Los sindicatos CCOO, CSIF, UGT y STECyL denuncian la “asfixia laboral” del personal docente e investigador (PDI) de la Universidad de Burgos (UBU) por el bloqueo por parte de la Junta de Castilla y León del convenio colectivo, que supone mantener la brecha salarial y la precariedad laboral de la plantilla.

En un comunicado conjunto, los sindicatos han recordado que las negociaciones del convenio colectivo se iniciaron en 2023, pero no se ha alcanzado ningún acuerdo por lo que sigue aplicándose un convenio que tiene más de diez años de antigüedad, “en clara desventaja regional”.

El personal docente investigador de la Universidad de Burgos percibe, como mínimo, 4.000 euros al año menos que en comunidades autónomas como Andalucía, Aragón, Cantabria o La Rioja, aseguran, al tiempo que denuncian la falta de estabilidad laboral, la precariedad y el “abuso” de la figura del profesor asociado.

CCOO, CSIF, UGT y STECyL insisten en que la de Burgos es la universidad peor financiada de Castilla y León, pues de los 467,8 millones de euros destinados a las universidades públicas, la UBU recibe el 11%, 52 millones, frente a los 169 millones de las universidades de Salamanca y Valladolid y a los 76 de la León.

Los sindicatos calculan que el coste de la mejora salarial para toda la Comunidad sería de unos 15 millones de euros, de los cuales repercutirían 2,5 millones en la UBU, lo que representa menos del 0,5% del presupuesto total de la Consejería de Educación.

Además, insisten en que la falta de inversión es un error estratégico dado el retorno que genera la UBU, con datos como que los estudiantes de fuera de la provincia (un 29,5 % en grados y un 45 % en máster) generan más de 25 millones de euros anuales en el sector servicios.

La Universidad de Burgos mantiene 3.100 empleos entre directos e indirectos, y por cada euro invertido se multiplica por 4,67 su impacto social y económico; además, la tasa de afiliación a la Seguridad Social de los egresados supera el 78 %..

Por todo ello, los sindicatos reclaman una reestructuración salarial que elimine las brechas actuales entre las distintas figuras contractuales, con una equiparación efectiva de los docentes permanentes con los cuerpos de titulares, y condiciones dignas para el profesorado asociado, sustituto y el personal investigador.

Los sindicatos anuncian que realizarán asambleas en todas las facultades de la Universidad de Burgos, así como concentraciones de protesta ante la Junta de Castilla y León.

Dos pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) han fallecido como consecuencia de un error en la preparación de un tratamiento oncológico que afectó en total a cinco personas, según ha adelantado La 8 de Burgos. Así lo ha confirmado este jueves el director gerente del centro hospitalario, Carlos Cartón, quien ha explicado en rueda de prensa que se trató de un “error humano” en la ficha de elaboración de un fármaco, que provocó una dilución incorrecta y una concentración seis veces superior a la debida. La Fiscalía ha abierto una investigación este miércoles.

El gerente del HUBU ha comenzado su comparecencia lamentando públicamente el fallecimiento de los dos pacientes, “ambos mayores de 60 años”, como ha señalado, y reiterando las condolencias a sus familias, a las que, según ha indicado, ya se les trasladó esta información el pasado 18 de diciembre, fecha en la que el hospital tuvo conocimiento de los hechos.

Según ha detallado Cartón, ese día, el servicio de oncología detectó una toxicidad inesperada en dos pacientes oncológicos que habían acudido al servicio de urgencias con una sintomatología compatible con efectos adversos graves del tratamiento recibido. Ambos pacientes estaban siendo tratados con el mismo fármaco, lo que hizo saltar las alarmas entre los profesionales y motivó el inicio inmediato de una investigación interna.

El gerente ha relatado que el hospital revisó entonces todo el proceso del tratamiento oncológico, desde la prescripción realizada por los facultativos hasta la administración del medicamento en el hospital de día, pasando por su elaboración en el servicio de farmacia. Tras analizar cada uno de los pasos, la investigación concluyó que el error se produjo en la ficha de elaboración del fármaco, un documento técnico que establece el procedimiento exacto para diluir los viales del medicamento antes de su administración.

“El error que hemos objetivado es un error numérico en la ficha de preparación del fármaco, que ha ocasionado una dilución incorrecta y, por tanto, una concentración mayor de la debida”, ha explicado el gerente, quien ha subrayado que la dosis prescrita por los oncólogos era la correcta y que también lo era la que figuraba en las bolsas de administración, por lo que el fallo no se detectó en los controles posteriores.

En total, cinco pacientes resultaron afectados por este error, todos ellos tratados con el mismo principio activo, aunque no se les aplicó el mismo día. Los dos muertos se produjeron, el primero, pocas horas después de que el hospital tuviera conocimiento de la toxicidad y otro varios días más tarde. De los tres pacientes restantes, uno continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con pronóstico reservado, otro permanece en una planta de hospitalización convencional y un tercero se encuentra en casa.

Cartón ha explicado que, en cuanto se detectó el error, el 19 de diciembre, tanto él como el jefe del servicio de oncología, se pusieron en contacto con todos los pacientes afectados y con sus familias. Aquellos que se encontraban en sus domicilios fueron llamados de inmediato para que acudieran al hospital y pudieran ser monitorizados y recibir el tratamiento de soporte necesario.

El gerente ha insistido en que no existe riesgo para otros pacientes más allá de los cinco afectados, ya que el error se limitó a una ficha concreta de preparación y no a un problema generalizado del sistema. “Se han revisado todas las fichas de elaboración de fármacos una por una y no se ha detectado ningún otro error”, ha asegurado, añadiendo que se trata de una situación “inédita” tanto en el HUBU como en otros hospitales del entorno, según ha aseverado Cartón.

Sacyl y el hospital asumen el error sin señalar a ningún profesional

En cuanto a la depuración de responsabilidades, Cartón ha señalado que el hospital y Sacyl asumen el error como propio y que no se va a señalar individualmente a ningún profesional. “Respondemos como hospital”, ha sentenciado, al tiempo que ha recordado que la Gerencia Regional de Salud iniciará el procedimiento de responsabilidad patrimonial previsto en estos casos, que incluye las posibles indemnizaciones a las familias afectadas.

El gerente ha avanzado también que, tras lo ocurrido, se han reforzado los protocolos de seguridad en el servicio de farmacia, incorporando nuevas verificaciones en distintos pasos del proceso de elaboración para minimizar el riesgo de que un error similar vuelva a producirse.

Los tratamientos administrados a los cinco pacientes fueron iguales, aunque la gravedad de los efectos adversos ha sido distinta en cada caso, algo que el hospital atribuye a la susceptibilidad individual y a la situación clínica previa de cada paciente. “Todos los tratamientos oncológicos tienen efectos secundarios y cada persona responde de manera diferente”, ha explicado Cartón.

UGT pide “una investigación rigurosa, independiente y técnica”

UGT Servicios Públicos Castilla y León ha exigido a través de un comunicado “una investigación rigurosa, independiente y técnica” que permita esclarecer con precisión qué ha ocurrido y qué fallos del sistema han podido intervenir ya que, desde el sindicato, rechazan “cualquier intento de personalizar las responsabilidades o culpabilizar individualmente a los profesionales, que trabajan bajo una enorme presión asistencial”.

También ha manifestado “su más profundo pesar y su compromiso con la búsqueda de la verdad desde el respeto a las familias y a los profesionales sanitarios”. Desde la federación de servicios públicos del sindicato han trasladado también “todo su apoyo a las familias afectadas, así como a los trabajadores del centro que viven con gran impacto este trágico suceso”.

AECC pide que la muerte de dos pacientes oncológicos en Burgos sirva para evitar riesgos

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Burgos ha señalado que esperan que, dado que los riesgos existen, lo ocurrido sirva para mejorar y que no se vuelva a producir un error de estas características. El presidente de la AECC en Burgos, Eduardo González, ha indicado en declaraciones a EFE que no saben con exactitud qué ha ocurrido y “en qué parte de la cadena ha sido el error”, ya que solo cuentan con la información aparecida en los medios de comunicación este martes.

González ha recordado el elevado número de tratamientos contra el cáncer que se suministran a diario, totalmente personalizados, y “los riesgos existen”. Por eso pide que lo ocurrido sirva para extraer conclusiones que sirvan para mejorar y que no vuelva a suceder este fallo, calificado de humano por el hospital, que además de causar el fallecimiento de dos pacientes ha afectado a otros tres, uno de los cuales está en la UCI.

Las universidades públicas de Castilla y León (Burgos, León, Valladolid y Salamanca) se distribuirán los 125 millones de un plan extraordinario de inversiones en infraestructuras que, hasta el 2031, contribuirá a reforzar la comunidad autónoma como “motor de empleo, de emprendimiento y de oportunidades”.

El objetivo es el de “meter a Castilla y León entre las tres mejores comunidades en indicadores de políticas públicas”, en este caso a través de universidades “de prestigio y primer nivel” como reflejo de las sociedades avanzadas donde se asientan, ha explicado este viernes el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Ha sido en Valladolid, tras la firma junto a los rectores del protocolo de colaboración que permitirá esta financiación extraordinaria de infraestructuras con 125 millones para las universidades de Valladolid (43), Salamanca (43), Burgos (19,5) y León (19,5).

Nuevas titulaciones, más dotaciones

La mayor parte de este dinero se empleará en la construcción, mantenimiento y dotación de los edificios, centros, pabellones y módulos que, a partir del próximo curso 2026/2027 albergarán los nuevos estudios de Medicina en León/Ponferrada y Burgos; de Veterinaria en Salamanca; y de Farmacia en Valladolid.

Este plan extraordinario complementa, en el ámbito material, las medidas que para el espacio meramente académico han caracterizado la “legislatura del talento”, en palabras de Fernández Mañueco, que ha resumido en “menos tasas, más becas, nuevas titulaciones, la apuesta por los campus territoriales y el aumento de investigadores”.

“Nos encontramos ante un momento histórico para nuestras universidades y queremos que tengan la máxima calidad y excelencia” para situar a Castilla y León entre las tres comunidades de referencia académica en España, “y este protocolo va a ayudar a ello”, ha subrayado el presidente del gobierno autonómico.

Obras en todos los campus

La Universidad de Valladolid empleará sus 43 millones en un nuevo edificio para la facultad de Farmacia; la rehabilitación integral de la de Medicina; la tercera fase del campus de Segovia; la ampliación de Ingeniería Agraria en el de Palencia; y en las nuevas instalaciones de Ciencias de la Salud en el campus de Segovia.

Los 43 millones de la Universidad de Salamanca financiarán la nueva facultad de Veterinaria; un edificio deportivo y otro multiuso en el campus de Ávila; la ampliación del campus de Zamora y la construcción en el de Béjar (Salamanca) de un laboratorio de Mecatrónica y Robótica.

La Universidad de León destinará sus 19,5 millones al nuevo edificio de Medicina en el campus de la capital y al futuro Policlínico en el de Ponferrada, en este caso con seis millones procedentes de otros fondos y no de este plan extraordinario.

Por último, la Universidad de Burgos dedicará sus 19,5 millones a la facultad de Medicina donde, a partir del próximo septiembre, estudiarán los 72 alumnos del primer curso de la primera promoción, dentro de una institución académica que ha superado las tres décadas de vida y cada año aumenta las matrículas de grado.

Hablan los rectores

Todos los rectores han coincidido en agradecer este esfuerzo inversor adicional por parte de la Junta de Castilla y León, ya que la calidad del sistema universitario “no se mide sólo por sus docentes, estudiantes e investigadores, sino también en forma de buenos espacios e infraestructuras”, ha explicado el de Valladolid, Antonio Largo.

Unas buenas instalaciones facilitan además la internacionalización, investigación y transferencia de conocimiento, y permitirá la retención y atracción del talento, ha explicado por su parte el rector de Salamanca, Juan Manuel Corchado.

En clave social y demográfica, la rectora de León, Nuria González, se ha hecho eco de otros beneficios: “Invertir en los campus territoriales es invertir en desarrollo, cohesión territorial e igualdad de oportunidades”, ha apuntado durante su intervención.

A esa rentabilidad social también se ha hecho eco el rector de Burgos, José Miguel García Pérez, ya que la implantación del grado de Medicina permitirá, tanto en Burgos como en León, formar a futuros profesionales “ante la gran demanda de médicos existente”. 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), con sede en Burgos, da la razón a la Universidad de Burgos (UBU) en la demanda que la Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) había interpuesto después de que la institución académica se adhiriese en mayo de 2024 a la Red Universitaria por Palestina y decidiese suspender la cooperación con universidades y centros israelíes.

La resolución desestima en el fondo el recurso interpuesto por ACOM, que había denunciado la supuesta discriminación y falta de neutralidad ideológica de la decisión universitaria. El Tribunal sentencia que el acuerdo de adhesión a la Red Universitaria por Palestina es un acto político y expresivo, adoptado dentro de la autonomía universitaria, sin efectos jurídicos directos y que no vulnera derechos fundamentales.

El origen del conflicto

El 21 de mayo de 2024, el Consejo de Gobierno de la UBU aprobó su adhesión a la Red Universitaria por Palestina, integrada por más de 40 universidades españolas. Entre los compromisos asumidos destacaba la suspensión “con efecto inmediato” de la cooperación con instituciones académicas israelíes, públicas o privadas, mientras continuaran los ataques contra la población palestina.

En ese manifiesto también se rechazaba la destrucción deliberada de las universidades palestinas en la franja de Gaza, además de exigir un alto el fuego inmediato y permanente que permitiera todas las intervenciones humanitarias necesarias.

La asociación recurrente, crítica con los movimientos de boicot a Israel, consideró que el acuerdo suponía un acto de discriminación por razón de nacionalidad e ideología y decidió impugnarlo ante los tribunales.

En primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso nº 1 de Burgos declaró inadmisible el recurso por entender que la asociación carecía de legitimación y que el acuerdo de la Universidad no tenía efectos jurídicos recurribles.

El Tribunal reconoce legitimación para demandar de ACOM, pero avala la UBU

ACOM recurrió en apelación y ahora el TSJCyL le da parcialmente la razón: reconoce que sí estaba legitimada para acudir a los tribunales, puesto que entre sus fines estatutarios figura la oposición a campañas de boicot y discriminación, y que el acuerdo de la UBU, aunque tenga un carácter político, es susceptible de control jurisdiccional.

Sin embargo, al analizar el fondo, la Sala considera que la decisión de la UBU no vulnera el principio de neutralidad ideológica ni el derecho a la igualdad del artículo 14 de la Constitución. A juicio de los magistrados, el acuerdo se limita a expresar un compromiso institucional de la Universidad en favor de la paz, el respeto al derecho internacional humanitario y la defensa de los derechos humanos.

“El compromiso de no establecer acuerdos de colaboración con universidades israelíes que no hayan expresado un firme compromiso con la paz no tiene trascendencia jurídica y debe encuadrarse como una mera referencia política de libertad de expresión”, señala la sentencia.

En el fallo, al que ha tenido acceso elDiario.es, el TSJCyL valora que “tras la lectura del acuerdo no se puede concluir que exista vulneración de la neutralidad ideológica, sino que sirve con objetividad los intereses generales y actúa con imparcialidad, haciendo una condena de las actuaciones que sin duda implican ajustarse a la defensa de los derechos recogidos por nuestra Constitución y por el derecho internacional”.

Autonomía universitaria y libertad de expresión

El TSJCyL apunta que las universidades gozan de autonomía para decidir con quién establecen convenios de cooperación académica y científica, en el marco de la Ley del Sistema Universitario y de su libertad de expresión institucional. En este sentido, rechaza el argumento de la recurrente de que el Consejo de Gobierno carecía de competencia para adoptar el acuerdo.

Tampoco aprecia discriminación, ya que —según el fallo— no se excluye a instituciones israelíes por el mero hecho de su nacionalidad, sino que se condiciona la cooperación a la adhesión a principios básicos como la paz y el cumplimiento del derecho internacional.

La sentencia estima parcialmente el recurso solo en lo relativo a la legitimación procesal, pero desestima la demanda en cuanto al fondo. Además, no impone las costas del proceso ni en primera ni en segunda instancia a ninguna de las partes. Contra el fallo cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y Stecyl han denunciado la “infrafinanciación evidente” de las Universidades (LOSU) y han reclamado a la Junta de Castilla y León que desarrolle la Ley para actualizar los salarios conforme a la LOSU y equipare los salarios del Profesor Permanente Laboral con los del Profesor Titular porque asumen responsabilidades similares.

Por este motivo, y ante el silencio de la Consejería de Educación, los sindicatos van a convocar el 5 de mayo una concentración a las 11 de la mañana frente a la Consejería que dirige Rocío Lucas. La portavoz del sindicato STECyL-i, Christina Fulconis, ha esperado que sirve como “punto de inflexión” para que Educación les escuche. “Nos hemos cansado de pedir reuniones con la directora general y con la consejera de Educación. Hemos recibido la callada por respuesta. Por eso la macroconcentración”, ha protestado la secretaria de Enseñanza en UGT Castilla y León, Beatriz García González.

García González ha exigido al gobierno de Castilla y León que desarrolle la Ley de Universidades (LOSU) como le corresponde y una programación plurianual y “una financiación justa y suficiente” para que las universidades actualicen los salarios de los trabajadores. “Cada universidad negocia en sus mesas en base a una ley superior. Y cuando se sientan a negociar, la Junta de Castilla y León no ha hecho su trabajo [el desarrollo normativo de la LOSU] y no establece una financiación mínima”, ha reprochado este viernes.

La representante de UGT ha subrayado que “la mayoría” de autonomías, independientemente de su color político, han desarrollado la norma autonómica de la Ley de Universidades. Pero Castilla y León de momento no ha hecho públicos avances a este respecto.

“Cada universidad ha tirado por su lado transitoriamente. Y en Salamanca y Burgos hay una mayor retribución y en Valladolid y León, una menor. Con el mismo contrato y las mismas funciones”, ha afirmado el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, José Antonio Alegre, que ha solicitado que el personal laboral cobre lo mismo que uno titular y que todos los trabajadores de las universidades públicas de Castilla y León cobren lo mismo, porque deberían regirse por el mismo convenio colectivo. “Las universidades dicen que están entre la espada y la pared y única salida es esa movilización, que esperamos que sea multitudinaria”, ha defendido Fulconis.

José Antonio Alegre ha instado a la Consejería de Educación desarrollar “un marco jurídico” que permita “estimular el dinamismo de las universidades” y que dé “garantía jurídica” a las nuevas figuras como la de Profesor Permanente Laboral. “La LOSU ha intentado equiparar la categoría más alta del personal laboral con la más baja del personal funcionario. Si tienen las mismas funciones y una retribución similar, queremos que cobre más o menos como un titular”, ha suscrito el vicepresidente autonómico del Sector de Educación de CSIF, Roberto Fernández.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO ha explicado que hay unas retribuciones y complementos adicionales que debe abordar la Consejería de Educación para poder desbloquear la negociación colectiva, que lleva parada desde 2010, entre otros, por este motivo. “La mesa sectorial de personal de universidades está sin convocar. No hay marco de negociación en el que se puedan ver las medidas o comprometer al gobierno para evitar estos agravios comparativos”, ha protestado.

Roberto Fernández ha denunciado que estos complementos están “obsoletos” y ha reclamado desarrollar complementos que no se han puesto en práctica desde 2002 como complemento por tesis doctoral. “Exigimos que la Junta de Castilla y León habilite una partida específica para garantizar unas condiciones dignas y suficientes, que esté presente en la mesa negociadora y comprometa las condiciones y que se cumpla el convenio colectivo”, ha zanjado. Fulconis también ha reprochado que Castilla y León esté “a la cola de todas las tablas salariales” y por debajo de la media.

Una comisión técnica, que se reunirá cada quince días, decidirá cómo y dónde se impartirá el nuevo grado de Medicina en la Universidad de Burgos (UBU), que contará con 72 alumnos por curso, y para cuya ubicación se valoran diferentes opciones, entre rehabilitación de inmuebles y construcción de un nuevo edificio.

Los consejeros de Educación, Rocío Lucas, y Sanidad, Alejandro Vázquez, han mantenido una reunión este lunes con el rector de la UBU, José Miguel García, para abordar la puesta en marcha de Medicina, que se empezará a impartir en el curso académico 2026/2027, y en cuyo plan de estudios, profesorado e infraestructuras se está trabajando ahora.

En la misma se ha acordado la creación de una comisión técnica, con personal de ambas consejerías, de la universidad y de otras instituciones implicadas, para ir avanzando en el proyecto de cara a la preparación de la documentación para su remisión a la Agencia de Calidad Universitaria, han explicado en rueda de prensa.

Dicha comisión, que se reunirá en los próximos quince días y con una periodicidad quincenal, abordará cuestiones como la ubicación de la futura facultad, pues el rector ha recordado que “se barajan distintas posibilidades” desde arrancar en el antiguo Hospital Militar, cedido por la Junta como espacio socioeducativo, hasta construir un nuevo edificio.

La consejera de Educación ha garantizado la financiación por parte de la Junta, y ha recordado que ya se ha consignado una partida en el presupuesto de 2025 y que, en el de 2026, se incluirán aquellas cantidades necesarias para cumplir con lo acordado por la comisión técnica, y pensando no solo en los primeros cursos de arranque sino en los seis de formación.

Por su parte, Sanidad también pone a disposición de la Universidad de Burgos las instalaciones sanitarias, el Hospital Universitario de Burgos y los centros de salud como unidades docentes -si bien físicamente la facultad no podrá estar en el hospital por falta de espacio- y facilitará que los sanitarios puedan ejercer de profesores.

72 alumnos y 140 docentes 

El grado de Medicina contará con 72 alumnos por curso, “un número muy adecuado para grupos de ocho, pequeños”, ha indicado el rector, para que se pueda dar docencia y clínica, y requerirá 140 profesores, personal médico que incluso el primer año será de incorporación nueva a la Universidad. 

Hasta el momento, han recibido 375 solicitudes de sanitarios que quieren impartir docencia, y otras 40 de farmacéuticos, y rector ha indicado que tienen un plan para trabajar en las acreditaciones que requerirán y potenciar la Escuela de Doctorado, pues solo el 25 % son doctores.

La comisión técnica trabajará para acabar de perfilar el plan de estudios, que tal como el rector indicó en una entrevista con la agencia EFE este pasado fin de semana, estará centrado en la medicina del futuro, medicina preventiva y de precisión, aprovechando las especialidades de la UBU: inteligencia artificial, robótica o big data.

Cerca de cuatro millones de euros de financiación universitaria se han quedado en el limbo porque la Junta de Castilla y León ha retrasado durante meses la firma del convenio 'Programa María Goyri' con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para contratar más de 400 profesores ayudantes doctor en los próximos seis cursos académicos. El convenio debía haberse firmado a partir de septiembre y hasta el 4 de diciembre para que el Ministerio abonara la parte proporcional correspondiente al 2024; pero como se ha rubricado después, ni Junta ni el Ministerio se ponen de acuerdo sobre qué pasará con esa cantidad.

Hasta este jueves, 5 de diciembre, el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma no ha dado vía libre al acuerdo con el Ministerio, lo que imposibilita el uso del gasto de los meses correspondientes al 2024. En total lo asignado en el convenio para este año ascendía a 3.429.558 euros, dinero que las universidades de Valladolid, Salamanca, Burgos y León no saben si podrán usar o no, ya que los dos gobiernos discrepan sobre si se podrá disponer de los fondos o no. El Ministerio de Educación ha señalado a elDiario.es que los plazos eran iguales para todas las comunidades y que hay quien firmó en tiempo y forma, como Asturias, y pudo usar ya el gasto previsto y que es responsabilidad de quien no lo ha hecho hasta ahora.

El convenio pretende paliar los problemas de plantilla en las universidades públicas y ayudarlas a cumplir con la Losu, para lo que creará 445 plazas de Profesor Ayudante Doctor entre 2025 y 2031: 178 en la Universidad de Salamanca, 152 en la de Valladolid, 61 en la Universidad de Burgos y 54 en la de León. El convenio firmado tiene una vigencia de cuatro años con posibilidad de prórroga por otros tres ejercicios. El Gobierno de España financiará la contratación de 269 profesores ayudantes doctor y el Gobierno de Castilla y León, por su parte, financiará otras 176 plazas más y tendrá que asumir las nóminas de las plazas pagadas por el ministerio cuando venzan sus contratos, dentro de seis años.

Fuentes universitarias han señalado a elDiario.es que en noviembre la Junta de Castilla y León les confirmó —con reticencia— que firmaría el convenio con el Ministerio después de que las cuatro universidades públicas urgieran a la Junta de Castilla y León para que firmara desde septiembre y poder disponer de los fondos y contratar personal. Hasta la polémica pública de la ministra, Diana Morant, con la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y León no activó la firma del convenio, ratificada este mismo jueves de forma electrónica por los cuatro rectores y ambos gobiernos.

La Junta de Castilla y León asegura que no pierde financiación

Fuentes de la Consejería de Educación aseguran que no se pierde financiación. “Si se hubiera recibido algo en el mes de diciembre de 2024 no se podría imputar al programa ninguna plaza con los requisitos que marca el Ministerio y, por lo tanto, se debería devolver con intereses”, apuntan desde el área que dirige la 'popular' Rocío Lucas.

La Junta de Castilla y León señala que “garantiza” que las plazas de ayudante doctor de las universidades públicas de Castilla y León imputables a este programa estarán cubiertas en el primer trimestre de 2025 “tal y como se ha pactado entre todas las partes y prevé el acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria”. En ese momento el Ministerio aportará los fondos necesarios para hacer frente a la financiación de esas plazas y a partir de los siguientes cursos lo hará la Comunidad Autónoma.

La consejera de Educación aseguró en el pleno de las Cortes que han trabajado durante “meses” en el convenio, que se ha firmado tras realizar “unos trámites pendientes”. “En el 2024 no se podían ejecutar porque estamos en noviembre o diciembre y permitirían devolver esos fondos con intereses. Nada de perder fondos, pero tampoco de devolverlos con intereses”, insistió Rocío Lucas, que reconoció que este año [las universidades] no podían convocar ningún personal. “Será en 2025 cuando hagamos las correspondientes contrataciones”, anunció.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha negado que se vaya a renunciar a ninguna aportación del Gobierno. “Lo que hemos decidido con las universidades es que es mejor aplicar del 2025 al 2031 por el importe global. No vamos a renunciar a ninguno de los fondos, lo implantaremos en el próximo año y gastaremos todo lo previsto”, ha rematado el también consejero de Economía y Hacienda, que ha hecho un cálculo en el que no ahonda el propio convenio, al que ha tenido acceso este diario.

18 millones de euros más en 2031

Según las estimaciones de Fenández Carriedo, en el último curso de vigencia del convenio, el Gobierno de España aportará once millones de euros en este programa y otros siete serán abonados por el gobierno autonómico. En el curso siguiente, los 18 millones de euros los pondrá Castilla y León.

Fernández Carriedo ha reprochado que el Gobierno prevea financiar parte de las contrataciones hasta el año 2031, cuando tendrá que pagarlo íntegramente la Junta de Castilla y León. “A partir de ahí, los profesores están contratados y no se les podrá echar; y alguien tendrá que financiarlas. Si el Gobierno no lo hace, tendrá que ser la Junta de Castilla y León, no les va a dejar tirados”, ha manifestado ante los medios, a los que ha insistido, antes de comparar esta situación con la de la Educación de 0 a 3 años: “Estamos viviendo el 'yo invito y tú pagas'. El Gobierno aprueba una serie de normas que implican a comunidades y las comunidades son las que pagan”.

En el parlamento autonómico, el Grupo Socialista preguntaba por esta cuestión a la consejera de Educación. El portavoz socialista de Educación, Fernando Pablos, rechazó que las universidades de Castilla y León sean las quintas peor financiadas de España y que todavía no haya desarrollado apartados de la LOSU como la figura del profesor permanente laboral o que el gasto en universidades esté aún lejos de alcanzar el 1% del PIB autonómico, entre otros.

“Ha venido a decir que las 14 comunidades que han firmado han hecho el ridículo. ¿Pero qué tontería es esa? ¿Cómo puede decir a los representantes de todas las comunidades autónomas, que ellos han hecho mal firmando? No han hecho sus deberes y este año al menos van a tener menos dinero del que pudieran tener para el profesorado”, remató el portavoz socialista.

El doctor en Químicas José Miguel García Pérez, vicerrector de Investigación y Transferencia del Conocimiento, ha sido elegido como nuevo rector de la Universidad de Burgos (UBU), único candidato en unas elecciones que han contado un 15,4 por ciento de participación entre la comunidad universitaria con derecho a voto.

García Pérez ha recibido 1.105 apoyos, de los 1.585 votos emitidos, con 480 votos en blanco, según los resultados conocidos esta tarde tras una jornada de voto telemático, que ha permitido disponer de los mismos de manera inmediata, una vez se cerraron las urnas virtuales a las seis de la tarde.

En estas elecciones a rector estaban llamados a votar 10.298 miembros de la comunidad universitaria, de los cuales, 381 son doctores, 713 profesores no doctores, 8.752 estudiantes y 452 personal de administración y servicios.

Entre los profesores doctores, el actuar vicerrector ha conseguido 228 votos de los 306 emitidos -con 78 votos en blanco-; el colectivo de profesores no doctores le ha apoyado con 215 votos de los 274 emitidos -59 votos en blanco-; 497 estudiantes han votado a favor de García Pérez, de los 668 emitidos -171 votos en blanco-; y entre el personal de administración y servicios, han sido 165 votos de los 337, con los votos en blanco más altos en términos relativos, con 172.

El 80,3 % del profesorado doctor ha votado, mientras que entre el no doctor la participación ha sido del 38,4 %; el alumnado ha participado en un 7,6 %; y el personal de administración y servicios, en un 74,6 %.

Transición ordenada de un candidato oficial

Las votaciones arrancaron a las diez de la mañana y las urnas se cerraron a las seis de la tarde, y apenas quince minutos después ya se conocían los resultados, que han sido valorados por el futuro rector y el todavía máximo representante de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos.

Pérez Mateos, tras destacar la importancia de la convocatoria electoral, ha mostrado su satisfacción por los resultados, que han sido “muy reseñables y muy notables”, teniendo en cuenta que al existir una única candidatura la movilización siempre es menor entre la comunidad educativa, lo que explica la participación del 15,4 %.

“No he ocultado en ningún momento que José Miguel -García Pérez- era mi candidato”, ha recordado, como compañero del equipo directivo actual, con el que lleva trabajando casi diez años, y ha destacado que la transición será ordenada, sin sobresaltos, y le ayudará para que haya continuidad en todos los asuntos importantes.

26 de noviembre, proclamación oficial

Tras la jornada electoral, este viernes 22 de noviembre, la Junta Electoral de la Universidad procederá a la proclamación provisional de los resultados y se abrirá el plazo de presentación de alegaciones y recursos.

El 26 de noviembre tendrá lugar la proclamación definitiva del rector. Manuel Pérez Mateos ha explicado que seguirá siendo rector hasta que la Junta de Castilla y León nombre a García Pérez oficialmente, y pasará a ser rector en funciones hasta que tome posesión, de nuevo según los plazos de la Junta.

“Voy a estar ahí, no solamente hasta que se produzca el traspaso de papeles formal y oficial sino porque esto ha sido y sigue siendo mi vida”, ha afirmado Pérez Mateos.

Un proyecto de universidad 4.0

Por su parte, el futuro rector ha agradecido a la comunidad universitaria su participación en las elecciones, y ha afirmado que, “según la empresa que les lleva el voto electrónico, por encima del 15 % de participación es un éxito cuando hay un solo candidato”, así que considera un éxito los resultados obtenidos.

Ha destacado la valentía de su equipo, su esfuerzo y el trabajo para convertir un borrador de propuesta de gestión para los próximos seis años en un proyecto definitivo, que se irá adaptando a todos los tiempos y a las demandas de la propia sociedad, de la industria, del tejido socio económico general, del tercer sector y de la administración.

El proyecto de García Pérez busca avanzar en el camino hacia una universidad 4.0, con acciones destinadas al alumnado, la difusión, la ciencia abierta, la transparencia o la desburocratización, y adaptar la institución académica al entorno digital y que contribuya al desarrollo socioeconómico de la sociedad burgalesa.

La Universidad de Burgos tendrá como rector a José Miguel García al ser el único candidato que se presenta a las elecciones del próximo 21 de noviembre. Este miércoles, según informa Burgos Noticias, se han cerrado el plazo para la recepción de candidaturas con la única lista de presentada por el actual vicerrector de Investigación, Transferencia e Innovación.

El calendario fijado por la Junta Electoral pasa porque el 31 de octubre el órgano superior proceda a la proclamación provisional de las candidaturas que, de no mediar recurso, será concluyente el martes 5 de noviembre. La campaña electoral se iniciará el día 6 y concluirá el martes 19 de noviembre, habiéndose establecido el voto electrónico a distancia como el sistema de votación elegido.

García ha asegurado que deseaba que se hubieran presentado más aspirantes al cargo de la institución académica burgalesa, de forma que se desarrollase un diálogo que involucrase a la comunidad universitaria.

Asimismo, espera que, aunque es la suya la única candidatura presentada y por lo tanto no necesitaría un número determinado de votos, sean bastantes los electores los que apoyen, tanto a su programa como a su equipo rectoral, compuesto por:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha prometido este miércoles nuevos grados en Medicina en las universidades de León y Burgos a partir del curso 2026/2027. Así lo ha anunciado la consejera de Educación, Rocío Lucas, después de su reunión con los rectores de las cuatro instituciones académicas públicas de Castilla y León.

Según ha manifestado Lucas, se van a poner ya a trabajar para ver la viabilidad técnica y el plan de estudios. También se está trabajando para implantar Farmacia en Valladolid y Veterinaria en Salamanca aunque sin una fecha concreta al depender de cada universidad. “Aquí ganamos todos, gana Castilla y León, ganan los ciudadanos”, ha subrayado Rocío Lucas.

En el caso de León, según ha estimado Lucas, se estudian ofrecer entre 70 y 100 plazas, mientras que en Burgos estiman entre 40 y 70. Estas cifras, ha matizado la consejera se fijarán conforme se desarrollen los planes de estudio y según decida cada universidad conforme a las instalaciones disponibles y profesores existentes. La consejera también ha adelantado que Burgos tendrá Matemáticas Aplicadas y Valladolid Biotecnología a partir del próximo curso al estar ya avanzado su plan de estudios.

Sin un plan concreto todavía, la previsión de universidades y Consejería es que no haya que construir nuevas facultades para albergar Medicina. Lo que sí se ha planteado es hacer adaptaciones en la infraestructura “ya existente”.

La consejera ha indicado que es “un gran acuerdo de comunidad” a pesar de las reticencias de decanos como el de Medicina de Valladolid, que puso en duda la viabilidad de los nuevos grados por la falta de profesores. Ante esto, el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha explicado que se trata de una forma de “impulsar a toda Castilla y León y a todas las universidades”. Para ello, Corchado ha indicado que van a colaborar entre las universidades que ya tienen el grado, como es Salamanca y Valladolid.

Corchado ha apuntado que los estudiantes de Medicina que vayan a León o Burgos no son “competencia” ya que permitirán que los estudiantes de Castilla y León “no se tengan que ir fuera”. Corchado y el recto de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, han coincidido en señalar que están “todos a una”.

Largo, por su parte, ha mitigado las críticas hacia la implantación y ha matizado que la puesta en funcionamiento de los grados será “complicado”. Como han asegurado los rectores, las universidades tendrán que apoyarse en temas como acreditar profesores.

“Día histórico para Burgos y León”

El vicerrector de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Burgos, José María Cámara, ha celebrado el acuerdo y ha afirmado que “va a ser un día de celebración en Burgos y León”, algo que también ha reconocido la rectora de la Universidad de León, Nuria González.

Cámara ha afirmado que el acuerdo “refleja por parte de la Junta de ir de la mano con las universidades y de hacer una planificación plurianual, planificando el futuro universitario de Castilla y León”. Asimismo, también ha apremiado a la UBU a ponerse a “trabajar de inmediato” para llegar a 2026 con la planificación hecha.

La rectora de León ha reconocido que con este acuerdo se cumple con una “demanda histórica” de su universidad y la de Burgos y ha defendido que habrá “un impacto” tanto “académico, como económico y social en toda la Comunidad”. González ha añadido que de esta forma Castilla y León podrá atraer y retener talento.

De la misma forma que el representante de la UBU, González ha trasladado la voluntad de “ponerse a trabajar” para que el proyecto “sea viable” y puedan implantar la titulación. Algo que no han abordado es el coste de creación ambas titulaciones. En el acuerdo han conseguido que la Junta se comprometa a financiar la implantación.

Otros asuntos

En el encuentro entre el presidente de la Junta, consejera de Educación y los representantes de la universidades públicas de Castilla y León también se ha demandado a Mañueco que traslade a Pedro Sández el incremento de fondos para la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

La reunión también ha servido para analizar y planificar los siguientes años de cara a poder financiar las universidades, cómo se va a aplicar la LOSU y plantear necesidades y demandas futuras.

Para el rector de la UBU, este es un día “histórico”

El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, ha calificado de día “histórico” para la institución y la ciudad, recoge Europa Press. Mateos, que no ha podido estar en la reunión por motivos de salud, ha expresado su “agradecimiento” a Fernández Mañueco y a los rectores de las universidades de Salamanca, Valladolid y León por conseguir el “consenso” necesario para desarrollar esta nueva titulación, algo que, a su juicio, “habla claramente de la fortaleza” del sistema universitario público de Castilla y León, al tiempo que “sienta las bases del futuro”.

Pérez Mateos ha reconocido el papel “de liderazgo” jugado por el presidente de la Junta, además de manifestar su intención de “aprovechar ”la experiencia y buen hacer de universidades centenarias como Salamanca y Valladolid“ y ofrecer la ”pujanza, ventaja tecnológica, creatividad e ilusión“ de la institución burgalesa.

El PSOE celebra esta “magnífica noticia”

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha considerado una “magnífica noticia” el acuerdo. A través de un mensaje en sus redes sociales, el también portavoz de los socialistas en las Cortes de Castilla y León ha transmitido su enhorabuena a las universidades de León y Burgos, que “tanto han luchado”, así como a sus “ayuntamientos y sociedad civil”, que “presionó”.

El exvicepresidente autonómico y procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha calificado a Mañueco de “irresponsable”. “Seremos la comunidad del mundo con más facultades de Medicina por millón de habitantes”, ha protestado Igea, que ha aventurado que en los próximos meses Mañueco adelantará elecciones autonómicas y que esta decisión “solo generará paro médico y gasto público”.

El rector de la Universidad de Burgos (UBU), Manuel Pérez Mateos, ha vuelto instado al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de quien confía en su “sensibilidad e inteligencia política” para implantar Medicina en la capital además de contribuir a consolidar el Hospital Universitario de Burgos, o la investigación en ciencias de la salud, informa Burgos Noticias.

Por su parte, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que ha clausurado el acto de apertura de curso universitario celebrado en la Universidad de Burgos, ha anunciado que el próximo 2 de octubre, mantendrá una reunión con los rectores de las Universidades de León, Burgos, Valladolid y Salamanca, para tratar temas como la implantación de la LOSU, la planificación del ámbito universitario, y la implantación del grado de Medicina en las Universidades de León y Burgos, algo en lo que se comprometió en el Debate del Estado de la Comunidad celebrado en junio.

Mañueco ha señalado que mantiene la misma postura que manifestó durante la apertura del curso 2022/23 en cuanto a la implantación de nuevas titulaciones. Es decir, que apoya las legítimas aspiraciones de todas las universidades con los nuevos grados, siempre desde el acuerdo y el consenso.

El líder el Ejecutivo ha apostillado que no hay un consenso en los últimos años con los nuevos grados y al hay algunos proyectos que aún están pendientes de acreditar su viabilidad

Sobre esa posibilidad, hace una semana, el Decano de la Universidad de Medicina de Valladolid, José María Fernández, se mostró “incrédulo” ante la propuesta de creación de nuevos grados de Medicina en Castilla y León, y afirmó que “no se entiende de dónde van a sacar profesores de calidad para estos nuevos grados”.

Fernández, en declaraciones recogidas por Europa Press, indicaba que crear más grados de Medicina en la comunidad “no se entienden absoluto, ni se comprende muy bien cómo se pueden crear esas titulaciones”.

“¿De dónde van a sacar profesores de probada calidad? Es decir, gente que sepa formar a los estudiantes, que es lo que todos queremos, aunque sólo sea por nuestra salud en el futuro. ¿De dónde van a sacarlos?”, se ha cuestionado Fernández, quien ha señalado que “una facultad como Valladolid, con 620 años de historia, tiene dificultades para mantener un profesorado de calidad”.

“La mejor inversión” que puedes hacer Mañueco para el desarrollo de la UBU y paliar la falta de médicos en la Comunidad

“Es la mejor inversión que puedes hacer”, le ha dicho, para el desarrollo y fortalecimiento de la UBU y paliar la falta de médicos en la Comunidad. Con Matemáticas y Computación ya confirmadas por la Junta de Castilla y León solo queda que Mañueco dé el sí a una nueva facultad que daría un empujón casi definitivo. Y es que la UBU cada año “crece” más y se encuentra en una “encrucijada” legislativa, como todas las universidades, informa Europa Press

Entre los retos a conseguir está el comienzo de las obras en el céntrico Hospital de la Concepción y una financiación más justa porque la UBU esta saneada.

Eso sí, el rector ha agradecido el incremento de financiación en un 30% en los últimos años, pese a que la UBU ha crecido por encima del 50%, al tiempo que ha recordado los 30 años de la institución y la lucha de quienes la impulsaron y el valor añadido para Castilla y León y para Burgos.

Pérez Mateos ha mostrado su orgullo por tener el “privilegio” de abrir el curso en sus últimos meses de mandato, tras su decisión de no repetir, y en este sentido ha aprovechado para felicitar a los egresados, a los miembros de la comunidad universitaria y a los 61 estudiantes distinguidos por su premio extraordinarios.

También ha tenido un recuerdo para los fallecidos y las víctimas mortales en el accidente de aviación de la escuela de pilotos de la UBU, ocurrido este miércoles en la localidad palentina de Osorno

La ceremonia ha comenzado con la intervención del secretario general, Julio Agustín Pérez, quién ha leído la memoria del curso anterior. A continuación, la profesora Esther Cubo ha impartido la lección inaugural bajo el título “Avances en Neurociencia. Nuevos retos en el siglo XXI”.

La Universidad, asimismo, ha hecho entrega de los diplomas a los premios extraordinarios de Fin de Estudios del curso 2022-23. Además, se han impuesto las medallas de Alfonso VIII, en la categoría de oro y plata, a miembros del personal docente e investigador, que alcancen la jubilación en servicio activo, así como a las personas fallecidas y a quienes cumplan los 25 años de servicio prestados en la institución académica burgalesa.

En la España tardofranquista de finales de los 60 la imagen de Joan Manuel Serrat, un cantautor de la 'nova cançó' que ya había grabado algunas canciones en castellano, quedó empañada fuera de Cataluña cuando, inopinadamente, se negó a acudir al festival de Eurovisión de 1968 si no se le permitía interpretar en catalán la canción elegida, el famoso 'La, la, la' compuesta por el Dúo Dinámico.

Muchos pensaron que el 'Noi de Poble Sec' había dado un paso en falso y que su carrera a partir de ese momento se replegaría de nuevo al ámbito catalán. Pero por fortuna no fue así. Solo un año después, su antológico disco dedicado a Antonio Machado le reconcilió con todos los españoles. Quien suscribe, que cursaba entonces el Bachillerato en Segovia, tuvo la suerte de tropezar con una profesora de Literatura que nos dio a conocer la obra de Machado escuchando en clase 'Cantares', 'Retrato', 'A un olmo seco', 'Las Moscas', 'Españolito', 'La saeta' y demás poemas musicados por Joan Manuel.

Pese a la indeleble huella literaria y social dejada durante sus 12 años impartiendo clases en un vetusto Instituto de la ciudad, los adolescentes segovianos desconocíamos por completo la dimensión de aquel profesor de 'torpe aliño indumentario' que residió ese tiempo en una fría habitación de una modesta pensión de la calle, toda una premonición, de los Desamparados.

Gracias en buena medida a Serrat, muchos descubrimos durante ese tardofranquismo a don Antonio, y otro tanto podemos decir acerca de Miguel Hernández, otro gran poeta prematuramente fallecido víctima de su penoso, injusto e injustificable cautiverio en las prisiones franquistas.

Solo por lo apuntado mi deuda de gratitud con Joan Manuel es impagable. Y estamos hablando de los primeros años de una carrera que se ha prolongado durante más de cinco décadas, con decenas de discos, cientos de canciones y multitud de actuaciones en directo en medio mundo. La última vez que tuve ocasión de asistir a una de ellas fue precisamente en Burgos, en el Foro de la Evolución humana, donde desgranó lo mejor de su repertorio durante dos horas que discurrieron como un suspiro.

Serrat es una artista universal que aparece en la banda sonora de varias generaciones españolas y de otros muchos países. La revista Rolling Stone eligió 'Mediterráneo' como mejor canción del siglo XX en lengua castellana, pero son muchas sus composiciones que han marcado época. Personalmente, tengo media docena entre las que me es difícil elegir, pero, en la actual coyuntura política mundial, a menudo suscribo plenamente la letra de 'Algo personal'.

En octubre recibirá en Oviedo el premio 'Princesa de Asturias de las Artes', galardón al que hace mucho tiempo se hizo acreedor. Si Bob Dylan, que recibió este mismo galardón sin dignarse en acudir a recogerlo, fue galardonado después con el Nobel de Literatura, cabe preguntarse si Joan Manuel no atesora tantos méritos como el cantautor estadounidense. Galardones aparte, Serrat es un artista universal que, UNESCO al margen, es Patrimonio de la Humanidad.

La Universidad de Burgos (UBU) abre una convocatoria de ayudas, dotada con 25.000 euros, para que estudiantes universitarios de Gaza puedan continuar sus estudios de grado, máster o doctorado en la institución académica, tanto de manera presencial como a través de formación online.

Las ayudas derivan de la Cátedra Francisco González Alonso y se canalizarán a través del programa UBU Refugio, de largo recorrido y que recientemente ha ayudado a una veintena de estudiantes ucranianos, ha recordado en rueda de prensa el rector de la institución burgalesa, Manuel Pérez Mateos.

La convocatoria, que se abre este miércoles, se gestionará a través de ONGs y asociaciones internacionales y ofrecerá dos becas para estudios presenciales en Burgos, ya de cara al próximo curso 2024/2025, que cubrirán gastos de matrícula, manutención y alojamiento.

También se ofrecen otra decena de ayudas para que, debido a los problemas de desplazamiento que se derivan del conflicto bélico en la franja de Gaza, los alumnos puedan cursar formación online. En este caso, las ayudas cubren la matrícula a cursos formativos de cualquier ámbito.

Pérez Mateos ha indicado que, en función de la demanda recibida, podrán incrementar el presupuesto destinado para las ayudas, que están también abiertas a cualquier estudiante de Palestina, pues el objetivo del programa UBU Refugio es atender a la población refugiada por el conflicto bélico de Oriente Medio.

Por su parte, el director de la Cátedra, Francisco González, ha deseado que los alumnos que se beneficien del programa “encuentren el cobijo necesario” y ha insistido en que la función de las universidades es intentar que los conflictos acaben, ser un foro de mediación y entendimiento, y “ojalá sirva para esto las becas”, ha apuntado.

El rector: “Apoyar a la población civil de Gaza no es ir contra Israel”

El rector ha insistido en que “apoyar a la población civil de Gaza y Cisjordania y a su comunidad universitaria en modo alguno va en contra de Israel”, al tiempo que ha asegurado que son “plenamente conscientes” de que la mayor parte de las universidades israelíes son defensoras de la paz y la convivencia y cuentan con un 20 % de alumnos árabes o palestinos.

“La UBU, al igual que hizo con los refugiados de Ucrania, seguirá apoyando las comunidades universitarias de cualquier país que necesite ayude o esté sometido a conflictos bélicos, que condenamos”, ha aseverado.

Y ha vuelto a recordar, como ya hiciera la semana pasada, que la universidad no mantiene ningún convenio con ningún centro israelí, pero sí quiere mantener la buena relación que tiene con la comunidad universitaria de israel.

Haciendo suyo el comunicado de la CRUE (Conferencia de Rectores y Rectoras de Universidades Españolas), Manuel Pérez Mateos ha vuelto a manifestar la “repulsa sin paliativos contra las acciones del grupo terrorista Hamás”, especialmente contra la matanza del 7 de octubre, y ha reclamado la liberación inmediata de los secuestrados.

 “El grupo terrorista actúa en contra de la convivencia pacífica en la región”, ha admitido, pero al mismo tiempo ha querido demandar “con al misma contundencia” al estado de Israel que cumpla con el derecho internacional, cese de inmediato la intervención bélica y permita la entrada de ayuda humanitaria a Gaza.

Además, ha destacado que la comunidad universitaria de Burgos se ha podido manifestar libremente y con total respeto sobre el conflicto, y ha demandado que en el ejercicio de esa libertad de expresión no se registren conductas de antisemitismo ni islamofobia, ni cualquier otro comportamiento de odio, que son “inadmisibles”.

A juzgar por el aumento de la financiación de la investigación con fines bélicos, así como por las declaraciones militaristas realizadas por ciertos/as representantes políticos/as de la Unión Europea, el rearme y, con él, la posibilidad de la guerra son objetivos que van adquiriendo cada vez más fuerza. El discurso belicista justifica inversiones millonarias en proyectos con fines armamentistas que llevan años gestionándose a través de los diferentes programas de investigación impulsados por la UE. Por si no fuera suficiente, por primera vez en su historia, la Unión Europea ha decidido poner en marcha una partida para financiar investigación estrictamente militar, a través del Fondo Europeo de Defensa. Para el periodo 2021-2027, se han asignado 8.000 millones de euros específicamente a este tipo de investigación. Si es que producir conocimiento con el objetivo de matar seres humanos y destruir la naturaleza puede recibir dicho nombre. Esta cuantía desorbitada estimula la implicación de nuestras universidades en proyectos bélicos, impulsa la militarización de Europa y obstaculiza las salidas políticas negociadas ante los conflictos presentes y futuros, al tiempo que alimenta la megalómana industria armamentística.

En 2023, el 2,3% del PIB del conjunto del planeta se dedicó al negocio de la guerra, según el Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo (SIPRI). Con estas facilidades, diez Universidades españolas han optado por participar en proyectos del Fondo Europeo de Defensa. Dos de ellas colaboran directamente con el Estado ocupante de Israel: la Universidad de Alcalá, a través del proyecto CASSATA y la Universidad de Oviedo, a través de TICHE. Ambos proyectos se llevan a cabo mediante sendos consorcios de los que forma parte la empresa griega fabricante de armas Intracom Defense AE. En mayo de 2023, esta corporación fue adquirida por Israel Aerospace Industries (IAI), una compañía pública de armamento israelí, fundada en 1953 (Fortuny & Bohigas, 2023). Con la compra de Intracom Defense AE, Israel se beneficiará de más de un millón de euros para investigar y desarrollar tecnología con fines bélicos, de forma fraudulenta, saltándose la normativa del Reglamento del Fondo Europeo de Defensa, que exige que sólo puedan optar a financiación las entidades establecidas en la UE o en países asociados y no controladas por terceros países, o por entidades jurídicas de terceros países (Reglamento 2021/697). En virtud del artículo 5 de dicho Reglamento, se considera países asociados únicamente a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, en tanto que integrantes de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Más allá de los proyectos de contenido estrictamente militar, la principal fuente de financiación de la investigación en la Unión Europea es el programa Horizonte Europa (2021-2027).

Israel, que ya se beneficiaba de anteriores programas de investigación, gracias a sus acuerdos de asociación, desde 2021 lo hace en igualdad de condiciones con los estados miembros. Por ahora, este país forma parte del consorcio de 193 proyectos en los que participan universidades, empresas e instituciones públicas españolas. Más alarmante, si cabe, es la colaboración con las entidades militares israelíes, como sucede en el caso de ocho proyectos del citado programa, en los que el consorcio está formado por diversas entidades españolas junto con el Ministerio Defensa israelí y dos empresas de armamento de dicho país, la ya mencionada Israel Aerospace Industries y Rafael Advanced Defense Systems. Entre las citadas investigaciones destacan dos en las que participa la Universidad de Burgos FreeMe y Safari y otra, HERA, en la que interviene la Universidad Politécnica de Madrid. En total, en la actualidad se están desarrollando en nuestro país diez proyectos con empresas de producción de armamento israelíes y/o directamente con su Ministerio de Defensa (ocho de ellas dentro del programa Horizonte Europa y dos del Fondo Europeo de Defensa), por un montante total de 119 millones de euros, de los cuales Israel obtiene de la UE casi 4 millones y medio de euros (Comisión Europea 2023). Pero no es el beneficio económico lo más llamativo, sino que el conocimiento y la tecnología desarrollados estarán en manos de un Estado ocupante, sobre el que pesa una acusación de genocidio. Y se acaban de dictar solicitudes de detención para su primer ministro, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

Esta participación en la producción de conocimiento y tecnología con fines bélicos legitima la política de ocupación, apartheid y exterminio de la población palestina, afianzando la capacidad opresora de Israel. El caso de la empresa Israel Aerospace Industries sobresale, tanto por su condición de empresa pública, dependiente de dicho Estado, como por ser uno de los principales fabricantes de armas y el mayor exportador en este sector, en un país que a su vez es el décimo mayor exportador de armas del mundo. Asimismo, ocupa el puesto 35 en la lista Top 100 del Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo, que clasifica a las mayores empresas del mundo productoras de armas y servicios militares, con unos ingresos que ascendieron en 2023 a 5.327 millones de dólares (Israel Aerospace Industries, 2024; Liang et al., 2023). Recordemos que esta empresa está detrás de los cinco proyectos que actualmente se están llevando a cabo en cuatro de nuestras universidades públicas ( FreeMe, Safari, HERA , CASSATA y TICHE), en los dos últimos, financiados por el Fondo Europeo de Defensa, participa de modo fraudulento, como ya explicamos. Todo ello apunta a una estrategia deliberada para aprovecharse tanto del dinero de los fondos europeos, como del saber y los vínculos con nuestras universidades.

Estamos ante un caso de necro-investigación, en el que los resultados y la tecnología desarrollada se ensayan en escenarios reales. No resulta complicado, trágicamente, imaginar dónde se prueban los prototipos: la Palestina ocupada y ahora, en tiempo real, la masacrada y asediada Franja de Gaza. No menos alarmante es el hecho de que con nuestro dinero se investiguen temas supuestamente civiles, como la retirada de minas antipersona, la protección de fronteras, el control de los desastres o el reconocimiento facial y la vigilancia marítima, entre otros, que sirven también a propósitos bélicos. El doble uso de las investigaciones no afecta únicamente a los proyectos en los que participan instituciones militares, sino a buena parte de las investigaciones que se desarrollan en nuestras universidades. Esta cuestión es especialmente problemática cuando dicho conocimiento termina en manos de un Estado reiteradamente acusado de violar los derechos humanos del pueblo palestino, así como las resoluciones de Naciones Unidas, y denunciado por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (Naciones Unidas 1948; Corte Internacional de Justicia 2024). Resulta inadmisible que las universidades españolas decidan asociarse con Israel y más aún con sus entidades militares, traicionando uno de los objetivos centrales de las instituciones de educación superior: investigar y defender la paz y los derechos humanos.

En algunos casos, como el de la Universidad de Oviedo, esta participación contraviene sus propios Estatutos, que señalan claramente que dicha institución no financiará ni participará en líneas de investigación relacionadas con fines bélicos. El estímulo a este tipo de investigación y las alianzas entre universidades europeas e israelíes, desgraciadamente, no son factores nuevos y el genocidio en Gaza es la trágica evidencia de la efectividad de estas perversas alianzas. Investigar con el Estado de Israel no puede seguir siendo incentivado por la Unión Europea, porque afecta al prestigio y a la reputación de nuestras universidades, en tanto que garantes de los derechos humanos y la paz. Desde la Red Universitaria por Palestina y ante el clamor de las y los estudiantes desde sus acampadas, aquí y a lo largo y ancho del planeta, entendemos que es urgente romper las relaciones institucionales con Israel y con todas aquellas corporaciones que forman parte del conglomerado político, económico, ideológico, cultural y militar que ejecuta y legitima la ocupación y la limpieza étnica en Palestina. El reciente comunicado de la Conferencia de Rectores/as de las Universidades Españolas, consecuencia, sin duda, de la movilización en nuestros campus, eleva su nivel de compromiso, pero ante la situación descrita es preciso que se concrete de inmediato en medidas efectivas, entre otras, en la ruptura de los proyectos en los que participa Israel, empezando por los señalados en este artículo. No queremos una universidad que sea cómplice del genocidio en Gaza. No queremos una universidad que contribuya y se aproveche económicamente de la escalada belicista. Los derechos humanos no están en venta. Como académicas y académicos hacemos un llamamiento al boicot y a la no colaboración con Estados genocidas: ¡No a las investigaciones con fines bélicos! ¡No en nuestras universidades!

No habría querido escribir este texto por implicar una crítica pública a cierta decisión de mi Universidad, lo que no me hace feliz. Cualquiera que me conozca mínimamente sabe cuán implicado he estado siempre en la defensa de los intereses, mejora, crecimiento y proyección de la Universidad de Burgos, pero por coherencia con esa misma preocupación y dedicación de gestión y, sobre todo, por mi especialización científica a la Antropología Social e Historia Cultural, con particular atención al estudio de la Memoria e Historia del siglo XX, siento la obligación de redactar estas líneas.

El asunto de conflicto gira en torno al Doctorado Honoris Causa concedido al empresario José Ignacio Nicolás Correa.

El reglamento de honores y distinciones (art. 4), así como los estatutos de la Universidad (art. 14), señalan: “El Doctorado Honoris Causa tiene la consideración de suprema dignidad académica concedida a personas físicas que se hayan distinguido por su decisiva contribución en el ámbito científico, cultural, artístico y técnico, así como por sus sobresalientes aportaciones a la sociedad”.

Las razones para su concesión, como se ven, pueden ser varias, y podría entender que el empresario beneficiado haya contribuido ─así ha sido─ al desarrollo de diversas tareas formativas y de prácticas estudiantiles en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Tan loable colaboración, sin embargo, cuesta entenderse que sea merecedora de nuestra “suprema dignidad académica” ─a ver qué empresario, de los muchos que contribuyen y cooperan con la UBU, no se van a sentir a partir de ahora con derecho a idéntico reconocimiento─. Nadie habría puesto pega alguna a que recibiera la Medalla de la Universidad de Burgos, o la Placa de la Universidad, otras honrosísimas distinciones que parecían ajustarse mejor al perfil del laborioso empresario.

Pero el Doctorado Honoris Causa no es una mera condecoración o un título de ringorrango, sino una dignidad académica, y por regla general, esto supone el reconocimiento a la excelencia adquirida en un campo del saber. Se me dirá que el Sr. Nicolás lo recibirá en el ámbito empresarial, ─todo sea dicho, tras un proceloso proceso de gestión de la propuesta, galimatías de orden rajoniano que podría llevar a la revisión del cumplimiento del artículo 6 del reglamento similar a la cita presidencial de “todo es falso, salvo alguna cosa”─. Pero, pero, sí, pero, ha sido el Sr. Nicolás Correa quien se ha empeñado en hacernos saber a todos, a la ciudadanía y a la comunidad académica, que por su parte, a la vez que se le reconoce su valía empresarial, él no puede sino dejar claro su profundo desprecio por las Humanidades académicas, concretamente, por la Historia.

La Universidad, para el Sr. Nicolás Correa, no es un ámbito científico, de trabajo concienzudo, analítico, sino un ámbito de sospecha y desconfianza. Así, él, un completo outsider en lo que a historiografía se refiere, sin formación específica, viene completamente ensoberbecido a enmendar todo lo avanzado en los últimos sesenta años en el campo de la Historia Contemporánea. Lo hace como altavoz del más rancio revisionismo histórico, que propala falsedades y medias verdades sin cuento, mostrando así cuánto desconoce de este complejo campo, cuán falto está de preparación para entender lo delicado y trabajoso que es el análisis del pasado, cuánto ha de conocerse de los contextos de época, del desarrollo del pensamiento, de los movimientos sociopolíticos internacionales, de las coyunturas económicas globales y de la distinción de necesidades, motivaciones e impulsos según las clases y sectores sociales, y aún de los individuos.

Posiblemente, el mal que atenaza al Sr. Nicolás tiene que ver con la extrema confusión que domina en el ámbito del ultraconservadurismo con sus resistencias a asumir la importancia de la Memoria Democrática, del propio valor de las víctimas reconocidas bajo la expresión de Memoria Histórica y de la confusión posmoderna que embrolla y magnifica el valor del recuerdo y la emoción con el sentido colectivo de la Historia, y su valor ético.

Esta misma semana, José Ignacio Nicolás Correa ha presentado a bombo y platillo en Madrid un libro que recoge lo que, en un centro privado y confesional, el CEU, le han admitido como tesis doctoral. En este acto, hecho al amparo de una fundación ultraderechista y con el concurso de un director de un medio de comunicación de idéntica orientación, ha pretendido sentar cátedra sobre historia española a unos días de ser investido Doctor Honoris Causa en Burgos. Allí se ha despachado con una sarta de barbaridades ─perdóneseme el vulgarismo, no encuentro otro epíteto más acorde─ como que la II República fue un régimen de advenimiento ilegal o que las elecciones de febrero de 1936 estuvieron amañadas. Esto solo se puede decir desde la más pura ignorancia, el desconocimiento profundo de una época, del propio análisis histórico, amén de un profundo afán tergiversador de lo que fue la España de los años treinta y la Europa de entreguerras. Por supuesto, tales revelaciones no podían sino concluir en que “el Alzamiento del 18 de julio estuvo justificado”, tal y como nos cuenta la reseña de prensa del acto. Así, la Segunda República ─y no los militares sublevados─ fue culpable del propio golpe. En fin.

Confundir el modelo institucional, las estructuras y funcionamiento de un régimen democrático y garantista como el de la II República con la actuación de determinadas facciones y grupúsculos políticos a estas alturas del siglo XXI, es un acto de mala fe. Como sabemos de la capacidad de información para el mercado global de la máquina herramienta del empresario, está claro que la ignorancia que mantiene sobre el conocimiento académico de la historia del siglo XX no puede ser sino un acto consciente. O más llanamente, de fe, de concebir que se trata de elegir bando, que la historia es cosa de ideologías y revelaciones. De recuperar la versión de la inmisericorde victoria de quienes ganaron la Guerra Civil. A esto le llamamos 'revisionismo histórico' un tanto inexactamente, lo más propio es decirle 'neofranquismo', pues trata de recuperar como justificaciones históricas aquellas esgrimidas por los propagandistas de la dictadura para paliar su falta de legitimidad, su origen golpista.

Por lo demás, el acto de presentación del libro terminó con una referencia positiva a las derivas anticientíficas y antidemocráticas de los proyectos normativos de konkordia de Aragón, Valencia y Castilla y León promovidos por los gobiernos autonómicos de Vox/PP.

Uno entiende que todos somos hijos de nuestras circunstancias, y que a nuestro empresario, como a tantos otros, le duele una particular España a partir de su propia historia personal, de su cúmulo de recuerdos, emociones y percepciones. Pero eso no es Historia. Y desde ahí es imposible hacer Historia. Es respetable que cada uno tenga sus opiniones y que comprenda el pasado desde la pequeñez y el vaho de lo particular, pero cuando se pretende hacer de la visión intolerante, antidemocrática y pro-violencia categoría general, despreciadora de cualquier otra, particularmente de aquellas sostenidas académicamente desde la especialización y el cultivo del rigor metodológico, acceso a fuentes primarias y la articulación de perspectivas comparadas, entonces tenemos un grave problema, máxime ante la concesión de un alta distinción universitaria.

Una de las máximas acádemicas, puede que para sorpresa de ajenos, es justamente la humildad interdisciplinar. A mayor especialización, mayor constatación de cuánto nos queda por saber, de la inmensidad de conocimientos por alcanzar. Los académicos somos muy cuidadosos de meternos en jardines ajenos, en otros campos ─o campos de otros─, por más que estemos más o menos informados o leídos, porque cada una de nuestras disciplinas son áreas llenas de esforzados trabajadores que dedican sus vidas al conocimiento y avance de su respectivos saberes. Por eso es tan bonito en la Academia ver el trabajo reconocido, compensada tanta, tanta dedicación.

El Sr. Nicolás Correa podía haber tenido un Doctorado Honoris Causa que, con mayor o menor merecimiento, hubiera pasado con cierta discreción pública y relativa satisfacción personal a su quehacer industrial, pero ha preferido darle su particular y jactancioso sello antiacadémico. Podía haber elegido formar parte de uno de los colores que distinguen nuestras vestimentas por campos del saber, en vez de pretender para sí un arcoíris sobre la base de creerse un Leonardo paradójico a partir de despreciar las Humanidades, el ejercicio de la profesión de Historiador y una no muy honrosa vitola antidemocrática. Para lo bueno y para lo malo, como señala Cervantes, uno es hijo de sus obras, o también, de sus elecciones. Quienes analicen este momento dentro de unos años, comprenderán perfectamente que todo lo descrito arriba se produjo en un contexto determinado, de fuerte impulso iliberal, con claras tomas de partido, como así se encargaron de recordar sus mantenedores en la conclusión del acto de presentación del libro tan desafortunado como desajustado.

Los académicos solemos reconocernos en la máxima de Publio Terencio Africano Homo sum, humani nihil a me alienum puto, que tanto sirve para señalar la inagotable capacidad para sorprender del ser humano, como para sentirnos concernidos por todas y cada una de sus emociones, valores, desaciertos y miserias                                                                        

Ignacio Fernández de Mata es profesor titular de Antropología Social y Director de la Cátedra de Memoria Histórica y Democrática Eduardo de Ontañón, de la Universidad de Burgos.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, del Partido Popular, con sus declaraciones en el Pleno municipal, se ha convertido voluntariamente en la mejor exponente de la importancia y necesidad de la Ley de Memoria Democrática (Ley 20/2022). En una decisión sin precedentes y a todas luces inconveniente para la imagen de partido de Estado o constitucionalista, ha decidido renunciar al convenio de colaboración que el Ayuntamiento mantenía con la Coordinadora para la Recuperación de la Memoria Histórica, y al previsto con la Cátedra de Memoria Histórica y Democrática Eduardo de Ontañón, de la Universidad de Burgos. “Este equipo de gobierno no va a caer en eso”, ha afirmado.

La señora Ayala ha mostrado cómo opera el PP en relación a la Historia de España: de manera selectiva y tergiversadora, insensible, entendiéndola como mero guion para fastos y soflamas. Obsesionada con convertir la ciudad de Burgos en un parque temático sobre el Cid, a la alcaldesa le parece que no debería investigarse y estudiarse todo lo sucedido en el siglo XX español antes de 1978. Nada nuevo, la Transición convertida en una suerte de Sábana Santa que cubre y opaca todo lo acaecido entre 1898 y 1978, mantra que el PP repite a cada rato tratando de ofrecer un discurso positivo y cordial, el de la concordia a su negacionismo histórico. En esto no se diferencia en nada de Vox.

La Historia es una disciplina académica, sujeta a una metodología científica, que busca conocer el pasado en su complejidad y saber de las vidas de quienes vivieron tales momentos. Hoy en día, la Historia se hace desde el compromiso con los valores democráticos y de Derechos Humanos: se preocupa por los de abajo, por las víctimas, por las mujeres, por los oprimidos y minorías, por las mayorías anónimas…, y no sólo por las élites como se hacía antaño. Se hace historia social para alcanzar un sentido de historia total; porque el valor “democrático” nos enseña que toda experiencia es importante, toda vida cuenta.

La historia de España del siglo XX es la de una época sometida a muchos cambios y tensiones, conflictos y transformaciones. A diferencia de lo que piensa la alcaldesa de Burgos, la II República no fue ninguna anomalía o régimen perverso, fue la primera democracia española plena, absolutamente representativa de la Europa de su época. La anomalía histórica fue el franquismo, una dictadura militar de casi 40 años que supuso el envilecimiento y empobrecimiento del país, y la más importante pérdida de derechos y libertades que podamos imaginar. ¿Cuál es el interés malsano en investigar y conocer lo sucedido en este pasado? ¿Es algo necesario? La respuesta se la han dado a la puerta del Ayuntamiento decenas de familiares de víctimas del terrorismo franquista, muchos de ellos todavía sin saber dónde están los restos de sus familiares asesinados.

Con esta postura de rechazo al conocimiento del pasado, al encaramiento de los crímenes contra la Humanidad que supusieron los asesinatos de la represión franquista, al conocimiento de lo que fue la experiencia de sometimiento, desposesión y explotación de los vencidos de la Guerra Civil, el PP se convierte, muy benjaminianamente, en cómplice de la dictadura, en perpetuador de sus bulos sobre la II República y la Guerra, en continuador de la tergiversación histórica y desmemorización sistemática que promovió activamente el franquismo.

En Europa no comprende nadie, salvo la ultraderecha, que no se atienda y conozca el pasado conflictivo y traumático. Encararlo y conocerlo supone, justamente, una afirmación de los principios democráticos de respeto y convivencia, una defensa de la vida y el diálogo frente a la violencia, la opresión y la intolerancia.

Estas son las primeras medidas de los ayuntamientos del PP-Vox, instaurar el guerracivilismo, porque eso es lo que ellos hacen: erigirse en vencedores y negar los derechos de las víctimas y el valor del conocimiento de la Historia para las nuevas generaciones. Lo llaman concordia, pero se trata de ocultación y censura, de inhumanidad y negacionismo histórico.

Desde la Cátedra de Memoria Histórica y Democrática Eduardo de Ontañón de la Universidad de Burgos seguiremos trabajando para esclarecer y conocer el pasado, las pérdidas y desastres, toda la tergiversación, manipulación y fealdad del pasado, todo el sufrimiento de las víctimas, incluyendo la Transición. Nuestro equipo de investigación lleva décadas cumpliendo con este compromiso social con pleno conocimiento de su valor humanitario y científico. Hoy nos ha acusado una alcaldesa de usar la Historia para hacer política (qué franquista suena esto), para, inmediatamente, negar ella valor del conocimiento y la verdad.

Cuando no hay compromiso con la Memoria Democrática, cuando se la desprecia, el mensaje cala: se jalea la intolerancia, la deshumanización, el desprecio por la vida ajena. Y eso da alas a los ultras. Las declaraciones de la alcaldesa de Burgos son una demostración de lo lejos que estamos de asumir principios y valores democráticos. Lo repetiré una vez más: no se puede ser demócrata para el presente y franquista para el pasado.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la resolución del Juzgado nº1 de Burgos que desestimó el recurso presentado por uno de los candidatos, Juan Manuel Manso, contra el resultado de las elecciones a rector de la Universidad de Burgos (UBU).

El Alto Tribunal de la Comunidad desestima de este modo el recurso de apelación contra el pronunciamiento dictado el 14 de septiembre de 2022, según se recoge en la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

A través de este recurso de apelación, el catedrático Juan Manuel Manso, que, según adelantó Radio Arlanzón, irá de de número tres en la lista del PP a la Alcaldía de la capital, pretendía la nulidad del acuerdo de la Junta Electoral de la Universidad de Burgos con fecha de 25 de noviembre de 2020, por el que se proclamó Manuel Pérez Mateos como rector, revalidando así su cargo al frente de la Institución académica.

Este acuerdo hacía referencia a la valoración final de los resultados del escrutinio electoral del campus burgalés, proclamando de manera provisional como rector a Pérez Mateos.

Con la desestimación actual, se confirma la sentencia apelada por ser la misma conforme a derecho y todo ello con expresa imposición de las costas procesales del presente recurso a la parte apelante por imperativo legal.

Juan Manuel Manso denunció públicamente irregularidades en el proceso electoral y el conteo de los votos y presentó posteriormente un recurso administrativo solicitando la nulidad de todo el proceso electoral a rector.