Mi piel, color canela, y mi pelo rizado dicen antes de mí lo que otros creen ver. Me delatan incluso cuando no he dicho nada. Escribo desde la experiencia compartida de quienes vivimos bajo mirada ajena.

Sé lo que es notar cómo cambia el ambiente al entrar en ciertos espacios. Medir palabras, gestos, presencia. Para muchos, esa presión se intensifica aún más frente a quienes tienen poder para detener, cuestionar o criminalizar sin motivo.

Ser señalado por lo que representas antes que por lo que haces deja huella. Lo vemos en nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros compañeros. Lo sentimos todos los días. Que te pidan la documentación más veces que al resto, que tu presencia incomode, que tu cuerpo o tu voz se conviertan en sospecha… eso no es casualidad: es violencia cotidiana. Los eternos inmigrantes.

A vosotros os convierten en amenaza: delincuentes, ladrones, violadores antes de conoceros, simplemente por existir. A nosotras, muchas veces, en estereotipo: las eternas tontas, sumisas, sin criterio, exóticas, la excepción… Dos formas distintas de la misma mirada que decide quién pertenece y quién no.

Pero frente a esta injusticia, también surge solidaridad. Mujeres racializadas reconocemos el impacto de la discriminación que sufrís y nos solidarizamos con vosotros: acompañamos, apoyamos y denunciamos lo que es injusto. Lo hacemos no como caridad, sino porque entendemos que la violencia estructural afecta a todos los cuerpos racializados, aunque de manera diferente.

Esa solidaridad se manifiesta en gestos cotidianos: señalar lo que no es justo, ofrecer cuidado y apoyo cuando el sistema margina, visibilizar las experiencias que a menudo se silencian. Nos reconocemos mutuamente en la vulnerabilidad y en la resistencia, porque sabemos que la dignidad de unos está ligada a la dignidad de todos.

Ninguna sociedad puede llamarse justa si permite que parte de su población viva bajo sospecha. Ninguna institución debería ejercer poder desde el prejuicio. La seguridad no puede construirse a costa de la dignidad de otros.

Lo que nos demuestra Lamine Yamal

Lamine Yamal podría haber elegido jugar para una selección africana, pero decidió representar a España. Da igual que sea uno de los mejores futbolistas del mundo: nada de eso basta. Porque el problema nunca fue su talento, sino la mirada de quienes lo reducen al color de su piel o a su origen.

Por eso esta carta no es neutral. Porque el silencio también toma partido. Porque, aunque nuestras experiencias no sean idénticas, compartimos la realidad de una mirada que nos reduce y condiciona antes de conocernos.

No sois el problema. Tampoco sois perfectos. Sois personas. Con errores, contradicciones, historias distintas. El problema es un sistema que os señala por defecto y legitima prácticas que nunca se aceptarían para otros. Frente a eso, lo mínimo es no mirar hacia otro lado.

Ojalá llegue el día en que nadie tenga que justificarse por existir. Hasta entonces, escribo desde quien también sabe lo que significa ser mirada como si no perteneciera.

Cuidaos. Protegeos. Quereos. Merecéis vivir sin miedo.

Salir de Gaza nos llevó 31 horas. Dimos la vuelta una vez, cambiamos de dirección no sé cuántas veces, nos quedamos bloqueados con el coche entre los escombros, los sonidos de las explosiones y los vehículos militares que circulaban a toda velocidad por la polvorienta carretera al este de Rafah. Finalmente, atravesamos el muro de hormigón de nueve metros de altura y, a nosotros, trabajadores humanitarios extranjeros, sí se nos permitió pasar al otro lado.

Llegados a Jordania, en el hotel de Ammán, mientras desayunamos tres niños corren entre las mesas con magdalenas de chocolate en la mano. Los veo quitarse la ropa y saltar a la piscina, y el mordisco se detiene en mi garganta al pensar en los compañeros que dejé al otro lado del muro, donde las mañanas no huelen a magdalenas, sino que emanan el acre olor de la muerte y el hedor de la basura que se amontona entre las tiendas donde malviven cientos de miles de gazatíes.

En Gaza no te despiertas con el sabor dulce de un cruasán, no; en Gaza los niños se despiertan con el polvo de los bombardeos y con el sabor metálico de la sangre en la boca.

No puedo quitarme de la cabeza a esos niños que se pasan horas haciendo cola, bajo el sol, para conseguir un litro de agua. A los que he visto llegar a nuestros hospitales o clínicas mutilados, ensangrentados y aterrorizados. A los que, envueltos en sábanas blancas, inertes, se alinean en los patios cada mañana, una y otra vez, en una pesadilla interminable de la que nunca se despierta. Sus gritos llenan mis oídos y se imponen a las risas y zambullidas de los tres niños que tengo delante.

Pienso en Mahmud, que perdió a su madre, seis hermanos y una pierna. Venía todas las mañanas a la clínica de Médicos Sin Fronteras (MSF) a por medicación y apretaba los dientes con fuerza para no llorar, chocando orgulloso los cinco con el fisioterapeuta ante cualquier pequeño avance que lograba hacer. Pienso en Ameera, que es la única superviviente de su familia y cuyo terrible trauma le impide decir una sola palabra: la potencia de la explosión que alcanzó su hogar la arrojó a la casa de al lado, donde la encontraron horas después, bajo los escombros.

Pienso en los niños de nuestra clínica en Al Mawasi, que estaban dibujando drones y tanques, y que cuando una compañera les preguntó qué les provocaba más miedo, si esos drones o esos tanques, le dijeron sin dudarlo: las bombas.

Seguramente, la mayoría de los niños en un país como España o como Italia te dirían que aquello que les da más miedo es que pueda haber un monstruo debajo de su cama. Pero, como dice el escritor italiano Niccolò Ammaniti, “los monstruos no existen. Hay que tener miedo de los hombres, no de los monstruos”. Desgraciadamente, eso es algo que saben muy bien los niños de Gaza.

Me pregunto si en esta generación de huérfanos, amputados, traumatizados, el deseo de paz será más fuerte que el dolor, si alguna vez serán capaces de perdonarnos por lo que estamos dejando que ocurra, por arrebatarles todo, incluso la infancia.

Quiero pensar que serán capaces de conservar la conmovedora sensibilidad que el pueblo palestino me ha regalado en las últimas semanas: la atención, la acogida y la calidez de sus miradas, la generosidad que demuestran en cada pequeño gesto. Sin duda, todo este inmenso y desmesurado dolor que les están infringiendo no se lo pondrá fácil.

Desde el inicio de la guerra en Yemen hace aproximadamente ocho años, decenas de miles de personas han resultado heridas o muertas y más de cuatro millones han sido desplazadas. Aunque los combates han disminuido después del alto el fuego del año pasado, estos han dejado a su paso un agravamiento de la crisis humanitaria y de salud.

Hay escasez de suministros médicos y de personal, la atención primaria de salud está fuera del alcance en medio de una economía colapsada, las tasas de desnutrición fueron alarmantemente altas el año pasado, y la falta de acceso a la vacunación rutinaria ha provocado brotes de enfermedades prevenibles como el sarampión, el tétanos y la difteria. Las necesidades humanitarias se entremezclan de tal manera que forman una tormenta perfecta. 

Durante mi reciente visita a Yemen, mis compañeros y compañeras en el Hospital de la Autoridad Al-Jumhouri en Hajjah, la capital de la gobernación del mismo nombre en el noroeste del país, compartieron numerosas historias sobre los pacientes a los que tratan de traumas, tanto físicos como mentales. Me hablaron de un padre de 48 años con cuatro hijos que se aisló después de perder su capacidad para trabajar y mantener a su familia. La pérdida de su trabajo le ocasión un miedo y ansiedad extremos. 

“Comenzó a cuestionar —me contó un compañero— a todas las personas de su alrededor. No podía confiar en nadie, y fue alejándose gradualmente de la vida. Fue un proceso largo tratar sus síntomas mentales agudos y estabilizar sus sentimientos. Finalmente volvió a ser funcional y encontró un trabajo para mantener a su familia. Ahora nos complace decir que su expediente está cerrado”.

Dejé este hospital y las altas montañas del norte de Yemen. Mientras viajaba por carretera, obtuve una mejor idea de algunos de los retos que enfrenta la población yemení que busca atención médica, entre ellos el hecho de tener que realizar viajes largos porque no hay centros de salud asequibles cerca de sus hogares, si es que los hay. No puedo imaginar cómo las mujeres de parto o quienes necesitan atención urgente llevan a cabo una ruta así y las barreras que deben superar solo para acceder a la atención médica. Una mujer me contó que tuvo que viajar durante seis horas a través del suroeste de Yemen, desde Mocha hasta la ciudad de Taiz, para que le practicaran una cesárea de emergencia en el hospital Al-Jumhouri por el nacimiento de su primogénita, afortunadamente, una niña sana. 

La infancia yemení, la más afectada

Para las niñas y niños que nacen sanos, la desnutrición es una amenaza que acecha constantemente en la sombra. Entre enero y octubre de 2022, más de 7.500 niñas y niños con desnutrición acudieron a las instalaciones apoyadas por MSF, un aumento de más de un tercio en comparación con el mismo periodo del año anterior.  

Estas altas tasas de desnutrición en menores de cinco años han apabullado a hospitales como el de Khameer, en la gobernación de Amran. Esto era especialmente evidente en el centro de alimentación terapéutica para pacientes que necesitan ser hospitalizados: estaba lleno de niños y niñas que padecían desnutrición, incluyendo casos graves con complicaciones. Muchos de estos casos podrían haberse evitado si las madres hubieran tenido apoyo durante sus embarazos y sus bebés tuvieran acceso a alimentos nutritivos y asequibles y a servicios de salud oportunos.

Otro factor que afecta considerablemente a la infancia en Yemen es el aumento de los casos de sarampión debido a la falta de programas rutinarios de vacunación, a las bajas tasas de inmunización y al hecho de que muchas personas viven en campos para desplazados donde las enfermedades pueden propagarse con facilidad. Las vacunas juegan un papel clave en la prevención de enfermedades infantiles, clave en países como Yemen, donde es difícil acceder a la atención médica básica cuando alguien enferma.

Pero los pacientes no son los únicos que enfrentan retos en Yemen. Mis compañeros a menudo se encuentran con barreras como las restricciones de movimiento. Asimismo, los retrasos en las importaciones de suministros muy necesarios, el rechazo de las visas para el personal para entrar en el país, los permisos que necesitan para viajar dentro de Yemen, y la amenaza inminente de ataques a hospitales también obstaculizan nuestros esfuerzos para brindar ayuda humanitaria. Es fundamental que el personal de la salud esté exento de cualquier tipo de restricción que interfiera en la prestación segura y oportuna de los servicios médicos.

Sin embargo, incluso con estos retos y amenazas, muchas personas que conocí en Yemen y que han sufrido tanto, mantienen la esperanza de que sus vidas volverán a ser como eran antes de la guerra. Continuamos del lado de las personas que viven y trabajan en esta crisis humanitaria, pero está claro que se necesita más ayuda con urgencia para recuperar verdaderamente una apariencia de normalidad. Cualquier asistencia que se brinde debe mantenerse y mejorarse para responder a las necesidades inmediatas de las personas. Si bien Yemen recibe atención internacional intermitente, debe seguir siendo una prioridad en las agendas humanitarias y de desarrollo internacional de los donantes.

*Christos Christou es el presidente de Médicos Sin Fronteras internacional

Imagina que eres una persona infectada por el VIH en un país en vías de desarrollo. Has tenido complicaciones durante meses, pero desde que estás en tratamiento antirretroviral has recuperado una vida normal y saludable, sin riesgo de transmitir el virus a tu pareja o a tus hijos. Mientras tomas tus pastillas todos los días, llevas una vida normal: trabajo, amor e hijos.

Llega la COVID-19 y la pandemia complica que el tratamiento. Tu centro de salud cierra, el personal sanitario está enfermo o ausente, el suministro de medicamentos se vuelve irregular. El confinamiento dificulta los movimientos. El transporte a la ciudad está suspendido. Cada vez te quedan menos pastillas y te preocupas. Las vas racionando, tomas una cada dos días, o pides prestadas a algún paciente que conoces o acudes al mercado donde encuentras antirretrovirales muchos más caros. Aun así, al final, puede que tengas que interrumpir el tratamiento.   

Si vives en un contexto de bajos recursos, tu salud y tu vida dependerán de los donantes internacionales y, en particular, del Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la tuberculosis y la malaria. En muchos países, este fondo es la principal, y a menudo, la única fuente de financiación para la prevención y el tratamiento de las personas que se enfrentan a estas tres enfermedades.

El próximo 21 de septiembre se espera que los países anuncien su compromiso de financiación para el Fondo Mundial. Esta organización ha calculado que se necesitan como mínimo 18.000 millones de dólares para el periodo 2024-2026, lo que implica un aumento del 29% de las contribuciones con respecto a la última conferencia de reposición de recursos en 2019. Alcanzar este objetivo determinará en gran medida lo que se puede hacer en la lucha contra el VIH, la tuberculosis y la malaria. También determinará en qué medida será posible paliar y recuperar las pérdidas causadas por la crisis de la COVID-19.  

Muchos países donantes están tardando en comprometerse y muchos no consiguen ir más allá de sus aportaciones de hace tres o seis años. La vacilación de los países donantes hace improbable que se alcance el objetivo mínimo de la reposición de esos 18.000 millones de dólares. Han llegado anuncios positivos de Estados Unidos (6.000 millones), Alemania (1.300 millones) y Japón (más de 1.000 millones). Los tres han aumentado su aportación en un 30%, pero aún faltan los anuncios de muchos otros países de renta alta.

Un déficit de los donantes europeos, en particular, tendría un efecto doblemente negativo, ya que reduciría proporcionalmente el compromiso de Estados Unidos, que está limitado a un máximo de un tercio del total. 

Es el caso de España, que aún no ha hecho público si se comprometerá y en qué grado. En 2019, España retomó su compromiso con la salud global y volvió al Fondo Mundial. Es imprescindible que este compromiso sea reforzado en la próxima conferencia de donantes de este 20 y 21 de septiembre.

Su aportación no debería ser inferior a 129 millones de euros, para incluir el incremento mínimo que solicita el Fondo Mundial, y debería apuntar a un monto óptimo de 180 millones de euros que reflejara nuestra trayectoria y nos acercara al nivel de los países de nuestro entorno. Y así se lo hemos pedido al Gobierno español.

El precio de los recortes

Los equipos de Médicos Sin Fronteras (MSF) no necesitan imaginar. En varios países ya ven las consecuencias del déficit de financiación. Describen las lagunas que existen hoy en día en la atención esencial y los dilemas imposibles que se plantean: ¿a quién hay que dejar sin tratamiento o qué servicios hay que racionar?

MSF ha realizado una evaluación en siete países que muestra que la lucha está lejos de terminar. La pandemia y las crisis económicas y sociales concurrentes han agravado los problemas existentes y amenazan los avances logrados en los últimos años. Las consecuencias para las personas que viven con las tres enfermedades son dramáticas: se reduce la cobertura y se ralentiza el despliegue de la prevención y el tratamiento y los países, presionados por el déficit de financiación, quitan prioridad a intervenciones esenciales, hacen concesiones en la calidad de la atención y retrasan importantes innovaciones.

Los equipos de MSF han visto la reducción de los programas de VIH para mujeres embarazadas y sus bebés nonatos y los dirigidos a grupos vulnerables. También han sido testigo de la eliminación de elementos claves, como las pruebas para determinar el nivel de virus en la sangre, los medicamentos para tratar a las personas con infecciones oportunistas y complicaciones relacionadas con el sida, y la atención pediátrica adaptada a la tuberculosis. 

En el ámbito global, la falta de progresos y los retrocesos muestran la pérdida de lo ganado en los años anteriores. En 2020 fallecieron 1,5 millones de personas por tuberculosis ascendiendo, por primera vez en más de diez años las muertes a causa de esta enfermedad. 9,5 millones de personas que viven con el VIH no reciben tratamiento; una de cada tres que buscan iniciarlo ya muestran signos de enfermedad avanzada, lo que les sitúa en un alto riesgo de muerte. El número de personas que padecen malaria ha aumentado un 12% situándose en los niveles de 2015. 

En el discurso mundial sobre la preparación y la respuesta a las pandemias, la atención se centra sobre todo en los futuros brotes de enfermedades emergentes con riesgo para los países de renta alta. Se presta poca atención a las necesidades de las personas debido a pandemias actuales como el VIH, la tuberculosis y la malaria. Si la reposición del Fondo Mundial se queda corta, es muy difícil dar credibilidad a esta narrativa. 

Si España y los países europeos no contribuyen, el Fondo Mundial se verá doblemente distorsionado: no se alcanzará el mínimo y este déficit reducirá proporcionalmente la contribución de Estados Unidos. Un déficit que conlleva, por tanto, un doble riesgo, o una doble responsabilidad. 

Raquel González es responsable de Relaciones Institucionales de Médicos Sin Fronteras.

Los puedes encontrar paseando mochila a la espalda por las calles de Quito, Marrakech, Ciudad del Cabo, Bangkok y de otras tantas ciudades. A cualquier hora del día o de la noche. Recorriendo avenidas y visitando plazas, parques, casas, saunas, discotecas o locales comerciales. Son trabajadores comunitarios, y están acercando servicios de salud a las personas más vulnerables al VIH; a aquellas que no acuden a los centros médicos tradicionales ya sea por desconocimiento, imposibilidad o por el miedo al estigma y la criminalización que puedan sufrir.  

Salen en búsqueda, por lo tanto, de trabajadores y trabajadoras sexuales, personas trans, hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, mujeres jóvenes en países con alta prevalencia de VIH, poblaciones indígenas, personas con discapacidades, usuarios de drogas inyectables o personas en reclusión. Son las denominadas poblaciones clave y tienen un riesgo mucho mayor de infectarse por el VIH: en 2020, el 65% de las nuevas infecciones de todo el mundo tuvieron lugar entre estas poblaciones y sus parejas sexuales, una cifra que fuera de África subsahariana asciende al 93%. 

Los trabajadores comunitarios también son, en su inmensa mayoría, miembros de las poblaciones clave. Y eso es un factor vital en su labor y el de las organizaciones para las que trabajan: facilita el diálogo y la proximidad con sus pares, contribuyendo sobremanera a generar confianza en servicios que, normalmente, están muy estigmatizados, como la realización de pruebas de VIH o la entrega de material preventivo o tratamientos para las personas infectadas.  

“Contar con los más afectados es fundamental y te permite ofrecer servicios amigables” asegura María Elena Acosta, directora de la ONG Kimirina, en Ecuador. “Nuestro personal son chicas trans, trabajadores sexuales, hombres gais... personas que puedan comprender las necesidades reales de sus pares porque las viven, las perciben, las sienten. Trabajan sobre su propia realidad. Y salen preguntas que igual no te atreves a hacer si no hablas con tu par”.  

Trabajar con miembros de las comunidades facilita también la tarea de identificación de estas poblaciones. En Kimirina, por ejemplo, son quienes, antes de empezar el trabajo en una ciudad, realizan el mapeo e identifican los lugares de encuentro o de trabajo en los que se reúnen. “Después, salimos a buscarlos a estos lugares” continúa María Elena. “Si los encontramos en un parque, nos sentamos en el parque. Si es un bar, pedimos permiso y nos sentamos unas horas en el bar. Si es en la calle o en una cancha de futbol, ahí vamos”.  

El trabajo base de una organización como Kimirina es de prevención, así que su tarea principal consiste en la realización de pruebas de VIH. “Cuando el resultado es negativo ofrecemos todos los servicios de prevención, como reparto de condones o tratamiento para la profilaxis pre–exposición, para evitar que se infecten. Y si la prueba resulta positiva, acompañamos y vinculamos a esa persona al servicio de salud, para que entre en el sistema de manera más rápida. Ecuador tiene programas para personas con VIH y un sistema de salud garantista, pero el problema es que está colapsado y una cita puede demorarse meses. A través de nosotros puede empezar a recibir tratamiento ese mismo día”.  

Pero la realidad es diferente según en qué países. Hoy, de una manera u de otra, la amplia mayoría de ellos criminalizan la transmisión del VIH, las relaciones entre personas del mismo sexo, el trabajo sexual y/o el consumo de drogas. Las leyes discriminatorias contra las personas más afectadas por el VIH continúan alimentando la desigualdad y la falta de acceso a la atención médica, incluidos los servicios de prevención, atención y tratamiento. Las consecuencias son obvias.  

De este modo, es difícil imaginar a un hombre homosexual de Camerún, en donde la ley criminaliza las relaciones sexuales entre otros hombres, ir a su centro de salud a pedir material preventivo –condones o medicamentos, por ejemplo– para evitar la infección de VIH. El temor a ser detenido le aleja, inevitablemente, de estos servicios. Ahí es donde se ve la importancia de los centros comunitarios y el trabajo entre pares. 

Desde el origen de la pandemia ha sido así. Las organizaciones de base comunitaria tienen, sin duda, el rol principal en cada uno de los avances tan impresionantes que han acontecido en los últimos 40 años en la lucha contra el VIH. Su labor de incidencia y de lucha están directamente relacionadas con todos los progresos en los derechos humanos, la reducción de las desigualdades de género y la obtención de herramientas de tratamiento, prevención, atención y apoyo. “Todas nuestras acciones generan elementos de incidencia política. Demostramos a nuestros gobiernos que es posible hacer las cosas de otra manera; cambiar”, asegura María Elena.  

Pandemia sobre pandemia 

En 2020, la irrupción de la COVID–19 volvió a desnudar una desigualdad ya existente. Los gobiernos y las agencias internacionales, faltos de preparación, centraron todos sus recursos en enfrentar una nueva pandemia mientras desatendían otras. En consecuencia, el VIH creció. El Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria –el organismo internacional más grande trabajando en estas enfermedades– vio cómo, por primera vez en la historia desde su origen en 2002, los resultados de sus programas de VIH en centenares de países empeoraron. 

“En Colombia hubo un incremento de la prevalencia en un 40% en relación con los años anteriores” asegura Jhon Ramírez, enfermero y coordinador de servicios comunitarios de Red Somos en el país. “Se creyó que la gente estaba en casa y que no tenían relaciones sexuales. Y era al revés: estaban teniendo más sexo que nunca. Con el acceso a las redes sociales y a las aplicaciones para ligar, se generaron muchos encuentros, reuniones clandestinas, consumo de alcohol y otras sustancias, etc. Esto desató un gran aumento en las cifras de VIH. Especial y preocupantemente entre los hombres jóvenes de 14 y 25 años, que son los que reportan la mayor prevalencia de los nuevos casos de VIH en el país”.  

El coronavirus estaba fragilizando aún más a las poblaciones clave y las organizaciones tuvieron que reinventarse. “Nos levantamos y dijimos: aquí estamos, de pie, para dar respuesta a las comunidades desde las comunidades. Lo primero fue la ingeniería para lograr no suspender los tratamientos ni cortar los suministros”, recuerda Mirta Ruiz, del Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Positivas.  

“Fue muy complicado” asegura Jhon Ramírez. “En una de las primeras semanas llegaron solicitudes de 100 personas que habían perdido sus empleos y ya no podían pagar su seguro de salud ni sus medicinas, y nos pedían antirretrovirales para no interrumpir sus tratamientos para el VIH.”  

Desgraciadamente, el reto era mayor: “Queríamos acercar las pruebas y la entrega de medicamentos a domicilio, pero nos encontrábamos con la enorme barrera de que muchas personas –por ejemplo, adolescentes que viven con sus padres o compañeros de piso– no querían recibirlas porque eso podía exponer su orientación sexual, su estado serológico o su diagnóstico”.  

En Kimirina también recuerdan las dificultades. “Durante las primeras semanas de confinamiento no podíamos hacer pruebas, pero no podíamos permitir que la gente interrumpiese su tratamiento para la prevención, así que nos poníamos en contacto con ellos para entregarles la medicación en un punto cercano. Además, servimos de puente para informar a usuarios positivos dónde debían ir a recoger los fármacos que les llegaban a través del sistema de salud, porque los hospitales estaban colapsados y no podían acudir allí como hacían normalmente”. 

La organización utilizó sus redes para ofrecer test de la COVID–19, pagados con sus fondos, y brindaron apoyo humanitario, fundamentalmente a las personas que realizan trabajo sexual. “Obviamente son las que nunca dejaron de trabajar. Les proveímos gel hidroalcohólico, mascarillas, ayuda alimentaria, kits de defensa para la violencia y pruebas de COVID y VIH, y contratamos a muchas de ellas para hacer ese mismo trabajo con otras y otros trabajadores sexuales”. Además, implementaron la telemedicina para la atención médica, un avance tan cómodo y eficaz que hoy en día siguen realizándolo.  

“Nosotras también ofrecimos ayuda humanitaria a las poblaciones clave, que de nuevo quedaron fuera del sistema y de las ayudas oficiales. Y también ofrecimos servicios de salud mental, porque las personas colapsamos, tuvimos miedo. Fuimos las comunidades las que estuvimos ahí ayudando, compartiendo, asesorando”, recalca Mirta. 

La nueva pandemia, por lo tanto, destacó otra vez la importancia del aprendizaje comunitario y el valor agregado que suponen estas organizaciones: sin su trabajo y sin la existencia de las estructuras que se habían generado durante las últimas décadas para responder al VIH, el terrible impacto de la COVID–19 y el aumento de las cifras de sida podrían haber sido mucho mayores.  

La piedra angular 

Un estudio del Banco Mundial sobre la prestación de servicios relacionados con el VIH realizado entre 2010 y 2012 halló que los esfuerzos de base comunitaria constituyen la “piedra angular” de la respuesta al sida. De hecho, en 2021, la estrategia mundial de sida de Naciones Unidas puso a las comunidades en el centro de la respuesta y estableció los objetivos 80–60–30: que para 2025 las comunidades brindarán el 30% de los servicios de pruebas y tratamiento, el 60% de los programas sociales y el 80% de los servicios de prevención del VIH.  

La reciente Estrategia del Fondo Mundial (2023–2028) también ha puesto a las comunidades en el centro absoluto y prioritario de la respuesta a la pandemia. Desde su origen, el Fondo Mundial financia programas de organizaciones de la sociedad civil. Hoy está presente en más de 100 países, y uno de los pilares de sus intervenciones es el fortalecimiento de los sistemas de salud, preparando a los gobiernos para que, cuando el Fondo Mundial ya no esté en el país, puedan tener una respuesta nacional e integral al sida y a otras pandemias.  

Para ello, el Fondo Mundial apoya la integración de los sistemas comunitarios en los sistemas nacionales de salud a través de la contratación social, con financiamiento público, mejorando la sostenibilidad y el alcance de los servicios clave que las organizaciones ofrecen. 

Se parte de una creencia errónea de que lo comunitario debe ser gratis, que los trabajadores comunitarios no comen, no saben, no tiene formación, que deben ganar menos o incluso no ganar. Y ese es el error

Y es que, pese al reconocimiento y al consenso general sobre su importancia, la mayor parte de las veces las organizaciones no están integradas en las respuestas y en las tomas de decisiones nacionales e internacionales al VIH. En demasiadas ocasiones se enfrentan a graves problemas económicos y logísticos que les obligan a cerrar sus puertas. “Los meses de encierro supusieron el fin de muchas organizaciones en Colombia” recuerda Jhon. “Nos preocupa que cuando el Fondo Mundial salga del país la respuesta nacional quede inconclusa y las organizaciones empecemos a desaparecer”. 

En Colombia, Red Somos –como el resto de las organizaciones comunitarias en América Latina– no forma parte del sistema como prestador sociosanitario. “No hay contratación social a organizaciones, solo a personas individuales” asegura Jhon. “Se debe reconocer a las organizaciones de base comunitaria y que las leyes de los países permitan su contratación como prestadores primarios de servicios, recibiendo recursos propios del sistema. Ahí está la clave de la sostenibilidad, y no solo para VIH, también para otras enfermedades”.  

La contratación social permitiría que las organizaciones verdaderamente preparadas tuviesen sostenibilidad y capacidad para ofrecer programas de tratamiento, prevención, detección temprana, educación sexual, salud mental, asesoría jurídica y la asesoría por pares, y permitiría el seguimiento y el acompañamiento hasta el sistema de salud de todas las personas que lo necesiten, sin dejar a nadie atrás.  

Para ello, claro, es necesario que se reconozca el costo del trabajo que realizan. “Se parte de una creencia errónea de que lo comunitario debe ser gratis, que los trabajadores comunitarios no comen, no saben, no tiene formación, que deben ganar menos o incluso no ganar. Y ese es el error” asegura Maria Elena. “Si una trabajadora sexual va a salir a buscar a pares por toda la ciudad y va a dejar de trabajar tres días, ¿de qué va a comer?”.    

Pese a todo, hablar de fortalecimiento no es solo hablar de financiación. “Va mucho más allá: es capacitar a las personas, es crear estructuras administrativas, es retribuir a los trabajadores, es crear un marco legal para la contratación de personal… tiene que pensarse de una manera integral para que la sociedad civil trabaje en buenas condiciones y espacios que le permitan atender de verdad a sus propias necesidades”, concluye.  

La lucha contra el sida, en peligro 

Tras la Conferencia Mundial de Sida que tuvo lugar durante la semana pasada en Montreal, Canadá, el mensaje es claro: la lucha contra el VIH se tambalea. En 2021 murió una persona cada minuto por causas relacionadas con el sida. 1.5 millones de personas –unas 4.000 personas al día– se infectaron con VIH, un millón de personas más que las que marcaban los objetivos globales. Regiones como Europa oriental y Asia central, Oriente Medio, el norte de África y América Latina llevan varios años experimentado un aumento anual de nuevas infecciones. 

La falta de recursos y de financiación llevaba siendo alarmante desde hace años, pero la irrupción de la COVID–19 supuso un punto y aparte. Además, se estima que la crisis económica y humanitaria actual está empujando a entre 75 y 95 millones de personas a la pobreza en los países de menos recursos, un aumento sin precedentes. En consecuencia, la respuesta al sida se enfrenta a una fuerte presión, mientras que las comunidades que ya estaban en mayor riesgo de contraer el VIH se encuentran aún más vulnerables. 

La comunidad internacional debe, más que nunca, revitalizar económicamente la lucha contra el sida. En 2021, los recursos internacionales disponibles para el VIH fueron un 6% inferiores a los de 2010 y la respuesta al VIH en los países de bajos y medianos ingresos se sitúa en 8 mil millones de dólares por debajo de la cantidad necesaria para 2025. Pero todavía es posible alcanzar el objetivo: de hecho, poner fin al sida como problema de salud pública costará mucho menos dinero que no hacerlo.  

España debe formar parte de esa respuesta y atender las necesidades globales a través del Fondo Mundial que, de cara a la próxima Conferencia de Reposición de Fondos –que tendrá lugar en septiembre y será hospedada por los Estados Unidos– necesita recaudar 18.000 millones de dólares para luchar contra el sida y las otras pandemias durante los próximos tres años. España, que tras más de una década ausente volvió al Fondo Mundial en 2019 con 100 millones de euros, debe anunciar un desembolso de 180 millones, cumpliendo con el aumento de necesidades del organismo y acercándose al nivel de los países de su entorno.  

Yaneth, de Honduras, tiene 20 años. En su país, las pandillas amenazaron de muerte a su esposo. Los tenían vigilados, sabían dónde vivían. Huyeron de Honduras cuando ella estaba embarazada. Entró sola a Estados Unidos porque solo tenían dinero para pagar un cruce. Estaba embarazada ya de cinco meses. En Estados Unidos la detuvieron. Nunca la vio un médico ni recibió información, solo una botella de agua en casi 12 horas. Pero lo peor estaba por llegar: cuando fue expulsada a la ciudad mexicana en la frontera de Reynosa, la violaron. “No les importó que estuviera embarazada, me afectó muchísimo y afectó mi embarazo”, dice.

El parto se adelantó y su bebé nació prematura. A pesar de lo que pasó, ha vuelto a Reynosa porque unos amigos le hablaron del refugio donde vive ahora. “A veces quisiera dormir y no despertar, pero mi hija, mi mamá que sigue en Honduras, mis hermanos y mi esposo me ayudan a seguir”, afirma.

Están siendo semanas agitadas en Reynosa, en el noreste mexicano. Mientras persiste la expectativa sobre el eventual levantamiento del Título 42 (la orden que permite la expulsión inmediata de personas migrantes desde Estados Unidos y vigente aún por una orden judicial) siguen llegando miles de personas a esta ciudad fronteriza. Allí se enfrentan a duras condiciones climáticas, inseguridad y falta de acceso a servicios básicos.

El desalojo de los últimos habitantes que quedaban en la Plaza de la República a comienzos de mayo y la llegada cada día de cientos de migrantes mantienen colapsada la de por sí escasa capacidad existente en la ciudad para atender a esta población. 

La dinámica de la migración ha cambiado visiblemente respecto al panorama de meses atrás. El número de personas migrantes ha aumentado y hay una gran carencia de servicios de alojamiento, alimentación y salud para atenderlas. Los permisos de ingreso a Estados Unidos, gestionados fundamentalmente por grupos de abogados privados y que se dan a cuentagotas, y las continuas expulsiones desde Estados Unidos hacia las fronteras del norte de México en virtud del aún vigente Título 42, están actuando como factor de hacinamiento de solicitantes de asilo. 

Cientos de personas llegan intentando acceder a un apoyo legal para su entrada en el vecino del norte y deciden quedarse a esperar en una ciudad donde ya no hay espacio en los albergues. Muchas de ellas acaban viviendo en la calle. Además de las dificultades de acceso a servicios de salud y espacios seguros, se enfrentan a temperaturas muy elevadas, sin agua potable ni sanitarios. También están expuestas a situaciones de violencia en una ciudad donde los enfrentamientos entre grupos armados, también en las colonias cercanas a los albergues, se han incrementado.

“Caos y miedo”

La familia de José, de Honduras, lleva varios meses en Reynosa. “La otra noche escuchamos balazos muy cerca del albergue, sentimos desesperación porque no sabíamos lo que pasaba, nos escondimos en el baño por miedo a una bala perdida. Venimos huyendo de las balas en mi país, no pensamos que aquí también fuera así. Hubo mucho caos y miedo”, relata José que espera, junto a su esposa, su hija y su padre de 74 años respuesta a le petición de asilo.

En estos momentos, hay unas 2.400 personas en los dos albergues en los que prestamos apoyo desde Médicos Sin Fronteras (MSF), pero no tenemos un cálculo exacto del número de migrantes que viven en los alrededores y en las calles. Ante este panorama hemos aumentado la capacidad del equipo, sumando más personal médico y logístico y medicamentos. Brindamos consultas médicas y de salud mental, entregamos kits de hidratación, agua potable y realizamos actividades de promoción de la salud y asistencia social. 

A nivel físico, vemos cuadros respiratorios, enfermedades gastrointestinales, infecciones urinarias, ginecológicas y en la piel y desequilibrios por enfermedades crónicas o degenerativas. Es especialmente preocupante que, en las últimas semanas, nuestras consultas para mujeres embarazadas y menores de cinco años se hayan triplicado.

En cuanto a la salud mental, prevalecen los síntomas relacionados con trastorno de estrés postraumático, ansiedad, duelo o pérdida y depresión. A pesar de nuestros esfuerzos, estamos rebasados ante la cantidad de personas que requieren servicios y las dificultades para poder brindarlos, sobre todo para las personas que viven en situación de calle. 

El caso de Reynosa es ejemplo claro del impacto que tienen las condiciones de inseguridad, pobreza y desigualdad en los países de origen y que obligan a huir a miles de personas en búsqueda de protección y bienestar. A estas se suman las políticas migratorias de países como Estados Unidos y México que criminalizan a las personas migrantes y generan crisis humanitarias en lugares como esta ciudad. 

Es imprescindible una mayor respuesta de las entidades oficiales e internacionales para mejorar el acceso a hábitat, a los servicios sanitarios, alimentación, salud, educación y protección. Pero también es esencial un discurso que vea en las personas migrantes y refugiadas una oportunidad de crecimiento nacional y no una amenaza, porque migrar no es un delito y buscar protección y seguridad no es un crimen.

* Anayeli Flores es responsable de Asuntos Humanitarios de MSF en México.

“Habíamos escuchado que en Katasomwa había paz, así que decidimos venir”, me comenta Justin, que lleva aquí desde el pasado mes de julio junto a toda su familia. “Varias personas murieron por el camino. Desde que llegamos, nos cuesta encontrar algo que llevarnos a la boca. Estamos amenazados por la lluvia, los refugios en los que vivimos pueden incendiarse en cualquier momento. Tenemos una vida miserable”.

Mientras hablamos, una choza de paja arde a unas pocas decenas de metros de distancia. Nadie se mueve: no se puede hacer nada más que dejar quemarse el refugio y todo lo que hay en su interior. En apenas segundos se esfuman las escasas posesiones de uno de los 957 hogares de este asentamiento desplazados internos de Katasomwa, un remoto enclave del este de la República Democrática del Congo.

Tras constatar que las llamas no han causado heridos, prosigo mi conversación con Justin: “Vinieron por la noche a amenazarnos. Quemaron nuestras casas. Nos apalearon y a algunas personas las agredieron con machetes”, me explica resignado.

Justin es originario de Masisi, en la provincia de Kivu del Norte, pero no tuvo más remedio que huir de allí. Junto a su familia y miles de personas más, cruzó la frontera provincial hasta esta aldea de Kivu del Sur. En total, debido a los continuos enfrentamientos entre el ejército nacional y grupos armados de habla ruandesa ocurridos en los últimos dos años, cerca de 10.000 personas se han visto obligadas a buscar refugio en este lugar, donde los servicios e infraestructuras más básicos brillan por su ausencia.

El largo camino que tuvieron que recorrer durante varias semanas no estuvo exento de dificultades. Muchos nos explican que sufrieron robos y violencia y también, en algunos casos, violencia sexual. Cuando por fin llegaron a su nuevo destino, se toparon con una realidad no menos difícil: esta región es muy pobre por lo que el acceso a servicios como salud, educación y protección no está garantizado.

Una mortalidad desorbitada

Las mujeres y los niños constituyen el grueso de las personas desplazadas en las áreas de salud de Mushunguti, Ramba y Bushaku. Entre la odisea del camino recorrido y las condiciones de vida en el asentamiento, la gente enferma con facilidad. Las diarreas, las infecciones respiratorias agudas o las parasitosis intestinales están a la orden del día. Y hay también muchos niños desnutridos. Según una evaluación rápida de 362 niños realizada por nuestros equipos, 15 sufrían desnutrición severa, una tasa muy por encima del umbral de emergencia.

La afluencia de personas desplazadas ha sobrecargado el frágil sistema sanitario. El centro de salud de la aldea se mantiene en marcha gracias en parte a un personal motivado, pero no cuenta con recursos. “Las mujeres desplazadas no querían venir. Básicamente, porque no tenían dinero para pagar la consulta”, me explica la enfermera Esther Isabayo Benimana. “Muchas han dado a luz en el campamento y algunas han muerto”.

Esta penosa situación fue el detonante para que uno de nuestros equipos se desplazara a la zona desde su cuartel, en Bukavu, para lanzar una intervención de emergencia con el objetivo de asistir a las comunidades más vulnerables y responder a las necesidades médicas. 

“Nos centramos en las poblaciones en las que la tasa de mortalidad era mayor —me detalla David Namegabe, nuestro responsable médico—. Vimos que se trataba fundamentalmente de niños, desde recién nacidos hasta adolescentes de 15 años, y también de mujeres embarazadas. También nos hemos centrado en las emergencias médicas y quirúrgicas, otra de las principales causas de muerte a nivel de la comunidad y dentro de las estructuras de salud”.

Su voz es interrumpida por los golpes de martillo de nuestros logistas, que están rehabilitando el centro de salud, así que decidimos seguir con nuestra conversación en una zona un poco más alejada del ruido. “Están haciendo un buen trabajo”, me comenta. “Y también están reparando otras estructuras médicas en las zonas de Mushunguti, Ramba y Bushaku”.

“Esta población no había recibido ningún tipo de vacuna desde 2017, por lo que en colaboración con las autoridades locales pusimos en marcha una campaña de vacunación contra varias enfermedades. En total, en las tres áreas de salud que te comentaba, hemos vacunado cerca de 7.000 niños contra enfermedades prevenibles como el sarampión”, afirma David cuando logramos encontrar un lugar un poco más calmado.

“Nosotros también tardamos nueve meses en nacer”

Más allá de las agudas necesidades de la población desplazada, la llegada de este flujo de personas ha exacerbado las desigualdades ya existentes en la zona de Mushunguti: las comunidades pigmeas, desalojadas del bosque Kahuzi Biega, donde habían vivido tradicionalmente debido a la designación del enclave como Patrimonio Mundial de la Unesco, siempre han sido objeto de discriminación.

“Cualquier niño podría robar, pero nos culpan a toda la comunidad pigmea”, me dice con frustración Roza Nyirakongomani, representante de esta comunidad nómada. “Acusan siempre a los pigmeos de robar. Aunque el responsable no pertenezca a nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque no tenemos actividades económicas estables. Nuestras hijas están siendo violadas. Marchan por la mañana para reclamar una compensación, pero regresan sin nada. Las toman por la fuerza y, a veces, conocemos a las personas que lo hacen, pero no podemos llevarlas ante la Justicia porque no tenemos el dinero para pagar el juicio”. 

Hundidos en el olvido, los miembros de la comunidad pigmea aceptan sin regañadientes toda ayuda. “Nosotros también tardamos nueve meses en nacer. No entendemos por qué siempre se nos olvida. Nos duele el corazón”, me insiste Roza. 

Para asistir a estos grupos más discriminados, nuestro equipo ha identificado a una persona en cada aldea que pueda ejercer como trabajador de salud comunitario. Los escogidos son instruidos para tratar los casos médicos más leves y derivar los más graves al centro hospitalario más cercano, en Chigoma. Esto, además, ayuda a descongestionar los centros de salud.

“¡Esto es Katasomwa!”, clama Innocent, uno de los enfermeros de MSF responsables de formar a este tipo de trabajadores. Tras escuchar la teoría, los aprendices se turnan para recibir un cuaderno, bolígrafos, botas de goma y medicamentos: el equipo básico que permitirá a los trabajadores de salud comunitarios atender y ayudar a los miembros de su comunidad.

Las tensiones, el aislamiento y los diferentes estilos de vida son un caldo de cultivo explosivo que conducen a la desconfianza entre comunidades y a la estigmatización de las minorías, independientemente de si se trata de personas desplazadas o pigmeos. Sus derechos fundamentales son violados constantemente. Por encima de las necesidades médicas, también queremos garantizar la protección de estas personas y su acceso a servicios educación, justicia y a recursos económicos que les permitan encarar el día a día y garantizar un futuro a sus hijos.

Cuando un menor de edad inmigrante llega solo a España puede ser acogido por la administración y ser tutelado hasta cumplir los 18 años. A partir de ese momento el Estado espera de él que trabaje, solo que trabaje, sin posibilidad real de estudiar. Pero para poder trabajar se le solicitan unos requisitos difíciles de cumplir incluso para cualquier chaval español: tiene que tener un contrato de trabajo con una solicitud presentada por el empleador, y un sueldo equivalente a al menos el salario mínimo interprofesional, con jornada completa y con una duración continuada durante el periodo de vigencia de la autorización.

“Son unos requisitos imposibles, ningún chaval de 18 años español podría cumplirlos tampoco”, lamenta David López, educador social que lleva tres décadas trabajando con menores de edad migrantes. Zino Meflah es uno de ellos. Llegó en patera cuando tenía 16 años, procedente de Argelia. Estuvo dos años en un centro de menores de Mallorca, pero cuando alcanzó la mayoría de edad le denegaron el permiso de residencia porque no disponía de los ingresos mensuales requeridos.

“Le piden contar con determinados requisitos económicos, pero para cumplirlos necesita trabajar, pero si no los cumple no le conceden el permiso de trabajo. Es una contradicción.

De ese modo se quedó, como tantos otros, en una situación de desamparo un tanto paradójica, ya que “para obtener la residencia le piden contar con determinados requisitos económicos, pero para cumplirlos necesita trabajar, pero si no los cumple no le conceden el permiso de trabajo”. “Estos requisitos son una contradicción en sí mismos”, denuncian desde diferentes colectivos.

Por eso varias organizaciones,como la red Acoge, solicitan un cambio en la Ley de Extranjería. También la Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA), a través de la campaña “Un callejón sin salida”, pide que se eliminen trabas y se facilite la vida de estos jóvenes al cumplir la mayoría de edad.

“Querría estudiar para ser educador social”

La trayectoria de Zino no ha sido fácil. Nacido “en el seno de una familia pobre argelina”, creció soñando con viajar a Europa para mejorar la situación de sus padres y hermano. Ahorró dinero y, cuando cumplió dieciséis años, contactó con “gente que gestionaba este tipo de viajes”.

“Un día me llamaron y me dijeron: ‘Esta noche nos vamos’. Fue todo muy precipitado. No quise decir nada a mis padres ni a mi hermana, porque me habrían impedido irme, saben que mucha gente muere en el mar. Durante el almuerzo se me notaba preocupado, mi madre lo percibió y me preguntó. Intenté disimular como pude. Me levanté de la mesa, salí de la casa, me senté en una esquina y me puse a llorar, a llorar y a llorar, a escondidas, pensando en mi madre, en mi familia, en que quizá no los vería nunca más”, relata Zino en conversación con elDiario.es.

Solo informó de sus planes a su hermano mayor, quien intentó disuadirle. “Pero al final me cubrió. Cuando yo ya estaba en la patera mi madre empezó a preguntar por mí. En la cena mi hermano se comió el yogur que me correspondía y así, cuando ella llegó a casa, él le contó que yo había pasado por allí, que había cenado pero que me había vuelto a ir, para no preocuparla”.

“El viaje fue duro, de noche, no se veía absolutamente nada, era la oscuridad completa. Era inevitable pensar que podíamos morir. Afortunadamente salió bien. Unos kilómetros antes de llegar a Mallorca nos interceptó la Guardia Civil. A mí me llevaron a un centro de menores. No pude avisar a mi familia hasta 48 horas después, porque me habían quitado el móvil”, cuenta.

“Cuando por fin pude hablar con mi madre lloramos mucho los dos. Le expliqué que lo que estaba haciendo era por ellos, nos dijimos que nos echaríamos mucho de menos”. Los primeros meses fueron duros. “No conocía el idioma, no entendía lo que me decían, así que me puse a estudiar sin parar, para poder comunicarme”, explica en un buen español. Ahora, con 19 años, ha conseguido trabajo al fin, en un centro de menores, donde realiza tareas de limpieza y ejerce como ayudante de cocina.

“Me gusta mi empleo, aunque es duro físicamente. En el futuro quiero estudiar para ser educador social, me encanta, mis educadores hicieron mucho por nosotros, es un bonito trabajo. Pero para eso tengo que sacarme la ESO primero, quería empezar en septiembre, pero si no trabajas no te renuevan los papeles, así que de momento no puedo hacerlo”, explica.

El caso de Mohammad Mujibur Rahman es similar. Llegó hace tres años a España, procedente de Pakistán, cruzando varias fronteras y un mar, pasando por países como Afganistán o Turquía. El viaje duró más de un mes y le golpeó duro. No quiere hablar de ello: “Fue algo traumático”. Cuando llegó a Madrid entró en el sistema de protección de menores. Primero vivió en una residencia y después en un piso tutelado. Empezó un grado medio de Informática y se aficionó al estudio.

“No quería dejarlo, pero no tuvo más remedio que hacerlo, porque cuando cumplen 18 años tienen que ponerse a trabajar, sí o sí, es lo que establece la ley, no hay otra posibilidad”, explica David López Gallego, educador social de Paidea, Asociación para la Integración del Menor. “Pero claro, aquí en la Comunidad de Madrid necesitan un contrato de un año a jornada completa para obtener el permiso de trabajo. Si no lo consiguen se quedan con el permiso de residencia no lucrativa, que les condena a una situación en la que no están autorizados a trabajar a pesar de que lo que las autoridades demandan de ellos es que se ganen la vida. Es absolutamente absurdo”, lamenta.

“¿Quién va a querer contratar a un chaval de 18 años recién cumplidos que sale del sistema de protección de menores? Al final tiramos de empresas amigas, de gente solidaria y altruista que sabe que estos chicos tienen muchas ganas y pueden responder muy bien”, prosigue López Gallego. Mohammad tuvo suerte y consiguió un contrato de un año a jornada completa en una empresa de iluminación. “No es fácil, porque el propio empleador tiene que desplazarse y presentar los papeles para contratarte, las trabas son múltiples”, explica Mohammad.

Se encuentan con paredes, paredes y más paredes. Ves por el camino chavales que van cayendo y no se pueden levantar. Son obstáculos que podrían evitarse.

“Los requisitos son numerosos. La empresa empleadora tiene que estar al corriente en la Seguridad Social, no deber nada a Hacienda, y presentar en Delegación de Gobierno la documentación del chico al que quiere contratar. ¿Esto qué quiere decir? Que se tiene que personar el director de la empresa con toda la documentación para cambiarle el permiso de trabajo”, relata David López.

Ante tales dificultades son muchos los jóvenes que no lo consiguen. Los educadores lo ven todos los meses. Chavales con ganas de estudiar o de trabajar que no logran un contrato de las características requeridas y por lo tanto no están autorizados para otro tipo de empleos de menor duración o de media jornada.

“Yo tuve un chico tutelado que cuando cumplió 18 años consiguió un contrato de seis meses. Con ese contrato la Comunidad de Madrid no le da el permiso de trabajo, por lo que no le han renovado el permiso, porque para ello necesitaba un contrato de un año a jornada completa, un requisito que casi nadie a esa edad puede cumplir. Mi hijo, que es español, profesor de Educación Física, está con contratos de suplencias de doce a tres de la tarde de aquí a enero. ¿De qué estamos hablando?”, se pregunta el educador social David López.

Es muy duro ser aún un niño y estar solo en un país que no conoces.

López relata casos de jóvenes que tras cumplir 18 años trabajaron duro, consiguieron lo requerido y ahora tienen buenos empleos y sueldos. “Algunos han iniciado su propio negocio, lo cual genera empleo a su vez, otro se especializó en electrónica para coches eléctricos y tiene un buen sueldo, otro trabaja como jardinero. Pero también está la otra cara de la moneda”.

La otra cara es la de quienes no logran reunir los difíciles requisitos. “Hay un chico que era muy buen chaval, pero no conseguía autorización para trabajar, se quedó en la calle, entró en un sitio a robar, le pilló a la policía, se fue a la cárcel. Ya ha salido de prisión pero está viviendo en la calle porque por haber delinquido le han quitado la plaza. Si hubiera tenido un permiso de trabajo habría empezado a trabajar de camarero, que es su titulación, y probablemente no habría caído en todo esto, porque era un chaval majísimo y con gran potencial”, lamenta.

Las personas migrantes en situación irregular no pueden acceder a varias ayudas que ofrecen las instituciones, como el Ingreso Mínimo Vital o un salario mínimo de inserción. “Es horroroso ser consciente de la capacidad de esta gente joven, que lucha por salir adelante, que lo ha pasado muy mal porque es duro ser aún un niño y estar solo en un país que no conoces. Se encuentran con paredes, paredes y más paredes, ves en el camino chavales que van cayendo y no se pueden recuperar”.

Cuando entran en el sistema de protección se invierte en ellos, como es lógico, pero luego se les deja tirados, y eso es también tirar el dinero invertido.

López intenta seguir el rastro de los jóvenes que ya no pueden permanecer en programas de transición a la vida adulta. Les visita, les ayuda con papeleo, con el empadronamiento, con los médicos. “Es que si no tienen tarjeta sanitaria muchas veces no los atienden, por eso les acompaño cuando puedo. Tiro de amigos que me hacen favores a veces”.

En el piso de acogida en el que está Mohammad viven cinco chicos de varias nacionalidades. Tiene un grupo de Whatsapp bajo el nombre Nuestra casa. “Es que queremos sentirlo como casa. Y cuando David viene a revisar si tenemos todo limpio y ordenado y nos trae algo de comida, decimos que viene el papá, bromeando. Es como un papá”.

Algo ruborizado, David responde: “Bueno, yo soy padre y sé que tener 18 años es lo mismo que tener 17 años y once meses, siguen siendo unos críos, así que procuro darles afecto, abrazarlos, estar ahí. Tengo a chicos menores cuya madre o padre se han muerto estando ellos aquí y el hecho de no poder ir a velarlos, al entierro, les ha dejado atormentados, marcados. Hay chavales con discapacidad, pero no hay pisos para ellos. Tampoco hay pisos para chavales que quieran estudiar. Debería haber una diversidad de pisos, para que estos jóvenes tengan menos dificultades”.

Tuve una educadora social que decía que hay 3 lugares donde se quitan los dolores: en el abrazo, en la ducha, y en el sueño.

“No puedo entender que se les ponga requisitos tan duros”

Mohammad es uno de esos jóvenes que habría querido seguir estudiando. Pero tiene que probar que cumple una serie de requisitos económicos, y para eso necesita trabajar con un contrato estable. Ahora solo tiene uno de un mes, en un supermercado. “Mohammad no se rinde, cuando se cae vuelve a levantarse, yo sé que conseguirá un buen trabajo y que en cuanto pueda estudiará, lo sé porque le conozco”, augura David.

“No puedo entender que se les ponga requisitos tan duros. Cuando entran en el sistema de protección se invierte en ellos, como es lógico, pero luego se les deja tirados, y eso es también tirar el dinero invertido. Hay políticos que no entienden que si se invirtiera un poquito más, al final se ahorrarían dinero y tendríamos un resultado mejor para estos jóvenes y para la sociedad en general”, reflexiona.

En los días especiales Mohammad echa más de menos a sus padres y hermanos. “En la fiesta del Cordero o al final del Ramadán, que son fechas muy familiares, me siento más solo, no es fácil”. Algunos menores de edad que llegan de otros países terminan con secuelas psicológicas, porque el camino que recorren es duro y está lleno de obstáculos. Mohammad recuerda el consejo que una educadora le dio hace un par de años para los momentos difíciles: “Ella decía que hay tres lugares en los que se quitan los dolores: Uno es el abrazo, cuando alguien te abraza. Otro es en la ducha, que relaja y repara. Otro es en el sueño, cuando duermes”.

Hay sueños reparadores en los que estos chicos obligados por la vida a ser adultos antes de tiempo visualizan aquello que anhelan: “Cuando en sueños hablo con mi madre o cuando en sueños me hacen un contrato estable me levanto con más esperanza”.

En los largos meses de la pandemia nos han llegado desde distintos puntos del planeta múltiples experiencias de trabajo y lucha que han situado la solidaridad, el cuidado, el apoyo mutuo, la protección comunitaria y la defensa de los bienes comunes del territorio como ejes centrales de la construcción de un mundo postCOVID-19. No es una novedad: antes de la pandemia, en muchos lugares los pueblos intentaban resistir y organizarse priorizando el mantenimiento de vidas justas y dignas, pero el virus ha visibilizado las enormes desigualdades y las formas más crueles de persecución que sufren quienes llevan años apostando por ese cambio de paradigma político y económico.

Es el caso de las comunidades lencas y garífunas, organizadas en el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) y en el OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña), que sabían muy bien cuáles eran los riesgos de defender la vida desde mucho antes de que la emergencia sanitaria comenzara. Los territorios donde habitan han sido históricamente atacados por los intereses de empresas transnacionales que expolian la naturaleza y amenazan la supervivencia de comunidades y pueblos originarios. La lógica económica de la extracción mata gente, expectativas, culturas, tierras y aguas.

El asesinato de Berta Cáceres, una de las lideresas más conocidas del COPINH, marcó un punto de inflexión en la visibilidad de la magnitud de los procesos de acumulación por desposesión, de su violencia sobre los territorios y los cuerpos, especialmente los de las mujeres, las niñas y las personas más vulnerables. También mostró la resistencia, la resiliencia y el tenaz mantenimiento de modelos alternativos que protagonizan los pueblos originarios.

Durante estos meses, la OFRANEH y el COPINH han seguido haciendo lo que siempre han hecho: afrontar la lucha contra el virus cuidando la vida y custodiando la dignidad de sus pueblos frente a la hostilidad colonial de unos intereses económicos depredadores. Ante la fragilidad de los servicios públicos hondureños, debilitados por las políticas neoliberales, incapacitadas para asegurar el derecho a la salud de toda la población, estas organizaciones han desarrollado una estrategia de protección basada en el apoyo mutuo y la salud comunitaria. Para los pueblos lencas y garífunas, “que nadie se quede atrás” no es solo una consigna, es una forma de lucha por la que pagan un alto precio: el aumento del hostigamiento justo en el momento en el que la crisis sanitaria afecta de la forma más cruda a sus territorios.

En plena pandemia, mientras la organización garífuna hacía enormes esfuerzos para garantizar la salud y frenar al virus, las comunidades han sido acosadas, se les ha amenazado con quemar sus cosechas y una de las lagunas que les procuraban alimentos ha sido envenenada. Si luchar contra el virus ya es enormemente difícil, como estamos viendo en España, imaginen hacerlo jugándose la vida, acosados por la violencia de ese maridaje que conforman las autoridades, las grandes empresas y el crimen organizado. En mayo, la OFRANEH recibió la noticia del asesinato de su compañero Edwin Fernández, y en julio la del secuestro de cinco personas, cuatro de ellas garífunas que defienden el territorio. Desde 2019, diez integrantes de la organización han sido asesinados con total impunidad.

Resulta muy doloroso contar que, a la vez que la OFRANEH y el COPINH han tomado medidas para fortalecer la soberanía alimentaria y garantizar que nadie se quede sin comer durante la pandemia, han tenido que poner en marcha una campaña internacional para protegerse de unas agresiones que se producen con la complicidad del Gobierno hondureño. Más de 100 organizaciones de todo el mundo se han unido a través de la campaña #SusVidasSonNuestrasVidas para alertar de la violencia que estas comunidades están enfrentando, pero también aprender de sus luchas y reconocer que las alternativas de vida que están impulsando son una oportunidad para construir un mundo mejor. Lamentablemente, por el momento esto no ha conseguido frenar los ataques ni movilizar al Gobierno hondureño.

Es más, durante el estado de emergencia se ha aprobado el Decreto Ejecutivo PCM 030-2020 que permite la venta de tierras nacionales y ejidales, convirtiendo los territorios en mercancías, y se ha continuado con el proyecto de ‘Ciudades Modelo’, contrarias a un modelo democrático de gobernanza. La doctrina del shock tiene aquí su aplicación particular. La emergencia sanitaria se ha usado para fortalecer el autoritarismo y reprimir las estrategias de supervivencia y defensa del territorio que defienden los pueblos lencas y garífunas. La violación a derechos humanos está poniendo en riesgo la vida y la integridad de los pueblos y afectando especialmente a las mujeres, que están padeciendo la feminización de la pobreza, la restricción de sus derechos sexuales y reproductivos, el incremento de su carga de trabajo y la obligación de confinarse a menudo con sus agresores.

La Unión Europea ha destinado una importante cantidad de fondos a Honduras para la protección de personas defensoras de derechos humanos. A la vista de lo que está sucediendo no parece que estos recursos se estén empleando para este objetivo, así como la lucha contra la impunidad y los compromisos adquiridos en materia de igualdad de género. Dado que no se están cumpliendo las salvaguardas pertinentes, la UE debería suspender los programas de cooperación con las autoridades hondureñas, así como su Acuerdo de Asociación con Honduras.

Lo que está pasando en este país no nos puede ser ajeno. No podemos permanecer pasivas ante los riesgos que enfrentan las personas que defienden la vida. Solo desde la corresponsabilidad y tejiendo redes de solidaridad lograremos frenar al virus y hacer frente a la imposición de modelos de vida que son el resultado de políticas de tierra quemada. El cuidado, la protección, el reparto y la cautela son los cimientos para reconstruir lo común en un planeta con límites ya superados. Esta es la nueva normalidad que queremos y la única que, además, puede sostenerse en el tiempo. 

La ONU ha alertado ya que, de seguir la tendencia, para finales de 2020 Brasil volverá a formar parte del mapa del hambre de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), del que salió en 2014. Ese mapa está formado por los países con más del 5% de la población en pobreza extrema. En la práctica significa decir que una de cada 20 personas se encuentra en una situación de pobreza y hambre.

Brasil es, junto a India y Sudáfrica uno de los países de renta media en los que, según señala Oxfam Intermón, los niveles de inseguridad alimentaria se están incrementando rápidamente debido a la pandemia. Brasil es el país democrático con más concentración de riqueza en el globo. Un país en el que la brecha económica no ha dejado de subir desde 2014. En estos seis años, los ingresos del 1% más rico han crecido un 10%, mientras que el del 50% más pobre se han desplomado en un 17%. Eso significa que actualmente más de 23 millones de personas están bajo el umbral de la pobreza, 9,3 millones viven en extrema pobreza y 5,2 millones pasan hambre.

La congelación de las inversiones sociales, el desempleo y la reducción de los receptores de ayudas sociales del programa la Bolsa Familia, cuyo fin es apoyar a los más desfavorecidos, han contribuido al avance de la pobreza en el país. La inversión en salud en Brasil ha ido cayendo hasta representar un 4% del PIB, 35 millones de ciudadanas y ciudadanos no tienen acceso a agua tratada, viven hacinados en las favelas más de 11 millones y 40 millones son trabajadores informales que viven con lo justo y han perdido su empleo debido a la pandemia.

Esta era la realidad del país cuando la crisis de la COVID-19 se desató, azotando sin tregua a quienes menos tienen en lo que ya se ha definido como el genocidio de los más pobres. Brasil es, desde hace unas semanas, el foco mediático porque lidera, junto a Estados Unidos, la triste lista de fallecidos.

Hasta la fecha, la pandemia se ha llevado la vida de más de 76.000 brasileñas y brasileños, y ha contagiado a dos millones de ciudadanos. Son cifras abrumadoras, pero no parecen más que la punta del iceberg. Según estima el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington, Brasil superará 166.000 muertes antes de octubre.

Brasil se ha convertido así en el segundo país más afectado por la epidemia, tanto en casos como en muertes. Mientras esto sucede, Bolsonaro ha entorpecido cuanto ha podido las medidas de distanciamiento social y ha vetado recientemente parte de una ley aprobada por el Congreso sobre el uso obligatorio de mascarillas en lugares cerrados.

Oxfam Intermón y otras organizaciones han acusado al Presidente de omisión deliberada por ignorar las evidencias científicas para controlar la epidemia y por no poner en marcha medidas de protección social y de servicios esenciales para las personas más vulnerables. La epidemia avanza en las periferias y las favelas, en los hogares de ancianos, en las aldeas, en las comunidades tradicionales y en las cárceles ante un gobierno que niega la realidad.

El coronavirus puede significar para Brasil borrar en pocos meses el esfuerzo realizado durante años para combatir el hambre y terminar el año con más personas pobres que en 2014. Un gran batacazo que ahondará las desigualdades y lastrará a las futuras generaciones.

2020 quedará para los anales como el año de la COVID-19, pero la desigualdad y la pobreza lastrarán a millones de personas durante décadas. El caso de Brasil no será distinto.

La pandemia de la COVID-19 también ha confinado el asilo. Con el cierre de fronteras, el número de solicitudes de asilo en España cayó drásticamente de un día para otro. Veníamos de unos años de crecimiento exponencial: de las 2.588 solicitudes en 2012, 5.947 en 2014 y 14.881 en 2015, a las 55.668 en 2018 y 118.264 en 2019. En pocas palabras, el número de solicitudes de asilo se multiplicó casi por diez en los últimos cuatro años.

Siguiendo esta misma tendencia, en enero y febrero de 2020 se recibieron más de 14.000 solicitudes por mes. En marzo, el número parecía incluso aumentar hasta que llegó el cierre de fronteras. Desde entonces, se han registrado 58 solicitudes en abril y 72 en mayo. Dicho de manera más visual, aquellos que estaban en camino, a punto de tomar el avión, se quedaron en tierra.

Lo mismo se puede decir de los solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla que esperaban ser trasladados a la península. Con el estado de alarma, las rutas marítimas y aéreas fueron suspendidas. Ello agravó la situación de hacinamiento que ya se vivía en los Centros de Estancia Temporal para personas Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla. Por ejemplo, en el CETI de Melilla han llegado a permanecer más de 1.600 personas en un espacio para 781. La situación empeoró todavía más con el cierre de estos centros (hasta entonces de régimen abierto) con el fin de garantizar el confinamiento. No es muy distinto a lo que se ha vivido en los campos de refugiados de las islas griegas: doble confinamiento en un espacio geográfico aparte y en campos o centros que vieron cómo se cerraban sus puertas de un día para otro en condiciones graves de hacinamiento en el interior.

El confinamiento también se ha llevado por delante el acceso a los procedimientos de asilo. Los que acababan de llegar no pudieron solicitar la primera cita y los que sí habían podido hacerlo vieron como los meses de cierre alargaban todavía más el plazo (a menudo de un año) para este primer paso que permite formalizar la solicitud de asilo.

Las renovaciones del permiso de residencia también quedaron en espera. En consecuencia, la Policía Nacional publicó varias instrucciones que prorrogaban automáticamente su validez durante unos meses. Esto no ha hecho sino aumentar la precariedad documental de los solicitantes de asilo: si antes no siempre se entendían las distintas tarjetas de residencia que acompañan a los solicitantes de asilo, con el confinamiento la interpretación de su validez dependió de la lectura atenta de unas instrucciones policiales. Finalmente, la comunicación de las resoluciones también ha sufrido un parón. Sin embargo, no todo es negativo en términos de protección: esto ha dado un tiempo de prórroga a aquellos (la mayoría) cuyas solicitudes de asilo iban a ser denegadas.

Es importante recordar que cualquier limitación de los criterios para acceder al programa de acogida puede representar un aumento de los solicitantes de asilo que se encuentran en situación de calle y, en los casos más vulnerables, a cargo de los servicios sociales de las administraciones locales.

En cuanto al impacto de la pandemia en la acogida, todo depende de si los solicitantes de asilo estaban dentro o fuera de los programas de recepción. Para los que habían accedido al sistema estatal o programas paralelos, la pandemia les confinó (como al resto de ciudadanos) en sus respectivos recursos de acogida o viviendas. Durante el estado de alarma, si bien vieron reducidos los servicios de acompañamiento (asistencia social y psicológica y cursos de lengua e inserción laboral), los meses transcurridos no contabilizaron en los tiempos de duración de cada una de las fases de acogida. Así que, en cierta manera ganaron tiempo.

Para los que estaban fuera de los programas, ya sea porque todavía no habían entrado, habían renunciado a entrar o ya habían salido, la pandemia no hizo sino agudizar casi de forma inmediata su extrema precariedad. En estos casos, ha sido fundamental la ayuda mutua de familia y amigos así como la labor de acompañamiento de algunos ayuntamientos y, sobre todo, de redes sociales y vecinales, asociaciones de compatriotas, activistas y las propias entidades sociales. Sin ellos, seguramente el grado de precariedad hubiera sido para muchos insoportable.

Si miramos hacia delante, en el nuevo contexto de pandemia o pospandemia, quedan tres interrogantes importantes por resolver. El primero tiene que ver con qué pasará cuando se abran las fronteras: ¿volveremos al mismo número de solicitudes de asilo de antes de la pandemia? Es muy posible que así sea dado que el cierre de fronteras no ha representado sino un parón más en vidas que, en muchos casos, ya estaban en camino.

La segunda cuestión está relacionada con los procedimientos de asilo. Cuando se reactive el engranaje de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) y de la Comisión Interministerial, es de esperar un alud de denegaciones como consecuencia de todos los expedientes resueltos por los funcionarios en estos meses de teletrabajo. ¿Qué pasará con todos aquellos solicitantes de asilo –muchos de ellos de origen colombiano– que se encuentren de un día para otro sin papeles y, por lo tanto, sin acceso a aquellos programas de acogida que los han estado sustentando en estos primeros meses de pandemia? Queda también por ver hasta qué punto los nuevos protocolos de distanciamiento no alargarán todavía más unos plazos (por ejemplo, para la primera cita) que antes de la pandemia estaban siendo ya terrible- mente largos.

La tercera y última cuestión por resolver es cómo va a proseguir el programa de acogida. En los últimos años se ha hecho un esfuerzo titánico de multiplicación de plazas. Ahora bien, es importante recordar que cualquier limitación de los criterios para acceder al programa de acogida puede representar un aumento de los solicitantes de asilo que se encuentran en situación de calle y, en los casos más vulnerables, a cargo de los servicios sociales de las administraciones locales.

No es un aviso baladí: según nuestro estudio sobre las condiciones de acceso a la vivienda de solicitantes de asilo en Cataluña, el 26,6% de los 300 encuestados habían dormido en la calle alguna vez desde su llegada a España. Lejos de reducirse, el problema parece ir en aumento: entre aquellos que en 2019 llevaban menos de un año, este porcentaje subía al 32,8%. Esto, que de por sí ya es grave, se hace más problemático si cabe en un contexto de pandemia.

En cuanto al sistema de acogida, queda también por ver cómo serediseña su gobernanza. Esto implica, por un lado, tener en cuenta cómo se llevará a cabo la descentralización del sistema de acogida con la transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas, tal y como exige la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (STSJ M 369/2018). Por otro lado, queda también pendiente definir cuál será el papel de las entidades sociales, que en los últimos años han cargado con todo el peso del aumento de plazas, y hasta qué punto va a haber una mayor “implicación del Estado” tal y como anunciaba el ministro de Inclusión, Seguridad So- cial y Migraciones, José Luís Escrivá, en marzo de 2020.

Con todos estos interrogantes abiertos, lo que sí nos ha enseñado el contexto actual de pandemia es que cualquier política de salud pública o política social que quiera ser eficiente necesita la inclusión del conjunto de la población. Situaciones de hacinamiento, exclusión residencial o precariedad laboral no solo atentan contra los derechos de aquellos que las sufren sino que minan cualquier política que quiera reducir focos epidémicos o poner las bases para la convivencia social en contextos de crisis económica severa. Es por todo esto que es más necesario que nunca trabajar para garantizar las condiciones de vida de los solicitantes de asilo y también de aquellos que en breve, cuando vean sus solicitudes denegadas, dejarán de serlo.

*Esta opinión se ha escrito en el marco del proyecto cofinanciado por el fondo FAMI de la Unión Europea NIEM - 'National Integration Evaluation System. Measuring and improving integration of beneficiaries of international protection' y teniendo en cuenta también la investigación realizada para el proyecto 'Casa nostra, casa vostra? Condicions i trajectòries d’accés a l’habitatge de sol·licitants d’asil i refugiats a Catalunya', financiado por la convocatoria RecerCaixa de la Fundació la Caixa. Agradezco a Anna Figueras de CEAR-CCAR la información proporcionada para la redacción de esta opinión.

"A veces las ONG son miopes y tratan de que su logo sea el que se vea más grande. Sí, es triste, a veces compiten entre ellas"

"Algunas veces, hay gente indeseable entre ellas, que pervierte todo aquello por lo que trabajan"

A veces las ONG pasan por el aro de los financiadores con tal de poder seguir con su trabajo. A veces los ministerios les envuelven en papeleos y facturas, y es difícil entrever para quién trabajan. A veces se enzarzan en debates estériles. A veces unos jóvenes (muchas veces mal pagados) nos interrumpen con sus petos por la calle.

A veces las ONG ponen nombres larguísimos a los proyectos que ni ellas mismas entienden. A veces organizan jornadas a las que solo asisten ellas mismas. A veces, casi siempre, las memorias de las ONG son aburridísimas, e históricamente -aunque cada vez menos- sus vídeos corporativos están llenos de palmaditas en su propia espalda. A veces incluso se convencen de que empoderamiento, indicador o resiliencia son palabras tan cotidianas para el resto como árbol, pan o pelota.

A veces las ONG hablan de participación sin creer en ella. Y les pilla el 15M mirando para otro lado. A veces, nos pasa a todos, confunden los medios con el objetivo, su marca con la causa. A veces son miopes y tratan de que su logo sea el que se vea más grande. Sí, es triste, a veces las ONG compiten entre ellas.

A veces las ONG se lamentan de que nadie les escuche sin escuchar ellas primero. Muchas veces creen que “lo suyo” es el mayor problema, el más urgente y por supuesto el más olvidado. A veces quienes trabajan en las ONG pensaban que iban a cambiar el mundo, y claro, luego se frustran. A veces sienten la tentación de bajar los brazos.

Y sí, algunas veces, hay gente indeseable entre ellas, que pervierte todo aquello por lo que trabajan. Y no los detectan a tiempo. Y cuando lo hacen, imagino que les inmoviliza el miedo y la vergüenza, y no actúan como ellas mismas hubieran creído que harían ante algo así. No hay justificación.

Por si había alguna duda, ya ven, las ONG no son perfectas, y no dejan de ser un reflejo de las virtudes y los defectos de las sociedades de las que surgen. Sin embargo, lo que he visto después de 13 años en ellas, es que casi todas las ONG, desde las internacionales hasta las de barrio, se gastan cada céntimo en lo que deben y están auditadas hasta extremos casi ridículos. Y necesarios.

Y la inmensa mayoría de las personas que trabajan en ellas creen en lo que hace, sacrifican su tiempo, dinero o salud. O las tres a la vez. Y algunas arriesgan su vida con tal de seguir haciendo un día más su trabajo. Y aunque suene a topicazo, muchas se levantan con la idea de hacer un trozo de mundo un poco mejor.

Lo cierto es que muchas veces lo consiguen. Incluida esa en la que campaban esos miserables. Y alzan la voz, y arriesgan, y son audaces, y logran mucho con poco. Y hacen que ese pedacito de mundo en el que están sea un pelín más justo. Y sí, a veces también salvan vidas. Muchas, cientos, miles. Y nos recuerdan que aunque no vayan a arreglar el mundo, no hay nada irremediable.

Y eso no pasa a veces, eso lo hacen cada día.

La influencia y la impunidad empresarial en África del Sur afecta cada vez más a las comunidades locales, sobre todo en el campo, donde se producen gran parte de las expropiaciones de tierras. Esto se remonta a los siglos en los que los poderes coloniales se repartieron el continente para alimentar con sus recursos las economías occidentales.

En los últimos años, hemos presenciado una nueva ola de expropiaciones de tierras tras una crisis alimentaria global que se caracterizó por los elevados precios de los alimentos y la necesidad de energías renovables alternativas como los agrocombustibles, considerados erróneamente como una solución a la crisis climática.

La resistencia local contra el poder empresarial en África es relativamente desconocida. Las comunidades locales afectadas, sobre todo en el campo, no se han limitado a ser víctimas pasivas, sino que han organizado todo tipo de acciones de resistencia como sabotajes, desobediencia civil, huelgas y acciones judiciales.

En agosto de este año el Tribunal Permamente de los Pueblos sobre las Empresas Transnacionales se reunió en Johannesburgo, Sudáfrica, en lo que significó una extraordinaria denuncia a nivel regional de los abusos de las empresas, así como la celebración de un protagonismo rural comprometido y resolutivo.

La reunión del tribunal se celebró en el marco de una lucha más amplia para desmontar el poder empresarial y su arquitectura de la impunidad. El Tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal de opinión pública reconocido internacionalmente que funciona con independencia de las autoridades estatales

En una sesión de audiencias ante un respetable jurado, ocho comunidades de Mozambique, Malaui, Tanzania, Zambia, Mauricio y Madagascar presentaron casos sobre el impacto que las empresas transnacionales (ETN) tienen en su sustento, sus tierras y sus derechos humanos.

El Tribunal Permanente de los Pueblos

El repertorio de contención, entendido como el conjunto de acciones y herramientas de protesta llevadas a cabo por los movimientos de base, incluye la construcción de solidaridad entre las distintas luchas de la región.

En este contexto, la celebración del Tribunal Permanente de los pueblos (TTP) en Sudáfrica es un proceso que no solo ofrece a las comunidades afectadas por las empresas transnacionales la oportunidad de denunciar las atrocidades de estas empresas, sino que les permite aprender de las experiencias comunes, elaborar estrategias a nivel regional.

En la sesión del tribunal en Johannesburgo, ocho comunidades presentaron casos que demuestran que la imparable acumulación de capital de las ETN destruye sus medios de subsistencia, el medio ambiente y, a la larga, la soberanía de sus países.

En la mayoría de los casos que se presentaron, las empresas llegaban a criminalizar la resistencia y las protestas. Precisamente esto fue denunciado en el caso de Mozambique, donde los campesinos y activistas que luchan contra ProSavana, denuncian que se ven acosados y amenazados con la cárcel.

ProSavana es un programa agrícola trilateral propuesto por los Gobiernos de Mozambique, Brasil y Japón para sembrar cultivos comerciales y otros productos agrícolas para la exportación en la zona del Corredor de Nacala, al norte de Mozambique.

En 2013 la Unión de Campesinos de Mozambique (UNAC) promovió una campaña de movilizaciones, presionando a los Gobiernos de Mozambique, Brasil y Japón para que cancelasen el programa. Desde entonces, los detractores del ProSavana han llevado a cabo numerosas acciones, entre ellas presentar una queja a un comité independiente de examinadores en Tokio, que tras aceptarla ha investigado la conducta de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) en relación al polémico ProSavana.

La aceptación de la investigación supone el reconocimiento de que las alegaciones presentadas por las personas afectadas están bien fundamentadas y merecen ser verificadas. ProSavana no ha conseguido hoy por hoy llegar a un consenso para su implementación.

Por su parte, ocho activistas tanzanos fueron arrestados y encarcelados durante más de cuatro meses (de diciembre de 2016 a abril de 2017) por las autoridades malauíes cuando viajaron a Malaui para observar el impacto que la extracción de Uranio tiene sobre el medio ambiente y la salud humana.

Ante el tribunal, declararon que temían los efectos negativos de la extracción de Uranio en Tanzania, en el Proyecto del Río Mkuju en el área de Namtumbo, en la región de Rovuma, que se encuentra en estado de exploración. Según los representantes de Tanzania, el arresto de los activistas y el ulterior caso judicial respondían a criterios políticos y el estado no pudo demostrar las acusaciones.

Volviendo a Mozambique, los miembros de la comunidad local están luchando contra la construcción de una enorme presa hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa en el río Zambeze de la provincia de Tete, en el centro de Mozambique. Tres miembros de las comunidades afectadas dijeron a los jueces que la presa desplazaría a unas 1.400 familias. Justiça Ambiental, una ONG que trabaja con estas comunidades, calcula que alrededor de 200 mil personas que viven río abajo se verán afectadas por el funcionamiento de la presa.

En Malaui, la Asamblea de Mujeres Rurales denunció ante el tribunal que Monsanto acapara las subvenciones y los presupuestos del Gobierno, que se ve forzado a importar semillas híbridas, limitando el conocimiento local y destruyendo la soberanía de semillas. Las mujeres campesinas son las más afectadas por esta medida, afirmaron.

El Centro de Apoyo e Investigación para Alternativas de Desarrollo de Madagascar está luchando contra un proyecto de ilmenita a gran escala al sur del país de la Madagascar Resources Company. Se recela de este proyecto porque afectará a doce pueblos e invadirá el bosque Mikea, donde habitan varios grupos indígenas.

El bosque es una fuente de sustento importante para la gente local. “Si este proyecto avanza, las personas se verán privadas de los recursos necesarios para su sustento y para actividades sanitarias, y esto afectará principalmente a las mujeres”, dijeron miembros de estas comunidades.

Muchas de las compañías que invierten en tierras y minerales en África del Sur están registradas en Mauricio, en el océano Índico. Mauricio es un conocido paraíso fiscal y facilita los flujos financieros ilícitos en el país, lo que permite a los inversores dañar las economías locales de los países en los que operan.

La primera sesión de audiencias de este tribunal se celebró en agosto de 2016 en Manzini, Suazilandia. Diez comunidades de otros países de África del Sur presentaron casos de abusos y violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas en la industria extractiva.

Ambas sesiones (Manzini y Johannesburgo) fueron organizadas por la campaña global de África del Sur llamada “Desmantelemos el poder corporativo y acabemos con la impunidad”, con participantes como la Red de Acción Popular de África del Sur y el Diálogo del Pueblo.

Esta campaña está formada por una red de más de 200 movimientos sociales, organizaciones y comunidades que resisten el acaparamiento de tierras, la minería extractiva, los salarios abusivos y la destrucción medioambiental de las ETNs en distintas regiones del mundo.

Este Tribunal Permanente de los Pueblos es un paso importante para llamar la atención de la comunidad internacional y vigilar el feroz comportamiento de las ETN en África, así como para facilitar la construcción de una plataforma de lucha más fuerte de las comunidades afectadas que acabe con los abusos perpetrados por esas empresas.

Un “desarrollo” destructivo

Las expropiaciones de tierras y recursos en África del Sur se consiguen gracias a inversiones del sector financiero e industrial, que trabajan mano a mano guiados por el ansia de obtener beneficios y controlar las materias primas. Estas inversiones incluyen transacciones de tierras para la minería, la agricultura y el turismo.

El acaparamiento de recursos con total impunidad por parte de las empresas no se detuvo con la independencia de muchos países de África del Sur, sino que continuó con la colaboración de las nuevas élites gobernantes, justificándolo como “proyectos de desarrollo” y disfrutando de la protección y el apoyo del Estado.

Cientos de miles de campesinos y pueblos indígenas siguieron trabajando la tierra en zonas marginales mientras que las tierras más ricas en minería y agricultura eran controladas por unos pocos. La mayoría siguió viviendo en la pobreza y el hambre. Los problemas empeoraron en los años ochenta, con los intereses neoliberales sintetizados en la “globalización” precedidos por bajos precios agrícolas en los mercados globales.

Ese programa neoliberal sobre el desarrollo, que trató de lidiar con los déficits a través de Programas de Ajuste Estructural (PAE), pidió que el Estado se retirara de las actividades económicas. La apertura de las fronteras nacionales al libre flujo de bienes, la retirada del Estado de la economía para dedicarse a la mera “supervisión”, el capital financiero sin restricciones y la hegemonía de las empresas transnacionales forman parte de ese programa.

Como resultado, asistimos al aumento de expulsiones de campesinos de sus tierras y territorios, a nuevas formas de control por parte de los monopolios sobre la tierra y el agua, a la imposición global de sistemas de propiedad intelectual que roban las semillas de los campesinos, a la invasión de las semillas transgénicas y a la proliferación de las plantaciones monocultivo, los megaproyectos y las minas.

Mientras tanto, la desigualdad económica crece en el continente y supera al resto de los países en desarrollo, incluso a Latinoamérica. El continente experimenta un incremento de la población joven (15-24 años), pero no ha conseguido crear suficiente empleo digno. Sudáfrica, la economía más desarrollada del África subsahariana (ASS), presenta una tasa de desempleo juvenil del 54%.

Despojar a los indígenas de sus tierras

El resultado de todo lo anterior es una concentración sin precedentes de la propiedad de la tierra, los bienes naturales y los alimentos. Un puñado de corporaciones transnacionales controlan las cadenas de valor agrícolas y alimentarias. Los movimientos sociales critican su modelo de producción, que consideran socialmente injusto e insostenible desde un punto de vista económico o medioambiental, ya que depende del uso intensivo de la maquinaria agrícola y químicos tóxicos, y del uso de semillas modificadas genéticamente, como sucede en Sudáfrica. Como consecuencia, las verdaderas causas del deterioro social, económico y medioambiental aún persisten.

Existen nuevas estrategias para despojar a los indígenas y campesinos de sus tierras y territorios. Algunos mecanismos, como la “reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques” (REDD) son promovidos por gobiernos y empresas, con el supuesto objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, cuando en realidad bloquean el acceso de familias y comunidades rurales a sus propias tierras, bosques y recursos hídricos, poniendo en riesgo su capacidad de producir alimentos y luchar contra la pobreza.

Con el pretexto de la escasez del agua destinada a la irrigación, el acceso al agua y su uso para la irrigación se restringe y se sugiere que se concentre en los “cultivos de alto valor”; así, los cultivos destinados a la exportación, agrocombustibles y otros cultivos industriales reciben irrigación mientras que los cultivos alimentarios de los campesinos se ven privados del agua.

A raíz de la actual crisis alimentaria global, muchos inversores e incluso gobiernos se han puesto a buscar terrenos cultivables “vírgenes” para producir más alimentos. Algunos inversores quieren alimentar los “futuros sobre materias primas” para aumentar los beneficios en estos nuevos paraísos de rentabilidad, mientras que otros quieren producir cultivos flexibles de alimentos y agrocombustibles, ya que la presión aumenta para reducir los combustibles fósiles. Por su parte, los gobiernos buscan preservar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos.

La demanda de tierras es tan grande que ha dejado a cientos de miles de campesinos sin terrenos ni suministro de agua, privándoles de su sustento.

Como consecuencia del abandono que sufre la agricultura campesina por parte de los gobiernos y de las bajadas de los precios, la mayoría de los campesinos se han visto forzados a buscar trabajo estacional en grandes plantaciones, para mantener los ingresos de sus propias explotaciones.

El sistema de trabajo estacional ofrece sueldos muy bajos y duras condiciones de trabajo. Los bajos sueldos mantienen al campesino atado a este sistema y arrebata una mano de obra imprescindible a las explotaciones de campesinos. La mayoría sufren de exposición crónica a agroquímicos tóxicos (pesticidas) y tiene que regresar a sus casas en el campo para que sus familias cuiden de ellos.

El flujo de inversiones extranjeras en la región no se detiene, alentadas por los constantes “descubrimientos” de reservas de gas, combustible o minerales y el afán por usar las tierras africanas, supuestamente infrautilizadas, para “saciar” el hambre del mundo. Sin embargo, es alentador saber que los pobres en África del Sur, en particular el mundo rural, se están movilizando para resistir esta ola neoimperialista.

*Nota: Boaventura Monjane es un periodista y activista social mozambiqueño. Es doctorando en Poscolonialismos y Ciudadanía Global en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra (beca FCT). En la actualidad es investigador asociado invitado por el Instituto de Estudios Agrarios y de la Tierra de la Universidad del Cabo Occidental. Traducción: Patricia Campo

2016 afronta su última recta, dejando atrás un triste reguero de relatos de indiferencia y muerte en el Mediterráneo. Sin duda ha sido el año más mortífero de su historia reciente: nuestro mar se ha convertido en una fosa común, no solo para miles de personas que huían de la guerra y la miseria pensando que Europa les daría reposo, sino también para los derechos que la propia Europa reconoció y de los que se erigió en garante cuando era ella la que producía refugiados, y que ahora ha decidido ignorar cuando las tornas han cambiado y son otros los que piden ayuda.

Es entonces, después de la perplejidad ciudadana ante esa forma tan volátil de entender y mercadear los compromisos por parte de nuestros gobernantes, cuando hace su aparición la peor de las secuencias: el desengaño, la desafección y la pérdida del orgullo de pertenencia a una Europa que creíamos singular. A partir de ahí todo es posible.

Mientras tanto, llegan vientos de cambio desde el otro lado del Atlántico, sumándose a las brisas extremistas que ya soplaban en casa. Y así, vemos cómo los profesionales del ombliguismo se saludan felices al ver un campo cada vez más abonado y prometedor. Los brazos bajados de miles de ciudadanos que ya no sienten como suya la camiseta de europeos crean el caldo de cultivo perfecto para que el pensamiento único crezca y campe a sus anchas.

Ignorar lo que ocurre en nuestras fronteras no solo nos hace cómplices: también nos deshumaniza y nos convierte en descreídos. Escépticos de unos valores, no solo por culpa de unas instituciones que los enarbolan sin convencimiento sino porque nosotros mismos tampoco nos alzamos en su defensa. Ahí es donde deja de sumar la pertenencia a un continente que un día tuvo como bandera el bien común frente a los individualismos.

Dar cobijo al que lo necesita, entendiendo que su herida es mucho mayor que cualquiera de nuestras crisis domésticas, es el camino para recuperar ese orgullo perdido.

Debemos comprender que la crisis de refugiados es nuestra crisis y asumir que no se puede afrontar la realidad con una política negacionista, basada en la disuasión, la contención y la externalización de fronteras. Mirar más allá de nuestro propio ombligo y cambiar el paradigma individualista por uno más universal, tendiendo la mano a los que llaman a las puertas del castillo, es el único modo de recuperar nuestra humanidad y por tanto volver a sentirnos dignamente europeos.

Urge recuperar ese orgullo de pertenencia a una Europa coherente con sus principios pues solo desde ahí seremos capaces de ponerle coto a los absolutismos crecientes.

La sociedad machista roba a las mujeres la libertad para realizarse como personas de forma libre. Se nos dice cómo vestir, qué decir, se nos dice hasta qué sentir. Y así, cuando somos abusadas, se nos obliga a sentir vergüenza

Pero ya basta. Basta de mantener una sociedad en la que una mujer después de ser violada o maltratada tiene que justificarse

Se colgó con la manguera de la ducha. Tenía 15 años y vivía en Estados Unidos, donde 63.000 menores sufren abusos sexuales cada año. Se llamaba Audrie. Sin embargo, para ella, “la violación no fue lo peor, lo que vino luego fue el verdadero infierno”.

También para las familias de Marina y María José, las dos jóvenes argentinas de 21 y 22 años cuyos cuerpos fueron encontrados martirizados, metidos en bolsas de plástico negras y abandonados entre unos matorrales en Ecuador.

Que te toquen, te insulten, te acosen, te violen y te maten por ser mujer es la más horrible de las acciones que un ser humano puede emprender sobre otro. Pero que además la sociedad lo ignore, lo defienda e incluso a veces lo justifique, es además de incomprensible, inhumano.

1 de cada 3 mujeres será violada, abusada o golpeada a lo largo de su vida

Mujeres que además de ser violadas y abusadas serán señaladas, insultadas y acusadas. Te mataron por ir sola, por llevar la falda corta, por estar donde no debías, por estar con quien no debías. Te mataron porque te lo buscaste. Y además de convertirte en una muerta, te convertiste en culpable.

La defensa social del machismo se hace visceral en estos casos pero la realidad es que la sociedad impone sobre la mujer el yugo de la represión en todas las formas posibles y en todos los ámbitos posibles. Es lo que llamamos la violencia social hacia las mujeres, una violencia que además de serlo en sí misma ayuda a perpetuar otras muchas formas de violencia, imponiendo la desigualdad de género como sistema. En el hogar, en el trabajo, en calle… desde la cultura de los cuidados hasta la cultura de la mujer perfecta.

La sociedad machista roba a las mujeres la libertad para realizarse como personas de forma libre, roba a las mujeres la libertad para decidir no solo cómo vivir si no cómo ser. Se nos dice cómo vestir, qué decir, cómo decirlo, a qué dedicarnos… se nos dice hasta qué sentir. Y así, cuando somos acosadas y abusadas, se nos obliga a sentir vergüenza. Una vergüenza que nos cala hasta los huesos y nos oprime hasta suicidarnos. Por eso en El Salvador, la principal causa de mortalidad materna entre las adolescentes es el suicidio. Niñas primero violadas y luego señaladas hasta el suicidio.

Pero ya basta. No es sencillo. Basta de mantener una sociedad en la que las mujeres son obligadas a casarse, en la que las mujeres ven cómo mutilan sus órganos sexuales, en la que las mujeres no pueden opinar, salir de la casa, elegir su trabajo… Basta de mantener una sociedad en la que cuando dos mujeres salen juntas se dice que “van solas”. Una sociedad en la que una mujer después de ser violada o maltratada tiene que justificarse. Una sociedad en la que las niñas tienen que aprender a defenderse porque se dice que los hombres son violentos “por naturaleza”.

En cada día, cada hora y cada segundo de nuestra vida, debemos decodificar este sistema machista y reconstruirlo desde la igualdad y la libertad. Y hay mujeres que lo hacen. Bokiya, con tan solo 13 años, rompió la tradición en Etiopía de verse casada forzadamente. Karla, tras haber sido violada, disparada y encarcelada se convirtió en la voz de la libertad de género en El Salvador. Layan, refugiada siria en Líbano, maltratada y enferma tuvo el valor de denunciar… Ellas son algunas de las mujeres que tras el miedo y la violación de sus derechos se levantaron y se convirtieron en mujeres #LibresDeViolencia.

Desde InspirAction, junto a la cantante Rozalén, hemos querido rendirles un homenaje lanzando la campaña “Libres de Violencia” con un poema creado expresamente para la ocasión por Inma Luna y Miguel Ángel Vázquez. Te invitamos a escuchar el poema recitado por Rozalén, conocer más de cerca las historias de algunas de estas mujeres y unirte para que la voz de estas mujeres y la de muchas otras pueda llegar a cada rincón del mundo y ayudar a construir un mundo basado en la justicia de género.

Cristina Porras es responsable de comunicación digital en InspirAction

A pesar de la traducción literal: “Yunwa”, “el hambre”, tal y como la conocemos en Europa, el concepto que tenemos de ella, y su sentir, poco tienen que ver con la gravedad, consecuencias y extensión con las que Yunwa señorea por todo el Sahel y otras zonas extensas del planeta.

Mi primer contacto con “Yunwa” fue en un hospital en el norte de Burkina Faso. Nos presentó una señora de la etnia Peul de nombre Hawe, de 31 años aunque que parecía tener muchos más. Envuelta en una tela de mil colores, extremadamente delgada, elegante, y transmitiendo una dignidad infinita se apretaba el pecho con fuerza para sacar una gota de leche con la que alimentar a su hija que mantenía en brazos. Una gota de leche imposible.

Hawe me miraba fijamente a los ojos con desesperación y resignación al mismo tiempo. Intentaba hacerme entender apretujándose el pecho, lo que era evidente: “Yunwa” les había pillado a ella y a su niñita… Allí estaban las dos, absolutamente frágiles, absolutamente tristes, casi sin fuerzas para seguir buscando esa gota de leche. Sin esperanzas.

Afortunadamente para ambas, la dirección del hospital nos informó que desde que se abrió el centro especial de recuperación que gestiona Médicos del Mundo la mortalidad que provoca Yunwa ha descendido del 17% al 3% de los ingresos hospitalarios.

La mayoría de las muertes se producen entre las 24 a 48 horas siguientes al alta en el hospital y en casos prácticamente irreversibles donde a la desnutrición grave viene acompañada de otras complicaciones: diarreas, malaria, VIH… también en estado avanzado.

Hawe y su hija ya habían pasado esas horas críticas y su estado seguía una evolución favorable, pero Hawe no dejaba de pensar en lo que le dijo el curandero de su aldea: “Debería tomar unas infusiones de hierbas porque alguien le había hecho mal de ojo a la niña y por eso estaba malita”. Pero la niña no mejoraba con las hierbas y por eso estaba en el hospital.

Es la época de lluvias y, en estos meses, Yunwa se crece y muestra toda su crueldad. Casi toda la población del Sahel vive de la agricultura, y es el momento de cultivar la tierra. Por eso, muchos pequeños en tratamiento se han ido. ¡No están!

Las mujeres se han marchado para garantizar la supervivencia del resto de la familia cuando llegue la estación seca. Hay que obtener una cosecha más o menos suficiente de sorgo, mijo, maíz o cacahuetes. Dependerá de la climatología, aunque generalmente nunca llega para comer todo el año.

Pero, ¿qué otra cosa pueden hacer? Aunque fuera una buena cosecha, ¿el sorgo, el mijo, el maiz o los cacahuetes podrán cubrir todas las necesidades nutricionales de la familia durante doce meses?

Pero, ¿que otra cosa pueden hacer?

En octubre volverán al hospital porque la cosecha no se ha recolectado todavía y la despensa del año pasado ya se acabó hace tiempo. Las madres casi no han comido para poder alimentar, un poco al menos, al resto de la familia. Y, si las madres, no pueden dar leche para los pequeños, ya de por sí desnutridos... En octubre la situación de los pequeños será crítica.

La desnutrición en el Sahel es un fenómeno multifactorial, como en todos los lugares donde se da. La situación de pobreza extrema es la base de todo, la no existencia de nada que comer es una realidad cada día, una forma de vivir. En una región donde el cambio climático está haciendo estragos, las cosechas son cada vez más escasas, la agricultura no es una prioridad para el gobierno, el sistema de salud es débil, las grandes corporaciones mineras de las potencias extranjeras expolian hasta el último gramo de oro y uranio, la especulación de las grandes corporaciones que controlan los alimentos de primera necesidad no tiene límites…

¿Qué puede hacer ante esto una mujer Peul? ¿dos mujeres Peul? ¿todas las mujeres Peul? ¿todos los hombres, mujeres y niños Peul?

Es difícil contener la indignación que uno siente al ver cómo Yunwa señorea al pie de grandes minas de oro gestionadas por multinacionales de una determinada nacionalidad, que pertenecen a una corporación de otra nacionalidad distinta, que tienen su sede en un tercer país…

Es difícil contener la indignación cuando buscamos la obra social que realizan dichas empresas y encontramos que fomentan la construcción de instalaciones deportivas en los países ricos del norte en los que están registradas.

Y allí estaba Fatima, la abuela de Tamini, de 8 meses nada más. Y también había dos enfermeras trabajando en una mesa. Fatima estaba de pié, al lado de Tamini, y Tamini estaba totalmente envuelta en una de esas bonitas telas de colores porque acababa de morir, todavía no hacía una hora que había ingresado en el hospital.

La abuela miraba a las enfermeras sin decir nada, esperando que hicieran algo más de lo que habían hecho ya ¡o que le dijeran que solo estaba durmiendo! Las enfermeras hacían como si estuvieran concentradas en algo encima de la mesa: impotentes, tristes, tragando saliva, incapaces de dar una respuesta a la abuela ¡Yunwa había ganado otra vez!

Tamini, envuelta en su tela, con toda su dignidad. ¡Todas con toda su dignidad! Nadie dijo nada, no hacía falta decir nada.

Después de media hora la abuela solo llegaba a balbucear en francés. “Tres días nada más…”. Tres días desde que Tamini se puso malita hasta que llegó al hospital.

¡Tenía que pasar! Las estadísticas lo decían. Tamini forma parte de ese tributo del 3% de niños que mueren antes de 48 horas tras ser ingresados. Es el inevitable impuesto que hay que pagar a Yunwa, el coste del expolio, de la especulación alimentaria, de la inacción de todos.

Decenas de miles de personas han desaparecido sin dejar rastro en Siria. Son víctimas de desaparición forzada: personas detenidas, recluidas o secuestradas por agentes del Estado que niegan que estén privadas de libertad u ocultan su paradero. Se las priva de la protección de la ley. Son arrancadas del mundo y arrojadas a celdas clandestinas y atestadas donde la tortura es sistemática, las enfermedades proliferan y la muerte es habitual. Sus familias también son víctimas, ya que son obligadas a vivir sumidas en la desesperación, sin saber qué les ha sucedido a sus seres queridos. Conocemos algunos de esos rostros y sus álbumes de familia.

El ruido de sirenas, helicópteros y disparos es la constante con la que nos levantamos y nos acostamos desde hace días en Jerusalén. La tensión, la exasperación, la desesperanza, la frustración y el dolor son una onda expansiva que recorre la ciudad, desde que comenzó la nueva oleadada de violencia. Parten desde la capital y llegan hasta otros muchos lugares de la geografía palestina.

Los cierres continuos de las calles y barrios de Jerusalén Este, que impiden a la población local entrar a sus propias casas, están trastocando las vidas de unas familias que ya vivían al límite tras más de medio siglo de conflicto. Se han establecido zonas de acceso y movimientos prohibidos, o restringidos, que también a las organizaciones internacionales de acción humanitaria, como Alianza por la Solidaridad, nos impiden realizar nuestro trabajo, que nos dificultan los desplazamientos a las comunidades en las estamos trabajando. Permanentes mensajes de alertas de seguridad rebotan en nuestros teléfonos a cada momento. Palpamos la severa presencia policial y militar al doblar cada esquina.

Desde el pasado 1 de octubre, los incidentes violentos en Palestina ocupan todas las portadas. Sin embargo, poco se habla de cómo está afectando a una sociedad civil palestina que vive en precario desde hace décadas, inmersa en una violencia que vuelve a recrudecerse, con unas medidas de seguridad que cada vez les estrecha más el cerco de sus derechos y de su supervivencia.

Casi todas las conversaciones giran en torno a la situación que estamos viviendo. Se habla de una tercera intifada, que para muchos palestinos y palestinas es ya una realidad. Explican que este levantamiento está intrínsecamente ligado a las mismas razones que originaron la primera y la segunda: una ocupación que dura ya 48 años, que oprime y asfixia cada vez más a la población palestina, que veta el ejercicio de sus derechos como ciudadanos a trabajar, a desplazarse libremente, al acceso de servicios básicos como la salud, el agua, la educación o la vivienda, a la oración en sus lugares de culto religioso. Ahora, difiere de las anteriores en su individualidad y su dispersión geográfica y la justifican en la desesperación ante la falta de oportunidades que tienen debido al bloqueo y el progresivo aumento del espacio ocupado.

Estos días, he escuchado en múltiples ocasiones la palabra dignidad. Compañeras y vecinos con los que he compartido tiempo en estas semanas me han repetido que el levantamiento es para ellos una cuestión de “dignidad y de resistencia”. Son conscientes de que carecen de medios para que sus voces se escuchen, piensan que el suyo es un conflicto olvidado para el mundo, pero tras 48 años varados desde la Ocupación de Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza, sienten que tienen el derecho de luchar por su pueblo.

La población de Gaza, donde Alianza por la Solidaridad trabaja apoyando a las mujeres, proporcionándolas atención sanitaria, atención frente a la violencia, está sufriendo las consecuencias con la misma o más dureza. El encierro en un espacio de terreno reducido y militarmente controlado aumenta exponencialmente su vulnerabilidad. Basta ver su vida para entender que no pueden más.

Una mujer gazatí excepcionalmente fuerte y sabia, con la que tengo la suerte de trabajar, me decía por teléfono esta semana: “La gente en Gaza no tiene corazón ni energía para una nueva guerra”. No tienen manera de recomponerse de las múltiples heridas de las provocadas por las guerras sufridas, especialmente la última, durante el verano de 2014, que dejó arrasada Gaza y cuya reconstrucción parece un asunto olvidado.

Cada entrada a Gaza y cada vistazo a sus calles derruidas tras la ventana del coche me sobrecogen. En los últimos seis años, la población de Gaza ha vivido ya tres guerras.

Ha pasado un año de la 'Operación Margen Protector' y la ayuda de los gobiernos no ha llegado ni al 29% de lo que fueron sus compromisos.

No se trabaja en la búsqueda de una solución política, que debería ser exigida y liderada por la comunidad internacional, el camino para evitar la violencia.

No se ha exigido responsabilidad alguna por los crímenes de guerra y las gravísimas violaciones del derecho internacional humanitario.

Ahora, Palestina sufre y se revuelve.

Por fin. El desenlace del caso Mayuba es una realidad. Tras más de 3 meses desde que la joven Mayuba Mohamed, de origen saharaui y nacionalidad española, viajara a los campamentos de población refugiada saharaui para visitar a su familia biológica, por fin ha regresado a España. Por fin ha podido reunirse con su familia de adopción y desarrollar su futuro según su voluntad. Por fin.

Han sido tres meses complicados, en los que se han desarrollado gestiones desde las instituciones públicas españolas, argelinas y saharauis. El 25 de julio Mayuba viajó a los campamentos de Tinduf, tras recibir un aviso de su familia biológica saharaui de que su abuela estaba enferma. Mayuba debía regresar al Estado español a mediados de agosto, pero aquella fecha no regresó.

La familia de acogida, con quien la joven vive desde hace 12 años de forma permanente, interpuso una demanda por “secuestro y amenazas de muerte” ante la fiscalía de la república en Argelia, así como ante la misión diplomática española en Argelia. También solicitaron a la ONU y a la comunidad internacional su intervención. Paralelamente, se impulsó una campaña en Avaaz exigiendo su retorno. La familia biológica había sustraído a la joven su pasaporte, obligándole a quedarse con ellos contra su voluntad, llevándola a territorio argelino, a cientos de kilómetros de los campamentos saharauis, a los que regresaría la familia con Mayuba más tarde.

Los medios de comunicación valencianos, de donde es la familia de acogida y donde vive Mayuba, y posteriormente de todo el Estado se hicieron eco de la noticia. Y las redes sociales divulgaron opiniones e informaciones no contrastadas a toda velocidad. Durante estos meses hemos escuchado de todo: se ha puesto en duda el programa Vacaciones en Paz, por el cual viajan cada verano miles de menores saharauis a pasar los meses estivales lejos del desierto; se ha acusado al Frente Polisario de ser cómplice del secuestro; se ha mostrado a la sociedad saharaui como una sociedad que margina a la mujer...

Algunos medios de comunicación han preferido publicar la información rápidamente antes de analizar la situación en profundidad, escuchando a expertos en la cuestión saharaui, contrastando opiniones de diferentes fuentes. En algunos casos, los periodistas han sido movidos por criterios de proximidad geográfica, cercanos al chauvinismo, tomando una postura parcial, reclamando que se devolviera lo propio, como si de un enfrentamiento entre dos pueblos, dos culturas, se tratara.

De igual manera, cabe destacar las graves decisiones adoptadas por algunos representantes públicos. El 14 de octubre, la Diputación de Valencia suspendió las ayudas a la cooperación con el pueblo saharaui hasta que la joven regresara a casa. Una medida sin precedentes que culpaba directamente del caso Mayuba al Frente Polisario, al Gobierno saharaui y a todo el pueblo saharaui, afirmando que “no se pueden mantener convenios de cooperación con países que no respaldan los derechos humanos”.

Una declaración altisonante, vacía de contenido, pues ni los campamentos de población saharaui son un país, ni el Gobierno saharaui viola los derechos humanos. Cabe recordar que la población saharaui refugiada sobrevive gracias a la cooperación internacional, y que terminar con esta implicaría condenar, más todavía, al hambre y la miseria a una población de miles de personas refugiadas. ¿Cómo puede un representante público tomar una decisión que conlleva, directamente, el aumento de la desnutrición infantil, de la falta de medios para la escolarización de los menores saharauis, de la precariedad en los centros de salud de los campamentos de Tinduf?

Por todo esto, creo que es necesario hacer varias aclaraciones. En primer lugar, hay que recordar que el pueblo saharaui no dispone de un estado propio. El Sáhara Occidental está ocupado militarmente por Marruecos desde el año 1975. El Frente Polisario es, precisamente, el movimiento saharaui que lucha para obtener un estado independiente y, además, lo hace pacíficamente, desde que en el año 1991 se firmara un Alto el Fuego auspiciado por Naciones Unidas. ¿Cómo se va a cuestionar la cooperación con un país que no es un país, que no dispone de un estado?

El Frente Polisario gestiona los campamentos de población refugiada, pero no dispone de los elementos que hacen que un estado pueda funcionar como una entidad política independiente. El Gobierno saharaui es el organismo que ha creado un sistema de salud, un sistema educativo y alimentación, entre otras muchas cosas, para toda la población refugiada. Y lo ha conseguido desde la nada, construyendo campamentos de haimas en el más inhóspito de los desiertos.

Cierto es que el sistema de salud, educativo y la alimentación de la población refugiada son precarios, como también lo es que todo esto se sustenta mediante la cooperación internacional, de la cual, uno de los mayores porcentajes ha tenido como origen, históricamente, el Estado español. ¿Quién es el culpable de la precaria situación en la que vive esta población refugiada? Sin duda, el que recorta las ayudas en cooperación internacional con este pueblo.

Por otro lado, es el Reino de Marruecos quien lleva todos estos años ejerciendo la violencia contra la población saharaui en los Territorios Ocupados. Mientras el Frente Polisario mantiene una lucha pacífica, centrada en la vía diplomática, las fuerzas de ocupación marroquíes han matado, hecho desaparecer y torturado a saharauis, violando los derechos humanos de este pueblo. ¿Deben las instituciones españolas romper cualquier lazo de cooperación con el Reino de Marruecos hasta que se verifique que respeta en la práctica la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Por supuesto. ¿Cuándo llevará a cabo estas medidas? Los Derechos Humanos, una vez más, son utilizados en boca de los representantes públicos con diferentes significados, dependiendo de a quién se le exija su cumplimiento.

Como he citado con anterioridad, en algunas ocasiones se ha tratado el tema de Mayuba como una causa de la desigualdad de género, llegando a culpar de esta desigualdad al Frente Polisario. “Si Mayuba hubiera sido un joven saharaui, en vez de una chica, no habría ocurrido esto”. No se puede afirmar, porque no ha ocurrido, pero es muy probable que así hubiera sucedido. Cierto es que en la sociedad saharaui, como en todas las sociedades, existen tendencias oscuras, arcaicas y negativas que se oponen a la igualdad real entre el hombre y la mujer.

La tradición patriarcal y machista que aquí se lleva por delante a decenas de mujeres cada año, allí, en los campamentos de Tinduf, también existe. Sin embargo, ha sido el Frente Polisario, que, por cierto, también está constituido por las mujeres saharauis, el que ha desarrollado medidas por las cuales ahora la sociedad refugiada saharaui tiene una mayor participación social de la mujer que en la media de sus sociedades vecinas. Un ejemplo de ello es la importancia que tiene en la estructura social la Unión Nacional de Mujeres Saharaui, así como el elevado número de ministras en el Gobierno y de parlamentarias en el Parlamento.

Por supuesto, la situación de la mujer saharaui no es la ideal. Por supuesto que queda muchísimo trabajo para hacer en este sentido. Pero, si de verdad existe una preocupación por la situación de la mujer saharaui, ¿no deberíamos exigir a nuestras instituciones públicas que aumente la partida en cooperación con el pueblo saharaui para desarrollar proyectos de concienciación y sensibilización en los campamentos de Tinduf sobre este tema?

Culpar al Gobierno del Polisario también de esto es injusto, pues probado está que han llevado a cabo medidas para paliar esta situación. ¿Cómo responsabilizar de la desigualdad de género a un gobierno que, a duras penas, consigue la cantidad de alimentos básicos suficientes para alimentar a su población? Los recortes de aquí, en el Estado español, que todavía hoy sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental hasta que se celebre un referéndum en el cuál los saharauis puedan decidir sobre un futuro estado independiente, acarrean consecuencias allí, en el desierto. Mientras no haya medios, no se pueden lograr los objetivos.

Por último, un breve apunte sobre la gestión del Frente Polisario en el caso Mayuba. Cabe destacar que cuando el pasado 23 de octubre, el delegado del Frente Polisario para el Estado español, Bucharaya Beyún, se reunió con el ministro de Exteriores, García-Margallo, el representante saharaui declaró: “Estamos colaborando intensamente en ese sentido y confiamos en una pronta solución”.

Según ha declarado Mayuba tras regresar a España, recuperó el pasaporte que había escondido su familia biológica y escapó de su casa. La joven relata que un conocido le ayudó a salir de los campamentos de refugiados y llegar a la ciudad argelina de Tinduf. El Frente Polisario asegura que “facilitó” esta huída aunque se desconocen los detalles.

El tiempo transcurrido ha sido largo, quizás se podría haber solucionado antes. Pero los tiempos en las distintas sociedades, culturas, a veces transcurren de una manera distinta, a veces los diálogos van más despacio en otros lugares. En el desierto llevan casi cuarenta años esperando a regresar a su estado, el Sáhara Occidental, mientras aquí, nuestros gobiernos, empujados por las prisas, han mirado para otro lado. Otro representante del Polisario me contaba, “para la familia biológica de Mayuba, es el Polisario el que la ha secuestrado para devolverla a España”.

Las sociedades tienen sus ritmos, sus peculiaridades y sus carencias. La lucha de la mujer, aquí y allí, es necesaria, prioritaria, y hacia la igualdad real entre hombres y mujeres debemos caminar. Tan necesaria como la lucha por la supervivencia, por los Derechos Humanos y por la libertad de un pueblo que debe votar para poder volver a su tierra. No se puede justificar la actitud que ha tenido la familia biológica de Mayuba. El conservadurismo más atroz se encuentra en cualquier lugar del planeta. Pero los debates no se pueden descontextualizar. Hay que reflexionar teniendo en cuenta el entorno en el que nos movemos. Ahora celebramos que Mayuba está donde quiere estar. Esperamos que pronto celebremos que el resto de saharauis estén donde quieren estar.

Según los datos presentados la semana pasada, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para 2015 se reduciría 17 millones con respecto a lo aprobado en el pasado año

En una esta semana se decidirá si España ocupa un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El empeño del Gobierno para conseguir este puesto le ha llevado hacia un periplo por distintos foros internacionales para explicar sus compromisos con la paz y el bienestar de la humanidad. Coincide, sin embargo, que en estos días se han presentado los Presupuestos Generales del Estado 2015, cuyas cifras resultan ser poco coherentes con esos supuestos compromisos.

Según los datos presentados la semana pasada, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para 2015 se reduciría 17 millones con respecto a lo aprobado en el pasado año. Esto supone un 0,17% de la Renta Nacional Bruta; un porcentaje muy alejado de la media europea (0,50%), y que además nos sitúa a la cola de los donantes europeos, solo por delante de Grecia. Para entender la dimensión real de estas cifras deben entenderse en perspectiva ya que desde 2011 la cooperación ha sufrido un recorte de más del 60%. Es más, han sufrido un recorte respecto a sus metas establecidas por el propio Ejecutivo en el IV Plan Director donde se establece una previsión mínima de 2.300 millones, casi 600 más de los que se contemplan en estos presupuestos.

Esta falta de compromiso real contrasta con las buenas palabras y los llamados “presupuestos de la consolidación de la recuperación económica”. ¿De verdad pretende España ser líder en la defensa de la dignidad de la humanidad con estas cifras? Moncloa se empeña en decir que se trata de hacer más con menos; pero cómo hacerlo cuando los fondos son tan escasos y los retos tan enormes. No, no se puede hacer más con menos, sobre todo cuando ese menos resta a lo que ya era casi nada.

Debilitamiento de los principales actores de la cooperación

Más allá de estas alarmantes cifras, al adentrarse en ellas y ver la relación de unas con otras se observa un cambio de modelo realmente preocupante. El Ministerio de Asuntos Exteriores –que también es de Cooperación y que por ley debería dirigir esta política– gestionará tan sólo un 46% de la AOD. Y la Agencia Española de Cooperación Internacional, que desde 2011 ha visto reducido su presupuesto un 71%, continúa en un descenso en picado y recibe apenas un 13% de la totalidad de la ayuda. Entonces, cómo es posible que se haga más con menos si cuando quien debe hacerlo no tiene recursos.

No se puede recortar más

El debilitamiento de los principales actores hace que, al hablar de cooperación, hablemos en realidad de contribuciones que España tiene que aportar forzosamente a la UE y a organismos internacionales; aportaciones que representan casi la mitad de la ayuda española para 2015. Gran parte de los fondos quedan de esta forma en manos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que es quien se encarga de hacer efectivos esas aportaciones.

Por otra parte, el 21% del total de la AOD está formada por el llamado Fondo para la Promoción del Desarrollo. Se trata de créditos a países empobrecidos, que se otorgan en condiciones favorables y que deben ser devueltos. Su porcentaje respecto al total ha crecido progresivamente en los últimos años. Este crecimiento confirma una peligrosa tendencia a la financiarización de la ayuda en detrimento de otros instrumentos igualmente pertinentes y necesarios, que no son de carácter reembolsable.

Enorme preocupación por el escaso presupuesto para Acción Humanitaria

Asistimos a graves crisis humanitarias en varios lugares del planeta. Algunas más mediáticas que otras, pero todas ellas igualmente graves. El impacto de estas crisis en la vida de millones de personas y en la estabilidad de amplias regiones del planeta exige más que buenas declaraciones. En tales circunstancias, la acción humanitaria es clave para asistir a las víctimas de estas crisis y asegurar su camino hacia un futuro estable. Es lamentable que el presupuesto de ayuda humanitaria acumule un recorte del 81% desde 2011. Cómo pretende España con recursos tan escasos, responder de manera rápida y efectiva al estallido de este tipo de crisis.

La paz y la seguridad significan mucho más que la ausencia de guerra; significan capacidad para acceder a niveles de vida dignos, garantía de los derechos humanos y de futuro. Por eso, más allá de la ayuda inmediata en las emergencias, es necesario garantizar procesos de desarrollo integral. El propio Rey Felipe VI así lo aseguró el pasado 24 de septiembre en la sede de la ONU, donde defendió la candidatura de España al Consejo de Seguridad: “No puede haber paz duradera o seguridad sin desarrollo sostenible y no puede haber desarrollo sostenible sin mayor solidaridad –tanto entre países como en el interior de las naciones”. Exacto. ¿Escuchará el gobierno?

El folleto en el que España presenta las virtudes que le hacen merecedora del deseado asiento en la ONU afirma que “el objetivo primordial es la lucha contra la pobreza y la determinación en el logro del desarrollo humano sostenible”. Una vez analizados los Presupuestos para 2015, nos tememos que el peso de esa determinación también ha sufrido recortes y que se centra en lo que no hay más remedio que asumir porque es obligatorio.

Ya lo decíamos hace un tiempo: que España asuma un liderazgo en la gobernanza global será una realidad si se enfoca desde una visión coherente con la defensa de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la equidad; sólo así podrá otorgar consistencia a su deseo de ser un socio internacional merecedor de un asiento en la ONU.

La esta semana volveremos a las calles para recordarle al gobierno que la política de cooperación es mucho más que una dádiva en tiempos de bonanza. Basta de políticas que permiten una riqueza que engorda los bolsillos de una minoría a costa de empobrecer a la inmensa mayoría de la población mundial. Si el gobierno quiere hacer de este país un actor internacional responsable y relevante, urge un cambio de timón radical, tanto en las políticas domésticas como en las internacionales.