El paro registrado en la Comunitat Valenciana durante el mes de agosto subió en 5.847 personas respecto a julio, lo que supone un aumento del 2,03 por ciento y deja la cifra total de personas desempleadas en 294.519, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo.

En términos interanuales, el paro bajó en agosto en 2.235 personas con respecto al mismo mes de 2025, lo que representa un descenso del 0,75 por ciento.

En España, el paró bajó en la ciudad autónoma de Ceuta (en 148 personas) y subió en el resto, principalmente en Cataluña (14.594 personas más), Madrid (6.881) y Comunitat Valenciana (5.847), mientras que, por provincias, la de Valencia fue la tercera del país donde más aumentó (3.080 personas), tras Barcelona (10.743) y Madrid (6.881).

El paro sube en las tres provincias

El paro subió en agosto en las tres provincias de la Comunitat Valenciana, sobre todo en la de Valencia, con 3.080 personas paradas más (un aumento del 2,17 %), seguida por Alicante (1.864 más, un 1,62 %) y de Castellón, con 903 personas (un 2,87 %).

En relación con agosto de 2025, el paro se ha reducido en dos provincias: en Valencia en 1.195 personas, un -0,82 %, y en Alicante en 1.468, el -1,24 %, y ha subido en Castellón en 428 personas, un 1,34 % más.

De las 294.519 personas desempleadas, 179.895 son mujeres y 114.624 hombres, mientras que hay 17.290 menores de 25 años (9.257 hombres y 8.033 mujeres).

Por sectores, el paro subió en agosto sobre todo en servicios, con 2.884 personas paradas más, seguido del colectivo sin empleo anterior, con 1.323 más; de la construcción, con 1.061 más; y de la industria, con 582 más. Únicamente bajó en la agricultura y lo hizo en 3 personas.

Con estas variaciones, el total de personas paradas por sectores lo encabezan servicios, con 204.271 personas, seguido de industria, con 33.162; el grupo sin empleo anterior, 28.657; construcción, 21.589, y agricultura, 6.840.

Entre los extranjeros, el paro subió en agosto en 2.720 personas respecto al mes anterior, un 4,61 %, y el total de estos desempleados queda en 61.720, de los que 18.285 son comunitarios y 43.417 extracomunitarios. En comparación interanual, el paro entre extranjeros ha subido en 8.090 personas, un 15,09 %, respecto a agosto de 2025.

Bajan los contratos

En cuanto a los contratos, en agosto se registraron 57.035 menos que en julio, hasta los 97.568, una caída del 36,89 %. En términos interanuales, los contratos bajaron en 6.553, un descenso del 7,20 %, respecto a agosto del año pasado.

Por provincias, en la de Valencia se registraron 29.661 contratos menos (un descenso del 37,01 %), en Alicante 20.513 menos (una bajada del 36,56 %) y en Castellón bajaron en 6.861 (un 37,38 % menos).

Los contratos indefinidos bajaron en la Comunitat Valenciana en agosto respecto a julio un 34,35 % (24.569 menos en términos absolutos) hasta los 46.964, mientras que los temporales bajaron un 39,08 % (32.466 menos) hasta los 50.604.

Baja la afiliación a la Seguridad Social

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, en la Comunitat Valenciana bajó en agosto en 22.256 personas (un -0,96 %), hasta quedar en un total de 2.295.883, y en relación a un año antes aumentó en 93.474 personas, un 4,24 % más.

Por provincias, la afiliación bajó en Valencia en 15.310 personas respecto a julio (un -1,24 %), hasta 1.215.016; en Alicante el descenso fue de 5.380 personas (un -0,66 %) y deja el total de afiliados en 810.308, y en Castellón bajó en 1.556 afiliaciones (un -0,58 %) hasta las 270.559.

Además, a 31 de agosto el número de afiliados extranjeros regularizados en alta por el proceso extraordinario ascendía en España a 337.917, de los que 39.830 (el 11,8 %) correspondía a la Comunitat Valenciana, lo que la sitúa como la cuarta, solo por detrás de Madrid, Cataluña y Andalucía.

El presidente de Vox en la provincia de Valencia y miembro de la dirección de Santiago Abascal, Vicente Barrera, tuvo que abandonar, cuando fue nombrado vicepresidente de la Generalitat Valenciana, los órganos de administración de las ocho empresas de las que formaba parte. Además, es propietario o accionista de varias de estas compañías. Más de dos años después de su salida del Gobierno valenciano, y cuando el nombre del extorero suena para encabezar la candidatura del partido de extrema derecha al Ayuntamiento de València, las empresas vinculadas a Barrera, administradas ahora en su mayoría por su hermano, han cosechado resultados económicos dispares en los últimos años.

Vicente Barrera dejó la administración de las ocho empresas el 4 de octubre de 2023, según consta en el Registro Mercantil, aunque el extorero declaró ante la Generalitat que había abandonado sus cargos el 18 de septiembre. Tras aquella salida, solo ha regresado como consejero a Unión Vitivinícola SA, la conocida bodega Marqués de Cáceres. Volvió a formar parte de su consejo de administración el 9 de septiembre de 2025 y también posee una participación en el accionariado de la firma, con sede en Cenicero (La Rioja). Esta compañía es la que mejor ha funcionado dentro del conglomerado empresarial del extorero: en 2024 facturó cerca de 50 millones de euros y obtuvo unos beneficios de 7,4 millones.

La firma que lleva su nombre, Vicente Barrera Simó SL, no tuvo resultados tan positivos. En las últimas cuentas presentadas, correspondientes a 2025, la empresa, dedicada a actividades de servicios de intermediación para el comercio al por menor no especializado, perdió 227.000 euros sin haber declarado ingresos. También perdió dinero Basiespai, una promotora inmobiliaria que presentó sus últimas cuentas en 2021 y registró unas pérdidas de 1.027 euros ese ejercicio. Por su parte, Importpesca Valencia SL, dedicada a la distribución de pescado y marisco, anotó pérdidas de 16.354 euros en 2024, según el Registro Mercantil.

Naves Industriales Viator, de la que también dejó de ser administrador cuando entró en política, fue extinguida el 1 de octubre de 2025, después de que su hoja registral fuera cerrada en 2021.

La empresa familiar dedicada a la promoción y construcción, Edificaciones Formabil, ha funcionado mucho mejor que las anteriores. Con unos activos de casi siete millones de euros, obtuvo unos beneficios de 88.963 euros en 2024, según los últimos datos registrados. La compañía logró ese resultado gracias, principalmente, a los 330.502 euros contabilizados como otros ingresos de explotación, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil. Fundamentalmente, alquileres de propiedades a nombre de la compañía. La firma no obtuvo, sin embargo, ingresos por su actividad principal: la construcción y promoción de viviendas.

Clariflor, la empresa vinculada a Barrera dedicada a la administración y compraventa de fincas, también ganó dinero en 2024. En concreto, obtuvo un beneficio de 10.868 euros después de impuestos. Con unos activos de 783.556 euros, tampoco registró ingresos procedentes de su actividad principal.

En resumen, la mayoría de las empresas que Vicente Barrera dejó de administrar cuando entró en política han continuado activas, aunque sin desarrollar, al menos según sus últimas cuentas disponibles, las actividades que constituyen el núcleo de sus respectivos objetos sociales. Las mejores noticias para el extorero llegan de los alquileres y de la conocida bodega riojana. Si finalmente fuera candidato a la Alcaldía de València y acabara siendo concejal, ya no tendría que renunciar a sus cargos como administrador de empresas. Un trabajo que, en buena medida, ya tiene adelantado.

Valenciano con una dilatada carrera política a sus espaldas dentro del PSPV, Joan Calabuig fue nombrado comisionado del Gobierno para coordinar el Corredor Mediterráneo el pasado 10 abril en sustitución del geógrafo Josep Vicent Boira, quien completó siete años al frente del cargo.

Calabuig, de 65 años, cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito tanto local, como nacional y internacional, un bagaje importante y necesario en tanto que debe lidiar con diferentes gobiernos autonómicos, con la Comisión Europea y con el empresariado, entre otros actores importantes para el desarrollo de la infraestructura.

Cercano a Ximo Puig, pasó cuatro años en Bruselas como europarlamentario entre 2004 y 2008 y fue primer teniente de alcalde de la ciudad de València entre 2015 y 2016, después de presentarse a la alcaldía tanto en 2011 como en 2015 por el PSPV. Más recientemente, ha sido presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, secretario autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas de la Generalitat Valenciana.

Tras superar los 100 días al frente de su nueva responsabilidad, Calabuig explica a elDiario.es los principales retos y objetivos del Corredor Mediterráneo a corto, medio y largo plazo.

Antes de entrar en cuestiones concretas, ¿cómo ha sido tu aterrizaje como sustituto de Josep Vicent Boira, una persona que estaba muy vinculada al desarrollo del Corredor Mediterráneo? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención en estos primeros meses?

Josep Vicent Boira ha sido una persona fundamental en la evolución del Corredor Mediterráneo, junto con las movilizaciones, sobre todo de los sectores empresariales, y las decisiones de los distintos gobiernos. Ha habido gobiernos que se han comprometido más y otros menos. Hasta el Gobierno de Zapatero, cuando se incluyen los corredores transeuropeos de transporte, nosotros no aparecíamos en los mapas. Quiero resaltar una cuestión que me parece importante: este es un proyecto europeo. Estamos ante una obra de una envergadura descomunal. Hay centenares de kilómetros en obras, con inversiones absolutamente sin precedentes y una transformación ferroviaria impresionante.

¿Cuál es el último balance que ha hecho Europa del avance del corredor?

El pasado mes de julio se celebró una reunión en Bruselas. En nuestro caso, participaron representantes de todo el Corredor Mediterráneo, desde Andalucía hasta Ucrania. Evidentemente, Ucrania no podrá desarrollar plenamente su parte hasta que termine la guerra, pero ya están haciendo planes, previsiones y estudios. La mayoría de los problemas están precisamente en los pasos transfronterizos. Ahora para que un tren cruce una frontera hay que resolver cuestiones relacionadas con los maquinistas y con las distintas homologaciones y sistemas de cada país. Todo eso es lo que se está tratando de unificar. La aspiración es que, por ejemplo, una empresa como Ford pueda cargar en su fábrica los vehículos que quiera exportar y llevarlos directamente en tren a Francia, Italia, Croacia, Hungría, Eslovenia o cualquier otro país conectado por el Corredor Mediterráneo. Para ello es fundamental también la implantación del ERTMS, el Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario, que es esencial para conseguir esa interoperabilidad. Ahora cada país tiene sus propios sistemas y estamos avanzando hacia una unificación. España también va muy avanzada en la implantación del ERTMS.

Hablando precisamente de Europa y de los pasos transfronterizos, la aspiración es que el corredor esté operativo entre Algeciras y la frontera francesa en 2030. Pero, ¿qué ocurre con Francia? No es la primera vez que Europa llama la atención al país galo por el retraso en algunas infraestructuras en la frontera con España.

En el caso concreto de Francia, tenemos preocupación por la conexión entre Perpiñán y Montpellier. Es una cuestión que se ha trasladado al Gobierno francés y también al comisionado europeo: es necesario prestar mucha atención a su evolución. Con los tráficos actuales no existe ningún problema, pero es muy probable que el Corredor Mediterráneo suponga un incremento muy importante del transporte de mercancías. Por tanto, sí podemos tener dificultades a medio y largo plazo. Ahora bien, hay algo importante: SNCF Réseau, que es el organismo francés encargado de las infraestructuras ferroviarias, mantiene un contacto permanente con nosotros y con el conjunto del Corredor. Hay consultas continuas y están haciendo estudios y previsiones para organizar la capacidad disponible y evitar que se produzca un colapso. Ahora bien, si Francia hiciera un esfuerzo mayor en su parte, sería muy conveniente. En resumen, los trenes podrán circular y Francia está tratando de organizar la infraestructura disponible para evitar congestiones.

¿Tienen algún estudio sobre cuánto podrá incrementarse el transporte de mercancías por ferrocarril con el corredor?

Hay varios estudios. Ahora mismo no te puedo dar una cifra concreta porque las previsiones oscilan mucho y dependen de numerosos factores. Pero está claro que el tráfico ferroviario de mercancías en el Mediterráneo va a dar un salto muy importante con todas estas infraestructuras. En estos aproximadamente cien días que llevo en el cargo me he reunido con organizaciones empresariales de distintos puntos del Corredor y el interés por utilizar el ferrocarril es muy grande. Estamos muy lejos todavía de la media europea. En España, el transporte ferroviario de mercancías no llega al 5%, mientras que la media europea está en torno al 14%. Nuestra aspiración es alcanzar, al menos, el 10%.

Entonces, ¿se mantiene el horizonte de 2030 para que esté finalizado el Corredor Mediterráneo en España?

En la parte española ese es nuestro objetivo. Y creo que aquí hay que distinguir dos cuestiones. La primera es que existe una voluntad política que está expresada y concretada en números e inversiones. La voluntad política y la acción material están ahí y se está trabajando para llegar a 2030. Ahora bien, también hay que ser conscientes de que estamos hablando de grandes obras y que pueden aparecer imponderables. Pero lo que sí me gustaría dejar claro es que la voluntad política, las licitaciones, las adjudicaciones y el dinero están. Todo está preparado para avanzar. Ahora, si aparece una necrópolis romana en unas excavaciones, quizá la obra se retrase tres meses. Esa es la realidad de las grandes infraestructuras.

Entrando ya en aspectos más concretos y cercanos, ¿cuándo tendremos una conexión de alta velocidad plenamente operativa entre Alicante, València y Castelló?

Todas esas obras van a muy buen ritmo. Nuestra previsión es que la infraestructura esté disponible a finales del año que viene, aunque hay que distinguir siempre entre la finalización de la obra y su puesta en servicio. Hay actuaciones en marcha en el tramo entre La Encina y Alicante y también en la estación de Alicante. En el caso de Castelló-València, estamos ya muy cerca de completar la actuación. Había una vía con tercer carril que ya está funcionando, pero la otra todavía no lo tenía. Eso obligaba, en algunos tramos, a cambiar de una vía a otra. La previsión es que esa situación quede resuelta en los próximos meses y que, antes de final de año, las dos vías dispongan de tercer carril. Eso permitirá mejorar las conexiones con Castelló y disponer de una conexión en ancho estándar europeo para continuar después hacia Alicante. Lo importante es que la conexión Alicante-València y, posteriormente, la integración con Castelló esté completamente terminada a finales de 2027. Incluso podría entrar en fase de pruebas durante los últimos meses de 2027. La conexión permitirá situar el viaje en torno a una hora.

¿Qué se está haciendo exactamente en el eje Teruel-Zaragoza?

La línea está siendo objeto de importantes actuaciones. Se están ampliando túneles y viaductos para adaptar la infraestructura a las nuevas necesidades. Cuando esté terminada, permitirá canalizar buena parte de las mercancías mientras se realizan las obras en el corredor litoral.

Cuando estén terminadas esas actuaciones, ¿será posible viajar entre Murcia, València y Barcelona en alta velocidad?

Sí. En el momento en que esté completada toda esa infraestructura será posible llegar a Barcelona utilizando íntegramente el ancho europeo y, por tanto, a una velocidad mucho mayor que la actual. Ahora existe un problema fundamental: parte de la infraestructura sigue utilizando ancho ibérico. Los trenes tienen que reducir prácticamente a cero la velocidad en los puntos de cambio de ancho, lo que provoca pérdidas de tiempo. Esperamos que las obras estén terminadas a finales de 2027. Si para entonces también está completada la implantación del ERTMS, después habrá que formar a los maquinistas y realizar todos los procesos necesarios para la puesta en servicio. Lo normal es que en 2028 ya se pueda viajar de València a Barcelona en alta velocidad sin ningún problema. Y, por supuesto, también desde Alicante y Murcia, cuyas conexiones estarán completadas antes.

Volviendo a València, también está en marcha una gran obra de integración como es el canal de acceso, ¿qué plazos manejáis?

De momento, los trenes seguirán entrando en Joaquín Sorolla, que precisamente se ha ampliado, mientras se terminan las obras del canal de acceso. Estamos hablando de una obra de una dimensión enorme. Son 600 millones de euros de inversión y los trabajos avanzan a muy buen ritmo. Nuestra previsión es que en 2028 todo el canal de acceso esté completamente terminado. Y aquí me gustaría destacar otra cuestión: el Corredor Mediterráneo también está impulsando grandes transformaciones urbanas. Se van a liberar miles de metros cuadrados y eso supone una oportunidad extraordinaria para València. En mi opinión, esos espacios deberían destinarse a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente mediante una gran actuación verde, con arbolado y espacios públicos.

Precisamente quería preguntarle por la polémica sobre el futuro de esos terrenos donde la alcaldesa, María José Catalá, apuesta por un bulevar ajardinado con viales para coches y tanto el PSPV como Compromís y las entidades vecinales quieren un corredor verde sin tráfico rodado, ¿qué opina usted?

Yo creo que es una gran oportunidad para València. Prácticamente te diría que tiene una dimensión comparable a la que tuvo en su día la transformación del antiguo cauce del río. A mí me parece que no deberíamos perder esta oportunidad de crear un gran espacio verde en toda esa zona sur de València. Estamos eliminando unas vías ferroviarias y transformando el sistema de movilidad con trenes eléctricos. Sustituir ese espacio por más coches, que sí contaminan, no me parece una solución razonable ni para los vecinos ni para la ciudad. Las soluciones para el tráfico de automóviles pueden buscarse de otras maneras.

Hay otra infraestructura que preocupa especialmente a los empresarios. Siempre hablan de que València no puede convertirse en el semáforo de Europa por la falta del túnel pasante. ¿En qué situación está este proyecto?

El túnel pasante es una infraestructura imprescindible para València. Imprescindible. Hay varias razones. La primera es que existe un compromiso público del Gobierno y del ministro. Por tanto, ahí no hay ninguna discusión posible. Pero, además, hay que ir a la realidad. Entiendo y comparto la preocupación de los empresarios porque es un asunto importante, pero hay un compromiso público. El ministro incluso ha explicado por dónde saldrá el túnel. En estos momentos hay dos estudios informativos en marcha. Por un lado, el del propio túnel pasante, que es una obra muy compleja porque tiene que atravesar por debajo de la ciudad. Y, por otro, un estudio complementario para resolver la conexión hacia el norte y el paso bajo la huerta. Se están realizando ambos trabajos en paralelo porque esa parte de la conexión norte ha requerido estudios complementarios. Por tanto, existe un compromiso del Gobierno y del ministro y, desde ese punto de vista, el proyecto es irreversible.

Pero, más allá del compromiso político, ¿por qué considera tan imprescindible esa infraestructura?

Porque, sencillamente, lo es. Estamos hablando de un Corredor Mediterráneo que va a aumentar las frecuencias de pasajeros y también las de mercancías. Como te decía antes, muchas empresas están esperando a que la infraestructura se consolide para utilizar más el ferrocarril. Y en València tenemos, además, los servicios de Cercanías. Todo eso tiene que pasar actualmente por las dos vías del túnel del Cabanyal, que tiene una determinada fragilidad. Hay que tener en cuenta las condiciones en las que funciona y la necesidad de garantizar permanentemente su operatividad. Si dejamos únicamente el túnel del Cabanyal, cualquier problema relacionado con la infraestructura podría convertirse en un enorme cuello de botella. Por eso, pensando a 15 o 20 años vista, tenemos que tener preparada esa alternativa. Sé que estas grandes obras no se construyen de un día para otro. Lo hemos visto en otras ciudades, como Madrid, donde este tipo de infraestructuras han requerido muchos años, incluso décadas. Pero precisamente por eso hay que planificarlas con tiempo.

¿Ha habido alguna novedad reciente sobre el túnel pasante o la estación central subterránea?

No. De la estación sí se licitó recientemente una actuación relacionada con la redacción del proyecto, pero el túnel sigue, en principio, con sus estudios informativos y su tramitación. Además, hay que tener en cuenta que, desde que comenzaron estos estudios, el entorno metropolitano de València está cambiando a una velocidad tremenda. Los datos se van moviendo. Por eso creo que hay que hacerlo con una perspectiva amplia.

¿La puesta en marcha del tercer carril en la segunda vía entre València y Castelló mejorará de alguna manera el servicio de Cercanías?

Sí, va a mejorar. Esa es, desde luego, nuestra esperanza. Ahora mismo hay situaciones en las que determinados trenes tienen que hacer recorridos adicionales por las características de las vías. Eso supone pérdidas de tiempo y retrasos. Y, si se produce cualquier problema o avería, las consecuencias son todavía mayores. La mejora de la infraestructura nos dará un mejor servicio con Castelló, claramente. Y permitirá también aumentar las frecuencias y la regularidad.

Aunque no entra directamente dentro de sus competencias, ¿cómo ve la polémica sobre los trenes de Cercanías que va a recibir València procedentes de Madrid, con una antigüedad de hasta 23 años?

Tengo una reflexión: si los hubieran traído de Stuttgart probablemente no habría habido tanto problema. Aunque tuvieran los mismos años. Hay un elemento simbólico evidente: se dice que los traen de Madrid, que Madrid se queda con lo nuevo y aquí llega lo que ya no quieren allí. Pero el movimiento de trenes en función de las necesidades no es nada nuevo. Es algo que se produce habitualmente de acuerdo con las necesidades de cada territorio. De hecho, el País Vasco ha pedido los trenes más antiguos que salen de aquí cuendo vayan llegando los de Madrid. Allí tienen unas condiciones diferentes. La orografía es mucho más compleja, hay muchas curvas y no necesitan necesariamente trenes que circulen a grandes velocidades. Quizá necesitan más frecuencias, pero no más velocidad. Al final se han gastado 87 millones de euros en renovar esos trenes, y eso no es ninguna broma. Se han puesto en unas condiciones de uso muy buenas.

Los empresarios han señalado algunos puntos del Corredor Mediterráneo que todavía están más retrasados. Entre ellos, el llamado triángulo de Alicante y algunos tramos hacia Algeciras, especialmente Murcia-Almería y Almería-Granada. ¿Cómo avanzan esas actuaciones?

He estado recientemente un par de veces en Almería y Murcia y puedo decirte que la obra es impresionante. Es brutal la inversión que se está realizando. Se están construyendo túneles y plataformas y la obra avanza a un ritmo muy importante. Mi previsión es que el tramo Murcia-Almería pueda tener las obras finalizadas hacia finales de 2027. Después habrá que instalar y completar todos los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento.

¿Y qué ocurre con el triángulo ferroviario de Alicante, que se reclama especialmente por su conexión con Elche, el puerto y el aeropuerto?

Ese proyecto va un poco más retrasado, es verdad. Pero no es determinante para la conexión principal entre València y Alicante. La prioridad allí es la conexión con el eje mediterráneo, es decir, Alicante-La Encina-València. El otro proyecto está previsto y, si no recuerdo mal, ya se están realizando inversiones y obras, pero no puedo dar una fecha concreta de finalización.

¿Qué tramos quedan por acabar en Cataluña y cuándo estarán finalizados?

Este mismo año está prevista la puesta en servicio de la terminal de mercancías de La Llagosta. Ya está parcialmente en marcha y conectada con la fábrica de Seat en Cataluña. Es una actuación prácticamente terminada y supone un paso muy importante. También se está avanzando mucho en Tarragona, con la instalación del ancho mixto, las vías y la electrificación para el acceso al puerto. Y, en Barcelona, continúa la remodelación integral de la estación de La Sagrera para adaptarla a las nuevas necesidades ferroviarias. En Cataluña también se está avanzando mucho. Ahora, sobre todo, vamos a empezar a ver realidades. En los próximos meses habrá inauguraciones y se irá concretando toda esta enorme inversión realizada durante los últimos años.

La Unió Llauradora exige al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y al conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, que pasen de las declaraciones a los hechos ante el fuerte incremento de las importaciones de pequeños cítricos procedentes de Sudáfrica y el progresivo debilitamiento de la citricultura valenciana.

La organización reclama al ministro Cuerpo que España solicite formalmente a la Comisión Europea que evalúe la situación y, si concurren las condiciones previstas, active la cláusula de salvaguardia contemplada en el Acuerdo de Asociación Económica UE-SADC. Asimismo, pide revisar las concesiones arancelarias aplicables cuando el aumento de las importaciones pueda provocar perturbaciones graves en el mercado comunitario.

Los últimos datos oficiales del Ministerio de Agricultura reflejan que las importaciones comunitarias de pequeños cítricos sudafricanos alcanzan ya las 169 904 toneladas en la campaña 2025/26 hasta julio, frente a las 78 170 toneladas de 2020/21. Esto supone un incremento del 117 % en apenas cinco campañas y un volumen un 55,2 % superior a la media de los cinco ejercicios anteriores. La evolución ha sido prácticamente continua: 78 170 toneladas en 2020/21; 93 020 en 2021/22; 106 668 en 2022/23; 120 920 en 2023/24; 148 497 en 2024/25 y las actuales 169 904 toneladas.

En el caso de la naranja, aunque los envíos sudafricanos durante la campaña actual se sitúan un 3,5 % por debajo de los registrados en la anterior, alcanzan todavía las 324 983 toneladas y superan en un 6,3 % la media de las cinco campañas precedentes. Sudáfrica concentra, además, alrededor del 38 % de las importaciones extracomunitarias de naranja de la UE durante la campaña.

LA UNIÓ considera especialmente preocupante comparar esta evolución comercial con la pérdida de capacidad productiva de la citricultura valenciana. Según los datos oficiales de la Generalitat, la Comunitat Valenciana ha perdido 16 334 hectáreas de mandarino desde 2015, con una reducción especialmente acusada en los últimos años.

La organización precisa que el descenso de la superficie citrícola responde a múltiples factores y que no puede atribuirse exclusivamente al incremento de las importaciones. Sin embargo, considera que ambas tendencias evidencian una realidad que las administraciones no pueden ignorar: mientras la producción valenciana afronta graves problemas estructurales de rentabilidad y abandono, la presencia de pequeños cítricos sudafricanos en el mercado europeo se ha más que duplicado en cinco campañas.

“¿Cuántas hectáreas más tenemos que perder para que la política comercial europea empiece a preocuparse también por quienes producimos aquí?”, plantea La Unió. La organización reclama directamente al ministro Carlos Cuerpo que utilice el peso de España en las instituciones comunitarias para plantear ante la Comisión Europea el uso de los instrumentos de defensa comercial previstos en el propio acuerdo con los países del África meridional.

El Acuerdo de Asociación Económica UE-SADC contempla mecanismos bilaterales de salvaguardia ante incrementos de las importaciones que provoquen o amenacen con provocar perturbaciones graves. Por ello, La Unió considera que la evolución de las entradas de cítricos sudafricanos justifica, como mínimo, que España solicite formalmente a Bruselas una evaluación inmediata de la situación.

La Unió interpela igualmente al conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, para que la Generalitat, como administración de la principal zona citrícola española, reclame públicamente al Gobierno de España y a la Comisión Europea el uso de los mecanismos comerciales disponibles cuando concurran las condiciones establecidas.

“Cuerpo tiene las competencias y Barrachina representa a la principal zona citrícola de España. Cada uno desde su responsabilidad tiene que dejar de ser espectador. Los agricultores ya no necesitan más declaraciones en las que se afirme que los cítricos valencianos son los mejores del mundo o que el sector es estratégico. Necesitamos decisiones políticas que ayuden a evitar la continua desaparición de explotaciones”, señala La Unió.

La organización advierte de que la inacción política contribuye al progresivo debilitamiento y desestructuración del sector citrícola, con consecuencias sobre las explotaciones agrarias, el empleo, la actividad económica de las comarcas productoras y el mantenimiento del territorio.

“Los responsables políticos tienen los datos encima de la mesa. Cuando se conoce el problema, existen instrumentos para actuar y año tras año no se utilizan, la inacción política también tiene consecuencias”, critica La Unió.

A la situación comercial se suma, según La Unió, otro elemento especialmente sensible. Sudáfrica es un país donde están presentes plagas y enfermedades de cuarentena inexistentes actualmente en la citricultura valenciana. Entre enero y julio de este año se han registrado 15 interceptaciones de Phyllosticta citricarpa, hongo causante de la mancha negra de los cítricos, en envíos procedentes de Sudáfrica, frente a las ocho registradas durante el mismo periodo de 2025. Esto supone un incremento del 87,5 %.

La organización considera que la evolución de las interceptaciones de Thaumatotibia leucotreta, conocida como falsa polilla, demuestra que el establecimiento de mayores exigencias fitosanitarias puede contribuir a reducir el riesgo.

“Europa ha demostrado con la falsa polilla que cuando existe voluntad de proteger la producción comunitaria se pueden imponer mayores garantías. No entendemos por qué ante la reiteración de interceptaciones de mancha negra no se actúa con la misma determinación”, señala La Unió.

La organización considera especialmente incoherente que los agricultores europeos deban producir con cada vez menos herramientas fitosanitarias y afrontar mayores exigencias ambientales y burocráticas mientras, de forma simultánea, aumenta la entrada de productos procedentes de países donde están presentes organismos de cuarentena que Europa trata precisamente de mantener fuera de su territorio.

“No pedimos privilegios. Pedimos coherencia. Si Europa considera necesarias unas exigencias muy elevadas para sus agricultores, tiene que mostrar la misma exigencia con aquello que importa. Eso es reciprocidad; lo contrario es competir con las manos atadas”, asegura el secretario general de La Unió, Carles Peris.

Peris indica que “Europa tiene instrumentos comerciales y fitosanitarios. España tiene capacidad para exigir que se utilicen y la Generalitat tiene la obligación de defender ante Madrid y Bruselas a la principal citricultura del Estado. Mientras unos y otros se pasan la responsabilidad, los productores desaparecen. Y una explotación que cierra difícilmente vuelve a abrir”.

Las cuentas consolidades de Grupo Atitlan correspondientes al ejercicio 2025 vuelven a presentar unos resultados positivos. La cifra de negocio consolidada alzancó los 609 millones de euros, el doble que el año anterior, y el ebitda -el resultado antes de impuestos y amortizaciones- llegó a los 70,5 millones de euros, un 156% más que en el ejercicio anterior, según informa el grupo en un comunicado. El urbanizador del PAI del Grao y artífice de proyectos como las torres junto al Nou Mestalla firma unos resultados en alza.

La incorporación de Grupo Gaviota en 2025 al perímetro de empresas gestionadas por Atitlan ha marcado los resultados del ejercicio, según informa la compañía. La firma con sede en Sax (Alicante) es líder en la fabricación de equipamiento exterior del hogar (toldos, persianas, ventanas y cerramientos) y afronta una nueva etapa de expansión y consolidación, que ya ha dado lugar a adquisiciones estratégicas en el mercado nacional (Glass Madrid).

En su carta a los stakeholders de Atitlan, los fundadores Roberto Centeno y Aritza Rodero destacan los avances como grupo “más sólido, más diversificado y más comprometido”. Estas características ponen en valor la capacidad de adaptación frente a un entorno complejo, definido por “las tensiones geopolíticas, la volatilidad de los mercados financieros y las incertidumbres en torno al comercio internacional”, señala la compañía, que pone en valor “el modelo multisectorial construido durante dos décadas” que “ha vuelto a demostrar su solidez”.

Esta apuesta estratégica permite que, sobre la base del área industrial/servicios, las plataformas de agricultura (ATGRO), inmobiliario (ATDI) y acuicultura (SEA EIGHT) que lidera Atitlan vayan construyendo valor “de forma sostenible y responsable”. El grupo tiene más de 12.000 empleados y proyectos de escala global.

Entre los hitos alcanzados durante 2025, la compañía destaca el cierre del vehículo de 500 millones levantado junto a Banco Santander para invertir en el cultivo de superalimentos, que además de pistachos, uvas y pimientos, ha iniciado las primeras plantaciones de arándanos. Ese año también tuvo lugar la inauguración de la central de última generación de Sea Eight en Gijón para producir lenguado premium mediante tecnología de recirculación de agua.

Por su parte, ATDI ha conseguido impulsar la urbanización del PAI del Grao de Valencia, un ambicioso proyecto de regeneración urbana que afectará a 380.000 m2 para conectar el barrio marítimo con el centro urbano.

Al mismo tiempo, se han formalizado alianzas para impulsar la promoción de vivienda asequible (Grupo Ática) y otro para explorar el formato ‘branded residences’ (Caledonian), demostrando la constante vocación de Atitlan por impulsar nuevos proyectos. El crecimiento sostenido que demuestran los resultados de 2025 es el reflejo de la apuesta de Atitlan por un modelo basado en la gestión activa y diversificada, insiste la compañía, que concluye: “Estas señas de identidad han convertido al grupo en un referente del ‘mid- market’ español, donde es reconocido por su compromiso y por el impacto positivo en los territorios y sectores en los que opera, proyectándose como un socio fiable y de largo plazo para construir valor”.

Hospital Clínica Benidorm, el grupo sanitario que dirige el hermano del Conseller de Sanidad del Gobierno valenciano, incrementó en cerca de 15 millones de euros su facturación en dos años. Las cuentas del año 2025, avanzadas por el diario Alicante Plaza, revelan que Centro Médico Salus Baleares, la matriz del grupo que dirige Juan David Gómez Gómez, hermano de Marciano Gómez Gómez, facturó cerca de 71 millones de euros en el último año, ocho años más que el ejercicio anterior, cuando cerró con 62,7 millones de euros de facturación.

Los datos antes de impuestos también ahondan en esa senda de crecimiento. Según el citado medio, en 2024 HCB obtuvo un resultado de 4 millones de euros, frente a los 1,4 del ejercicio anterior. El 2024 fue el primer año en el que el grupo sanitario privado presentó unas cuentas consolidadas. En el año 2023, los resultados fueron de 56 millones de euros; una mejora en ingresos de ocho millones anuales para el grupo del hermano del conseller de Sanidad, que ha recibido numerosas derivaciones del sistema público y que en el último año ha firmado una gran operación: su adquisición por parte de Ribera Salud.

Entre los años 2024 y 2025, la Conselleria de Sanidad ha pagado 25 millones de euros a los centros de Hospital Clínica Benidorm por derivaciones sanitarias y el plan de choque para reducir las listas de espera. Benaca SL y Centro Médico Salus Baleares SL, empresas de las que es apoderado Juan David Gómez, e Inscanner, del mismo grupo, fueron las que más dinero recibieron de todos los grupos sanitarios privados en concepto de operaciones no concertadas durante los dos últimos ejercicios registrados, según consta en una respuesta parlamentaria dirigida al PSPV.

Estas derivaciones no concertadas consisten en pruebas diagnósticas, así como su lectura e informes asociados, además de tratamientos y servicios sanitarios como cirugía maxilofacial, tratamientos dentales, rehabilitación y daño cerebral, trastornos de conducta alimentaria o diálisis. Según explicaron desde Sanidad a elDiario.es en el momento de publicar dicha información, las derivaciones se hacen siguiendo una instrucción de la conselleria de 2021, y se autorizan cuando un departamento de salud no puede asumir una determinada demanda atendiendo a criterios clínicos, de proximidad, capacidad asistencial o rapidez de respuesta. El departamento que dirige Marciano Gómez ligó este incremento a la recuperación para el sistema público del Hospital de Dénia (Marina Salud), gestionado hasta febrero de 2024 por Ribera Salud.

A finales de 2025, el grupo de clínicas privadas que gestiona el hermano del conseller, centrado en el ámbito territorial de Alicante, firmó su adquisición por parte de Ribera Salud, una forma de la mercantil de capital francés de afianzar su presencia en la Comunitat Valenciana tras la reversión de los hospitales privatizados. La compra se ha formalizado por 120 millones de euros y permitirá a HCB seguir usando su marca, a falta de la autorización de Competencia. La mujer de Juan David Gómez, Sonia Hernández, —cuñada del conseller de Sanidad—, es la directora financiera de Ribera Salud.

El Gobierno ha ejecutado, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), una inversión de 7.208 millones de euros en la Comunitat Valenciana hasta el 30 de junio, según ha manifestado este jueves la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé.

Del total, 4.505 millones de euros proceden de convocatorias y licitaciones de la Administración General del Estado (AGE) y 2.703 millones de euros han sido asignados a la Comunitat Valenciana en conferencias sectoriales.

El Plan de Recuperación ha alcanzado a un total de 166.064 beneficiarios. Estos datos evidencian, según Bernabé, que el Gobierno “apuesta por el avance y la modernización de la Comunitat Valenciana. Combate las injusticias y robustece el estado del bienestar”.

Gracias al Plan, Adif ha ejecutado 714 millones de euros para actuaciones como la integración de la alta velocidad en la ciudad de València, así como la ampliación y remodelación de la estación Joaquín Sorolla y el nuevo canal de acceso (101 millones); las obras de mantenimiento, control de tráfico centralizado, instalaciones de protección y seguridad y sistemas de suministro de energía en el tramo la Encina-Xàtiva-València del Corredor del Mediterráneo (113 millones) o las obras para el nuevo acceso ferroviario al Puerto de Castellón (88,3 millones).

En carreteras, se han movilizado cerca de 31 millones de euros para medidas comprendidas en la Estrategia y Plan de Choque de Movilidad Sostenible, así como, entre otras, el acondicionamiento de la carretera N-332, a su paso por el casco urbano de Favara o la instalación de alumbrado LED en el Túnel de Pilar de la Horadada en la AP-7.

Por lo que respecta a los Puertos, se han destinado 103,3 millones para la construcción de la estación intermodal en el Puerto de Castellón y mejoras de la eficiencia de la infraestructura, regeneración de la Biodiversidad Marina y reducción de la contaminación del agua (46,7 millones), o la mejora de la eficiencia energética del alumbrado de poniente del Puerto de Alicante (1,7 millones).

También se han llevado a cabo actuaciones en los puertos de València, Sagunto y Gandia que comprenden proyectos como la generación de energías alternativas, la duplicación de vía e implantación del tercer hilo ferroviario entre los muelles de Poniente y Levante, la remodelación de la playa de vías del Dique del Este para la Autopista Ferroviaria o el suministro de aparatos de vía para la mejora y ampliación de la red ferroviaria interior (54,8 millones).

En movilidad sostenible y digital, se han invertido 121,4 millones de euros para proyectos de zonas de bajas emisiones como las actuaciones en 6 municipios de la provincia de Alicante (41,4 millones), en 3 municipios de Castellón (15,2 millones) y en 5 municipios de la provincia de Valencia (64,6 millones).

Dentro del ámbito de reindustrialización y PERTES, la delegada ha recordado que, a través del PERTE VEC, el Gobierno ha destinado a la Comunitat Valenciana 550 millones de euros, de los que 111 millones de euros han sido para el Plan MOVES III, con más de 30.100 beneficiarios.

Además, se han concedido ayudas para diferentes proyectos industriales de innovación en la cadena de valor del vehículo eléctrico como, los 152 millones de euros para la gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos de PowerCo Battery, filial del Grupo Volkswagen, en Sagunto (Valencia).

Por el PERTE de la Economía Circular, la Comunitat Valenciana ha percibido 23,5 millones de euros; mientras que por el PERTE Aeroespacial, la inversión ha sido cercana a los 154 millones de euros. Por otra parte, gracias al PERTE Agro, la inversión ha superado los 83 millones de euros.

Además, en materia de Agua y Medio Ambiente, el Gobierno ha distribuido 59 millones de euros que han beneficiado a 42.613 hectáreas de las comunidades de regantes de la Acequia Real del Júcar, de las comunidades de regantes de Llíria, La Fuente y El Palmeral, en Valencia, y la Margen Izquierda del Segura, en Alicante.

Asimismo, el Gobierno a través del PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (ERHA) ha destinado 142,4 millones de euros que han impulsado la transición energética y el liderazgo en energías limpias.

Y también ha actuado frente a la emergencia climática con el PERTE de descarbonización con más de 100 millones de euros; el PERTE del Agua, con 129 millones de euros, o la renaturalización de ciudades a la que se ha destinado más de 9 millones de euros.

El Gobierno, ha dicho Bernabé, además ha apostado por “hacer frente a la despoblación y garantizar la cohesión territorial” con proyectos de desarrollo urbano sostenible de energía limpia en 87 municipios de menos de 5.000 habitantes por 22,9 millones de euros.

La construcción industrializada ha irrumpido con fuerza en el debate sobre el futuro de la vivienda tras el anuncio de la alianza entre Casas inHAUS y Cecotec para impulsar una gigafactoría con capacidad para fabricar hasta 6.000 viviendas al año. Aunque el proyecto ha despertado un gran interés, el concepto de vivienda industrializada sigue siendo un gran desconocido para buena parte de la población.

Lejos de la imagen de las casetas prefabricadas o de los módulos provisionales utilizados en colegios, oficinas o viviendas de emergencia, este modelo plantea un cambio profundo en la forma de levantar un edificio. La mayor parte del proceso se traslada desde la parcela hasta una planta de producción, donde se fabrican y ensamblan estructuras, instalaciones, baños, cocinas, fachadas o módulos completos que posteriormente se transportan y montan en su ubicación definitiva. En algunos proyectos, hasta el 95 % del edificio puede completarse en la fábrica antes de su montaje definitivo.

De la obra tradicional a la cadena de montaje

La principal diferencia respecto a una construcción convencional no está tanto en los materiales empleados como en la forma de ejecutar el proyecto. Mientras una vivienda tradicional se lleva a cabo principalmente sobre la propia parcela, la industrializada traslada buena parte de los trabajos a una planta de producción, donde los distintos elementos se fabrican en un entorno controlado antes de su traslado al emplazamiento definitivo.

Este sistema permite trabajar bajo cubierta durante todo el año, estandarizar procesos y ejercer un mayor control sobre la calidad de cada fase. Además, la fabricación en seco reduce el consumo de agua y genera menos residuos que una obra convencional.

La principal ventaja de este modelo reside en la reducción de los tiempos de ejecución. Al acortar los plazos, disminuye también el riesgo de que la obra se encarezca por retrasos, por la inflación o por las fluctuaciones en el precio de los materiales, dificultades propias de las obras convencionales. Por ello, el principal atractivo de este sistema no es necesariamente el precio final de la vivienda, sino la rapidez, la previsibilidad y la capacidad de ofrecer presupuestos mucho más estables desde el inicio del proyecto, sin perder calidad en el resultado final.

Una industria automatizada

La expansión de la construcción industrializada también está abriendo nuevas oportunidades para empresas del sector de la maquinaria industrial, que se están adaptando a las necesidades de este nuevo modelo de construcción. Es el caso de la alzireña CMA Machine Tools. La compañía, especializada desde hace más de tres décadas en maquinaria CNC para el taladrado, roscado y fresado del metal, ha adaptado su tecnología a las nuevas necesidades del sector y ha desarrollado un sistema capaz de automatizar el tratamiento de vigas metálicas destinadas a la construcción industrial, un proceso que hasta ahora requería una mayor intervención manual.

Según ha explicado José Carlos, responsable de CMA en conversación con elDiario.es, la máquina automatiza el tratamiento de las vigas para facilitar su posterior premontaje en los talleres donde se fabrican las viviendas industrializadas: “la viga en bruto entra dentro de la máquina y sin manipulacion de operarios, se le hacen todas las operaciones que necesita, tanto de corte, como de fresado”. El objetivo, asegura, es agilizar el proceso productivo y aumentar la capacidad de fabricación en un momento en el que el sector busca soluciones para responder al déficit de vivienda.

De viviendas hasta edificios industrializados

Si hace unos años la construcción industrializada estaba reservada principalmente a viviendas unifamiliares, el sector busca ahora demostrar que el mismo modelo puede aplicarse a promociones residenciales y edificios completos. La futura gigafactoría impulsada por Casas inHAUS y Cecotec, con capacidad para fabricar hasta 6.000 viviendas al año, representa ese cambio de escala y anticipa hacia dónde se dirige una industria llamada a transformar la forma de construir.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha revelado este miércoles que la entidad ha incrementado su plantilla en el último año en un millar de trabajadores, “la mitad para reforzar las oficinas”. “Hemos contratado a más gente porque nuestros clientes quieren ver personas”, ha argumentado el CEO de la compañía, con sede social en València. Con esta estrategia de impulso a la atención física y personalizada, que el directivo ha atribuido a los “últimos tres años” y a la mejora de la rentabilidad derivada de la subida de los tipos de interés, el banco cambia el paso respecto a un sector inmerso desde hace años en una intensa digitalización y en la incorporación de la inteligencia artificial para ganar eficiencia.

CaixaBank ha presentado este miércoles unos beneficios netos de 3.203 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 8,5 % más que en el mismo periodo del año pasado, gracias al aumento de la actividad comercial. “Hemos mejorado las previsiones. Íbamos a crecer un 4 % en la cifra de negocio y estamos alrededor del 8 %”, ha señalado Gortázar. Pese a ello, ha matizado, “no estamos en resultados récord respecto a lo que se ganaba en 2008. Sí lo estamos en términos nominales porque la rentabilidad se ha recuperado, pero no en relación con el capital”.

El consejero delegado de CaixaBank ha reconocido un “cambio de estrategia” en la atención en oficinas, fruto de la mejora de la rentabilidad del sector. “Tenemos que dar el servicio adecuado en todos los ámbitos. De los 19 millones de clientes que tenemos, 13 utilizan nuestra aplicación digital, pero seis millones siguen operando en oficinas. En un entorno de crecimiento del negocio, tenemos que invertir en las personas. Y en ese aspecto destacamos”, ha argumentado Gortázar. El banco pone así el foco en combatir la exclusión financiera en la que muchas personas, la mayoría de edad avanzada, habían quedado atrapadas tras la intensa digitalización del sector.

Respecto a la presencia del Estado en el accionariado del banco, en concreto con un 18 % a través de BFA, Gonzalo Gortázar se ha mostrado muy satisfecho. “Entre 2022 y 2026 el Estado ha ingresado 2.200 millones de euros en dividendos de CaixaBank. Además, con una revalorización de más de nueve veces, hasta ahora ha acertado formando parte del accionariado de nuestra compañía. Lo que valía 2.000 millones ahora vale 18.000. Y esa ganancia es nuestra y de los españoles; es una buena noticia para todos. También es verdad que las rentabilidades pasadas no tienen por qué repetirse en el futuro”, ha explicado Gortázar en respuesta a una pregunta de los periodistas. Sobre una posible salida de BFA para rentabilizar la inversión, el CEO de la compañía se ha mostrado prudente: “Nuestros accionistas son libres de hacer lo que consideren”.

El CEO de CaixaBank ha manifestado su satisfacción por la buena marcha de las economías española y portuguesa, ambas con crecimientos previstos de alrededor del 2,5 %, muy por encima de la media de la Unión Europea. En ese sentido, ha señalado que los grandes desafíos de la economía española son la productividad, la demografía, la deuda pública y la vivienda. “Estamos en un buen momento del ciclo económico, así que tenemos que aprovecharlo para afrontar esos desafíos estructurales y consolidar un crecimiento a largo plazo”, ha defendido.

Gortázar ha considerado que el precio de la vivienda sigue al alza y que lo que se ha moderado es el mercado hipotecario. En ese sentido, la cuota de hipotecas del banco se sitúa en el 24,5 %, con un crecimiento del 6 %. “Sube, pero de forma muy ligera. Eso nos permite mantener la cuota, con pequeños crecimientos, muy en línea con la evolución del mercado”, ha explicado. Sobre la investigación abierta por la CNMC al sector bancario en relación con las hipotecas, Gortázar ha mostrado su máximo “respeto”. El 58 % de las hipotecas que concede actualmente CaixaBank son a tipo fijo.

Otro de los retos, la demografía, también ha protagonizado la rueda de prensa. “La población española está aumentando en medio millón de personas al año. Si no fuera por la inmigración, disminuiría en unas cien mil personas anuales. Así que para mantener ese crecimiento la inmigración es fundamental”, ha explicado el directivo.

Respecto a los incendios y su impacto en la economía, Gonzalo Gortázar ha afirmado que “no son buenos para nadie, tampoco para la economía”. “Las causas responden a una situación que debemos corregir y para la que tenemos que estar preparados. Son incendios que se están produciendo con una intensidad nunca vista. Hay que reparar esa situación. Como ocurrió con la dana, su impacto económico es negativo”, ha concluido.

La Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (AVAESEN) avierte de que la falta de ayudas para el impulso de las comunidades energéticas pone en riesgo más de 10 millones de euros de inversión, tras años con la Comunitat Valenciana a la cabeza en el sector.

Según apunta la patronal energética, los presupuestos de la Generalitat para 2026, aprobados este miércoles en las Corts Valencianes, dejan sin dotación específica esta línea de ayudas, lo que supondría el segundo ejercicio consecutivo sin financiación autonómica para estas iniciativas. Esta falta de continuidad, afirma AVAESEN, “ya está provocando un parón en el desarrollo de nuevos proyectos, afectando tanto a iniciativas promovidas por ayuntamientos como a inversiones empresariales que requieren un marco estable para salir adelante”.

La asociación apunta que estos años sin inversión, que hasta la fecha se había nutrido de fondos europeos en el marco de las estrategias de adaptación al cambio climático, “pueden comprometer la supervivencia de un sector empresarial especializado que se había preparado para responder al crecimiento de este nuevo modelo energético”.

En el año 2020, a través fundamentalmente de ayudas europeas, las energías renovables disfrutaron una inyección económica que impulsó su crecimiento. En 2023, la Generalitat Valenciana había invertido 37 millones de euros en instalaciones de autoconsumo, incluidas las comunidades energéticas locales. El Ejecutivo, todavía bajo la dirección de PSPV, Compromís y Unides Podem-EUPV, asumió el objetivo europeo de alcanzar en 2030 los 10.000 megavatios de renovables, de los que 4.000 corresponden a energía eólica y 6.000 a solar fotovoltaica.

Según informa la Conselleria de Industria que dirige Marian Cano, el IVACE -que gestiona los fondos que para el fomento de las Comunidades Energéticas-, ya ha cumplido ya con la senda financiera asignada por los fondos europeos para los fondos destinados a las Comunidades energéticas. Es decir, que ha agotado el presupuesto que se le había asignado, por lo que la dirección general de Presupuestos no ha podido asignar más a este fin.

AVAESEN solicita a la Generalitat Valenciana y a los grupos parlamentarios que incorporen una dotación presupuestaria específica para el impulso de las comunidades energéticas, aunque la patronal hizo la petición en pleno debate parlamentario.

Según el último informe del Observatorio Energía Común de ECODES, 104 de las 837 comunidades energéticas existentes en España se encuentran en territorio valenciano. Para AVAESEN, “esta posición es el resultado de años de colaboración entre administraciones, empresas y entidades locales, un avance que ahora podría revertirse mientras otras comunidades autónomas mantienen sus programas de apoyo”.

La asociación recuerda además que las ayudas públicas continúan siendo un elemento clave para que estos proyectos puedan hacerse realidad. El mismo informe de ECODES señala que el 59 % de las comunidades energéticas han necesitado algún tipo de financiación o subvención pública para su desarrollo. “Las subvenciones no sustituyen la inversión privada, pero sí reducen el riesgo inicial y permiten que las comunidades energéticas sean accesibles también para hogares en situación de vulnerabilidad energética”, subrayan desde AVAESEN. En este sentido, la asociación recuerda que el actual contexto geopolítico y la incertidumbre en los mercados energéticos hacen prever un incremento del coste de la electricidad en los próximos meses, reforzando la necesidad de acelerar el despliegue de modelos de generación renovable de proximidad.

El inicio de la producción de celdas de baterías en la gigafactoría de PowerCo en Sagunto (Valencia) ha reajustado su calendario y comenzará su operatividad a finales de este 2026, en lugar de septiembre como estaba previsto hasta ahora, según confirman a EFE fuentes de la compañía.

Las actividades de puesta en marcha de la planta siguen adelante y la previsión es que inicie la producción a finales de diciembre.

PowerCo ha manifestado que su objetivo general es preparar la empresa para el futuro de un entorno de mercado dinámico y desafiante, al tiempo que contribuye a la ambición del grupo Volkswagen a reforzar más su competitividad, según indican estas fuentes.

El grupo automovilístico alemán Volkswagen está reposicionando su modelo de negocio hacia una cartera de productos simplificada y optimizada y, en esta línea, está revisando los plazos de puesta en marcha de algunos proyectos.

PowerCo, empresa del grupo, ve como un activo estratégico la producción de celdas en Europa y en Valencia, donde levanta una gigafactoría de baterías.

El pasado 9 de julio, Volkswagen informó de que va a reducir capacidades de producción hasta 9 millones de vehículos anuales para adaptarlas a la situación del mercado global y el aumento de la competencia.

El macrovertedero de Zarra, en la comarca del Valle de Cofrentes, conocido oficialmente como Complejo Medioambiental de Gestión de Residuos, está cada vez más lejos de convertirse en una realidad. El alcalde del municipio, el socialista Raúl Martínez, movido por la fuerte contestación social, ha anunciado esta semana que el proyecto ya no cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, lo que deja herida de muerte una iniciativa que, en sus inicios, fue impulsada por el propio consistorio ante la expectativa de que generara cincuenta puestos de trabajo. Además, otros municipios de la comarca también han presentado alegaciones ante la Conselleria de Medio Ambiente contra el proyecto.

Raúl Martínez, en declaraciones a elDiario.es, ha confirmado que el Ayuntamiento de Zarra ha retirado su respaldo a la iniciativa y considera que, sin ese aval, “es muy difícil” que salga adelante. En la Conselleria de Medio Ambiente comparten ese diagnóstico y aseguran que un proyecto de estas características no puede aprobarse sin el consentimiento del municipio ni de las localidades limítrofes, según explicaron a este diario fuentes del departamento que dirige Vicente Martínez Mus.

Pero, además, según ha podido constatar elDiario.es, la empresa promotora del macrovertedero, Treco Gestión de Residuos S.L., tampoco ofrece grandes garantías de solvencia a la vista de sus cuentas. Según la información del Registro Mercantil, la compañía, con sede en València, no ha generado ni un solo ingreso desde 2020 y no deposita sus cuentas anuales desde el ejercicio 2021. De acuerdo con la documentación correspondiente a ese año, la sociedad se encuentra prácticamente inactiva y sus activos proceden de un préstamo de 100.000 euros. De hecho, podría encontrarse en causa de cierre de hoja registral, una sanción que impone el Registro Mercantil y que impide inscribir nuevos actos societarios.

Detrás de la compañía figura como propietario y administrador Sebastián Jiménez Gil, un empresario que participa en numerosos negocios relacionados con la gestión de residuos y el desarrollo de huertos solares en Murcia, entre otras actividades.

El alcalde de Zarra resta importancia a esta situación y la considera “normal”, ya que, según explica, los promotores de este tipo de proyectos, que suelen generar una fuerte contestación social, acostumbran a utilizar sociedades sin apenas recursos por si la iniciativa acaba frustrándose. “Si el proyecto se aprueba, luego te presentan un aval y ya está”, argumenta.

El proyecto nació en 2022 por iniciativa del Ayuntamiento de Zarra y la empresa presentó el proyecto básico de actividad en 2023. En estos momentos está a la espera de la declaración de impacto ambiental, cuya tramitación se encuentra todavía en una fase inicial, según confirman fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente.

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Júcar también está pendiente de emitir el informe que le ha solicitado la Generalitat. En principio, según las mismas fuentes del organismo, “no parece que vaya a haber afecciones al dominio público hidráulico ni a las masas de agua subterránea de la zona”.

Vecinos y vecinas de las localidades de Jarafuel, Teresa de Cofrentes, Zarra y Ayora junto a una representación de la colonia holandesa e inglesa radicada en el Valle de Ayora han creado una Plataforma para organizarse contra la instalación al considerarla una amenaza para la calidad del aire, las aguas y el patrimonio natural del valle.

Consum ha previsto comprar más de 8.720 toneladas de fruta de hueso para la campaña de verano, lo que supone un incremento del 11% respecto al año anterior. La fruta, de origen nacional, procede principalmente de zonas productoras de Aragón, Cataluña, Comunitat Valenciana, Región de Murcia, Valle del Jerte, Calanda, Jumilla y Badajoz.

La Cooperativa mantiene su apuesta por los productos de proximidad para abastecer a su red de supermercados, entre tiendas Consum y franquicias Charter, ofreciendo fruta fresca en su punto óptimo de consumo durante toda la campaña.

Las principales referencias incluidas en la campaña son albaricoque, melocotón (amarillo y rojo), nectarina, paraguayo, ciruelas, níspero y cereza. Las variedades estarán disponibles en tienda según su temporada y momento óptimo de recolección, comenzando en primavera y prolongándose hasta aproximadamente finales de octubre El níspero y la cereza, los primeros en llegar, finalizan su campaña en junio y julio, respectivamente, mientras que el resto de frutas se incorpora progresivamente.

Producto de proximidad

Consum refuerza su compromiso con el producto local, trabajando con agricultores de distintas zonas productoras. En la Comunitat Valenciana, la Cooperativa prevé superar los 1,13 millones de kilos, un 15% más que en 2025. El producto procede principalmente de la Serranía del Turia y Callosa d’en Sarrià, incluyendo referencias como melocotón, nectarina, ciruela, albaricoque, paraguayo, así como níspero de Denominación de Origen de Callosa d’en Sarrià y cereza de Denominación de Origen Valle del Jerte.

En Catalunya, con producto de proximidad de Lleida y Tarragona, la previsión es de alcanzar los 382.500 kilos, lo que supone un incremento del 16% respecto a la campaña anterior, con referencias como melocotón, nectarina, albaricoque, paraguayo y cereza.

Por su parte, en la Región de Murcia, destaca el melocotón con Indicación Geográfica (IGP)  de Cieza, con una previsión de más de 32.500 kilos, un 26% más que en 2025.

Calidad, frescura y eficiencia logística

Consum realiza controles diarios en plataforma para garantizar que la fruta cumple con sus estándares de calidad en términos de sabor, dulzor y calibre, seleccionando el producto en su punto óptimo de maduración.

El Programa de Transporte en Origen (TEO) de Consum cobra especial relevancia en campañas de proximidad como la de la fruta de hueso. Los productos se recogen directamente del proveedor, optimizando los tiempos y garantizando el control de la cadena de frío. Esto además de permitir un suministro sin stocks, mejora la calidad y frescura de la fruta que llega a las tiendas pocas horas después de ser recolectada.

Apoyo a la economía local

En 2025, Consum realizó compras por valor de más de 3.285 millones de euros, priorizando a los proveedores nacionales, que representan el 98,35% del total. De esta cifra, el 68,1% corresponde a proveedores locales de las comunidades autónomas en las que está presente.

La Cooperativa promueve activamente el desarrollo económico local, favoreciendo relaciones estables y de confianza con sus proveedores. En concreto trabaja con más de 5.700 proveedores y acreedores y su actividad genera más de 50.800 empleos indirectos, principalmente en su cadena de suministro.

En línea con su apuesta por los productos de proximidad, Consum ofrece cerca de 2.900 referencias regionales que se distribuyen exclusivamente en determinadas provincias o localidades, impulsando así los productos autóctonos y adaptándose a los gustos de los consumidores de cada zona.

La brecha de precios entre lo que percibe un agricultor en el campo y lo que paga el consumidor final en el supermercado sitúa al productor en una posición de extrema vulnerabilidad. Los últimos datos del Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos (IPOD) revelan diferencias que dificultan la rentabilidad de las explotaciones agrarias valencianas, sobre todo cuando hablamos de algunos productos, un escenario que las organizaciones profesionales atribuyen a la presión de las compras en el extranjero y a las lagunas de la legislación vigente.

El IPOD general sitúa el diferencial medio en un 3,68, lo que significa que el precio de los alimentos se multiplica casi por cuatro a lo largo de la cadena de distribución. Esta distancia es todavía más acusada en el sector agrícola, donde el índice medio se eleva al 3,84, frente al 3,15 del sector ganadero. El caso de la cebolla lidera la estadística de la asimetría comercial con un incremento del 522%: mientras el agricultor recibe de media apenas 0,36 euros por kilo en origen, el consumidor lo adquiere en destino a 2,24 euros (6,22 veces más). Comportamientos similares registran productos básicos como la lechuga, con un encarecimiento del 482%, o la patata, cuyo valor de venta se multiplica por 3,20 desde su recolección.

Con este panorama, en una reciente publicación en redes sociales un agricultor se quejaba amargamente de esta situación. Así, explicaba que debido a la actual legislación, destruía su producción de 250.000 kilos de cebollas, “la faena de un año”, por el irrisorio precio al que se las pagaban, a 9 céntimos el kilo en el campo mientras en el supermercado la cebolla seca se vende entre 1,49 y 1,59 euros el kilo.

Carles Peris, secretario general de La Unió Llauradora i Ramadera, señala que estas diferencias tan elevadas hunden los precios en origen por debajo de los costes de producción, lo que impide que al agricultor le sea rentable recoger la cosecha. “Normalmente detectamos diferencias muy grandes entre lo que percibe el productor y lo que paga el consumidor, y los datos oficiales así lo reflejan”, lamenta Peris. A su juicio, el origen de estos precios en productos como la cebolla o la patata radica en que los operadores de las grandes superficies prefieren abastecerse de mercados externos antes de recurrir a la producción local.

El portavoz de la organización agraria denuncia que los importadores acumulan gran cantidad de producto extranjero en cámaras frigoríficas y lo distribuyen de forma paulatina. Esta estrategia provoca que la producción autóctona entre siempre tarde en los canales comerciales.

“La campaña local se inicia con retraso y el producto se acumula en el campo, lo que genera una presión insoportable sobre las cotizaciones”, explica el secretario general de La Unió. Como consecuencia, cuando los intermediarios acuden a comprar a las explotaciones locales, imponen precios de saldo amparados en las reservas acumuladas en sus almacenes.

La presencia de cebollas procedentes de países como Egipto o Perú en los lineales de los supermercados valencianos en plena temporada local ilustra, según la organización, el perjuicio que causan estas operaciones de comercio exterior.

Peris califica de urgentes las reformas estructurales en la Ley de la Cadena Alimentaria para evitar que los productores se vean obligados a destruir sus cosechas por falta de salida comercial. Asimismo, exige frenar la entrada masiva de alimentos de terceros países que no cumplen los estándares ambientales y sociolaborales exigidos en la Unión Europea.

Caixa Ontinyent ha celebrado esta noche asamblea general ordinaria, con asistencia de 30 de los 46 miembros que la conforman, es decir, el 65% de sus consejeros generales.

La asamblea general ha aprobado las cuentas del ejercicio 2025, que muestran un beneficio, antes de impuestos, de 17,0 millones de euros, lo que supone un incremento del 12% respecto al ejercicio anterior. Tras el pago de impuestos, por importe de 3,2 millones de euros, el beneficio neto asciende a 13,8 millones de euros, un 22% más.

La propuesta de distribución de estos beneficios permite reforzar la capitalización de la entidad (al destinarse el 80% a reservas), al tiempo que potencia sus acciones de obra social (a la que se destina el 20%), lo que eleva su presupuesto hasta 3,8 millones de euros.

El volumen de negocio alcanzó los 2.802 millones de euros, con un crecimiento del 5%, mientras que la tasa de morosidad se redujo hasta el 1,81%, con una cobertura del 107,75%. El capital CET1 se situó en el 24,46%, muy por encima de los niveles exigidos, consolidando la fortaleza financiera de la Entidad.

Evolución del ejercicio 2026

En cuanto a la evolución del actual ejercicio, los datos de abril de 2026 reflejan que Caixa Ontinyent mantiene una positiva dinámica de crecimiento.

Los recursos de clientes se incrementan en un 1,74% interanual, alcanzando los 1.188 millones de euros, mientras que la inversión total crece un 6,35%, situándose en 1.446 millones de euros.

Cabe destacar el fuerte incremento en la financiación a empresas y al acceso a la vivienda que, respecto del mismo período del año anterior, suponen un incremento del 10,22% y del 16,80%, respectivamente.

El resultado de explotación, sin provisiones, es de 6,0 millones de euros, lo que supone un incremento del 14,43% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Líneas de actuación

La asamblea general ha aprobado también las líneas de actuación que marcarán el desarrollo de la Entidad este año, alineadas con los retos del nuevo ciclo estratégico, y sustentadas en dos ejes fundamentales: las personas y la sostenibilidad.

Estas líneas contemplan avanzar en la gestión y experiencia de la clientela, evolucionar el modelo de banca de proximidad combinando la atención presencial con los canales digitales, y mantener una sólida posición financiera preservando los niveles de liquidez y solvencia.

Asimismo, se apuesta por impulsar un modelo operativo más ágil, reforzar los procesos de innovación y transformación, posicionar la marca en nuevos territorios y consolidar un crecimiento sostenible mediante el fortalecimiento del modelo de riesgos, capital y liquidez.

El desarrollo tecnológico, la resiliencia operativa, y la apuesta por el capital humano y el talento, situando a las personas en el centro de la organización, constituyen también pilares fundamentales, junto con la adaptación del modelo organizativo hacia estructuras más flexibles

Obra Social

Los resultados obtenidos permiten consolidar el presupuesto de obra social, que también fue aprobado por la Asamblea General, y que se cifra en 3,8 millones de euros, reforzando con ello su impacto en el territorio.

Durante el pasado ejercicio, la Entidad desarrolló una intensa actividad social, con múltiples iniciativas en colaboración con colectivos, así como programas en educación, formación, sostenibilidad y apoyo a colectivos vulnerables.

Entre las actuaciones previstas este año destaca la potenciación de las actividades de la Fundació Caixa Ontinyent, con mayor diversidad y alcance de sus actuaciones, y el impulso de proyectos de alto impacto social como la colaboración en implantación de la futura Facultad de Veterinaria de la Universitat de València en el Campus de Ontinyent.

De este modo, Caixa Ontinyent reafirma su modelo como entidad financiera comprometida con su entorno, que revierte sus beneficios a la sociedad y contribuye a un desarrollo económico y social sostenible de su territorio.

La Mesa Electoral del Colegio de Farmacéuticos de Valencia (Micof) ha anulado las elecciones celebrada el pasado 10 de mayo en la entidad y ha acordado la repetición de las votaciones tras el recurso presentado por dos de las candidaturas presentadas por irregularidades en el voto por correo.

La entidad colegial celebró el pasado 10 de mayo las elecciones para escoger a la nueva directiva, unos comicios en los que ganó la candidatura encabezada por Juventino Jiménez (Impulso Farmacéutico) con 853 votos de los 2.417 emitidos, mientras que la encabezada por Sergio Marco (Voz Farmacéutica) obtuvo 772 votos y la de Santiago Riaza (Avanza Micof), 678.

Posteriormente, las candidaturas de Marco y Riaza presentaron recursos de reposición contra el Acuerdo de proclamación de la candidatura electa por un presunto defecto de forma en el envío del voto por correo, información que reveló elDiario.es.

Una resolución de la Mesa Electoral, fechada este jueves, señala que se estiman los recursos de reposición interpuestos por Marco y Riaza, declara la nulidad del Acuerdo de proclamación de candidatura electa y acuerda la repetición del acto de votación.

“Esto es, la fijación de una nueva fecha para la votación en los términos previsto en los Estatutos y el Reglamento Electoral, la remisión de la documentación para el voto por correo y la emisión del sufragio, personalmente o por correo”, añade la resolución.

Por su parte, la candidatura Voz Farmacéutica, encabezada por Sergio Marco, ha valorado la decisión de anular el voto por correo en el proceso electoral del Micof como una “confirmación de las irregularidades denunciadas durante las últimas semanas”.

Desde la candidatura se considera que esta resolución “pone de manifiesto la importancia de garantizar el estricto cumplimiento de las normas estatutarias en cualquier proceso electoral, especialmente cuando están en juego la representatividad y la confianza de miles de colegiados”.

Voz Farmacéutica insiste en que la admisión de votos por correo en condiciones no ajustadas a los estatutos —incluyendo sobres contenedores de múltiples papeletas o sin las debidas garantías de integridad— “comprometía la limpieza del proceso y justificaba plenamente la impugnación presentada”.

Según el escrito de impugnación de la candidatura de Sergio Marco, a la que ha tenido acceso elDiario.es, “los votos por correo de la candidatura de Juventino Jiménez fueron remitidos a la notaría pero no con carácter individual, sino que fueron remitidos en bloque en varios sobres que contenían en su interior una multiplicidad de votos, en algunos sobres hasta 100 votos aproximadamente, y además no fueron enviados por los propios electores sino por miembros de la candidatura del señor Jiménez o por personal a su cargo”.

Mercadona ha sido reconocida como la empresa más innovadora en la distribución de España, según la revista Fortune, líder en negocios mundial. La publicación ha presentado esta jueves la segunda edición del ranking de empresas más innovadoras de Europa, donde destaca la presencia de Mercadona como la única del sector de España, y la octava en el listado de la distribución europea. Asimismo, en el listado general compuesto por 300 empresas europeas de varios sectores, de las cuales solo aparecen 12 mercantiles españolas, la compañía de supermercados ocupa la 148ª posición, subiendo 97 posiciones respecto al año pasado, cuando quedó en la 245ª posición.

Fuentes de Mercadona ha explicado que la compañía lleva a cabo un modelo de innovación propio y transversal centrado en cuatro ejes: “la innovación de producto, que canaliza a través de sesiones de coinnovación que realiza con sus clientes en sus 20 centros de coinnovación para desarrollar mejoras y novedades en el surtido; la de procesos, apostando por la transformación digital para optimizar tareas como la gestión de tiendas; la social, con la colaboración con entidades sociales; y la abierta y colaborativa, colaborando con organizaciones especializadas en encontrar soluciones innovadores que aporten valor a toda la organización”.

El acto arrancó en un edificio todavía en obras. Las paredes de lo que fue la antigua fábrica de licores Pons, reconvertida décadas después en la discoteca Tabú y hoy en plena transformación en espacio comunitario, acogieron este jueves, en Benetússer, la presentación de los resultados del Plan Especial de Intervención para Jóvenes de Valencia, impulsado tras la dana de octubre de 2024. El lugar elegido no era casual: La Casa Oberta, el Espai Comunitari de Benetússer, era a la vez el escenario y uno de los protagonistas del evento.

Al acto acudieron la vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y consellera de Habitatge, Ocupació, Joventut i Igualtat, Susana Camarero, y la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, junto a Francisco Belil, presidente de la Fundación Princesa de Girona, y Santiago Peraita, presidente de la Fundació Horta Sud. Los acompañaron representantes de empresas del patronato de la Fundación Princesa de Girona, entidades sociales de la comarca y jóvenes que participaron en las distintas líneas del plan. Una mezcla deliberada: parte de la jornada tenía también vocación de mostrar a potenciales financiadores lo que está en juego, porque el proyecto de La Casa Oberta todavía necesita cerrar su financiación.

Once meses, cuatro frentes de acción

El Plan Especial nació de un proceso de escucha en 24 municipios afectados por la dana, con el objetivo de responder a lo que los propios jóvenes y sus comunidades identificaban como necesidades reales. Desde ahí se articularon cuatro líneas de actuación que trabajaron en paralelo durante casi un año.

La primera fue el apoyo a los centros educativos. La dana había golpeado a 92 centros en 78 municipios, afectando a cerca de 70.000 adolescentes. La respuesta fue desplegar un movimiento de voluntariado docente inspirado en el programa “Generació Docents”: 20 jóvenes de doce comunidades autónomas se incorporaron durante cinco meses a 18 colegios e institutos de ocho municipios, sumando más de 7.500 horas de apoyo en el aula.

La segunda línea fue la emprendeduría joven con propósito. Bajo el nombre de Gira Reptes Emprenedors, unos 500 jóvenes se reunieron en seis localidades para trabajar proyectos vinculados a la resiliencia territorial. Diez iniciativas finalistas recibieron financiación por valor de 100.000 euros. Entre los proyectos seleccionados hay desde soluciones tecnológicas para la prevención de emergencias (WaTech, AlertaSat) hasta plataformas de apoyo al comercio local o recursos educativos inclusivos.

La tercera fue el acompañamiento emocional. Junto a la asociación Betania, el programa realizó 3.585 intervenciones psicosociales en distintos municipios afectados, beneficiando a cerca de 2.000 personas —infantes, jóvenes y familias— desde sedes en Paiporta, Algemesí y Utiel, y con una unidad móvil que alcanzó 33 localidades. Los programas de bienestar emocional fueron los mejor valorados por los participantes, con una puntuación media de 9,2 sobre 10.

La cuarta línea fue la visibilización del talento joven, que incluye el proyecto más ambicioso en términos simbólicos: el Libro Blanco de Generació X València, elaborado por 19 jóvenes líderes que recogieron más de 150 testimonios de afectados por la dana. El documento, presentado este jueves, propone mejoras concretas en comunicación institucional durante emergencias, refuerzo de redes comunitarias y mayor protagonismo de la juventud en la toma de decisiones.

En conjunto, el plan ha movilizado a más de 8.000 jóvenes y ha articulado una red de más de 40 entidades. La evaluación independiente encargada a las consultoras HumanWay y Kreab estima que cada euro invertido ha generado 8,4 euros de valor social, con un retorno total estimado de 12,3 millones de euros sobre una inversión inicial de cerca de 1,5 millones. Francisco Belil destacó durante el acto que estos resultados solo han sido posibles gracias a la confluencia de administraciones, empresas y entidades sociales, y que La Casa Oberta se ha convertido en algo más que un proyecto arquitectónico: “un símbolo de recuperación, esperanza y capacidad de superación para el territorio”.

El edificio que quiere ser algo más

Pero si el plan fue el argumento del acto de hoy, La Casa Oberta fue su alma. El edificio de la avenida Camí Nou, 92 de Benetússer es un inmueble modernista de principios del siglo XX con dos vidas anteriores a sus espaldas y una tercera en construcción, literalmente. La Fundació Horta Sud lo compró para devolverlo a la comunidad: 843 metros cuadrados que, una vez rehabilitados, acogerán actividades formativas, culturales y asociativas, y que están diseñados también para funcionar como punto de coordinación en situaciones de emergencia.

El proyecto arquitectónico, a cargo del estudio Quidam Architectes & Co, apuesta por recuperar la lectura industrial original del edificio mientras incorpora un patio interior, una planta superior con terrazas y espacios modulables capaces de acoger desde reuniones de 20 personas hasta eventos de 249. Daniel Millor, arquitecto impulsor del proyecto y Premio Princesa de Girona Social 2024, resumió bien la idea: “no se trata solo de rehabilitar un edificio, sino de generar una red de espacios de encuentro que se traduzca en tejido social real”.

El presupuesto total del proyecto es de dos millones de euros. A día de hoy se ha conseguido financiación para 1.178.000 euros y se han ejecutado 627.522. Quedan 750.000 euros por cubrir, y parte del evento de hoy tenía ese objetivo explícito: sumar nuevos patrocinadores, tanto empresas como fundaciones, que completen el tramo final de la obra.

Por qué importa un espacio así

La comarca de l'Horta Sud cuenta con 2.251 asociaciones. Muchas de ellas operan sin sede propia, compartiendo locales municipales o reuniéndose donde pueden. La dana demostró, entre otras cosas, que la respuesta más rápida y efectiva no vino de los sistemas institucionales de emergencia sino de las redes vecinales y asociativas que ya existían, que conocían el territorio y que sabían quién necesitaba ayuda. La Casa Oberta pretende ser la infraestructura física que fortalezca esas redes antes de la próxima crisis, sea otra dana, una pandemia o cualquier otro evento extremo.

Santiago Peraita lo planteó en esos términos durante el acto: cuando se escuchan de verdad las necesidades de la comunidad y se unen los esfuerzos del tejido asociativo, las empresas y las instituciones, el desarrollo territorial es posible. Una idea que suena a principio general pero que en Benetússer tiene forma de andamios, de paredes a medio restaurar y de más de 24 entidades sociales que ya están diseñando cómo van a usar este espacio cuando las obras terminen. La inauguración definitiva está prevista para principios de 2027. Hasta entonces, la obra continúa.

El Comité de Gestión de Cítricos y Zuvamesa se unen para llevar a cabo una campaña en defensa del zumo de naranja 100% exprimido frente a la creciente desinformación alimentaria. “Nada más que zumo. Nada menos que zumo”, es una iniciativa desarrollada por Zumos Valencianos del Mediterráneo (Zuvamesa), Agriconsa, Anecoop y el Comité de Gestión de Cítricos con el apoyo de la Generalitat y en esta ocasión, con la participación de la Universidad Complutense de Madrid.

A lo largo de la jornada se ha presentado el informe Efectos de la (des)información en los hábitos de alimentación actuales. El caso del zumo de naranja, y han contado con la presencia de la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, M.ª Àngels Ramón-Llin quien ha insistido en que “no se trata solo de defender un producto, sino de defender la verdad, la salud pública, el empleo rural y una cadena de valor estratégica para la Comunitat Valenciana”.

En este informe pionero sobre desinformación alimentaria, se aborda el papel que constituye internet como principal fuente de consulta de información respecto a prácticamente cualquier tema, pero en concreto sobre la salud, afectando a la percepción que tenemos sobre ciertos alimentos e incluso modificando nuestros hábitos de consumo.

En los últimos años, ha habido una democratización de la información, hay más acceso a conocimientos sobre salud y nutrición que nunca, pero esto –como ocurre con frecuencia en internet– tiene dos caras: una más positiva y otra más negativa. Esto se debe a que la viralidad de los contenidos no depende de la rigurosidad o la calidad del contenido, sino que responde más bien a una lógica de espectacularización.

En un entorno digital marcado por una competencia constante por captar la atención del usuario, los titulares simplistas y sensacionalistas tienen como único objetivo captar la atención del lector. En esta batalla, el algoritmo premia la emoción y no el rigor científico, lo que genera un entorno de ruido en el que la información veraz y contrastada se pierde en una marea de desinformación y bulos. El resultado es una tremenda dificultad para el usuario a la hora de distinguir los datos veraces de los erróneos, lo que genera una sensación de incredulidad y desconfianza constante ante cualquier información.

A lo largo de la jornada se ha destacado el papel que juegan los llamados “foodfluencers polarizantes” en la construcción del discurso sobre la alimentación en redes sociales. Estos perfiles se caracterizan por priorizar el impacto y la viralidad por encima del rigor informativo, utilizando con frecuencia mensajes simplificados, provocadores o incluso alarmistas para captar la atención del público. Por supuesto, no todo es ruido, en el ecosistema de influencers alimentarios existen voces con formación científica que utilizan las plataformas para contrarrestar la desinformación, pero estos perfiles suelen tener un alcance menor.

El problema es que todo esto no se agota en el entorno virtual, sino que trasciende a la pantalla e influye en los hábitos de consumo de la población. De esta forma un sector tan importante como es el sector citrícola –principal subsector agrícola de la Comunidad Valenciana– se ve profundamente afectado a nivel internacional, por los bulos que circulan en redes sociales sobre el zumo de naranja, equiparándolo incluso con las bebidas enérgeticas: “el zumo de naranja ha sido descrito casi como agua con azúcar o más próximo a una golosina que a un alimento saludable”.

España es el 6º productor mundial de cítricos y se posiciona el 1º en su comercialización. De esta forma, la industria del zumo constituye un papel fundamental puesto que entre el 15% y 20% de la producción cítrica no puede venderse en fresco y el zumo permite dar salida a esa producción. El Comité alerta de un descenso de hasta un 30% en el consumo del zumo de naranja 100% exprimido debido a los efectos de los bulos difundidos en torno a este producto.

Además, el sector citrícola desempeña una importante función medioambiental basada en los principios de la economía circular, ya que de la naranja se aprovecha prácticamente todo su contenido. No solo se utiliza la pulpa para el consumo y el zumo para la industria alimentaria, sino también la corteza y la cáscara, que pueden deshidratarse y destinarse a otros usos industriales. De este modo, se reduce el desperdicio y se maximiza el aprovechamiento del recurso.

Ramón-Llin también ha subrayado que el zumo “no pretende sustituir el consumo de fruta entera, aunque sí formar parte y complementar una alimentación equilibrada dentro de una dieta saludable”. Asimismo, señalan la importancia de recordar que, por normativa, el zumo de naranja 100% natural no puede contener azúcares añadidos. Este aspecto resulta clave para combatir la confusión frecuente entre este tipo de producto y otras bebidas azucaradas, ya que en muchos debates públicos se tiende a equiparar ambos sin tener en cuenta sus diferencias legales y nutricionales. La legislación alimentaria europea establece claramente esta distinción.

Frente a la presencia de afirmaciones no respaldadas por datos científicos, la confusión sistemática en torno al concepto del azúcar y, en definitiva, una tendencia generalizada a simplificar y descontextualizar la evidencia científica, –especialmente en lo relativo al papel del zumo de naranja 100% exprimido– la iniciativa “Nada más que zumo. Nada menos que zumo” nos ofrece una serie de recomendaciones, entre las que destacan: la importancia de entender el marco normativo, desconfiar de los titulares alarmistas y consumir fuentes plurales.

El impacto de la subida del coste del gasoil en los supermercados españoles acumula, desde el mes de marzo, 51 millones de euros, según calcula la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), que representa el 75 por ciento de la distribución de alimentos en España. “Aún contabilizando la ayuda de 0,20€ por litro que aplica el Gobierno a los transportistas, la cifra no ha dejado de crecer desde que comenzara la guerra en Oriente Medio”, señalan.

“La distribución de alimentación está haciendo, nuevamente, un ejercicio de contención de precios para aliviar el gasto de las familias, especialmente en los productos básicos como el azúcar, los huevos o el pan. De manera general, los precios de los alimentos presentan variaciones mensuales de cero, cercanas al cero y negativas, según el IPC de abril. Esto refleja una repercusión hacia la baja en el IPC de los alimentos, que ha pasado del 2,7 al 2,6 entre marzo y abril”, han explicado desde ASEDAS en un comunicado.

Para ASEDAS, “los supermercados y mayoristas españoles están haciendo, una vez más, un esfuerzo para mantener los precios de la alimentación en los niveles lo más bajos posible ante el incremento de costes a lo largo de la cadena de valor”. “La intensa competencia de empresas de distribución alimentaria -con más de 200 operadores a disposición del consumidor- es un factor fundamental que contribuye a contener los precios finales”, han defendido.