El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, para que vuelva a ser la candidata del PP a la Alcaldía de la capital aragonesa en las elecciones municipales de mayo de 2027, tal y como la propia regidora ha anunciado de una llamativa forma.

“Hoy tengo algo que contaros. Alberto Nuñez Feijóo me ha elegido, de nuevo, para ser candidata a la Alcaldía de Zaragoza para seguir transformando nuestra ciudad”, ha expresado Chueca en su cuenta de la red social de Instagram.

“Hace ya tres años que me disteis vuestra confianza. Tres años maravillosos en los que no he dejado de trabajar para que Zaragoza mejore”, ha dicho Chueca en un video grabado en el Puente de Piedra y en el que se dirige a los zaragozanos.

“Ahora, con más ilusión que nunca quiero seguir trabajando para vosotros para seguir transformado Zaragoza y que brille como merece, porque lo mejor está por llegar”, ha concluido en su vídeo en el que además de la basílica del Pilar de fondo se ve a la alcaldesa en distintas actividades realizadas a lo largo del año.

También la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha asumido este lunes el “reto” de la candidatura a la Alcaldía de Huesca por el PP en las próximas elecciones municipales de mayo de 2027, fecha a la que llegará “la misma ilusión” y “las mismas ganas” que el primer día,

En la misma línea que Natalia Chueca, Orduna ha anunciado en redes sociales que el presidente nacional de los Populares, Alberto Núñez Feijoó, la ha designado candidata a la Alcaldía de Huesca “para seguir transformando la ciudad”. Un anuncio que se hará oficial este sábado en Santiago de Compostela.

Para la actual alcaldesa, la transformación de Huesca en estos años es “innegable” y en sus redes ha dicho que “el cambio que hemos vivido en Huesca hará también, sin duda, un futuro para España”. Por eso, ha continuado, “os esperamos este sábado en Santiago de Compostela con Alberto Núñez Feijoó”.

Procedente del ámbito empresarial, Lorena Orduna se presentó por primera vez a las elecciones de mayo de 2023 como candidata a la Alcaldía de Huesca por el PP y se quedó a un concejal de la mayoría absoluta, al lograr 12 de los 25 concejales que conforman la corporación municipal.

La gestión del centro termal y el spa de Ranillas, en el recinto de la Expo, está generando problemas al Gobierno del PP en Zaragoza por tierra, mar y aire. O, lo que es lo mismo, por lo mercantil, por lo contencioso... y también por lo social. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ratificó en abril que el Ayuntamiento debe asumir los salarios de cuatro extrabajadores de la concesionaria, Cublan Inversiones, que gestionó el centro hasta su quiebra. La sentencia confirma además que el Ayuntamiento incurrió en sucesión de empresa al recuperar las instalaciones tras la resolución de la concesión administrativa —la tesis que el Consistorio lleva año y medio negando en los tribunales— y le impone las costas del recurso.

El fallo, adelantado por la Cadena SER, se apoya en un auto firme del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Zaragoza, dictado el 24 de septiembre de 2024 dentro del propio concurso de Cublan, que ya había declarado que la reversión de la concesión al Ayuntamiento constituyó sucesión de empresa a todos los efectos laborales. Los cuatro demandantes de este pleito formaban parte de una plantilla más amplia: la de los 16 empleados que Cublan tenía de alta cuando el Ayuntamiento recuperó las instalaciones. La propia Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ya había dado de alta de oficio a los 16 en el código de cuenta de cotización del Ayuntamiento, como sucesor de Cublan, con efectos retroactivos a 29 de septiembre de 2023.

Otros dos frentes

La sentencia social llega en un momento delicado para el Ayuntamiento, que libra con la TGSS dos batallas más por la misma cuestión de fondo: si heredó no solo la deuda, sino también la plantilla de Cublan.

El primero de esos conflictos se remonta también a 2024: la Dirección Provincial de la Tesorería resolvió liquidar las cuotas impagadas y sancionar al Consistorio por no subrogar a los 16 trabajadores que la empresa, para entonces quebrada, tenía en plantilla cuando el Ayuntamiento revirtió la concesión. Esa resolución fue ratificada por la propia Seguridad Social. El Gobierno de Zaragoza —con la alcaldesa Natalia Chueca al frente, junto a los consejeros Víctor Serrano, Sara Fernández y Ángel Lorén— acordó llevar esta sanción a la vía contencioso-administrativa, con lo que abrió un tercer frente judicial en el caso.

Menos de un año después, el Consistorio se vio obligado a recurrir una segunda resolución de la TGSS, esta vez por una cantidad mucho mayor. La Dirección Provincial de la Tesorería había abierto el 29 de abril de 2024 un expediente de derivación de responsabilidad solidaria por las deudas de cotización que Cublan dejó impagadas entre agosto de 2021 y septiembre de 2023, y reclamó entonces 464.162 euros. Tras las alegaciones municipales, la Subdirección Provincial de Recaudación Ejecutiva resolvió en junio declarar al Ayuntamiento responsable solidario de esa deuda, pero elevó la cifra final a 467.064 euros por conceptos que incluyen descubiertos de cotización, vacaciones no disfrutadas y trabajadores dados de alta que no llegaron a figurar en los boletines de cotización.

El Consistorio recurrió en alzada, pero la Seguridad Social desestimó ese recurso y agotó la vía administrativa; con dictamen previo de la Asesoría Jurídica Municipal, el Gobierno de Zaragoza decidió el pasado mes de octubre volver a acudir al TSJA.

La justificación del Ayuntamiento

La defensa municipal es la misma en los tres frentes: sostiene que no hubo sucesión de empresa, sino la simple reversión de unos bienes municipales, y que la explotación seguía de hecho en manos de terceros —una agrupación de interés económico y una sociedad de gestión de golf constituidas por Cublan antes de perder la concesión—. El dictamen jurídico que respalda los recursos ante la TGSS, fechado el 6 de octubre, insiste en que la cuestión “sigue sin resolverse”. La sentencia social del 20 de abril, sin embargo, desmonta ese argumento con un dato incómodo para el Consistorio: fue el propio Ayuntamiento el que pidió en 2024 que se suspendiera este mismo procedimiento social hasta que el juez del concurso se pronunciara sobre la sucesión de empresa —alegando que esa competencia era exclusiva y excluyente del juez mercantil—, para después intentar obviar el fallo cuando le fue desfavorable.

El trasfondo de los tres frentes es el mismo conflicto, que se libra a la vez en lo mercantil, en lo contencioso y en lo social: en febrero de 2024, la Sección Primera del TSJA ya había dado la razón íntegramente a Cublan en la vía contenciosa, declarando que la empresa tenía licencia tácita desde 2011 y un “indiscutible derecho a la licencia expresa” desde diciembre de 2021, semanas antes de que el Gobierno de Zaragoza le denegara el aval que habría evitado su quiebra. Esa sentencia alimenta la tesis que Cublan y sus acreedores defienden desde mayo de 2023 en la pieza de calificación del concurso, donde piden que se declare culpable de la quiebra al Ayuntamiento. Esta pieza ha cobrado actualidad estos días con la citación como afectados de nueve responsables del gobierno municipal PP-Cs de 2019-2023, entre ellos el actual presidente de Aragón, Jorge Azcón.

El procedimiento mercantil que afrontan Jorge Azcón, Natalia Chueca y María Navarro –junto a otros seis dirigentes políticos ahora en el PP– por revertir la concesión del spa de Ranillas, en Zaragoza, y que puede llegar a suponer su inhabilitación para administrar bienes ajenos, tiene un precedente jurídico con similitudes: la exalcaldesa de Alcorcón, la socialista Natalia de Andrés, ya fue condenada a cinco años en diciembre de 2021, un fallo en primera instancia que fue ratificado por la Audiencia Provincial en lo tocante a la inhabilitación. Aunque la regidora optó por mantener el puesto pese a las críticas, se vio obligada a dar un paso a un lado en las elecciones municipales de 2023.

No es un antecedente vinculante para lo sucedido en la capital aragonesa, pero es una muestra de hasta dónde pueden llegar este tipo de procedimientos cuando alcanzan a la cúpula de un Gobierno local. En concreto, el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid declaró culpable el concurso de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (EMGIASA) e inhabilitó durante diez años a la entonces alcaldesa.

Ambos casos se dirimen en la denominada Sección Sexta del concurso de acreedores: la pieza en la que un juzgado de lo mercantil determina si la quiebra de una empresa fue “fortuita” o “culpable”. En este segundo caso, también determina quién debe responder por ella. Por ahora, la jueza de lo Mercantil nº2 de Zaragoza ha citado en calidad de afectados a Azcón, Chueca y Navarro –ahora presidenta de las Cortes de Aragón–, así como a los todavía concejales Ángel Lorén, Víctor Serrano, Sara Fernández y a los exediles Patricia Cavero, Carmen Herrarte y Javier Rodrigo. Esto significa que podrían tener una responsabilidad directa en la insolvencia de la empresa Cublan Inversiones, a la que el Gobierno municipal revirtió la concesión del centro termal y spa de la Expo. Con esto se juegan en último término una inhabilitación de hasta 15 años para administrar bienes de terceros.

En Alcorcón, la sentencia recayó sobre EMGIASA, sociedad inmobiliaria cuyo único accionista era el Ayuntamiento y cuyo consejo de administración estaba formado por concejales. El juzgado concluyó que, entre 2009 y 2011, ese consejo –presidido por quien ocupaba la Alcaldía, Enrique Cascallana– repartió dividendos por 17,5 millones de euros pese a que la empresa arrastraba condenas judiciales por expropiaciones no contabilizadas, y que desvió 93,7 millones de los beneficios del negocio inmobiliario ordinario hacia la construcción de un macrocomplejo cultural sin ningún estudio de viabilidad. El fallo declaró al Ayuntamiento “administrador de hecho” de su propia empresa, le impuso el 25% del déficit concursal e inhabilitó a los concejales entre tres y diez años.

Dos años después, en diciembre de 2023, la Audiencia Provincial de Madrid mantuvo la inhabilitación de cinco años para Natalia de Andrés –concejala de Urbanismo en la época en que se produjeron los hechos y alcaldesa de Alcorcón cuando se dictó la sentencia—, pero rebajó la de Cascallana de diez a cinco años y, sobre todo, dejó sin efecto tanto la declaración del Ayuntamiento como administrador de hecho como la responsabilidad de cubrir el déficit concursal para todos los afectados.

En el caso del spa de Ranillas, en el recinto Expo de Zaragoza, hay diferencias. Así, la empresa que ha dado origen al conflicto es una concesionaria privada, Cublan Inversiones, que asumió la explotación en 2017 y cerró en febrero de 2022 tras una cadena de decisiones administrativas que ahora forman el corazón del litigio: el Ayuntamiento le denegó la licencia de funcionamiento de manera injusta, según han dictaminado los tribunales. Y, dos meses más tarde, invocando esa misma licencia denegada, le negó asimismo el aval necesario para ejecutar una financiación de 3,5 millones de euros que la empresa tenía comprometida con un fondo privado. Sin ese crédito, el spa cerró y la compañía se vio obligada a entrar en concurso. En mayo de 2023, Cublan y catorce de sus acreedores pidieron que se declarara culpable al Ayuntamiento por esa secuencia.

Desde el Ayuntamiento, fuentes municipales califican de “falso” que la jueza “haya citado a nadie” y aseguran que “de trata exclusivamente de una pieza de calificación dentro de un concurso de acreedores que contempla la comparecencia de determinadas personas como posibles afectados para que puedan ejercer sus derechos de defensa”, algo que -apuntan- “no es ni obligatorio”.

Hay que recordar que la empresa cuenta a su favor con una sentencia firme que respalda buena parte de la tesis de la empresa. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón resolvió en febrero de 2024, íntegramente a favor de Cublan Inversiones, que la instalación conservaba una licencia tácita desde 2011 y que la empresa tenía “un indiscutible derecho a la licencia expresa” desde el 4 de diciembre de 2021, casi dos meses antes de que se le negara el aval que la habría salvado de la quiebra.

Es, de cualquier forma, un procedimiento distinto ya que el actual se dirime en la jurisdicción mercantil. Y, además, en el caso de Zaragoza –a diferencia de Alcorcón– el Ayuntamiento no era propietario ni gestor de la empresa concesionaria, sino que le negó una licencia y un aval que llevó a la firma a la quiebra.

Lo que comenzó siendo una concesión administrativa muy problemática, el centro termal y spa de Ranillas, en el recinto de la Expo de Zaragoza, amenaza con convertirse en un dolor de cabeza para Jorge Azcón y Natalia Chueca de dimensiones aún por determinar. La jueza de lo Mercantil nº2 de Zaragoza ha citado a ambos dirigentes, entre varios otros –también a la actual presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro–, para dirimir un conflicto por la resolución anticipada de este contrato por parte del Ayuntamiento de la capital aragonesa, una decisión política consumada a finales de 2023 por la que los dos dirigentes populares se arriesgan a una inhabilitación para administrar bienes ajenos y, lo que es peor, que expone al Consistorio a una sanción millonaria.

El proceso es complejo y largo, y mezcla la vía mercantil con la contenciosa. Un punto de partida se puede situar en 2017, cuando la firma Cublan Inversiones asumió la explotación del recinto tras la liquidación de la anterior concesionaria, endeudada con el Ayuntamiento.

Cuatro años después, y en el plazo de cuatro meses entre octubre de 2021 y febrero de 2022, todo saltó por los aires. Cublan, que tenía dificultades financieras, pactó un crédito de 3,5 millones de euros con Audentia Capital para saldar la deuda con sus acreedores –entre ellos, el propio Consistorio– y poder mantener la actividad. Pero, para ello, la empresa necesitaba hipotecar la concesión como garantía y así se lo solicitó al Gobierno municipal, entonces con Jorge Azcón como alcalde en coalición con Ciudadanos.

Casi al mismo tiempo, la Gerencia de Urbanismo denegó la licencia de funcionamiento al complejo termal, lo que basó en que la instalación supuestamente no cumplía las condiciones en materia de incendios. Cublan interpuso un recurso de reposición, pero entre tanto el Gobierno del PP-Cs en Zaragoza aprovechó para tumbar la petición del aval, lo que justificó en la deuda contraída –algo más de 200.000 euros– y en la propia licencia denegada.

Desde febrero de 2022, el centro termal y spa permanece cerrado. El auto de declaración de concurso voluntario de Cublan Inversiones data de julio de ese año.

Hasta ahí, la primera parte. Pero la historia ha continuado. Porque la concesionaria recurrió la denegación de la licencia y los tribunales le han dado la razón. En noviembre de 2022, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Zaragoza anuló esta denegación, aunque por un vicio de tramitación: el Ayuntamiento no trasladó en su momento la documentación proporcionada por Cublan ante las supuestas deficiencias de Bomberos. La propia Cublan apeló y el 16 de febrero de 2024 la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso del TSJ de Aragón, con el juez Albar como ponente, le dio íntegramente la razón: determinó que cumplía con todas las exigencias, apuntó que de hecho la instalación contaba ya una licencia tácita desde 2011 y zanjó que Cublan contaba con “un indiscutible derecho a la licencia expresa” desde diciembre de 2021.

Esta última fecha es relevante ya que supone que cuando el Gobierno del PP-Cs en Zaragoza denegó el aval a la concesionaria esta ya contaba con licencia a todos los efectos.

Interés de un constructor

Y hay un factor añadido que recoge la sentencia del TSJA y que apuntala las pretensiones de la concesionaria: en octubre de 2023 –la alcaldesa era ya Natalia Chueca–, el Ayuntamiento concedió de forma expresa la licencia de funcionamiento y lo hizo con los documentos que obraban en el expediente original, los mismos con los que tumbó la de Cublan Inversiones.

Solo unos meses antes había trascendido el interés del constructor Juan Forcén, amigo íntimo de Jorge Azcón, por quedarse la concesión a cambio del pago de unos cuatro millones de euros, un precio muy por debajo del valor del mercado que tenía entonces la instalación. Finalmente, la opción no fructificó. Esa época coincide, por otro lado, con el denominado 'kioskogate', por el que Forcén resultó adjudicatario de la mayoría de terrazas de concesión municipal que sacó a concurso el Gobierno local de Azcón.

El Ayuntamiento recurrió la sentencia del TSJA en casación, pero el Tribunal Supremo lo inadmitió e impuso unas costas de 2.500 euros al Consistorio, como dio cuenta el Consejo de Gerencia de Urbanismo el 3 de junio de 2025.

En este contexto, Cublan Inversiones y 14 de sus acreedores reclamaron hace tres años, en la que ya es la pieza sexta del concurso, la declaración de culpabilidad del Ayuntamiento en la quiebra de la compañía, con una deuda reconocida de 14,6 millones de euros y más de un centenar de acreedores en total.

Y ese es el motivo por el que ahora la titular del Juzgado de lo Mercantil nº2 de Zaragoza ha citado a nueve responsables del Gobierno municipal PP-Cs en condición de afectados, tal y como adelantó este fin de semana 'El Periódico de Aragón': Jorge Azcón, Natalia Chueca, Ángel Lorén, María Navarro, Patricia Cavero –todos ellos, del PP–, Víctor Serrano, Sara Fernández, Carmen Herrarte y Javier Rodrigo –de Ciudadanos entonces, ahora en las filas populares–. ¿Qué supone la condición de 'afectado'? Que los nueve podrían tener una responsabilidad directa en la insolvencia de la empresa, lo que en último término les acarrearía una inhabilitación de entre 2 y 15 años para administrar bienes de terceros, públicos o privados. Y, a su vez, las arcas municipales se arriesgan a tener que asumir una multa que fuentes conocedoras del caso sitúan por encima de los 30 millones de euros.

Los nueve dirigentes políticos niegan haber recibido la providencia, que elDiario.es ha podido confirmar que existe y que está fechada el pasado 30 de junio. Este mismo martes, la alcaldesa ha esgrimido el mismo argumento, aunque fuentes municipales evitan valorar si la notificación ha llegado al Ayuntamiento de Zaragoza como institución.

Este periódico también se ha puesto en contacto con fuentes de Cublan Inversiones, que han rehusado hacer declaraciones.

“Un proceso mercantil”

Natalia Chueca ha pedido “tranquilidad” ante “un proceso mercantil, no penal”. “Hablamos de equipamiento conocido desde su inauguración con el alcalde Belloch, que ha sufrido múltiples concursos de acreedores. Un negocio ruinoso, que operó sin licencia desde el primero momento. Es una deuda de la mala gestión de la empresa, pretenden que paguemos todos los zaragozanos y yo voy a defender el interés de Zaragoza”, ha manifestado la regidora, pese a que el TSJA ya determinó que el establecimiento contaba con licencia de funcionamiento.

El PSOE, tanto a nivel regional como desde el grupo en el Ayuntamiento, ha pedido “explicaciones” al PP: “”Exigimos responsabilidad, transparencia e información“, expresó el domingo el diputado Jesús Morales. El lunes, la portavoz municipal, Lola Ranera, exigió una junta de portavoces extraordinaria para abordar este asunto, algo que Chueca ha rechazado: ”No procede“, ha afirmado este martes.

La Mesa del Árbol de Zaragoza, plataforma recién constituida por colectivos vecinales, ecologistas y personas preocupadas por la salud pública, ha instado al Gobierno municipal a despavimentar la ciudad, proteger el arbolado existente y aumentar la masa arbórea como respuesta a las altas temperaturas registradas en la capital aragonesa. El colectivo denuncia que Zaragoza ha perdido 10.000 árboles desde 2022, de los cuales 4.000 se encontraban en parques, más del doble que en las calles.

La plataforma enmarca su petición en el impacto sanitario de la actual ola de calor. Juste este fin de semana, el Instituto de Salud Carlos III ha cifrado en 153 las muertes atribuidas a altas temperaturas en España durante los primeros días de julio. Asimismo, estas cifras apuntan a que en junio hubo en el país 937 muertes asociadas al calor de las que 45 se produjeron en Aragón.

La Mesa del Árbol se apoya también en el estudio elaborado por el propio Ayuntamiento en colaboración con la Universidad de Zaragoza, recogido en la publicación 'El clima urbano de Zaragoza: la isla de calor', que demuestra que no toda la ciudad se comporta de la misma forma. En las zonas donde predominan el cemento y el tráfico, la temperatura es más elevada: el asfalto acumula el calor y lo irradia a lo largo del día y de la noche, lo que se traduce en noches tropicales.

Ante esta realidad, el colectivo sostiene que la protección frente a las altas temperaturas no puede depender solo de gestos individuales como evitar el sol o hidratarse. A su juicio, la disminución del pavimento y su sustitución por materiales que almacenen menos calor, la protección del arbolado existente y su aumento, así como el de las zonas verdes que actúen como refugio climático natural, deberían plantearse como un objetivo prioritario del Gobierno municipal.

Cuestionan los datos municipales sobre acceso a zonas verdes

La plataforma pone en duda la lectura optimista de las cifras publicadas recientemente por el Consistorio, según las cuales el 66% de la población dispone de un parque a menos de 300 metros de su domicilio. Aun admitiendo ese dato, señala la Mesa del Árbol, un tercio de la población no tendría acceso a zonas verdes ni árboles. El colectivo añade que la información proporcionada en la web municipal no aclara la metodología utilizada, lo que impide valorar la calidad y la cobertura arbórea, e insta al Ayuntamiento a realizar una presentación pública del estudio en la que se puedan aclarar estas dudas.

En opinión de la plataforma, los datos presentados, “descontextualizados y convenientemente escogidos”, pueden no reflejar la realidad cotidiana de la ciudad. Argumenta que un parque puede estar próximo y, sin embargo, carecer de sombra suficiente, presentar una escasa cobertura arbórea, disponer de un arbolado muy joven o no ofrecer condiciones adecuadas de confort durante los episodios de calor extremo. La calidad ambiental y la capacidad de un espacio verde para actuar como refugio climático, defiende, son tan importantes como su proximidad.

Según los últimos datos que maneja el colectivo, la pérdida de 10.000 árboles desde 2022 se traduce en parques “totalmente empobrecidos”, repletos de tocones, con árboles en mal estado fitosanitario y una cobertura arbórea muy baja en su conjunto. La consecuencia, afirma, son bancos sin sombra, explanadas de césped y parques que han dejado de ser un refugio climático.

La Mesa del Árbol considera prioritario planificar y reforzar los árboles de las calles y plazas de los barrios, así como el sombreado de las paradas de autobús y las zonas infantiles, y califica de alarmante que existan barrios con un arbolado muy limitado y escaso, como Delicias, Las Fuentes o el Casco Histórico. El colectivo recuerda que las muertes atribuibles a las altas temperaturas no afectan a todos por igual y golpean con mayor dureza a los barrios de menor renta y con menos zonas verdes.

A ello suma la situación de la red de refugios climáticos interiores, que, según denuncia, no son suficientes ni cuentan con personal que atienda a la población, y dejan de cumplir su papel al permanecer cerrados los fines de semana y los festivos.

Una Mesa Institucional del Arbolado Urbano

Como conclusión, la plataforma solicita, en línea con lo que demanda la Federación de Barrios de Zaragoza, la constitución de una Mesa Institucional del Arbolado Urbano en la que participen el Ayuntamiento, los colectivos vecinales, los ecologistas y la comunidad universitaria, una mesa de trabajo similar a la que ya existió en el marco de la Agenda 21 y, posteriormente, con el Consejo Sectorial de Medio Ambiente.

“El calor y las altas temperaturas han venido para quedarse”, advierte el colectivo, que reclama establecer un espacio de debate y participación real donde marcar las prioridades para proteger la salud de la población y mejorar la naturalización de la ciudad.

El Ayuntamiento de Zaragoza prueba un nuevo sistema de cámaras dotadas de inteligencia artificial (IA) para mejorar la seguridad vial en cruces con carriles ciclables. La tecnología detecta en tiempo real la aproximación de bicicletas y vehículos de movilidad personal y activa señales luminosas que alertan a los conductores cuando van a realizar un giro, con el objetivo de reducir el riesgo de accidentes.

Los primeros dispositivos han entrado en funcionamiento este viernes en dos intersecciones de la avenida de San Juan de la Peña: el cruce con la calle de Peña Oroel y la incorporación desde esta vía hacia el Camino de los Molinos. Ambas instalaciones se suman al sistema experimental que el Consistorio implantó en noviembre de 2025 en el cruce del Camino de las Torres con Madre Vedruna.

La elección de estos puntos responde a criterios de seguridad vial como la complejidad de los giros a la derecha, la geometría de los cruces, la existencia de obstáculos que dificultan la visibilidad del carril bici o la intensidad del tráfico.

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha subrayado que el Ayuntamiento de Zaragoza continúa apostando por la innovación para reducir la siniestralidad.

“Es nuestro deber como institución explorar los mejores sistemas para reducir la siniestralidad en nuestras calles. Seguimos construyendo una Zaragoza más segura, más accesible y más cívica con medidas como estas y con la tecnología como un gran aliado capaz de aportar soluciones sencillas y enormemente prácticas”, ha señalado.

Detección automática

El sistema emplea cámaras equipadas con inteligencia artificial y tecnología térmica, capaces de funcionar tanto de día como de noche y en condiciones de escasa visibilidad. Los dispositivos analizan las imágenes en tiempo real e identifican el tipo de usuario de la vía, diferenciando bicicletas, patinetes, peatones y vehículos.

Cuando una bicicleta o un vehículo de movilidad personal autorizado accede a la zona previamente configurada, la cámara envía una señal al controlador del cruce, que activa automáticamente una señal luminosa para advertir a los conductores de su presencia.

Además, la tecnología permite ajustar diferentes parámetros, como la dirección de circulación, la velocidad o el tiempo de permanencia del usuario en la zona de detección, evitando activaciones innecesarias y garantizando que la señal solo se ilumine cuando realmente existe riesgo de conflicto entre vehículos.

La implantación de estos nuevos equipos llega después de ocho meses de pruebas en el dispositivo instalado en Camino de las Torres, un periodo que ha permitido comprobar su funcionamiento tanto durante el invierno, con menor luminosidad y episodios de lluvia, como en los meses de mayor uso de la bicicleta.

Seguridad peatonal en Valdespartera

Coincidiendo con la puesta en marcha de estas cámaras inteligentes, el Ayuntamiento de Zaragoza ha activado también nuevas balizas luminosas en la plaza Bámbola, junto al Colegio Público Valdespartera, para reforzar la seguridad de los peatones en uno de los principales entornos escolares de la ciudad.

Esta actuación se enmarca en el plan municipal de implantación de balizas luminosas iniciado en 2023, que ya ha permitido actuar en puntos como Vía Ibérica-Embarcadero, plaza de San Francisco, Gómez Avellaneda, plaza Aragón o María Zambrano. Además, siguen los trabajos para instalar estos sistemas en la avenida de Madrid y, posteriormente, en la avenida de Valencia aprovechando su remodelación.

Paralelamente, el Consistorio local sigue ampliando otras medidas de accesibilidad, entre ellas la instalación de pasos de peatones inteligentes y dispositivos acústicos.

En la actualidad, Zaragoza dispone de más de 1.700 equipos sonoros distribuidos en 867 pasos de peatones y mantiene una planificación anual para seguir ampliando esta red con nuevas actuaciones destinadas a mejorar la seguridad y la movilidad de peatones, ciclistas y conductores.

La tramitación de Distrito 7, la denominada 'ciudad del cine' de Zaragoza, va a tropezón por semana. El último tiene que ver con la propia gestión del proyecto desde el Ayuntamiento, que la alcaldesa ha arrebatado al Departamento de Presidencia para traspasarla a Economía. Eso supone que el polémico José María Ruiz de Temiño, al frente la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Proyección Exterior, deja de tener el control de la instalación, situada en la antigua fábrica de Giesa.

El desarrollo de esta instalación, que ha costado 20 millones de euros a las arcas municipales, ha sido tormentoso desde el principio. Ya en el comienzo suscitó el rechazo en Las Fuentes, donde consideraban que la iniciativa “no cubre las necesidades detectadas en el barrio”, que desde su punto de vista tiene otras urgencias más allá de platós cinematográficos.

En abril de este año, la licitación de la unidad de producción audiovisual quedó en suspenso ya que la única oferta, proveniente de la mexicana EFD Studios, presentó su oferta cinco minutos fuera de plazo. Sin embargo, el Gobierno del PP salió al rescate y aprobó el manera inmediata una adjudicación directa a esta firma. Una compañía, por otro lado, que todavía no ha presentado los avales, como ha admitido este mismo miércoles la alcaldesa: “Estamos esperando, no hay un plazo concreto”, ha indicado.

Pocos días después, nuevo tropezón: también el concurso de la restauración quedó desierto, pese a que se amplió el plazo inicial.

Tampoco se ha librado de polémica la tercera pata del proyecto, el apartado formativo: en una tramitación récord de apenas cinco días hábiles, el equipo de gobierno de Natalia Chueca apañó la adjudicación directa por 30 años al grupo San Valero, que gestiona entre otros la Universidad San Jorge, para una formación profesional que aspiraba a ser concertada por el Gobierno de Aragón. Pese a que la idea era comenzar en este mismo curso 2026-27, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra la decisión del Ejecutivo autonómico de un concierto educativo estando en funciones ha obligado a retrasar un año el arranque.

Ante el “fiasco” denunciado por la oposición, hasta Vox se ha posicionado en contra del proceso: en el último pleno llegó a plantear una moción en la que reclamaba el cese de Ruiz de Temiño, aunque los votos del PP sumados al de la concejal tránsfuga evitaron su aprobación.

Ahora, sin embargo, se produce el relevo del proyecto, que pasa a la Consejería de Economía, que tiene a Carlos Gimeno al frente. La propia alcaldesa ha querido restar este miércoles importancia al cambio, que ha vinculado con el día a día del Ayuntamiento. “Ese parque –ha afirmado señalando al Pignatelli– lo ejecutó Urbanismo y después pasó a Parques y Jardines”. Pese a que el impulso de Distrito 7 correspondió a la Dirección General de Proyectos Estratégicos –encuadrado en Presidencia–, según su tesis, la idea era que “la gestión fuese desde Economía, porque se trata de impulsar el ecosistema y la industria audiovisual”. “Intentar hacer una polémica de algo que forma parte de la gestión habitual de los proyectos me parece sorprendente”, ha afeado Chueca.

“Un nuevo fracaso de Chueca”

El resto de grupos, sin embargo, no lo ven así.

Para el concejal del PSOE Horacio Royo, este hecho “simplemente constata la realidad, un nuevo fracaso absoluto del Gobierno de Natalia Chueca”. “Cuando un proyecto va pasando de área en área y a pesar de eso no sale adelante, es la constatación de que es un proyecto mal diseñado, un proyecto mal ejecutado y un proyecto que está abocado al fracaso”, ha evidenciado el edil socialista, para quien tampoco es una buena noticia que acabe en Economía, “bajo el mando de quien ha sido el enterrador de Etopia”, en referencia a Carlos Gimeno.

“Si la señora Chueca tuviese un mínimo de capacidad de autocrítica, lo que haría es depurar responsabilidades políticas por este fracaso, retomar el diálogo con las entidades y volver al espíritu fundamental del proyecto de Giesa, que era recuperarlo como espacio ciudadano, que es lo que nunca debió haber dejado de ser”, ha incidido Royo.

Desde Vox, su portavoz, Eva Torres, cree “correcto” que la alcaldesa “tome decisiones sobre un proyecto mal gestionado” y además valora que la decisión les da “la razón” con la moción en la que reclamaron el relevo de Ruiz de Temiño. En todo caso, Torres ve “insuficiente” el paso dado: “Cuando un alcalde o alcaldesa crea una nueva estructura, como sucedió con la Dirección General de Proyectos Estratégicos, eso supone dinero del bolsillo de los zaragozanos”, ha señalado, para indicar que en este caso se está “vaciando” de contenido a esta oficina pero el Gobierno municipal “no descarga el coste del bolsillo de los vecinos”.

La portavoz de Vox considera que el cambio de Presidencia a Economía tiene que ver con “una cuestión de confianza” de la alcaldesa: “Con este movimiento, Chueca muestra mayor confianza en el consejero de Economía que en el de Presidencia o en la de Cultura”.

“Truco de prestidigitador”

Finalmente, para Zaragoza en Común el traspaso constituye “un auténtico truco de prestidigitador”. “Puede intentar sacar del foco al consejero Ángel Lorén o al gerente Ruiz de Temiño, pero no oculta el verdadero problema: el proyecto sigue siendo un fracaso de gestión desde su concepción”, ha apuntado la formación, para la que “no desaparecen los retrasos, las licitaciones fallidas, las adjudicaciones cuestionadas ni la ausencia de un proyecto sólido”.

También ZeC cree que resulta “preocupante” que el proyecto pase al Área de Economía, “una de las más cuestionadas del Ayuntamiento por sus reiterados incumplimientos en materia de transparencia y por los numerosos reparos formulados por la propia Intervención municipal”. El problema nunca ha sido quién firma los papeles. El problema es que el Gobierno municipal sigue empeñado en sostener un proyecto que acumula fiasco tras fiasco mientras se niega a reconocer que necesita cambiar de rumbo“, ha abundado el grupo municipal.

El Ayuntamiento de Zaragoza acometerá el año que viene la reurbanización de los principales viales y de renovación de infraestructuras del Parque Pignatelli con el objetivo de actualizar uno de los espacios verdes históricos más emblemáticos de la ciudad, resolver problemas de conservación acumulados durante décadas y adaptar sus instalaciones a las necesidades actuales de los usuarios. El espacio contará con dos nuevos accesos desde Cuéllar.

La actuación, que ha sido presentada este miércoles por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, supondrá la renovación una superficie aproximada de 26.800 metros cuadrados y constituye una intervención integral que irá más allá de otras actuaciones parciales desarrolladas en los últimos años. El proyecto tiene un presupuesto previsto de 1,7 millones de euros y se ejecutará a lo largo de 2027.

La alcaldesa ha recordado que “esta reforma se unirá a las intervenciones integrales ya realizadas o en marcha en otros parques emblemáticos, como el Parque Grande José Antonio Labordeta, el del Royo del Rabal o el del Tío Jorge.

El Parque Pignatelli presenta actualmente una configuración heredada del proyecto de remodelación desarrollado en 1985, que reorganizó los recorridos peatonales y modernizó un espacio que entonces contaba ya con casi un siglo de historia. Sin embargo, el incremento del uso durante las últimas décadas, especialmente en los itinerarios principales, ha provocado un notable deterioro de los pavimentos. A ello se suman las dificultades de mantenimiento de los firmes drenantes, afectados por los arrastres producidos durante los episodios de lluvia, así como el envejecimiento de las distintas redes de servicio, algunas de las cuales datan incluso de principios del siglo XX.

El proyecto persigue varios objetivos prioritarios: mejorar la accesibilidad; reorganizar y dimensionar adecuadamente los viales según su intensidad de uso; renovar las infraestructuras que discurren bajo ellos; reforzar la iluminación; rehabilitar los accesos al parque; y potenciar algunos de sus espacios más representativos mediante nuevo mobiliario urbano y soluciones de iluminación específicas. También se revisarán las condiciones de las concesiones existentes y se mejorará la conexión del parque con la ciudad mediante dos nuevos accesos desde el paseo Cuéllar.

Vial desde Maestro Estremiana hasta la plaza de Diego Velázquez

La actuación se estructura en nueve sectores diferenciados. El primero constituye el núcleo principal del proyecto y comprende la renovación completa del vial que conecta la calle de Maestro Estremiana con la glorieta de Diego de Velázquez. Se trata del recorrido con mayor tránsito peatonal y ciclista del parque y, además, del corredor bajo el que discurren las principales redes de abastecimiento y servicios. La intervención permitirá renovar simultáneamente el pavimento, las infraestructuras soterradas y el mobiliario urbano a lo largo de todo el recorrido, incluyendo las conexiones necesarias con el exterior del parque.

El segundo sector estará dedicado a mejorar la accesibilidad del itinerario peatonal paralelo al vial principal. Actualmente, la presencia de numerosos tramos de escaleras limita el uso de este recorrido por parte de muchas personas. El proyecto prevé incorporar rampas en todos estos puntos para garantizar un recorrido completamente accesible, actuando únicamente en los espacios necesarios y aprovechando además para reparar los pavimentos más deteriorados.

La mejora de la imagen urbana del parque también tendrá protagonismo destacado. El acceso desde la glorieta Diego de Velázquez será renovado mediante la consolidación de su estructura, la eliminación de elementos metálicos añadidos con el paso del tiempo y la incorporación de nueva iluminación y señalética. Una actuación similar se desarrollará en el acceso desde el paseo Cuéllar, donde además se instalará un elemento ligero sobre los pórticos existentes que proporcionará sombra durante el día y se convertirá en un nuevo elemento iluminado durante la noche.

Entre las actuaciones más representativas figura también la renovación del entorno de la Fuente Circular. El proyecto recuperará el protagonismo de este espacio mediante la instalación de una luminaria circular que conectará visualmente la columnata existente. Asimismo, se sustituirán las piezas deterioradas y se repondrán aquellas que han desaparecido con el paso del tiempo para recuperar la imagen original del conjunto.

La modernización del parque continuará con la renovación integral de la red de iluminación, que incluirá la sustitución tanto de las canalizaciones como de las luminarias en una fase posterior del proyecto. Paralelamente, se rehabilitará el vallado perimetral, corrigiendo las patologías detectadas y renovando los elementos deteriorados de piedra, hormigón y barandillas. También se renovarán los bancos de las tres plazas circulares mediante nuevos elementos continuos de hormigón armado con asientos de madera, mientras que los bancos históricos serán reubicados en otras zonas del parque para seguir prestando servicio.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha vivido este jueves uno de los momentos de mayor tensión del mandato de Natalia Chueca. La alcaldesa ha paralizado durante veinte minutos el pleno municipal en plena tramitación de una moción de Vox que pedía el cese del director general de Proyectos Estratégicos, José María Ruiz de Temiño, conocido por la oposición como el “concejal en la sombra”. Finalmente, el Partido Popular ha salvado a su colaborador gracias al voto de la concejala no adscrita.

Varios representantes de la Asociación de Vecinos Montes de Torrero-La Paz han intervenido en el debate de una moción que solicitaba la destitución del director general de proyectos del Ayuntamiento de Zaragoza y artífice de varios proyectos fallidos de la alcaldesa, entre ellos la frustrada ampliación del Parque de Atracciones de Zaragoza y el posterior cierre del recinto.

Tenía la palabra Cristina Villuendas, en representación de la plataforma Salvemos los Pinares de Venecia, integrada por diversas organizaciones vecinales y ecologistas. Durante su intervención ha expresado la indignación de la plataforma por la forma de actuar del equipo de gobierno en el barrio de Torrero-La Paz y en su entorno natural.

Cuando la portavoz se ha referido al Parque de Atracciones, que durante más de 50 años ha cumplido una función de ocio para la ciudad, la alcaldesa, Natalia Chueca, ha interrumpido su intervención para pedir al resto de miembros de la plataforma que la acompañaban que se sentaran, a lo que estos han accedido.

A continuación, también les ha reclamado que retiraran las pancartas en las que podía leerse: “Ampliación Parque de Atracciones = chapuza”. Los asistentes, que ocupaban las sillas reservadas al público, se han negado a hacerlo.

“Las pancartas no están permitidas”, ha respondido la alcaldesa, que ha regresado al pleno apenas unos minutos antes de concluir el punto anterior del orden del día con visible malhumor. Hasta en tres ocasiones ha instado a los vecinos a retirar las cartelas y, al comprobar que no lo hacían, ha decidido interrumpir el pleno y convocar una junta de portavoces, para sorpresa de todos los presentes.

Uno de los concejales socialistas ha recordado entonces que meses atrás no se había puesto objeción a la presencia de unas pancartas “con la cabeza de Pedro Sánchez boca abajo”. Tampoco, apenas unos minutos antes, se había impedido la exhibición de otras pancartas portadas por personas que reclamaban la creación de la unidad Viogén en la Policía Local de Zaragoza, cuya puesta en marcha continúa bloqueada.

“¡Qué cara dura! ¿Pero qué es esto?”, han protestado varios vecinos de la plataforma antes de que la sesión quedara completamente paralizada. Tras 20 minutos, el pleno se ha reanudado recolocando a los asistentes y colocando en las primeras filas personal del gabinete de comunicación y otros colaboradores.

Las críticas que la plataforma han incluido la exigencia de responsabilidades políticas y dimisiones por “la malísima gestión de la ampliación del Parque de Atracciones y sus consecuencias actuales”, así como su rechazo al centro de datos de Microsoft previsto en los Pinares de Venecia. “No tenemos información y este proyecto atenta contra la vida de los Pinares, de los barrios colindantes y de la ciudad”, han apuntado desde la asociación.

Ruiz de Temiño, el artífice de varios proyectos fracasados

Tras reanudarse el pleno, el debate se ha centrado en la moción presentada por Vox para exigir la destitución del director general de Proyectos Estratégicos, José María Ruiz de Temiño, conocido por la oposición como el “concejal en la sombra”. La iniciativa ha evidenciado uno de los mayores choques políticos del mandato de Natalia Chueca entre el Gobierno municipal y el que hasta ahora ha sido su socio habitual para aprobar los presupuestos.

La portavoz de Vox, Eva Torres, ha atribuido la crisis del Parque de Atracciones a una gestión “deficiente” del Ejecutivo municipal y ha defendido que la responsabilidad política recae sobre la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Proyección Exterior. “Las cosas no están funcionando, pero se acumulan las malas gestiones, con cada vez más preguntas y menos respuestas”, ha afirmado. La imposibilidad de abrir el Parque de Atracciones este verano ha dejado en el aire el futuro de los 81 trabajadores que permanecían en un ERTE, además de los empleos indirectos vinculados a la actividad del recinto.

Asimismo, ha responsabilizado a Ruiz de Temiño de otros proyectos fallidos impulsados por el Ayuntamiento, como la Ciudad del Deporte, el canal de aguas bravas o Distrito 7 (ciudad del cine). El expediente de este último permaneció paralizado durante seis meses hasta que el Gobierno de Aragón cerró los acuerdos relacionados con los ciclos formativos de FP del Grupo San Valero, además de la polémica adjudicación a una empresa vinculada al proyecto audiovisual destinado a justificar una inversión pública de 20 millones de euros.

La concejala no adscrita, Marisa Gaspar, elegida en las listas de Vox y cuyo voto sostiene la mayoría del Gobierno municipal, se ha desmarcado de la postura de su antigua formación y no ha respaldado la petición de destitución.

Desde Zaragoza en Común han apoyado la moción, aunque han reprochado a Vox haber tardado demasiado en presentarla. El concejal Suso Domínguez ha recordado que Ruiz de Temiño ya estuvo rodeado de polémica cuando dirigía Zaragoza Vivienda. “Parece que no haya pasado nada con él, cuando en 2022 ya se pidió su dimisión porque acabó contratando a sus compañeros de pádel y a trabajadores de su empresa, a quienes luego puntuó y valoró”, ha afirmado. También ha recordado que existieron denuncias por acoso sexual contra el actual director general y ha concluido que Ruiz de Temiño es “el perejil de todas las salsas de los fiascos de esta ciudad”.

Por su parte, el concejal socialista Horacio Royo ha comenzado su intervención refiriéndose a la suspensión del pleno provocada por la retirada de las pancartas. “Menudo berrinche para echar una pancarta un metro hacia atrás”, ha ironizado. A continuación, ha reconocido que la situación no debía de ser fácil para la alcaldesa después de que el Gobierno municipal hubiera perdido minutos antes la moción socialista sobre las altas temperaturas en las aulas de los colegios públicos. También ha considerado que la presentación de esta iniciativa por parte de Vox respondía a la negativa del equipo de gobierno a reconocer sus errores. Sin embargo, ha rechazado interpretar la moción como una deslealtad hacia el PP. “Vox está siendo extremadamente leal con usted, aunque piense lo contrario”, ha manifestado dirigiéndose a Natalia Chueca.

Royo ha recordado que el PSOE lleva seis años reclamando la dimisión de Ruiz de Temiño por sus “andanzas”, sus presuntos conflictos de intereses con la empresa Brial y las reiteradas quejas de los trabajadores de Zaragoza Vivienda, algunos de los cuales, ha asegurado, llegaron a cogerse bajas médicas por el trato recibido. “Y encima lo eleva a los altares”, ha reprochado a la alcaldesa.

“¿Cuándo dejó de detectar todas las banderas rojas?”, le ha preguntado Royo a Chueca. Además, le ha afeado que, tres años después, siga manteniendo su confianza en el director general y ha aprovechado para pedir explicaciones sobre los avales del grupo mexicano que gestionará el proyecto Distrito 7, en el que el Ayuntamiento ha comprometido una inversión de 20 millones de euros y cuya adjudicación continúa rodeada de polémica.

En nombre del Partido Popular, Ángel Lorén ha defendido la actuación del Gobierno municipal y ha asegurado que existe una garantía de 600.000 euros vinculada a la concesión del Parque de Atracciones, cuyo contrato llegaba a su fin. “El concesionario tiene toda la solvencia”, ha sostenido.

Lejos de asumir las críticas dirigidas contra Ruiz de Temiño, Lorén ha acusado a Vox de “hacer el juego a la izquierda” y ha lamentado la “persecución” que, a su juicio, ha sufrido el director general por parte de los grupos de la oposición, llegando a tildar de “típica persecución de los mediocres a la brillantez”.

Vox ha rechazado los argumentos del Partido Popular y ha reclamado al Gobierno municipal que ejecute el aval, recepcione las instalaciones del Parque de Atracciones y explique por qué, a su juicio, se ha puesto del lado de la empresa concesionaria.

Finalmente, la moción ha sido rechazada gracias al voto de la concejala no adscrita que sostiene la mayoría del Gobierno municipal. La iniciativa ha recibido 15 votos a favor —los de Vox, PSOE y Zaragoza en Común— y 16 en contra —los del Partido Popular y la edil tránsfuga—.

“Tras un balance de gestión histórico, poco más se puede hacer. Siempre quedan cosas pendientes y tendremos que seguir gobernando para hacerlas en la próxima legislatura”. Con esta declaración ha cerrado Natalia Chueca el acto organizado por el Ayuntamiento para hacer balance de sus tres años al frente de Zaragoza, una intervención plagada de autobombo, cuyo horizonte declarado es convertir la ciudad en la capital europea “del bienestar y la calidad de vida”. Cuestiones como el último informe del Tribunal de Cuentas, el fiasco del parque de atracciones o los sobrecostes en La Romareda se han quedado en el tintero. También el importante volumen de fondos europeos provenientes del Gobierno central, pese a que le dedicó un severo correctivo en su intervención.

Acompañada por todo su equipo de gobierno, la alcaldesa ha repasado una gestión que, según su relato, ha servido para saldar la deuda histórica con los vecinos. Un reconocimiento que, asegura, percibe a diario. “Me lo dicen cada vez que salgo a hacer un recado, una gestión o asisto a un acto”, ha explicado. La propia Chueca ha confesado haberse emocionado al contemplar el vídeo elaborado por su equipo de comunicación sobre estos tres años de mandato. “Casi me quedo sin palabras”, ha resumido.

La alcaldesa ha presumido de haber logrado una combinación difícil de mejorar: más inversión, menos deuda y menos impuestos. Según ha destacado, Zaragoza se ha convertido en un referente nacional gracias a contar con el IBI más bajo entre las capitales españolas.

Entre los principales hitos ha citado una inversión de 303 millones de euros destinada a transformar la ciudad, con actuaciones en calles y avenidas que “antes parecían carreteras”, nuevos equipamientos, más zonas verdes, vivienda pública, movilidad y oportunidades para el talento. El resultado, según la alcaldesa, es una Zaragoza “más verde, más accesible, más próspera y, sobre todo, más humana”.

Como muestra de que aún queda algún margen para la mejora pese al “poco más se puede hacer”, ha recordado el nuevo acuerdo marco de hasta 14,4 millones de euros para agilizar las obras de pavimentación durante todo el año. También ha anunciado la incorporación de 600 nuevas bicicletas públicas, que elevarán la flota a 3.100 unidades; un incremento de 1,2 millones de euros en el presupuesto de asfaltado y una segunda fase del plan de modernización del alumbrado público, ReluzYDos, dotada con cerca de 10 millones de euros.

La estrategia municipal, ha afirmado, está impulsando proyectos capaces de vertebrar la ciudad y reforzar su proyección internacional. Entre ellos ha destacado la regeneración integral del río Huerva, con una inversión superior a los 31,9 millones de euros para recuperar 80.000 metros cuadrados de espacio público y financiada con fondos europeos provenientes del Estado. El tramo 2 alcanza ya el 68% de ejecución y se prevé su inauguración a finales de 2026, mientras que el tramo 1 supera el 47%.

Entre los próximos desafíos figuran la candidatura de Zaragoza como Capital Europea del Deporte 2027 y la exposición internacional 'Doscientos años con Goya', que se celebrará en La Lonja entre abril y agosto de ese mismo año.

Proyectos discutidos, éxitos indiscutibles

Lejos de esquivar algunas de las actuaciones más cuestionadas de su mandato, Chueca ha reivindicado con orgullo proyectos como la nueva Romareda, cuyo presupuesto supera los 180 millones de euros, o la operación de Giesa, donde se han invertido 20 millones de euros de dinero público para impulsar una 'ciudad del cine' para la que el único ofertante llegó tarde y ciclos de FP concertada.

También ha celebrado la conversión de Etopía en un “referente”, un centro de emprendimiento, innovación y tecnología que no pasa por sus mejores momentos. En la misma línea ha situado el canal de aguas bravas de la Expo, cuya reapertura ha costado seis millones de euros y, aunque estaba prevista para esta primavera, ha tenido que retrasarse por exigencias derivadas de la nueva contrata.

La alcaldesa también se ha atribuido el impulso de la incorporación de Zaragoza al sistema Viogén, aunque la nueva unidad policial Égida sigue sin estar operativa tras años de retrasos, desencuentros con la Delegación del Gobierno y discrepancias con la plantilla sobre sus condiciones laborales y económicas.

Sánchez “ensombrece” el balance

Aunque la alcaldesa ha aprovechado para lanzar sus habituales dardos al Gobierno central, uno de los capítulos que mayor beneficio ha reportado a la ciudad son los mencionados fondos europeos, con los que ha llevado a cabo importantes inversiones en movilidad o vivienda. De hecho, la propia Chueca ha reconocido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez —al que ha acusado de estar “lleno de corrupción” y de no ayudar a Zaragoza— le ha felicitado por el elevado nivel de ejecución de esos fondos.

Quedan lejos las denuncias que ha protagonizado su antecesor y actual presidente de Aragón, Jorge Azcón, cuando viajó a Bruselas en 2022 para denunciar un reparto “sectario” y “político” de los fondos Next Generation por parte del Gobierno de España.

Tampoco ha habido referencias al episodio que estuvieron a punto de costar al Ayuntamiento 7,4 millones de euros destinados a subvencionar el transporte público. Un error en la tramitación de la solicitud dejó inicialmente a Zaragoza fuera de las ayudas estatales, obligando teóricamente al consistorio a asumir con fondos propios el descuento aplicado a los usuarios. Finalmente, el Consejo de Ministros aprobó una concesión directa de esos fondos para evitar que los ciudadanos asumieran las consecuencias del fallo administrativo.

Este miércoles, la alcaldesa ha destacado que Zaragoza ocupa la tercera posición entre las ciudades españolas con mayor captación de fondos europeos, solo por detrás de Madrid y Barcelona. La ciudad ha obtenido más de 125 millones de euros en convocatorias competitivas destinadas a digitalización, sostenibilidad y transformación urbana, de los que ya ha ejecutado más de 102 millones, alcanzando un grado de ejecución superior al 82%.

Estos fondos financian además buena parte de las actuaciones en rehabilitación energética y vivienda social. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla una inversión de 266 millones de euros en Aragón y ha permitido impulsar 384 viviendas mediante fórmulas de colaboración público-privada.

Pese a insistir en que el Gobierno central obstaculiza la acción municipal, la alcaldesa también ha mostrado su satisfacción por proyectos como el plan de alumbrado público, financiado mediante un crédito a interés cero concedido por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

Algo similar ocurre con la llamada “cicatriz histórica” del Portillo. Chueca ha celebrado el avance del proyecto, aunque su desarrollo depende de Zaragoza Alta Velocidad (ZAV), una sociedad participada en un 50% por el Ministerio de Transportes a través de Adif, mientras que el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza aportan el 25% restante cada uno.

“Nuevos show comunicativo”: las reacciones

La portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha valorado con dureza la comparecencia de la alcaldesa, Natalia Chueca, con motivo del tercer año de Legislatura, tildándola de “nuevo show comunicativo basado en el marketing, el triunfalismo y un tono puramente electoralista”.

Frente a la etiqueta de “capital mundial del bienestar” utilizada por Natalia Chueca, la portavoz de Vox ha invitado al gobierno local “a pisar la calle y preguntar directamente en Las Delicias, San José, Valdefierro o el Casco Histórico si realmente sienten que viven en la capital mundial del bienestar”. A continuación, ha considerado que “no podemos meternos en una burbuja y felicitarnos por las grandes hazañas que creen que están realizando en la ciudad cuando nuestros vecinos en las calles lo que nos están diciendo es que necesitan más limpieza y más seguridad”. La portavoz de VOX también ha repardo en que los barrios rurales “sufren de igual modo un abandono crónico que solo se mitiga parcialmente gracias a las partidas presupuestarias duplicadas a exigencia de VOX”.

Por todo ello, Torres ha aconsejado a la regidora “escuchar más a los zaragozanos y dejarse de tanto marketing y de tanto festival”.

Para Zaragoza en Común, estos tres años han confirmado un modelo de ciudad basado en “la política de amigos”, donde las decisiones se toman desde los despachos y de espaldas a la ciudadanía, mientras se priorizan los intereses de unos pocos frente a las necesidades de la mayoría.

La portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, ha criticado que “Chueca ha gobernado a golpe de despacho, sin escuchar a los barrios, sin dialogar con el tejido vecinal y sin construir una ciudad para todos y todas. Ha preferido las fotos, los focos y los grandes anuncios a resolver los problemas cotidianos de la gente”.

Además, ha denunciado que el Gobierno municipal ha impulsado“ un continuo trasvase de recursos públicos hacia intereses privados, con un urbanismo a la carta, vendiendo suelo publico para viviendas de lujo y paralizando la ampliación del parque publico de vivienda de alquiler, mientras servicios esenciales y demandas históricas de los barrios siguen sin respuesta”.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, fue una de las miles de asistentes al cierre de la histórica residencia de Bad Bunny en Madrid. La regidora asistió este lunes al último de los diez conciertos que el artista puertorriqueño ha ofrecido en el estadio Riyadh Air Metropolitano, según muestran las imágenes captadas por Europa Press.

Chueca siguió el espectáculo desde la grada Los Vecinos, una de las ubicaciones más cotizadas del recinto y considerada por la organización como una de las mejores zonas para disfrutar del concierto. Las entradas para ese sector tenían un precio de partida de 203,30 euros, al que había que sumar cerca de 27 euros en gastos de gestión, superando los 230 euros por localidad.

Preguntado por este periódico, el Ayuntamiento de Zaragoza ha señalado que la asistencia de Chueca al concierto se produjo en el ámbito privado y que no se trató de un acto institucional.

Las imágenes muestran a la alcaldesa acompañada de varias personas de su entorno durante una actuación que se prolongó durante cerca de tres horas y en la que Bad Bunny repasó algunos de los grandes éxitos de su carrera. La última noche de la residencia contó además con la participación sorpresa del cantante canario Quevedo. El artista puertorriqueño cerró este lunes una residencia de diez conciertos en Madrid tras haber pasado también por Barcelona. La gira, una de las más exitosas del año, ha estado marcada por la enorme demanda de entradas, los elevados precios de algunas localidades y la presencia de numerosos rostros conocidos entre el público.

La promotora que resultó adjudicataria de tres promociones de viviendas para alquiler asequible en Zaragoza, Brial, ha habilitado la página web en la que los interesados pueden inscribirse. En total son 78 viviendas que tienen entre 47 y 90 metros cuadrados, ubicadas en los barrios de Valdefierro y Las Fuentes. El alquiler oscila entre los 345 euros los pisos más asequibles hasta 750 euros los más caros.

El portal www.alquilerasequiblezaragoza.com es el canal digital único a través del cual los ciudadanos podrán inscribirse para optar al sorteo ante notario de las primeras viviendas de alquiler asequible impulsadas por el Consistorio mediante la captación de fondos europeos, ya está activa. Para registrarse, eso sí, habrá que esperar al próximo 23 de junio.

Tal y como adelantó la alcaldesa, Natalia Chueca, la puesta en marcha de esta plataforma, gestionada por Brial en cumplimiento de los pliegos de la normativa europea, marca el inicio del proceso de publicidad y adjudicación de estos primeros pisos, que llegarán a ser un total 361.

Esta primera promoción contempla dos sorteos independientes que abrirán el camino al resto de promociones de la ciudad: uno conjunto para los 59 pisos ubicados en Valdefierro (en la calle de Argos, 8, y calle de Saturno/Mercurio, 24-26) y otro para las 19 viviendas de San José (en la calle de Miguel Servet, 202).

Todo el procedimiento cuenta con una comisión mixta de seguimiento con presencia de las administraciones públicas, garantizando un desarrollo transparente, publicitado y en estricta igualdad de condiciones, culminando en sorteos públicos con certificación notarial.

El objetivo municipal es que estas primeras viviendas, si no surgen contratiempos con la conexión de servicios y suministros por parte de terceros, puedan entregarse entre los meses de agosto y octubre de este mismo año.

Habitaciones y precios

Esta iniciativa municipal destaca por su adaptabilidad a la diversidad de los hogares zaragozanos. El proyecto de 361 pisos, del cual forman parte estas primeras 78 viviendas, ha sido diseñado bajo la premisa de no infrautilizar recursos, asignando pisos de mayor capacidad a unidades familiares más grandes y reservando espacios adaptados para personas con movilidad reducida.

En los edificios de Argos y Mercurio/Saturno (Valdefierro) se ofrecen viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con garajes y trasteros, contando con tres viviendas adaptadas para movilidad reducida y una para familias numerosas. El precio fijado es de 7euros/m2 en vivienda y 4,20 euros/m2 en anexos, lo que supone una horquilla mensual de entre 437,56 y 846,85 euros euros para Argos, y de 414,33 a 599,76 euros para Mercurio, excluyendo gastos de comunidad.

En Miguel Servet 202 (San José), se ofertan pisos de 1, 2 y 3 dormitorios, con una vivienda adaptada, a un precio de 6,80 euros/m2 en pisos y 4,08 euros/m2 en trasteros, resultando en rentas mensuales de entre 365 y 673 euros.

Requisitos y calendario

La nueva plataforma digital ya ofrece a los ciudadanos toda la información necesaria para conocer a fondo las promociones disponibles y resolver cualquier duda antes de presentar su solicitud. El sitio web está diseñado para ser una herramienta integral, que alberga en su interior secciones de preguntas frecuentes, mapas con planos de situación y del entorno de los barrios, planos de planta tipo de los edificios, así como listados exhaustivos donde se detalla el estado, los dormitorios, la superficie útil y la renta exacta de cada piso.

Para poder participar en el proceso, los interesados deberán cumplir con unos requisitos básicos detallados en las bases. Entre ellos destaca la obligación de ser mayor de edad o estar emancipado legalmente, así como tener la necesidad real de una vivienda, lo que implica no tener otra propiedad ni estar arrendando actualmente una vivienda protegida, salvo excepciones muy concretas.

Asimismo, la vivienda adjudicada deberá destinarse a domicilio habitual y permanente, los solicitantes deben estar empadronados en Aragón y no pueden haber incumplido obligaciones de pago anteriores ni con la Hacienda estatal, autonómica o local, ni con la Seguridad Social.

En el aspecto económico, las viviendas de alquiler asequible están pensadas para adaptarse al esfuerzo financiero de los hogares, garantizando que el coste del alquiler y sus anejos, incluidos los gastos de comunidad, no superen el 30% de los ingresos brutos de la unidad de convivencia. De este modo, y para asegurar que el fin social se cumple, los ingresos de la unidad familiar no podrán superar 4,5 veces el IPREM ponderado. En la actualidad, este límite se traduce en unos 42.000 euros para hogares de un solo miembro y de 54.000 euros para familias de dos o más personas.

El calendario del proceso ya está fijado y estructurado en varias etapas. Tras la actual fase de anuncio e información técnica, se abrirá el periodo de inscripción mediante formulario web, que comenzará el próximo 23 de junio a las 09.00 horas y finalizará el 7 de julio a las 23.59 horas. Posteriormente se procederá al sorteo público ante notario, seguido por el envío y validación de la documentación de los seleccionados, la elección presencial de la vivienda, y finalmente, la firma del contrato de arrendamiento y entrega de llaves.

El movimiento vecinal del barrio de Torrero cierra filas con el Centro Social Okupado (CSO) Kike Mur sobre el que pesa una orden de desalojo para construir un centro de mayores. “La imposición del proyecto municipal para cerrar definitivamente el centro está generando una contestación muy fuerte en el barrio, como nunca se ha visto”, advierten desde la Asociación Montes de Torrero-barrio de Venecia y la Asociación Cultural ‘El Cantero’.

Para ambas entidades, la iniciativa es una excusa para acabar con uno de los últimos bastiones de autogestión, solidaridad y memoria democrática de Zaragoza, ya que el Ayuntamiento dispone de otros espacios municipales vacíos, situados frente a la antigua cárcel, donde podría ubicar ese equipamiento. Por ello, acusan a la alcaldesa, Natalia Chueca, de gobernar de espaldas al barrio y alertan de una “tormenta perfecta” de conflictos provocada por una sucesión de decisiones adoptadas sin diálogo con los vecinos. En este contexto, sostienen que “si se produce el desalojo, la violencia estará provocada por la hipocresía de la alcaldesa”.

Ángela Ezquerro, Miguel Guíu y Javier Grasa son representantes de la Asociación Vecinal Montes de Torrero-barrio de Venecia. Josan Pérez y Chema Gregorio lo son de la Asociación Cultural ‘El Cantero’. Todos ellos representan a los jóvenes del CSO, que renuncian a ser sus propios portavoces en una charla con este diario y delegan su voz en los históricos representantes de un barrio históricamente combativo y de arraigada identidad obrera en Zaragoza. Todos ellos rechazan la imagen de conflictividad que se proyecta sobre el espacio y reivindican su papel como uno de los últimos referentes de la autogestión en la ciudad, además de un enclave fundamental para la memoria democrática del barrio.

Las entidades consideran que el Kike Mur se ha convertido durante los últimos quince años en un espacio abierto a la participación ciudadana: aquí se desarrollan actividades vinculadas al feminismo, el antiespecismo, los derechos LGTBIQ+, la memoria histórica, la solidaridad con las personas presas, la cultura alternativa y numerosas iniciativas comunitarias. También acoge conciertos, debates, talleres, encuentros sociales y propuestas que, según sostienen, difícilmente encontrarían cabida en equipamientos institucionales.

Lejos de competir con la programación de otras entidades, aseguran que el centro social “es una joya para el barrio, impulsada por jóvenes que aportan una mirada diferente y complementaria, enriqueciendo la vida cultural, fortaleciendo las relaciones vecinales y contribuyendo a construir comunidad”, resumen.

“Aporta inquietudes, perspectivas y actividades que no existen en otros espacios”, señalan. Entre los ejemplos recientes de esa implicación destacan la campaña solidaria organizada tras la dana de Valencia, cuando integrantes del Kike Mur recogieron y trasladaron gratuitamente varias toneladas de alimentos y productos de primera necesidad a las zonas afectadas. Aquella iniciativa sirvió además para que muchos vecinos accedieran por primera vez al recinto y conocieran de cerca la labor que se desarrolla en su interior.

“Lo que tenemos que entender es que el CSO Kike Mur es un espacio autogestionado, que se sale del sistema convencional”, explica Ángela Ezquerro. “Es algo que tiene mucho valor porque son gente joven, organizada, que aporta al barrio desde un montón de aspectos y no encuentra rechazo ni queja alguna por parte de los vecinos”, explica Javier Grasa.

“Lo que no podemos hacer es criminalizar esa actividad. Lejos de ello, lo que intentamos hacer es darle valor, porque es una suerte contar con algo tan genuino en la sociedad en la que vivimos”, añade Chema Gregorio.

Para el movimiento vecinal, el valor del Kike Mur va más allá de su programación. Recuerdan que la antigua cárcel de Torrero ocupa un lugar central en la memoria democrática de Zaragoza, en lo que Miguel Guíu ve una suerte de “justicia poética”, que hoy sean los nietos de aquellos que fueron encarcelados y represaliados, desde anarquistas, opositores políticos, homosexuales o miembros de la comunidad gitana, los que conviertan esta antigua prisión en un espacio gestionado por jóvenes comprometidos con causas sociales y comunitarias. “Donde antes hubo represión, ahora hay participación y vida colectiva”, resume.

Las asociaciones recuerdan además que el actual proyecto no nació al margen del barrio. Subrayan que, tras un intento de desalojo producido en los primeros años de ocupación, una multitudinaria movilización vecinal permitió reabrir el espacio y consolidar su actividad. Desde entonces, sostienen, la relación entre el centro social y el tejido asociativo se ha fortalecido a través de campañas solidarias, movilizaciones, actividades culturales y proyectos compartidos.

Frente a esta realidad, las entidades cuestionan los argumentos utilizados por el Ayuntamiento para justificar el cierre. Consideran que el anuncio de un nuevo centro para mayores responde más a una estrategia política que a una necesidad detectada por los vecinos. Recuerdan que actualmente Torrero dispone ya de dos centros de jubilados y de otros recursos donde se ofrecen servicios de restauración para personas mayores a precios asequibles. Nadie discute la conveniencia de reforzar este tipo de equipamientos, aseguran, pero consideran que la propuesta municipal se ha presentado sin ningún proceso previo de consulta con el barrio.

Donde antes hubo represión, ahora hay participación y vida colectiva

Miguel Guíu

La crítica más dura se dirige hacia lo que califican como un “ejercicio de hipocresía” por parte del Ayuntamiento. Según explica Josan Pérez, justo enfrente de la antigua cárcel existen dos locales municipales de aproximadamente 600 metros cuadrados cada uno, propiedad de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, que permanecen vacíos desde hace unos quince años. A su juicio, esos espacios podrían albergar perfectamente el equipamiento para mayores anunciado por la alcaldesa sin necesidad de desalojar el Kike Mur. Añaden que el movimiento vecinal lleva años reclamando locales para desarrollar actividades comunitarias y que, pese a ello, numerosos inmuebles públicos continúan cerrados, sin uso y deteriorándose.

También recuerdan que otros espacios municipales del barrio, como un local situado en el parque Emilio Lacambra, han sido reclamados reiteradamente para usos vecinales sin éxito mientras permanecen abandonados y sufren un progresivo deterioro. Por ello consideran que la ofensiva contra el Kike Mur no responde a una falta de espacios, sino a una voluntad política de acabar con un modelo de organización social que escapa al control institucional.

Las asociaciones sostienen que el verdadero problema para el gobierno municipal es la existencia de redes vecinales autónomas y experiencias de autogestión. Señalan que el Kike Mur mantiene relaciones de colaboración con otros proyectos comunitarios de la ciudad y representa una forma de participación basada en el apoyo mutuo, la solidaridad y la organización horizontal. “Lo que molesta no es el edificio, sino lo que simboliza”, afirman.

“Chueca, la gran desconocida. Hipocresía y victimización”

Las críticas alcanzan directamente a la alcaldesa Natalia Chueca, a quien describen como “la gran desconocida” en Torrero. Denuncian la falta de interlocución con el tejido asociativo y aseguran que resulta extremadamente difícil mantener reuniones o trasladar reivindicaciones al Ayuntamiento. Según explican, muchas de las decisiones que afectan al barrio se adoptan sin información previa ni procesos de participación ciudadana.

Como ejemplo citan el proyecto del jardín japonés impulsado en una parcela próxima al Parque de La Paz. Los colectivos recuerdan que históricamente habían reivindicado ese espacio para desarrollar huertos comunitarios y lamentan que la actuación municipal se anunciara sin contar con las entidades vecinales. Consideran aquel proyecto, que tachan de “feo” y “extraño”, un símbolo de una forma de gobernar basada en la imposición y alejada de las prioridades reales del barrio.

También han reclamado sin éxito reuniones con el ayuntamiento para abordar proyectos relacionados con la memoria democrática, como la dignificación de las tapias del cementerio donde fueron fusilados centenares de represaliados franquistas o la señalización de la ruta que seguían los milicianos de la CNT para intentar rescatar presos y perseguidos por la represión. Aseguran que, pese a existir financiación de la Diputación de Zaragoza para algunas de estas actuaciones, el Ayuntamiento ha evitado implicarse y ni siquiera ha accedido a mantener encuentros con las asociaciones promotoras.

Los representantes de las asociaciones no eluden la polémica generada por la pancarta exhibida por jóvenes vinculados al centro social tras el anuncio del futuro desalojo en la que rezaba el siguiente mensaje: 'Cuando vengas a desalojar, ojalá te mueras'. Aunque admiten que el mensaje pudo ser un error desde el punto de vista comunicativo, rechazan que pueda interpretarse como una amenaza personal y consideran que el Ayuntamiento ha utilizado el episodio para construir un relato de victimización. A su juicio, la controversia ha servido para desplazar el debate de fondo sobre el futuro del Kike Mur y reforzar una estrategia de criminalización del movimiento okupa. “Primero se les demoniza, se habla de drogas, delincuencia o inseguridad y después se presenta cualquier respuesta como una amenaza”, sostienen.

Josan Pérez replica: “La violencia no debe entenderse únicamente como un enfrentamiento físico o una alteración del orden público. También constituye una forma de violencia impulsar proyectos como los centros de datos que puedan aumentar la temperatura del barrio entre dos y cinco grados, incrementar el consumo energético, encarecer las facturas o deteriorar las condiciones ambientales sin escuchar previamente a los vecinos. Cuando hablamos de violencia, hablamos también de agresiones al territorio y a la calidad de vida de quienes vivimos aquí”, sostiene.

La “tormenta perfecta”

Por ello advierten de que en Torrero se está configurando una auténtica “tormenta perfecta”. La suma de conflictos abiertos, la ausencia de diálogo institucional y la percepción de que las decisiones se toman de espaldas al barrio están generando un malestar creciente.

Repasan varias polémicas referidas al barrio como lo que consideran una agresión a los pinares de Venecia vinculada al parque de atracciones, que consideran un “fiasco absoluto y total despropósito”, por lo que ya han solicitado la dimisión de la alcaldesa, su concejal de presidencia, Ángel Lorén y del ‘concejal en la sombra’, José María Ruiz de Temiño. Igualmente, recuerdan su oposición al proyecto de implantación de centros de datos en el entorno.

En ese contexto sitúan el posible desalojo del Kike Mur. Las entidades aseguran que cualquier tensión que pudiera producirse no sería consecuencia de la actividad del centro social, sino de una decisión política que pretende expulsar un proyecto plenamente integrado en la vida comunitaria.

“Si se produce el desalojo, la violencia estará provocada por la hipocresía de la alcaldesa”, concluyen. A su juicio, el Ayuntamiento está construyendo un relato de victimización que criminaliza a los ocupantes mientras ignora el arraigo social del proyecto y el apoyo que recibe desde amplios sectores del movimiento vecinal. Lejos de ser un problema para Torrero, defienden, el Kike Mur constituye uno de los últimos bastiones de la autogestión en Zaragoza y una de las principales referencias de la memoria democrática en un barrio que lleva décadas reivindicando su historia y su capacidad de organización colectiva. “Esto no tiene nada que ver con el Buñuel –último centro centrado–. Aquí hay muchos años de trabajo común, solidaridad, y mucho apoyo mutuo”, advierten.

Los orígenes del Kike Mur están ligados a la tradición antimilitarista de Zaragoza, una ciudad marcada durante décadas por la presencia de instalaciones militares como la Academia General Militar, la Base Aérea estadounidense o el campo de tiro de las Bardenas. Como reacción a ese contexto surgió en los años ochenta un potente movimiento pacifista que, tras las movilizaciones contra la OTAN, protagonizó una de las principales campañas de insumisión al servicio militar obligatorio.

El CSO toma su nombre de Kike Mur Zubillaga, un joven insumiso de 25 años fallecido en 1997 mientras cumplía condena en la prisión de Torrero. Su muerte provocó una fuerte conmoción en Zaragoza y convirtió su figura en uno de los símbolos del movimiento antimilitarista que contribuyó a la desaparición definitiva de la mili obligatoria en España.

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento Zaragoza, Chema Giral, ha propuesto a la alcaldesa, Natalia chueca, un plan de mejora “urgente” en movilidad que debería contar con bonificaciones económicas a los usuarios de las líneas de autobús afectadas por las obras en las vías urbanas, con la finalidad de intentar paliar los “perjuicios” que sufren los vecinos. Estas ayudas se aplicarían a través de distintas tarjetas de transporte como la tarjeta bus, la tarjeta LAZO y Tarjeta Ciudadana, entre otras.

Asimismo, este plan de mejora urgente de la movilidad tendría que establecer una campaña de información “mucho más intensa de lo que hay hasta ahora” para que los usuarios sepan qué líneas de autobús están afectadas, cuáles son sus recorridos y sus frecuencias.

También, con la llegada del verano y la consiguiente disminución de las frecuencias de los autobuses en estos meses, Giral ha sugerido que en las líneas desviadas no se produzcan dicha reducción de frecuencias, porque “entonces perjudicarán todavía más a los usuarios y se agravarían los problemas ya existentes de estas líneas”, ha razonado.

Ha trasladado esta propuesta por la “caótica situación de la movilidad con atascos constantes y más de 17 líneas desviadas y otras 11 que se verán afectadas en el entorno de El Portillo desde el lunes por la mala planificación en la reforma de calles y avenidas que ha dejado para final de mandato”.

En rueda de prensa, Giral ha otorgado un “rotundo suspenso” a Chueca en movilidad porque a esta situación de “atascos y caos circulatorio” se suma lo que Natalia Chueca lleva haciendo durante estos tres años en materia de transporte público, que es “absolutamente nada”.

Contrato del bus sin adjudicar

Al respecto, ha argumentado que la Chueca en la campaña de las elecciones municipales de 2023 prometió un nuevo contrato de autobús para mejorar y reorganizar las líneas existentes y sobre todo sus frecuencias, pero a menos de diez meses de la próxima convocatoria electoral “todavía no se ha adjudicado el nuevo contrato” que supone seguir sufriendo las “malas” frecuencias de los autobuses, en especial los fines de semana.

En cuanto al tranvía, que ha calificado como el “mejor transporte público” de Zaragoza al ser el único de alta capacidad y el mejor valorado por todos los ciudadanos, “tampoco ha hecho nada” sobre la ampliación de la línea norte sur. Ante el incremento poblacional en los distritos del sur, como Arcosur, Valdespartera y Rosales del Canal “no ha movido un solo papel técnico para empezar a realizar un proyecto de extensión de esa línea”, ha criticado. “Hasta el Gobierno de Aragón, de su colega Jorge Azcón, le ha ofrecido financiar dicha extensión y ella no ha hecho absolutamente nada”, ha apostillado.

Sobre la segunda línea del tranvía, que reclama el PSOE desde hace tiempo, ha lamentado que Chueca “siempre” se ha manifestado con un “rotundo no a la posibilidad de esta segunda línea del tranvía, que a todas luces sería beneficioso para unir los barrios del este con los barrios del oeste”. En tono irónico ha comentado que Chueca “no ha sido siempre tan rotunda en el no a la línea 2 del tranvía”, porque en la campaña electoral autonómica de febrero “tuvo un arranque de sensatez, un lapsus y dijo que se habría a valorar esa posibilidad”, pero ese lapsus le duró lo mismo que la campaña electoral, porque “después se siguió negando”. A su parecer, lo que sí ha hecho Chueca en el tranvía es “inundar los vagones de publicidad de forma que no se ve absolutamente nada y se dificulta la accesibilidad a los vagones”.

Subida del billete

A todas esta “mala gestión” se suma que Chueca es la “única alcaldesa de la historia de este ayuntamiento que todos y cada uno de los años ha subido el precio del transporte público del autobús y del tranvía”.

Esta subida no solo atañe a los usuarios del transporte público, sino también a los ciudadanos que utilizan el vehículo privado y que “en horas punta tienen unos atascos tremendos, en especial en varias zonas de la ciudad”, entre las que ha citado paseo de Echegaray y Caballero, la calle Asalto, paseo de la Constitución o la zona de El Portillo, la calle Anselmo Clavé, la avenida Valencia o la zona de Pedro Cerbuna.

Antes de concluir ha reiterado que los usuarios del transporte público son los “principales afectados”, porque se están encontrando que han “empeorado” sus frecuencias de paso; los recorridos de estos autobús, al ser desviados, son mucho más largos; que no hay información suficiente para conocer estos desvíos; y también están obligados, en ocasiones, a realizar ahora transbordos que antes no tenían por qué realizar“, ha detallado.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza acusa al Gobierno de Natalia Chueca de acumular una larga lista de proyectos anunciados “a bombo y platillo” que han terminado convertidos en fracasos, retrasos o problemas de gestión. Los socialistas denuncian además una forma de gobernar “a golpe de parche” y reprochan a la alcaldesa que se sitúe sistemáticamente del lado de las empresas concesionarias en lugar de exigir el cumplimiento estricto de los contratos y la puesta en marcha de los servicios adjudicados.

Por ello, el concejal socialista Horacio Royo ha solicitado la comparecencia del consejero de Presidencia, Ángel Lorén, en la próxima comisión del jueves para que dé explicaciones sobre varios de estos proyectos. “Le pedimos que haga algo revolucionario, único y rompedor: contar la verdad, reconocer un error tras otro y asumir responsabilidades políticas. Ya no sabemos qué nuevo sobresalto nos espera y, desgraciadamente, todo apunta a que todavía habrá más”, ha afirmado.

Royo ha valorado especialmente las últimas informaciones sobre el Parque de Atracciones de Zaragoza, cuya dirección ha confirmado que, por primera vez en su historia, no abrirá sus puertas durante esta temporada. “Es un desastre que se veía venir y que tiene responsables políticos. Natalia Chueca prometió convertir el parque en una gran referencia de ocio del nordeste de España y en un polo de atracción turística. Tres años después, Zaragoza se encuentra con que el parque no abrirá este verano”, ha señalado.

El edil socialista ha recordado además las consecuencias laborales derivadas de esta situación, que afectan a los 81 trabajadores que permanecían en un ERTE a la espera de una solución y que ahora desconocen si podrán conservar sus empleos, además de los puestos de trabajo indirectos vinculados a la actividad del recinto.

“Esta situación es imputable exclusivamente al Gobierno municipal, que renunció a ejercer su responsabilidad y permitió que la empresa adjudicataria no asumiera la gestión de las instalaciones en la fecha prevista, el 28 de febrero”, ha denunciado Royo. A su juicio, el Ayuntamiento tampoco ha explicado por qué aceptó esa situación ni las razones que llevaron posteriormente a dictar una orden de continuidad que considera “insostenible y arbitraria”.

Para el concejal socialista, si el Gobierno municipal sigue sin ofrecer explicaciones sobre las condiciones aceptadas a la empresa adjudicataria, “probablemente sea porque no puede darlas”. En este sentido, considera que las discrepancias existentes entre las empresas implicadas no justificaban la actuación del Ayuntamiento, al que acusa de posicionarse a favor de una de ellas y de firmar una orden de continuidad con una compañía que atraviesa serias dificultades económicas y financieras y se encuentra en concurso de acreedores.

“Las únicas certezas que tenemos es que este Gobierno es incompetente y peligrosamente mentiroso”, ha afirmado.

Royo también ha criticado la falta de transparencia respecto a las conversaciones mantenidas con el Grupo Fénix y ha exigido aclaraciones sobre si el Parque de Atracciones podrá reabrir finalmente en 2027.

Asimismo, ha enumerado otros proyectos que, a su juicio, reflejan la misma forma de gestionar del Gobierno municipal. Entre ellos ha citado el caso de Giesa, cuyo expediente permaneció paralizado durante seis meses hasta que el Ejecutivo autonómico cerró los acuerdos relacionados con los ciclos formativos de FP del Grupo San Valero, además de la polémica adjudicación vinculada al proyecto audiovisual destinado a justificar una inversión pública de 20 millones de euros en el recinto. Igualmente, ha recordado la situación del Canal de Aguas Bravas, cuya apertura continúa bloqueada después de que la empresa concesionaria rechazara asumir las instalaciones.

A ello ha sumado el incremento del coste previsto para la nueva Romareda, que ya alcanza los 180 millones de euros, y el proyecto del Centro Deportivo Sur, que contempla más de cinco millones de euros de inversión pública para unas instalaciones cuya explotación corresponderá a una empresa privada.

“Es evidente que a cualquier gobierno puede fracasarle algún proyecto. El problema es que en Zaragoza la excepción se ha convertido en un patrón”, ha lamentado.

Royo se ha preguntado “qué más tiene que pasar para que este Gobierno asuma responsabilidades políticas por el daño causado al interés público”. En su opinión, tampoco basta con señalar al conocido como “concejal en la sombra”, José María Ruiz de Temiño, porque “aunque actúa como Atila, por donde pasa no crece la hierba, no deja de ser un instrumento al servicio de la frivolidad y la falta de criterio de la alcaldesa”.

Los inquilinos de las primeras 78 viviendas de las 384 de alquiler asequible que impulsa el Ayuntamiento de Zaragoza podrán entrar a vivir este verano tras adjudicarse en un sorteo “público y transparente” a través de una plataforma en la que se tendrá que inscribir los interesados y que gestionará la empresa Brial, que es la constructora ha levantado este bloque en el distrito de Valdefierro.

En los próximos días, la compañía anunciará la apertura de la plataforma digital para ofrecer toda la información y se abrirá un plazo de dos semanas para que se formalicen las inscripciones. Así lo ha detallado este viernes la alcaldesa, Natalia Chueca, en su visita a las nuevas viviendas, que tendrán unos precios del alquiler “de entre 414 y 548 euros mensuales”.

Pasado ese plazo, se hará la adjudicación “totalmente transparente para que todos los interesados tengan las mismas oportunidades y se hará un sorteo ante notario de tal forma que los agraciados puedan ser los próximos inquilinos”, ha continuado la alcaldesa en su visita a un bloque de 18 pisos en la calle de Mercurio, 24-26.

Cada promoción de las próximas que se van a inaugurar en la capital aragonesa tendrá su propia bolsa de aspirantes, siempre a iniciativa de la correspondiente constructora.

En estas 78 viviendas van a poder vivir más de 300 personas y, aunque en general son de dos habitaciones, también las hay de otra tipología para atender distintos perfiles de ciudadanos, como viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida y otras para familias numerosas, con un máximo de entre 6 y 7 personas.

“Es un hito importante”, ha enfatizado Chueca para añadir que esta viviendas cumplen uno de los requisitos exigidos para obtener fondos europeos que es la eficiencia energética con el consiguiente beneficio “no solamente en reducir las emisiones de CO₂, sino también un beneficio directo en el bolsillo de los futuros inquilinos porque van a tener un coste mínimo en los suministros”, ha hecho notar Chueca.

Otros distritos

En una comparecencia ante los medios tras recorrer dos de los inmuebles, Chueca ha recordado que Zaragoza ha impulsado 384 viviendas con fondos europeos que se ubican en distintos barrios y distritos, como en Valdefierro con 190 viviendas, incluida esta promoción de 78; y que se localizan en las calles de Mercurio, Andrómeda, Piscis, Júpiter, Osa Menor, Argos y Venus. En San José hay 58 viviendas; en Las Fuentes 112 pisos y en el Arrabal otros 24 a través de una cooperativa en el camino Torrecillas.

La fórmula elegida es la colaboración público-privada mediante la fórmula del derecho de superficie durante 50 años, prorrogable de 75 años, destinadas a la VPA de conformidad con la normativa vigente que regula los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social.

Las empresas adjudicatarias de estos proyectos, según ha informado el Ayuntamiento, han desarrollado estos inmuebles de alta calidad arquitectónica, con los sellos Passive Haus, LEED, BREEAM o WELL, y se encargarán ahora también de la gestión del mantenimiento y la explotación.

La construcción de estas 384 viviendas supone una inversión total de 56,3 millones de euros, de los que 15,5 millones vienen de fondos europeos Next Generation y el resto son fondos municipales. Una inversión municipal que permite “ampliar el parque de vivienda pública de Zaragoza y poner en marcha una de las políticas más ambiciosas que se pueden pensar y que hay ahora mismo en ninguna otra ciudad española”. Al respecto, Chueca ha comentado que, además de estas 384 viviendas con fondos europeos, hay hasta un total de 3.438 gracias al Plan Más Vivienda en colaboración con el Gobierno de Aragón.

En concreto, el Ayuntamiento de Zaragoza participa en la promoción de estas viviendas en régimen de alquiler asequible repartidas en doce distritos a través de 4 planes operativos. Uno de ellos es el Plan Más Vivienda, con 2.748 pisos nuevos a través de la alianza con el Gobierno de Aragón para usar suelos dotacionales infrautilizados; otro son los 384 pisos repartidos en 11 promociones mediante colaboración público-privada a través de fondos europeos.

El tercero es el Plan de Vivienda Zamoray-Pignatelli, con 125 pisos en una intervención directa municipal para regenerar el Casco Histórico con 29,1 millones de inversión –nueva planta y rehabilitación–; y el cuarto son otros 145 hogares a través de las políticas activas de Zaragoza Vivienda –32 pisos en Torrero, 13 en el Arrabal, calles de Horno y Lacruz, 37 en Miguel Servet o 27 compras a entidades bancarias–.

Requisitos y condiciones para acceder

En estos casos son viviendas públicas de alquiler asequible con cuotas que no pueden superar el 30% de los ingresos que tenga la unidad familiar, de tal forma que tendrán una bonificación para que pueda ser un precio asequible a todos los bolsillos.

Sobre todo, están pensadas en “las familias más jóvenes que buscan independizarse, tener su propia autonomía”, y en el caso del edificio de Valdefierro oscilarán entre los 414 euros y 548 euros. “Es la mejor prueba de que mi gobierno busca soluciones a los problemas con hechos y realidades”, ha recalcado.

La alcaldesa de Zaragoza ha avanzado que seguirá trabajando en esta línea para que “nuevas familias puedan empezar una nueva vida y crear un hogar”. Asimismo, ha querido hacer notar que hacer estas viviendas “no es fácil conforme a los pliegos muy exigentes de los requisitos que se exigen desde Europa y también hacerlo en tiempo”. Al respecto, ha comentado que muchas ciudades han renunciado a solicitar fondos europeos, Next Generation, precisamente por la “exigencia y el difícil cumplimiento” que tienen para los técnicos y para las instituciones, ya que obliga a trabajar en tiempo récord.

“Aquí se ha trabajado gracias a la colaboración público-privada, que hay que poner en valor desde la administración, pero también desde la iniciativa privada, como es el caso de la promotora Brial. Es para que nos sintamos orgullosos del trabajo que se está haciendo y de las oportunidades que estamos dando a los jóvenes en Zaragoza”, ha concluido.

La recalificación a la carta que dio a conocer la semana pasada el Gobierno del PP en Zaragoza para el antiguo Convento de Jerusalén, en un gran solar junto a La Romareda, ofrece más dudas aún de las iniciales al conocer las interioridades de la iniciativa. Así, la propuesta formulada la promotora, Enta Properties –del grupo inversor aragonés Bancalé–, al Ayuntamiento era de 204 viviendas de lujo y sin embargo el anuncio de Urbanismo elevó a 220 los pisos proyectados. Este aumento en el número de viviendas llega días después de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que condena a la empresa a asumir de manera gratuita el vial que cruzará el sector. El consejero de Urbanismo desvincula ambos hechos y aclara que “los metros cuadrados edificables” del plan urbanístico “se mantienen”.

El pasado jueves, el Ayuntamiento anunció el desbloqueo del sector a través del denominado 'Proyecto Living Romareda', por el que el grupo inversor podría construir “220 viviendas nuevas” de lujo –hasta ahora, la construcción de pisos ahí no estaba contemplada–, a lo que se sumaban una residencia de mayores y otra para sanitarios, que era lo previsto en un principio. Todo ello, a cambio de un pago “máximo” de 22 millones de euros para las arcas municipales

La cronología que ha vivido este espacio de carácter religioso, aledaño al estadio de fútbol y situado en una de las zonas más caras de la ciudad, es clara en muchos aspectos, pero también guarda incógnitas.

Enta Properties adquirió el suelo a la congregación en septiembre de 2018, según consta en la escritura de propiedad, y en mayo del año siguiente, aún con Pedro Santisteve (Zaragoza en Común) de alcalde, solicitó sendas licencias de demolición y de apertura para una residencia de tercera edad. El Ayuntamiento de Zaragoza, sin embargo, dejó pasar el tiempo sin resolver estas solicitudes, lo que llevo a Enta Properties a interponer un contencioso que en enero de 2023 se resolvió a su favor: el juez revirtió la denegación por silencio administrativo de la demolición y, además, consideró que la cesión del vial previsto en el sector es onerosa –que la promotora debe cobrar por ceder el terreno– y que genera edificabilidad.

El Consistorio, ya con Jorge Azcón al frente, recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Y el Alto Tribunal resolvió hace dos semanas, el pasado 19 de mayo: estimó la pretensión del Ayuntamiento, confirmó la denegación de la licencia urbanística y declaró que la cesión del vial era gratuita y no generaba edificabilidad.

El informe jurídico

Para entonces ya se había redactado el informe jurídico sobre la recalificación, rubricado el 11 de mayo –aunque que da cuenta de la “sentencia no firme” del TSJA, fechada ocho días después– y que traslada la decisión “a los órganos de gobierno municipal”, en este caso el pleno. Curiosamente, el Servicio Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística sigue mencionado que la memoria proyecta la construcción de 204 viviendas –que incluyen “un mínimo” de 70 para alquiler y a lo que se suman 15.595 metros cuadrados de edificabilidad para el uso terciario–, y no 220 como anunció el equipo de gobierno la semana pasada.

Este martes, a preguntas de este medio, el responsable municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha recordado que el proyecto se encuentra en una fase inicial y que tanto el número de viviendas definitivo como la compensación de 22 millones de “tope máximo” no serán “definitivos” hasta que se apruebe la modificación del Plan General, en una etapa posterior. “Lo que permanecerá inalterable son los metros cuadrados de residencial edificable”, ha apuntado.

Serrano ha justificado que la cifra de 22 millones de euros aparece en un “borrador” que sin embargo no ha hecho público, lo que se suma al hecho de que no conste una valoración técnica que lo sustente. “Teníamos que trabajar con una orientación de cuánto podía a suponer, y esa orientación la ha dado la jefa de Servicio”, ha afirmado el consejero, que ha remitido a un “informe definitivo” posterior en el que se valorará “ese aprovechamiento”.

Serrano ha desvinculado además el cambio en el número de viviendas anunciado de la sentencia del 19 de mayo. Ha explicado que, de ser así, habrían reducido los 22 millones de euros que en principio deberá percibir el Ayuntamiento.

Las “peores sospechas”

Quien sí se ha mostrado muy crítica ha sido la portavoz de Urbanismo del grupo municipal del PSOE, Ros Cihuelo, para quien las palabras del consejero del ramo, “lejos de aportar claridad”, lo que hacen es confirmar sus “peores sospechas”. “La falta de rigor y, sobre todo, la falta de transparencia y el oscurantismo entorno al proyecto apuntan a esa política del pelotazo urbanístico que siempre impulsa el Gobierno de Natalia Chueca”, ha denunciado.

Cihuelo ha continuado con sus dudas: “Si está en fase de definición y pendientes del convenio urbanístico a firmar, ¿por qué Víctor Serrano hace una presentación a casi todos los medios el miércoles si una semana después todo está en el aire? Y, sobre todo, ¿por qué lo trae a Gerencia de Urbanismo de ayer (por el lunes) cuando hoy ha tenido que reconocer que está todo sin cerrar?”, ha incidido. “La falta de rigor y, sobre todo, la falta de transparencia y el oscurantismo entorno al proyecto apuntan a esa política del pelotazo urbanístico que siempre impulsa el Gobierno de Natalia Chueca”, ha denunciado la edil socialista.

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Zaragoza convocado este lunes por el PP ha servido para tensionar y enconar aún más las posiciones entre el Gobierno del PP, apoyado por los concejales de Vox, y la oposición del PSOE y Zaragoza en Común. Populares y ultras han conseguido que se aprobaran tres mociones, en una de las cuales se condena la trama de influencias investigada en el caso Plus Ultra, en la que aparece imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha criticado: “No estamos para convertir el Ayuntamiento en un tribunal político al servicio del PP”

Otro apartado de la mencionada moción aprobada manifiesta la “máxima preocupación por la posible utilización de estructuras y decisiones del Estado al servicio de intereses privados, partidistas y clientelares. Y exige al Gobierno de España ”explicaciones inmediatas y completas“ sobre los hechos investigados en el caso Plus Ultra.

El portavoz del grupo municipal del PP, Ángel Lorén, ha dicho que siguiendo el rastro del dinero se ha imputado a Zapatero por varios delitos lo que constituye “uno de los hechos de mayor gravedad política e institucional en España” por el rescate de Plus ultra. Ha recordado que esta situación se ha denunciado por históricos del PSOE que hablan de “Estado fallido” y mencionan “peligrosas similitudes” entre Zapatero y el exprimer ministro de Italia, Bettino Craxi, que perdió la protección parlamentaria frente a acusaciones judiciales y supuso la disolución del Partido Socialista italiano y su muerte en el exilio en Hamamed (Túnez).

Le ha preguntado a la portavoz del PSOE, Lola Ranera, si solicitará la apertura de un expediente informativo sobre Zapatero como hizo en su día con el concejal, Alfonso Gómez Gámez, que apareció en un documento sobre la Mina Muga, entre Navarra y Aragón.

La portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha dudado de la eficacia de este pleno que “solo sirve para que el PSOE pase un mal rato, pero no se soluciona nada de la ciudad”. Le ha recordado al PP que tiene condenas por corrupción y varias causas pendientes de juicio. “No se puede convertir el Ayuntamiento de Zaragoza en la subsede de Génova, porque aunque el caso de Zapatero huele mal, no puede ser un tribunal político al servicio del PP”, ha atacado Elena Tomás, quien ha preguntado además al PP si apoyaban su enmiendas transaccionales en las tres mociones con medidas concretas hacia los expresidentes o “siguen con su demagogia habitual”.

“Qué PSOE”

La concejal no adscrita, Marisa Gaspar, ha mostrado su respeto a la presunción de inocencia, pero ha recordado la gravedad de lo que se recoge en el auto del juez sobre la imputación a Zapatero.

El concejal de Vox, David Flores, ha trasladado el apoyo a los jueces que siguen estos casos para señalar que “llueve sobre mojado porque el historial del PSOE es largo” y al PP le ha dicho si es el Partido popular que “añora” votar con el PSOE, en referencia a las declaraciones del presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que aludía al PSOE que en su día “había admirado y que ya no existe”.

La portavoz del PSOE, Lola Ranera, ha comentado que es el tercer pleno extraordinario del PP para pedir la dimisión del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la mayoría de sus mociones versan sobre lo mismo. “Instrumentalizan las instituciones, pero gestionar nada”, ha zanjado. La edil socialista ha dicho que “no vale todo y no se pueden asaltar los cielos, hay que hacerlo con humildad, de lo que la alcaldesa anda floja”. Ha avanzado que no permitirá que el PP “de lecciones de corrupción porque aún se oyen los martillazos en Génova”.

Lorén ha replicado a Vox que “se necesita al PSOE honrado” y al PSOE que “el PP defiende a los jueces honrados”. Ha comentado que “hasta Ferreras en La Sexta califica de brutal” el auto del juez sobre Zapatero para preguntar como será cuando se conozca el sumario.

Dimisiones y elecciones

La segunda moción del PP, que ha tenido el mismo resultado en la votación, condena la “degradación institucional” provocada por los numerosos escándalos, investigaciones y presuntos casos de corrupción vinculados al PSOE y al entorno político de Sánchez, a quien exige su dimisión inmediata y de todo su Gobierno por la pérdida de credibilidad democrática que supone mantener al frente del Ejecutivo a un PSOE y a un presidente cercados por investigaciones y escándalos de “extrema gravedad”. Asimismo, se reclama convocar elecciones generales por “higiene democrática”, para decidir el futuro político de España y poner fin a una situación de deterioro institucional “incompatible” con la confianza que merecen las instituciones.

El portavoz adjunto del PP, Alfonso Mendoza, ha dicho que Sánchez, tanto si no sabía lo que ocurría como si estaba al tanto “tiene que ir a la calle por inútil o por delincuente”, pero en ambos casos “no puede seguir al frente del Gobierno de España”. A la bancada del PSOE les ha dicho que “no son compañeros inocentes, sino cooperadores necesarios porque quien sostiene a una mafia es parte del problema”. Mendoza ha reclamado “dimisión, justicia y urnas y que dejan hablar a los españoles ya”.

El concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha manifestado que la moción pretende usar el pleno para una confrontación partidista de política nacional, además de ser “cínica” porque el PP “ve la corrupción ajena pero se vuelve ciego para ver la de su partido”.

“Degradación moral”

La portavoz del grupo municipal de Vox, Eva Torres, ha tildado de “gravísimo” lo que ocurre y que es una “degradación moral que comenzó en marzo de 2004”. Ha dejado claro que “la actual corrupción o podría entenderse sin el actual Gobierno y viceversa”. Se ha preguntado qué tiene que pasar para que el PP “deje de negociar con el PSOE” como el Tribunal de Cuentas. “No son culpables, pero forman parte del problema”, ha resumido.

El concejal del PSOE, Alfonso Gómez, ha pedido “dejar trabajar a la Justicia” para asegurar que el PP “son los herederos del franquismo” y ante la petición de la convocatoria electoral ha replicado que el presidente Sánchez “convocará elecciones cuando quiera”.

La tercera y última moción, que también ha prosperado, recoge el respaldo expreso a jueces, tribunales, fiscales, Guardia Civil, Policía Nacional y a todos los servidores públicos que actúan en defensa de la legalidad, de la separación de poderes y del Estado de derecho.

Exige al Gobierno de España y al PSOE que cesen en sus ataques, descalificaciones y campañas de descrédito contra jueces, tribunales, fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y medios de comunicación que investigan casos de corrupción que afectan al entorno socialista, al tiempo que condena cualquier estrategia de desinformación, presión o descrédito institucional dirigida a socavar la confianza de los ciudadanos. Finalmente, se insta al Gobierno de España y al PSOE que colaboren con la Justicia.

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para suprimir la limitación de conceder licencia para hacer viviendas en locales que no sean la malla básica por lo que se extenderá también a calles fundamentales y estratégicas que pueden ser zonas saturadas.

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha defendido este punto del pleno al explicar al quitar la limitación de las zonas saturadas “se contribuye mucho mejor a la escena urbana en aquellas zonas de la ciudad donde en su día se declaró una zona saturada”.

Ha diferenciado dos tipos de zonas saturadas, las que operando como tal y a las que se han incorporado el sector de la plaza de San Francisco o de la plaza de San Miguel; y las otras en las que “ya no hay tanta actividad de hostelería”, como la zona El Royo y Zumalacárregui, donde ha ido desapareciendo los locales de hostelería, pero se mantiene esa zonificación.

Serrano ha comentado que hay muchos locales vacíos que llevan años de abandono y de vacío, y ha confiado en que con esta modificación se facilita la vivienda. “En aquellas zonas de la ciudad donde queremos que se implante más hostelería, tiene sentido que en locales que están vacíos se pueda construir vivienda, respetando los parámetros de la modificación en cuanto a metros cuadrados, ventilación e imposibilitando que se pueda hacer infravivienda en estos locales”, ha diferenciado.

“Alimentar a los especuladores”

El concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha dicho que esta segunda modificación profundiza en romper el consenso y ha pedido garantizar que no habrá infravivienda y no se considera estructural sino puntual porque se han transformado más de 400 locales en los últimos años. Domínguez ha alertado de que esta modificación “trata de saltarse el informe previo” de que pueda ser una vivienda y se justifica con el interés público y la necesidad de vivienda cuando se alimenta un nuevo nicho de negocio que da rentabilidades más amplias que la vivienda. “Es alimentar a los especuladores y para el PP no es un medida puntual es un patrón”, ha diferenciado.

El concejal del grupo municipal de Vox, Armando Martínez, ha explicado que han impulsado esta medida porque, de forma discreta, ayuda a resolver parte del problema de la vivienda, revitaliza los barrios, y tiene un control al exigir unos requisitos mínimos de habitabilidad.

La concejal del grupo municipal del PSOE, Ros Cihuelo, ha manifestado que se llegó a un consenso para evitar que en zonas saturadas hubiera viviendas “no por capricho, sino porque se puede transformar en vivienda de uso turístico” (VUT) a juzgar por la experiencia de otras ciudades. Cihuelo ha asegurado que las VUT retiran la posibilidad de disponer de vivienda al resto de los ciudadanos y para dinamizar las calles con locales vacíos ha propuesto llevar las actividades profesionales, mediante incentivos, para que liberen los pisos de los inmuebles y sean viviendas para vivir.

“No nos van a parar en hacer vivienda pública en Zaragoza y en Aragón”, ha enfatizado Serrano al replicar al PSOE, para dejar claro que Aragón es “cuantitativa y cualitativamente la que más vivienda publica crea y tiene en proceso de construcción”. Serrano ha criticado al concejal de ZeC que sugiriera que con esta modificación del PGOU intentaba prevaricar y le ha pedido que se retractara o sino tomaría las medidas legales oportunas, a lo que Domínguez le ha respondido que “haga lo que tenga que hacer” pero ha mantenido su intervención destacando que “siempre es muy prudente”.

Pocas actuaciones del Ayuntamiento de Zaragoza habrán tenido tanta repercusión en prensa como las obras en el río Huerva, financiadas en parte con fondos europeos. El equipo de gobierno del PP ha gastado en apenas seis meses 230.000 euros en la promoción de esta iniciativa en medios de comunicación, incluidos varios ultraconservadores de ámbito nacional. Pese a que existe un Plan de Comunicación, hay registradas hasta 14 facturas que suman 76.000 euros fuera de este programa, visado por Intervención.

El mencionado Plan de Comunicación, adelantado este lunes por AraInfo y que suscribe la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, recoge entre sus beneficiarios a algunos de los principales medios aragoneses, pero también a otros como EDA TV –el canal del ultra Javier Negre y Vito Quiles–, The Objective, El Debate, Periodista Digital, ABC, El Confidencial, El Mundo o elEconomista. El programa, destinado a la difusión del proyecto Río Huerva y suscrito por la Dirección de Comunicación del Gobierno municipal, recibió un informe favorable de la Intervención hace una semana y supone un gasto total reconocido de 152.012,06 euros, para un total de 34 facturas.

Para justificar la aportación a EDA TV, la Dirección de Comunicación del Gobierno del PP asegura que se trata de “un canal de televisión local con presencia en el ecosistema audiovisual de Zaragoza” que está especializado en “contenidos de proximidad y actualidad”, lo cual le otorga “una audiencia fiel en determinados segmentos de la ciudadanía zaragozana”. A The Objective, que según refleja el mismo documento se sitúa en el puesto 116 del ranking GfK DAM –el medidor oficial de audiencias digitales–, le incluye en la campaña por ser “un medio digital de análisis, opinión y periodismo de largo aliento, con una audiencia formada por líderes de opinión y ciudadanía comprometida con los valores cívicos y medioambientales”. “Su perfil editorial conecta especialmente bien con los mensajes de sostenibilidad y calidad urbana que transmite el proyecto Río Huerva”, añade. Mientras, Periodista Digital –del que ni siquiera aporta el dato de audiencia en GfK DAM, como en el resto de nacionales–, se adscribe al plan por su “trayectoria consolidada” y por llegar “a segmentos de ciudadanos que consumen medios alternativos”.

Con un importe máximo de 6.050 euros por medio, la campaña ha incluido a Henneo (Aragón Media Lab), El Periódico (Prensa Diaria Aragonesa), El Español (Publicaciones Digitales del Ebro), Hoy Aragón (ASG Ediciones Digitales de Aragón), Aragón Digital (Actualidad Media), Cadena COPE (Radio Popular Zaragoza) o Cadena SER (Radio Zaragoza), Onda Cero (Uniprex) o EsRadio Aragón (Proyecto Dadá Producciones). También han resultado beneficiarios medios locales de la capital aragonesa como Enjoy Zaragoza, Go Aragón o Zaragoza Ciudad (Hunteet Creativos).

Otros 76.000 euros

Pero en realidad el gasto del erario en la promoción del proyecto es un 50% mayor a lo reflejado en el plan, tal y como ha podido comprobar este medio a través del registro municipal de facturas. A lo largo del mes de diciembre, coincidiendo con la convocatoria electoral autonómica y pocas semanas antes de la campaña del 8-F, el Ayuntamiento de Zaragoza ya había comprometido 76.000 euros en 'vender' las obras del Huerva en medios de comunicación. La mayoría de estos se han visto doblemente beneficiados: esto es lo que sucede con El Español (12.100 euros), El Mundo (12.000 euros), El Confidencial (10.890 euros con IVA) o El Debate (9.680 euros), entre otros.

Así, el desembolso total en menos de seis meses por este concepto se eleva hasta los 228.699 euros.

Consultado por elDiario.es, fuentes de la Dirección de Comunicación del Ayuntamiento de Zaragoza indican que el del Huerva es un “proyecto estratégico de ciudad” y que la financiación con fondos europeos conllevan partidas de comunicación para darle difusión. “Las cifras varían según proyectos y son compatibles con otras acciones complementarias que desde Comunicación se crean convenientes para reforzar la información en momentos puntuales”, añaden. “Como proyecto de alto interés para los ciudadanos, tenemos la obligación de difundirlo de la mejor manera posible”, concluyen las mismas fuentes.

El grupo municipal que sí ha reaccionado ha sido Zaragoza en Común, que ha indicado que se encuentra “valorando los mecanismos para denunciar ante Europa el posible uso irregular de los fondos europeos del Gobierno Natalia Chueca en materia de comunicación”, tanto en el caso del proyecto del Huerva como el de Comunidades Energéticas en Barrios Rurales, con características similares al primero.