La foto general no admite dudas. La derecha ha vuelto a ganar las elecciones en Castilla y León. El PP seguirá gobernando, como ocurre en esta comunidad desde hace 39 años. Lo hará con dos escaños más. Mañueco sube cuatro puntos: en gran medida, a costa de los votos huérfanos de Ciudadanos, que en 2022 aún sacó un 4,6% antes de su extinción.

Es una buena noche para el PP, pero insuficiente para gobernar en solitario: volverá a necesitar a la ultraderecha. Como ha confirmado el propio Mañueco en su primera declaración tras el escrutinio, no piensa pactar con nadie más.

En el bloque de la derecha, la sorpresa es el frenazo en el crecimiento de Vox. La ultraderecha apenas sube un punto y un escaño, por debajo de las encuestas y de sus expectativas. Se entiende mejor el parón cuando se compara este resultado con los estirones vividos en Extremadura, donde Vox había doblado sus votos, o en Aragón, donde crecieron siete escaños sobre 2023.

Hay dos razones que explican por qué Vox ha dejado de crecer: las purgas internas y la guerra de Irán. Con la expulsión de Javier Ortega Smith, ya no queda ninguna de las caras históricas del partido salvo Santiago Abascal. Y tampoco parece haberles ayudado la grave crisis internacional provocada por su gran referente, Donald Trump.

Con todo, Vox será gobierno. El PSOE será el primer partido de la oposición. Y con un dato mejor del que obtuvo en 2022: dos escaños más. Sube, en gran medida, porque se come a toda su izquierda, que se queda sin representación.

El buen resultado del PSOE en Castilla y León contrasta con el de Extremadura y el de Aragón. Por primera vez, desde las catalanas que ganó Salvador Illa, un candidato autonómico socialista mejora los datos del ciclo anterior.

Hay varios factores que explican este cambio de tendencia. Un mejor candidato: el alcalde de Soria, Carlos Martínez, que ha dejado en las raspas al localista Soria Ya!. También un contexto más favorable para el PSOE: el ‘no a la guerra’ de Pedro Sánchez le está ayudando a reconectar con el electorado progresista. Es mejor este marco de debate que el que acompañó a los socialistas en las elecciones de Extremadura y Aragón, donde solo se habló de corrupción.

El PSOE también se ha beneficiado en estas elecciones de la inexistencia de una candidatura competitiva a su izquierda. Sí la había en Aragón, con la Chunta. Sí la había en Extremadura, con la unidad de todos esos partidos que se repelen en Madrid. No la hubo en Castilla y León.

En 2022, la lista conjunta de Podemos e IU logró el 5,1% de los votos y un solo escaño. Aquello ya fue una derrota: venían de 10 escaños en 2015, de dos en 2019. Ahora se quedan sin representación: apenas suman un 3% entre las dos.

Dentro del naufragio de los cero escaños, la lista más votada de quienes antes se presentaban en coalición volvió a ser la de IU y Sumar: un 2,24%. Mientras que Podemos apenas alcanza el 0,75%. Es la mitad de los votos que ha logrado la candidatura friki de Alvise Pérez.

La proporción entre IU y Podemos es muy similar a la que se vivió en Aragón: IU-Sumar vuelven a triplicar a los morados. Por separado, en los territorios, Podemos está muy lejos de aspirar a mantener una mínima representación. Y aunque IU mantiene mejor tono, sin Podemos en sus listas, pagan el alto precio de la división.

A diferencia de Extremadura, de Aragón, estas autonómicas no fueron consecuencia de un adelanto electoral. Simplemente tocaba votar. El PP quiso que cada una de las cuatro citas previstas –aún faltan las andaluzas– fueran por separado. Podía haberlas agrupado en un solo domingo y decidieron que no. Con este menú de cuatro platos, buscaban forzar la derrota del ‘sanchismo’ y también desgastar a Vox. Un plan genial de Alberto Núñez Feijóo que, por ahora, sigue sin carburar. Al menos en esta ocasión el PP no se ha llevado el gran chasco de Extremadura y Aragón.

En unos meses tendremos la foto final de esa estrategia electoral: unas elecciones autonómicas donde el PP puede perder una de las pocas mayorías absolutas que mantiene, la de Andalucía. Con un Vox rozando el 19% –aunque sea su techo– esa mayoría sigue estando en riesgo.

No es una sorpresa. Sabíamos que podía suceder, como pasa casi siempre con las grandes exclusivas de investigación. Cuanto más incómoda es una noticia para alguien con poder, más probable es que acabemos siendo los periodistas quienes tengamos que responder ante un tribunal.

Esta semana, el abogado de Julio Iglesias ha dado el primer paso en esa dirección, tras nuestras informaciones sobre dos extrabajadoras que acusan al cantante de agresiones sexuales. Es una demanda de conciliación contra elDiario.es, un trámite previo obligatorio para poder presentar después una querella penal por injurias y calumnias que sus abogados ya anuncian. Entre las dos vías posibles para llevarnos a los tribunales –la demanda civil, la querella penal–, Julio Iglesias ha optado por la única donde, además de una indemnización, puede pedir una condena de cárcel contra los periodistas de elDiario.es.

Para evitar la querella, en esa demanda de conciliación, Julio Iglesias exige algo que no va a suceder: que nos disculpemos, que rectifiquemos, que reconozcamos que, como periodistas, no lo hicimos bien. No somos infalibles y podemos cometer errores, pero en este caso no tenemos nada que rectificar. Nos reafirmamos en todos los artículos que hemos publicado. Aunque amenace con un proceso penal, no nos vamos a retractar.

El archivo de las investigaciones preprocesales por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional tampoco desmiente nuestra información. La Fiscalía no ha seguido por una cuestión de competencias: porque considera que no hay jurisdicción, a pesar de que Iglesias es español, porque los presuntos delitos ocurrieron fuera de España. 

La información que publicamos es rigurosa, contrastada y veraz. Es un trabajo meticuloso que empezó hace tres años, en enero de 2023, cuando nos llegó la primera pista sobre esta información. No solo recogemos el testimonio de estas dos denunciantes que le acusan de agresiones sexuales, dos mujeres a las que hemos entrevistado en distintas ocasiones a lo largo de un año y medio para comprobar la coherencia de su versión. También aportamos documentos, como las pruebas médicas de enfermedades de transmisión sexual que tuvieron que pasar. Hemos entrevistado a más de una docena de extrabajadores de las mansiones de Julio Iglesias, y a otras personas a las que estas mujeres relataron previamente lo que vivieron. Y también le dimos al afectado el tiempo suficiente para ofrecernos su versión. Contactamos con Julio Iglesias once días antes de publicar la primera información: ni él ni sus abogados quisieron responder. Posteriormente el cantante ha negado las acusaciones, que ahora califica de “montaje”.

Toda nuestra información no ha pasado solo por el filtro de elDiario.es. En 2025, se sumó a la investigación el equipo de Univision, en Estados Unidos. Sus periodistas –Federica Narancio, Esther Poveda y el co-ganador del premio Pulitzer Gerardo Reyes– volvieron a revisar cada detalle. Volvieron a entrevistar a las mujeres, esta vez en vídeo, y aportaron nuevas fuentes. 

La demanda de conciliación de Iglesias incluye varias afirmaciones que son falsas. No es verdad que los periodistas de elDiario.es participáramos en la elaboración de la denuncia ante la Fiscalía: fue una decisión de las mujeres, asesoradas por sus abogadas. Tampoco es verdad, como se afirma en la demanda, que los testimonios en vídeo que difundimos correspondan a “personajes figurados” o “un montaje con actrices profesionales”. Las mujeres que aparecen ante la cámara son las propias denunciantes. Modificamos la voz por medio de doblaje y cambiamos sus nombres reales para proteger su identidad. Es algo que en elDiario.es y Univision nunca ocultamos: está contado desde el primer día y así aparece también en cada vídeo. 

Julio Iglesias no solo da el primer paso para presentar una querella por lo penal contra varios de nuestros periodistas: estoy como “futuro querellado” –así se nos califica– junto a Elena Cabrera, Ana Requena, María Ramírez y Juanlu Sánchez. También pide una indemnización económica que no detalla en la demanda. Según han publicado distintos medios, sus abogados aseguran que reclamarán 200 millones de euros por los daños y perjuicios. Esta cifra supondría el cierre por quiebra de elDiario.es. 

No es fácil enfrentarse a un proceso judicial así, por mucho que supiera que podría ocurrir, por mucho que hayamos hecho las cosas bien. No es la primera ocasión, no será la última, pero nunca te acostumbras a esta forma de presión. 

Está en juego todo lo que tenemos, todo lo que hemos construido. Te quita el sueño, pero no las ganas de seguir. 

Empieza ahora un largo, caro y complejo proceso penal, pero estoy convencido de que los tribunales nos acabarán dando la razón. No me arrepiento en absoluto de haber publicado esta noticia; era nuestra obligación.

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Ahora se entiende mejor el cierre de campaña del PP: con Los Meconios, Vito Quiles y ese Alberto Núñez Feijóo que no había venido a la política para insultar. 

El Partido Popular adelantó más de un año las elecciones autonómicas de Aragón para depender un poco menos de Vox. Animados con las primeras encuestas, en el PP llegaron a soñar con los 32 diputados; con un resultado tan bueno como para poder gobernar sin la extrema derecha, con los partidos minoritarios: Teruel Existe o el PAR. Otra vez más, no será así. 

Jorge Azcón hoy tiene en las Cortes 26 escaños, dos diputados menos de los que tenía antes de convocar. Vox duplica su tamaño y vuelve a tener la llave del Gobierno de Aragón. 

Hay un segundo objetivo que al PP sí le ha salido bien. Porque todo este rosario de elecciones autonómicas anticipadas también busca desnudar la debilidad del ‘sanchismo’ y de la izquierda en general. Entre el PSOE, Chunta Aragonesista e IU-Sumar tendrán solo 25 de 67 escaños. Es el mínimo histórico de la izquierda en las Cortes de Aragón. Nunca antes la derecha y la extrema derecha han sido tan fuertes en este parlamento autonómico.

Entre las tres listas a la izquierda del PSOE hay un claro ganador, Chunta Aragonesista, que dobla escaños. Otra que salva los muebles: el escaño que repite IU-Sumar. Y una tercera candidatura, la de Podemos, que no alcanza ni el 1%. En votos, siendo ambos extraparlamentarios, el partido de Alvise ha sacado casi tres veces más. 

La tendencia general se repite una vez más, igual que antes pasó en Extremadura y probablemente pasará en Andalucía o en Castilla y León. El Partido Popular está siendo extremadamente eficaz a la hora de desmovilizar a la izquierda; también está logrando un claro giro a la derecha en toda la sociedad. Pero quien más rentabiliza ese discurso catastrofista y antisistema es la extrema derecha: no Alberto Núñez Feijóo.

Hace no tanto, habría sido inimaginable que un agitador ultra como Vito Quiles fuese la gran estrella invitada del PP para cerrar una campaña electoral. Fue una jugada desesperada para pescar votos en la extrema derecha, una apuesta que se entiende mejor viendo los resultados de hoy. 

“Ha ganado el cabreo”, dicen en el PP, que en su estrategia de oposición siguen cautivos de la misma contradicción. Es el PP quien aplica los mismos criterios éticos y morales de Donald Trump, quien está crispando la vida pública, normalizando el machismo, la xenofobia y los discursos de odio. 

Para sorpresa de nadie, el principal beneficiado es Vox.

Hay investigaciones periodísticas que duran semanas. O meses. Esta nos ha llevado tres años. Es una gran exclusiva: Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales.

Nunca contamos las cosas a la ligera. Y con asuntos así, menos aún. Hemos hablado directamente con estas mujeres. Las hemos entrevistado durante meses. Hemos viajado a Punta Cana, a Nassau, a Miami… para localizarlas y contrastar sus testimonios.

Dos de ellas han accedido a hablar directamente ante la cámara sobre las penetraciones, tocamientos, bofetadas y vejaciones físicas y verbales de las que acusan a Julio Iglesias. Pero no es solo su palabra. Sus testimonios son consistentes y coinciden con otros relatos a los que hemos accedido en esta investigación. No nos hemos limitado a recoger sus acusaciones. Hemos contactado con más de una docena de extrabajadores de Julio Iglesias. Y hemos accedido a documentación, pruebas médicas y otras evidencias que respaldan los testimonios de estas mujeres.

“Me usaba casi todas las noches”, dice una de ellas. “Me sentía como un objeto, como una esclava”. Describen un ambiente de trabajo de acoso y control continuo. Y también las presiones para mantener encuentros sexuales con el cantante, su jefe, contra su voluntad. 

Hemos intentado recabar la versión de Julio Iglesias. Tiene nuestras preguntas desde hace diez días. No hay respuesta. En un comunicado público posterior a la publicación de esta información, el cantante ha negado “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”.

No es una vieja historia del siglo pasado. Es de 2021, cuando Julio Iglesias tenía 77 años. Son mujeres que trabajan a su servicio en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas. 

No es vida privada. Hablamos de mujeres que han sufrido después secuelas por lo ocurrido. Que cuentan esto para que no vuelva a suceder. Que relatan una serie de agresiones y abusos intolerables, que distan mucho de una relación laboral normal. 

Todas ellas responden a un patrón común: son muy jóvenes, de barrios muy precarios. Mujeres vulnerables que trabajaban como internas, de sol a sol, y a las que seleccionaban por su aspecto: lo primero que pedían a quienes respondían a los anuncios de trabajo eran cinco fotografías. En el tiempo en que estaban en la mansión tenían prohibido tener novio. Durante largas temporadas ni siquiera podían salir.

El primer indicio de esta historia nos llegó en enero de 2023. Una fuente cercana a una de estas mujeres contactó con elDiario.es. Esa persona conocía nuestro trabajo. Confiaba en él. 

Nuestra redactora jefa de Cultura, Elena Cabrera, respondió a esa llamada. Y en esa primera conversación, le relató buena parte de la historia que hoy publicamos. 

Elena Cabrera me puso al corriente del testimonio de esa primera fuente poco después. Le animé a seguir esa pista, aunque confieso que en aquel momento pensaba que nunca lo podríamos publicar. Que era otra más de esas historias increíbles que todo periodista se lleva a la tumba porque no la puede contrastar. 

En 2023 solo teníamos un testimonio indirecto, de alguien que ni siquiera había trabajado allí. Era una historia tan dura que íbamos a necesitar muchísimas evidencias más. Solo encontrar a esas mujeres, de países como República Dominicana, Venezuela, Bahamas, Brasil o Colombia, iba a ser muy difícil. Y esa era solo la primera parte del trabajo. Después necesitábamos ganarnos su confianza y encontrar otras pruebas que reforzaran la solidez de sus testimonios. 

Pero Elena Cabrera tiró del hilo y lo logró. Consiguió localizar a varias de esas chicas, hablar con ellas, que confiaran en su palabra y en su honestidad. Lo que era solo una pista fue creciendo. Así que movilizamos a más periodistas de la redacción: Ana Requena, María Ramírez, Izaskun Pérez, Raquel Ejerique y Natalia Chientaroli. Y en 2025 implicamos también a un medio estadounidense, Univision Noticias, que ha colaborado con nosotros en esta investigación. 

Hemos llevado esta exclusiva con tanto secreto que buena parte de los periodistas de elDiario.es ni siquiera sabía de su existencia. Algunos días que necesitábamos grabar en la redacción mandábamos al resto de los compañeros a teletrabajar desde casa, con la excusa de que había un corte de agua. 

Han pasado tres años y hoy, al fin, estamos listos para publicar. En este tiempo hemos localizado a varias de esas mujeres. Las hemos entrevistado en numerosas ocasiones a lo largo de un año y hemos comprobado que su testimonio era consistente: que no cambiaba con el tiempo. Hemos hablado también con otras personas cercanas a estas mujeres y a las que confiaron lo sucedido en un primer momento. Sus relatos coinciden con los de otros extrabajadores de Julio Iglesias a los que hemos entrevistado y que estuvieron en esas mansiones a lo largo de las últimas décadas. Sus testimonios son coherentes, a pesar de que algunas de esas personas ni siquiera se conocen entre sí. 

Julio Iglesias es uno de los españoles más famosos en todo el mundo. Alguien con mucho dinero, con muchos contactos, con mucho poder. Detrás de una historia así no solo hay un trabajo metódico y riguroso de nuestras periodistas y los de Univision: Federica Narancio, Esther Poveda, Gerardo Reyes y Margarita Rabin. También el de dos equipos de abogados, en España y en Estados Unidos. Durante meses hemos revisado cada dato, cada palabra, cada coma. 

Nos jugamos mucho con esta exclusiva. Todo el prestigio de elDiario.es y algo más. Sabemos que nos enfrentamos a alguien que nos podría arrollar con demandas judiciales e indemnizaciones millonarias. No hemos dado este paso sin estar muy seguros de que podemos defender nuestra información. 

No es solo una cuestión de valentía, o de trabajo, o de paciencia. Podemos investigar temas así porque contamos con el apoyo de más de 115.000 socios y socias. 

Gracias por estar ahí.

La derecha ha ganado las elecciones extremeñas de forma abrumadora. Entre PP y Vox suman el 60% de los votos en un territorio donde la izquierda casi siempre arrasó. Nunca antes, desde que regresó la democracia, el PSOE ha sufrido en Extremadura un batacazo equivalente. No hay precedentes de un resultado así.

Pese a esta victoria, el PP se queda muy lejos de la mayoría absoluta que soñó. María Guardiola convocó estas elecciones anticipadas porque quería “acabar con los bloqueos”, para no depender de Vox. No solo no lo ha logrado, sino que aumenta su dependencia de la extrema derecha, que más que duplica su representación. Todo este recorrido se cierra con diez mil votos menos para el PP y solo un escaño más.

Si María Guardiola hubiera conocido este resultado, ¿habría convocado elecciones anticipadas? Yo creo que no. El gran vencedor de esta noche electoral es Vox.

El desplome del PSOE, en cualquier caso, es histórico. Y para entenderlo, hay que fijarse primero en otro dato: una histórica abstención. Los datos señalan que la desmovilización fue por barrios, y que la combinación de una alta abstención del votante socialista con una gran movilización del votante conservador es el factor que más explica este resultado electoral.

Las líneas generales de la noche son, probablemente, un resumen de la situación general. La derecha está hipermovilizada. La izquierda, desmovilizada. Pero todo el crecimiento en el bloque conservador no se lo lleva el PP: lo gana Vox.

La estrategia trumpista de la derecha está logrando su objetivo: que el votante progresista se quede en casa. El precio es alto: el PP está alimentando a Vox, que no para de crecer sin que la gran mayoría de los votantes conozca siquiera el nombre de sus candidatos. Lo que hemos visto en las elecciones extremeñas es un aperitivo de lo que probablemente vendrá en Aragón, Andalucía o Castilla y León. 

En Extremadura, además, se juntó el peor momento nacional del PSOE con un pésimo candidato, Miguel Ángel Gallardo, cuyo menor problema era su injusto procesamiento por el supuesto enchufe al hermano de Pedro Sánchez. El PSOE en Extremadura siempre tuvo liderazgos muy fuertes y carismáticos: Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara. Al lado de ellos, Gallardo no llega ni a candidato a concejal. 

Sin embargo, el mal desempeño del candidato Gallardo no explica por si solo este histórico desplome del PSOE. Justo hace diez años, el 20 de diciembre de 2015, Mariano Rajoy perdió la última mayoría absoluta. Hoy el ciclo político es otro: es la derecha la que sube por el desgaste paulatino del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha sufrido un calvario en este mes de diciembre. Diez años más tarde, sí hay una constante que sigue igual: la fragmentación de la política española y la necesidad de coaliciones, que en esta nueva etapa no cambiará. 

La mejor campaña en la izquierda la protagonizó Irene de Miguel, al frente de Unidas por Extremadura. La mejor campaña y la mejor legislatura, porque su capacidad de trabajo y su constancia explican muy bien cómo ha podido superar el 10% de los votos y alcanzar los siete escaños, el mejor resultado de este espacio político en Extremadura de la historia. También es el mejor ejemplo: el de la unidad. Con todo, esta coalición entre Podemos e Izquierda Unida apenas logra recoger una tercera parte de los votantes que pierde el PSOE, el gran derrotado hoy. 

Hace falta algo más que una estrategia de resistencia ante la extrema derecha para frenar esta ola reaccionaria. Si es que tal cosa es posible aún. 

Fue el fiscal general, dice el Supremo. “O alguien de su entorno inmediato”, matiza justo después. Son tan débiles los indicios contra Álvaro García Ortiz que la propia sentencia admite, de manera explícita, que podría haber sido otra persona quien filtró la información.

Otra persona que no ha sido juzgada. De entre los cientos que tuvieron acceso a ese correo, el único que se sentó en el banquillo de los acusados fue Álvaro García Ortiz. 

Esa otra persona que tal vez cometió ese delito por el que condenan al reo lo habría hecho “con su conocimiento”, asegura el tribunal. Pero esa frase es otra especulación, no una prueba. Carece de sustento fáctico: el Supremo tampoco explica cómo ha llegado a esa conclusión. 

El propio uso del término “conocimiento” ni siquiera implica una responsabilidad directa en la acción. La sentencia no dice que fuera “por orden” del fiscal general. Ni siquiera aclara cuándo conoció tal cosa, si es que acaso fue después de que se produjera la filtración. 

Pudo ser el fiscal general… o tal vez no. Pero la condena se la lleva igual, por activa o por pasiva. Y el tribunal añade que el motivo es doble: la filtración del correo y también la nota de prensa que, al día siguiente, ordenó publicar. 

Es la misma nota de prensa que esos mismos jueces, cuando abrieron la investigación contra el fiscal general, descartaron investigar como presunto delito. Hace algo más de un año, aseguraron que no había en ella ninguna revelación de secretos porque todo lo que figuraba en ella ya estaba publicado en los medios. Ahora han cambiado de opinión. 

En los últimos años, el Tribunal Supremo se ha convertido en un juzgado previsible en lo político, imprevisible en lo jurídico. Es justo al contrario de lo que debería ser. 

Unos días en el Supremo son extremadamente garantistas, como cuando absolvieron a Manos Limpias de una condena previa de extorsión con el argumento de que un banco como el BBVA es lo bastante poderoso como para no ceder al chantaje. Otros días reescriben el diccionario, e inventan el enriquecimiento sin riqueza para no aplicar la amnistía a Puigdemont. 

Y otros días, como han hecho con esta sentencia, desprecian el ‘in dubio pro reo’, y condenan a García Ortiz sin pruebas de su culpabilidad: ignorando el testimonio de varios periodistas, que accedieron al secreto revelado antes de que lo tuviera él.

Todos los días, el sesgo político es el mismo: siempre a la derecha. Un éxito del Partido Popular, que tras años de meticuloso trabajo ha logrado consolidar unas mayorías conservadoras en todas las salas del Supremo. Un dominio de la derecha sobre la cúpula de la Justicia que envidiaría el mismísimo Donald Trump. 

La sentencia contra García Ortiz ya es firme. Aunque será recurrida ante el Tribunal Constitucional. Y hay argumentos para pensar que puede ser anulada con posterioridad. Los más sólidos están en el voto particular contrario a la condena, que firman Ana Ferrer y Susana Polo. Para ambas magistradas, “no queda acreditado que fuera el autor de la filtración”. “No se describe ni cómo, ni dónde, ni a través de qué medios” (...) “y menos su conocimiento y colaboración con tercero”.

Polo y Ferrer lo tienen claro: esta condena implica “una vulneración al derecho a la presunción de inocencia”. Son palabras muy duras para un voto particular.

Solo hay algo en lo que concuerdan todos los magistrados que formaron parte de este tribunal: calificar como “noticia falsa” el bulo que difundió Miguel Ángel Rodríguez. En eso están todos de acuerdo: los cinco magistrados que firman la condena y las dos que defienden la absolución de García Ortiz.

Ahí se acaba el acuerdo. El voto particular de Ferrer y Polo es de una contundencia inédita. Y no es para menos.

A la vista de la sentencia, se entiende mejor que la Sala de lo Penal se negara a retransmitir en directo el juicio al fiscal general. Cuesta recordar otra injusticia mayor.

Tras más de una década escribiendo como columnista en elDiario.es, esta semana hemos comunicado a Elisa Beni que no contamos más con ella y prescindimos de su colaboración. Esta decisión, que desde luego asumo, ha levantado el revuelo habitual en estos casos. Varios medios nos acusan de “censura”, de haberla apartado porque no nos gustaba su opinión. 

No es habitual que los medios de comunicación expliquen este tipo de decisiones. Pero en elDiario.es estamos comprometidos con la transparencia, creemos en la rendición de cuentas. Y por eso quiero contaros, en primera persona, exactamente qué es lo que pasó.

Beni empezó a colaborar en elDiario.es al poco tiempo de su fundación. En los últimos dos años, había cambiado mucho su punto de vista. En algunas cuestiones estaba irreconocible, e incluso contradictoria con algunos de sus anteriores artículos. Pero no es esa la razón por la que la hemos dejado de publicar.

Nuestro problema con ella no viene de ese cambio de opinión, al que tiene derecho y que se produjo hace ya mucho; aun así la seguimos publicando. Sino de sus mensajes en la red social X, con desprecios públicos y constantes hacia el trabajo que hacemos en la redacción de elDiario.es.

Hace un año, por ejemplo, publicó este tuit. En aquella ocasión, me comuniqué con ella y le pregunté por el mensaje. Me contestó que en realidad criticaba a Antonio Papell —que en ese tuit se limitaba a resumir uno de mis artículos—. Después borró el mensaje, pero los desprecios hacia el resto de periodistas de elDiario.es continuaron. 

Otro ejemplo (hay muchos más) de hace apenas un mes. elDiario.es publicó en exclusiva que el juez Peinado había hecho un ‘copia y pega’ de una revista jurídica para uno de sus autos. Y su respuesta fue esta: tachar a los periodistas de elDiario.es de escribir una “idiotez” al toque de silbato; una noticia escrita al parecer para “borregos” (que entiendo que son nuestros lectores).

Con el juicio al fiscal general, sus mensajes contra la redacción de elDiario.es aumentaron. En varios tuits, criticó las declaraciones de algunos de los periodistas de elDiario.es —sin nombrarlos—. Y esa misma semana, el 5 de noviembre, nos envió un artículo donde comparaba lo ocurrido en ese proceso penal con la desinformación del juicio por los atentados del 11M —aunque en esta ocasión, al parecer, quien creaba falsos relatos no era El Mundo—. En ese artículo también ignoraba lo que habían declarado ese mismo día como testigos dos de los periodistas de elDiario.es, que aseguraron conocer el famoso correo filtrado mucho antes de que lo tuviera el fiscal general y habían testificado ese mismo día. Consideramos que esa columna incumplía las normas de nuestro Estatuto y rechazamos publicarla.

Pocos días después, el lunes 17 de noviembre, convoqué a Elisa a una reunión en la redacción de elDiario.es para hablar con ella e intentar reconducir esta situación. Junto con el jefe de Opinión de elDiario.es, Marco Schwartz, le pedimos que dejara de hacer estas cosas: de confrontar con nuestra redacción. Como le dije a Elisa, no tenía problema alguno en publicar su opinión en elDiario.es, aunque hoy fuera una voz discordante con la línea editorial de este periódico e incluso contradictoria con lo que ella misma había defendido en el pasado. Pero para nosotros era una línea roja que despreciara o insultara públicamente a nuestros periodistas o a nuestros lectores: tanto en las redes sociales como, más aún, en las páginas del propio periódico.

Por supuesto, todas nuestras informaciones están sujetas a la crítica. Y nos podemos equivocar: no somos infalibles. Pero no podíamos tolerar que nos atribuyera de forma permanente una intención espuria y oculta. Ella hacía juicios de intención sobre nuestros artículos, informaciones y opiniones: no es que nos equivocáramos, es que estábamos manipulando, obedeciendo a oscuros intereses o a consignas políticas. Según su criterio, no era ella la que había cambiado de opinión sino todos los demás. Y además lo habíamos hecho por seguidismo con el poder, y no siguiendo nuestra propia conciencia y criterio profesional.

También le dije que no entendía que ella misma quisiera seguir escribiendo en un periódico al que acusaba en redes de manipular. Ella me argumentó que no era así, que no pretendía insultarnos, que no sabía que algunas de las noticias que había despreciado duramente (como lo del plagio de Peinado) fueran nuestras. Y me reconoció también que era cierto que, a veces, en X se le iba un poco la mano.

En esa reunión con Elisa, le expliqué también que quería seguir publicando sus artículos, a pesar de que su giro de los últimos dos años era bastante incomprensible y de que se había convertido en la principal causa de baja por cuestiones editoriales entre nuestros socios. En estos últimos dos años, varios socios abandonaron elDiario.es porque no querían apoyar a un medio que publicara los artículos de Beni. Pese a ello, la mantuve como columnista, aunque nos costara dinero. Creo que no podemos hacer un periódico a la medida de todos nuestros socios y creo que elDiario.es es mejor y más libre cuando hay diversidad de opiniones. Eso mismo defendí públicamente en distintos encuentros con socios y socias de eldiario.es cuando me preguntaban por ella –era desde hace años una de las preguntas más comunes en esas reuniones con nuestra comunidad–.

Hablamos durante casi dos horas, primero en presencia de Marco Schwartz y luego a solas los dos. Tengo (o más bien tenía) muy buena relación personal con Elisa, a la que conozco desde hace treinta años. Yo era becario en La Voz de Almería, a mediados de los noventa, cuando ella trabajaba allí. No era una amiga íntima o muy cercana, pero creo que teníamos una relación de amistad. De hecho, eso hacía la situación aún más incómoda. Los periodistas de la redacción de elDiario.es a los que ella despreciaba públicamente podían tener la percepción de que yo no les estaba protegiendo, como es mi obligación como director. Que esa relación conmigo le daba carta blanca a algo que con cualquier otro sería intolerable. Este verano, recibí incluso una queja por escrito de uno de nuestros periodistas, por otro de sus ataques en redes.

Ese lunes 17 de noviembre nos despedimos de forma afectuosa y yo pensaba que tenía un acuerdo: seguir publicando sus columnas y que ella dejara de despreciarnos en las redes sociales. Es obvio que me equivoqué.

La semana siguiente, cuando elDiario.es publicó la exclusiva de que varios de los jueces que habían condenado al fiscal general habían cobrado, mientras deliberaban, un curso organizado por una de las acusaciones, Elisa volvió a la carga. Primero volvió a desdeñar nuestra información y más tarde nos acusó de manipular o de publicar una idiotez, entre otras lindezas. A lo largo de 24 horas, puso una decena de tuits críticos con nuestra información, a cual más duro. Y acabó retuiteando a gente que nos tacha en esos mensajes de “piara”, que califica a elDiario.es como “basura” o que dice que hemos perdido “el poco prestigio que teníamos”. Es cierto que algunos de los peores insultos los retuiteó cuando ya le habíamos comunicado que no seguía. Pero sus desprecios a nuestro trabajo –inaceptables, en cualquier caso– empezaron mucho antes. 

Esta es la razón por la que decidimos que ya no podía seguir con nosotros. Y este fue el mensaje que le enviamos para comunicárselo. 

Estimada Elisa. 

Durante años has escrito en elDiario.es con plena libertad, como hacen todos nuestros columnistas. Hemos respetado tus opiniones, pese a no compartirlas en muchas ocasiones. Lo que no podemos permitir es el desprecio público al trabajo de nuestra redacción, y así te lo transmitimos en un encuentro reciente. Pese a todo, has persistido en esa actitud para nosotros inaceptable, por lo que no nos dejas otra opción que prescindir de tu colaboración. Te deseamos la mejor de las suertes.

Ese mismo día, el pasado miércoles, Elisa publicó un mensaje en X para explicar su versión de lo ocurrido. Yo le contesté en esta misma red social. Puedes verlo aquí, tanto su mensaje como los míos.

Y esto es, con todo detalle, lo que ha pasado. Os aseguro que he hecho todo lo posible para no llegar a esta situación: porque prefiero un periódico donde la opinión sea plural. Incluso discrepando de la mayoría de sus últimos artículos –en estos últimos dos años, estábamos en las antípodas–, sí había otros donde sus argumentos me parecían interesantes. No exijo a ningún columnista una adhesión inquebrantable a nuestra línea editorial: pero sí creo imprescindible un mínimo respeto al trabajo de la redacción y a la comunidad que nos apoya.

Lamento no solo haberla perdido como columnista, sino también como amiga. A pesar de lo ocurrido, sinceramente deseo que, en el futuro, le vaya muy bien.

Cuando el hermano de Isabel Díaz Ayuso pegó el pelotazo de las mascarillas, el primero en caer fue el líder del PP, Pablo Casado. Con el fraude fiscal de la pareja de Ayuso, el primer condenado ha sido el fiscal general.

Es parte de una larga tradición. El primer condenado por el caso Gürtel fue el juez Baltasar Garzón.

La condena al fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha llegado con inusual velocidad. Apenas ha pasado una semana desde que el juicio terminó. Sus señorías han sido tan rápidos que la sentencia aún está por escribir. Literalmente, está “pendiente de redacción”, como informó el Tribunal Supremo en una nota de prensa enviada a las 14:01 de hoy, 20 de noviembre. Ni siquiera han tenido empacho en hacer pública su decisión en esta simbólica fecha. Cincuenta años de una democracia ejemplar.

No conocemos por tanto la sentencia, ni los argumentos. Ni qué consideran pruebas, ni por qué han descartado los numerosos testimonios de distintos periodistas que aseguraron haber tenido acceso a ese correo electrónico antes de que lo tuviera el fiscal general. Tampoco cómo es compatible con la condena que se haya demostrado en el juicio que quien primero reveló el secreto fue Miguel Ángel Rodríguez, pero que hoy este autodenominado “periodista” esté brindando con champán.

Solo se ha hecho público el fallo: una condena a 12 meses de multa –7.200 euros en total–, su inhabilitación especial por dos años para el cargo de fiscal general, el pago de las costas y una indemnización de 10.000 euros para Alberto González Amador.

También sabemos que la condena a García Ortiz no ha sido unánime. Hay dos votos particulares que piden la absolución, de las dos únicas juezas progresistas en todo el tribunal: Ana Ferrer y Susana Polo. Los otros cinco magistrados –conservadores todos ellos– respaldan esta condena.

Cinco a dos; si esto fuera un Parlamento, la derecha tendría en este tribunal una mayoría absoluta de 250 diputados. Una que jamás ha existido en nuestra historia democrática.

Ante esta división en el tribunal, es inevitable dudar de la independencia de la Justicia o de su politización. Entre otros motivos, porque los jueces no llegan al Supremo por oposición. Los nombra el Consejo General del Poder Judicial. Ese órgano que emana del Parlamento y cuya renovación el PP bloquea cada vez que pierde las elecciones. Esta estrategia metódica y sistemática ha permitido al PP dominar los nombramientos al Supremo durante décadas, lo que ha dado a la derecha una mayoría abrumadora en todas las salas de este tribunal. Empezando por la Sala de lo Penal, esa Sala Segunda que “controlaremos desde atrás”, como confesó por escrito un senador del PP.

No es descartable que haya más consecuencias: que los periodistas que contaron la verdad acaben en los juzgados, esta vez como acusados de falso testimonio. Tampoco que esta sentencia sirva para salvar a González Amador de sus varios problemas judiciales.

Justo ayer conocimos su decisión ante esa dicotomía que planteó ante el Supremo: “O me voy de España o me suicido”. Finalmente, el muy honorable defraudador ha apostado por una tercera vía: comprar ese ático de lujo que hasta ahora extrañamente alquilaba a una sociedad administrada por su propio abogado.

Todo es histórico en esta causa judicial. Y que hoy conozcamos el fallo, antes de que esté siquiera redactada la sentencia, es también inusual. Sospecho cuál es la razón: evitar una filtración. Algo que ocurre de forma cotidiana en el Supremo –la sentencia más famosa de este tribunal, la del procés, también se filtró–. Algo que rara vez se investiga y que casi nunca se llega a juzgar.

Habría sido el colmo: que esta condena se conociera por una filtración. Han preferido las prisas a ese oprobio aún mayor.

Miguel Ángel Rodríguez: “[Alberto González Amador] nunca ha declarado ser confeso de nada. No es un delincuente, no es un defraudador”.

Falso. Claro que Alberto González Amador es un defraudador fiscal. Así lo acredita la inspección, que encontró 1,7 millones de euros en facturas falsas que la pareja de Ayuso se desgravó. En total, defraudó 350.951 euros en el Impuesto sobre Sociedades de 2020 y 2021. Ese fraude fiscal es ya un hecho, que acredita el organismo competente: la Agencia Tributaria. 

También es falso que González Amador nunca haya confesado nada. Su abogado quiso llegar a un acuerdo con la Fiscalía y reconoció que “ciertamente” se habían cometido “dos delitos” fiscales. Fue un paso que dio “estudiado el caso y de común acuerdo con Alberto González”, tras pactar con su cliente reconocer los hechos y aceptar una condena menor, que no le obligara a entrar en prisión. 

Por ahora, es un presunto delincuente, puesto que aún no ha sido condenado. Pero el fraude fiscal no es presunto: ya se acreditó. 

MAR: “[Alberto González Amador] Es un español que ha querido llegar a un acuerdo con Hacienda y Hacienda no le ha permitido llegar a ese acuerdo”.

Falso. Hacienda no llegó a ningún acuerdo porque no podía hacerlo: habría sido ilegal. González Amador superó en dos ejercicios el límite del delito fiscal: un fraude de más de 120.000 euros anuales. En esos casos, la Agencia Tributaria está obligada a denunciar y el acuerdo ya nunca puede ser con Hacienda, sino con la Justicia.

MAR: “Es una deducción lógica, si el Ministerio Fiscal es un órgano jerárquico un fiscal no puede tomar una decisión sin permiso de arriba. El acuerdo no se ha concluido, por tanto llego a la conclusión lógica de que lo han parado por arriba. ¿Quién lo va a parar, por abajo?” 

No es una “deducción lógica”, es una pura invención. 

En ningún momento la Fiscalía se ha negado a alcanzar un acuerdo, ni antes ni después. Es lo habitual en los casos de delitos fiscales porque la prioridad suele ser recuperar el dinero. Ese pacto estuvo sobre la mesa hasta el verano de 2024.

Si no ha habido un acuerdo fue por otra razón: porque el PSOE y Más Madrid se han personado en este juicio como acusación popular y han denunciado más presuntos delitos, de los que la jueza ha visto indicios y los ha empezado a investigar.

González Amador está procesado por fraude fiscal y falsedad documental –por las facturas falsas que usó para defraudar–. Pero también ha sido imputado por corrupción en los negocios, por la presunta mordida que pagó a su jefe en Quirón al comprar por medio millón de euros una empresa de su mujer sin apenas valor –otra exclusiva que desveló elDiario.es–. 

MAR, sobre las amenazas a elDiario.es: “Tuve una conversación impropia con alguien que creía que podía tenerla. Porque en nuestra historia habíamos discutido siempre. Siempre libremente”.

Falso. No fue una “conversación impropia”. Fue una amenaza en toda regla. Una nada sutil: “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den”. 

La conversación íntegra con nuestra compañera Esther Palomera la inició MAR, que se comunicó de forma súbita con una periodista de elDiario.es que no participaba en esa investigación. Es bastante clara, la puedes leer aquí.

MAR: “El periodista que me pone el mensaje no lo tengo archivado. Siempre pensé que era de elPlural.com. Después me he enterado que es de elDiario.es. Por tanto, ese periodista sí me dijo que iba a sacar algo y dije: vosotros veréis”.

En su anterior declaración como testigo ante el Tribunal Supremo, Miguel Ángel Rodríguez aseguró que nadie de elDiario.es se había puesto en contacto con él antes de publicar la exclusiva sobre el fraude fiscal. Era mentira, como hemos demostrado, aportando esos mensajes ante el Supremo.

Hoy miente otra vez al decir que pensaba que las preguntas eran de otro medio. En esos mensajes, nuestro compañero José Precedo se identificó desde el primer momento como director adjunto de elDiario.es. 

MAR: “[José Precedo] es un periodista de un periódico de línea izquierdista. De verdad, tengo muchas cosas que hacer como para aguantar a los periodistas de línea izquierdista, que además suelen ser agresivos, activistas. Cuentan las cosas de aquella manera. ¿Cómo salió la noticia de elDiario.es? Era un batiburrillo para ver cómo mezclaban cosas.

Falso. La exclusiva que publicamos el 12 de marzo de 2024 en elDiario.es era cierta de principio a fin. Todos los datos que aportamos se han confirmado en su totalidad. Se puede leer aquí. 

MAR: “No le presté más atención [a las preguntas de José Precedo] porque, como son unos escandalosos, pensé que era otra más. Es que quizá tenga que explicarle que la mayor parte de las veces que escriben de elDiario.es o de El Plural son mentiras que luego no pueden publicar. ¿Qué pasaba? Pues una más de ellas”.

Falso. MAR sabía perfectamente que el fraude fiscal por el que le preguntó José Precedo no era mentira. Y la prueba está en lo que ha dicho este mismo martes en el Supremo. 

MAR “[González Amador] me comentó [la inspección fiscal]. Estábamos en París, en la final de la Champions que jugaba el Real Madrid allí en París. No sé cuál es la fecha exacta”.

La fecha exacta fue el 28 de mayo de 2022. Por tanto, Miguel Ángel Rodríguez tuvo conocimiento de los problemas con Hacienda de González Amador 22 meses antes de que elDiario.es preguntara por este tema. 

Cuando José Precedo le escribió, el 11 de marzo de 2024, MAR sabía perfectamente que nuestra noticia era verdad. 

MAR, sobre su bulo acerca de la Fiscalía parando el acuerdo: “No, no tengo ninguna fuente. Es un mensaje. Sin apoyo en una fuente. Es que yo soy periodista o trabajo en política. No soy un notario que necesite una compulsa”.

Falso. MAR sí tenía una fuente –el propio González Amador–, que le dijo exactamente lo contrario a lo que él después contó.

Tampoco es periodista, aunque lo haya sido en el pasado. Y su manera de entender el periodismo y la política es la que resumió el PP: “Mentir no es ilegal”.

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Alberto González Amador: “De lo que me estaban inspeccionando, [Ayuso] ni era pareja mía siquiera”.

Falso. El fraude fiscal se cometió con la presentación del impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021. Pero es que ese impuesto se paga al año vencido, como el IRPF. González Amador cometió su fraude entre el verano de 2021 y el de 2022. Y la primera noticia del noviazgo con Isabel Díaz Ayuso –unas fotos de la pareja en Ibiza– se publicaron en mayo de 2021. Antes del fraude fiscal.

González Amador: “Esa mañana [el 12 de marzo] le dije, Miguel Ángel, me ha pasado esto. Me ha dicho Neira que sigue todo su curso, que el fiscal ha hablado con Neira y que todo sigue igual”.

Carlos Neira es el abogado de González Amador. Y según ha explicado la pareja de Ayuso, ese mismo día habló con el fiscal que lleva el caso y le confirmó que la posibilidad de pacto de conformidad seguía sobre la mesa el día en que elDiario.es publicó la exclusiva del fraude fiscal.

González Amador trasladó esa información esa misma mañana a Miguel Ángel Rodríguez. Es un dato muy relevante, porque demuestra que MAR mintió: que lanzó el bulo de que la Fiscalía había boicoteado el pacto “por órdenes de arriba” cuando sabía de primera mano que no era verdad.

González Amador: “Neira me mandó un pantallazo [con el correo del fiscal Salto]. (...) Ese mismo mensaje lo reenvié [a Miguel Ángel Rodríguez]. 

González Amador niega haber filtrado ese correo de la Fiscalía a El Mundo. También lo niega Miguel Ángel Rodríguez. Así que las opciones son dos: o alguno miente, o esos correos circulaban por otras vías horas antes de que los pidiera el fiscal general. 

González Amador: “elDiario.es ha publicado una noticia con la que no estoy de acuerdo y yo me centro en la noticia del fraude, que no es fraude. Le explico [a un periodista de El Mundo] que los servicios son reales. A qué se dedica mi empresa, que no estaba de acuerdo”

Falso. Los “servicios” que se desgravó nunca fueron reales. La investigación de la Agencia Tributaria y el proceso judicial posterior han acreditado que González Amador se dedujo como gastos 1,7 millones de euros por servicios que no es que no fueran reales: es que tampoco pagó. 

González Amador: “Yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. O sea, estaba muerto, pero era el delincuente. O sea, el señor García Ortiz, el fiscal General del Estado me había matado públicamente, me había destrozado por completo”.

Falso. Lo que ha destrozado públicamente la reputación de González Amador es haber cobrado dos millones de euros en una comisión por mascarillas de la pandemia, desgravarse ilegalmente 1,7 millones de euros con facturas falsas y defraudar 350.951 euros. 

En cuanto a los correos de su abogado con la Fiscalía, fue el propio González Amador quien rompió el secreto de esas negociaciones al enviarle uno de ellos a MAR, que lo manipuló.

Todo esto hoy lo conocemos por el trabajo de los periodistas de elDiario.es. Y gracias a los socios y socias que pagan para garantizar nuestra libertad.

Carlos Mazón: “Es momento de reconocer los errores propios (...) Me gustaría enunciarlos expresamente. Permitir que se generaran toda clase de bulos muy dolorosos por no dar explicaciones a tiempo”. 

Este es el primer “error” que ha admitido Mazón: no desmentir lo que él llama bulos. Es justo al contrario: quien más ha mentido ha sido él. 

Mazón lleva un año sin decir la verdad sobre la tarde del 29 de octubre, durante la peor tragedia de la historia de Valencia. En distintas ocasiones, ha dado versiones falsas o contradictorias sobre lo que hizo entre las 15:00 y las 20:28, cuando por fin llegó al Cecopi. 

Hoy sabemos que entró en El Ventorro a las 15:00, que estuvo casi cuatro horas allí, que acompañó a la periodista Maribel Vilaplana al párking, que después estuvo 40 minutos sin coger el teléfono y que se cambió de ropa en algún sitio aún desconocido –probablemente en su casa–. No llegó al Palau de la Generalitat hasta casi las 20:00. No apareció en el Cecopi hasta las 20:28, cuando ya habían muerto decenas de valencianos. 

Carlos Mazón: “[Otro error fue no pedir] la declaración de emergencia nacional porque, según el propio Gobierno no iba a traer más efectivos ni iba a hacer que llegaran antes. La realidad es que los días posteriores descubrimos que nos quisieron dejar solos por estrategia política”.

Falso. Mazón no quiso pedir la declaración de emergencia porque eso equivalía a reconocer su absoluta incapacidad: delegar todo el mando en el Gobierno central. 

Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno, canceló toda su agenda a primera hora y estuvo todo el día al pie del cañón. La Unidad Militar de Emergencias (UME) empezó su despliegue en Valencia a las 15:21 del 29 de octubre, cuando Mazón aún estaba comiendo en El Ventorro. 

Lo que no podía hacer el Gobierno central era mandar a tiempo el mensaje de alarma a los móviles. Según explicó la jefa de servicio del 112, la delegación del Gobierno lo pidió a las 18:35 de la tarde. La Generalitat no lo hizo hasta casi dos horas después. 

Carlos Mazón: “Y sobre todo [el error] de mantener la agenda de ese día”.

Falso. Mazón no mantuvo la agenda porque no la tenía. Tras la reunión con la patronal y los empresarios a última hora de la mañana, no había en su agenda oficial ni un solo acto público o reunión. Se había reservado la tarde libre, que pasó durante horas con Maribel Vilaplana. 

Es también falso –fue otra de las mentiras de Mazón– que aquella fuera una comida “de trabajo”. O que fuera un encuentro como presidente del PP, no como presidente de la Generalitat –una excusa que puso después para no enseñar la factura de El Ventorro. 

Y es dudoso que esa comida de cuatro horas en El Ventorro fuera para ofrecer a Vilaplana un puesto en la dirección de la televisión autonómica. Ya habían cenado juntos el 11 de octubre en la taberna La Raspa, pocas semanas antes del día de la dana.

Carlos Mazón: “Cometí otro error: permitir que se instalara en el imaginario social la idea de un presidente ajeno a la emergencia”.

Es que eso fue exactamente lo que pasó: Mazón fue ajeno a la tragedia hasta que anocheció.

Carlos Mazón: “La falta de ayuda en las dramáticas primeras horas fue clamorosa y sigue siendo hoy igual de clamorosa. Queríamos ayuda, la pedimos y jamás la recibimos”.

Esa misma tarde, mientras Mazón estaba en El Ventorro, la UME comenzó un despliegue que ese día alcanzaría los 1.100 soldados. A ellos se sumaron durante los siguientes días 6.700 militares más. Si hubo retraso en la ayuda durante la primera semana fue por la magnitud de la tragedia y porque la mayoría de las carreteras estaban cortadas. No porque el Gobierno estuviera de sobremesa o se negara a ayudar. 

Carlos Mazón: “Todo este despliegue [para la reconstrucción] lo estamos haciendo solos, sin una sola aportación a fondo perdido del Gobierno, con la mera insultante e increíble, única autorización para endeudarnos aún más”.

Falso. El Gobierno central ha reservado 16.600 millones de euros para la reconstrucción tras la dana. Y ya ha gastado la mitad: 8.013 millones. 

En ese presupuesto, también se incluyeron 2.364,3 millones de euros para la Comunitat Valenciana. Pero la Generalitat solo ha ejecutado un 42%, 990 millones. Las obras autonómicas van bastante más lentas que las del Gobierno central. 

Es tal la incompetencia que aún tienen sin usar nueve de los doce millones de euros que donaron los españoles, como desveló elDiario.es. 

Y en los contratos para la reconstrucción que está firmando el Govern de Mazón figuran empresas condenadas por la Gürtel o que participaron en la financiación ilegal del PP. Son adjudicaciones a dedo, sin concurso, por el procedimiento de emergencia: una lluvia de millones que se está repartiendo de forma opaca y sin control.

Carlos Mazón: “La Confederación Hidrográfica del Júcar no avisó del desbordamiento del barranco”.

Falso. Enviaron al menos diez avisos, entre las 16:26 y las 19:28. Y desde esa misma mañana –varios vídeos así lo confirman–, Salomé Pradas era consciente del riesgo en el Barranco del Poyo. 

La Generalitat envió unos bomberos a ese barranco para tenerlo controlado. Pero después los retiró.

Carlos Mazón: “La Aemet dijo que a las seis el temporal se iba a Cuenca”

La Agencia Española de Meteorología (Aemet) nunca dijo oficialmente que el temporal se fuera a Cuenca: en ninguno de los mensajes que mandó ese día o en sus comunicados oficiales. 

Fue solo una conversación telefónica informal a las 9:43 de esa mañana, en la que un técnico de la Aemet le dijo al departamento de Emergencias de la Generalitat que, según el modelo que tenían a esas horas, el temporal “tira más hacia el interior, un poquito más hacia la serranía de Cuenca”. “El modelo muestra un desplazamiento del máximo de la precipitación hacia el noroeste y de las 18:00 a 21:00 horas el máximo de intensidad ya está en la serranía de Cuenca”. 

Que el máximo del temporal se pudiera mover hacia Cuenca no cambió en absoluto la previsión de alerta roja para Valencia, que la Aemet mantuvo durante todo el día. De esa conversación informal, Mazón sacó una conclusión completamente errónea: que el temporal remitiría en Valencia a partir de las 18.

Lo único que demuestra Mazón al aferrarse a esta excusa es su absoluto desconocimiento de cómo funciona la meteorología. O su falta de ética.

Carlos Mazón: “Nadie había previsto la magnitud de las lluvias”.

Falso. Los meteorólogos llevaban días advirtiendo, incluso en la propia televisión pública valenciana. Con la misma información que tenía Mazón sí hubo quien hizo las cosas bien. Empezando por la Universidad de Valencia, que canceló las clases el día anterior.

Esa misma mañana de la dana, el presidente de la Generalitat valenciana criticó en distintas reuniones a la Universidad por “exagerar” al cancelar las clases. 

Cuando Mazón entró en El Ventorro, ya había muertos y desaparecidos.

Carlos Mazón: “Siempre he puesto por delante de absolutamente todo la responsabilidad y el compromiso de la recuperación de mi tierra, contra viento y marea”.

Falso. Siempre ha puesto por delante su interés personal. 

Carlos Mazón: “Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Ha habido momentos insoportables para mí, pero sobre todo para mi familia. Pero ya no puedo más”.

Falso. Lleva casi un año intentando resistir. Si se va ahora es porque no tiene otra salida: porque las revelaciones que hemos conocido durante la última semana le han dejado sin escapatoria. Entre otras cuestiones, un importante dato que desveló elDiario.es en este documental: que Mazón no llegó al Palau hasta casi las 20 de la tarde. O que uno de los testigos que le vio entrar asegura que a esa hora ya se había cambiado de ropa. 

Carlos Mazón: “[Mi sucesor] debe tener el impulso que merece alguien que con la mayoría que claramente votaron los valencianos (...) Apelo a la responsabilidad de esa mayoría para elegir nuevo presidente de la Generalitat.

Y aquí está la última trampa de un político que no ha dejado de mentir hasta el final. Mazón quiere imponer el nombre de su sucesor a Alberto Núñez Feijóo –ya avanza que será un hombre–. Quiere a uno de los suyos al frente de un timón que, por ahora, no acaba de soltar.

Poco después de la rueda de prensa, Mazón ha confirmado que mañana presidirá la reunión del Consell. Después tiene previsto cogerse una baja médica, lo que le servirá para librarse de la comisión de investigación del Congreso, donde está citado dentro de un par de semanas.

Carlos Mazón: “Sé que cometí errores, los reconozco y voy a vivir con ellos toda mi vida. He pedido perdón y hoy lo vuelvo a repetir”.

Falso. Mazón sigue sin disculparse por su verdadero error: desentenderse de su responsabilidad como presidente de la Generalitat durante las cinco horas más críticas de la historia reciente de Valencia. Mentir para esconder esa verdad. 

Su “autocrítica” es un insulto para todos los valencianos, especialmente para las víctimas. 

No dimite por arrepentimiento, sino porque se ha quedado sin coartadas. No abandona el poder: lo pierde.

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Supongo que estás al tanto de la noticia. El juez Peinado nos ha llevado a los tribunales. Hoy quiero explicarte en detalle cuál es la situación.

La demanda del juez Juan Carlos Peinado está dirigida contra mí, como director de elDiario.es. Y en ella me exige cuatro cosas.

Hace unos días llegó la citación. El próximo 24 de noviembre estoy convocado en el juzgado de primera instancia número 104 de Madrid. Ese día tendré que responder a su “oferta”. Y si no acepto todas estas exigencias, podrá querellarse contra mí por la vía penal: la que puede suponer una condena a prisión.

Ya te imaginas mi respuesta. Le voy a decir que no. 

No, no voy a borrar ninguna entrevista. Lo que plantea el juez Peinado es una mera excusa para atacar a elDiario.es y, de paso, a la libertad de prensa. 

En esa entrevista, el ministro Óscar Puente criticó al juez Peinado por su instrucción contra Begoña Gómez. Pero no dijo nada que no esté amparado por la libertad de expresión. Tampoco algo distinto a lo que Puente ha afirmado en innumerables ocasiones: en infinidad de medios contra los que Peinado no ha presentado demanda alguna.

No, no le voy a pagar 50.000 euros. Peinado no merece por nuestra parte ninguna indemnización. Y solo pagaríamos si la Justicia nos obliga: con una sentencia firme que ya no podamos recurrir.

No, no voy a publicar ninguna “disculpa” al juez Peinado. No hay nada por lo que crea que le deba pedir perdón.

Y no, no me voy a retractar públicamente de nada de lo que hemos publicado sobre él. Todo el daño al honor y a la reputación del juez Peinado se lo ha hecho él mismo, con su anómalo proceder.

Cuesta encontrar otro juez con tantos desatinos, en gran medida corregidos a posteriori por otras instancias judiciales: del Tribunal Supremo a la Audiencia de Madrid. Su instrucción del caso Begoña pasará a la historia, pero no por su ejemplaridad.

Es obvia la razón de esta demanda. Más que la entrevista de Óscar Puente, a Peinado le molesta nuestra información, nuestro análisis, nuestra opinión. Su abogada –que es también la de la pareja de Ayuso y la del rey emérito– suele insultarnos en redes sociales. Ambos buscan desacreditar a elDiario.es en un terreno donde un juez en ejercicio siempre tendrá más amigos que un periódico independiente. 

Este acoso en los juzgados al que recurre Peinado no es algo nuevo para mí. Ya tengo demasiada experiencia en estos asuntos como para que me pueda sorprender. Me pasé dos años injustamente imputado junto a Raquel Ejerique por el delito de revelación de secretos –el “secreto” eran las notas falsificadas del máster de Cristina Cifuentes–. Aún así, nunca te acostumbras a ello. Demasiadas noches, esta presión te quita el sueño. 

Confío en que ganaremos en los tribunales al juez Peinado. Pero, incluso así, será también una derrota. Los juicios a los que nos enfrentamos en elDiario.es son cada vez más frecuentes y más caros. Nos quieren ahogar así. 

Todas las semanas –no exagero– nos llegan burofaxes con demandas, denuncias, querellas, peticiones de rectificación, citaciones en el juzgado… Ahora mismo tenemos 16 procesos judiciales abiertos por nuestras informaciones.

El coste de defendernos en los tribunales se ha disparado: en 2024 fueron 143.139 euros entre seguros por responsabilidad legal, abogados, procuradores… Y este año superará el cuarto de millón. Por eso siempre perdemos con este acoso judicial, aunque al final las sentencias nos absuelvan.

Así funciona el ‘lawfare’: ese que dicen que no existe. El desgaste de un juicio es enorme, aunque al final lo ganes. 

Es un precio muy alto: en lo económico y en lo personal. Pero no vamos a rendirnos. Ya somos 110.000 personas que apoyan económicamente a elDiario.es. 110.000 socias y socios que nos permiten seguir.

A todos ellos quiero agradecerles su apoyo. En días así, se nota que no estamos solos. Gracias por estar ahí.

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1. A diferencia de los asalariados, los autónomos son los únicos trabajadores que pueden elegir su cotización. Hasta hace tres años, esa cuota mínima era igual para todos los autónomos, sin importar sus ingresos. La mayoría cotizaba con la cuota más baja. Esto provocó dos efectos indeseados: que los autónomos se jubilen con pensiones más bajas –un 40% menos de media–. Y que, incluso así, su régimen especial sea una de las principales causas del déficit de la Seguridad Social. 

2. Este déficit se debe a dos motivos. Primero, porque hay autónomos que cotizan por la mínima y se benefician de la solidaridad del sistema –que garantiza una pensión mínima para todos, también para quienes no cotizaron lo suficiente–. Segundo, porque hay autónomos de rentas altas que ajustan de forma estratégica su cuota según los años que les queden para jubilarse, para asegurarse la pensión más rentable con el menor coste posible.

3. La consecuencia de ese déficit es que los trabajadores asalariados, en conjunto, están financiando parte de la pensión de los autónomos –aunque haya casos individuales en los que no sea así–. Y dentro de ese mundo, no todos son precarios: la gran mayoría de los empresarios cotizan como autónomos.

Hoy la desigualdad es enorme: un autónomo que gane más de 6.000 euros netos al mes –descontados todos sus gastos e impuestos– puede cotizar lo mismo que un asalariado que cobre poco más de 1.500 euros mensuales. Y no son pocos: 226.000 autónomos declaran ganar más de 6.000 euros netos al mes.

4. Este déficit del modelo de autónomos es más que conocido desde hace años. Por eso, en 2020, la Comisión del Pacto de Toledo incluyó entre sus recomendaciones sobre la sostenibilidad de las pensiones que los autónomos cotizaran según sus ingresos y que, poco a poco, sus cuotas y sus prestaciones se igualaran a las de los asalariados. No solo las obligaciones: también los derechos, que se han ido ampliando para los autónomos. Salvo la protección por desempleo –que en los autónomos funciona de otra manera–, los derechos que se generan son casi iguales.

5. En 2022, el ministro José Luis Escrivá logró un importante pacto con la patronal, los sindicatos y todas las asociaciones de autónomos para reformar el sistema en esa dirección. Ese acuerdo se convirtió después en un decreto ley, el 13/2022. Allí se establece que los autónomos coticen según sus ingresos netos en enero de 2032. Es decir: que sus cuotas vayan subiendo poco a poco, según distintos tramos de ingresos, hasta alcanzar las cotizaciones que ya aportan los asalariados con la misma renta. Hoy está muy lejos de ser así.

Son cuotas elevadas porque lo que se consigue a cambio también es caro. Con estas cotizaciones, se financia después un sueldo vitalicio desde la jubilación. Las pensiones contributivas van de 12.241 hasta 45.746 euros anuales. Según los cálculos del Banco de España, cada pensionista recibe de media 1,7 veces el dinero que aportó. 

6. Esa reforma pasó por el Congreso poco después, donde logró un apoyo abrumador. El decreto obtuvo una mayoría más amplia de la necesaria para reformar la Constitución: 260 votos a favor, 64 en contra y 25 abstenciones. 

El PP también votó a favor. En ese momento, ya era líder del partido Alberto Núñez Feijóo. 

7. La reforma de 2022 estableció unas cuotas mínimas según distintos niveles de renta. También fijó un calendario de subidas para los tres primeros años, hasta 2025. Pero dejó pendiente el calendario completo de subidas necesarias para alcanzar el objetivo previsto en 2032.

Los pasos para alcanzarlo debían pactarse después con los representantes del sector. Es algo que la actual ministra, Elma Saiz, no ha negociado bien. Primero presentó una subida muy elevada –obviamente una propuesta inicial– que rápidamente se filtró y generó una gran oposición social. Este lunes ha dado un volantazo: una segunda propuesta que congela las cuotas de los autónomos que menos ingresan, pero que solo sube el 2,5% para los tramos más altos, menos incluso que la inflación. En la práctica, es tanto como parar en seco la reforma que se aprobó en 2022. A este ritmo, es imposible que se alcance el objetivo previsto para 2032.

8. La reforma de los autónomos no solo es decisiva para la estabilidad a largo plazo del sistema de pensiones. También fue clave para que España pudiera recibir los fondos europeos. Entre los hitos exigidos por Bruselas a cambio de ese dinero figuraba la reforma del sistema de pensiones para lograr su sostenibilidad. Si no suben las cuotas, los cálculos a largo plazo ya no cuadran. Es probable que Bruselas exija nuevas medidas si España no cumple con lo que prometió.

9. Cada año, la Autoridad Fiscal Independiente (AIREF) revisa la sostenibilidad de las pensiones. En su último informe, también analizó el impacto económico de la reforma de las cuotas de los autónomos. Según sus cálculos, hasta 2050 esta reforma aportaría de media unos ingresos adicionales de 0,2 puntos del PIB al año para la Seguridad Social –aunque el Gobierno discrepaba de esa cifra y sostenía que el impacto era aún mayor: el 0,6% del PIB a partir de 2046–. Al congelarse esta medida, ese dinero tendrá que salir de otro sitio: o recortando el gasto o aumentando la aportación del Estado a través de impuestos.

10. El problema de fondo se explica mejor entendiendo cómo funciona el sistema de pensiones. Como expliqué en mi carta del pasado sábado, es un seguro social obligatorio, contributivo y solidario. Obligatorio, porque así se evitan los abusos y se protege a todos por igual. Contributivo, porque lo que recibes depende de lo que aportas, de modo que sea un sistema para toda la sociedad y no un modelo de caridad. Y solidario, para garantizar una pensión mínima que no deje a nadie atrás. 

Pero esa solidaridad debe responder al nivel de renta, no al régimen de cotización. ¿Por qué un trabajador precario debe ser solidario con un autónomo que gane tres veces más? 

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Dos preguntas que muy pocos saben contestar. La primera: ¿cuántos años tenía Juan Carlos de Borbón el día en que mató a su hermano menor de un disparo?

La segunda: ¿cuánto tiempo pasó desde que el coronel Tejero entró pistola en mano en el Congreso de los Diputados –“¡Se sienten, coño!”– hasta que el rey Juan Carlos salió en televisión a defender la Constitución?

Las respuestas a estas preguntas explican más de lo que parece sobre nuestra historia reciente. Hablan de silencios, de propaganda y de cómo el relato oficial convirtió a la Transición –sin pecado concebida– en una especie de mito fundacional incuestionable.

La primera versión del franquismo sobre la muerte del infante Alfonso la difundió la embajada de España en Portugal, siguiendo instrucciones directas del dictador Franco: “Mientras su Alteza el Infante Alfonso limpiaba un revólver aquella noche con su hermano, se disparó un tiro que le alcanzó la frente y le mató en pocos minutos”.

Era mentira. Alfonso no estaba limpiando ningún arma. Quien empuñaba la pistola era su hermano Juan Carlos, que fue quien disparó: un tiro en la cabeza. 

La historia que se instaló después, como cortafuegos tras descubrirse la primera mentira, intentó suavizar los hechos: eran dos niños jugando, un desafortunado accidente infantil, nada más. Esa versión sigue repitiéndose hoy –es la que creen la mayoría de los españoles– y también es engañosa. El futuro rey Juan Carlos tenía entonces 18 años. Ya no era un niño.

No hubo autopsia; tampoco investigación. Don Juan de Borbón mandó a su hijo mayor de vuelta a España 48 horas después. Y tal vez fue un accidente, como siempre nos han contado. Lo que es seguro es que la mayoría de la sociedad española, aún hoy, sigue creyéndose una historia edulcorada, de juegos infantiles, que chirría frente a la frialdad de un simple dato.

La segunda pregunta apunta a otro de los grandes mitos en la biografía de Juan Carlos de Borbón, hoy huido de la Hacienda pública a Emiratos Árabes: que el rey salvó la democracia el 23F. La narrativa oficial lo dibuja como un héroe que se enfrentó a los golpistas y garantizó el éxito de una Transición ejemplar. Sin embargo, los hechos cuentan otra historia: el rey llevaba mucho tiempo enfrentado a Adolfo Suárez, al que quería hacer caer. Las últimas semanas previas al golpe están plagadas de broncas entre un presidente del Gobierno elegido en las urnas y un jefe del Estado que no entendía su papel constitucional y pretendía mandar sobre él. El hombre de máxima confianza del monarca era precisamente Alfonso Armada, el general condenado como cerebro del golpe. Y luego está el dato incontestable: el tiempo otra vez. El asalto al Congreso fue a las 18:23 del 23 de febrero de 1981, pero el mensaje televisado del rey pidiendo a los amotinados que depusieran las armas tardó siete horas en llegar. Para entonces, el golpe ya había fracasado, precisamente por el rechazo de Tejero a aceptar ese gobierno de concentración que le proponía Armada, la mano derecha del rey. 

Parecen dos anécdotas. Creo que no lo son. La primera, la muerte de su hermano, no forma parte de la historia de la Transición, pero sí ilustra el modo en que se blindó la imagen de Juan Carlos de Borbón desde sus inicios: ocultando datos incómodos y fabricando una narrativa conveniente. La segunda, el 23F, es el pilar central de ese relato. Juntas muestran cómo se levantó en España un mito fundacional que presentó la Transición como una epopeya diseñada de principio a fin a mayor gloria del rey. Un monarca que ni siquiera contaba entonces con el apoyo popular, como confesó Adolfo Suárez años después: “La mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república, pero hicimos encuestas y perdíamos”.

La verdad de la Transición no fue como se nos contó. No fue pacífica: entre 1975 y 1982 murieron en España más de 700 personas por violencia política, víctimas del terrorismo, de los grupos ultras y de la represión policial. Tampoco fue fruto de un generoso consenso entre españoles, sino de la correlación de fuerzas: la dictadura no tenía el poder suficiente para continuar y los demócratas tampoco tenían la fuerza necesaria para una ruptura total, que purgara las instituciones y juzgara los crímenes del sangriento régimen anterior. No hubo perdón, sino impunidad, bajo la permanente amenaza de una nueva rebelión militar. Y menos aún fue el generoso regalo de un rey de grandes ideales éticos o democráticos –después no lo demostró–, sino su única salida viable para salvar la corona a largo plazo. 

La primera apuesta del rey Juan Carlos de Borbón fue por el búnker, por Carlos Arias Navarro. No solo confirmó su nombramiento tras la muerte de Franco: también le rogó que siguiera tras un primer intento de dimisión. Ese rumbo solo cambió tras la enorme presión de los sindicatos, los estudiantes, los partidos democráticos y los movimientos sociales durante 1976. Solo en el primer trimestre de ese año hubo más de 17.000 huelgas. Fue esa movilización popular –y el contexto internacional– lo que tumbó aquel intento de perpetuar la dictadura.

La Transición no fue lo que nos contaron. Pero su verdadera historia sí es un éxito que conviene destacar: el de la lucha de la sociedad por la libertad, con las manos desnudas. Como enfatiza Nicolás Sartorius en esta misma revista, Franco murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle. España es el único país de la Europa occidental que consiguió la democracia sin la intervención directa de ningún ejército, propio o extranjero. A diferencia de Portugal, donde fueron los militares los que tumbaron el régimen, aquí esos fusiles apuntaban en la otra dirección: contra su propio pueblo. 

También ayudaron los votos: cuando en España se abrieron por primera vez las urnas tras un secuestro de cuatro décadas, el franquismo quedó relegado a un rincón. La derecha mayoritaria fue el aperturismo de la UCD, no los siete magníficos de Manuel Fraga, que estuvieron en el lugar equivocado de la historia en todas y cada una de las decisiones importantes de la Transición. Aquella Alianza Popular de la que nació el PP votó en contra de la Ley de Amnistía. Tacharon de “golpe de Estado” la legalización del Partido Comunista. Votaron en contra del modelo autonómico –el Título VIII– y se dividieron en el respaldo definitivo en el Congreso a la Constitución. 

Los herederos de aquella derecha autoritaria son los mismos que hoy reivindican una Transición a la que se opusieron, con el mismo fervor que se intentan apropiar de una Constitución que tampoco votaron, y de la que ignoran buena parte de sus artículos.  

La democracia no fue un regalo: el pueblo español la ganó en la calle. Pero el relato oficial de la Transición convirtió esa victoria colectiva en una epopeya monárquica, borrando las huelgas, las manifestaciones, la sangre derramada y el miedo constante al ruido de sables. Durante décadas, la historia que nos contaron fue la del rey que trajo la libertad; no la de los miles de ciudadanos anónimos que arriesgaron o perdieron su vida por ella.

Esa narrativa no es inocua: sigue pesando sobre nuestra cultura política, condicionando debates actuales y protegiendo viejas inercias del poder. Recordar la verdad no es un ejercicio de nostalgia ni de ajuste de cuentas, sino una condición imprescindible para una democracia adulta. Solo si reconocemos que la libertad se conquistó desde abajo, podremos blindarla frente a quienes hoy intentan apropiarse de una democracia en la que nunca han creído. 

Este artículo es la presentación de la nueva revista de elDiario.es 'La Transición: la democracia no la trajo el rey, se ganó en la calle'

El Tribunal Supremo fijó una indemnización de 100.000 euros para la víctima de la violación múltiple de La Manada. Para el fiscal general del Estado, la fianza será de 150.000. Es un dinero que Álvaro García Ortiz tendrá que avalar antes de que pasen cinco días, entregarlo en el juzgado y que quedará allí bloqueado. Si el Supremo le declara inocente, lo recuperará. Pero en el caso de que lo condenen, ese dinero servirá para indemnizar a esa supuesta víctima –y también defraudador confeso– que se llama Alberto González Amador. 

150.000 euros de fianza para un caso de revelación de secretos. 

Si Álvaro García Ortiz no consigue el dinero o un aval bancario que lo garantice, “se procederá al embargo de sus bienes en cuantía suficiente para cubrir tal cantidad”. Todo esto antes siquiera de que se celebre el juicio.

Esta altísima fianza es una decisión del juez Ángel Hurtado, la última de su instrucción contra el fiscal general. Este martes, Hurtado dictó el auto de apertura de juicio oral; el último paso para sentar a García Ortiz en el banquillo. Es ahí donde se fija esta astronómica cantidad.

Es una barbaridad. Para empezar, porque Hurtado argumenta esa cifra explicando que, a la indemnización de González Amador –que es lo que se debe fijar en la fianza–, habrá que sumar las “otras responsabilidades pecuniarias”, incluyendo la hipotética multa para el fiscal general si es condenado. Este criterio es inconstitucional: una sentencia de 2023 del Tribunal Constitucional estableció que contar con la posible sanción en la fianza vulnera la presunción de inocencia. Es bastante obvia la razón: se le obliga a pagar por adelantado. Porque una cosa es garantizar el pago de la responsabilidad civil –es decir, la eventual indemnización– y otra adelantar el pago de la multa. Y eso es exactamente lo que ha hecho Hurtado.

Pero la cifra no solo es disparatada por esta cuestión. Basta con comparar con otros casos, mucho más graves. No solo con la indemnización que recibió la víctima de una violación múltiple.

El Tribunal Supremo ratificó hace pocos meses la condena al comisario Eugenio Pino por revelación de secretos, exactamente el mismo delito del que acusan al fiscal general. Este comisario, el jefe de la brigada política del PP, adulteró una investigación judicial con información ilegal.

¿La indemnización que fijó el Tribunal Supremo para la víctima? Solo 2.000 euros. Todo se entiende mejor cuando se explica quién era esa víctima: Jordi Pujol Ferrusola, el hijo del expresident de la Generalitat.  

Además de esa ridícula cantidad, Eugenio Pino fue sentenciado a pagar otros 7.200 euros de multa. También fue condenado a un año de cárcel –una pena mínima que no supondrá su ingreso en prisión–. Si el fiscal general es condenado, además de la indemnización económica, también se juega una pena de entre cuatro y seis años de prisión. 

Algo parecido ocurrió en las condenas al comisario Villarejo por los casos Iron, Land y Pintor, relacionados con varios episodios de espionaje. Villarejo cometió numerosos delitos, entre ellos revelación de secretos, y le han caído 19 años de prisión. Pero la indemnización para las cinco víctimas fue irrisoria: solo 5.000 euros para cada una –25.000 euros en total– a pagar entre nueve condenados.

Ni siquiera Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, se ha enfrentado a una fianza tan severa. Le piden 15 años de prisión por cuatro delitos —encubrimiento, malversación y otros dos contra la intimidad—. En su caso, la responsabilidad civil que puede tener que pagar es muy elevada, por el dinero público que se malgastó. ¿Su fianza? 120.000 euros, 30.000 menos que el fiscal general.

Según el baremo económico del Supremo, la supuesta filtración de un correo por parte de Álvaro García Ortiz para desmentir un bulo parece más grave que el caso kitchen: utilizar los fondos reservados para espiar a Luis Bárcenas y destruir pruebas de la corrupción del PP.

150.000 euros de fianza. Es la guinda de un proceso penal que algún día debería avergonzar a la Justicia española. 

Por qué García Ortiz debe resistir

En circunstancias normales, el fiscal general del Estado debería dimitir. Y hay tres buenos argumentos para defender ese criterio. 

Primero, por simetría: cualquier otro fiscal en su situación sería suspendido cautelarmente hasta después del juicio. Igual que ocurre cuando un juez se sienta en el banquillo.

Segundo, por su falta de autoridad: Álvaro García Ortiz encabeza una institución jerárquica, donde buena parte de los fiscales hoy no le están obedeciendo por su debilidad.

Tercero, por preservar la imagen de la institución: porque un fiscal general sentado en el banquillo hace un daño terrible a toda la Fiscalía. 

En circunstancias normales, García Ortiz se debería apartar. Pero es que estas circunstancias no lo son.

La instrucción del juez Hurtado ha tratado esta investigación como si, en vez del fiscal general, se tratase de un presunto narcotraficante. El registro de su despacho fue absolutamente desproporcionado y tampoco aportó ningún dato relevante. Los saltos al vacío en sus autos han sido clamorosos, como esa acusación al Gobierno de estar detrás de la filtración, una afirmación tan insostenible que sus propios compañeros del Supremo le obligaron a retirar.

Después Hurtado ha decidido ignorar las numerosas pruebas y evidencias que demuestran que ese secreto supuestamente revelado por el fiscal general circulaba por varias redacciones de Madrid días antes de que García Ortiz accediera a esa información. La investigación judicial ha acreditado, sin lugar a ninguna duda, cuál es la hora y el día exacto en el que el fiscal general accedió a esa documentación. Y es posterior. 

Hace falta una máquina del tiempo para que García Ortiz sea el responsable de la filtración.

Hurtado también ha despreciado el testimonio de media docena de periodistas, de distintos medios, cuyas declaraciones desmienten que el fiscal general protagonizara esa filtración.

Andrés Palomo –un juez conservador, pero que no ha querido participar en esta persecución– lo resume muy bien en su voto particular contrario a abrir juicio contra el fiscal general: “El correo había sido filtrado antes de que ese correo llegara a poder y conocimiento del investigado”. Hay una “escasez, debilidad e insuficiencia en los indicios de la filtración”.

En estas circunstancias tan anómalas, creo que García Ortiz debe resistir. Por otros tres argumentos simétricos a los que usan quienes piden su dimisión.

Primero, porque el fiscal general del Estado no está sometido a la misma regulación que el resto de los fiscales. Y es lógico que sea así. El Gobierno es quien propone su nombramiento, pero después no le puede destituir. Esto es así para preservar su independencia. Si sentarlo en el banquillo –que no condenarlo– sirve para que tenga que dejar el cargo, se daría al Supremo una potestad que no figura en ninguna ley.

Segundo, porque el problema de autoridad de este fiscal general no va a cambiar si García Ortiz dimite y llega otro en su lugar. La derecha judicial ha presionado a la Fiscalía desde el mismo momento en que Mariano Rajoy fue desalojado de La Moncloa. Era la única institución importante de la Justicia que no estaba dominada por los conservadores –hoy ocurre lo mismo, por idénticos motivos, con el Tribunal Constitucional–. 

Que la derecha se cobre la cabeza del fiscal general no va a servir para que su sucesor tenga más autoridad. Más bien al contrario. 

Los fiscales generales nombrados por este Gobierno se dividen en dos: aquellos que se plegaron al poder de la derecha y no hicieron casi nada –fue el caso de María José Segarra– y quienes intentaron cambiar las cosas y fueron tratados a cañonazos desde el primer día –Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz–. 

Tercero, porque ceder ante esta cacería sienta un precedente muy peligroso para cualquier otro fiscal general. Que García Ortiz dimita no fortalece esta institución: la debilita.

Como argumentaba José Precedo en este otro artículo: “Si un grupo mafioso o cualquier otra organización criminal urde un plan para apartar al fiscal general a través de denuncias coordinadas hasta lograr su imputación, ¿sería defendible que el máximo representante de la Fiscalía renunciase también?”

Y hay un cuarto argumento. Para mí es el principal. Al igual que otros periodistas, yo sé con certeza cómo se filtró esa información. elDiario.es fue uno de los medios que la publicó y quien desveló la exclusiva del fraude fiscal de González Amador. Nunca diré ningún nombre. No solo porque proteger a mis fuentes sea mi obligación como periodista. También porque no serviría para exculpar al fiscal general –el Supremo ha ignorado todo lo que los periodistas hemos declarado, y si diéramos otro nombre sería igual–.

Sé quién fue la fuente. Sé también que Álvaro García Ortiz no fue. Y jamás pediré la dimisión de alguien que me consta que es inocente. Entiendo que haya quien no me crea y también quien legítimamente defienda que no puede seguir. Pero con la información que yo tengo de primera mano, pedir la dimisión del fiscal general por un delito que sé que no ha cometido sería un acto de pura hipocresía. Y no lo voy a hacer.

Como escribió Émile Zola, en su famoso “yo acuso”, defender a un inocente no es una opción. Es una obligación. 

“Es mi deber: no quiero ser cómplice. Todas las noches me desvelaría el espectro del inocente que expía a lo lejos cruelmente torturado, un crimen que no ha cometido”.

Toda muerte es siempre injusta. La de una persona que ni siquiera ha cumplido los 50 años lo es más todavía.

Te escribo desde el tren, de camino al tanatorio de Sevilla. Hundido por la muerte de nuestra compañera, Lucrecia Hevia, la directora de elDiario.es/Andalucía. Lucre fue fundadora de esta edición autonómica que es casi como decir fundadora de elDiario.es, porque fue de las primeras en nacer. Trabajamos juntos desde el año 2013. Fue una periodista excepcional, honesta y comprometida. Deja a dos hijas adolescentes, a un marido desolado, a decenas de auténticos amigos y a una redacción que hoy también llora.

Lucre no nació en Andalucía. Su origen era asturiano, pero las verdaderas patrias son las que se eligen. Trabajaba en Sevilla desde hace más de dos décadas. Primero en la redacción local de 20 Minutos, donde fue redactora jefa. Después al frente de la edición andaluza de elDiario.es. En los últimos años, también puso en marcha SevillaelDiario.es. Siempre comprometida con una tierra que quiso y defendió.

Para elDiario.es, la pérdida es inmensa. El cáncer que nos ha quitado a Lucre se lleva a una periodista brillante, trabajadora, insustituible. También a una buena persona.

Nunca he sabido despedirme. Me pasó antes con otros amigos, que también murieron demasiado pronto. Nunca sé qué decir. No sé cómo expresarlo. La última vez que nos vimos también hablamos de trabajo. Hubo un momento que comenté con ella algunos planes de futuro. “Yo no los veré”, me dijo. Nos quedamos en silencio. Fue entonces cuando entendí que ese cáncer, que parecía superado, no le daría muchos años. No pude profundizar en esa conversación. Tocar ese dolor, imaginar qué sería de sus hijas, era un abismo demasiado profundo.

Como sabes, estoy de permiso de paternidad. Pero esto no es trabajo. Necesitaba despedirme de Lucre y decirte, a ti también, que siempre la echaremos de menos.

Muy pocos medios de comunicación enseñan así sus tripas, sus datos económicos. En elDiario.es es una tradición. Todos los años explicamos nuestros números con el máximo detalle: los ingresos, los gastos, los sueldos... Lo hacemos por coherencia; la prensa suele exigir transparencia –a los partidos, a las empresas o a los políticos–, pero rara vez se aplica esa misma receta. Y también porque se lo debemos a nuestros socios y socias; a todas las personas que nos apoyan económicamente.

Es lo mínimo, es lo justo: explicar en qué nos hemos gastado ese dinero.

Esta rendición de cuentas es también una garantía para todos nuestros lectores, también para quienes no pagan. No existe libertad editorial sin independencia económica. Por eso en elDiario.es ponemos tanto cuidado en nuestra gestión. Por eso la podemos explicar.

Estas son nuestras cuentas del año 2024.

1. Un periódico sostenible y sin hipotecas

Durante 2024, elDiario.es ingresó 15.518.183 euros y gastó 13.986.706 euros. El superávit fue de 1.531.447 euros, aproximadamente el 10%, justo el objetivo que fija el artículo 27 de nuestro Estatuto como horizonte a seguir.

Un año más, seguimos sin deudas: nuestro crecimiento se financia con el beneficio de los años anteriores. No tenemos ningún crédito con los bancos y así ha sido desde el primer día. Es un pilar de nuestra independencia: no queremos deber nada a nadie, solo a nuestros socios y socias.

2. Más de cien mil personas nos apoyan

Empezamos 2024 con 74.190 socios y socias y lo terminamos con 98.019, casi 24.000 más. Es un crecimiento del 32% en solo un año, gracias a nuestras investigaciones exclusivas, como los escándalos de la pareja de Ayuso. Esta ha sido nuestra evolución desde que nacimos en 2012. Son datos que están auditados por OJD.

La cuota media es de 71,5 euros anuales. Esto incluye a 10.720 mecenas –que pagan más de cien euros al año–, a los socios bonificados –3.517 personas con ingresos bajos que pagan tarifas reducidas– y también las ofertas para nuevos socios, que empiezan pagando tarifas más baratas durante los primeros meses.

Puedes revisar cuál es tu cuota desde aquí.

A principios de 2025, llegamos a los 100.000 socios y socias, y hoy ya somos más de 105.000.

3. Los ingresos siguen creciendo

Respecto a 2023, los ingresos de elDiario.es han aumentado en 1.689.780 euros: un 12,8% más.

La aportación económica de nuestros socios y socias es la partida que más crece, un 21,6%. Suman 6.019.546 euros en 2024, algo más de un millón de euros respecto al año anterior.

Los ingresos por publicidad también han crecido un 12,8%, hasta los 8.019.706 euros en 2024.

Además, hemos ingresado 1.254.401 euros por la venta de ejemplares de nuestra revista en papel, los derechos de reproducción de nuestros contenidos en otras plataformas, la venta de nuestra tecnología, la asesoría a otros medios extranjeros y otros ingresos menores.

En 2024, hemos cobrado 147.866 euros en distintas subvenciones: 88.346 euros de una ayuda de la Unión Europea por un proyecto conjunto con la Fundación Maldita sobre los fondos de cohesión, 55.470 euros del Ministerio de Cultura para sufragar parte de los gastos de nuestro Encuentro de Periodismo Iberoamericano y 4.050 euros en otra ayuda europea para una auditoría externa de nuestros estándares de transparencia, bajo los criterios de Reporteros sin Fronteras.

También hemos ingresado 76.663 euros por los intereses que generan nuestras reservas, los beneficios de años anteriores que guardamos como colchón de seguridad, por si vienen años duros.

4. Invertimos más

Nuestros ingresos han crecido un 12,8%. Nuestros gastos también, exactamente en ese mismo porcentaje. El coste total de elDiario.es ha pasado de 12,4 a 14 millones de euros en 2024. Como siempre hacemos, a medida que contamos con más recursos, los reinvertimos para mejorar nuestro periódico.

Por partidas, la principal sigue siendo los sueldos de los periodistas y demás trabajadores de elDiario.es. Son 7,54 millones en 2024 entre salarios (5.822.081 €) y cotizaciones sociales (1.717.953 €). En total, suman 785.710 euros más que el año anterior.

También hemos gastado 1.093.919 euros entre colaboradores y agencias. Y hemos repartido 1.009.447 euros entre las ediciones locales y medios asociados a los que distribuimos parte de nuestros ingresos.

Los gastos generales suman 4.078.965 euros entre los costes de tecnología, el alojamiento de la web, los alquileres de oficinas, los teléfonos y equipos informáticos, los desplazamientos para cubrir noticias y los costes de distribución e impresión de nuestra revista en papel.

También contabilizamos 93.259 € en amortizaciones y 27.944 € en gastos financieros –las comisiones por los pagos por tarjeta de nuestros socios y socias, porque no tenemos créditos–.

Hay una partida que cada año es mayor: el gasto de abogados, juicios y seguros por responsabilidad legal. En 2024, alcanzó los 143.139 euros y este año temo que superará los 250.000 €.

El acoso en los juzgados es, sin duda, la mayor presión que sufrimos. Hace pocas semanas, uno de nuestros compañeros fue imputado por revelación de secretos, tras una queja de la pareja de Ayuso por nuestras noticias sobre la causa contra el fiscal general. Y en otoño, otro de nuestros periodistas tendrá que declarar como imputado por desvelar las corruptelas de la familia de la alcaldesa de Marbella, que se ha querellado contra elDiario.es.

Todas estas acusaciones penales contra los periodistas de elDiario.es, por ahora, se quedan siempre en nada. Pero no solo nos suponen un coste económico cada vez mayor. También un enorme desgaste personal. Explicar a tu familia que estás acusado de delitos que te podrían llevar a prisión no es un trago fácil.

5. No hay periodismo sin periodistas

Empezamos 2024 con 126 trabajadores en la redacción. Lo terminamos con 139: trece personas más en un año.

Alrededor de dos tercios de la plantilla somos periodistas: 92 en total. El otro tercio, 47 personas, trabajan en los departamentos que dan soporte a la redacción: el equipo comercial, la administración, la atención a socios y socias, las métricas, el diseño, la programación…

Además de esta redacción central, contamos con 96 personas más que están contratadas en nuestras ediciones locales asociadas. Y también 18 en elDiarioAR, el periódico que fundamos en Argentina y que también nos ayuda con la información internacional de Latinoamérica.

Entre la redacción central, las ediciones locales y elDiarioAR, ya somos 254 trabajadores a tiempo completo en elDiario.es. No cuento aquí a los becarios –van oscilando entre cuatro y ocho personas en función del mes del año, trabajan a media jornada, con un tutor asignado, convenio con la Universidad y alta en la Seguridad Social–. Tampoco a los colaboradores. Me refiero solo a los trabajadores a jornada completa.

Cuando empezamos, en 2012, éramos solo 12. En trece años, hemos multiplicado el tamaño de nuestra plantilla por 21.

6. Una redacción en cada autonomía

En elDiario.es tenemos claro que España es mucho más que Madrid. Por eso somos el único diario con ediciones en todas las comunidades autónomas. Estamos en las 17, en todas ellas con redacción y una sede: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Catalunya, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Euskadi, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra.

Tras completar el mapa autonómico, hemos empezado a desplegarnos con redacciones aún más locales: ya estamos en León, El Bierzo, Sevilla, Córdoba, Alicante o Madrid ciudad.

Nuestra red de ediciones es realmente única. Y cuando llegan noticias importantes, marca la diferencia –por ejemplo, con las informaciones sobre la tragedia de la DANA de nuestra redacción en Valencia–. Ningún otro periódico cuenta con tantos periodistas sobre el terreno en toda España.

Varias de estas ediciones dependen directamente de la misma empresa que edita elDiario.es (es el caso de Catalunya, Galicia e Illes Balears). El resto son empresas asociadas.

Los ingresos y gastos de estas redacciones asociadas van al margen de estas cuentas; son empresas independientes que comparten nuestra manera de entender el periodismo. elDiario.es cubre algunos de sus costes –como el soporte tecnológico–, financia una parte de su actividad y participa accionarialmente en la mayoría de ellas junto con socios locales, que suelen ser los periodistas que allí trabajan.

En 2024, entre todas las ediciones locales asociadas ingresaron 4.270.185 €, gastaron 4.011.569 € y tuvieron un beneficio de 258.616 €.

Puedes apoyar directamente a tu edición local, con un aumento de tu cuota, desde aquí.

7. Subimos los sueldos

Nuestro Estatuto es bastante claro al respecto.

Artículo 29: elDiario.es defiende una remuneración justa para los trabajadores y también aplica ese principio editorial en su funcionamiento interno. A medida que aumente su solvencia económica, mejorará las condiciones salariales, poniendo especial atención en los sueldos más bajos.

Es lo que hacemos cada año.

En enero de 2024, subimos el 6% a todos los sueldos de menos de 27.000 €, el 5% para los que están entre 27.000 € y 37.000 € y el 4% para los que ganan más de 37.000 €.

Además de esta subida generalizada –por encima de estos porcentajes– mejoramos el sueldo de 37 personas más del equipo, por medio de una subida del plus de fin de semana y de otros ascensos individuales, por más experiencia o responsabilidad.

La subida total de enero de 2024, entre el incremento por tramos, el aumento en el plus de fin de semana y las mejoras individuales, fue de un 7%.

En enero de 2025 hemos vuelto a mejorar los salarios: un 3,5% para todos. Y también hemos aplicado varias mejoras individuales por encima de este porcentaje a un tercio de la plantilla, 46 personas más, poniendo especial énfasis en los sueldos más bajos.

Entre la subida generalizada y las individuales, en 2025 aumentamos los salarios un 4,8% más.

El sueldo más bajo de la redacción está hoy en 25.600 euros brutos anuales a jornada completa, pero ya es muy poco habitual, algunos jóvenes que tienen con nosotros su primer empleo. Del total de la plantilla, solo un 15% cobra menos de 28.000 euros. Y el salario mediano o más común en elDiario.es es de 33.620 euros brutos anuales.

En cuanto al tipo de contratos, apostamos por el empleo estable. Tenemos 130 trabajadores fijos e indefinidos y solo nueve temporales –para cubrir distintas bajas por enfermedad, maternidad o paternidad y algún refuerzo puntual para los meses de verano–.

8. Reinvertimos la mayor parte de nuestro beneficio

Nuestro Estatuto (artículo 26) nos obliga a reinvertir o guardar como reservas “al menos el 30% de los beneficios anuales”. Todos los años suele ser mucho más.

Nuestro beneficio de 2024 –tras consolidar el resultado de nuestras empresas participadas– ha sido de 1,4 millones de euros. Hemos repartido como dividendo 400.000 euros y el millón restante ha ido a reservas. En función de cómo evolucione el año –si no hay sobresaltos–, en otoño repartiremos entre nuestros accionistas 400.000 euros más.

Los accionistas de elDiario.es seguimos siendo prácticamente los mismos que fundamos este periódico y que invertimos nuestro trabajo y ahorros para arrancar: juntamos un millón de euros en total (aquí puedes ver quiénes somos). A lo largo de estos años, hemos incorporado al accionariado a algunos de nuestros trabajadores que no formaban parte de ese primer equipo y llegaron poco después. Pero la estructura societaria no ha cambiado: los principales accionistas de elDiario.es seguimos siendo personas que trabajamos aquí. El resto son amigos y familiares que nos ayudaron con algo de dinero para arrancar.

Desde nuestra fundación, en 2012, elDiario.es ha ingresado 90 millones y hemos tenido un beneficio neto de 8,3 millones. De ese total, hemos repartido entre los accionistas 2,2 millones, el 26%, mientras que el resto del beneficio –6,1 millones, el 74%– se ha quedado como reservas o lo hemos reinvertido en mejorar elDiario.es.

9. Un periódico blindado frente a las presiones

Toda nuestra gestión económica ha sido siempre extremadamente prudente, porque sabemos que un periódico no es una empresa más. Si entramos en déficit, si nuestros números no cuadran, también podemos perder lo más valioso que tenemos: nuestra independencia editorial.

El Estatuto de elDiario.es nos obliga a intentar mantener un 10% de superávit cada año. No es una cifra caprichosa. Este porcentaje es también el máximo que puede aportar un anunciante individual sobre el total de nuestros ingresos. Ese límite del 10% es la garantía de que elDiario.es seguirá a flote incluso si el mayor anunciante nos quita la publicidad.

Este tope del 10% a cualquier anunciante también rige para el sector público. También para la publicidad institucional.

En 2024, elDiario.es recibió 336.438 euros en campañas de publicidad institucional del Gobierno de España. Es solo el 2,1% del total de nuestros ingresos. Entre todos los medios, en 2024, el Gobierno invirtió 70,4 millones de euros en ese tipo de anuncios. elDiario.es recibió tan solo el 0,4% de ese presupuesto.

Entre el resto de las administraciones locales, autonómicas y europeas ingresamos 1.183.119 € en publicidad institucional. Es la suma de todos los ayuntamientos, diputaciones, autonomías y organismos de la Unión Europea, que gobiernan distintos partidos. Entre todas ellas sumadas, suponen solo el 7,6% del total de nuestros ingresos.

Muchos medios tiemblan cada vez que el Gobierno cambia de signo político. Con la llegada de un nuevo presidente a La Moncloa, también suelen cambiar los directores y la línea editorial de algunos periódicos. Esto nunca pasará en elDiario.es.

10. Te seguimos necesitando

Ya no somos un periódico menor. Cada día nos leen más de dos millones de personas. El tamaño de nuestra redacción y nuestro número de suscriptores nos sitúa entre los cuatro periódicos más grandes de España, incluyendo a las viejas cabeceras de papel.

En otras métricas, seguimos siendo pequeños. Nuestra facturación publicitaria es minúscula en comparación con la de nuestros principales competidores, o incluso frente a otros medios con una fracción de nuestra audiencia. Pero eso es algo que también nos hace más libres: no tenemos las ataduras que comprometen a otras redacciones. A diferencia de otros medios, en elDiario.es los anunciantes solo pagan por publicidad, no a cambio de ocultar información.

Hemos demostrado que se puede construir un gran periódico de otra manera: con el respaldo de los lectores. Y mientras contemos con una comunidad que nos impulse, elDiario.es resistirá. No porque seamos mejores periodistas, ni más listos, ni más valientes. Nuestra fuerza no reside ahí, sino en nuestro modelo económico y el respaldo de tanta gente. Nuestra independencia está blindada por nuestra comunidad.

Si eres socio o socia, quiero darte las gracias. Cien mil gracias. Espero que sientas orgullo de este periódico que tú has ayudado a crear.

Y si aún no nos apoyas, te pido que al menos te lo plantees. Como decía Eduardo Galeano: mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo.

Hazte socio, hazte socia. Únete a elDiario.es.

Gracias por no dejarnos solos. En tiempos así, eso lo es todo.

Ya no es un juez Peinado. Ahora es Ángel Hurtado, magistrado del Tribunal Supremo. Y no está solo: cuenta con el respaldo mayoritario de la Sala de lo Penal. Tal y como Miguel Ángel Rodríguez pronosticó, el fiscal general del Estado irá p´alante. Álvaro García Ortiz se sentará en el banquillo, a pesar de que no hay ni una sola prueba contra él.

No hay pruebas porque no las puede haber. Porque la filtración no vino de él.

En elDiario.es sabemos perfectamente quién nos pasó esa información de la que acusan a García Ortiz. Sabemos que no fue el fiscal general, ni tampoco Pilar Rodríguez, la fiscal de Madrid que también está acusada. Nunca vamos a revelar nuestras fuentes, pero sí podemos asegurar que ellos no fueron.

Nuestro compañero, José Precedo, así lo testificó ante el Tribunal Supremo, ante el juez Hurtado. No fue el único. Media docena de periodistas de distintos medios –La SER, El País o incluso El Mundo–, han declarado ante el juez en el mismo sentido. Son varios testimonios que exculpan a García Ortiz y que el juez Hurtado ha decidido ignorar.

Y no son solo palabras de periodistas. También hay pruebas documentales. Mensajes y llamadas de varios redactores de El País demuestran que tuvieron acceso a esa información 31 horas antes de que preguntara por ella el fiscal general.

Sabemos, a ciencia cierta, en qué momento Álvaro García Ortiz tuvo conocimiento de esos correos. Ha quedado bastante acreditado en la investigación judicial. Y salvo que tuviera una máquina del tiempo, es imposible que pudiera filtrar la información. Porque llegó a los medios antes de que él la tuviera.

También sabemos que esos correos del abogado de González Amador pidiendo una conformidad los tenían casi un centenar de personas: llegaron a un email genérico de la Fiscalía y también a la Abogacía del Estado. De entre todos los posibles sospechosos, el Supremo solo ha decidido investigar a dos.

Pero el auto de procesamiento contra Álvaro García Ortiz no solo es anómalo porque el instructor ignore todas las pruebas y testimonios que no cuadran con su acusación. Es aún peor.

Vayamos antes a los hechos que sí ha demostrado la investigación.

El 12 de marzo de 2024, elDiario.es publica en exclusiva el fraude fiscal de Alberto González Amador. Y a partir de ese momento el Gobierno de la Comunidad de Madrid se moviliza para salvar la reputación de Isabel Díaz Ayuso. El encargo de González Amador a Miguel Ángel Rodríguez (MAR), habla por sí solo. “Haz lo que veas”, le pidió, tal y como él mismo confesó ante el Supremo.

MAR hizo lo que pudo, cómo no.

Al día siguiente, el 13 de marzo a las 21:29, El Mundo publica una intoxicación lanzada por MAR: “El fiscal ofrece un acuerdo a la pareja de Ayuso para que admita dos delitos”. La verdad era justo la contraria: quien ofrecía un acuerdo era el abogado de González Amador, no la Fiscalía.

Otros medios en la órbita de Ayuso van esa noche incluso más allá en sus acusaciones contra la Fiscalía: aseguran que dicho acuerdo fue bloqueado “por órdenes de arriba”. Era falso: un bulo lanzado por MAR para dar a entender que Ayuso es víctima de una persecución del Estado.

Tras publicarse la noticia de El Mundo, esa misma noche, el fiscal general del Estado se moviliza para conseguir toda la información. Saca de un partido de fútbol al fiscal Julián Salto –el que llevaba ese caso y había recibido los correos–. Pide toda la información y la consigue. Se la mandan a su correo personal de Gmail.

Horas más tarde, a partir de las 23:51, varios medios desmentimos la falsa historia de MAR. Y publicamos la verdad: que era el abogado del novio de Ayuso quien había reconocido los delitos en su nombre y pedía un acuerdo a la Fiscalía. También el famoso correo filtrado: “Ciertamente se han cometido dos delitos”.

Y al día siguiente, el 14 de marzo, la Fiscalía General del Estado publica una nota de prensa desmontando todas las acusaciones falsas.

Esa nota de prensa, de la que García Ortiz siempre se ha hecho máximo responsable, fue la excusa para llevar este proceso penal al Supremo para imputar al fiscal general. Después el Supremo la ignoró: no hay nada ahí, aseguró. Pero aún así decidió investigar a García Ortiz, para intentar probar que fue él quien filtró esa información a varios medios, la famosa noche.

Han pasado 237 días desde que Hurtado arrancó la instrucción y hoy está exactamente en el mismo sitio en el que empezó. Tiene sospechas. No datos. No ha encontrado una sola prueba de esa acusación: más allá del interés del fiscal general por buscar la información esa noche –algo que el propio acusado siempre ha admitido–, no hay nada más.

No hay pruebas, pero no ha sido por no intentarlo. En los ocho meses de su investigación judicial, Hurtado ha puesto en marcha todas las diligencias posibles para intentar probar su sospecha. Incluso la más extrema y desproporcionada: registrar el despacho del fiscal general del Estado –tal vez el sitio donde se guarda la información más sensible de España– como si fuera la casa de un narco.

Hurtado también ha buscado información en Estados Unidos: ha preguntado a Google, a Meta, a la búsqueda de los mensajes y correos del fiscal general que García Ortiz, con buen criterio, borra regularmente –la directiva de protección de datos le obliga a ello–. Tampoco ha encontrado nada ahí.

Así que la tesis de la acusación está hoy exactamente igual que el primer día. El único indicio que hay contra García Ortiz es su interés en buscar esa información la noche en la que Miguel Ángel Rodríguez propagó un bulo para salvar la reputación de su jefa, Isabel Díaz Ayuso.

Un indicio, que no es lo mismo que una prueba.

Pero la falta de la más mínima lógica jurídica no acaba aquí. Hurtado asegura que el fiscal general hizo todo esto siguiendo “indicaciones recibidas de la Presidencia del Gobierno”. ¿Las pruebas? No hay ninguna. Nada en toda la investigación que sirva para sostener tal gravísima afirmación.

En otro párrafo, Hurtado también asegura que el fiscal general del Estado “envió copia a Pilar Sánchez Acera”, del equipo de Moncloa. ¿Las pruebas de tal cosa? De nuevo no las hay. Pilar Sanchez Acera tuvo acceso a ese correo, es cierto, pero en un momento en que ya circulaba por varias redacciones de Madrid.

Ante el Supremo, Sánchez Acera declaró exactamente eso: que le llegó de los medios. Una declaración que Hurtado ignora. Al parecer, para este juez del Supremo todos los testigos mienten, menos MAR y González Amador.

Hurtado, legítimamente, puede sospechar que el Gobierno está en el ajo. Pero de ser así, ¿por qué ha parado su investigación? ¿Por qué da esa sospecha como hecho probado sin siquiera investigarlo? ¿Por qué no ha imputado a Sánchez Acera, que fue llamada a declarar como testigo?

¿Debe dimitir el fiscal general? No veo el motivo. No hay nada en la investigación del Supremo que haya demostrado en él ningún comportamiento inadecuado. Es más bien al contrario: tendría que ser el juez Hurtado quien tuviera que dar explicaciones, por sus acusaciones sin una sola prueba.

Quienes defienden que está obligado a renunciar para defender las instituciones, ¿han pensado en el peligroso precedente que supondría? ¿Una denuncia de un defraudador confeso y esta controvertida instrucción de un magistrado del Supremo son suficientes para hacer caer a un fiscal general?

Durante los ocho meses de anómala investigación, nunca antes vista en España para una revelación de secretos, García Ortiz ha mantenido su inocencia y ahora debería defenderla hasta que haya un veredicto en el juicio. Del contrario, se estará enseñando el camino a quien quiera apartar del cargo a la sexta autoridad del Estado, una figura a la que ni siquiera el Gobierno puede destituir, según el Estatuto de la carrera.

Lo que ya sabemos es que nadie en el Supremo se ha planteado dimitir porque ese tribunal nunca rinde cuenta de sus errores. Tampoco sus jueces. ¿Ha dimitido alguno de ellos por los constantes varapalos de Europa a sus sentencias? ¿Alguien dimitió, por ejemplo, tras la derogación de la doctrina Parot?

¿Dimitirá alguien si este caso llega a Europa y se sentencia allí la injusticia? Y si el fiscal general acaba absuelto, ¿cómo reparar el daño?

Hoy toda la presión de los medios exige la dimisión del fiscal general. Son los mismos que jamás exigirán la dimisión de Ayuso, haga lo que haga, pase lo que pase.

Hurtado fue de los pocos jueces de la Audiencia Nacional que se opuso a que Enrique López y Concepción Espejel fueran apartados del caso Gürtel. Enrique López –entonces habitual de los cursos de FAES, más tarde consejero de Justicia de Ayuso y miembro de la Ejecutiva de Casado– era para Hurtado un juez imparcial.

Después Hurtado entró a formar parte de ese mismo tribunal. Y fue el único de los tres jueces que había allí que se opuso a que M. Rajoy fuera llamado a declarar como testigo del caso Gürtel. Presentó un voto particular, argumentando que no era necesario llamar al entonces presidente del Gobierno porque su testimonio era redundante; porque la existencia de la caja B del partido ya estaba probada.

Hurtado más tarde fue el único juez del tribunal de la Gürtel que se opuso a la condena a título lucrativo del PP por ese caso de corrupción. ¿Su argumento? Lo desarrolló en un nuevo voto particular. En esa ocasión, argumentó que la caja B era algo “colateral”, sin mayor importancia. Que la condena al PP era un “salto al vacío” sin pruebas. Que la sentencia pretendía, según su voto particular, “colocar al Partido Popular en una dinámica de corrupción institucional, cuando a dicho Partido no se le ha enjuiciado por actividad delictiva alguna”.

Más tarde, Hurtado también fue clave en otra decisión más: evitó que la mujer de Bárcenas ingresara en prisión tras su primera condena en la Audiencia Nacional. Un asunto que tenía muy nervioso al Partido Popular.

Con todos estos méritos, probablemente gracias a ellos, le ascendieron al Tribunal Supremo. Fue promocionado al máximo tribunal gracias a los votos de la mayoría conservadora del CGPJ nombrada por el PP, cuando su mandato ya estaba caducado. Esta instrucción contra el fiscal general es la primera que hace desde que llegó al Supremo. Y está cumpliendo con quienes lo ascendieron.

Toda la instrucción contra el fiscal general de Hurtado ha sido un disparate. El tipo de investigación prospectiva que, lamentablemente, hemos visto ya con el juez Peinado. Sin prueba alguna, solo con suposiciones tan vagas, y pese a las evidencias que lo exculpan ¿se atreverá después el Supremo a condenar al fiscal general? Me parece imposible. Pero en la justicia española, lo imposible ya ocurre a diario. Ahora es costumbre. Pronto será jurisprudencia.

No era una dicotomía sencilla para el abogado Carlos Neira. Solo tenía dos salidas: dejar mal a su defendido –confirmar que Alberto González Amador mintió ante el Tribunal Supremo– o quedar él como un abogado negligente. Como alguien capaz de negociar una conformidad, una condena de ocho meses de cárcel y 500.000 euros de sanción, sin siquiera avisar a su cliente.

Atrapado en esta comprometida situación, Carlos Neira ha preferido no enredarlo más. Ante el Supremo, este martes, el abogado de la pareja de Ayuso ha confirmado lo que ya demostraban otros documentos. Ha desmentido a su propio cliente, que queda así como un mentiroso. Fue González Amador, en persona, quien le encargó negociar una conformidad con la Fiscalía. Había sido informado de las consecuencias.

Puede que la pareja de Ayuso crea vivir en un mundo diferente al del resto de los mortales. Un lugar inventado por la propaganda de la Comunidad de Madrid donde es perfectamente normal cobrar dos millones de euros en comisiones por un pelotazo en plena pandemia. En el que no pasa nada por defraudar 350.951 euros mediante una trama de empresas pantalla y 15 facturas falsas. Un estado alterado de la ética y la estética donde no hay reproche alguno por desgravarse 1,7 millones de euros en gastos que nunca se pagaron, que solo existieron en una contabilidad falseada. 

En ese universo paralelo, también debe de ser lo más normal vivir en dos casas de 180 metros cuadrados: una a su nombre, otra a nombre de una empresa administrada por otro de sus abogados. O pagar medio millón de euros a la mujer de tu jefe –y socio en varios negocios– por una empresa sin apenas actividad, cuyos únicos activos eran un portátil viejo y dos máquinas de depilación usadas. O mentir sin rubor ante el mismísimo Tribunal Supremo.

Puestos a ser un poco ingenuos, puede que Alberto González Amador esté genuinamente convencido de que no mintió. Que sea de esas personas capaces de reescribir el pasado y convencerse de sus propias falsedades. 

De tanto escuchar en algunos medios lo feo que es llamar defraudador confeso al que defrauda y después confiesa, quizá González Amador llegó a creer que nunca ocurrió tal cosa. Que no defraudó de la forma más cutre y chapucera, sino que todo es culpa de una desquiciada inspección fiscal. Que en realidad es Hacienda quien le debe dinero. Que su abogado no hablaba en su nombre cuando admitió que “ciertamente se han cometido dos delitos”. Que todo es una cruel persecución de esa prensa a la que MAR quiere “triturar”.

Este martes, el mundo paralelo de Alberto González Amador chocó con la realidad. El batacazo se oyó en Marte. Y no solo porque su propio abogado lo haya dejado como alguien que miente bajo juramento. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha desestimado la primera de sus numerosas demandas contra aquellos que le han llamado en estos meses “defraudador confeso”. En total, González Amador reclama en distintos pleitos medio millón de euros en indemnizaciones. Miguel Ángel Rodríguez había pronosticado que, con el dinero que le iban a pagar periodistas y políticos, la multa de Hacienda le iba a salir a devolver. Parece improbable. 

Llamar “defraudador confeso” al defraudador confeso forma parte de la legítima crítica política, ha subrayado el Supremo. Ya no es una opinión. Es una sentencia.

El Nerón que gobierna el mundo no ha cumplido medio año siquiera al frente de Estados Unidos. Pero Donald Trump ya ha logrado algo increíble: que nada sorprenda, que cualquier barbaridad parezca posible. Normalizar el caos, el abuso, la guerra y la mentira como si fuera simple lluvia. 

Hace unos días, por ejemplo, Trump decidió dar asilo político a unos “refugiados”; a personas que denuncian escapar de un “genocidio”. ¿De Palestina? ¿De Armenia? ¿De Birmania? No. De Sudáfrica. Mientras se condena a la hambruna a dos millones de gazatíes –y se asesina a varias decenas de miles–, el Gobierno de Trump decidió conceder el asilo político a medio centenar de ciudadanos de Sudáfrica. Blancos que aseguran huir de un “genocidio” contra ellos, por ser afrikaners. 

Los datos, que ya es tremendo que haya que explicarlos. Sudáfrica sufre, desde hace décadas, una criminalidad brutal; consecuencia de la enorme desigualdad económica que nació en el apartheid y que aún permanece. Los blancos representan el 7% de la población, pero poseen tres cuartas partes de todo el territorio. El actual gobierno está intentando redistribuir la riqueza y está aprobando leyes para ello. Obviamente, con la oposición de los grandes terratenientes. Dicen que les matan “por ser blancos”. La realidad es la contraria: la mayoría de las víctimas de la criminalidad en Sudáfrica son personas negras.

Sudáfrica es también –y no es casualidad– el país que ha denunciado ante la Corte Penal Internacional el principal y mayor genocidio en lo que llevamos de siglo: la matanza de Gaza. 

Mientras el mundo es incapaz de detener esa masacre, Trump juega a las guerras culturales, con provocaciones continuas que convierten en parte del paisaje su verdadera agenda. Todo es una locura, y así se normalizan las ideas más peligrosas. Amenaza la soberanía territorial de Canadá, de Panamá, de Groenlandia… Extradita ilegalmente a inmigrantes y crea nuevos cazarrecompensas contra ellos. Pone en riesgo cientos de miles de puestos de trabajo –también en España– con su estúpida guerra arancelaria. Financia y tutela a toda la extrema derecha del mundo. Pacta con las peores dictaduras. Su estrategia es la batalla permanente: todo a la vez y al mismo tiempo.

¿Lo que pasa en Washington se queda en Washington? Ojalá. Pero la nueva Roma es la capital de Estados Unidos y lo que allí ocurre afecta a nuestras vidas. Es un momento histórico, por desgracia. Una época terrible donde lo imposible puede ocurrir, donde nada es descartable.

En elDiario.es hemos decidido que no podemos seguir informando de Estados Unidos a través de agencias o colaboradores. Vamos a abrir una corresponsalía permanente en Washington. Enviamos allí a uno de nuestros mejores periodistas, Andrés Gil: cofundador de elDiario.es, subdirector de Internacional y que antes también fue corresponsal en Bruselas. Estoy seguro de que hará un excelente trabajo.

Queremos aportar a nuestros socios y socias información de primera mano: sin el sesgo de agencias o medios anglosajones. Creemos que no hay otro tema más importante. Ni una sola de las noticias más terribles de este momento histórico –como lo que está pasando en Gaza, o en Ucrania– se puede contar sin antes explicar a Donald Trump y su nefasta influencia. Es una decisión que ya está tomada. Andrés ya está en Washington, buscando casa. Pronto empezará a mandar sus crónicas. Para los socios y socias de elDiario.es, escribirá también un boletín exclusivo. 

No es una apuesta barata. Entre seguros médicos, vivienda, viajes y demás gastos extras, abrir la corresponsalía estadounidense nos cuesta cerca de cien mil euros. Es un dinero que no teníamos en el presupuesto y que supone un esfuerzo en nuestras cuentas. Pero creo que merece la pena.

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