de la unidad familiar con vistas a las ayudas sociales. “Cada vida importa desde el primer suspiro”, dijo, y por eso “estamos legislando para el no nacido que está en camino”. Ya lo decía George Carlin en una de sus actuaciones: “Los conservadores son de lo que no hay. Harían cualquier cosa por el no nacido, pero una vez que has nacido, te buscas la vida. Los conservadores están obsesionados con el feto desde la concepción hasta los nueve meses. Después de eso, no quieren saber nada de ti”. 

Momento maravilloso de la realización televisiva del primer discurso del Papa en España: el Pontífice se pronuncia contra “las narrativas divisivas y polarizantes” y pide que se eviten “las palabras que humillan y enfrentan” y la cámara enfoca a José María Aznar y Felipe González, sentados uno al lado del otro; de refilón, como siempre, se vislumbra a Mariano Rajoy. El Papa también habló de “la noche oscura del alma” de San Juan, ese momento de crisis y tinieblas que puede dar lugar a un renacimiento, y ahí la realización no enfocó a nadie, aunque seguro que Pedro Sánchez pensó “que me va usted a contar a mí”. 

La visita del León XIV ha coincidido con la filtración y lectura compartida del diario/agenda de Leire Díez, una fan fatal del PSOE de Sánchez con delirios de grandeza propios. Cualquiera con buen criterio dentro de Ferraz hubiera pedido una orden de alejamiento (porque cualquiera sabe que a John Lennon le asesinó un admirador obsesivo) pero fue todo lo contrario: a ella alguien le dio cargos públicos, primero, y nadie, después, le desanimó de ejercer un papel de agente secreto de Hacendado a la busca y captura de testimonios de la guerra sucia contra Sánchez. No hay indicio alguno de que el presidente supiera algo de esta trama de Mortadelo y Filemón que no consiguió nada de lo que pretendía sino todo lo contrario. De lo que sí hay constancia es de procesos dudosos contra el hermano y la esposa del presidente por ser el hermano y la esposa del presidente, que jamás se hubieran producido si Sánchez no fuera presidente. De lo que sí hay constancia es de la prioridad nacional que Feijóo está firmando a lo largo y ancho de España. De lo que sí hay constancia es del sesgo de la alta judicatura para condenar o absolver acciones iguales dependiendo de quien las cometa. 

Nada de esto es, por supuesto, excusa. El PSOE necesita una limpieza desinfectante de muchos cargos y allegados que apoyaron a Sánchez para medrar y son incapaces de servir a sus siglas ni a los ciudadanos a los que representa este gobierno. El resto de izquierda debe dejar de usar al PSOE como muleta y chivo expiatorio y buscar su propio camino. Y con esto, el problema que tenemos y tendremos los ciudadanos no es ese. Mientras leemos las anotaciones de una fontanera flipada olvidamos lo que se nos viene encima por parte de un partido que sí controla todas las instancias y resortes del poder y que se aliará con otro partido racista, machista e ineficiente. Y, sobre todo, olvidamos el modelo de país que muchos queremos: con servicios públicos de calidad, que invierta en sanidad, educación y comunidades locales, que no tolere tener a gente viviendo en la calle, que no discrimine por el lugar de origen, que luche por salarios dignos y empresas productivas, que fría a impuestos a los ricos, que se ría en la cara de Abascal y su prioridad nacional. Por ese país habrá que votar, cuando toque. 

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpieron en la mañana del pasado 27 de mayo en la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid. Durante 12 horas, los investigadores se incautaron de un enorme volumen de documentación. Hubo registros en otros domicilios y empresas. El análisis de esa información arrojará más luz sobre la magnitud de un caso que ha vuelto a tambalear los cimientos del partido. Por el momento, en los miles de folios que componen el sumario se agolpan los indicios de que el PSOE financió parte de una trama conspiranoica que trabajó para frenar investigaciones judiciales y que buscó extender su influencia a la Guardia Civil, cuyos mandos están detrás de algunas de las causas que atañen al entorno del partido y del Gobierno. 

El avance de esas investigaciones constata que la trama fracasó en su intento de torpedear los casos más comprometidos para los dirigentes socialistas. El exministro José Luis Ábalos, el ex fiscal general del Estado y el hermano del presidente del Gobierno ya han pasado por el banquillo y todo apunta a que su mujer lo hará próximamente. Pero los mensajes y audios intervenidos por orden de la Audiencia Nacional sí revelan los intentos de la trama presuntamente dirigida por el ex ‘número tres’ del PSOE Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez por desacreditar o inquietar el trabajo de jueces, fiscales o policías. 

Así lo evidencia la intensa agenda de reuniones que esta última mantuvo con personajes muy variopintos a partir de abril de 2024, cuando Santos Cerdán le encargó desplegar una estrategia que tenía un plan dual. Por un lado, neutralizar las citadas causas judiciales. Y, por otro, destapar a la “policía patriótica” en la época del PP para mostrar cómo sus oscuras maniobras tuvieron a Pedro Sánchez como blanco y reforzar así su posición política. “Yo os digo cuál ha sido mi prioridad en todo esto: el presidente, porque sin eso no hay nada más”, escribió Leire Díez en un mensaje incautado por la UCO. 

Uno de los ejes de esa estrategia era, por tanto, desestabilizar cualquier procedimiento judicial o policial que pudiera afectar a los intereses del Gobierno y del PSOE. Especialmente, al entorno familiar del presidente. De hecho, el germen de estas actuaciones es una reunión que el entonces secretario de Organización del partido convocó en la sede de Ferraz el 26 de abril de 2024, dos días después de que Pedro Sánchez cancelara su agenda para decidir si continuaba en el cargo ante “la campaña de acoso” contra su esposa, que acababa de ser imputada por el juez Juan Carlos Peinado. 

Con ese objetivo, la trama se acercó a guardias civiles o empresarios imputados en diversas causas, como los hidrocarburos. Les ofrecían supuestos acuerdos favorables de la Fiscalía, destinos privilegiados o “protección” en sus procedimientos a cambio de información comprometedora sobre los responsables de sus investigaciones, que eran los mismos que lideraban las que afectaban al entorno del Gobierno: el teniente coronel de la UCO Antonio Balas y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. También intentaron encontrar trapos sucios de los instructores de las causas contra la mujer y el hermano del presidente, Juan Carlos Peinado y Beatriz Biedma. 

Asimismo, buscaron fallos en las instrucciones policiales que les permitieran crear un efecto dominó y anular las causas vinculadas al Gobierno, así como alimentar las dudas sobre el conjunto de las investigaciones ante la opinión pública. La trama no dudó en utilizar el soborno en ocasiones como medio para lograr sus fines, según la UCO. La realidad constata, sin embargo, que esa estrategia fue un absoluto fracaso. Todas las causas que la trama quiso desbaratar siguen en marcha. Algunas, como la del hermano de Sánchez, se están juzgando esta misma semana. Y las pocas que terminaron en archivo o absolución llegaron a ese desenlace por razones ajenas a la exmilitante, que actuó de la mano de aliados de dudosa reputación y arropada por mandos socialistas del más alto nivel.

Antes del encargo de Santos Cerdán en abril de 2024 —y de que el PSOE empezara a financiar sus actividades—, Leire Díez se había movilizado para torpedear causas que afectaban, principalmente, al socialismo andaluz, como los ERE, Isofotón o Aznalcóllar. La UCO sitúa el inicio de estos movimientos en 2020, meses después de que el expresidente de la SEPI Vicente Fernández fuera imputado en el último de esos casos y tuviera que dejar su cargo (fue absuelto años después). Leire Díez y Vicente Fernández tenían una “relación personal” desde 2019 tras haber coincidido en el holding público, donde la exmilitante era responsable de comunicación de ENUSA, la empresa pública del sector nuclear.

En paralelo, la UCO apunta a que ambos habrían puesto en marcha a partir de 2021 junto a Santos Cerdán y un empresario amigo de este —Antxon Alonso— una operativa para “orientar” expedientes de ayudas y rescates públicos dependientes de la SEPI. Para ello, se valían supuestamente de la capacidad de influencia que aún conservaba Vicente Fernández en el conglomerado público. A cambio, presuntamente, cobraban mordidas. Esta es la línea de investigación sobre la SEPI que investiga de forma simultánea la Audiencia Nacional. Santos Cerdán emitió este viernes un comunicado en el que negó su implicación en estos casos y acusó a la UCO de “destrozar personas”. 

Información sobre la brigada política

De vuelta a las maniobras de la trama conspiranoica, el otro eje de trabajo para defender al Gobierno tras la encomienda de Santos Cerdán fue conseguir material sonoro y documental que evidenciara cómo Pedro Sánchez había sido víctima de la policía política que actuó amparada por el Ministerio del Interior con el Gobierno de Mariano Rajoy, así como trapos sucios de sus rivales políticos. “Tenemos audios e información sobre las cloacas contra Pedro Sánchez. De Manos Limpias. El PP. Y la comisaría general de información”, le escribió la periodista Patricia López —ahora fallecida— a Leire Díez el mismo día que Sánchez amenazó con dimitir. 

Buscando pruebas de esas maniobras, Leire Díez se reunió con algunos de los protagonistas de ese grupo parapolicial que operó en la época del PP. El sumario acredita que se vio en dos ocasiones en julio de 2024 con el secretario de Estado de Seguridad de esa época, Francisco Martínez, quien se sienta ahora en el banquillo acusado por esas maniobras que forman el caso Kitchen. La exmilitante se presentó como una emisaria que “ha puesto el PSOE” y le ofreció un pacto con la Fiscalía para “sacarle” de esa investigación. A cambio, le pidió que colaborara aportando información para “limpiar” las instituciones y desentrañar operaciones policiales del pasado. 

Martínez le dijo en la segunda de esas reuniones que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había investigado en 2015 a Pedro Sánchez y había hecho informes sobre las saunas que regentaba su suegro, según un audio que consta en el sumario. El traslado de esa información no mejoró su situación procesal. La Fiscalía pide para él 15 años de cárcel por malversación de fondos públicos y varios delitos de revelación de secretos, entre otros, en el ‘caso Kitchen’ por el que está siendo juzgado en la Audiencia Nacional. 

Leire Díez también se alió con el comisario José Villarejo, al que ofreció un supuesto trato de favor en sus causas judiciales a cambio de que él aportara grabaciones, notas e informes que todavía no habían salido a la luz y que supuestamente implicaban a toda la cúpula del Gobierno de Rajoy e incluso al juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena en la citada brigada política. El supuesto acuerdo incluía un pacto con la Fiscalía que evitara la eventual entrada en prisión de Villarejo y que parte de su patrimonio fuera salvaguardado. 

Al final, esa alianza salió mal y acabó con el comisario echando en cara a la exmilitante su falta de resultados: “Está visto que nosotros somos los únicos que cumplimos”. El sumario revela que el fiscal del caso rechazó cualquier acercamiento y apunta a la existencia de una reunión entre el abogado del comisario y el entonces fiscal general, Álvaro García Ortiz, que el letrado negó en su declaración ante la UCO. Villarejo acumula varias condenas y tiene abiertos todavía varios procedimientos en la Audiencia Nacional. 

En esa cruzada, Leire Díez contó también con la colaboración de Javier Pérez Dolset, un empresario encausado en la causa Zed por un fraude de más de 30 millones de euros que defiende que es una víctima más de la brigada política del PP, al nivel de los líderes independentistas o Podemos. Dolset ha recabado en los últimos nueve años abundante información sobre las prácticas mafiosas de la policía política que funcionó en España durante la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy. 

De hecho, la investigación ha revelado que antes del encargo de Santos Cerdán, Leire Díez y Pérez Dolset llevaban tiempo intentando establecer contacto con el PSOE. Sin éxito. “Intentamos contactar con el PSOE dos años y solo ocurre cuando lo de Begoña alguien nos escribe”, recoge una anotación de la propia Leire Díez que fue incautada por la Guardia Civil cuando fue detenida en diciembre. 

Fue a partir de ese momento cuando el PSOE, bajo las órdenes de quien fuera su ‘número tres’, empezó a dar un soporte financiero y logístico a la trama. Leire Díez cobró —a través de empresas interpuestas— algo más de 43.000 euros en medio año. Además, el partido sufragó viajes suyos y de Pérez Dolset y alojó al menos 22 reuniones de la trama. Estos hechos son los que utiliza la UCO para señalar al PSOE como financiador. Pero también abren el interrogante sobre el alcance del conocimiento de estas maniobras en la cúpula del partido.

El sumario recoge algunos mensajes en los que la exmilitante hace referencias al “one” [uno, en inglés]. La UCO infiere que con ese apelativo “solo” pueden estar refiriéndose a Pedro Sánchez, si bien en la investigación judicial no constan por el momento indicios de que estas operaciones irregulares se hicieran por orden o con el conocimiento del secretario general del PSOE.

“Nunca he conocido ni se me ha informado de las andanzas de la señora Leire Díez. Ni lo avalé ni tuve información. Nunca lo hubiera tolerado”, dijo este viernes Pedro Sánchez desde Bruselas. En la última Ejecutiva del partido, el pasado lunes, el presidente pidió a sus dirigentes que salgan a defender contra viento y marea la acción del Gobierno y a difundir el mensaje de que una confluencia de intereses judiciales, políticos y mediáticos intenta tumbarlo con malas artes.

Xavier Trias era alcalde de Barcelona aquel 27 de octubre de 2014 cuando el diario El Mundo publicó que el dirigente independentista mantuvo durante años una cuenta abierta en UBS (Union de Banques Suisses) y que en febrero de 2013 la traspasó a otra entidad de Andorra con un saldo de 12,9 millones de euros. Trias tardó 24 horas en acreditar mediante una certificación negativa de UBS donde figuraba que el entonces alcalde de Barcelona no tenía ni había tenido ninguna cuenta en esos bancos con sede en Ginebra. “No tengo ninguna cuenta en Suiza, ni en Andorra, ni en ningún sitio que no sea en Cataluña. No tengo ni he tenido 13 millones de euros, ni 200.000 en mi cuenta corriente, la información que apareció en El Mundo es totalmente falsa”, declaró entonces Trias.

Detrás de aquella información falsa estaba el Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz (PP), según le contó diez años después Francisco Martínez, que era secretario de Estado de Seguridad cuando ocurrieron los hechos, a Leire Díez, militante socialista imputada como parte de una trama, amparada supuestamente por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Díez, según las pesquisas, maniobró buscando irregularidades en la actuación de jueces, fiscales o guardias civiles que investigaban la corrupción socialista.

La militante socialista citó a Martínez en julio de 2024 con la promesa de mejorar su situación judicial a cambio de informaciones relevantes sobre la actuación corrupta de la cúpula policial del Ministerio del Interior durante el mandato del PP. Díez se presentó a aquella reunión como una persona con capacidad de influencia en el PSOE y en el Gobierno. Martínez estaba ya procesado en el caso Kitchen y la Fiscalía pedía para él hasta 15 años de cárcel como jefe de una operación ilegal en la que participaron una decena de policías empoderados con el objetivo de sustraer a la familia del extesorero del PP, Luis Bárcenas, documentación sobre la financiación ilegal de la formación conservadora.

Martínez le contó a Díez en esa reunión detalles relevantes de una de las operaciones impulsadas desde el Ministerio del Interior para desacreditar a dirigentes independentistas catalanes. La militante socialista grabó aquella conversación, incorporada ahora al sumario del caso que instruye el juez Santiago Pedraz y donde Leire Díez está imputada.

El exsecretario de Estado de Seguridad se refiere así al episodio de la cuenta falsa de Trias en Suiza:

La operación del Ministerio del Interior para desprestigiar a Xavier Trias con una información falsa era una más de las que se pusieron en marcha aquellos años contra independentistas catalanes, inmersos en un proceso ilegal de convocatoria de consultas por la autodeterminación. En las semanas previas a las elecciones catalanas de noviembre de 2012, un informe policial sin sello ni firma denunciaba múltiples corruptelas —la mayoría de ella resultaron falsas— contra los principales dirigentes independentistas catalanes.

El ex secretario de Estado de Seguridad conoció la mayoría de las operaciones de guerra sucia contra los adversarios políticos del Gobierno de Mariano Rajoy. En su conversación con Leire Díez, el número dos de Interior señala que el problema de aquella información falsa sobre Trias es que no se investigó por parte de la UDEF, sino que se filtró mucho antes a El Mundo por culpa del exministro Jorge Fernández Díaz.

Información policial falsa era filtrada a los medios de comunicación afines al PP mucho antes de que fuera judicializada. Xavier Trias denunció estos hechos y se querelló contra el entonces ministro del Interior por un delito de violación de secretos, prevaricación y malversación de fondos públicos. Pero el Tribunal Supremo rechazó la iniciativa “reiterando la doctrina de la Sala de lo Penal contraria a admitir como base de la querella hechos cuya base probatoria aparece solo en medios de comunicación, como en este caso”.

Otros dirigentes catalanes perjudicados por maniobras similares denunciaron sin éxito en distintos juzgados “un entramado político-policial que tendría por finalidad llevar a cabo actuaciones para desestabilizar o frenar a personas vinculadas al movimiento independentista, o vinculadas, presuntamente a ellas”.

Ni supo, ni mucho menos avaló “las andanzas” de Leire Díez. Tras nueve días sin contestar preguntas sobre el terremoto judicial que sacude al Partido Socialista, Pedro Sánchez decidió atender este viernes a los medios de comunicación en la cumbre europea de Montenegro para salir al paso de una hipótesis deslizada en los informes de la UCO y que había empezado a monopolizar el debate público en España desde que se conoció el sumario del caso.

“Nunca he conocido, ni nunca se me ha informado de las andanzas de la señora Leire Díez. Que los ciudadanos no tengan ninguna duda. Y no se me informó porque, si me las hubieran dicho, no las hubiera tolerado”, dijo el presidente del Gobierno para intentar zanjar la teoría de que era él quien realmente orquestaba la trama investigada en la Audiencia Nacional.

En esa misma comparecencia ante la prensa, Sánchez trasladó su “decepción, preocupación e indignación” por el cariz y la gravedad de los hechos investigados, sobre los que en ningún momento quiso extender la sombra de sospecha de una campaña judicial orquestada, como sí han apuntado en las últimas semanas varios de sus ministros y dirigentes del partido. En realidad, esa declaración pública para dar las explicaciones pendientes sobre el escándalo que azota a su partido fue decidida en el último momento por el presidente del Gobierno y su equipo, que habían apostado desde el estallido del caso por pasar de puntillas sobre un asunto que también han querido enmarcar en los “comportamientos individuales” de unos cuantos “farsantes, resentidos y oportunistas”.

Ese argumentario, reciclado de los escándalos de José Luis Ábalos, Koldo García o Santos Cerdán, envejeció pronto y mal en las últimas horas. Porque la investigación apunta a que la mancha de aceite del 'caso Leire' se extendió mucho más allá de los tentáculos de Cerdán y estaba lejos de resultar una relación encapsulada. Así, la UCO sostiene que la denominada 'fontanera' de Ferraz no solo cobraba del Partido Socialista y se servía de su logística para desarrollar su presunta actividad delictiva, sino que tuvo contacto con otros dirigentes del PSOE e incluso con altos representantes de algunas instituciones del estado.

El ejemplo más claro es el de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, a quien el presidente aún mantiene, al menos formalmente, su apoyo. “Desde el Ministerio del Interior se ha manifestado la confianza en su honestidad. Solamente puedo apoyar esas declaraciones y trasladar esa confianza”, se limitó a contestar. Después de que el propio ministerio del Interior lo negara, el departamento de Grande-Marlaska admite ahora las tres reuniones de González con Díez que acredita el sumario. Y admite también que la última de ellas fue para pedirle ayuda sobre un comandante implicado en el 'caso Koldo'. Lo que niega Interior es que la directora de la Guardia Civil aceptara “interferir jamás en ninguna investigación”.

Con el agua al cuello ante el terremoto judicial de las últimas semanas, lo que muchos socialistas demandaban en privado a su partido y a su Gobierno es que saliera a dar explicaciones para sofocar, en la medida de lo posible, una crisis de primer nivel. Tras las últimas novedades del caso, nadie creía que fuera viable guardar silencio hasta la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados prevista para el 24 de junio. La conclusión más extendida era que se requería un mensaje urgente y contundente para defender la reputación de las siglas, ahora gravemente herida, y desechar la idea que intenta apuntalar la oposición de una corrupción sistémica en Ferraz. Justo el extintor de incendios que sacó Sánchez este viernes.

“No voy a permitir que las corruptelas de unos pocos y el ruido interesado de una oposición marrullera empañen la acción de un Gobierno que mejora la vida de la gente y que es referente fuera de nuestras fronteras. Mi Gobierno es un Gobierno limpio y mi partido es un partido íntegro”, reivindicó el presidente, que dejó la puerta abierta a decisiones que pueda adoptar en el futuro para la depuración de más responsabilidades. ,

Acercamiento al PNV

Ese nuevo cortafuegos establecido respecto a las conductas de Santos Cerdán o Leire Díez se suma ahora a la otra gran baza del presidente del Gobierno para mantener a flote una legislatura amenazada por las incontables vías de agua: el portazo a Alberto Núñez Feijóo de formaciones como Junts o PNV, refrendado justo esta semana cuando, al igual que otras tantas veces, un tropiezo no forzado del líder de la oposición regaló algo de aliento a un Ejecutivo acorralado.

Fue muy celebrada en la Moncloa, por ejemplo, la respuesta del dirigente de Junts, Jordi Turull, a la mano tendida de Feijóo para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa. “Él sabe que las reuniones con la máxima dirección se hacen en Waterloo, ya saben cómo funciona”, le dijo Turull al líder del PP para invitarlo a ir a reunirse con Carles Puigdemont, a quien ha definido durante toda la legislatura como un “golpista” y un “prófugo”.

También intentaron pescar los populares en las aguas del Partido Nacionalista Vasco, que en las últimas semanas había endurecido el tono contra el Partido Socialista y había llegado a reclamar elecciones anticipadas para este año 2026. Pero la respuesta que recibió Feijóo también fue el portazo. “Si ni siquiera he hablado con él, puede pensar usted qué opinión puedo tener”, respondió Aitor Esteban a la pregunta de un periodista sobre la moción de censura. Para remachar, el presidente del PNV enumeró los agravios que hacen inviable su entendimiento con el PP, sin siquiera entrar a la incompatibilidad manifiesta con Vox. “El PP es un partido que no ha querido el euskera en Europa, que ha defendido en el Senado que no se hagan las transferencias pendientes del Estatuto de 1979, que se ha opuesto con uñas y dientes a la selección de pelota vasca y que ha dicho verdaderas burradas del palacio de Avenue Marceau”, el histórico edificio recuperado por el PNV en París.

Después de que el propio Aitor Esteban elevara el tono de sus reproches públicos contra el Gobierno, desde el Partido Socialista y el entorno del presidente se han intensificado los contactos para recomponer una interlocución magullada con los nacionalistas vascos. Es desde hace algún tiempo Antonio Hernando, dirigente en Ferraz y 'número dos' de Óscar López en el Ministerio de Transformación Digital, el nexo entre el Palacio de la Moncloa y Sabin Etxea. Y el hombre que en las últimas semanas se ha afanado en dispensar a Esteban el trato que el líder del PNV demandaba.

Intranquilos por los azares de una legislatura ahora cortocircuita por los casos de presunta corrupción del PSOE, reclaman los nacionalistas vascos desde hace meses desbloquear la agenda de transferencias pendientes o mejorar la colaboración parlamentaria en el Congreso de los Diputados para tener más información de la agenda legislativa del Gobierno, sobre la que reprochan que les obliguen “a ir a ciegas” a los Plenos. Y dos aspectos más: el impulso a un debate parlamentario sobre los Presupuestos Generales del Estado que no se ha dado en todo el mandato y que bajo ningún concepto las elecciones generales coincidan con las municipales de mayo de 2027. Justo los dos temas sobre los que Pedro Sánchez ofreció esta semana garantías públicas.

“Puedo garantizar por activa y por pasiva que no va a haber un superdomingo electoral. Hay un debate que se tiene que sustanciar, que es el de los alcaldes y alcaldesas candidatos a las alcaldías, también a las presidencias autonómicas que concurran en esos comicios del próximo mes de mayo. Lo que sí que les puedo garantizar a los españoles y a todos los partidos políticos es que desde luego no va a haber un superdomingo electoral”, dijo este viernes, en plena consonancia con la exigencia del PNV de que el debate político estatal no monopolice una cita con las urnas en la que se juegan gran parte de su poder institucional.

El presidente también anunció que en 2027 sí habrá, al menos, un proyecto de Presupuestos Generales del Estado que verá la luz en el Consejo de Ministros y que será tramitado y debatido en el parlamento. Sin cuentas durante toda la legislatura, Sánchez traslada ahora el impulso a esos Presupuestos justo para un año que será eminentemente electoral, con la ya mencionada cita de municipales y autonómicas y a la espera de que sean fijadas las generales. Un contexto de competición política a cara de perro que, con toda probabilidad, hará inviable el acuerdo necesario para sacar adelante unas cuentas que, en caso de decaer, servirían como excusa perfecta para la disolución de las Cortes. Y que, de paso, le permiten ya a Pedro Sánchez proyectar su mandato hacia 2027 mientras sus rivales lidian con el ansia de unas elecciones inmediatas y sus compañeros de filas con la incertidumbre de cómo sobrevivir a las siguientes 24 horas.

Cuando el pasado 27 de mayo se conoció el auto del juez Santiago Pedraz por el que acordaba varios registros e imputaba tanto al ex 'número tres' socialista Santos Cerdán como a la gerente del partido Ana Fuentes o al exdirigente andaluz Gaspar Zarrías, el sindicato Manos Limpias se apresuró a redactar un escrito en el que solicitaban al juez que elevara el caso Leire Díez al Tribunal Supremo porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debía ser investigado como inductor. La secuencia recordó a lo ocurrido en 2024, cuando los de Miguel Bernad presentaron una denuncia contra Begoña Gómez en base a unos recortes de periódico que acabó prosperando gracias al juez Juan Carlos Peinado.

Más allá del deseo de un sindicato que preside quien fuera secretario general del Frente Nacional, heredero de la Fuerza Nueva de Blas Piñar, lo cierto es que los diferentes atestados, informes y autos que componen el sumario del caso dejan claro que Cerdán y la exmilitante socialista se activaron en abril de 2024 para tratar de socavar los procedimientos judiciales que salpicaban tanto al PSOE como a familiares del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La figura del jefe del Ejecutivo se erige como la causante de los desvelos y de la actividad frenética de la 'fontanera' socialista. Y con esta premisa surge la duda de si Sánchez estaba o no al corriente de esa operación de salvamento que se orquestó con el beneplácito (aparente) de todo un secretario de Organización del PSOE en una reunión que se celebró en Ferraz durante esos días de reflexión que se dio el presidente para decidir si abandonaba la política tras conocerse la imputación de su esposa. No figura nada hasta el momento que acredite de forma directa que Sánchez estuviese al tanto y él lo ha negado este mismo viernes: “Ni lo avalé ni tuve información”.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge en el que es el principal atestado de la causa, el 89/2026 'Informe sobre hechos de aparente naturaleza delictiva', que la misión principal de la trama era “la defensa del Gobierno y su partido político” y que se instrumentalizó a la formación política para la ejecución de acciones “que consistirían en intentar atacar la integridad de todos los procedimientos judiciales con afectación al entorno del Gobierno, mediando actos de aparente naturaleza delictiva”. Da un dato importante, todo “detona” con la decisión de Pedro Sánchez de publicar su 'Carta a la Ciudadanía' el 24 de abril de 2024.

Así pues, buscándolo o no, la figura de Sánchez está en el origen de los esfuerzos de la trama. De esos días, ya recogen los investigadores que Leire Díez mantiene una conversación con la periodista Patricia López (ya fallecida pero que pudo tener un papel relevante junto a la exmilitante) en la que le indicaba que tenía que hablar con Cerdán. “Necesito que hables con Cerdán por lo de Pedro Sánchez. Tenemos audios e información sobre las cloacas contra Pedro Sánchez”, le indicaba.

A partir de ese episodio y a lo largo de las 372 páginas del principal informe de la UCO se menciona una treintena de veces de manera directa o a través de supuestos apodos al presidente del Gobierno. Son citas de terceras personas sobre él y el Gobierno defiende que se trata de un uso del nombre del presidente “probablemente para darse importancia”, en palabras del ministro Bolaños.

La grabación de Stampa: “Límpiese”

Una de las ocasiones en las que se vincula al presidente con la trama es cuando se recogen textuales de la reunión de la exmilitante socialista y el empresario Javier Pérez Dolset con el fiscal Ignacio Stampa. En concreto, cuando le refieren que el presidente les había dado el mandato de “que se limpie todo”. El fiscal grabó de forma subrepticia esa conversación.

Para los investigadores es de “interés” y un “elemento de especial relevancia” que Pérez Dolset sostuviera que “la decisión última sobre el inicio de esta actividad fue del propio presidente del Gobierno”, algo que, dicen, la propia Leire Díez confirmó cuando apostilló a la frase del empresario aquel “límpiese”.

Además, la UCO indica que durante la comparecencia pública de Sánchez el 29 de abril de 2024, tras el periodo de reflexión, cuando confirmaba su voluntad de permanecer al frente del Gobierno, Leire mensajeó al expresidente de la SEPI Vicente Fernández —con quien tuvo una relación personal— indicándole que la información que habían aportado estaba siendo empleada y había sido útil: “El presidente del Gobierno está refiriéndose a todo lo que estamos haciendo”.

Ese mismo día, Leire mantenía otra conversación, esta vez con Juanma Serrano (quien fuera jefe de gabinete de Sánchez en el PSOE hasta que llegó a La Moncloa) en la que éste le hace ver que “el jefe había citado lo de los audios” en su comparecencia pública. Leire Díez respondió con una nueva referencia al “jefe”, señalando: “El jefe nos va a poner en un altar”.

Y es que, tras dos años intentando llegar al PSOE, por fin —y por culpa de la instrucción del juez Juan Carlos Peinado— les habían empezado a tener en cuenta. Así lo reflejaba ella en un cuaderno que le fue incautado en su domicilio en referencia a la 'Operación PSOE': “Intentamos contactar con el PSOE dos años y sólo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe”.

“Por orden del One”

Pero quizá las menciones que más destacan y que para la UCO podrían apuntar a un conocimiento real de Sánchez sobre lo que hacía la trama son las que se refieren a él como 'el One'. Al respecto, consta en la causa una conversación entre Leire Díez y Vicente Fernández de enero de 2025 en la que ella expone que la prioridad de Santos Cerdán es atacar las causas de hidrocarburos porque podrían hacer caer como castillo de naipes procedimientos como el caso Koldo. Faltaban pocos meses para que un informe de la UCO apuntase al propio Cerdán. Ahí, Leire Díez indica que esa vía se debe seguir “por orden del One”.

Para la UCO, la referencia al 'One' solo puede indicar que se habla del presidente del Gobierno. “Por un lado, por ser la única persona que por su posición podría estar en disposición de ordenar algo a Santos Cerdán dentro del partido y, por otro, por el significado implícito de la referencia 'one', de la que se deduce que estaría efectuada a una persona que se encontrase en el primer nivel de responsabilidad”, explica.

Ese 'One' aparece también en las actas que redacta el comandante Rubén Villalba de sus encuentros con la fontanera del PSOE. En ellas expone que “Leire insiste en que tiene acceso al 1, a veces haciendo referencia al 1 del partido a través de su Secretaría y otras al 1 del Gobierno”.

Otro de los documentos clave que recoge el atestado de la UCO y que deja claro que la 'fontanera' todo lo hacía por el presidente del Gobierno es el conocido como 'LD-Planteamientos'. Fiel a su estilo, el comisario José Manuel Villarejo, tras contactar con Leire, redacta una suerte de proyecto que incluiría “un informe de inteligencia sobre PS”. La trama, en junio de 2024, había subcontratado de alguna manera al comisario para destapar los ataques de la cloaca contra el líder socialista.

Otra referencia que la UCO destaca como “paradigmática” es cuando en el fragor de los trabajos para atacar la figura de la jueza que instruía el caso contra David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, en Badajoz, Leire Díez llegó a manifestar que su prioridad en todo era Sánchez: “(...) mi prioridad en todo esto: el presidente”.

Pero quizá el mensaje que podría servir para apuntalar la tesis de la UCO de que quien estaba detrás de ese apodo de 'el One' era Sánchez se encuentra en febrero de 2025. En ese momento Leire Díez ya ha sido calificada por la prensa como la 'fontanera' del PSOE. Vicente Fernández le escribe para interesarse por ella y le recomienda que informe a 'S' (“se infiere que en referencia a Santos Cerdán”, dice la UCO). Y ella le responde que ya lo ha hecho y que le ha pedido que no se venga abajo. “Ayer le dijo el one a S que me dijera que estoy haciendo un trabajo enorme y que no me venga abajo”, resaltaba ese 15 de febrero de 2025.

Además, una de las agendas de anillas incautadas a Leire Díez en su casa del norte de Madrid contiene la anotación “Reunión con P.S.” en la página correspondiente al 3 de febrero de 2025. La UCO hizo alusión a alguna de las anotaciones de esa agenda en el informe principal del caso, pero obvió este apunte. Según la página oficial de La Moncloa, Pedro Sánchez —a quien pudieran corresponder esas siglas— participó ese día en el retiro informal de líderes de la Unión Europea, convocado por el Consejo Europeo. Desde Moncloa han “desmentido rotundamente” cualquier encuentro entre ambos.

Con todo, más allá de menciones en mensajes cruzados por la 'fontanera', lo cierto es que hasta ahora no ha aparecido nada que permita afirmar que el presidente del Gobierno pudiera haber estado al tanto de ese 'operativo' nacido para intrigar en causas judiciales y contra representantes de la Fiscalía, jueces y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La investigación se encuentra en un momento incipiente habida cuenta que se deben analizar, entre otros, todos los dispositivos electrónicos incautados a Santos Cerdán, ese presunto coordinador de la trama que puede ser el cortafuegos para que el asunto no escale hasta la presidencia del Gobierno.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del caso Leire, que lleve a cabo una batería de interrogatorios como testigos entre quienes se encuentra la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, según un escrito fechado este viernes, al que ha tenido acceso elDiario.es.

El Ministerio Público formula esta petición después de en la UCO detallara la existencia de una conversación de WhatsApp entre la exmilitante Leire Díez y Narbona el 24 de abril de 2024. Los agentes dicen que Leire Díez “habló de 'reconducir' los ataques al presidente, dar ayuda 'cualificada' y dar la vuelta al asunto 'como un calcetín'”. En esta misma conversación, según el informe, Narbona respondió: “Se lo habías contado a Santos [Cerdán] el otro día”.

Tras conocerse el sumario del caso, Narbona aseguró que Leire Díez no llegó a enviarle ningún documento de la información que ofrecía. Asegura que se limitó a ponerla en contacto con el 'número tres' del partido que sí las recibió y revisó y le comunicó a la presidenta del PSOE que “no tenía nada que no se supiese ya”.

Además, las fiscales piden la imputación de la abogada Leticia de la Hoz, señalada por supuestamente ofrecer un soborno de 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano para comprar su silencio y evitar que declarase haber llevado dinero en efectivo a la sede del PSOE. En la batería de testigos que propone la Fiscalía figura la propia Carmen Pano y su chófer, Álvaro Gallego. La letrada, que ejerció la defensa de Koldo García durante el juicio en el Tribunal Supremo, afirma que fue al revés y que fue Pano la que le pidió 10.000 euros como comisión en un negocio relacionado con los hidrocarburos.

En esa lista de personas que la Fiscalía reclaman que sean citados como testigo está también Miriam Serrano, la joven que mantenía un procedimiento judicial contra el fiscal Anticorrupción José Grinda por un presunto delito sexual. Grinda fue uno de los objetivos a neutralizar por parte de la trama conspiranoica que trabajó para desestabilizar causas judiciales vinculadas a la corrupción socialista. Santos Cerdán llegó a mantener una reunión en Ferraz con esa joven.

También figuran personas con las que contactó Leire Díez para buscar información comprometida de jueces y fiscales. Uno de ellos es Antonio José García Cabrera, abogado de José Manuel Villarejo, a quien Díez prometió un pacto con la Fiscalía Anticorrupción que nunca se produjo. También está Joaquín Parra, el empresario extremeño vinculado a causas de hidrocarburos que formaba parte del grupo destinado a interponer denuncias contra la jueza que investigaba al hermano de Pedro Sánchez en Badajoz. Y finalmente también pide que sea llamado a declarar al policía con el que contactó Leire Díez para obtener información comprometedora sobre la jueza Mercedes Alaya.

El juez pide a Hacienda que fiscalice al PSOE

En una resolución, el juez Pedraz acuerda alguna de las peticiones formuladas por Anticorrupción y avisa de que el resto la resolverá en otra resolución. Así, pide a la Agencia Tributaria que haga un informe sobre cuentas bancarias, cobros en efectivo, relaciones societarias, operaciones con terceros y facturación del PSOE que abarque los ejercicios 2024 y 2025. 

Esa misma información pide que sea analizada por Hacienda respecto a otros imputados en la trama, como el exdirigente socialista Gaspar Zarrías o los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, así como las sociedades vinculadas a ellos. Y también respecto a Crónica Libre SL —el periódico vinculado a Leire Díez y a la fallecida Patricia López— y las agencias del Grupo IKI. Los investigadores sospechan que el PSOE y el Partido Socialista de Cataluña (PSC) utilizaron a estas agencias para canalizar pagos hacia Crónica Libre camuflados bajo supuestas campañas publicitarias.

Por otro lado, el juez pide a la UCO que identifique las cuentas bancarias en las que Leire Díez haya recibido pagos en relación con los hechos y las cuentas de las que procederían esos pagos, para que solo sean esas las que sean aportadas a la causa.

El presidente castellanomanchego se ha referido a lo que se ha venido a llamar como 'las cloacas' del PSOE en alusión al caso de Leire Díez. “Lo preocupante para mí es el alcance que está tomando la causa” y en este sentido advertía de un “riesgo evidente” para el PSOE: “La causa pueda afectar al conjunto de la organización judicialmente”.

Como ya hizo hace dos días, Page ha vuelto a pedir al partido que se querelle “por responsabilidad” contra “quienes en nombre del PSOE, malamente, y no lo dudo, han abusado de nuestra confianza y han supuestamente cometido delitos”.

Cree que “urge evitar” que el partido en conjunto pueda ser imputado por esta causa y eso, añadía, “sería probablemente lo más grave que yo recuerdo. Esto es lo que me importa. Las explicaciones políticas de este país son como son, pero desde luego tengo que creer que las personas concretamente imputadas ahora mismo son las únicas responsables”.

Se siente “perjudicado”, como miembro del PSOE, “por un grupo de personas que realmente nos están haciendo un agujero, un boquete tremendo” y cree que sería “enormemente injusto que todos arrastremos esa causa”.

Ve “posible” que Sánchez no estuviera al tanto de nada

A Page le han preguntado si cree posible que Pedro Sánchez no estuviera al tanto de nada y ha respondido de forma afirmativa. “Sí, es posible. Yo creo que la política es muy compleja, hay muchísima gente a nuestro cargo y yo no siempre me he enterado de muchas cosas”, pero subraya que lo que importa “de verdad” es lo “que la gente lo pueda creer” y en este aspecto cree que “el ambiente nvita a que no nos crean casi nada”.

Para el presidente castellanomanchego al PSOE no se lo va a llevar por delante ningún tema “por grave que sea”, pero sí su “credibilidad”, por lo que ha insistido una y otra vez -lo lleva haciendo semanas- en frenar lo que califica de “hemorragia política y judicial” y eso es lo primero que hay que “atajar”.

Ha dicho sentirse preocupado porque en la causa de Leire Díez, “hay todavía una parte incluso secreta”. En su opinión, “ahora mismo hay un universo inmenso de expedientes, de información, de pruebas sobre la mesa, que evidentemente hacen que esto sea una tortura, seguramente para mucho tiempo”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que “nunca he conocido ni se me ha informado de las andanzas de la señora Leire Díez. Ni lo avalé ni tuve información. Nunca lo hubiera tolerado”, a su llegada a Tivat (Montenegro) para participar en la Cumbre UE-Balcanes Occidentales. Sánchez ha reiterado su respaldo a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y ha rechazado las comparaciones con la “policía patriótica” que puso en marcha el PP: “Nunca haría lo que otros sí me hicieron a mí”.

Sánchez también ha apoyado a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, que ha reconocido varias reuniones con Leire Díez. En una de ellas, la 'fontanera' le pidió ayuda para un comandante implicado en el caso Koldo. “Desde el Ministerio del Interior se ha manifestado la confianza en su honestidad. Solamente puedo apoyar esas declaraciones y trasladar esa confianza”, ha insistido.,

En un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el sumario del caso Leire se recoge cómo la exmilitante del PSOE hace referencias en varias conversaciones a sus conexiones con “los de arriba del Gobierno” además de con el “one del Gobierno” o el “one del partido” que la UCO apunta en su investigación que “la referencia al one se considera que solo podría estar efectuada al Presidente del Gobierno y Secretario General del Partido”.

Sin embargo, Sánchez ha sido tajante en lo que respecta a Leire Díez: “Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas entre la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto: es el momento de la justicia. Vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español”.

Ante las acusaciones de corrupción, Sánchez ha añadido que el equipo jurídico del PSOE “está trabajando para saber exactamente qué acciones se van a emprender en defensa de la honorabilidad y de la limpieza del Partido Socialista”.

El presidente del Gobierno ha asegurado que “nunca” haría “lo que otros” sí le hicieron a él, en referencia a maniobras como la realización de un informe por parte del CNI sobre los negocios del suegro de Sánchez antes de las elecciones de 2015, según admitió el ex número dos de Interior en un audio con Leire Díez que consta en el sumario del caso.

También ha rechazado las comparaciones con la “policía patriótica” que puso en marcha el PP para robar documentación sobre la financiación ilegal del PP, entre otras cosas. “Yo no hago ni he hecho lo que otros sí me hicieron a mí. Hay informaciones de hace muchos años donde una policía mal llamada patriótica del Gobierno del PP, que este sí utilizó resortes del Estado para obstruir investigaciones”, ha criticado.

“No va a haber un superdomingo electoral”

Ante los rumores de adelanto electoral, el presidente del Gobierno ha negado que las elecciones generales vayan a coincidir con las elecciones municipales y de algunas autonomías, que tendrían lugar en mayo de 2027. “Puedo garantizar por activa y por pasiva que no va a haber un superdomingo electoral. Hay un debate que se tiene que sustanciar, que es el de los alcaldes y alcaldesas candidatos a las alcaldías, también a las presidencias autonómicas que concurran en esos comicios del próximo mes de mayo. Lo que sí que les puedo garantizar a los españoles y a todos los partidos políticos es que desde luego no va a haber un superdomingo electoral”.

Ante la petición de elecciones adelantadas por parte de un grupo de 100 militantes socialistas, Sánchez ha destacado que “el Partido Socialista impulsó ya definitivamente los procesos de primarias a todos los niveles, también para la elección de su secretario o secretaria general. Hay democracia interna, hay debate. Es saludable y hay que dar la bienvenida a cualquier tipo de debate que contribuya a mejorar y consolidar una opción que está demostrando que las políticas socialdemócratas están haciendo muy bien al país en términos de crecimiento y de creación de empleo de consolidación de derechos y libertades y de proyección internacional”.

Sánchez ha añadido que están trabajando para recuperar el diálogo con Junts y con el PNV, aunque la formación nacionalista vasca ha pedido elecciones anticipadas, para intentar cerrar los presupuestos de 2027. “El PNV, creo que con dudas y escepticismo, ha abierto la puerta a ese diálogo. En relación con la propuesta de los Presupuestos Generales del Estado y con Junts, efectivamente esa interlocución está rota, pero seguimos trabajando precisamente para reconstruir esa relación de diálogo”.

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha emitido un comunicado en el que niega su implicación en la trama conspiranoica que trabajó para desestabilizar causas judiciales vinculadas a la corrupción socialista y que ha destapado la Audiencia Nacional.

Cerdán, que dimitió tras la implicación por el ‘caso Koldo’ que le llevó incluso a entrar en prisión, defiende que no existe “relación orgánica alguna, y mucho menos de superioridad” con esta trama y que no existe “mensaje o comunicación alguna emitida” por él que permita sustentar su implicación.

Además, acusa a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investiga el caso de “destrozar personas” utilizando una “metodología inversa”: “Se seleccionan objetivos y luego se dirigen operaciones abiertas contra ellos con la finalidad de encontrar 'algo' que pueda servir para ensuciar su imagen y minar su credibilidad pública”. 

Cerdán recuerda que ya declaró como testigo en la causa que se abrió por estos mismos hechos hace un año en un juzgado de Madrid y que “después de meses de instrucción” no se planteó el cambio de su estatus procesal. “A día de hoy nadie ha dado explicación del motivo de la necesidad (y legalidad) de una segunda investigación paralela”, sostiene.

Por otro lado, el exdirigente socialista recuerda que la UCO todavía no ha emitido el informe patrimonial que solicitó el juez del Tribunal Supremo cuando lo envió a prisión provisional por su supuesta implicación en el amaño de obras que se investiga en el 'caso Koldo'.

“Hace justo un año ya fui objeto de una campaña mediática parecida instada por otra actuación de esta misma unidad de la Policía Judicial que comportó incluso mi ingreso en prisión bajo la acusación de haber cobrado un mínimo de 5 millones de euros. Esta afirmación debía justificarse entonces con un informe patrimonial que, un año después, no ha sido emitido”, subraya.

Cerdán, en un “nivel superior”, según la UCO

El sumario del caso contiene un atestado de la Guardia Civil que apunta a Cerdán como el máximo responsable del supuesto operativo. Según la UCO, el objetivo del grupo era “desestabilizar” causas judiciales que “directa o indirectamente presentaban afectación a miembros del PSOE o el Gobierno”. Y Cerdán, entonces 'número tres' del partido, era el encargado de conseguir que Leire Díez cobrara dinero y así “dar cobertura logística a las acciones de este grupo”.

La de la UCO en el atestado que cimenta las diligencias de la Audiencia Nacional es que Cerdán y Leire Díez eran los “dirigentes” del grupo. El primero en un “nivel superior” y la segunda en un “nivel ejecutivo”. La semana pasada, la Guardia Civil registró la casa de Cerdán en Milagro, de donde se llevó documentación, móviles y portátiles.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha negado este viernes que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conociera las actuaciones de Leire Díez, como recoge el informe de la Guardia Civil incluido en el sumario del caso. Bolaños, que se encuentra en Luxemburgo en una reunión de ministros de Justicia de la UE, ha subrayado que “en el sumario no hay nada, absolutamente nada, que indique que el presidente del Gobierno tuviera ningún conocimiento” de la supuesta trama de Díez.

Bolaños ha subrayado que “es verdad, es indiscutible que hay una persona que utiliza el nombre del presidente del Gobierno continuamente”, en referencia a las conversaciones de Díez recogidas en el sumario, pero el ministro de Justicia lo ha atribuido a que “probablemente lo hace para darse importancia”.

El ministro de Justicia ha puntualizado que Sánchez “no tiene ningún conocimiento de esto porque el Presidente es una persona íntegra, una persona que cuando tiene conocimiento de la más mínima irregularidad, pone pie en pared y de manera muy contundente expulsa del partido, expulsa de cualquier responsabilidad que tengan las personas que hayan podido indiciariamente cometer alguna irregularidad”.

Bolaños ha insistido en que “tendrán que ser los tribunales quienes decidan”, pero respecto a la posible participación del presidente del Gobierno en la trama de supuesta corrupción de Leire Díez, ha recalcado que “el sumario con toda claridad establece que no hay nada”.

Referencias al “one”

En un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se recoge un mensaje de 2025 entre Díez y otro imputado en este caso, Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participación Industriales (SEPI), también imputado en la causa, en la que comentan cómo le va a trasladar una supuesta conversación con un empresario al entonces secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Díez dice: “Voy a trasladarle a Santi lo de L., pero lo tengo que hacer a mi manera si quiero que salga bien. Lo conozco y ahora mismo su prioridad es lo de los hidrocarburos por orden del one”.

La UCO apunta en su investigación que “teniendo en cuenta a la persona a la que se está refiriendo y su posición orgánica”, se supone que es Cerdán, “la referencia al one se considera que solo podría estar efectuada al Presidente del Gobierno y Secretario General del Partido”. Los agentes lo argumentan apuntando que “la única persona que por su posición podría estar en disposición de ordenar algo a Santos dentro del partido y, por otro, por el significado implícito de la referencia ”one“, de la que se deduce que estaría efectuada a una persona que se encontrase en el primer nivel de responsabilidad”.

En otro apartado del sumario también aparece como la exmilitante del PSOE hace referencias a sus conexiones con “los de arriba del Gobierno” además de con el “one del Gobierno” o el “one del partido” en dos reuniones que mantuvo en marzo de 2025 con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo.

Ni elecciones adelantadas ni congreso extraordinario

Respecto a la petición de elecciones anticipadas que han hecho varios miembros del PSOE y el PP, Bolaños ha comentado que “las legislaturas duran cuatro años, tanto cuando gana el Partido Popular, como cuando gobierna el Partido Socialista. Las legislaturas son de cuatro años. Las legislaturas no duran lo que quiere el Partido Popular”.

El ministro ha minusvalorado la petición de 100 militantes socialistas de un congreso extraordinario del partido al señalar que “el Partido Socialista es un partido democrático. Decide todos sus órganos de dirección y todos sus líderes a través de primarias... Una manifestación o una reunión de 100 personas en un partido... Creo que ahora estaremos en torno a 150.000 militantes, pues tiene la importancia que tiene. No obstante, cuando llegue el momento habrá procesos democráticos y por supuesto que cualquier compañera que cualquier compañero podría optar a lo que deseara. Otra cosa es el apoyo que tenga”.

El juez Santiago Pedraz, que investiga a Leire Díez en la Audiencia Nacional, ha rechazado la petición del expolítico Gaspar Zarrías sobre el registro que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ejecutó hace una semana en su despacho profesional de Madrid. El exalto cargo denuncia que los agentes se llevaron “la totalidad” de los expedientes de todos los clientes de su despacho desde 2015, algo “manifiestamente ilegal” al afectar a su derecho profesional. El juez Pedraz, por el momento, ha optado por mantener toda esa documentación en la causa a la espera de su examen y sacar lo que no tenga que ver con el PSOE o Leire Díez.

Gaspar Zarrías, ex alto cargo con José Luis Rodríguez Zapatero e histórico dirigente del socialismo andaluz, volvió a ejercer como abogado en 2019 después de casi tres décadas en política. El juez Pedraz investiga si él fue uno de los vehículos que usó el PSOE para pagar dinero a Leire Díez a cambio de sus trabajos de búsqueda de trapos sucios de jueces, fiscales y guardias civiles y puntos flojos que pudieran desestabilizar causas judiciales que afectaban al partido o al Gobierno. Según reconoció el propio Zarrías ante el juzgado que arrancó el caso, pagó 16.000 euros a Leire en cuatro nóminas distintas, aunque el objetivo no alcanzado era descubrir la implicación del comisario José Manuel Villarejo en la investigación de los ERE.

Su despacho, ubicado entre los barrios madrileños de Retiro y Estrella, fue uno de los registrados por la UCO a finales del pasado mes de mayo, en la operación liderada por la Audiencia Nacional para encontrar no solo más detalles sobre la actividad del grupo de Leire Díez, sino las vías de financiación supuestamente orquestadas por el PSOE. Allí los agentes, además de casi 20.000 euros repartidos en billetes de 20 y 50 euros, se incautaron de gran cantidad de carpetas relacionadas con todos los clientes del despacho.

Zarrías se quejó poco después ante Pedraz, que en un primer momento abrió la puerta a obligar a la UCO a liberar esos papeles que no tuvieran que ver con el caso. “La fuerza actuante se incautó de la totalidad de los expedientes de todos los clientes del despacho, abogado en ejercicio. Esta incautación es manifiestamente ilegal y nula”, dijo esa primera queja. La incautación había llegado a “expedientes abiertos desde el año 2015”, cinco años antes de lo que abarca la investigación, algo que ni el propio Pedraz había autorizado.

El juez de la Audiencia Nacional atendió la petición de Zarrías y convocó al exdirigente andaluz para que examinara personalmente las carpetas y dijera, ante la UCO, los documentos que consideraba que no debían permanecer incautados. La Guardia Civil decidió que no retiraba ninguno y el juez terminó avalando esa decisión. “La documentación no implica ninguna actuación concreta como letrado que afecte al derecho de defensa de sus clientes”, dijo el juez. Esas carpetas, añadió, “pudieran guardar relación con los hechos” pero aclaró que se procederá a “su devolución” si “se observara la existencia de documentos ajenos”.

La defensa de Zarrías ha presentado un último escrito solicitando esta devolución con “urgencia”. “Se podría producir un daño irreparable tanto a la actividad como abogado de mi representado, como a los derechos y valores protegidos por su secreto profesional y el derecho de defensa”. Añade al final de su escrito que “cualquier filtración de su contenido tendrá claros efectos perjudiciales tanto para mi mandante como para sus clientes”.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha manifestado este viernes que mantiene la confianza en la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, a pesar de que ella misma reconoció anoche que había mantenido dos reuniones con Leire Díez aunque fuera de dependencias públicas y en una cafetería. “No tuvo con Leire niguna conversación relativa a la trama”, ha afirmado en declaraciones a la prensa.

En los últimos días tanto él como González habían negado encuentros de ningún tipo con Leire Díez aunque hoy Marlaska ha matizado. “Me remito al comunicado de ayer de Mercedes González. Vuelvo a referir lo mismo, lo que me dijo ella y para mí es importante, no tuvo ningún contacto con Leire ni conversación relativa a la trama”, ha remarcado.

Insistido por los periodistas sobre el comunicado de la Guardia Civil del jueves por la noche, Marlaska ha recalcado: “Yo no tengo ningún elemento que me haga entrever que eso no es cierto”. Además, sí ha reconocido que lo conocido esta semana a raíz de la publicación del sumario del caso Leire le “repugna”. También ha mostrado su confianza en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y ha defendido su actuación independiente.

La directora general de la Guardia Civil afirmó el jueves que “jamás ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil”. También aseguró que, tras hacerse pública “la participación de Leire Díez en una reunión atacando a agentes de la Guardia Civil”, convocó a los principales mandos de la Jefatura de Policía Judicial, UCO y el agente señalado para mostrarles su apoyo.

González afirmó que el primer contacto con Leire Díez lo tuvo en su etapa como delegada del Gobierno en Madrid, cuando Díez era directora de Relaciones Institucionales de Correos, pero sin verse cara a cara. En ese momento, según su relato, solo hablaron sobre las movilizaciones laborales en las que esta empresa se encontraba inmersa.

Posteriormente, siendo ya directora de la Guardia Civil, admitió que sí se vio en persona con la exmilitante socialista y que esta le habló en el último de esos encuentros del comandante Rubén Villalba, que fue detenido al principio del 'caso Koldo'. Según explicaron fuentes de la Guardia Civil, Díez le preguntó si habría algún tipo de posibilidad de que el comandante Villalba pudiera retornar a su puesto de trabajo, “una petición que la directora rechazó de plano, recordándole que éste se encontraba sin destino por su presunta implicación en un caso judicial” y “dándose por finalizado inmediatamente dicho encuentro”.

Esta semana hemos podido acceder al sumario del caso Leire. También, escuchar nuevas grabaciones en las que la conocida como la “fontanera del PSOE” muestra su modus operandi para tratar de presionar a policías, jueces y fiscales que formaban parte de investigaciones contra el PSOE. Prometía favores que no era capaz de cumplir y se daba una importancia que todo apunta a que no era real, pero… ¿hasta dónde llega esta trama? ¿Cuándo y cómo se creó? ¿Hay algún indicio que implique al presidente del Gobierno? 

Lo abordamos con el director adjunto de elDiario.es, José Manuel Romero. 

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Episodio relacionado: La línea de puntos que lleva de la UCO a Ferraz

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Pedro Sánchez ha negado este viernes haber conocido las presuntas operaciones de Leire Díez: “Ni lo avalé ni tuve información. Nunca lo hubiera tolerado”, ha asegurado. También ha reiterado su respaldo a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, cuya relación con la militante socialista - González admitió que Díez le pidió ayuda para un comandante implicado en el caso Koldo- estaría detrás de la apertura de tres investigaciones internas por otras tantas filtraciones sobre casos que lleva la Unidad, según la UCO. Eso sí, el PP no se ha quedado ahí y ha citado para el próximo jueves 12 de junio a González para que comparezca en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. Igualmente, la Fiscalía ha pedido que la presidenta socialista, Cristina Narbona, declare como testigo en el caso, algo sobre lo que el PSOE expresa su “máxima tranquilidad” porque la dirigente “ya ha dado explicaciones sobre estos hechos”.

En otra de las relaciones inesperadas de la llamada 'fontanera' del PSOE, el ex número dos de Interior con el PP e implicado en la Kitchen, Francisco Martínez, dijo a Leire Díez que “el CNI hizo informes de las saunas” del suegro de Sánchez. Aunque Díez maniobró para proteger al PSOE y a sus propios colaboradores, no consiguió ni el sobreseimiento de los casos judiciales ni cambiar el criterio de los jueces, fiscales y guardias civiles a los que apuntó. En el Gobierno, el ministro Félix Bolaños sale en defensa de Sánchez sosteniendo que en el sumario “no hay nada” que indique que el presidente conocía las actuaciones de Díez.

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha reconocido este jueves que ha tenido varias reuniones con Leire Díez, la exmilitante del PSOE investigada por participar en una trama para desacreditar causas judiciales contra el partido, aunque ha asegurado que “jamás” ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad del Instituto Armado, ni tampoco “ha interferido en ninguna investigación”.

Mercedes González ha aclarado que el primer contacto con Leire Díez lo tuvo en su etapa como delegada del Gobierno en Madrid, cuando Díez era directora de Relaciones Institucionales de Correos, pero sin verse cara a cara. En ese momento, según su relato, solo hablaron sobre las movilizaciones laborales en las que esta empresa se encontraba inmersa.

Posteriormente, siendo ya directora de la Guardia Civil, ha admitido que sí se vio en persona con la exmilitante socialista y que esta le habló en el último de esos encuentros del comandante Rubén Villalba, que fue detenido al principio del 'caso Koldo'. Según explican fuentes de la Guardia Civil, Díez le preguntó si habría algún tipo de posibilidad de que el comandante Villalba pudiera retornar a su puesto de trabajo, “una petición que la directora rechazó de plano, recordándole que éste se encontraba sin destino por su presunta implicación en un caso judicial” y “dándose por finalizado inmediatamente dicho encuentro”.

La directora general de la Guardia Civil afirma que “jamás ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil”. También asegura que, tras hacerse pública “la participación de Leire Díez en una reunión atacando a agentes de la Guardia Civil”, convocó a los principales mandos de la Jefatura de Policía Judicial, UCO y el agente señalado para mostrarles su apoyo.

En el sumario de la causa, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil acreditan tres encuentros entre Mercedes González y Leire Díez. Los agentes infieren que esos tres encuentros y el resto de contactos telefónicos entre González y Díez motivaron las informaciones reservadas que se abrieron en el seno de la Guardia Civil para determinar el origen de las filtraciones a los medios. En un audio que también consta en el sumario de la causa, Díez afirma ante terceros que Mercedes González es de su “confianza”.

El comunicado de la Guardia Civil no aclara si fueron dos o tres reuniones. Asegura que en el primer encuentro, Díez le trasladó que estaba trabajando “como freelance” en ese momento, sin especificar “ni dónde ni para quién trabajaba, tan solo que estaba a caballo entre Cantabria y Madrid”. La directora “entendió que era una mera toma de contacto para pedirle trabajo o establecer en un futuro una relación laboral, dado su reciente nombramiento”. “Respecto de un posible segundo encuentro, de haberse producido, habría sido de las mismas características y contenido que el primero”, añaden.

Los investigadores de la UCO siguen el rastro de la directora general del instituto armado en una supuesta maniobra sobre ellos mismos en el marco de la causa que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. Díez está imputada por varios delitos y, dentro de su supuesta actividad delictiva, la UCO enmarca esos contactos con la directora general de la Guardia Civil. Ni la Fiscalía ni el juez atribuyen por ahora ningún delito a Mercedes González pese a los reiteradas referencias que los agentes supuestamente perjudicados por Díez hacen de su jefa 'política'.

Marlaska dijo que no hubo reuniones y el PP pide su dimisión

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha salido este lunes a defender la “ejemplaridad y honestidad” de la directora general de la Guardia Civil. Ha afirmado que él mismo ni conoció ni hubiera tolerado “ninguna intromisión” en la labor del Cuerpo. Marlaska había defendido que esas reuniones entre ambas no existían.

El PP ha pedido la dimisión de ambos. “Tienen que irse todos, empezando por la directora de la Guardia Civil y terminando por el presidente del Gobierno, pasando por el ministro del Interior. España ya no necesita más explicaciones, necesita unas urnas para iniciar cuanto antes la reconstrucción nacional”, ha declarado Ezcurra en una rueda de prensa en la sede nacional del PP.

Las investigaciones de la Audiencia Nacional dejan al descubierto cuál era el objetivo de Leire Díez: desestabilizar causas judiciales que afectaran al PSOE, al Gobierno y también a sus propios colaboradores. La exconcejala socialista amontonó promesas de torpedear las diligencias incómodas y saltó de causa en causa buscando trapos sucios de jueces, fiscales y guardias civiles, del hermano del presidente del Gobierno al caso Villarejo, pasando por el caso Koldo. El sumario desvela que las gestiones fueron intensas y que encontró aliados de dudosa reputación, pero que, en última instancia, fracasó. Todas las causas que quiso desbaratar siguen en marcha y algunas se están juzgando esta misma semana. Y las pocas que terminaron en archivo o absolución llegaron a ese desenlace por razones ajenas a la exmilitante que actuaba arropada por mandos socialistas del más alto nivel.

El “punto de inflexión” de la actividad de la trama de Leire Díez fue 2024, cuando el juez Juan Carlos Peinado abrió una causa contra Begoña Gómez y desde Ferraz, según comentó ella misma, les empezaron a hacer caso. Pero para entonces esta exconcejala de Vega de Pas (Cantabria) ya tenía experiencia estudiando a fondo causas judiciales de supuesta corrupción y buscando sus puntos flojos. También tenía experiencia en localizar a las personas que le podían ofrecer información comprometedora de jueces y fiscales.

“¿Qué podemos destapar de ella? Yo necesito cuatro cosas que me permitan dos impactos y lo demás lo sigo yo con un libro. Yo me encargo, me voy a poner hoy mismo, yo escribo rápido y con muy mala leche”. La que hablaba era Leire Díez y al otro lado del teléfono estaba Rafael S.M., entonces responsable de la Policía Nacional adscrita a los juzgados de Sevilla. Era 2020 y la exmilitante estaba pidiendo información delicada sobre Mercedes Alaya, la magistrada que instruyó la causa de los ERE y muchas ramificaciones que pusieron en jaque al socialismo andaluz. Ese caso acababa de ser sentenciado por la Audiencia de Sevilla, pero Díez buscaba datos para atacar más ramificaciones todavía abiertas: el caso Isofotón y el caso Aznalcóllar.

Uno de los colaboradores de Leire Díez tenía un especial interés en la segunda causa. Vicente Fernández había tenido que dimitir como presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) porque Alaya había reabierto contra él esa causa, centrada en la adjudicación presuntamente ilegal de la mina de este municipio sevillano. “Yo estoy hilando un relato porque además de la muerte procesal tiene que ser social también”, le dijo Leire Díez en un mensaje. Después de sus reuniones con ese policía al que apodaban 'Torrente' decidió que tenía material para ir contra la jueza y sus causas. “Con las cosas que ya sé de Alaya lo que menos necesito saber es de Derecho. Todo saldrá bien, volverás”. Unas semanas después, su mensaje fue aún más contundente: “Tenemos que exterminar socialmente a Alaya”.

El paso del tiempo demuestra que si Leire Díez recabó información comprometedora sobre la magistrada sevillana nunca llegó a conseguir nada con ella. Tampoco escribió el libro que prometió en esa conversación telefónica grabada por ella misma. Mercedes Alaya siguió ejerciendo como jueza. El caso de los ERE siguió su tramitación, las condenas fueron avaladas por el Tribunal Supremo y finalmente reducidas a la mínima expresión por el Tribunal Constitucional. El caso Isofotón sobre un supuesto fraude millonario de subvenciones a una empresa de placas fotovoltaicas se acabó archivando porque el juzgado se había saltado los plazos procesales. El caso Aznalcóllar en el que estaba imputado Vicente Fernández fue a juicio y terminó con una sentencia absolutoria de la Audiencia de Sevilla por falta de pruebas con un duro varapalo a Alaya, ratificado el año pasado por el Tribunal Supremo.

Esa intervención de Leire Díez en tres causas relacionadas con Andalucía tiene todos los ingredientes apreciables en todas sus maniobras posteriores a la imputación de Begoña Gómez: contactos con informantes de los casos, promesas de dar al traste con las diligencias y, finalmente, fracasos a la hora de conseguirlo. También alusiones a que alguien, “desde posiciones elevadas”, había gente dispuesta a tomar medidas.

El “punto de inflexión”

Las causas andaluzas de 2020 fueron el punto de partida de una actividad que se prodigó hasta las primeras imputaciones de 2025. El “punto de inflexión” en su actividad, destacan todos los investigadores y la propia Leire Díez en sus conversaciones, fue la apertura de una causa contra Begoña Gómez por parte del juez Juan Carlos Peinado, momento en que supuestamente Santos Cerdán le abrió las puertas del número 70 de la calle Ferraz para dirigir su afán investigador y conspirador a otro nivel. Pero entonces, como ya había sucedido en Andalucía, sus enredos y contactos no tuvieron el éxito penal que se esperaba.

El sumario registra unas pocas gestiones sobre el magistrado Juan Carlos Peinado, el origen de su nueva y prolífica relación con Ferraz. Contactó con Nervis Villalobos, antiguo mandatario venezolano que había sido encarcelado por Peinado en una causa de blanqueo de capitales que finalmente había instruido la Audiencia Nacional. Era mayo de 2024 y Villalobos le entregó un “cronograma de irregularidades” a Leire Díez sobre cómo Peinado y el fiscal José Grinda habían gestionado su caso. Todo factual y todo publicado por la prensa: en 2020 el Tribunal Constitucional había dado la razón a Villalobos y decretado que Peinado le había encarcelado irregularmente allá por 2018.

El caso de Begoña Gómez siguió adelante y dos años después el juez Peinado ha mostrado su intención de llevar al banquillo a la esposa del presidente del Gobierno. Las únicas limitaciones que se han impuesto a la causa han llegado desde la Audiencia Provincial de Madrid. Pero el sumario no recoge, al menos por el momento, ninguna gestión adicional de Díez. Algo parecido sucede con una causa que estalló pocos meses después en Extremadura. Una magistrada, Beatriz Biedma, aceptó estudiar otra querella de Manos Limpias, esta vez por presuntas irregularidades en la contratación de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, en la Diputación de Badajoz. Leire Díez encontró aliados de dudosa trayectoria que sí pusieron en marcha una ofensiva real contra la magistrada, pero que tampoco consiguieron su objetivo.

Los extraños aliados de Leire Díez

Todo se gestó en un grupo de WhatsApp llamado “Vacaciones y viajes”. Además de Leire Díez y Javier Pérez Dolset, en ese grupo estaban Joaquín Parra y Luis José Sáenz de Tejada. El primero, el expresidente del CD Badajoz entonces imputado –y hoy ya condenado– en varias causas de fraude fiscal ligado a los hidrocarburos. El segundo había sido juez, pero llevaba dos años fuera de la judicatura tras haber sido condenado por amenazas de muerte a su exmujer con frases como: “Te pego un tiro, tú sin mí no vales nada”.

Sáenz de Tejada, según se desprende de la investigación, aceptó ser el brazo ejecutor de la estrategia de la trama contra la jueza que investigaba al hermano del presidente del Gobierno. “Paso 1. Destruir procedimiento”, anotó ella en sus agendas. El plan abarcaba que este abogado se personase en el proceso para “paralizar” la causa e incluso asumir la defensa de David Sánchez, algo que nunca sucedió. Pero si puso en marcha acciones penales contra Biedma que nunca prosperaron. Por ejemplo, una denuncia ante la Fiscalía General del Estado que Leire, además, rebotó a Santos Cerdán.

Sáenz de Tejada no se pudo personar en la causa, sus recusaciones contra la jueza Biedma nunca prosperaron y su denuncia fracasó de la manera más estrepitosa posible. “El Ministerio Fiscal carece de competencia para iniciar investigación alguna”, contestó Ana García León desde la Secretaría Técnica del Ministerio Público antes de enviar el asunto a Extremadura. La causa contra David Sánchez no se vio afectada y el juicio se está celebrando esta misma semana mientras se conocen los detalles del sumario de Leire Díez.

Este magistrado condenado por violencia machista no fue el único aliado atípico que buscó Leire Díez para dinamitar causas judiciales y aflorar supuestos casos de corrupción. También recurrió al considerado como bedel de dichas cloacas: el comisario jubilado José Manuel Villarejo Pérez. Para entonces ya sumido en decenas de piezas separadas sobre su actividad como policía al margen de la Policía, Leire Díez fue muy clara al decir a su abogado que la Fiscalía les ofrecería un pacto a cambio de su colaboración: entregar toda la información comprometedora que tuviera contra determinados jueces, políticos y fiscales. Llegaron incluso a elaborar un plan de trabajo.

Aquí las promesas de Leire Díez tampoco fructificaron y el fiscal anticorrupción del caso, César de Rivas, le espetó que no tenía “nada” que hablar con él. La Fiscalía no ha bajado desde entonces el pistón en los juicios que se han celebrado con Villarejo en el banquillo. El comisario jubilado, condenado ya en varias causas, dejó por escrito su lamento cuando el Ministerio Público no aflojó la presa: “Está visto que nosotros somos los únicos que cumplimos”.

La UCO y los fiscales

Las maniobras de Leire Díez y su grupo tenían por objetivo a tres personas aborrecidas por una pluralidad de sus colaboradores. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, su subordinado José Grinda, y el teniente coronel de la Unidad Central Operativa, Antonio Balas. El primero era el impulsor de causas como Koldo que amenazaban al Gobierno mientras Luzón pactaba confesiones con Víctor de Aldama y su defensa. El segundo era considerado por Javier Pérez Dolset, Sandro Rosell y Nervis Villalobos, entre otros, como un fiscal sin escrúpulos que les había perjudicado de forma ilegal. El tercero, amparado en el habitual anonimato de los investigadores de la Guardia Civil, era señalado como el autor de informes y atestados dudosos en casos como el de Begoña Gómez, el fiscal general o la causa contra José Luis Ábalos.

Una vía de entrada para llegar a este último, el mando de la UCO Antonio Balas, fue una de las múltiples causas de hidrocarburos de la Audiencia Nacional. Entramados empresariales destinados a defraudar cientos de millones de euros en impuestos en el ámbito de las empresas dedicadas a este sector. Hubo reuniones con otro guardia civil, el capitán Juan Sánchez Yepes, hubo reuniones con la Directora General de la Guardia Civil y con Alejandro Hamlyn, empresario del sector de los hidrocarburos pendiente de juicio en la Audiencia Nacional que, supuestamente, tenía información.

Se dejaron por escrito estrategias para desacreditar a Balas, para culpar a Repsol del fraude de hidrocarburos y para explorar las múltiples causas abiertas y buscar un punto flojo. Meses después, ya en noviembre de 2025 y con Hamlyn sin salir de Dubái, la Audiencia Nacional condenó a 14 personas por este entramado fraudulento relacionado con los hidrocarburos e impuso una multa de 159,1 millones de euros a su empresa. El asunto, según Leire, era la “prioridad” de sus contactos socialistas, según sus mensajes “por orden del one”, término con el que supuestamente se refería a Pedro Sánchez. En rueda de prensa, cuando sus maniobras ya eran conocidas, ella aseguró que estaba escribiendo un libro sobre ese tipo de fraudes.

Una parte importante de estos movimientos, según la UCO, tenían por objetivo buscar los puntos flojos de la causa ya entonces abierta contra Koldo García, antiguo asesor de José Luis Ábalos y que ya entonces apuntaba al exministro de Transportes. Unas diligencias que terminarían explotando contra el propio Santos Cerdán, aunque eso entonces no era público. Durante una etapa, Leire Díez coordinó su acción con la defensa de Koldo con poco éxito. Dos años después de esas maniobras, el exministro y su asesor esperan su primera sentencia del Tribunal Supremo mientras tanto ellos como Santos Cerdán siguen imputados en otra pieza separada del caso.

Un último bloque de gestiones gira en torno a un grupo de personas que se consideraban agraviadas por el fiscal anticorrupción José Grinda. Javier Pérez Dolset y Sandro Rosell también unieron sus fuerzas a Leire Díez y, en un momento dado, plantearon exigir a Grinda el “cierre” de media docena de causas a cambio de puestos en el extranjero enterrar las derivadas judiciales de una joven a la que supuestamente este fiscal había enviado un vídeo sexual cuando ella era menor de edad.

Ni Grinda aceptó la propuesta, ni las causas se archivaron. El caso Zed que afecta a Javier Pérez Dolset sigue pendiente de juicio, como el caso Duro Felguera y la causa del 3% catalán. Lo mismo sucede con la causa de los Pujol, también integrada en esa lista de exigencias y cuyo juicio acaba de quedar visto para sentencia en la Audiencia Nacional. La petición de Sandro Rosell de que Grinda revelara el origen ilegal de sus dos años de encarcelamiento preventivo tampoco fue atendida.

Según revela la investigación de la UCO, Leire Díez pasó años haciendo gestiones judiciales entre bambalinas, creando una 'matrioshka' de promesas que, en su inmensa mayoría, nunca se cumplieron. La UCO sospecha que algunas veces, como es el caso de las denuncias contra la jueza Beatriz Biedma, alguien hizo creer a Díez que la Fiscalía atendería sus peticiones de investigación y nunca fue así. La gran baza que activó Santos Cerdán para combatir sus frentes judiciales y los del PSOE ni publicó los libros que anunció, ni tumbó las causas penales que intentó manipular.