En 1974, Henry Ford II se plantó en Almussafes, València, para poner la primera piedra de su única factoría en España y la mayor de Europa, en lo que sería el símbolo del desembarco de la multinacional automovilística estadounidense en una dictadura que agonizaba. Una prueba con una inversión milmillonaria de que los norteamericanos eran los amos del mundo capitalista y el premio a un régimen que había cooperado en la lucha contra el comunismo y que ofrecía mano de obra más barata que el resto del continente. Desde ese día, cientos de miles de valencianos han formado parte de la historia de la marca del óvalo.

En 2022, la multinacional alemana Volkswagen designaba Sagunt, a 30 kilómetros de Almussafes, como la primera pata de su cadena de suministro en territorio europeo para su electrificación. Cientos de millones de euros de los fondos Next Generation para amortiguar la crisis provocada por la COVID-19 y que debían servir para la reindustrialización del continente y crear unos 3.000 empleos directos en la fabricación de celdas de baterías. Una vez más, València volvía a estar en los planes de futuro de las potencias occidentales para su potente y estratégica industria automovilística.

Entre julio y septiembre de 2026, las multinacionales chinas Geely y Gotion han desembarcado en València para rescatar, con inversiones millonarias y la mitad del pastel, los proyectos de Ford y Volkswagen que los cambios geopolíticos y arancelarios de los últimos tres años habían puesto en la picota y amenazaban con reducir sus producciones previstas a cifras testimoniales. En este nuevo entorno, bautizado por las escuelas de negocios como PLUTO (polarizado, líquido, unilateral, tenso y omnirrelacional), la China comunista y sus compañías globales han llegado para salvar lo que fueron las dos joyas de la corona industrial de la provincia de València.

Pero la operación de desembarco del capital chino en València no ha llegado de la noche a la mañana. Como pasara con griegos y cartagineses hace tres milenios, la influencia del gigante asiático entró por mar. Por el Puerto de València, el primer enclave en tráfico de contenedores de España y del Mediterráneo. Primero, como puerta de entrada de los productos importados por la industria tradicional valenciana tras la deslocalización de los años noventa del siglo pasado —calzado, juguete o textil— y, después, comprándose directamente la infraestructura. Así, hasta que la ampliación norte del puerto, propiedad de MSC y actualmente en construcción, se inaugure, la china Cosco gestiona la mayor terminal de contenedores y ya ha pedido una prórroga de la misma hasta 2070. Una fecha nada desdeñable porque, para entonces, si se cumplen las previsiones del Partido Comunista Chino (PCCh), China será la primera potencia mundial.

El Puerto de València ha sido fundamental para que Geely y Gotion desembarquen en Almussafes y Sagunt. Es el puerto de España con más conexiones con el gigante asiático y clave en la cadena de suministro global de las grandes fábricas de automóviles europeas repartidas por toda España. Pero no el único. La guerra arancelaria global iniciada por EEUU —fue Trump, pero Biden no la paró— ha arrastrado a la Unión Europea a protegerse de igual manera, respondiendo a los estadounidenses, pero también a China, sobre todo a su industria automovilística y de baterías, a la que la Unión Europea considera dopada de manera desleal con ayudas públicas. Solución: aliarse con Ford y Volkswagen para fabricar en València y poder así exportar coches y celdas sin aranceles en el suculento mercado común.

La posición de España como país «neutral» en la competición sin fin entre China y EEUU y el bajo coste de la energía y de la fuerza laboral, en comparación con la mayoría de países de la UE, también han convertido el Mediterráneo en un enclave más que atractivo para esas inversiones millonarias.

Gotion ha comprado por más de 1.000 millones el 49% de la gigafactoría de baterías de Volkswagen en Sagunt y permitirá que la industria de fabricación de celdas para baterías arranque con una potencia de 30 GWh, cuando la idea de los alemanes era empezar poco a poco con 20 GWh. Los productos elaborados en la fábrica valenciana, que necesitan de gran cantidad de materias primas que entrarán por el puerto, se destinarán prioritariamente a satisfacer la demanda de Volkswagen en Europa. Estas celdas made in Europe, con capital chino, no supondrán ningún recargo arancelario para los vehículos finales.

Además, Gotion es el principal rival de CATL, mayor productor mundial de baterías y la compañía china que ya construye una gigafactoría a medias con Stellantis en Figueruelas (Zaragoza).

El pasado 26 de julio se materializó el acuerdo entre Ford y Geely para compartir la factoría de Almussafes, una fábrica que llegó a superar los 450.000 vehículos en 2004 y que en la actualidad solo tenía asegurada la fabricación de dos modelos eléctricos. La alianza sino-estadounidense pretende ensamblar 300.000 coches en 2029. En la joint venture forjada en Almussafes, Ford poseerá el 66% y Geely el 34%. El acuerdo garantiza los puestos de trabajo y las condiciones laborales de sus 4.296 operarios y, a su vez, mantendrá viva la industria auxiliar, que supera los 15.000. El propio Trump se ha quejado por este acuerdo entre la multinacional estadounidense y su mayor enemigo geopolítico.

El mundo está cambiando y València es un ejemplo. China ha llegado para quedarse.

La sección sindical de UGT en Ford Almussafes ha rubricado un convenio colectivo que el propio sindicato califica de “histórico” por el alcance de mejoras retributivas y la estabilidad laboral que proyecta hasta el año 2030. El pacto garantiza incrementos salariales situados por encima del Índice de Precios de Consumo (IPC) y contempla una subida de la Gratificación Especial hasta los 1.000 euros a partir de 2027. Esta partida se consolidará de forma definitiva en las tablas salariales desde 2029 con un crecimiento coordinado con el resto de los sueldos. Asimismo, el marco regulador incluye una cláusula de revisión retributiva con efecto retroactivo al 1 de enero para cada uno de los ejercicios de vigencia del texto.

Más allá del ámbito económico, la representación sindical subraya el impacto estratégico que la paz laboral tendrá para el futuro de las instalaciones industriales valencianas. La vigencia decenal del acuerdo aportará estabilidad a la planta en una coyuntura decisiva, marcada por la alianza entre Ford y el grupo automovilístico Geely. Desde el sindicato señalan que esta certidumbre “va a permitir alumbrar con luces largas muchos años de certidumbre para la plantilla”, factor que impulsará la creación de miles de puestos de trabajo directos e indirectos con condiciones dignas y dinamizará la economía autonómica.

La firma del acuerdo coincide con los preparativos para la conmemoración del 50 aniversario de la instalación de la factoría en la comarca de la Ribera Baixa. UGT ha puesto en valor el respaldo de los trabajadores en las asambleas, donde la plantilla aprobó tanto el recurso al Mecanismo RED como las bases del nuevo texto normativo. Según el sindicato, la cohesión interna resulta “clave y decisiva para que Ford Almussafes vuelva a ser lo que fue en otros tiempos, y poder así mirar con optimismo hacia otros 50 años”.

Tras la ratificación del acuerdo, UGT ha expresado su agradecimiento a la plantilla por el apoyo mostrado durante las negociaciones. A partir de la entrada en vigor del documento, la prioridad de la representación de los trabajadores se centrará en la fiscalización de los compromisos adquiridos. Para ello, el sindicato coordinará un seguimiento pormenorizado del cumplimiento de las cláusulas a través de la Comisión del Observatorio para la Electrificación.

El Tribunal Supremo ha puesto fin al procedimiento entre la empresa valenciana Ale-Hop y Mr. Wonderful y ha confirmado las decisiones judiciales anteriores favorables a la compañía. La sentencia, de 10 de septiembre de 2026, concluye que Ale-Hop no incurrió en competencia desleal en el caso analizado.

Dicho de forma sencilla, el tribunal entiende que “quien compra en Ale-Hop sabe que está comprando un producto de Ale-Hop”. La marca, la personalidad de sus tiendas y elementos tan reconocibles como la vaca que da la bienvenida en sus accesos “permiten identificar con claridad su propuesta”.

La resolución tampoco aprecia que la marca valenciana se haya beneficiado de manera indebida del trabajo o de la reputación de otra compañía. Por ello, la sentencia no respalda la idea de que Ale-Hop hubiera copiado de forma desleal a Mr. Wonderful, que era la cuestión que se debatió durante el proceso.

La sentencia ayuda también a poner el caso en contexto. Los dibujos de objetos con mensajes breves y letras integradas en el diseño ya formaban parte de tendencias presentes en el mercado al momento de la presentación de la demanda. Además, recoge que Ale-Hop utilizaba tiempo atrás, diseños con dibujos y textos relacionados con los elementos analizados, incluso antes de que existiera Mr. Wonderful.

Una historia propia que cumple 25 años

La resolución llega en un momento muy especial para la compañía valenciana, que cumple 25 años. La marca inició su trayectoria en 2001 y, desde entonces, ha construido “una forma propia de entender el regalo, con diseños propios y una experiencia de tienda reconocible para millones de visitantes”. La empresa inició su recorrido en 1991, “por lo que a los 25 años de la marca se suman más de tres décadas de historia empresarial”.

“Agradecemos esta decisión porque creemos que hace justicia con nuestra trayectoria y con el trabajo de todas las personas que han construido Ale-Hop durante estos 25 años. Siempre hemos creído que la mejor manera de competir es hacer bien nuestro trabajo: diseñar, mejorar y sorprender desde una identidad propia”, explican desde la mercantil.

En el corazón de esta historia están los equipos de diseño de las oficinas de Bellreguard y Oliva: “Desde allí dan forma a productos de diseño propio, originales y accesibles, con un propósito claro: democratizar el producto con diseño y trasladar los valores de Ale-Hop a todos los públicos”.

“En Ale-Hop creemos en la libre competencia y en la capacidad de las empresas para convivir y evolucionar dentro de un segmento tan amplio y dinámico como el nuestro. La competencia nos anima a seguir mejorando, a ser más creativos y a buscar nuevas formas de ofrecer productos y experiencias que conecten con los Ale-Hopers”, sostienen desde la empresa.

“Respetamos el trabajo de otras compañías y creemos que la competencia debe desarrollarse siempre dentro de unas reglas claras y justas. Por eso, valoramos la resolución del Tribunal Supremo, que pone fin a este procedimiento y nos permite mirar hacia delante con muuuuuuuuucha ilusión.”, concluye la dirección de la firma valenciana.

El empresario valenciano Francisco Ros García, del sector del acero, ha muerto este miércoles en Valencia, según fuentes del entorno empresarial. Ros García fue delegado del grupo siderúrgico Ros Casares, presidió la Asociación para el Progreso de la Dirección, fue miembro de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y vocal de la Cámara de Comercio, entre otros cargos.

ERos García ha fallecido a causa de una larga enfermedad. Heredero del 'rey del acero' y líder de la segunda generación del grupo Ros Casares, dirigió un imperio siderúrgico con presencia internacional que se desmanteló tras solicitar el concurso de acreedores en 2014 debido a la crisis y a fallidas inversiones inmobiliarias. Además de su faceta empresarial, tuvo una destacada presencia en instituciones como la Cámara de Comercio, AVE o la junta directiva de Bankia, entidad de cuya gestión fue absuelto de forma definitiva por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

En sus últimos años, la figura de Ros García cobró una notable relevancia mediática a raíz del hallazgo, en una finca de Bétera durante 2022, de la mayor colección de animales disecados de España, valorada en 29 millones de euros. El empresario figuró como investigado en esta causa judicial, en la que defendió que el almacén formaba parte de una herencia legítima y del legado de su padre.

La Fiscalía investiga la anulación del Gobierno de Mazón de varias sanciones laborales en la dana, entre otras una multa de 50.000 euros a la televisión pública À Punt, que impuso la Inspección de Trabajo por poner en peligro a trabajadores en la catástrofe. Tras la petición del Ministerio de Trabajo, el Ministerio Público ha observado que los hechos “pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa” y ha asignado el caso a una fiscal para que estudie si lo eleva a un juzgado de lo penal, según ha podido confirmar elDiario.es.

Además, tras meses de investigación, según han confirmado fuentes de la Fiscalía Provincial de Valencia, el Ministerio Público ha solicitado a la Conselleria que entregue los expedientes del proceso de sanción y derogación de multas de hasta 60.000 euros revocados a las empresas UTE Conservación Valenciana, À Punt, Baxter SL y Plastic 7A SL.

Un decreto de la Fiscalía Provincial de Valencia, al que ha tenido acceso este medio, recoge que el fiscal investigador considera que las anulaciones de estas multas de la Inspección por parte de la Generalitat Valenciana pueden incurrir en este delito recogido en el artículo 404 del Código Penal. 

El delito de prevaricación castiga “a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictara una resolución arbitraria en un asunto administrativo”, que puede suponer “la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”. 

Se señala al entonces director general de Trabajo

Por ello, la Fiscalía Provincial de Valencia acordó incoar diligencias de investigación preprocesales con el objetivo de practicar “cuantas actuaciones sean necesarias para determinar la eventual tipicidad de los hechos denunciados”, con la delegación del caso a una fiscal para estudiar si se eleva finalmente una denuncia ante los juzgados de lo penal. 

El fiscal investigador señala que “la persona considerada sospechosa” es el director general de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Laboral de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo. En ese momento, ocupaba este cargo Andrés Lluch Figueres, nombrado en agosto de 2023 y cesado en octubre de 2025.

Desde diciembre de ese año ocupa la dirección general María Lurueña Ruiz, inspectora de trabajo de profesión. 

Trabajadores expuestos a riesgos y un fallecido

Como denunció la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la Generalitat Valenciana en ese momento dirigida por Carlos Mazón –con varios cargos investigados en los tribunales por su responsabilidad en las más de 230 víctimas mortales de la catástrofe– anuló varias sanciones de la Inspección de Trabajo a empresas por no garantizar la seguridad de sus trabajadores durante la dana. 

“Eso sí que es corrupción, política y moral”, acusó Díaz en una respuesta parlamentaria en el Congreso. Más tarde, el Ministerio de Trabajo pidió a la Fiscalía General del Estado que estudiara la existencia de posible prevaricación, que es lo que ha dado lugar a esta investigación. 

En las pesquisas del Ministerio Público se analizan los expedientes anulados a las cuatro empresas mencionadas, con sedes en Llíria, Riba-roja, Requena o Burjassot, esta última la radiotelevisión pública valenciana. En el caso de À Punt fue denunciada por los sindicatos, a petición de varios trabajadores, que consideraron que la seguridad personal de los empleados se puso en riesgo en la cobertura de la catástrofe. Así lo consideró la Inspección de Trabajo, que detectó una infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Sin embargo, la Dirección General de Trabajo anuló la sanción con el argumento de que, aunque “las autoridades enviaron alertas y recomendaciones por las fuertes lluvias”, “la información que se detallaba no se presagiaba su virulencia y los efectos extraordinarios que provocaron”. 

La Fiscalía también investiga la anulación de la sanción a la UTE Conservación Valenciana, de conservación de carreteras, por su responsabilidad en el fallecimiento de un trabajador al volver a casa. Según denunció el Ministerio de Trabajo, la empresa le habría obligado a trabajar en plena alerta roja, fuera de su horario laboral y poniendo en riesgo su vida, como explicó su familia al diario Las Provincias. 

Ante la denuncia del Ministerio de Trabajo, fuentes de la Generalitat Valenciana negaron cualquier “insinuación de actuación arbitraria” y argumentaron que las resoluciones adoptadas se dictaron “tras la tramitación del procedimiento legalmente establecido, con base en informes técnicos y análisis jurídico individualizado de cada expediente, dentro del ejercicio legítimo de las competencias que el ordenamiento jurídico atribuye a la autoridad laboral autonómica”. 

El Parlamento Europeo ha encargado al profesor Adrián Todolí Signes, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de València, una investigación destinada a analizar cómo los modelos de negocio y las prácticas laborales de las grandes compañías tecnológicas globales están afectando a las condiciones de trabajo en la Unión Europea.

El estudio aborda hasta qué punto las nuevas formas de organización empresarial utilizadas por las grandes tecnológicas pueden debilitar la aplicación de los estándares laborales existentes o dificultar su efectividad. La investigación examinará fenómenos como la subcontratación, la fragmentación de las plantillas, el empleo mediante empresas intermediarias y el creciente uso de algoritmos para organizar, supervisar y evaluar el trabajo.

Una parte relevante del estudio estará dedicada a la denominada gestión algorítmica, es decir, al empleo de sistemas automatizados y de inteligencia artificial para distribuir tareas, controlar el rendimiento, evaluar a los trabajadores o intervenir en decisiones que afectan a su relación laboral. El proyecto analizará asimismo el uso de tecnologías de vigilancia digital en el trabajo y las dificultades que estas herramientas plantean desde la perspectiva de la legislación laboral y de protección de datos.

El trabajo que interesa al Parlamente europeo comprende el análisis de las prácticas empresariales de las grandes tecnológicas y de sus consecuencias para los trabajadores, así como el estudio del marco jurídico europeo aplicable. La investigación prestará especial atención a cómo la internacionalización y el uso de empresas contratistas locales afecta a las condiciones laborales.

La investigación incluye además un amplio análisis jurídico de la normativa de la Unión Europea y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se estudiará también de manera específica el ordenamiento español y se utilizarán experiencias procedentes de otros Estados miembros cuando permitan identificar problemas regulatorios o soluciones relevantes.

El objetivo es conocer si el marco legislativo actual es suficiente para proteger a las personas trabajadoras ante estos nuevas prácticas empresariales.

Otro de los ámbitos analizados será la contratación pública. El estudio examinará en qué medida las Administraciones pueden utilizar sus contratos con grandes compañías tecnológicas para exigir el cumplimiento de estándares laborales, introducir cláusulas sociales, controlar las cadenas de subcontratación y evitar que determinadas formas de organización empresarial terminen facilitando la elusión de obligaciones laborales.

El proyecto parte de una realidad que ha adquirido una dimensión creciente durante los últimos años. Grandes compañías tecnológicas operan simultáneamente en numerosos países y organizan buena parte de sus actividades mediante complejas redes de sociedades, proveedores, contratistas y empresas auxiliares. Esta estructura permite desarrollar actividades a gran escala, aunque también puede hacer más difícil determinar quién adopta realmente las decisiones que condicionan el trabajo y quién debe asumir las correspondientes responsabilidades jurídicas.

“Las grandes empresas tecnológicas han desarrollado una enorme capacidad para reorganizar los mercados y la forma en la que se presta el trabajo. La legislación laboral europea debe ser capaz de identificar dónde se encuentra realmente el poder de decisión empresarial y garantizar que la utilización de tecnología, intermediarios o cadenas de subcontratación no reduzca la protección que corresponde a los trabajadores”, señala Todolí.

La investigación se desarrollará durante 2026 y sus resultados serán presentados ante el Parlamento Europeo.

Adrián Todolí Signes es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de València. Su investigación se ha especializado durante los últimos años en el impacto de la digitalización, la inteligencia artificial y la gestión algorítmica sobre las relaciones laborales. Ha participado como experto en diferentes proyectos nacionales e internacionales relacionados con las plataformas digitales, las nuevas formas de empleo y la transformación tecnológica del trabajo.

El encargo del Parlamento Europeo sitúa de nuevo a la Universitat de València en el debate europeo sobre la regulación de la inteligencia artificial, las grandes plataformas digitales y el futuro de las relaciones laborales, en un momento en el que las instituciones de la Unión están desarrollando nuevas normas destinadas a adaptar la protección de los trabajadores a una economía cada vez más digitalizada.

Los municipios afectados por la dana del pasado 29 de octubre de 2024 recibieron una lluvia de millones de euros públicos del Gobierno para acometer las obras de reconstrucción. Además, el propio Ejecutivo destinó a la reparación de infraestructuras viarias y ferroviarias miles de millones, al igual que la Generalitat Valenciana para las de su competencia. Por la premura de las actuaciones, todos los contratos que se tramitaron para la reconstrucción se hicieron por la vía de urgencia, es decir, de forma directa, para saltarse los procedimientos habituales y acabar más rápidamente.

Esta falta de controles, amparada por la ley debido a la gravedad de la catástrofe, permitió la entrada de todo tipo de empresas y en condiciones llamativas. La Generalitat disparó los precios unitarios para beneficiar a los contratistas y, además, esta situación está provocando sobrecostes que ya están alertando a los interventores de numerosos ayuntamientos. De momento, la Agencia Valenciana Antifraude ni está ni se la espera. Un caso paradigmático, y que ha soliviantado a la interventora municipal, ha sucedido en el Ayuntamiento de Montserrat, presidido por el alcalde del PP, Sergio Vilar, con las obras de reconstrucción del polideportivo municipal.

Según el informe de la interventora municipal, el pleno del Ayuntamiento —con los votos a favor de PP, PSPV-PSOE y Vox y en contra de Compromís— aprobó, sin informarla, un modificado de obra a Bertolín y a la asistencia técnica, de manera coordinada, del 49,99936 %. La habilitada nacional recuerda que, si esos sobrecostes hubieran sido del 50 %, habrían sido ilegales y las obras habrían tenido que salir a concurso al superarse el límite fijado por la Ley de Contratos del Estado.

En un principio, las obras de reparación del polideportivo por procedimiento de urgencia se presupuestaron en 1.406.346,98 euros, pero acabaron costando 2.109.511,45 euros, un sobrecoste del 49,99936 %. Otro punto llamativo es que tanto la asistencia técnica —presupuestada en 50.000 euros y que acabó costando 82.499— como las obras de la contrata —presupuestadas en 1.351.346 euros y que acabaron costando 2.027.011 euros— tuvieron exactamente el mismo sobrecoste del 49,99936 %.

Ante este procedimiento por parte del pleno y sin haberle informado, la interventora avisó al consistorio de que “realizar gastos sin seguir el correspondiente procedimiento y, por lo tanto, con omisión de la función interventora supone una infracción administrativa” que podría dar lugar a una “responsabilidad presupuestaria”, según el informe al que ha tenido acceso elDiario.es. Es más, asegura la habilitada nacional que podría constituir una “infracción muy grave en materia de gestión económico-presupuestaria”.

Para la interventora, “debiera haberse atendido a la tramitación ordinaria prevista en la LCSP, conforme al artículo anterior, considerando además el tiempo transcurrido entre la declaración de emergencia y la ejecución de las obras”. “La primera manifestación expresa sobre la necesidad de realizar posibles modificaciones o ampliaciones en el contrato de obras la realizó la asistencia técnica de las obras, y redactora del proyecto de las obras, en escrito presentado por registro de entrada en fecha 21/01/2026 (2026-ERE-467), si bien en el escrito no cuantificó ni detalló precios, simplemente advirtió de posibles modificaciones en el contrato de las obras, entiéndase no previstas en la memoria inicial”, añade.

Ante la virulencia y la gravedad del informe de la interventora, el secretario del Ayuntamiento de Montserrat realizó otro informe para justificar la ampliación de las obras y considerar que estas se enmarcan dentro de la urgencia de la emergencia. “Siempre y cuando las obras no hayan finalizado, o en su caso estén ya ejecutadas, cabe concluir que la Administración puede ampliar las obras de emergencia cuando concurran las circunstancias expresadas y que guarden estricta relación con las obras iniciales y paliativas de la emergencia y se consideren 'indispensables', y que una Administración diligente no pudo prever, siempre entendiendo que tales actuaciones están amparadas por la declaración de emergencia efectuada al respecto”, argumenta.

Entre las obras acometidas por el contrato y que tuvieron los importantes sobrecostes se encuentran la reparación del muro de contención del polideportivo, de los frontones, de las pistas de pádel y de la red de saneamiento, que fue lo que más reventó el presupuesto al tener un modificado de obra de más del 1.700 %.

“Todo con informes técnicos y del secretario”

El alcalde del municipio ha defendido la actuación del consistorio y ha criticado el informe de intervención. Sobre los sobrecostes, Sergio Vilar, asegura que no se ha sacado a concurso “porque la ley dice que no se saque al no llegar al 50%”. “Hay unas obras de emergencia que, cuando se empiezan a ejecutar se dan cuenta de que hay más daño del previsto. Se amplía el contrato gracias a un informe del secretario y un informe del técnico que justifica las actuaciones”, añade. “Los técnicos municipales junto a la dirección de obra, determinaron que la actuación es legal, se pasa por pleno y no hay más que destacar. Es una obra de emergencia. Cuando haces una obra de emergencia no tiene sentido paralizar otra obra. Nosotros lo hemos argumentado”, mantiene el alcalde, que insiste en que la decisión se pasó por pleno.

A preguntas sobre la dureza del informe de Intervención, Sergio Vilar asegura que la interventora “ha de certificar que hay dinero y pagar. Ya está. La interventora debería haberse fijado que el polideportivo está sin uso y que nos hemos enfrentado a una dana”, ha añadido. Según lamenta el alcalde, “casi dos años después todavía no está el polideportivo acabado”.

El paro registrado en la Comunitat Valenciana durante el mes de agosto subió en 5.847 personas respecto a julio, lo que supone un aumento del 2,03 por ciento y deja la cifra total de personas desempleadas en 294.519, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo.

En términos interanuales, el paro bajó en agosto en 2.235 personas con respecto al mismo mes de 2025, lo que representa un descenso del 0,75 por ciento.

En España, el paró bajó en la ciudad autónoma de Ceuta (en 148 personas) y subió en el resto, principalmente en Cataluña (14.594 personas más), Madrid (6.881) y Comunitat Valenciana (5.847), mientras que, por provincias, la de Valencia fue la tercera del país donde más aumentó (3.080 personas), tras Barcelona (10.743) y Madrid (6.881).

El paro sube en las tres provincias

El paro subió en agosto en las tres provincias de la Comunitat Valenciana, sobre todo en la de Valencia, con 3.080 personas paradas más (un aumento del 2,17 %), seguida por Alicante (1.864 más, un 1,62 %) y de Castellón, con 903 personas (un 2,87 %).

En relación con agosto de 2025, el paro se ha reducido en dos provincias: en Valencia en 1.195 personas, un -0,82 %, y en Alicante en 1.468, el -1,24 %, y ha subido en Castellón en 428 personas, un 1,34 % más.

De las 294.519 personas desempleadas, 179.895 son mujeres y 114.624 hombres, mientras que hay 17.290 menores de 25 años (9.257 hombres y 8.033 mujeres).

Por sectores, el paro subió en agosto sobre todo en servicios, con 2.884 personas paradas más, seguido del colectivo sin empleo anterior, con 1.323 más; de la construcción, con 1.061 más; y de la industria, con 582 más. Únicamente bajó en la agricultura y lo hizo en 3 personas.

Con estas variaciones, el total de personas paradas por sectores lo encabezan servicios, con 204.271 personas, seguido de industria, con 33.162; el grupo sin empleo anterior, 28.657; construcción, 21.589, y agricultura, 6.840.

Entre los extranjeros, el paro subió en agosto en 2.720 personas respecto al mes anterior, un 4,61 %, y el total de estos desempleados queda en 61.720, de los que 18.285 son comunitarios y 43.417 extracomunitarios. En comparación interanual, el paro entre extranjeros ha subido en 8.090 personas, un 15,09 %, respecto a agosto de 2025.

Bajan los contratos

En cuanto a los contratos, en agosto se registraron 57.035 menos que en julio, hasta los 97.568, una caída del 36,89 %. En términos interanuales, los contratos bajaron en 6.553, un descenso del 7,20 %, respecto a agosto del año pasado.

Por provincias, en la de Valencia se registraron 29.661 contratos menos (un descenso del 37,01 %), en Alicante 20.513 menos (una bajada del 36,56 %) y en Castellón bajaron en 6.861 (un 37,38 % menos).

Los contratos indefinidos bajaron en la Comunitat Valenciana en agosto respecto a julio un 34,35 % (24.569 menos en términos absolutos) hasta los 46.964, mientras que los temporales bajaron un 39,08 % (32.466 menos) hasta los 50.604.

Baja la afiliación a la Seguridad Social

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, en la Comunitat Valenciana bajó en agosto en 22.256 personas (un -0,96 %), hasta quedar en un total de 2.295.883, y en relación a un año antes aumentó en 93.474 personas, un 4,24 % más.

Por provincias, la afiliación bajó en Valencia en 15.310 personas respecto a julio (un -1,24 %), hasta 1.215.016; en Alicante el descenso fue de 5.380 personas (un -0,66 %) y deja el total de afiliados en 810.308, y en Castellón bajó en 1.556 afiliaciones (un -0,58 %) hasta las 270.559.

Además, a 31 de agosto el número de afiliados extranjeros regularizados en alta por el proceso extraordinario ascendía en España a 337.917, de los que 39.830 (el 11,8 %) correspondía a la Comunitat Valenciana, lo que la sitúa como la cuarta, solo por detrás de Madrid, Cataluña y Andalucía.

El presidente de Vox en la provincia de Valencia y miembro de la dirección de Santiago Abascal, Vicente Barrera, tuvo que abandonar, cuando fue nombrado vicepresidente de la Generalitat Valenciana, los órganos de administración de las ocho empresas de las que formaba parte. Además, es propietario o accionista de varias de estas compañías. Más de dos años después de su salida del Gobierno valenciano, y cuando el nombre del extorero suena para encabezar la candidatura del partido de extrema derecha al Ayuntamiento de València, las empresas vinculadas a Barrera, administradas ahora en su mayoría por su hermano, han cosechado resultados económicos dispares en los últimos años.

Vicente Barrera dejó la administración de las ocho empresas el 4 de octubre de 2023, según consta en el Registro Mercantil, aunque el extorero declaró ante la Generalitat que había abandonado sus cargos el 18 de septiembre. Tras aquella salida, solo ha regresado como consejero a Unión Vitivinícola SA, la conocida bodega Marqués de Cáceres. Volvió a formar parte de su consejo de administración el 9 de septiembre de 2025 y también posee una participación en el accionariado de la firma, con sede en Cenicero (La Rioja). Esta compañía es la que mejor ha funcionado dentro del conglomerado empresarial del extorero: en 2024 facturó cerca de 50 millones de euros y obtuvo unos beneficios de 7,4 millones.

La firma que lleva su nombre, Vicente Barrera Simó SL, no tuvo resultados tan positivos. En las últimas cuentas presentadas, correspondientes a 2025, la empresa, dedicada a actividades de servicios de intermediación para el comercio al por menor no especializado, perdió 227.000 euros sin haber declarado ingresos. También perdió dinero Basiespai, una promotora inmobiliaria que presentó sus últimas cuentas en 2021 y registró unas pérdidas de 1.027 euros ese ejercicio. Por su parte, Importpesca Valencia SL, dedicada a la distribución de pescado y marisco, anotó pérdidas de 16.354 euros en 2024, según el Registro Mercantil.

Naves Industriales Viator, de la que también dejó de ser administrador cuando entró en política, fue extinguida el 1 de octubre de 2025, después de que su hoja registral fuera cerrada en 2021.

La empresa familiar dedicada a la promoción y construcción, Edificaciones Formabil, ha funcionado mucho mejor que las anteriores. Con unos activos de casi siete millones de euros, obtuvo unos beneficios de 88.963 euros en 2024, según los últimos datos registrados. La compañía logró ese resultado gracias, principalmente, a los 330.502 euros contabilizados como otros ingresos de explotación, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil. Fundamentalmente, alquileres de propiedades a nombre de la compañía. La firma no obtuvo, sin embargo, ingresos por su actividad principal: la construcción y promoción de viviendas.

Clariflor, la empresa vinculada a Barrera dedicada a la administración y compraventa de fincas, también ganó dinero en 2024. En concreto, obtuvo un beneficio de 10.868 euros después de impuestos. Con unos activos de 783.556 euros, tampoco registró ingresos procedentes de su actividad principal.

En resumen, la mayoría de las empresas que Vicente Barrera dejó de administrar cuando entró en política han continuado activas, aunque sin desarrollar, al menos según sus últimas cuentas disponibles, las actividades que constituyen el núcleo de sus respectivos objetos sociales. Las mejores noticias para el extorero llegan de los alquileres y de la conocida bodega riojana. Si finalmente fuera candidato a la Alcaldía de València y acabara siendo concejal, ya no tendría que renunciar a sus cargos como administrador de empresas. Un trabajo que, en buena medida, ya tiene adelantado.

Valenciano con una dilatada carrera política a sus espaldas dentro del PSPV, Joan Calabuig fue nombrado comisionado del Gobierno para coordinar el Corredor Mediterráneo el pasado 10 abril en sustitución del geógrafo Josep Vicent Boira, quien completó siete años al frente del cargo.

Calabuig, de 65 años, cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito tanto local, como nacional y internacional, un bagaje importante y necesario en tanto que debe lidiar con diferentes gobiernos autonómicos, con la Comisión Europea y con el empresariado, entre otros actores importantes para el desarrollo de la infraestructura.

Cercano a Ximo Puig, pasó cuatro años en Bruselas como europarlamentario entre 2004 y 2008 y fue primer teniente de alcalde de la ciudad de València entre 2015 y 2016, después de presentarse a la alcaldía tanto en 2011 como en 2015 por el PSPV. Más recientemente, ha sido presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, secretario autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas de la Generalitat Valenciana.

Tras superar los 100 días al frente de su nueva responsabilidad, Calabuig explica a elDiario.es los principales retos y objetivos del Corredor Mediterráneo a corto, medio y largo plazo.

Antes de entrar en cuestiones concretas, ¿cómo ha sido tu aterrizaje como sustituto de Josep Vicent Boira, una persona que estaba muy vinculada al desarrollo del Corredor Mediterráneo? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención en estos primeros meses?

Josep Vicent Boira ha sido una persona fundamental en la evolución del Corredor Mediterráneo, junto con las movilizaciones, sobre todo de los sectores empresariales, y las decisiones de los distintos gobiernos. Ha habido gobiernos que se han comprometido más y otros menos. Hasta el Gobierno de Zapatero, cuando se incluyen los corredores transeuropeos de transporte, nosotros no aparecíamos en los mapas. Quiero resaltar una cuestión que me parece importante: este es un proyecto europeo. Estamos ante una obra de una envergadura descomunal. Hay centenares de kilómetros en obras, con inversiones absolutamente sin precedentes y una transformación ferroviaria impresionante.

¿Cuál es el último balance que ha hecho Europa del avance del corredor?

El pasado mes de julio se celebró una reunión en Bruselas. En nuestro caso, participaron representantes de todo el Corredor Mediterráneo, desde Andalucía hasta Ucrania. Evidentemente, Ucrania no podrá desarrollar plenamente su parte hasta que termine la guerra, pero ya están haciendo planes, previsiones y estudios. La mayoría de los problemas están precisamente en los pasos transfronterizos. Ahora para que un tren cruce una frontera hay que resolver cuestiones relacionadas con los maquinistas y con las distintas homologaciones y sistemas de cada país. Todo eso es lo que se está tratando de unificar. La aspiración es que, por ejemplo, una empresa como Ford pueda cargar en su fábrica los vehículos que quiera exportar y llevarlos directamente en tren a Francia, Italia, Croacia, Hungría, Eslovenia o cualquier otro país conectado por el Corredor Mediterráneo. Para ello es fundamental también la implantación del ERTMS, el Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario, que es esencial para conseguir esa interoperabilidad. Ahora cada país tiene sus propios sistemas y estamos avanzando hacia una unificación. España también va muy avanzada en la implantación del ERTMS.

Hablando precisamente de Europa y de los pasos transfronterizos, la aspiración es que el corredor esté operativo entre Algeciras y la frontera francesa en 2030. Pero, ¿qué ocurre con Francia? No es la primera vez que Europa llama la atención al país galo por el retraso en algunas infraestructuras en la frontera con España.

En el caso concreto de Francia, tenemos preocupación por la conexión entre Perpiñán y Montpellier. Es una cuestión que se ha trasladado al Gobierno francés y también al comisionado europeo: es necesario prestar mucha atención a su evolución. Con los tráficos actuales no existe ningún problema, pero es muy probable que el Corredor Mediterráneo suponga un incremento muy importante del transporte de mercancías. Por tanto, sí podemos tener dificultades a medio y largo plazo. Ahora bien, hay algo importante: SNCF Réseau, que es el organismo francés encargado de las infraestructuras ferroviarias, mantiene un contacto permanente con nosotros y con el conjunto del Corredor. Hay consultas continuas y están haciendo estudios y previsiones para organizar la capacidad disponible y evitar que se produzca un colapso. Ahora bien, si Francia hiciera un esfuerzo mayor en su parte, sería muy conveniente. En resumen, los trenes podrán circular y Francia está tratando de organizar la infraestructura disponible para evitar congestiones.

¿Tienen algún estudio sobre cuánto podrá incrementarse el transporte de mercancías por ferrocarril con el corredor?

Hay varios estudios. Ahora mismo no te puedo dar una cifra concreta porque las previsiones oscilan mucho y dependen de numerosos factores. Pero está claro que el tráfico ferroviario de mercancías en el Mediterráneo va a dar un salto muy importante con todas estas infraestructuras. En estos aproximadamente cien días que llevo en el cargo me he reunido con organizaciones empresariales de distintos puntos del Corredor y el interés por utilizar el ferrocarril es muy grande. Estamos muy lejos todavía de la media europea. En España, el transporte ferroviario de mercancías no llega al 5%, mientras que la media europea está en torno al 14%. Nuestra aspiración es alcanzar, al menos, el 10%.

Entonces, ¿se mantiene el horizonte de 2030 para que esté finalizado el Corredor Mediterráneo en España?

En la parte española ese es nuestro objetivo. Y creo que aquí hay que distinguir dos cuestiones. La primera es que existe una voluntad política que está expresada y concretada en números e inversiones. La voluntad política y la acción material están ahí y se está trabajando para llegar a 2030. Ahora bien, también hay que ser conscientes de que estamos hablando de grandes obras y que pueden aparecer imponderables. Pero lo que sí me gustaría dejar claro es que la voluntad política, las licitaciones, las adjudicaciones y el dinero están. Todo está preparado para avanzar. Ahora, si aparece una necrópolis romana en unas excavaciones, quizá la obra se retrase tres meses. Esa es la realidad de las grandes infraestructuras.

Entrando ya en aspectos más concretos y cercanos, ¿cuándo tendremos una conexión de alta velocidad plenamente operativa entre Alicante, València y Castelló?

Todas esas obras van a muy buen ritmo. Nuestra previsión es que la infraestructura esté disponible a finales del año que viene, aunque hay que distinguir siempre entre la finalización de la obra y su puesta en servicio. Hay actuaciones en marcha en el tramo entre La Encina y Alicante y también en la estación de Alicante. En el caso de Castelló-València, estamos ya muy cerca de completar la actuación. Había una vía con tercer carril que ya está funcionando, pero la otra todavía no lo tenía. Eso obligaba, en algunos tramos, a cambiar de una vía a otra. La previsión es que esa situación quede resuelta en los próximos meses y que, antes de final de año, las dos vías dispongan de tercer carril. Eso permitirá mejorar las conexiones con Castelló y disponer de una conexión en ancho estándar europeo para continuar después hacia Alicante. Lo importante es que la conexión Alicante-València y, posteriormente, la integración con Castelló esté completamente terminada a finales de 2027. Incluso podría entrar en fase de pruebas durante los últimos meses de 2027. La conexión permitirá situar el viaje en torno a una hora.

¿Qué se está haciendo exactamente en el eje Teruel-Zaragoza?

La línea está siendo objeto de importantes actuaciones. Se están ampliando túneles y viaductos para adaptar la infraestructura a las nuevas necesidades. Cuando esté terminada, permitirá canalizar buena parte de las mercancías mientras se realizan las obras en el corredor litoral.

Cuando estén terminadas esas actuaciones, ¿será posible viajar entre Murcia, València y Barcelona en alta velocidad?

Sí. En el momento en que esté completada toda esa infraestructura será posible llegar a Barcelona utilizando íntegramente el ancho europeo y, por tanto, a una velocidad mucho mayor que la actual. Ahora existe un problema fundamental: parte de la infraestructura sigue utilizando ancho ibérico. Los trenes tienen que reducir prácticamente a cero la velocidad en los puntos de cambio de ancho, lo que provoca pérdidas de tiempo. Esperamos que las obras estén terminadas a finales de 2027. Si para entonces también está completada la implantación del ERTMS, después habrá que formar a los maquinistas y realizar todos los procesos necesarios para la puesta en servicio. Lo normal es que en 2028 ya se pueda viajar de València a Barcelona en alta velocidad sin ningún problema. Y, por supuesto, también desde Alicante y Murcia, cuyas conexiones estarán completadas antes.

Volviendo a València, también está en marcha una gran obra de integración como es el canal de acceso, ¿qué plazos manejáis?

De momento, los trenes seguirán entrando en Joaquín Sorolla, que precisamente se ha ampliado, mientras se terminan las obras del canal de acceso. Estamos hablando de una obra de una dimensión enorme. Son 600 millones de euros de inversión y los trabajos avanzan a muy buen ritmo. Nuestra previsión es que en 2028 todo el canal de acceso esté completamente terminado. Y aquí me gustaría destacar otra cuestión: el Corredor Mediterráneo también está impulsando grandes transformaciones urbanas. Se van a liberar miles de metros cuadrados y eso supone una oportunidad extraordinaria para València. En mi opinión, esos espacios deberían destinarse a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente mediante una gran actuación verde, con arbolado y espacios públicos.

Precisamente quería preguntarle por la polémica sobre el futuro de esos terrenos donde la alcaldesa, María José Catalá, apuesta por un bulevar ajardinado con viales para coches y tanto el PSPV como Compromís y las entidades vecinales quieren un corredor verde sin tráfico rodado, ¿qué opina usted?

Yo creo que es una gran oportunidad para València. Prácticamente te diría que tiene una dimensión comparable a la que tuvo en su día la transformación del antiguo cauce del río. A mí me parece que no deberíamos perder esta oportunidad de crear un gran espacio verde en toda esa zona sur de València. Estamos eliminando unas vías ferroviarias y transformando el sistema de movilidad con trenes eléctricos. Sustituir ese espacio por más coches, que sí contaminan, no me parece una solución razonable ni para los vecinos ni para la ciudad. Las soluciones para el tráfico de automóviles pueden buscarse de otras maneras.

Hay otra infraestructura que preocupa especialmente a los empresarios. Siempre hablan de que València no puede convertirse en el semáforo de Europa por la falta del túnel pasante. ¿En qué situación está este proyecto?

El túnel pasante es una infraestructura imprescindible para València. Imprescindible. Hay varias razones. La primera es que existe un compromiso público del Gobierno y del ministro. Por tanto, ahí no hay ninguna discusión posible. Pero, además, hay que ir a la realidad. Entiendo y comparto la preocupación de los empresarios porque es un asunto importante, pero hay un compromiso público. El ministro incluso ha explicado por dónde saldrá el túnel. En estos momentos hay dos estudios informativos en marcha. Por un lado, el del propio túnel pasante, que es una obra muy compleja porque tiene que atravesar por debajo de la ciudad. Y, por otro, un estudio complementario para resolver la conexión hacia el norte y el paso bajo la huerta. Se están realizando ambos trabajos en paralelo porque esa parte de la conexión norte ha requerido estudios complementarios. Por tanto, existe un compromiso del Gobierno y del ministro y, desde ese punto de vista, el proyecto es irreversible.

Pero, más allá del compromiso político, ¿por qué considera tan imprescindible esa infraestructura?

Porque, sencillamente, lo es. Estamos hablando de un Corredor Mediterráneo que va a aumentar las frecuencias de pasajeros y también las de mercancías. Como te decía antes, muchas empresas están esperando a que la infraestructura se consolide para utilizar más el ferrocarril. Y en València tenemos, además, los servicios de Cercanías. Todo eso tiene que pasar actualmente por las dos vías del túnel del Cabanyal, que tiene una determinada fragilidad. Hay que tener en cuenta las condiciones en las que funciona y la necesidad de garantizar permanentemente su operatividad. Si dejamos únicamente el túnel del Cabanyal, cualquier problema relacionado con la infraestructura podría convertirse en un enorme cuello de botella. Por eso, pensando a 15 o 20 años vista, tenemos que tener preparada esa alternativa. Sé que estas grandes obras no se construyen de un día para otro. Lo hemos visto en otras ciudades, como Madrid, donde este tipo de infraestructuras han requerido muchos años, incluso décadas. Pero precisamente por eso hay que planificarlas con tiempo.

¿Ha habido alguna novedad reciente sobre el túnel pasante o la estación central subterránea?

No. De la estación sí se licitó recientemente una actuación relacionada con la redacción del proyecto, pero el túnel sigue, en principio, con sus estudios informativos y su tramitación. Además, hay que tener en cuenta que, desde que comenzaron estos estudios, el entorno metropolitano de València está cambiando a una velocidad tremenda. Los datos se van moviendo. Por eso creo que hay que hacerlo con una perspectiva amplia.

¿La puesta en marcha del tercer carril en la segunda vía entre València y Castelló mejorará de alguna manera el servicio de Cercanías?

Sí, va a mejorar. Esa es, desde luego, nuestra esperanza. Ahora mismo hay situaciones en las que determinados trenes tienen que hacer recorridos adicionales por las características de las vías. Eso supone pérdidas de tiempo y retrasos. Y, si se produce cualquier problema o avería, las consecuencias son todavía mayores. La mejora de la infraestructura nos dará un mejor servicio con Castelló, claramente. Y permitirá también aumentar las frecuencias y la regularidad.

Aunque no entra directamente dentro de sus competencias, ¿cómo ve la polémica sobre los trenes de Cercanías que va a recibir València procedentes de Madrid, con una antigüedad de hasta 23 años?

Tengo una reflexión: si los hubieran traído de Stuttgart probablemente no habría habido tanto problema. Aunque tuvieran los mismos años. Hay un elemento simbólico evidente: se dice que los traen de Madrid, que Madrid se queda con lo nuevo y aquí llega lo que ya no quieren allí. Pero el movimiento de trenes en función de las necesidades no es nada nuevo. Es algo que se produce habitualmente de acuerdo con las necesidades de cada territorio. De hecho, el País Vasco ha pedido los trenes más antiguos que salen de aquí cuendo vayan llegando los de Madrid. Allí tienen unas condiciones diferentes. La orografía es mucho más compleja, hay muchas curvas y no necesitan necesariamente trenes que circulen a grandes velocidades. Quizá necesitan más frecuencias, pero no más velocidad. Al final se han gastado 87 millones de euros en renovar esos trenes, y eso no es ninguna broma. Se han puesto en unas condiciones de uso muy buenas.

Los empresarios han señalado algunos puntos del Corredor Mediterráneo que todavía están más retrasados. Entre ellos, el llamado triángulo de Alicante y algunos tramos hacia Algeciras, especialmente Murcia-Almería y Almería-Granada. ¿Cómo avanzan esas actuaciones?

He estado recientemente un par de veces en Almería y Murcia y puedo decirte que la obra es impresionante. Es brutal la inversión que se está realizando. Se están construyendo túneles y plataformas y la obra avanza a un ritmo muy importante. Mi previsión es que el tramo Murcia-Almería pueda tener las obras finalizadas hacia finales de 2027. Después habrá que instalar y completar todos los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento.

¿Y qué ocurre con el triángulo ferroviario de Alicante, que se reclama especialmente por su conexión con Elche, el puerto y el aeropuerto?

Ese proyecto va un poco más retrasado, es verdad. Pero no es determinante para la conexión principal entre València y Alicante. La prioridad allí es la conexión con el eje mediterráneo, es decir, Alicante-La Encina-València. El otro proyecto está previsto y, si no recuerdo mal, ya se están realizando inversiones y obras, pero no puedo dar una fecha concreta de finalización.

¿Qué tramos quedan por acabar en Cataluña y cuándo estarán finalizados?

Este mismo año está prevista la puesta en servicio de la terminal de mercancías de La Llagosta. Ya está parcialmente en marcha y conectada con la fábrica de Seat en Cataluña. Es una actuación prácticamente terminada y supone un paso muy importante. También se está avanzando mucho en Tarragona, con la instalación del ancho mixto, las vías y la electrificación para el acceso al puerto. Y, en Barcelona, continúa la remodelación integral de la estación de La Sagrera para adaptarla a las nuevas necesidades ferroviarias. En Cataluña también se está avanzando mucho. Ahora, sobre todo, vamos a empezar a ver realidades. En los próximos meses habrá inauguraciones y se irá concretando toda esta enorme inversión realizada durante los últimos años.

La Unió Llauradora exige al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y al conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, que pasen de las declaraciones a los hechos ante el fuerte incremento de las importaciones de pequeños cítricos procedentes de Sudáfrica y el progresivo debilitamiento de la citricultura valenciana.

La organización reclama al ministro Cuerpo que España solicite formalmente a la Comisión Europea que evalúe la situación y, si concurren las condiciones previstas, active la cláusula de salvaguardia contemplada en el Acuerdo de Asociación Económica UE-SADC. Asimismo, pide revisar las concesiones arancelarias aplicables cuando el aumento de las importaciones pueda provocar perturbaciones graves en el mercado comunitario.

Los últimos datos oficiales del Ministerio de Agricultura reflejan que las importaciones comunitarias de pequeños cítricos sudafricanos alcanzan ya las 169 904 toneladas en la campaña 2025/26 hasta julio, frente a las 78 170 toneladas de 2020/21. Esto supone un incremento del 117 % en apenas cinco campañas y un volumen un 55,2 % superior a la media de los cinco ejercicios anteriores. La evolución ha sido prácticamente continua: 78 170 toneladas en 2020/21; 93 020 en 2021/22; 106 668 en 2022/23; 120 920 en 2023/24; 148 497 en 2024/25 y las actuales 169 904 toneladas.

En el caso de la naranja, aunque los envíos sudafricanos durante la campaña actual se sitúan un 3,5 % por debajo de los registrados en la anterior, alcanzan todavía las 324 983 toneladas y superan en un 6,3 % la media de las cinco campañas precedentes. Sudáfrica concentra, además, alrededor del 38 % de las importaciones extracomunitarias de naranja de la UE durante la campaña.

LA UNIÓ considera especialmente preocupante comparar esta evolución comercial con la pérdida de capacidad productiva de la citricultura valenciana. Según los datos oficiales de la Generalitat, la Comunitat Valenciana ha perdido 16 334 hectáreas de mandarino desde 2015, con una reducción especialmente acusada en los últimos años.

La organización precisa que el descenso de la superficie citrícola responde a múltiples factores y que no puede atribuirse exclusivamente al incremento de las importaciones. Sin embargo, considera que ambas tendencias evidencian una realidad que las administraciones no pueden ignorar: mientras la producción valenciana afronta graves problemas estructurales de rentabilidad y abandono, la presencia de pequeños cítricos sudafricanos en el mercado europeo se ha más que duplicado en cinco campañas.

“¿Cuántas hectáreas más tenemos que perder para que la política comercial europea empiece a preocuparse también por quienes producimos aquí?”, plantea La Unió. La organización reclama directamente al ministro Carlos Cuerpo que utilice el peso de España en las instituciones comunitarias para plantear ante la Comisión Europea el uso de los instrumentos de defensa comercial previstos en el propio acuerdo con los países del África meridional.

El Acuerdo de Asociación Económica UE-SADC contempla mecanismos bilaterales de salvaguardia ante incrementos de las importaciones que provoquen o amenacen con provocar perturbaciones graves. Por ello, La Unió considera que la evolución de las entradas de cítricos sudafricanos justifica, como mínimo, que España solicite formalmente a Bruselas una evaluación inmediata de la situación.

La Unió interpela igualmente al conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, para que la Generalitat, como administración de la principal zona citrícola española, reclame públicamente al Gobierno de España y a la Comisión Europea el uso de los mecanismos comerciales disponibles cuando concurran las condiciones establecidas.

“Cuerpo tiene las competencias y Barrachina representa a la principal zona citrícola de España. Cada uno desde su responsabilidad tiene que dejar de ser espectador. Los agricultores ya no necesitan más declaraciones en las que se afirme que los cítricos valencianos son los mejores del mundo o que el sector es estratégico. Necesitamos decisiones políticas que ayuden a evitar la continua desaparición de explotaciones”, señala La Unió.

La organización advierte de que la inacción política contribuye al progresivo debilitamiento y desestructuración del sector citrícola, con consecuencias sobre las explotaciones agrarias, el empleo, la actividad económica de las comarcas productoras y el mantenimiento del territorio.

“Los responsables políticos tienen los datos encima de la mesa. Cuando se conoce el problema, existen instrumentos para actuar y año tras año no se utilizan, la inacción política también tiene consecuencias”, critica La Unió.

A la situación comercial se suma, según La Unió, otro elemento especialmente sensible. Sudáfrica es un país donde están presentes plagas y enfermedades de cuarentena inexistentes actualmente en la citricultura valenciana. Entre enero y julio de este año se han registrado 15 interceptaciones de Phyllosticta citricarpa, hongo causante de la mancha negra de los cítricos, en envíos procedentes de Sudáfrica, frente a las ocho registradas durante el mismo periodo de 2025. Esto supone un incremento del 87,5 %.

La organización considera que la evolución de las interceptaciones de Thaumatotibia leucotreta, conocida como falsa polilla, demuestra que el establecimiento de mayores exigencias fitosanitarias puede contribuir a reducir el riesgo.

“Europa ha demostrado con la falsa polilla que cuando existe voluntad de proteger la producción comunitaria se pueden imponer mayores garantías. No entendemos por qué ante la reiteración de interceptaciones de mancha negra no se actúa con la misma determinación”, señala La Unió.

La organización considera especialmente incoherente que los agricultores europeos deban producir con cada vez menos herramientas fitosanitarias y afrontar mayores exigencias ambientales y burocráticas mientras, de forma simultánea, aumenta la entrada de productos procedentes de países donde están presentes organismos de cuarentena que Europa trata precisamente de mantener fuera de su territorio.

“No pedimos privilegios. Pedimos coherencia. Si Europa considera necesarias unas exigencias muy elevadas para sus agricultores, tiene que mostrar la misma exigencia con aquello que importa. Eso es reciprocidad; lo contrario es competir con las manos atadas”, asegura el secretario general de La Unió, Carles Peris.

Peris indica que “Europa tiene instrumentos comerciales y fitosanitarios. España tiene capacidad para exigir que se utilicen y la Generalitat tiene la obligación de defender ante Madrid y Bruselas a la principal citricultura del Estado. Mientras unos y otros se pasan la responsabilidad, los productores desaparecen. Y una explotación que cierra difícilmente vuelve a abrir”.

Las cuentas consolidades de Grupo Atitlan correspondientes al ejercicio 2025 vuelven a presentar unos resultados positivos. La cifra de negocio consolidada alzancó los 609 millones de euros, el doble que el año anterior, y el ebitda -el resultado antes de impuestos y amortizaciones- llegó a los 70,5 millones de euros, un 156% más que en el ejercicio anterior, según informa el grupo en un comunicado. El urbanizador del PAI del Grao y artífice de proyectos como las torres junto al Nou Mestalla firma unos resultados en alza.

La incorporación de Grupo Gaviota en 2025 al perímetro de empresas gestionadas por Atitlan ha marcado los resultados del ejercicio, según informa la compañía. La firma con sede en Sax (Alicante) es líder en la fabricación de equipamiento exterior del hogar (toldos, persianas, ventanas y cerramientos) y afronta una nueva etapa de expansión y consolidación, que ya ha dado lugar a adquisiciones estratégicas en el mercado nacional (Glass Madrid).

En su carta a los stakeholders de Atitlan, los fundadores Roberto Centeno y Aritza Rodero destacan los avances como grupo “más sólido, más diversificado y más comprometido”. Estas características ponen en valor la capacidad de adaptación frente a un entorno complejo, definido por “las tensiones geopolíticas, la volatilidad de los mercados financieros y las incertidumbres en torno al comercio internacional”, señala la compañía, que pone en valor “el modelo multisectorial construido durante dos décadas” que “ha vuelto a demostrar su solidez”.

Esta apuesta estratégica permite que, sobre la base del área industrial/servicios, las plataformas de agricultura (ATGRO), inmobiliario (ATDI) y acuicultura (SEA EIGHT) que lidera Atitlan vayan construyendo valor “de forma sostenible y responsable”. El grupo tiene más de 12.000 empleados y proyectos de escala global.

Entre los hitos alcanzados durante 2025, la compañía destaca el cierre del vehículo de 500 millones levantado junto a Banco Santander para invertir en el cultivo de superalimentos, que además de pistachos, uvas y pimientos, ha iniciado las primeras plantaciones de arándanos. Ese año también tuvo lugar la inauguración de la central de última generación de Sea Eight en Gijón para producir lenguado premium mediante tecnología de recirculación de agua.

Por su parte, ATDI ha conseguido impulsar la urbanización del PAI del Grao de Valencia, un ambicioso proyecto de regeneración urbana que afectará a 380.000 m2 para conectar el barrio marítimo con el centro urbano.

Al mismo tiempo, se han formalizado alianzas para impulsar la promoción de vivienda asequible (Grupo Ática) y otro para explorar el formato ‘branded residences’ (Caledonian), demostrando la constante vocación de Atitlan por impulsar nuevos proyectos. El crecimiento sostenido que demuestran los resultados de 2025 es el reflejo de la apuesta de Atitlan por un modelo basado en la gestión activa y diversificada, insiste la compañía, que concluye: “Estas señas de identidad han convertido al grupo en un referente del ‘mid- market’ español, donde es reconocido por su compromiso y por el impacto positivo en los territorios y sectores en los que opera, proyectándose como un socio fiable y de largo plazo para construir valor”.

Hospital Clínica Benidorm, el grupo sanitario que dirige el hermano del Conseller de Sanidad del Gobierno valenciano, incrementó en cerca de 15 millones de euros su facturación en dos años. Las cuentas del año 2025, avanzadas por el diario Alicante Plaza, revelan que Centro Médico Salus Baleares, la matriz del grupo que dirige Juan David Gómez Gómez, hermano de Marciano Gómez Gómez, facturó cerca de 71 millones de euros en el último año, ocho años más que el ejercicio anterior, cuando cerró con 62,7 millones de euros de facturación.

Los datos antes de impuestos también ahondan en esa senda de crecimiento. Según el citado medio, en 2024 HCB obtuvo un resultado de 4 millones de euros, frente a los 1,4 del ejercicio anterior. El 2024 fue el primer año en el que el grupo sanitario privado presentó unas cuentas consolidadas. En el año 2023, los resultados fueron de 56 millones de euros; una mejora en ingresos de ocho millones anuales para el grupo del hermano del conseller de Sanidad, que ha recibido numerosas derivaciones del sistema público y que en el último año ha firmado una gran operación: su adquisición por parte de Ribera Salud.

Entre los años 2024 y 2025, la Conselleria de Sanidad ha pagado 25 millones de euros a los centros de Hospital Clínica Benidorm por derivaciones sanitarias y el plan de choque para reducir las listas de espera. Benaca SL y Centro Médico Salus Baleares SL, empresas de las que es apoderado Juan David Gómez, e Inscanner, del mismo grupo, fueron las que más dinero recibieron de todos los grupos sanitarios privados en concepto de operaciones no concertadas durante los dos últimos ejercicios registrados, según consta en una respuesta parlamentaria dirigida al PSPV.

Estas derivaciones no concertadas consisten en pruebas diagnósticas, así como su lectura e informes asociados, además de tratamientos y servicios sanitarios como cirugía maxilofacial, tratamientos dentales, rehabilitación y daño cerebral, trastornos de conducta alimentaria o diálisis. Según explicaron desde Sanidad a elDiario.es en el momento de publicar dicha información, las derivaciones se hacen siguiendo una instrucción de la conselleria de 2021, y se autorizan cuando un departamento de salud no puede asumir una determinada demanda atendiendo a criterios clínicos, de proximidad, capacidad asistencial o rapidez de respuesta. El departamento que dirige Marciano Gómez ligó este incremento a la recuperación para el sistema público del Hospital de Dénia (Marina Salud), gestionado hasta febrero de 2024 por Ribera Salud.

A finales de 2025, el grupo de clínicas privadas que gestiona el hermano del conseller, centrado en el ámbito territorial de Alicante, firmó su adquisición por parte de Ribera Salud, una forma de la mercantil de capital francés de afianzar su presencia en la Comunitat Valenciana tras la reversión de los hospitales privatizados. La compra se ha formalizado por 120 millones de euros y permitirá a HCB seguir usando su marca, a falta de la autorización de Competencia. La mujer de Juan David Gómez, Sonia Hernández, —cuñada del conseller de Sanidad—, es la directora financiera de Ribera Salud.

El Gobierno ha ejecutado, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), una inversión de 7.208 millones de euros en la Comunitat Valenciana hasta el 30 de junio, según ha manifestado este jueves la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé.

Del total, 4.505 millones de euros proceden de convocatorias y licitaciones de la Administración General del Estado (AGE) y 2.703 millones de euros han sido asignados a la Comunitat Valenciana en conferencias sectoriales.

El Plan de Recuperación ha alcanzado a un total de 166.064 beneficiarios. Estos datos evidencian, según Bernabé, que el Gobierno “apuesta por el avance y la modernización de la Comunitat Valenciana. Combate las injusticias y robustece el estado del bienestar”.

Gracias al Plan, Adif ha ejecutado 714 millones de euros para actuaciones como la integración de la alta velocidad en la ciudad de València, así como la ampliación y remodelación de la estación Joaquín Sorolla y el nuevo canal de acceso (101 millones); las obras de mantenimiento, control de tráfico centralizado, instalaciones de protección y seguridad y sistemas de suministro de energía en el tramo la Encina-Xàtiva-València del Corredor del Mediterráneo (113 millones) o las obras para el nuevo acceso ferroviario al Puerto de Castellón (88,3 millones).

En carreteras, se han movilizado cerca de 31 millones de euros para medidas comprendidas en la Estrategia y Plan de Choque de Movilidad Sostenible, así como, entre otras, el acondicionamiento de la carretera N-332, a su paso por el casco urbano de Favara o la instalación de alumbrado LED en el Túnel de Pilar de la Horadada en la AP-7.

Por lo que respecta a los Puertos, se han destinado 103,3 millones para la construcción de la estación intermodal en el Puerto de Castellón y mejoras de la eficiencia de la infraestructura, regeneración de la Biodiversidad Marina y reducción de la contaminación del agua (46,7 millones), o la mejora de la eficiencia energética del alumbrado de poniente del Puerto de Alicante (1,7 millones).

También se han llevado a cabo actuaciones en los puertos de València, Sagunto y Gandia que comprenden proyectos como la generación de energías alternativas, la duplicación de vía e implantación del tercer hilo ferroviario entre los muelles de Poniente y Levante, la remodelación de la playa de vías del Dique del Este para la Autopista Ferroviaria o el suministro de aparatos de vía para la mejora y ampliación de la red ferroviaria interior (54,8 millones).

En movilidad sostenible y digital, se han invertido 121,4 millones de euros para proyectos de zonas de bajas emisiones como las actuaciones en 6 municipios de la provincia de Alicante (41,4 millones), en 3 municipios de Castellón (15,2 millones) y en 5 municipios de la provincia de Valencia (64,6 millones).

Dentro del ámbito de reindustrialización y PERTES, la delegada ha recordado que, a través del PERTE VEC, el Gobierno ha destinado a la Comunitat Valenciana 550 millones de euros, de los que 111 millones de euros han sido para el Plan MOVES III, con más de 30.100 beneficiarios.

Además, se han concedido ayudas para diferentes proyectos industriales de innovación en la cadena de valor del vehículo eléctrico como, los 152 millones de euros para la gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos de PowerCo Battery, filial del Grupo Volkswagen, en Sagunto (Valencia).

Por el PERTE de la Economía Circular, la Comunitat Valenciana ha percibido 23,5 millones de euros; mientras que por el PERTE Aeroespacial, la inversión ha sido cercana a los 154 millones de euros. Por otra parte, gracias al PERTE Agro, la inversión ha superado los 83 millones de euros.

Además, en materia de Agua y Medio Ambiente, el Gobierno ha distribuido 59 millones de euros que han beneficiado a 42.613 hectáreas de las comunidades de regantes de la Acequia Real del Júcar, de las comunidades de regantes de Llíria, La Fuente y El Palmeral, en Valencia, y la Margen Izquierda del Segura, en Alicante.

Asimismo, el Gobierno a través del PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (ERHA) ha destinado 142,4 millones de euros que han impulsado la transición energética y el liderazgo en energías limpias.

Y también ha actuado frente a la emergencia climática con el PERTE de descarbonización con más de 100 millones de euros; el PERTE del Agua, con 129 millones de euros, o la renaturalización de ciudades a la que se ha destinado más de 9 millones de euros.

El Gobierno, ha dicho Bernabé, además ha apostado por “hacer frente a la despoblación y garantizar la cohesión territorial” con proyectos de desarrollo urbano sostenible de energía limpia en 87 municipios de menos de 5.000 habitantes por 22,9 millones de euros.

La construcción industrializada ha irrumpido con fuerza en el debate sobre el futuro de la vivienda tras el anuncio de la alianza entre Casas inHAUS y Cecotec para impulsar una gigafactoría con capacidad para fabricar hasta 6.000 viviendas al año. Aunque el proyecto ha despertado un gran interés, el concepto de vivienda industrializada sigue siendo un gran desconocido para buena parte de la población.

Lejos de la imagen de las casetas prefabricadas o de los módulos provisionales utilizados en colegios, oficinas o viviendas de emergencia, este modelo plantea un cambio profundo en la forma de levantar un edificio. La mayor parte del proceso se traslada desde la parcela hasta una planta de producción, donde se fabrican y ensamblan estructuras, instalaciones, baños, cocinas, fachadas o módulos completos que posteriormente se transportan y montan en su ubicación definitiva. En algunos proyectos, hasta el 95 % del edificio puede completarse en la fábrica antes de su montaje definitivo.

De la obra tradicional a la cadena de montaje

La principal diferencia respecto a una construcción convencional no está tanto en los materiales empleados como en la forma de ejecutar el proyecto. Mientras una vivienda tradicional se lleva a cabo principalmente sobre la propia parcela, la industrializada traslada buena parte de los trabajos a una planta de producción, donde los distintos elementos se fabrican en un entorno controlado antes de su traslado al emplazamiento definitivo.

Este sistema permite trabajar bajo cubierta durante todo el año, estandarizar procesos y ejercer un mayor control sobre la calidad de cada fase. Además, la fabricación en seco reduce el consumo de agua y genera menos residuos que una obra convencional.

La principal ventaja de este modelo reside en la reducción de los tiempos de ejecución. Al acortar los plazos, disminuye también el riesgo de que la obra se encarezca por retrasos, por la inflación o por las fluctuaciones en el precio de los materiales, dificultades propias de las obras convencionales. Por ello, el principal atractivo de este sistema no es necesariamente el precio final de la vivienda, sino la rapidez, la previsibilidad y la capacidad de ofrecer presupuestos mucho más estables desde el inicio del proyecto, sin perder calidad en el resultado final.

Una industria automatizada

La expansión de la construcción industrializada también está abriendo nuevas oportunidades para empresas del sector de la maquinaria industrial, que se están adaptando a las necesidades de este nuevo modelo de construcción. Es el caso de la alzireña CMA Machine Tools. La compañía, especializada desde hace más de tres décadas en maquinaria CNC para el taladrado, roscado y fresado del metal, ha adaptado su tecnología a las nuevas necesidades del sector y ha desarrollado un sistema capaz de automatizar el tratamiento de vigas metálicas destinadas a la construcción industrial, un proceso que hasta ahora requería una mayor intervención manual.

Según ha explicado José Carlos, responsable de CMA en conversación con elDiario.es, la máquina automatiza el tratamiento de las vigas para facilitar su posterior premontaje en los talleres donde se fabrican las viviendas industrializadas: “la viga en bruto entra dentro de la máquina y sin manipulacion de operarios, se le hacen todas las operaciones que necesita, tanto de corte, como de fresado”. El objetivo, asegura, es agilizar el proceso productivo y aumentar la capacidad de fabricación en un momento en el que el sector busca soluciones para responder al déficit de vivienda.

De viviendas hasta edificios industrializados

Si hace unos años la construcción industrializada estaba reservada principalmente a viviendas unifamiliares, el sector busca ahora demostrar que el mismo modelo puede aplicarse a promociones residenciales y edificios completos. La futura gigafactoría impulsada por Casas inHAUS y Cecotec, con capacidad para fabricar hasta 6.000 viviendas al año, representa ese cambio de escala y anticipa hacia dónde se dirige una industria llamada a transformar la forma de construir.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha revelado este miércoles que la entidad ha incrementado su plantilla en el último año en un millar de trabajadores, “la mitad para reforzar las oficinas”. “Hemos contratado a más gente porque nuestros clientes quieren ver personas”, ha argumentado el CEO de la compañía, con sede social en València. Con esta estrategia de impulso a la atención física y personalizada, que el directivo ha atribuido a los “últimos tres años” y a la mejora de la rentabilidad derivada de la subida de los tipos de interés, el banco cambia el paso respecto a un sector inmerso desde hace años en una intensa digitalización y en la incorporación de la inteligencia artificial para ganar eficiencia.

CaixaBank ha presentado este miércoles unos beneficios netos de 3.203 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 8,5 % más que en el mismo periodo del año pasado, gracias al aumento de la actividad comercial. “Hemos mejorado las previsiones. Íbamos a crecer un 4 % en la cifra de negocio y estamos alrededor del 8 %”, ha señalado Gortázar. Pese a ello, ha matizado, “no estamos en resultados récord respecto a lo que se ganaba en 2008. Sí lo estamos en términos nominales porque la rentabilidad se ha recuperado, pero no en relación con el capital”.

El consejero delegado de CaixaBank ha reconocido un “cambio de estrategia” en la atención en oficinas, fruto de la mejora de la rentabilidad del sector. “Tenemos que dar el servicio adecuado en todos los ámbitos. De los 19 millones de clientes que tenemos, 13 utilizan nuestra aplicación digital, pero seis millones siguen operando en oficinas. En un entorno de crecimiento del negocio, tenemos que invertir en las personas. Y en ese aspecto destacamos”, ha argumentado Gortázar. El banco pone así el foco en combatir la exclusión financiera en la que muchas personas, la mayoría de edad avanzada, habían quedado atrapadas tras la intensa digitalización del sector.

Respecto a la presencia del Estado en el accionariado del banco, en concreto con un 18 % a través de BFA, Gonzalo Gortázar se ha mostrado muy satisfecho. “Entre 2022 y 2026 el Estado ha ingresado 2.200 millones de euros en dividendos de CaixaBank. Además, con una revalorización de más de nueve veces, hasta ahora ha acertado formando parte del accionariado de nuestra compañía. Lo que valía 2.000 millones ahora vale 18.000. Y esa ganancia es nuestra y de los españoles; es una buena noticia para todos. También es verdad que las rentabilidades pasadas no tienen por qué repetirse en el futuro”, ha explicado Gortázar en respuesta a una pregunta de los periodistas. Sobre una posible salida de BFA para rentabilizar la inversión, el CEO de la compañía se ha mostrado prudente: “Nuestros accionistas son libres de hacer lo que consideren”.

El CEO de CaixaBank ha manifestado su satisfacción por la buena marcha de las economías española y portuguesa, ambas con crecimientos previstos de alrededor del 2,5 %, muy por encima de la media de la Unión Europea. En ese sentido, ha señalado que los grandes desafíos de la economía española son la productividad, la demografía, la deuda pública y la vivienda. “Estamos en un buen momento del ciclo económico, así que tenemos que aprovecharlo para afrontar esos desafíos estructurales y consolidar un crecimiento a largo plazo”, ha defendido.

Gortázar ha considerado que el precio de la vivienda sigue al alza y que lo que se ha moderado es el mercado hipotecario. En ese sentido, la cuota de hipotecas del banco se sitúa en el 24,5 %, con un crecimiento del 6 %. “Sube, pero de forma muy ligera. Eso nos permite mantener la cuota, con pequeños crecimientos, muy en línea con la evolución del mercado”, ha explicado. Sobre la investigación abierta por la CNMC al sector bancario en relación con las hipotecas, Gortázar ha mostrado su máximo “respeto”. El 58 % de las hipotecas que concede actualmente CaixaBank son a tipo fijo.

Otro de los retos, la demografía, también ha protagonizado la rueda de prensa. “La población española está aumentando en medio millón de personas al año. Si no fuera por la inmigración, disminuiría en unas cien mil personas anuales. Así que para mantener ese crecimiento la inmigración es fundamental”, ha explicado el directivo.

Respecto a los incendios y su impacto en la economía, Gonzalo Gortázar ha afirmado que “no son buenos para nadie, tampoco para la economía”. “Las causas responden a una situación que debemos corregir y para la que tenemos que estar preparados. Son incendios que se están produciendo con una intensidad nunca vista. Hay que reparar esa situación. Como ocurrió con la dana, su impacto económico es negativo”, ha concluido.

La Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (AVAESEN) avierte de que la falta de ayudas para el impulso de las comunidades energéticas pone en riesgo más de 10 millones de euros de inversión, tras años con la Comunitat Valenciana a la cabeza en el sector.

Según apunta la patronal energética, los presupuestos de la Generalitat para 2026, aprobados este miércoles en las Corts Valencianes, dejan sin dotación específica esta línea de ayudas, lo que supondría el segundo ejercicio consecutivo sin financiación autonómica para estas iniciativas. Esta falta de continuidad, afirma AVAESEN, “ya está provocando un parón en el desarrollo de nuevos proyectos, afectando tanto a iniciativas promovidas por ayuntamientos como a inversiones empresariales que requieren un marco estable para salir adelante”.

La asociación apunta que estos años sin inversión, que hasta la fecha se había nutrido de fondos europeos en el marco de las estrategias de adaptación al cambio climático, “pueden comprometer la supervivencia de un sector empresarial especializado que se había preparado para responder al crecimiento de este nuevo modelo energético”.

En el año 2020, a través fundamentalmente de ayudas europeas, las energías renovables disfrutaron una inyección económica que impulsó su crecimiento. En 2023, la Generalitat Valenciana había invertido 37 millones de euros en instalaciones de autoconsumo, incluidas las comunidades energéticas locales. El Ejecutivo, todavía bajo la dirección de PSPV, Compromís y Unides Podem-EUPV, asumió el objetivo europeo de alcanzar en 2030 los 10.000 megavatios de renovables, de los que 4.000 corresponden a energía eólica y 6.000 a solar fotovoltaica.

Según informa la Conselleria de Industria que dirige Marian Cano, el IVACE -que gestiona los fondos que para el fomento de las Comunidades Energéticas-, ya ha cumplido ya con la senda financiera asignada por los fondos europeos para los fondos destinados a las Comunidades energéticas. Es decir, que ha agotado el presupuesto que se le había asignado, por lo que la dirección general de Presupuestos no ha podido asignar más a este fin.

AVAESEN solicita a la Generalitat Valenciana y a los grupos parlamentarios que incorporen una dotación presupuestaria específica para el impulso de las comunidades energéticas, aunque la patronal hizo la petición en pleno debate parlamentario.

Según el último informe del Observatorio Energía Común de ECODES, 104 de las 837 comunidades energéticas existentes en España se encuentran en territorio valenciano. Para AVAESEN, “esta posición es el resultado de años de colaboración entre administraciones, empresas y entidades locales, un avance que ahora podría revertirse mientras otras comunidades autónomas mantienen sus programas de apoyo”.

La asociación recuerda además que las ayudas públicas continúan siendo un elemento clave para que estos proyectos puedan hacerse realidad. El mismo informe de ECODES señala que el 59 % de las comunidades energéticas han necesitado algún tipo de financiación o subvención pública para su desarrollo. “Las subvenciones no sustituyen la inversión privada, pero sí reducen el riesgo inicial y permiten que las comunidades energéticas sean accesibles también para hogares en situación de vulnerabilidad energética”, subrayan desde AVAESEN. En este sentido, la asociación recuerda que el actual contexto geopolítico y la incertidumbre en los mercados energéticos hacen prever un incremento del coste de la electricidad en los próximos meses, reforzando la necesidad de acelerar el despliegue de modelos de generación renovable de proximidad.

El inicio de la producción de celdas de baterías en la gigafactoría de PowerCo en Sagunto (Valencia) ha reajustado su calendario y comenzará su operatividad a finales de este 2026, en lugar de septiembre como estaba previsto hasta ahora, según confirman a EFE fuentes de la compañía.

Las actividades de puesta en marcha de la planta siguen adelante y la previsión es que inicie la producción a finales de diciembre.

PowerCo ha manifestado que su objetivo general es preparar la empresa para el futuro de un entorno de mercado dinámico y desafiante, al tiempo que contribuye a la ambición del grupo Volkswagen a reforzar más su competitividad, según indican estas fuentes.

El grupo automovilístico alemán Volkswagen está reposicionando su modelo de negocio hacia una cartera de productos simplificada y optimizada y, en esta línea, está revisando los plazos de puesta en marcha de algunos proyectos.

PowerCo, empresa del grupo, ve como un activo estratégico la producción de celdas en Europa y en Valencia, donde levanta una gigafactoría de baterías.

El pasado 9 de julio, Volkswagen informó de que va a reducir capacidades de producción hasta 9 millones de vehículos anuales para adaptarlas a la situación del mercado global y el aumento de la competencia.

El macrovertedero de Zarra, en la comarca del Valle de Cofrentes, conocido oficialmente como Complejo Medioambiental de Gestión de Residuos, está cada vez más lejos de convertirse en una realidad. El alcalde del municipio, el socialista Raúl Martínez, movido por la fuerte contestación social, ha anunciado esta semana que el proyecto ya no cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, lo que deja herida de muerte una iniciativa que, en sus inicios, fue impulsada por el propio consistorio ante la expectativa de que generara cincuenta puestos de trabajo. Además, otros municipios de la comarca también han presentado alegaciones ante la Conselleria de Medio Ambiente contra el proyecto.

Raúl Martínez, en declaraciones a elDiario.es, ha confirmado que el Ayuntamiento de Zarra ha retirado su respaldo a la iniciativa y considera que, sin ese aval, “es muy difícil” que salga adelante. En la Conselleria de Medio Ambiente comparten ese diagnóstico y aseguran que un proyecto de estas características no puede aprobarse sin el consentimiento del municipio ni de las localidades limítrofes, según explicaron a este diario fuentes del departamento que dirige Vicente Martínez Mus.

Pero, además, según ha podido constatar elDiario.es, la empresa promotora del macrovertedero, Treco Gestión de Residuos S.L., tampoco ofrece grandes garantías de solvencia a la vista de sus cuentas. Según la información del Registro Mercantil, la compañía, con sede en València, no ha generado ni un solo ingreso desde 2020 y no deposita sus cuentas anuales desde el ejercicio 2021. De acuerdo con la documentación correspondiente a ese año, la sociedad se encuentra prácticamente inactiva y sus activos proceden de un préstamo de 100.000 euros. De hecho, podría encontrarse en causa de cierre de hoja registral, una sanción que impone el Registro Mercantil y que impide inscribir nuevos actos societarios.

Detrás de la compañía figura como propietario y administrador Sebastián Jiménez Gil, un empresario que participa en numerosos negocios relacionados con la gestión de residuos y el desarrollo de huertos solares en Murcia, entre otras actividades.

El alcalde de Zarra resta importancia a esta situación y la considera “normal”, ya que, según explica, los promotores de este tipo de proyectos, que suelen generar una fuerte contestación social, acostumbran a utilizar sociedades sin apenas recursos por si la iniciativa acaba frustrándose. “Si el proyecto se aprueba, luego te presentan un aval y ya está”, argumenta.

El proyecto nació en 2022 por iniciativa del Ayuntamiento de Zarra y la empresa presentó el proyecto básico de actividad en 2023. En estos momentos está a la espera de la declaración de impacto ambiental, cuya tramitación se encuentra todavía en una fase inicial, según confirman fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente.

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Júcar también está pendiente de emitir el informe que le ha solicitado la Generalitat. En principio, según las mismas fuentes del organismo, “no parece que vaya a haber afecciones al dominio público hidráulico ni a las masas de agua subterránea de la zona”.

Vecinos y vecinas de las localidades de Jarafuel, Teresa de Cofrentes, Zarra y Ayora junto a una representación de la colonia holandesa e inglesa radicada en el Valle de Ayora han creado una Plataforma para organizarse contra la instalación al considerarla una amenaza para la calidad del aire, las aguas y el patrimonio natural del valle.

Consum ha previsto comprar más de 8.720 toneladas de fruta de hueso para la campaña de verano, lo que supone un incremento del 11% respecto al año anterior. La fruta, de origen nacional, procede principalmente de zonas productoras de Aragón, Cataluña, Comunitat Valenciana, Región de Murcia, Valle del Jerte, Calanda, Jumilla y Badajoz.

La Cooperativa mantiene su apuesta por los productos de proximidad para abastecer a su red de supermercados, entre tiendas Consum y franquicias Charter, ofreciendo fruta fresca en su punto óptimo de consumo durante toda la campaña.

Las principales referencias incluidas en la campaña son albaricoque, melocotón (amarillo y rojo), nectarina, paraguayo, ciruelas, níspero y cereza. Las variedades estarán disponibles en tienda según su temporada y momento óptimo de recolección, comenzando en primavera y prolongándose hasta aproximadamente finales de octubre El níspero y la cereza, los primeros en llegar, finalizan su campaña en junio y julio, respectivamente, mientras que el resto de frutas se incorpora progresivamente.

Producto de proximidad

Consum refuerza su compromiso con el producto local, trabajando con agricultores de distintas zonas productoras. En la Comunitat Valenciana, la Cooperativa prevé superar los 1,13 millones de kilos, un 15% más que en 2025. El producto procede principalmente de la Serranía del Turia y Callosa d’en Sarrià, incluyendo referencias como melocotón, nectarina, ciruela, albaricoque, paraguayo, así como níspero de Denominación de Origen de Callosa d’en Sarrià y cereza de Denominación de Origen Valle del Jerte.

En Catalunya, con producto de proximidad de Lleida y Tarragona, la previsión es de alcanzar los 382.500 kilos, lo que supone un incremento del 16% respecto a la campaña anterior, con referencias como melocotón, nectarina, albaricoque, paraguayo y cereza.

Por su parte, en la Región de Murcia, destaca el melocotón con Indicación Geográfica (IGP)  de Cieza, con una previsión de más de 32.500 kilos, un 26% más que en 2025.

Calidad, frescura y eficiencia logística

Consum realiza controles diarios en plataforma para garantizar que la fruta cumple con sus estándares de calidad en términos de sabor, dulzor y calibre, seleccionando el producto en su punto óptimo de maduración.

El Programa de Transporte en Origen (TEO) de Consum cobra especial relevancia en campañas de proximidad como la de la fruta de hueso. Los productos se recogen directamente del proveedor, optimizando los tiempos y garantizando el control de la cadena de frío. Esto además de permitir un suministro sin stocks, mejora la calidad y frescura de la fruta que llega a las tiendas pocas horas después de ser recolectada.

Apoyo a la economía local

En 2025, Consum realizó compras por valor de más de 3.285 millones de euros, priorizando a los proveedores nacionales, que representan el 98,35% del total. De esta cifra, el 68,1% corresponde a proveedores locales de las comunidades autónomas en las que está presente.

La Cooperativa promueve activamente el desarrollo económico local, favoreciendo relaciones estables y de confianza con sus proveedores. En concreto trabaja con más de 5.700 proveedores y acreedores y su actividad genera más de 50.800 empleos indirectos, principalmente en su cadena de suministro.

En línea con su apuesta por los productos de proximidad, Consum ofrece cerca de 2.900 referencias regionales que se distribuyen exclusivamente en determinadas provincias o localidades, impulsando así los productos autóctonos y adaptándose a los gustos de los consumidores de cada zona.