La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha señalado este viernes que su formación política no se ha querellado aún contra la exmilitante socialista Leire Díez porque “de momento no conocemos todos los hechos” objeto de investigación en la Audiencia Nacional. Así, ha apuntado que la decisión sobre si se querellan o no “se adoptará en su momento y según la evolución de la causa”: “Todo tiene su tiempo”.

Narbona ha realizado estas declaraciones en el marco de la comisión de investigación del Senado creada a raíz del caso Koldo y que posteriormente se convirtió en una suerte de cajón de sastre parlamentario para que el PP y demás grupos políticos pudieran llamar a comparecer a personas por otras causas distintas.

A preguntas de la senadora de UPN María Mar Caballero y del senador de Vox Ángel Gordilo ha especificado que “nunca” tuvo conocimiento de las reuniones que se mantuvieron en la sede del PSOE en Ferraz a las que asistió la presunta 'fontanera' en abril de 2024 durante el periodo de reflexión que se dio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez. Y ha dicho más, tampoco tuvo conocimiento del contenido de las mismas: “Si yo hubiera imaginado algo, las cosas habrían sido distintas”.

En este sentido, ha descargado toda la responsabilidad en la figura de quien por entonces era el secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, quien está imputado tanto en el caso Leire Díez como en la causa abierta para investigar presuntas mordidas de constructoras a cambio de adjudicaciones de obra pública.

Y sobre su relación con la exmilitante Díez ha explicado lo que ya dijo en su testifical ante el juez Santiago Pedraz: que la conoció en 2017 en Cantabria en el marco de los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo y que mantuvo conversaciones desde entonces con ella pero “siempre de carácter profesional como responsable de prensa” de esa zona del territorio y luego de la empresa pública Enusa. “No podría decir que es una relación de amistad, pero sí de conocerla hasta donde yo pensaba que la conocía”, ha añadido, para luego desmentir haber sido su “madrina” y para apuntar que su figura ahora es objeto de investigación y siempre debe ir por delante la presunción de inocencia.

En cuanto a la conversación entre ella y Leire Díez que data de 24 de abril de 2024 en la que la exmilitante le hablaba de que tenía información que podía ser relevante en el marco de la decisión de Sánchez de abrir un periodo de reflexión, ha explicado que la remitió a Cerdán porque con anterioridad ya le había conminado a dirigirse al secretario de Organización que era quien llevaba la política de comunicación en el partido. “Unos días antes, por wasap Leire Díez ya había comentado que disponía de información que podía ser relevante, y yo la había dirigido al secretario de Organización. (...) Luego yo le pregunte a Santos Cerdán si Leire había traído información de interés y él me dijo que no”, ha recordado.

Con ese precedente, ha dicho, cuando por segunda vez se dirige a ella le indica que ya se lo “había contado a Santos el otro día”, y ha resaltado que para ella, cuando hablaba de información “pensaba que se refería a hechos pero nada que ver con lo que está siendo objeto de investigación”.

En cuanto a la figura de Cerdán, ha ido apareciendo durante la comparecencia de forma recurrente, y a la pregunta de si mantiene la confianza en él, ha respondido que esa confianza “es bien preciado que se deteriora cuando hay indicios de cualquier tipo”, pero ha matizado que en el caso concreto del exdirigente ha sostenido que debe prevalecer la presunción de inocencia.

No obstante, ha recordado que el cargo de Cerdán en el partido le permitía actuar “con independencia” a pesar de los mecanismos de control de la formación. Ha reconocido que si quiso pudo actuar fuera de la legalidad “burlando” esos controles, aunque ha indicado que de haber sido así se trata de un “comportamiento individual”.

Así, sobre los contratos que recoge la investigación que se podrían haber realizado por el PSOE para canalizar pagos a Leire Díez ha resaltado que todo lo que se haya podido hacer ha sido “bajo el mandato del que tenía toda la capacidad para hacerlo”: El secretario de Organización, quien “podía contratar sin que instancia superior estuviera informada del contenido”. Así, ha subrayado que “no hay una corrupción del PSOE”, ni tampoco una “caja B” del partido.

Por otro lado, también ha negado que ella comentara con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cualquier conversación que pudiera haber tenido con la exmilitante. En relación al jefe del Ejecutivo, tanto Vox como PP le han solicitado que le recomiende que dimita y convoque elecciones.

Después de que se pusieran sobre la mesa otros asuntos, como el caso Zapatero o la investigación que se mantiene bajo secreto en la Audiencia Nacional en relación a los pagos en metálico del partido, ha negado que se recibiera dinero en efectivo en la sede del PSOE.

El senador socialista Alfonso Gil ha lamentado que se le ha llamado a comparecer a Narbona en este día concreto porque se celebra en paralelo una de las últimas jornadas del juicio por la operación Kitchen. “Son pistas de circo del PP”, ha lamentado, para concluir que el PSOE “sigue creyendo en la justicia y en los procesos judiciales”.

Por su parte, el senador del PP Francisco Martín Bernabé le ha acusado de ser “una hipócrita de manual” por pedir responsabilidades al PP cuando declaró el expresidente Mariano Rajoy en Gürtel y, sin embargo, “cuando se habla de corrupción que afecta a los suyos” rebaja la exigencia.

Después de que el PP haya acusado al PSOE de incrementar sus ingresos más de un cien por cien en la pandemia por el posible cobro de mordidas de empresas privadas. Narbona ha negado que el PSOE haya cobrado “contrapartidas económicas” provenientes de empresas privadas a modo de mordidas y como fuente de financiación del partido. “Nuestro patrimonio ha variado por resolver deudas y por la venta de inmuebles del partido, pero nada que ver con mordidas”, ha añadido, para luego subrayar que no espera que el partido acabe siendo imputado en ninguno de los casos abierto.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha declarado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien investiga la supuesta trama orquestada por la exmilitante del PSOE Leire Díez para desestabilizar procedimientos relacionados con el PSOE o con el entorno de Pedro Sánchez. En la última pregunta del interrogatorio, la abogada de González ha pedido disculpas por la “obviedad” de lo que iba a preguntarle aunque ha remarcado la necesidad de hacerlo. A continuación ha dicho: “¿Tuvo que ver la señora Leire en la apertura de alguna de las investigaciones [informaciones] reservadas que se examinan aquí?”. “No tiene nada que ver”, contesta la investigada.

“Si ustedes cogen la línea temporal, no encaja ni a martillazos”, añade sobre la vinculación que hace la UCO entre sus “encuentros” con Leire Díez y el hecho de que se abrieran tres informaciones reservadas por noticias publicadas en relación con investigaciones de la UCO.

“Los hechos son los hechos que son, los que provocan esas informaciones reservadas, como se han producido a lo largo de todo este tiempo”, responde González en relación a que las tres publicaciones ya justificaban sobradamente la apertura de las investigaciones internas. En dos de ellas aparecían conversaciones del presidente del Gobierno que, entre otros actores, estaban en poder de la UCO, al menos una parte. Otra está vinculada a la publicación de unas direcciones de correo de la mujer y el hermano de Sánchez a partir de uno de los 10.000 mensajes que había incautado la UCO. Y la tercera se produce después de que El Mundo titule a toda página que el teniente general Llamas es “un peón de Marlaska” y se citen fuentes conocedoras del conflicto entre el DAO y la UCO.

En este sentido, Mercedes González ha concluido “¿Es como si me dijera reciben presiones las comandancias de la Guardia Civil? Porque a lo largo de estos dos años se han abierto siete informaciones reservadas sobre hechos concretos y determinados. La de Madrid por una cosa, la de Cantabria, por otra, la de Almería, por otra, la de Asturias por otra. No es que ha habido hechos que nos han llevado a abrir informaciones reservadas para analizarlos, para investigarlos y para concluirlos. Nada más”.

Por otro lado, también ha señalado que la presunta 'fontanera' del partido no llegó a ella a través de quien fuera número tres del PSOE, Santos Cerdán. “La señora Leire Díez utilizó, se amparó, en la relación que tuviera o en el mando que tuviera en esa estrategia o entramado alguna persona o cargo relevante del Partido Socialista o del Gobierno. ¿De alguna manera venía con la carta de presentación de alguien, de Santos Cerdán o de alguien del partido?”, pregunta su abogada.

“No, nunca. Y como hay obra publicada lo puedo decir. Nadie que viniera a mi puerta bajo el... mando o la vía de Santos Cerdán era bien recibido. O sea que todo el mundo sabe, hay artículos publicados sobre el listado de víctimas de Santos Cerdán y una de ellas soy yo. No, nunca he tenido ninguna relación buena con Santos Cerdán. No he tenido nada que ver nunca con Cerdán. Y no. Por lo tanto, no creo que utilizara nunca esa vía de acceso”, responde la directora general de la Guardia Civil.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha desvinculado este viernes en la Audiencia Nacional sus reuniones con Leire Díez de las investigaciones internas abiertas en el instituto armado con motivo de tres informaciones de prensa relacionadas con casos de la Unidad Central Operativa (UCO). González está imputada a partir de la inferencia de la propia UCO, respaldada por Anticorrupción y el juez Santiago Pedraz, que unen el hecho de que la directora mantuviera tres encuentros con Leire Díez –ella solo reconoce dos– y que se abrieran las informaciones reservadas, cerradas al poco sin ningún castigo.

González ha explicado ante el juez que se siente “víctima” de Santos Cerdán y los manejos de este al frente de la Secretaría de Organización del PSOE con Leire Díez. “Estoy en el listado de víctimas de Santos Cerdán”, ha llegado a decir González, informan fuentes jurídicas. Además, la directora de la Guardia Civil ha dicho que es conocida la “animadversión” que por ella siente el antiguo número 3 del PSOE. Si hubiera sabido que Leire Díez era “una enviada” de Cerdán, no la habría recibido, ha añadido González.

La directora de la Guardia Civil ha contestado con un rotundo “no” a la última de las preguntas que le ha formulado su abogada sobre si sus “encuentros” con Leire Díez están relacionados con la apertura de informaciones reservadas por tres noticias aparecidas en los medios sobre casos de la UCO.

La imputación a Mercedes González parte de las reuniones con Díez y los comentarios que esta hace a terceros, a través de mensajes, respecto de una supuesta estrecha relación con la directora de la Guardia Civil, un carácter que esta niega. También de que Díez apuntara en su agenda “investigaciones de las filtraciones” en un momento en el que el grupo que comandaba la exmilitante socialista estaba convencido de que la UCO mantenía una campaña contra el Gobierno y el PSOE que pasaba por pasar informaciones a algunos medios, algo que nunca se ha demostrado.

Las investigaciones internas consistieron, solo en uno de los tres casos, en tomar declaración a dos generales y al teniente coronel Antonio Balas, jefe del grupo que investiga los casos que afectan al PSOE. Uno de esos generales era el entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste; el otro, el general de Policía Judicial, Alfonso López Malo.

Con los tres, y junto al director adjunto operativo Manuel Llamas, se reunió González para trasladarles su apoyo en plena tormenta política y mediática por las especulaciones sobre las filtraciones. González dijo en su comparecencia en el Senado que ella mencionó en esa reunión “expresamente” sus reuniones con Díez. López Malo y Yuste, en condición de testigos y con obligación de decir verdad, lo desmintieron ante Pedraz, según desveló elDiario.es.

Desmentido a los jefes de UCO

Este asunto ha surgido también en su declaración ante el juez, a preguntas del aboado del PP. Mercedes González ha dicho que, en un momento del encuentro, le preguntó a Balas –al que no conocía– por su situación personal y por su familia. Acababa de publicarse el audio en el que Leire Díez aseguraba que quería a Balas “muerto”. González ha dicho este viernes que le dijo a Balas: “Yo la conozco”.

Respecto de las informaciones reservadas, González ha dicho que la abierta con motivo de la publicación de las direcciones de la mujer de Pedro Sánchez, del propio presidente y su hermano, la directora de la Guardia Civil ha dicho que estaba más que justificada su apertura. Según ha repetido en varias ocasiones había “más de 10.000 correos” entre los que elegir para que la UCO enseñara a la jueza del caso del hermano de Sánchez cómo subirlos a la nube y que las partes accedieran ellos. Y de esos 10.000 correos, la UCO escogió uno en el que aparecían todas esas direcciones de personas de relevancia pública y ajenas a la causa. Luego, la jueza subió por error el correo. La investigación abierta acabó en una amonestación verbal al agente de la UCO responsable que ni siquiera se llegó a materializar.

El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, ha señalado este viernes en el Senado que cuando transmitió a los mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) que no debían ser proactivos en sus investigaciones lo hizo, como en otras ocasiones, porque está “cansado de decir que el investigador es el titular del órgano jurisdiccional” y no los guardias civiles adscritos a la investigación judicial. Ha lamentado el “exceso de protagonismo” acompañado de cierta “vanidad” de algunos investigadores -sin citar expresamente al teniente coronel Antonio Balas- y ha añadido que en ocasiones se asumen papeles y roles que no les corresponden a los agentes.

A preguntas de la senadora de UPN María Mar Caballero ha incidido en que existe cierta “proactividad tóxica o supletoria” de quien tiene la responsabilidad real de investigar, que es el juez instructor. Y ha enfatizado que este problema lo ha planteado en multitud de foros infinidad de veces, y “no solo en una conversación particular que se recuerda cuando interesa dos años después” de haberse producido, ha explicado en referencia a lo mantenido en sede judicial por el general Rafael Yuste y el general jefe de Policía Judicial Alfonso López Malo sobre un encuentro mantenido en el verano de 2024.

Llamas fue imputado por el juez Santiago Pedraz por delitos de prevaricación administrativa y obstrucción a la justicia al entender que pudo participar de alguna manera en obstaculizar las investigaciones de la UCO que afectan a personas del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En concreto, en la causa se fundamenta esa imputación por haber promovido informaciones reservadas, investigaciones internas, que se acordaron abrir por las filtraciones a la prensa de determinados detalles de casos como el de Begoña Gómez, esposa del presidente.

Una de las primeras preguntas a las que se ha enfrentado en la comisión es la de si se plantea dimitir. Llamas ha sido tajante: “En absoluto”. Ha indicado que no considera cuestionado su honor por estar investigado y ha añadido que cuenta con el respaldo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien le ha trasladado su apoyo tras la imputación y le habría indicado que su situación procesal es “injusta”. Además, ha indicado que aunque llegue a ser procesado en el caso Leire Díez no se plantea su dimisión. “Hasta que no se formalice y conste yo como acusado en primera instancia o sentenciado como culpable”, ha añadido, para insistir en que cuando entienda que su honor “ha quedado cuestionado de manera razonable” tomará una decisión.

Llamas fue llamado a comparecer ante la comisión de investigación abierta en el Senado por voluntad del PP con el pretexto de indagar en el caso Mascarillas. Finalmente, ese órgano parlamentario se ha convertido en un cajón de sastre para que desfilen por él responsables políticos e institucionales relacionados directa o indirectamente con causas judiciales abiertas.

A lo largo de su declaración, donde ha hecho mención a su carrera profesional de 48 años en el Instituto Armado, ha negado conocer a la exmilitante socialista Leire Díez pero ha advertido de que, de lo que ha podido leer en medios, parece que “fabula con bastante facilidad”.

Cuestionado por la llamada del ministro que desembocó en que él acordara una investigación interna para analizar una filtración de datos sensibles en el caso del hermano de Pedro Sánchez, ha explicado que, si bien previamente en una conversación con la directora general de la Guardia Civil ya se le había advertido de “ese desliz por parte de los investigadores”, Marlaska le dimensionó el problema. Le indicó que la filtración de las direcciones de correo electrónico del entorno del presidente provocó que fueran “bombardeados con todo tipo de material injurioso, pronográfico e insultante”, de manera que se tuvieron que bloquear las cuentas.

Al hilo, ha resaltado que no abrió una información reservada por la llamada del ministro porque lo habría hecho de todas maneras al conocer la dimensión del problema y ha negado tajantemente que Marlaska le llamara para preguntarle por la investigación del hermano de Sánchez sino para darle “esa dimensión del impacto de esos datos”: “No me conmina a hacer ninguna investigación”.

Por otro lado, ha confirmado que mantuvo un encuentro el 5 de mayo de 2025 con la directora general, Mercedes González, para comunicarle que existía una nota de despacho en la que se hablaba de la supuesta campaña de desprestigio que orquestaba Leire Díez para desprestigiar a la UCO. Ha añadido que González le participó que sí conocía a la presunta 'fontanera' del PSOE porque trataron un conflicto laboral en Correos cuando ella era delegada del Gobierno en Madrid y que recientemente la había visto.

Por su parte, el senador popular José Antonio Monago ha explicado que la Fiscalía mantiene que bloqueó la nota de despacho clave sobre la campaña contra la UCO. Él ha explicado que trasladó la misma a su superior, la directora general, tras el puente de mayo de 2025 -la recibió el 29 de abril- y que tras un viaje es cuando se le da cuenta de una segunda nota de despacho, que coincidía con la nota previa de Información.

En cuanto una de las informaciones reservadas que se abrió para a raíz de una información de El Mundo en el que se le calificaba de “peón de Marlaska”, ha explicado que él solicitó que fuera la directora general quien tomara la iniciativa de abrir la misma porque dado que él era protagonista de esa noticia no veía conveniente ser él quien acordara la apertura. De hecho, ha explicado que si hubiera sido llamado a declarar en el marco de esa investigación interna lo habría hecho.

Las fiscales del caso indicaron en un recietne informe que esa apertura de una investigación interna partió de la propia Mercedes González el 1 de septiembre de 2025. Se abrió tras la publicación de un artículo en el que se hablaba de que determinadas fuentes de la Guardia Civil cuestionaban la actuación del DAO. Le reprochaban que solicitara de forma insistente y reiterada que se le anticipara información sobre el contenido de causas penales en curso que afectaran negativamente al Gobierno. Ese asunto acabó también en archivo y sin sanción alguna, pero derivó, dice el Miniserio Público, en que se permitió identificar a todos los mandos que intervenían en los asuntos ligados al Gobierno y a familiares del presidente del Gobierno “sin que se llegue a atisbar la finalidad de esta diligencia y la utilización que se hubiera podido hacer de dicha información”.

Durante la comisión, tanto el PP como UPN y Vox le han solicitado encarecidamente que dimita para preservar el honor de la Guardia Civil. “Esto es un sinsentido y usted tendría que haber dimitido hace mucho tiempo”, ha llegado a decir Monago. Mientras, la senadora socialista María del Río Martín ha lamentado que se use la comisión para que el PP dicté sentencia sobre los comparecientes. “La presunción de inocencia es una entelequia que salta por los aires en esta comisión (...), los comparecientes saben que la condena mediática y política es dictada por el PP con el consiguiente daño reputacional personal e institucional. El Senado no puede ser un tribunal paralelo”, ha enfatizado.

La declaración ante el juez

Este pasado jueves, el DAO de la Guardia Civil declaró ante el juez Santiago Pedraz que las tres informaciones reservadas que se abrieron para esclarecer el origen de otras tantas informaciones periodísticas sobre investigaciones que llevaba la UCO no tuvieron como intención presionar a la Unidad y que son una herramienta prevista en el reglamento que se utiliza con normalidad para aclarar, entre otras cuestiones, posibles filtraciones, informaron a elDiario.es fuentes jurídicas.

Llamas declaró durante casi tres horas en calidad de investigado en el 'caso Leire Díez' por la tesis de la propia UCO de que las informaciones reservadas fueron abiertas por la ascendencia que supuestamente tenía la ex militante del PSOE sobre Mercedes González, directora de la Guardia Civil y superior directa del DAO.

González está imputada a partir de la inferencia de la propia UCO, respaldada por Anticorrupción y el juez Santiago Pedraz, que unen el hecho de que la directora mantuviera tres encuentros con Leire Díez –ella solo reconoce dos– y que se abrieran las informaciones reservadas, cerradas al poco sin ningún castigo.

Llamas explicó este jueves que, en contra de lo que declararon ante la propia UCO sus anteriores jefes, la Unidad ha sido objeto de otras tres informaciones reservadas que nada tienen que ver con investigaciones del PSOE desde que el es el número dos del Cuerpo. En total, de toda la Guardia Civil, ha conocido la apertura de 56, pero solo de las más graves, porque en todo el Cuerpo han sido centenares, dijo.

El teniente general de la Guardia Civil defendió el trabajo de la UCO y negó haber ejercido presión alguna sobre la unidad en las investigaciones al PSOE o el entorno de Pedro Sánchez. En este sentido negó que dijera a sus responsables que se pusieran “de perfil” aunque admitió que les pidió que se limitaran a cumplir con las instrucciones que les dieran jueces y fiscales, en cumplimiento de su condición de policía judicial.

Por primera vez en esta polémica surgió el nombre del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Fue al tratar la apertura de una información reservada por la publicación en Okdiario de las direcciones de correo electrónico del presidente del Gobierno, su mujer y el hermano del primero. Llamas ya había pedido explicaciones al general de Policía Judicial y en ese contexto recibió una llamada del ministro indignado por la publicación de las citadas direcciones de correo, que en seguida se habían colapsado con mensajes despectivos. A la pregunta de qué le dijo al ministro, Llamas respondió que durante la conversación apenas habló y que fue Marlaska quien lo hizo.

El responsable material de la apertura de las informaciones reservadas fue Llamas, a excepción de una tercera que abrió Mercedes González porque el objeto de la información periodística que se investigaba era el propio teniente coronel, al que una portada de El Mundo llamaba “peón de Marlaska” y le atribuía presiones sobre los investigadores que los máximos responsables de la UCO ya negaron en el juzgado en sus declaraciones como testigos.

La presidenta del PSOE de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Cristina Narbona, ha señalado este miércoles ante el juez que investiga la presunta trama coordinada por la exmilitante del partido y por el número tres de la formación Santos Cerdán que conocía a la 'fontanera' del partido desde 2017. Ha recalcado que cuando en abril de 2024 se dirigió a ella indicándole que tenía información para “reconducir” la situación, justo coincidiendo con el periodo de reflexión que se dio Pedro Sánchez tras la imputación de su esposa Begoña Gómez, ella la despachó indicando que esos temas los hablara con Cerdán.

Narbona ha recalcado que Leire Díez hablaba de informacion útil para el partido, “nada de cloacas”, y que días más tarde, cuando le preguntó a Cerdán si era de utilidad lo que había aportado Leire Díez, este le dijo que no.

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es han explicado que, en el interrogatorio de no más de media hora a Narbona -declaraba en calidad de testigo-, ha comentado que los indicios que constan en los autos del caso Leire Díez son “indicios preocupantes” y ha remarcado que ella como presidenta no tiene ninguna facultad ejecutiva en la formación. Lo ha hecho al insistirle la fiscal por la reunión en Ferraz en la que habrían participado, entre otros, Santos Cerdán y Juanma Serrano, junto a Leire Díez. “Por mis cargos paso poco tiempo en Ferráz. Estoy más en el Congreso”, ha dicho Narbona.

Por otro lado, Narbona ha remarcado que ella desconoce esas reuniones en la sede del PSOE y que constan en la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO).

En declaraciones a los medios, a la salida de su comparecencia, Narbona ha aseverado que no conocía “en absoluto” que la exmilitante, a la que ha calificado de conocida pero no amiga, “organizara una trama dentro del partido”. Sí ha incidido en que “ella previamente le había dicho que conocía hechos importantes”, y puesto que “la política de comunicación la llevaba Santos Cerdán” la derivó a él. “Santos Cerdán me dijo que no había traído nada de interés”, ha añadido.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó a Pedraz la comparecencia de Cristina Narbona después de que en un informe de la UCO se detallara la existencia de una conversación de WhatsApp entre la exmilitante Leire Díez y Narbona el 24 de abril de 2024. Los agentes dicen que Leire Díez “habló de 'reconducir' los ataques al presidente, dar ayuda 'cualificada' y dar la vuelta al asunto 'como un calcetín'”. En esta misma conversación, según el informe, Narbona respondió: “Se lo habías contado a Santos [Cerdán] el otro día”.

Narbona, este miércoles ha explicado que tuvo trato con Díez en al época en la que la 'fontanera' trabajaba en Enusa por que quería dinamizar la imagen pública de esa sociedad, allá por 2020, pero que en el asunto concreto del mensaje de 2024 ella se puso de perfil porque por su cargo no podía entender de ese tipo de información.

Tras conocerse el sumario del caso, Narbona aseguró que Leire Díez no llegó a enviarle ningún documento de la información que ofrecía. Asegura que se limitó a ponerla en contacto con el 'número tres' del partido que sí las recibió y revisó y le comunicó a la presidenta del PSOE que “no tenía nada que no se supiese ya”. Así, este miércoles se ha limitado a mantener lo que ya ha dicho previamente.

La fiscal Anticorrupción ha introducido una pregunta que no había surgido hasta este momento en la causa, relacionada con la acusacion popular que ejerce el PSOE en el caso Kitchen. La fiscal quería saber si la estrategia la decide el partido o los abogados personados. “No lo sé. Habría que preguntarle a la Secfretaría de Organización o a los responsables de los servicios juríticos”, ha respondido Narbona.

Las reuniones en FGE

Este miércoles se han celebrado otras dos testificales. El ex teniente fiscal de la Fiscalía General del Estado (FGE) Diego Villafañe ha confirmado este miércoles que mantuvo dos reuniones con el abogado Jacobo Teijelo y con la exmilitante Leire Díez pero, ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, ha calificado de intrascendentes esos encuentros que, ha explicado, se encuadran en la normalidad porque recibían de manera habitual a letrados y a representantes de la ciudadanía. Tanto él como la otra fiscal, Beatriz López, que estuvo en el primero de esos encuentros -que se alargó por no más de 15 minutos- han señalado que fueron reuniones raras o “marcianas” y que tenían que ver con quejas sobre procedimientos relativos a fraudes del IVA en el sector de los hidrocarburos. Ambos han indicado desconocer cómo se fraguaron.

Sobre en calidad de qué se personó Leire Díez en esas reuniones con Teijelo, han indicado, según las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es, que llegó como acompañante, algo que dista de la primera comunicación que remitió al juez la FGE cuando se indicaba que se había presentado como compañera del despacho de Teijelo. Ante el juez, Villafañe ha indicado que a la salida de la primera reunión se encontró con el entonces fiscal general Álvaro García Ortiz y le dio cuenta de lo hablado, pero como entendió que no era relevante no informó ni a la Fiscalía Anticorrupción ni a la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Sobre el hecho de que no quedara registro alguno sobre las dos entradas en la sede de la FGE de la exmilitante y del abogado, que también consta como investigado en la causa, Villafañe ha explicado que en la FGE no se registran las visitas que van a reuniones, no se pide el DNI a nadie salvo si es periodista. Ha puntualizado que si bien en la primera reunión estuvieron los dos fiscales, a la segunda solo asistió Villafañe. El juez investiga si estas dos reuniones formaron parte de la estrategia desplegada por Leire Díez y sus colaboradores para torpedear causas judiciales que afectan al Gobierno, al PSOE o a personas del entramado.

La abogada Leticia de la Hoz ha declarado este martes como imputada ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Es una de las tres abogados imputados en esta causa en la que se investiga una presunta trama coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez y el ex secretario de Organización del PSOE Santos cerdán para desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez. A lo largo de una hora y media de interrogatorio, De la Hoz ha negado haber intentado sobornar a la empresaria Carmen Pano a cambio de que no corroborara en sede judicial entregas de dinero en la sede del PSOE de Ferraz. Y ha enmarcado esas afirmaciones en una suerte de venganza de la empresaria por desavenencias en negocios de hidrocaburos. Además, ha enfatizado que ella nunca cobró ni directa ni indirectamente del PSOE, ni la formación se ofreció a pagar la defensa de su representado, el asesor ministerial Koldo García.

El pasado 29 de junio, Carmen Pano, la empresaria que defiende haber entregado dinero en efectivo en la sede del PSOE en hasta dos ocasiones (90.000 euros en total), señaló en su declaración testifical ante el juez que investiga el caso Leire que la abogada Leticia de la Hoz le ofreció pagarle la boda de su hija Leonor (25.000 euros), un alquiler a lo largo de 5 o 7 años a razón de 2.500 o 2.700 euros al mes, y comprarle un coche a su amigo (que le hacía las veces de chófer) Álvaro Gallego por 15.000 euros: un total de 250.000 euros. Sostuvo que le dijeron que venían en nombre del “partido” y que el ofrecimiento era a cambio de que no ratificara en sede judicial esas entregas de dinero en Ferraz.

La versión de la letrada De la Hoz es que Pano acudió a su despacho de abogados porque también actúa como consultoría. Pano acudía, sin aclarar a quién representaba, por un negocio de hidrocarburos, pero cuando aclaró que compañía estaba detras, desde la consultora de De la Hoz se le informó de que esa compañía estaba investigada por fraude del IVA, según la investigada. También ha dicho que después de esa reunión le prohibió la entrada en el despacho.

Sobre la reunión de la supuesta oferta para que cambiara su versión, Leticia de la Hoz ha admitido que llamó a un fiscalista de su despacho y puso el manos libres pero que lo que este le trasladó no fue una oferta sino la aclaración de que si Pano cobraba comisión del negocio de hidrocarburos debía pagar impuestos por lo que obtuviera, algo a lo que se negaba.

Leticia de la Hoz ha intentado regresar una y otra vez sobre la filtración de unas informaciones que señalaban a su defendido, Koldo García, como un maltratados y que ella atribuía, sin género de dudas a la UCO. La insistencia de De la Hoz en esas filtraciones radica en que explicaría cuál ha sido su único enfrentamiento con la Unidad Central Operativa, distinto de la estrategia comandada por Leire Díez en un grupo asentado para atacar a la Guardia Civil, algo de lo que la abogada imputada se ha desmarcado por completo.

Las fuentes jurídicas presentes en la declaración de De la Hoz señalan que la fiscal del caso se ha interesado por los contactos de la abogada con Leire Díez y que ha insistido en conocer quién le pagaba a ella los honorarios por la defensa de Koldo García. De la Hoz se ha acogido a su reserva como abogada para determinar quién le pagaba pero sí ha explicado que “jamás” ha cobrado del PSOE, de hecho ha explicado que ni siquiera era simpatizante de esa formación.

Asimismo, ha tachado a Pano de “mentirosa compulsiva” y ha incidido en que la empresaria trató de cobrar una comisión de 10.000 euros de manera irregular y de involucrar al despacho de De la Hoz en un fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos. Para apuntalar su carácter embaucador, la investigada ha trasladado que Pano le dijo que padecía un cáncer y le quedaban “unos meses de vida”. Fue en febrero de 2025. De la Hoz también ha dicho que Pano tiene una relación con algunos medios de comunicación que incluyen transacciones económicas.

La violencia de género

Otras fuentes jurídicas consultadas han señalado que en un momento del “tedioso y aburrido” interrogatorio la letrada se habría explayado sobre una conversación por wasap entre ella y Leire Díez que recoge un informe de la UCO. Según los investigadores, el 9 de mayo de 2025, el día después de que se publicara una noticia titulada 'Un juez abre diligencias contra Koldo por “vejaciones” a su mujer tras analizar la denuncia de la UCO' la abogada se puso en contacto con Leire Díez para compartirle la misma. Le añadió el comentario 'lo fuerte es que la UCO sea quien denuncia, filtre, sea juez y parte... todo a la vez... y las partes no importan, ya investigan filtran juzgan y condenan ellos solos, no necesitan ni a las partes!!'.

Además, la abogada le habría indicado a Leire Díez que le pasara esa noticia “a Mercedes a ver qué opina”. La exmilitante le respondió que se lo acababa de pasar y que se había jugado una comida con ella a que las filtraciones provenían de la UCO. Esa Mercedes, según el relato de la Unidad Central Operativa de la era Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, también investigada en esta causa.

La abogada, que ha intentado presentar a Pedraz varias noticias y documentos audiovisuales finalmente ha acabado leyendo algunas publicaciones ante Pedraz para sostener que diferentes noticias y programas de televisión en ese periodo hablaban de que la filtración provenía de fuentes de la Guardia Civil y que eso es lo que trasladó a la exmilitante en su conversación.

En cuanto a la aproximación que hizo la abogada al empresario Antonio Rodríguez Estepa, ha explicado que solo le solicitó dos denuncias que éste había presentado contra la UCO, pero que no le solicitó información comprometedora o falsa del Instituto Armado con el fin de atacar el prestigio de ese cuerpo policial. Esta versión concuerda con lo que declaró la semana pasada el propio empresario que indicó ante el juez en calidad de testigo que él solo aportó esas denuncias a De la Hoz. Los investigadores sospechan que la trama pudo acercarse a él para obtener información que fuera perjudicial para la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

“Si Feijóo no existiera habría que inventarlo” es la frase que más se escuchaba esta semana entre ministros y dirigentes del PSOE. No en vano, el líder del PP ha encadenado una polémica sobre la llamada ley de nietos, otra sobre el absentismo laboral, un tropiezo parlamentario en materia de dependencia y la sombra de una ley autonómica —la del concebido no nacido— en Madrid que el Gobierno ha utilizado como munición para presentar a una derecha regresiva en derechos sociales y de la mujer.

El propio Pedro Sánchez resumió la escena con el siguiente tuit en X:

La habilidad con la que el líder del PP se pega tiros en el pie cuanto mayor es el desgaste del Gobierno empieza a ser un clamor entre los populares, más allá del clan de los gallegos que protege en Génova a Feijóo. Tanto que los medios y opinadores habitualmente dispuestos a justificar cualquiera de sus tropiezos han tenido estos días serias dificultades para defender la propuesta del aspirante a ocupar La Moncloa de que los enfermos de baja laboral cobren menos. Si hay o no una estrategia coordinada para horadar de nuevo un liderato que no termina de cuajar es una incógnita aun sin despejar, pero que corre por los mentideros de Madrid como la pólvora.

Lo cierto es que los patinazos de Feijóo no cesan y el regodeo de los socialistas es indisimulable, lo que no significa que entre sus filas no exista preocupación por lo propio. Esto es un tórrido julio judicial que deje al Gobierno en situación crítica antes del periodo vacacional. De hecho, Pedro Sánchez regresa a La Moncloa tras la cumbre de la OTAN en Ankara y un breve paréntesis familiar en Londres para encontrarse con un tablero judicial más complicado que el que dejó a comienzos de la semana, después de la imputación del que fuera su primer jefe de gabinete en el PSOE y expresidente de Correos, Juanma Serrano, en el marco de la investigación sobre Leire Díez. El juez Pedraz ha dado vía libre a la UCO para que clone y examine su móvil en busca de indicios de su participación en la trama investigada y cita como testigos a dos trabajadoras del PSOE.

Durante la próxima semana se concentran, casi sin margen para respirar, media docena de citas judiciales que afectan directamente al entorno familiar de Sánchez y al llamado caso Leire que la derecha pretende sin éxito convertir en la Kitchen del PSOE. Todo cuando el Congreso se dispone a certificar su rechazo al techo de gasto, paso previo para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2027. Con todo, la sensación en La Moncloa es que los ciudadanos saben distinguir perfectamente “entre lo que es un caso de corrupción y lo que esconde una ofensiva implacable de un sector del poder judicial contra el Gobierno”.

La sensación responde a los datos cualitativos que manejan en el PSOE, pero también a las últimas encuestas publicadas por varios medios que cuestionan la imparcialidad de los jueces e identifican una clara persecución al Gobierno en algunos autos judiciales.

El lunes 13, el magistrado Santiago Pedraz tomará declaración a José Aníbal Álvarez García, ex abogado de José Luis Ábalos para esclarecer el origen del pago de los honorarios de la defensa del exministro y saber si se costearon para monitorizar la causa judicial y comprar el silencio de quien fuera número dos del PSOE.

El martes 14 declarará Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, en calidad de imputada, ante el mismo juez de la Audiencia Nacional que investiga el llamado caso Leire. La citación responde a la sospecha de que pudiera actuar para desactivar las causas que afectan al PSOE, después de que la empresaria Carmen Pano la acusara de un presunto soborno al ofrecerle dinero a cambio de silencio, algo que la letrada no solo niega, sino que sostiene que fue justo al revés. Es decir, que Pano le pidió ese dinero a cambio de no perjudicar a los socialistas.

El miércoles 15 será el turno de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que declarará como testigo ante Pedraz después de que la UCO descubriera una conversación de WhatsApp fechada el 24 de abril de 2024 entre Narbona y la exmilitante socialista Leire Díez coincidiendo con el día en el que Sánchez publicó su 'Carta a la ciudadanía' tras la imputación de su esposa.

El jueves 16 están citados la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo, el teniente general Manuel Llamas, en calidad de investigados, después de que Pedraz respaldase las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y obstrucción a la justicia también dentro del 'caso Leire Díez'. La investigación defiende que ambos cedieron a las presiones de la exmilitante del PSOE Leire Díez para abrir expedientes disciplinarios o informaciones reservadas contra agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) con el fin de frenar y torpedear las causas de corrupción que afectan a los socialistas. Procedimientos todos ellos que siguen abiertos.

Y todo esto en la misma semana en la que el Gobierno espera otras dos decisiones judiciales de impacto. La primera, que la Audiencia Provincial de Badajoz dicte sentencia sobre el caso del hermano del presidente del Gobierno por haber ocupado una plaza de libre designación en la Diputación como director de conservatorio con un currículum más que acreditado para el cargo y sin que nadie hubiera presentado alegación en siete años. Y, la segunda, que la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos interpuestos contra la decisión del juez Peinado de seguir la causa contra Begoña Gómez por el procedimiento del tribunal del jurado, algo que marcará inevitablemente el futuro judicial de la esposa del presidente. Durante los más de dos años que ya dura la investigación, tres de los cinco jueces han resuelto 20 recursos anulando una decena de resoluciones del juez.

Y por si fuera poco la derecha mediática ya ha empezado a circular la idea de una pronta citación del presidente del Gobierno como testigo para declarar en el caso Leire, algo que los servicios jurídicos del partido no esperan ni en el corto ni en el medio plazo.

Llegar de una pieza a agosto

Pedro Sánchez mantiene, en todo caso, una agenda al margen de la judicial con la que las derechas buscan situar al Gobierno contra las cuerdas, presionar a los socios parlamentarios para que apoyen una moción de censura y lograr que el presidente no llegue al otoño. Ni PNV ni Junts están por la labor, de momento, mientras en la Moncloa se recrean con la semana horribilis de un Feijóo “que no tiene más proyecto que el antisanchismo” y de quien “ya es muy difícil ocultar tanto su inconsistencia como su disposición a recortar derechos”.

Son palabras de un miembro del Gabinete de Sánchez que percibe “hartazgo” entre la ciudadanía “porque sean los jueces quienes marquen la agenda pública”. Comparte con él la reflexión otra persona del equipo del presidente convencida de que “la agenda judicial empieza a no afectar al Gobierno, a pesar del ruido mediático”. En parte, añade un ministro, por “la falta de imparcialidad de algunos jueces” que, en su opinión, si siguen tomando decisiones “arbitrarias e ideologizadas” acabarán dando la victoria a la izquierda en las elecciones de 2027. “La realidad [aventuran desde La Moncloa] acabará imponiéndose y nos dará la razón, aunque sabemos que la derecha en coordinación con su batería mediática no nos darán tregua”. Esto último es la única certeza junto a la fragilidad de la mayoría de investidura y un calendario judicial que marca de facto el ritmo informativo y el desgaste de la legislatura.

Con julio llegando a su ecuador, en Ferraz y en La Moncloa ya solo aspiran a llegar de una pieza a las vacaciones judiciales de agosto, conscientes de que septiembre, con la vuelta de los tribunales y una votación presupuestaria en el horizonte, promete no ser mucho más tranquilo.

La Audiencia Nacional arrastra los pies en la investigación de causas graves de corrupción policial vinculadas al Ministerio del Interior bajo mandato del PP entre 2012 y 2018. Un tribunal de ese órgano juzga estos días el caso Kitchen, la operación policial dirigida desde Interior y perpetrada por media docena de comisarios para robar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, pruebas sobre la financiación ilegal de la formación conservadora. Pero el grueso de las operaciones secretas de aquellas cloacas del Estado sigue impune diez años después.

Comisarios empoderados trabajaron en la fabricación de pruebas, muchas de ellas falsas, contra políticos de la oposición. Lo hicieron fuera de la Ley, a espaldas de los jueces pero con el impulso y conocimiento de la cúpula de Interior y del PP. La misión de aquellos comisarios corruptos culminaba en muchas ocasiones con la difusión del resultado de sus trabajos a través de medios de comunicación afines al partido.

La guerra sucia de los agentes tuvo un triple objetivo: dirigentes independentistas catalanes embarcados en el desafío secesionista; altos cargos de Podemos, la formación emergente que amenazaba la continuidad del PP en el poder; y el entonces líder de la oposición y hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El número uno de la policía, Eugenio Pino, y sus principales lugartenientes, comisarios jefe en distintas áreas, se enfangaron en las operaciones ilegales. El agente más activo en esas tareas fue el comisario José Manuel Villarejo. Había ingresado en la Policía a los 22 años. Solo 10 años después pidió una excedencia para dedicarse a sus empresas privadas (con las que continuó hasta su jubilación y más allá). Regresó en 1993 para trabajar en Información y Policía Judicial, dos de los departamentos donde se manejan los datos más sensibles. En 2007 y durante los 10 años siguientes, Villarejo fue un verso libre de jefes. Se presentaba como “agente encubierto dependiente de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía”. Aunque más que un agente encubierto era un agente doble. Durante el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2008-2011), Villarejo conspiró con la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, planificando acciones para obstaculizar o arruinar las investigaciones del caso Gürtel. Para entonces, Villarejo ya era un policía todopoderoso que influía, o lo intentaba, en políticos, empresarios, jueces, fiscales y periodistas.

“Hay confianza, ¿no? Somos colegas. Móviles a la vista, aquí nadie graba a nadie”, les decía a algunos de sus interlocutores. Mientras tanto, él grabó durante al menos 20 años todos los encuentros que le interesaban. Era un notario infalible, también con sus agendas personales. Confiaba en esas grabaciones como una garantía de vida si venían mal dadas. Pero se equivocó.

Ingresó en la cárcel de Estremera el 3 de noviembre de 2017 y salió libre el 3 de marzo de 2021 con numerosos juicios pendientes y un escándalo mayúsculo sobre sus hombros. Cuando dejó la prisión y se vio rodeado de periodistas, les mostró alguna de las cartas que todavía guardaba: “Confío en que a partir de ahora pueda defenderme y es la única razón por la que me han tenido preso, para que no hablara”.

Fue a partir de entonces cuando las grabaciones, que todavía no se conocían, empezaron a hablar por el comisario. En esos audios había decenas de pruebas de la corrupción policial que embarró a empresarios, jueces, fiscales y periodistas. El material que se conoció entonces incluía decenas de notas informativas donde desparramaba algunas teorías conspirativas apoyadas en medias verdades. Pero jueces y fiscales anticorrupción de la Audiencia Nacional hicieron oídos sordos a todo este nuevo arsenal de evidencias.

Desde que el juez García-Castellón abrió la pieza separada número 34 del caso Tándem en 2022 a raíz de la publicación en El País de los audios de la corrupción hasta hoy, ninguna de las pruebas incorporadas a ese sumario ha servido para avanzar en la investigación de los hechos. En la pieza 34 se acumulan documentos y grabaciones de Villarejo donde se detallan los desmanes policiales contra independentistas catalanes en la denominada Operación Cataluña, o sobre el seguimiento ilegal al líder socialista Pedro Sánchez y su familia, o sobre las sofisticadas patrañas con las que llenaron de sospechas a los dirigentes de Podemos por una financiación ilegal que nunca existió.

Ni el juez Manuel García-Castellón (jubilado) ni su sucesor Antonio Piña han avanzado en la causa penal abierta donde se hallan las pruebas de estas operaciones ideadas desde el Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz, procesado y pendiente de un juicio donde la Fiscalía le pide 15 años de cárcel.

Las pruebas que nadie ha querido ver y analizar hasta ahora —el juez Antonio Piña ha encargado dos años después de llegar al juzgado un informe policial sobre el valor de esas grabaciones— son las que siguen:

Informe apócrifo para desacreditar a la cúpula política independentista

En las semanas previas a las elecciones anticipadas de noviembre de 2012 en Cataluña, Villarejo —según su propia confesión en grabaciones incorporadas al sumario— colocó en El Mundo un informe policial, sin fecha ni firma, del que ninguna autoridad de Interior se hizo nunca responsable, donde se acusaba a altos cargos independentistas de algunos delitos vinculados a la corrupción:

Nada se acreditó como cierto. Las conversaciones de Villarejo con Dolores de Cospedal, o con el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, detallan la existencia de esta operación de intoxicación informativa que sigue impune.

La cuenta falsa del exalcalde de Barcelona en Suiza

El Gobierno de Cataluña convocó una consulta independentista, declarada ilegal, para el 9 de noviembre de 2014. Un mes antes, las cloacas del PP prepararon otra carga de profundidad contra un dirigente nacionalista. La víctima fue Xavier Trías, entonces alcalde de Barcelona, de Convergència. Tenía 12,9 millones de euros escondidos en Suiza, según la información difundida por el Ministerio del Interior a través de sus canales habituales.

Las grabaciones que ordenó el ministro Jorge Fernández Díaz cuando se reunió en su despacho con el director de la oficina antifraude de Cataluña (2 y 16 de octubre de 2014) acreditan otra operación para difundir el bulo de la cuenta suiza de Trías que algún policía había llevado previamente al Ministerio. De Alfonso comentó al ministro que había escuchado que el entonces alcalde de Barcelona ocultaba 12 millones de euros en Suiza: “Eso es lo que yo sé, pero no tengo ningún dato que lo acredite, es un comentario de café”. El ministro tenía las pruebas (falsas):

—Fernández Díaz: “¿Y si eso saliera? [la cuenta de Trías], ¿tú qué opinas de eso?”

—Alfonso: “Yo soy partidario de asestar el golpe cuando el golpe va a acabar con el animal (…) Yo me aseguraría de que estuviera bien asestado, para que sea mortal. ¿Qué tengo? Tener 12 millones sin declarar en el extranjero, o 13, más gordo que eso… solo es descubrir un homicidio…”

—Fernández Díaz: “El número de cuenta corriente (…) Yo lo tengo, la cuenta exacta, el número de cuenta corriente y la fecha en que la cuenta corriente es cerrada en Suiza por la Unión de Bancos Suizos y es llevada a la Banca de Andorra (…) ¿Te acuerdas cuando sacó aquello El Mundo con el pantallazo aquel y tal? Eso llevó a que Pujol dejara la política, perdiera el apoyo y a que hiciera la UCO un par de pinzas… ¿Me explico?”.

Unos días después de aquella reunión, El Mundo publicaba el supuesto fraude fiscal de Xavier Trías. Otras grabaciones existentes en la pieza 34, algunas no publicadas en ningún medio, detallan el origen de la información falsa de la cuenta de Trías, cómo llegó, quién la gestionó, cómo se filtró y otros pormenores. Pero aquella revelación de secretos… falsos contra un adversario político del PP sigue impune.

Hay más grabaciones en el sumario sobre el pago con fondos reservados a una expareja del hijo mayor de Jordi Pujol para montar la causa penal contra toda la familia; reuniones con el financiero Javier de la Rosa donde se le prometían grandes cantidades de dinero para preparar querellas contra el expresidente catalán o el Gobierno de Cataluña; filtraciones de bases de datos policiales para desprestigiar en determinados medios a jueces que firmaron manifiestos favorables a la independencia… Todo esto sigue impune.

La cúpula policial al servicio del Gobierno del PP simultaneó su guerra sucia contra el independentismo catalán con las operaciones de desprestigio contra Podemos y su primer líder, Pablo Iglesias.

Informe PISA denunciado por la policía y archivado por los tribunales

La fabricación de pruebas falsas contra Podemos se inició en 2016 con el denominado informe PISA (Pablo Iglesias S.A.) que denunciaba financiación ilegal con dinero iraní y que fue difundido a través de determinados medios incluso antes de que la Policía lo denunciase ante el Tribunal de Cuentas y los ultraderechistas de Manos Limpias hicieran lo mismo ante el Supremo. Todas las denuncias fueron archivadas. Pero aquellos movimientos, de los que hay múltiples pruebas en las grabaciones acumuladas en la pieza 34, siguen sin castigo.

El falso dinero venezolano de Podemos dio mucho juego a las cloacas del PP. Varios mandos policiales se entrevistaron en Nueva York con un exministro de Hugo Chávez. Le pidieron pruebas de la financiación de Podemos con un argumento de peso:

Los documentos que acreditaban esa supuesta financiación ilegal eran falsos, pero la noticia se publicó en los medios habituales con el consiguiente desprestigió para Podemos. Todo era mentira, pero el daño estaba hecho. Esa grabación también figura en los sumarios de la Audiencia Nacional. El caso sigue impune.

Las elecciones generales se repitieron en España el 26 de junio de 2016 ante la imposibilidad de que ningún candidato logrará las mayorías suficientes para una investidura tras los comicios de diciembre de 2015. Podemos seguía siendo la principal amenaza para la continuidad del PP en el Gobierno. La policía volvió a filtrar documentos falsos por sus canales habituales para sostener un nuevo bulo: “El Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014”.

Grabaciones incorporadas al sumario, así como mensajes intercambiados entre dirigentes políticos de Interior y cargos policiales acreditan estos hechos y cómo el confidente que facilitó la información averiada había recibido como premio un permiso de residencia en España. El banco de Granadinas certificó que los documentos con los que se difundió el bulo eran falsos y en ellos se cambiaron hasta los nombres oficiales de los ministerios venezolanos.

El montaje policial de la cocaína

La policía urdió un montaje disparatado contra el exdirigente de Podemos Miguel Urbán para atribuirle un negocio de narcotráfico con 40 kilos de cocaína. El asunto avanza con una lentitud exasperante en el juzgado que dirige Santiago Pedraz, el mismo magistrado que ordena desde hace un mes y a un ritmo trepidante numerosas diligencias para investigar el caso Leire, la trama conspiranoica vinculada al PSOE que trabajó supuestamente para desacreditar a la UCO y “desestabilizar” procedimientos judiciales contra altos cargos socialistas o familiares de Sánchez.

La documentación incautada por la UCO en el caso Leire acredita también a través de distintas grabaciones como la cloaca del PP trabajó desde 2014 en el espionaje a Pedro Sánchez y a su familia para desprestigiarle por los negocios de su suegro. En alguna de esas grabaciones, el ex secretario de Estado de Seguridad llega a comentar que el CNI también hizo operaciones secretas contra Sánchez. Estos hechos siguen impunes. El PSOE llegó a pedir una investigación, pero el juez García-Castellón lo rechazó.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado este viernes imputar en el caso Leire Díez a Juan Manuel Serrano, quien fuera jefe de Gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos. Además, en un auto acuerda también, con el informe positivo de la Fiscalía Anticorrupción, lo que solicitaba la Unidad Central Operativa (UCO): el volcado y clonado de su teléfono. Quiere que la UCO pueda revisar incluso “el listado de datos de contacto que figuren almacenados” en el dispositivo.

El magistrado, que investiga los intentos de la presunta trama para, por un lado, hacerse con adjudicaciones públicas de manera irregular y, por otro, para torpedear procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, considera que ahora, tras el reciente atestado del Instituto Armado tiene indicios para relacionar a Serrano con los integrantes de la organización criminal, sobre todo con el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y con la exmilitante socialista Leire Díez.

En la resolución detalla las presuntas actuaciones irregulares que se le atribuyen en su etapa al frente de Correos y pone el foco en la “irregular” contratación en esa empresa pública de la 'fontanera' del PSOE y en que se sucedieron “distintas actuaciones de características semejantes a las denunciadas respecto de otras entidades públicas de la SEPI”. Explica que tras nombrar a Leire Díez “llevó a cabo distintos procesos de contratación que permiten sostener que se llevaron a cabo con apartamiento de la normativa pública, en beneficio de la misma o de terceros (Vicente Fernández) y, todo indicaría, que se contaba con la aquiescencia de Juan Manuel Serrano.

Asimismo, para Pedraz resulta relevante su imputación para determinar el ámbito de responsabilidad de Serrano en la toma de decisiones surgidas en la reunión celebrada en Ferraz el 26 de abril de 2024 -a raíz de la carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez- en la que estuvo presente y tras la que mantuvo constante comunicación con Leire Díez. Indica que la 'fontanera' le daba cuenta del avance de sus gestiones, en concreto, sobre el material de Villarejo que “podrían utilizar para la consecución de sus objetivos”. Y resalta que se cruzaron entre noviembre de 2020 y diciembre de 2024 hasta 9.355 mensajes wasaps, y otros 1.487 mensajes por la aplicación Signal entre abril de 2024 y noviembre de 2025.

Pedraz acuerda, por otro lado, rechazar la petición de la UCO de clonar los dispositivos móviles de Ana María Fuentes, gerente del PSOE, y del agente Juan Sánchez Yepes, y ordena su devolución. Además, cita pero en calidad de testigos a las dos empleadas de la Secretaría de Organización del PSOE, el 28 de julio. Se trata de Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro. En esa comparecencia se les devolverán sus móviles que les fueron intervenidos por la UCO en el requerimiento del PSOE de 27 y 28 de mayo. Y deberán aportar las comunicaciones que hubieran mantenido entre los meses de abril de 2024 y junio de 2025 por “cualquier canal de comunicación (WhatsApp, correo electrónico, etc) con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, con la gerente del partido Ana María Fuentes, con Juan Manuel Serrano y con Leire Diez.

El juez advierte, no obstante, de que este requerimiento se efectuará en su condición de testigos y que se les informará previamente de que lo que aporten en tal condición no podrá ser utilizado en su contra, pues no pueden ser obligadas a entregar documentación que les pueda incriminar, pero también se les apercibirá de su obligación de colaborar con la Justicia. En su resolución, el juez indica que de momento solo consta en los atestados que ellas ejecutaban “órdenes que hubieran podido recibir desde la Secretaria de Organización del PSOE para la gestión de viajes y reuniones de los distintos investigados” y que “no consta que éstas conocieran que estuvieran llevando a cabo el ilícito plan”.

“No existen, pues, indicios suficientes para sostener el conocimiento por su parte de que la finalidad última para la que se llevaban a cabo las gestiones para facilitar encuentros, pagos o alojamiento de los investigados y su ilícito plan bajo la presunta cobertura de la Secretaria de organización del PSOE. De esta manera, entendiendo que no existen elementos suficientes para sostener su imputación en esta causa procede dejar sin efecto su personación como investigadas; si bien se considera preciso su consentimiento para al acceso a aquellos datos de sus móviles”, relata el juez.

En cuanto a Ana Fuentes, el juez recuerda que ostenta la condición de investigada por haber emitido notas de encargo dirigidas a justificar el pago de cantidades satisfechas por el PSOE a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo “en fechas en las que estos no consta que estuvieran prestando asesoramiento jurídico a dicho partido y existiendo indicios relevantes (...) de que a través de dichos pagos se buscaba retribuir a Leire Díez por la labor que se había comprometido a desarrolla para proteger al PSOE, al Presidente del Gobierno y su entorno de las actuaciones judiciales que les amenazaban”.

Matiza que su actuación concreta hasta la fecha se centra sólo en la emisión de esas “posibles mendaces notas de encargo”, y explica que esto supone “una concreta y auxiliar intervención, constitutiva de un delito de falsedad en documento mercantil cometida por particular”. La ubica, así “más en la figura de la coautoría o complicidad que como responsable principal del delito de organización criminal o los demás cometidos”, y no ve necesario analizar su móvil.

La participación “preeminente”

Fue este jueves cuando trascendió que el Instituto Armado considera en un informe que Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE –antes de alcanzar la Presidencia del Gobierno–, desempeño “una participación preeminente” en la obtención de beneficios para la trama de Leire Díez en el ámbito empresarial de la SEPI y también en su plan para defender los intereses de determinados miembros del PSOE o el Gobierno implicados en causas judiciales. Los investigadores llegaban a estas conclusiones tras el análisis de los mensajes guardados en teléfonos móviles incautados.

En el atestado de la UCO se indica que Serrano en su época de presidente de Correos habría coincidido con Leire Díez durante la mayor parte del tiempo que esta prestó servicios en la empresa pública. Y añade que la relación entre ambos “preexistiría a la incorporación de esta última a Correos” porque existen conversaciones de WhatsApp entre ambos desde, al menos, noviembre de 2020 cuando todavía ella era aún responsable de comunicación en Enusa.

La UCO indica que la primera de las actuaciones “con aparente relevancia penal” para la causa en la que habría participado Serrano es en el nombramiento de la propia exmilitante del PSOE como responsable del Área de Administración Local de Correos. El Instituto Armado considera que la trama buscaba posicionarse en puestos de relevancia en la Administración pública como parte de su “propia dinámica” en beneficio propio o de terceros.

Antonio Rodríguez Estepa es un empresario con intereses en el sector de los hidrocarburos. También es una persona investigada por la Audiencia Nacional por un fraude del IVA en ese sector concreto. Y, también, es testigo en el caso Leire Díez: los investigadores sospechan que la trama pudo acercarse a él para obtener información que fuera perjudicial para la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Este jueves ha comparecido ante el juez Santiago Pedraz para negar que nadie le pidiera información “falsa” del Instituto Armado y que solo aportó a la abogada Leticia de la Hoz dos denuncias que él mismo había interpuesto en 2023 contra la Benemérita.

Las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es, que estaban presentes en su declaración, han explicado que ante el juez ha recalcado que ni le presentaron ni conocía a la exmilitante socialista Leire Díez. Sí mantuvo un par de reuniones con Leticia de la Hoz, abogada imputada en la causa y que llevó la defensa de Koldo García en el caso Mascarillas. Ha confesado que con ella sí hubo 'feeling' porque notaba que controlaba las causas de hidrocarburos, no como Jacobo Teijelo -también investigado- con el que no congenió. Sobre la figura de Leticia de la Hoz, de hecho, ha versado el interrogatorio porque la fiscal del caso quería saber si le pidió trapos sucios de la UCO. “No”, ha indicado.

Sí ha explicado que en una de las reuniones Leticia de la Hoz le transmitió que debía reunirse con Leire Díez en caso de que buscara llegar a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía. Algunas fuentes indican que Rodríguez Estepa ha aseverado que ese encuentro para un acuerdo sería, literalmente, con “un jefazo” de la Fiscalía. No le concretaron con quién pero ha matizado que, en todo caso, debía ser a través de su abogado.

El abogado del PP, Alberto Durán, ha querido saber si ese ofrecimiento de colaboración con la Fiscalía iba unido a algo que debiera hacer o contar a cambio, pero ha destacado que lo único que tenía que hacer era contar lo que ya había puesto en sus denuncias. El abogado de Leticia de la Hoz, Carlos Bautista, ha querido presentar ante el juzgado una de ellas, la primera, y el juez le ha conminado a que la presente con un escrito por la vía ordinaria.

Así, la declaración del empresario choca con lo que habría declarado ante la UCO el 28 de mayo. A los agentes, según el acta que levantaron del interrogatorio, les confirmó que suma ya dos condenas por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo, que está siendo investigado por una tercera, y que Leticia de la Hoz le habría trasladado que gente que conocía su causa -por Leire Díez- le proponían beneficios procesales con la condición de que aportara información comprometedora sobre Repsol, la UCO, el teniente coronel Antonio Balas y altos cargos de Hacienda.

Este jueves también ha declarado el empresario Claudio Rivas -socio de Víctor de Aldama e imputado en el caso Villafuel- que ha negado conocer a Leire Díez y que ha sostenido que de Leticia de la Hoz sabe por estar personada en causas de hidrocarburos y porque mantuvo una reunión con ella en su despacho. Pero nunca le pidió que denunciara a la UCO. Un tercer testigo, José Luis Caramés, ha rechazado declarar dado que está inmerso en una causa ante ese mismo juzgado.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE –antes de alcanzar la Presidencia del Gobierno–, desempeño “una participación preeminente” en la obtención de beneficios para la trama de Leire Díez en el ámbito empresarial de la SEPI y también en su plan para defender los intereses de determinados miembros del PSOE o el Gobierno implicados en causas judiciales. Los investigadores llegan a estas conclusiones tras el análisis de los teléfonos móviles incautados.

En el atestado de la UCO, al que ha tenido acceso elDiario.es, se indica que Serrano en su época de presidente de Correos habría coincidido con Leire Díez durante la mayor parte del tiempo que esta prestó servicios en la empresa pública. Y añade que la relación entre ambos “preexistiría a la incorporación de esta última a Correos” porque existen conversaciones de WhatsApp entre ambos desde, al menos, noviembre de 2020 cuando todavía ella era aún responsable de comunicación en Enusa.

La UCO indica que la primera de las actuaciones “con aparente relevancia penal” para la causa en la que habría participado Serrano es en el nombramiento de la propia exmilitante del PSOE como responsable del Área de Administración Local de Correos. El Instituto Armado considera que la trama buscaba posicionarse en puestos de relevancia en la Administración pública como parte de su “propia dinámica” en beneficio propio o de terceros.

El informe describe cómo la oferta para el puesto de Relaciones Institucionales se creó a medida para Leire Díez. Ella tuvo “capacidad de modificar el perfil de un puesto de trabajo que pretendia ocupar en el seno de Correos”. El vicesecretario de Correos, José Luis Pérez Pastor envió a Díez un borrador con el “perfil de Relaciones Institucionales” que buscaban y añadió: “Modifica lo que estimes”. “Leire, tras comentar una serie de aspectos, reenvió a Pérez Pastor su propia versión del documento, que consideraba más ajustada a su pérfil”.

La maniobra ocurrió pocas horas antes de que se publicara dicho perfil que buscaba Correos. Todo consta en los mensajes incorporados a la informe de la UCO. La dirección de Correos realizó una oferta interna para el puesto pese a que ya estaba decidido otorgárselo a Leire Díez. En la oferta ya se incluían los cambios que había introducido la propia Leire Díez. Cinco trabajadores de Correos se presentaron al puesto pero no tuvieron éxito.

La UCO señala que Juan Manuel Serrano “habría participado activamente en el nombramiento de Leire en Correos” pero que “teniendo en cuenta el cargo ostentado por Serrano, las gestiones intermedias fueron efectuadas por otros directivos de Correos. Menos de un mes después de su incorporación, Leire Díez se dirigió a Serrano el 15 de diciembre de 2021 y le escribió: ”Filatelia también organizada y bajo mi control“. Los poderes de Díez en la empresa pública se ampliaron al área de Filatelia en febrero de 2022.

La UCO recupera que un despacho de abogados llamado SDEP & Carrillo Abogados resultó adjudicatario de un contrato de Enusa, la anterior empresa pública en la que había trabajado Leire Díez. De aquel contrato, Mediaciones Martínez SL –considerada por los investigadores el vehículo para el cobro de mordidas del grupo formado por Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso– obtuvo 17.545 euros del despacho SDEP. Estos fondos “habrían servido para canalizar los sobrecostes introducidos en ese contrato en beneficio de Hirurok”. “Es decir –prosiguen los agentes– que con anterioridad a la citada adjudicación de Correos, SDEP ya se habría beneficiado de la intervención del grupo Hirurok respecto de otra sociedad del grupo SEPI”.

La UCO ha encontrado mensajes en los que Leire Díez le dice al director de la firma de abogados que su principal misión era “proteger” al presidente Serrano al tiempo que le proponía que su firma de abogados se convirtiera en “despacho de referencia” para cuestiones tales como “asesoramiento director a la presidencia”.

La reflexión de Sánchez

El atestado de la UCO recoge también la participación que pudo tener Serrano en los esfuerzos de Leire Díez y el exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán para “desestabilizar causas judiciales potencialmente perjudiciales para el PSOE o el Gobierno”. Recuerda que Serrano fue el jefe de Gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE entre 2014 y 2018, y que por conversaciones incautadas a Leire Díez se ha conocido que ambos acordaron desplazarse a la reunión que tuvo lugar el 26 de abril de 2024 tras conocerse la publicación de la 'Carta a la Ciudadanía' del presidente del Gobierno en la que se daba cinco días de reflexión.

Como ya indicaba en atestados anteriores, la UCO recuerda que en esa reunión de Ferraz habrían participado, al menos, Juan Manuel Serrano, Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, Ion Antolín -entonces director de comunicación del PSOE-, Juan Francisco Serrano -quien fuera número dos de Cerdán en la Secretaría de Organización del PSOE- y Antonio Hernando -entonces director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno-. En ese encuentro Leire Díez y Pérez Dolset habrían presentado una serie de audios relacionados con actuaciones supuestamente desarrolladas por el ex comisario José Manuel Villarejo.

Ese mismo día, Leire Díez envió un mensaje a Serrano con una fecha: '22 de agosto de 2014'. La UCO explica que “podría referirse a la grabación de una reunión entre Villarejo y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez en los que se habría conversado acerca de los negocios del suegro del presidente del Gobierno”. Y añade el Instituto Armado que las conversaciones entre los dos siguieron en los días siguientes por canales seguros como la aplicación de mensajería Signal. En ese marco recoge una conversación de ambos sobre Pedro Sánchez:

-Leire: “A este hombre hay que ayudarle. Se lo merece”.

-Serrano: “Se tiene que dejar”.

Tras conocerse que Sánchez continuaba al frente del Ejecutivo tras su periodo de reflexión, Serrano escribía a Leire Díez que “el jefe” había citado en la comparecencia los audios. “El jefe nos va a poner en un altar”, respondía la presunta 'fontanera' del PSOE.

La UCO indica que Serrano se habría “integrado en las actividades de la supuesta organización” y pone como ejemplo que habría asistido a otra reunión en Ferraz con Leire Díez y Cerdán, posterior a la del 26 de abril de 2024. Según infieren, se produjo el 6 de mayo de 2024 y a la misma habría asistido también alguien denominado 'Eladio'. Cabe recordar que en el interrogatorio del pasado martes al testigo Rubén Villalba se le preguntó por la figura de Rubén Eladio López, quien tuvo un cargo en el Ministerio de Transportes en la época de Abalos.

En otra conversación de Leire Díez, indicaba al expresidente de la SEPI Vicente Fernández que “a estas alturas solo queda matar a la gente mala”. Matizaba acto seguido que era matar “políticamente” a esa gente y añadía que Serrano y ella se estaban ocupando. También le consta a la UCO que Leire Díez daba cuenta a Serrano de reuniones mantenidas con el comisario Villarejo: “El de la boina ha dado unos papeles muy buenos para el jefe”. “En el momento presente de la investigación, las comunicaciones apuntarían a que ambos habrían trabajado estrechamente en la consecución de los objetivos de la supuesta organización”, concluye la UCO.

No obstante, y a pesar de esa inferencia de la Benemérita, este nuevo informe no recoge 'wasaps' concretos que pudieran determinar una implicación concreta de Serrano en operaciones para desbaratar causas como la de Begoña Gómez, el caso del hermano del presidente del Gobierno, o el caso Koldo.

La UCO detalla, por otro lado, las interacciones con la trama de la gerente del PSOE, Ana Fuentes; de las secretarias del PSOE Covadonga San Pedro y Celia Rodríguez; y del capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes. Y explica que tanto de estos cuatro como de Serrano se adoptó “la medida preliminar de intervenir los dispositivos móviles utilizados” por ellos para su puesta a disposición judicial. Ahora solicita al juez Pedraz que autorice “el acceso, clonado, volcado, visionado y estudio en sede policial de la información de sus terminales.

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha pedido al PSOE que explique si ha tratado de convertir la región en un “laboratorio de guerra” contra la oposición, jueces y fiscales, tras la declaración judicial como testigo del empresario Joaquín Parra, expresidente del CD Badajoz, en el caso Leire Díez.

Parra ratificó este miércoles ante el juez Santiago Pedraz que Leire Díez le pidió información sobre jueces, fiscales, guardias civiles y el PP a cambio de ayudarle con causas judiciales y que ésta decía hablar en nombre del Gobierno.

También aseguró ante el magistrado de la Audiencia Nacional que se reunió con la exmilitante del PSOE en un piso en Madrid que ella identificaba como “piso franco del PSOE para reuniones” y que no era una oficina, según han indicado a EFE fuentes jurídicas.

Ante esto, el PP de Extremadura ha afirmado que estas declaraciones dejan entrever “algo muy grave” y se ha preguntado “qué más tiene que pasar” para que los socialistas “dejen de guardar silencio y asuman responsabilidades políticas”, recogen los populares en una nota.

De esta forma se ha referido a las nuevas informaciones sobre la trama de las que ha denominado “cloacas del PSOE”, en la que se buscaba, ha señalado, “información comprometedora” sobre jueces, fiscales y el PP de Badajoz.

“¿Y por qué en Badajoz? Pues porque allí había una jueza que investigaba a David Sánchez, al hermano del presidente del Gobierno”, ha señalado Núñez.

Asimismo, Núñez ha apuntado que, según la declaración del empresario ante el juez, esas reuniones no se hacían en una oficina ni en un despacho sino que era “un piso franco del PSOE en Madrid” y que, además, la propia “fontanera del PSOE” Leire Díez “habría asegurado actuar en nombre de 'Pedro'”.

Por todo ello ha pedido la convocatoria de elecciones generales y ha exigido “explicaciones inmediatas” al PSOE de Extremadura y al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Antonio José García Cabrera, el abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, ha declarado como testigo este miércoles en la Audiencia Nacional que la exmilitante socialista Leire Díez le ofreció la posibilidad de reunirse con la Fiscalía porque a ella, según le dijo, le parecía injusta la acusación contra su representado.

García Cabrera ha comparecido esta mañana ante el juez del 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, que investiga una presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, y que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la propia Díez.

Así, fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que Cabrera se ha ratificado en su declaración como testigo ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado del pasado 28 de mayo en el marco de las pesquisas sobre esta causa.

Tal y como consta en el atestado de la UCO, Cabrera ha declarado que la exmilitante le contactó para ofrecerle la posibilidad de reunirse con la Fiscalía porque le parecía injusta la acusación contra su representado en la macrocausa 'Tándem', que investiga los negocios privados de Villarejo. El letrado de Villarejo aseguró a los agentes que ni él ni su representado se reunieron con el fiscal general del Estado ni con el fiscal de Anticorrupción.

García Cabrera afirmó que Díez le dijo que le iba a “recibir el FGE -- fiscal general del Estado--” en aquel entonces Álvaro García Ortiz, después de intentos infructuosos de acercarse a César de Rivas, fiscal anticorrupción en el 'caso Kitchen', según el informe de la UCO en el que se ha ratificado.

Asimismo, en el informe de la UCO consta que Cabrera afirmó haberse reunido con Díez en dos ocasiones para hablar sobre varias noticias publicadas contrarias a Villarejo y que el contenido de ambas conversaciones le pareció “muy poco creíble y muy fantasioso”.

El comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba ha declarado este martes, en calidad de testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que la exmilitante socialista le ofreció ser asesor de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, a cambio de que le diera trapos sucios de la Unidad Central Operativa (UCO). El comandante, que permanece imputado en el caso Koldo por facilitar teléfonos seguros a la trama del empresario Víctor de Aldama, del asesor Koldo García y del exministro José Luis Ábalos, ha ratificado, en líneas generales lo que ya declaró ante la UCO y ante la Audiencia Nacional en esa otra causa: dos encuentros con la presunta 'fontanera' del PSOE en marzo de 2025 de los que levantó acta.

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es indican que Villalba ha destacado, una vez más, que Leire Díez le ofreció no solo ese destino cerca de la dirección del Instituto Armado sino otros ampliamente remunerados como una embajada en el extranjero. Además, ha confirmado que le propuso pagarle la defensa legal en el caso Koldo -quien le lleva en la actualidad es el mismo despacho que lleva la dfensa de Víctor de Aldama- y le indicó que ella estaba allí de parte “de los de arriba”, del 'One', del Gobierno y del PSOE porque quería obtener información que perjudicara a la UCO y al teniente coronel Antonio Balas. A cambio tendría que darle información de guardias civiles como el ex jefe de la UCO Manuel Sánchez Corbí, el ahora a sueldo de la Comunidad de Madrid Juan Vicente Bonilla o el teniente coronel de la UCO Antonio Balas.

Tras esa primera reunión en un restaurante de Leganés, hubo una segunda. Él tomó notas y hasta organizó grabaciones del encuentro. Según ha explicado ante Pedraz, esa vez ya sí iban con intención de 'pillarla'. En realidad, ha señalado que nunca tuvo en mente colaborar con la 'fontanera' y sí de destaparla. De hecho, ha explicado que pidió consejo a su abogado sobre si ir o no a esas reuniones, y este le dijo que no perdía nada. En esas actas que levantó Villalba acabaron en el caso Koldo, y ahora en el caso Leire Díez. En ellas daba cuenta de esos ofrecimientos. El más importante era el de recuperar su trayectoria profesional y colocarle “en puestos de máxima responsabilidad tras la purga que harían”.

Villalba ha explicado que la segunda reunión tuvo como objetivo, por su parte, tender una trampa a Leire Díez y dejar grabados sus ofrecimientos. Sobre este aspecto ha declarado también Alberto Ortega, que se ha presentado como un profesional de la seguridad privada que conoce a Villalba y a Koldo García desde sus tiempos de escolta en el País Vasco.

Ortega ha relatado, por ejemplo, cómo él recibió instrucciones de llevar a Leire hasta donde le llevara un coche al que debía seguir. Se encontró con que el punto de reunión era el mismo que la primera vez, una marisquería de Leganés. Ortega ha dicho que no sabía si las personas que había allí realizando una especie de control de seguridad eran guardias civiles: “No eran guardias civiles. La verdad es que no se qué eran, aunque esto pueda resultar contradictorio”.

Este testigo también ha dicho que hace tiempo que no habla con Leire Díez porque ella le llamaba continuamente para reprocharle que le había tendido una trampa. Ortega ha dicho que cuando Díez presumía de sus contactos lo hacía siempre de forma “muy genérica”.

La tercera testigo, una periodista que trabajó con Leire Díez en Crónica Libre, ha contado que el mismo equipo trabajó para las europeas de 2024 y cobraron 18.000 euros, IVA incluido. También se ha desvinculado de cualquier función del periódico que no fuera informar y ha añadido que fue un proyecto periodístico caracterizado por estar creado por mujeres.

La defensa de la exmilitante socialista Leire Díez ha lanzado un órdago al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz: quiere que se anule toda la causa porque entiende en su detención en diciembre de 2025 se vulneraron sus derechos fundamentales. Considera que la medida fue “completamente desproporcionada, injustificada, y no contó con la autorización judicial habilitante”.

En el incidente de nulidad que ha presentado explica que esa detención tiene origen en lo que se encontró en los registros realizados por la UCO de la Guardia Civil al empresario vasco Antxon Alonso en el marco de otra causa distinta: el caso Mascarillas que instruía el Tribunal Supremo. Explica que, a su juicio, la fuerza actuante instructora era la UCO y que se la detuvo “sin tener el más mínimo indicio de que no comparecería ante la autoridad judicial o se fugaría porque ni siquiera sabía que estaba siendo investigada ni que iban a procesarla”.

Explica, además, que los hechos por los que fue detenida “son puramente genéricos y no se acompañaron de relato fáctico concreto” que permitiera concluir con precisión y objetividad una intervención delictiva por parte de Leire Díez. “Su detención únicamente se sostiene, genéricamente, con la supuesta participación en un grupo con otras dos personas por el que habrían influenciado a ciertas personas con cargos públicos para orientar expedientes de la Administración en beneficio propio o de terceros, percibiendo a cambio comisiones canalizadas a través de la sociedad Mediaciones Martínez SL”, explica, para subrayar que, por tanto, fue “ilegítima y nula de pleno derecho”.

Además, recalca que tampoco se explicó entonces por qué fue precisa la detención de la presunta 'fontanera' del PSOE y no bastó con una mera citación en sede policial o judicial de manera voluntaria. Máxime “cuando la causa de la que se extraen los supuestos indicios contra ella llevaba abierta un año y nunca antes había sido precisa su detención, produciéndose esta en plena vía pública al medio día sin observarse actuación delictiva flagrante”.

La defensa de Leire Díez denuncia también que se vulneraron sus derechos al intervenir sus dispositivos móviles y otras pertenencias en los cuatro diferentes registros realizados sin una motivación fundada y sin auto judicial que habilitara. Explica que, partiendo de que la detención es nula, “todo lo derivado de la misma también es nulo”. Así, tanto la incautación de dispostivos como cualquier diligencia o resolución judicial derivada también lo es.

Fuentes del entorno de la exmilitante socialista señalan a este periódico que, por el momento, no se prevé ningún cambio en la defensa legal de sus intereses. Díez consta como investigada junto al exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán, el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso por amañar contratos públicos. También se le investiga por, presuntamente, tratar de desestabilizar procedimientos judiciales abiertos contra personas vinculadas al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno.

Dos empleadas del PSOE imputadas en la causa de la Audiencia Nacional conocida como caso Leire han recurrido la decisión del juez Santiago Pedraz de anular una diligencia clave del pasado mes de mayo: la incautación de los teléfonos móviles por parte de la Guardia Civil. Su defensa entiende que esta medida, adoptada en el domicilio de ambas, se tomó con una “clara vulneración” de hasta cuatro derechos fundamentales, “sin asistencia letrada” y “sin mandato judicial”. Las dos están imputadas en la rama de la investigación que analiza si el partido sufragó gastos y viajes a Leire Díez mientras, supuestamente, se dedicaba a dinamitar causas judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.

La defensa de ambas trabajadoras explica que el mandamiento del juez incluía la incautación de dispositivos electrónicos en la sede del PSOE pero que los agentes de la UCO se presentaron en su casa con un mandamiento de investigadas no detenidas y se apoderaron de sus terminales, el personal y el del trabajo, que especificaran su PIN y las cuentas de correo asociados a uno y otro.

Por tanto, dice la defensa, la UCO actuó “sin mandato judicial, obviando que la no adopción de esa incautación no la puede arbitraria ni ilícitamente acordar la fuerza actuante al no darse los requisitos de urgencia y flagrancia requeridos para acometer una invasión tan determinante del derecho fundamental a la intimidad”.

Esta forma de actuar de la UCO se enmarca, según la defensa de las trabajadoras en una “persistente y prolongada acción en el tiempo, desarrollada por la fuerza policial actuante, que acumula información extraordinariamente sensible de centenares de personas, obtenida de las entrañas de sus teléfonos móviles, bastando cruzar datos entre ellos para poder construir relatos incriminatorios contra determinadas personas, adornándolas de preocupantes sesgos aparentemente delictivos, que trasladándolos a la opinión pública tienen un efecto devastador para los mencionados”.

La segunda parte de esta actuación de la UCO consistiría “en que si los hallazgos poco tienen que ver con lo investigado se suele aludir a 'nuevas líneas de investigación' que indiciariamente implican a nuevas personas”, añade el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Andalucía ya no es una excepción, sino la norma. Juanma Moreno ha enterrado para los restos la vía andaluza, tras abrirle las puertas de San Telmo a Vox, asumir su agenda ideológica y consolidar de facto la única alternativa política que puede ofrecer el PP: un gobierno de coalición con la ultraderecha. El escenario que en 2023 tuvo un innegable efecto movilizador en la izquierda tras los primeros gobiernos regionales de coalición PP-Vox, hoy es una incógnita, a tenor del mapa de la corrupción que afecta al PSOE y que en la calle Génova auguran que escalará hasta el mismísimo presidente del Gobierno.

Gota a gota y auto a auto, el cerco judicial sobre los socialistas se estrechaba esta semana con la imputación de otras 25 personas en el caso Leire por presuntos amaños en la contratación pública para favorecer a determinadas empresas. La presidenta de la SEPI, María Belén Gualda, y otros altos directivos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales están, por tanto, bajo la lupa judicial como lo están también por decisión del juez Pedraz la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el Director Adjunto Operativo del cuerpo, Manuel Llamas. En este último caso se les imputan delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia por presuntas presiones a los agentes que investigaban los casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno familiar del presidente del Gobierno.

Y, aunque hubo un tiempo en España en el que los partidos establecieron que el momento de exigir responsabilidades políticas ante una investigación penal llegaba cuando alguien era imputado, hoy los códigos han cambiado. Por la polarización, por el uso de la Justicia como arma política y mediática, por la utilización de la acusación popular con fines ideológicos o por las investigaciones prospectivas. El caso es que tanto PP como PSOE han movido las líneas rojas en función de los casos y lo que antes se exigía ante una imputación y después ante la apertura de juicio oral, hoy es una regla vacilante, a tenor de los casos o de los cargos afectados.

Pedro Sánchez se aferra a lo que en su entorno más cercano llaman “la verdad construida” para difuminar las líneas de responsabilidad política ante lo que consideran “una ofensiva judicial sin precedentes” y en la que “la sincronización de los tiempos judiciales con los políticos es clamorosa”. Así explican el respaldo cerrado del Gobierno a la presidenta de la SEPI, a la directora de la Guardia Civil y al DAO. Ya pasó con el ex Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que solo dejó el cargo tras una sentencia condenatoria dictada, sin pruebas, por el Tribunal Supremo.

Pese a la presión de las derechas mediática y política, el Gobierno no está dispuesto a sacrificar a más cargos, salvo que existan pruebas palmarias de comportamientos irregulares, algo que no ven ni en la presidenta de la SEPI ni en el de la directora general de la Guardia Civil. “Si los jueces han decidido hacer política, es razonable que tengamos que mover las líneas rojas de la responsabilidad”, aseguran en La Moncloa, donde admiten que el cierre de filas con los últimos imputados es también una “respuesta defensiva ante lo que está por venir porque ni los medios, ni los jueces, ni el PP están dispuestos a parar”. Se refieren a “esa verdad construida” en los diarios afines a la derecha, donde hace semanas fabulan con nuevas imputaciones de ministros e incluso con la del presidente del Gobierno.

Convertido en un émulo de Rocky Balboa, Sánchez no siente el dolor o, al menos, no lo proyecta en sus intervenciones públicas, en las que suele transmitir un control absoluto ante la adversidad de los casos judiciales. “La imputación ha dejado de ser una realidad jurídica para convertirse en un arma política de destrucción masiva de reputaciones”, asegura un miembro del Gobierno, que recuerda que mientras la derecha pide dimisiones a diestro y siniestro mientras mantiene en el cargo al alcalde de Móstoles, imputado por un delito de acoso sexual y laboral a una concejal del municipio.

La consigna, por tanto, en el Gobierno es resistir lo que venga aunque se produzcan nuevas imputaciones y la oposición exija a diario la dimisión del gobierno al completo. Cuestión distinta es la inquietud que en el PSOE han generado ya algunos movimientos internos para sembrar la semilla del antisanchismo. Nada nuevo bajo el Sol, pues incluso entre los más cercanos hubo quien fantaseó y conspiró con ese escenario durante los 5 días de abril de 2024 que Sánchez se tomó de reflexión para decidir si seguía o no al frente del país, tras la imputación de su esposa.

Enma López, protegida de Cerdán y Salazar

Las primarias para la candidatura al Ayuntamiento de Madrid y la candidatura de la concejal Enma López se han leído en La Moncloa precisamente en esa clave. Y no porque la aspirante a arrebatar el cartel a Reyes Maroto, la opción de Ferraz, piense que su talla da para tanto, sino porque quienes apoyan mediática y orgánicamente su candidatura “aspiran, no a ocupar un cartel electoral con escasas posibilidades de éxito, sino a propinar una derrota orgánica a Sánchez” con la que empezar a mover el avispero de una hipotética sucesión.

El problema de la aspirante y colaboradora de La Sexta Enma López es que tendrá complicado hacer una campaña a la contra de la dirección federal, ya que ha formado parte de ella hasta hace una semana, donde contó durante años con la protección del ex secretario de Organización, Santos Cerdán, y del exasesor de Moncloa Francisco Salazar, que tuvo que dimitir tras varias denuncias internas por acoso sexual.

De momento, en la página web creada para impulsar su candidatura “yatocaMadrid” no aparece por ningún lado el logo del PSOE, algo que no ha pasado desapercibido en la dirección socialista de la calle Ferraz, donde también miran de reojo al delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín, y a lo que llaman “lobby gay” del socialismo que en su día controló Adriana Lastra y “hoy está volcado en la campaña de Enma López”, aunque con excepciones.

La concejal se saltó las normas internas y el calendario oficial de las primarias con su anuncio de competir por la candidatura de Madrid, lo que ha despertado no pocas suspicacias en un PSM que no gobierna la capital de España desde hace más de 30 años, que está acostumbrado a las crisis internas, en el que la deslealtad se paga caro.

De todo ello, de sus posibles derivadas internas y del goteo de imputaciones judiciales tratará esta semana de escapar Pedro Sánchez con una agenda internacional que le llevará hasta Ankara a la cumbre de la OTAN, la primera que se celebre después del acuerdo alcanzado en La Haya para elevar hasta el 5% del PIB el gasto en defensa y seguridad al que se opuso el presidente del Gobierno. Volverá a encontrarse allí con un Donald Trump “decepcionado con España”, en palabras del embajador de Estados Unidos ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pero cuyas políticas han supuesto en ocasiones un respiro para Sánchez en el asfixiante clima político nacional.

No habían pasado ni 24 horas desde que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, respaldara la figura de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en su comparecencia ante el Senado, cuando cayó como un jarro de agua fría la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que fuera imputada en el caso Leire Díez. El juez instructor de esta causa, Santiago Pedraz, ventilaba el asunto con una providencia escueta: el primer cargo público del Gobierno acababa de ser citado a declarar en calidad de investigada por su posible participación o colaboración con la trama capitaneada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y la presunta 'fontanera' del partido Leire Díez.

Marlaska ubicaba “fuera del Ministerio del Interior” la trama que buscaba acabar con determinadas investigaciones que afectaban tanto al PSOE como al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero el informe de las fiscales anticorrupción Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen que sustenta la imputación tanto de Mercedes González como del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, intenta echar por tierra esta tesis. O al menos la pone en duda al situar el foco de la investigación tanto en la supuesta relación estrecha de González con Leire Díez como en los extraños movimientos que llevó a cabo el DAO para primero retener información relevante sobre la operación en contra de la UCO, y segundo para abrir investigaciones internas -las llamadas informaciones reservadas- en el seno de la Benemérita contra los guardias civiles encargados de las pesquisas que afectaban al entorno del presidente del Gobierno.

Mercedes González no es el primer cargo público al que imputa el juez Pedraz en el marco de esta causa. La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), María Belén Gualda, ya consta como investigada desde el pasado lunes. Pero la directora de la Benemérita sí es el primer cargo de confianza del Gobierno que es citada por esas maniobras que la presunta trama llevó a cabo para entorpecer la actividad policial de la UCO. Escala así a la esfera gubernamental y rompe la barrera simbólica que parecía haber acotado el asunto en el PSOE con la imputación de su gerente Ana Fuentes. Ahora los investigadores no solo creen que la formación socialista financió o sufragó gastos para permitir esa actividad de fontanería que realizaba Leire Díez, sino que consideran posible que esa red hubiera permeado en algunas instituciones públicas tan relevantes como la dirección general de la Guardia Civil.

Las fiscales han visto indicios de que ambos altos cargos pueden haber cometido un delito de prevaricación y un delito contra la administración de Justicia. Ese segundo delito, que está tipificado en el artículo 468 del Código Penal, indica que será castigado con una pena de uno a cuatro años de prisión “el que con violencia o intimidación intentare influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento”. Y en esa posible intimidación está la clave, porque el Ministerio Público conecta las reuniones y comunicaciones de Leire Díez y Mercedes González con determinados movimientos en el seno de la Guardia Civil que podrían haberse orquestado para dificultar la labor investigadora de los agentes de la UCO.

La Fiscalía entiende que la organización investigada, que comenzó a operar desde 2021, amplió en un momento dado “su radio de ilícita actuación” más allá de los presuntos amaños en la contratación pública. Se enfocó así en la comisión de diversos delitos relacionados con la corrupción y a otros nuevos contra la administración de justicia o las instituciones del Estado “para la protección y como paraguas frente a las investigaciones judiciales que pudieran afectar al Gobierno, al PSOE y a ellos mismos”.

Las informaciones reservadas y la nota de despacho

De hecho, consideran que, de lo investigado, se desprende que, tras penetrar en entidades como la SEPI para lograr la celebración de contratos públicos en los que ellos pudieran resultar beneficiados, también buscaron “lograr la connivencia de otras instituciones del Estado para neutralizar o frenar las investigaciones que les pudieran afectar”. Las fiscales consideran que esa utilización de organismos “se habría prolongado en el tiempo más allá de 2023” y que “existen indicios de que podría persistir hasta la actualidad”.

La Fiscalía indica que se ha tenido conocimiento de que Leire Díez tenía una “relación personal” con la actual directora de la Guardia Civil, y que pudo utilizar esa relación “para cumplir con los fines que la organización criminal se había marcado” en orden a entorpecer las investigaciones de la UCO. Explica que constan diversas comunicaciones telefónicas entre ambas y varios encuentros presenciales, al menos tres, en los días 30 de septiembre de 2024, 20 de diciembre de 2024 y 2 de abril de 2025. En ese contacto, tanto personal como por teléfono pudo fraguarse, cree, los movimientos para socavar el trabajo de los investigadores.

En concreto, las fiscales se fijan especialmente en la apertura de hasta tres investigaciones internas -informaciones reservadas- en el seno de la Guardia Civil para indagar en posibles filtraciones que emanaran de la UCO. Consideran que, de acreditarse que esas investigaciones fueron “arbitrarias y manifiestamente injustas en contra del interés público” se estaría ante un delito de prevaricación porque la apertura de esas 'informaciones reservadas' constituye un acto administrativo “y no un mero acto interno” de la Benemérita.

La primera de esas informaciones reservadas se abrió el 4 de diciembre de 2024 para indagar en la filtración a medios que permitió conocer la cuenta de mail de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en el marco de la investigación abierta en Badajoz al hermano de Pedro Sánchez. Las fiscales consideran que esa resolución se dictó “después de que el DAO conociera la naturaleza accidental del volcado de dicha información al procedimiento”.

La segunda data de 12 de mayo de 2025, y se abrió a raíz de un artículo de El Mundo que recogía conversaciones entre el presidente del Gobierno y el exministro José Luis Ábalos. Este asunto fue archivado de plano. El Ministerio Público explica que hubo un contacto telefónico entre Mercedes González y Leire Díez un día antes, el 11 de mayo, en el que la 'fontanera' le comunicó que había conocido casi inmediatamente a través del letrado de Ábalos “que la filtración no provenía de la UCO”. El instructor de la investigación interna decidió hablar sobre esa filtración con el magistrado del Supremo Leopoldo Puente, que era quien investigaba a Ábalos, “y fue la contundencia de la respuesta que recibió” de ese juez la que “llevó al dictado del archivo de la información reservada sin la práctica de diligencia alguna”.

La última de las informaciones reservadas partió de la propia Mercedes González el 1 de septiembre de 2025. Se abrió tras la publicación de un artículo en el que se hablaba de que determinadas fuentes de la Guardia Civil cuestionaban la actuación del DAO. Le reprochaban que solicitara de forma insistente y reiterada que se le anticipara información sobre el contenido de causas penales en curso que afectaran negativamente al Gobierno. Ese asunto acabó también en archivo y sin sanción alguna, pero derivó en que se permitió identificar a todos los mandos que intervenían en los asuntos ligados al Gobierno y a familiares del presidente del Gobierno “sin que se llegue a atisbar la finalidad de esta diligencia y la utilización que se hubiera podido hacer de dicha información”.

Mas allá de esas investigaciones internas, la Fiscalía explica que consta una nota de despacho elaborada por la Jefatura de Información de la Guardia Civil con fecha de 29 de abril de 2025 en la que se alertaba detalladamente al DAO de la existencia de una “agresiva campaña de desinformación orquestada por las denominadas cloacas del PSOE para destruir la credibilidad de la UCO”. En esa nota se identificaba a Leire Díez como dinamizadora de la operación, se advertía que detrás de esas maniobras podría estar el exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán, y que tendría conocimiento de esa información la directora general de la Guardia Civil.

La Fiscalía indica que esa información fue “ocultada” por el DAO a la Jefatura de la Policía Judicial de la Guardia Civil (responsable de los agentes de la UCO que participan en investigaciones bajo tutela judicial) durante días, hasta que se entrevistó el 8 de mayo con el general al mando de esa unidad. Esa reunión se producía porque el general quería dar cuenta al DAO de que la UCO le había informado de hechos semejantes a los que recogía la nota de despacho que ya tenía. Fue entonces cuando Llamas le traslado al jefe de la Policía Judicial que “esos hechos eran conocidos por la directora general y le hizo entrega de la nota de despacho de 29 de abril, que hasta entonces no se había hecho llegar a la UCO”.

Sobre estos extremos, González y Llamas, deberán declarar el próximo 16 de julio en calidad de investigados. Por de pronto, el Gobierno mantiene su confianza en la responsable de la Guardia Civil y no se plantea su cese tras la imputación de ayer. Mientras, el principal partido de la oposición no solo pide la destitución de la directora de la Guardia Civil sino también del ministro del Interior. Califican a González como “la Roldán de Pedro Sánchez”.

El teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas es el próximo en el escalafón para ascender a coronel, lo que llevará aparejado que deje el cargo de jefe de departamento que ostenta en la actualidad en la Unidad Central Operativa (UCO) y obtenga un destino acorde a su nueva graduación, según establece el Reglamento.

La directora del instituto armado acaba de firmar el ascenso de los cinco primeros clasificados porque otras tantas plazas de coronel han quedado libres por jubilación, lo que significa que la próxima retirada en activo de un agente de esta graduación supondrá el ascenso inmediato de Balas, informan a elDiario.es fuentes de la Guardia Civil. El ascenso, según el ritmo de ascensos, podría no demorarse más allá del presente verano.

El puesto de jefe del Departamento de Investigación Criminal II le ha valido a Balas que sea conocido por haber liderado la parte policial de los casos de corrupción en torno al PSOE y este Gobierno. Con cerca de dos décadas de experiencia en ese departamento, lo que le ha supuesto investigar a políticos de casi todos los partidos, algunos errores en la investigación del caso Ábalos, inferencias en atestados clave en la actual esfera política y mediática y su predilección por defender esos atestados en las vistas públicas de los juicios le han valido censuras públicas.

Balas defendió en el juicio al fiscal el papel “preeminente” en la filtración por la que fue condenado Álvaro García Ortiz por el solo hecho de ser el máximo responsable de la Fiscalía. En la vista reconoció que él y sus agentes obviaron investigar cualquier otra posibilidad de origen de la filtración. Algo similar ocurrió durante el juicio al hermano de Sánchez, en el que Balas admitió que no conocía a los acusados que no eran David Sánchez y el que fuera líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo.

La firma de los cinco ascensos que precederán a Balas tendrán efecto este 1 de julio aunque no serán publicados en el Boletín del Ministerio de Defensa hasta dentro de varias semanas. Balas estaba baremado en noveno lugar, pero la parte más subjetiva de la evaluación le ha hecho avanzar tres plazas, hasta la sexta, explican las fuentes consultadas.

El Reglamento de Destinos de Personal de la Guardia Civil establece que cada puesto tiene asignadas determinadas escalas, categorías o empleos. El anterior jefe de UCO, por ejemplo, el coronel Rafael Yuste ascendió a general el pasado diciembre y se vio obligado a dejar el mando de la unidad especializada.

La UCO volverá a ser objeto de atención en los próximos meses. Balas ha impulsado en persona la causa contra el grupo de Leire Díez y, en concreto, la vertiente de la investigación acerca del ataque de la exmilitante del PSOE y sus colaboradores contra él mismo y la UCO, por considerar que la unidad mantenía una estrategia para erosionar al Gobierno. Está previsto que a principios de otoño trascienda el contenido de la pieza separada y secreta sobre los pagos de gastos en el PSOE, con el correspondiente atestado de la UCO.

Las acusaciones populares del caso Leire Díez, dirigidas por el PP, han solicitado en un nuevo escrito al juez de la Audiencia Nacional que acuerde citar en calidad de investigados tanto a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, como a su director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, y a su antecesor en el cargo de la Dirección General Leonardo Marcos.

En el escrito, adelantando por El Mundo y al que ha tenido acceso elDiario.es, se indica que el magistrado investiga en la presente causa la existencia de una presunta trama dirigida a desestabilizar, desacreditar y obstaculizar investigaciones judiciales y policiales en curso que afectaban al PSOE y a miembros del Gobierno. La trama, presuntamente supervisada por Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante del PSOE Leire Díez habría tenido por objetivo “neutralizar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil”, recuerda el PP, que añade que en particular se centraron en la figura del teniente coronel Antonio Balas.

Los 'populares' sostienen apoyándose en informes de la UCO, que entre González y Leire Díez “existió una relación personal y reiterada (...) que continuó tras su toma de posesión como directora general el 17 de septiembre de 2024”. Y destaca que existieron al menos tres reuniones presenciales y múltiples contactos por mensajería instantánea. Apunta, además, que Díez utilizaba conscientemente su relación con González “para impulsar actuaciones administrativas internas en el seno de la Guardia Civil dirigidas contra la propia UCO”.

Para el PP, “resulta especialmente relevante la secuencia cronológica (...) que evidencia una correlación material entre los contactos de la Sra. González con la trama y la adopción, por parte de la cúpula de la Guardia Civil, de medidas administrativas dirigidas precisamente contra los mandos y agentes de la UCO que investigaban al entorno del Gobierno y del PSOE”. En concreto, habla de cuatro hitos. El primero habría ocurrido el 9 de mayo de 2025 cuando la abogada de Koldo García -asesor de Ábalos- remitió a Leire Díez una noticia sobre las diligencias abiertas a su cliente indicándole que se lo hiciese llegar Mercedes Gónzalez “a ver qué opina”. La presunta 'fontanera' del PSOE le respondió: “Acabo de jugarme una comida con Mercedes a que las filtraciones vienen de la UCO”.

El segundo hito que recoge el PP es de 10 de mayo de 2025, cuando El Mundo publica unos mensajes de WhatsApp entre el Ábalos y el presidente del Gobierno; el tercero sería de 11 de mayo de 2025, cuando la UCO documenta dos interacciones de WhatsApp entre la directora general de la Benemérita y Leire Díez, “compatibles con la eliminación de la conversación previa y la activación del borrado automático de mensajes con cadencia de 24 horas”.

Y el cuarto episodio que refleja la acusación popular es de 11 de mayo de 2025, “cuando el DAO se reúne con el jefe de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad (JAES), General Cortés, para encomendarle una información reservada destinada a investigar el origen de la supuesta filtración”.

A esto, el PP suma que, de las declaraciones de estos últimos días de varios mandos de la Guardia Civil, quedaría acreditado que “entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025 la cúpula de la Guardia Civil ordenó la apertura de al menos tres informaciones reservadas dirigidas exclusivamente contra el 'DIECAN' de la UCO, todas ellas en coincidencia temporal con avances investigadores en causas que afectaban al entorno del presidente del Gobierno”.

Según recoge el PP de esas declaraciones, los generales de la Guardia Civil Rafael Yuste y Alfonso López Malo habrían declarado ante Pedraz que en ninguna de sus respectivas trayectorias profesionales habían conocido la apertura de informaciones reservadas de tal cadencia ni con tal grado de focalización sobre una sola unidad“. Apunta que las calificaron de ”excepcionales“, ”no habituales“ y constitutivas de un ”intento de intimidación“. Ambos mandos, según la acusación popular, habrían ratificado también el anterior director general Leonardo Marcos y el actual DAO les conminaron a ”ponerse de perfil“ y a ”no ser proactivos“ en aquellas causas con ”afectación política“, en particular en la causa relativa al hermano del Presidente del Gobierno.

El PP pone el foco también en un “elemento de especial gravedad probatoria”: la existencia de una nota de despacho elaborada por la Jefatura de Información de la Guardia Civil de 29 de abril de 2025 en la que se alertaba detalladamente al DAO de la existencia de una “agresiva campaña de desinformación orquestada por las denominadas cloacas del PSOE para destruir la credibilidad de la UCO”. En esa nota se identificaba a Leire Díez como dinamizadora de la operación, se advertía que detrás de esas maniobras podría estar el ex número tres del PSOE Santos Cerdán, y que tendría conocimiento de esa información la directora general de la Guardia Civil.

Para los 'populares' esto demostraría que el DAO “ocultó deliberadamente dicha nota a la propia UCO durante diez días, hasta que el 8 de mayo de 2025 el general López Malo le presentó una nota de contenido idéntico elaborada por la propia UCO”.

Tras esta exposición de hechos, el PP indica que la directora general de la Guardia Civil habría incurrido en “contradicciones” durante sus comparecencias públicas: “a través del Ministerio del Interior negó toda reunión con Díez; tras el atestado de la UCO ”reconoció dos reuniones en cafeterías“; después admitió tres, alegando que la segunda no la recordaba y la tercera versó sobre ”cuestiones personales y familiares“; y, finalmente ”reconoció que en uno de los encuentros Díez le solicitó la readmisión del comandante Rubén Villalba, que por entonces había sido detenido en el marco del caso Koldo.

Para el PP, los hechos descritos podrían constituir delitos de prevaricación, obstrucción a la justicia y deslealtad profesional, revelación de secretos, y pertenencia o cooperación con organización o grupo criminal.

El pasado 16 de junio Mercedes González negó en el Senado haber colaborado jamás en las andanzas de Leire Díez. “No he participado jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración contra la UCO; ni influenciada por Leire Díez ni por ninguna otra persona. No he frenado ni he interferido en ninguna investigación”, dijo.