Los 40 autobuses cedidos a Burgos por el Ayuntamiento de Madrid para recuperar el servicio de transporte urbano, tras el incendio que el martes quemó la mitad de la flota en las cocheras municipales, se irán incorporando gradualmente según pasen la revisión técnica, tras su llegada a primera hora de esta tarde a la capital burgalesa.

Los vehículos, conducidos por personal municipal que se ha desplazado esta madrugada a Madrid, han salido pasadas las diez de la mañana del Centro de Operaciones de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) en dos convoyes escoltados por la Guardia Civil, y en cinco horas han llegado a Burgos.

Los primeros 25 autobuses han llegado minutos antes de las tres de la tarde a las instalaciones de las cocheras municipales, ubicadas en la carretera de Poza, donde les estaban esperando otros conductores, personal del Servicio de Movilidad y Transportes y una representación del equipo de Gobierno.

El segundo convoy ha llegado una hora más tarde, completando así el envío de los 40 vehículos que ha cedido Madrid de manera gratuita por un periodo de seis meses, ampliable, lo que permitirá que Burgos recupere la normalidad en su servicio de transportes, que desde el martes opera con servicios mínimos.

El incendio, declarado pasadas las dos de la madrugada del martes, devoró buena parte de las cocheras -dejando la nave central y el taller para su demolición- y, con ellas, 39 los 75 autobuses del servicio, por lo que estos días solo se han podido sacar a la calle 31, cuando habitualmente circulan 58.

Viaje sin incidencias y “buenas sensaciones”

El viaje desde Madrid se ha realizado sin incidencias, ha explicado el presidente del comité de empresa, Pedro Garrido, y solo un vehículo ha sufrido un leve calentamiento, por lo que ha sido necesario parar pero los técnicos de Madrid que viajaban con el convoy han resuelto el problema con rapidez.

A velocidades de 70 km/h los autobuses han recorrido los 250 kilómetros que separan Madrid de Burgos en unas cinco horas -con parada en Boceguillas-, y la bajada de Somosierra “ha ido muy bien, sin vibraciones, ni sustos”, ha indicado Garrido, quien ha asegurado que la sensación “ha sido muy buena”.

Ahora, los vehículos tendrán que pasar una revisión técnica por parte del personal del Ayuntamiento de Burgos, y cuando estén a punto se incorporarán de manera gradual al servicio, ha indicado el concejal de Movilidad y Transportes, César Barriada, que no ha sabido precisar cuándo y cómo será esa incorporación.

Tampoco cómo se solventará el pago del billete dado que los autobuses cedidos por Madrid utilizan un sistema de cobro distinto al de Burgos, por lo que se baraja que el viaje sea gratuito en ellos, o tal vez en todo el servicio municipal mientras se encuentra una solución alternativa.

Reorganizar el servicio de transportes

Barriada ha agradecido a Madrid su solidaridad con Burgos, pues supone la cesión de 40 autobuses que aunque son antiguos -están entre los retirados por la EMT- están en funcionamiento, y además la capital ha enviado un servicio técnico de asistencia para el viaje, una grúa y piezas de recambio.

Además, ha indicado que el Ayuntamiento está en contacto con otros municipios que también ofrecieron autobuses, como Segovia, para tratar de reponer los cuatro minibuses que se quemaron, y que son los que hacen la ruta del centro histórico, dado que los de mayor tamaño no pueden circular por sus calles estrechas.

Los de Madrid son vehículos de 12 metros de largo, que tampoco reponen los articulados de 18 metros que se han quemado, así que será necesario reorganizar el servicio con refuerzos en horarios en los que venía operando uno de los articulados, si bien todos ellos detalles se irán matizando los próximos días.

El servicio de transportes funciona desde el pasado martes con servicios mínimos, con varias líneas suspendidas y otras con modificaciones en horarios y frecuencias, con el objetivo de que todos los barrios tengan al menos un servicio de autobús urbano.

El fin de semana se recuperarán todas las líneas -salvo la del centro histórico- y los horarios habituales, dado que con los autobuses propios se puede cubrir el servicio de sábado y domingo; el lunes volverán las restricciones, al menos hasta que los 40 buses madrileños se incorporen a la flota burgalesa.

El Ayuntamiento de Madrid cederá gratuitamente 40 autobuses urbanos a la ciudad de Burgos para que pueda reemplazar, de manera provisional, los 39 que se quemaron en la madrugada del martes en el incendio de las cocheras municipales, donde hay 79 vehículos. La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha informado en rueda de prensa de que el viernes firmará en Madrid el acuerdo de cesión de los vehículos, que ese mismo día empezarán a salir con destino a Burgos para que se puedan ir incorporando a la flota municipal durante la próxima semana, según recoge EFE.

Ayala ha agradecido la solidaridad del ayuntamiento madrileño, y la de otros pequeños y grandes municipios que han puesto a disposición de Burgos sus autobuses, y ha asegurado que la llegada de esos 40 vehículos supondrá una “toma de oxígeno” para la ciudad, que ha perdido la mitad de su flota municipal.

El Ayuntamiento de Madrid les ha ofrecido la solución “más completa”, con la cesión inmediata y gratuita de 40 vehículos, antiguos pero en funcionamiento, de los que la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) tiene para enajenar y vender a terceros. Es la solución “global más fácil”, ha asegurado la alcaldesa, y además Madrid ofrece formación a los conductores de Burgos y un camión de mantenimiento por si surgen complicaciones durante el traslado, para el que ya se han puesto en contacto con la Subdelegación del Gobierno al ser especial.

El contrato de cesión con Madrid es por seis meses, aunque prorrogable, y Burgos tendrá que asumir el coste del seguro; además, pasado ese tiempo ambos ayuntamientos estudiarán la posibilidad de que Madrid pueda enajenar a Burgos los vehículos, para una incorporación definitiva a la flota.

Propuestas de otros ayuntamientos

Ayala ha explicado que han recibido propuestas de los ayuntamientos de Segovia, León, Valladolid, Valencia, Pamplona, Elche, Vigo o Ciudad Real, además de la Diputación de Palencia o la Comunidad de Madrid, y el apoyo de la propia Junta de Castilla y León con sus gestiones a través de Buscyl.

El alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE) ha puesto a disposición de la alcaldesa de Burgos ocho autobuses que acaban de ser sustituidos por eléctricos. “La alcaldesa ha quedado en volverme a llamar para ver cómo podemos canalizar esta ayuda”, ha manifestado a través de redes sociales. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP), ha comprometido también un autobús o dos “siempre y cuando no se altere la realidad y el servicio de la ciudad”. “Estamos colaborando con la ciudad de Burgos, y vamos a seguir colaborando, como no puede ser de otra manera”, ha explicado Carnero ante los medios.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado este jueves que también están estudiando si algunos autobuses integrados en la red autonómica de BusCyL pueden prestar algún servicio urbano en Burgos —puesto que la mayoría son más grandes y para trayectos interurbanos— y contactando con otras autonomías para ver si hay alguna posible colaboración. “Burgos es una ciudad que tiene un casco histórico con ciertas limitaciones y algunos de los autobuses que han sido afectados eran autobuses de tamaño muy pequeño, diseñados para acceder por estas vías tan estrechas, y los autobuses interurbanos no se han acomodado muy bien a estas circunstancias”, ha defendido Fernández Carriedo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El también consejero de Economía y Hacienda ha recordado que se puede tardar entre ocho y doce meses en comprar un autobús porque se fabrican a demanda y ha considerado que primero el equipo de gobierno burgalés debe hacer un cálculo de los costes y de los seguros, puesto que 21 autobuses afectados eran de renting. “Ahora, lo urgente es intentar encontrar estos autobuses y que puedan cumplir estas características y prescripciones técnicas. Ya habrá tiempo para cuantificar el daño que se ha causado, que no solo sobre los autobuses, sino también sobre instalaciones de las naves”, ha zanjado.

Cristina Ayala ha explicado que a partir de ahora “acelerarán” el proyecto de traslado de las cocheras al polígono de Villalonquéjar, y que en diez días quieren tener preparado el proyecto de demolición de la parte de las cocheras que ha quedado gravemente dañada, y acondicionamiento del resto de la parcela.

La Policía Científica de Madrid participará en la investigación

La Comisaría General de Policía Científica de Madrid se incorporará a la investigación del incendio que, en la madrugada del martes, calcinó la mitad de la flota de autobuses urbanos de Burgos y causó importantes daños materiales en las cocheras municipales. Fuentes de la Policía Nacional han explicado a EFE que se contará con el apoyo de especialistas en incendios dada la magnitud del fuego.

Además, se está contando con la colaboración de la unidad de drones de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Castilla y León, que estuvieron este martes tomando imágenes y que continuarán durante los próximos días participando de una investigación que “está en fase inicial”. Fuentes policiales han insistido en que todas las líneas de investigación están abiertas, sin confirmar la hipótesis de que el fuego pudiera haberse originado en uno de los autobuses urbanos, que ayer se barajaba entre los sindicatos, ante las primeras declaraciones de los testigos del incendio.

El siniestro que esta semana ha dejado a Burgos capital sin la mitad de vehículos en su sistema de transporte público ha generado la reacción solidaria del Ayuntamiento de Madrid, que este mismo viernes enviará 40 autobuses para paliar la falta de recursos ocasionado por el fuego.

Según han comunicado fuentes municipales, la capital cederá temporalmente de forma urgente 40 autobuses de gas a Burgos, con los que podrá paliar los 39 vehículos dañados por las llamas, la mitad de la flota municipal burgalesa. El envío se produce después de un acuerdo alcanzado entre el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la alcaldesa castellana, Cristina Ayala, ambos del Partido Popular.

Los autobuses serán enviados el viernes junto a otros medios materiales como furgones, grúa, repuestos y personal técnico.

“EMT Madrid es un ejemplo de vocación de servicio público al ciudadano que ha actuado de forma altruista y solidaria en emergencias que suponen una alteración grave de la movilidad”, indican fuentes del área de Movilidad. También destaca el consistorio que Madrid “no duda en prestar sus recursos cuando es necesario ayudar a otros municipios o regiones frente a situaciones de emergencia, como ya ocurrió con la DANA en Valencia o con las inundaciones de Toledo”.

El Partido Popular, que gobierna en minoría desde que rompiera la coalición con Vox en 2024, ha conseguido salvar los presupuestos municipales de 2026, que han quedado aprobados de manera definitiva este lunes en el pleno municipal, después de que la alcaldesa Cristina Ayala presentara en enero una cuestión de confianza, que perdió pero sirvió para asegurar las cuentas del ejercicio.

La falta de acuerdo con Vox, que votó en contra del presupuesto de 269 millones de euros (un 7,6 % más que en 2025) en un pleno el 29 de diciembre, lo mismo que el PSOE, abocó a la alcaldesa a someterse el 8 de enero a una cuestión de confianza, la segunda -y última posible- de este mandato municipal, para tratar de salvar las cuentas.

Cristina Ayala perdió la cuestión de confianza pero, dada la imposibilidad de un acuerdo entre PSOE y Vox para presentar una moción de censura -con un regidor alternativo- un mes más tarde, se garantizó la tramitación de los presupuestos, que han quedado aprobados definitivamente este lunes.

El pleno, en reunión extraordinaria, ha desestimado las alegaciones presentadas por un particular -con los votos del PP y la abstención de PSOE y Vox-, mientras que ha aprobado las del PSOE, que ha impuesto su mayoría de 11 concejales frente a los 10 del PP gracias a la abstención de los cuatro ediles de Vox.

Los socialistas han solicitado un informe técnico, a secretaría general o intervención, que determine cómo se van a incluir ahora sus alegaciones en el presupuesto diseñado por el equipo de Gobierno, mientras que la alcaldesa ha asegurado que tendrán “los efectos jurídicos que correspondan según legalidad”.

El PP acusa a PSOE y Vox de “estar compinchados”

El concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo (PP), ha criticado la negativa de PSOE y Vox a desestimar las alegaciones, pese al escrito de Intervención que indica que no existe causa jurídica ni técnica que invalide el presupuesto, y considera las alegaciones “una cuestión de oportunidad política o previsión de futuro”.

Ha acusado a PSOE y Vox de “estar compinchados para decir no”, y ha insistido en que “o se está con la legalidad o con el bloqueo permanente al PP”, además de advertir a los de Abascal que con su abstención le “hacen el juego ” al PSOE, que “quiere paralizar” el Ayuntamiento de Burgos.

Desde Vox, el portavoz y exvicealcalde, Fernando Martínez-Acitores, ha justificado su abstención en que se les obliga a tomar una decisión política sobre cuestiones técnicas, y ha recordado que lo que se votaba hoy no era la aprobación del presupuesto sino la resolución de las alegaciones, “que son técnicas”.

Mientras, el portavoz del PSOE, Josué Temiño, ha criticado la tardanza del PP en resolver las alegaciones, que ha llevado a retrasar la aprobación de las cuentas hasta mediados de abril, y que el PP sea incapaz de negociar, tanto con Vox como con el PSOE.

Con el presupuesto municipal ya aprobado definitivamente, el equipo de Gobierno salva el 2026, último ejercicio completo antes de las elecciones municipales de 2027, un año que afrontarán con un presupuesto prorrogado si no hay cambios en la relación de PP y Vox en los próximos meses.

El correo llegó un lunes por la mañana, aunque también “se filtró” la noticia en un chat de padres: la Escuela Municipal de Música de Burgos suspendía su actividad hasta nuevo aviso. Esa misma tarde del 9 de marzo había audiciones, clases, ensayos. Nada de eso ocurrió.

 “Cerraron así de golpe con un correo electrónico de un día para otro”, recuerda Juan Jesús Pérez, alumno del centro. “Nos hemos quedado sin la orquesta, sin un lugar donde practicar nuestra música”.

Desde entonces han pasado tres semanas y la escuela está cerrada hasta el 7 de abril, según ha adelantado la 8 de CyLTV. En ese tiempo, la incertidumbre aquejaba a las cerca de 700 familias afectadas y los 25 profesores y otros empleados de administración que dependen del servicio. “Hay una confusión tremenda”, explican desde la Plataforma de gestión de la Escuela Municipal de Burgos, una agrupación formada por alumnos y padres para buscar la reapertura del centro. “Hay gente a la que se le ha cobrado el mes, otros han devuelto recibos… nadie sabe muy bien qué está pasando ni qué va a pasar”.

El cierre ha sido repentino, pero no inesperado. El conflicto que lo ha provocado llevaba tiempo acumulándose. El contrato de gestión de la Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de Burgos, adjudicado en 2020, incluía prórrogas forzosas hasta septiembre de 2025. Durante esos años, según relatan tanto el gestor como las familias, las advertencias fueron constantes. El servicio, tal y como estaba planteado, no era viable económicamente al ser de 48.000 euros más las cuotas de los alumnos, una cuantía insuficiente con el aumento de la inflación.

“Estaba perdiendo dinero todos los meses”, resumen desde la plataforma. “Así es imposible sostener nada, por mucho que quieras”.

Obligado a abrir por el “interés general” y una licitación desierta

En septiembre de 2025 y con dudas de si el centro abriría, ya con el contrato vencido, el consistorio burgalés optó por imponer una continuidad forzosa en las mismas condiciones económicas cuando el contrato expiró, algo que fue avalado por la justicia al considerar que el “interés general” prevalecía por encima de las dificultades del gestor para ejecutar el contrato.

Con esto se obligaba al gestor a seguir prestando el servicio con unas cifras que él mismo llevaba tiempo denunciando como insuficientes. “Le obligan a seguir sabiendo que está en pérdidas”, critican los afectados. “Es que es de sentido común: nadie puede trabajar así”.

Ese intento de reconducir la situación llegó, pero no funcionó. El Ayuntamiento burgalés, dirigido por Cristina Ayala (PP), sacó a licitación de nuevo la gestión de la escuela en octubre y el proceso quedó desierto en diciembre, sin que ninguna empresa presentara oferta. Para la concejala de Cultura, Andrea Ballesteros (PP), ese fracaso obliga ahora a revisar tanto el estudio económico como los pliegos técnicos del contrato.

“No es solo una cuestión económica”, apunta, aludiendo también al “ruido mediático” generado en torno al conflicto y a algunos aspectos del pliego que están siendo revisados. La concejala 'popular' apunta que el objetivo del Consistorio sigue siendo volver a sacar una nueva licitación “actualizada” y garantizar así la continuidad futura del servicio.

Entre los afectados, la explicación es clara. “Es que nadie va a licitar por algo que no es viable económicamente”, sostienen desde la plataforma. A su juicio, las condiciones del contrato —tanto por el precio como por las exigencias añadidas— hacían inviable asumir la gestión sin incurrir en pérdidas, lo que dejó al Consistorio sin alternativa y con el problema ya encima.

El TSJCyL culpa al Ayuntamiento de provocar la situación

El conflicto acabó de nuevo en los tribunales y ahí se produjo el giro que explica el escenario actual. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) dio la razón al gestor, pero además culpó de la situación al Consistorio. “No comprende la Sala que no previera con la antelación suficiente el Ayuntamiento”, recoge la sentencia, que subraya que la situación se produce porque no se licitó a tiempo el contrato.

La resolución insiste en que la situación “límite” es “únicamente” responsabilidad del Ayuntamiento. También critica la continuidad forzosa al recordar que esa figura solo es válida si se ha preparado con antelación un nuevo contrato, algo que no ocurrió en este caso.

Aunque el Ayuntamiento no discute el fondo de ese retraso, sí matiza el alcance del reproche judicial. Ballesteros recuerda que en primera instancia la justicia sí avaló la posición municipal, lo que permitió mantener abierta la escuela en octubre, al entender que las pérdidas del gestor podían ser compensadas posteriormente por la administración.

“En primera instancia se da la razón al Ayuntamiento, por eso se abre la escuela en el mes de octubre”, explica. Fue después, con el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, cuando el escenario cambió por completo: “En la segunda instancia, efectivamente, le da la razón al gestor, y el Ayuntamiento no le puede obligar a seguir prestando el servicio”.

Ballesteros admite, no obstante, que el Consistorio no llegó a tiempo para tener lista una nueva adjudicación cuando venció el contrato anterior. Según sostiene, ese retraso estuvo condicionado por la entrada en vigor, en junio, de un nuevo convenio colectivo que alteró de forma directa el coste del servicio. “Si se hubiera sacado la licitación en ese momento, hubiera estado desfasada en nada”, argumenta, al considerar que el nuevo marco salarial obligaba a recalcular el coste real de la escuela antes de lanzar un nuevo contrato.

Para la concejala socialista Nuria Barrio, la lectura es evidente. “La sentencia dice por cinco veces que el Ayuntamiento podía haber evitado esta situación”, sostiene. “Aquí no ha pasado nada imprevisto, ha habido una falta de gestión durante años”.

La justicia acredita que el gestor lleva sufriendo pérdidas

El tribunal también entra en la situación del gestor. Considera acreditado que llevaba tiempo asumiendo pérdidas y advierte de que obligarle a continuar podía llevarle a la quiebra personal. “No se puede cargar sobre un particular el coste de sostener un servicio público”, resumen desde la plataforma quienes también apuntan a que él mismo ha acreditado una afectación a su salud, algo que también señala la concejala socialista.

Con esa sentencia, la balanza de la justicia cae al lado del gestor. Este deja de estar obligado a continuar y la escuela, sin nadie quién la gestione, cierra. “Cuando él (el gestor) se hace cargo de la escuela lo hace por amor a la música, antes era profesor”, aseguran desde la plataforma.

A partir de ese momento, la urgencia se impone. Ayuntamiento, gestor, familias y representantes de los trabajadores comienzan a reunirse para intentar desbloquear la situación. También comienzan a manifestarse y a apremiar al equipo de Gobierno. El objetivo es común: reabrir la escuela cuanto antes y salvar lo que queda de curso.

Según coinciden las partes, el Ayuntamiento ha planteado una solución provisional basada en asumir el coste real del servicio hasta final de curso. Es decir, cubrir el desfase entre los ingresos por cuotas y los gastos, principalmente las nóminas del profesorado. La propuesta pasa por formalizar ese compromiso mediante un documento con validez jurídica que dé seguridad al gestor.

El Ayuntamiento y el gestor fijan la reapertura el 7 de abril

Ballesteros defiende públicamente esa vía y defiende que el Ayuntamiento está trabajando para reabrir la escuela “lo antes posible”. También confirma que se han mantenido conversaciones con el gestor y ha situado el horizonte de la reapertura en después de Semana Santa, algo que ha sido acordado entre las partes en la tarde del jueves 26 de marzo.

Tras días de contactos y cruces de documentos, las partes han logrado finalmente un acuerdo para retomar la actividad el próximo 7 de abril, coincidiendo con la vuelta de las vacaciones de Semana Santa. La concejala ya había situado públicamente ese día como el primer horizonte realista para una posible reapertura, al entender que incluso con acuerdo sería necesario un margen mínimo para reorganizar la actividad, revisar la apertura del centro y reactivar la estructura laboral tras semanas de parón. Ese escenario es, precisamente, el que ahora se ha anunciado y está por concretarse de forma definitiva en una Junta de Gobierno Extraordinaria.

Ahora, con el visto bueno político, el acuerdo jurídico estaría encarrilado. La solución pasa por garantizar la reapertura del servicio con el actual gestor hasta final de curso, una salida de urgencia que permita recuperar las clases y dar algo de certidumbre a las familias y al profesorado tras semanas de parálisis.

Desde el entorno de las familias se recibe el acuerdo con alivio, aunque también con cautela. La preocupación, explican, no termina con la reapertura: “Ahora hay que seguir presionando para que haya un buen contrato de licitación que garantice la continuidad de la escuela y que esto no vuelva a pasar”.

“Seguridad jurídica”

“Lo que el gestor pide es seguridad jurídica”, explican desde la plataforma. “No vale con decir que se va a pagar, tiene que haber un documento que lo garantice de verdad”. Según su versión, ese documento debía elaborarse de forma conjunta entre ambas partes y aprobarse en una junta de gobierno extraordinaria.

“Se nos dijo que en 24 horas desde que se firmara se podía abrir la escuela”, aseguran. Pero el proceso se ha ido alargando. “El documento lo hizo unilateralmente el Ayuntamiento, se hicieron correcciones, se devolvió… y seguimos esperando”, denuncian. La frustración es creciente: “Mientras discuten papeles, la escuela sigue cerrada”.

Desde el equipo de gobierno se insiste en una idea distinta. Ballesteros afirma que el Ayuntamiento no puede asumir pagos sin la debida justificación documental y que debe actuar “conforme a la legalidad”. En su explicación se defiende la necesidad de acreditar los gastos antes de comprometer fondos públicos.

La alcaldesa asegura que el gestor no presenta bien la documentación

La alcaldesa, Cristina Ayala, según indican desde la plataforma, llegó a asegurar a un padre que el gestor no ha presentado bien la documentación.

Según el gestor, los cambios que se introdujeron son más bien acotaciones, que ha aceptado el grueso del documento, pero se incluyeron condiciones de pago, tipo “una vez certificados los gastos se pagaran a 30 días, y si no se cumple con X intereses”. Según el gestor, “el tapón está más arriba”.

El problema sigue estando los números. Y ahí hay poco margen para debatir cuánto tiene que aportar el Ayuntamiento. El coste de las nóminas supera los 40.000 euros mensuales, mientras que los ingresos por cuotas se sitúan en torno a los 30.000. El canon municipal no cubre esa diferencia. “Haz tú los cálculos”, resumen los afectados.

El propio tribunal apuntó en esa dirección al señalar que el servicio estaba infravalorado y que un intento posterior de licitación elevaba considerablemente su coste. A eso se suma el estado de las instalaciones y del material. “En esta escuela no se ha cambiado ni una escobilla en años”, denuncian los afectados. “Imagínate los instrumentos”. El resultado: un bloqueo administrativo que ahora se intenta resolver a contrarreloj, con una solución provisional que, en el mejor de los casos, permitiría terminar el curso.

Desde la oposición se insiste en que todo esto era evitable. “Había tiempo de sobra para hacer las cosas bien”, señala Barrio. “Lo que no puede ser es que se llegue a esta situación en mitad de curso con 700 familias afectadas”, ha afeado.

La Cultura en Burgos, en peligro

El cierre de la escuela, a pesar del anuncio de reapertura hasta final de curso, supone un 'rejonazo' más a la cultura de Burgos si no se soluciona el problema de forma inminente. “Culturalmente, Burgos está bastante pobre”, lamenta Juan Jesús Pérez. “No es solo la escuela, es una sensación general”, apostilla.

La contradicción, dicen, es evidente. “Se habla de proyectos culturales grandes, de millones, —en referencia a la candidatura para la Capital Europea de la Cultura— pero luego pasan estas cosas”, apuntan desde la plataforma. “Y al final lo que afecta a la gente es esto”.

A corto plazo, todas las miradas están puestas ahora en esa reapertura prevista para el 7 de abril, siempre que la Junta de Gobierno Local extraordinaria ratifique formalmente el acuerdo alcanzado. Si no hay cambios de última hora, la escuela podrá retomar la actividad tras el parón de Semana Santa y cerrar así un curso que ha quedado marcado por el conflicto judicial, la incertidumbre laboral y el malestar de las familias. Pero incluso si ese escenario se cumple, nadie cree que sea una solución definitiva. “Será un parche”, reconocen. “El problema de fondo sigue ahí”.

Pero incluso si esa solución inmediata se consolida, el problema de origen sigue intacto. La reapertura no resuelve los errores de planificación que han desembocado en esta crisis. El siguiente reto será diseñar una nueva licitación viable, con un contrato capaz de sostener el servicio sin abocar otra vez al gestor —sea quien sea— a pérdidas económicas o a un nuevo choque con la administración.

Las familias, como afirma la concejala socialista, ya están apuntando a sus hijos a academias privadas, lo que mermará de seguro el número de matriculados y hará que se modifiquen las condiciones de una futura licitación, como también reconoce Ballesteros

“Esto se veía venir”, concluyen desde la plataforma. “Lo importante ahora es que se abra, sí, pero también que no vuelva a pasar”. Después de semanas esperando respuestas, la música tiene ya fecha para volver. Lo que todavía está por resolver es si realmente se ha aprendido algo de estas semanas de pocas certezas.

El PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, donde el Partido Popular gobierna en minoría, ha presentado sendos recursos de reposición contra dos encomiendas aprobadas por la Junta de Gobierno Local para asignar actuaciones a la sociedad de promoción municipal ProBurgos por “carencia de competencias”, ha informado el concejal socialista Julio César Arnaiz.

La Junta de Gobierno aprobó la semana pasada encomendar a ProBurgos dos grandes acciones expositivas culturales para las navidades de los próximos cinco años frente a la Catedral de Burgos y en la Plaza Mayor, así como el montaje y la gestión de un ‘Espacio cidiano’.

Arnaiz considera que la competencia no es de la Junta de Gobierno Local, sino de la Gerencia de Cultura y, además, no se justifica la razón de la encomienda (que se puede hacer por mejora de servicio o carencia de medios directos) ni se acotan presupuestos aproximados y objetivos.

El socialista ha reconocido que los recursos no son suficientes para paralizar la encomienda, pero esta se ha bloqueado esta mañana después de que tanto los representantes del PSOE como los de Vox -que suman mayoría- hayan rechazado la encomienda en el Consejo de Administración de ProBurgos.

La concejala socialista Sonia Rodríguez ha explicado que el PP ha rechazado su propuesta de dejar este punto sobre la mesa “seguramente para culpar a la oposición de que no se lleven a cabo estas acciones”, ha lamentado.

Por su parte, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Fernando Martínez-Acitores, ha criticado que no se haya intentado dialogar con la oposición antes de llevar estos temas al consejo y ha apuntado que hubieran valorado otra postura si la encomienda fuera de un año, pero no para varios ejercicios. Ambos grupos insisten en que el objetivo del equipo de gobierno municipal parece ser vaciar de contenidos a la Gerencia de Cultura y trasladarlos a ProBurgos.

Abiertos a la negociación

Desde el equipo de Gobierno, la portavoz municipal Andrea Ballesteros, responsable también de la Gerencia Municipal de Cultura y presidenta de ProBurgos, ha explicado que tras la negativa de PSOE y Vox se abren a negociar, a “trabajar” con los grupos para consensuar una propuesta de encomienda.

Ha insistido en que “la situación actual de la Gerencia”, con problemas en gestión por falta de personal, puede “poner en peligro” el desarrollo de la programación de Navidad, en cuanto a los espectáculos de gran formato, de ahí que el equipo de Gobierno defienda la encomienda.

Ballesteros ha indicado que, ante las dudas que plantea el PSOE sobre qué órgano es el competente para realizar la encomienda, si la Junta de Gobierno Local o la propia Gerencia, serán lo servicios jurídicos o Secretaría quien lo determine a la luz de los recursos presentados.

El PSOE y Vox en el Ayuntamiento de Burgos han pedido la dimisión del concejal del PP Borja Suárez, también presidente de la Diputación y del PP provincial, después de que un informe del secretario municipal haya concluido que existe incompatibilidad entre su labor como edil y su participación en el accionariado de una empresa de catering que contrató en varias ocasiones con el Consistorio.

La empresa Eventos El Espino, de la que Suárez posee el 33 % de las acciones, se ha encargado entre 2023 y 2025 de una docena de contratos -todos ellos menores- para servicios de catering a través del Ayuntamiento y de la sociedad municipal ProBurgos, según informó eldiario.es.

Ahora, un informe encargado por la alcaldesa, Cristina Ayala (PP), que dio a conocer en el pleno ordinario del pasado viernes, recoge que existe una incompatibilidad -dado que el edil posee más del 10 % de las acciones- y una prohibición de contratar con el Ayuntamiento, por lo que los contratos son nulos.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Josué Temiño, ha calificado en rueda de prensa lo ocurrido de “extrema gravedad”, y ha acusado al PP de intentar “camuflarlo bajo una supuesta normalidad administrativa”, escudándose además en un supuesto desconocimiento de Suárez sobre la incompatibilidad.

“La incompatibilidad y la prohibición de contratar se producen de forma automática, independientemente de si existe culpa o conocimiento por parte del concejal”, ha insistido, y ha recordado que Suárez “tiene la obligación de conocer la ley y poner los medios para evitar que su patrimonio privado se beneficie del erario público”.

Por ese motivo, Temiño considera que Borja Suárez debe dimitir, dejar su acta de concejal -lo que le impediría seguir como presidente de la Diputación dado que es diputado es a través del Consistorio-, y si no lo hace, debería ser la alcaldesa la que lo cesase.

Para el socialista no vale con que Suárez haya anunciado que va a desvincularse de la empresa, y considera que eso tenía que haberlo hecho cuando incrementó hasta el 33 % su participación en el accionariado, superando el 10 % que permite la ley.

En la misma línea se ha expresado, también en rueda de prensa, el portavoz del Grupo Municipal de Vox, Fernando Martínez Acitores, quien ha asegurado que Suárez “debe dimitir esta mima mañana” pues el informe “es muy claro” y demuestra que su actuación “no es ética ni mucho menos estética”.

Ha insistido en que es “intolerable” que Suárez salga de esta situación “sin ningún tipo de responsabilidad política” y pidiendo “disculpas”; tampoco le vale al portavoz de Vox que se vaya a desprender ahora de sus acciones para poder seguir como concejal y presidente de la Diputación.

Ayala rechaza el cese y defiende un “código de buena conducta”

La alcaldesa, Cristina Ayala, ha asegurado que Suárez ni va a dimitir ni será cesado, y a preguntas de los periodistas ha insistido en que la incompatibilidad ha sido “involuntaria”, que el concejal no participa de la toma de decisiones y que se ha conocido tarde y, por tanto, “no se ha podido reaccionar”.

Por ese motivo, ha defendido la elaboración de un protocolo, un “código de buenas prácticas”, como sugiere el informe de Secretaría, algo “muy razonable” porque “hay muchos tipos de incompatibilidades” y así los concejales saben si alguna de sus actividades es incompatible.

Más informes

El PSOE ha anunciado además que pedirán a Secretaría General un informe sobre los contratos suscritos con Eventos El Espino, que son nulos de pleno derecho, y creen que la empresa debería devolver el dinero ya que ha habido un “enriquecimiento injusto” y no debería de haber contratado con el Ayuntamiento.

También plantean estudiar si cabe un expediente sancionador contra la empresa, puesto que “eran plenamente conscientes” de que Borja Suárez era uno de sus socios mayoritarios, y Temiño ha criticado que en este caso los controles internos del Ayuntamiento han “fallado estrepitosamente”.

Además, descartan participar en la elaboración del protocolo de medidas para evitar nuevos casos que sugiere el informe de Secretaría porque “todo está determinado en la ley”; y también Vox considera que “es casi insultante” que se plantee ese protocolo pues todo el mundo sabe “dónde está la ética”.

El Ayuntamiento de Burgos permitirá circular por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a vehículos, incluso sin tarjeta ambiental, siempre que paguen el impuesto de circulación en Burgos y no se produzcan episodios de contaminación, ha informado este miércoles la alcaldesa, Cristina Ayala.

La decisión se ha tomado tras conocer varias sentencias que, según la alcaldesa, indican que la restricción del tráfico debe ser proporcional y, en el caso de Burgos, los dos medidores de contaminantes atmosféricos de la ciudad no han dado en ningún momento niveles que superen lo que establece la normativa.

Ha recordado que el equipo de gobierno ya limitó a un tercio de lo previsto la zona que había delimitado el anterior gobierno municipal y decidió posponer el inicio de las sanciones hasta febrero de 2027.

“Ahora se trata de que la medida sea proporcional porque Burgos no tiene problemas de contaminación y si hubiera algún episodio puntual se aplicarían las restricción”, ha dicho.

Por eso se ha mostrado convencida de que la medida no afectará a los fondos europeos destinados a la mejora de la movilidad en Burgos, que fueron de siete millones de euros, entre ellos 2,6 para implantar la Zona de Bajas Emisiones.

Ecologistas en Acción recurrirá los cambios

Ecologistas en Acción recurrirá judicialmente los recortes en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que ha propuesto este miércoles la alcaldesa de Burgos Cristina Ayala, que permitiría la circulación de vehículos que paguen el impuesto de circulación en Burgos, con o sin tarjeta ambiental, siempre que no se produzcan episodios de alta contaminación.

El portavoz de Ecologistas en Acción en Burgos, Pedro Luis Gómez, ha estimado que con esta reforma “la norma de bajas emisiones se queda en nada a efectos prácticos y pasa de una Zona de Bajas Emisiones herida a una zona muerta”.

Ha insistido en que los cambios que propone la alcaldesa, que podrían salir adelante con los votos de VOX en el pleno municipal, harán que el papel del Ayuntamiento se limite a tomar medidas en episodios de contaminación, que es algo a lo que ya estaba obligado.

Gómez ha asegurado que no es cierto que no se hayan registrado episodios de alta contaminación en Burgos, porque uno de los medidores está en el parque de Fuentes Blancas, en el cinturón verde, pero el otro, en la avenida Cantabria, ha registrado puntas de dióxido de nitrógeno, un gas muy contaminante, por encima de lo permitido, que es un límite bastante más alto que lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud.

El Ayuntamiento de Burgos ha adjudicado, entre 2023 y 2025, 12 contratos a Eventos El Espino SL, una mercantil de la que el concejal, presidente del PP provincial, y presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, tenía el 22%, tal y como reconoció en su declaración de bienes registrada en el propio Consistorio en junio de 2023. Desde diciembre de 2025, y tras la salida de dos accionistas, Suárez ostenta el 33%, un tercio de la propiedad de la empresa, tal y como ha reconocido a elDiario.es.

Eventos El Espino, constituida en 2009, se dedica fundamentalmente a servicios de catering y los contratos que ha conseguido en el Ayuntamiento son precisamente para eso. En noviembre de 2023, la sociedad pública municipal Proburgos contrató el servicio de catering con Eventos El Espino para la jornada 'Mujer e Industria', por valor de 792 euros, IVA incluido. En abril de 2024, Proburgos vuelve a contratar a esta empresa para la jornada 'Burgos e Hidrógeno, una apuesta de futuro', por valor de 1644,5 euros, IVA incluido. En septiembre de 2024, Proburgos encargar el catering con la misma mercantil para la jornada 'Mujer e Industria' por 858 euros, IVA incluido. Y lo mismo ocurre en octubre, con el evento 'Tardeo in game on tour' cuyo catering es a cargo de El Espino, por 1.650 euros. En diciembre, la misma sociedad pública cuenta de nuevo con la mercantil en la que participa Borja Suárez para el evento FamTrip con profesionales de los medios de comunicación. Junto a El Espino, que cobra 462 euros, hay otros seis adjudicatarios.

En 2025, se suceden otros contratos: uno en febrero, de Proburgos para un 'coffee break' en la 'Jornada Burgalesa para un futuro más amable, inclusivo y sostenible' en el marco de la candidatura a Burgos como capital europea de 2031, por 327,25 euros, otro para el catering de Alianza RUN en abril, por 1.257,5 euros, y otro para servir el café en una reunión de constitución del grupo Mujer e Industria, por 154 euros. Posteriormente, Proburgos le adjudicó también los servicios de catering durante el desarrollo de la jornada por 1.001 euros.

Las contrataciones no sólo son de Proburgos, desde la Concejalía Delegada de Personal, Régimen Interior, Relaciones Institucionales y Calidad Total del Ayuntamiento de Burgos, en junio de 2025 se contrata a Eventos El Espino para un desayuno/almuerzo en el Monasterio de San Juan tras una misa mayor en la Catedral por 2.887,5 euros. En octubre, el Ayuntamiento contó con Eventos El Espino para el servicio de catering del II Congreso Internacional de Salud desde un abordaje interdisciplinar, por 825 euros.

De los últimos contratos que se conocen son los que Proburgos le adjudica en noviembre de 2025, y los de mayor cuantía, para la celebración del I Encuentro Europeo de Economía Colaborativa: 1.540 euros para un servicio de catering, formato Café, , 6.600 para un servicio de coctel para 200 personas en el mismo evento y otro cóctel más al día siguiente para 65 personas por 2.145 euros.

El director general de Proburgos, Alejandro Sarmiento, confirmó a elDiario.es que ha contratado en varias ocasiones a Eventos El Espino, y que la decisión se toma con la unanimidad del Consejo tras solicitar varios presupuestos. Sarmiento aseguró desconocer que detrás de esa empresa estuviese el concejal del Ayuntamiento y presidente de la Diputación de Burgos. El Ayuntamiento no ha querido pronunciarse.

La Junta de Castilla y León también contrata a la empresa del presidente del PP de Burgos

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta también ha adjudicado varios contratos a la empresa de Suárez: en noviembre de 2023, para un café para los invitados de la entrega de Medallas al Mérito Policial, por 3.300 euros. También en ese mes y por otros 3.300 adjudicó a Eventos El Espino el servicio de hostelería para el encuentro de mujeres policías locales, así como otro de 600 euros por el alquiler mobiliario y material adicional para el desarrollo del servicio de café a asistentes de la gala de medallas de Policía Local 2023.

Otra Consejería que apostó por Eventos El Espino fue la de Economía, que en febrero de 2025 le pagó 2.200 euros por el vino español y el café que se sirvió en el Comité de Seguimiento del Programa Feder 2021-2027 que se celebró en Burgos.

Borja Suárez atendió a las preguntas de elDiario.es y confirmó su vinculación con Eventos El Espino, aunque en un primer momento confirmó tener sólo el 22% de las acciones de la mercantil, más tarde, y a requerimiento de este medio, reconoció que, tal y como figura en la auditoría de la empresa, tras la salida de dos socios que acabaron en un juzgado mercantil, había recomprado acciones y ahora tiene el 33%. Suárez precisó que desconoce cómo se cruzan datos en el Ayuntamiento. “A mí nadie me ha dicho nada sobre los contratos y yo he reflejado esa circunstancia en mi declaración de bienes”, afirmó. El concejal añadió además que no consideraba que se diese una situación de conflicto de intereses, puesto que es un concejal sin cartera, no toma decisiones y no participa en mesas de contratación. “Otra cosa es en la Diputación de Burgos, donde soy presidente, y tomo decisiones. No hay ningún contrato con la empresa”, aseguró.

Borja Suárez apoyó desde la Diputación la 'guerra del txacoli' que beneficiaba a su socio

Pero, aunque la Diputación de Burgos no ha contratado a Eventos El Espino, sí se ha posicionado de manera cuestionable sobre un asunto que atañe a uno de los administradores de la empresa, Koldo Madariaga Rica, que también es accionista. En 2010, el pleno de la Diputación de Burgos, en la que Suárez ostentaba la vicepresidencia, aprobó por unanimidad de PP, PSE y Solución Independiente una propuesta para “la defensa del chacolí de Burgos” que permitía a la Diputación personarse en todas las instancias en las que se intentase blindar término txakoli. Suárez fue la cara política de esa iniciativa. Al frente de los productores del 'txacoli de Burgos' estaba Madariaga, propietario de una bodega en Miranda de Ebro. En esa aventura que no cristalizó en nada, puesto que la denominación de origen sigue perteneciendo a Euskadi y más en concreto a los consejos reguladores de Álava, Vizcaya y Getaria, estaba la entonces diputada del PP y hoy alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, quien anunció una proposición en las Cortes de Castilla y León para instar al Gobierno de Madrid ofrecer igualdad de trato a todos los productores y que se bloquease el blindaje del nombre. Lo que se llamó 'Guerra del Txacoli' tuvo un breve recorrido: los de Burgos tuvieron que conformarse en 2015 con una certificación de Vino de la Tierra de Castilla y León, una IGP (una Indicación Geográfica Protegida, IGP) para el vino que produce Madariaga en su bodega y que comercializa como 'Ch',

Lo que contempla la normativa: o el cargo o las acciones

Las consecuencias pasarían, según los expertos consultados por elDiario.es, por una incompatibilidad en el cargo, en virtud del artículo 12 de la Ley 53/1984, que obliga legalmente a optar entre mantener el cargo público o desprenderse de la participación societaria y que puede dar lugar a un procedimiento formal de declaración de incompatibilidad. Pero, además, existiría una prohibición de contratar de esa empresa, ya que según el artículo 71.1.g de la LCSP, la empresa no podría contratar con el Ayuntamiento mientras existiera esa participación. Esta prohibición es automática y se aplica aunque se trate de pedidos, contratos menores o pagos por caja fija.

En cuanto a los contratos realizados en esa situación, pueden declararse nulos por haberse celebrado estando la empresa incursa en la prohibición de contratar, y derivarse una responsabilidad disciplinaria o de control por parte de los órganos competentes, como son la secretaría, la intervención o los órganos de fiscalización.

El Ayuntamiento de Burgos (PP) ha facilitado ya el realojo de dos padres con sus hijos menores de edad, los dos últimos niños que quedaban en 'El Encuentro', el último gran poblado chabolista que quedaba en Castilla y León, ha informado la concejala de Servicios Sociales del consistorio, Mila del Campo.

El poblado se creó a principios de los años noventa con veinticinco viviendas prefabricadas para alojar temporalmente a las familias de etnia gitana que habitaban en otra zona degradada de construcciones precarias: Las Tejeras.

La provisionalidad se fue alargando y en la zona fueron instalándose otras viviendas más o menos elaboradas hasta que a principios del pasado mandato municipal (PSOE) se firmó el acuerdo entre las autoridades locales y autonómicas para realojar a las personas de ‘El Encuentro’ y eliminar el asentamiento.

A principios del actual mandato quedaban solo cuarenta y cuatro personas en el poblado, realojadas progresivamente hasta llegar al momento actual.

Aunque parte del antiguo poblado se ha derribado y las condiciones son cada vez más precarias, quedan en el poblado tres personas de avanzada edad: los abuelos de los dos niños y una mujer que vive sola.

La concejala ha explicado que no han aceptado la vivienda que les ofrecían porque tenía cuatro escalones de acceso y carecía de ascensor.

Mientras el Ayuntamiento de Burgos sigue buscando alguna alternativa, Mila del Campo señala que estas personas ya habían rechazado alguna otra opción de realojo, por lo que aprecia “cierta resistencia” por su parte a abandonar el poblado.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala (PP), ha perdido este jueves una cuestión de confianza que había presentado como herramienta para buscar la aprobación de los presupuestos municipales, que habían contado tanto con el rechazo del PSOE como de Vox. Se trata de instrumento previsto en la Ley de Régimen Electoral General que permite así la aprobación de los presupuestos si nadie presenta una moción de censura durante los próximos 30 días, lo que no está previsto que suceda al no ser posibe un acuerdo entre los socialistas y la extrema derecha.

En el pleno municipal celebrado este jueves la alcaldesa ha justificado haber optado por la cuestión de confianza y no prorrogar el presupuesto del año anterior ante la negativa de la oposición a pactar las cuentas municipales y que si se mantuvieran los actuales no se podría conseguir financiación para las inversiones que plantean. Socialistas y Vox han coincidido en acusar a Ayala de “falta de diálogo”.

Es la segunda vez que Ayala usa esta herramienta para sacar adelante sus presupuestos, ya que también lo hizo en el año 2024 para aprobar las cuentas municipales del 2025. “Lo valiente era presentar la cuestión de confianza, porque cuando un alcalde presenta una cuestión de confianza, está dejando 30 días al Pleno para decir que cabe una moción de censura”, ha justificado la alcaldesa. La ley no permite usar la cuestión de confianza a un alcalde más de dos veces en un mismo mandato.

El PSOE, 11 concejales, y Vox, 4 concejales, han rechazado con sus votos la confianza a la alcaldesa, que ha contado con el respaldo de los 11 concejales del grupo del PP. En el fondo de la cuestión estaba que el equipo del PP presentó unas cuentas públicas que incluían acceder a créditos por más de 25 millones de euros para financiar las inversiones previstas de más de 60 millones, entre ellas el macroplán constructor aprobado sin consenso y que los demás partidos rechazan. El presupuesto municipal total asciende a 269 millones de euros.

Lo que sí ha reconocido Ayala es que el PP depende de Vox y está atado al partido de Santiago Abascal: “Tengo la sensación de que muchos votantes de Vox piensan que les gustaría que se hubieran apoyado estos presupuestos. Porque es lo natural. Porque Vox es nuestro socio natural. Siempre lo ha sido y así siempre les hemos tratado”

La regidora ha señalado que “me gustaría no romper puentes del todo con Vox porque estamos condenados a entendernos”, reconociendo que “si queremos alternativas a los gobiernos de izquierdas, por ahí es donde tenemos que ir”.

Ahora se abre un plazo de 30 días para la presentación de una hipotética moción de censura. Si no se presenta ninguna se aprueban automáticamente los presupuestos de manera inicial y luego de una exposición pública de 15 días habría otro pleno de aprobación final pero solo de las alegaciones presentadas y automáticamente las cuentas entrarían en vigor. El plazo estimado es que a principios de marzo estén en vigor.

El PP llevará a un pleno extraordinario el 29 de diciembre la propuesta de aprobación inicial del presupuesto para 2026, pese al dictamen negativo de la comisión de Hacienda, donde PSOE y Vox han votado este lunes en contra de la propuesta de las cuentas municipales.

El concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo (PP), ha afirmado este lunes en una rueda de prensa que todavía confía en una negociación de última hora para conseguir, al menos, el apoyo de uno de los grupos de la oposición, ya que su formación se encuentra en minoría.

En todo caso, si persiste la negativa de ambos grupos de la oposición, será después del pleno cuando el equipo de gobierno decida si optan por la prórroga de las cuentas de este año o vinculan la aprobación del presupuesto de 2026 a una cuestión de confianza, como ya hicieron el año pasado con el de 2025.

“Negarse a aprobar el presupuesto no es un bloqueo al PP sino al desarrollo de la ciudad”, ha advertido Manzanedo, que ha insistido en que están dispuestos a negociar para incluir alguna propuesta de la oposición, pero no a restar ninguna de las que ya figuran en el borrador de presupuesto elaborado por el PP.

El edil ha acusado a ambos grupos de la oposición de hacer “puro teatro”, al anunciar desde el principio su voto negativo a las cuentas con la argumentación de rechazar dos partidas: la destinada a iniciar el proyecto para un túnel bajo la calle Santander y la instalación de un ambigú en el Paseo de la Isla.

En su opinión, no es razonable que el rechazo a ambos proyectos lleve a votar en contra en un presupuesto de 269 millones de euros de los que 34,7 se dirigen a inversiones reales.

El Comisionado de Transparencia ha obligado a los Ayuntamientos de Burgos, Ávila y Segovia a informar sobre sus asesores ante las peticiones realizadas por elDiario.es a mediados de 2024 para escribir un artículo sobre este personal eventual que trabaja en las Administraciones públicas de Castilla y León compuesto por más de 300 asesores, directores de comunicación, secretarios y conductores, entre otros cargos. El Ayuntamiento de Burgos todavía no ha cumplido la orden que dio en agosto el órgano independiente, que en reiteradas ocasiones ha reclamado que se sancione a aquellas Administraciones Públicas que no acaten sus resoluciones. Es una de las propuestas que impulsaba la Ley de Transparencia del gobierno PP-Ciudadanos que se guardó en un cajón cuando Alfonso Fernández Mañueco adelantó las elecciones en 2021.

elDiario.es registró hace más de un año nueve peticiones al Comisionado de Transparencia, de las cuales se han resuelto ya la mitad: el Comisionado obligó a tres ayuntamientos (Burgos, Ávila y Segovia), mientras que el consistorio de León y la Diputación de Burgos facilitaron la información de manera correcta después de que el Comisionado de Transparencia preguntara al respecto. En un primer momento, los ayuntamientos de Palencia o León y la Diputación de Zamora decidieron no contestar o facilitaron información parcial, lo que obligó a rastrear la información pública en los boletines oficiales con el riesgo de que esta resultara incompleta.

El Ayuntamiento de Burgos (PP) no contestó a este diario, al igual que tampoco respondió al Comisionado de Transparencia cuando le pidió información, lo que supone un incumplimiento de colaboración. “Lamentamos que nos veamos obligados a resolver esta reclamación sin conocer el criterio del Ayuntamiento de Burgos, quien, sin duda, podría aportar elementos de juicio relevantes para decidir acerca del supuesto aquí planteado”, protesta este órgano independiente en su resolución. A pesar de que Transparencia ordenó el 14 de agosto al gobierno municipal de Cristina Ayala que entregara la información, este diario aún no ha recibido nada.

El Ayuntamiento de Burgos cuenta con un asesor por cada cuatro concejales y también tiene personal eventual contratado para los cargos de jefe de Gabinete, Protocolo, coordinador de Gabinete de Comunicación y un asistente de comunicación, según fuentes del Ayuntamiento de Burgos. elDiario.es extrajo hace un año los datos manualmente, pero tampoco pudo encontrar en una fuente de información oficial quiénes ocupaban esos puestos de confianza.

El Ayuntamiento de Ávila (Por Ávila) entregó el listado de los asesores por cada año, pero no estaba completa. En el Boletín Oficial de la Provincia figuraban nombramientos que no estaban en la lista municipal. Una vez aceptado el recurso, el Comisionado de Transparencia destaca que la respuesta del Ayuntamiento de Ávila “carece de los requisitos legalmente establecidos para ser considerado una Resolución”. El consistorio abulense reconoce que la respuesta inicial a elDiario.es no se ajustaba a lo requerido, aunque descarta que hubiera “un afán de ocultación”, sino a un “error material derivado de la concreción de los años solicitados”. En su respuesta ya se facilitan los datos de inicio y fin de los contratos de sus asesores.

El Ayuntamiento de Segovia (PP) no facilitó los nombres de sus asesores —a pesar de que se deben publicar en el Boletín Provincial y de la amplia jurisprudencia sobre la transparencia del personal eventual—, ni las fechas de inicio y fin de los contratos ni las retribuciones exactas. En 2019, el Tribunal Supremo confirmó que prevalece el interés público en el acceso a la información frente al interés individual en la protección de los datos de carácter personal de todos los cargos eventuales, incluidos los administrativos. Una vez el Comisionado de Transparencia estimó la petición de elDiario.es y presentó sus argumentos, el consistorio de Segovia entregó la información requerida un año antes.

Resoluciones pendientes

El Ayuntamiento de Soria (PSOE) solo facilitó información de ese año, pero no de los dos ejercicios anteriores, y el Ayuntamiento de Salamanca envió los enlaces de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), donde no se publican los cargos, pero no el nombre de quién lo ocupa. El Comisionado de Transparencia tiene aún pendiente resolver las respectivas a ambas peticiones, además de la de la Diputación de Zamora.

La Ley obliga a las Administraciones Públicas a publicar el número de personal eventual y las retribuciones, pero cada una decide cómo da esa información. Tampoco están establecidos legalmente los sueldos de este personal eventual, por lo que las retribuciones por el mismo cargo pueden variar en función de la Administración Pública de la que se trate. El jefe de gabinete del Procurador del Común cobraba 27.778 euros y el de la Diputación de Soria percibía 33.864 euros anuales, mientras que el jefe de gabinete de la Diputación de Burgos percibía 62.000 euros.

Fe de errores: Tras la publicación de esta información el departamento de Comunicación de Por Ávila se ha puesto en contacto con elDiario.es para aclarar la retribución de uno de sus miembros, que ha sido correspondientemente añadido.

El PP se ha quedado con VOX como única opción para sacar adelante el presupuesto del Ayuntamiento de Burgos de 2026, una vez el PSOE ha rechazado lo que considera “un chantaje y no un intento de negociar el presupuesto” por parte del equipo de gobierno municipal, que está en minoría.

La alcaldesa, Cristina Ayala (PP), ha encabezado la representación del gobierno local que ha ofrecido esta mañana al PSOE introducir una partida para uno de sus grandes proyectos, pero sin renunciar a las grandes inversiones previstas por el PP, sobre todo al proyecto Xpande, que incluye un túnel bajo la calle Santander, en el centro de la ciudad, que el PSOE no acepta.

A cambio de respaldar los grandes proyectos del PP, Ayala ha ofrecido al PSOE retomar el proyecto de bulevar comercial en la calle Vitoria en Gamonal, que en 2019 se presupuestó en algo más de 12 millones de euros. Para el portavoz municipal socialista, Daniel de la Rosa, se trata de “una propuesta inaceptable y un chantaje”. El portavoz socialista ha recalcado que no respaldarán un presupuesto que incluya partidas para el túnel bajo la calle Santander, que considera “un antojo” de la alcaldesa y su equipo y cree que no se realizará.

De la Rosa ha insistido en que el PSOE ya ofreció a principios de este año un gran acuerdo al PP en el que planteaban cambiar su “hoja de ruta” a cambio de convertirse en socios prioritarios del gobierno municipal, algo que rechazó la alcaldesa. Y ha criticado que ni siquiera les hayan entregado un borrador de presupuesto sobre el que poder negociar. De hecho, la alcaldesa ha asegurado que en cuanto a inversiones podrían entregar ya un documento, aunque no cuentan aún con el borrador de presupuesto.

Tampoco la salida de un acuerdo con VOX parece probable, aunque la reunión prevista para esta tarde se ha aplazado y no hay fecha para el encuentro de los dos antiguos socios de gobierno local.

El concejal de VOX Ignacio Peña ve difícil un acuerdo sobre el proyecto del túnel bajo la calle Santander, pero, sobre todo, considera determinante la intención del equipo de gobierno de mantener la partida para organizaciones de ayuda a inmigrantes sin descartar los que se encuentran en la ciudad de forma ilegal y rechaza la intención de la alcaldesa de recuperar la partida para cooperación al desarrollo, que se retiró en su día por petición de VOX. En todo caso, insiste en que “para imponerse, como plantea el PP, hay que contar con mayoría absoluta, no estar en minoría”.

PSOE y Vox han votado en contra de subir la tasa de basuras en 2026 en el pleno del Ayuntamiento de Burgos celebrado este viernes, una medida de “obligado cumplimiento” según el equipo de Gobierno del PP, que lo achaca a una “imposición” de Pedro Sánchez y que pretendía paliar con una rebaja en el IBI que tampoco se llevará a cabo.

El concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, ha apelado al sentido de la responsabilidad de la oposición para sacar adelante la modificación de la ordenanza municipal que recogía la subida de la tasa de basuras, pues aunque “no les gusta” el Ayuntamiento está obligado por la Ley sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular.

“Nosotros no queremos subir la tasa de basuras, no queremos subir los impuestos a los ciudadanos pero nos obliga Sánchez”, ha asegurado la alcaldesa, Cristina Ayala, recordando que han apurado los plazos al máximo, pues tienen como límite 2026 para adaptarse a la normativa estatal, y europea, y “están obligados a cumplir la ley”, sino habrá consecuencias para el Consistorio.

PSOE y Vox han votado en contra de la modificación de la ordenanza municipal, por motivos distintos. La formación de Santiago Abascal ha defendido su voto en contra desde la “pura coherencia” y con “tranquilidad de conciencia”, pues consideran que se trata de una tasa ideológica e injusta para los ciudadanos.

Su portavoz, Fernando Martínez-Acítores, ha recordado que su partido ha rechazado tanto en Europa como en el Congreso de los Diputados la ley, y que su voto en contra ahora es un ejercicio de responsabilidad absoluta, porque “cada uno tiene su posición sobre las imposiciones de Europa”.

Por su parte, el PSOE ha calificado de “fraude” y “pantomima” la modificación de la tasa de basuras, pues a juicio del concejal Josué Temiño no cumple con los objetivos que persigue la norma, ya que pretende subir la tasa sin haberse modificado el tratamiento de residuos, porque en dos años “no se ha hecho nada”.

Tampoco se penaliza a quien más contamina ni se atiende a principios de pago por generación de residuos, ni hay bonificaciones, así que el PSOE considera que la nueva tasa es “pura cosmética”, y que el equipo de Gobierno del PP “está engañando” a los ciudadanos.

La alcaldesa ha recordado que, con los votos en contra de PSOE y Vox, el Ayuntamiento no subirá la tasa de basuras en 2026, pero tampoco rebajará el tipo de gravamen del IBI ya que esa propuesta del PP iba asociada a la subida de la tasa para paliarla y que los ciudadanos no vieran incrementados sus impuestos.

Suben las plusvalías, con polémica

El pleno municipal ha debatido también la modificación de la ordenanza de plusvalías para cumplir con la obligación de actualizar los coeficientes, que ha salido adelante con los votos de PP y PSOE, pero entre críticas de “chapuza” e “improvisación” pues no se ha podido una rebaja del tipo de gravamen propuesta para paliar el impacto de la revisión de los coeficientes.

La concejala socialista Sonia Rodríguez ha explicado que, si bien el PP explicó en comisión que proponían bajar el tipo del 21 % al 20 % (o hasta el 19 % como han defendido en el pleno de hoy), no quedó reflejado en el dictamen final, que es el que se ha sometido a votación este viernes.

Martínez Acítores (Vox) ha recordado que su formación apuesta por suprimir el impuesto de plusvalías, y considera que la rebaja planteada por el PP “se queda corta”, aunque estaba dispuesto a aceptarla como mal menor, pero ha votado en contra de la modificación de coeficientes.

La intención del equipo de Gobierno es plantear en una nueva comisión la rebaja del tipo del gravamen hasta el 19 %, y traerlo al próximo pleno municipal.

El PP de Burgos ha utilizado este jueves un acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco para atacar al PSOE, secuestrado el 10 de julio de 1997. “Los testaferros de ETA tienen más poder político que nunca porque el Gobierno de España ha pactado con ellos para mantenerse en el poder”, ha leído la alcaldesa burgalesa (PP), Cristina Ayala, momento en el que varios cargos socialistas han decidido abandonar el evento.

El subdelegado del Gobierno, Pedro Luis de la Fuente, presente en el acto, ha abandonado el mismo y ha reprochado que se estuviera “haciendo política” de un acto “que tenía que ser exclusivamente civil”. “La política, cuando es tan rastrera, no merece la pena hacerla”, ha zanjado.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel de la Rosa, que también ha acudido al homenaje y ha abandonado el acto, ha calificado la intervención de la alcaldesa de “miserable” ya que se trataba de un acto institucional en memoria de Miguel Ángel Blanco, “cuyo legado es patrimonio de todos los demócratas que derrotamos el terrorismo”. “El resto de intervenciones (del presidente de Diputación y del delegado de la Junta) se han desarrollado en términos exclusivamente de reconocimiento”, ha añadido De la Rosa, secretario de Organización del PSOE autonómico.

Desde el Partido Popular responden que la alcaldesa se ha limitado a leer el manifiesto 'Somos Memoria' que ha redactado la Fundación Miguel Ángel Blanco con motivo de ese 28 aniversario, y que el único desplante es el que han hecho, tanto el subdelegado del Gobierno como el secretario de organización del PSOE de Castilla y León, ya que el manifiesto estaba publicado por la propia Fundación desde el pasado 2 de julio.

A través de redes sociales, De la Rosa ha afeado la “utilización” de Ayala del acto para “atacar” al Gobierno, lo que ha considerado “miserable”.

El PP de Burgos ha enviado un comunicado en el que ha afeado “el desplante” de los dos líderes socialistas y ha destacado que el texto de la fundación “se ha respetado en su literalidad”.

En otras ciudades de Castilla y León gobernadas por el Partido Popular no se ha producido esta tensión. En el acto de Segovia (PP) no se ha leído ningún manifiesto, solo se ha hecho un solemne minuto de silencio. Y en Valladolid, el Ayuntamiento que dirigen PP y Vox no ha organizado ningún acto institucional en recuerdo a Miguel Ángel Blanco este jueves porque lo realizará el próximo lunes.

Castilla y León fue el primer gobierno al que Vox pudo acceder, de la mano del Partido Popular y Alfonso Fernández Mañueco. La primera coalición en una institución entre el partido de ultraderecha y los populares que, sin embargo, se rompió tras la decisión del líder de Vox, Santiago Abascal. En las pasadas elecciones municipales, dos Ayuntamientos de capitales de provincia revivieron ese pacto y, en ambos casos, para impedir un gobierno municipal del PSOE.

En Burgos y en Valladolid, el PP le tendió la mano al partido ultra para conformar un gobierno de coalición que, pasados dos años de mandato, ha tenido diferentes resultados. En Burgos, la alcaldesa, Cristina Ayala (PP) expulsó a Vox del gobierno tras el voto en contra del partido ultra a los Presupuestos por incluir ayudas a las ONG de migrantes. Todo lo contrario que en Valladolid, donde Jesús Julio Carnero (PP) ha cumplido dos años de mandato junto a Irene Carvajal (Vox), a pesar de algunos enfrentamientos.

En noviembre de 2024, tras año y medio de coalición, Ayala decidió expulsar a Vox del equipo de gobierno municipal. La regidora sacó de su gobierno a los cuatro concejales de Vox tras el voto en contra a los Presupuestos del año 2025 por tener incluidas ayudas a diversas ONG que trabajan con migrantes. Estar organizaciones —que han fueron vandalizadas— se vieron en el centro del debate político después de que Vox y PP negociaran retirar las subvenciones, algo que finalmente el PP no incluyó en los Presupuestos de 2025 después de una multitudinaria manifestación por las calles de la ciudad.

Esta ruptura fue un ejemplo más de la línea roja marcada por Vox para continuar en los gobiernos: terminar con todas las ayudas humanitarias a migrantes. Idéntica situación en la que meses atrás Abascal había ordenado abandonar los gobiernos autonómicos. El causante, en Burgos, fueron 119.000 euros que iban destinados a estas ONG. Como consecuencia del cambio en el gobierno municipal, Ayala se sometió a una cuestión de confianza que perdió con el voto en contra de la oposición al completo, incluido Vox.

Enfrentamientos en Valladolid

La situación es diametralmente contraria en Valladolid, donde tras dos años de mandato continúa el gobierno municipal de coalición entre PP y Vox. Las declaraciones públicas de Carnero y Carvajal han señalado la “buena sintonía” en todo momento, pero la realidad apunta a que sí ha habido confrontación en diversos asuntos entre ambos partidos. La última, reciente en el tiempo, por el presupuesto aprobado en junta de gobierno local para el Zorrilla's Fest.

La concejala de cultura, Irene Carvajal, se pronunció en redes sociales sobre este asunto. Carvajal señaló que, al igual que sucedió en el 2024, el Grupo Municipal de Vox se opuso a la aprobación de la subvención para este festival. Los concejales de Vox también se han posicionado en diversos actos institucionales del Ayuntamiento, como el celebrado el 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Con esta misma premisa, el Partido Popular dejó solo a Vox en un pleno del Consistorio en el que el partido ultra verbalizó una retahíla de alegatos machistas ante dos mociones presentadas por PSOE y Valladolid Toma la Palabra que fueron aprobadas gracias a los votos de los populares.

Pero los encontronazos también han existido en otras materias. El Concejal de Seguridad Ciudadana de Valladolid, Alberto Cuadrado Toquero, aprovechó su posición en el Ayuntamiento para montar un aquelarre ultra sobre seguridad e inmigración y cargar contra la policía de barrio. Días después, Carnero contradecía a su concejal, presente en esa misma comparecencia ante la prensa, para defender el cuerpo que Cuadrado había cuestionado.

Algunas declaraciones de los tres concejales de Vox, por el contrario, no han sido respondidas o matizadas por sus socios populares de gobierno en Valladolid. Víctor Martín, concejal de Comercio, Mercados y Consumo, solicitaba en un pleno municipal “encontrar un poco de luz” y “no teñir de negro” la dictadura franquista, bajo la atenta mirada de Carnero que no intervenía para censurar la proclama franquista de su compañero de gobierno.

En la tramitación de los presupuestos para 2025, momento en el que se derrumbó el gobierno en Burgos, Carnero y Carvajal presumieron de buena salud en su pacto. Carvajal justificó esa buena sintonía, al contrario de la ciudad burgalesa, por la no existencia de convenios o subvenciones a ONG que trabajan con migrantes. Con quien sí rubricó un convenio el Ayuntamiento de Valladolid fue con Red Madre, fundación antiabortista ligada al Partido Popular. El Consistorio vallisoletano le otorgó 10.000 euros.

El futuro en Burgos

La alcaldesa de Burgos ha insistido que está dispuesta a utilizar “tantas veces como sea necesario y legal” la fórmula de la cuestión de confianza para sacar adelante proyectos municipales. Ayala continúa al frente del Consistorio, en minoría, pero defiende la expulsión de Vox el pasado noviembre, una decisión tomada “pensando en lo mejor para la ciudad”. Más de seis meses después de aquella decisión, la regidora asegura que “no les va a temblar el pulso”, y están dispuestos a “volver a poner el gobierno a disposición”, si tienen que plantear de nuevo la cuestión de confianza para sacar las cuentas de 2026.

Desde el grupo municipal de Vox han acusado de “cinismo” al PP y se preguntan si los “readmitirán” en el equipo de gobierno después de que los populares hayan anunciado - a las puertas del congreso nacional - que van a defender la retirada de las ayudas a la migración irregular, propuesta de Vox que motivó su salida del gobierno municipal en noviembre.

El portavoz, y exvicealcalde, Fernando Martínez-Acitores, ha criticado que el PP haga ahora “bandera” de la lucha contra la migración irregular, y que el mismo asunto que provocó su expulsión del gobierno de coalición se convierta ahora en su “ponencia estrella”. “Es tan sumamente cínico”, ha insistido Martínez-Acitores, que a Vox solo le queda preguntar al PP si “tienen idea de readmitirlos”, una pregunta que va con “sorna”, ha afirmado el portavoz, que recuerda que Ayala es alcaldesa “gracias a Vox”.

Las críticas desde la oposición califican a la alcaldesa de “fraude” para el Ayuntamiento y la ciudad. Daniel Ayala, portavoz socialista en el Consistorio, señala que “no está haciendo nada” y “solo acierta cuando rectifica”. De la Rosa ha asegurado que el del PP es “el mayor fracaso de un gobierno municipal en la historia” de Burgos, pues teniendo “todo a su favor” no ha materializado ningún proyecto relevante, y se ha dedicado a frenar los impulsados por el anterior gobierno.

El Ayuntamiento de Burgos ha trasladado a la Fiscalía, a petición del Grupo Socialista, el caso de un hombre que hace más de dos años protagonizó una conducta sexual inapropiada frente a menores en la piscina municipal de El Plantío, el pasado 5 de marzo de 2023.

Durante la reunión del consejo del Servicio Municipalizado de Deportes, celebrada este viernes, el Grupo Socialista ha pedido que “debido a la gravedad del caso” se haga un seguimiento desde la fiscalía, según ha señalado la concejala socialista, Virgina Escudero, algo que finalmente ha sido aprobado por unanimidad. Además, se le ha impuesto la prohibición de acceso durante cinco años, la sanción máxima contemplada en el reglamento.

Así lo ha anunciado César Barriada, presidente del Consejo de Administración de Instalaciones Deportivas, quien ha explicado que varios menores comunicaron a sus monitores que el hombre se realizaba tocamientos y gestos obscenos mientras los observaba.

Los hechos fueron recogidos en un informe y, tras escuchar a todas las partes implicadas, se abrió un expediente sancionador que inicialmente acordó un año de inhabilitación, pero al no constar la notificación al implicado y no haberse producido la prescripción del caso, el Servicio de Instalaciones Deportivas ha rehecho el expediente con total garantía jurídica y como resultado, se ha elevado la sanción a cinco años, el máximo previsto en la normativa.

Barriada ha subrayado la gravedad de los hechos, especialmente por su impacto sobre menores, y ha confirmado que, por su naturaleza, el Ayuntamiento ha decidido remitir el caso a la Fiscalía para que determine si pudiera constituir delito.

El apoyo de los cuatro concejales de Vox ha facilitado al equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Burgos, que gobierna en minoría, aprobar una modificación de crédito que permitirá incorporar 15 millones de euros al capítulo de inversiones.

Vox ha condicionado el apoyo a sus antiguos socios de gobierno a la incorporación de cuatro partidas, que suman 75.000 euros, para varias actuaciones, entre ellas la creación de una Oficina de Atención a la Maternidad y el apoyo económico a la Red Madre, una entidad que pretende evitar que mujeres opten por el aborto ante un embarazo no deseado.

Sin embargo, la principal modificación incluida por Vox en una enmienda presentada ‘in voce’ en el pleno celebrado esta mañana ha sido eliminar una partida de 60.000 euros para el proyecto y dirección de obra del ‘Proyecto Xpande’, que incluye un túnel bajo la calle Santander, en pleno centro de la ciudad.

Esa partida comprometía también más aportaciones en los próximos ejercicios, hasta llegar a 1,3 millones de euros, para dejar todo listo de cara a la inversión en ese proyecto, que se eleva hasta más de 30 millones de euros, según la previsión inicial.

El portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acitores, ha asegurado que en negociaciones anteriores ya se habían introducido en ese modificado del presupuesto 3,7 millones de euros en varios proyectos cuya inclusión exigió Vox.

El concejal de Hacienda del equipo de Gobierno, Ángel Manzanedo ha explicado que han aceptado la enmienda de Vox para sacar adelante una modificación que es “esencial” para poder ejecutar varias actuaciones importantes para la ciudad que se incluyen en el listado de inversiones.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel de la Rosa, ha acusado a Vox de ser “la muleta del PP y no darse cuenta de que ya no son socios de gobierno y están en la oposición”.

Ha estimado que las inversiones de este modificado no se podrán llegar a ejecutar porque la capacidad de inversión anual del Ayuntamiento de Burgos no supera los 18 millones de euros y el presupuesto que se aprobó en febrero tras una Cuestión de Confianza que perdió la alcaldesa, Cristina Ayala, alcanza ya los 20 millones de euros.

Ha acusado a la alcaldesa, Cristina Ayala, de actuar con prepotencia por no querer aceptar la propuesta que hizo el PSOE el año pasado para aprobar el presupuesto a cambio de que PP y PSOE, que tiene un concejal más que el equipo de Gobierno, acordaran la asignación de los 15 millones de la modificación aprobada hoy a partes iguales. 

El Ayuntamiento de Burgos paraliza el proyecto y no construirá una incineradora en el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Cortes. La presión vecinal, a través de la plataforma ciudadana Burgos Sin Incineradora, ha conseguido detener la construcción de esta planta en el CTR de la ciudad. Sin embargo, y a pesar de conocer la decisión del Consistorio, Burgos Sin Incineradora continuará con su labor y proyecta una futura manifestación para el 5 de junio.

El concejal de Medio Ambiente de Burgos, Carlos Niño, ha confirmado que el Ayuntamiento ha remitido un escrito a la sociedad pública autonómica Somacyl para pedir que se descarte la instalación de esta planta incineradora de residuos por “prudencia” ante “la sensación de peligro” entre los vecinos. A pesar de la decisión, el concejal asegura que la instalación “no implicaría riesgos para la salud” y que sería “una buena solución” para el tratamiento de residuos orgánicos del contenedor gris.

Carolina Ludueña, portavoz de Burgos Sin Incineradora, ha insistido en delaraciones a elDiario.es en que “una cosa es paralizar” el proyecto y otra es “desestimarlo”. “Vamos a exigir que se desestime, que no se haga bajo ningún concepto”, ha añadido Ludueña. Solicita que exista un documento que certifique que se deja atrás esta opción y pone la plataforma a disposición del Ayuntamiento para realizar campañas para incentivar el reciclaje y la reducción de residuos.

Este proyecto de incineradora de Burgos se aprobó en el año 2022, por parte del anterior equipo de gobierno liderado por el PSOE. La portavoz actual del gobierno municipal, Andrea Ballesteros, ha matizado que el proceso de descartar la planta es un “ejemplo de transparencia”, y ha señalado a los socialistas que “debieron realizar” lo hecho ahora cuando se dio luz verde a la incineradora.

Precisamente, desde la oposición, el que fuera concejal de Medio Ambiente, Josué Tremiño, ha puntualizado que el cambio de postura del PSOE “se evidenció” cuando se opusieron el 9 de abril al proyecto en el Consejo de Medio Ambiente y Urbanismo de Castilla y León. Además, ha aclarado que los técnicos consideraron que era “la mejor solución” cuando se puso sobre la mesa en el 2022 la planta.

Desde Ecologistas en Acción han anunciado que presentarán un recurso Contencioso-Administrativo contra la autorización ambiental concedida por la Junta de Castilla y León para la instalación de esta planta. Señalan que aunque se haya remitido el escrito a Somacyl, es necesario plantear un recurso al “no existir” un documento oficial de desistimiento. Pedro Gómez, portavoz del grupo ecologista en Burgos, justifica la decisión del Ayuntamiento de Burgos a la movilización ciudadana. Explica también que el proyecto lleva años tramitándose y “no se había dado ninguna publicidad” hasta el pasado 24 de octubre, momento en el que se presentaron centenares de alegaciones que “ni siquiera se han respondido”.

Macroincineradora autonómica

La realidad es que tanto equipo de gobierno como oposición en Burgos se remiten a una posible macroincineradora autonómica. Un mes atrás, Ecologistas en Acción desveló que la Junta promueve una macroincideradora para toda la basura de Castilla y León que funcionaría desde 2029, gestionada por la sociedad pública Somacyl, con al menos 350.000 toneladas de residuos anuales, y que se ha propuesto a las diputaciones provinciales, a los consorcios de residuos y a los ayuntamientos de Burgos, Soria y Valladolid.

Días después, la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, afirmó que “no está encima de la mesa” ni hay “un expediente administrativo” para construir una macroincidneradora para toda la basura de Castilla y León. Tanto Ecologistas en Acción como Burgos sin Incineradora coinciden en que “si una incineradora” es “perjudicial”, una “macroincineradora” lo es “mucho más”. “Lo que no queremos para Burgos, no lo queremos para Castilla y León”, ha defendido Carolina Ludueña.

Burgos sin Incineradora va a continuar con sus reuniones vecinales, recogidas de firmas y campañas de información sobre la incineradora y la posible macroincineradora autonómica. “Podría cambiar el objetivo de la manifestación del 5 de junio, pero no los motivos”, ha finalizado la portavoz.