La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no es imparcial en su investigación del caso Leire. Esta es la denuncia que ha presentado ante el juez Santiago Pedraz la defensa de Leticia de la Hoz, investigada en la causa que se sigue por las presuntas maniobras de una trama para abortar las investigaciones de corrupción que afectaban al PSOE.

En un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, el letrado Carlos Bautista denuncia la participación de los agentes de la UCO en la introducción de una supuesta prueba contra su defendida sin comprobar la verosimilitud de la misma. El letrado concluye que los investigadores no actúan con “imparcialidad” en un caso en el que se investiga si su coronel, Antonio Balas, y la propia Unidad, fueron el objetivo de Leire Díez y otros investigados.

Álvaro Gallego es el individuo que habría acercado a Carmen Pano a las inmediaciones de la sede del PSOE para que esta entregara allí 90.000 euros en metálico, siempre según la versión de ambos. En su declaración ante el juez, Gallego dijo guardar unos mensajes con Leticia de la Hoz alusivos al supuesto intento de compra por parte de la letrada para que Pano no ratificara ante el juez la versión que había dado en los medios de comunicación.

La queja de la defensa de De la Hoz radica en que los supuestos mensajes no fueron aportados por Gallego, sino por Carmen Pano mucho después de que fueran publicados y con el mismo “recorte” que habían sido dados a conocer por algunos medios de comunicación. Pese a la manipulación, los investigadores de la UCO lo incorporaron a la investigación sin la más mínima apreciación sobre la manipulación.

“La Unidad no ha cumplido adecuadamente con el deber de imparcialidad, pues conocía el carácter fragmentario y sesgado de las imágenes que incorpora a su atestado de 1 de octubre de 2026, y pese a ello, omitió deliberadamente contrastarlas con la cadena de mensajes que obra en su poder desde el 2 de junio de 2026”, reza el escrito de la defensa de Leticia de la Hoz.

Perjudicados e investigadores

El escrito está dirigido a solicitar la imputación por falso testimonio de Gallego pero también a poner el foco sobre el papel de la UCO. “Mención aparte merece la actitud de la unidad investigadora, probablemente influida por su doble condición de presunta víctima y de órgano policial actuante en este asunto, dado que el peso de la indagación recae en agentes integrados en la unidad contra la que, según la hipótesis acusatoria, se dirigía la conducta investigada”, recoge en referencia al caso Leire.

El abogado de Leticia de la Hoz alude a los mensajes recortados cuando muestra su preocupación porque los informes de la UCO en el caso Leire son “el filtro por el que el material de la causa llega al instructor”. En este sentido trae a colación una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el que este apreció vulneración porque un tribunal islandés había resuelto a partir del dictamen de unos peritos empleados por el hospital cuya negligencia se enjuiciaba. “Lo mismo cabe predicar en este procedimiento, en el que quienes figuran como perjudicados investigan su propio caso”.

El hoy coronel Balas fue el primer objetivo conocido de Leire Díez, anterior incluso a que se abriera la causa en la Audiencia Nacional. Ocurrió cuando El Confidencial publicó un vídeo de una reunión en la que la exmilitante socialista pedía colaboración a un huido de un caso de hidrocarburos para cobrarse la cabeza de Balas y apartarlo de las investigaciones contra el PSOE. Siete meses después UCO detuvo después a Leire Díez por su presunta participación en un caso de corrupción en adjudicaciones y se hizo con su teléfono y agendas, lo que permitió abrir la investigación por la presunta trama para ayudar al PSOE.

La actuación de Balas ya quedó en entredicho cuando acudió a la Dirección General de la Guardia Civil para requerir documentación sobre los expedientes abiertos contra él y su cadena de mando por la supuesta filtración de información. Balas acudió en persona con un auto del juez que le autorizaba a llevarse la documentación, pero sin autorización judicial, aunque dentro de la legalidad, organizó una rueda de interrogatorios que permitirían imputar con posterioridad a la directora de la Guardia Civil.

Neutralidad e imparcialidad

La defensa de Leticia de la Hoz, abogada a su vez de Koldo García, alude al artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a la obligación que tiene la UCO y cualquier implicado en el procedimiento penal de “apreciar” tanto las “circunstancias adversas como favorables al presunto reo”. Eso afecta, según añade, tanto a recabar las supuestas pruebas contra él como el juicio que emite sobre ellas.

“La unidad actuante está obligada a poner de manifiesto los indicios de descargo con el rigor con que expone los de cargo, exigencia que comprende la búsqueda, el contraste de fuentes, el grado de detalle en el cuerpo del informe y el lugar que unos y otros ocupan en sus conclusiones”, expone el abogado Bautista. Y añade al respecto: “Un informe que recoge lo que incrimina y omite lo que, constando en el material intervenido, desmiente o matiza la hipótesis de cargo, infringe el artículo 2 aunque cada uno de los datos consignados sea exacto. Y lo infringe también el que menciona el dato favorable, pero lo trata con un rigor menor que el que dedica al adverso”.

El escrito también menciona la “absoluta neutralidad” y la “imparcialidad” a la que obliga la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como el Código de Conducta de la Guardia Civil, de 2022, que exige actuar “con absoluta imparcialidad y neutralidad, carentes de prejuicio alguno”.

Antonio Balas ascendió a coronel de la Guardia Civil a principios del pasado mes de septiembre. Su nueva graduación le obligaba a dejar el puesto de jefe de Departamento en la UCO y que se le asignara un nuevo puesto acorde a su categoría. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción solicitó que continuara, en comisión de servicio, al frente de las investigaciones que lleva en la actualidad y que afectan al PSOE, a lo que los jueces Ismael Moreno y Santiago Pedraz accedieron.

La Audiencia Nacional celebra desde este lunes el juicio contra la metalúrgica asturiana Duro Felguera por el presunto pago de comisiones y sobornos millonarios a funcionarios públicos venezolanos que le permitieron adjudicarse la construcción en Caracas de una central termoeléctrica en 2009. Anticorrupción señala que el presidente y el CEO de la compañía española entregaron 105 millones de dólares a quien fuera viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos, a través de empresas interpuestas para que este usara su capacidad de influencia en la administración en beneficio de la empresa española.

El escrito de acusación del Ministerio Fiscal fue elaborado por José Grinda, quien fue uno de los objetivos de la presunta trama que se investiga en el caso Leire Díez. Las pesquisas de la UCO se dirigen a saber si pudo haber un acercamiento a Nervis Villalobos por parte de la exmilitantes socialista con el objetivo de que facilitara información comprometedora contra el fiscal a cambio de ayudarle con procesos abiertos en España (este caso Duro Felguera) y de agilizar su expediente de concesión de nacionalidad española. Según refleja un auto del caso Leire Díez, Nervis Villalobos pudo ser quien posibilitara que la trama contactara con Miriam Serrano, la joven que denunció al fiscal Grinda.

Ahora, además de Villalobos, la Audiencia Nacional juzgará también a otro viceministro venezolano: Javier Alvarado Ochoa. Recuerda la Fiscalía que su papel junto al del presidente de la petrolera PDVSA Rafael Ramírez fue clave también a la hora de que la UTE de la que formaba parte Duro Felguera se hiciera con ese megacontrato valorado en 1.500 millones de dólares.

La Fiscalía imputa a Duro Felguera y a quienes fueron sus principales directivos Juan Carlos Torres y Ángel Antonio del Valle un delito continuado de corrupción en las transacciones comerciales internacionales. Para la metalúrgica reclama la imposición de una multa de 160 millones de euros y la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, y para ser contratada por el sector público durante dos años.

Mientras, para el que fuera viceministro venezolano, Nervis Villalobos, la Fiscalía solicita la pena de 8 años y 9 meses de cárcel por los delitos de falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. Además de una multa que supera los 3,6 millones de euros. Su esposa, Milagros Coromoto Torres también se enfrenta a una pena de 2 años y 9 meses de cárcel.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha denunciado ante la Policía de la capital pacense que el exjuez Luis Sáenz de Tejada, imputado por pertenecer presuntamente al grupo de Leire Díez, la siguió en su coche el mismo día que ella prestó declaración en la Audiencia Nacional como víctima de las maniobras de la exmilitante socialista y el autor de la presunta persecución. El exjuez, en conversación con elDiario.es indica que es “rotundamente falso” y asegura que ese día estaba a 400 kilómetros de Badajoz en compañía de su familia.

“En el trayecto del aeropueto de Talavera la Real a su domicilio en Badajoz, sobre las 19:15 y estando circulando en su vehículo particular en compañía de sus dos hijas menores de edad, la mayor de sus hijas le avisa que un coche de color blanco, sin poder aportar la placa de matrícula, que se ha puesto en paralelo a la declarante iba ocupado por el señor Sáenz de Tejada”, recoge el atestado poicial, a partir del testimonio de la denunciante.

Biedma añadió a los policias que “desconoce cómo esa persona ha podido tener conocimiento que la declarante iba a realizar ese trayecto en ese omento, temiendo que pudieran haber colocado algún tipo de localizador o dispositivo GPS en su vehículo”.

Sáenz de Tejada mantiene un contencioso con lo que él denomina el “lodazal” que son los cuatro juzgados de instrucción de Badajoz. A Biedma, como parte de ese grupo, le ha presentado medio centenar de denuncias, según asegura él mismo. La magistrada fue una de las encargadas de instruir el caso de violencia de género por el que fue condenado Sáenz de Tejada, pero este logró recusarla y apartarla de la causa por su relación con su ex mujer, jueza igualmente en Badajoz.

El exjuez había aludido a Biedma en sus vídeos de Youtube antes de que Leire Díez le contactara para ayudarla en su plan para apartar a la jueza del caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Ahora, Biedma denuncia que Sáenz de Tejada sigue mencionándola en la citada red social, “donde manifiesta que no retira ningúna de las expresiones realizdas en sus vídeos anteriores y también existen publicaciones sobre este tema en el Club de Debates Urbanos de Badajoz”, una página de Facebook dedicada igualmente a denunciar la supuesta corrupción judicial en la ciudad.

En su denuncia, Biedma alude a esta página, a los vídeos de Yotube y a unas supuestas “visitas al colegido donde estudian sus hijos”. Unido al presunto seguimiento en coche, Biedma dice que desconoce “el alcance que puedan derivar todo este tipo de acciones” y que “teme por su integridad física, así como por la de sus hijas y que dichas amenazas puedan consumarse”.

La denuncia de Biedma ante la Policía ha sido incoporada a la causa que sigue Pedraz en la Audiencia Nacional. El juez ha rechazado ampliar la investigación al contencioso que Sáenz de Tejada mantenía con Biedma antes de que entrara Leire Díez en la ecuación y ha rechazado tomar declaración, por ahora, a la jefa de un clan de Badajoz que asegura que el juez le propuso atentar contra la magistrada.

El juez Santiago Pedraz ha rechazado practicar la mayoría de las diligencias que había solicitado la magistrada Beatriz Biedma dentro del caso que se sigue contra la presunta organización de Leire Díez, incluida la declaración de Cintia Rocho, presunta jefa de un clan de la droga en Badajoz, de la que dice ya ha declarado ante la UCO.

El instructor del caso alega que ya ha citado a declarar como investigado al exjuez Luis Sáenz de Tejada, al que habría reclutado Leire Díez para intentar apartar a Biedma del caso de David Sánchez, y que el resto de peticiones de la magistrada de Badajoz aluden a denuncias y supuestas conspiraciones del investigado anteriores a que entrara en contacto con la antigua militante socialista y acordaran unir fuerzas.

En una providencia de este mismo miércoles, a la que ha tenido acceso elDiario.es, Pedraz asegura que los expedientes que reclama incorporar Biedma a la Audiencia Nacional o las denuncias que interpuso en el pasado contra ella Sáenz de Tejada “serían pertinentes si se acredita indiciariamente” que se produjeron en concierto con Leire Díez y su grupo, “mas ninguna de ellas (salvo la declaración de aquel en su caso) sirve para constatarlo, al estar todas dirigidas respecto a la conducta de Sáenz y no en relación a la organización”.

Pedraz alude en todo momento al escrito de las fiscales del caso en la Audiencia Nacional en el que se oponen a investigar cualquier presunta ilegalidad que hayan cometido los investigados y que no tengan que ver con la finalidad del grupo de Leire Díez, esto es, en el marco de sabotear supuestamente las causas judiciales que afectan al PSOE. Por eso, viene a decir el juez, si Sáenz de Tejada actuó contra Biedma en el pasado por otros motivos, eso no es parte, por el momento, de la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional.

De hecho, la propia Biedma declaró ante Pedraz que Sáenz de Tejada había presentado medio centenar de denuncias contra ella. El exjuez denuncia una suerte de mafia judicial en Badajoz sostenida por los lazos familiares y sentimentales de la práctica totalidad de los magistrados destinados en la capital pacense. Como un grupo habrían actuado para, según el juez, hacer fracasar la denuncia que él puso contra su exmujer por beneficiar a su actual marido en la concesión de administraciones concursales.

Sáenz de Tejada alega que su condena por amenazas y violencia psíquica contra su mujer es el resultado de una denuncia de su ex pareja, también jueza en Badajoz, para contrarrestar la denuncia por corrupción contra ella que había puesto previamente. Una de las juezas del caso de violencia doméstica fue Beatriz Biedma, a quien Sáenz de Tejada logró recusar por sus lazos con la magistrada denunciante.

La actuación de esa supuesta mafia judicial en Badajoz es el objeto de un chat de Facebook, ya desaparecido, y de otro que se menciona en las actuaciones de la UCO, que frecuentarían personas interesadas presuntamente en destapar la actuación de Biedma y otros magistrados, como el presidente de la Audiencia Provincial y primo del abogado que ganaba las administraciones concursales, Emilio García-Cancho.

La investigación debe determinar si las supuestas fotos de seguimientos a Biedma y su familia, de las que se habla pero no han sido publicadas en ninguna parte, tenían por objeto un plan para atentar contra la jueza o alimentar esos chats de denuncia ciudadana contra los jueces.

Biedma también había pedido a Pedraz que citara a declarar un recluso llamado Ángel Martín Carrillo, alias 'El Gitano' –nombrado así en las agendas de Leire Díez–, su abogado Juan José Collado, y Joaquín Parra, empresario condenado por estafa que tenía un grupo de whatsapp con Leire Díez y Javier Pérez Dolset.

La propuesta del bloque conservador de emitir un comunicado de respaldo a la jueza de Badajoz Beatriz Biedma ha supuesto un nuevo choque en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Nueve vocales elegidos a propuesta del PSOE y Sumar han rechazado secundar en el pleno de este miércoles un texto de respaldo al considerar que el órgano debe ser “prudente” y “neutral” sobre cualquier hecho sometido a una investigación judicial, como es el caso de las supuestas situaciones de hostigamiento y presiones en el marco del caso Leire Díez que denuncia haber recibido la magistrada que llevó a juicio al hermano de Pedro Sánchez. 

Los diez vocales elegidos en su día a iniciativa del PP pretendían que el órgano de gobierno de los jueces trasladara su “profunda preocupación” ante las informaciones sobre presuntas actuaciones de hostigamiento o seguimiento que habrían afectado a la instructora y a su entorno. Su comunicado pretendía expresar “cercanía, solidaridad y respaldo institucional” a la jueza Biedma, remarcar que “ningún juez debe ejercer su función bajo el temor, la presión o la intimidación” y recordar que la independencia judicial “no constituye un privilegio de quienes juzgan, sino una garantía de todos los ciudadanos”.

Las fuentes consultadas por elDiario.es explican que el texto ni siquiera se ha llegado a votar dado que no había la unanimidad que requería la presidenta del órgano, Isabel Perelló, para hacer un pronunciamiento en este sentido. Esa negativa ha llevado a los vocales conservadores a lamentar que se haya “frustrado” una declaración que, a su juicio, solo buscaba transmitir apoyo a la magistrada y al conjunto de la carrera judicial y a afear su “oposición frontal” a los vocales del otro grupo.

“No alcanzamos a entender las razones de la oposición, así como la renuncia a una de las funciones esenciales del CGPJ, la defensa de la independencia judicial”, manifestaron en un texto enviado a los medios de comunicación.

En privado, fuentes del bloque progresista afirman que el otro bloque les ha remitido el texto apenas una hora de que se iniciara la reunión. Y recuerdan que la magistrada no ha pedido amparo al órgano. “Los vocales progresistas consideran que el Consejo General del Poder Judicial (...) debe preservar y respetar la independencia de quienes investigan y evitar pronunciamientos que puedan interpretarse como una valoración anticipada de los hechos”, han afirmado en otro comunicado remitido a la prensa. 

Hace unas semanas, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) —a la que pertenecen cuatro de los vocales progresistas del CGPJ— tampoco suscribió el comunicado difundido por las secciones territoriales en Extremadura de las otras tres asociaciones judiciales (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) en apoyo a la magistrada Biedma. La asociación argumentó que dicho pronunciamiento se fundamentaba en “informaciones procedentes de una filtración, presuntamente ilícita, a determinados medios de comunicación”.

Falta de acuerdo en comisiones y nombramientos

Por otro lado, la falta de acuerdo ha obligado a sacar del orden del día la renovación de las once comisiones en las que se organiza el trabajo del órgano y que, por mandato legal, deben renovarse cada año. El octubre pasado, los vocales conservadores se aliaron con la presidenta y el vocal elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado para imponer una mayoría conservadora en ocho de esas once comisiones. 

También se han retirado del orden del día los puntos relativos a los nombramientos de seis magistrados del Tribunal Supremo: cuatro en la Sala Segunda —correspondientes a las plazas vacantes por la jubilación de los magistrados Ángel Hurtado, Andrés Palomo y Juan Ramón Berdugo y a otra del turno de juristas convocada en julio de 2025— y dos en la Sala Tercera —correspondientes a la presidencia y a la plaza de magistrado que han quedado vacantes por la jubilación de Pablo Lucas—.

La presidenta Perelló ha exhortado a los vocales a alcanzar un acuerdo para renovar las comisiones con “una composición equilibrada” y para realizar estos nombramientos discrecionales y cubrir así a la mayor brevedad posible las necesidades del alto tribunal, cuyas Salas se enfrentan a “una elevada carga de trabajo”. Perelló ha anunciado que volverá a incluir en el próximo pleno el asunto de las comisiones.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye el caso Leire Díez, ha acordado citar como investigado al exjuez Luis Sáenz de Tejada por los delitos de organización criminal, calumnias, coacciones y contra la integridad moral. Lo hace después de que el pasado 8 de octubre la magistrada Beatriz Biedma declarara como testigo y denunciara haber tenido conocimiento de que ese exjuez, que acumulaba rencillas contra ella, había contactado con una destacada miembro de un clan de narcotraficantes y que le había pedido, en primer lugar, querellarse contra la jueza por un asunto pasado y, después, le había dicho que había que quitarla “de en medio”.

En la providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado le cita como imputado el 28 de octubre a las 10.30 horas. En esa misma resolución cita también para ese mismo día en calidad de testigo a Raúl Montano, abogado de Cintia Rocho, 'La Celsa'. Ella sería precisamente con quien habría contactado el exjuez.

Pedraz explica que ha tenido conocimiento de que Sáenz de Tejada ha presentado un escrito denunciando falsedades en el informe de la UCO sobre su figura. En él desmentía lo sostenido por 'La Celsa' ante la UCO y destacaba que nunca ha hablado por ninguna vía con Cintia Rocho, en contra de lo que ella declaró en televisión y luego reiteró. Ahora, el magistrado de la Audiencia Nacional le dice que esa denuncia no es competencia de su tribunal, pero le indica que “en todo caso y a la vista de lo actuado le cita como investigado”. Según fuentes jurídicas consultadas, la decisión de Pedraz de imputarle se produjo antes incluso de haber tenido conocimiento de que la jueza Biedma solicitara que constara como investigado.

El informe de la UCO previo a esta imputación relataba las declaraciones en sede policial de hasta cuatro testigos en relación con las actividades que la trama investigada pudo llevar a cabo para entorpecer la investigación abierta en Badajoz contra el hermano del presidente del Gobierno.

Uno de esos testigos, Cintia Rocho explicó que en una conversación telefónica que mantuvo con el exjuez Luis Sáenz de Tejada este le indicó que a la jueza que instruía el caso, Beatriz Biedma, había que “eliminarla”. Sáenz de Tejada llevaba más de una década en una cruzada contra un grupo de jueces de Badajoz.

Según recoge el atestado, Cintia Rocho recordó de esa conversación telefónica que el exjuez le indicó que Biedma “era un puto grano en el culo y que había que eliminarla”. Añadió que le llamó la atención que agregara que “a palos aprende el burro”. 'La Celsa' había contactado con el exjuez a través de los comentarios de un canal de YouTube en el que Sáenz de Tejada acostumbraba a hablar de la supuesta mafia judicial que a su juicio campaba a sus anchas en esa provincia extremeña. Esa conversación se habría producido en algún momento posterior al 23 de diciembre de 2024, cuando el hermano del presidente del Gobierno se encontraba ya investigado en el caso por el que fue finalmente condenado.

Tras esa conversación, y al ser preguntada por los agentes de la UCO, 'La Celsa' dijo que esas manifestaciones de Sáenz de Tejada se situarían “en el ámbito de una actuación de carácter físico, evidenciando la intención de causar un daño físico a la magistrada”. 

Ahora, Pedraz le incluye en el elenco de investigados de este caso en el que se indaga en la presunta trama que se orquestó alrededor de la figura de Leire Díez y que fue liderada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. El objetivo era desestabilizar causas judiciales e investigaciones policiales abiertas contra personas del entorno del presidente del Gobierno o del partido.

El exjuez Luis Sáenz de Tejada ha remitido un escrito al juez del caso Leire en el que desmiente las afirmaciones realizadas ante la Guardia Civil por una mujer, miembro del 'Clan de los Rochos', que centran las sospechas sobre un supuesto plan para atacar a Beatriz Biedma, instructora de la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Sáenz de Tejada asegura que nunca ha hablado por ninguna vía con Cintia Rocho, en contra de lo que ella declaró en televisión y luego reiteró ante la UCO.

“Nunca, a través de ningún medio, contacté, ni hablé, con la señora Cintia Rocho”, escribe Sáenz de Tejada en el escrito ante el juzgado del juez Santiago Pedraz, al que ha tenido acceso elDiario.es. La mujer asegura que Sáenz de Tejada se puso en contacto con ella después de que escribiera un comentario en una página de Facebook que denuncia la falta de independencia judicial en Badajoz.

“No tengo nada que ver con la página de Facebook ”¿Independencia judicial en Badajoz“, alega Sáenz de Tejada, quien específica que los ”responsables, creadores y administradores de la página están identificados“ en unas diligencias que se siguieron en un juzgado de Almendralejo (Badajoz), las 341/2024.

Sáenz de Tejada se queja de que los agentes de la UCO hayan asumido en su atestado, según él, la tesis de Rocho y hayan omitido comprobaciones básicas como quién se encuentra detrás de la identidad de José García Fernández, implicado en los contactos con Rocho e igualmente identificado en las diligencias citadas.

El exjuez, expulsado de la carrera por una condena de maltrato a su mujer, denuncia en su escrito los delitos de falsedad en documento público, que atribuye a los autores del atestado de la UCO y a Cintia Rocho.

Nervis Villalobos es un exviceministro de energía venezolano que fue captado por la policía patriótica del PP en 2016 para conseguir información contra Podemos y contra dirigentes independentistas catalanes. Era un soldado más para la guerra sucia que desde el Ministerio del Interior se inició contra los adversarios políticos del Gobierno del PP. Los policías prometían la nacionalidad española al venezolano y a su familia a cambio de una determinada colaboración. Pero Villalobos no entregó el material que le pedían para desacreditar a dirigentes independentistas catalanes o a Podemos, formación política que entonces amenazaba con sus votos la continuidad del PP en el Gobierno. La policía, con ayuda de la Fiscalía, tomó represalias contra él y terminó preso. Toda esta aventura se la contó Villalobos a los diputados del Congreso cuando acudió a declarar en la comisión de investigación sobre la denominada Operación Cataluña.

Aquella guerra sucia ejecutada por una mafia policial a las órdenes del Gobierno del PP sigue impune en los tribunales.

El exviceministro venezolano acabó en la cárcel en octubre de 2018 acusado de blanqueo de capitales por el supuesto saqueo de fondos de la petrolera pública venezolana y por supuestos sobornos en el caso de la empresa Duro Felguera. El juez Juan Carlos Peinado —el mismo que ha llevado a juicio a la mujer del presidente del Gobierno— decretó prisión preventiva para Villalobos. La Audiencia Provincial de Madrid le dejó en libertad unos meses después al considerar que las pruebas y los indicios aportados por el fiscal del caso y el juez instructor eran insuficientes para adoptar una medida tan extrema. El Tribunal Constitucional estimó un recurso de amparo que presentó el abogado de Villalobos y consideró que el auto de prisión que firmó el juez Peinado había vulnerado los derechos del exviceministro venezolano.

Cuatro años después de aquellos hechos, el exdirigente venezolano se cruzó en su camino con Leire Díez, exmilitante socialista imputada como cabecilla de una supuesta trama delictiva a la que el PSOE pagó, según la investigación, para “desestabilizar” procedimientos judiciales que afectaban a sus dirigentes (José Luis Ábalos y Santos Cerdán) o a los familiares de su líder (esposa y hermano del presidente Pedro Sánchez). Leire Díez presionó supuestamente a fiscales, jueces o guardias civiles para intentar que hablaran contra sus jefes o forzaran el archivo de las causas abiertas.

La exmilitante socialista utilizó a Villalobos para contactar con una menor que había denunciado al fiscal José Grinda por pedofilia, y para sonsacar al ex viceministro venezolano información sobre los manejos de la policía patriótica del PP en la denominada Operación Cataluña.

La Fiscalía y la UCO investigan ahora si se favoreció a Villalobos desde el Ministerio de Justicia facilitándole en 2025 la nacionalidad que el exviceministro venezolano llevaba solicitando desde 2017. La misma nacionalidad que le prometieron los policías al mando de las cloacas del PP.

El juez Santiago Pedraz, que instruye el caso Leire Díez, ha imputado a Villalobos tal y como le ha pedido la Fiscalía Anticorrupción, y reclama al venezolano que aporte la documentación original que presentó en el expediente de concesión de nacionalidad por aplicación de la Ley de Memoria Histórica (certificados de nacimiento y pasaporte de su abuela paterna de nacionalidad española).

La UCO interrogó hace varias semanas por su cuenta a dos funcionarios del Ministerio de Justicia a los que ahora el juez Pedraz cita como testigos. Son José Antonio Ruiz de la Hermosa, subdirector general de Nacionalidad y Estado Civil desde marzo de 2025, y María del Mar López Álvarez, subdirectora adjunta de Nacionalidad y Estado Civil hasta marzo de 2025. El atestado que la UCO de la Guardia Civil envió al juez con estos interrogatorios se fijó en un hecho ocurrido en 2020 sin aparente relación con lo ahora investigado. Fue cuando Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública en 2020 y ahora secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, se interesó por el expediente de Villalobos, quien había solicitado la nacionalidad por residencia (llevaba más de dos años viviendo en España).

Cuando a Puente le contaron los antecedentes policiales de Villalobos, la directora general ordenó el 17 de julio de 2020 que se denegase la solicitud. El trato de favor que investigan el juez y la Fiscalía en relación con el caso Leire Díez no pudo ocurrir entonces. Pese a ello, el magistrado Pedraz ha citado como testigo a la subdirectora adjunta de Justicia que estaba en aquel momento y que es quien puede contar si antes de la entrada del Gobierno socialista, su departamento recibió algún tipo de presión por parte de dirigentes del Ejecutivo del PP para conceder la nacionalidad de Nervis Villalobos.

La supuesta trama delictiva de Leire Díez comenzó sus actividades en marzo de 2024. Es imposible que cuatro años antes, cuando no existía la supuesta red corrupta ni en la mente de sus creadores, influyeran en Justicia para favorecer a Villalobos.

El ciudadano venezolano siguió insistiendo en el ministerio para conseguir la nacionalidad. Una vez que el Gobierno socialista se la denegó por residencia, optó por acogerse a la Ley de Memoria Histórica (la llamada ley de nietos) y presentó de nuevo su solicitud el 1 de diciembre de 2023 como nieto de una española, María de Regla Montesquint Arcos, nacida en Jerez de la Frontera (Cádiz) el 1 de noviembre de 1894. Entre los documentos presentados ante el Registro Civil Central figuraba la fotocopia del pasaporte español de la abuela paterna de Villalobos adverada por un notario que daba fe pública de que ese documento coincidía con el original que se le mostró. El Registro Civil denegó el 7 de mayo de 2024 la solicitud al entender, con una interpretación muy restrictiva de la instrucción sobre la aplicación de la Ley de Nietos, que la abuela paterna de Villalobos no abandonó España entre 1936 y 1955 sino mucho antes y por tanto no se podía acoger a lo establecido en la norma. El exviceministro de Energía de Venezuela recurrió esa decisión y el 21 de abril de 2025 logró finalmente los papeles tras una resolución estimatoria a su recurso interpretando de manera textual lo que figuraba en la instrucción: “Tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles, como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella, podrán ejercitar la opción prevista en este párrafo”.

La UCO de la Guardia Civil conoce todos estos detalles porque el pasado junio se presentó en la sede del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para recabar la documentación sobre el proceso de nacionalización de Nervis Villalobos.

La Fiscalía buscaría en este procedimiento, a juzgar por las diligencias que ha pedido, demostrar que Nervis Villalobos entregó una documentación falsa para lograr la nacionalidad y que el funcionario hizo la vista gorda. Esa tesis sería insostenible porque Justicia le denegó la solicitud con una interpretación muy restrictiva de la Ley de Memoria Histórica, independientemente de que los documentos mostrados fueran verdaderos o falsos.

El juez Pedraz interrogará a Villalobos el próximo 28 de octubre a las 10 de la mañana. Acudirá a la cita como investigado y con abogado; sospechoso de haber presentado documentación falsa para conseguir la nacionalidad. Si el ciudadano venezolano repite lo que ya contó en el Congreso de los Diputados y en la Audiencia Nacional, el magistrado que investiga una trama corrupta vinculada al PSOE deberá decidir si imputa a miembros de la policía política del PP y al fiscal José Grinda. Villalobos les acusa de ofrecerle todo tipo de prebendas —mejoras en su situación judicial o permisos de residencia para él y su familia— a cambio de airear trapos sucios contra los adversarios políticos del Gobierno del PP: independentistas catalanes y dirigentes de Podemos.

Siete palabras y ya tienes montada una conspiración. Investigar un caso de corrupción requiere con frecuencia años de pesquisas, informes policiales, interrogatorios de testigos e imputados. Muchas pistas que parecían prometedoras se quedan por el camino. Otras sirven para armar un caso sólido. Pero si solo quieres munición para la batalla política, no necesitas ser tan remilgado.

En las últimas semanas, el Partido Popular cree que tiene pillado al PSOE por un asunto sórdido, pero con muy pocas pruebas. Esas siete palabras están en la base de la acusación. Aparecen en una agenda de Leire Díez y están fechadas en marzo de 2025: “Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano”. La jueza sería Beatriz Biedma, que instruyó el caso del hermano de Pedro Sánchez que acabó en juicio y condena. La Celsa es el apodo de una mujer que forma parte de una organización de delincuentes de Badajoz. En el fondo del asunto está una supuesta operación para intimidar a la jueza o algo peor por parte de lo que el PP y algunos medios llaman “las cloacas del PSOE”. 

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz aceptó que Biedma se personara como acusación particular solo por un delito de calumnias. No fue más lejos, porque “no es posible abrir una línea de investigación por cada una de las anotaciones que aparecen en las múltiples agendas” de Díez. Sobre todo, si son un tanto crípticas. En ese momento, la historia ya había aparecido en varios medios en los términos más alarmantes. Se decía que la trama de Díez había intentado encargar la eliminación de la jueza, o que le dieran un “sustillo”, a un clan de narcotraficantes de Badajoz llamado Los Rochos con un largo historial de delitos.

La historia fue engordando gracias a filtraciones policiales y el PP no tardó en recoger esas especulaciones presentándolas como hechos confirmados. Ester Muñoz se refirió al asunto en la sesión de control del 23 de septiembre. Según la diputada, el mensaje fue: “Eliminen a Biedma y la justicia eliminará sus casos”. Destacó como un hecho singular que el Gobierno intentara “corromper” a un grupo de delincuentes, que se supone que ya venían corrompidos de casa, y que estos se negaran a aceptar el encargo. Una semana después, volvió a hablarse de ello en el Congreso. Esta vez, fueron tres los diputados del PP que lo hicieron.

Quien lo hizo con más ahínco fue Miguel Tellado. Intentó implicar directamente al ministro de Justicia, Félix Bolaños: “Usted estaba, de la mano de Leire, hablando con la fiscalía para ayudar al clan de Badajoz”. Dando por hecha una acusación que no está probada y que no se sabe muy bien de dónde sale, siguió: “¿Quién dio la orden para que se redujeran las penas al clan?”. El PP empleaba un argumento de lógica discutible. Los actos violentos no se habían realizado por la negativa del clan, como dijo Muñoz, y al mismo tiempo la fiscalía les había premiado aunque no hubieran hecho ese trabajo. Ya sabemos que la coherencia de los argumentos no es un requisito esencial en las sesiones de control, donde la prioridad es atizar al rival en toda la cabeza con el martillo más grande. 

¿Habló Leire Díez con esa mujer del clan? Quien lo hizo fue el exjuez Luis Sáenz de Tejada y fue a iniciativa de la presunta delincuente. Él fue expulsado de la carrera judicial por un caso de violencia machista y desde entonces tiene montada una cruzada personal contra los juzgados de Badajoz para lo que utiliza una cuenta de YouTube. La mujer del clan había visto una de sus intervenciones y se puso en contacto. Ahí tuvo lugar la conversación en la que el exjuez habló de pegar un susto a Biedma (“era un puto grano en el culo y que había que eliminarla”). Los entrecomillados son de la declaración de esa mujer que aparecen en el atestado policial y de ahí han partido a toda prisa hacia los medios.

Sáenz de Tejada parece un personaje con el que nadie en su sano juicio debería relacionarse. En sus comentarios en el canal de YouTube, el exjuez lanza acusaciones contra la “mafia judicial” de Badajoz, a veces vistiendo toga o dejándola colgada detrás para que se vea en el plano. No es el tipo de persona que puede conseguir que la fiscalía reduzca la pena de un preso. 

Aunque ha participado en algún programa de grupos conspiranoicos de la extrema derecha sobre la pandemia, Sáenz de Tejada debió de parecer una fuente interesante de información para Leire Díez, siempre dispuesta a hablar con gente que pudiera desacreditar investigaciones judiciales que afectaban al PSOE. Y ya sabemos que sin ningún éxito.

Si se prueba que cumplía órdenes de Santos Cerdán en su calidad de secretario de Organización, algo que este niega, eso dañaría gravemente la reputación del partido, por mucho que solo él supiera lo que estaba haciendo. A fin de cuentas, fue Pedro Sánchez quien lo puso en el puesto, como había hecho antes con Ábalos.

Esta semana, se ha conocido el contenido del último informe de la UCO, cuyo único indicio seguro es la existencia de esa conversación entre Sáenz de Tejada y la integrante del clan de Los Rochos, que por lo demás niega haber cometido algún delito. No hay mucho más, aparte de las deducciones que aparecen de forma habitual en los informes de la UCO. En este caso, señalar que la trama “se habría valido especialmente del exmagistrado Luis Sáenz de Tejada para desestabilizar el proceso judicial que afectaba al hermano del presidente”. Para ello, cuenta con las anotaciones de Javier Pérez Dolset, colaborador de Díez, que se reunió con el exjuez, presumiblemente informó de ello a la exmilitante socialista —y de ahí sale la anotación con las siete palabras— y mantuvo contacto con él. 

En su declaración del jueves en la Audiencia Nacional, la jueza Biedma citó hechos sospechosos que le hicieron pensar que la estaban vigilando. Dijo que sintió “temor” por ella y sus hijas, pero que no le influyó en su trabajo en la instrucción del caso de David Sánchez.

En el recurso de su abogada contra la personación de Biedma en el caso, Leire Díez afirma que lo único que hizo ella fue “haber recibido dichas denuncias (contra Biedma) y haber mantenido conversaciones con el Sr. Sáenz de Tejada sobre las mismas”. Un relato más detallado de todos estos hechos se puede leer en este artículo de Pedro Águeda y Elena Herrera.

Como suele ocurrir con todas estas historias de corrupciones, tramas y conspiraciones, el lugar en que se rentabilizan a tope es el programa de Iker Jiménez en Cuatro. Los más leves indicios se convierten en hechos inapelables. Las sospechas más locas son la verdad revelada. Sáenz de Tejada aparece descrito como “el enviado de Leire”. La gravedad de los hechos confirma que la mafia está en el poder: “Mañana pueden venir a por cualquiera de nosotros”, dijeron en el programa 'Horizonte' del 22 de septiembre. Ellos también cuentan con un juez loco, este en ejercicio. Jesús Villegas dijo que “hemos cruzado una línea roja” y que todo esto ya es “como en los años treinta”. Uno de los periodistas tuvo a bien comunicar que la jueza Biedma “es una seguidora incondicional del programa”. 

Iker Jiménez daba la nota del abochornado por el punto al que hemos llegado: “¿A qué nivel se ha descendido? ¿A qué abismo se ha descendido?”. 

El PP lo tiene claro. Hemos llegado al momento en que no se desperdicia nada. Alberto Núñez Feijóo ya habla como Iker. En su discurso del jueves ante la Junta Directiva Nacional del PP, dio por hecho que todo lo que se ha contado es cierto y que tenemos delante “un abismo moral”. Había en su discurso un gran espacio abierto para la creatividad. “Hoy la Audiencia Nacional investiga si el PSOE quiso contratar a sicarios”, dijo, a pesar de que el juez Pedraz no ha imputado a nadie por estos hechos relacionados con Biedma. “Pedro Sánchez debe decir hoy mismo quién dio la orden de deshacerse de la jueza”.

A Feijóo no le importa nada la presunción de inocencia cuando alguien relacionado con el Gobierno es investigado por la justicia. No si se trata de alguien del PP, como el alcalde de Móstoles. En el caso del exministro Jorge Fernández Díaz y toda su cúpula policial, que esperan sentencia tras el juicio de Kitchen, sencillamente no habla de ellos. Como si no existieran. Pero cuidado con la historia de Badajoz. Allí no hay imputados, pero sí culpables, según Feijóo.

Como el programa 'Horizonte' es un bar en el que todos compiten a ver quién llega más alto, finalmente Eduardo Inda dio la nota que ya era difícil de superar. A pesar de que no hay bulo que él no haya abrazado con pasión, tuvo que admitir que lo de Badajoz no es el Watergate extremeño. “Si llegan a ser más listos, hubieran hecho mucho daño”, dijo uno de sus colegas de mesa. Sobre todo, si hubieran cometido algún delito grave. Eso sí que haría daño. Inda lo explicó a grandes voces: “¡Son Torrentes!”. Y después despejó cualquier preocupación. “La jueza Biedma es ahora la persona más segura de España”. Al final, va a resultar que el abismo no era tan profundo como nos contaron.

Un antiguo juez expulsado de la carrera por una condena firme de maltrato se vuelve a poner la toga para dirigirse a su público en YouTube. Se llama Luis Sáenz de Tejada. En decenas de vídeos denuncia que los juzgados de Badajoz están controlados por una trama corrupta de magistrados a la que pertenece su exmujer. Su condena, asegura, es la represalia del grupo por haber denunciado los encargos ilegales de su antigua pareja al abogado por el que ella lo abandonó, primo a su vez de otros dos jueces presuntos integrantes de la trama togada pacense. En un plano secundario de esa conjura el denunciante sitúa a alguien que a la postre se convertiría en el personaje más famoso de toda la supuesta trama, Beatriz Biedma, jueza del caso de David Sánchez.

¿Quién podría reparar en el perfil de este exjuez y youtuber, asiduo de otros conspiranoicos de la extrema derecha, como la persona idónea para conseguir apartar a la jueza Biedma de la instrucción del caso del hermano del presidente? La respuesta está en el sumario del ‘caso Leire’: efectivamente, la exmilitante del PSOE y su aliado en aquella cruzada anticorrupción, el empresario Javier Pérez Dolset. El plan no surtió efecto. David Sánchez ha sido condenado en primera instancia y el PSOE tiene un problema por los indicios de que su entonces secretario de Organización ordenó financiar en parte los planes de Leire Díez para destapar tramas policiales y judiciales organizadas contra los socialistas.  

Como ocurriera cuando se fijó como objetivo al coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, Leire Díez provocó enemistades que ahora tiene difícil gestionar. Aunque una presunta víctima no parezca el más adecuado para dirigir la investigación contra su agresor, el jefe Anticorrupción de la UCO sigue al frente del caso Leire Díez. Ahora, la jueza Biedma se ha personado como víctima en la Audiencia Nacional, convencida de que las maniobras de Sáenz de Tejada y el ‘Grupo Leire’ contra ella no se quedan en unas presuntas calumnias. Un coronel de la Guardia Civil y una magistrada. Allí donde aparecía el esqueje de un futuro héroe para la derecha y la extrema derecha vertía Leire Díez su fertilizante.

Sáenz de Tejada, conexión Badajoz 

Las confabulaciones de Leire Díez han alcanzado un nivel superior al entrar en contacto con el particular ecosistema judicial y criminal de Badajoz. El reactivo definitivo del embrollo ha resultado ser el exjuez Luis Sáenz de Tejada. Algunos medios y el Partido Popular han llegado a la conclusión de que el colaborador ocasional de Leire Díez propuso a un clan de narcotraficantes local lo nunca visto en el crimen organizado español: atentar contra un magistrado. 

Resulta conveniente, por tanto, comenzar por Sáenz de Tejada. 

La vida del exmagistrado dio un vuelco hace más de una década cuando se rompió su matrimonio y su esposa, jueza en Badajoz, comenzó una relación con un letrado de la ciudad, según explica un abogado que pisa a diario los juzgados locales. 

Sáenz de Tejada denunció que su esposa adjudicaba los procedimientos de administración concursal a su nueva pareja de forma ilegal y que la práctica, muy lucrativa, era conocida y fue encubierta por sus compañeros. El exjuez asegura que la denuncia que acabó en condena por violencia hacia su exmujer fue una represalia de ella y su pareja, amparada y perpetrada por sus compañeros en la “organización criminal” que denuncia en los juzgados de Badajoz. 

La magistrada Ester Sara Vila, antigua esposa de Sáenz de Tejada, llegó a estar imputada por prevaricación y otros delitos en relación con esos procesos concursales, pero el caso acabó en archivo. Por contra, sí prosperó la denuncia que su exmujer presentó contra él, que acabó expulsado de la carrera judicial tras ser condenado en firme por delitos de amenazas y violencia psíquica habitual. 

La actividad en internet de Sáenz de Tejada –“Magistrado Anticorrupción”, como se hace llamar–, le ha hecho estar en contacto con conocidos conspiranoicos de la toga, como el también exjuez Fernando Presencia, o con los ultraderechistas de la familia Royuela. El propio Sáenz de Tejada respalda en sus vídeos la tesis de una red de poderosos pederastas en Donostia ocultos tras el caso Kote Cabezudo, un bulo que alcanzó cierta dimensión la pasada década. Y en estas andaba cuando le contactó Leire Díez en 2024 como experto de la supuesta corrupción de los juzgados de Badajoz.

'Vacaciones y Viajes': por fin alguien hace caso al exjuez

El abogado, incesante en YouTube, dedicó su primer vídeo a Beatriz Biedma por el caso de David Sánchez el 2 de junio de 2024, en cuanto la jueza abrió diligencias contra el hermano del presidente. Desde su casa, vestido con la toga, volvió a encender la cámara de su ordenador para advertir a David Sánchez de lo que le esperaba en el “lodazal” judicial al que pertenecía Biedma. 

En algún momento entre ese 16 de junio y el 9 de agosto de 2024, el grupo de Leire Díez contactó con él. La exmilitante socialista y el empresario Pérez Dolset se entrevistan en la casa que tiene este último en Tarifa con Joaquín Parra, antiguo presidente del CD Badajoz que acaba de ser condenado a 10 años de cárcel por un gran fraude de hidrocarburos y que aporta el contacto de Sáenz de Tejada. Los cuatro acaban participando en un chat abierto por Leire Díez que esta bautiza “Vacaciones y Viajes”

Notas incautadas a Pérez Dolset y Leire Díez por esas fechas hablan de “destruir el procedimiento” contra David Sánchez. El empresario escribe en su iPhone: “Jueza del hermano, choriza sin igual. Luis Sáenz de Tejada tiene la info”. Por fin, alguien hace caso al exjuez. 

A partir de ese momento Sáenz de Tejada empieza a contactar con abogados y presuntos delincuentes indignados, como él, con la instrucción de los casos que les afectan. Algunos ni siquiera tienen que ver con Beatriz Biedma, como es el caso del abogado Juan José Collado, quien se reunió tres veces con Sáenz de Tejada por mediación de la mujer de uno de sus clientes, Ángel Martín, ‘El Gitano’, en prisión. Hablaron de presentar querellas y organizar una manifestación, según ha declarado el letrado a la UCO. El caso afectaba a una magistrada distinta a Biedma. 

El 12 de diciembre de 2024, Sáenz de Tejada aparece en YouTube y afirma: “Ahora están recogiendo otras personas lo que se sembró en aquel momento”. En ese momento, el exjuez ya se ha dirigido en dos ocasiones a la Fiscalía General del Estado, una vía que no abrió hasta que conoció a Leire Díez. La primera denuncia fue archivada de plano. La segunda fue remitida a la Fiscalía de Extremadura, donde también se acordó su archivo. Al parecer, Leire Díez había vuelto a vender su supuesta influencia en el Ministerio Público a cambio de recibir ayuda contra sus enemigos.

Cuatro días antes de ese vídeo se produjo un acontecimiento que ha derivado en titulares de prensa que unen al PSOE con un intento de asesinato de la jueza del caso de David Sánchez y un clan de narcotraficantes. El secretario general del PP ha llegado a llamar “sicario” al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ese 8 de diciembre, Cintia Rocho escribe un comentario en un vídeo de Sáenz de Tejada dedicado a Beatriz Biedma. El juez responde solícito.

¿Para qué busca alguien al clan de 'Los Rochos'?

Llega el momento de detenerse en Cintia Rocho, alias ‘La Celsa’. Su padre, Jesús Rocho Sosa, estaba considerado el patriarca de 'Los Rochos', al que distintas informaciones vinculan con el tráfico de drogas. El padre y el marido de Cintia fueron asesinados a tiros en 2024, con una diferencia de menos de diez meses.

El exjuez Sáenz de Tejada se aproximó a Cintia tras el primer contacto por redes. En una conversación telefónica, Sáenz de Tejada le dice que hay que “eliminar” a Biedma, según contó Cintia en una entrevista en Telecinco el pasado septiembre. Ella entendió que Sáenz de Tejada se refería a causarle un “daño físico”. “Si nos estás poniendo a nosotros como lo peor de lo peor y nos pides que hagamos algo se supone que no es nada bueno”, dijo a la cadena privada.

Pero hay otra versión posible.

Un acontecimiento del pasado derivó en una victoria legal de 'Los Rochos' sobre la jueza Biedma. Un hermano de Cintia fue detenido en una operación dirigida por la magistrada en 2019. Su abogado planteó un ‘habeas corpus’ por detención ilegal y la magistrada no atendió el requerimiento. 'Los Rochos' llegaron hasta el Constitucional, que les dio la razón y anularon la causa. Sáenz de Tejada manejaba esta información, de hecho la había mencionado en sus vídeos de YouTube. Pudo dirigirse a Cintia Rocho para utilizarla contra la jueza del caso del hermano de Sánchez. 

¿Y qué tiene que ver todo esto con Leire Díez? El pasado julio, el diario ‘Artículo 14’ se hizo eco de una anotación en la agenda incautada por la UCO a la exmilitante socialista anotada el 25 de marzo de 2025. “Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína & Gitano”.

En la citada entrevista, Cintia Rocho dijo que tenía claro que se habían dirigido a ella para atentar contra la jueza. Contó que recibió vídeos de la jueza, direcciones… Sin embargo, ante la UCO solo ha contado que Sáenz de Tejada le había trasladado que Biedma “era un puto grano en el culo y había que eliminarla”. Cualquiera que fuera la naturaleza del ofrecimiento, Cintia Rocho lo declinó.

En su declaración ante el juez Pedraz del jueves, la magistrada Biedma relató que había sentido “angustia” y “temor” por las noticias que le habían llegado de que había sufrido seguimientos y que alguien había estado en el colegio de sus hijas preguntando por ella. Uno de los miembros del chat 'Viajes y Vacaciones', Joaquín Parra, ha contado a la UCO que en los encuentros con Leire Díez y Pérez Dolset nunca se habló de “una agresión física” a Biedma, pero que oyó algo similar de “un tercero” y que también lo había leído en la prensa.

Según contó el expresidente del CD Badajoz, ese informante suyo le dijo que Sáenz de Tejada defendía gratuitamente a individuos investigados en el juzgado de Biedma a cambio supuestamente de que realizaran esos seguimientos. El objetivo sería publicar información en un chat de Facebook llamado 'Club de Debates Urbanos de Badajoz'. “En este grupo se publicaban diversos comentarios, informaciones, rumores y fotografías sobre diversas personalidades públicas del ámbito pacense”, recoge el informe de la UCO. Parra ofreció tres nombres que participarían en el chat con nombres falsos.

La UCO concluye que “se ha podido determinar” que Sáenz de Tejada contactó al menos con “dos personas cuyos procedimientos judiciales, propios o relacionados con sus familiares, se instruían o se habrían instruido en los juzgados de Badajoz”. Los “primeros contactos habrían estado orientados a promover actuaciones de carácter judicial o administrativo frente a la magistrada que los instruía, Marta Hernández”, pero que luego, el objeto de esa actuación judicial fue redirigida contra Biedma.

El juez fan de Abascal y la endogamia en los juzgados

Las obsesiones de Sáenz de Tejada sirven para adentrarse en la endogamia existente en los juzgados de la ciudad y en algún que otro episodio llamativo de sus integrantes. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad –solo hay cuatro– era Emilio García-Cancho, decano en ese momento de los magistrados. García Cancho fue objeto de una polémica en 2023 por aparecer en un vídeo pidiendo un ‘selfie’ a Santiago Abascal y deseándole “suerte”. En 2025 fue elegido por el actual Consejo General del Poder Judicial presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz.

La esposa de García-Cancho se llama Samantha Reynolds y también es jueza en la capital pacense. El abogado con el que se marchó la mujer de Sáenz de Tejada, Juan Antonio Díaz-Ambrona Cancho, es primo del presidente de la Audiencia Provincial. En esta madeja endogámica, la jueza del caso del hermano de Sánchez, Beatriz Biedma, aparecía como “amiga” del resto y miembro de la “organización criminal”, según Sáenz de Tejada. 

El propio Sáenz de Tejada hace afirmaciones en sus vídeos que describen la relación entre los jueces de la ciudad, pero que también le pueden acarrear problemas. El ahora abogado recuerda que la jueza del caso de David Sánchez y el entonces decano de Badajoz, García-Cancho, participaron, junto a la mujer de este, en las concentraciones de magistrados contra el proyecto de ley de amnistía del Gobierno, una imagen inédita de togas intentando condicionar la actividad del legislador. Pero Sáenz de Tejada también alude a que el matrimonio de los jueces García-Cancho y Samantha Reynolds coincide a menudo en el “colegio de los niños” con Beatriz Biedma, lo que es interpretado por la magistrada como una amenaza. 

Biedma y Balas: el de David Sánchez no era un caso cualquiera

Aquellas manifestaciones de jueces con toga retrataron el ambiente de hostilidad al Gobierno en una parte relevante de la carrera judicial. La manifestante Biedma admitió en 2024 una denuncia de Manos Limpias contra el hermano de Pedro Sánchez y otras basadas en informaciones de medios de comunicación, alguna de ellas con relevantes falsedades. 

Una de las primeras decisiones de Biedma fue llamar a Madrid y solicitar la implicación de su unidad anticorrupción en el caso: la supuesta contratación irregular de un reputado concertista por parte de la Diputación de Badajoz a razón unos 40.000 euros anuales. Para algo así no parecía necesario movilizar a la unidad de élite del instituto armado. 

Sin embargo, su máximo responsable, el entonces teniente coronel Antonio Balas, no dudó en encabezar la pequeña delegación que se desplazó a Badajoz de inmediato para entrevistarse con Biedma. El caso no era cualquiera. Pero no por el delito, sino por el investigado: el reputado concertista es hermano del presidente del Gobierno. 

Pronto, los guardias civiles propusieron a la jueza intervenir más de 60.000 correos electrónicos. Según contó Biedma este jueves en el juzgado, la UCO le contaba que sufría presiones por ese caso como nunca había recibido antes. Por su parte, la Fiscalía no veía caso y la jueza se apoyaba en Manos Limpias y las organizaciones ultras de la acción popular. 

David Sánchez fue condenado el pasado julio a nueve años de inhabilitación. El juicio dejó una de las intervenciones más controvertidas del coronel Balas, que reconoció estar centrado en el hermano de Sánchez y en el expresidente de la Diputación y desconocer quiénes eran el resto de los acusados. Como ocurrió en el juicio al exfiscal general, Balas trufó su testimonio con deducciones. A la misma hora que el pasado jueves prestaba Biedma declaración se conoció el recurso de la defensa de David Sánchez ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.  

En la Audiencia Nacional, sin que nadie la requiriera por ello, Biedma defendió su decisión de implicar a la UCO en el caso del hermano del presidente. Explicó que podía haber filtraciones si se lo encomendaba a la Policía o la Guardia Civil de la zona. También mencionó una de las noticias recogidas por Manos Limpias para presentar su querella en la que se decía, como si eso fuera un indicio de algo, que en la misma localidad portuguesa donde residía David Sánchez tenían su sede sociedades de un caso de hidrocarburos que ya investigaba la UCO. 

El coronel Balas tuvo a tiempo un informe sobre las declaraciones que tomó en Badajoz una vez se percató de la anotación de la agenda de Leire Díez leyendo los medios y vio a Cintia Rocho en televisión. Hasta ese momento, el juez y las fiscales del caso solo veían indicios de un delito de calumnias de Sáenz de Tejada. Ahora Pedraz debe decidir si el atestado de la UCO y la declaración de Biedma elevan la investigación a un posible plan para atentar contra la jueza que investigó al hermano de Sánchez.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado “en este momento” la pretensión del PP de imputar al PSOE en el caso Leire Díez. El magistrado toma esta decisión siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción al entender que por el momento “no se acredita un principio de prueba” para atribuirle la condición de investigado al partido político. Y esto a pesar de que los hechos “pudieran presentar en abstracto apariencia delictiva por parte del PSOE”.

En la resolución, el magistrado recuerda que en esta causa se investiga a una presunta trama liderada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez que llevaron a cabo acciones presuntamente delictivas con el objetivo de “proteger los intereses del PSOE, tratando de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del partido o del Gobierno”.

Con esta premisa, el PP consideró necesario que la persona jurídica PSOE constara ya como investigada, pero Pedraz recuerda que “no basta con que directivos o empleados hayan cometido delitos” porque la jurisprudencia del Tribunal Supremo exige que se acredite “un defecto estructural de organización, control y supervisión dentro de la entidad” y que se dé “un beneficio directo o indirecto para la organización”.

Así, para valorar la eventual atribución de responsabilidad criminal de la formación por los delitos presuntamente cometidos tanto por Cerdán como por la gerente Ana Fuentes, el juez primero quiere concretar qué poderes reales tenía el ex secretario de Organización dentro de la estructura del partido, quién autorizó y ejecutó los pagos investigados, qué controles internos existían, si hubo fallos relevantes en los mecanismos de supervisión y si el partido obtuvo algún beneficio de las conductas investigadas.

Este jueves, las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen consideraron prematura la citación del partido como investigado y defendieron que, aunque existen indicios, antes de acordarse su imputación deben practicarse las diligencias pendientes. Entre esas diligencias incluían la declaración del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a quien los investigadores sitúan en un “nivel superior” en la trama que supuestamente trabajó para frenar investigaciones judiciales que atañen al entorno del partido y del Gobierno.

Y Pedraz está de acuerdo con esto. Quiere esperar tanto al análisis de determinadas diligencias ya acordadas (como la documentación requerida al partido o la extraída de la entrada y registro del domicilio de Cerdán), y a la declaración en calidad de investigado del exdirigente socialista. Añade que se debe investigar también si se puede establecer una conexión objetiva entre los pagos ordenados por Cerdán para encargos ilegales a la trama y la estructura patrimonial del partido.

Quiere conocer, además, quién “ordenó materialmente esos pagos investigados, quién estaba autorizado para disponer de las cuentas del partido, cómo fue contabilizado, qué concepto se hizo constar en la transferencia o contabilidad, si existían facturas, contratos u otros documentos destinados a proporcionar una cobertura aparente al pago, quién autorizó o validó internamente el gasto, si intervino el departamento financiero o contable, si existían límites o doble firma para determinadas disposiciones, si los órganos de administración conocieron los pagos, si existieron alertas internas y, en su caso, cómo fueron tratadas, y si el sistema de control permitió pagos de esta naturaleza sin comprobación alguna”.

El juez considera, en su auto, que es mejor despejar todas estas incógnitas antes de citar a Cerdán porque así el investigado “contará con los elementos esenciales para prestar su declaración”.

Cabe recordar que los investigadores sospechan que se realizaron determinados pagos a despachos de abogados como el del letrado Ismael Oliver y a consultoras como la del exdirigente socialista Gaspar Zarrías con el objetivo de enmascarar el destino final de esos fondos, la trama presuntamente coordinada por Leire Díez.

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha publicado a última hora de la tarde un nuevo tuit en el que augura un complejo horizonte judicial para el PSOE en plena precampaña de las elecciones del 29 de noviembre. “Atención: hasta donde sé, Leyre va pá’lante, Cerdán va pá’lante y el PSOE va pá’lante… Así comienzan la campaña electoral. Por eso intentan quemar las calles”, ha escrito, en su perfil de X.

Además de ser uno de los hombres fuertes de Ayuso y el encargado de su estrategia política, Rodríguez suele utilizar su perfil de X para lanzar sus propios augurios respecto a procesos judiciales en curso, siempre asegurando que van a ir “pa'lante” todos aquellos involucrados en causas judiciales que afectan al Gobierno, a la Fiscalía o a los socialistas. Justamente el PP acaba de pedir al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que impute al PSOE en la causa que instruye sobre la exmilitante socialista Leire Díez. De ahí sus nuevas perspectivas para Díez, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el propio partido.

Además de su actividad en las redes, son especialmente notorias las salidas de Rodríguez con algunos periodistas en los últimos años. El ejemplo más claro es el de sus amenazas a elDiario.es en marzo de 2024, la misma fecha en la que este periódico informaba sobre el fraude fiscal de la pareja de la presidenta autonómica. “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Que os den, idiotas”, dijo el jefe de gabinete por escrito a una periodista de elDiario.es. “A ver si no nos podemos enfadar con gente de confianza”, justificó Ayuso tras la polémica.

Una semana después de su amenaza, Rodríguez difundió el bulo de que “periodistas encapuchados” de elDiario.es intentaron asaltar la casa de la presidenta autonómica. Algunos medios llegaron a publicar la versión del jefe de gabinete sin contrastarla con este periódico. También llegó a acusar falsamente a periodistas de El País de acosar a vecinos o tratar de entrar por la fuerza en la vivienda, un extremo que también negó el periódico de Prisa.

El jefe de gabinete de la líder madrileña difundió la identidad y la imagen de dos periodistas de El País que investigaban el caso de fraude fiscal de Amador. La pareja de Ayuso compareció como testigo y reconoció que fue él quien pasó la imagen de los periodistas al jefe de gabinete. Dijo que lo hizo porque era su “amigo” y el responsable de su “seguridad”, pero que no fue él quien hizo la foto. Finalmente, la jueza archivó el caso porque entendió que los datos no llegaron de los policías que escoltan a Ayuso. La oposición ha tratado en diferentes ocasiones de activar la comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez en la Asamblea, por el momento sin éxito.

La jueza Beatriz Biedma ha declarado este jueves en relación a las posibles amenazas que pudo sufrir por parte de la trama liderada por la exmilitante del PSOE Leire Díez. La magistrada, que instruyó el caso contra David Sánchez, ha contado al juez que un abogado le confió que el exjuez Luis Sáenz de Tejada, quien acumulaba rencillas contra ella, había contactado con una destacada miembro de un clan de narcotraficantes y que le había pedido, en primer lugar, querellarse contra la jueza por un asunto pasado y, después, le había dicho que había que quitarla “de enmedio”.

Biedma ha dicho que por este, y otros episodios que no pudo vincular con la trama de Leire Díez, sintió “temor” por ella y por sus hijas. A la pregunta de uno de los letrados por si eso le había condicionado en las decisiones que tomó respecto al hermano del presidente del Gobierno, Biedma ha contestado tajantemente que no, según informan a elDiario.es fuentes presentes en la declaración.

La magistrada ha dicho que tuvo conocimiento por un abogado de que existían vídeos grabados sin su consentimiento en los que aparecía ella en compañía de sus hijas y que en varias ocasiones hubo alguien que se personó en el colegio de sus hijas presentándose como su secretario o como su hermano. Con todo, ante el juez de la Audiencia Nacional, Biedma ha explicado que nunca supo que la presunta 'fontanera' del PSOE estuviera detrás de esas presiones.

La jueza Biedma ha confirmado que el coronel Balas fue a reunirse con ella en persona en cuanto abrió la causa contra el hermano de Sánchez a partir de una denuncia de Manos Limpias. Balas decidió que un comandante fuera el instructor de las diligencias pero, según Biedma, acabó él desempeñando esa tarea porque “recibían presiones”, según le habrían trasladado los propios guardias civiles a la magistrada. “Nosotros hemos actuado contra todos los partidos políticos en diferentes comunidades autónomas y las presiones que estamos recibiendo ahora a nivel investigador nunca las hemos sufrido”, asegura Biedma que le dijo el coronel Balas.

Sin que nadie le preguntara, Beatriz Biedma ha aprovechado para dar una explicación sobre el hecho de que implicara a la UCO, unidad especializada en Anticorrupción, en un caso en el que se investigaba la contratación de un concertista de reputación internacional a razón de poco más de 40.000 euros anuales. Biedma ha contado que temía que en un lugar pequeño como Badajoz pudiera haber filtraciones si hacía el encargo de la investigación a la Policía Nacional de la ciudad o a la Guardia Civil local.

En este sentido, también ha aludido a que la denuncia de Manos Limpias recogía una información acerca de que la misma localidad de Portugal donde residía David Sánchez había domiciliadas sociedades vinculadas a un caso de fraude de hidrocarburos que ya instruía la UCO.

La UCO acaba de presentar a Pedraz el resultado preliminar de una investigación que Balas ordenó abrir a partir de informaciones en prensa sobre la agenda de Leire Díez a las que la unidad no había conferido relevancia hasta ahora. Uno de los testimonios recabados por los guardias pertenece a Cintia Rocho, quien lideraría a un clan vinculado con el narcotráfico en Badajoz y que es conocida con el apodo de 'La Celsa'. Rocho explicó que, en una conversación telefónica que mantuvo con el exjuez Luis Sáenz de Tejada, éste le indicó que a la jueza que instruía el caso, Beatriz Biedma, había que “eliminarla”. Sáenz de Tejada, quien llevaba más de una década en una cruzada contra un grupo de jueces de Badajoz y mantiene contactos con sectores conspiranoicos de la extrema derecha, figura entre los colaboradores de la exmilitante en su plan para inquietar el trabajo de Biedma. 

Otro de los interrogados por la UCO es el empresario Joaquín Parra, quien formó parte de un chat de WhatsApp llamado 'Vacaciones y Viajes' en el que participaban tanto Leire Díez como Sáenz de Tejada y el empresario Javier Pérez Dolset. Este testigo declaró que aunque él no tenía constancia de la posibilidad de una agresión física, si tuvo conocimiento de que se produjeron seguimientos a la jueza por parte de terceros vinculados con el exjuez y que conformaban un canal de Facebook denominado 'Club de debates urbanos de Badajoz'.

La Fiscalía Anticorrupción rechaza por prematura la pretensión del PP de imputar al PSOE en el caso Leire, informan a elDiario.es fuentes jurídicas. Las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen consideran que existen indicios contra el partido, pero sostienen que antes de acordarse su imputación deben practicarse las diligencias pendientes.

Entre ellas, la declaración del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a quien los investigadores sitúan en un “nivel superior” en la trama que supuestamente trabajó para frenar investigaciones judiciales que atañen al entorno del partido y del Gobierno.

La formación de Alberto Núñez Feijóo, que ejerce la acusación popular en la causa, solicitó este martes al juez la citación del PSOE como investigado al entender que esa trama “dispuso de los medios operativos, logísticos y financieros” de esa formación “para sufragar los gastos derivados de su ilícita actividad”. 

Tras recibir el informe del Ministerio Público, el instructor del caso, Santiago Pedraz, tendrá que decidir si acepta o no la pretensión del PP. Los conservadores presentaron su escrito cuando habían transcurrido apenas 24 horas desde que Pedro Sánchez anunciara un adelanto electoral.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado un nuevo informe al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Leire Díez en el que plasma las declaraciones en sede policial de hasta cuatro testigos en relación con las actividades que la trama investigada pudo llevar a cabo para entorpecer la investigación abierta en Badajoz contra el hermano del presidente del Gobierno. 

El informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, recoge que uno de esos testigos, Cintia Rocho —que pertenece a un clan vinculado con el narcotráfico en Badajoz y que es conocida con el apodo de 'La Celsa'—, explicó que, en una conversación telefónica que mantuvo con el exjuez Luis Sáenz de Tejada éste le indicó que a la jueza que instruía el caso, Beatriz Biedma, había que “eliminarla”. Sáenz de Tejada, quien llevaba más de una década en una cruzada contra un grupo de jueces de Badajoz y mantiene contactos con sectores conspiranoicos de la extrema derecha, figura entre los colaboradores de la exmilitante en su plan para inquietar el trabajo de Biedma.

Según recoge el atestado, Cintia Rocho recordó de esa conversación telefónica que el exjuez le indicó que Biedma “era un puto grano en el culo y que había que eliminarla”. Añadió que le llamó la atención que agregara que “a palos aprende el burro”. 'La Celsa' había contactado con el exjuez a través de los comentarios de un canal de YouTube en el que Sáenz de Tejada acostumbraba a hablar de la supuesta mafia judicial que a su juicio campaba a sus anchas en esa provincia extremeña. Esa conversación se habría producido en algún momento posterior al 23 de diciembre de 2024, cuando el hermano del presidente del Gobierno se encontraba ya investigado en el caso por el que fue finalmente condenado.

Tras esa conversación, y al ser preguntada por los agentes de la UCO, 'La Celsa' dijo que esas manifestaciones de Sáenz de Tejada se situarían “en el ámbito de una actuación de carácter físico, evidenciando la intención de causar un daño físico a la magistrada”. Este entrecomillado, no obstante, no es de la propia Cintia Rocho sino una interpretación que realiza la UCO en su informe. Según el atestado, la respuesta de 'La Celsa' ante esa proposición fue de rechazo: “Si bien en un primer momento no estaba dispuesta a ello, mucho menos después de esa llamada, ya que entendió que querían causarle daño físico”.

Otro de los interrogados por la UCO es el empresario Joaquín Parra, quien formó parte de un chat de WhatsApp llamado 'Vacaciones y Viajes' en el que participaban tanto Leire Díez como Sáenz de Tejada y el empresario Javier Pérez Dolset. Este testigo declaró que aunque él no tenía constancia de la posibilidad de una agresión física, si tuvo conocimiento de que se produjeron seguimientos a la jueza por parte de terceros vinculados con el exjuez y que conformaban un canal de Facebook denominado 'Club de debates urbanos de Badajoz'.

La UCO, en su atestado, se hace eco de la noticia de Artículo 14 que reparó en la anotación de una de las agendas de Leire Díez, la exmilitante del PSOE y principal investigada en el caso, que rezaba 'Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína y Gitano'. Y señala que la trama “se habría valido especialmente del exmagistrado Luis Sáenz de Tejada para desestabilizar el proceso judicial que afectaba al hermano del presidente”.

Los agentes explican que este exjuez “se encontraba implicado, incluso con anterioridad a la formación del grupo, en su particular lucha por destapar presuntar actividades corruptas que, a su juicio, existirían a nivel judicial en Badajoz”. Pérez Dolset, otro de los investigados, anotó tras reunirse con él en Tarifa en agosto de 2024: “Jueza del hermano, choriza sin igual. Luis Saenz de Tejada tiene la info”. Para la UCO, la anotación de la agenda de Leire Díez es vital, porque demuestra que la 'fontanera' tuvo conocimiento de lo que se perpetraba en Badajoz.

El adelanto electoral anunciado el lunes por Pedro Sánchez después de que el Congreso tumbara los decretos de vivienda ha cambiado el paso de los partidos de la derecha, que estaban muy cómodos en un escenario político dominado por las denuncias de corrupción y las investigaciones judiciales que marcaban los titulares y debates parlamentarios de los últimos meses. El PP intenta virar de nuevo la conversación pública hacia los tribunales y ha pedido ahora la imputación del PSOE por, entre otros delitos, financiación ilegal. El juez Santiago Pedraz deberá pronunciarse ahora, en plena batalla electoral entre los dos grandes partidos.

“Todo se va a terminar sabiendo” ha sido una de las frases repetidas habitualmente por los portavoces del PP desde que en 2024 se comenzaran a hacer públicas las investigaciones contra miembros del Gobierno y del PSOE. Las condenas a José Luis Ábalos y a Koldo García en el ‘caso mascarillas’ o al hermano del presidente Pedro Sánchez tras la causa abierta por la creación de una plaza pública ‘ad hoc’ para él en la Diputación de Badajoz han sido los casos más sonados, hasta el momento.

Pero el presidente del Gobierno tiene por delante asuntos quizá más complicados, como el juicio contra su esposa, Begoña Gómez, por supuestamente usar su posición para traficar con su influencia, o contra el propio partido. Según dijo el PP ya el pasado viernes, cuando elDiario.es anticipó el adelanto electoral, las prisas de Sánchez para convocar a las urnas bien podrían explicarse por su pretensión de poner fin a esas investigaciones o juicios.

Así lo expuso Feijóo este lunes en una declaración tras el adelanto electoral: “Estoy plenamente seguro de que [la convocatoria] responde al miedo. Miedo a que se conozca hasta el último detalle de lo que queda por saber en la maraña de casos de corrupción abiertos, los más graves de toda la democracia”.

Hasta hace poco tiempo, el argumentario del PP era el opuesto: Sánchez se quería mantener en el Gobierno para protegerse judicialmente. 

Acelerar tiempos

Ante el anuncio sorpresivo del presidente del Gobierno de la convocatoria electoral, el PP ha reaccionado con esa petición al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para que impute a la formación socialista en el marco del caso Leire Díez. A juicio de los ‘populares’, con las declaraciones recabadas durante la instrucción, y con la información arrojada por la investigación policial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya hay elementos suficientes para que la persona jurídica PSOE pueda ser citada como investigada.

Si bien el PP, como dirección letrada de la acusación popular, puede pedir al juez lo que considere oportuno cuando lo estime conveniente, la realidad es que esta solicitud de que se impute a su principal rival político en precampaña ha cogido por sorpresa a los diferentes actores jurídicos. Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es señalan que esa posible imputación del PSOE debía haberse valorado en todo caso tras los comicios de noviembre y siempre después de haber tomado declaración como investigados tanto a la exmilitante socialista Leire Díez como al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. 

Ahora, esos tiempos se trastocan porque el propio juez ya ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre esa eventual imputación de la formación de Gobierno, algo que ahora sí podría llegar antes de que arranque oficialmente la campaña electoral el 13 de noviembre. Eso sí, el Ministerio Público no tiene un plazo fijado para responder a esa petición del juez. Las fuentes consultadas, no obstante, esperan que el pronunciamiento del Ministerio Público sea rápido y, por tanto, el instructor debería decidir antes de las elecciones porque, explican, el procedimiento sigue su curso independientemente de lo que suceda en la esfera política. En caso de decidir tras los comicios, sería una dejación de funciones, añaden.

La decisión del PP ha sorprendido, incluso, al resto de acusaciones que no fueron avisadas con anterioridad del movimiento. Se da la circunstancia de que este es uno de los primeros escritos que firma el nuevo letrado del PP, Henry Feltenstein, que cogió la batuta de los principales casos en detrimento del director del servicio jurídico del PP, Alberto Durán. 

Por otro lado, la petición de imputar al PSOE por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos políticos y malversación de caudales públicos llega un mes después que tuvieran lugar las declaraciones en las que se basa el PP para solicitarlo: la de la gerente del PSOE, Ana Fuentes, y la de la presidenta de la formación, Cristina Narbona. Que el PP haya esperado tanto para esta petición podría tener que ver, explican, con el cambio de abogado. 

Con todo, algunas de las acusaciones populares consultadas señalan que el paso es positivo porque ahora sí hay más documentación en la causa para sostener esa imputación del PSOE como persona jurídica.

El PP, que ejerce la acusación popular en el caso Leire Díez, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que impute al PSOE al entender que la trama investigada “dispuso de los medios operativos, logísticos y financieros” de esa formación “para sufragar los gastos derivados de su ilícita actividad”. En una providencia de este mismo martes, el juez ha solicitado informe al Ministerio Fiscal al respecto, por lo que puede que se dé un pronunciamiento antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

El escrito del PP, al que ha tenido acceso elDiario.es y que se ha presentado ante este tribunal especial cuando solo han transcurrido 24 horas desde que Pedro Sánchez anunciara un adelanto electoral, señala que esas disposiciones de fondos del partido se hicieron po “indicación expresa del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, actuando en su condición de tal”.

Para el nuevo letrado del PP, Henry Feltenstein, la imputación deviene en pertinente después de que las declaraciones prestadas por la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, por la presidenta del partido, Cristina Narbona, y por las administrativas Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro, confirmaran que la formación “sufragó efectivamente esos gastos de la organización criminal” por indicación de Cerdán.

En este sentido, el letrado da una clave que será vital a la hora de que el juez valore esta petición de imputación: considera que el PSOE “no contaba al tiempo de los hechos con medidas de control y vigilancia aptas para prevenir la comisión de delitos en su seno en materia de aprobación y abono de gastos, de utilización de sus instalaciones por terceros y de contratación con proveedores de servicios, toda vez que dichas decisiones dependían de los designios de la alta dirección del PSOE, sin que existiera ningún órgano que fiscalizara su actuación ni medida alguna que la restringiera”.

Por eso, entiende que es necesario citar al partido en calidad de investigado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos políticos y malversación de caudales públicos. Cabe recordar que en esta causa se investiga una trama que buscó entorpecer causas que afectaban tanto al PSOE como al entorno personal de Pedro Sánchez.

Sobre la novedad de incluir los nuevos delitos de blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos políticos y malversación de caudales públicos, el PP explica que todos ellos están relacionados “con los fondos transferidos al medio de comunicación Crónica Libre, que fueron indiciariamente sufragados con cargo a subvenciones electorales públicas”.

“En definitiva, existen indicios sólidos de que la aparente campaña publicitaria constituyó un negocio jurídico simulado cuya verdadera causa fue financiar a un medio afín integrado en la órbita de la organización criminal investigada, asegurando su línea editorial y dotando de recursos la adquisición de material reservado -señaladamente, las grabaciones procedentes del entorno del excomisario José Manuel Villarejo Pérez- destinado a instrumentalizarse en los procedimientos judiciales que afectaban al partido y al Gobierno”, añade.

Para el PP el “punto de inflexión” en los trabajos de esa trama fue el 26 de abril de 2024 cuando se produjo una reunión en la sede socialista de Ferraz en la que Leire Díez -exmilitante socialista- se vio con diferentes cargos del partido, entre los que estaba Cerdán, y donde entiende que “comenzaron a perfilarse las distintas líneas -delictivas- de actuación que la organización criminal investigada se disponía a emprender”.

Tras esto, el letrado del PP hace un repaso de cada uno de los indicios que considera susceptibles de tener en cuenta para valorar la imputación del PSOE. Así, se refiere a que la formación pudo abonar un sueldo mensual a Leire Díez a través de sociedades interpuestas como la consultora de Gaspar Zarrías, Zaño Sociedad Consultora, o a través de empresas del letrado Ismael Oliver.

Sobre la pertinencia de esa imputación de la persona jurídica, el PP recuerda que el artículo 31 bis del Código Penal precisa que el delito imputado al partido debe haberse cometido en “beneficio directo o indirecto”. Añade que no tiene por qué materializarse en un “beneficio directo o indirecto” de la persona jurídica y que no necesariamente debe ser un económico, porque puede extenderse “beneficios estratégicos, intangibles o reputacionales”.

Por todo esto, solicita que se designe a un representante del partido y que sea citado a declarar como investigado. Para el caso en el que el juez entienda que no es pertinente atribuir esos delitos al PSOE, pide que, en cuanto a la responsabilidad civil y decomiso, responda “como partícipe a título lucrativo”.

Sin pruebas, el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, se ha sumado a las tesis sobre una presunta manipulación del voto por correo de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre alimentada antes por cargos de su partido como Isabel Díaz Ayuso o de Vox, como Santiago Abascal. “El voto por correo siempre ha tenido un halo de sospecha”, ha sentenciado en una rueda de prensa en Vitoria.

De Andrés, de hecho, ha retomado una senda que Génova había querido evitar tras los primeros comentarios de Díaz Ayuso. “Nuestro sistema es garantista. Que los españoles vayan a votar. Por tierra, mar y aire. Por voto presencial o por correo”, había manifestado, de su lado, otro dirigente vasco del PP, Borja Sémper, ahora muy cercano a Alberto Núñez Feijóo.

“La verdad es que se están viendo cosas un poquito raras. Ya ha habido casos un tanto extraños. En las anteriores elecciones los hubo”, ha lanzado De Andrés, si bien ha dicho no recordar “exactamente” esas supuestas “irregularidades” cuando una periodista le ha repreguntado por sus palabras en reiteradas ocasiones. “Lo voy a confirmar, pero creo que hubo algunos casos, desde luego chocantes. Creo recordar”, ha señalado.

De Andrés, después, ha vinculado sus dudas a la “presencia” de Leire Díez en Correos. La socialista vizcaína, a la que ha llamado “fontanera”, está actualmente investigada por corrupción y antes era alto cargo de la entidad postal. Estuvo en Correos de 2022 a 2024, pero en funciones relativas a la filatelia y a las relaciones institucionales.

“Seríamos tontos si no sospecháramos. Es una mafia. ¡Cómo no vamos a sospechar!”, ha insistido el dirigente 'popular', que ha asegurado que si Díez fue capaz de contratar “sicarios” también lo era de manipular unos votos. Correos, eso sí, ya desmintió en un comunicado oficial que Díez tuviese funciones electorales: “Nunca fue responsable del voto por correo”. Más tarde, De Andrés ha reconocido que “indudablemente” no se puede “cambiar una saca por otra”, aunque ha recalcado que tiene la “sospecha” de que “hay gente que lo puede intentar”.

La defensa de Leire Díez ha presentado un recurso contra la decisión del juez a la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de admitir la personación de la jueza de Badajoz Beatriz Biedma. El magistrado aceptó tenerla como perjudicada de un posible delito de calumnias en el caso por las distintas acciones que pudo llevar a cabo la presunta trama para menoscabar su imagen y así perjudicarla en su investigación contra el hemano del presidente del Gobierno.

En el recurso de Leire Díez, al que ha tenido acceso elDiario.es, la defensa explica que para los fiscales y el juez ese delito tendría origen en denuncias presentadas contra Biedma por otro de los presuntos miembros de la trama Leire el abogado y exjuez Luis Sáenz de Tejada. Pero añade que el hecho de que “las denuncias interpuestas contra la jueza hayan resultado archivadas, no significa que los hechos imputados sean falsos y mucho menos que el denunciante sepa, con total convencimiento, seguridad y precisión, que las imputaciones hacia ella son falsas”. “Antes al contrario, no duda de la veracidad de las mismas, por eso interpone las denuncias, sin perjuicio del resultado de su incoación”, añade.

Así, entiende que el archivo de esas denuncias solo presupone “la posible carencia de indicios delictivos” y resalta que la realidad es que Leire Díez “nunca ha imputado un hecho delictivo a nadie”. “Las denuncias presentadas contra la Sra. Biedma fueron únicamente suscritas por el Sr. Saenz de Tejada, imputándosele a mi mandante únicamente haber recibido dichas denuncias y haber mantenido conversaciones con el Sr. Saenz de Tejada sobre las mismas”, indica, para luego insistir que esa participación no es delictiva.

Además, subraya que dado que todo procedimiento judicial incoado contra ella a instancias del exjuez ha acabado archivado, “no ha resultado dañada su honorabilidad ni profesionalidad”. Máxime, añade, cuando las recusaciones presentadas contra Biedma no fueron aceptadas y no fue apartada de su puesto. Recueda también que los artículos que aporta a la causa la jeuza son “meras opiniones informativas”.

Fue el pasado 28 de septiembre cuando tracendió que Pedraz acordó tener como perjudicada en el caso a la jueza instructora de Badajoz como víctima de un posible delito de calumnias y la citaba a declarar como testigo el próximo 8 de octubre. El magistrado seguía así el criterio de la Fiscalía Anticorrupción que en su informe entendía que el resto de delitos que decía la jueza Biedma haber sufrido debían quedar fuera de la investigación.

En concreto, las dos fiscales se referían a la anotación que aparecería en una de las agendas de Leire Díez y en la que se decía literalmente: 'Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano'. Explicaban que ese posible encargo a un clan de narcotraficantes para que hostigara a Biedma no está recogido en ninguno de los informes policiales previos y que “no es posible abrir una línea de investigación por cada una de las anotaciones que aparecen en las múltiples agendas” de la exmilitante.

La jueza quería que se investigara “el significado y alcance de la anotación”, que data del 25 de marzo de 2025, de la que tuvo conocimiento gracias a un medio de comunicación -Artículo 14- y que, por el nombre de 'La Celsa', estaría relacionada con investigaciones que la magistrada dirigía “sobre clanes dedicados al narcotráfico”. Tras la negativa del juez a ampliar su personación por el delito de coacciones, Biedma insistió en que la Audiencia Nacional debía investigar el supuesto encargo para que un clan la intimidara. 

Beatriz Biedma, la magistrada que llevó a juicio al hermano de Pedro Sánchez, insiste en que la Audiencia Nacional debe investigar las supuestas maniobras urdidas en su contra por la presunta trama dirigida por la exmilitante Leire Díez y vinculada al PSOE para “desestabilizar” causa judiciales que afectaban a exdirigentes socialistas y a familiares del presidente del Gobierno. Biedma ha recurrido la decisión del instructor del caso en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, de aceptar su personación solo por las posibles calumnias que pudo sufrir y no por el supuesto encargo para que un clan la intimidara. 

Para intentar revertir esta decisión, la magistrada ha presentado un escrito en el que aporta decenas de vídeos de la campaña en redes contra ella y alude también a la muerte en Badajoz tras “varios disparos de arma de fuego” de Jesús Rocho, un caso que está investigando. El asesinado es el padre de Cinthia Rocho, la mujer que afirmó en un programa de televisión que “un juez y un abogado” la contactaron para que hostigara a la magistrada. En su escrito, la magistrada dice que el crimen fue perpetrado el 30 de diciembre de 2024, en “pleno apogeo” de la instrucción contra David Sánchez y cuando la presunta trama dirigida por Leire Díez ya operaba para “destruir el procedimiento”, si bien no apunta qué relación puede tener con estos hechos. 

Sí establece vinculación con otro episodio vinculado al clan de “Los Rochos”. Se trata de la decisión del Tribunal Constitucional de admitir el recurso de amparo de otro de los hijos del asesinado, quien denunció que Biedma le había denegado el habeas corpus, un recurso judicial para que un juez decida si su arresto es contrario a la ley y le deje en libertad. El tribunal de garantías le dio la razón. Según el escrito, uno de los colaboradores de Leire Díez se basa en esa resolución para decir “continuamente” en vídeos de YouTube que Biedma ha sido “condenada por violar derechos fundamentales”. 

Esos vídeos constituyen, según Biedma, la principal prueba de la existencia de una campaña en su contra. En el escrito, detalla la existencia de varios en los que se vertieron afirmaciones vejatorias, acusándola de actuar de forma ilegal, “pagar favores”, “servir a intereses ajenos a la justicia” o tildándola de “violadora de derechos fundamentales”, “cobarde”, “cínica”, “vaga” o “cordobesa asintomática”. 

El autor de esos vídeos es Luis José Sáenz de Tejada, un antiguo juez que lleva años fuera de la judicatura tras haber sido condenado por amenazas de muerte a su exmujer. Según se desprende de la investigación, aceptó ser el brazo ejecutor de la estrategia de la trama contra Biedma. El plan abarcaba que se personase en el proceso para “paralizar” la causa e incluso asumir la defensa de David Sánchez, algo que nunca sucedió. Pero sí puso en marcha acciones penales contra Biedma que nunca prosperaron. 

En el escrito, la jueza recuerda que la UCO acreditó que Sáenz de Tejada pidió a Leire Díez que difundiera sus vídeos y afirma que las publicaciones del canal se centraron intensamente en ella a partir de agosto de 2024, tras la creación del grupo de WhatsApp “Vacaciones y Viajes”, compuesto por Leire Díez, Sáenz de Tejada y los empresarios Javier Pérez Dolset y Joaquín Parra. Además, mantiene que omitió el nombre de los testigos de los hechos que denuncia para “salvaguardar su futura declaración en el procedimiento de injerencias externas y de posibles presiones, así como para evitar que fueran localizados por la prensa y que sus manifestaciones e identidad fueran publicadas en medios de comunicación”.

La decisión de Pedraz

El juez Pedraz, siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, aceptó su personación como acusación particular pero por el momento sólo como víctima de un posible delito de calumnias. Entendía que el resto de delitos que decía la jueza Biedma haber sufrido debían quedar fuera de la investigación.

En concreto, las dos fiscales se referían a la anotación que aparecería en una de las agendas de Leire Díez y en la que se decía literalmente: 'Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano'. Explicaban que ese posible encargo a un clan de narcotraficantes para que hostigara a Biedma no está recogido en ninguno de los informes policiales previos y que “no es posible abrir una línea de investigación por cada una de las anotaciones que aparecen en las múltiples agendas” de la exmilitante.

La jueza quiere que se investigue “el significado y alcance de la anotación”, que data del 25 de marzo de 2025, de la que tuvo conocimiento gracias a un medio de comunicación -Artículo 14- y que, por el nombre de 'La Celsa', estaría relacionada con investigaciones que la magistrada dirigía “sobre clanes dedicados al narcotráfico”.

Biedma explicaba así en su primer escrito que había tenido conocimiento de la existencia de contactos promovidos por el supuesto grupo criminal investigado en el caso Leire Díez con personas vinculadas a un conocido clan asentado en la ciudad de Badajoz “con la finalidad de actuar contra la magistrada”. Añadía que podía haber sido víctima de una operación que buscaba “la generación de hostilidad” frente a ella “o cualquier otra actuación tendente a presionarla, desacreditarla o comprometer su seguridad personal”.

El juez Pedraz, en cambio, le recordó que la UCO no puede comprobar la trascendencia de esa anotación “sin otros datos que le doten de relevancia” y añadió que la jueza solo dice conocer de esa anotación referente al clan a través de informaciones que, en cambio, no se recogen en su escrito. “Tampoco se recoge en su denuncia que ella fuera directa conocedora u objeto de tales amenazas o coacciones en esos términos en el curso de la instrucción” en la que investigó al hermano de Sánchez.