La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha anunciado que acudirá al Consejo de Transparencia para reclamar amparo y garantizar su derecho de acceso a la información si el Gobierno de Natalia Chueca continúa sin facilitarle el contrato de arrendamiento de industria de ocho millones de euros suscrito entre la sociedad La Nueva Romareda y el Real Zaragoza SAD.

Tras casi dos meses de reclamaciones sin respuesta, el PSOE presentará este lunes un nuevo requerimiento y denuncia que una sociedad participada en un 89% por las administraciones públicas supedite la entrega del documento a la autorización de Ibercaja y del club de fútbol.

La concejala ha criticado que el acceso a un documento relacionado con una inversión mayoritariamente pública dependa de la autorización de Ibercaja y del club de fútbol, y ha advertido de que los retrasos en la construcción del nuevo campo podrían incrementar los costes del proyecto en 135.000 euros mensuales por la necesidad de prolongar el alquiler del Ibercaja Estadio.

Según ha explicado Ranera, la existencia de este contrato salió a la luz a finales de agosto, cuando los socialistas tuvieron acceso a una auditoría de la sociedad en la que figuraba, dentro del apartado de hechos posteriores al cierre del ejercicio, la formalización de dicho acuerdo.

El documento recoge, según la portavoz, que el contrato se firmó el pasado 2 de marzo y que dos días después, el 4 de marzo, se abonó la correspondiente factura. Sin embargo, el PSOE asegura que desconoce las condiciones pactadas, los conceptos incluidos en los ocho millones de euros y las obligaciones asumidas por las partes.

Tras conocer su existencia, los socialistas solicitaron una Junta de Portavoces extraordinaria, que se celebró el 31 de agosto. En aquella reunión se acordó reclamar a la sociedad La Nueva Romareda y a la alcaldesa la documentación correspondiente.

Posteriormente, el 25 de septiembre, se reunió la sociedad y, según la comunicación remitida al PSOE el 2 de octubre, se acordó por unanimidad solicitar autorización formal tanto a Ibercaja como al Real Zaragoza para poder exhibir el contrato de arrendamiento.

Esta respuesta ha provocado las críticas de Ranera, que considera “inadmisible” que el derecho de información de los representantes municipales quede supeditado a la decisión de entidades privadas.

Quién decide sobre el dinero público

Ranera ha recordado que las administraciones públicas controlan conjuntamente el 89% de la sociedad responsable de la construcción del nuevo estadio, una operación que ha situado entre las mayores inversiones acometidas en Zaragoza desde la Expo de 2008 y la implantación del tranvía.

La portavoz socialista ha subrayado que el proyecto alcanza ya una inversión de unos 200 millones de euros y ha cuestionado que los representantes públicos no puedan acceder a toda la documentación económica relacionada con su desarrollo. “¿Es Ibercaja y el Real Zaragoza quienes deciden sobre el dinero público? ¿Quién toma las decisiones en este Ayuntamiento? ¿Para qué se creó esta sociedad? ¿Quizá se creó para no dar cuenta de nada y para que no haya control por parte de la ciudadanía?”, se ha preguntado.

En este sentido, ha insistido en que la participación mayoritaria de las administraciones obliga, a su juicio, a garantizar la fiscalización de las decisiones económicas y contractuales. “¿Por qué no hay transparencia? ¿Por qué hay tanto oscurantismo? ¿Por qué no conocemos las cuentas?”, ha planteado Ranera, que también ha denunciado un trato desigual entre los concejales municipales.

La portavoz socialista ha recordado que el consejero municipal Víctor Serrano mostró el contrato durante una comisión extraordinaria, por lo que considera injustificable que el Gobierno municipal disponga del documento mientras la oposición continúa sin recibirlo. “¿Por qué algunos concejales, como el señor Serrano, sí que tienen el contrato y el grupo municipal socialista no lo tiene?”, ha cuestionado.

Ante la ausencia de respuesta, Ranera ha anunciado que el grupo socialista presentará este mismo lunes un nuevo requerimiento para exigir la entrega del documento a la mayor brevedad. Si no obtiene una contestación satisfactoria, el PSOE acudirá al Consejo de Transparencia para solicitar amparo y reclamar el acceso a la información. “El derecho a la información lo tenemos los concejales igual que lo tiene Víctor Serrano, que es quien tiene este contrato”, ha defendido.

El coste de los restrasos: 135.000 euros al mes

A las críticas por la falta de información, Ranera ha añadido su preocupación por los retrasos conocidos recientemente en la ejecución de las obras del nuevo estadio.

Según ha advertido, el incumplimiento de los plazos inicialmente previstos podría impedir que el Real Zaragoza disponga de las nuevas instalaciones durante parte de la temporada 2027-2028, lo que obligaría a prolongar la utilización del Ibercaja Estadio, el recinto provisional construido para albergar los partidos mientras se ejecuta la Nueva Romareda.

La portavoz socialista ha cifrado en unos 135.000 euros mensuales el posible sobrecoste derivado de ampliar el alquiler de estas instalaciones. “En los últimos tiempos hemos conocido que va a haber un retraso en las obras. Esto, lógicamente, generará unos sobrecostes porque habrá que alquilar más meses el Ibercaja Estadio”, ha advertido.

Ranera ha reclamado que el Gobierno municipal aclare el alcance del retraso, sus consecuencias económicas y quién deberá asumir los gastos adicionales que puedan producirse. “Ya va siendo hora de que la alcaldesa dé explicaciones a la ciudadanía y a los grupos políticos”, ha insistido, al tiempo que “se ha preguntado ”qué tiene que ocultar y por qué nos oculta información“.

Ya se ha pedido permiso a las empresas

Por su parte, el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, se ha amparado en que el contrato de ocho millones de euros entre la sociedad La Nueva Romareda y el Real Zaragoza contiene cláusulas de confidencialidad que obligan a recabar la autorización de las partes firmantes antes de facilitarlo a los grupos municipales. No obstante, según ha explicado, el Consejo de Administración de la sociedad ya ha dado su visto bueno a la petición trasladada por la alcaldesa, Natalia Chueca, y ahora se está a la espera de la conformidad por escrito de Ibercaja y del Real Zaragoza. “Ese es el compromiso que asumió la alcaldesa y eso es exactamente lo que vamos a hacer”, ha afirmado.

Serrano ha reprochado a la portavoz socialista, Lola Ranera, que vuelva a plantear una cuestión “manida” precisamente cuando Zaragoza vive, a su juicio, un momento de ilusión por la visita de representantes de la selección española de fútbol y la exhibición de la Copa del Mundo. Ha acusado al PSOE de intentar “oscurecer los buenos momentos que vive la ciudad” y ha defendido la transparencia del Gobierno municipal. Asimismo, ha restado importancia al contenido del contrato, que asegura haber examinado en una versión anonimizada, y ha vaticinado que las críticas socialistas acabarán siendo “una tormenta en un vaso de agua”.

El Gobierno del PP en Zaragoza ha puesto a la venta una parcela en los antiguos suelos de Filtros Mann, en el barrio de La Jota, para que un promotor privado construya hasta 91 viviendas de precio libre. El solar está donde la prolongación de la calle de Isla Dragonera se encuentra con el nuevo vial paralelo a las vías del tren. El Ayuntamiento lo recibió gratis mediante el 10% del aprovechamiento urbanístico que el desarrollo del ámbito debe ceder al municipio. Pese a que la ley estatal de Suelo destina ese patrimonio a vivienda protegida, el pliego no fija precios máximos de venta ni reserva ningún piso asequible.

El anuncio de licitación se aprobó por resolución del Gobierno de Zaragoza esta pasada semana. El precio de salida es de 3.778.890,47 euros sin IVA y solo puede mejorarse al alza. Este importe lo fijó el Servicio de Administración de Suelo y Vivienda tomando como referencia los precios de las promociones de obra nueva del entorno, y equivale a 1.418,33 euros por metro cuadrado de suelo, 366,61 euros por metro cuadrado edificable y 41.526,27 euros por vivienda.

La parcela, para levantar baja más siete alturas, mide 2.664,32 metros cuadrados. Da por el norte a la prolongación de la calle de Isla Dragonera y por el este, al vial que discurre junto al trazado ferroviario. Se trata de la parcela en la que se materializa la cesión del 10% que corresponde al municipio en un ámbito en el que se levantarán 914 viviendas.

Los criterios de la enajenación: prima el precio

El Ayuntamiento ha presentado la operación como una venta en la que se dará “gran importancia a la propuesta técnica”, según las fuentes municipales que citó 'Heraldo' el día de la aprobación. Pero el pliego dice otra cosa: la calidad y eficiencia del edificio y la reducción de plazos suman 10 de los 100 puntos, mientras que la oferta económica reparte hasta 85 puntos y el adelanto del pago, otros 5. La sostenibilidad energética, ambiental o social del edificio puntúa como máximo 5.

El adjudicatario tendrá que pagar al menos el 20% del precio, más IVA, en los 15 días hábiles siguientes a la notificación, y el resto antes del 30 de junio de 2027. Entre los fines de la venta, el propio pliego menciona “el cumplimiento de los ingresos municipales”. Solo pueden optar empresas con experiencia acreditada en al menos una promoción de 80 viviendas o más en los últimos diez años, lo que deja fuera a los promotores pequeños.

El Gobierno municipal se apoya para la operación en la Ley de Urbanismo de Aragón, que permite vender por concurso con varios criterios los suelos del patrimonio público para los que el planeamiento prevé uso residencial sin exigir vivienda protegida. Frente a esto, la ley estatal de Suelo dice que los bienes que forman necesariamente ese patrimonio, entre ellos las cesiones obligatorias, deben destinarse a vivienda con algún régimen de protección pública.

Esa contradicción ya llegó al Justiciazgo de Aragón por otra venta, la de los antiguos terrenos de Alumalsa en el barrio de San José, entre la calle de Neptuno y la calle de Santa Gema y donde se pueden construir más de un centenar de viviendas. En su respuesta a la Justicia, los servicios municipales sostuvieron que destinar esos suelos a vivienda pública supondría una importante pérdida patrimonial para el municipio, y que el dinero de la venta se dedicaría por ley a conservar el patrimonio municipal de suelo. El 21 de julio de 2026, la Justicia, Concepción Gimeno, sugirió al Consistorio que interpretara el uso residencial de esas parcelas en coherencia con los fines que la ley aragonesa fija para el patrimonio público de suelo, y que tuviera en cuenta las expectativas vecinales. El Ayuntamiento adjudicó las dos parcelas por 9.353.000 euros a Residencial del Canal S.L.

Suelos contaminados y riesgo de inundación

La parcela se vende sin derecho a reclamar por la superficie ni por condiciones geológicas que encarezcan la obra. Los acuerdos del proyecto de urbanización del área reconocen la presencia de suelos contaminados: no exigen una descontaminación general, pero sí un plan de seguimiento del movimiento de tierras y una dirección medioambiental durante la excavación, como condición de la licencia de obras. El Registro de la Propiedad anotó también un riesgo bajo de inundabilidad en parte del área, con un periodo de retorno de 500 años, según la cartografía del SITEbro.

Las viviendas tardarán. El comprador tendrá de plazo hasta octubre del año que viene para pedir la licencia y la obra deberá durar entre 21 y 30 meses, así que los primeros pisos no se entregarían antes de 2029 y lo más probable es que lleguen en 2030. Tampoco podrá revender el solar sin autorización municipal hasta terminar el edificio.

Las fiestas del Pilar han cerrado su primer fin de semana marcado por el puente festivo, del viernes 9 al lunes 12 de octubre, con un balance de más de 1,6 millones de participaciones, según los primeros datos provisionales, en cuatro jornadas marcadas por el buen tiempo, la gran afluencia de público y el desarrollo de los actos sin incidentes relevantes y con una ofrenda de flores “récord”, según ha subrayado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

“Lo interesante de la ofrenda de flores de ayer, que fue una ofrenda de récord, hubo más de 135.000 oferentes, para que se hagan una idea, el año pasado ya fue de récord y fueron 112.000 oferentes, este año estamos hablando de 135.000”, ha comparado. Chueca ha atribuido parte de este aumento de participación a todos los cambios que se han hecho en la forma de proceder que la hacen “muchísimo más ágil” y pudo finalizar justo unos minutos antes de medianoche de este mismo 12 de octubre.

La tradición, el folclore y la emoción han marcado una jornada que ha extendido la celebración por los escenarios musicales, los espacios familiares y los recintos de ocio de la ciudad. Sumando todos los actos se ha registrado un multitudinario día 12 de octubre, con 742.561 participaciones y la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar como principal protagonista ha reunido 544.530 participaciones, con 134.116 oferentes y 410.414 personas de público en la plaza a lo largo de la jornada.

La celebración ha vuelto a expresar el vínculo de Zaragoza con su patrona y la fuerza de una tradición que reúne a distintas generaciones y procedencias en torno a las flores, la indumentaria y la devoción. Durante su desarrollo se han celebrado también el XIV Concurso de Traje Aragonés y el XI Concurso de Flores, Canastillas y Arreglos Florales.

La jornada del 12 de octubre ha comenzado de madrugada con el Rosario de la Aurora, que ha congregado a 5.000 personas. En conjunto, los actos tradicionales del día han sumado 549.530 asistencias. La ofrenda de flores ha sido el acto más multitudinario, mientras que los actos del pregón reunieron a 198.700 asistencias, entre el desfile, la lectura, las retransmisiones y el Pregón de Interpeñas.

Otros puntos de la ciudad

El escenario Ámbar Fuente de Goya ha acumulado desde el día 9 de octubre 99.000 asistentes, con los conciertos de Antonio Orozco y Dani Fernández y la actuación de los ganadores de los certámenes de jota; Espacio Zity ha sumado 105.000, y Estación del Norte ha congregado a 16.100.

La gran afluencia se ha extendido al Recinto Ferial de Valdespartera, con 240.800 visitas, las Food Trucks del Parque de San Pablo, con 102.100, y el Mercado de Otoño, con 29.000. La programación infantil ha registrado 101.134 asistencias, entre ellas 65.500 en Río y Juego, y la Subida de la Virgen ha congregado a 18.200 personas, en uno de los momentos más emotivos de estas primeras jornadas.

El sistema de seguridad y las cámaras de conteo de la plaza del Pilar han registrado 1.243.286 accesos durante el puente, una cifra que refleja el intenso y constante movimiento de público en el corazón de las fiestas. Este registro de entradas ha puesto de manifiesto la gran afluencia a la plaza a lo largo de las jornadas, tanto para disfrutar de los actos programados como para compartir el ambiente festivo.

La notable presencia de visitantes de fuera de Zaragoza se ha reflejado en la ocupación de los alojamientos: los hoteles han alcanzado entre el 95 por ciento y el cien por cien durante el puente, mientras que los apartamentos turísticos y el camping han registrado un cien por cien de ocupación.

El escenario Ámbar Fuente de Goya ha reunido a 9.000 personas entre la actuación de los ganadores del XL Certamen Oficial Benjamín, Infantil y Juvenil y del CXL Certamen Oficial de Jota Aragonesa y el festival folclórico de la Federación de Casas Regionales y Provinciales en Aragón.

Música en los grandes recintos

La música en directo ha continuado en los grandes recintos. Ana Mena y Marina Reche han congregado a 21.000 personas en Espacio Zity, mientras que Camela ha reunido a 8.000 asistentes en el Pabellón Príncipe Felipe.

En la Estación del Norte, Screamin' Cheetah Wheelies y Direi han contado con 2.300 asistentes, y Teenage Fanclub y Carasueño han reunido a 1.700 en el Jardín de Invierno.

Y el Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor ha sumado 1.392 espectadores con This Is Michael, homenaje a Michael Jackson, en la Sala Mozart.

Por su parte, 'Zaragozando', dentro de El Pilar con Nuestros Mayores, ha congregado a 1.320 personas en sus dos funciones en la Sala Multiusos. La Unión Musical Torrero ha reunido a otras 250 personas en la cúpula geodésica del Parque La Granja.

La programación infantil ha registrado 32.430 asistencias, con Río y Juego como principal punto de encuentro familiar, con 26.500 visitas en el Frente Fluvial Expo. El Parque de las Marionetas ha recibido a 3.200 personas en el Parque José Antonio Labordeta y Las Tribus del Parque ha contado con 700 participantes.

Las propuestas infantiles también han llegado a los barrios. El León Garganchón ha reunido a 1.127 participantes en Santa Isabel, mientras que el Tragachicos ha contado con 903 en San José.

Valdespartera

Por otro lado, el Recinto Ferial de Valdespartera ha recibido 50.800 visitas, las Food Trucks del Parque de San Pablo han registrado 26.000 y el Mercado de Otoño de la plaza Aragón ha contado con 7.000.

En Valdespartera, la Feria de la Cerveza Oktoberfest ha reunido a 1.500 personas y el III Festival Internacional de Circo de Zaragoza ha sumado 1.825 asistentes. Las artes escénicas al aire libre han reunido a 920 personas, con 740 asistentes a Fisgoneo, de la compañía De Tal Palo, en Delicias de Circo, y 180 a Versus, de la compañía Passabarret, en Humor en Xior. El espectáculo Agua, Luz y Sonido ha congregado a 1.800 personas en las fuentes del Parque José Antonio Labordeta.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado la campaña contra las agresiones sexistas para las Fiestas del Pilar de 2026, que recupera el lema del 'No es no' y desplegará siete 'Espacios seguros' en las zonas de mayor concentración de público. Estos recursos sustituyen a los anteriores puntos violeta, eliminados por imposición de Vox.

Los nuevos 'Espacios Seguros' mantienen entre sus funciones la prevención y atención ante agresiones sexistas y violencia sexual, pero, a diferencia de los antiguos puntos violeta, dejan de estar específicamente dedicados a la violencia machista e incorporan otras situaciones, como las violencias relacionadas con la identidad o los riesgos asociados al consumo de sustancias, las relaciones sexuales y la conducción bajo los efectos del alcohol.

La consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, ha defendido la continuidad de una campaña iniciada en 2021 y que, según ha señalado, ya es reconocible para la ciudadanía. Este año utiliza el formato de un concurso televisivo en el que un joven debe responder qué hacer cuando una mujer le dice que no quiere que la acompañe. La respuesta: “Respetar su no”. El mensaje se difundirá desde este martes en mupis, autobuses, redes sociales y antes de los conciertos.

Los siete 'Espacios seguros' estarán instalados en la plaza del Pilar, Recinto Ferial, Espacio Zity, Estación del Norte, Jardín de Invierno, Fiesta Viral Light y la zona de foodtrucks del parque San Pablo, con un total de 186,5 horas de atención.

La estrategia municipal se completa con el protocolo contra las agresiones sexistas en espacios de ocio y deportivos, al que están adheridos 146 establecimientos, y el programa 'Taxi seguro'. También se han organizado cuatro sesiones de defensa personal en colaboración con la Universidad de Zaragoza.

PSOE y ZeC reclaman recuperar los Puntos Violeta

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha respaldado el mensaje de la campaña 'No es No', pero ha reprochado al Gobierno de Natalia Chueca que no lo acompañe de recursos específicos para proteger a las mujeres frente a la violencia machista. Ranera ha situado como ejemplos la eliminación de los Puntos Violeta, sustituidos por los nuevos “Espacios Seguros”, y el retraso de Zaragoza en incorporarse plenamente al sistema Viogén.

A su juicio, los Puntos Violeta, impulsados desde el Ministerio de Igualdad, tenían una función clara: identificar un espacio de atención y acompañamiento para las mujeres que pudieran sufrir una agresión. “No era una cuestión estética ni de colores. Era una forma de decir alto y claro que la violencia machista existe y que las mujeres tienen derecho a recibir una atención específica”.

La socialista considera “muy preocupante” que la violencia machista se diluya ahora junto a otras situaciones bajo una denominación genérica y ha reclamado recuperar estos dispositivos específicos.

También la portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, ha reclamado su recuperación, y ha destacado en su crítica que el cambio no supone, según sus datos, una ampliación de recursos. En 2024 hubo ocho Puntos Violeta y 225 horas de atención, mientras que para estas fiestas se anuncian siete Espacios Seguros y 186,5 horas. “No estamos hablando de ampliar recursos, sino de reducirlos con menos espacios y menos horas de atención”.

Tomás ha cuestionado además que bajo estos nuevos espacios se agrupen las agresiones sexistas con cuestiones como el consumo de alcohol y drogas o la conducción. “Todo puede ser importante”, ha señalado, pero considera que al integrarlo en un mismo dispositivo la violencia machista pierde un recurso “propio, reconocible y específicamente identificado para las mujeres”.

“Necesitamos nombrar la violencia machista, prevenirla y garantizar espacios especializados donde las mujeres sepan que pueden acudir y encontrar apoyo”, ha concluido.

Menos violeta pero más accesible

Las Fiestas del Pilar estrenarán este año un Punto Accesible en la plaza del Pilar para facilitar a las personas con discapacidad el disfrute de los conciertos. El Ayuntamiento de Zaragoza pondrá en marcha esta experiencia piloto durante las actuaciones musicales de los días 10, 11, 12 y 14 de octubre.

El espacio ofrecerá información y atención personalizada en castellano, inglés y lengua de signos española, además de diferentes recursos adaptados. Entre ellos habrá cascos antirruido y tapones para personas con hipersensibilidad sensorial, mochilas vibratorias que permiten a las personas sordas percibir la música mediante vibraciones y lazos de inducción magnética para usuarios de audífonos o implantes cocleares compatibles.

También se instalarán códigos NaviLens para facilitar a las personas con discapacidad visual la localización del espacio y el acceso autónomo a la información. Los usuarios podrán valorar posteriormente las medidas mediante un cuestionario que servirá para estudiar su continuidad y posible extensión a otros actos.

El Punto Accesible funcionará de 21.00 a 00.00 horas los días 10, 11 y 14, y de 17.00 a 00.00 horas el Día del Pilar.

La segunda novedad es una web desarrollada por Zumo Cítrico en colaboración con el Ayuntamiento que permitirá consultar previamente las condiciones de accesibilidad de los actos y filtrar la programación según necesidades de movilidad, visión, audición o sensibilidad al ruido y las aglomeraciones.

Cada actividad incluirá información sobre accesos, zonas reservadas y recursos disponibles, además de mapas con transporte público y aparcamientos adaptados. La plataforma cubrirá los diez días de fiestas, del 9 al 18 de octubre, y se actualizará dos veces al día con los datos de la agenda municipal.

La huelga de limpieza y recogida de basuras de Zaragoza entra este martes en una nueva fase y lo hace con el conflicto cada vez más enconado. CGT y CCOO han convocado desde las 21.00 horas una huelga indefinida en los servicios de limpieza viaria, recogida de residuos y puntos limpios después de 20 meses de negociaciones sin acuerdo con FCC Medio Ambiente.

A las diferencias laborales se suma ahora un duro intercambio de acusaciones entre sindicatos y empresa, mientras la tensión que rodea al conflicto ha alcanzado también a la consejera municipal Tatiana Gaudes, que denunciará ante la Policía Nacional la aparición de una pegatina pidiendo su dimisión en el portal donde vive su madre.

Los sindicatos han convocado para esta noche piquetes informativos ante las instalaciones de FCC en la carretera de Castellón, que se repetirán a las 7.00 horas de este miércoles. A las 9.30 horas está prevista además una concentración en la sala Multiusos del Auditorio, coincidiendo con la celebración de la feria de empleo.

“Pedimos un convenio justo que garantice el poder adquisitivo, acabar con la precariedad y avanzar en medidas de conciliación e igualdad”, han señalado CGT y Hábitat CCOO al anunciar el comienzo de los paros indefinidos.

La huelga llega después de los paros parciales iniciados el pasado 30 de septiembre, que tuvieron un carácter todavía limitado y que los propios trabajadores presentaron como la antesala de la movilización indefinida si no se producía un acercamiento con FCC. Aquel día, la plantilla se manifestó por el centro de Zaragoza y trasladó posteriormente sus reivindicaciones al pleno municipal.

Detrás de la disputa por los porcentajes salariales hay un conflicto que los trabajadores llevan meses tratando de trasladar también al terreno de sus condiciones cotidianas. Durante aquella primera jornada de paro, dio voz a la advertencia lanzada por uno de los trabajadores el mismo día de la muerte de su compañero Fernando de que podían “matarse más trabajadores” si no se corregían determinadas condiciones de trabajo. El testimonio puso el foco en unas reivindicaciones que, según los sindicatos, van más allá de los salarios e incluyen la seguridad, la organización del trabajo, la conciliación y los permisos.

Ahora, con las negociaciones nuevamente bloqueadas, CGT y CCOO aseguran que la dirección de FCC en Zaragoza no ha presentado ninguna propuesta concreta que permita avanzar respecto a las ofertas ya rechazadas por la plantilla.

Los sindicatos sitúan además parte del conflicto en la relación económica entre la concesionaria y el Ayuntamiento. A su juicio, los responsables de FCC les han “empujado claramente a la convocatoria de huelga” con el objetivo de presionar al Gobierno de Natalia Chueca para que incremente el presupuesto del servicio y aumentar así el beneficio de la compañía.

“FCC está echando un pulso claro al Gobierno de Chueca para evidenciar y dejar claro que las multinacionales como esta tienen el poder de los servicios públicos y no los gobiernos”, sostienen CGT y CCOO.

FCC responde: “Basta ya de falsedades”

La empresa ha respondido elevando también el tono. “Basta ya de falsedades”, ha replicado FCC Medio Ambiente, que rebate las cifras y argumentos utilizados por los sindicatos y pone sobre la mesa los salarios y la jornada laboral de los trabajadores, informa Europa Press.

Según los datos facilitados por la concesionaria, la jornada equivale a 34 horas semanales, 1.585 horas al año, y el salario medio de la plantilla de limpieza pública se encuentra un 9,5% por encima del salario medio de Aragón para el conjunto de sectores.

FCC cifra entre 28.000 y 31.500 euros brutos anuales el sueldo de los peones y entre 34.500 y 40.000 euros el de los conductores. La compañía asegura además que las retribuciones de la plantilla se encuentran por encima de las correspondientes a puestos equivalentes del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón.

La empresa rechaza igualmente que los salarios lleven años sin actualizarse. Según sus cifras, entre 2021 y 2024 aumentaron un 11,63% y la propuesta presentada para el periodo 2025-2027 supondría otro 9,4%. De aceptarse la oferta, sostiene FCC, el incremento acumulado desde 2021 superaría el 21%.

Otro de los principales puntos de fricción son los diez millones de euros adicionales consignados este año en el presupuesto municipal para el servicio. Los sindicatos han utilizado esa cifra para cuestionar la falta de avances salariales, pero FCC niega que ese dinero constituya un aumento directo de sus ingresos respecto al ejercicio anterior.

La empresa asegura que esos diez millones corresponden a conceptos pendientes de cobro, entre ellos revisiones de precios de ejercicios anteriores, amortizaciones crecientes y otras cantidades adeudadas. Mientras no se abonen, añade, es la propia concesionaria la que está soportando los costes financieros.

Una pegatina en el portal de la madre de Gaudes

Al margen de las actuaciones convocadas por los sindicatos, la tensión que rodea al conflicto ha tenido en las últimas horas otro episodio sucedido este lunes y que, según fuentes municipales, se denunciará ante la Policía Nacional. La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, denunció en su redes sociales la aparición de una pegatina con su imagen vestida con el uniforme de la limpieza y la palabra “dimisión” en el portal donde reside su madre.

“Hoy han colocado en la puerta de la casa de mi madre esto. Los vecinos lo han retirado para evitar que ella tuviera que verlo. Ningún otro portal señalado. Solo el suyo. Reivindicar es legítimo. Señalar el domicilio de un familiar, no”, denunciaba Gaudes .

A esta pegatina se suma una pintada realizada con espray verde en la pared de otro inmueble con el mensaje “Tatiana Gaudes dimisión”.

También la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, condenó inmediatamente lo sucedido. “Atacan al Estado de derecho, atacan a la libertad, atacan a concejales... así no”, ha escrito en X al compartir la denuncia de Gaudes.

No consta que los sindicatos convocantes de la huelga hayan reivindicado la autoría de estas acciones ni existe, con los datos conocidos, ningún elemento que permita atribuírselas.

La huelga indefinida comenzará así a las 21.00 horas después de unos primeros paros parciales y sin que las posiciones de FCC y los representantes de los trabajadores se hayan acercado. El conflicto entra además en una semana especialmente sensible para la ciudad, a las puertas de las Fiestas del Pilar.

El Ayuntamiento de Zaragoza volverá a levantar el asfalto de la ciudad antes de que acabe el año. El Gobierno de Natalia Chueca (PP) ha presentado una segunda Operación Asfalto 2026, con un presupuesto base de licitación de 1.249.990,48 euros para renovar 32.809 metros cuadrados de calzada en 32 calles. La actuación, que se suma a la campaña ejecutada este verano, se financia mediante una modificación presupuestaria. Con ella, el Consistorio reconoce implícitamente que la dotación ordinaria no alcanzaba para atender el deterioro de los pavimentos, que la propia alcaldesa describe como necesidades “amplias y apremiantes”.

La ciudad alcanzará a lo largo de este año una inversión global superior a los 3,2 millones de euros para renovar cerca de 96.000 metros cuadrados de firme en 87 vías.

El proyecto, redactado por el Servicio de Conservación de Infraestructuras, sale ahora a información pública. Eso significa que todavía debe superar ese trámite y la licitación antes de adjudicarse. El Ayuntamiento prevé un plazo de ejecución de seis semanas y sitúa las obras “a final de este año”, sin concretar fechas. El calendario deja poco margen: cualquier retraso en la contratación empujaría los trabajos a 2027.

Chueca ha enmarcado la operación en el compromiso de hacer un “esfuerzo sin precedentes” en la escena urbana. En términos unitarios, la inversión sale a unos 38,10 euros por metro cuadrado. Además del fresado y el reasfaltado, incluye la adaptación a rasante de 21 tapas de registro, la sustitución de otras 33 y 655 metros cuadrados de saneos profundos, de hasta 50 centímetros, en los tramos más degradados.

El Consistorio empleará dos tipos de mezcla bituminosa tras fresar cinco centímetros de firme. En 17.563 metros cuadrados de calles con poco tráfico pesado se aplicará hormigón asfáltico AC-11 surf 50/70 D. En los 15.246 metros cuadrados restantes, que corresponden a vías con paso habitual de autobuses y camiones de reparto, se usará una mezcla discontinua modificada con polímeros (SMA-20 surf PMB 45/80-65), más resistente a frenadas y giros de vehículos pesados. El pliego exigirá a las contratistas personal dedicado en exclusiva a ordenar el paso de peatones durante las obras.

La mitad de la superficie se concentra en cinco distritos. San José encabeza el reparto con 5.178 metros cuadrados, seguido de El Rabal (4.363), Oliver-Valdefierro (2.892), Actur-Rey Fernando (2.464) y Las Fuentes (2.337). Entre los cinco suman 17.234 metros cuadrados, el 52,5% del total, mientras que los otros 14 distritos y barrios rurales se reparten los 15.575 restantes. El Ayuntamiento no ha detallado en su presentación qué 32 calles concretas se asfaltarán ni con qué criterios se han seleccionado.

Casco Histórico (1.429 m² totales):

Centro (1.060 m² totales):

Delicias (2.038 m² totales):

Universidad (831 m² totales):

San José (5.178 m² totales):

Las Fuentes (2.337 m² totales):

La Almozara (1.440 m² totales):

Oliver-Valdefierro (2.892 m² totales):

Torrero (930 m² totales):

Actur-Rey Fernando (2.464 m² totales):

El Rabal (4.363 m² totales):

Santa Isabel (649 m² totales):

Casablanca (908 m² totales):

Distrito Sur (1.066 m² totales):

Casetas (978 m² totales):

Juslibol (1.004 m² totales):

Movera (536 m² totales):

Peñaflor (1.755 m² totales):

San Juan de Mozarrifar (951 m² totales):

La polémica con los salarios incluidos en el arreglo de las riberas del río Huerva a su paso por Zaragoza, una de las actuaciones más emblemáticas impulsadas por el Gobierno del PP en la ciudad, es solo la última de un reguero de pasos controvertidos que se suman además a su elevado sobrecoste: los trabajos van a terminar suponiendo un gasto público de 34 millones de euros como mínimo, cuando lo anunciado fueron 24 millones.

El último incremento se ha conocido esta semana, con 2,2 millones de euros extras para la segunda fase del proyecto. El Ayuntamiento ha aprobado dos modificados de contrato, uno por tramo, que ha justificado por circunstancias sobrevenidas, requerimientos técnicos y mejoras ambientales. Según el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, los cambios van a servir “para mejorar el proyecto, reforzar la seguridad estructural y beneficiar su valor medioambiental”. En el primer tramo, entre el puente Blasco del Cacho y la Gran Vía, el aumento es de 1.164.420,89 euros IVA incluido. La causa principal es el talud de la calle de Manuel Lasala: tras las lluvias de finales de septiembre de 2025 aparecieron rellenos inestables de escombros, ladrillos y plásticos, lo que ha obligado a vaciar la ladera y a sustituir la escollera prevista por técnicas de bioingeniería.

En el segundo tramo, entre Miguel Servet y la desembocadura, el sobrecoste es de algo más de un millón de euros. El Consistorio lo atribuye en este caso a la erosión de las crecidas bajo el muro de la calle del Doctor Aznar Molina, que según Serrano ha obligado a “ejecutar trabajos de refuerzo estructural mediante hormigonado sumergido”. También a la aparición de restos del antiguo Convento de San José y de más de un centenar de restos óseos, y a mejoras en el drenaje, las barandillas, el alumbrado, el riego y los juegos infantiles. 'El Periódico de Aragón' ha concretado, a partir del expediente, que el riego previsto crece un 20%, la extracción de rellenos del cauce un 77%, los trabajos de bioingeniería un 139% y los recursos para arqueología se duplican.

Inicialmente, la actuación iba a costar 24 millones de euros, con 10 millones en una primera fase y otros 14 en una segunda, tal y como anunció el propio Ayuntamiento.

Con la primera etapa se cumplió, y de hecho la adjudicación a la UTE COPHA-Construcciones MLN destinada a mejorar la biodiversidad y acometer la regeneración paisajística e hidromorfológica de las riberas rebajó la inversión en 1,5 millones de euros, aunque el gasto final fue algo mayor. Pero con la segunda el sobrecoste ha sido muy intenso.

Primero, el Ayuntamiento tuvo que acometer una modificación presupuestaria –aprobada en pleno en plena canícula del año pasado, el 29 de julio– de siete millones de euros por un error grave de cálculo en el anteproyecto, que según manifestó abiertamente la alcaldesa, Natalia Chueca, se presupuestó “a mano alzada”, entre duras críticas de la oposición. La concejal socialista Marta Aparicio tachó de “inconcebible” que la iniciativa se hubiera medido “a ojo”.

Finalmente, la inversión comprometida alcanza los 34 millones de euros, y eso que los trabajos aún no han terminado.

Pero la pata presupuestaria no es la única que ha generado controversia. Los trabajos han generado intensas quejas en el vecindario, que ha denunciado vibraciones en los edificios, filtraciones en garajes, ruido desde primera hora de la mañana o la presencia de ratas. Mientras, los colectivos ecologistas han denunciado “podas agresivas” que han generado “heridas irrecuperables” en el arbolado y falta de protección de las plantas que provoca “la desestabilización” de los ejemplares.

Además, el Gobierno del PP en Zaragoza ha empleado parte de la financiación para publicitar el proyecto en medios afines como EDA TV –Estado de Alarma–, el portal ultra impulsado por Javier Negre, al que destinó 6.060 euros. Y lo mismo a digitales como The Objective, El Debate, Periodista Digital, ABC, El Confidencial o elEconomista. En total, el dembolso entre finales del año pasado y mayo de 2026 rondó los 230.000 euros.

Y la última controversia, como ha desvelado elDiario.es, tiene que ver con el pago de nóminas a cargos de confianza, entre altos directivos o asesores de comunicación, con los fondos europeos que financian el proyecto. Un montante que supera los 850.000 euros y que la Fundación Biodiversidad, perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica, no acepta como gasto, lo que puede derivar en un conflicto entre las dos instituciones.

Hay salarios cargados de trece personas, seis de ellas de confianza. Y se dan situaciones llamativas, como la de un asesor de comunicación cuyo sueldo salió el año pasado casi al completo de este proyecto –pese a que siguió llevando a cabo su trabajo normal en el Ayuntamiento– o el del coordinador general de Urbanismo, que percibió 72.000 euros de aquí por once meses de trabajo, casi su nómina anual entera.

El Gobierno de Zaragoza ha licitado un acuerdo marco para encargar a empresas externas la redacción de proyectos de reforma de calles, renovación de tuberías y alumbrado público, además de la dirección de las obras. El presupuesto, tal y como aprobó el equipo de gobierno del PP el 9 de septiembre, es de 1.210.000 euros (IVA incluido) para dos años. La Dirección de Infraestructuras lo justifica en que sus servicios “no cuentan con los medios materiales ni humanos suficientes”. El informe que lo acredita no cuantifica ni la plantilla disponible ni la carga de trabajo.

El contrato puede prorrogarse dos años más, hasta un valor estimado de 2 millones de euros. Se divide en cuatro lotes, con hasta tres empresas por cada uno. El primero –302.500 euros– cubre proyectos de obras de hasta 1.680.000 euros de presupuesto de ejecución material. El segundo –242.000 euros– abarca los que van de esa cifra hasta 3,5 millones de euros. El tercero –302.500 euros– es para alumbrado público. Y el cuarto –363.000 euros– incluye direcciones facultativas y apoyo a la inspección de obras.

El pliego técnico sostiene que existe una “constante necesidad de actuar” en la potabilizadora, la red de abastecimiento, los viales, los puentes y el alumbrado. Entre las obligaciones normativas que contribuyen a ello, cita la Ordenanza Municipal de Accesibilidad y el decreto estatal que exige reducir las fugas evitables de agua potable. También alude a la “mayor consignación presupuestaria” para infraestructuras en los últimos años, que genera trabajos de ingeniería que, según el documento, “es urgente atender”.

Aunque los técnicos municipales seguirán redactando proyectos, el Gobierno municipal recurrirá a las empresas ante “puntas de trabajo” o ante actuaciones que por su “extensión y complejidad” no pueda asumir, como la rehabilitación integral de puentes, la reforma de grandes avenidas o las tuberías arteriales.

Honorarios en función del coste

Los honorarios dependen del coste de cada obra. En el primer lote, los proyectos de obras de hasta 33.613,45 euros se pagarán a un precio máximo de 1.800 euros, y los de hasta 100.000 euros, a 2.500 euros. Por encima, se aplica un coeficiente del 3% sobre el presupuesto hasta 500.000 euros y del 2,8% hasta 1.680.000 euros. En el segundo lote el coeficiente baja al 2,6%. Para estimar el coste, el pliego fija módulos orientativos: 350 euros por metro cuadrado de reforma de calle o 550 euros por metro lineal de tubería arterial de 300 milímetros de diámetro.

Finalmente, el cuarto lote incluye también visitas de apoyo a la inspección en obras sin proyecto y en trabajos de terceros en la vía pública: se pagarán a 60 euros por visita, con una duración mínima de hora y media, y 20 euros por cada hora adicional. El pliego deja claro, no obstante, que el personal externo no tendrá la condición de autoridad, y únicamente un funcionario podrá levantar actas con presunción de certeza u ordenar la paralización de una obra.

Lío a la vista con la reforma de las riberas del Huerva impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza, una iniciativa sufragada con fondos europeos y cuyo coste se ha disparado hasta los 34 millones de euros. La Fundación Biodiversidad –perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y que canaliza desde el Gobierno central estas ayudas– ha rechazado un gasto en nóminas que asciende a 868.000 euros, la mayor parte de cargos de confianza y que en algunos casos incluyen el salario anual entero. Y eso que en varios casos el “parte de horas” registrado muestra que no se dedicó tiempo a esta labor.

El gasto en plantilla que la Fundación Biodiversidad no acepta se enmarca en los proyectos Ciudades, de mejora de la biodiversidad en el entorno del Huerva, y Ríos, Restitución paisajística-hidromorfológica. Y afecta a trece personas: entre ellas, Blanca Solans, actual consejera de Hacienda y Fondos Europeos y antes directora general de Fondos Europeos; su sucesora en este cargo; el coordinador general del Área de Urbanismo; el jefe del Departamento de Gestión de Fondos Europeos; la directora de comunicación del Ayuntamiento, o asesores e interinos con labores de comunicación.

El grado de imputación del gasto objeto de la polémica varía mucho: mientras que de Solans se pasaron apenas 4.000 euros de 2022 y 2023, una parte mínima de su sueldo, el ahora coordinador general de Urbanismo superó el año pasado los 71.000 euros, lo cual supone un elevado porcentaje de sus percepciones totales porque encima tomó posesión del cargo en febrero. Mientras, el salario del jefe del Departamento de Gestión de Fondos Europeos derivado al proyecto del Huerva llegó a 50.232 euros ese año, más de la mitad de su nómina –pública, como todos estos puestos–. Y en el caso de un asesor de comunicación –personal eventual– equivalió el pasado ejercicio a su salario completo, pese a que continuó desarrollando su trabajo normal en el Ayuntamiento.

En total, el gasto en personal cargado por el Gobierno del PP a ambos proyectos europeos y que la Fundación Ecodiversidad no acepta asciende a 858.218,98 euros, encuadrado en cinco ejercicios presupuestarios (de 2022 a 2026). De estos, 456.634 euros son de puestos de confianza. Solo al salario de uno de los asesores de comunicación se han destinado con estos fondos 122.000 euros en cuatro años. A una alta funcionaria municipal de Medio Ambiente, 141.000 euros en el mismo periodo. Y al jefe del Departamento de Gestión de Fondos Europeos, 100.000 euros.

En los dos informes, la Fundación Biodiversidad excluyó los sueldos del personal funcionario y eventual del Ayuntamiento por considerarlo “estructural, ordinario o recurrente” y no financiable con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). La Subdirección General de Fondos Europeos, del Ministerio de Hacienda, confirmó esta regla general, pero matizó que el criterio determinante es si el coste estaba previsto en la estimación de origen del Plan de Recuperación.

Y aquí es donde se le abre la puerta al Ayuntamiento de Zaragoza. El Consistorio alegó, por un lado, que las propias bases de estas ayudas permiten imputar hasta el 80% del coste de personal propio no contratado al efecto. Y, por el otro, que existe un cuadro de recursos humanos aprobado desde el origen de la convocatoria y que la Fundación dio por válida una modificación presupuestaria del Ayuntamiento que incorporaba parte del gasto en salarios y que identificaba nominalmente a los empleados.

Sin horas de trabajo en el parte

La propuesta de Acuerdo de Gobierno que recurre la liquidación el pasado 9 de septiembre, por cierto, está precisamente firmada por la consejera Blanca Solans, la directora de Fondos Europeos y el jefe de Gestión de Fondos Europeos, los tres con parte del salario derivado a la reforma del Huerva.

Pero hay más. Según recoge el propio informe, en el primer trimestre de este año se cargó a estos proyectos europeos la nómina de ocho empleados municipales pese a que el propio parte de horas proporcionado por el Ayuntamiento no permitía “verificar” que se dedicara nada de tiempo al proyecto, motivo por el que la Fundación no considera “elegible” este gasto. Según fuentes del Consistorio, la razón de ello es que, por la naturaleza de estos empleos –que incluye a asesores de comunicación pero también a personal laboral y funcionario– y la flexibilidad de las jornadas, resulta imposible que haya un registro horario.

Contactado por este periódico, fuentes de la Fundación Biodiversidad eluden la polémica. “No entramos a valorar públicamente los proyectos”, apuntan.

Los últimos presupuestos del actual mandato de Natalia Chueca pueden ser los más baratos y, al paradójicamente, también los que más coste político le generen al Gobierno del PP. La portavoz de Vox, Eva Torres, ha augurado este viernes una posición más dura por parte de su formación y ha vinculado el apoyo a las cuentas de 2027 no solo a las propuestas que formulen, sino al cumplimiento de lo acordado en el pasado. “Dedíquese más a la gestión, menos atril en la calle y menos fiestas”, ha advertido la edil a Chueca. Los populares no necesitan a Vox para alcanzar la mayoría plenaria, pero en ese caso tendrían que echarse en brazos de la concejal tránsfuga, Marisa Gaspar, con el desgaste que eso genera.

“Los acuerdos están para cumplirlos. Hay algo peor que perder un presupuesto, y es perder tu palabra y tu credibilidad”, ha lamentado la portavoz de Vox durante un desayuno informativo este viernes con periodistas. Ahí, ha desgranado los tres requisitos en forma de compromisos pendientes que exige a los populares para su 'sí' a las cuentas. Primero, aumentar la ejecución presupuestaria de las partidas de pendientes de este año, que han pasado “de más de un 85% hasta ahora a un 20% en este momento”. Segundo, “ligar la zona de bajas emisiones (ZBE) a los niveles reales de contaminación” para evitar un modelo recaudatorio.

El tercero es impulsar el proyecto de “racionalizar el tamaño del Ayuntamiento”: esto último, ha afirmado Torres, “está muy avanzado”, ya hay un “informe técnico” y solo queda “que la alcaldesa diga sí o no”. Sobre si implicaría el despido de personal municipal, la portavoz de Vox no ha querido ser muy específica, pero ha venido a decir que así será: “El objetivo no es despedir, pero si quitas estructuras hay directores y cargos de confianza que desaparecen”.

Sobre las peticiones de cara al próximo ejercicio, la edil ha valorado que el PP en estas cuentas “no tiene mucho margen”. “Lo que la alcaldesa debe hacer es cerrar todos los frentes que tiene abiertos, que son muchos. Eso le voy a pedir. Y que por favor este equipo de gobierno y que especialmente ella se dedique más a la gestión: menos atril en la calle y menos fiestas”, ha atacado la portavoz de Vox.

Eva Torres ha recordado que su formación ha garantizado la estabilidad institucional del PP “durante más de siete años”. Un apoyo, ha incidido, que han otorgado por “fidelidad, responsabilidad y compromiso con los zaragozanos”. Sin embargo, la portavoz ha afeado de forma directa a la alcaldesa, Natalia Chueca, que el equipo de gobierno esté dando la espalda a los acuerdos que firmaron.

Respecto de la sociedad La Nueva Romareda, de cuyo consejo de administración precisamente forma parte Eva Torres, la edil ha dicho –en línea con lo afirmado estas semanas– que su grupo va a “exigir siempre transparencia”, más “con un proyecto de 170 millones de euros”. Pese a las críticas formuladas al PP, ha insistido en que “donde más papel hacen a los zaragozanos” es dentro del consejo y en que no se plantea salir de este órgano: “No está encima de la mesa”. La última polémica tiene que ver con los ocho millones de euros del contrato por los 'naming rights' que La Nueva Romareda transfirió en primavera al Real Zaragoza SAD.

Las ordenanzas fiscales de Zaragoza para 2027 vuelven a poner el foco sobre el coste de algunos de los servicios más cotidianos. El abastecimiento de agua y la recogida de residuos subirán un 2,5%, mientras determinadas tarifas del estacionamiento regulado aumentarán entre un 20% y un 100%. A ello se suman nuevos conceptos de cobro en el Cementerio de Torrero.

Los cuatro incrementos porcentuales cuantificados para 2027 arrojan una subida media del 31,25%. A estos incrementos se añaden los nuevos conceptos de cobro previstos en el Cementerio de Torrero, para los que no se establece un porcentaje de subida comparable.

Zaragoza en Común ha centrado sus críticas no solo en los incrementos, sino también en los costes que sirven para justificarlos. La formación sostiene que el Gobierno municipal utiliza en algunos servicios previsiones presupuestarias superiores al gasto que finalmente se ejecuta y que esas cantidades previstas terminan sirviendo como referencia para determinar lo que pagan los usuarios.

El ejemplo más significativo que aporta ZeC corresponde al abastecimiento de agua, tasa que acumula un aumento de la recaudación del 32,3% desde 2018, equivalente a 7,4 millones de euros adicionales.

Según sus datos, en 2025 se presupuestaron 1,2 millones de euros para conservación y reparación de agua potable, pero el gasto ejecutado ascendió a 491.521 euros. Es decir, se gastó alrededor del 41% de lo previsto y quedaron sin ejecutar más de 708.000 euros de aquella partida.

A juicio de la portavoz de ZeC, Elena Tomás, “esto es una auténtica tomadura de pelo: presupuestan 1,2 millones, gastan menos de medio millón y después utilizan la previsión inicial para calcular lo que pagamos por la tasa.

La formación asegura además que parte de aquel presupuesto fue posteriormente objeto de modificaciones de crédito para destinarlo a otros gastos municipales. De ahí que cuestione que se utilicen previsiones de costes que después no se materializan para calcular las cantidades que deben aportar los ciudadanos.

Una situación similar denuncia la formación respecto a los residuos. La recogida subirá otro 2,5% en 2027, pese a que, según los datos manejados por ZeC, la previsión de ingresos para 2026 alcanza ya el 100,76% del coste del servicio.

ZeC cuestiona también la fiabilidad del cálculo de esos costes y sostiene que el expediente contiene partidas que no se corresponden con el gasto finalmente ejecutado.

La recaudación por recogida de residuos ha aumentado, según las cifras aportadas por la formación, un 21% desde 2018, al pasar de 12,9 millones de euros a 15,58 millones en 2025. Mucho mayor habría sido el incremento acumulado en tratamiento de residuos, que ZeC sitúa en un 105%, hasta alcanzar los 15,7 millones.

“El problema no es que la basura cueste dinero; el problema es que el Gobierno de Chueca utiliza las tasas para cubrir sus propios agujeros y errores de gestión. Y eso lo pagamos entre todos”, sostiene Tomás.

Los mayores incrementos denunciados aparecen en determinadas tarifas del estacionamiento regulado. En la zona ESRO, la zona azul, los primeros 25 minutos subirán un 20%, mientras que en la tarifa señalada por ZeC para la zona ESRE, correspondiente al estacionamiento de residentes, el incremento para los primeros 25 minutos llegará al 100%, al pasar de 0,25 a 0,50 euros.

El Cementerio de Torrero constituye otro de los puntos de conflicto. En este caso no se trata de una subida porcentual comparable con las anteriores, sino de la incorporación de nuevos conceptos de cobro, entre ellos los relacionados con los nichos y la consulta de expedientes.

El cementerio cuenta con 110.845 nichos, además de 19.408 sepulturas, 1.084 capillas y 147 panteones. ZeC cuestiona asimismo el cobro de 139,15 euros en el jardín de las cenizas que, según sostiene, no estaban incluidos en el pliego de condiciones.

La formación sí respalda algunas novedades, como las exenciones para herederos sin recursos, la inhumación de cenizas de personas que hayan donado su cuerpo a la ciencia o la eliminación del recargo para quienes no estén empadronados.

La “doble vara de medir”

ZeC enmarca todas estas modificaciones en lo que considera una política fiscal contradictoria. Su portavoz acusa al Gobierno de Natalia Chueca de exigir un esfuerzo creciente a los usuarios de servicios municipales mientras mantiene bonificaciones fiscales que reducen los ingresos del Ayuntamiento.

Tomás contrapone expresamente las subidas del agua, los residuos, el estacionamiento o los nuevos cobros del cementerio con los 10 millones de euros en beneficios fiscales que su formación atribuye al club del Tiro de Pichón.

“El Gobierno de Chueca tiene una doble vara de medir: perdona millones de euros a grupos elitistas y empresas que no están sometidas al mismo tratamiento como Quirón, Amazon o Cosco y, al mismo tiempo, mete la mano en el bolsillo de las familias para pagar servicios básicos”, sostiene. “Es verdad que los servicios públicos cuestan dinero pero el reparto fiscal tiene que repartirse de forma justa, dado que hay la misma obligación a la hora de subir 25 céntimos a la ciudadanía que cuando hay que reclamar 10 millones al Tiro del Pichón”, ha ejemplificado.

Para Zaragoza en Común, por tanto, el debate no está únicamente en cuánto suben las tarifas, sino en si los costes utilizados para calcularlas responden al gasto real de los servicios. “No nos creemos el discurso de la congelación de impuestos cuando suben las tasas que afectan directamente a la vida cotidiana de la gente”, concluye Tomás.

Los grupos de la oposición municipal han reclamado este jueves a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, cambios en sus políticas de cara al nuevo curso, aunque con prioridades diferentes. PSOE y Zaragoza en Común (ZeC) han coincidido en cuestionar la subida de las tasas municipales y reclamar medidas frente al cambio climático y una mayor atención a los barrios y los servicios públicos, mientras Vox ha condicionado cualquier negociación del presupuesto de 2027 al cumplimiento previo de los acuerdos alcanzados con el PP para las cuentas de este año.

Las portavoces de PSOE y ZeC, Lola Ranera y Elena Tomás, han cuestionado las prioridades del Gobierno municipal y han considerado que el incremento de los recursos durante los últimos años no se ha traducido suficientemente en una mejora de la vida cotidiana de los zaragozanos.

Ranera ha acusado a Chueca de desconocer “la realidad del día a día de los zaragozanos” y ha criticado su “falta de planificación” y su interés por “cortar cintas”, que, a su juicio, han convertido la ciudad “en un queso gruyere” por la acumulación de obras. Tomás ha resumido su diagnóstico en “mucho escaparate y muy poco barrio” y ha cuestionado que los presupuestos históricos y la llegada extraordinaria de fondos europeos hayan repercutido suficientemente en los servicios públicos.

Uno de los principales puntos de coincidencia entre PSOE y ZeC ha sido la política de tasas. Ranera ha reclamado su congelación para el próximo ejercicio ante el aumento del coste de la vida y ha asegurado que desde que Chueca gobierna “el recibo del agua y las basuras se ha encarecido alrededor de un 30 por ciento”.

ZeC también ha cuestionado las subidas de tasas y precios públicos al considerar que no están acompañadas de una mejora equivalente de los servicios. Tomás ha señalado que de los 800.000 euros presupuestados para inversiones relacionadas con el agua en 2026 únicamente se habían ejecutado 91.628 euros hasta agosto, mientras para 2027 se vuelve a establecer una previsión de 1,2 millones. “La ciudadanía ve algo muy sencillo: cada vez paga más, pero no recibe mejores servicios”, ha afirmado.

Ambas formaciones han coincidido también en denunciar deficiencias en los servicios públicos y reclamar más atención a los barrios. El PSOE ha pedido un plan de choque de limpieza y ha recordado que existen 7.473 quejas registradas en los canales municipales. ZeC ha situado igualmente la limpieza y el transporte público entre los ámbitos en los que persisten los problemas pese al incremento de los recursos municipales.

La adaptación al cambio climático constituye el segundo gran punto de encuentro. El PSOE ha reclamado un plan municipal para adaptar los colegios públicos a las temperaturas extremas mediante mejoras en protección solar, ventilación, aislamiento y climatización, además de ampliar el programa ‘Adapta tu Patio’ con más arbolado, zonas de sombra, vegetación y superficies permeables.

ZeC ha planteado medidas similares, aunque extendidas al conjunto de la ciudad, con más arbolado y sombra, renaturalización de patios escolares, una red más amplia de refugios climáticos y una planificación urbana que tenga en cuenta el aumento de las temperaturas.

Transporte gratuito por las obras

Junto a las reivindicaciones compartidas, el PSOE ha planteado como una de sus principales propuestas que el transporte público sea gratuito en las líneas afectadas de forma relevante y prolongada por las numerosas obras que se están ejecutando en Zaragoza.

Ranera ha citado las actuaciones del Coso y San Miguel, avenida de Valencia, el entorno del Portillo y el río Huerva, que están provocando cambios de recorrido y traslados o supresiones temporales de líneas y paradas, con mayores tiempos de viaje y molestias para los usuarios.

La gratuidad afectaría tanto al billete sencillo como a los desplazamientos con tarjeta y contemplaría una compensación proporcional para los abonos ya pagados. “Si unas obras municipales obligan durante meses a miles de vecinos a soportar peores condiciones de movilidad, el Ayuntamiento también debe asumir una parte de ese esfuerzo”, ha defendido Ranera.

Vivienda y los centros de datos

Zaragoza en Común, por su parte, ha situado entre sus prioridades la crisis de la vivienda y ha reclamado que el Ayuntamiento deje de desprenderse de suelo y patrimonio público mientras jóvenes y familias encuentran crecientes dificultades para acceder a una vivienda.

Tomás ha defendido que ese patrimonio se destine a incrementar el parque público y favorecer alquileres asequibles. “Vender suelo público es renunciar a una de las principales herramientas que tiene un Ayuntamiento para aumentar el parque público y garantizar alquileres asequibles”, ha advertido.

ZeC también ha reiterado su preocupación por la concentración de centros de datos en Zaragoza y su entorno y ha reclamado analizar su impacto acumulativo sobre el agua, la energía, las temperaturas y el futuro del tejido industrial. “Zaragoza no puede quedar rodeada de centros de datos sin analizar seriamente qué impacto tendrán sobre nuestros recursos y sobre el modelo de ciudad que queremos construir”, ha señalado Tomás.

Vox se hace valer

Vox ha situado, por su parte, la negociación presupuestaria en el centro de su reunión con Chueca. Su portavoz, Eva Torres, ha mostrado su disposición a negociar las cuentas de 2027, pero ha advertido de que antes la alcaldesa deberá cumplir los compromisos alcanzados con su formación para el presupuesto de este año.

“Estamos dispuestos a sentarnos a negociar el Presupuesto del año 2027, ahora bien, previamente la alcaldesa tendrá que cumplir con sus compromisos presupuestarios del año 2026”, ha afirmado Torres, para quien “no cumplir un acuerdo presupuestario es algo muy serio que afecta a la credibilidad de quien incumple”.

Vox ha recordado que facilitó con su apoyo la aprobación de las cuentas municipales y ha situado ahora en el PP la responsabilidad de garantizar la gobernabilidad. Torres ha criticado además que el Gobierno pueda buscar otros apoyos para aprobar el próximo presupuesto recurriendo, según Vox, a una “concejal tránsfuga” y rompiendo el pacto antitransfuguismo.

Entre los compromisos pendientes, Vox ha vuelto a situar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y ha propuesto vincular su activación a los niveles reales de contaminación, siguiendo una fórmula similar a la aplicada en Madrid. “Zaragoza no es una ciudad contaminada”, ha defendido Torres.

La portavoz de Vox también ha reclamado, en su condición de consejera de la sociedad de la Nueva Romareda, que se identifique a los inversores privados que participan en la gestión del estadio y se detallen sus porcentajes de participación. “Necesito saber y quiero saber con quién me siento en la mesa del Consejo de Administración”, ha señalado.

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha anunciado que presentará dos recursos contenciosos administrativos contra los procedimientos impulsados por el Gobierno de Natalia Chueca para adjudicar las unidades de producción y formación de Distrito 7, la futura Ciudad del Cine ubicada en la antigua fábrica de ascensores Giesa, en el distrito de Las Fuentes.

Ranera ha justificado esta decisión al considerar que el proyecto está “repleto de irregularidades” y tendrá que ser la justicia quien dirima su existen tales irregularidades. “Este Gobierno tiene que dar ejemplo y cumplir la legalidad. Ya vale de tanto amiguismo, de tantas adjudicaciones a dedo, de una irregularidad tras otra y de tanto oscurantismo”, ha opinado Ranera.

En rueda de prensa, ha recordado que en el proyecto de Distrito 7 se han invertido más de 20 millones de euros públicos, tres de ellos procedentes de fondos europeos, y, además, la alcaldesa, Natalia Chueca, ha ignorado las propuestas de uso realizadas por los vecinos y por la Junta Municipal de Distrito, que preside el PSOE.

“Es una oportunidad perdida para Zaragoza y se ha convertido en una nueva ocurrencia de la alcaldesa”, ha señalado para recordar que ante las “irregularidades” detectadas en el proceso, el PSOE ya presentó dos recursos de reposición, que fueron rechazados, para que el Gobierno municipal del PP pudiera rectificar su forma de actuar.

“Han seguido adelante con sus ocurrencias y chapuza tras chapuza; sin resolver los procedimientos, continúa existiendo una enorme incertidumbre sobre el futuro de este proyecto”, les ha afeado.

Los recursos

Por eso, el PSOE ha tomado la decisión de presentar dos recursos contencioso-administrativos. El primero afecta a la unidad de producción, cuya licitación ha contado con una única empresa participante –la mexicana EFD– que ha entregado la documentación “fuera de plazo y que ahora ha vuelto a incumplir” los tiempos para la formalización de los avales.

“Se presentó la documentación fuera de plazo, se adjudicó a la misma empresa y tardó cuatro meses en depositar el aval. Es el ejemplo de una gestión marcada por las irregularidades”, ha argumentado Ranera.

El segundo recurso atañe a la unidad de formación, donde Ranera ha cuestionado que se adjudicara de manera directa a la Fundación San Valero “sin cumplir” con lo que establece la Ley de Contratos del Sector Público.

Para Ranera, lo ocurrido en Giesa responde al 'modus operandi' del Gobierno de Chueca que “cada vez tiene más adjudicaciones directas y más oscurantismo”, ha sintetizado.

Por ello, el grupo municipal socialista “se ve obligado” a acudir a los tribunales para devolver la “seriedad” a una administración local que “tiene que responder, trabajar para todos y garantizar la concurrencia”, ha apremiado.

Interés general

La portavoz del PSOE ha recordado que el Ayuntamiento “debe ser especialmente riguroso” en el cumplimiento de los plazos y de las normas, del mismo modo que exige a cualquier ciudadano que pague sus tasas, atienda una multa o presente una documentación dentro del plazo establecido, ha comparado.

“Lo que no puede ocurrir es que a los ciudadanos se les exija cumplir escrupulosamente los plazos y que determinadas empresas reciban un trato diferente. El Ayuntamiento debe cumplir la normativa y dar ejemplo”, ha subrayado.

Ranera ha insistido en que el objetivo del PSOE es defender el interés general y garantizar que los recursos públicos se gestionen con transparencia. “Tenemos que saber dónde va hasta el último euro de los más de 20 millones de dinero público que se han invertido en este proyecto”, ha concluido.

Sigue “escrupulosamente” el procedimiento, según el PP

El consejero municipal de Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, ha replicado que “la única irregularidad” que existe “es la que el PSOE pretende inventarse, porque todo lo realizado por el Ayuntamiento se ha hecho conforme a la ley, con los informes técnicos y jurídicos correspondientes y siguiendo escrupulosamente el procedimiento administrativo”. Asimismo, ha explicado que “no se trata de un contrato de servicios públicos, sino ante una concesión demanial sometida al régimen patrimonial y, por tanto, a la legislación de patrimonio”.

Lorén ha recordado que inicialmente se convocó una licitación pública a la que podía concurrir cualquier interesado y que quedó desierta, y precisamente la legislación patrimonial contempla que ante tal situación se pueda realizar posteriormente una adjudicación directa siempre que se mantengan las condiciones exigidas legalmente respecto al procedimiento anterior. “Eso es exactamente lo que se ha hecho”, ha zanjado.

Respecto a la concesión demanial vinculada al proyecto de Formación Profesional, Lorén ha señalado que “el segundo recurso anunciado tampoco tiene recorrido” porque la Fundación San Valero comunicó que, al no haber obtenido el concierto necesario para desarrollar la Formación Profesional prevista, esperaría al siguiente curso para continuar con el proyecto.

“Conviene recordarle también al PSOE que la propia legislación patrimonial contempla expresamente supuestos de adjudicación directa a entidades sin ánimo de lucro declaradas de utilidad pública, siempre que concurran los requisitos legalmente establecidos”, ha agregado.

Decenas de miles de personas han llenado la plaza del Pilar de Zaragoza en apoyo a Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes de forma irregular y ha exigido una respuesta de Estado, además de un compromiso firme de la UE en la protección de las fronteras ante la presión migratoria porque la Ciudad Autónoma “no puede asumir en solitario las consecuencias de una situación que afecta al conjunto de España y de Europa”.

Este es parte del texto acordado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que han leído el presidente de la Casa de Melilla en Zaragoza, Manuel Trejo y varios ciudadanos ceutíes residentes en la capital aragonesa.

Uno de estos ciudadanos, Luis Rodríguez ha subrayado que Ceuta es un parte “irrenunciable” de España. “Lo es por su historia, por el Derecho y por la voluntad libre y democrática de los ceutíes, que siempre han expresado su identidad española y su compromiso con España y la Constitución”.

Por eso, ha incidido en que la soberanía española sobre Ceuta “no se cuestiona y la integridad territorial de España no se negocia. Nunca”. Asimismo, ha dejado claro que “no es un problema migratorio” lo ocurrido los días 30 y 31 julio con la entrada más de 72.000 inmigrantes entraran de forma masiva e irregular, de los que según últimos datos facilitados por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, serían 5.000 los inmigrantes que todavía continúan, así como 1.500 los menores de edad, en una ciudad de algo más de 83.000 habitantes.

“Cuando se pone bajo presión una frontera española se pone bajo presión a toda España y cuando se cuestiona la soberanía sobre una parte de nuestro territorio, nos afecta a todos. La frontera de Ceuta es nuestra frontera y la los 27 países de la Unión Europea. Allí se protege cada día nuestro territorio y nuestros valores de convivencia, libertad y Estado de Derecho”, ha remarcado.

El texto lo ha comenzado a leer la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha asistido acompañada por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, consejeros del Ejecutivo autonómico, diputados de la Cámara aragonesa y concejales del Ayuntamiento de Zaragoza. También ha presidido la cabecera de la pancarta con el lema “Zaragoza con Ceuta” la expresidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi.

La plaza del Pilar, frente a la fachada del Ayuntamiento de Zaragoza, ha sido el escenario de un multitudinario acto que ha contado con la participación de unos 25.000 zaragozanos para mostrar su apoyo inquebrantable a la ciudad autónoma.

Chueca ha subrayado que Ceuta afronta una “presión extraordinaria” tras las entradas masivas e irregulares de miles de personas por la frontera, una situación que “pone a prueba” la capacidad de España para garantizar la seguridad ciudadana y defender la integridad de su territorio. “Ceuta no está sola. Ceuta: eres y serás siempre España. Lo ocurrido no es un problema migratorio. Cuando se pone bajo presión una frontera española, se pone bajo presión a toda España”, ha proclamado Chueca durante la lectura del documento.

El texto también ha dedicado palabras de profunda gratitud a la sociedad ceutí por su serenidad y solidaridad, haciéndolo extensible a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sanitarios y entidades humanitarias. La concentración ha concluido en un ambiente de emotivo respeto cuando, como broche final al acto de apoyo, han sonado los himnos de Ceuta y de España.

“Lamentable, terrorífico”

Anteriormente, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha manifestado que en esta concentración “no hay ni afilados, ni militantes, ni siquiera simpatizantes de partidos políticos. Hay aragoneses que quieren expresar la solidaridad a Ceuta, la españolidad de Ceuta”.

Azcón ha contado que ha llamado al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Vivas, para trasladarle que “Aragón también está con Ceuta” y le transmite su solidaridad, cariño y todo el apoyo“.

Sobre las últimas informaciones respecto a los informes policiales que detallan la entrada masiva de inmigrantes “que el Gobierno de España debería haber conocido y que ahora dicen negar haber conocido” lo ha calificado de “lamentable, terrorífico y da miedo ver que esta profunda crisis se gestiona mentira tras mentira, chapuza tras chapuza”.

A su parecer, lo que ocurre en el Gobierno de España con una crisis que “desborda las capacidades de este Gobierno ,es absolutamente trágico”, ha abundado para añadir que cada una de las noticias que se van conociendo hacen que la preocupación de los españoles siga creciendo día tras día“. ”Estamos asistiendo a lo que ya conocíamos, pero vemos una vez más de forma gráfica, la incapacidad de un gobierno para intentar solucionar un problema, ya que cada medida que toma lo que hace es agrandar el problema y debería asumir responsabilidades por lo que están pasando en Ceuta“.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha dicho que además de ser un concentración de apoyo al pueblo ceutí es un llamamiento para que el gobierno de España “defienda la integridad de nuestras fronteras y la convivencia normal de todos los españoles”. La alcaldesa ha reiterado que es “necesario e imprescindible que atienda las necesidades de la población ceutí que se sienten totalmente abandonados”.

“Invasión”, según Vox

El portavoz del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha calificado la situación de Ceuta de “invasión provocada y orquestada por el régimen marroquí, pero también permitida y consentida por el Gobierno de Pedro Sánchez” que ha tildado de “gobierno corrupto y traidor que ha llevado a una situación de abandono a nuestros compatriotas de Ceuta”.

Para Morón, esta “invasión” tiene también unos objetivos muy determinados, que “se están cumpliendo” y que pasan por “generar caos, miedo entre la población de Ceuta, saturación de los servicios públicos y, en definitiva, hacer inhabitable la convivencia en la ciudad”.

El fin último, “como la guerra híbrida que desde hace años Marruecos está perpetrando contra España y que Vox lleva denunciando desde hace muchos años” es la de “echar” a los propios españoles de su tierra bajo la presión migratoria y bajo ese “reino del terror, del caos y del miedo”, ha descrito.

Morón ha aseverado que desde Vox no van a dejar a los ceutíes “abandonados” y por eso exigen la salida inmediata de todos los “invasores” que todavía están en Ceuta.

“Juzgar a Sánchez por traición”

A esta petición se une el “recuperar” control efectivo de las fronteras, con todos los medios y recursos humanos y materiales que sean necesarios y exigir al gobierno marroquí que “reconozca la soberanía española de Ceuta, así como de todas las localidades y lugares de soberanía española en el norte de África”.

De otra manera, ha avanzado, “habrá que pedir la suspensión del tratado de amistad de España con Marruecos y cualquier convenio bilateral entre España y Marruecos, así como los tratados preferenciales entre la Unión Europea y Marruecos”.

Morón ha exigido activar el artículo 102 de la Constitución para “juzgar” a Pedro Sánchez por “traición porque sabía perfectamente lo que iba a ocurrir y no hizo nada para evitarlo ni para revertir la situación” mientras se fue de vacaciones “tranquilamente”.

Los ceutíes, ha afirmado, “no quieren falsas promesas, ni inversiones de cientos de millones como ahora promete Sánchez, sino que quieren recuperar su ciudad, que los invasores abandonen Ceuta y recuperar la convivencia porque la situación en estos momentos es desesperada y va a peor”.

La empresa mexicana EDF ha presentado por fin el aval de 300.000 euros para Distrito 7-Giesa, donde se va a ubicar la 'ciudad del cine' de Zaragoza. Lo ha hecho cuatro meses después de la adjudicación directa a cargo del Gobierno del PP, aunque el plazo era de 15 días, y tras haber presentado fuera de plazo la oferta en el concurso público previo. A pesar de todo esto, la alcaldesa, Natalia Chueca, ha valorado este miércoles que se trata de “una concesión con todas las garantías”, algo que la oposición pone en duda. Además, la regidora ha anunciado que se va a licitar el servicio de formación profesional que incluye el complejo, que inicialmente iban a ser entregado a dedo a San Valero: en todo caso –en palabras de la propia alcaldesa–, esta Fundación “tiene muchas probabilidades” de llevarse el concurso.

Una vez presentado el aval, el Ayuntamiento puede ya formalizar el contrato de la concesión demanial con la firma, lo que permitirá desbloquear la instalación, que ha costado 20 millones de euros. El objetivo, según ha manifestado la primer edil en una visita al complejo, es que a finales de octubre se lleve a cabo la entrega de las obras y que “como máximo en enero de 2027” haya ya actividad en Distrito 7.

Chueca se ha congratulado por estar encarando “el final de la transformación de lo que antes era una fábrica abandonada” en el barrio de Las Fuentes para dedicarlo a la industria audiovisual: “Zaragoza no tenía unas instalaciones a la altura de las necesidades”, ha afirmado la alcaldesa, que ha vuelto a calificar de “proyecto estratégico” Giesa.

El cronograma, ha afirmado, está “cumpliendo”. “Estamos hablando de más de 26.500 metros cuadrados de transformación manteniendo la esencia del propio edificio del principio del siglo XX”, ha señalado.

“Una empresa de gran reputación”

Respecto a la formalización del contrato con EFD, Chueca se ha felicitado por tener a “una empresa de gran reputación a nivel internacional”, lo que desde su punto de vista garantiza que la apuesta será un “éxito” y convertirá a Zaragoza en “un referente” de cara a “atraer producciones nacionales e internacionales de primer nivel”.

La regidora se ha referido también a las clases de FP audiovisual privado, que han tenido que retrasarse un año por el fracaso en los tribunales de la concertación educativa lanzada por el Gobierno de Aragón. Los “400 alumnos” llegarán el próximo curso.

Además, Chueca ha anunciado que el Gobierno del PP da marcha atrás a la adjudicación directa de este servicio al grupo San Valero –que gestiona entre otros la Universidad San Jorge– y sacará un concurso público para la FP privada, en el que la alcaldesa ya ha adelantado que el mencionado grupo tiene “muchas probabilidades” de ganar.

También se volverá a sacar a concurso la restauración del complejo, el tercero de los fracasos del proyecto de Giesa ya que quedó desierto. “Estamos estudiando cómo mejorar la licitación”, ha apuntado Natalia Chueca.

Un procedimiento “arbitrario”

Desde la oposición, el concejal del PSOE Horacio Royo ha lamentado “el empeño de Chueca en seguir adelante” con la adjudicación a una empresa que ha presentado los avales “fuera del plazo legalmente establecido”, en presentar los avales para la formalización de la concesión demanial.

Royo ha exigido a la alcaldesa “volver a los acuerdos alcanzados con los vecinos” en los usos de esta instalación que ha contado con fondos europeos. “Desde el Grupo Socialista solo podemos lamentar profundamente el empeño de la alcaldesa en seguir adelante con este procedimiento arbitrario, con este procedimiento de adjudicación a dedo que, una vez más, queremos recordar que vulnera los acuerdos alcanzados con los vecinos, que pervierte el uso establecido en los propios proyectos que se presentaron a los fondos europeos y que nos abre un periodo de enorme incertidumbre”, ha valorado.

El edil socialista ha calificado este nuevo hecho como una “huida hacia adelante de la propia alcaldesa” y recordaba que desde el PSOE seguiremos trabajando en pro de un proyecto favorable para los vecinos y para la ciudad.

Por su parte, Zaragoza en Común (ZEC) ha vuelto a mostrar su “preocupación por el modelo planteado para Distrito 7, un proyecto ubicado en el antiguo complejo de Giesa, patrimonio público municipal, para cuya rehabilitación y equipamiento el Ayuntamiento de Zaragoza prevé destinar más de 20 millones de euros de dinero público”. “El Ayuntamiento pone el edificio, pone el dinero para rehabilitarlo y equiparlo y después son empresas privadas las que van a aprovechar esas instalaciones. Nos parece que hay una apuesta clarísima por poner recursos públicos al servicio de intereses privados”, ha señalado la portavoz de ZEC, Elena Tomás.

La formación cuestiona asimismo el planteamiento de la formación vinculada al proyecto, que también se ha orientado hacia entidades privadas y formación concertada. Para Zaragoza en Común, si se moviliza una cantidad tan importante de recursos públicos y se pone a disposición del proyecto un edificio que forma parte del patrimonio municipal “deben existir garantías claras sobre el beneficio que obtiene la ciudadanía”.

“Una chapuza de gestión”

Finalmente, la portavoz de Vox, Eva Torres, ha considerado que la alcaldesa de Zaragoza “intenta maquillar un historial vergonzoso de improvisación en la tramitación”. “La alcaldesa vende como un éxito lo que en realidad ha sido una chapuza de gestión. Han tenido que cambiar de manos el proyecto a mitad de camino tras acumular retrasos, concursos desiertos y errores de licitación flagrantes”, ha continuado Torres.

La portavoz de Vox cree que “presumir de una adjudicación a la que solo concurrió una empresa no es síntoma de competitividad ni de libre mercado, sino de que el pliego técnico genera dudas y poco interés real”.

Sobre la formación profesional, Torres ha afirmado que “el PP ha dejado en la estacada a 400 estudiantes este curso por su soberbia y sus prisas electorales” y ha celebrado que el Gobierno del PP “haya atendido la exigencia de Vox de licitar públicamente las patas de educación y restauración”.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha presumido este lunes de estar aplicando la “máxima transparencia” con las obras del nuevo estadio a través de la sociedad La Nueva Romareda, con mayoría de capital público. Pese a ello, el Gobierno del PP sigue sin dar a conocer los polémicos contratos que han permitido al socio privado –el Real Zaragoza SAD, en manos de inversores extranjeros– recibir ocho de los diez millones transferidos por Ibercaja para la denominación del campo de fútbol año y medio antes de su estreno.

En su primera comparecencia del curso político, con un acto en el que ha visitado la marcha de las obras del Centro Deportivo Municipal Sur, la regidora ha tenido que atender numerosas cuestiones de actualidad, y entre ellas ha estado el rescate del club de fútbol el pasado mes de marzo, cuando la propiedad del equipo blanquillo facturó a la sociedad –participada en un 80% por el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón– los mencionados ocho millones de euros.

“No tengo ningún problema en hacer pública cualquier información que pueda ser pública”, ha señalado Chueca, que ha matizado que la sociedad La Nueva Romareda “no es un expediente de la del Ayuntamiento”, en referencia a que se trata de una sociedad mercantil: “Todo lo que legalmente pueda ser público estaré encantada de hacerlo público”, ha señalado.

La alcaldesa ha asegurado que aplica la “máxima transparencia” y se ha referido a los contratos: “Se han ido contando y se han hecho públicos”, ha indicado, pese a que lo único que ha trascendido han sido las notas de prensa oficiales, en las que se omiten cuestiones fundamentales de los documentos. Por ejemplo, que la mayor parte de la cantidad transferida por Ibercaja no iba a quedarse en la sociedad La Nueva Romareda, sino que terminaría en las arcas del club, cuya propiedad pasó semanas después de esta operación a un fondo de capital riesgo internacional.

A su vez, la regidora ha puesto el énfasis en que “las condiciones en el contrato de gestión” que han terminado suscribiéndose “son mejores de las que se contaron inicialmente, cuando arrancó el proyecto”. “Hemos negociado con el club para mejorar las condiciones para la sociedad. No hay nada que ocultar”, ha insistido.

Relación con Vox

Sobre la relación con el grupo municipal de Vox –que entre otras cuestiones se ha mostrado crítico precisamente con el pago de ocho millones de euros al Real Zaragoza–, ha avanzado que la semana que viene mantendrá una reunión para retomar las conversaciones y ver “exactamente cuál es la situación” después de que este año pusieran unos condicionantes sobre la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para aprobar el presupuesto de 2026.

“Yo lo acepté con una condición muy clara que era el que no pusiese en riesgo las bonificaciones al transporte. La ZBE puede estar sujeta a modificaciones siempre que esté dentro de la ley y que además esté dentro del marco que marca el Ministerio de Transportes para la concesión de la subvención al transporte público a los ciudadanos de Zaragoza. Eso no lo vamos a poner en juego”, ha avisado.

A su parecer, esta solución “es satisfactoria” para todos los objetivos y ha emplazado a Vox a que decida si lo acepta o no para poder seguir avanzando en la tramitación y en cumplir el compromiso de presentar el presupuesto de 2027.

Parque de Atracciones

Sobre la continuidad del Parque de Atracciones, ha informado de que “está ya empezando a solucionarse definitivamente y poder arrancar este proyecto que ha costado varios meses más de lo que nos hubiese gustado”. Ha asegurado que está dentro de los plazos “razonables” de una licitación “tan relevante y de tantos años de vida”.

Ha indicado que el objetivo es que se pueda abrir “cuanto antes”, pero ha dicho desconocer “con exactitud” si es posible llegar a las fiestas del Pilar. “Estoy convencida de que en este momento en el que ya se ha llegado a un acuerdo, de que ya se está solucionando el problema que había administrativo entre los socios, pues sin duda los nuevos socios o la nueva sociedad, la que ha quedado, es la que tiene el mayor interés en abrir cuanto antes para poder aprovechar un buen momento como es el Pilar, así que en breves lo sabremos”.

El pago al Real Zaragoza SAD el pasado mes de marzo de ocho millones de euros desde la sociedad La Nueva Romareda, en la que los socios mayoritarios –suman un 80%– son el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, ha unido a la oposición municipal: tanto el PSOE como Zaragoza en Común (ZEC) y también Vox se han mostrado críticos, en mayor o menor medida, con esta iniciativa. El equipo de gobierno lamenta el “ruido político” y destaca la “necesidad histórica para la ciudad” del nuevo estadio.

Como adelantó este periódico, la transferencia proviene de los diez millones de euros que Ibercaja traspasó a cambio de aportar el nombre al campo portátil –Ibercaja Estadio, en uso hasta la temporada que viene–, y al estadio definitivo –Ibercaja Romareda, cuyo estreno no se prevé hasta dentro de un año–. Según consta en el informe de auditoría y cuentas anuales abreviadas de La Nueva Romareda del ejercicio 2025, que se puede consultar en la web de la entidad, el club deportivo emitió el 4 de marzo una factura a su favor por ocho millones de euros derivada del contrato de 'naming rights'.

Se da la circunstancia de que la propiedad del Real Zaragoza cobró los ocho millones de euros por el nombre del estadio definitivo casi año y medio antes de la inauguración de la infraestructura, y en principio –porque el contrato de arrendamiento no se ha hecho público– antes también de que el propio club empiece a pagar el canon comprometido.

La respuesta de los grupos políticos de la oposición ha sido unánime.

El más vehemente ha sido el PSOE, cuya portavoz, Lola Ranera, y el representante en la Comisión de Presidencia, Horacio Royo, han comparecido para criticar la “falta de transparencia” del PP. “Es tiempo de que el equipo de gobierno nos cuente toda la verdad”, ha manifestado el edil socialista.

Esta formación ha anunciado, en boca de Royo, que solicitará en una comisión extraordinaria que se expliquen las cuestiones que generan dudas en este conflicto. Por un lado, el hecho de que se suscriba un contrato de arrendamiento por un negocio “que no existe”, dado que el estadio es hoy por hoy “unos armazones de hormigón y hierro”. En segundo lugar, tener conocimiento del contenido del mencionado contrato, para descartar la idea de que “se firmó exclusivamente para dar cobertura al pago de los ocho millones del contrato de patrocinio”. También si ha habido “algún tipo de carencia por el cual el Zaragoza no vaya a pagar hasta que nos entregue el estadio”, toda vez que ya ha cobrado por el 'naming'. Y, por último, “si se ha cumplido el pacto de socios en la parte en la que decía que el Real Zaragoza tenía que establecer garantías hipotecarias sobre el pago de esos arrendamientos”.

Por su parte, la portavoz socialista ha informado de que reclamarán en la junta de portavoces del próximo lunes “una copia de los contratos” que no se han hecho públicos. “La sensación que se da es que tienen mucho que ocultar”, ha lamentado Ranera, que ha planteado que el PSOE, como grupo mayoritario de la oposición, entre en el consejo de administración de La Nueva Romareda. “¿Para qué se creó esta sociedad? ¿Para no dar cuenta de nada? ¿Para no dar cuenta a nadie, a ningún grupo político? ¿Para no dar cuenta al final a los ciudadanos?”, se ha preguntado la edil socialista, quien ha criticado la firma de un contrato de explotación para “un campo que aún no está hecho”.

“Muy grave”

Mientras, la portavoz de ZEC, Elena Tomás, considera “muy grave” las informaciones conocidas. “Esto demuestra que teníamos razones más que suficientes para exigir una auditoría externa y un control mucho más riguroso de la gestión de La Nueva Romareda”, ha expresado la edil, quien ha recordado que “esto no es fútbol, es dinero público”. “Y el dinero público no puede utilizarse para tapar agujeros de una sociedad deportiva privada mientras La Nueva Romareda acumula millones de pérdidas”, ha indicado.

“Zaragoza en Común seguirá fiscalizando y denunciando cada una de estas operaciones. Que quede claro: no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo. Seguiremos investigando, pidiendo información y exigiendo auditorías externas e independientes. Pese a no estar dentro de la sociedad, ya que no nos lo han permitido, tenemos voluntad política para defender a la ciudadanía y controlar al Gobierno”, ha abundado Tomás.

Finalmente, desde el grupo municipal de Vox también han mostrado su oposición, aunque de forma más escueta. Así, fuentes de la formación han querido manifestar su “total disconformidad” con el pago de esos ocho millones de euros al Real Zaragoza SAD desde la sociedad La Nueva Romareda “por entender que no vela por el interés general”.

La “obsesión” del PSOE

Por su parte, el Gobierno de Zaragoza ha optado en su reacción por criticar al grupo socialista, del que ha destacado su “evidente obsesión” hacia el proyecto de la Nueva Romareda. “En lugar de ejercer una oposición constructiva y trabajar por el futuro de los zaragozanos, el PSOE ha decidido convertir un proyecto estratégico e ilusionante para la ciudad en una trinchera ficticia y partidista, demostrando una preocupante falta de proyecto propio para Zaragoza”, han señalado fuentes municipales, que han evitado aclarar en su respuesta el pago de los ocho millones a la sociedad anónima deportiva.

“La Nueva Romareda no es el capricho de un gobierno, es una necesidad histórica de la ciudad y una pieza clave para consolidar a Zaragoza como sede del Mundial 2030. La obsesión del PSOE por torpedear este proyecto demuestra que prefieren que a Zaragoza le vaya mal si creen que con ello pueden obtener algún rédito electoral”, han incidido desde el equipo de gobierno. Se trata, ha valorado, de “una cortina de humo para ocultar que carecen de un modelo de ciudad alternativo”.

Respecto a la información requerida, el Gobierno municipal se ha limitado a señalar que las cuentas de la sociedad La Nueva Romareda “son públicas y accesibles” y que pasan “todos los controles públicos exigidos, en los que no se ha encontrado ninguno de los grandes desastres que llevan anunciando los socialistas desde que nació el proyecto”.

Las críticas se le acumulan al Gobierno de Zaragoza por la reforma del entorno de la plaza de San Miguel, como ya sucediera con Salamero o Santa Engracia, y por motivos similares. A los meses de retrasos que acumulan las obras se unen las protestas por el diseño de esta infraestructura viaria, en la que el cemento vuelve a ser el elemento más visible. Se trata, según el colectivo ecologista, de otra “oportunidad perdida”, algo que los vecinos ilustran con temperaturas de más de 46 grados en las últimas semanas. Y todo esto se produce mientras la alcaldesa, Natalia Chueca, vende en redes sociales la candidatura de la ciudad como “capital verde europea” para 2028.

El caso, según denuncia Asociación Naturalista de Aragón (Ansar), de un caso “más grave” que los anteriores porque ahora llevan “años recordando de la necesidad de sombras y zonas verdes” en el entorno. “Mucho dinero gastado para conseguir una plaza cementada donde la estancia apenas será posible”, lamenta la entidad, que cree “probable” que este “espacio público” también acabe siendo “ocupado” por la “explotación privada de la hostelería, como suele ser habitual”.

Ansar explica en una nota que “se han talado más de la mitad de los árboles que, se suponía, iban a conservarse”, y que los trabajos que se desarrollan en la plaza “están dañando al resto, sin una protección adecuada del entorno del árbol, rebaje del suelo con raíces desnudas” o “vertidos de cemento en el entorno”. Además, indica que “se ha reducido el tamaño de los alcorques y podado los ejemplares restantes”. “Para nada sirve que pregonen de forma repetitiva el gran número de árboles que se van a plantar en la ciudad cuando permanentemente en cada remodelación de calle, plaza, parque desaparecen los que allí existían”, zanja Ansar.

La asociación asegura que va a dirigirse al Ayuntamiento de Zaragoza para reclamar el proyecto técnico de protección del arbolado que “teóricamente la empresa adjudicataria Mariano López Navarro debería haber presentado y el estado de su cumplimiento”.

La ola de calor ha sido especialmente intensa en ese punto de la capital zaragozana, donde los residentes han mostrado termómetros por encima de los 46 grados en las fachadas de los comercios, lo que hace presagiar lo que sucederá en cada estío ante la falta de árboles.

Desde la Plataforma de Vecinos Afectados por las obras, Josán Salvador ha recordado las afecciones de ruidos y molestias debido al adelanto de los horarios por las altas temperaturas: “Están prácticamente trabajando doce horas diarias y el ruido comienza antes de las siete de la mañana. No se puede vivir en estas condiciones mucho más tiempo ya”.

Una reivindicación “clave” para esta plataforma es instalar una fuente de lámina de agua que consiga bajar la temperatura en verano. “Esto va a más y el año que viene hará más calor y dentro de dos años más, por lo que una pérgola no es la solución para bajar la temperatura”, ha rechazado al esgrimir que “solo echará agua cuando llegue alguien y apriete, mientras tanto, no bajará la temperatura”.

Retrasos en los pagos

Los comerciantes de la zona también han manifestado su preocupación, como es el caso de Carmen Fontdevilla, que ha señalado la falta de información sobre los plazos. “Los clientes llaman y llegan aquí y se sorprenden. Se alargan los plazos y no terminan por ningún lado”, ha explicado, antes de recordar que hay “un problema real” de accesos a la plaza. Además, los comerciantes califican de insuficientes las ayudas lanzadas por el Consistorio por las pérdidas de sus negocios, denuncian retrasos en los pagos y añaden “lo que realmente quiero es poder trabajar”.

Este jueves, la portavoz del PSOE, Lola Ranera, ha criticado de hecho la “promesa absolutamente incumplida” de la alcaldesa. “Tenemos un gobierno y una alcaldesa incapaces y llenos de soberbia, mientras estamos ante un serial de Chapuzas Chueca que, una vez más, afecta a los ciudadanos, con una ciudad absolutamente levantada con el único objetivo de cortar cintas para las elecciones del año que viene”, ha lamentado la edil socialista,

Las protestas proliferan mientras la regidora 'vende' en redes sociales la urbe como aspirante a capital verde dentro de dos años. “Zaragoza está entre las ciudades finalistas que compiten por ser Capital Verde Europea 2028, pero llegar hasta aquí ya es un orgullo enorme. Detrás hay años de trabajo y una transformación que estamos haciendo juntos”, señalaba el lunes en un mensaje atemporal en X. Entre los ejemplos, citaba la recuperación del Huerva, la creación de parques, el Bosque de los Zaragozanos o la apuesta por la movilidad.

Por su parte, el Gobierno municipal ha reaccionado a las críticas del PSOE acusando a este grupo de un “alarmismo injustificado”. Ha atribuido los retrasos a que se trata de una intervención en el Casco Histórico de Zaragoza, con lo que existe la “obligación legal y moral de cuidar y estudiar nuestro patrimonio arqueológico”. Y ha asegurado que la obra “avanza de manera controlada” ante “una intervención urbanística de alta complejidad técnica”.

Fuentes municipales han incidido en que durante los trabajos se han hallado “restos arqueológicos a baja profundidad”, que son “más de los previstos” y que “arrojan una valiosa información histórica, cultural y patrimonial sobre el pasado de la ciudad”. Esto, han indicado, ha obligado a “reajustes en el calendario”.

La obra civil estará finalizada antes de las fiestas del Pilar, han señalado desde el Gobierno municipal. Respecto al arbolado, han aclarado que se ha llevado a cabo un “análisis exhaustivo”, que se han “mantenido los árboles de gran porte existentes ya en la plaza”, salvo uno que tenía una “fuerte inclinación” más otros pequeños “y cuyas raíces interferían con los servicios del subsuelo”. Además, se incorporarán 16 nuevos ejemplares.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, para que vuelva a ser la candidata del PP a la Alcaldía de la capital aragonesa en las elecciones municipales de mayo de 2027, tal y como la propia regidora ha anunciado de una llamativa forma.

“Hoy tengo algo que contaros. Alberto Nuñez Feijóo me ha elegido, de nuevo, para ser candidata a la Alcaldía de Zaragoza para seguir transformando nuestra ciudad”, ha expresado Chueca en su cuenta de la red social de Instagram.

“Hace ya tres años que me disteis vuestra confianza. Tres años maravillosos en los que no he dejado de trabajar para que Zaragoza mejore”, ha dicho Chueca en un video grabado en el Puente de Piedra y en el que se dirige a los zaragozanos.

“Ahora, con más ilusión que nunca quiero seguir trabajando para vosotros para seguir transformado Zaragoza y que brille como merece, porque lo mejor está por llegar”, ha concluido en su vídeo en el que además de la basílica del Pilar de fondo se ve a la alcaldesa en distintas actividades realizadas a lo largo del año.

También la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha asumido este lunes el “reto” de la candidatura a la Alcaldía de Huesca por el PP en las próximas elecciones municipales de mayo de 2027, fecha a la que llegará “la misma ilusión” y “las mismas ganas” que el primer día,

En la misma línea que Natalia Chueca, Orduna ha anunciado en redes sociales que el presidente nacional de los Populares, Alberto Núñez Feijoó, la ha designado candidata a la Alcaldía de Huesca “para seguir transformando la ciudad”. Un anuncio que se hará oficial este sábado en Santiago de Compostela.

Para la actual alcaldesa, la transformación de Huesca en estos años es “innegable” y en sus redes ha dicho que “el cambio que hemos vivido en Huesca hará también, sin duda, un futuro para España”. Por eso, ha continuado, “os esperamos este sábado en Santiago de Compostela con Alberto Núñez Feijoó”.

Procedente del ámbito empresarial, Lorena Orduna se presentó por primera vez a las elecciones de mayo de 2023 como candidata a la Alcaldía de Huesca por el PP y se quedó a un concejal de la mayoría absoluta, al lograr 12 de los 25 concejales que conforman la corporación municipal.

La gestión del centro termal y el spa de Ranillas, en el recinto de la Expo, está generando problemas al Gobierno del PP en Zaragoza por tierra, mar y aire. O, lo que es lo mismo, por lo mercantil, por lo contencioso... y también por lo social. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ratificó en abril que el Ayuntamiento debe asumir los salarios de cuatro extrabajadores de la concesionaria, Cublan Inversiones, que gestionó el centro hasta su quiebra. La sentencia confirma además que el Ayuntamiento incurrió en sucesión de empresa al recuperar las instalaciones tras la resolución de la concesión administrativa —la tesis que el Consistorio lleva año y medio negando en los tribunales— y le impone las costas del recurso.

El fallo, adelantado por la Cadena SER, se apoya en un auto firme del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Zaragoza, dictado el 24 de septiembre de 2024 dentro del propio concurso de Cublan, que ya había declarado que la reversión de la concesión al Ayuntamiento constituyó sucesión de empresa a todos los efectos laborales. Los cuatro demandantes de este pleito formaban parte de una plantilla más amplia: la de los 16 empleados que Cublan tenía de alta cuando el Ayuntamiento recuperó las instalaciones. La propia Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ya había dado de alta de oficio a los 16 en el código de cuenta de cotización del Ayuntamiento, como sucesor de Cublan, con efectos retroactivos a 29 de septiembre de 2023.

Otros dos frentes

La sentencia social llega en un momento delicado para el Ayuntamiento, que libra con la TGSS dos batallas más por la misma cuestión de fondo: si heredó no solo la deuda, sino también la plantilla de Cublan.

El primero de esos conflictos se remonta también a 2024: la Dirección Provincial de la Tesorería resolvió liquidar las cuotas impagadas y sancionar al Consistorio por no subrogar a los 16 trabajadores que la empresa, para entonces quebrada, tenía en plantilla cuando el Ayuntamiento revirtió la concesión. Esa resolución fue ratificada por la propia Seguridad Social. El Gobierno de Zaragoza —con la alcaldesa Natalia Chueca al frente, junto a los consejeros Víctor Serrano, Sara Fernández y Ángel Lorén— acordó llevar esta sanción a la vía contencioso-administrativa, con lo que abrió un tercer frente judicial en el caso.

Menos de un año después, el Consistorio se vio obligado a recurrir una segunda resolución de la TGSS, esta vez por una cantidad mucho mayor. La Dirección Provincial de la Tesorería había abierto el 29 de abril de 2024 un expediente de derivación de responsabilidad solidaria por las deudas de cotización que Cublan dejó impagadas entre agosto de 2021 y septiembre de 2023, y reclamó entonces 464.162 euros. Tras las alegaciones municipales, la Subdirección Provincial de Recaudación Ejecutiva resolvió en junio declarar al Ayuntamiento responsable solidario de esa deuda, pero elevó la cifra final a 467.064 euros por conceptos que incluyen descubiertos de cotización, vacaciones no disfrutadas y trabajadores dados de alta que no llegaron a figurar en los boletines de cotización.

El Consistorio recurrió en alzada, pero la Seguridad Social desestimó ese recurso y agotó la vía administrativa; con dictamen previo de la Asesoría Jurídica Municipal, el Gobierno de Zaragoza decidió el pasado mes de octubre volver a acudir al TSJA.

La justificación del Ayuntamiento

La defensa municipal es la misma en los tres frentes: sostiene que no hubo sucesión de empresa, sino la simple reversión de unos bienes municipales, y que la explotación seguía de hecho en manos de terceros —una agrupación de interés económico y una sociedad de gestión de golf constituidas por Cublan antes de perder la concesión—. El dictamen jurídico que respalda los recursos ante la TGSS, fechado el 6 de octubre, insiste en que la cuestión “sigue sin resolverse”. La sentencia social del 20 de abril, sin embargo, desmonta ese argumento con un dato incómodo para el Consistorio: fue el propio Ayuntamiento el que pidió en 2024 que se suspendiera este mismo procedimiento social hasta que el juez del concurso se pronunciara sobre la sucesión de empresa —alegando que esa competencia era exclusiva y excluyente del juez mercantil—, para después intentar obviar el fallo cuando le fue desfavorable.

El trasfondo de los tres frentes es el mismo conflicto, que se libra a la vez en lo mercantil, en lo contencioso y en lo social: en febrero de 2024, la Sección Primera del TSJA ya había dado la razón íntegramente a Cublan en la vía contenciosa, declarando que la empresa tenía licencia tácita desde 2011 y un “indiscutible derecho a la licencia expresa” desde diciembre de 2021, semanas antes de que el Gobierno de Zaragoza le denegara el aval que habría evitado su quiebra. Esa sentencia alimenta la tesis que Cublan y sus acreedores defienden desde mayo de 2023 en la pieza de calificación del concurso, donde piden que se declare culpable de la quiebra al Ayuntamiento. Esta pieza ha cobrado actualidad estos días con la citación como afectados de nueve responsables del gobierno municipal PP-Cs de 2019-2023, entre ellos el actual presidente de Aragón, Jorge Azcón.