Los inquilinos de las primeras 78 viviendas de las 384 de alquiler asequible que impulsa el Ayuntamiento de Zaragoza podrán entrar a vivir este verano tras adjudicarse en un sorteo “público y transparente” a través de una plataforma en la que se tendrá que inscribir los interesados y que gestionará la empresa Brial, que es la constructora ha levantado este bloque en el distrito de Valdefierro.

En los próximos días, la compañía anunciará la apertura de la plataforma digital para ofrecer toda la información y se abrirá un plazo de dos semanas para que se formalicen las inscripciones. Así lo ha detallado este viernes la alcaldesa, Natalia Chueca, en su visita a las nuevas viviendas, que tendrán unos precios del alquiler “de entre 414 y 548 euros mensuales”.

Pasado ese plazo, se hará la adjudicación “totalmente transparente para que todos los interesados tengan las mismas oportunidades y se hará un sorteo ante notario de tal forma que los agraciados puedan ser los próximos inquilinos”, ha continuado la alcaldesa en su visita a un bloque de 18 pisos en la calle de Mercurio, 24-26.

Cada promoción de las próximas que se van a inaugurar en la capital aragonesa tendrá su propia bolsa de aspirantes, siempre a iniciativa de la correspondiente constructora.

En estas 78 viviendas van a poder vivir más de 300 personas y, aunque en general son de dos habitaciones, también las hay de otra tipología para atender distintos perfiles de ciudadanos, como viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida y otras para familias numerosas, con un máximo de entre 6 y 7 personas.

“Es un hito importante”, ha enfatizado Chueca para añadir que esta viviendas cumplen uno de los requisitos exigidos para obtener fondos europeos que es la eficiencia energética con el consiguiente beneficio “no solamente en reducir las emisiones de CO₂, sino también un beneficio directo en el bolsillo de los futuros inquilinos porque van a tener un coste mínimo en los suministros”, ha hecho notar Chueca.

Otros distritos

En una comparecencia ante los medios tras recorrer dos de los inmuebles, Chueca ha recordado que Zaragoza ha impulsado 384 viviendas con fondos europeos que se ubican en distintos barrios y distritos, como en Valdefierro con 190 viviendas, incluida esta promoción de 78; y que se localizan en las calles de Mercurio, Andrómeda, Piscis, Júpiter, Osa Menor, Argos y Venus. En San José hay 58 viviendas; en Las Fuentes 112 pisos y en el Arrabal otros 24 a través de una cooperativa en el camino Torrecillas.

La fórmula elegida es la colaboración público-privada mediante la fórmula del derecho de superficie durante 50 años, prorrogable de 75 años, destinadas a la VPA de conformidad con la normativa vigente que regula los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social.

Las empresas adjudicatarias de estos proyectos, según ha informado el Ayuntamiento, han desarrollado estos inmuebles de alta calidad arquitectónica, con los sellos Passive Haus, LEED, BREEAM o WELL, y se encargarán ahora también de la gestión del mantenimiento y la explotación.

La construcción de estas 384 viviendas supone una inversión total de 56,3 millones de euros, de los que 15,5 millones vienen de fondos europeos Next Generation y el resto son fondos municipales. Una inversión municipal que permite “ampliar el parque de vivienda pública de Zaragoza y poner en marcha una de las políticas más ambiciosas que se pueden pensar y que hay ahora mismo en ninguna otra ciudad española”. Al respecto, Chueca ha comentado que, además de estas 384 viviendas con fondos europeos, hay hasta un total de 3.438 gracias al Plan Más Vivienda en colaboración con el Gobierno de Aragón.

En concreto, el Ayuntamiento de Zaragoza participa en la promoción de estas viviendas en régimen de alquiler asequible repartidas en doce distritos a través de 4 planes operativos. Uno de ellos es el Plan Más Vivienda, con 2.748 pisos nuevos a través de la alianza con el Gobierno de Aragón para usar suelos dotacionales infrautilizados; otro son los 384 pisos repartidos en 11 promociones mediante colaboración público-privada a través de fondos europeos.

El tercero es el Plan de Vivienda Zamoray-Pignatelli, con 125 pisos en una intervención directa municipal para regenerar el Casco Histórico con 29,1 millones de inversión –nueva planta y rehabilitación–; y el cuarto son otros 145 hogares a través de las políticas activas de Zaragoza Vivienda –32 pisos en Torrero, 13 en el Arrabal, calles de Horno y Lacruz, 37 en Miguel Servet o 27 compras a entidades bancarias–.

Requisitos y condiciones para acceder

En estos casos son viviendas públicas de alquiler asequible con cuotas que no pueden superar el 30% de los ingresos que tenga la unidad familiar, de tal forma que tendrán una bonificación para que pueda ser un precio asequible a todos los bolsillos.

Sobre todo, están pensadas en “las familias más jóvenes que buscan independizarse, tener su propia autonomía”, y en el caso del edificio de Valdefierro oscilarán entre los 414 euros y 548 euros. “Es la mejor prueba de que mi gobierno busca soluciones a los problemas con hechos y realidades”, ha recalcado.

La alcaldesa de Zaragoza ha avanzado que seguirá trabajando en esta línea para que “nuevas familias puedan empezar una nueva vida y crear un hogar”. Asimismo, ha querido hacer notar que hacer estas viviendas “no es fácil conforme a los pliegos muy exigentes de los requisitos que se exigen desde Europa y también hacerlo en tiempo”. Al respecto, ha comentado que muchas ciudades han renunciado a solicitar fondos europeos, Next Generation, precisamente por la “exigencia y el difícil cumplimiento” que tienen para los técnicos y para las instituciones, ya que obliga a trabajar en tiempo récord.

“Aquí se ha trabajado gracias a la colaboración público-privada, que hay que poner en valor desde la administración, pero también desde la iniciativa privada, como es el caso de la promotora Brial. Es para que nos sintamos orgullosos del trabajo que se está haciendo y de las oportunidades que estamos dando a los jóvenes en Zaragoza”, ha concluido.

La recalificación a la carta que dio a conocer la semana pasada el Gobierno del PP en Zaragoza para el antiguo Convento de Jerusalén, en un gran solar junto a La Romareda, ofrece más dudas aún de las iniciales al conocer las interioridades de la iniciativa. Así, la propuesta formulada la promotora, Enta Properties –del grupo inversor aragonés Bancalé–, al Ayuntamiento era de 204 viviendas de lujo y sin embargo el anuncio de Urbanismo elevó a 220 los pisos proyectados. Este aumento en el número de viviendas llega días después de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que condena a la empresa a asumir de manera gratuita el vial que cruzará el sector. El consejero de Urbanismo desvincula ambos hechos y aclara que “los metros cuadrados edificables” del plan urbanístico “se mantienen”.

El pasado jueves, el Ayuntamiento anunció el desbloqueo del sector a través del denominado 'Proyecto Living Romareda', por el que el grupo inversor podría construir “220 viviendas nuevas” de lujo –hasta ahora, la construcción de pisos ahí no estaba contemplada–, a lo que se sumaban una residencia de mayores y otra para sanitarios, que era lo previsto en un principio. Todo ello, a cambio de un pago “máximo” de 22 millones de euros para las arcas municipales

La cronología que ha vivido este espacio de carácter religioso, aledaño al estadio de fútbol y situado en una de las zonas más caras de la ciudad, es clara en muchos aspectos, pero también guarda incógnitas.

Enta Properties adquirió el suelo a la congregación en septiembre de 2018, según consta en la escritura de propiedad, y en mayo del año siguiente, aún con Pedro Santisteve (Zaragoza en Común) de alcalde, solicitó sendas licencias de demolición y de apertura para una residencia de tercera edad. El Ayuntamiento de Zaragoza, sin embargo, dejó pasar el tiempo sin resolver estas solicitudes, lo que llevo a Enta Properties a interponer un contencioso que en enero de 2023 se resolvió a su favor: el juez revirtió la denegación por silencio administrativo de la demolición y, además, consideró que la cesión del vial previsto en el sector es onerosa –que la promotora debe cobrar por ceder el terreno– y que genera edificabilidad.

El Consistorio, ya con Jorge Azcón al frente, recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Y el Alto Tribunal resolvió hace dos semanas, el pasado 19 de mayo: estimó la pretensión del Ayuntamiento, confirmó la denegación de la licencia urbanística y declaró que la cesión del vial era gratuita y no generaba edificabilidad.

El informe jurídico

Para entonces ya se había redactado el informe jurídico sobre la recalificación, rubricado el 11 de mayo –aunque que da cuenta de la “sentencia no firme” del TSJA, fechada ocho días después– y que traslada la decisión “a los órganos de gobierno municipal”, en este caso el pleno. Curiosamente, el Servicio Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística sigue mencionado que la memoria proyecta la construcción de 204 viviendas –que incluyen “un mínimo” de 70 para alquiler y a lo que se suman 15.595 metros cuadrados de edificabilidad para el uso terciario–, y no 220 como anunció el equipo de gobierno la semana pasada.

Este martes, a preguntas de este medio, el responsable municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha recordado que el proyecto se encuentra en una fase inicial y que tanto el número de viviendas definitivo como la compensación de 22 millones de “tope máximo” no serán “definitivos” hasta que se apruebe la modificación del Plan General, en una etapa posterior. “Lo que permanecerá inalterable son los metros cuadrados de residencial edificable”, ha apuntado.

Serrano ha justificado que la cifra de 22 millones de euros aparece en un “borrador” que sin embargo no ha hecho público, lo que se suma al hecho de que no conste una valoración técnica que lo sustente. “Teníamos que trabajar con una orientación de cuánto podía a suponer, y esa orientación la ha dado la jefa de Servicio”, ha afirmado el consejero, que ha remitido a un “informe definitivo” posterior en el que se valorará “ese aprovechamiento”.

Serrano ha desvinculado además el cambio en el número de viviendas anunciado de la sentencia del 19 de mayo. Ha explicado que, de ser así, habrían reducido los 22 millones de euros que en principio deberá percibir el Ayuntamiento.

Las “peores sospechas”

Quien sí se ha mostrado muy crítica ha sido la portavoz de Urbanismo del grupo municipal del PSOE, Ros Cihuelo, para quien las palabras del consejero del ramo, “lejos de aportar claridad”, lo que hacen es confirmar sus “peores sospechas”. “La falta de rigor y, sobre todo, la falta de transparencia y el oscurantismo entorno al proyecto apuntan a esa política del pelotazo urbanístico que siempre impulsa el Gobierno de Natalia Chueca”, ha denunciado.

Cihuelo ha continuado con sus dudas: “Si está en fase de definición y pendientes del convenio urbanístico a firmar, ¿por qué Víctor Serrano hace una presentación a casi todos los medios el miércoles si una semana después todo está en el aire? Y, sobre todo, ¿por qué lo trae a Gerencia de Urbanismo de ayer (por el lunes) cuando hoy ha tenido que reconocer que está todo sin cerrar?”, ha incidido. “La falta de rigor y, sobre todo, la falta de transparencia y el oscurantismo entorno al proyecto apuntan a esa política del pelotazo urbanístico que siempre impulsa el Gobierno de Natalia Chueca”, ha denunciado la edil socialista.

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Zaragoza convocado este lunes por el PP ha servido para tensionar y enconar aún más las posiciones entre el Gobierno del PP, apoyado por los concejales de Vox, y la oposición del PSOE y Zaragoza en Común. Populares y ultras han conseguido que se aprobaran tres mociones, en una de las cuales se condena la trama de influencias investigada en el caso Plus Ultra, en la que aparece imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha criticado: “No estamos para convertir el Ayuntamiento en un tribunal político al servicio del PP”

Otro apartado de la mencionada moción aprobada manifiesta la “máxima preocupación por la posible utilización de estructuras y decisiones del Estado al servicio de intereses privados, partidistas y clientelares. Y exige al Gobierno de España ”explicaciones inmediatas y completas“ sobre los hechos investigados en el caso Plus Ultra.

El portavoz del grupo municipal del PP, Ángel Lorén, ha dicho que siguiendo el rastro del dinero se ha imputado a Zapatero por varios delitos lo que constituye “uno de los hechos de mayor gravedad política e institucional en España” por el rescate de Plus ultra. Ha recordado que esta situación se ha denunciado por históricos del PSOE que hablan de “Estado fallido” y mencionan “peligrosas similitudes” entre Zapatero y el exprimer ministro de Italia, Bettino Craxi, que perdió la protección parlamentaria frente a acusaciones judiciales y supuso la disolución del Partido Socialista italiano y su muerte en el exilio en Hamamed (Túnez).

Le ha preguntado a la portavoz del PSOE, Lola Ranera, si solicitará la apertura de un expediente informativo sobre Zapatero como hizo en su día con el concejal, Alfonso Gómez Gámez, que apareció en un documento sobre la Mina Muga, entre Navarra y Aragón.

La portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha dudado de la eficacia de este pleno que “solo sirve para que el PSOE pase un mal rato, pero no se soluciona nada de la ciudad”. Le ha recordado al PP que tiene condenas por corrupción y varias causas pendientes de juicio. “No se puede convertir el Ayuntamiento de Zaragoza en la subsede de Génova, porque aunque el caso de Zapatero huele mal, no puede ser un tribunal político al servicio del PP”, ha atacado Elena Tomás, quien ha preguntado además al PP si apoyaban su enmiendas transaccionales en las tres mociones con medidas concretas hacia los expresidentes o “siguen con su demagogia habitual”.

“Qué PSOE”

La concejal no adscrita, Marisa Gaspar, ha mostrado su respeto a la presunción de inocencia, pero ha recordado la gravedad de lo que se recoge en el auto del juez sobre la imputación a Zapatero.

El concejal de Vox, David Flores, ha trasladado el apoyo a los jueces que siguen estos casos para señalar que “llueve sobre mojado porque el historial del PSOE es largo” y al PP le ha dicho si es el Partido popular que “añora” votar con el PSOE, en referencia a las declaraciones del presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que aludía al PSOE que en su día “había admirado y que ya no existe”.

La portavoz del PSOE, Lola Ranera, ha comentado que es el tercer pleno extraordinario del PP para pedir la dimisión del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la mayoría de sus mociones versan sobre lo mismo. “Instrumentalizan las instituciones, pero gestionar nada”, ha zanjado. La edil socialista ha dicho que “no vale todo y no se pueden asaltar los cielos, hay que hacerlo con humildad, de lo que la alcaldesa anda floja”. Ha avanzado que no permitirá que el PP “de lecciones de corrupción porque aún se oyen los martillazos en Génova”.

Lorén ha replicado a Vox que “se necesita al PSOE honrado” y al PSOE que “el PP defiende a los jueces honrados”. Ha comentado que “hasta Ferreras en La Sexta califica de brutal” el auto del juez sobre Zapatero para preguntar como será cuando se conozca el sumario.

Dimisiones y elecciones

La segunda moción del PP, que ha tenido el mismo resultado en la votación, condena la “degradación institucional” provocada por los numerosos escándalos, investigaciones y presuntos casos de corrupción vinculados al PSOE y al entorno político de Sánchez, a quien exige su dimisión inmediata y de todo su Gobierno por la pérdida de credibilidad democrática que supone mantener al frente del Ejecutivo a un PSOE y a un presidente cercados por investigaciones y escándalos de “extrema gravedad”. Asimismo, se reclama convocar elecciones generales por “higiene democrática”, para decidir el futuro político de España y poner fin a una situación de deterioro institucional “incompatible” con la confianza que merecen las instituciones.

El portavoz adjunto del PP, Alfonso Mendoza, ha dicho que Sánchez, tanto si no sabía lo que ocurría como si estaba al tanto “tiene que ir a la calle por inútil o por delincuente”, pero en ambos casos “no puede seguir al frente del Gobierno de España”. A la bancada del PSOE les ha dicho que “no son compañeros inocentes, sino cooperadores necesarios porque quien sostiene a una mafia es parte del problema”. Mendoza ha reclamado “dimisión, justicia y urnas y que dejan hablar a los españoles ya”.

El concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha manifestado que la moción pretende usar el pleno para una confrontación partidista de política nacional, además de ser “cínica” porque el PP “ve la corrupción ajena pero se vuelve ciego para ver la de su partido”.

“Degradación moral”

La portavoz del grupo municipal de Vox, Eva Torres, ha tildado de “gravísimo” lo que ocurre y que es una “degradación moral que comenzó en marzo de 2004”. Ha dejado claro que “la actual corrupción o podría entenderse sin el actual Gobierno y viceversa”. Se ha preguntado qué tiene que pasar para que el PP “deje de negociar con el PSOE” como el Tribunal de Cuentas. “No son culpables, pero forman parte del problema”, ha resumido.

El concejal del PSOE, Alfonso Gómez, ha pedido “dejar trabajar a la Justicia” para asegurar que el PP “son los herederos del franquismo” y ante la petición de la convocatoria electoral ha replicado que el presidente Sánchez “convocará elecciones cuando quiera”.

La tercera y última moción, que también ha prosperado, recoge el respaldo expreso a jueces, tribunales, fiscales, Guardia Civil, Policía Nacional y a todos los servidores públicos que actúan en defensa de la legalidad, de la separación de poderes y del Estado de derecho.

Exige al Gobierno de España y al PSOE que cesen en sus ataques, descalificaciones y campañas de descrédito contra jueces, tribunales, fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y medios de comunicación que investigan casos de corrupción que afectan al entorno socialista, al tiempo que condena cualquier estrategia de desinformación, presión o descrédito institucional dirigida a socavar la confianza de los ciudadanos. Finalmente, se insta al Gobierno de España y al PSOE que colaboren con la Justicia.

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para suprimir la limitación de conceder licencia para hacer viviendas en locales que no sean la malla básica por lo que se extenderá también a calles fundamentales y estratégicas que pueden ser zonas saturadas.

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha defendido este punto del pleno al explicar al quitar la limitación de las zonas saturadas “se contribuye mucho mejor a la escena urbana en aquellas zonas de la ciudad donde en su día se declaró una zona saturada”.

Ha diferenciado dos tipos de zonas saturadas, las que operando como tal y a las que se han incorporado el sector de la plaza de San Francisco o de la plaza de San Miguel; y las otras en las que “ya no hay tanta actividad de hostelería”, como la zona El Royo y Zumalacárregui, donde ha ido desapareciendo los locales de hostelería, pero se mantiene esa zonificación.

Serrano ha comentado que hay muchos locales vacíos que llevan años de abandono y de vacío, y ha confiado en que con esta modificación se facilita la vivienda. “En aquellas zonas de la ciudad donde queremos que se implante más hostelería, tiene sentido que en locales que están vacíos se pueda construir vivienda, respetando los parámetros de la modificación en cuanto a metros cuadrados, ventilación e imposibilitando que se pueda hacer infravivienda en estos locales”, ha diferenciado.

“Alimentar a los especuladores”

El concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha dicho que esta segunda modificación profundiza en romper el consenso y ha pedido garantizar que no habrá infravivienda y no se considera estructural sino puntual porque se han transformado más de 400 locales en los últimos años. Domínguez ha alertado de que esta modificación “trata de saltarse el informe previo” de que pueda ser una vivienda y se justifica con el interés público y la necesidad de vivienda cuando se alimenta un nuevo nicho de negocio que da rentabilidades más amplias que la vivienda. “Es alimentar a los especuladores y para el PP no es un medida puntual es un patrón”, ha diferenciado.

El concejal del grupo municipal de Vox, Armando Martínez, ha explicado que han impulsado esta medida porque, de forma discreta, ayuda a resolver parte del problema de la vivienda, revitaliza los barrios, y tiene un control al exigir unos requisitos mínimos de habitabilidad.

La concejal del grupo municipal del PSOE, Ros Cihuelo, ha manifestado que se llegó a un consenso para evitar que en zonas saturadas hubiera viviendas “no por capricho, sino porque se puede transformar en vivienda de uso turístico” (VUT) a juzgar por la experiencia de otras ciudades. Cihuelo ha asegurado que las VUT retiran la posibilidad de disponer de vivienda al resto de los ciudadanos y para dinamizar las calles con locales vacíos ha propuesto llevar las actividades profesionales, mediante incentivos, para que liberen los pisos de los inmuebles y sean viviendas para vivir.

“No nos van a parar en hacer vivienda pública en Zaragoza y en Aragón”, ha enfatizado Serrano al replicar al PSOE, para dejar claro que Aragón es “cuantitativa y cualitativamente la que más vivienda publica crea y tiene en proceso de construcción”. Serrano ha criticado al concejal de ZeC que sugiriera que con esta modificación del PGOU intentaba prevaricar y le ha pedido que se retractara o sino tomaría las medidas legales oportunas, a lo que Domínguez le ha respondido que “haga lo que tenga que hacer” pero ha mantenido su intervención destacando que “siempre es muy prudente”.

Pocas actuaciones del Ayuntamiento de Zaragoza habrán tenido tanta repercusión en prensa como las obras en el río Huerva, financiadas en parte con fondos europeos. El equipo de gobierno del PP ha gastado en apenas seis meses 230.000 euros en la promoción de esta iniciativa en medios de comunicación, incluidos varios ultraconservadores de ámbito nacional. Pese a que existe un Plan de Comunicación, hay registradas hasta 14 facturas que suman 76.000 euros fuera de este programa, visado por Intervención.

El mencionado Plan de Comunicación, adelantado este lunes por AraInfo y que suscribe la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, recoge entre sus beneficiarios a algunos de los principales medios aragoneses, pero también a otros como EDA TV –el canal del ultra Javier Negre y Vito Quiles–, The Objective, El Debate, Periodista Digital, ABC, El Confidencial, El Mundo o elEconomista. El programa, destinado a la difusión del proyecto Río Huerva y suscrito por la Dirección de Comunicación del Gobierno municipal, recibió un informe favorable de la Intervención hace una semana y supone un gasto total reconocido de 152.012,06 euros, para un total de 34 facturas.

Para justificar la aportación a EDA TV, la Dirección de Comunicación del Gobierno del PP asegura que se trata de “un canal de televisión local con presencia en el ecosistema audiovisual de Zaragoza” que está especializado en “contenidos de proximidad y actualidad”, lo cual le otorga “una audiencia fiel en determinados segmentos de la ciudadanía zaragozana”. A The Objective, que según refleja el mismo documento se sitúa en el puesto 116 del ranking GfK DAM –el medidor oficial de audiencias digitales–, le incluye en la campaña por ser “un medio digital de análisis, opinión y periodismo de largo aliento, con una audiencia formada por líderes de opinión y ciudadanía comprometida con los valores cívicos y medioambientales”. “Su perfil editorial conecta especialmente bien con los mensajes de sostenibilidad y calidad urbana que transmite el proyecto Río Huerva”, añade. Mientras, Periodista Digital –del que ni siquiera aporta el dato de audiencia en GfK DAM, como en el resto de nacionales–, se adscribe al plan por su “trayectoria consolidada” y por llegar “a segmentos de ciudadanos que consumen medios alternativos”.

Con un importe máximo de 6.050 euros por medio, la campaña ha incluido a Henneo (Aragón Media Lab), El Periódico (Prensa Diaria Aragonesa), El Español (Publicaciones Digitales del Ebro), Hoy Aragón (ASG Ediciones Digitales de Aragón), Aragón Digital (Actualidad Media), Cadena COPE (Radio Popular Zaragoza) o Cadena SER (Radio Zaragoza), Onda Cero (Uniprex) o EsRadio Aragón (Proyecto Dadá Producciones). También han resultado beneficiarios medios locales de la capital aragonesa como Enjoy Zaragoza, Go Aragón o Zaragoza Ciudad (Hunteet Creativos).

Otros 76.000 euros

Pero en realidad el gasto del erario en la promoción del proyecto es un 50% mayor a lo reflejado en el plan, tal y como ha podido comprobar este medio a través del registro municipal de facturas. A lo largo del mes de diciembre, coincidiendo con la convocatoria electoral autonómica y pocas semanas antes de la campaña del 8-F, el Ayuntamiento de Zaragoza ya había comprometido 76.000 euros en 'vender' las obras del Huerva en medios de comunicación. La mayoría de estos se han visto doblemente beneficiados: esto es lo que sucede con El Español (12.100 euros), El Mundo (12.000 euros), El Confidencial (10.890 euros con IVA) o El Debate (9.680 euros), entre otros.

Así, el desembolso total en menos de seis meses por este concepto se eleva hasta los 228.699 euros.

Consultado por elDiario.es, fuentes de la Dirección de Comunicación del Ayuntamiento de Zaragoza indican que el del Huerva es un “proyecto estratégico de ciudad” y que la financiación con fondos europeos conllevan partidas de comunicación para darle difusión. “Las cifras varían según proyectos y son compatibles con otras acciones complementarias que desde Comunicación se crean convenientes para reforzar la información en momentos puntuales”, añaden. “Como proyecto de alto interés para los ciudadanos, tenemos la obligación de difundirlo de la mejor manera posible”, concluyen las mismas fuentes.

El grupo municipal que sí ha reaccionado ha sido Zaragoza en Común, que ha indicado que se encuentra “valorando los mecanismos para denunciar ante Europa el posible uso irregular de los fondos europeos del Gobierno Natalia Chueca en materia de comunicación”, tanto en el caso del proyecto del Huerva como el de Comunidades Energéticas en Barrios Rurales, con características similares al primero.

El Gobierno de Zaragoza ha adjudicado de forma directa por un periodo de 30 años a Fundación San Valero –de carácter confesional y propietario de la Universidad de San Jorge– la parte formativa de Distrito 7, que a partir de septiembre ofrecerá siete grados de Formación Profesional (FP) en todas las ramas de audiovisual, con unos 400 alumnos que podrían pagar entre 60 y 70 euros al mes tras la resolución, todavía provisional, del Gobierno de Aragón para que sea una educación concertada el próximo curso académico.

Hay que recordar que la alcaldesa, Natalia Chueca, se verá también obligada a adjudicar de manera directa la gestión de la antigua fábrica de Giesa, donde aspira a explotar platós de cine, debido a que la única propuesta –de Equipment & Film Design España (EFD Studios)– llegó fuera de plazo.

Con el paso anunciao este miércoles, en Distrito 7 se ofrecerá FP tanto de grado medio en vídeo, disc-jockey y sonido; mientras que en grado superior se podrá elegir entre realización de proyectos audiovisuales y espectáculos; producción de audiovisuales y espectáculos; sonido para audiovisuales y espectáculos; iluminación, captación y tratamiento de imagen; animaciones, 3d, juegos y entornos interactivos; marketing y publicidad.

Esta formación audiovisual que imparte Grupo San Valero en el Centro de Producción Audiovisual (CPA) se trasladará a Distrito 7 y las instalaciones de la calle de Sainz de Varanda seguirán impartiendo la formación relativa sanidad y deportes. Además, Distrito 7 albergará cursos de especialización, formación para el empleo y programas universitarios vinculados a Comunicación Audiovisual, Periodismo, Publicidad y nuevas tecnologías aplicadas al audiovisual.

Con esta adjudicación directa, añade el Ayuntamiento, se reconoce “la trayectoria y singularidad del grupo San Valero, del que forman parte Fundación San Valero, Fundación CPA Salduie y Fundación Universidad San Jorge, como única entidad aragonesa capaz de ofrecer de manera integrada toda la formación de la familia audiovisual de Imagen y Sonido, que abarca FP de Grado Medio y Superior, formación universitaria, formación para el empleo e investigación aplicada al sector audiovisual”.

30 años de concesión

El proyecto contempla que el Grupo San Valero realizará una inversión privada adicional de 600.000 euros en los dos próximos años, además de cerca de 4 millones de euros de canon durante el periodo concesional durante 30 años.

Chueca ha informado de que las obras de Distrito 7, en la antigua fábrica de ascensores Giesa, están al 82% y la idea es que esté todo adjudicado en septiembre, incluida la filmoteca, excepto la parte de hostelería que se licitará más adelante.

Por su parte, el director general del Grupo San Valero, César Romero, ha defendido la colaboración público-privada al argumentar que este sistema de alianzas “se abre también al barrio de Las Fuentes”, para dinamizarlo y porque es “bueno” que este distrito tenga una oferta a partir de septiembre de siete ciclos en un sector que es de “talento y de crecimiento” y que para este grupo especializado en la formación es un “reto”.

Un “despropósito”

La oposición, sin embargo, no se ha mostrado tan entusiasta. El concejal del PSOE Horacio Royo ha tildado de “despropósito” la adjudicación directa y ha valorado que “demuestra el nulo talante democrático de la alcaldesa”. “Cuando existen serias dudas de la legalidad de la adjudicación directa de la unidad de producción, que se adjudique esta nueva parte del proyecto a una entidad educativa privada carece de justificación y ahonda en la irresponsabilidad de este proyecto, que supone regalar un edificio en el que todos los zaragozanos hemos invertido 20 millones de euros a una entidad privada para desarrollar negocios privados”, ha abundado, antes de anticipar que valorarán “ampliar las acciones legales” ya emprendidas por los socialistas.

Por su parte, el edil de Zaragoza en Común Suso Domínguez ha calificado de “nuevo regalo a sus amigos” esta adjudicación directa en Distrito 7, concedida “sin ningún tipo de concurrencia competitiva” a una entidad privada que “se va a beneficiar de la inversión del Ayuntamiento de más de 20 millones en este espacio”. “El Gobierno de Natalia Chueca hará todo lo posible por sacar este proyecto adelante aunque sea traspasando la legalidad y sin apoyar el beneficio de la ciudad”, ha añadido Domínguez.

El Gobierno del PP en Zaragoza impulsará una nueva recalificación a la carta. El grupo inversor aragonés Bancalé levantará hasta 220 viviendas de lujo en el solar del antiguo convento de San Juan de Jerusalén, situado junto al estadio de La Romareda, que irán acompañadas por una residencia de la tercera edad y una residencia sanitaria.

El denominado 'Proyecto Living Romareda' –del que el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, ha informado personalmente a un grupo de medios entre los que no estaba invitado elDiario.es, entre otros– será abordado el próximo lunes en el Consejo de Gerencia de Urbanismo. Se trata de una modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por la que la actual calificación de equipamiento de usos terciarios y de residencial se ampliará para incluir “vivienda destinada a la venta y al alquiler”, tal y como ha indicado el Gobierno municipal en boca del propio Serrano a través de una nota de prensa.

Hace tres años del derribo de este espacio, que Enta Properties –firma de Bancalé, de la que es propietario el empresario Juan Fabre– adquirió en 2019 por unos seis millones de euros. Cinco años antes el convento se había quedado sin uso al abandonar la instalación las últimas cinco monjas. Ya entonces hubo polémica: Zaragoza en Común trató a última hora de proteger el inmueble para evitar su derribo, pero la llegada del PP a la Alcaldía frustró su objetivo y la piqueta acabó con todo.

En un principio, el objetivo declarado era levantar un complejo residencial para personas mayores y una residencia de estudiantes sanitarios, aprovechando la cercanía del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, para una inversión prevista de 80 millones de euros. Ahora, la perspectiva ha cambiado de forma ostensible.

La parcela, ha asegurado el Gobierno municipal, “consolidará un desarrollo residencial y social clave en el distrito Universidad”. El proyecto contempla un techo de 23.850 metros cuadrados de uso residencial, lo que se traducirá en la construcción de un total 220 nuevas viviendas. El Ayuntamiento pretende “asegurar un impacto social directo” al comprometer que “el 35% de este volumen”, cifrado en 70 pisos, “se destinará exclusivamente al alquiler de larga duración”.

También hay previstos nuevos usos de equipamiento y sector terciario. La mitad de esta superficie, de hectarea y media, se destinará a la creación de un complejo sociosanitario para mayores de última generación, una residencia de la tercera edad “cuya ubicación es inmejorable” dada su proximidad con el Servet y también con el Hospital Clínico. Y la otra parte acogerá “usos terciarios compatibles como oficinas, servicios hoteleros, docencia o apartamentos tutelados”, lo que el equipo de gobierno ha concretado en “una residencia sanitaria que transformará el entorno en un nodo de actividad económica, creación de empleo y servicios avanzados”.

A cambio del cambio de usos urbanísticos del suelo, que permitará al promotor ingresar mucho más dinero del previsto, Enta Properties se compromete a compensar económicamente al Ayuntamiento con 22 millones de euros. “Estamos ante una operación de regeneración urbana modélica”, ha valorado el consejero municipal de Urbanismo.

“Oscurantismo y falta de transparencia”

Menos optimista se ha mostrado la concejal socialista Ros Cihuelo, que ha lamentado “el oscurantismo y la falta de transparencia” de Natalia Chueca, “una tónica más que general propia de un gobierno del PP más interesado en los negocios y los intereses privados que en resolver los problemas reales de los zaragozanos”. Cihuelo ha admitido que hay que hacer vivienda, “pero no de cualquier forma”. “El Ayuntamiento tiene que priorizar vivienda pública y asequible. Sin embargo, operación urbanística parece que está subordinada al negocio privado. No es un proyecto de ciudad, es un expediente inmobiliario”, ha valorado.

Cihuelo ha señaldo que con esta iniciativa urbanística “el PP vuelve a plantear una modificación puntual del PGOU impulsada desde una iniciativa privada, adaptando el planeamiento urbano a las necesidades de un promotor concreto, en lugar de responder a una planificación estratégica pensada para el conjunto de la ciudad y de sus vecinos”. Para la edil socialista, el equipo de gobierno “vende 70 viviendas de alquiler como un gran avance cuando Zaragoza necesita una apuesta decidida por vivienda pública y asequible, no operaciones inmobiliarias maquilladas con un componente social limitado”. Por todo ello, ha anunciado que su grupo pedirá “la retirada del expediente” para “poder estudiarlo de forma detallada”.

El Ayuntamiento de Zaragoza celebrará un pleno extraordinario, este próximo lunes 1 de junio, a las 12.00 horas, para “alzar la voz contra la corrupción” tras conocerse el auto, de 83 páginas sobre el rescate por 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra, emitido por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que sostiene que “en el vértice de la estructura se sitúa al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero”.

La petición del pleno extraordinario, solicitada por el grupo municipal del PP el pasado viernes se ha debatido este martes y la alcaldesa, Natalia Chueca, ha acordado que se celebre el 1 de junio.

El portavoz adjunto del grupo municipal del PP, Alfonso Mendoza, ha argumentado esta petición al señalar que la ciudad “no puede quedar impasible ante la mayor degradación institucional de la democracia, ante la suma de hechos y hechos cada uno más grave que el anterior”.

Mendoza ha subrayado que “no hay precedentes en la historia de España” y, por primera vez, un expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, “esta imputado, entre otras cosas, por liderar una organización criminal”, además de tráfico de influencias, falsedad y blanqueo de capitales.

“Extrema gravedad”

“El expresidente del gobierno al frente de una organización criminal” ha enfatizado Mendoza para recalcar que es “otra trama de extrema gravedad, que jamás habría sido posible sin la intervención directa del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, que bendijo el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra”. “El problema no es sólo lo que hizo Zapatero, sino todo lo que permitió el gobierno de Sánchez y así lo queremos poner de manifiesto” ha precisado Mendoza en referencia al pleno extraordinario.

El Gobierno de España debe dar explicaciones “inmediatas” sobre el uso de dinero público, de todos los españoles para presuntamente fines privados y, por supuesto, “asumir” las responsabilidades que toquen asumir.

“Durante muchos años el socialismo nos habló de superioridad moral hoy realmente tienen que hablar de facturas falsas, de sociedades opacas, de pagos de rescates, de joyas en cajas fuertes y de secretarias”. Tras dejar claro que esa es la realidad del socialismo actual, Mendoza ha exigido a los concejales del PSOE que “den la cara” el próximo lunes y “dejen de ser cómplices de los desmanes de Sánchez, del Sanchismo y de su partido”.

A su juicio, la izquierda municipal, el Partido Socialista “tendrá que elegir o estar con la legalidad o estar con los corruptos”, ha diferenciado. Según Mendoza los zaragozanos merecen saber de qué lado están sus representantes públicos. El PP, “desde luego está del lado de la legalidad y la justicia y la de exigir todo tipo de responsabilidades que sean necesarias” para preguntar a los socialistas de qué lado están.

Si la sombra de Agapito Iglesias se cernió sobre el PSOE aragonés la década pasada, la figura de Jorge Mas –flanqueado por Joseph Oughourlian, Mariano Aguilar y el sempiterno Juan Forcén– promete hacer lo mismo con el PP aragonés, y en especial con Jorge Azcón y Natalia Chueca. Si hace no mucho alardeaban del proyecto deportivo y trataban de rascar votos dentro de La Romareda –aupados por la anterior propiedad–, ahora la espantada de ambos del palco de autoridades es tan llamativa como histórico el descalabro del club, abocado al descenso al fútbol semiprofesional. Una situación crítica que tendrá unas implicaciones en el pago por el nuevo estadio –más de 150 millones de euros públicos comprometidos hasta el momento– aún difíciles de calibrar.

El aficionado zaragocista guarda ya en la retina varias fotos para el recuerdo (negativo), pero una sobresale al resto: la del 23 de mayo de 2019, apenas a tres días de las elecciones municipales. Ese jueves, el entonces candidato por el PP Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, recorrió el césped de La Romareda junto con el ahora expresidente del club, Christian Lapetra, y el exvicepresidente, Fernando Sáinz de Varanda, para presentar su proyecto de nuevo estadio. Una utilización electoralista del Real Zaragoza, amparada por la propiedad –entonces, con César Alierta como máximo accionista–, que ya despertó fuertes críticas del resto de los partidos. En el colmo del absurdo, la sociedad anónima deportiva se vio obligada a sacar un comunicado de descargo y a recibir al día siguiente al cabeza de lista de Demos Más a la Alcaldía, Raúl Burillo.

Así empezó la historia con el club blanquillo de Jorge Azcón, a quien de manera progresiva se iría uniendo Natalia Chueca. Al menos la historia pública, porque la privada venía de antes, con un nombre destacado: el constructor Juan Forcén, amigo íntimo del dirigente aragonés e hilo conductor del consejo de administración del Real Zaragoza SAD desde el final de los tiempos de Agapito Iglesias. Hijo del histórico del PAR Isabelo Forcén, el empresario fue el principal responsable de traer a la capital aragonesa los inversores que ahora han llevado a un club histórico al borde del precipicio deportivo.

Unos inversores con nulo arraigo en la ciudad y en la sociedad aragonesa, vinculados en exceso al Atlético de Madrid y cuya cabeza visible, el millonario cubanoamericano Jorge Mas, es el presidente más invisible del fútbol profesional. Tanto que vive al otro lado del Atlántico, que apenas ha pisado el club y que está más pendiente de su equipo en Miami, con Messi al frente, y de arbitrar la reconquista de Cuba por parte de Donald Trump desde la Fundación Nacional Cubano Americana.

Junto a Mas aparece el máximo accionista del grupo Prisa, Josep Oughourlian, también principal propietario del club aragonés a través de la sociedad Gloval Tavira.

Ninguno de ellos dio la cara el pasado domingo en el Ibercaja Estadio, donde el Real Zaragoza cosechó una humillante derrota por 1-3 frente a un Sporting de Gijón que llegaba de vacaciones. Tampoco estuvieron el presidente Azcón o la alcaldesa Chueca, quienes han sido habituales cuando el viento soplaba a favor. Curiosamente, el único representante político de peso en el palco fue el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero. “El señor Azcón y la señora Chueca son especialistas en aparecer para la foto cuando las cosas van bien, pero cuando llegan las dificultades se esconden y abandonan a la afición zaragocista”, afeó el lunes su número dos en la DPZ, Teresa Ladrero.

'Esta ruina empezó en los despachos', se podía leer en el campo de fútbol el domingo y también en redes sociales. Así, gran parte de la desastrosa mochila que arrastra el Real Zaragoza se atribuye al empresario soriano Agapito Iglesias, propietario en la etapa del socialista Marcelino Iglesias –a quien se ligó desde el primer momento– y que protagonizó una etapa marcada por la polémica, con procesos judiciales por supuesta compra de partidos que quedaron en nada y por un descenso a Segunda División pese a tener el presupuesto más alto de la historia, con una plantilla planificada para luchar por acceder a la Liga de Campeones: la deuda arrastrada por ese descalabro y los desmanes posteriores aún no se ha terminado de enjugar, quince años después.

A Iglesias le sucedió la Fundación 2032, con César Alierta al frente y otros empresarios aragoneses a su lado, Juan Forcén entre ellos. Pese a que consiguieron librar a la sociedad anónima deportiva de la liquidación y redujeron la deuda a través de un concurso de acreedores, los resultados sobre el césped fueron mucho más mediocres y no solo no se logró el ascenso, sino que la deriva fue cada año peor.

Ocho años después, a finales de 2022, llegaron los actuales propietarios, que no se han podido desembarazar de las sospechas de haber desembarcado en Zaragoza con un único fin: sacar rédito de la construcción del nuevo campo. El propio Jorge Mas está haciendo lo mismo en el Atlético Miami. Y como evidencia sólida aparece su cercanía al poder político del PP en Aragón, de nuevo con un enlace conocido: Juan Forcén.

De la mano de Azcón y Chueca, los propietarios del Real Zaragoza SAD han ido dando pasos para levantar la nueva Romareda. Un paso tras otro, todos en apariencia orquestados. Ni un euro iba a costar a las arcas públicas, según dijeron ambos dirigentes populares. Entonces la propiedad del club alegó que 40 años de explotación del campo, como se estableció en un principio, no eran suficientes, y el PP aceptó aumentarlos a 75 a través de la figura del derecho de superficie. Podemos recurrió al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) y logró paralizar provisionalmente el proyecto en junio de 2023, pero el Tribunal Superior de Aragón revirtió esta decisión en menos de un mes. Pese al breve lapso temporal, el Real Zaragoza SAD arguyó que la inseguridad jurídica creada le obligaba a renunciar a la construcción: esto sirvió de excusa por un lado para que entrara capital público a través de una sociedad mixta –con un socio privado elegido a dedo–, y por el otro para que Azcón y Chueca hayan atribuido desde entonces esta circunstancia a “la oposición”. El círculo se cierra.

O no, porque los problemas no han dejado de agravarse. El coste para las arcas públicas del nuevo estadio ha ido aumentando al mismo tiempo que se reducía la aportación privada: el Real Zaragoza incumplió con los 6,8 millones de euros que debía desembolsar en 2024, lo que obligó a reprogramar el calendario de pagos, y esperó hasta última hora para aportar los 10 millones comprometidos para el año pasado.

Las consecuencias económicas del descenso

Como recuerda la Cámara de Cuentas de Aragón en un reciente informe, la “viabilidad” de la sociedad La Nueva Romareda “está garantizada en la actualidad por la aportación de los dos socios públicos”, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento. Pese a esto, la propiedad del club seguirá pudiendo explotar el nuevo estadio en forma de eventos deportivos y musicales. La entrada de Vox en la sociedad, sin embargo, ha obligado al PP a adoptar una posición más vigilante, y la alcaldesa ya ha recordado más de una vez que el pacto parasocial suscrito a tres bandas fija una penalización en caso de incumplir con los pagos: de aplicarse las cláusulas correspondientes, la sociedad anónima deportiva se quedaría sin los beneficios de la mencionada explotación.

Y ahora llega el escenario del más que posible descenso, lo que también tiene implicaciones directas. En primer lugar, porque el pacto parasocial establece unas aportaciones anuales menores para el club en Primera RFEF: el canon fijo baja de 1,1 millones a 275.000 euros, un 75% menos. A cambio, el Real Zaragoza recibiría menos dinero de Ibercaja en concepto de 'naming': de un millón de euros a 500.000 en la tercera categoría del fútbol español, diferencia que tendría que devolver porque la entidad bancaria ya transfirió el total de 10 millones comprometido. Pero la incógnita más importante es si la drástica reducción en los ingresos televisivos y por entradas puede afectar al compromiso de los máximos accionistas con el nuevo cambio. Porque el cronograma para la sociedad anónima deportiva con La Nueva Romareda, como se ha dicho, se mantiene y es claro: 5 millones este año, 12 millones en 2027 y 7 más en 2028, hasta un total de 24 millones de euros. La consecuencia de no pagar a tiempo: el Real Zaragoza SAD se quedaría sin los ingentes ingresos por la explotación del campo durante los próximos 75 años.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado este martes que el Gobierno municipal rebajará la sanción prevista para las personas sin hogar que duerman en la calle, parques y jardines. La nueva Ordenanza Cívica contemplaba inicialmente multas de hasta 3.000 euros al considerar esta conducta como una infracción “muy grave”, pero finalmente pasará a tipificarse como “leve”, con sanciones de entre 50 y 750 euros. Lo ha dicho en una entrevista en la COPE Zaragoza, pero no ha incluido ninguna modificación a otras medidas que sancionan a las personas vulnerables de la ciudad, como pedir dinero en la calle o vender pañuelos en un paso de peatones.

La regidora ha justificado el cambio asegurando que el Ayuntamiento ha escuchado las críticas trasladadas por las entidades sociales durante el periodo de exposición pública de la norma. “Uno de los puntos que más sorpresa ha generado ha sido el hecho de que las personas sin hogar no puedan pernoctar en la calle, parques y jardines y que eso sea una sanción muy grave”, ha reconocido.

“Hemos estado en comunicación con la coordinadora de entidades sin hogar y les hemos escuchado. Es verdad que que sea muy grave es muy duro”, ha señalado Chueca, quien ha avanzado que el texto se modificará para que la conducta pase a ser considerada una infracción leve. “Va a seguir dando instrumentos jurídicos para que la Policía permita que no se formen asentamientos como los que tuvieron lugar en el parque Bruil”, ha añadido.

La alcaldesa ha defendido que “la calle no es para mantener campamentos ni asentamientos”, aunque ha admitido que la sanción inicial era “excesiva e inasumible”. “Hablamos de pasar de unos 3.000 euros, que era muy grave, a unos 50 euros —la normativa municipal establece que las sanciones leves pueden ir de los 50€ a los 750€—. Lo importante es tener el instrumento jurídico”, ha afirmado.

La modificación llega después de la polémica generada por una ordenanza que castigaba con hasta 3.000 euros dormir en la vía pública, una medida que distintas entidades sociales y partidos de la oposición calificaron de criminalización de la pobreza. El Ayuntamiento de Zaragoza, además, participó en la elaboración de la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Sinhogarismo en España 2023-2030, donde se recoge expresamente que las personas sin hogar no deben ser “criminalizadas”.

Pese a este cambio, el texto mantiene otras medidas criticadas por colectivos sociales. Entre ellas, la prohibición de la denominada “mendicidad coercitiva”, que incluye pedir dinero obstaculizando “de manera intencionada el tráfico libre de los ciudadanos por los espacios públicos”. También se sanciona la limpieza de parabrisas o la venta de pañuelos en semáforos “a cambio de una cantidad de dinero o donativo”, así como la venta ambulante irregular o ‘top manta’, castigada igualmente con multas de hasta 3.000 euros.

Chueca ha vinculado además el incremento de personas sin hogar con las políticas migratorias del Gobierno central. “El problema de las personas sin hogar está creciendo en toda España como consecuencia de un Gobierno nacional que tiene las competencias en inmigración y no está aplicando una política de integración”, ha asegurado. Según la alcaldesa, Zaragoza ha registrado “un incremento del 60%” de personas sin hogar en los últimos años, aunque ha defendido que la tasa continúa “muy por debajo de la media nacional”.

La alcaldesa también ha reivindicado las políticas municipales impulsadas durante su mandato. “He sido la alcaldesa que más ha hecho por las personas sin hogar”, ha afirmado, antes de destacar la reforma del albergue municipal con una inversión de seis millones de euros y el aumento de plazas disponibles. Según ha explicado, la ciudad ha pasado de contar con 349 plazas de atención a personas sin hogar a superar las 500 sumando recursos municipales y convenios con entidades sociales.

La controvertida trayectoria de José María Ruiz de Temiño, al que la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza conoce como el “concejal en la sombra” o “concejal no electo” por su poder pese a no haber sido elegido en las urnas, se ha trasladado a la gestión de los proyectos que acapara, ahora bajo la Dirección General de Grandes Proyectos y Proyección Exterior que encabeza. Todas las grandes iniciativas que lidera su oficina han tropezado en mayor o menor medida; la última, Giesa-Distrito 7, a cuyo concurso se presentó una única empresa y lo hizo fuera de plazo, por lo que el equipo de gobierno del PP se ha visto obligado a 'rescatarla' a marchas forzadas con una adjudicación directa.

Entre 2025 y 2026, el presupuesto municipal destinado a la Dirección General de Grandes Proyectos ha pasado de 10,8 a 17 millones de euros. El aumento viene del mayor volumen de partidas para la rehabilitación de Giesa-Distrito 7 (de 7 millones de euros a más de 11 millones), pero también por el propio Parque de Atracciones (de 100.000 euros a 1 millón), entre otros proyectos. Este 'reconocimiento' inversor, sin embargo, no ha venido acompañado por resultados muy positivos.

La ciudad del cine

La última controversia tiene que ver con la conversión de una antigua factoría situada en el barrio de Las Fuentes en toda una “ciudad del cine” con cuatro platós de rodaje y otras instalaciones para atraer “grandes producciones nacionales e internacionales”, todo ello entre críticas vecinales. La inversión prevista, actualmente en ejecución, superará los 18 millones de euros: hasta ahora hay certificado ya un gasto de 13 millones en el proyecto, según consta en el registro de facturas del Ayuntamiento.

Pero semejante volumen inversor se ha topado con una bola de nieve que amenaza con ir aumentando de tamaño y que incluso puede terminar en los tribunales: la única oferta presentada para gestionar el complejo artístico, de Equipment & Film Design España (EFD Studios), llegó cinco minutos tarde, pasada la medianoche del 26 al 27 de abril. Es decir, fuera de plazo.

Sin embargo, el Gobierno del PP no dejó pasar ni un día para anunciar que impulsaría la adjudicación directa, algo contemplado en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas aunque con unas cláusulas tasadas y siempre que esté justificado. Entre críticas por la “chapuza” y el “fiasco”, el grupo municipal del PSOE anunció posibles medidas legales: “”Con el nivel de rigor demostrado por la empresa, pretende adjudicarle de forma directa por más de 30 años el edificio en el que se han invertido 20 millones de euros de los zaragozanos. No parece serio“, argumentó el concejal Horacio Royo.

El jueves, el consejero de Presidencia, Ángel Lorén, trató de justificar la decisión. Argumentó que “no es culpa de la empresa”, pese a que un informe municipal señala que no hubo errores técnicos significativos. E incidió en la grandilocuencia del proyecto: “Estamos jugando no en primera división, sino todavía más arriba”.

El Parque de Atracciones

Pero sin duda el mayor embrollo hasta ahora gestionado por la Dirección General de Grandes Proyectos ha sido la ampliación del Parque de Atracciones de Zaragoza. En este caso, los líos surgieron con el proyecto nonato: desde que trascendió que el propio Ruiz de Temiño había pasado al erario el tique de comidas con promotores de este tipo de instalaciones, antes incluso de aprobarse el pliego. Instado por el pleno municipal, el exgerente de Zaragoza Vivienda –donde ya tuvo un tumultoso paso, con denuncias por acoso incluidas– se negó a revelar con quién comió y de qué trató el encuentro, pese a estar sufragado con dinero público.

A partir de ahí, casi nada parece haber ido bien en la tramitación de este complejo, que ha concitado la oposición vecinal y duras críticas de los partidos de la oposición. Solo hubo un ofertante en el concurso público e incluso los técnicos municipales dejaron claro la escasa calidad de la propuesta remitida, que obtuvo un aprobado raspado: el Gobierno municipal afirmó primero que exigiría mejores condiciones, pero más adelante se corrigió a sí mismo y se escudó en que los pliegos eran “demasiado exigentes”. El adjudicatario fue una empresa de nuevo cuño integrada por un socio minoritario de Zaragoza –los actuales gestores del Parque de Atracciones– y otro mayoritario, la firma argentina Félix Entertainment. Pero los dos socios no llegaron a un acuerdo para la apertura de la instalación este verano, lo que desató otro caos ante la exigencia de continuidad recogida en los pliegos, con 81 empleos en el aire.

En este contexto, la exigencia de invertir 17 millones de euros en la infraestructura genera dudas.

Ciudad Inteligente del Deporte

Otro emblemático proyecto que debía impulsar la oficina de Ruiz de Temiño, la Ciudad Inteligente del Deporte, fue una de las principales promesas de Natalia Chueca como candidata a alcaldesa para las municipales de 2023 –“una apuesta sin precedentes”, “uno de mis proyectos estratégicos para Zaragoza”, proclamó la aspirante popular en campaña–. Ahora duerme el sueño de los justos.

El primer clavo en el ataúd lo apuntaló el sobrecoste del nuevo estadio de La Romareda, que llevó a Chueca a afirmar que las “prioridades” eran ahora otras. Si los presupuestos de 2025 reservaban 10,2 millones de euros en una partida plurianual de 2025 a 2028, en las cuentas de este año ya no hay rastro del proyecto. Ahora, al rescate del equipo de gobierno municipal ha acudido el Ejecutivo autonómico de Jorge Azcón, que incluyó en el frustrado proyecto de presupuestos para este año –cuya prórroga fue el motivo aducido por el PP para adelantar elecciones– dos instalaciones deportivas en el Actur, en la misma ubicación de la Ciudad del Deporte.

El concejal socialista Horacio Royo ha anunciado posibles medidas legales ante la decisión final de adjudicar de manera directa a una empresa la gestión del edificio Giesa como plató de cine, el proyecto Distrito 7. Lo primero que va a reclamar es la comparecencia del consejero de Presidencia, Ángel Lorén, para dar explicaciones de “este despropósito porque estamos ante un nuevo fracaso estrepitoso de este gobierno que, en este caso, cabe imputar a la alcaldesa, autora intelectual del proyecto Distrito 7, que nunca tuvo el menor sentido y que constituye un ejemplo meridiano de la desconexión de la realidad en la que vive instalada nuestra alcaldesa”.

A su juicio, plantear que uno de los proyectos estrella pase por convertir Giesa en un plató de televisión e invertir 20 millones de euros “solo responde a la paleta y acomplejada visión que la alcaldesa tiene de la ciudad, que engarza con otros fracasos como el del parque de atracciones, que ha perdido la dimensión y verdaderas fortalezas de la ciudad”.

El edil asegura que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, vive “empeñada” en concebir la ciudad como un escenario de cartón piedra para tratar de generar una imagen artificial de la ciudad, en lugar de atender las necesidades de la ciudadanía y mejorar la vida de los barrios y sus gentes. “Se lanza a proyectos como este que acaban en rotundos fracasos porque, sencillamente, llamar a un plató ecosistema audiovisual no convierte una ocurrencia en un gran proyecto”.

Royo ha recordado que se han invertido 20 millones en el edificio, se ha ampliado el plazo hasta 71 días para que alguna empresa se presentara a gestionar el espacio de la antigua factoría de Giesa, y no duda de que se habrá llamado a todas las puertas posibles para ello. Además, se ha conformado un pliego que establece un canon que no permite al Ayuntamiento recuperar la inversión realizada. Tras todo esto, una empresa dedicada al alquiler de equipos audiovisuales trató de presentar una oferta dos minutos antes de que terminara el plazo (tras ampliarlo 71 días). “Con este nivel de rigor demostrado por la empresa, pretende adjudicarle de forma directa por más de 30 años el edificio en el que se han invertido 20 millones de euros de los zaragozanos. ¿De verdad pretende utilizar un procedimiento excepcional para adjudicar de forma directa a una empresa para regalarle este edificio? No parece serio”, ha cuestionado el edil socialista.

En su opinión, el anuncio de ayer “es la demostración de que le puede más la soberbia que el sentido común”, porque lo que debería haber hecho es abrir un período de reflexión y valorar la idoneidad de este proyecto, en el que ninguna empresa del sector audiovisual en toda España ha mostrado interés, lo que no augura nada bueno. “Esto no puede hacerse así”, ha concluido, además de recordar lo que ha pasado con el Parque de Atracciones.

“A veces he denunciado el adanismo de la alcaldesa y su gobierno, su obstinación en crear relatos orwellianos que permitan presentar la gestión como una especie de parteaguas de la historia, pero la realidad es muy diferente”, ha criticado Horacio Royo, recordando que en el pasado los zaragozanos han manifestado ver con estupor el choque de realidades con otras iniciativas de la alcaldesa.

“A estas alturas no cabe duda de que el parque de atracciones ha pasado de ser el nuevo Disney World a estar cerrado con 81 trabajadores en expediente de regulación de empleo y Giesa pasará de ser la nueva Paramount a, con un poco de suerte, un espacio de prácticas de estudiantes”, ha augurado, no sin antes cuestionar que “no puede poner la ciudad en almoneda, hipotecando la ciudad. No puede ser que durante los próximos 30 años acabe siendo un espacio privado que estará lejos de cumplir las expectativas”.

Ha recordado y puesto en valor que todos los vecinos de Las Fuentes, con entidades sociales y vecinales al frente, trabajaron duramente para elaborar una propuesta de uso en un barrio que dispone de pocas zonas decentes y que servía para regenerar la zona con un equipamiento social o cultural. “Pero la soberbia de la alcaldesa, en lugar de escuchar a los vecinos e incluso desoyendo a vocales del PP, le llevó a abanderar este proyecto que, seguramente, le susurraron al oído algunos de sus más conspicuos augures, los mismos que le convencieron de que era una buena idea la Ciudad Inteligente del Deporte, fuese lo que fuese eso, o que el parque de atracciones era un cementerio de cachivaches, los mismos que mucho me temo que, a base de convencerla de que puede volar en lomos de Fujur (el dragón blanco de «La Historia Interminable») hasta el sol, acabarán achicharrándola”, ha manifestado Horacio Royo.

El Gobierno de Zaragoza se verá obligado a adjudicar de forma directa la gestión de la producción del proyecto vinculado al sector audiovisual, Distrito 7, en la antigua nave de ascensores Giesa, que llevaba 20 años abandonada en el barrio de Las Fuentes, después de que se haya declarado desierto el proceso de adjudicación por problemas tecnológicos de la única empresa que concurrió, la mexicana la Equipment & Film Design España (EFD Studios). Esta situación ha provocado duras críticas por parte de la oposición municipal.

El consejero de Presidencia del Gobierno de Zaragoza, Ángel Lorén, ha explicado que este lunes se ha celebrado una comisión de valoración en la que se ha acordado declarar desierta la adjudicación, tras “observarse problemas tecnológicos en la presentación de la documentación”: la única firma que apostó por la ciudad del cine se excedió cinco minutos de las 00.00 horas en la firma de la presentación de la oferta.

Lorén ha justificado que, como toda la documentación necesaria para la adjudicación están en el Ayuntamiento, el equipo de gobierno echará mano de la ley de Patrimonio para entregar de forma directa el concurso. El consejero ha trasladado su “satisfacción” con que Distrito 7 haya resultado atractivo para una multinacional que ha decidido apostar por Zaragoza, al igual que ha apostado por otros países en los que está presente. “Distrito 7 sigue adelante va a dinamizar un barrio, va a generar empleo mal que le pase a la izquierda gris de esta ciudad”, ha aventurado Lorén.

“Chapuza” para el PSOE

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Horacio Royo, ha criticado de “chapuza” el proyecto dedicado al sector audiovisual, localizado en la antigua fábrica de ascensores Giesa. “Es una muestra más de la incapacidad de gestión del equipo de la alcaldesa, Natalia Chueca y una más de sus chapuzas”, ha sintetizado Royo.

El PSOE, ha recordado el concejal, ya advirtió de esta situación la semana pasada, y lo sucedido este lunes “constata que es otro absoluto fracaso de la alcaldesa en uno de sus grandes proyectos estrella”.

Se suma a una “lista de fracasos repleta de ejemplos”, entre los que ha citado el Parque de Atracciones, “por el mal planteamiento y desarrollo de la alcaldesa Natalia Chueca” y demuestra que ha sido un proyecto “mal planteado y mal concebido por parte de la alcaldesa”.

Según Royo, “en lugar de escuchar a los vecinos y atender lo que venían siendo sus históricas reivindicaciones en este espacio, Chueca decidió sacarse de la manga un proyecto que nadie había pedido, que no hacía falta y que no tenía un recorrido posible. Eso hoy ha quedado claro”, ha zanjado.

El Ayuntamiento de Zaragoza se ha gastado cerca de 20 millones de euros en la rehabilitación y equipamiento del edificio de la antigua Giesa y “es hora de que la alcaldesa asuma su fracaso, su error, su responsabilidad y rectifique”, ha instado Royo, quien ha apremiado a que “lo haga de una manera clara y sin ningún tipo de matiz”. A su parecer, la alcaldesa “no puede seguir perseverando en el mismo error” y, por tanto, lo que debe hacer –a su juicio– es escuchar a los vecinos, convocar a las entidades y a la Junta Municipal del Distrito.

“Un verdadero fiasco”

Por su parte, el concejal de Zaragoza en Común (ZeC) Suso Domínguez ha tildado de “grave problema de gestión del Gobierno del PP” que la mesa de contratación haya declarado desierta la gestión.

El edil se ha preguntado “para qué sirven los procesos de licitación en este ayuntamiento, porque tan pronto sirven para adjudicar una licitación con una valoración muy deficiente, en el caso del Parque de Atracciones, o para mantener sin contrato las Zonas Jóvenes facilitando los recortes y los cierres, o para adjudicar de manera directa una concesión que se presentó fuera de plazo, como en el caso de Distrito 7”, ha expuesto. Todo ello, además, “dificultando la concurrencia competitiva en todos los casos”, ha asegurado el concejal de ZeC.

En declaraciones a los medios de comunicación, Domínguez ha comentado que en este proyecto de rehabilitación de la antigua nave de Giesa se han invertido más de 20 millones de euros que al llegar el momento “clave, el de la gestión, no hay empresas interesadas y la única que se presenta lo hace fuera de tiempo, pese a haberse ampliado el plazo”, y se anuncia que se le concederá de manera directa, según recoge la Ley de Patrimonio de la Administración pública en su artículo 137.4 .

“Un verdadero fiasco”, ha subrayado Suso Domínguez quien ha avanzado que ZeC volverá a solicitar el cese del director general de Grandes Proyectos, Ruiz de Temiño y el desmantelamiento de esta oficina que “sólo ha traído costes para las arcas municipales y fiascos como estos”.

El equipo de Gobierno de Natalia Chueca ha restringido todo lo relacionado con las instancias y peticiones dentro del proceso de regularización de inmigrantes, que acaba de ponerse en marcha, a un único espacio, las oficinas centrales de la plaza del Pilar, donde se ubica la casa consistorial. Una instrucción dirigida a las juntas de distrito indica que se derive a todas las personas que acudan con la finalidad de obtener el certificado histórico y demás documentación a la fila única del Ayuntamiento, obligando a miles de personas a soportar largas colas desde las 5 de la mañana. Sin embargo, el interior de las oficinas centrales aparece completamente despejado, ya que solo pueden acceder a goteo mientras en el exterior esperan horas de pie.

Susana y José Ángel, ambos nicaragüenses, aseguran en la fila —a la que se sumaron a las 8 de la mañana— que vienen aquí “porque no nos atienden en los teléfonos y nos emplazan a la próxima semana para ser atendidos”. Igualmente, los funcionarios les dicen que no han recibido formación, como tampoco organizaciones como Cáritas. Además, lamentan que, pese a esperar la cola, puede que finalmente no puedan acceder tras haber perdido una jornada laboral. Susana llegó a Zaragoza hace dos años, primero con un trabajo dedicado a los cuidados. Tras perder ese empleo, se dedica a trabajos de limpieza por horas y sin contrato laboral. “Sin documentación no podemos trabajar legalmente y eso es lo que queremos. Ninguno recibimos ayuda y estamos perdiendo dinero al tener que venir a estas colas”.

Ana y Silvio, también nicaragüenses, explican que ya cuentan con todos los trámites porque se pusieron a solicitarlos en cuanto oyeron que se iba a poner en marcha el proceso de regularización, de modo que agilizaron todo aquello que les permite probar que residen aquí desde que aterrizaron en Barajas hace un año. Guardan los “boletos” del avión, el pasaporte sellado, el carné de la biblioteca, las cantidades de dinero enviadas a sus familiares, el historial médico del Salud y, además, solicitaron todos los datos necesarios a su país. Aunque residen en la casa de la madre de Silvio, que tiene nacionalidad española desde hace 20 años, en la cola presentan el certificado de vulnerabilidad, indispensable para obtener papeles y, como la mayoría, enfocado al empleo. De cómo seguir el procedimiento se informan a través de tik tok.

Un grupo de venezolanos también hacía otra cola para el padrón, mucho más corta que la del informe de vulnerabilidad. En su caso, tienen que actualizar la tarjeta roja, una autorización de residencia por razones humanitarias.

Críticas políticas

Desde el Grupo Municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza se han mostrado “preocupados” por la “falta de planificación y previsión ante un proceso que todo mundo sabía que iba a producirse” y que está generando “largas finlas” a las puertas del Consistorio. También destacan el “papel que van a jugar en el mismo los servicios sociales municipales en la emisión de los certificados de vulnerabilidad”. El concejal Suso Domínguez ha explicado que “la larga fila en el Ayuntamiento de esta mañana es, sobre todo, para la solicitud de este informe, no para la solicitud del padrón, y además el Gobierno está permitiendo la entrada al hall del Ayuntamiento, que está más vacío que cualquier día, con sillas vacías, y tiene a los vecinos haciendo colas en la calle para escenificar este supuesto caos”.

Estos certificados son necesarios en el proceso de regularización extraordinaria en aquellas situaciones en las que no se puede acreditar ninguna de las otras vías principales de acceso. En concreto, deben presentarse si no se puede demostrar haber trabajado en España, si no se convive en una unidad familiar con hijos menores a cargo o cuando la persona se encuentra en riesgo de exclusión social o pobreza.

El edil de ZeC ha denunciado que, a fecha de hoy, no se permite a los trabajadores de los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS) la emisión de estos certificados y que únicamente se vayan a emitir desde la Casa de las Culturas, donde ayer se atendieron a 400 personas. “Esto va a suponer una fuerte sobrecarga a este recurso y, en la práctica, que miles de personas vean dificultado, si no impedido, su proceso de regularización”, ha manifestado.

Para Suso Domínguez no tiene “ninguna lógica” que los profesionales de los centros municipales de servicios sociales (CMSS) no puedan emitir estos certificados de vulnerabilidad. “Estamos hablando de una red de 15 centros, con casi 100 trabajadores sociales que llevan mucho tiempo trabajando con estas personas, que están habilitados legalmente para poder emitir estos certificados de vulnerabilidad y a los que se les está impidiendo hacer su trabajo”, ha manifestado el concejal, quien ha añadido que esto “solo es entendible si existe una voluntad por parte del Gobierno de Natalia Chueca de dificultar el acceso a la regularización”.

“Si existe un problema de coordinación y competencias, como tantas veces ha expuesto la consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, es el momento de dejar de reprochar al otro y sentarse a trabajar de manera seria y responsable”, ha manifestado Suso Domínguez. “La única manera de afrontar esta situación es desde la colaboración, olvidando la política de corto plazo y de titulares”, ha recalcado.

Del mismo modo, ha expuesto que el actual proceso de regularización “es algo de lo que todos deberíamos alegrarnos, ya que va a permitir a miles de vecinos y vecinas, que llevan años viviendo y trabajando con nosotros, disfrutar de los mismos derechos y obligaciones”. A su juicio, utilizar este procedimiento para hablar de “caos migratorio” o “efecto llamada puede quedar muy bien en un titular, pero no es cierto”: “Es necesario que, de una vez por todas, la Señora Orós abandone su deriva xenófoba y deje de utilizar la situación de las personas sin hogar y de las personas migrantes para confrontar con el Gobierno central”, ha concluido.

El concejal socialista Paco Galán también ha criticado la decisión del PP: “Chueca como alumna aventajada de la ultraderecha está boicoteando los derechos de las personas más vulnerables de esta ciudad e impide a los funcionarios municipales cumplir con su obligación de responder a las necesidades de unos ciudadanos, que conviven en el día a día con nosotros, y que hasta ahora eran de segunda”, ha señalado.

El edil socialista ha lamentado que “Chueca haya dado orden de que todas las peticiones tienen que realizarse en la Plaza del Pilar, incumpliendo el principio de cercanía y de barrio de las Juntas de Distrito. Lo que está colapsada es la capacidad de pensar en cómo resolver sus problemas de gestión”. “Dignificar a personas que viven con nosotros debería ser el reto y no vivirlo como un impedimento”, ha concluido.

“Falta de planificación”

También desde CCOO se subraya que el colapso “no responde a un hecho puntual ni imprevisible, sino a una situación que podía haberse evitado con una planificación adecuada”: “No se trata de un fallo aislado, sino de un patrón de gestión que se repite en el tiempo porque también en anteriores ocasiones, las juntas municipales y la Casa Consistorial ya han sufrido colapsos ante picos de demanda, como en campañas derivadas de notificaciones masivas por renovación padronal”, ha asegurado Juan Tamarit, secretario general de la Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Zaragoza. Además, durante este mandato algunas juntas han llegado incluso a cerrar por falta de personal.

A juicio del sindicato, el proceso era conocido con más de tres meses de antelación, “un plazo suficiente para haber previsto refuerzos mediante acúmulos de tareas, reorganización de recursos o la adopción de medidas extraordinarias”, por lo que insisten en que esta situación era “evitable” y responde a una “falta de previsión que no puede justificarse”. Por ello, CCOO ha exigido al Gobierno municipal que “asuma su responsabilidad, evite trasladar la presión a la plantilla y adopte medidas inmediatas y estructurales. Es imprescindible reforzar los servicios con personal suficiente y planificar con rigor situaciones que son perfectamente previsibles”.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Aragón ha explicado que el proceso de regularización acaba de comenzar y que ya se ha habilitado toda la información en la web del Ministerio, incluyendo un simulador orientativo. Ha destacado que el sistema permite hacer trámites online sin cita previa, con apoyo de representantes si es necesario, y también de forma presencial en oficinas de Correos y Seguridad Social con personal especializado.

Ha reconocido que es normal que surjan dudas en esta fase inicial y que haya un aumento de consultas, pero considera que la situación en el Ayuntamiento de Zaragoza “tiene más que ver con un marco ideológico que con un marco real. En otro tipo de procesos extraordinarios se han formado colas en las administraciones y nunca se les ha dado el tratamiento que se le está dando en este momento al Ayuntamiento de Zaragoza”.

Beltrán ha asegurado que el Ayuntamiento ya conocía con antelación el proceso y el posible aumento de solicitudes, por lo que ha rechazado que haya habido sorpresa. También ha negado estar obligado a dar ciertos datos solicitados por el consistorio y ha criticado que se pidan recursos económicos fuera de los canales adecuados. “No olvidemos que la gente que está yendo al Ayuntamiento son ciudadanos de Zaragoza que tienen todo el derecho del mundo a acudir a su Ayuntamiento a solicitar información o a solicitar que le hagan un documento”, ha defendido.

Por último, ha pedido paciencia durante los primeros días, confía en que la situación se estabilice con la actuación de las entidades colaboradoras y ha recalcado que no todos los trámites dependen del Ayuntamiento, ya que existen múltiples vías para acreditar la situación de los solicitantes.

La alcaldesa: “El Gobierno no está haciendo bien su trabajo”

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha echado balones fuera y ha asegurado que “lo que está haciendo el Gobierno es una transferencia encubierta de competencias y de labores a los ayuntamientos sin que venga acompañado ni de información, porque no hemos recibido ninguna información previa para ver cómo se podía gestionar ni que se podía necesitar de las entidades locales, como tampoco hemos recibido recursos económicos. Nos vimos desbordados de cientos y cientos de personas, inmigrantes ilegales que venían a buscar papeles y un certificado de vulnerabilidad que recoge ese decreto que desde el Ayuntamiento desconocemos cómo podemos aplicar y no hemos recibido ninguna notificación por parte del Gobierno de España”.

Para la alcaldesa, “estamos viendo que sean ellos —las personas vulnerables— los paganos de esta mala gestión y un efecto llamada que es difícil de atender con los servicios públicos que tenemos. El Gobierno de España no está haciendo bien su trabajo, nos ha demostrado que no escapa de gestionar, ya colapsó los trenes de alta velocidad, hemos tenido un apagón y ahora vemos como colapsa otras administraciones y los servicios sociales”.

A su juicio, esta regulación “no atiende a una necesidad” laboral o de la sociedad española, “no nace de la voluntad popular ni salió aprobada en el Congreso de los Diputados, nace de la necesidad política de Pedro Sánchez de ocultar los casos de corrupción y de mantenerse en el gobierno”. Chueca ha comparado la regulación realizada por el gobierno de Aznar, vinculada al empleo, “mientras que Pedro Sánchez está haciendo regularización de inmigración vinculada única y exclusivamente a la vulnerabilidad y a sus necesidades políticas, en contra del Consejo de Estado, de la Unión Europea y del Congreso de los diputados. Estamos completamente desbordados, sin saber cómo actuar, no se nos ha dado información para poder entender y conocer los criterios para esos informes de vulnerabilidad que nos están solicitando desde ayer”.

Asegura que desde la Delegación de Gobierno no han contactado con el Ayuntamiento de Zaragoza, a pesar de que la consejera de Servicios Sociales envió una carta pidiendo información. “Las últimas palabras del delegado es que no necesitábamos información porque no íbamos a gestionar nada, y la realidad es que donde tenemos las filas de cientos y cientos de personas es en los ayuntamientos, que nos diga el Gobierno de Pedro Sánchez qué necesita de los ayuntamientos y que deje de jugar con las personas. Esta regulación a granel que está haciendo no está pensada a dignificar la vida de las personas, está hecha para tapar sus casos de corrupción y en contra de todos los órganos que han podido opinar, generando molestias, unas expectativas y un efecto llamada para que todas estas personas ilegales de Europa vengan a España a colapsar los ayuntamientos y los servicios sociales de nuestro país, que nos digan cómo quieren gestionarlo”.

Según fuentes municipales, el Registro Municipal recibió este pasado jueves 654 solicitudes relacionadas con certificados de empadronamiento y solicitudes de informes de vulnerabilidad vinculados al proceso de regularización de personas inmigrantes, mientras que el 010 recibió más de 300 llamadas por este motivo.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha restado importancia al hecho de que los datos sobre gastos de la publicidad institucional no estén accesibles en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza, evitando explicar cuánto destina el equipo del PP a este capítulo. Tras limitarse a señalar que se siguen los mismos criterios de transparencia desde que se puso en marcha el tablón de anuncios en 2019, ha reconocido con indiferencia que “no hemos cambiado nada”. De hecho, — ha explicado—, no se modifica porque entonces se definió que esa era la fórmula correcta y “nos hemos ocupado de otras cosas, pero no de cambiar los criterios porque nos parecía que eran suficientes”.

Sin embargo, el modelo actual solo refleja parcialmente el gasto en medios de comunicación. El Portal de Transparencia se limita al denominado Tablón Municipal, mientras que una parte significativa de los pagos debe rastrearse en el registro de facturas, donde aparecen campañas que no figuran en la información pública habitual.

Aunque Chueca ha comparado el portal actual con el diseñado en 2019 cuando gobernaba Zec, lo cierto es que el presupuesto destinado a “Información municipal” alcanzó el año pasado cerca de 1,1 millones de euros, un 160% más que en 2019. No obstante, el gasto real en publicidad institucional triplica lo que se publica oficialmente, sin que exista un desglose completo ni criterios claros de distribución en función de la audiencia, como establece la normativa.

Parte de esta opacidad se explica porque numerosas campañas no se gestionan desde la Dirección de Comunicación, sino desde otros departamentos municipales, lo que fragmenta la información y dificulta su seguimiento.

Las facturas revelan pagos a medios locales y nacionales que no aparecen en el portal. Algunos casos muestran diferencias significativas entre lo declarado y lo realmente abonado, así como inversiones en campañas con escaso impacto medible. En conjunto, la situación evidencia un sistema de transparencia incompleto que impide conocer con precisión el destino de los fondos públicos destinados a publicidad institucional y limita el control sobre su distribución.

La reforma de las riberas del río Huerva, una actuación financiada con fondos europeos, es solo una muestra de cómo el Gobierno del PP en Zaragoza elude de manera sistemática publicar en el portal de Transparencia las facturas de campañas de publicidad. Al menos cinco pagos han sido destinados a medios de comunicación sin que consten en el apartado correspondiente. En una de ellas, de 6.060 euros para EDA TV –Estado de Alarma, el portal ultra impulsado por Javier Negre–, se especifica según ha constatado este periódico que el banner publicitario tuvo un total de once clics.

En total, solo el año pasado decenas de cargos que no figuran en el apartado de 'gastos de contrato de mediación prensa' de Transparencia y que hay que buscar uno a uno en el registro de facturas fueron destinados a medios de comunicación.

Cuestionado por este diario, el Departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Zaragoza remite una vez tras otra al denominado Tablón Municipal, que incluye el desembolso en medios mes a mes. Según consta ahí, el Consistorio gastó 304.296,30 euros el año pasado: en 2024 fueron 283.578,77 euros; en 2023, el desembolso llegó a 334,240,23 euros. Ahí, los beneficiarios son públicos. Sin embargo, el dinero que el Gobierno del PP destina a este fin es mucho mayor, mucho menos aparente y sin correlación clara con la audiencia de los beneficiarios, como marca la normativa.

En principio, el Presupuesto municipal es el que determina el gasto en campañas publicitarias durante el año. En las cuentas aprobadas para el año pasado, la partida de 'Información municipal' ascendía a casi 1,1 millones de euros, con una subida del 160% respecto a los 422.000 euros que destinó Zaragoza en Común en su último presupuesto, el de 2019.

El grueso del gasto va destinado a 'Servicios, asistencias y contratos de la Dirección de Comunicación', con 900.000 euros; otros 160.000 euros son para 'Información municipal' y el resto, 30.000 euros, a adquisición de material. Sin embargo, este desembolso triplica lo que consta en el Portal de Transparencia, sin que haya más información respecto al resto de campañas de comunicación.

Gastos del servicio de Arquitectura o de Sostenibilidad

Pero es que, al bucear en el registro municipal de facturas, este periódico ha localizado pagos que no salen de la Dirección de Comunicación, sino de servicios distintos como el de Conservación de Arquitectura (una campaña sobre comunidades energéticas), Sostenibilidad y Desarrollo Estratégico (la del río Huerva), Infraestructura Verde (Zaragoza Florece) o Economía y Consumo (actividades de mercado y comercio), entre otros.

Las decenas de facturas localizadas al margen del Tablón Municipal el año pasado fueron para servicios de comunicación y campaña en medios tanto locales (Enjoy Zaragoza, Extra Digital u Hoy Aragón, entre otros) como a nacionales (The Objective, Ok Diario, El Confidencial, El Debate o EDA TV, entre ellos).

Por ejemplo, en el Tablón Municipal –lo único que se cuelga en el Portal de Transparencia– no consta el año pasado ningún pago en 2025 al portal ultra de Javier Negre y, sin embargo, en el registro de facturas aparecen dos: una de marzo para la campaña del Zaragoza Luce (reportaje, banners y 57 cuñas emitidas) por 3.025 euros y otra para la campaña de implantación de comunidades energéticas en barrios rurales, un gasto de 6.043 euros asignado al Servicio de Conservación de Arquitectura.

Mientras, este año figura en el portal de contratación una factura a favor de EDA TV para una campaña sobre las actuaciones en las riberas del Huerva por la que el Ayuntamiento pagó 5.000 euros más IVA (6.050 euros) por un 'branded content' y un banner publicitario que entre el 13 y el 17 de marzo acumuló 11 clics.

En total, desde 2023 Estado de Alarma ha percibido 34.500 euros del Ayuntamiento de Zaragoza en campañas de publicidad institucional sin que ninguno de estos desembolsos figuren en el correspondiente apartado de Transparencia.

Otros dos ejemplos similares: The Objective y El Debate. El año pasado, según lo trasladado al Portal de Transparencia ambos medios recibieron algo más de 5.500 euros cada uno, la mayor parte provenientes de pequeños pagos mensuales de 330 euros y con una única actividad especial: en diciembre, por 2.600 euros para la campaña de Navidad. Sin embargo, en el registro de facturas el desembolso total en ambos medios nativos digitales superó los 11.500 euros sin IVA en cada caso, con campañas como el Zaragoza Luce, la reforma del Huerva o las comunidades energéticas.

Entre este bloque están también las dos únicas campañas concedidas por el Gobierno de Natalia Chueca a elDiario.es en 2025: sendos gastos de 1.000 euros sin IVA para el Zaragoza Luce y para promocionar el servicio Bizi.

Fuentes municipales han rehusado dar explicaciones sobre todas estas facturas.

Los vecinos de Monzalbarba se han cansado, y han llevado su cansancio y sus quejas hasta el mismo pleno de Zaragoza. Representantes de este barrio rural han trasladado a los concejales la “auténtica vergüenza” que afrontan en el núcleo, muy próximo a la capital aragonesa pero que carece de servicios tan básicos como una conexión decente con el exterior: debido a que la altura de los dos únicos accesos –dos puentes– es baja, no pueden entrar los autobuses nuevos y solo prestan servicio los antiguos. “Nos merecemos más respeto y más igualdad”, ha expresado Margarita Anadón, representante de la Asociación de Mujeres la Sagrada de Monzalbarba.

El debate ha venido a cuento de una moción presentada por el PSOE en la que el grupo municipal reclamaba una “intervención integral” en el barrio, con acondicionamiento de calles, reparación de baches, construcción de un potrero demandado por los jóvenes o mantenimiento de zonas verdes, entre otros. La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de los socialistas, de Zaragoza en Común y también de Vox, a cambio de que el PSOE incorporara una transaccional de la extrema derecha en la que incluyen una petición a que se recupere el diálogo entre el Ayuntamiento de Zaragoza (PP) y la Diputación Provincial (PSOE.

Los vecinos representados en el pleno han dado cuenta de algunos de los agravios que sienten frente a otros barrios en el centro de Zaragoza. Por ejemplo, como ha explicado Alejandro Sanz, de la Asociación de Vecinos Miguel Servet, se propuso “ganar zonas de sombra y zonas verdes” en el patio del colegio y el Gobierno municipal lo “denegó”, pese a que “sí que se hizo en otros colegios de la ciudad de Zaragoza”. O la ausencia de mejoras en el campo de fútbol: “En palabras de su equipo de gobierno no se puede invertir dinero en él para pequeñas mejoras de vestuarios, focos o sanitarios porque está en zona inundable, igual que el Ibercaja Estadio”. “Sin embargo, así que dejan invertir dinero el anterior convenio de la DPZ. Igual es que no quieren invertir en los barrios rurales una vez más”, ha añadido.

Respecto a las propias instalaciones deportivas, Sanz ha lamentado que hayan permanecido “cuatro años con las salidas de emergencias rotas”: “Había que poner cadenas en ellas para que por las noches no entran a robar al pabellón”. La pista, “intratable para realizar la práctica deportiva, debido a la dejadez y el paso del tiempo”. “Me gustaría saber qué ocurriría si este ayuntamiento estuvieran más de cuatro años con salidas o entradas rotas”, ha evidenciado.

La Asociación de Mujeres la Sagrada del Barrio, Margarita Anadón, ha puesto el énfasis en los problemas de movilidad en el barrio. Hay “problemas de acceso en caso de emergencias” por el tamaño de las vías y los accesos bajo el puente de la autopista A-68 tienen “numerosos agujeros que se van engrandeciendo día a día, aunque lo peor son las dificultades con el transporte público: ”No podemos disfrutar de autobuses dignos por la altura de los puentes de entrada al barrio“. Para solucionarlo, recuerda, basta con llevar a cabo una conexión entre calles.

El alcalde de Monzalbarba, Joaquín Tiestos, ha puesto en evidencia “la inquietud, la preocupación y el hartazgo de los vecinos” tras “muchos años de promesas incumplidas”. Tiestos ha criticado la escasa inversión en los núcleos en torno a la capital aragonesa: “Me parece muy escaso que en un presupuesto de 1.000 millones de euros solo se destine un millón a los 14 barrios rurales. Ese es el interés que este ayuntamiento está demostrando”.

La concejala del PSOE Ana Becerril ha mencionado que los vecinos han reunido 700 firmas “reclamando soluciones” y ha advertido de la necesidad de mejorar los accesos antes de que pueda surgir una urgencia. “No se escuden detrás de los problemas burocráticos porque los vecinos llevan esperando soluciones básicas”, ha apuntado.

“Los bomberos caben con dificultad”

Desde ZeC, su portavoz Elena Tomás ha aludido a que precisamente es vecina “de toda la vida” de Monzalbarba, por lo que conoce las dificultades que afrontan los vecinos: “Tenemos dos entradas que son de vergüenza, que no permiten entrar autobuses”. Una, ha recordado, “es tan estrecha que los bomberos caben con dificultad”. “Ha llegado la hora que nos pongamos de acuerdo y que empecemos a escuchar a los barrios rurales”, ha reivindicado.

Por Vox, David Flores ha mostrado su apoyo a los vecinos: “Más de 700 firmas no son un gesto simbólico, sino la expresión de un hartazgo legítimo, de una demanda de igualdad y de un deseo de vivir en un barrio digno”, ha reconocido, antes de afear al PSOE que “durante muchos años la planificación de la movilidad en los barrios rurales estuvo en manos de gobiernos socialistas”.

Por último, la concejala del PP Paloma Espinosa ha echado en cara al PSOE su moción: “No sé cómo tiene el valor de asomarse por Monzalbarba”, ha acusado a la portavoz socialista, Lola Ranera. “A usted no le importan los barrios rurales ni sus vecinos. Lo único que ha hecho es ponerse en modo campaña electoral”, ha insistido.

Ocho representantes de la cultura han recibido el reconocimiento a su labor de difusión cultural de la ciudad de Zaragoza durante el año 2025, entre ellos, Isabel Guerra, la pintora y religiosa que ha recibido el premio especial de la segunda edición de los Premios 'Ciudad de Zaragoza' por toda su aportación pictórica.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha entregado este martes los galardones al mérito cultural de personas y entidades por su talento artístico y cultural. Se trata de una convocatoria abierta a todos los perfiles, incluidos los técnicos, cuya labor es imprescindible y, en muchas ocasiones permite a los artistas que su talento brille en su máximo esplendor. “El año pasado iniciamos estos premios con la idea de saldar una deuda con quienes elevan, embellecen y explican la ciudad”, ha explicado Chueca, además de subrayar que estos premios nacieron también para fomentar e inspirar a otros.

Premios 2026

A través de ocho categorías, siete disciplinas vinculadas a la cultura y un premio especial, el Ayuntamiento de Zaragoza ha distinguido a los representantes más destacados de la ciudad durante el año 2025.

Sor Isabel Guerra, Premio Especial, es una monja cisterciense madrileña, que reside en el Monasterio de Santa Lucía de Zaragoza desde 1970, es académica de las Bellas Artes de Toledo y académica de honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, de Zaragoza. El año pasado, el Museo Alma Mater inauguró su exposición 'Esperanza' y desde enero del 2025 tiene una calle en Zaragoza a su nombre.

En la categoría de Artes Plásticas, el premio ha sido para el Festival Asalto, que cumplió dos décadas en 2025 como transformador de Zaragoza con arte en el espacio público, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza y Asalto.org. La última edición se centró en el entorno del parque Pignatelli y en ubicaciones en las que se “revisitaron” a murales de anteriores ediciones.

En la categoría de música, Juanjo Bona, cantante, compositor y pregonero de Zaragoza en 2024, ha ofrecido conciertos multitudinarios en la ciudad, vendió todas las localidades en dos conciertos en el Teatro Principal dentro de su gira 'Tan mayor y tan niño' y también fue elegido para encender las luces de Navidad de Zaragoza El pasado año se consolidó en el mercado musical con su gira nacional.

El fotoperiodista Gervasio Sánchez, elegido en la categoría audiovisual, presentó el pasado año la exposición 'Vida' en Zaragoza. Aunque la inauguración oficial tuvo lugar a finales de enero de 2026, su preparación y programación en Zaragoza en 2025 constituye un mérito cultural significativo con esta muestra que reúne 68 fotografías de su obra a lo largo de décadas con un recorrido por grandes temas como ruinas humanas, infancia en la guerra, desplazamientos forzados y resistencia de la vida.

En cine, la alcaldesa ha entregado el premio a Miguel Ángel Lamata, director y guionista de cine nacido en Zaragoza. En junio de 2025 rodó un remake de 'Salida de Misa de doce del Pilar', protagonizada por la actriz Luisa Gavasa y grabada en la plaza del Pilar, además de inaugurar el I Encuentro Nacional de Festivales de Cine. El 5 de agosto presentó en Zaragoza 'Los Futbolísimos 2: el misterio del tesoro pirata' y, también el año pasado, rodó su primer thriller de terror 'La Ahorcada' en Teruel y en Zaragoza.

A título póstumo, el galardón de Cultura Tradicional para Carmelo Artiaga, expresidente de la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón, lo ha recogido su hermana Nines Artiaga. Sirve para reconocer el trabajó por difundir y estructurar la enseñanza, el estudio y la práctica del folclore y de la jota, apoyando actividades que movilizan a miles de practicantes y aficionados. Artiaga dirigió espectáculos y proyectos escénicos relevantes, como 'Un arte llamado jota. De Principal belleza' en el Teatro Principal de Zaragoza, donde se mostró la jota desde perspectivas musicales, dancísticas y académicas.

En el ámbito literario, David Lozano, escritor zaragozano especializado en publicaciones juveniles y de suspense, recibió el prestigioso Premio Cervantes Chico 2025 de Literatura Infantil y Juvenil, uno de los galardones más relevantes de la literatura juvenil en lengua española por su calidad literaria, el estilo cuidado y el impacto de su obra dentro del género. También recibió el Premio Fundación Cuatrogatos 2025 con su novela 'Intruso' y el Premio Edebé de Literatura Juvenil 2025 con su novela 'La cacería' uno de los galardones más importantes del panorama literario juvenil en España.

Por último, Miguel Ángel Tirado (Marianico el Corto), ha recogido el premio de Artes Escénicas. El popular humorista y actor, en 2025 obtuvo el Premio Especial Valores COPE Aragón 2024/2025 y colaboró en las Fiestas del Pilar 2025 en Zaragoza dentro del espectáculo 'El Pilar es una fiesta', dirigido al público mayor y programado en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. En mayo fue reconocido como uno de los nuevos académicos de honor de la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón, un honor compartido con otras personalidades por su contribución a la cultura aragonesa.

Los ocho elegidos, como ya sucedió en la primera edición, han recogido reproducciones en miniatura de la obra 'León', del prestigioso escultor aragonés Francisco Rallo Lahoz y que son muy populares entre los ciudadanos por ser las esculturas que presiden la entrada del Puente de Piedra en ambos lados. La familia de Rallo, cedió la imagen de esta figura icónica de la ciudad para estos galardones.

Para elegir a los ganadores anuales se constituye un comité de valoración que forman responsables del área de Cultura, Educación y Turismo, quienes realizarán la selección de los premiados para cada una de las categorías.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se ha visto obligada a pagar una multa por ir sin cinturón de seguridad mientras grababa un vídeo de autopromoción a raíz de una moción del PSOE que pedía reprobar a la regidora por este hecho. Incluso Vox se había a la propuesta al proponer que se sancionara a Chueca, pero la dirigente popular ha sorprendido a toda la oposición al mostrar públicamente en la propia sesión que ya había pagado 100 euros de penalización –como pronto pago por la multa de 200 euros–. La moción ha provocado un guirigay, a lo que se ha sumado que para entonces el pleno se acercaba a las ocho horas de duración. Y eso que previamente se había celebrado la sesión extraordinaria para dar luz verde al presupuesto de 2026.

La propuesta socialista pedía reprobar la “conducta infractora” de la alcaldesa por circular en vehículo oficial “incumpliendo la obligación de hacer uso del cinturón de seguridad”, y también por la “actuación posterior” de “modificar el vídeo” para intentar “ocultar los hechos”. Y se añadió una transaccional de Vox presentada por la mañana para obligar a Chueca “al pago de la multa”.

“No sé si es la moción más importante del pleno, pero sí la más necesaria: hablamos de cumplir la ley, de dar ejemplo a la ciudadanía y de vidas humanas o posibles lesiones por no llevar el cinturón de seguridad”, ha advertido la portavoz socialista, Lola Ranera, al inicio de su intervención, al recordar que en 2023 fallecieron 139 personas en España por esta circunstancia. “Usted, la máxima responsable de este Ayuntamiento, se permite el lujo de no llevar cinturón. E, intentando disculparse, dice que solo fueron unos segundos”, ha añadido. Tras indicar que aceptaba la transacción de Vox, enfatizó que todos deben “cumplir la ley: alcaldes, cargos políticos y ciudadanos”.

La portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, afeó al gobierno del PP que hubiese puesto “una multa a unos vecinos que hacen una comida en el barrio” –en referencia a unos hechos ocurridos en Torrero– y no a la alcaldesa por ir sin cinturón. “Usted no es una Kardashian, es una servidora pública con una labor institucional y un deber de ejemplaridad”, ha destacado.

Desde Vox, su portavoz adjunta, Eva Torres, ha afeado la “torpeza” de haber recortado el vídeo posteriormente a su publicación para tratar de esconder los hechos: “Casi es lo más feo de esta situación porque descalifica a la alcaldesa”. “En Vox creemos que debe ser coherente, responsable, ejemplarizante y que pague la multa si la tiene, y si no que la solicite”, ha incidido Torres.

En la intervención de Chueca ha llegado la sorpresa que la alcaldesa tenía guardada al PSOE y a Vox: “Aquí tiene mi multa. Lo he hecho discretamente, no he ido a presumir. No vengan a dar lecciones. Me puse la multa y además la pagué”, ha manifestado, con los papeles de la sanción en la mano.

La prueba del pago

Este periódico ha solicitado al Departamento de Comunicación del Gobierno municipal la prueba documental del pago, pero aún no la ha facilitado.

El anuncio de la alcaldesa ha motivado que Vox diera marcha atrás con su adición a la propuesta socialista. “Si me enseña la multa y la fecha de pago no es de hoy, retiro la transacción”, ha trasladado Eva Torres, aunque según fuentes de la formación no han llegado a comprobar el día reflejado en los papeles era previo a este jueves.

Y, por su parte, la portavoz socialista ha conseguido sacar a la regidora que el pago se hizo posteriormente a que el principal partido de la oposición registrara su moción en dependencias municipales.

La propuesta ha sido finalmente rechazada con los votos a favor del PSOE, la abstención de ZEC y los votos en contra del PP y de Vox.

Los vecinos de la avenida de Navarra ya pueden disfrutar la reforma integral al completo, tras concluir las obras de la segunda fase entre el paseo Calanda y la calle Rioja. Tras una inversión de 5,3 millones de euros, se consigue sumar otros 19.000 metros cuadra renovados a una calle que pasa de tener un concepto de carretera a un espacio que prioriza a los peatones. La reforma pasa por amplias aceras, bancos, zonas de juegos infantiles y de ejercicio para las personas mayores. Además, se ha incrementado la superficie destinada a zonas verdes con 140 árboles y 1.400 plantaciones arbustivas y florales.

La mejora de la seguridad vial es uno de los ejes de esta reforma. A diferencia de la primera fase, en este tramo se han elevado los cruces con las calles transversales. De esta forma, las aceras tienen continuidad y da prioridad a los peatones, obligando a los vehículos a frenar. Además, la calzada pasa a tener dos carriles de circulación por sentido y se ha creado un carril bici segregado de doble sentido en el eje central, dando continuidad al de la primera fase de la avenida de Navarra.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asegurado durante la inauguración de la vía que con esta reforma se ha dado paso a una “avenida más inclusiva, segura y con mayor calidad ambiental”, tras recordar que en marzo de 2023 se inauguraron otros 16.000 metros cuadrados en lo que fue la primera fase de transformación integral de este eje principal de la movilidad urbana en el distrito de Delicias y en la que se invirtieron 3,9 millones de euros.

Asimismo, la alcaldesa ha agradecido “la paciencia de los vecinos por las molestias que siempre conllevan unas obras”, más aún en un “trazado tan extenso” que complicó las tareas de los operarios, como ocurrió con el complejo colector en la conexión de la avenida con la calle de Leopoldo Torres Quevedo, y que ahora llega a su fin dando respuesta a una reivindicación histórica demandada por vecinos, comerciantes y entidades sociales.

Otras reformas

Además de la avenida Navarra, el Ayuntamiento de Zaragoza finalizó en julio las obras de la segunda fase de la reforma integral de la avenida de Cataluña. El proyecto se ejecutó en nueve meses, ya que tuvo que pasar los trámites administrativos de ADIF por su cercanía a la infraestructura ferroviaria.

Otros proyectos que están en proceso o en obras son la prolongación de Ibón de Astún con Rallo Lahoz en Miralbueno; la adecuación de la ronda de Vía Hispanidad; la calle Oeste en Santa Isabel; la regeneración de calles del entorno de San Pablo y San Blas, o el proyecto de mejora de Lagos de Coronas e Ibón de Anayet.