El juez que investiga a la exmilitante del PSOE Leire Díez por delitos de tráfico de influencias y cohecho ha tomado declaración como testigo este jueves al que fuera vicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías. En el interrogatorio, que se ha prolongado durante más de una hora, Zarrías ha explicado que contrató a Leire Díez después de que ella le pidiera apoyo económico porque estaba culminando una investigación en la que pretendía demostrar la participación del comisario José Manuel Villarejo en el inicio del procedimiento de los ERE, en el que estuvo procesado y acabó absuelto por el Tribunal Constitucional. 

En una declaración ante los medios tras su declaración, el propio Zarrías ha explicado que mantuvo en nómina a Leire Díez con ese objetivo entre los meses de junio y septiembre de 2024, cuando le entregó las conclusiones de ese trabajo en un pendrive. Le pagó, en total, 16.000 euros. Sin embargo, en ese trabajo, que Zarrías ha puesto a disposición del juzgado, no había “nada” que probara que el comisario hubiera intervenido en el asunto de los ERE. Ante el juez, Zarrías ha reconocido que la supuesta investigación no cumplió con sus expectativas porque contenía únicamente información pública, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas.

Zarrías también ha explicado que conoció a Leire Díez en otoño de 2021. Según su versión, ella le contactó porque estaba investigando el caso de los ERE y le reclamó información sobre la causa judicial que él le facilitó. Según ha afirmado, ella se presentó como periodista y como militante del PSOE, aunque en ningún caso mencionó si actuaba por orden de la cúpula del partido. 

El juez Arturo Zamarriego citó a Zarrías para interrogarle sobre su “relación personal” con Leire Díez, a la que tuvo contratada a través de una empresa llamada Zaño Sociedad Consultora. El Partido Popular solicitó realizar registrar la sede de su consultora y citar a Zarrías como imputado pero el juez, apoyado en la Fiscalía, decidió que compareciera únicamente como testigo. 

La Fiscalía atribuye a Leire Díez el “liderazgo” de un “plan delictivo” con el objetivo de desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de diversas investigaciones abiertas en causas judiciales contra el Gobierno y el PSOE; y a la Fiscalía Anticorrupción, que ejerce la acusación pública en varios de esos casos. La investigación trata de determinar si actuaba por orden de la cúpula del PSOE o por iniciativa propia.

Las acusaciones señalan que Leire Díez estuvo a sueldo de la consultora en el periodo en el que ella supuestamente recopilaba información contra la UCO. Su tesis es que la empresa de Zarrías podría haber participado “activa y decisivamente” en la financiación de estas supuestas actuaciones. El Boletín Oficial del Registro Mercantil registró el pasado abril la disolución de la consultora. 

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga si la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso -vinculado al exdirigente socialista Santos Cerdán- amañaron contratos públicos a cambio de mordidas, ha dictado una resolución que puede suponer un punto y aparte en esta causa: Ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que presente en su juzgado “todos los efectos originales intervenidos” en el registro del domicilio de Leire Díez y ha prohibido a esa unidad investigadora usar el contenido de los dispositivos incautados hasta que no se haya realizado un expurgo con el que quiere apartar todo lo que no sea objeto de investigación.

La providencia, fechada el pasado 4 de marzo y a la que ha tenido acceso elDiario.es, es prueba inequívoca de que el magistrado quiere tener el control total sobre la investigación que desarrolla la UCO, misma unidad encargada de las pesquisas del caso Begoña Gómez o del caso Koldo. De hecho, en esta misma resolución, acuerda abrir una pieza separada y reservada para ese expurgo, una medida excepcional teniendo en cuenta que la causa ya está bajo secreto y que el mismo se prorrogó hace escasos días y se prevé que se extienda como máximo hasta el próximo 8 de abril, cuando las partes personadas podrían tener acceso al sumario.

Esta decisión de 'separar el grano de la paja' va en consonancia con otras que ha ido adoptando a lo largo de estos tres meses de instrucción el magistrado. Sin ir más lejos, desde el arranque de este 2026 ha ido autorizando y liberando el uso de determinadas cuentas bancarias para que tanto los investigados como sus familiares puedan hacer frente a gastos ordinarios. Pero, además, el expurgo está directamente relacionado con uno de los últimos escritos presentados por la defensa de la que fuera exconcejal socialista.

En él, además de solicitar la devolución de los dispositivos incautados a Díez y a su esposo en la entrada y registro del mes de diciembre, la letrada solicitaba nuevos desbloqueos de cuentas -de las hijas del matrimonio y de su madre- y, lo que es más relevante, “el expurgo de cualquier actuación procesal, documentación o información que no tenga que ver con los hechos objeto de la causa o con el periodo en que se concretan dichos hechos” -de 2021 a 2023-. Y lanzaba un mensaje al respecto: Las investigaciones prospectivas están prohibidas en un Estado de Derecho.

Al hilo, la defensa explicaba que, en caso de que no se apartara de la causa todo lo que no tuviera que ver con el objeto de la investigación, la UCO podría recabar “diligencias que nada tienen que ver con los hechos” y se podrían emitir “juicios de valor por lo que es, lo que hace, cómo vive o cómo actúa una persona en todo su ámbito personal, profesional o vital”. Esto, añadía, permitiría que “entrara en juego el derecho penal de autor y no de acto, que es el que prima (…), donde solo se persiguen conductas concretas enmarcadas en un periodo de tiempo, sin posibilidad de instrumentalizar el proceso penal para enjuiciar a una persona por su pasado, su presente y su futuro”.

La petición de expurgo, según ese escrito, era necesaria porque, como muestra un botón, los agentes de la UCO “se incautaron incluso las agendas de 2025 de Leire Díez, que difícilmente, y por ser del año 2025, podrían tener que ver con los hechos investigados”.

Además, la letrada de la exmilitante socialista denunciaba que los agentes modificaron las contraseñas de los correos electrónicos tanto de Díez como de su esposo después de que ambos se las facilitaran. Y esto, añadía, da pie a que la UCO tenga acceso íntegro al correo de ambos en tiempo real con notificaciones del día a día y de toda índole: citas médicas, correos de clientes, datos económicos, etc.

Los contratos investigados

Cabe recordar que en esta causa se pone el foco en hasta cinco contratos o concesiones públicas sobre los que, presumiblemente, los investigados habrían podido ejercer algún tipo de influencia a cambio de comisiones ilegales. Una de ellas, quizá la más relevante, es la del rescate otorgado por la SEPI a Tubos Reunidos, el grupo vasco dedicado a la fabricación de tubos de acero que recibió un préstamo participativo de 112,8 millones en 2021.

Otro de los contratos investigados tiene que ver con una adjudicación de Mercasa a la empresa Servinabar -empresa participada, según la UCO, por Antxon Alonso y Cerdán- por valor de 18.119,75 euros. El tercero es el relativo a la adjudicación de un contrato público de Enusa (Empresa Nacional del Uranio) a Residuos de Melilla (Remesa) por valor de 17.545 euros. A estos se suma el del Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA), que habría concedido una adjudicación a la empresa de derribos Erri Berri por valor de 2,8 millones, lo que habría dejado una comisión ilegal de esa empresa a los investigados de 400.000 euros, siempre según la diligencia de ordenación a la que tuvo acceso elDiario.es.

El quinto de los asuntos supuestamente amañados estaría relacionado con Forestalia Arapallet, que habría recibido una ayuda de Sepides, la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial, por valor de 17,32 millones de euros y por el que los investigados se habrían embolsado 200.000 euros.

El juez que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez por delitos de tráfico de influencias y cohecho ha tomado declaración como testigo este lunes al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. En el interrogatorio, que se ha prolongado durante una hora, el exdirigente socialista ha admitido dos reuniones en abril de 2024 con Leire Díez, pero ha desvinculado sus supuestas maniobras de la cúpula del PSOE, informan a elDiario.es fuentes jurídicas.

El exdirigente socialista ha afirmado que accedió a encontrarse con la exmilitante porque ofrecía información sobre la brigada política del Partido Popular que podía ser “relevante” para el partido. En concreto, sobre unos audios en los que el comisario José Villarejo facilitaba al Gobierno de Mariano Rajoy datos sobre supuestos negocios de saunas del suegro de Pedro Sánchez.

Según su versión, la información no le pareció relevante porque ya estaba publicada en medios de comunicación, así que tampoco la reportó a Sánchez. Ante el juez, Cerdán ha asegurado que conoció a Leire Díez en la primera de esas reuniones, si bien ha admitido después que habló con ella tras salir de prisión el pasado noviembre porque lo llamó para preguntarle cómo se encontraba.

La Fiscalía atribuye a Leire Díez el “liderazgo” de un “plan delictivo” con el objetivo de desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de diversas investigaciones abiertas en causas judiciales contra el Gobierno y el PSOE; y a la Fiscalía Anticorrupción, que ejerce la acusación pública en varios de esos casos. La investigación trata de determinar si actuaba por orden de la cúpula del partido o por iniciativa propia. En audios incorporados a la causa, Leire Díez se presentaba como la “mano derecha” en la sombra de Santos Cerdán. 

El pasado noviembre, en su declaración ante este mismo magistrado, la exmilitante socialista aseguró que mantuvo dos reuniones con Cerdán, pero dijo que fue como “periodista” y aseguró que no tiene ningún vínculo con el partido. El empresario Javier Pérez Dolset, por su parte, aseguró que él estuvo en las dos reuniones con Cerdán y dijo que en una estuvo presente el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, en aquellas fechas director adjunto del gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Hernando también ha comparecido este lunes ante el juez. Ha admitido haber mantenido en abril de 2024 una reunión de “20 minutos” con Leire Díez en la que, según su versión, ella le ofreció información de la brigada política del Partido Popular, han informado fuentes jurídicas. En concreto, sobre supuestas maniobras urdidas contra Pedro Sánchez para evitar que llegase a la Moncloa en 2017 y de las que se estaban haciendo eco algunos medios de comunicación. 

Hernando ha afirmado que en ese encuentro también estaban presentes Santos Cerdán, quien entonces era su número dos en la Secretaría de Organización del PSOE, Juan Francisco Serrano, el ex director de Comunicación del PSOE Ion Antolín y el empresario Javier Pérez Dolset, que fue quien situó a Hernando en esta reunión.

Según Hernando, fue citado por el departamento de Santos Cerdán dado que había participado en la Comisión de Investigación del Congreso sobre la brigada política. Según su testimonio, Hernando, que entonces era director adjunto del gabinete de la Presidencia del Gobierno, tampoco elevó a sus superiores en la Moncloa el contenido de esa reunión. 

El juez de Madrid que investiga a la exmilitante del PSOE Leire Díez ha acordado citar como testigo al histórico socialista Gaspar Zarrías el próximo 16 de abril, según un auto al que ha tenido acceso elDiario.es. El magistrado acuerda su comparecencia para interrogarle sobre su “relación personal” con Leire Díez, a la que tuvo contratada a través de una empresa llamada Zaño Sociedad Consultora. El Partido Popular solicitó su declaración como imputado pero el juez, apoyado en la Fiscalía, decide citarlo únicamente como testigo. 

En la misma resolución, el juez Arturo Zamarriego rechaza la citación como testigo del teniente coronel Antonio Balas, jefe del grupo de la UCO que investiga el caso Cerdán, entre otros muchos de relevancia. Leire Díez se convirtió en protagonista de la actualidad tras la publicación de un audio en el que aparece ofreciendo a un empresario influir en la posición de la Fiscalía si, a cambio, él le ofrecía información comprometedora sobre este mando de la Guardia Civil. 

Vox había reclamado la citación de Balas como testigo, pero el juez argumenta que su declaración no es “útil” porque “aunque la presente causa versa, indiciariamente, sobre la búsqueda de información sobre su actuación profesional y sobre la UCO ”no consta que el mismo presenciara reuniones con tal fin ni que tenga conocimiento directo de las mismas“. 

En otra resolución, el juez acuerda medidas para profundizar en el perfil económico de los investigados en esta causa, en la que se indaga si Leire Díez y el empresario con el que colabora, Javier Pérez Dolset, maniobraron contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil para, según el juez, malbaratar investigaciones judiciales. Así, el magistrado ordena recabar su vida laboral y las declaraciones de IRPF entre los ejercicios 2021 a 2026.

El PP ha anunciado este lunes que creará una comisión de investigación en el Senado para indagar en “la caja negra de la SEPI”, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que según ha asegurado su portavoz en la Cámara alta, Alicia García, “pudo servir, entre otras cosas, para pagar favores a la dictadura de Maduro con rescates a empresas” como la aerolínea Plus Ultra, con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como mediador. “Mientras Sánchez protege a una dictadura, en España la justicia investiga si el Gobierno utilizó dinero público para beneficiar al Gobierno de Maduro”, ha afirmado.

Los populares han convocado un pleno extraordinario el próximo 15 de enero en el que han citado a la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y responsable política de la SEPI, María Jesús Montero, y a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, al estar los departamentos “bajo sospecha” por “la trama de hidrocarburos que pudo haber beneficiado a Maduro”. Además, han exigido al embajador de Venezuela en España que también de “explicaciones” en el Senado y que “permanezca” en el país.

García ha acusado a María Jesús Montero de estar “al mando” de la “caja negra” que ha calificado de “cajero automático para pagar favores políticos, incluso internacionales”. Ha afirmado que la vicepresidenta ha convertido a la empresa de participaciones en un “pozo sin fondo para el despilfarro y la corrupción” en la que “colocó a su gran amigo, colaborador y trabajador, Vicente Fernández, hoy imputado y que incluso estuvo detenido”. Fernández fue uno de los tres detenidos el pasado mes de diciembre junto con la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez y el empresario Antxon Alonso, vinculado al exdirigente del PSOE, Santos Cerdán. Los líderes de la oposición sitúan ahora a la SEPI en el “centro” de “la trama corrupta del 'sanchismo', que afecta a contratos, subvenciones, ayudas públicas, y que gira en torno a altos cargos y dirigentes del PSOE”.

Alicia García ha destacado que “un tercio” de los más de 2.600 millones de euros que fueron concedidos por la SEPI a 28 empresas durante la pandemia se encuentran ahora bajo investigación judicial. Estos rescates beneficiaron a empresas como Plus Ultra, Air Europa, Avóris oTubos Reunidos.

La creación del nuevo organismo y la convocatoria del pleno extraordinario llegan después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuviera, el pasado mes de diciembre de 2025, a la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso el pasado mes de diciembre, en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional (AN) sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

El PP ya hizo comparecer en el Senado al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. El senador Balseiro Orol le preguntó acerca del rescate a Plus Ultra, ante lo que el vicepresidente aseguró que la aerolínea “cumplía los requisitos y era estratégica”: “Todas las aerolíneas, grandes y pequeñas, para el hub de Madrid, eran estratégicas por el sector en el que estaban operando”, aclaró.

El PSOE ha remitido un escrito al juez de Madrid Arturo Zamarriego en el que afirma que Leire Díez “no ha tenido relación laboral ni consta que haya ocupado cargos orgánicos” en la formación. Los únicos pagos que la exmilitante ha recibido del PSOE se remontan a 2017, cuando realizó trabajos periodísticos para el partido en Cantabria por los que facturó 15.612 euros, según el escrito adelantado por ABC y al que ha tenido acceso elDiario.es. La documentación aportada también recoge el dato ya conocido de que fue concejala en Vega de Pas (Cantabria) entre 2011 y 2015.

Leire Díez se encuentra investigada en dos causas judiciales. La primera, ante el juez Zamarriego, que la investiga por presuntas maniobras contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil con los que, según el juez, pretendía malbaratar investigaciones judiciales. La segunda, abierta en la Audiencia Nacional, indaga en si ella, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso utilizaron su “influencia” para que altos cargos o funcionarios de empresas públicas amañaran hasta cinco contratos a partir del año 2021 a cambio de mordidas. 

La documentación aportada revela que Leire Díez Castro se dio de alta como militante del PSOE el 18 de abril de 2006 en la agrupación de Portugalete (Bizkaia). Posteriormente, el 23 de diciembre de 2011, se trasladó a la agrupación de Vega de Pas (Cantabria). Finalmente, causó baja en el partido el 4 de junio de 2025 tras la publicación de unos audios en los que se le escuchaba hablar con empresarios imputados a los que prometió poner en contacto con fiscales y otras personalidades.

El año 2025 está terminando y dos ex secretarios de organización del PSOE han pasado por la cárcel: Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Hay registros de la Guardia Civil en varios ministerios, en empresas que contratan con la administración, en Correos. Y mientras, crecen las denuncias por comportamientos machistas dentro del PSOE. 

En este episodio empezamos explicando el quién es quién. Hay nuevas tramas de corrupción que afectan al Gobierno y hay personas… que no teníamos del todo ubicadas. Por ejemplo: las tres personas que detiene la UCO hace unos días y que luego son liberados Antxón Alonso, Leire Díez y Vicente Fernández. ¿Qué trama es esta? ¿Hay alguna línea de puntos que relacione unas tramas con otras? Lo explicamos con el director adjunto de elDiario.es José Manuel Romero y con el periodista de elDiario.es José Enrique Monrosi.

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Si al Manual de Resistencia de Pedro Sánchez aún le quedan páginas, probablemente la frase que le pondrá a prueba en los próximos meses sea esta: “Puede sonar presuntuoso, pero me doy cuenta de que me crezco en las situaciones difíciles”. Suena a presuntuoso porque lo es aunque en su caso también se ha demostrado que es cierto. Al menos hasta ahora.   

El presidente afirma contundente que no ha existido financiación ilegal en el PSOE. Y es verdad que nadie ha demostrado lo contrario. También lo es que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha reclamado todos los pagos en metálico entre 2017 y 2024. En las facturas vinculadas a los gastos del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García había un control mejorable, como quedó claro en la declaración del exgerente del PSOE. Ahora bien, de ahí a una trama de financiación ilegal del partido hay un trecho y hoy por hoy no existe prueba alguna de que sea así.

En el citado manual aparecía otra frase que ahora gana todavía más significado. En referencia a su salida de Ferraz, Sánchez reconocía que “todo fue terriblemente duro”. Y añadía: “Me permitió saber a quién podía considerar mi amigo y a quién no”. Entre esos amigos se suponía que estaban Santos Cerdán y Ábalos, aunque ahora se distancie del exministro hasta el punto de asegurar que fue un “desconocido en lo personal”. Se trata de una afirmación, pronunciada en la entrevista que concedió a Gemma Nierga, que puede ser malinterpretada y que en realidad lo que Sánchez quiso decir es que no era conocedor del tipo de vida que llevaba su compañero, ministro y secretario de organización. Cuesta creerlo, pero puede ser. Lo que sí es seguro es que esta frase le perseguirá hasta el fin de la legislatura, sea cuando sea.    

De la presunta trama de cobro de comisiones ilegales cuyos principales protagonistas serían la exmilitante del PSOE Leire Díez y el exdirector de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero y el empresario Antxon Alonso aún hay más preguntas que respuestas. Aunque la causa está bajo secreto, se sabe que hay cinco operaciones bajo sospecha y que el dinero cobrado habría ido a parar a inversiones inmobiliarias. Si funcionaban como una red y si entre 2021 y 2023 cobraron esas comisiones gracias a “diversos cargos públicos” es algo que debería poderse demostrar, más allá de los informes policiales. Mientras, la pregunta que sigue pendiente y que el PSOE no ha aclarado es cómo Leire Díez pasó de ser una simple militante a ocupar cargos y después reunirse con todo tipo de personas en calidad de no se sabe qué ni para qué, aunque ella haya sostenido siempre que iba por libre.

Respecto a las denuncias contra dirigentes del PSOE por acoso sexual, Sánchez tiene razón en que su partido ha sido uno de los principales impulsores de leyes feministas. Pero eso no quita que su actuación en casos como el que afecta a Paco Salazar nada habría trascendido ni nada se hubiese hecho si no fuera porque los compañeros Esther Palomera y José Enrique Monrosi lo desvelaron en este diario. Si ellos no lo hubiesen explicado, si no hubiesen escuchado a las víctimas mientras en su partido miraban a otro lado, Salazar estaría ocupando su cargo en Moncloa y otro en la secretaría de organización. 

Sánchez también tiene razón en que el PP no está para dar lecciones ni de lucha contra la corrupción ni sobre feminismo. Este mismo año, los populares gallegos, con el presidente de la Xunta al frente, despidieron entre abrazos a Alfonso Villares, un exconsejero imputado por agresión sexual. Pero si la estrategia del PSOE para agotar la legislatura es resistir con el tan manido ‘y tú más’ mientras lleva al límite el aguante de sus socios parlamentarios será un error. Tampoco bastará con alimentar el miedo a la extrema derecha aunque debería dar y mucho. Ni coquetear con la derecha de Junts con medidas que solo alimentan el caldo populista. 

Hace falta un revulsivo porque, aunque sea sin ilusión, a los votantes de izquierda, que son los que saben mejor que nadie que no es lo mismo que gobierne la izquierda a que lo haga una derecha a remolque de Vox y el ayusismo, no se les puede pedir solo paciencia. 

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga la adjudicación de un contrato valorado en 2,8 millones de euros para la demolición y el desmantelamiento de las antiguas baterías de coque de Avilés. La investigación se enmarca en el procedimiento que se sigue contra la ex militante socialista Leire Díez, el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y el empresario Antxon Alonso, vinculado al exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán a través de la sociedad Servinabar. Se intenta determinar si pudieron haber recibido 'mordidas' a cambio de mediar en contratos relacionados con la SEPI, entre los que figura el de las antiguas baterías siderúrgicas.

El Ayuntamiento de Avilés ya se ha desmarcado del proceso de contratación. Así, el concejal de Desarrollo Urbano y Económico y portavoz socialista, Manuel Campa, ha asegurado este lunes que la adjudicación de esta obra es “totalmente ajena” al consistorio.

Contrato adjudicado en 2021

El futuro de baterías es un proyecto clave para la ciudad, según ha ratificado el edil, que ha incidido en que la preocupación del equipo de gobierno local es el desarrollo de suelo industrial, generar actividad económica y empleo y para lograr estos objetivos, “estos procesos deben de ser ágiles y transparentes”.

El contrato de adjudicación se concedió a finales del año 2021 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) que integran Construcciones y Excavaciones Erri Berri y Afesa Medio Ambiente.

Valorado en 2,8 millones

Erri Berri fue la adjudicataria del contrato público para la demolición de las baterías de coque de Avilés, suscrito por el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), gestionado por Sepides, la sociedad inmobiliaria filial de la SEPI, por valor de 2,8 millones de euros.

La UCO trata de esclarecer si en este contrato pudo haber una 'mordida' a un grupo autodenominado Hirurok, el nombre con el que los tres investigados -Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández- se llamaban y que traducido al castellano desde el euskera significa “Nosotros tres”.

Una comisión de 400.000 euros para Hirurok

Esta sería la fórmula utilizada en al menos cinco contratos. Además de las baterías de coque, están cuestionados los contratos adjudicados a las empresas Mercasa, Enusa y Residuos Melilla. En total, se baraja la cuantía de 132 millones como el dinero al que ascenderían los contratos supuestamente amañados a través de la SEPI o empresas públicas participadas por el holding estatal.

Al parecer, el contrato para el desmantelamiento de las antiguas baterías siderúrgicas podrían haber generado una comisión cercana a los 400.000 euros; una cantidad que iría al grupo HiruroK.

Secreto de sumario

El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, lleva la causa que permanece bajo secreto de sumario.

Los investigadores tratan de establecer si Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso se repartieron hasta 750.000 euros en comisiones entre los años 2021 y 2023 a través de una labor de mediación en contratos y ayudas vinculadas a empresas relacionadas con la SEPI.

Medidas cautelares

Tras su detención, los tres pasaron el sábado a disposición de la Audiencia Nacional. El magistrado Antonio Piña acordó su puesta en libertad provisional con medidas cautelares, entre las que se encuentra la retirada del pasaporte y la obligatoriedad de comparecer cada 15 días en los juzgados, tal y como había reclamado la fiscal Elisa Lamelas.

Leire Díez y Antxon Alonso se acogieron a su derecho a no declarar, mientras que Vicente Fernández sí respondió a las preguntas de todas las partes y negó su participación en los supuestos amaños. Los tres están investigados por delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Los currículos

Vicente Fernández fue presidente de la SEPI tras la llegada del PSOE a la Moncloa: entre junio de 2018 y octubre de 2019. Político de la confianza de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pasó apenas 15 meses al frente de la empresa pública hasta que su implicación en el caso Aznalcóllar —del que acabó absuelto — motivó su cese. Leire Díez, por su parte, fue responsable de comunicación de Enusa entre octubre de 2018 y diciembre de 2021. Después pasó a ser directora de Relaciones Institucionales y Filatelia en Correos, donde estuvo hasta finales de 2023.

Según la investigación, su actividad se proyectó sobre “distintos puntos del territorio nacional” y “varias administraciones públicas”. Y operó “al menos en el periodo comprendido entre los años 2021 y 2023”. Esto es, una vez que Vicente Fernández había salido de la SEPI. Ante el juez, él ha negado cualquier irregularidad. Ha sido preguntado por cantidades facturadas que los investigadores sospechan que pueden ser comisiones por presuntos amaños y él lo ha negado.

La 'intermediación'

La operación de mayor volumen que está bajo sospecha es el rescate por parte de la SEPI de la empresa vasca Tubos Reunidos, que recibió un préstamo participativo de 112,8 millones en 2021. Una ayuda que la compañía debe devolver, como tarde, en 2028, según informa Elena Herrera. La tesis de los investigadores es que el grupo llevó a cabo labores de “intermediación” que “podrían haber contribuido a propiciar el otorgamiento de la ayuda”. Y que cobraron por ello 114.950 euros.

Fuentes de la compañía Tubos Reunidos admiten que la sociedad ha mantenido un “contrato de asesoramiento con cantidades estándar hasta hace unos meses” con Vicente Fernández, si bien afirman que no han tenido colaboración alguna ni con Leire Díez ni con Antxon Alonso. Estas mismas fuentes apuntan que el juzgado de la Audiencia Nacional hizo una solicitud de información sobre ese contrato y que la empresa ha puesto a disposición de las autoridades, de forma inmediata, toda la documentación que obraba en su poder, informa Iker Rioja.

Contratos bajo sospecha

En los otros cuatro contratos, la licitación corresponde a la gestora de los mercados centrales de abastecimientos, Mercasa, 18.119,75 euros; la empresa pública del sector nuclear, Enusa, 17.545 euros; el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), 2,8 millones de euros; y Sepides, la sociedad pública dedicada a la promoción industrial y el desarrollo empresarial, 17,3 millones de euros, según los datos recogidos por elDiario.es.

Servinabar, la sociedad de Antxon Alonso considerada vehículo para el cobro de mordidas de Santos Cerdán y el resto de miembros de la trama que investiga el Tribunal Supremo, resultó adjudicataria del contrato de 18.119,75 euros por parte de Mercasa. La licitación estaba relacionada con la pretensión de un cambio de sede de la empresa pública. Servinabar fue contratada para realizar “un informe técnico de las oficinas de la sede central de Mercasa” cuantificando de manera elevada el coste de las obras de rehabilitación de la sede. Los investigadores creen que es un contrato mendaz porque no era necesario.

En el foco de la UCO

Durante la comparecencia, la abogada de Leire Díez afirmó que su clienta no iba a declarar porque no había tenido acceso a los datos esenciales de las actuaciones. La causa sigue bajo secreto, por lo que las defensas no han podido examinar los indicios que presuntamente les incriminan. El expresidente de la SEPI fue preguntado por cantidades facturadas que los investigadores sospechan que pueden ser comisiones por presuntos amaños y él lo negó.

La investigación apunta a uno de los centros neurálgicos del uso de dinero público en la administración central: las empresas de propiedad estatal. En el epicentro aparece la SEPI, el holding público que administra y coordina todas las empresas públicas estratégicas o con participación del Estado.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron en las oficinas de la SEPI y reclamaron documentación. Otras cinco empresas públicas participadas por el holding público también fueron objeto de requerimientos de información. Según informó EFE, se trata de Correos, Mercasa, Cofivacasa (cuyo objeto principal es la liquidación de sociedades y la administración de patrimonios) y Enusa, donde los agentes sí llevaron a cabo un registro. 

El expresidente de la SEPI Vicente Fernández ha negado este sábado ante el juez Antonio Piña haber participado en el presunto amaño de contratos que investiga la Audiencia Nacional, informan a elDiario.es fuentes jurídicas. Vicente Fernández ha sido el único de los tres detenidos en la última trama de presunta corrupción desmantelada esta semana que ha prestado declaración.

La exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez y el empresario Antxon Alonso, vinculado al exdirigente del PSOE Santos Cerdán, se han acogido a su derecho a no hacerlo. Los tres han quedado en libertad después de que la Fiscalía Anticorrupción no solicitara su ingreso en prisión y tras pasar casi tres días detenidos. 

Los tres están investigados por delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal en relación con supuestos amaños de contratos públicos a partir del año 2021, informan fuentes jurídicas. Esto es, una vez que Vicente Fernández había salido de la SEPI y pasado a cobrar de Servinabar, la sociedad de Antxon Alonso considerada vehículo para el cobro de mordidas de Santos Cerdán y el resto de miembros de la trama que investiga el Tribunal Supremo. Ante el juez, Vicente Fernández ha negado cualquier irregularidad. Ha sido preguntado por cantidades facturadas que los investigadores sospechan que pueden ser comisiones por presuntos amaños y él lo ha negado.

Vicente Fernández fue presidente de la SEPI tras la llegada del PSOE a la Moncloa: entre junio de 2018 y octubre de 2019. Político de la confianza de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pasó apenas 15 meses al frente de la empresa pública hasta que su implicación en el caso Aznalcóllar —del que acabó absuelto la semana pasada— motivó su cese. Es a partir de esa época cuando empieza su actividad sospechosa. Vicente Fernández comenzó a buscar entonces trabajo en el entorno del PSOE, explican fuentes del partido. Las mismas fuentes creen que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán habría respondido a esa inquietud laboral de Vicente Fernández poniéndole en contacto con Antxon Alonso. 

La investigación va dirigida a la influencia que pudo ejercer Vicente Fernández en la SEPI después de haber tenido que dejar el puesto y cómo Servinabar se pudo beneficiar de las adjudicaciones. En 2021, según un informe de la Hacienda foral de Navarra incorporado al sumario del caso Cerdán, el expresidente de la SEPI comenzó a trabajar para Servinabar. En dos años, Fernández cobró 100.000 euros de esa sociedad de Antxon Alonso. 

El expresidente de la SEPI Vicente Fernández, la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez y el empresario Antxon Alonso, vinculado al exdirigente del PSOE Santos Cerdán, quedaron este sábado en libertad tras comparecer en la Audiencia Nacional y después de que la Fiscalía Anticorrupción no solicitara su ingreso en prisión. El juez Antonio Piña investiga si utilizaron su “influencia” para que altos cargos o funcionarios de empresas públicas amañaran hasta cinco contratos a partir del año 2021 a cambio de mordidas, informan fuentes de la investigación.

El magistrado acordó retirarles el pasaporte y obligarles a comparecer cada 15 días en los juzgados, tal y como había reclamado la fiscal Elisa Lamelas. Leire Díez y Antxon Alonso se acogieron a su derecho a no declarar, mientras que Vicente Fernández sí respondió a las preguntas de todas las partes y negó su participación en los supuestos amaños. Los tres están investigados por delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Según el auto dictado este sábado por el juez, desvelado por El Confidencial, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye a los tres encausados la participación en el supuesto amaño de al menos cinco contratos adjudicados por la SEPI o empresas públicas participadas por el holding estatal por valor de 132,9 millones de euros.

Se les acusa de “haber orientado expedientes seguidos en la administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública”. A cambio, siempre según este medio, cobraban comisiones que canalizaban principalmente a través de una mercantil llamada Mediaciones Martínez SL.

Vicente Fernández fue presidente de la SEPI tras la llegada del PSOE a la Moncloa: entre junio de 2018 y octubre de 2019. Político de la confianza de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pasó apenas 15 meses al frente de la empresa pública hasta que su implicación en el caso Aznalcóllar —del que acabó absuelto la semana pasada— motivó su cese. Leire Díez, por su parte, fue responsable de comunicación de Enusa entre octubre de 2018 y diciembre de 2021. Después pasó a ser directora de Relaciones Institucionales y Filatelia en Correos, donde estuvo hasta finales de 2023.

El grupo integrado por los tres implicados se habría denominado Hirurok, que significa “los tres” en euskera. Según la investigación, su actividad se proyectó sobre “distintos puntos del territorio nacional” y “varias administraciones públicas”. Y operó “al menos en el periodo comprendido entre los años 2021 y 2023”. Esto es, una vez que Vicente Fernández había salido de la SEPI. Ante el juez, él ha negado cualquier irregularidad. Ha sido preguntado por cantidades facturadas que los investigadores sospechan que pueden ser comisiones por presuntos amaños y él lo ha negado.

La operación de mayor volumen que está bajo sospecha es el rescate por parte de la SEPI de la empresa vasca Tubos Reunidos, que recibió un préstamo participativo de 112,8 millones en 2021. Una ayuda que la compañía debe devolver, como tarde, en 2028. La tesis de los investigadores es que el grupo llevó a cabo labores de “intermediación” que “podrían haber contribuido a propiciar el otorgamiento de la ayuda”. Y que cobraron por ello 114.950 euros.

Fuentes de la compañía Tubos Reunidos admiten que la sociedad ha mantenido un “contrato de asesoramiento con cantidades estándar hasta hace unos meses” con Vicente Fernández, si bien afirman que no han tenido colaboración alguna ni con Leire Díez ni con Antxon Alonso. Estas mismas fuentes apuntan que el juzgado de la Audiencia Nacional hizo una solicitud de información sobre ese contrato y que la empresa ha puesto a disposición de las autoridades, de forma inmediata, toda la documentación que obraba en su poder, informa Iker Rioja.

En los otros cuatro la licitación corresponde a la gestora de los mercados centrales de abastecimientos, Mercasa, 18.119,75 euros; la empresa pública del sector nuclear, Enusa, 17.545 euros; el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), 2,8 millones de euros; y Sepides, la sociedad pública dedicada a la promoción industrial y el desarrollo empresarial, 17,3 millones de euros.

Servinabar, la sociedad de Antxon Alonso considerada vehículo para el cobro de mordidas de Santos Cerdán y el resto de miembros de la trama que investiga el Tribunal Supremo, resultó adjudicataria del citado contrato de 18.119,75 euros por parte de Mercasa. La licitación estaba relacionada con la pretensión de un cambio de sede de la empresa pública. Servinabar fue contratada para realizar “un informe técnico de las oficinas de la sede central de Mercasa” cuantificando de manera elevada el coste de las obras de rehabilitación de la sede. Los investigadores creen que es un contrato mendaz porque no era necesario.

Causa bajo secreto

Durante la comparecencia, la abogada de Leire Díez ha afirmado que su clienta no iba a declarar porque no había tenido acceso a los datos esenciales de las actuaciones. La causa sigue bajo secreto, por lo que las defensas no han podido examinar los indicios que presuntamente les incriminan. El expresidente de la SEPI ha sido preguntado por cantidades facturadas que los investigadores sospechan que pueden ser comisiones por presuntos amaños y él lo ha negado.

La investigación apunta a uno de los centros neurálgicos del uso de dinero público en la administración central: las empresas de propiedad estatal. En el epicentro aparece la SEPI, el holding público que administra y coordina todas las empresas públicas estratégicas o con participación del Estado.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron esta semana en las oficinas de la SEPI y reclamaron documentación. Otras cinco empresas públicas participadas por el holding público han sido objeto de requerimientos de información. Se trata de Correos, Mercasa, Cofivacasa (cuyo objeto principal es la liquidación de sociedades y la administración de patrimonios) y Enusa, donde los agentes sí llevaron a cabo un registro, informa EFE. 

Las fuentes consultadas afirman que durante los próximos días se van a acordar más diligencias. Además, los investigadores tienen que analizar el material incautado en los registros y requerimientos de información realizados durante esta semana.

También se han producido requerimientos de información en las sedes de organismos dependientes de los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, fundamentalmente direcciones generales, donde se ha reclamado documentación sobre contratos y subvenciones investigados en relación con la trama. Los agentes se han desplazado a la Dirección General de Patrimonio del Estado, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (de Hacienda) y la Dirección General de Política Energética y Minas (Transición Ecológica). 

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha ampliado en las últimas horas su investigación en Navarra a la empresa especializada en demoliciones Erri Berri, cuya sede se encuentra en Olite. Los agentes registraron este jueves sus instalaciones en el marco de la causa secreta que investiga la Audiencia Nacional y que afecta a Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al empresario vasco vinculado a Santos Cerdán Antxon Alonso.

Según la documentación que la Hacienda Foral de Navarra envió al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente sobre la contabilidad de Servinabar 2000, la mercantil que los agentes de la Guardia Civil consideran el vehículo para el cobro de comisiones ilegales de Santos Cerdán y el resto de miembros de la trama que investiga el Tribunal Supremo, esta empresa recibió dos pagos de Erri Berri de 50.215 y 49.277 euros en los años 2023 y 2024. La empresa navarra de demoliciones explicó en un comunicado que los casi 100.000 euros abonados a Servinabar 2000, la mercantil de la que Cerdán posee un 45% de las participaciones, responden a unos trabajos de “servicios y gestiones” por parte de esa entidad enmarcados en el proyecto de demolición de la antigua Universidad Laboral de Zaragoza, obras en las que Erri Berri fue subcontratada por Acciona para esas labores.

La Guardia Civil encontró un documento fechado en el año 2015 por el que Antxon Alonso y Acciona se comprometían a que Servinabar 2000 recibiría el 2% neto de las adjudicaciones conseguidas por Acciona. Según los agentes más del 75% de los ingresos de Servinabar procedían de Acciona, unos 6,7 millones de euros. El otro 25% provenía de otras empresas de diferentes sectores, entre ellas Erri Berri. Además, Acciona y Servinabar accedieron en UTE a siete contratos adjudicados por el Gobierno de Navarra, entre ellos el más costoso era el de las obras para la duplicación del túnel de Belate. Al estar todavía bajo secreto la investigación se desconoce qué ha motivado el registro de la Guardia Civil a las instalaciones de la empresa de demoliciones.

Los trabajos realizados por Erri Berri en Zaragoza se remontan al 2023. En marzo de ese año la promotora aragonesa Montepino ganó la subasta convocada por el Gobierno de Aragón, entonces en manos del socialista Javier Lambán, para hacerse con las 38 hectáreas de terreno donde se encontraba la antigua Universidad Laboral de Zaragoza y construir un complejo logístico. Montepino encargó a Acciona el trabajo para el derribo de los edificios de la antigua Universidad y Acciona subcontrató a su vez esas labores a Erri Berri. En medio estaría Servinabar 2000, que por las gestiones para la subcontrata cobró los cerca de 100.000 euros. Según las cuentas de Servinabar 2000 aportadas por la Hacienda Foral al Tribunal Supremo el código de los dos pagos de Erri Berri fue “entrega de bienes”.

La empresa de demoliciones de Olite enmarca estos trabajos en una “relación privada entre empresas” que se realizó “con total transparencia y en estricta conformidad con la legalidad aplicable” y asegura que “ningún directivo” de la compañía ha tenido relación personal con Cerdán. En su página web, Erri Berri se presenta como una empresa “líder” en el sector de la demolición con más de 35 años de experiencia y destaca haber realizado trabajos como el de la demolición del estadio Vicente Calderón o el de la planta de Sidergás en Avilés. También ha sido adjudicataria de contratos públicos en Navarra licitados por el Gobierno foral o el Ayuntamiento de Pamplona, entre otros, así como en otras partes del país. Destacan varios contratos por valor superior a los tres millones de euros adjudicados por Navantia, empresa propiedad de la SEPI.

El futuro inmediato de los tres protagonistas de la última trama de presunta corrupción desmantelada esta semana está en manos de la Audiencia Nacional. El expresidente de la SEPI Vicente Fernández, la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez y el empresario Antxon Alonso, socio del exdirigente socialista Santos Cerdán, pasan este sábado a disposición del juez Antonio Piña, que les investiga por graves delitos: prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. La Fiscalía Anticorrupción impulsa unas pesquisas que indagan en presuntos amaños de contratos públicos y que siguen por el momento bajo secreto de sumario. 

Tras pasar casi tres días en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil, el juez les tomará declaración y decidirá si les envía a prisión o les somete a otras medidas cautelares menos gravosas, como las comparecencias en el juzgado o la retirada del pasaporte. Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es afirman que el magistrado decidirá el lunes si se inhibe en favor del Tribunal Supremo, donde Antxon Alonso ya es investigado dado el aforamiento del exministro José Luis Ábalos, si es competente el otro juzgado de la Audiencia Nacional que empezó a investigar el caso Koldo o si manda el asunto a reparto.

La investigación apunta a uno de los centros neurálgicos del uso de dinero público en la administración central: las empresas de propiedad estatal. En el epicentro aparece la SEPI, el holding público que administra y coordina todas las empresas públicas estratégicas o con participación del Estado. Vicente Fernández fue su presidente tras la llegada del PSOE a la Moncloa: entre junio de 2018 y octubre de 2019. Político de la confianza de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pasó apenas 15 meses al frente de la empresa pública hasta que su implicación en el caso Aznalcóllar —del que acabó absuelto la semana pasada— motivó su cese.

Registros y requerimientos

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron esta semana en las oficinas de la SEPI y reclamaron documentación. Otras cinco empresas públicas participadas por el holding público han sido objeto de requerimientos de información. Se trata de Correos, Mercasa (gestora de los mercados centrales de abastecimientos), Sepides (dedicada a la promoción industrial y el desarrollo empresarial), Cofivacasa (cuyo objeto principal es la liquidación de sociedades y la administración de patrimonios) y Enusa (sector nuclear), donde los agentes sí llevaron a cabo un registro, informa EFE. 

Fuentes próximas a las pesquisas aseguran a elDiario.es que los agentes reclamaron en Mercasa contratos del periodo entre 2021 y 2023. Esto es, una vez que Vicente Fernández había salido de la SEPI y había sido contratado por Servinabar, la sociedad de Antxon Alonso considerada vehículo para el cobro de mordidas de Santos Cerdán y el resto de miembros de la trama que investiga el Tribunal Supremo.

Leire Díez, que está siendo investigada en un juzgado madrileño por cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra la Fiscalía y altos mandos de la Guardia Civil, ocupó puestos directivos en dos de estas empresas públicas bajo gobiernos de Pedro Sánchez. Fue responsable de comunicación de Enusa entre octubre de 2018 y diciembre de 2021, época en la que Vicente Fernández presidía la SEPI. Dirigentes socialistas afirman que durante esta etapa ambos acudían juntos a reuniones del holding público. Leire Díez pasó a ser después directora de Relaciones Institucionales y Filatelia en Correos, donde estuvo hasta finales de 2023. 

También se han producido requerimientos de información en las sedes de organismos dependientes de los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, fundamentalmente direcciones generales, donde se ha reclamado documentación sobre contratos y subvenciones investigados en relación con la trama. Los agentes se han desplazado a la Dirección General de Patrimonio del Estado, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (de Hacienda) y la Dirección General de Política Energética y Minas (Transición Ecológica). 

Ha habido, asimismo, registros en domicilios de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra. Los agentes acudieron también a las instalaciones de la empresa de renovables Forestalia en Zaragoza y Madrid, a la asesoría fiscal Conaudire o a la empresa Cemsal. Y registraron un bar de Sevilla supuestamente vinculado al expresidente de la SEPI Vicente Fernández.

La operación deja por el momento los citados tres arrestos, aunque hay otras personas investigadas que serán citadas para comparecer en sede judicial próximamente. Entre ellas está el expresidente de Enusa entre 2018 y 2021, José Vicente Berlanga, al que el PSOE suspendió de militancia este viernes. 

Servinabar, en el foco

Estas pesquisas ha vuelto a poner el foco sobre Servinabar, la empresa navarra en la que Santos Cerdán tenía supuestamente el 45% de las participaciones, según la documentación incautada por la Guardia Civil. El exdirigente socialista lo niega, si bien un informe posterior de la UCO reveló que esta empresa le había pagado alquileres, viajes o comidas y que había contratado a sus familiares. 

Fuentes de la investigación afirman que esta nueva operación deriva del material requisado en la batería de registros del pasado junio vinculados a Antxon Alonso, que está también imputado en la causa del presunto amaño de contratos que investiga el Tribunal Supremo y que ha llevado a prisión a dos ex secretarios de Organización del PSOE. Cuatro agentes de la UCO se personaron en su dúplex en la localidad vizcaína de Elorrio a las 8.05 horas del 10 de junio.

El registro se extendió hasta las 23.57 horas, cuando los investigadores terminaron de examinar las oficinas de su empresa, Servinabar, ubicada en Pamplona, a un centenar de kilómetros de allí. Los agentes se incautaron de dos ordenadores, un disco duro, dos iPhone, así como abundante documentación en formato digital y papel. Antxon Alonso estuvo entonces bajo custodia policial, pero no detenido, como sí lo ha estado en esa ocasión. 

Esa documentación motivó que la Fiscalía Anticorrupción abriera una nueva investigación al considerar que el asunto era diferente al presunto amaño de obras que investiga el Tribunal Supremo. Esta semana, un movimiento de Vicente Fernández provocó que saltaran las alarmas entre los investigadores y acudieran de urgencia a la Audiencia Nacional a judicializar las diligencias. Se encontraba de guardia Antonio Piña, magistrado al frente del Juzgado Central Instrucción 6, que autorizó los 19 registros y las detenciones y que este sábado tomará declaración a los arrestados y decidirá sobre su libertad.

El PSPV-PSOE ha solicitado este viernes la suspensión inmediata de militancia y su dimisión de todos los cargos orgánicos en la Ejecutiva de la provincia de Valencia del expresidente de Enusa José Vicente Berlanga, militante de la federación valenciana e investigado en la trama de Leire Díez.

La Guardia Civil investiga a Berlanga en el marco de la trama vinculada a Leire Díez, en la que la UCO ha requerido documentación a las empresas públicas SEPI, Sepides, Enusa o Mercasa y ha efectuado registros para requerir documentación sobre contratos y subvenciones, aunque judicialmente no está investigado, según han señalado fuentes jurídicas.

Sobre Berlanga, que era hasta ahora secretario de Relaciones Políticas en la Ejecutiva socialista de la provincia de Valencia, la dirección del PSPV también ha solicitado al PSOE la apertura de un expediente disciplinario, según han informado fuentes de los socialistas valencianos.

El PSPV-PSOE ha reafirmado su compromiso “en la lucha contra la corrupción” y ha asegurado que seguirán “siendo implacables ante cualquier indicio, denuncia o situación de estas características que pueda producirse dentro de la organización”.

Los socialistas valencianos “siempre actuaremos de forma implacable y con firmeza ante personas que no representan los valores del partido ni las políticas que necesita la ciudadanía”, han indicado en un comunicado.

La secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, ha afirmado en Alicante que ya dijo hace tiempo, tras conocerse la implicación del valenciano José Luis Ábalos en el caso Koldo, que iba a ser “implacable” si había más implicados, porque a los socialistas valencianos no les pueden “agachar la cabeza” aquellos que “no representan” a este partido centenario.

“Corruptos o conductas irregulares u hombres machistas quedarán fuera, fulminados de manera inmediata por parte de esta secretaria general y de la dirección actual del PSPV”, ha manifestado Morant, quien ha defendido que “solo con la sospecha” les vale y no dudan en actuar de forma “inmediata” ante personas que ya no pueden ser llamadas compañeras.

La última investigación de la Fiscalía Anticorrupción apunta a uno de los centros neurálgicos del uso de dinero público en la administración central. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron en las últimas horas en la sede de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), compañía pública que factura al año casi 6.000 millones de euros. Los agentes presentaron un requerimiento de información sobre contratos mientras el expresidente del organismo, Vicente Fernández, aguardaba detenido en el calabozo de las dependencias del instituto armado en Tres Cantos.  

La SEPI no fue la única empresa pública objeto de los investigadores. Fuentes próximas a las pesquisas aseguran a elDiario.es que los agentes reclamaron en Mercasa, que gestiona los mercados centrales de abastecimientos, contratos del periodo entre 2021 y 2023. Esto es, una vez que Vicente Fernández había salido de la SEPI y pasado a cobrar de Servinabar, la sociedad de Antxon Alonso considerada vehículo para el cobro de mordidas de Santos Cerdán y el resto de miembros de la trama que investiga el Tribunal Supremo.

Fernández llegó a la presidencia de la SEPI en junio de 2018, con el ascenso al poder del PSOE, y estuvo en el cargo hasta octubre de 2019. Político de la confianza de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Vicente Fernández pasó apenas 15 meses al frente de la empresa pública hasta que su presunta implicación en el caso Aznalcóllar motivó su cese.

Es a partir de esa época cuando empieza su actividad sospechosa. Vicente Fernández comenzó a buscar entonces trabajo en el entorno del PSOE, explican fuentes del partido. Las mismas fuentes creen que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán habría respondido a esa inquietud laboral de Vicente Fernández poniéndole en contacto con Antxon Alonso. 

La investigación va dirigida a la influencia que pudo ejercer Vicente Fernández en la SEPI después de haber tenido que dejar el puesto y cómo Servinabar se pudo beneficiar de las adjudicaciones. En 2021, según un informe de la Hacienda foral de Navarra incorporado al sumario del caso Cerdán, el expresidente de la SEPI comenzó a trabajar para Servinabar. En dos años, Fernández cobró 100.000 euros de esa sociedad de Antxon Alonso. 

La precipitación de la operación el miércoles y el secreto de las actuaciones ha generado una ceremonia de la confusión sobre el origen de unas pesquisas en las que se repiten elementos clave de la investigación del Tribunal Supremo que mantuvo a Santos Cerdán varios meses en la cárcel. Un movimiento de Vicente Fernández provocó que saltaran las alarmas entre los investigadores y acudieran de urgencia a la Audiencia Nacional, donde se encontraba de guardia Antonio Piña, magistrado al frente del Juzgado Central Instrucción número 6, que autorizó los 19 registros y las tres detenciones.

Ese es el motivo de que cinco de los registros comenzaran el miércoles y el resto se alargaran toda la jornada del jueves. En primer lugar, se detuvo a Vicente Fernández y a Leire Díez, pero Antxon Alonso tardó horas en ser localizado. La sede de Servinabar, junto a la Plaza del Castillo de Pamplona, fue objeto de uno de los registros. 

Entre las empresas públicas a las que han accedido los investigadores figuran también Sepides (Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial) y Enusa, empresa pública del sector nuclear dependiente de la SEPI, donde ocupó un puesto directivo Leire Díez. Además de esas empresas públicas, los agentes han acudido a las instalaciones de Forestalia en Zaragoza y Madrid; a la asesoría fiscal Conaudire, en la capital aragonesa, o a la empresa Cemsal. 

Agentes de la UCO registraron también en la noche del miércoles un inmueble ubicado en la calle Diego de León de Madrid en el que Leire Díez presuntamente mantenía reuniones con empresarios, y otro en el barrio de Las Tablas, propiedad de una amiga y donde la exmilitante del PSOE dormía a veces en sus desplazamientos a Madrid. Los agentes mostraron un auto del juez que hacía referencia al cobro de 21.000 euros por parte de Leire Díez, pagados por Vicente Fernández en una supuesta operación encubierta bajo el pago de un vehículo de segunda mano. 

El sábado, a disposición judicial

El juez Piña tomará declaración a los tres detenidos el próximo sábado. Hasta ese momento permanecerán en dependencias policiales. Piña decidirá entonces si envía a prisión o somete a los investigados a otras medidas cautelares menos graves y también si se inhibe en favor del Tribunal Supremo, donde Antxon Alonso ya es investigado en razón del aforamiento de José Luis Ábalos, o si es competente el otro juzgado de la Audiencia Nacional que empezó a investigar el caso Koldo. 

Vicente Fernández resultó absuelto hace unos días en la sentencia del caso de la mina de Aznalcóllar, junto a los otros 15 acusados. El paso de Leire Díez por la empresa pública ENUSA coincidió con la de Fernández en la SEPI y ambos acudieron juntos a varias reuniones. Ella, en su cruzada contra supuestas investigaciones policiales y judiciales con tintes políticos, ha atacado la instrucción del caso de los ERE que, por otra parte, recibe serios correctivos en lo que a la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla sobre Aznalcóllar se refiere. 

Este jueves, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha marcado distancias respecto a Vicente Fernández, quien fue su hombre de confianza desde el año 2016, cuando como consejera de Hacienda le nombró Interventor General de la Junta de Andalucía, donde tiene su plaza de funcionario. Cuando Pedro Sánchez la designó ministra, Montero se llevó a todo su equipo de la consejería a Madrid. Uno de ellos fue Vicente Fernández, a quien hizo presidente de la SEPI. 

Cuando fue imputado por la adjudicación de la mina de Aználcollar, Montero le hizo dimitir de la empresa pública, pero dejó el puesto vacante durante un año a la espera de que pudiera volver confiada en su inocencia. En 2021, el Gobierno decidió nombrar presidenta de SEPI a Belén Gualda. Durante ese tiempo, Vicente Fernández volvió a su plaza en Andalucía y, posteriormente, se fue a Servinabar. “No tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor”, dijo la ministra este jueves sobre Vicente Fernández, con quien dijo que no ha tenido ningún contacto desde que salió de la SEPI, informa Irene Castro. 

“El Gobierno de Sánchez está explotando por los aires. El 'sanchismo' está siendo desarticulado ante toda España. En vivo y en directo, y en tiempo real”. Así ha valorado el secretario general del PP, Miguel Tellado, las últimas informaciones sobre los casos de corrupción que afectan al Gobierno y a su partido mayoritario, el PSOE. El 'número dos' del primer partido de la oposición ha vuelto a exigir elecciones. “Nada podría haber pasado sin él. Como mínimo, lo sabía todo”, ha dicho, para pedir elecciones generales ya.

Este miércoles la Guardia Civil detuvo por orden de la Audiencia Nacional a Leire Díez, la exmilitante del PSOE investigada por haber maniobrado supuestamente contra la Fiscalía y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero también fue arrestado en la misma operación, fruto de una investigación que permanece bajo secreto, el que fuera primer presidente de la SEPI con Pedro Sánchez en la Moncloa, Vicente Fernández.

La cadena de detenciones ha seguido este jueves con el empresario Antxón Alonso, teórico socio de Santos Cerdán en la empresa Servinabar, que fue usada según la UCO para cobrar comisiones ilegales a cambio de obras públicas.

Tellado ha recopilado los “escándalos” de los últimos días. Desde la sentencia contra el ex fiscal general, Álvaro García Ortiz, que ha tachado de “escándalo mundial sin precedentes”, pasando por las supuestas “presiones” en la UCM “para crear una cátedra para la esposa” de Sánchez, Begoña Gómez, a la ocultación de las denuncias internas contra Paco Salazar por acoso sexual o la apertura de juicio oral contra José Luis Ábalos y Koldo García.

A esta retahíla se une el “registro de Plus Ultra” y de Forestalia, empresa que Tellado ha relacionado con la dirigente del PSOE Susana Sumelzo.

“Todo el Gobierno de Sánchez está bajo sospecha. No hay día sin su escándalo”, ha apuntado Tellado, quien ha querido centrarse este jueves en la vicepresidenta primera y futura candidata del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, cuya “situación comienza a ser ya completamente insostenible”.

“Su gran protegido, al que colocó en la SEPI, es otro cargo pegado a Montero que cae por corrupción”, ha asegurado tellado. “Se le está poniendo cara de Santos Cerdán”, ha añadido, en referencia a la investigación abierta contra el ex secretario de Organización del PSOE.

“Que se vaya ya, cuanto antes”, ha reclamado Tellado, quien ha asegurado: “Lleva más de 20 años conviviendo con la corrupción, primero con los ERE y ahora con Sánchez”.

Pero Tellado no solo ha pedido la dimisión de Montero, también la celebración de elecciones generales. “Debe irse el propio Sánchez, porque sin él ninguno de estos casos de corrupción habría sido posible”, ha sostenido Tellado. “Debe irse porque él es el 'número uno”, ha dicho.

A finales de noviembre, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anticipó que Pedro Sánchez acabará también en prisión, algo que sostiene desde hace meses el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso.

“Su Gobierno y su partido se están cayendo a trozos”, ha asegurado Tellado, quien ha dicho del Gobierno que “llegaron para desvalijar España”, con Sánchez a la cabeza: “Nada podría haber pasado sin él. Como mínimo lo sabía todo. Exigimos responsabilidades políticas”.

La Guardia Civil ha detenido este miércoles a la exmilitante socialista Leire Díez, según han confirmado fuentes del Instituto Armado a elDiario.es. La operación es fruto de unas diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción que ha acudido al juzgado de guardia de la Audiencia Nacional, el número 6, para solicitar varios registros y detenciones.

Los arrestos han sido practicados por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dentro de un operativo que todavía está abierto. Junto a Leire Díez ha sido detenido el expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández. A ambos se les atribuyen delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Se prevén más arrestos.

Fernández fue presidente de la SEPI entre junio de 2018 y octubre de 2019. Fue cesado después de que la Audiencia Provincial de Sevilla reabriera el caso sobre el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) y volviera a estar imputado. Precisamente la semana pasada resultó absuelto de ese caso junto a otras 15 personas, entre ellos distintos funcionarios y técnicos de la Junta de Andalucía.

Leire Díez, por su parte, trabajó entre octubre de 2018 y diciembre de 2021 en Enusa, una empresa pública del sector nuclear dependiente de la SEPI. Dirigentes socialistas afirman que durante esta etapa Leire Díez acudió con Vicente Fernández a algunas reuniones de la empresa pública.

Tras su salida de la SEPI, Vicente Fernández estuvo dado de alta entre 2021 y 2023 en Servinabar, la sociedad navarra sospechosa de constituir el vínculo para el cobro y reparto de mordidas al ex secretario general del PSOE Santos Cerdán, según la Hacienda foral de Navarra. Nunca mencionó este empleo en su currículum. Compareció en el Senado, en el marco de la comisión de investigación abierta por este caso, y se negó a responder a preguntas porque estaba implicado en otro procedimiento vinculado con Aznalcóllar, informa Iker Rioja.

El caso de la mina de Aznalcóllar

Fernández Guerrero fue imputado por la jueza Mercedes Alaya en el caso Aznalcóllar por su papel como secretario general de Industria de la Junta de Andalucía, si bien en el momento de dirigir la investigación contra él desempeñaba el puesto de presidente de la SEPI. Fernández dimitió tres días más tarde, según anunció la entonces ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, hoy candidata socialista a la Junta.

La sentencia absolutoria de la Audiencia de Sevilla incluye duras críticas a la instrucción de Alaya. Esta jueza, conocida como la primera instructora del caso de los ERE, fue uno de los objetivos de Leire Díez en su búsqueda de policías, jueces y otros funcionarios que hubieran actuado contra el Gobierno por motivaciones ideológicas. Ella defiende que sus maniobras solo responden al trabajo periodístico de quien está escribiendo un libro.

En este sentido, Leire Díez ya estaba siendo investigada en un juzgado madrileño por cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil con los que, según el juez, pretendía malbaratar investigaciones judiciales.

El juez que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho ha citado a declarar como testigos el próximo 2 de febrero al exdirigente del PSOE Santos Cerdán y al secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando.

Así lo indica en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez Arturo Zamarriego, que también cita para ese día como testigos a los empresarios Alejandro Hamlyn y Luis del Rivero, ya que los cuatro habrían participado en reuniones con Díez.

El juez además reclama al PSOE para que le informe de si Díez “es o ha sido afiliada al PSOE y, en tal caso, fecha de alta y cese como afiliada”, así como “si durante el tiempo que ha estado afiliado en su caso, si desempeñó alguna actividad en el seno del partido y si recibió algún tipo de remuneración por dicha actividad”. Igualmente, pide que le comuniquen la misma información sobre Cerdán y Hernando.

Hace dos semanas, Díez aseguró ante el magistrado que mantuvo dos reuniones con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, pero ha dicho que fue como “periodista” y ha asegurado que no tiene ningún vínculo con el partido. El empresario Javier Pérez Dolset, que también estaba citado a declarar, aseguró que él estuvo en las dos reuniones con Cerdán y dijo que en una estuvo presente el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, en aquellas fechas director adjunto del gabinete de la Presidencia del Gobierno.

La exmilitante socialista Leire Díez ha asegurado este lunes ante el juez que la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho que mantuvo dos reuniones con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, pero ha dicho que fue como “periodista” y ha asegurado que no tiene ningún vínculo con el partido.

En su declaración como investigada, Díez ha afirmado que no reconoce los audios en los que se la escucha ofrecer favores a cambio de información comprometedora sobre mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press. En la grabación aportada por el fiscal Ignacio Stampa dice que es “mano derecha” del entonces secretario de Organización del PSOE.

Ante el magistrado, Díez ha negado cualquier relación con Cerdán más allá de esos encuentros y ha indicado que fueron en 2024, en calidad de periodista y para entregarle documentación en la que el PSOE aparecía en algunos casos como víctima, añadiendo que lo hizo con más partidos. La exmilitante ha respondido solo a preguntas del juez, la fiscal y su abogada para señalar que coincidió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en algún mitin, pero que tampoco tiene relación con él.

Pide la nulidad de los audios y dice que están manipulados

Sobre los audios incorporados a la causa, Díez ha sostenido que están manipulados y ha incidido en su petición de que se declaren nulas las grabaciones aportadas por el fiscal Ignacio Stampa sobre una reunión que tuvo con Díez y en la que se la presentase como “la persona del PSOE” y la “mano derecha” de Cerdán, así como la efectuada en el despacho del abogado Jacobo Teijelo, en la que se habrían ofrecido favores al empresario investigado Alejandro Hamlyn a cambio de información sobre cargos de la UCO.

No obstante, aunque ha dicho no reconocerlos, Díez ha afirmado que estuvo tanto en la reunión con el fiscal Stampa como en la de Hamlyn, si bien ha negado conocer al otro fiscal, José Grinda, que denunció un posible intento de soborno por parte de la presunta trama.

Pérez Dolset confirma que estuvo en las dos reuniones con Cerdán

Pérez Dolset, que también estaba citado a declarar, ha confirmado su presencia en las dos reuniones con Cerdán y ha señalado que en una estuvo presente el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, en aquellas fechas director adjunto del gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Las reuniones coincidieron en el tiempo con el periodo de reflexión que se dio el presidente del Gobierno después de trascender la imputación de su esposa, Begoña Gómez, en abril del año pasado, según las mismas fuentes consultadas.

El empresario ha indicado que las reuniones con Cerdán giraron en torno al 'caso Villarejo' y cómo podría perjudicar al PSOE, a la vez que ha compartido con Díez que los audios de los encuentros con Stampa y Hamlyn están manipulados.

El juez Arturo Zamarriego sospecha que la exmilitante socialista “lidera” una “actuación delictiva, continuada y coordinada” con el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol -también investigados- para “recabar información comprometida o irregular” con el fin de “anular o malbaratar” investigaciones en “casos relevantes que afectan a políticos y empresarios”, según un auto.

Las pesquisas que dirige el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid parten de varias denuncias contra la exmilitante socialista después de que se dieran a conocer los audios en los que se la escucha ofrecer favores a Hamlym a cambio de información sensible. Además, el juez acabó incorporando las denuncias presentadas por los fiscales Stampa y José Grinda, que denunciaron un presunto intento de soborno por parte de los investigados.

Según una grabación aportada por el fiscal Stampa, Díez mantuvo una reunión con él el pasado 7 de mayo en busca de información sensible junto a Pérez Dolset y el empresario Luis del Rivero, en la que la exmilitante se presentó como “mano derecha” de Cerdán y como “la persona que ha puesto el PSOE”. “Yo traslado luego”, aseguró.

Díez aseguró que el encuentro era “estrictamente confidencial”. “Es una reunión que se queda aquí, pero digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto”, manifestó. Y Pérez Dolset afirmó que cuando se conoció la imputación de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, “el presidente ya dijo que se limpie todo”, “sin límite”. “Los policías que falsifiquen informes, fuera. Los fiscales que oculten pruebas, fuera. Los tíos que fabriquen causas, fuera. Y la politización del sistema judicial”, dijo.

El caso que sigue un juzgado de Madrid contra la exmilitante socialista Leire Díez se complica para ella y el resto de imputados. Dos fiscales, José Grinda e Ignacio Stampa, han presentado sendas denuncias, incorporadas a la causa, en las que afirman que Leire Díez y el empresario con el que colabora, Javier Pérez Dolset, intentaron sobornarlos directamente o través de terceros a cambio de que denunciaran a sus superiores. Ambos acusados lo niegan y se han querellado a su vez contra Grinda y Stampa ante la Fiscalía General del Estado.

En un escrito incorporado al sumario, al que ha tenido acceso elDiario.es, el representante del Ministerio Público atribuye a Leire Díez el “liderazgo” de un “plan delictivo” con el objetivo de desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de diversas investigaciones abiertas en causas judiciales contra el Gobierno y el PSOE; y a la Fiscalía Anticorrupción, que ejerce la acusación pública en varios de esos casos.

El fiscal del caso de Leire Díez asegura que el objetivo era “anular” causas que “afectan a políticos y empresarios”. El PSOE se desligó de las intenciones de Leire Díez desde que la figura de la exmilitante saliera a la luz. El partido procedió a abrirle un expediente de expulsión del partido y ella cesó de militancia mientras aseguraba que es una “periodista de investigación” que trabaja en un libro sobre la corrupción policial y judicial.

Una de las denuncias que constan en el sumario contra Leire Díez es la del fiscal José Grinda. Destinado en la Fiscalía Anticorrupción, puso en conocimiento de su jefe el 27 de febrero de 2025 que ese mismo día había sido objeto de un intento de soborno por parte de un periodista con el que tenía una relación de amistad.

En esa comunicación, Grinda afirmó que esta persona le había ofrecido “un destino en el extranjero” y que le “liberarían de una demanda” a cambio de que él pidiera el archivo de varias causas y facilitara información que perjudicara al jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, su superior jerárquico y quien dirige la acusación en la causa abierta en el Tribunal Supremo contra José Luis Ábalos y en la que acabó implicado el exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán. 

En esa denuncia, Grinda afirma que el periodista le enseñó un papel que pudo consultar pero con el que no se pudo quedar y en el que figurarían diferentes casos de corrupción en los que él ejercía la acusación por parte del Ministerio Público. Según su relato, le solicitaron que declarara que todas esas causas habían sido “fruto o consecuencia de actuaciones abusivas, o un término por el estilo, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Según el fiscal Grinda, los procedimientos citados son “Pujol Draco y otros relacionados; caso 3%, Sumarroca y otros; Aguas de Girona; ZED, Banca Privada de Andorra, Banco Madrid y relacionados (Duro Felguera) y Caranjuez”, figura en la denuncia. “También debía comprometerme a explicar el origen de la investigación de Sandro Rosell”, añade. El expresidente del Barça pasó dos años en prisión preventiva y acabó siendo exonerado de todas las causas.

En el escrito, Grinda afirma también que el periodista le dijo que ese ofrecimiento estaba avalado por “las más altas instituciones o personas del Estado”. Y que, tras leer el documento, esta persona le comentó que “él entendía que la persona que pudiera avalar este acuerdo es alguien que conoce como Leire”. El periodista también está imputado.

Stampa: “Me dijo que el PSOE la había puesto detrás de todo esto”

El segundo fiscal en denunciar intentos de soborno por parte de Leire Díez fue Ignacio Stampa. Stampa fue uno de los dos fiscales del caso Villarejo hasta que la fiscal general Dolores Delgado no le renovó en la Fiscalía Anticorrupción, en medio de una denuncia de Vox por su presunta relación con una abogada de Podemos, con la que compartía acusación en el caso Villarejo, y que terminó archivada. Desde hace años mantiene varios pleitos abiertos contra la Fiscalía para denunciar las represalias y maniobras que, asegura, le dejaron fuera del caso y del departamento que dirige Alejandro Luzón.

Stampa trasladó a finales de mayo un escrito a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, para explicar que había mantenido días antes una reunión con Leire Díez y el empresario Javier Pérez-Dolset. Stampa aseguraba que se le había prometido que el encuentro sería con Santos Cerdán, entonces secretario de organización del PSOE, pero que este no acudió

Leire Díez le habría dicho a Stampa: “Soy la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto”. Se refería a “las irregularidades en informes policiales y de los fiscales anticorrupción”, según el fiscal denunciante. El objetivo de la reunión, añadió Stampa, era que él suministrara “información” sobre el fiscal Grinda o sobre Luzón. A cambio Leire Díez y Pérez Dolset le habrían ofrecido un puesto otra vez en la Fiscalía Anticorrupción, lo que consideró “absurdo” por la imposibilidad de que se produjera.

Leire Díez se convirtió en protagonista de la actualidad tras la publiación de un audio en el que aparece ofreciendo al empresario Alejandro Hamlyn –procesado en la Audiencia Nacional por un fraude millonario de hidrocarburos– influir en la posición de los fiscales si el investigado, a cambio, le ofrecía información comprometedora del teniente coronel Antonio Balas, jefe del grupo de la UCO que investiga el caso Cerdán, entre otros muchos de relevancia. HazteOir denunció los hechos y un juzgado de Madrid imputó a Leire Díez, que está citada a declarar el próximo 11 de noviembre por delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Denuncias en la Fiscalía de Díez y Pérez Dolset

Los acusados de lanzar los ofrecimientos a los fiscales han respondido con sendas denuncias ante la Fiscalía en la que dan su versión de los hechos, completamente opuesta a las de Grinda y Stampa. El empresario Pérez Dolset y la militante del PSOE Leire Díez presentaron sendas denuncias ante la Fiscalía General del Estado los días 8 de junio y 12 de septiembre. La Fiscalía General del Estado dio acuse de recibo y trasladó las denuncias a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, que aún no se ha pronunciado. 

Según Pérez Dolset fue el empresario Luis del Rivero quien le “propuso tener una reunión con el señor Stampa” ante la posibilidad de que tuvieran intereses comunes. Stampa fue fiscal del caso Villarejo hasta que no fue renovado y Pérez Dolset se presenta como víctima del comisario, quien habría maniobrado contra él a las órdenes del Grupo Planeta, con el que el empresario mantiene un contencioso. Del Rivero habría trasladado a Pérez Dolset que Stampa buscaba reparación al daño que se le había hecho y que se llegara también hasta el final del caso Villarejo. 

Dolset accedió a la reunión pese a las “reticencias” que le producía el hecho de que Stampa no le hubiera recibido mientras era fiscal del caso Villarejo y que hubiera publicado después un libro en Planeta. Ya en la reunión, Stampa le habría pedido que contribuyera a la “limpieza de su nombre” y que cesara una supuesta persecución contra él por parte del actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Pérez Dolset asegura que no respondió a esas peticiones. 

“No he tenido jamas una reunión ni conversación con ningún miembro del Gobierno actual, ni nivel ministro ni secretario de Estado. No tengo ninguna capacidad de influir en un asunto como el solicitado por el señor Stampa”, recoge la denuncia del empresario. 

De otro lado, Leire Díez ha negado actuar a las órdenes del PSOE y está imputada a partir de la grabación en la que se arroga, ante un empresario investigado por el fraude millonario de los hidrocarburos, de la capacidad de influir en fiscales. Leire Díez niega que intentara sobornar a Grinda a través de un periodista, amigo del fiscal, y se dedica en su denuncia a contextualizar el posible motivo de la denuncia presentada por el anterior contra ella. 

Leire Díez relata que el fiscal Grinda mantenía una intensa relación con el medio del que ella asegura que es fundadora, Crónica Libre –ahora desaparecido–, y que filtró numerosas informaciones al mismo. Según su versión, esa vinculación se acabó cuando ella misma y periodistas de ese medio descubrieron que el fiscal habría participado en montajes de la Operación Catalunya y contra Pérez Dolset, empresario con el que Leire Díez reconoce colaborar. Y, que representaba, en consecuencia, lo contrario de lo que ese medio supuestamente combatía.