La Junta de Castilla y León ha ocultado que El Granero de San Francisco SL, una de las mercantiles que pertenecieron al presidente de la Diputación de Burgos y del PP provincial, Borja Suárez, llegó a desarrollar su actividad a pesar de que el Servicio Territorial de Fomento de Burgos la calificó de “uso prohibido”.

elDiario.es solicitó a través del Portal de Transparencia de la Junta todos los expedientes emitidos por el Servicio Territorial de Fomento de Burgos o cualquier otro organismo de la Junta de Castilla y León de legalización, autorización o sanción relacionados con El Granero de San Francisco SL y Eventos El Espino SL, que fundamentalmente se dedican a la hostelería, a la organización de eventos y a la transformación de productos agrícolas.

La respuesta de la Junta fue que se solicitó información al Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Burgos y que señalaron que “en la Sección de Conservación y Explotaciones de carreteras y en la Sección de Concesiones, Autorizaciones y Arbitraje de Transportes, del mencionado Servicio Territorial, no hay constancia de ningún trámite” promovido por esas empresas.

La Junta pide información a Carreteras sobre unas empresas de eventos

La Junta no justifica por qué decide solicitar a Explotación de Carreteras y a Transportes expedientes de empresas de hostelería y eventos. Pese a ese intento de ocultar la verdad, elDiario.es sí ha tenido acceso, a través de otras fuentes, a un expediente del Servicio Territorial de Fomento que se abrió en el año 2020. Dada la inusual situación de una administración negando la existencia de algo que el periodista tiene, este medio contactó con la Junta de Castilla y León para advertir de que, o bien se estaba mintiendo o bien había un error en la gestión de la información solicitada.

Desde la Junta, se instó a la Delegación Territorial de la Junta en Burgos a explicar qué podía haber ocurrido. Tras requerir esta la petición de información que se hizo por Transparencia, se comprometieron a localizar los expedientes, advertidos de que nada tenían que ver con carreteras. Una semana después, la Delegación Territorial de la Junta no había remitido nada y se limitó a indicar que contactarían con este medio a través de la Consejería de Movilidad, cosa que, efectivamente, ocurrió. Sin embargo, desde la Consejería indicaron que no entendían por qué desde la Delegación consideraban que ellos podían tener expedientes, y ratificaron que no había ninguno. Desde la Delegación Territorial no se dieron más explicaciones. Pero el expediente existe.

El expediente que sí existe y que deniega la legalización de una de las empresas por “uso prohibido”

En concreto, el expediente 145/20 que obra en el Servicio Territorial de Fomento de la Delegación Territorial de Burgos se abre a solicitud de El Granero de San Francisco para legalizar un almacén-secadero y un almacén-destilería de explotación agrícola en Santa Gadea del Cid. El técnico que se pronuncia describe los elementos de que consta y a continuación se detiene en la normativa urbanística: “El Término Municipal de Santa Gadea del Cid, cuenta con Normas Urbanísticas Municipales, aprobadas por CTMAU de 15 de diciembre de 2016. Constituyen también el régimen Urbanístico Vigente en el Municipio, La Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León, de 8 de abril de 1999 y el Decreto 22/2004 de 29 de enero, que aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, y sus modificaciones posteriores”, hace constar.

Las parcelas donde se asientan el almacén secadero y el almacén destilería están clasificadas como “suelo rústico de protección cultural” continúa el informe. Mientras el promotor entiende que el uso es de instalación vinculada a la explotación agrícola, “el técnico que suscribe lo considera como, una parte de un proceso productivo de carácter industrial (la elaboración de perfumes), de acuerdo a ello y según el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León”, y se trataría de un “uso prohibido”. En el caso de la normativa urbanística municipal pasaría exactamente lo mismo: “se trata de un uso prohibido, por ser un uso de tipo industrial, comercial y de almacenamiento en suelo rústico de protección cultural”, argumenta el técnico.

Pero además analiza las condiciones edificatorias, y tampoco cumplen la normativa. En concreto, advierte que “Se considera que el edificio realizado no cumple con las condiciones de integración en el entorno, [...], pues la edificación con su cubierta mansarda con tres pendientes distintas, no respeta las formas tradicionales de las edificaciones del entorno, como son las edificaciones del convento ”El Espino“ (a 650 m), los materiales utilizados en la fachada y cubierta (tablas de madera) no son los tradicionales de la zona (piedra, revoco en tonos terrosos y teja árabe), y no cumple con la inclinación máxima del 45% pues una de las cubiertas tiene una pendiente de 282,39% (70,05º)”.

El informe, fechado el 10 de diciembre de 2020, concluye que “el uso solicitado es un uso prohibido en suelo rústico, según el Reglamento de Castilla y León, y se propone informar desfavorablemente y por no cumplir con las normas de integración en el entorno y condiciones estéticas”.

ElDiario.es solicitó al Ayuntamiento de Santa Gadea la licencia de El Granero de San Francisco, aunque se incumplieron los plazos, finalmente aportó una declaración responsable fechada el 1 de abril de 2024 en el que aparece como nombre o razón social El Granero de San Francisco y el nombre de pila del administrador. Se refleja en el escrito que “se dispone a ejercer la actividad que a continuación se indica” y que es “el cultivo, secado y destilado de lavanda”. Mediante esa declaración, se entiende que se puede ejercer la actividad desde ese momento, aparece en la propia instancia, no antes, y que la empresa tiene toda la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos necesarios. Además, no permite otras actividades distintas de las declaradas, cosa que sí ocurrió.

Pero la actividad no empezó en 2024, sino como mínimo en 2019, mucho antes de que el informe de la Junta se pronunciase negativamente. El 14 de septiembre de 2019 El Correo se hacía eco de la boda del “bilbaíno más deseado”, el influencer Gotzon Mantuliz.

El 1 de abril de 2020, de nuevo el diario El Correo publicaba un reportaje con el titular “El Granero de San Francisco suma 10 hectáreas destinadas al cultivo de lavanda”. “Aunque el proyecto se cultivaba ya desde antes, fue hace un año cuando comenzó a consolidarse y se dio a conocer con sus primeras cuatro hectáreas y con la definitiva ubicación de la destilería en el Granero, en Santa Gadea del Cid”, dice uno de sus párrafos. Además, aunque la declaración responsable habla de cultivo de lavanda, también se desarrollan eventos culturales. Un año después, el mismo diario volvía a dar cuenta de la intensa actividad de El Granero de San Francisco que había “atraído” a “más de 2.300 personas entre junio y julio”.

Para aclarar la situación, elDiario.es contactó con el administrador de El Granero de San Francisco, Koldo Madariaga, que no respondió.

La Fiscalía de Burgos ha requerido al Ayuntamiento todos los contratos formalizados con Eventos El Espino SL, una mercantil dedicada a bodas y servicios de catering de la que el concejal, presidente de la Diputación y del PP de Burgos, Borja Suárez tenía un 33% de participaciones cuando se firmaron. Según ha podido saber elDiario.es, las diligencias informativas parten de una denuncia anónima. La Fiscalía estudia si los hechos que se relatan tienen “significación penal”. Los contratos se remitieron hace unas semanas y este jueves -después de la publicación de esta noticia- la Diputación y la Autoridad anticorrupción han anunciado que la Fiscalía ha archivado las diligencias.

Tal y como reveló elDiario.es el pasado mes de marzo, Suárez aceptó el acta de concejal en el Ayuntamiento que le ha permitido ser presidente de la Diputación a pesar de que desde 2009 y hasta 2025 tenía el 22% de Eventos El Espino, meses después adquirió más hasta llegar al 33% y la normativa prohíbe compatibilizar más del 10% de una empresa con el acta de concejal. A pesar de que en su declaración de bienes se reflejaba esa participación y el 20% de otra empresa, El Granero de San Francisco SL, ni él ni el Ayuntamiento actuaron en consecuencia. Desde que entró a formar parte del Grupo Municipal Popular, en 2023, 2024 y 2025 el Ayuntamiento formalizó varios contratos, violando la normativa.

En concreto contraviene el artículo 12 de la Ley 53/1984, que obliga legalmente a optar entre mantener el cargo público o desprenderse de la participación societaria y que puede dar lugar a un procedimiento formal de declaración de incompatibilidad. Pero, además, existiría una prohibición de contratar de esa empresa, ya que según el artículo 71.1.g de la LCSP, la empresa no podría contratar con el Ayuntamiento mientras existiera esa participación. Esta prohibición es automática y se aplica aunque se trate de pedidos, contratos menores o pagos por caja fija.

Una vez que elDiario.es publicó la información, el Ayuntamiento pidió un informe al secretario municipal. Los contratos realizados en esa situación, son nulos por haberse celebrado estando la empresa incursa en la prohibición de contratar. Del incumplimiento flagrante puede derivarse una responsabilidad disciplinaria o de control por parte de los órganos competentes, como son la secretaría, la intervención o los órganos de fiscalización. El secretario, efectivamente determinó que los contratos eran nulos de pleno derecho, pero lejos de derivar responsabilidades a Suárez, propuso la elaboración de un “protocolo” para la situación no se repitiese con otros concejales, a pesar de que el desconocimiento de la normativa no exime de su cumplimiento y de que no se trata de leyes nuevas, algunas datan de mediados de los 80. En otra ocasión, la alcaldesa, Cristina Ayala, llegó a culpar a los técnicos municipales por no haber advertido de que se estaba produciendo una ilegalidad.

Por otro lado, el Ayuntamiento tampoco ha aclarado como se va a recuperar el dinero público que pagó indebidamente. Por su parte, Suárez aseguró que se desharía de las participaciones con “harto dolor”, y dijo haberlo hecho el pasado 13 de abril. ElDiario.es solicitó a través de Transparencia la acreditación de la venta de las acciones, algo a lo que el Ayuntamiento se ha negado porque era una información “en proceso de elaboración”. Poco después, cuando la concejala socialista Blanca Carpintero, preguntó si se había acreditado la venta de las acciones, Suárez dijo que eso era “una barbaridad” y que “a santo de qué” tenía que dar explicaciones.

De hecho, llegó a recomendar a Carpintero que hiciese su trabajo y buscase su declaración de bienes en la web municipal. La declaración de bienes no se ha modificado por el momento. Sin embargo, sí aparece en la web de la Diputación de Burgos, institución que preside. El documento se presentó el registro el 14 de abril, un mes después de que Suárez asegurase haber vendido las participaciones. Se trata de una inscripción de circunstancias modificativas del registro de intereses. Suárez simplemente informa de la transmisión de las participaciones de las dos sociedades “mediante escritura de compraventa”. No hay más información.

Además, declara la compra de una vivienda en Burgos en 2025, indica que hay que “sustituir” el vehículo Lexus UD por un Lexus NX 350H que adquirió en enero de 2026. Incluye dos préstamos: uno hipotecario concedido en abril de 2025 por importe de 135.000 euros y otro para pagar el Lexus, el 19 de enero de 2026 por importe de 31.436,99 euros. En su declaración anterior figuraban una vivienda en Miranda de Ebro con plaza de garaje adquirida en 2007, una vivienda en Burgos adquirida en 2023, una nuda propiedad en Villamanín (León) que procede de una donación en 2000, una parcela urbana en Miraveche adquirida en 2021, y un crédito hipotecario de 151.000 euros, entre otros bienes como inmuebles o un plan de pensiones.

Ni se aporta Ley de Transparencia mediante, ni ante el Pleno del Ayuntamiento. El concejal, presidente de la Diputación y del PP de Burgos Borja Suárez, no acredita, al menos públicamente, la venta de sus participaciones en dos empresas, una de las cuales recibió contratos municipales que se han declarado nulos. La concejala socialista Blanca Carpintero, se ha referido a la petición del Grupo Socialista de documentación acreditativa de la venta, sin resultado, y también a la negativa a facilitar esa información a elDiario.es a través de Transparencia. Así, ha preguntado este viernes a la alcaldesa, Cristina Ayala (PP)si podía aclarar si “su jefe” -Suárez es el presidente provincial del PP-ha vendido las participaciones de Eventos El Espino SL, pero esta ha declinado responder para que lo hiciese el propio Suárez.

El político y empresario no solo se ha negado a mostrar el documento de venta, sino que ha pedido a Carpintero que acreditase las propiedades que figuran en su declaración de bienes.

Suárez dice que su nueva declaración está en la web municipal, pero solo aparece la de 2023

“Yo creo que ya contesté y consta en las actas, sobre cuándo hice ejercicio del uso de mis acciones, con respecto a mi participación en las sociedades y ya dije que fue el 13 de abril. Ahora usted me pide dos cosas: una, que lo declare en mi declaración de bienes, cosa que ya está hecha, vaya y lo consulta y ya está. Pero claro, lo que no hace usted no se lo exija a la alcaldesa, haga su trabajo.”, ha instado. Según Suárez “ahí ya se pone que me he desprendido de mis acciones”. La afirmación de Suárez es falsa, en la web municipal sigue apareciendo la declaración de bienes de 2023, en la que declaraba el 22% de participación de Eventos El Espino SL (en realidad tenía el 33%) y el 20% de El Granero de San Francisco SL. Toda participación en una empresa que supere el 10% obliga al concejal a elegir entre la empresa y el acta, pero Suárez compatibilizó ambas y además Eventos El Espino recibió contratos municipales, algo prohibido por ley. El asunto pasó aparentemente desapercibido hasta que elDiario.es lo publicó.

Borja Suárez ha llegado a reprochar a Carpintero que le exija acreditar la venta cuando ella, así lo ha dicho, no ha acreditado las propiedades que aparecen en su declaración de bienes, algo que no es necesario, ni tiene sentido a menos que se incumpla normativa, que es el caso de Suárez. “Yo no tengo nada que entre en conflicto”, ha respondo Carpintero mientras la alcaldesa intentaba acallar su respuesta.

“Usted me pide que demuestre que las he vendido, pero no me pidió que demostrase que las tenía ¿a santo de qué me exige usted la titularidad de lo que haga con mis bienes privados?, se ha indignado Suárez.

La alcaldesa no ha querido que Carpintero repreguntase a Borja Suárez porque “ya se respondió en el último Pleno”. “El señor Borja Suárez ya dijo que se había desprendido de las acciones y dio la fecha, y ha vuelto a preguntar lo mismo”, ha comentado Ayala visiblemente incómoda. “Estamos en nuestro legítimo derecho, tanto nosotros como terceros de pedir esa documentación”, ha insistido.

Suárez: “Ya está bien con la superioridad ética”

“¿Pero qué barbaridad es esta?”, ha espetado Suárez. “Si lo que quiere es alargar algo que ya está acabado, inténtelo de otra manera, pero sea rigurosa con su trabajo. Consulte lo que dice que no está puesto. Está puesto. Antes de presentarse aquí métase en la página web y lo consulta”, ha recriminado mientras hacía el gesto de teclear con los dedos. “Y si tiene dudas, se va al juzgado, pero no puede exigirme lo que usted no ha hecho”, ha reprochado a la socialista a pesar de que ella no tiene participaciones en empresas.

“Aquí con la superioridad ética, ¿pero de qué están hablando? Es que ya está bien, ya está bien, ya está bien, ha zanjado Suárez, mientras Ayala pasaba al siguiente punto.

El Ayuntamiento no solo no ha actualizado la declaración de bienes de Suárez: tampoco ha aclarado cómo se va a recuperar el dinero de unos contratos que han sido declarados nulos, o cómo se resuelve el hecho de que Suárez haya estado tres años compatibilizando el acta de concejal con su papel de empresario.

Fuera de plazo y amparándose en la “elaboración” el Ayuntamiento de Burgos ha incumplido la Ley de Transparencia y ha acordado inadmitir la solicitud de información de elDiario.es de tener acceso al documento que acredite la supuesta venta de acciones de la mercantil Eventos El Espino SL, de la que el concejal, presidente de la Diputación y presidente del PP de Burgos, Borja Suárez, tiene el 33% y que recibió contratos municipales a pesar de que la normativa lo prohíbe. Este medio solicitó el documento el pasado 4 de mayo y no ha sido hasta el pasado 15 de junio cuando el Ayuntamiento ha respondido, por lo que supera el plazo máximo de un mes que marca la ley.

La respuesta asume que “la solicitud reúne los requisitos exigidos en el artículo 17.2 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno” y que no se encuentra en ninguno de los supuestos límites de acceso a la información contemplados en los artículos 14 y 15“. Sin embargo, explica ”el 10 de junio de 2026“ con el plazo máximo para contestar ya superado, la Sección de Protocolo y Comunicación del Ayuntamiento de Burgos informa que ”realizada consulta a la Secretaría General municipal, Sección encargada de la llevanza de las Declaraciones de Bienes y Actividades de los Sres./as Corporativos/as, se advierte que se está tramitando la solicitud de actualización presentada por el Sr. D. Borja Suárez Pedrosa. De ser suficiente la documentación presentada, en la página web municipal se podrá consultar su renovada Declaración de Bienes y Actividades“.

En este sentido, se apoya en el artículo 18 de la Ley de Transparencia, que establece que se inadmitirán las solicitudes “que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general”. Así concluye el Ayuntamiento que “Del informe de la Sección de Protocolo y Comunicación puede extraerse la conclusión de que la información solicitada, si bien no existe limitación legal en su solicitud y proporción, se encuentra en curso para su elaboración, por parte de la Secretaría General, de cara a su posterior publicación en la página web del Ayuntamiento de Burgos para su consulta por cualquier ciudadano. Esto implica que, necesariamente, la presente solicitud de información pública debe ser inadmitida al concurrir la causa anteriormente señalada”.

Lo curioso es que se considere que es una documentación que se encuentra en “en curso para su elaboración” cuando el propio Suárez, en el Pleno del pasado 17 de abril aseguró que ya se había deshecho de sus acciones. En ese momento, elDiario.es preguntó al Ayuntamiento si había aportado algún documento que lo acreditase. La respuesta de Suárez fue que se remitiese a la periodista al Registro Mercantil. La gestión de conocer la titularidad real de cualquier empresa está vetada a todo el que no tenga interés legítimo, o lo que es lo mismo: a quien no sea socio o administrador de la mercantil en concreto. El Ayuntamiento no aclaró entonces cómo pudo constatar que la afirmación de Suárez era cierta. Dos meses después, el documento sigue sin aparecer, y tampoco se ha actualizado la declaración de bienes.

El Ayuntamiento tampoco ha resuelto cómo se va a devolver el dinero que se pagó por contratos que eran nulos de pleno derecho, y de los que la propia alcaldesa, Cristina Ayala, culpó a los técnicos municipales y no a Suárez, de quien depende orgánicamente en su partido. Tampoco se ha explicado cómo es posible que Eventos El Espino, una empresa que se crea en 2009, empezó a recibir contratos municipales en 2023, momento en que Suárez entró como concejal en el Ayuntamiento, pero nunca antes de ese momento. Por otro lado, el mismo informe del secretario municipal que determinó -una vez que elDiario.es-desveló los contratos a la empresa de Suárez- que los contratos eran nulos, establecía que era necesario un “protocolo” para evitar reincidir, sin embargo, nada se sabe del protocolo.

El portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Burgos, Fernando Martínez-Acítores, ha mostrado su “perplejidad absoluta” por el respaldo de la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala (PP), al acuerdo de gobierno PP-Vox en la Junta de Castilla y León, que incluye la retirada de las ayudas a ongs que favorezcan la inmigración ilegal, medida que supuso la ruptura del pacto en Burgos.

Martínez-Acitores la ha acusado de “retractarse”, después de romper en noviembre de 2024 el pacto “de una manera completamente desleal”, cuando la alcaldesa recuperó las ayudas a ongs cuya retirada había pactado con Vox, y ha asegurado que además les da la razón porque igual antes que ahora se trataba de evitar la inmigración ilegal.

Ha recordado que Vox propuso incluir una cláusula para mantener las ayudas siempre y cuando se garantizada que no irían destinadas a favorecer la inmigración ilegal, y que hubiera una comisión que hiciera seguimiento de los convenios con las ongs, pero Ayala rompió el pacto: “no nos lo aceptó entonces, y año y medio después nos están dando la razón”, ha insistido en rueda de prensa.

Decepción y prepotencia

En relación a la acción de gobierno de Cristina Ayala, cuando se cumplen tres años del inicio del mandato, el portavoz Vox considera que el último ha sido “un año de decepción y prepotencia”, porque “se le olvida” que gobierna gracias a los votos de Vox, y además en minoría.

Además, ha criticado que, semanas después de anunciarlo, “no tienen noticias” del protocolo que iba a servir de guía a los concejales después de que se conociera que la empresa de eventos de la que era accionista el edil Borja Suárez -también presidente de la Diputación y del PP de Burgos- contratara con el Ayuntamiento y con la sociedad de promoción ProBurgos.

El portavoz ha mostrado igualmente su preocupación por la situación económica del Ayuntamiento, que ha tenido que pedir al Ministerio de Hacienda una renegociación del plan de pagos de la deuda de los consorcios -del desvío ferroviario y el polígono de Villalonquéjar-, lo que traerá condiciones como un plan económico-financiero que exija ajustes en ingresos y gastos“, ha advertido.

Y ha afeado al equipo de Gobierno que incumpla sus acuerdos, después de que no hayan tenido en cuenta ninguno de los compromisos adquiridos con Vox el pasado año, vinculados a la aprobación de dos modificaciones de crédito.

También que, tras expulsar a Vox del gobierno, Ayala haya tenido que aprobar los presupuestos de 2025 y 2026 mediante la fórmula de la cuestión de confianza, amparada en la imposibilidad de que PSOE y Vox, únicos grupos en la oposición, llegaran a un acuerdo para presentar una moción de censura y poner un alcalde alternativo.

El Ayuntamiento de Burgos ha solicitado este jueves al Ministerio de Economía la autorización para reestructurar su deuda, que supera los 80 millones de euros, para que su amortización finalice en el año 2042, once años más tarde de lo previsto.

Se trata de una situación de la que “no se conocen precedentes en España” y que, de no autorizarse, dejaría al Consistorio en una situación “dramática”, según un informe elaborado por los propios técnicos municipales y que han confirmado a los periodistas los grupos de la oposición, PSOE y Vox.

De hecho, el equipo de gobierno convocó este miércoles una reunión de urgencia con la oposición en la que se les comunicó la preocupante situación económica del Ayuntamiento y en la que pidió su apoyo para reestructurar la deuda.

El déficit en las arcas del Ayuntamiento es resultado de asumir la deuda de dos consorcios municipales: uno relacionado con el desvío de la variante ferroviaria y, otro, con la ampliación del polígono industrial de Villalonquéjar, el más grande de Castilla y León.

La portavoz del gobierno municipal, Andrea Ballesteros (PP), ha asegurado en declaraciones a los informadores que el objetivo de esta reestructuración es conseguir autorización para un crédito destinado a inversiones que figura en el Presupuesto municipal, que en un primer momento se valoró en 25 millones de euros y finalmente se ha reducido a 18 millones.

Impagos en 2031 y “colapso”

Sin embargo, los portavoces de la oposición han mostrado su preocupación por la situación financiera en la que queda el Ayuntamiento burgalés, tanto en el presente como en el futuro.

El portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acitores, ha advertido de que, si la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio rechaza este procedimiento excepcional, el Ayuntamiento no tendrá dinero ni para pagar las nóminas en 2031.

Asimismo, ha reflexionado que, si finalmente el Gobierno lo acepta, “seguramente se pedirá un Plan Económico Financiero y se aplicará una especie de intervención”.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Josué Temiño, ha afirmado que el exceso en la amortización de la deuda de los consorcios ha dejado al Ayuntamiento de Burgos en una situación de “colapso”, con un nivel de remanentes muy bajo.

El secretario de Política Municipal del PSOE de Castilla y León, Fran Díaz, ha criticado al presidente de la Diputación de Burgos y presidente del PP provincial, Borja Suárez, por no saber “separar cuestiones personales, mercantiles, políticas e institucionales”. Así lo ha manifestado este lunes desde Burgos, donde ha acudido para mantener una reunión de trabajo con el PSOE de Burgos de cara a las próximas elecciones municipales.

Según desveló hace unos meses elDiario.es, el Ayuntamiento de Burgos adjudicó, entre 2023 y 2025, doce contratos a una empresa propiedad de Borja Suárez, que también es concejal y todavía mantiene ambos cargos como accionista y concejal. Cuando se hizo pública esta contratación, Suárez y la alcaldesa burgalesa, Cristina Ayala (PP), pidieron un informe al secretario municipal que determinó que los contratos eran nulos y que Suárez debió elegir entre el acta o la mercantil.

Además, dos exsocios le acusan de repartirse dinero de la caja B de una empresa de eventos. El PSOE ha pedido en varias ocasiones el cese de Borja Suárez por el escándalo. El Ayuntamiento de Burgos pretende cerrar con un “protocolo” la incompatibilidad y los contratos nulos en los que ha incurrido su concejal, presidente de la Diputación y del PP provincial. Borja Suárez ha culpado a los técnicos muncipales de la situación, porque según él, debieron avisarle de que no podía tener más del 10% de una empresa y recibir contratos municipales, a pesar de que son normativas en vigor desde los años 80.

Fran Díaz ha abogado este lunes por que haya nuevos gobiernos locales y provinciales a partir de las elecciones municipales de 2027 que sean “distintos” al de Borja Suárez, un presidente “que tiene la indignidad de pasear por la comunidad autónoma con un caso de corrupción abierto por su gestión”. También ha reivindicado “escuchar” a los clades y concejales que “se parten la cara día a día” en todos los municipios de Burgos.

Los profesores de la Escuela Municipal de Teatro de Burgos han pagado de sus bolsillos una deuda pendiente de abonar a la Tesorería General de la Seguridad Social para evitar la citación judicial de su directora, fijada para el 20 de mayo.

La concejala socialista Blanca Carpintero ha explicado en un comunicado que los profesores han tenido que abonar 11.000 euros de la deuda, más el recargo de 3.000 euros, para evitar que se ejecutara la citación que había recibido su directora.

La edil ha aclarado que esta situación se ha producido porque la Escuela Municipal de Teatro aún no ha recibido parte de la subvención anual que recibe del Ayuntamiento, aunque el 22 de febrero presentaron la documentación para justificar la recepción de los 15.000 euros pendientes.

“Lo curioso es que hasta mayo no recibieron ninguna respuesta a esa justificación y ahora el Ayuntamiento les ha remitido un escrito pidiendo que subsanen algunos documentos, algo que harán en las próximas horas”, ha explicado Carpintero.E

La concejal socialista ha planteado que la mejor solución para evitar que se produzcan estas situaciones es que la escuela se municipalice y sus trabajadores pasen a depender directamente del Ayuntamiento.

El servicio de Autobuses Urbanos de Burgos ha recuperado la normalidad este lunes, con todas las líneas ya operativas y en sus frecuencias habituales, tras la incorporación de los 40 vehículos cedidos por la EMT después de que un incendio en las cocheras municipales quemara el pasado 21 de abril la mitad de la flota burgalesa.

Los autobuses azules, cedidos por el Ayuntamiento de Madrid de manera gratuita por seis meses prorrogables, circulan desde primera hora de la mañana “con normalidad” por la ciudad, mezclados con los autobuses rojos de Burgos, una estampa que se convertirá en cotidiana, hasta que el Consistorio vaya reponiendo los 39 vehículos que ardieron hace quince días.

El concejal delegado del Servicio de Movilidad y Transportes de Burgos, César Barriada, he explicado en el pleno extraordinario convocado de urgencia para aprobar la gratuidad del servicio, que los nuevos buses circulan “con total normalidad y seguridad” tras dos semanas de servicios mínimos, con varias líneas suspendidas y otras con modificaciones de frecuencia.

El incendio, cuyas causas están bajo investigación, se declaró sobre las dos de la madrugada del 20 de abril y, además de calcinar la nave principal y el taller de las cocheras municipales, quemó 39 de los 75 autobuses de la flota burgalesa, con un perjuicio económico que se estima en más de 20 millones de euros -solo en cuanto a vehículos-.

Ante la situación de urgencia, el Ayuntamiento de Burgos pidió ayuda entre comunidades autónomas y capitales de provincia, que le ofrecieron vehículos en función de sus posibilidades, hasta que Madrid puso a su disposición de manera gratuita 40 autobuses -de lo que la EMT ya había retirado de su servicio-, que llegaron a la ciudad el 24 de abril.

Barriada ha explicado que los vehículos han pasado la correspondiente revisión técnica, la ITV y el mantenimiento, y se han incorporado esta mañana a la flota, aunque sin el correspondiente sistema de cobro, dado que tendrán que adquirir las máquinas, motivo por el cual el autobús urbano será gratuito en la ciudad hasta mediados de junio.

Así lo anunció la semana pasada la alcaldesa, Cristina Ayala, que estimó en 375.000 euros el impacto económico de la medida, y en el pleno extraordinario de este lunes se ha aprobado la suspensión de la ordenanza fiscal que regula el precio público de los buses para su gratuidad.

Polémica política

La decisión se ha consensuado entre el equipo de Gobierno (PP) y los grupos de la oposición (PSOE y Vox) pero el debate en el pleno no ha estado exento de polémica, ya que los socialistas han cuestionado la legalidad de aprobar la suspensión sin que exista expediente conformado, y han insistido en que la alcaldesa tenía otras fórmulas para hacerlo sin necesidad de acudir al pleno.

Por su parte, Cristina Ayala ha acusado al PSOE de querer “boicotear” la gratuidad de los buses, como respuesta a una “excelente gestión” de la crisis por parte del equipo de Gobierno; finalmente, el PSOE se ha abstenido en la votación por lo que considera “malas artes” del PP.

Una flota más amplia

A la incorporación de los 40 buses cedidos por Madrid se sumará, en los próximos días, la llegada de otros 15 autobuses que entregarán las empresas con las que el Ayuntamiento de Burgos tiene en vigor sendos contratos de alquiler, ya que 21 de los 39 buses quemados correspondían a estos contratos.

De este modo, la ciudad contará con una cifra superior a los 75 autobuses de los que disponía antes del incendio, lo que ayudará a garantizar el bueno funcionamiento del servicio ya que los prestados por Madrid son en algunos casos más antiguos que los que se quemaron, y pueden sufrir más averías.

En estos quince días, el transporte público de Burgos ha funcionado como si viviera una jornada de huelga, aunque ha sido necesario suspender varias líneas, lo que ha impactado en un aumento del tráfico rodado, que se espera que remita ahora que el servicio ha vuelto a la normalidad, y además de forma gratuita.

Los autobuses urbanos de Burgos serán gratuitos hasta mediados de junio ante la imposibilidad de implantar el sistema de cobro en los 40 vehículos cedidos por la EMT de Madrid, después de que un incendio en las cocheras municipales quemara la mitad de la flota de autobuses de la capital burgalesa.

La medida se ha aprobado este jueves en la reunión de la Junta de Gobierno Local y será refrendada en un pleno la próxima semana, una vez los dos grupos de la oposición, PSOE y Vox, han anunciado ya su respaldo a esta gratuidad, ha explicado en rueda de prensa la alcaldesa, Cristina Ayala.

Ayala ha precisado que esta medida, que comenzará a aplicarse este lunes, cuando se incorporen los 40 autobuses cedidos al servicio de transportes de la ciudad -que recuperará la normalidad-, supondrá que el Ayuntamiento dejará de ingresar 375.000 euros en este mes y medio.

También la Junta de Gobierno ha aprobado esta mañana licitar por urgencia la compra de 45 sistemas de cobro y de geolocalización, para disponer de este equipo para los vehículos cedidos por la EMT y contar con algunos de repuesto, con un coste de más de 800.000 euros.

El objetivo es que estos equipos, que ya están fabricados, puedan llegar e instalarse en los vehículos antes de que acabe el plazo de mes y medio de gratuidad.

Las empresas del renting enviarán 15 buses

La alcaldesa de Burgos ha informado también de que han llegado a un acuerdo con las dos empresas adjudicatarias de los contratos de alquiler -renting- de autobuses, para que repongan los autobuses que se quemaron en el incendio del 20 de abril, dado que 21 de los 39 que ardieron eran de alquiler.

Así, las empresas enviarán 15 autobuses en el plazo de una semana, con lo que Burgos dispondrá de más autobuses de los que contaba antes del incendio -entonces eran 75-.

Ayala ha recordado que como parte de los vehículos que se han quemado eran relativamente nuevos, el servicio podría registrar ahora más averías, y por tanto se requiere de un refuerzo que garantice sacar a la calle los 58 que son necesarios para prestar el servicio.

“El servicio se recuperará el lunes, pero esto no supone volver a la situación previa al incendio, porque los daños que deberá asumir el Ayuntamiento, aunque no están todavía evaluados, serán de decenas de millones de euros”, ha explicado Ayala.

Ha detallado que en este momento siguen buscando autobuses de menor tamaño que puedan dar servicio al centro histórico, dado que no cuentan con ninguno de estas características.

Pendientes del informe policial

Mientras, el Ayuntamiento de Burgos espera los informes de la Policía Científica y de los investigadores de las aseguradoras, en relación con las causas del incendio, aunque también han aprobado la contratación de un perito propio para participar en ese proceso.

En todo caso, los seguros de los autobuses solo cubrían la responsabilidad civil, los daños a terceros, “algo que es habitual en otros ayuntamientos, porque las aseguradoras no quieren asegurar estos vehículos a todo riesgo”, ha explicado la alcaldesa.

Ayala ha agradecido la ayuda de la EMT y el Ayuntamiento de Madrid, que ha cedido de manera gratuita los 40 autobuses durante seis meses prorrogables, y también ha enviado un camión mecánico y va a aportar otro de repuestos.

La próxima semana el Consejo de Movilidad empezará a estudiar cómo reponer la totalidad de la flota de autobuses, al margen de la cesión; qué tipo de autobuses quiere comprar el Ayuntamiento -preferiblemente de hidrógeno y eléctrico

La Escuela Municipal de Música de Burgos volvió a abrir sus puertas el 7 de abril tras el parón de marzo, pero la sensación de alivio apenas ha durado unas semanas. Superado el cierre y con la actividad retomada, las cerca de 700 familias y los 25 profesores que dependen del servicio miran ya al próximo curso con la misma incertidumbre. El problema de fondo —la falta de un contrato estable y viable— sigue sin resolverse.

“Se reabrió con normalidad, pero el tema de los pliegos sigue exactamente igual”, resumen desde la Plataforma de gestión de la Escuela Municipal de Burgos. La agrupación, que ya fue clave en las movilizaciones que empujaron hacia la reapertura tras semanas de cierre, ha vuelto a activar la presión ante lo que consideran una falta de avances por parte del Ayuntamiento.

En septiembre de 2026 el actual acuerdo —una solución de urgencia que permite mantener la actividad hasta final de curso— habrá expirado. Y, a día de hoy, no hay ningún contrato nuevo en marcha. “Nos habían dicho que los pliegos estarían en tiempo para garantizar la continuidad, pero ahora mismo no sabemos nada”, explican desde la plataforma.

Las familias piden al Ayuntamiento saber si la nueva licitación llegará a tiempo

Tras la Semana Santa, las familias solicitaron una reunión con el área de Cultura para conocer el estado de la licitación. La respuesta fue negativa. “Nos la denegaron alegando que es un proceso de contratación y que la información es confidencial”, señalan. Una explicación que, sin negar el marco legal, consideran insuficiente: “Entendemos que no nos pueden dar detalles técnicos, pero sí podrían transmitir cierta tranquilidad, decirnos si van en plazo o no”.

Ese silencio es, precisamente, lo que ha encendido las alarmas. El contrato anterior ya quedó desierto en diciembre, y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León señaló directamente al Ayuntamiento por no haber licitado a tiempo. Ahora, temen que la historia se repita.

El principal riesgo es el calendario. Los procedimientos administrativos tienen plazos tasados: publicación, presentación de ofertas, valoración técnica, adjudicación. Todo ello puede alargarse durante meses. “Para que la escuela pueda empezar en septiembre con normalidad, los pliegos tendrían que salir ya”, advierten desde la plataforma. “Si no se hace en breve, no dan los tiempos”.

Pero no es solo una cuestión de fechas, también lo es —y quizá más— de contenido. El anterior intento de licitación fracasó, en buena medida, por las condiciones económicas. El contrato planteado por el Ayuntamiento fijaba una cuantía que, según denuncian familias y gestor, hacía inviable la prestación del servicio sin pérdidas.

Las cifras son conocidas. El coste de las nóminas ronda los 400.000 euros anuales, mientras que los ingresos por cuotas se sitúan en torno a los 300.000. A eso se sumaba un canon municipal que apenas superaba los 48.000 euros. El resultado era un desfase estructural que obligaba al gestor a asumir pérdidas mensuales de entre 5.000 y 6.000 euros. “Es que con ese modelo nadie puede sostener una escuela”, resumen.

El último pliego, además, añadía nuevas obligaciones, como la gestión de una escuela de dulzaina, sin un incremento proporcional de la financiación. “Era un contrato de unos 108.000 euros con más exigencias. Es normal que quedara desierto”, sostienen.

150.000 euros para garantizar el servicio

Con ese precedente, la plataforma ha comenzado a trasladar públicamente una cifra que consideran mínima para garantizar la viabilidad del servicio: 150.000 euros. “Es lo mínimo para que alguien pueda plantearse presentarse”, explican. Una cantidad que, insisten, no supone un margen de beneficio elevado, sino simplemente evitar pérdidas.

“Ellos saben perfectamente cuándo un pliego es atractivo y cuándo no”, critican. El temor es que el Ayuntamiento vuelva a plantear un contrato insuficiente y, en caso de quedar desierto, traslade la responsabilidad a la falta de interés del sector. “Si no se explica bien a la ciudadanía cuánto cuesta realmente esta escuela, se puede vender que el problema es que nadie quiere gestionarla, cuando no es así”.

La preocupación no es menor. La escuela atiende actualmente a unos 700 alumnos y emplea a 25 profesores, una estructura difícil de absorber por el tejido privado de la ciudad. “Las escuelas privadas no pueden asumir ese volumen”, advierten. A ello se suma el coste para las familias: mientras en la municipal las cuotas rondan los 50 o 60 euros mensuales —incluyendo instrumento y lenguaje musical—, en el ámbito privado pueden superar los 100 euros solo por el instrumento.

“Hay padres que no son conscientes de lo que supondría perder esto”, apuntan. “No es solo un tema educativo, es acceso a la cultura”.

En este contexto, la movilización vuelve a escena. La plataforma ha convocado nuevas concentraciones y prevé mantener la presión en las próximas semanas. También tiene la vista puesta en el pleno municipal del 15 de mayo, que consideran una fecha clave. “Si para entonces no hay pliegos, la situación será muy complicada”, advierten.

El Ayuntamiento, por su parte, ha defendido en las últimas semanas la necesidad de ajustar el contrato a la legalidad y a los costes reales del servicio. La concejala de Cultura ya apuntó que el objetivo es sacar una licitación “actualizada” que garantice la continuidad. Sin embargo, de momento no hay plazos concretos sobre la mesa.

Entre tanto, la sensación entre las familias es del 'día de la marmota'. “Esto ya lo hemos vivido”, reconocen. La reapertura de abril ha permitido salvar el curso, pero no despeja el horizonte. “Ha sido un parche”, insisten.

La clave, coinciden todas las partes, estará en la próxima licitación. De su diseño dependerá no solo el inicio del curso que viene, sino la estabilidad a medio plazo de un servicio público que ha demostrado ser, a la vez, esencial y frágil. “Lo que pedimos es sencillo”, concluyen desde la plataforma. “Que se haga un contrato viable y que se haga a tiempo”.

El Ayuntamiento de Burgos negocia la reposición de los autobuses que se quemaron en el incendio de las cocheras municipales el pasado martes con las empresas con las que mantienen dos contratos para el suministro bajo la fórmula del alquiler, ya que 21 de los 39 vehículos que ardieron corresponden a dichos contratos.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha recordado en rueda de prensa que se trata de contratos suscritos en los años 2014 y 2017, y que finalizarán en 2027 y en 2031, por lo que la negociación con cada una de las empresas es diferente, pero se trata de llegar a un acuerdo sobre cuántos de los buses quemados van a reponer, cómo lo harán y cuándo se podrá contar con ellos.

Ha insistido en que, a corto plazo, el servicio municipal de transporte urbano está resuelto con la cesión gratuita, por parte del Ayuntamiento de Madrid, de 40 autobuses, que llegaron el pasado viernes a Burgos y se incorporarán a la flota a finales de esta semana, cuando superen las revisiones técnicas y de mantenimiento, y siempre que no surja ningún imprevisto.

Ayala ha destacado que los vehículos cedidos por Madrid están “en muy buenas condiciones de mantenimiento”, y que alguno tienen hasta menos kilómetros acumulados que los propios del servicio de Movilidad y Transportes, que tras el incendio solo tiene operativos 36 de los 75 que componían su flota hasta el pasado martes.

La alcaldesa ha asegurado que si bien “lo más importante”, que era recuperar el transporte urbano con una solución provisional y transitoria, ya se ha hecho “gracias” a la generosidad de Madrid, “todavía quedan muchos flecos por gestionar”, desde los propios seguros y el combustible de los buses cedidos hasta la implantación del servicio de cobro en los mismos.

El Ayuntamiento busca -sin éxito- otras ciudades que cuenten con el mismo sistema de pago, para poder adquirir equipos e instalarlos en los buses madrileños; si no lo encuentran, tendrán que sacar un contrato de urgencia para su compra, ha indicado la alcaldesa.

Por ese motivo, todavía no han tomado una decisión sobre si el billete será gratuito solo en los buses cedidos o en toda la flota, pues dependerá de lo que se tarde en tener instalado el sistema de cobro, ya que la gratuidad durante mucho tiempo supondría una importante “merma” de ingresos para las arcas municipales (al año, Autobuses Urbanos ingresa 2,9 millones por los billetes).

Cristina Ayala ha insistido en que, pese a contar con los vehículos de Madrid -cedidos por seis meses prorrogables-, “no se ha vuelto a la situación del 20 de abril”, pues el Ayuntamiento tendrá que hacer frente a una inversión de más de 20 millones de euros para reponer los 39 vehículos quemados, lo que llevará años, ha reconocido

El Ayuntamiento de Burgos, a través de su alcaldesa, Cristina Ayala, ha responsabilizado a los técnicos municipales por la contratación de catering a la empresa de su concejal y presidente de la Diputación y del PP, Borja Suárez, pero no les ha abierto expediente. Así lo han confirmado desde el Consistorio, desde donde tan sólo trasladan que se están “revisando” todos los contratos con Eventos El Espino SL.

 “Podíamos no haber hecho nada, podíamos no haber hecho un protocolo, pero en mi autoexigencia ética quiero que se las cosas se hagan como se tienen que hacer, nuestra ética es hacer mejor las cosas, incluso cuando nuestros servicios técnicos cometen un error como es el caso”, dijo Ayala en el último Pleno en el que se realizó una “toma de razón”, sobre la situación de Suárez. El Ayuntamiento sólo se interesó por los contratos de la empresa de su concejal cuando elDiario.es publicó la información: Borja Suárez tenía el 22% de una empresa -según su declaración de bienes, aunque luego reconoció un 33% a este medio- y aunque la ley prohíbe contratar cuando un concejal tiene más del 10%, se hizo. La normativa también contempla que Suárez debió ser obligado a elegir entre ser concejal y tener una empresa; sin embargo, eso nunca ocurrió. Los contratos son nulos de pleno de derecho, pero el dinero no se ha devuelto.

Lejos de asumir responsabilidades, Suárez culpó a los técnicos y aseguró que la ley dejaba “indefensos” a los concejales, y que se sentía “desamparado”. En los mismos términos se pronunció Ayala, y en otros muy similares el secretario municipal que aconsejó realizar un protocolo para que lo ocurrido no se repitiese. Borja Suárez aseguró en un primer momento que se desharía de las acciones “con harto dolor” y paulatinamente. La semana pasada aseguró en el Pleno que ya no tenía acciones de Eventos El Espino. ElDiario.es preguntó al Ayuntamiento si Suárez ha presentado algún documento que certifique que ya no tiene acciones, y éste ha sugerido que se remita a la periodista al Registro Mercantil. La gestión de conocer la titularidad real de cualquier empresa está vetada a todo el que no tenga interés legítimo, o lo que es lo mismo: a quien no sea socio o administrador de la mercantil en concreto. El Ayuntamiento no ha aclarado cómo ha podido constatar que la afirmación de Suárez es cierta.

La investigación de elDiario.es ha revelado hasta el momento no sólo que Suárez incumplió la ley, también que el Ayuntamiento comenzó a contratar a Eventos El Espino, una empresa creada en 2008, cuando Suárez entro en la corporación como concejal. Además, aunque desde el Ayuntamiento se niegan injerencias y afirman que a pesar de que lo reflejó en su declaración de bienes nadie sabía que esa empresa era suya, el PP de Burgos, presidido por Suárez, ha contratado a la empresa para eventos en los que acudieron cargos públicos, incluidos el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, o la propia Cristina Ayala. No sólo eso, además la Junta de Castilla y León ha estado publicitando, de manera opaca, a Eventos El Espino, incluyendo el enlace de su web de organización de bodas y otros eventos en el portal de Turismo y Patrimonio del gobierno autonómico.

Los partidos de la oposición, PSOE y Vox, han solicitado la dimisión de Borja Suárez sin éxito hasta el momento.

Los 40 autobuses cedidos a Burgos por el Ayuntamiento de Madrid para recuperar el servicio de transporte urbano, tras el incendio que el martes quemó la mitad de la flota en las cocheras municipales, se irán incorporando gradualmente según pasen la revisión técnica, tras su llegada a primera hora de esta tarde a la capital burgalesa.

Los vehículos, conducidos por personal municipal que se ha desplazado esta madrugada a Madrid, han salido pasadas las diez de la mañana del Centro de Operaciones de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) en dos convoyes escoltados por la Guardia Civil, y en cinco horas han llegado a Burgos.

Los primeros 25 autobuses han llegado minutos antes de las tres de la tarde a las instalaciones de las cocheras municipales, ubicadas en la carretera de Poza, donde les estaban esperando otros conductores, personal del Servicio de Movilidad y Transportes y una representación del equipo de Gobierno.

El segundo convoy ha llegado una hora más tarde, completando así el envío de los 40 vehículos que ha cedido Madrid de manera gratuita por un periodo de seis meses, ampliable, lo que permitirá que Burgos recupere la normalidad en su servicio de transportes, que desde el martes opera con servicios mínimos.

El incendio, declarado pasadas las dos de la madrugada del martes, devoró buena parte de las cocheras -dejando la nave central y el taller para su demolición- y, con ellas, 39 los 75 autobuses del servicio, por lo que estos días solo se han podido sacar a la calle 31, cuando habitualmente circulan 58.

Viaje sin incidencias y “buenas sensaciones”

El viaje desde Madrid se ha realizado sin incidencias, ha explicado el presidente del comité de empresa, Pedro Garrido, y solo un vehículo ha sufrido un leve calentamiento, por lo que ha sido necesario parar pero los técnicos de Madrid que viajaban con el convoy han resuelto el problema con rapidez.

A velocidades de 70 km/h los autobuses han recorrido los 250 kilómetros que separan Madrid de Burgos en unas cinco horas -con parada en Boceguillas-, y la bajada de Somosierra “ha ido muy bien, sin vibraciones, ni sustos”, ha indicado Garrido, quien ha asegurado que la sensación “ha sido muy buena”.

Ahora, los vehículos tendrán que pasar una revisión técnica por parte del personal del Ayuntamiento de Burgos, y cuando estén a punto se incorporarán de manera gradual al servicio, ha indicado el concejal de Movilidad y Transportes, César Barriada, que no ha sabido precisar cuándo y cómo será esa incorporación.

Tampoco cómo se solventará el pago del billete dado que los autobuses cedidos por Madrid utilizan un sistema de cobro distinto al de Burgos, por lo que se baraja que el viaje sea gratuito en ellos, o tal vez en todo el servicio municipal mientras se encuentra una solución alternativa.

Reorganizar el servicio de transportes

Barriada ha agradecido a Madrid su solidaridad con Burgos, pues supone la cesión de 40 autobuses que aunque son antiguos -están entre los retirados por la EMT- están en funcionamiento, y además la capital ha enviado un servicio técnico de asistencia para el viaje, una grúa y piezas de recambio.

Además, ha indicado que el Ayuntamiento está en contacto con otros municipios que también ofrecieron autobuses, como Segovia, para tratar de reponer los cuatro minibuses que se quemaron, y que son los que hacen la ruta del centro histórico, dado que los de mayor tamaño no pueden circular por sus calles estrechas.

Los de Madrid son vehículos de 12 metros de largo, que tampoco reponen los articulados de 18 metros que se han quemado, así que será necesario reorganizar el servicio con refuerzos en horarios en los que venía operando uno de los articulados, si bien todos ellos detalles se irán matizando los próximos días.

El servicio de transportes funciona desde el pasado martes con servicios mínimos, con varias líneas suspendidas y otras con modificaciones en horarios y frecuencias, con el objetivo de que todos los barrios tengan al menos un servicio de autobús urbano.

El fin de semana se recuperarán todas las líneas -salvo la del centro histórico- y los horarios habituales, dado que con los autobuses propios se puede cubrir el servicio de sábado y domingo; el lunes volverán las restricciones, al menos hasta que los 40 buses madrileños se incorporen a la flota burgalesa.

El Ayuntamiento de Madrid cederá gratuitamente 40 autobuses urbanos a la ciudad de Burgos para que pueda reemplazar, de manera provisional, los 39 que se quemaron en la madrugada del martes en el incendio de las cocheras municipales, donde hay 79 vehículos. La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha informado en rueda de prensa de que el viernes firmará en Madrid el acuerdo de cesión de los vehículos, que ese mismo día empezarán a salir con destino a Burgos para que se puedan ir incorporando a la flota municipal durante la próxima semana, según recoge EFE.

Ayala ha agradecido la solidaridad del ayuntamiento madrileño, y la de otros pequeños y grandes municipios que han puesto a disposición de Burgos sus autobuses, y ha asegurado que la llegada de esos 40 vehículos supondrá una “toma de oxígeno” para la ciudad, que ha perdido la mitad de su flota municipal.

El Ayuntamiento de Madrid les ha ofrecido la solución “más completa”, con la cesión inmediata y gratuita de 40 vehículos, antiguos pero en funcionamiento, de los que la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) tiene para enajenar y vender a terceros. Es la solución “global más fácil”, ha asegurado la alcaldesa, y además Madrid ofrece formación a los conductores de Burgos y un camión de mantenimiento por si surgen complicaciones durante el traslado, para el que ya se han puesto en contacto con la Subdelegación del Gobierno al ser especial.

El contrato de cesión con Madrid es por seis meses, aunque prorrogable, y Burgos tendrá que asumir el coste del seguro; además, pasado ese tiempo ambos ayuntamientos estudiarán la posibilidad de que Madrid pueda enajenar a Burgos los vehículos, para una incorporación definitiva a la flota.

Propuestas de otros ayuntamientos

Ayala ha explicado que han recibido propuestas de los ayuntamientos de Segovia, León, Valladolid, Valencia, Pamplona, Elche, Vigo o Ciudad Real, además de la Diputación de Palencia o la Comunidad de Madrid, y el apoyo de la propia Junta de Castilla y León con sus gestiones a través de Buscyl.

El alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE) ha puesto a disposición de la alcaldesa de Burgos ocho autobuses que acaban de ser sustituidos por eléctricos. “La alcaldesa ha quedado en volverme a llamar para ver cómo podemos canalizar esta ayuda”, ha manifestado a través de redes sociales. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP), ha comprometido también un autobús o dos “siempre y cuando no se altere la realidad y el servicio de la ciudad”. “Estamos colaborando con la ciudad de Burgos, y vamos a seguir colaborando, como no puede ser de otra manera”, ha explicado Carnero ante los medios.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado este jueves que también están estudiando si algunos autobuses integrados en la red autonómica de BusCyL pueden prestar algún servicio urbano en Burgos —puesto que la mayoría son más grandes y para trayectos interurbanos— y contactando con otras autonomías para ver si hay alguna posible colaboración. “Burgos es una ciudad que tiene un casco histórico con ciertas limitaciones y algunos de los autobuses que han sido afectados eran autobuses de tamaño muy pequeño, diseñados para acceder por estas vías tan estrechas, y los autobuses interurbanos no se han acomodado muy bien a estas circunstancias”, ha defendido Fernández Carriedo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El también consejero de Economía y Hacienda ha recordado que se puede tardar entre ocho y doce meses en comprar un autobús porque se fabrican a demanda y ha considerado que primero el equipo de gobierno burgalés debe hacer un cálculo de los costes y de los seguros, puesto que 21 autobuses afectados eran de renting. “Ahora, lo urgente es intentar encontrar estos autobuses y que puedan cumplir estas características y prescripciones técnicas. Ya habrá tiempo para cuantificar el daño que se ha causado, que no solo sobre los autobuses, sino también sobre instalaciones de las naves”, ha zanjado.

Cristina Ayala ha explicado que a partir de ahora “acelerarán” el proyecto de traslado de las cocheras al polígono de Villalonquéjar, y que en diez días quieren tener preparado el proyecto de demolición de la parte de las cocheras que ha quedado gravemente dañada, y acondicionamiento del resto de la parcela.

La Policía Científica de Madrid participará en la investigación

La Comisaría General de Policía Científica de Madrid se incorporará a la investigación del incendio que, en la madrugada del martes, calcinó la mitad de la flota de autobuses urbanos de Burgos y causó importantes daños materiales en las cocheras municipales. Fuentes de la Policía Nacional han explicado a EFE que se contará con el apoyo de especialistas en incendios dada la magnitud del fuego.

Además, se está contando con la colaboración de la unidad de drones de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Castilla y León, que estuvieron este martes tomando imágenes y que continuarán durante los próximos días participando de una investigación que “está en fase inicial”. Fuentes policiales han insistido en que todas las líneas de investigación están abiertas, sin confirmar la hipótesis de que el fuego pudiera haberse originado en uno de los autobuses urbanos, que ayer se barajaba entre los sindicatos, ante las primeras declaraciones de los testigos del incendio.

El siniestro que esta semana ha dejado a Burgos capital sin la mitad de vehículos en su sistema de transporte público ha generado la reacción solidaria del Ayuntamiento de Madrid, que este mismo viernes enviará 40 autobuses para paliar la falta de recursos ocasionado por el fuego.

Según han comunicado fuentes municipales, la capital cederá temporalmente de forma urgente 40 autobuses de gas a Burgos, con los que podrá paliar los 39 vehículos dañados por las llamas, la mitad de la flota municipal burgalesa. El envío se produce después de un acuerdo alcanzado entre el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la alcaldesa castellana, Cristina Ayala, ambos del Partido Popular.

Los autobuses serán enviados el viernes junto a otros medios materiales como furgones, grúa, repuestos y personal técnico.

“EMT Madrid es un ejemplo de vocación de servicio público al ciudadano que ha actuado de forma altruista y solidaria en emergencias que suponen una alteración grave de la movilidad”, indican fuentes del área de Movilidad. También destaca el consistorio que Madrid “no duda en prestar sus recursos cuando es necesario ayudar a otros municipios o regiones frente a situaciones de emergencia, como ya ocurrió con la DANA en Valencia o con las inundaciones de Toledo”.

El Partido Popular, que gobierna en minoría desde que rompiera la coalición con Vox en 2024, ha conseguido salvar los presupuestos municipales de 2026, que han quedado aprobados de manera definitiva este lunes en el pleno municipal, después de que la alcaldesa Cristina Ayala presentara en enero una cuestión de confianza, que perdió pero sirvió para asegurar las cuentas del ejercicio.

La falta de acuerdo con Vox, que votó en contra del presupuesto de 269 millones de euros (un 7,6 % más que en 2025) en un pleno el 29 de diciembre, lo mismo que el PSOE, abocó a la alcaldesa a someterse el 8 de enero a una cuestión de confianza, la segunda -y última posible- de este mandato municipal, para tratar de salvar las cuentas.

Cristina Ayala perdió la cuestión de confianza pero, dada la imposibilidad de un acuerdo entre PSOE y Vox para presentar una moción de censura -con un regidor alternativo- un mes más tarde, se garantizó la tramitación de los presupuestos, que han quedado aprobados definitivamente este lunes.

El pleno, en reunión extraordinaria, ha desestimado las alegaciones presentadas por un particular -con los votos del PP y la abstención de PSOE y Vox-, mientras que ha aprobado las del PSOE, que ha impuesto su mayoría de 11 concejales frente a los 10 del PP gracias a la abstención de los cuatro ediles de Vox.

Los socialistas han solicitado un informe técnico, a secretaría general o intervención, que determine cómo se van a incluir ahora sus alegaciones en el presupuesto diseñado por el equipo de Gobierno, mientras que la alcaldesa ha asegurado que tendrán “los efectos jurídicos que correspondan según legalidad”.

El PP acusa a PSOE y Vox de “estar compinchados”

El concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo (PP), ha criticado la negativa de PSOE y Vox a desestimar las alegaciones, pese al escrito de Intervención que indica que no existe causa jurídica ni técnica que invalide el presupuesto, y considera las alegaciones “una cuestión de oportunidad política o previsión de futuro”.

Ha acusado a PSOE y Vox de “estar compinchados para decir no”, y ha insistido en que “o se está con la legalidad o con el bloqueo permanente al PP”, además de advertir a los de Abascal que con su abstención le “hacen el juego ” al PSOE, que “quiere paralizar” el Ayuntamiento de Burgos.

Desde Vox, el portavoz y exvicealcalde, Fernando Martínez-Acitores, ha justificado su abstención en que se les obliga a tomar una decisión política sobre cuestiones técnicas, y ha recordado que lo que se votaba hoy no era la aprobación del presupuesto sino la resolución de las alegaciones, “que son técnicas”.

Mientras, el portavoz del PSOE, Josué Temiño, ha criticado la tardanza del PP en resolver las alegaciones, que ha llevado a retrasar la aprobación de las cuentas hasta mediados de abril, y que el PP sea incapaz de negociar, tanto con Vox como con el PSOE.

Con el presupuesto municipal ya aprobado definitivamente, el equipo de Gobierno salva el 2026, último ejercicio completo antes de las elecciones municipales de 2027, un año que afrontarán con un presupuesto prorrogado si no hay cambios en la relación de PP y Vox en los próximos meses.

El correo llegó un lunes por la mañana, aunque también “se filtró” la noticia en un chat de padres: la Escuela Municipal de Música de Burgos suspendía su actividad hasta nuevo aviso. Esa misma tarde del 9 de marzo había audiciones, clases, ensayos. Nada de eso ocurrió.

 “Cerraron así de golpe con un correo electrónico de un día para otro”, recuerda Juan Jesús Pérez, alumno del centro. “Nos hemos quedado sin la orquesta, sin un lugar donde practicar nuestra música”.

Desde entonces han pasado tres semanas y la escuela está cerrada hasta el 7 de abril, según ha adelantado la 8 de CyLTV. En ese tiempo, la incertidumbre aquejaba a las cerca de 700 familias afectadas y los 25 profesores y otros empleados de administración que dependen del servicio. “Hay una confusión tremenda”, explican desde la Plataforma de gestión de la Escuela Municipal de Burgos, una agrupación formada por alumnos y padres para buscar la reapertura del centro. “Hay gente a la que se le ha cobrado el mes, otros han devuelto recibos… nadie sabe muy bien qué está pasando ni qué va a pasar”.

El cierre ha sido repentino, pero no inesperado. El conflicto que lo ha provocado llevaba tiempo acumulándose. El contrato de gestión de la Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de Burgos, adjudicado en 2020, incluía prórrogas forzosas hasta septiembre de 2025. Durante esos años, según relatan tanto el gestor como las familias, las advertencias fueron constantes. El servicio, tal y como estaba planteado, no era viable económicamente al ser de 48.000 euros más las cuotas de los alumnos, una cuantía insuficiente con el aumento de la inflación.

“Estaba perdiendo dinero todos los meses”, resumen desde la plataforma. “Así es imposible sostener nada, por mucho que quieras”.

Obligado a abrir por el “interés general” y una licitación desierta

En septiembre de 2025 y con dudas de si el centro abriría, ya con el contrato vencido, el consistorio burgalés optó por imponer una continuidad forzosa en las mismas condiciones económicas cuando el contrato expiró, algo que fue avalado por la justicia al considerar que el “interés general” prevalecía por encima de las dificultades del gestor para ejecutar el contrato.

Con esto se obligaba al gestor a seguir prestando el servicio con unas cifras que él mismo llevaba tiempo denunciando como insuficientes. “Le obligan a seguir sabiendo que está en pérdidas”, critican los afectados. “Es que es de sentido común: nadie puede trabajar así”.

Ese intento de reconducir la situación llegó, pero no funcionó. El Ayuntamiento burgalés, dirigido por Cristina Ayala (PP), sacó a licitación de nuevo la gestión de la escuela en octubre y el proceso quedó desierto en diciembre, sin que ninguna empresa presentara oferta. Para la concejala de Cultura, Andrea Ballesteros (PP), ese fracaso obliga ahora a revisar tanto el estudio económico como los pliegos técnicos del contrato.

“No es solo una cuestión económica”, apunta, aludiendo también al “ruido mediático” generado en torno al conflicto y a algunos aspectos del pliego que están siendo revisados. La concejala 'popular' apunta que el objetivo del Consistorio sigue siendo volver a sacar una nueva licitación “actualizada” y garantizar así la continuidad futura del servicio.

Entre los afectados, la explicación es clara. “Es que nadie va a licitar por algo que no es viable económicamente”, sostienen desde la plataforma. A su juicio, las condiciones del contrato —tanto por el precio como por las exigencias añadidas— hacían inviable asumir la gestión sin incurrir en pérdidas, lo que dejó al Consistorio sin alternativa y con el problema ya encima.

El TSJCyL culpa al Ayuntamiento de provocar la situación

El conflicto acabó de nuevo en los tribunales y ahí se produjo el giro que explica el escenario actual. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) dio la razón al gestor, pero además culpó de la situación al Consistorio. “No comprende la Sala que no previera con la antelación suficiente el Ayuntamiento”, recoge la sentencia, que subraya que la situación se produce porque no se licitó a tiempo el contrato.

La resolución insiste en que la situación “límite” es “únicamente” responsabilidad del Ayuntamiento. También critica la continuidad forzosa al recordar que esa figura solo es válida si se ha preparado con antelación un nuevo contrato, algo que no ocurrió en este caso.

Aunque el Ayuntamiento no discute el fondo de ese retraso, sí matiza el alcance del reproche judicial. Ballesteros recuerda que en primera instancia la justicia sí avaló la posición municipal, lo que permitió mantener abierta la escuela en octubre, al entender que las pérdidas del gestor podían ser compensadas posteriormente por la administración.

“En primera instancia se da la razón al Ayuntamiento, por eso se abre la escuela en el mes de octubre”, explica. Fue después, con el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, cuando el escenario cambió por completo: “En la segunda instancia, efectivamente, le da la razón al gestor, y el Ayuntamiento no le puede obligar a seguir prestando el servicio”.

Ballesteros admite, no obstante, que el Consistorio no llegó a tiempo para tener lista una nueva adjudicación cuando venció el contrato anterior. Según sostiene, ese retraso estuvo condicionado por la entrada en vigor, en junio, de un nuevo convenio colectivo que alteró de forma directa el coste del servicio. “Si se hubiera sacado la licitación en ese momento, hubiera estado desfasada en nada”, argumenta, al considerar que el nuevo marco salarial obligaba a recalcular el coste real de la escuela antes de lanzar un nuevo contrato.

Para la concejala socialista Nuria Barrio, la lectura es evidente. “La sentencia dice por cinco veces que el Ayuntamiento podía haber evitado esta situación”, sostiene. “Aquí no ha pasado nada imprevisto, ha habido una falta de gestión durante años”.

La justicia acredita que el gestor lleva sufriendo pérdidas

El tribunal también entra en la situación del gestor. Considera acreditado que llevaba tiempo asumiendo pérdidas y advierte de que obligarle a continuar podía llevarle a la quiebra personal. “No se puede cargar sobre un particular el coste de sostener un servicio público”, resumen desde la plataforma quienes también apuntan a que él mismo ha acreditado una afectación a su salud, algo que también señala la concejala socialista.

Con esa sentencia, la balanza de la justicia cae al lado del gestor. Este deja de estar obligado a continuar y la escuela, sin nadie quién la gestione, cierra. “Cuando él (el gestor) se hace cargo de la escuela lo hace por amor a la música, antes era profesor”, aseguran desde la plataforma.

A partir de ese momento, la urgencia se impone. Ayuntamiento, gestor, familias y representantes de los trabajadores comienzan a reunirse para intentar desbloquear la situación. También comienzan a manifestarse y a apremiar al equipo de Gobierno. El objetivo es común: reabrir la escuela cuanto antes y salvar lo que queda de curso.

Según coinciden las partes, el Ayuntamiento ha planteado una solución provisional basada en asumir el coste real del servicio hasta final de curso. Es decir, cubrir el desfase entre los ingresos por cuotas y los gastos, principalmente las nóminas del profesorado. La propuesta pasa por formalizar ese compromiso mediante un documento con validez jurídica que dé seguridad al gestor.

El Ayuntamiento y el gestor fijan la reapertura el 7 de abril

Ballesteros defiende públicamente esa vía y defiende que el Ayuntamiento está trabajando para reabrir la escuela “lo antes posible”. También confirma que se han mantenido conversaciones con el gestor y ha situado el horizonte de la reapertura en después de Semana Santa, algo que ha sido acordado entre las partes en la tarde del jueves 26 de marzo.

Tras días de contactos y cruces de documentos, las partes han logrado finalmente un acuerdo para retomar la actividad el próximo 7 de abril, coincidiendo con la vuelta de las vacaciones de Semana Santa. La concejala ya había situado públicamente ese día como el primer horizonte realista para una posible reapertura, al entender que incluso con acuerdo sería necesario un margen mínimo para reorganizar la actividad, revisar la apertura del centro y reactivar la estructura laboral tras semanas de parón. Ese escenario es, precisamente, el que ahora se ha anunciado y está por concretarse de forma definitiva en una Junta de Gobierno Extraordinaria.

Ahora, con el visto bueno político, el acuerdo jurídico estaría encarrilado. La solución pasa por garantizar la reapertura del servicio con el actual gestor hasta final de curso, una salida de urgencia que permita recuperar las clases y dar algo de certidumbre a las familias y al profesorado tras semanas de parálisis.

Desde el entorno de las familias se recibe el acuerdo con alivio, aunque también con cautela. La preocupación, explican, no termina con la reapertura: “Ahora hay que seguir presionando para que haya un buen contrato de licitación que garantice la continuidad de la escuela y que esto no vuelva a pasar”.

“Seguridad jurídica”

“Lo que el gestor pide es seguridad jurídica”, explican desde la plataforma. “No vale con decir que se va a pagar, tiene que haber un documento que lo garantice de verdad”. Según su versión, ese documento debía elaborarse de forma conjunta entre ambas partes y aprobarse en una junta de gobierno extraordinaria.

“Se nos dijo que en 24 horas desde que se firmara se podía abrir la escuela”, aseguran. Pero el proceso se ha ido alargando. “El documento lo hizo unilateralmente el Ayuntamiento, se hicieron correcciones, se devolvió… y seguimos esperando”, denuncian. La frustración es creciente: “Mientras discuten papeles, la escuela sigue cerrada”.

Desde el equipo de gobierno se insiste en una idea distinta. Ballesteros afirma que el Ayuntamiento no puede asumir pagos sin la debida justificación documental y que debe actuar “conforme a la legalidad”. En su explicación se defiende la necesidad de acreditar los gastos antes de comprometer fondos públicos.

La alcaldesa asegura que el gestor no presenta bien la documentación

La alcaldesa, Cristina Ayala, según indican desde la plataforma, llegó a asegurar a un padre que el gestor no ha presentado bien la documentación.

Según el gestor, los cambios que se introdujeron son más bien acotaciones, que ha aceptado el grueso del documento, pero se incluyeron condiciones de pago, tipo “una vez certificados los gastos se pagaran a 30 días, y si no se cumple con X intereses”. Según el gestor, “el tapón está más arriba”.

El problema sigue estando los números. Y ahí hay poco margen para debatir cuánto tiene que aportar el Ayuntamiento. El coste de las nóminas supera los 40.000 euros mensuales, mientras que los ingresos por cuotas se sitúan en torno a los 30.000. El canon municipal no cubre esa diferencia. “Haz tú los cálculos”, resumen los afectados.

El propio tribunal apuntó en esa dirección al señalar que el servicio estaba infravalorado y que un intento posterior de licitación elevaba considerablemente su coste. A eso se suma el estado de las instalaciones y del material. “En esta escuela no se ha cambiado ni una escobilla en años”, denuncian los afectados. “Imagínate los instrumentos”. El resultado: un bloqueo administrativo que ahora se intenta resolver a contrarreloj, con una solución provisional que, en el mejor de los casos, permitiría terminar el curso.

Desde la oposición se insiste en que todo esto era evitable. “Había tiempo de sobra para hacer las cosas bien”, señala Barrio. “Lo que no puede ser es que se llegue a esta situación en mitad de curso con 700 familias afectadas”, ha afeado.

La Cultura en Burgos, en peligro

El cierre de la escuela, a pesar del anuncio de reapertura hasta final de curso, supone un 'rejonazo' más a la cultura de Burgos si no se soluciona el problema de forma inminente. “Culturalmente, Burgos está bastante pobre”, lamenta Juan Jesús Pérez. “No es solo la escuela, es una sensación general”, apostilla.

La contradicción, dicen, es evidente. “Se habla de proyectos culturales grandes, de millones, —en referencia a la candidatura para la Capital Europea de la Cultura— pero luego pasan estas cosas”, apuntan desde la plataforma. “Y al final lo que afecta a la gente es esto”.

A corto plazo, todas las miradas están puestas ahora en esa reapertura prevista para el 7 de abril, siempre que la Junta de Gobierno Local extraordinaria ratifique formalmente el acuerdo alcanzado. Si no hay cambios de última hora, la escuela podrá retomar la actividad tras el parón de Semana Santa y cerrar así un curso que ha quedado marcado por el conflicto judicial, la incertidumbre laboral y el malestar de las familias. Pero incluso si ese escenario se cumple, nadie cree que sea una solución definitiva. “Será un parche”, reconocen. “El problema de fondo sigue ahí”.

Pero incluso si esa solución inmediata se consolida, el problema de origen sigue intacto. La reapertura no resuelve los errores de planificación que han desembocado en esta crisis. El siguiente reto será diseñar una nueva licitación viable, con un contrato capaz de sostener el servicio sin abocar otra vez al gestor —sea quien sea— a pérdidas económicas o a un nuevo choque con la administración.

Las familias, como afirma la concejala socialista, ya están apuntando a sus hijos a academias privadas, lo que mermará de seguro el número de matriculados y hará que se modifiquen las condiciones de una futura licitación, como también reconoce Ballesteros

“Esto se veía venir”, concluyen desde la plataforma. “Lo importante ahora es que se abra, sí, pero también que no vuelva a pasar”. Después de semanas esperando respuestas, la música tiene ya fecha para volver. Lo que todavía está por resolver es si realmente se ha aprendido algo de estas semanas de pocas certezas.

El PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, donde el Partido Popular gobierna en minoría, ha presentado sendos recursos de reposición contra dos encomiendas aprobadas por la Junta de Gobierno Local para asignar actuaciones a la sociedad de promoción municipal ProBurgos por “carencia de competencias”, ha informado el concejal socialista Julio César Arnaiz.

La Junta de Gobierno aprobó la semana pasada encomendar a ProBurgos dos grandes acciones expositivas culturales para las navidades de los próximos cinco años frente a la Catedral de Burgos y en la Plaza Mayor, así como el montaje y la gestión de un ‘Espacio cidiano’.

Arnaiz considera que la competencia no es de la Junta de Gobierno Local, sino de la Gerencia de Cultura y, además, no se justifica la razón de la encomienda (que se puede hacer por mejora de servicio o carencia de medios directos) ni se acotan presupuestos aproximados y objetivos.

El socialista ha reconocido que los recursos no son suficientes para paralizar la encomienda, pero esta se ha bloqueado esta mañana después de que tanto los representantes del PSOE como los de Vox -que suman mayoría- hayan rechazado la encomienda en el Consejo de Administración de ProBurgos.

La concejala socialista Sonia Rodríguez ha explicado que el PP ha rechazado su propuesta de dejar este punto sobre la mesa “seguramente para culpar a la oposición de que no se lleven a cabo estas acciones”, ha lamentado.

Por su parte, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Fernando Martínez-Acitores, ha criticado que no se haya intentado dialogar con la oposición antes de llevar estos temas al consejo y ha apuntado que hubieran valorado otra postura si la encomienda fuera de un año, pero no para varios ejercicios. Ambos grupos insisten en que el objetivo del equipo de gobierno municipal parece ser vaciar de contenidos a la Gerencia de Cultura y trasladarlos a ProBurgos.

Abiertos a la negociación

Desde el equipo de Gobierno, la portavoz municipal Andrea Ballesteros, responsable también de la Gerencia Municipal de Cultura y presidenta de ProBurgos, ha explicado que tras la negativa de PSOE y Vox se abren a negociar, a “trabajar” con los grupos para consensuar una propuesta de encomienda.

Ha insistido en que “la situación actual de la Gerencia”, con problemas en gestión por falta de personal, puede “poner en peligro” el desarrollo de la programación de Navidad, en cuanto a los espectáculos de gran formato, de ahí que el equipo de Gobierno defienda la encomienda.

Ballesteros ha indicado que, ante las dudas que plantea el PSOE sobre qué órgano es el competente para realizar la encomienda, si la Junta de Gobierno Local o la propia Gerencia, serán lo servicios jurídicos o Secretaría quien lo determine a la luz de los recursos presentados.

El PSOE y Vox en el Ayuntamiento de Burgos han pedido la dimisión del concejal del PP Borja Suárez, también presidente de la Diputación y del PP provincial, después de que un informe del secretario municipal haya concluido que existe incompatibilidad entre su labor como edil y su participación en el accionariado de una empresa de catering que contrató en varias ocasiones con el Consistorio.

La empresa Eventos El Espino, de la que Suárez posee el 33 % de las acciones, se ha encargado entre 2023 y 2025 de una docena de contratos -todos ellos menores- para servicios de catering a través del Ayuntamiento y de la sociedad municipal ProBurgos, según informó eldiario.es.

Ahora, un informe encargado por la alcaldesa, Cristina Ayala (PP), que dio a conocer en el pleno ordinario del pasado viernes, recoge que existe una incompatibilidad -dado que el edil posee más del 10 % de las acciones- y una prohibición de contratar con el Ayuntamiento, por lo que los contratos son nulos.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Josué Temiño, ha calificado en rueda de prensa lo ocurrido de “extrema gravedad”, y ha acusado al PP de intentar “camuflarlo bajo una supuesta normalidad administrativa”, escudándose además en un supuesto desconocimiento de Suárez sobre la incompatibilidad.

“La incompatibilidad y la prohibición de contratar se producen de forma automática, independientemente de si existe culpa o conocimiento por parte del concejal”, ha insistido, y ha recordado que Suárez “tiene la obligación de conocer la ley y poner los medios para evitar que su patrimonio privado se beneficie del erario público”.

Por ese motivo, Temiño considera que Borja Suárez debe dimitir, dejar su acta de concejal -lo que le impediría seguir como presidente de la Diputación dado que es diputado es a través del Consistorio-, y si no lo hace, debería ser la alcaldesa la que lo cesase.

Para el socialista no vale con que Suárez haya anunciado que va a desvincularse de la empresa, y considera que eso tenía que haberlo hecho cuando incrementó hasta el 33 % su participación en el accionariado, superando el 10 % que permite la ley.

En la misma línea se ha expresado, también en rueda de prensa, el portavoz del Grupo Municipal de Vox, Fernando Martínez Acitores, quien ha asegurado que Suárez “debe dimitir esta mima mañana” pues el informe “es muy claro” y demuestra que su actuación “no es ética ni mucho menos estética”.

Ha insistido en que es “intolerable” que Suárez salga de esta situación “sin ningún tipo de responsabilidad política” y pidiendo “disculpas”; tampoco le vale al portavoz de Vox que se vaya a desprender ahora de sus acciones para poder seguir como concejal y presidente de la Diputación.

Ayala rechaza el cese y defiende un “código de buena conducta”

La alcaldesa, Cristina Ayala, ha asegurado que Suárez ni va a dimitir ni será cesado, y a preguntas de los periodistas ha insistido en que la incompatibilidad ha sido “involuntaria”, que el concejal no participa de la toma de decisiones y que se ha conocido tarde y, por tanto, “no se ha podido reaccionar”.

Por ese motivo, ha defendido la elaboración de un protocolo, un “código de buenas prácticas”, como sugiere el informe de Secretaría, algo “muy razonable” porque “hay muchos tipos de incompatibilidades” y así los concejales saben si alguna de sus actividades es incompatible.

Más informes

El PSOE ha anunciado además que pedirán a Secretaría General un informe sobre los contratos suscritos con Eventos El Espino, que son nulos de pleno derecho, y creen que la empresa debería devolver el dinero ya que ha habido un “enriquecimiento injusto” y no debería de haber contratado con el Ayuntamiento.

También plantean estudiar si cabe un expediente sancionador contra la empresa, puesto que “eran plenamente conscientes” de que Borja Suárez era uno de sus socios mayoritarios, y Temiño ha criticado que en este caso los controles internos del Ayuntamiento han “fallado estrepitosamente”.

Además, descartan participar en la elaboración del protocolo de medidas para evitar nuevos casos que sugiere el informe de Secretaría porque “todo está determinado en la ley”; y también Vox considera que “es casi insultante” que se plantee ese protocolo pues todo el mundo sabe “dónde está la ética”.