Los conciertos sanitarios que Canarias arrastra con hospitales privados desde época preconstitucional han vuelto al centro de la polémica. Después de que las informaciones de Canarias Ahora y el documental Privados de Salud de Despiertos pusieran la lupa sobre los contratos que la Consejería de Sanidad tiene firmados con las centros privados del Archipiélago, las derivaciones de pacientes regresan a la primera línea de la actualidad y ponen bajo sospecha la gestión del actual consejero, José Manuel Baltar, exdirector de Operaciones de las Clínicas San Roque.

Tal y como se plasma en el documental, el Gobierno autonómico mantiene conciertos sanitarios con las clínicas privadas que incumplen la legislación estatal de contratos del sector público. Un hecho reconocido en el programa por el exconsejero Jesús Morera, que puso en marcha un grupo técnico para sacar a concurso unos contratos que se han prorrogado, en algunos casos, desde época preconstitucional. La ruptura del pacto regional entre Coalición Canaria y el PSOE provocó la reestructuración de los puestos de mando de la Consejería de Sanidad, que pasó tener como cabeza visible a José Manuel Baltar, exalto cargo de la empresa que más se beneficia de la derivación de pacientes en Gran Canaria y exvicepresidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española.

La gestión de Baltar ha sido cuestionada por los partidos de la oposición al aumentar un 40%, en términos absolutos, las intervenciones quirúrgicas derivadas a los Hospitales San Roque desde la sanidad pública durante 2017. En el año y medio que lleva en el cargo, el actual consejero también ha continuado con la medida iniciada por Jesús Morera y ha impulsado la convocatoria de un concurso para legalizar los conciertos sanitarios para pacientes de media estancia en Tenerife y Gran Canaria, valorado en 220 millones de euros para cuatro años.

Aunque en un primer momento Baltar se abstuvo de participar en el procedimiento, el consejero acaba de firmar una orden que da un año más de plazo a las clínicas que concurran al concurso para adaptarse a los requisitos que fija el Decreto 105/2006, que desarrolla el régimen jurídico de los conciertos sanitarios y establece las condiciones que deben cumplir los centros beneficiados.

En el programa de Despiertos Privados de Salud, la exconsejera de Sanidad Mercedes Roldós, actual delegada del Gobierno en Canarias, pese a que reconoció que los conciertos se han adjudicado históricamente “a dedo”, aseguró que “todos están adecuados a las condiciones que debe imponer la Consejería de Sanidad sobre criterios de calidad, de seguridad, de número de profesionales, de número de camas, etcétera, etcétera”.

Esas condiciones están reguladas, precisamente, en el Decreto 105/2006. Es decir, a pesar de que la norma lleva en vigor cerca de 12 años, el actual consejero ha ampliado el plazo para que las clínicas homologuen sus instalaciones, lo que permitirá a las futuras adjudicatarias del concurso recibir pacientes de media estancia sin haber acreditado el cumplimiento de los requisitos legales.

Las declaraciones de Roldós en Privados de Salud no sólo confrontan con la última decisión de Baltar. Una investigación abierta por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Telde, a raíz de la denuncia de una empresa perjudicada, ha desvelado que el Gobierno de Canarias paga más de cinco millones al año a una clínica sin homologar. En las diligencias, por las se que investiga al Servicio Canario de Salud y al Hospital ICOT Ciudad de Telde, se ha puesto de manifiesto que, al menos hasta 2017, solo dos centros de Gran Canaria cumplían con el Decreto 105/2006. Mercedes Roldós fue consejera de Sanidad entre 2007 y 2010.

Puertas giratorias

A la espera de conocer el resultado del nuevo concurso de hospitalización de media estancia, sobre Baltar planea la duda de qué ocurrirá cuando el consejero deje el cargo. Formaciones políticas como PSOE y Podemos han cuestionado la incompatibilidad que supondría su posible regreso a las Clínicas San Roque después de haber aumentado los conciertos sanitarios que recibe la empresa propiedad de Mario Rodríguez, expresidente de la patronal empresarial de Las Palmas, y de haber firmado una orden que aumenta el plazo para la homologación de los centros privados. En Canarias ya hay un precedente.

Brígida Mendoza, consejera de Sanidad por Coalición Canaria entre 2011 y 2015, llegó al cargo tras un breve paso por el Materno Infantil de Gran Canaria, a donde llegó procedente del Hospital Perpetuo Socorro, otra de las empresas que se benefician de los conciertos ilegales. Tal y como desveló Privados de Salud, durante los cuatro años que estuvo en el cargo, el dinero que recibió la clínica privada a la que pertenecía de la sanidad pública aumentó en más de un millón de euros. Brígida Mendoza regresó al Hospital Perpetuo Socorro nada más finalizar su mandato.

El retorno de Mendoza a la privada a través de una puerta giratoria se produjo a pesar de lo estipulado por el artículo 12 de la Ley de Incompatibilidades, que establece que “no podrá ejercer actividad privada quien haya intervenido en la actividad por razón de su cargo público en los últimos dos años”. La Ley Canaria de Ordenación Sanitaria, en el artículo 100, deja claro que “no se podrán firmar conciertos con hospitales que incumplan la Ley de Incompatibilidades”. Perpetuo Socorro no ha dejado de recibir pacientes después del retorno de Brígida Mendoza a su plantilla directiva.

Las derivaciones de pacientes desde la sanidad pública vuelven al centro de la polémica, aunque lo cierto es que están bajo sospecha desde que Coalición Canaria decidió romper el pacto con el PSOE y colocar de consejero a un representante de las clínicas privadas. En el segundo capítulo de Despiertos, el presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, Rodrigo Martín, mostró su confianza en que el entonces consejero, Jesús Morera, finalizase con el proceso de legalización de los conciertos. Al ser preguntado sobre si iba a poder, el representante de los profesionales sanitarios lanzó una advertencia: “Hay tanto polvo debajo de las alfombras que ya casi no hay alfombras”. Y el polvo acabó por enterrar al político socialista.

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La Consejería de Sanidad saca a concurso contratos con la sanidad privada que datan de época preconstitucional

El segundo capítulo de Despiertos investiga las relaciones del Ejecutivo con las clínicas privadas y profundiza en la figura del magnate Pedro Luis Cobiella

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha despertado del letargo en el que se encontraba sumida durante las últimas legislaturas, en las que se había opuesto de forma reiterada a la necesidad de adaptar a la legislación los conciertos ilegales con la sanidad privada, tal y como cuestionó el programa de investigación Despiertos en su segundo capítulo: Privados de Salud.

El periodista de Canarias Ahora Iván Suárez, que participa en el episodio, ha informado este viernes de que Canarias rompe con los conciertos sanitarios que arrastra desde época franquista, tras publicar la Consejería de Sanidad la convocatoria para la prestación del servicio de hospitalización de media estancia a pacientes derivados de la sanidad pública. El importe de este concierto asciende a 220 millones de euros, a repartir en cuatro años, entre noviembre de 2018 y octubre de 2022, a razón de 55 millones por año. En el expediente no aparece la firma del actual consejero, José Manuel Baltar, cuyo pasado profesional está vinculado con los Hospitales San Roque y la Alianza de la Sanidad Privada.

El Gobierno regional acaba así con una tendencia que se había instalado en la administración: prorrogar en contra de la legislación los contratos firmados con las clínicas privadas desde época preconstitucional. Una papa caliente que pasó de manos de un consejero a otro, hasta que el antecesor de Baltar, Jesús Morera (PSOE), anunció la creación de un grupo técnico para revisar los conciertos ilegales. Los socialistas siempre han vinculado esta decisión con la ruptura del pacto regional que mantenían con Coalición Canaria.

Morera es otro de los protagonistas de Privados de Salud, donde se resiste a reconocer la ilegalidad de los conciertos pese a haber impulsado su revisión. Un problema que también se le atraganta a Mercedes Roldós, exconsejera de Sanidad por el Partido Popular, que también es entrevistada en el segundo capítulo de Despiertos. El episodio da voz a representantes de Intersindical Canaria, al presidente del Colegio de Médicos de la provincia tinerfeña, a la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública y al periodista de eldiario.es Raúl Sánchez.

La revisión de los conciertos es desde hace años una prioridad incumplida en la sanidad canaria. Gran parte de los contratos se firmaron en época preconstitucional y han sido renovados año a año, pese a que en sus cláusulas solo se permitía una única prórroga anual. Ninguno establece el control de las derivaciones, por lo que el Gobierno no inspecciona si las clínicas beneficiadas cumplen con los requisitos mínimos para prestar el servicio y si lo hacen en las condiciones adecuadas. Los conciertos también incumplen las tres leyes de contratos de la administración pública que se han aprobado en este siglo, ideadas para lograr una mayor eficiencia a la hora de adjudicar servicios a empresas privadas.

Según las cifras oficiales de la propia Consejería, que publicó el programa Privados de Salud, las clínicas privadas de las dos islas capitalinas se llevaron en el año 2015 cerca de 200 millones de euros al año en derivaciones hospitalarias. Los conciertos ilegales permiten que un gigante de la sanidad como Hospiten, propiedad de Pedro Luis Cobiella, ingrese el 46% de todo el dinero que se destina a derivaciones hospitalarias en Tenerife. El resto de la tarta se la reparten Quirón (23%), San Juan de Dios (22%) y el Instituto de Atención Social y Sanitaria (9%).

En Gran Canaria los conciertos están más repartidos, pero por encima de todas las empresas destaca la Clínica San Roque, la misma para la que trabajaba el actual consejero. Baltar tendrá que sentarse cara a cara con Mario Rodríguez para explicarle que a partir de ahora no se podrá llevar a dedo el 28% de todas las derivaciones de la isla, lo que supone un montante de 20 millones anuales, y tendrá que concurrir a un concurso en igualdad de condiciones. Lo mismo deberá hacer con el resto de sociedades que hacen de la salud un negocio, entre las que destacan Perpetuo Socorro (15%), donde ha regresado la exconsejera Mendoza, o el Hospital Vithas (11%).

En Privados de Salud se repasan también las conexiones existentes entre el principal beneficiario de la sanidad privada en Tenerife, Pedro Luis Cobiella, y la clase política y empresarial de Canarias. El episodio desenreda la red tejida por el dueño de Hospiten, que rechazó participar en el programa; una madeja que conduce directamente a los Papeles de Panamá.