La Fiscalía de Palencia investiga la adjudicación de una vivienda protegida a la concejala del PP Laura Lombraña. El candidato de Podemos en las recientes elecciones autonómicas, Miguel Ángel Llamas, decidió presentar una denuncia tras conocerse el caso a través de El País el pasado 3 de marzo y el fiscal jefe, Arturo Carrillo, ha informado de la apertura de diligencias de investigación preprocesales a través de un escrito firmado el 12 de marzo al que ha tenido acceso elDiario.es.

Lombraña fue responsable de Cultura, Turismo, Fiestas y Deportes entre 2019 y 2023 y hoy continúa como concejala en la oposición. En 2023 se hizo con un chalé con piscina que forma parte de una promoción de 47 chalés de protección oficial construidos sobre un solar municipal vendido en 2019 por el Ayuntamiento de Palencia por 1,89 millones de euros. La operación fue aprobada pocos meses después de la constitución del gobierno municipal encabezado por Mario Simón (Ciudadanos), en coalición con el PP.

Las casas, comercializadas por la inmobiliaria palentina Ingucasa y vendidas por 157.320 euros, se entregaron en abril de 2023. La Ley autonómica 9/2010 sobre el derecho a la vivienda establece que, “con carácter general”, la selección de adjudicatarios de VPO debe realizarse mediante sorteo entre las personas inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León. Sin embargo, en este caso no se celebró un sorteo abierto entre todos los inscritos en el registro de vivienda protegida—que sumaban 1.949 en la provincia a cierre de 2025—, sino que la inmobiliaria comercializó directamente las viviendas. Posteriormente, se realizó un sorteo ante notario, pero limitado a las 47 personas que ya habían formalizado su interés, con el objetivo de asignar qué vivienda concreta correspondía a cada una.

“Hasta la fecha, no se conocen explicaciones plausibles sobre estos hechos presuntamente delictivos, pero parece evidente que omitir la objetividad exigida por la normativa para beneficiar a una representante política puede tener consecuencias de índole penal. Por lo tanto, los hechos presuntamente cometidos podrían constituir diversos delitos contra la Administración pública, tipificados en los artículos 404 y siguientes del Código Penal, o de otro tipo”, dice la denuncia.

“Patrones de funcionamiento análogos”

Además, sugiere la conexión con hechos similares en Alicante, o los de hace dos décadas con las viviendas de Villa de Prado en Valladolid, que recayeron en cargos públicos del PP de varias administraciones o en sus familiares. “En Alicante (Comunidad Valenciana) se están dirimiendo en el orden jurisdiccional penal hechos que guardan similitud con los aquí expuestos, si bien referidos a otro ámbito territorial”, recuerda. Así, aunque el caso de Valladolid acabó en archivo, Llamas considera que “la operativa evoca mecanismos o patrones de funcionamiento análogos en relación con la adjudicación arbitraria de vivienda protegida para favorecer a responsables políticos o sus entornos familiares”, si bien, “dada la especificidad o territorialidad de las conductas abordadas, será decisión del Ministerio Fiscal la distribución del contenido de la presente denuncia a otras fiscalías especiales (Anticorrupción) o provinciales”, concluye.

Lombraña no registró la vivienda en su declaración de bienes publicada en el Portal de Transparencia municipal. En el documento, firmado en junio de 2023, únicamente constan 7.000 euros en cuenta corriente. Sin embargo, el chalé sí aparece inscrito en el Registro de la Propiedad. elDiario.es ha contactado con Laura Lombraña, pero la llamada se cortó cuando la periodista se identificó. Lombraña tampoco ha respondido al whatsapp remitido por este medio.

La concejala del PP en al Ayuntamiento de Palencia, Laura Lombraña, ha defendido que la vivienda de protección oficial (VPO) que adquirió en 2023 fue adjudicada “conforme a la normativa vigente” y que cumplió “estrictamente todos los requisitos exigidos por la ley”. En un comunicado, la edil niega cualquier irregularidad y cuestiona la “casualidad” de que la información, publicada por El País, se conozca en “plena antesala” de las elecciones autonómicas de Castilla y León.

Lombraña, que fue responsable de Cultura, Turismo, Fiestas y Deportes entre 2019 y 2023 y hoy continúa como concejala en la oposición, ha apuntado que las informaciones publicadas dañan su reputación y ha anunciado que se reserva acciones legales.

La información que ha publicado El País recoge que la vivienda no figura en su declaración de bienes publicada en el Portal de Transparencia municipal. En el documento, firmado en junio de 2023, únicamente constan 7.000 euros en cuenta corriente. Sin embargo, el chalé sí aparece inscrito en el Registro de la Propiedad.

Preguntada por esa omisión, Lombraña aseguró al medio que la declaración “no estará actualizada, como tantos currículums” y afirmó haber enviado una modificación al Ayuntamiento, aunque —según fuentes municipales citadas por El País— no consta que se haya recibido actualización alguna.

Este míercoles, Lombraña ha presentado ante el juzgado una denuncia contra el diario El País y el periodista por un presunto delito de injurias y calumnias, concurriendo además el agravante de publicidad, según ha trasladado el PP de Palencia en un comunicado. Asimismo, han sostenido que la actuación tiene por “objeto la defensa del honor y la reputación” frente a la difusión de informaciones que “se consideran falsas o no debidamente contrastadas”.

Del mismo modo, han apuntado, se emprenderán las“ acciones legales oportunas contra cualesquiera otros medios de comunicación, plataformas o particulares” que reproduzcan o amplifiquen dicha información sin haber verificado previamente su veracidad.

No se celebró un sorteo abierto de la VPO

La vivienda forma parte de una promoción de 47 chalés de protección oficial con piscina comunitaria construidos sobre un solar municipal vendido en 2019 por el Ayuntamiento de Palencia por 1,89 millones de euros. La operación fue aprobada pocos meses después de la constitución del gobierno municipal encabezado por Mario Simón (Ciudadanos), en coalición con el PP.

Las casas, comercializadas por la inmobiliaria palentina Ingucasa y vendidas por 157.320 euros, se entregaron en abril de 2023. Una de ellas fue adquirida por Lombraña, según la documentación a la que tuvo acceso El País.

El problema viene con la adjudicación: la Ley autonómica 9/2010 sobre el derecho a la vivienda establece que, “con carácter general”, la selección de adjudicatarios de VPO debe realizarse mediante sorteo entre las personas inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León.

Sin embargo, en este caso no se celebró un sorteo abierto entre todos los inscritos en el registro de vivienda protegida—que sumaban 1.949 en la provincia a cierre de 2025—, sino que la inmobiliaria comercializó directamente las viviendas. Posteriormente, se realizó un sorteo ante notario, pero limitado a las 47 personas que ya habían formalizado su interés, con el objetivo de asignar qué vivienda concreta correspondía a cada una.

“Yo me enteré porque vi el anuncio en la inmobiliaria”, declaró Lombraña a ese medio. “A mí me llaman para decirme que cumplo con los requisitos. Yo no sé si ha habido un sorteo”.

La Junta asegura que se verificó todo

La Junta de Castilla y León, responsable de supervisar el cumplimiento de la normativa en materia de vivienda protegida, defendió ante El País que se verificó tanto la legalidad del procedimiento como que los adjudicatarios cumplían los requisitos exigidos y estaban inscritos en el registro autonómico.

Para elegir el propietario de las viviendas de protección oficial construidas por la enajenación de una administración pública, también se debe hacer mediante un sorteo en el que participarán las personas inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León.

El portavoz autonómico citado por ese diario sostiene que la expresión “con carácter general” no implica obligatoriedad absoluta del sorteo y remite a una orden de 2008 que permite al promotor decidir si lo celebra, siempre que garantice los principios de publicidad y concurrencia. No obstante, la normativa fue modificada en 2013 para que el sorteo sea obligatorio también para las viviendas de protección oficial de promoción privada y cumplir así el principio de igualdad en el acceso a estas viviendas de protección oficial.

Martínez (PSOE) pide investigar la adjudicación

El candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha anunciado que va a exigir a la Junta la apertura de una investigación sobre la concesión de una vivienda de protección oficial a una concejala del Ayuntamiento de Palencia que, según Martínez, demuestra el “abuso que el PP hace de las administraciones”, informa EFE.

“Una vez más Castilla y León en el foco de la corrupción”, ha lamentado el candidato socialista durante su visita, en este quinto día de campaña, a San Andrés del Rabanedo (León), donde ha calificado de “muy grave” que se adjudicara esa vivienda pública a la concejala del PP de Palencia sin sorteo público.

“Hoy volvemos a conocer los chanchullos de ese dúo dinámico en el que se han convertido el señor Quiñones y Mañueco”, ha dicho el candidato socialista quien ha criticado que se utilicen las instituciones en un tema tan “sensible” como la vivienda y en unos momentos de especial dificultad a su acceso “entre nuestros jóvenes y en gran parte de la población de Castilla y León”.

El candidato ha señalado que responsables políticos a Mañueco, Quiñones o la directora general de Vivienda y número 1 en las listas del PP por Valladolid, María Pardo, se “saltana la torera su propia normativa aprobada en el año 2013” y volviendo a conceder viviendas sin sorteo previo y digitalmente por parte del promotor las viviendas.

Martínez ha pedido “luz y taquígrafos” en la concesión de esta vivienda con el objetivo de que “volvamos a confiar en nuestras instituciones” y ha adelantado que como alcalde de Soria ya se ha dirigido a la Consejería de Fomento para ver si las parcelas que se han permutado durante los últimos doce años desde el año 2013, se ha cumplido la normativa en la concesión de las viviendas para poder “garantizar la equidad y la igualdad” en su acceso.

IU pide la dimisión de la concejala y una investigación

Como era de esperar las reacciones políticas no han tardado en aparecer. La coalición IU-Sumar-Verdes Equo ‘En Común’ ha exigido la dimisión de la concejala del PP Laura Lombraña y una investigación “urgente”. El candidato autonómico de IU, Juan Gascón, ha señalado que la Junta no puede “mirar hacia otro lado” ante lo que considera un sistema de “privilegios” en el acceso a vivienda protegida.

La coalición no ha considerado “sostenible” que la edil continúe y ha advertido de que intensificará la presión política si no se produce su dimisión, al entender que el caso resulta especialmente grave en un contexto de encarecimiento del alquiler y dificultades de emancipación juvenil.

Podemos cuestiona la supervisión de la Junta

Por su parte, el portavoz de Podemos y exprocurador autonómico, Pablo Fernández, ha acusado al PP de permitir adjudicaciones de viviendas protegidas “a dedo” en Palencia, y ha cuestionado la supervisión de la Junta. Fernández ha afirmado que la situación “revela” que en Castilla y León es “prácticamente imposible” acceder a una vivienda protegida sin vínculos con el Partido Popular y ha pedido explicaciones al presidente de la Junta y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco.

Abascal compara el caso de la concejala del PP de Palencia con el de Alicante

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha comparado este martes el caso de la concejala del PP del Ayuntamiento de Palencia con el de Alicante. En declaraciones a los periodistas durante su visita al municipio leonés de La Bañeza con motivo de la campaña electoral de Castilla y León, preguntado por esta situación, Abascal ha comenzado por decir que le parece “muy mal, horrible”, que ocurra este hecho “similar” a lo vivido en Alicante.

Abascal ha expresado “mucha preocupación” por comprobar que “el bipartidismo” comparte políticas y “rumbo de destrucción” en distintos sectores, pero también que compartan “maneras y corrupciones”.

Ha insistido también en su rechazo a que el candidato del PP a la reelección como presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, comparta con Pedro Sánchez esos “modos verdaderamente horrorosos de ponerse a comprar votos” en plena campaña electoral, en referencia a los últimos compromisos de ayudas directas ofrecidas por el dirigente popular para conseguir el carnet de conducir, entre otros temas.

El barrio de 'Villa Gaviota', en Valladolid, otro escándalo en la adjudicación de VPO del PP en Castilla y León

El barrio de Villa de Prado, en Valladolid, donde se ubica el Parlamento autonómico, fue el centro de un escándalo político en las elecciones municipales de 2007, cuando el PSOE desveló que hijos de altos cargos del PP fueron los adjudicatarios de viviendas protegidas. El asunto quedó fuera de los tribunales porque ninguna norma establecía un sistema de orden de adjudicación a los solicitantes. Así, en el barrio consiguieron viviendas a precios asequibles el hijo del exalcalde la ciudad Javier León de la Riva —ahora asesor en el Ayuntamiento con Carnero—, el hijo del entonces delegado del Gobierno, Isaías García Monje o el hijo del que fue jefe de Protocolo en las Cortes, Carlos Paramio —exconcejal de Valladolid y ahora asesor en la Junta—, entre muchos otros. La mayoría de ellos acabó en el mismo edificio, que adquirió el sobre nombre de 'Villa Gaviota'.

El PSOE, que gobierna en minoría en el Ayuntamiento de Palencia, ha aprobado los presupuestos para 2026 gracias a la abstención de la mayoría de los grupos de la oposición dentro de una corporación muy fragmentada, con cinco grupos municipales y tres concejales no adscritos.

Las cuentas, que suman 114,3 millones y son las más elevadas y con mayor volumen inversor de la historia municipal, han salido adelante con la abstención del PP, IU-Podemos, Vox y dos de los tres concejales no adscritos.

Han votado en contra el grupo localista Vamos Palencia, que rompió el pacto de gobernabilidad que permitió al PSOE llegar a la alcaldía, y uno de los ediles no adscritos, Ricardo Carrancio, procedente de Vox.

Al finalizar el debate, la alcaldesa, Miriam Andrés (PSOE), ha agradecido el clima de diálogo mantenido en las negociaciones y la “honestidad y franqueza” de los grupos, aunque ha reconocido su preocupación por las dificultades para ejecutar las inversiones previstas.

“La voluntad política está pero la ejecución supone iniciar expedientes largos y costosos, con falta de medios humanos y técnicos que retrasan los plazos”, ha advertido.

Crucial y asumible

El concejal de Hacienda, Carlos Hernández, ha calificado el acuerdo como “crucial para Palencia” al destacar que muchas de las propuestas planteadas por la oposición eran “razonables y asumibles”, lo que ha permitido alcanzar un entendimiento que, a su juicio, “es un ejemplo de cómo se debe hacer política”.

Hernández ha sido especialmente crítico con Vamos Palencia, al que ha reprochado que hablen de incumplimientos después de haber roto de forma unilateral el pacto de gobernabilidad firmado con el PSOE al inicio del mandato.

“Una vez roto el pacto se acabaron las obligaciones y no tenéis derecho a venir exigiendo nada porque lo rompisteis vosotros. Os habéis quedado orillados y desde el punto de vista presupuestario sois irrelevantes porque no habéis aportado nada”, ha afirmado.

Desde el PP, su portavoz, Víctor Torres, ha justificado la abstención “por responsabilidad con la ciudad y con los palentinos”, subrayando la importancia de contar con un presupuesto que incluye inversiones estratégicas vinculadas a fondos europeos y que además recoge una de las principales peticiones del PP como es la rebaja del IBI.

No obstante, ha criticado la tardanza en la aprobación de las cuentas, que por tercer año consecutivo no entraran en vigor el 1 de enero. “No son el gobierno que la ciudad merece, pero si tiene la oposición que necesita. Veremos lo que dicen los palentinos en 2027, ahora tienen su herramienta. Pónganse a Trabajar”, ha dicho.

La portavoz de Vamos Palencia, Marta Font, ha explicado el voto en contra de su grupo por la “ruptura total de la confianza” con el equipo de Gobierno y ha calificado los presupuestos de “continuistas” al asegurar que “no cambian nada y condenan a Palencia a seguir desapareciendo”.

IU-Podemos ha optado por una “abstención crítica y pactada”, según su portavoz, Rodrigo San Martín, tras alcanzar acuerdos para impulsar medidas como la creación de una oficina de atención al mayor, planes de mantenimiento urbano, carriles bici segregados o la puesta en marcha de la policía de proximidad.

Vox también se ha abstenido por “responsabilidad con la ciudad” y para evitar una cuestión de confianza que habría retrasado aún más la aprobación de las cuentas, según ha explicado su portavoz Emilio Polo, quien ha enumerado varias de sus propuestas que han sido incorporadas al texto final.

Entre los concejales no adscritos, Sonia Lalanda, expulsada de Vox, ha defendido su abstención al considerar que es “el primer presupuesto realmente participativo”, mientras que Domiciano Curiel, exportavoz de Vamos Palencia, también ha justificado su posición por tratarse de unas cuentas con inversión.

Por el contrario, el concejal no adscrito Ricardo Carrancio ha votado en contra al considerar que el presupuesto carece de una estrategia clara de ciudad y perpetúa un modelo “agotado”, sin ambición reformista.

El Ayuntamiento de Palencia interpondrá una demanda contencioso-administrativa contra Adif para solicitar la nulidad del proyecto constructivo que ampara la instalación de pantallas acústicas en el casco urbano, al considerar que presenta deficiencias de tramitación y es incompatible con el estudio informativo que establece el soterramiento de las vías.

El concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao y la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés (PSOE), han ofrecido este lunes una rueda de prensa para informar de los pasos que va a dar el Ayuntamiento de Palencia para frenar el proyecto de instalación de pantallas acústicas a lo largo de la trama ferroviaria en el casco urbano de Palencia.

Bilbao ha recordado que el consistorio inició el pasado 5 de noviembre un requerimiento entre administraciones, al amparo del artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, como paso previo a acudir a los tribunales, solicitando a Adif que declarase nula la aprobación del proyecto constructivo incluido en un contrato marco para la zona noroeste de España.

Adif respondió el 9 de diciembre, fuera del plazo legal, inadmitiendo el requerimiento y alegando que el Ayuntamiento conocía el proyecto desde 2022, al haberse remitido escritos en marzo de ese año y en febrero de 2023 sin que el consistorio respondiera.

El concejal ha precisado que el Ayuntamiento recibió dicha contestación el 10 de diciembre, junto con el plazo de dos meses para interponer el recurso contencioso-administrativo, y que el pasado 16 de enero la alcaldesa, Miriam Andrés, firmó la resolución para iniciar acciones judiciales contra Adif.

Respaldo de todos los grupos políticos

No obstante, con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica, el Ayuntamiento convocará un pleno extraordinario el martes 3 de febrero para que todos los grupos municipales ratifiquen esta decisión, tras el pronunciamiento previo de la comisión de Urbanismo el 28 de enero.

Una vez obtenida esa ratificación, el consistorio presentará el anuncio completo del recurso, tras lo cual el juzgado requerirá a Adif el proyecto íntegro para formalizar la demanda, que se sustentará en dos fundamentos jurídicos.

El primero, la nulidad del proyecto por una deficiencia de trámite, al no haberse adjuntado documentación alguna en uno de los requerimientos remitidos al Ayuntamiento, lo que impidió pronunciarse sobre su conformidad.

De forma subsidiaria, se alegará que el proyecto incumple el estudio informativo, ya que la solución del soterramiento no es compatible con la instalación de muros de pantallas acústicas de hasta ocho metros de altura.

Bilbao ha aclarado que, por el momento, Adif no ha iniciado la instalación de las pantallas en el casco urbano, aunque sí se están colocando vallas asociadas a otro contrato distinto.

Por su parte, la alcaldesa ha subrayado la importancia de que el pleno respalde formalmente la interposición del recurso para evitar que se cuestione la competencia de la Alcaldía en sede judicial.

Gran manifestación ciudadana

Además, Andrés ha anunciado que, de acuerdo con la Federación de Asociaciones de Vecinos, el mismo 3 de febrero por la tarde se celebrará una gran manifestación ciudadana, encabezada por todos los grupos políticos del Ayuntamiento, para expresar el rechazo al proyecto.

Desde el Ayuntamiento se enviarán cartas a colectivos, entidades y organizaciones económicas y sociales para recabar su apoyo y lograr una movilización “potente”, que visibilice el consenso institucional y el respaldo de la ciudad frente a una actuación que consideran perjudicial para Palencia.

El Ayuntamiento de Palencia ha impuesto una multa de 228.000 euros a la empresa LANTANIA por trabajar en horario nocturno en la construcción de un viaducto que se está levantando en el Camino Viejo de Husillos de Palencia, dentro de la línea de alta velocidad Palencia-Aguilar de Campoo, en el tramo Palencia-Palencia Norte.

Además, según ha informado este viernes en un comunicado, el Ayuntamiento ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Palencia los trabajos que está desarrollando la empresa en el Camino Viejo de Husillos por considerar que pudieran constituir un delito de desobediencia.

La Concejalía de Urbanismo ha trasladado a la Fiscalía las actuaciones que el Ayuntamiento ha realizado hasta ahora y las sanciones interpuestas a la empresa por haber incurrido en una infracción administrativa muy grave en materia de ruido tipificada en la normativa autonómica.

En concreto, el ayuntamiento aporta las mediciones sonométricas que ha realizado la Policía Local a lo largo de diversos días en las obras de plataforma de la línea de Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campoo, tramo Palencia-Palencia Norte, y las denuncias formuladas por la Policía Local al vulnerar la prohibición de desarrollar cualquier actividad ruidosa en horario nocturno.

La Concejalía de Urbanismo considera que estos hechos y circunstancias pudieran ser constitutivos de un delito de desobediencia, tipificado en el artículo 556.1 del Código Penal, por lo que se pone en conocimiento de la Fiscalía para que obre en consecuencia.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha anunciado también que la Concejalía de Urbanismo ha iniciado un procedimiento sancionador frente a LANTANIA a la vista de las denuncias formuladas por la Policía Local.

Como señala el ayuntamiento, la empresa constructora ha incumplido con la normativa que impide la realización de cualquier actividad ruidosa en horario nocturno, incurriendo en una infracción administrativa muy grave cuyas multas pudieran estar comprendidas entre los 12.001 euros hasta los 300.000 euros.

A la vista de las actuaciones realizadas, el concejal responsable de Urbanismo, Álvaro Bilbao, han resuelto incoar de oficio procedimiento sancionador por el incumplimiento de la sanción accesoria de prohibición definitiva del desarrollo de cualquier actividad ruidosa en el tramo horario comprendido entre las 22:00 horas y las 08:00 horas en la obra de construcción de la citada plataforma de la línea de Alta Velocidad.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo dio la razón al Ayuntamiento de Palencia y desestimó la petición de la entidad pública empresarial ADIF a la que se había adherido la empresa Lantania S.A.U, para trabajar por la noche en las obras de alta velocidad a Cantabria que se están ejecutando en la salida norte de la ciudad.

En este sentido, el Ayuntamiento considera que la multa que pudiera corresponder alcanza los 228.000 euros, la cual ya ha sido notificada a la empresa, que tiene un plazo de quince días hábiles para presentar alegaciones, documentos o informaciones que estime convenientes. 

El Ayuntamiento de Palencia recurrirá ante la Audiencia Nacional el auto del Contencioso Administrativo que inadmite el recurso municipal contra las obras de alta velocidad hacia Cantabria en el norte de la ciudad -alegando que debió ser el pleno y no la alcaldesa quien autorizara la acción judicial- al entender el Consistorio que la regidora estaba plenamente facultada para hacerlo.

En base al informe elaborado por la secretaria general y los informes que maneja el ayuntamiento de Palencia “nuestro convencimiento es que el juez se equivoca”, ha manifestado este viernes el concejal de Urbanismo de Palencia, Álvaro Bilbao.

Así ha respondido a los periodistas en relación con el auto dictado el pasado 11 de noviembre por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Madrid inadmitiendo el recurso presentado por el Ayuntamiento para dejar sin efecto, anular, revocar o modificar el proyecto de construcción del tramo Palencia–Palencia Norte de la línea de alta velocidad hacia Cantabria, en concreto las obras de construcción de un viaducto o salto de carnero de 14 metros de altura que se iniciaron en 2023.

De entrada, el concejal ha cuestionado que el juez haya tardado más de un año y medio en responder al recurso contencioso administrativo que presentó el Ayuntamiento de Palencia el 23 de febrero de 2024 impugnando el proyecto de construcción en el tramo Palencia-Palencia Norte por entender que no se ajusta al Estudio Informativo de integración de ferrocarril en la ciudad de Palencia.

El auto del contencioso estima las alegaciones previas formuladas por la Abogacía del Estado en nombre de ADIF y declara que el Ayuntamiento “no ha acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos a las entidades locales para entablar acciones judiciales”, al considerar que el acuerdo de interposición del recurso no fue adoptado por el órgano competente, ya que debió hacerlo el pleno del Ayuntamiento y no la alcaldesa. “Por qué el juez ha tardado más de un año y medio, si en este caso estaba tan seguro”, se ha preguntado Bilbao. “Año y medio para inadmitir la demanda, como mínimo es muy raro”, ha añadido el concejal.

También ha querido señalar que en este momento no hay ningún tipo de jurisprudencia que hable de una demanda entre una administración local, en este caso un ayuntamiento, contra otra administración, Adif, en relación con la aprobación de un proyecto constructivo que no cumple un estudio informativo. “Es una cuestión nueva para los juzgados”, ha querido señalar el concejal.

Un argumento que le ha servido para explicar que el auto judicial del Contencioso Administrativo diciendo que inadmitía el recurso del ayuntamiento de Palencia por falta de competencia, alegando que la competencia de aprobación definitiva del planeamiento urbanístico en este caso es del pleno, no se sostiene. El Ayuntamiento de Palencia no plantea en su recurso un problema de planeamiento urbanístico conforme a la Ley de Urbanismo de Castilla y León y el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Lo que se plantea, ha aclarado el concejal, es un problema con el control de las obras que se hacen en función de la Ley del Sector Ferroviario y si esas obras que se están ejecutando cumplen los estudios informativos aprobado en 2010 y 2018.

“Estamos hablando de un control en el uso del suelo que es una competencia residual que tiene la alcaldía”, ha apuntado Bilbao quien ha insistido en que ya antes de interponer el recurso (en febrero de 2024) la secretaria general del Ayuntamiento y el informe que elaboró un experto externo indicaron claramente que la competencia era de la alcaldesa.

“La secretaria general antes de hacer ese requerimiento entre administraciones tiene que justificar si la competencia es o no de la Alcaldía, y ya entonces la secretaria general dijo que la competencia era de la alcaldesa, ese catedrático también dijo que la competencia era de la alcaldesa y nos sorprende ahora ver este auto”, ha resumido Bilbao.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Palencia, en base a un nuevo informe de la secretaria general, va a apelar ante la Audiencia Nacional al entender que “el juez se equivoca porque la competencia es residual de la alcaldesa y nada tiene que ver que el ayuntamiento informe si una obra cumple o no un estudio informativo ya aprobado, con el planeamiento urbanístico”.

Además ha recordado que algo similar pasó con el recurso que presentó Ecologistas en Acción en la misma línea —en un procedimiento paralelo que ahora está en la Audiencia Nacional— y también entonces la Abogacía del Estado defendió que no eran competentes o no tenían la capacidad para ser parte en el procedimiento.

“Esperamos que la Audiencia Nacional nos dé la razón y que vuelvan a instruir el procedimiento”, ha confiado Bilbao.

El Ayuntamiento de Palencia ha enviado un requerimiento formal a Adif para que declare nulo el proyecto de construcción de las pantallas acústicas previstas a lo largo de la vía férrea a su paso por la ciudad y paralice cualquier actuación relacionada con su ejecución.

El concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, ha comparecido este lunes junto a la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, para explicar que el requerimiento se basa en varios defectos de forma y de fondo en la tramitación del proyecto y ha advertido de que, si en el plazo de un mes Adif no responde o rechaza las pretensiones municipales el Ayuntamiento acudirá a los tribunales.

Bilbao ha explicado que el documento, presentado el 5 de noviembre, se apoya en cuatro fundamentos jurídicos principales.

En primer lugar, sostiene que el proyecto no es compatible con los estudios informativos aprobados en 2010 y 2018 que prevén el soterramiento del ferrocarril en Palencia.

“No puede coexistir la instalación de un cerramiento acústico de varios metros con un proyecto de soterramiento que sigue contemplado por el propio Ministerio y Adif”, ha afirmado.

El segundo argumento se refiere a un defecto formal en la tramitación, ya que el Ayuntamiento nunca ha recibido el proyecto constructivo completo, lo que impide considerar válidos los plazos de silencio administrativo.

El tercero apunta a que Adif no ha realizado la tramitación ambiental simplificada que exige la Ley Autonómica de Prevención Ambiental para obras de este tipo.

Además, el Consistorio considera que parte del trazado se sitúa en una zona inundable junto al arroyo de Villalobón, sin contar con la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero.

En este contexto, Alvaro Bilbao ha recordado que el Ayuntamiento ya había solicitado a Adif, el pasado 8 de septiembre, el acceso completo al proyecto constructivo, sin haber obtenido respuesta.

“A partir de ahora Adif tiene un mes para contestar. Si no lo hace o rechaza nuestras peticiones, acudiremos al contencioso-administrativo, como ya hicimos con el caso de Palencia Norte”, ha advertido Bilbao.

Respaldo de todos los grupos municipales

La alcaldesa, Miriam Andrés, ha destacado la labor minuciosa de los servicios técnicos y ha asegurado que el actual equipo de Gobierno “ha actuado con determinación frente a la pasividad que mostró el anterior Ayuntamiento ante los comunicados de Adif”.

“Nos encontramos con un proyecto con un impacto visual absolutamente degradante para los vecinos, y vamos a defender el interés general por todas las vías posibles”, ha subrayado la alcaldesa.

Andrés ha agradecido además el apoyo unánime de los 25 concejales de la corporación, que respaldan la actuación municipal y ha insistido en que “el Ayuntamiento de Palencia está unido en esta defensa. Estaremos con la sociedad civil en la calle y en los despachos, porque la vía administrativa puede ser la que nos dé la razón si Adif no se aviene a negociar”, ha afirmado.

En cualquier caso ha precisado que este requerimiento no rompe el diálogo con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, sino que constituye “un paso previo” dentro del proceso de colaboración entre administraciones.

“Esperamos que haya una respuesta antes del 6 de diciembre, pero si no llega, no dudaremos en acudir a los tribunales e incluso solicitar medidas cautelares para evitar la instalación de las pantallas mientras se resuelve el proceso judicial”, ha advertido.

El Ayuntamiento considera, además, que existen alternativas técnicas menos invasivas, como pantallas de menor altura o materiales que reduzcan el impacto visual, propuestas que ya han trasladado a Adif sin obtener respuesta.

“Nuestro objetivo es que no se coloquen las pantallas. Y si finalmente la justicia o Adif mantienen el proyecto, exigiremos soluciones que no dañen la imagen urbana ni la convivencia con el ferrocarril”, ha concluido Andrés.

Al grito de Palencia no se rinde, 2.300 personas, respaldadas por los representantes de todos los partidos políticos, han salido a la calle este jueves para exigir a Adif y al Ministerio de Transportes que cumplan con el soterramiento de las vías y no instalen las pantallas acústicas que dividirán aun más la ciudad.

“Pantallas no, soterramiento ya” ha sido el lema elegido por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia para alzar la voz de todos los palentinos y lograr que el malestar de toda la ciudad llegue a oídos de Adif y del Ministerio de Transportes.

La movilización ha conseguido el apoyo de miles de palentinos, 2.300 según la Policía Nacional, y de todos los partidos políticos con representación municipal, incluida la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés (PSOE), que ha encabezado el recorrido que ha partido de la Estación de Trenes de Palencia y ha concluido ante la Subdelegación del Gobierno.

Allí se ha leído un manifiesto en el que los vecinos han trasladado su oposición “a las obras ilegales” que Adif está llevando a cabo en Palencia y que “van a perturbar la estética de la ciudad y su accesibilidad” favoreciendo la división de la ciudad.

Los vecinos han clamado contra el incumplimiento de Adif de los estudios informativos aprobados en 2010 y 2018 estableciendo que el soterramiento de las vías del tren era la solución viable en la ciudad y han rechazado la instalación de pantallas acústicas de siete metros de altura a lo largo de toda la ciudad, así como la eliminación de las aceras de los pasos elevados.

También han mostrado su rechazo a la construcción del viaducto en el Camino Viejo de Husillos, en el norte de la ciudad, y la previsión de demoler la pasarela que cruza la vía a nivel de la Avenida de Asturias, vía de paso y entrada a la ciudad cuya demolición perjudicará a los vecinos de Palencia y a los de los pueblos colindantes y del norte.

Por todo ello han pedido al Ministerio de Transportes y a Adif que no se coloquen las pantallas acústicas previstas a lo largo de todo el trazado de la vía, que ya están licitadas; que se tenga en cuenta que la vía ferroviaria pasa por el medio de la ciudad y se eviten obras que provoquen grandes impactos visuales y estéticos y que se eliminen barreras arquitectónicas en lugar de añadir nuevos obstáculos.

También han exigido que se busquen soluciones viables para la ampliación de las catenarias de la vía, que no pasen por cerrar la ciudad por ninguno de sus accesos, y que la ciudad de Palencia no sea solo una “vía de paso” comprometiéndose a que al menos un 60 % de los trenes comerciales que pasen por la ciudad, paren.

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés (PSOE), ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se movilice este jueves frente a la actuación del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), al que ha acusado de “pasar por las ciudades como el caballo de Atila”.

“Estamos cansados. No puede ser que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias del Estado haga lo que quiere, como quiere y cuando quiere”, ha advertido en declaraciones a los periodistas en las que ha confirmado que estará presente en la manifestación convocada esta tarde por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos en Palencia contra las pantallas acústicas y en defensa del soterramiento ferroviario.

Andrés ha denunciado que Palencia ha pasado de contar con dos estudios informativos aprobados en 2010 y 2018, que contemplaban el soterramiento del ferrocarril, a enfrentarse a “un muro de Berlín” que va a dividir la ciudad mediante pantallas acústicas de hasta siete metros de altura, con un enorme impacto visual y urbanístico.

“El Ayuntamiento de Palencia va a estar ahí. Su alcaldesa va a estar ahí. Estamos trabajando por otras vías a nivel administrativo, pero apoyaremos esta pelea porque es una pelea de toda la ciudad”, ha afirmado la alcaldesa.

Además, ha señalado que considera oportuno que la Federación haya unido el rechazo a las pantallas acústicas con la reivindicación del soterramiento porque “las pantallas no serían necesarias si se cumpliera con el estudio informativo del soterramiento”, ha recordado.

La manifestación está convocada para este jueves a las 20:00 horas, con salida desde la estación de tren y final en la Subdelegación del Gobierno, donde se leerá un manifiesto con las reivindicaciones de los vecinos de Palencia. “Espero que haya muchos vecinos y vecinas clamando y diciendo en alto a Adif y al Ministerio de Transportes que con Palencia no les vale todo”, ha concluido.

El pleno del Ayuntamiento de Palencia ha rechazado la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) propuesta por el equipo de Gobierno del PSOE, en una votación nominal solicitada por la alcaldesa, Miriam Andrés, que ha querido dejar constancia de la posición de cada concejal en una decisión que podría costar a la ciudad hasta siete millones de euros en fondos europeos.

La norma ha sido rechazada con los votos en contra del PP, Vox y los tres concejales no adscritos, mientras que Vamos Palencia e IU-Podemos se han abstenido.

Solo el PSOE ha votado a favor de un texto que, según el concejal de Medio Ambiente, Antonio Casas, “permitía avanzar hacia una ciudad más moderna, sostenible y segura, con menos contaminación y menos atascos”, cumpliendo además con la ley que obliga a todos los municipios de más de 50.000 habitantes a contar con una ZBE.

Casas ha advertido de que la negativa del pleno “tendrá consecuencias graves”, ya que el Ayuntamiento podría verse obligado a devolver el millón y medio de euros ya invertido y perder las subvenciones vinculadas a la implantación de la ZBE. “Le pegan un hachazo a la reputación de la institución y a la buena imagen de la ciudad. No cumplir la ley y devolver fondos europeos es un error histórico”, ha asegurado.

Desde la oposición, el portavoz popular, Víctor Torres, ha defendido que el PP no avalará la ordenanza porque tiene mucho que cambiar y mejorar y ha condicionados su apoyo a la apertura al tráfico de las céntricas calles Cestilla y Don Sancho.

El concejal de IU-Podemos, Rodrigo San Martín, ha tildado la propuesta socialista de “la peor del país” y ha criticado su “falta de flexibilidad”, mientras que Marta Font, de Vamos Palencia, ha justificado su abstención al considerar que “la ciudad necesita una ZBE que funcione”, pero con una planificación previa que garantice la circulación periférica y suficientes plazas de aparcamiento.

Por su parte, la exportavoz de Vox y ahora concejala no adscrita, Sonia Lalanda, ha calificado la ordenanza como “clasista, innecesaria y perjudicial para la economía de la ciudad”, al entender que “cerrar calles al tráfico solo servirá para trasladar los atascos y la contaminación a otras zonas”.

El debate ha estado marcado por las acusaciones cruzadas entre el Gobierno municipal y la oposición, y el concejal de Medioambiente ha reprochado al PP que “mezcle el debate de la ZBE con la peatonalización de las calles Don Sancho y La Cestilla”. “Ustedes mismos definieron el perímetro de la ZBE cuando gobernaban. Ahora dan un bandazo y perjudican a la ciudad”, ha lamentado Casas.

La alcaldesa, Miriam Andrés, ha cerrado el pleno con un tono crítico hacia los grupos que han impedido la aprobación del texto. “Pobre Palencia, qué mimbres tenemos”, ha dicho, lamentando que el debate se haya movido entre “los negacionistas del cambio climático, los cobardes políticos y los que anteponen el interés partidista al interés general”.

Andrés ha recordado que la no aprobación de la ordenanza supondrá “la devolución de más de siete millones de euros en ayudas europeas y la exclusión automática de Palencia de futuras convocatorias de subvenciones ligadas a la sostenibilidad urbana y el transporte público”.

“La ciudad pierde una oportunidad histórica para avanzar hacia un modelo urbano del siglo XXI. Hoy han votado para dejar a Palencia anclada en el pasado”, ha concluido la alcaldesa. 

Sonia Lalanda, hasta ahora portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Palencia, ha pasado a ser concejal no adscrita tras su expulsión de la formación, una decisión que atribuye a sus críticas internas contra la dirección del partido a la que acusa de entrar en un juego peligroso con su “deriva radical de extrema derecha”.

“A mí no se me expulsa por ser una corrupta, ni por robar, ni por falsear mi currículum. Se me expulsa por denunciar prácticas internas sectarias, por reclamar democracia, finanzas claras y libertad de expresión”, ha asegurado en rueda de prensa ofrecida antes del pleno municipal que se ha celebrado este jueves.

Lalanda ha reconocido que en su momento confió en el proyecto de Vox y ha lamentado el haberse sentido utilizada: “Yo confieso que a mí me engañaron, pero lo peor es que me utilizaron para engañar a más gente”, ha dicho. Por ello, ha defendido su decisión de seguir en la política local sin las siglas del partido: “Somos muchos los que hemos decidido continuar. Dejo el lastre de mantener las siglas de un partido con el que no comparto la deriva radical de extrema derecha ni los socios que tiene en Europa”, ha afirmado Lalanda señalando que la legislatura comenzó con más de 500 concejales de Vox y hoy solo quedan 300.

Con la decisión de permanecer en el ayuntamiento, Sonia Lalanda pretende evitar la victoria de los actuales dirigentes de Vox en Palencia y en Castilla y León, ya que a su juicio su marcha habría sido un triunfo para quienes lideran Vox en esa provincia y en la comunidad, en referencia a David Hierro, portavoz de Vox en las Cortes regionales: “No tengo nada que agradecerles, llevan tiempo intentando acabar conmigo”. En cambio, ha agradecido la confianza de quienes la apoyaron personalmente en las elecciones y que, según ha señalado, la han animado ahora “de manera abrumadora” a permanecer en el Consistorio.

Lalanda también ha puesto en valor la decisión de la alcaldesa, Miriam Andrés (PSOE), de mantenerla en la Junta de Gobierno Local, lo que ha calificado de “algo inédito, un gesto que demuestra que, pese a las diferencias ideológicas, se pueden compartir objetivos de gestión para Palencia”. A partir de ahora, se ha definido como “una concejal libre, con sentido institucional”, dispuesta a pactar y a contribuir a la gobernabilidad municipal, incluido el respaldo a los presupuestos si son buenos para Palencia.

“Quiero sacar adelante la institución sin poner palos en la rueda, como se ha hecho en Castilla y León, donde Vox ha pasado de cogobernar a bloquear presupuestos por interés electoral”, ha reprochado al respecto. Su nueva etapa ha contado con el apoyo simbólico de Macarena Olona, quien ha asistido al pleno para respaldarla, pero Lalanda ha descartado la intención de crear una nueva sigla asegurando que “ahora mismo no sería sensato un partido más en la derecha”.

La alcaldesa de Palencia (PSOE) mantiene a Lalanda en la Junta de Gobierno

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés (PSOE), ha decidido mantener en la Junta de Gobierno Local a Sonia Lalanda, que ha pasado de portavoz del grupo municipal Vox a concejal no adscrito tras su expulsión del partido, y cesar a una de las dos concejales de Vamos Palencia, la formación localista que le dio su apoyo en la investidura y ha roto el pacto de gobernabilidad con el PSOE.

El pleno del Ayuntamiento de Palencia ha tratado este jueves la nueva organización de los grupos políticos municipales y de sus portavoces después de que la concejal y portavoz de Vox, Sonia Lalanda, fuera expulsada del partido, y Vamos Palencia, que obtuvo tres concejales pero se quedó con dos tras la expulsión de su portavoz, anunciara la semana pasada la ruptura con el PSOE.

De esta forma, componen la corporación el equipo de gobierno socialista formado por 10 ediles, ocho del Partido Popular, un único concejal de Izquierda Unida-Podemos, Vox se queda con Emilio Polo como único edil aunque también está expedientado por la formación de Santiago Abascal con cuatro años de suspensión de militancia, y tres concejales no adscritos a ningún partido político.

David Hierro (Vox) sobre Lalanda: “Hay gente que cree que la democracia es lo que ellos quieren”

El portavoz parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, ha asegurado que “hay personas que consideran que la democracia es lo que ellos piensan y la imposición que ellos quieren dar” en relación a la salida de su exportavoz en el Ayuntamiento de Palencia, Sonia Lalanda.

“No tengo mucho que decir: una señora que lleva mucho tiempo diciendo que no simpatiza con ese partido, que está en contra de lo que Vox dice, que denuncia al partido, que siga tirando piedras para intentar mantenerse en el partido con el que tan desacuerdo está, no entendemos muy bien cuál es su posición”, ha reflexionado en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Cámara autonómica.

También ha defendido la democracia interna de su partido en el que los militantes - “no compromisarios ni encargadillos que van a votar ni de los que le dan el voto” - eligen a la dirección de su partido y ha recordado que todas las asambleas nacionales de su partido son ratificadas “por más del 95% de sus afiliados”.

“Nos han dejado por wasap, como una relación de adolescentes”, ha manifestado la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés (PSOE), que ha trasladado este viernes un mensaje de tranquilidad tras la decisión de la formación local Vamos Palencia de retirar el apoyo que permitió su investidura y gobernar en minoría con solo diez de los 25 concejales de la corporación municipal.

“El primer mensaje que quiero y que me gustaría lanzar a la ciudadanía es de absoluta tranquilidad. Esta decisión de Vamos Palencia no cambia nada porque realmente jamás tuvimos su apoyo real”, ha manifestado la alcaldesa que ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación acompañada por todo su equipo municipal.

Andrés ha acusado al grupo municipal de Vamos Palencia, -que obtuvo tres ediles pero se ha quedado en dos tras la expulsión de su portavoz, Domiciano Curial, ahora no adscrito-, de haberse negado sistemáticamente a entrar en el Equipo de Gobierno y de no tomarse en serio el pacto alcanzado con el PSOE, ni la política municipal.

“El Partido Socialista se tomó en serio ese pacto. El Partido Socialista reiteró en varias ocasiones la posibilidad de que ellos entraran a trabajar en las áreas que quisieran en el equipo de Gobierno. Se negaron por falta de valentía”, ha afirmado Miriam Andrés.

“Les ha faltado valentía y les ha sobrado impostura”, ha continuado la alcaldesa que ha acusado a Vamos Palencia de buscar “la foto” y de falta de lealtad institucional, hasta en la forma en que le comunicaron ayer por Whatsapp su decisión de romper el acuerdo de gobernabilidad.

“Esa es la lealtad institucional que hemos tenido”, ha continuado Andrés que ha afeado además que lo anunciaran cuando se estaba celebrando en el Ayuntamiento una reunión del clúster de los cuidados -uno de los principales puntos del acuerdo- con todo el tercer sector de Palencia.

“Nosotros estábamos trabajando en el acuerdo de gobernabilidad, y ellos dando una rueda de prensa”, ha añadido la alcaldesa que ha explicado al presidente de Vamos Palencia, Diego La Moneda, que con venir dos o tres veces al año desde Málaga, donde vive, no se cambia la ciudad.

También ha trasladado su sorpresa con el anuncio, sobre todo por las formas, porque, como ha insistido, en el fondo el PSOE nunca se ha sentido respaldado ni apoyado por Vamos Palencia. “Al final es romper una relación que casi no ha existido desde el principio”, ha añadido.

De hecho ha señalado que en los plenos la mayor parte de cosas importantes han salido adelante con la abstención del Partido Popular, porque Vamos Palencia ha votado en contra. “Es que incluso para pagar a los proveedores votaban en contra”, ha añadido.

Búsqueda de consensos

En este punto, Miriam Andrés, ha explicado que su equipo seguirá trabajando y buscando consensos con todos los grupos políticos para sacar adelante los proyectos y concluir la legislatura, como se ha venido haciendo hasta ahora.

También con las dos concejales de Vamos Palencia a las que ha aconsejado “remar a favor de los intereses generales de la ciudad” en lugar de optar por “seguir haciendo seguidismo de un proyecto personalista”.

“Así que tranquilidad absoluta, seguiremos negociando, seguiremos trabajando con todos y cada uno de los grupos políticos y agotaremos, no me cabe duda, la legislatura”, ha añadido.

Y ha incidido en que su equipo seguirá trabajando en los puntos del acuerdo de gobernabilidad que son buenos para Palencia, como el clúster de los cuidados, pero dejará atrás otros con los que el PSOE no se sentía cómodo, como la oficina de atracción de inversiones.

También ha querido subrayar el alto grado de cumplimiento del acuerdo de gobernabilidad, que incluye 41 medidas, asegurando que entre las medidas ejecutadas, las que ya han empezado y las presupuestadas, representan un 95 por ciento del acuerdo.

Oposición

Desde este momento, Vamos Palencia recibirá el mismo trato que el resto de grupos de la oposición, por lo que ya se ha cesado a los dos trabajadores eventuales con los que contaba el grupo municipal.

Además se reorganizarán las comisiones en función del número de concejales y la Junta de Gobierno Local, en la que Vamos Palencia pasará de tener dos representantes a uno.

Miriam Andrés ha hecho estas declaraciones en el salón de plenos que el próximo jueves, en el pleno municipal, escenificará la fragmentación de la corporación.

Los escaños de la cámara municipal los ocuparán ocho ediles del PP, dos de Vamos Palencia - la formación local expulsó al que fue su portavoz Domiciano Curiel que ahora es concejal no adscrito-, uno de Izquierda Unida y uno de Vox, después de la expulsión del partido de su portavoz, Sonia Lalanda, que se estrena como no adscrita el jueves y de la expulsión de Ricardo Carrancio -también no adscrito- por sus propios compañeros de grupo.

El partido Vamos Palencia, que obtuvo tres concejales en las últimas elecciones municipales, ha retirado su apoyo al equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento de Palencia y ha roto el acuerdo de gobernanza que dió la alcaldía a Miriam Andrés (PSOE) con solo diez concejales.

Durante una rueda de prensa ofrecida este jueves, los representantes de Vamos Palencia, formación que decidió no entrar en el gobierno municipal, han anunciado que retiran su apoyo al PSOE alegando que ha incumplido el acuerdo de gobernanza, formado por 39 puntos, y que por ello se desvinculan totalmente.

El PSOE accedió a la alcaldía en 2023 como lista más votada, con el respaldo de Vamos Palencia, que entonces contaba con tres ediles y permitió la investidura de Miriam Andrés, con diez de los 25 concejales de la corporación tras firmar un Acuerdo de Gobernanza con medidas clave para revitalizar la ciudad.

En febrero de este año Vamos Palencia expulsó a su portavoz, Domiciano Curiel, que pasó a la condición de no adscrito, quedándose con dos concejalas, Marta Font y Maribel Contreras.

“Permitimos gobernar a la lista más votada pero no podemos seguir avalando una gestión que no cumple lo pactado ni responde a las necesidades reales de la ciudad”, ha señalado Marta Font, quien ha comparecido este jueves junto a su compañera Maribel Contreras; el presidente de la formación, Diego de la Moneda, y el presidente de la asociación Fidel Ramos.

Font ha explicado que, después de más de dos años de legislatura, “la confianza en el equipo de gobierno se ha visto muy mermada” y que los avances en la ejecución de dicho acuerdo han sido “claramente insuficientes”.

Al respecto ha señalado que la mayor parte de las iniciativas clave acordadas, como la Oficina de Atracción de Empresas e Inversiones, el plan de dinamización del ocio juvenil, los huertos urbanos o el Día de la Mujer Palentina “no han pasado del papel” y que la ejecución presupuestaria de estas propuestas ha sido mínima en 2024 y será aún menor en 2025.

La formación ha denunciado además que Palencia “carece de un proyecto de ciudad ambicioso y a largo plazo” y ha acusado al gobierno socialista de una gestión cortoplacista, incapaz de ofrecer una visión estratégica que permita transformar la ciudad.

También han criticado la falta de transparencia en asuntos de especial relevancia, como las reuniones mantenidas con ADIF, y han reclamado un modelo de gestión “moderno, eficaz y abierto al escrutinio ciudadano”.

Moción de censura

A preguntas de los periodistas sobre si la retirada del apoyo podría abrir la puerta a una moción de censura la respuesta ha sido clara: “A día de hoy no está en nuestros planes. Queremos dejar claro que somos oposición y que ya no confiamos en el equipo de gobierno”, ha puntualizado De la Moneda.

De la Moneda ha continuado afirmando que Vamos Palencia es un partido serio y ha subrayado que “para que haya una moción de censura tiene que haber un proyecto y un equipo que lo ejecute y ahora mismo las matemáticas son muy complicadas ahora”.

Al respecto ha tenido duras palabras para el PP, principal partido de la oposición con 8 concejales, -uno cobrando un sueldo a jornada completa del ayuntamiento y una concejala a media jornada y los demás cobrando por las Comisiones y Plenos, han apuntado-, preguntándose a que se han dedicado durante todo este tiempo y recriminando que no hayan presentado ninguna propuesta.

En cualquier caso, la formación, que hasta ahora había facilitado la estabilidad institucional, deja claro que “cuando una parte no cumple, un acuerdo queda roto”, siendo el gobierno socialista único responsable de la actual situación.

Además, han criticado que ni el PP desde la Junta de Castilla y León, ni el PSOE desde el Gobierno Central hayan hecho nada por el futuro de Palencia.

Un pleno fragmentado

El anuncio de Vamos Palencia supone un giro en el equilibrio político de una corporación municipal muy fragmentada. El próximo jueves, en el pleno ordinario de septiembre, se escenificará el paso de la portavoz de Vox, Sonia Lalanda, como concejal no adscrito después de que la formación de Abascal la expulsara.

Se sentará junto a su ex compañero Ricardo Carrancio, condenado cuando aún formaba parte de Vox por golpear y llamar “puto cojo” a una persona con discapacidad, que fue expulsado del grupo municipal en el Ayuntamiento, y a Domiciano Curiel, que ejerció como portavoz de Vamos Palencia hasta febrero, cuando fue expulsado de la formación local.

El resto del arco político lo componen el único concejal de Izquierda Unida, Vox que se queda con un único edil, también expedientado por la formación de Santiago Abascal, y los ocho ediles de Partido Popular.

Esta situación que obliga al equipo de gobierno del PSOE, con 10 ediles de los 25 que componen el pleno municipal, a pactar cada iniciativa.

En este escenario Vamos Palencia ha subrayado su capacidad para ser la alternativa necesaria para impulsar el cambio que Palencia y su provincia necesitan dada “la desconexión que hay entre los partidos de ámbito nacional y las realidades locales”.

El Equipo de Gobierno del PSOE ha convocado una rueda de prensa mañana viernes para valorar esta situación.

La exportavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palencia, Sonia Lalanda, expulsada del partido, ha denunciado el “caudillismo” de Vox, sin órganos de debate ni estructuras democráticas internas, y advertido de que este modelo puede derivar en algo peligroso para el conjunto del sistema democrático. “Quien no acepta la democracia interna, difícilmente puede aceptar la democracia”, ha advertido Sonia Lalanda este martes durante una rueda de prensa convocada con motivo de su expulsión del partido.

Acompañada por el concejal Emilio Polo, también sancionado con cuatro años de suspensión de militancia, y por la secretaria del grupo municipal, Sandra González, Lalanda ha anunciado que va a continuar como concejal no adscrita en el Ayuntamiento de Palencia y que estudia llevar a los tribunales su expulsión. “Voy a estudiar la posibilidad de acudir al Juzgado a plantear medidas cautelares y, posteriormente, la correspondiente demanda”, ha confirmado este martes.

Durante su comparecencia ha defendido su trayectoria personal y política. Ha recordado que fue concejal entre 1987 y 1995, y diputada provincial en la oposición, y que, tras abandonar la política durante años, se incorporó a Vox en 2019 “por convicción”. Desde entonces ha sido presidenta provincial, candidata municipal y responsable nacional de formación de concejales del partido. “No vivo de la política, nunca lo he hecho, algo que hoy es importante destacar”, ha subrayado.

Denuncia de una estructura autoritaria

Según Lalanda, su salida se debe a la denuncia reiterada de prácticas internas que considera antidemocráticas. “En Vox no existen órganos de debate, ni espacios donde presentar propuestas o denuncias internas. Todo funciona de forma vertical, de Madrid a las provincias”, ha criticado, asegurando que ha elaborado multitud de informes internos “sin recibir jamás respuesta”.

En la misma línea, se ha referido a la reunión que mantuvieron en febrero más de un centenar de concejales, procuradores y cargos electos de Vox de toda España para denunciar “la falta de democracia interna, la opacidad en la gestión económica y la deriva ideológica” del partido. “La respuesta fue el silencio, o el expediente disciplinario”, ha lamentado. Ha denunciado además un control férreo de las redes sociales por parte de la dirección del partido: “Nos vigilan, nos llaman para borrar tuits. El principio de mi muerte civil en Vox comenzó cuando defendí públicamente a Iván Espinosa de los Monteros”.

A su juicio, la dirección del partido promueve una cultura de purga ideológica donde solo queda la gente más dócil y mediocre y ha insistido en que su expulsión no responde a una disputa local, sino a una actitud crítica mantenida en el tiempo, plasmada en múltiples informes enviados a la dirección nacional. “Nunca recibí respuesta. Ni cuando fui presidenta provincial ni después. En Vox, si discrepas, te echan o te apartan”, ha reiterado.

Críticas al liderazgo nacional

Durante su intervención ha criticado directamente al presidente de Vox, Santiago Abascal, de quien ha dicho que “se comporta como un personaje etéreo que aparece y desaparece, sin contacto con la ciudadanía ni con los cargos públicos”.

También ha mencionado que, en sus visitas a Palencia, su actitud le recordó a la película Bienvenido, Mr. Marshall: “Venía, daba el mitin y se marchaba”, ha continuado Lalanda que ha cargado duramente contra la línea actual de Vox, que considera “caudillista” y alejada de sus principios fundacionales.

Incluso les ha acusado a la cúpula de “envolverse en la bandera” mientras recortan el escudo constitucional y de promover “acciones de agitación que no representan ni al partido original ni a sus militantes más comprometidos”. “No les importan los municipios, ni las comunidades autónomas, ni los ayuntamientos donde hay representación. Solo el control absoluto”, ha sentenciado.

En el plano local, Lalanda ha responsabilizado al procurador de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, de la situación del partido en Palencia. “Me utilizó para llegar donde está y, cuando lo consiguió, pasé a ser un obstáculo”, ha afirmado, acusándole de manipular el comité provincial y de bloquear su acceso a los canales de comunicación internos desde noviembre de 2023.

Sobre el futuro inmediato, ha explicado que ha optado por seguir como concejal no adscrita, al considerar que debe continuar con los compromisos adquiridos con los electores, especialmente en temas como la oposición a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). “Pertenezco a la generación boomer: primero la obligación y luego la devoción. Creo en la política como servicio público y voy a seguir peleando”, ha declarado.

Con la expulsión de Sonia Lalanda y la sanción a Emilio Polo, el grupo municipal de Vox en Palencia, que obtuvo tres concejales en las elecciones de 2023, ha quedado prácticamente desarticulado. Emilio Polo ha afirmado que se va a defender: “Me quedan opciones para defenderme y desmontar ese expediente y ahí estoy”. El tercer edil, Ricardo Carrancio, fue expulsado del grupo municipal, aunque sigue militando en el partido. Lalanda ha criticado que abandere ahora la ZBE, contradiciendo el programa con el que se presentó.

Vox ha desestimado el recurso de alzada presentado por su portavoz en el Ayuntamiento de Palencia, Sonia Lalanda, contra la resolución del Comité de Garantías que acordó su expulsión del partido, anunciado en febrero de 2025.

Según la resolución, que ahora es firme, el recurso ha sido rechazado en todos sus términos, al considerar que la sanción impuesta es “conforme a derecho”, y que el procedimiento se ha desarrollado con pleno respeto a las garantías legales y estatutarias.

La expulsión responde a las críticas reiteradas de Lalanda hacia la dirección nacional de Vox, su estrategia política y el liderazgo de Santiago Abascal.

En el expediente disciplinario se alude a sus manifestaciones públicas, que el partido considera incompatibles con los principios y la cohesión interna de la formación y perjudiciales para su imagen, asegurando que existen suficientes cauces internos para que los afiliados denuncien y manifiesten sus discrepancias.

Entre las alegaciones a su expulsión, Sonia Lalanda defiende que siempre ha sido leal a los valores del partido y denuncia la falta de respaldo institucional del partido a sus cargos electos y afiliados de base, “lo que evidencia una grave deslealtad hacia quienes dan la cara por el partido cada día en instituciones y en la calle”.

También denuncia Lalanda la falta de democracia interna, de libertad de expresión y de órganos que canalicen la opinión de los afiliados y asegura: “Vox se ha convertido, a espaldas de sus afiliados y sus cargos electos, en un partido opaco, con su cúpula bunkerizada y un mensaje radical muy peligroso, ajeno a su manifiesto fundacional, de corte liberal conservador y enormemente constructivo”.

Vox se queda con un solo concejal

Lalanda, que ofrecerá una rueda de prensa este martes, ya ha asegurado a EFE que seguirá peleando en los tribunales. Mientras tanto, con esta resolución, Sonia Lalanda dejará de pertenecer oficialmente a Vox, aunque podrá mantener su acta como concejala en el Ayuntamiento de Palencia. En ese caso, pasará a formar parte del grupo de ediles no adscritos, junto al excompañero de partido Ricardo Carrancio y al ex portavoz de Vamos Palencia, Domiciano Curiel.

El Grupo Municipal Vox, que obtuvo tres concejales en las elecciones de mayo de 2023, se quedará reducido a uno solo, Emilio Polo, también expedientado por apoyar a Lalanda en este conflicto interno.

La organización Ecologistas en Acción ha solicitado al Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de la Audiencia Nacional la ejecución provisional de la sentencia que obliga al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) a paralizar las obras del tramo Palencia–Palencia Norte de la Línea de Alta Velocidad Palencia – Aguilar de Campoo.

La sentencia 67/2025, dictada el pasado 8 de mayo, estima el recurso interpuesto por la asociación ecologista y declara que ADIF ha incurrido en una “vía de hecho”, actuando al margen de la legalidad. En consecuencia, exige el cese inmediato de los trabajos y la reposición de los terrenos e instalaciones a su estado original.

A pesar de este fallo, ADIF ha presentado un recurso de apelación y, según denuncia Ecologistas en Acción, continúa con las obras, incumpliendo así la resolución judicial. Ante esta situación, la organización ha solicitado la ejecución provisional de la sentencia, centrada exclusivamente en la paralización inmediata de las obras mientras se resuelve el recurso, con el fin de evitar que “se consolide una situación irreversible”.

Ecologistas en Acción advierte que permitir la continuación de los trabajos podría agravar los daños medioambientales y sociales, generar residuos innecesarios y dificultar la ejecución definitiva de la sentencia, en caso de confirmarse su validez. En cambio, argumentan que detener las obras no supondría perjuicio irreversible alguno, ya que podrían reanudarse si la sentencia fuese revocada.

En su escrito, la organización critica la “huida hacia adelante” de ADIF, que, según denuncian, busca imponer por la fuerza un proyecto que vulnera la legalidad urbanística y medioambiental recogida en el Estudio Informativo de 2018 y su correspondiente Declaración de Impacto Ambiental.

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés (PSOE), ha considerado que la sentencia de la Audiencia Nacional, que pide a Adif la paralización de las obras ferroviarias en Palencia, otorga una ventaja al Ayuntamiento para negociar con el Ministerio de Transportes y pelear por el soterramiento como única vía para que continúen las obras de alta velocidad a Cantabria.

“Llegados a este punto solo cabe negociar con el Ministerio”, ha manifestado Andrés este viernes en una rueda de prensa ofrecida junto al concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, para valorar la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional que ordena a Adif paralizar las obras de alta velocidad que está ejecutando en la capital palentina, -dentro del primer tramo de la LAV a Cantabria-, y a derribar lo que se ha construido hasta ahora.

Andrés ha anunciado que enviará un escrito al ministro de Transportes, Oscar Puente, solicitando una reunión para retomar el diálogo sobre los estudios informativos y llegar a un acuerdo partiendo de que esos estudios informativos de 2010 y 2018 “otorgan a la ciudad de Palencia el derecho al soterramiento como la mejor solución posible para la integración del ferrocarril a su paso por Palencia”.

La alcaldesa ha señalado que, aunque la sentencia de la Audiencia Nacional aun no es firme, al Ayuntamiento de Palencia “le toca mover ficha” y eso implica reunirse con el ministro para conocer los pasos que va a dar ahora el Ministerio porque “esta resolución judicial condiciona la obra de alta velocidad a Cantabria, que no tiene nada que ver con el soterramiento del ferrocarril en Palencia”.

Sin embargo, ha considerado que esta coincidencia espacial y temporal, le otorga al Ayuntamiento de Palencia cierta ventaja en la negociación ya que, si la llegada de la alta velocidad a Cantabria es un proyecto irrenunciable para el Ministerio, “habrá que ponerse de acuerdo en cómo se enlaza desde la salida de la ciudad de Palencia esa LAV a Cantabria”, ha indicado.

Por ello ha confiado en que el ministro Oscar Puente reciba pronto al ayuntamiento de Palencia para que las dos administraciones estén “conectadas en las posibles soluciones” siempre sobre la base de lo que ha dejado claro el fallo judicial, que es que todos los proyectos ferroviarios que se hagan en Palencia tienen que cumplir los Estudios Informativos de 2010 y 2018 que recogen que el enlace con la alta velocidad a Cantabria tiene que salir de Palencia soterrado por la zona norte.

“Si quieren cumplir los plazos que manejan para no perder los fondos europeos para el AVE a Cantabria no queda otra que lo hagan como ha marcado el juez que es cumpliendo los estudios informativos”, ha insistido.

Por eso, entiende que este es un buen momento para pelear por el soterramiento, ya que es el propio Ministerio el que está condicionando estas obras a la alta velocidad a Cantabria.

“El debate del soterramiento se ha reabierto en el momento en que tienen que conectar la alta velocidad a Cantabria con la parte norte de Palencia”, ha referido.

“Si el Ministerio tiene ese interés en la alta velocidad a Cantabria y de cumplir los plazos, tendremos que negociar”, ha mantenido la alcaldesa que también ha confiado en que las obras no continúen, independientemente de si Adif recurre o no la sentencia judicial, y así se lo trasladará al ministro Puente.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, se ha referido al pleito que, en la misma línea, mantiene el Ayuntamiento de Palencia con Adif, y que “está parado” en otro juzgado de la Audiencia Nacional, el numero 8, desde noviembre. “Hoy mismo hemos remitido a la sala numero 8 un escrito pidiendo que se retome el pleito”, ha manifestado Bilbao.

Además se le ha adjuntado la sentencia dictada ayer por el número 4 dando la razón a Ecologistas en Acción y a la Plataforma en Defensa del Soterramiento del Ferrocarril, confiando en que “el pronunciamiento judicial sea igual”, ha añadido el concejal.

Los demandantes piden se ejecute sentencia y se detengan obras de Alta Velocidad en Palencia

Ecologistas en Acción y la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Palencia pedirán la ejecución de la sentencia de la Audiencia Nacional que ordena a Adif parar las obras que está ejecutando en la salida norte de la ciudad, dentro del primer tramo de la alta velocidad a Cantabria.

“Es un triunfo de la sociedad civil” han trasladado este viernes los portavoces de las dos asociaciones que presentaron la demanda ante las obras por la alta velocidad en Palencia y que han comparecido ante los medios de comunicación para valorar la sentencia dictada ayer por el Juzgado Central Contencioso Administrativo nº4 de la Audiencia Nacional que les dio la razón en el litigio que mantienen con Adif.

La sentencia ordena a Adif el cese de las obras y reponer los terrenos e instalaciones afectadas al estado en que se encontraban previamente a la iniciación de dichas obras.

Además de mostrar su satisfacción por un fallo que acredita la legitimidad de la demanda, las dos entidades se han querido desvincular del debate político y han insistido en que se trata de un triunfo de las personas, que demuestra que, “cuando la sociedad se organiza y defiende una causa que considera justa y que ampara la ley, se puede ganar”, ha explicado Daniel Vega, de Ecologistas en Acción.

El abogado Joaquín Reyes, que ha llevado el caso, ha explicado que lo que ha concluido el juez en su sentencia es que el proyecto que está ejecutando Adif en el norte de la ciudad no tiene nada que ver con los estudios informativos aprobados en 2010 y 2018 y por tanto “esa obra es ilegal”, como siempre han defendido EA y la plataforma.

“Adif tiene que cumplir con la legalidad y el viaducto que se está construyendo en la salida de la ciudad es incompatible con la legalidad”, han insistido Luis Muñoz como portavoz de la asociación que defiende el soterramiento del ferrocarril.

A partir de ahora, han incidido en que las obras se tienen que parar, hay que derruir lo construido para restaurar la legalidad y “lo que se haga tiene que ser compatible con el soterramiento del ferrocarril”, porque a Adif no le queda otra que un proyecto constructivo que se ajuste a los estudios informativos.

“Adif tiene que cumplir con la ley y hacer el soterramiento”, han insistido, señalando que, según sus cálculos el coste de soterrar las vías en Palencia rondaría los 200 millones de euros. “No es una cifra sangrante”, ha manifestado Vega.

De momento, van a solicitar la ejecución inmediata de la sentencia y la paralización cautelar de las obras, independientemente de que Adif recurra o no la sentencia, conscientes de lo que se pueden dilatar en el tiempo las decisiones judiciales.

El juzgado nº 4 de la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso de Ecologistas en Acción contra ADIF por las obras del AVE que se están realizando en la zona norte de la capital y que conectan con Cantabria.

En un comunicado, Ecologistas en Acción ha adelantado que ADIF tendrá que “proceder al cese de dicha actuación” y tendrá que reponer “ los terrenos e instalaciones afectadas al estado en que se encontraban previamente a la iniciación de las obras referidas”.

El argumento que ha dado el juzgado es que se está realizando una “actuación constitutiva de vía de hecho, siendo la misma contraria a derecho”. Es por eso que se ha estimado el recurso contencioso-administrativo de Ecologistas en Acción Palencia contra la desestimación por silencio del requerimiento formulado a ADIF-AV en relación a las obras de construcción de la Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campoo, tramo Palencia-Palencia Norte.

En mayo de 2024, el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 8 de la Audiencia Nacional desestimó la petición del Ayuntamiento de Palencia para paralizar las obras del AVE. El consistorio presentó un recurso contencioso-administrativo para anular el Proyecto de Construcción de la Plataforma del AVE en el tramo Palencia–Palencia Norte, alegando que las obras eran contrarias a los estudios informativos de 2010 y 2018 sobre la integración del ferrocarril en la ciudad. También solicitó la paralización cautelar de las obras en la salida norte de la ciudad, petición similar a la de Ecologistas en Acción aunque no se adhirió a la misma. No obstante, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8 de la Audiencia Nacional desestimó la medida cautelar, argumentando que no hay perjuicios irreparables y que debe prevalecer el interés general, representado por la continuación de las obras de Adif.

El Ayuntamiento decidió no recurrir el auto judicial, tras seguir recomendaciones de los servicios jurídicos del consistorio, que señalaron la dificultad de rebatir los argumentos del juez, el peso del interés público y las posibles desventajas económicas, tal y como informaron los concejales de Urbanismo y Hacienda, Álvaro Bilbao y Carlos Hernández.

Por parte de Ecologistas en Acción y la Asociación en Defensa del Soterramiento también pidieron que se paralizaran las obras de forma cautelar, una petición que había sido rechazada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, en este caso el número 4.

La asociación también había pedido la paralización cautelar de las obras del “salto del carnero” que ejecuta ADIF en la zona norte de Palencia por ser contrarias al Estudio Informativo y a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobados en 2018 por el Ministerio de Fomento y el de Medio Ambiente para el tramo Palencia-Palencia Norte de la Línea de Alta Velocidad Palencia-Alar del Rey.

El Ayuntamiento de Palencia quiere el soterramiento

El Ayuntamiento de Palencia aspira a que el AVE pase por la ciudad con un soterramiento. En ese caso de 2024, el auto aseguraba que “no ha lugar a la medida cautelar de paralización de las obras de Adif en Palencia” solicitada por el Ayuntamiento de la capital y recogía los argumentos de la Abogacía del Estado para rechazar la cautelar sobre las obras del AVE, asegurando que no resulta acreditado que haya perjuicios irreparables o de difícil reparación derivados de la continuación de las obras, en caso de que finalmente se determinara que son incompatibles con el soterramiento.

La alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés (PSOE), ha celebrado el fallo de la Audiencia Nacional. “Esta sentencia ratifica a su vez las acciones emprendidas por el Ayuntamiento de Palencia en la causa abierta en la Audiencia Nacional”, ha apuntado.

ADIF ha actualizado a enero de 2025 el coste del soterramiento ferroviario en Palencia, que ascendería a 642 millones de euros y tendría un plazo de ejecución de entre 11 y 15 años para soterrar 3,7 kilómetros de vías del tren a su paso por la ciudad. A esta cifra habría que añadir otros costes que conllevaría la obra, como la urbanización de los terrenos liberados o el desvío del arroyo de Villalobón que elevarían el coste total a los 875 millones de euros.

Otra victoria judicial del Ayuntamiento palentino ante ADIF ha sido la paralización de las obras nocturnas de alta velocidad, una resolución que fue tomada por el área de Urbanismo y que ADIF llevó ante el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Palencia, que finalmente desestimó la solicitud.

Adif estudia la posibilidad de recurrir la sentencia

Al conocerse el fallo, Adif ha adelantado que está estudiando la sentencia para impugnarla. Asimismo, han recordado que la sentencia no es firme y la paralización de las obras y el derribo de lo construido todavía no hay que ejecutarlo.

En un comunicado, Adif ha recalcado que el proyecto de AVE a Cantabria es “irrenunciable” y siguen apoyando la construcción de la línea Palencia-Aguilar de Campoo.

El Ayuntamiento de Palencia ha liquidado el pasado ejercicio con 9.424.559,86 de superávit que servirá para reducir la deuda del consistorio según marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria, como así lo ha aseverado el concejal de Hacienda, Carlos Hernández. La alcaldesa de Palencia y el concejal de Hacienda han comparecido en rueda de prensa para informar de la liquidación del presupuesto de 2024, y sobre el borrador de los presupuestos de 2025.

Hernández ha aseverado que Ayuntamiento palentino ha cumplido “el objetivo de estabilidad presupuestaria” al obtener un superávit de 9.424.559,86 euros, y ha precisado que como establece la ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria dicho superávit “habrá de destinarse a reducir el endeudamiento neto” del Consistorio.

Asimismo, el titular de Hacienda ha aseverado que se ha cumplido la regla de gasto, así como el límite de deuda, que está establecido en el 110 por ciento de los ingresos corrientes, y que en el caso del Ayuntamiento “la deuda viva” que tenía el Consistorio a 31 de diciembre de 2024 era de 38.718.700 euros, lo que representa el 46,11 por ciento de los ingresos ajustados.

Respecto al estado de remanente de tesorería, Hernández ha apuntado que en estos momentos se sitúa en 13.526.058,92 euros para gastos generales. Al respecto, el concejal de Hacienda ha recordado que en 2023 el presupuesto “vino impuesto y confeccionado por el PP” y lo tuvieron que gestionar con un resultado del remanente “de menos 1,42 millones de euros”.

“Esto fue un lastre y una carga que tuvimos que soportar porque para financiar las inversiones del ayuntamiento con crédito hubo que pedir permiso a la Junta, lo que hizo imposible poder hacer frente a los compromisos por inversión porque no había dinero” y porque la autorización llegó en octubre de 2024, ha recordado Carlos Hernández.

Asimismo, el concejal ha explicado que para el actual equipo de Gobierno “esta situación de partida era insostenible”, porque volver a cerrar con un remanente negativo, situaría al Ayuntamiento de Palencia “en un escenario, desde el punto de vista financiero, sensible, terrible”. Por ello, el objetivo que se marcaron, como equipo de Gobierno, fue que, “bajo ningún concepto”, podría volver a repetirse la situación de 2023 por lo que se hizo un “esfuerzo” para mejorar la recaudación de ingresos y se frenó “el gasto de aquello que no era necesario”.

El resultado es el presupuesto para 2025, “partiendo de esa situación positiva de 2024, que significara una especie de palanca, un trampolín, hacia el impulso de Palencia”, ha explicado el concejal de Hacienda, quien ha apuntado que el equipo de Gobierno necesitaba “el concurso de los demás grupos políticos”, Vamos Palencia y Unidas Podemos, que respaldarán las cuentas para este año.

Por su parte, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha explicado que “el seguimiento exhaustivo y el control del gasto” ha permitido acabar con un superávit positivo, por lo que ha reconocido que se “siente orgullosa” de su equipo de Gobierno y de lo que la ciudad puede cambiar “siguiendo por este camino”.

El superávit obtenido al cierre del presupuesto de 2024 se destinará como marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria a reducir la deuda, aunque la alcaldesa ha precisado que desde la FEMP se ha pedido al Gobierno central para que impulse la prórroga de la disposición sexta de esta Ley para que los remanentes “se puedan aplicar o se puedan gastar en inversiones financieramente sostenibles, al menos durante 2025”. Pero, si se consigue que ese superávit no se tenga que destinar a pagar deuda se invertirían en la ciudad que tiene “un déficit de mantenimiento de años”.

El equipo de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Palencia, que gobierna en minoría, ha logrado un acuerdo con el grupo municipal Vamos Palencia para sacar adelante los presupuestos de 2025.

Este pacto permitirá incluir en el borrador definitivo una serie de medidas clave impulsadas por la formación localista que cuenta con dos concejales en el Ayuntamiento de Palencia, sin que ello implique su entrada en el gobierno municipal.

El portavoz del PSOE, Álvaro Bilbao, ha agradecido en rueda de prensa la disposición al diálogo de Vamos Palencia y ha destacado que su aportación ha enriquecido el borrador inicial que contemplaba un presupuesto de 98,2 millones.

Se espera que la próxima semana la alcaldesa, Miriam Andrés, presente la versión definitiva de los presupuestos, que se llevará a pleno y que ya cuenta con el apoyo de Vamos Palencia y la abstención de Izquierda Unida-Podemos.

500.000 euros para la mejora de aceras

Por su parte, la portavoz de Vamos Palencia, Marta Font, ha subrayado que su grupo sigue siendo clave para la viabilidad de los proyectos municipales y que el acuerdo refleja su capacidad de influencia.

Entre las partidas negociadas, ha destacado los 500.000 euros destinados a la mejora de aceras en toda la ciudad, con especial atención a la accesibilidad en los barrios y a los accesos peatonales al Hospital Río Carrión.

Otro de los logros destacados es la puesta en marcha de la Oficina de Atracción de Empresas e Inversiones, un proyecto estratégico para la formación, que contará con una dotación de 250.000 euros anuales.

En materia de comercio, se mantendrán los 200.000 euros de la Cuenta Consumo, a los que se sumarán 20.000 euros para crear una tarjeta de fidelización que incentive las compras locales.

Además, se ha acordado la celebración del Día de la Mujer Palentina, dotado con 140.000 euros para actividades de concienciación y teatralización histórica.

10.000 euros a Viernes de Barrio

En el ámbito de la juventud y la dinamización de los barrios, se destinarán 10.000 euros a la iniciativa Viernes de Barrio y 15.000 euros a CREA Palencia Joven, un nuevo programa para impulsar proyectos diseñados por los jóvenes de la ciudad.

En materia fiscal, se ha pactado la reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de cara a 2026 y el reequilibrio de las tasas de licencias urbanísticas y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Se contemplan también bonificaciones en el ICIO para Viviendas de Protección Oficial y para empresas que generen empleo. Asimismo, se actualizarán determinadas tasas con bonificaciones para familias con rentas inferiores a 21.000 euros.

El acuerdo también incluye mejoras en movilidad, con una partida de 18.150 euros para la redacción de un nuevo Plan de Movilidad Ciclista y hasta 750.000 euros para su ejecución.

Además, se ha comprometido la creación de nuevas líneas de autobuses con paradas en los centros sociosanitarios, dentro del proceso de licitación del nuevo contrato de transporte público.

Finalmente, se reforzará el Clúster Sociosanitario Palencia Ciudad de los Cuidados con una dotación inicial de 100.000 euros, ampliable a 150.000 euros según necesidades.