La hostelería es el principal motor económico de Balears, pero también uno de los ámbitos donde las tensiones laborales son más recurrentes y los conflictos se intensifican cada verano con la llegada de la temporada turística. En Menorca, el deterioro de las condiciones del sector que emplea al 20% de la población económicamente activa ha ido reduciendo la disponibilidad de mano de obra hasta convertirse en un problema estructural para pequeños y grandes empresarios. “Al residente no le interesa, no quiere dedicarse al sector y al que viene de fuera no le conviene”, explican desde la Asociación de Hoteleros de Menorca, la principal organización que agrupa empresarios del sector en la isla. 

Sin embargo, trabajadores que cada verano mueven la maquinaria del turismo insular y garantizan que, temporada tras temporada, se superen récords de recaudación y de visitantes –la isla recibió casi dos millones de turistas que dejaron casi 2.000 millones de euros según el Instituto de Estadística de las Islas Baleares (IBESTAT)– van abandonando sin pausa y sin prisa a Menorca como destino laboral. “No son sólo las jornadas de 10 horas o que a veces las propinas desaparecen misteriosamente. Es sobre todo el encarecimiento de la vida y la falta de vivienda. Yo dejé de ir el año pasado después de casi 11 años seguidos porque, ¿para qué voy a ir a una isla donde sólo el alquiler implica gastar el 80% del dinero que gano? Prefiero buscar aquí en Andalucía donde se gana menos o incluso cambiar de rubro”, cuenta Aitana M.J., cocinera y trabajadora temporera que ha viajado a la isla ininterrumpidamente cada verano desde 2017 y que ahora se dedica a la informática.

Yo dejé de ir el año pasado después de casi 11 años seguidos porque, ¿para qué voy a ir a una isla donde sólo el alquiler implica gastar el 80% del dinero que gano? Prefiero buscar aquí en Andalucía donde se gana menos o incluso cambiar de rubro

Aitana M.J. — Cocinera y trabajadora temporera

El planteamiento de Aitana tiene asidero en la realidad y es el razonamiento cada vez más extendido en la isla entre los llamados “temporeros”. Según el estudio del Observatorio Social y Ambiental de Menorca (OBSAM), la economía insular presentó durante el tercer trimestre de 2025 un alto contraste. Por un lado, se confirmó la estabilización del ciclo expansivo iniciado en 2023, caracterizado por un ritmo de crecimiento moderado pero sostenido. “Los principales indicadores de actividad —especialmente la demanda energética, la movilidad y los flujos turísticos— señalan un nivel de intensidad económica muy elevado, propio de una fase de madurez en la que la economía opera a pleno rendimiento durante la temporada alta”, señalan desde el OBSAM. Sin embargo, el mismo estudio señala que “este escenario convive con presiones persistentes sobre el coste de vida y con limitaciones estructurales, como la falta de mano de obra y la tensión del mercado residencial, que condicionan la capacidad del sistema para seguir expandiéndose”. En resumen, la economía funciona, pero no hay brazos que muevan la maquinaria. 

Otro protagonista de esta “fuga de brazos” es Brais S., uno de los muchos menorquines que, tras dedicarse varios años a la hostelería –en su caso por obligación, debido a la falta de alternativas– terminó abandonando la isla para poder ejercer su profesión como sonidista. “Trabajé en un bar por la zona marítima, no tenía muchas opciones”, cuenta en diálogo con elDiario.es desde su actual residencia en Barcelona. “Trabajaba 'en negro' por 3,14 euros la hora. Había comida que estaba fuera de carta que se compraba para darle uso y se ponía mala y se 'saneaba' para sacarla de alguna manera. Yo tenía que hacer de cocinero y camarero a la vez, aguanté porque tenía mucha necesidad y, al final, decidí dedicarme a lo mío e irme de la isla a vivir fuera. Cuando renuncié se negaron a pagarme las horas extras”, explica. Él recuerda su paso por el gremio hostelero como un mal sueño. 

Trabajé en un bar. Había comida que estaba fuera de carta que se compraba para darle uso y se ponía mala y se 'saneaba' para sacarla de alguna manera. Yo tenía que hacer de cocinero y camarero a la vez, aguanté porque tenía mucha necesidad y, al final, decidí dedicarme a lo mío e irme de la isla a vivir fuera

Brais S. — Abandonó la isla por trabajo

“No hay personal y cada vez habrá menos si seguimos así. Me consta que personas que llevan años en el sector ahora están buscando otras alternativas y es lógico: a nadie le resulta rentable venir a Menorca si no puede pagar un lugar donde vivir y, además, solo por unos meses. Nadie mantiene a una familia con un trabajo temporal”, razona en diálogo con elDiario.es el portavoz de la Asociación de Bares y Cafeterías de Menorca, Antoni Sansaloni, quien sostiene que la solución pasa por “dejar de presionar al sector”, especialmente al pequeño y mediano empresario, que —según su visión— está sufriendo “como nunca” los efectos de la crisis de vivienda. “Para evitar dar un mal servicio, y ante la imposibilidad de consolidar plantillas estables, estamos reduciendo mesas”, explica. “A este ritmo, el turismo de Menorca va a terminar ofreciendo solo comida rápida”, lamenta.

La otra cara de la hostelería

A pesar de los problemas estructurales que atraviesa el gremio hostelero y de las particularidades del sector en Balears, fuentes sindicales consultadas por elDiario.es sostienen que el de las islas es “uno de los mejores” convenios colectivos que existen en el estado. “Gracias a la negociación colectiva hemos conquistado subidas salariales sostenidas –la última en agosto del año pasado–, mejoras en la regulación de jornadas y avances concretos en la protección de colectivos especialmente vulnerables como las camareras de piso. Este marco no es fruto de concesiones gratuitas, sino de años de negociación y movilización para que el crecimiento turístico se traduzca también en derechos laborales reales”, explican desde UGT. “Sabemos que quedan retos pendientes, como el acceso a la vivienda o la estacionalidad, pero sin este convenio la situación de miles de trabajadores sería mucho más frágil y desigual”, reflexionan desde el sindicato. 

Juan Arenas es mexicano y hasta este año pasó cuatro veranos seguidos deambulando de cocina en cocina por toda Menorca. Es chef de profesión y, según cuenta, la inestabilidad laboral y las malas condiciones le obligaron a abandonar la isla y buscar trabajo en Bilbao, donde vive y trabaja actualmente, esta vez en una sola cocina fija todo el año. “El problema de la estacionalidad en Menorca es otro de los grandes temas sin resolver para los que nos dedicamos a esto profesionalmente. Aparte de las jornadas extenuantes del verano, cuando se acaba la temporada cierran la mayoría de locales de restauración y tienes que pasar el invierno cobrando el paro si tienes suerte. ¿De qué me sirve cobrar un sueldo más alto que la media si sólo trabajo 4 meses al año?”, razona.

Aparte de las jornadas extenuantes del verano, cuando se acaba la temporada cierran la mayoría de locales de restauración y tienes que pasar el invierno cobrando el paro si tienes suerte. ¿De qué me sirve cobrar un sueldo más alto que la media si sólo trabajo 4 meses al año?

Juan Arenas — Chef

Consultado por el problema de la estacionalidad, Antoni Sansaloni explica que “el único consuelo” que encuentran los empresarios es que ahora las aerolíneas han adelantado los vuelos, por lo que la pre temporada 2026 se ha adelantado algunos días. “Esperamos la llegada del turismo europeo para el mes de marzo, que sabemos que es un turista con mayor poder adquisitivo y que suple el bache del último tramo de la temporada baja”, explica. “Claro que hay estacionalidad, pero es porque no nos sale rentable abrir todo el año. Cerramos porque la falta de clientela, entre semana no llegamos ni a cubrir gastos, por eso muchos locales optan por cerrar tres o cuatro meses al año directamente. Al final la estacionalidad viene fomentada por el propio estado que en lugar de promover la actividad en los meses de invierno prefiere mandar a la gente al paro”, razona Sansaloni. 

Claro que hay estacionalidad, pero es porque no nos sale rentable abrir todo el año. Cerramos porque la falta de clientela, entre semana no llegamos ni a cubrir gastos, por eso muchos locales optan por cerrar tres o cuatro meses al año directamente. Al final la estacionalidad viene fomentada por el propio estado que en lugar de promover la actividad en los meses de invierno prefiere mandar a la gente al paro

Antoni Sansaloni — Portavoz de la Asociación de Bares y Cafeterías de Menorca

Aunque las tensiones entre empresarios y trabajadores en la hostelería suelen canalizarse a través de mecanismos formales cuando el empleo está regularizado y sujeto a la normativa laboral, esta vía prácticamente desaparece en los casos de trabajo no declarado. Si bien el empleo irregular en Menorca no es mayoritario en el sector, sigue existiendo y concentra algunas de las situaciones más precarias, ya que quienes lo ejercen no pueden denunciar abusos o exigir derechos, ya que son, en su inmensa mayoría, personas en situación administrativa irregular.

V. cuenta que, mientras esperaba la resolución de sus papeles, debió trabajar en varios lugares que “contratan” personas migrantes: “Me dijeron que nunca habían contratado a una chica como yo, morenita y de fuera, y que querían probar qué tal funcionábamos. Yo necesitaba mucho ese trabajo y acepté la prueba en un conocido restaurante de Es Castell, –en el sur de la isla–. Empezó a acercarse demasiado y a hacer bromas sexuales fuera de lugar; intenté ignorarlo y seguir trabajando, pero mientras rellenaba neveras se me arrimó por detrás de forma inapropiada. Cuando me giré y le pregunté qué hacía, me dijo que para ser latina era muy siesa y que en ese restaurante ‘se tocaban mucho’. Me fui sin terminar el turno. Me dijo que nunca volvería a trabajar en Menorca porque era una impresentable y la prueba nunca me la pagaron”. 

Este viernes se cumplen seis meses del inicio de la huelga del personal de la contrata de parques y jardines de Vitoria, a cargo de la empresa Enviser. Un contador gigante de días colgado en Los Arquillos va informando a la ciudadanía del paso del tiempo y hace semanas que tiene tres cifras. Los servicios mínimos logrados por el Ayuntamiento antes del verano han hecho que el estado amazónico que adquirió la ciudad al final de la primavera se haya modulado, pero la ausencia de turnos normales sigue condicionando, en este arranque del otoño, riegos, siegas y mantenimientos.

Fuentes del comité de empresa indican que tienen prevista para el próximo lunes una nueva reunión negociadora con la patronal para intentar desbloquear la situación. Será en el denominado Preco, el servicio de mediación del Consejo de Relaciones Laborales del Gobierno vasco. “Todavía sentimos el apoyo de gran parte de la ciudadanía. Esto es duro y cansa, pero la gente sigue con fuerza. Nos queda el último arreón”, señala Iñigo López de Arroyabe, del sindicato ESK. Este viernes se ha convocado una manifestación más para denunciar la situación en Enviser.

26 de marzo

Con la llegada de la primavera, los jardineros del servicio externalizado iniciaron una huelga indefinida. El punto fundamental del conflicto es que estos operarios hacen 1.700 horas anuales frente a 1.592 de los jardineros que son funcionarios y, por término medio, cobran “11.000 euros menos”. “El convenio estatal prevé salarios muy bajos. Un auxiliar cobraba menos del SMI cuando se actualizó”, explicaban desde la plantilla en aquel momento. De lo que se encarga esta contrata, de 88 efectivos, es del cuidado general de jardines, de ocho grandes parques del casco urbano, de los complejos deportivos de Mendizorroza y Gamarra y de muchos servicios de mantenimiento que la ciudadanía desconocía hasta que han desaparecido, como el control de los estorninos. El comité tiene cinco miembros, tres de ELA -que siempre ha hecho gala de su caja de resistencia-, uno de ESK y otro de LAB. Enviser recibe más de 4 millones de dinero público de las arcas municipales al año. Según el comité de empresa, con 0,3 millones adicionales estaría resuelto gran parte del problema salarial. 

9 de abril

El servicio depende del área de Espacio Público y Barrios del Ayuntamiento, a cuyo frente está la teniente de alcaldesa, Beatriz Artolazabal, cabeza de la parte del PNV de la coalición de Gobierno de Vitoria. Fue consejera en el Gobierno vasco. Desde el inicio del conflicto, ha denunciado el trato que le dispensan los huelguistas. “Voy a hablar de presiones que se están recibiendo. En concreto, las mías. Los trabajadores de Enviser vienen a mi pueblo a poner pancartas, a un pueblito en el que no llegamos a cuarenta vecinos. Vienen a mi casa a ponerme carteles intimidándome. A mí, por supuesto que no, no me van a intimidar. Pero con mi familia hay cosas que no voy a permitir. Esas rayas no se pueden superar. Ésta no es la vía para reclamar mejoras salariales. La huelga es un derecho y la protesta es legítima, pero no se pueden traspasar los límites del respeto”, denunció.

16 de mayo

En el segundo mes de la huelga indefinida y tras rechazar una propuesta de subida salarial de 42 euros mensuales, muy lejos de los 3.000 anuales mínimos demandados, la plantilla cedió el protagonismo a los perros con una protesta canina. Se trataba de que ciudadanos con sus mascotas alzaran la voz por el estado de los parques, delante del Ayuntamiento, para forzar a la solución a dar una solución a la pugna entre Enviser y su personal.

16 de junio

Después de semanas de tira y afloja y tras la apertura de la temporada de baños en las piscinas de Mendizorroza y Gamarra, hasta entonces en estado salvaje, el área de Trabajo del Gobierno vasco, a cuyo frente está el vicelehendakari socialista Mikel Torres, accedió a la petición municipal para establecer servicios mínimos. De ese modo, algunos equipos empezaron a salir a la calle tres meses después para podar zonas que pudieran generar problemas de visibilidad en cruces o rotondas, segar los perímetros de zonas verdes o recoger residuos de algunas áreas. El Ayuntamiento había emitido informes que avisaban de posibles riesgos de incendios o de accidentes de circulación. Los sindicatos siempre han considerado abusivos estos servicios mínimos, una vulneración del derecho de huelga por la puerta de atrás, en palabras de ELA.

24 de junio

En la hoguera de San Juan del barrio de Judizmendi fue quemado un muñeco con el uniforme de la empresa, con un cartel que ponía “Beatriz Artolazabal” y con una fotografía con su cara. Artolazabal lo calificó de “actos de violencia simbólica, hostigamiento e intimidación personal”. “Traspasan los límites de la crítica legítima”, insistió tras aparecer los vídeos del momento, encuadrado en las fiestas de comienzo del verano.

3 de julio

La alcaldesa de Vitoria, la socialista Maider Etxebarria, a la que la oposición ha criticado por estar “desaparecida” en algunos momentos de este conflicto, aprovechó su discurso en el debate general de política municipal, que llegó mediado su mandato de cuatro años, para alerta de un “carrusel interminable de huelgas” que afecta a diversos servicios de la ciudad. Dijo sentirse “coaccionada” y señaló también que “algunos sindicatos” hacen un “uso político” de estas movilizaciones como “estrategia de desgaste vinculada a un ambiente preelectoral”. Además en Enviser, en aquel momento había arrancado también la huega en la contrata de alcantarillado (Sacyr Aguas).

8 de julio

Los sindicatos ELA, LAB y ESK rechazaron por insuficiente la nueva propuesta de mejoras salariales realizada con la mediación del área de Trabajo del Gobierno vasco. La propuesta, que se extendía hasta 2028, preveía para este año una subida del IPC de 2024 más un 2,2% adicional y otras mejoras en 2026 y 2027. También se planteaba una bajada progresiva de la jornada hasta alcanzar las 1.592 horas en 2028. Los mediadores del Gobierno vasco, expresamente, dejaron claro que era “la última propuesta” y que, de no ser aceptaba, se reiniciaría de cero la negociación. Lo llamativo es que ELA, la central mayoritaria, había celebrado una votación interna y, por un solo voto, había ganado la postura favorable al acuerdo. Sin embargo, se retractó y acordó con LAB y ESK continuar con los paros indefinidos. “ELA, como organización, dice no al acuerdo, aunque asumimos que hay gente que lo ve válido”, explicaron a este periódico desde la sección de este sindicato en Enviser.

30 de julio

Otra fumata negra. Los sindicatos, tras cuatro meses en huelga, volvieron a ver insuficiente otra oferta de la empresa que los tiene contratados. “La empresa ha modificado ligeramente su oferta para el 2026 y el 2027, planteando, en cambio, para 2028 una oferta peor que la que puso sobre la mesa Trabajo del Gobierno vasco [unas semanas atrás]”, dijeron los sindicatos. Señalaron al Ayuntamiento también por poner “tope” a las negociaciones al no poner más recursos sobre la mesa.

10 de septiembre

Tras un agosto con más protestas y reivindicaciones aprovechando también el marco festivo, el conflicto volvió a recrudecerse en vísperas de la romería de Olárizu, que se celebra en unas campas que, como otras zonas verdes, llevaban meses desatendidas. Los servicios mínimos habían cortado la hierba en el perímetro pero no en el interior. Por ello, el Ayuntamiento contrató un tractor no para segar -lo que sería ilegal- sino para aplastar la hierba. La máquina para adecentar Olárizu tuvo que actuar escoltada por la Policía “ante la presencia de un piquete” que protestaba por un acción que, según los sindicatos, estaba claramente pensada para saltarse las condiciones de la huelga con un ardid. Hasta la Inspección de Trabajo se personó.

11 de septiembre

La teniente de alcaldesa, Artolazabal, volvió a denunciar un episodio de acoso por parte de los trabajadores de Enviser. “Han acudido a la puerta de mi domicilio a primera hora para lanzar panfletos en los que me insultan, me tachan de fascista, me caricaturizan con un bigote de Hitler y vuelven a difundir la imagen de un muñeco con mi rostro ardiendo en la hoguera de Judizmendi”, explicó. “Esto no va de jardinería. Va de respeto. Va de recordar que la protesta laboral tiene su espacio y su legitimidad, pero nunca puede convertirse en acoso. Porque cuando se cruza esa línea, todos y todas perdemos”, añadió Artolazabal en una tribuna en este periódico.

26 de septiembre

Los seis meses de huelga llegan tras una fallida reunión en la que no se produjeron avances, según los sindicatos, aunque con la voluntad de tener otro encuentro con Enviser a la mayor brevedad y con avances en la cocina previa para intentar lograr mejoras retributivas. La plantilla ha convocado una movilización este viernes para volver a poner de la mesa su situación. Es a las 18.30 horas y partirá desde el museo Artium. Aunque, asumen, “al final los servicios mínimos han hecho gran parte del trabajo y ya no es tan evidente el mal estado del principio”, explican a este periódico.

La Subdelegación del Gobierno en Sevilla, a través de su área de Extranjería, ha impuesto una sanción de 847.640 euros a la multinacional Glovo por emplear en la capital andaluza a 64 trabajadores extranjeros que carecían de la preceptiva autorización de residencia y trabajo en España. La infracción, calificada como “muy grave” en la Ley de Extranjería, fue detectada durante una actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y ha dado lugar a un expediente sancionador, cuya resolución ya ha sido notificada a la empresa y se encuentra en periodo de recurso, según ha podido saber este periódico.

Esta empresa de reparto a domicilio suma ya multitud de sanciones por su modelo basado en falsos autónomos, que ha mantenido incluso después de entrar en vigor la conocida como Ley Rider en 2021. Según Inspección, Glovo acumula actas de infracción por la contratación irregular de más de 39.000 repartidores en toda España, a los que no ha dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, a pesar de operar bajo su organización y control, existiendo una relación laboral directa.

Sin embargo, la última sanción –resuelta por la Subdelegación el pasado 25 de julio– añade un nuevo elemento al fraude laboral que se le viene atribuyendo a Glovo por su modelo de falsos autónomos: no solo reafirma que ha existido una relación laboral encubierta entre Glovo y sus repartidores, sino que constata que al menos 64 de ellos carecían de “la preceptiva autorización administrativa para trabajar por cuenta ajena en España”. Es decir, fueron empleados pese a encontrarse en situación irregular, sin reunir los requisitos establecidos por la legislación vigente.

Infracción “muy grave” de la Ley de Extranjería

Estas actuaciones inspectoras sobre Glovo en Sevilla se han llevado a cabo entre el 1 de diciembre de 2021 y el 31 de julio de 2024. Como resultado, se han levantado dos actas de infracción por ocupación irregular de trabajadores extranjeros: una relativa a 20 repartidores (con un importe total de 210.649,43 euros) y otra por 44 trabajadores (por valor de 636.990,59 euros).

La suma total asciende a 847.640,02 euros, incluyendo tanto las multas (de 10.001 euros por trabajador, en su grado mínimo) como las liquidaciones de la Seguridad Social. La resolución concluye que Glovo vulneró la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, al emplear a personas extranjeras sin haber obtenido la correspondiente “autorización administrativa previa para residir y trabajar”, que exige la norma. Una conducta tipificada como infracción “muy grave”.

Las actuaciones se enmarcan dentro de la campaña de control sobre plataformas digitales de reparto que impulsa la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo a nivel estatal. La inspección confirma que, hasta 2024, Glovo ha seguido recurriendo a falsos autónomos, eludiendo el pago de cotizaciones sociales por sus repartidores, pese a los “múltiples pronunciamientos judiciales” que obligan a “reconocerles su condición de trabajadores por cuenta ajena”.

Cabe recordar que Glovo, cercada por varias multas y causas judiciales, anunció a principios de verano que todos sus riders serían asalariados a partir del 1 de julio (medio año después de comprometerse a adoptar el cambio al modelo laboral).

Preguntado por este periódico, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano Rodero, ha preferido no pronunciarse sobre expedientes abiertos, pero ha asegurado que “por parte del Gobierno de España, a través de la Inspección de trabajo y el área de Extranjería, se está luchando contra la precariedad laboral y especialmente contra la explotación de los más vulnerables como pueden ser las personas migrantes”.

Relación laboral encubierta y sin permisos en Sevilla

La infracción en materia de extranjería se suma así a los hallazgos que la ITSS ha venido documentando sobre la relación laboral encubierta entre Glovo y sus repartidores. Según el acta, los repartidores trabajaban “bajo la dirección, control y organización de la empresa”, lo que, conforme al Estatuto de los Trabajadores, los convierte en trabajadores por cuenta ajena, aunque Glovo nunca los contrató como tales ni los dio de alta en la Seguridad Social.

La novedad ahora es que muchos de estos trabajadores, además de no contar con contrato, carecían de autorización para trabajar en España, según declararon personalmente en las entrevistas mantenidas con la Inspección Provincial de Trabajo.

Esta situación de irregularidad ha sido verificada mediante la aplicación Adextra, que confirma que los 64 repartidores no disponían de la autorización administrativa requerida durante el periodo en el que prestaron servicios para Glovo.

La jueza de la localidad murciana de Lorca, Emilia Ros, ha decidido procesar por homicidio al empresario agrícola que en agosto de 2020 abandonó en la puerta de un centro médico al jornalero nicaragüense Elezar Blandón, de 42 años. Eleazar, que presentaba un cuadro de golpe de calor tras trabajar durante horas a pleno solo y sin agua en una plantación de sandías, fue abandonado a las puertas del servicio de urgencias del centro de salud Lorca-Sutullena el sábado 1 de agosto de 2020.

Ahora, cinco años después de los hechos, la jueza ha concluido la instrucción y considera que hay “indicios suficientes” para procesar al empresario agrícola por varios delitos: homicidio imprudente, contra el patrimonio, el orden socioeconómico y los derechos de los trabajadores. Según la resolución judicial adelantada por El País, “la jornada de trabajo de Eleazar se prolongaba desde las 7.00 horas hasta las 15.00 horas y solo disponía de un descanso a las 10.00 horas. La jornada de trabajo no se adecuaba a las condiciones climáticas”.

De acuerdo con el Servicio de Coordinación de Emergencias del 112 sobre las 15:30 el hombre fue arrojado de una furgoneta con el uniforme de trabajo puesto. Una unidad móvil de Emergencias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias prestó asistencia al trabajador pero no pudieron hacer nada por su vida. Las temperaturas registradas en Lorca aquel sábado sobrepasaron los 40 grados.

La Guardia Civil detuvo al día siguiente al patrón de Eleazar, aunque entonces se desconocía quién había abandonado al jornalero en la puerta de urgencias.

El sindicato Comisiones Obreras denunció entonces la falta de medios y de inspecciones a las empresas en materia de prevención de riesgos laborales. El sindicato lamentó que las empresas incumplan la jornada intensiva, que no provean de agua fresca a su personal y que, a menudo, se nieguen a habilitar comedores para proteger a sus empleados de las inclemencias climáticas.

La plantilla del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha vuelto a salir a las calles este lunes para denunciar la “precariedad” y “dejadez” en el servicio, en una manifestación que ha recorrido el centro de la capital del Turia y ha dejado momentos de tensión entre bomberos y Policía Nacional.

Los bomberos han salido de plaza de España con pancartas en las que se han leído mensajes como 'Dirección dimisión, iros con Mazón', 'Avelino vas por mal camino' (en alusión al diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell) y 'Bombers en lluita'.

Los participantes han recorrido la Gran Vía Ramón y Cajal y Fernando el Católico hasta Paseo de la Petxina para llegar al edificio de la Beneficencia, donde se celebraba la asamblea del Consorcio Provincial. En este enclave, se han producido momentos de tensión cuando la Policía ha desplegado un cordón para cerrar el paso de los bomberos hacia el edificio.

Por parte de la Junta de Personal del Consorcio y en representación de los tres sindicatos convocantes de la protesta, UGT PV, STAS-Intersindical y CGT PV, Marcel Montero y César Bou han explicado en declaraciones a Europa Press que la movilización se enmarca en las protestas tras la decisión de la Diputació de València de “romper” el preacuerdo que se había firmado para una mejora sustancial del servicio y la respuesta a las emergencias“ porque ”dicen que el Consorcio ha superado el techo de gasto“.

23 nuevas plazas

En paralelo a esta propuesta, el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha aprobado la creación de 23 nuevas plazas, que incluyen 19 plazas de bombero/a conductor/a, tres de oficial, y una de Documentación-Archivo, una medida con la que culmina el proceso de redimensionamiento del organismo.

Según ha destacado Mascarell, con la incorporación de estas 23 personas “se pone punto final a la aplicación del estudio de redimensionamiento, alcanzando el máximo número de efectivos para nuestro Consorcio”.

Mascarell ha calificado la creación de estas plazas como “un gran avance que culmina el proceso de aumento progresivo de la plantilla, dando así respuesta a una de las principales demandas del operativo y reforzando todas las capacidades del Consorcio para dar respuesta efectiva a todas las necesidades de la provincia de Valencia”.Huelga de celo

Los bomberos provinciales llevan semanas celebrando diferentes protestas y decidieron iniciar una huelga de celo, por la cual han dejado de realizar las horas extras con las que se cubría el servicio para ceñirse a su jornada. Esto ha provocado que, de 17 parques de bomberos que hay en la provincia, cada día tengan que cerrar entre dos y cuatro, ha detallado César Bou (STAS-Intersindical). “No tienen que obligarnos a hacer horas extra y pretenden obligarnos” y desde el Consorcio “sabían la falta de personal que tenían y no han hecho nada por invertir en ello”, ha denunciado Marcel Montero, de UGT PV.

Para los sindicatos, “el servicio no puede esperar a que desde Europa o desde el Ministerio de Hacienda te digan que puedes invertir más en el ciudadano”, porque el trabajo de los bomberos “es una necesidad”.

Los portavoces han subrayado que si la ciudadanía quiere “tener un servicio a la altura de lo que es la provincia de Valencia, el órgano de gobierno de la Diputació tiene que invertir en el servicio”. Según han denunciado, el cuerpo provincial cuenta con vehículos “obsoletos” y “equipamientos que no sirven para trabajar como ocurrió en la dana, que no había barcas”. “No hay personal tampoco para hacer frente a grandes catástrofes” como la del 29 de octubre. En concreto, han precisado que parques de bomberos como Torrent o Ontinyent no cuentan con vehículos de altura y en otros faltan vehículos de otro tipo o de sustitución en caso de avería.

Además, han advertido que los más afectados por la situación son los pueblos de la provincia que, a diferencia de la ciudad de València, no tienen bomberos locales. Han explicado que hay parques cerrados y, por tanto, si ocurre algo tiene que ser atendido por parques de otra zona. “Esos parques van a dejar de poder estar disponibles en esa zona para ir a otro servicio que no les corresponde. Y encima, con una demora de tiempo que en algo muy grave puede ser esencial para salvar una vida o no salvarla”, han denunciado.

Mompó, “con tristeza”

Por su parte, el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha subrayado que para él “es una obligación” solucionar este conflicto y que lo vive “con tristeza”. “Creo que las personas hacen las cosas hablando, creo que somos todos adultos ya. Lo he hablado ya con los compañeros que dirigen el Consorcio. Lo he dicho públicamente también a los bomberos. Yo creo que tenemos que volver otra vez al sentido común”, ha dicho.

Para el presidente de la Diputació, ha de haber “una propuesta” que se ha de presentar por escrito para poder llegar a un consenso, “y si al final jurídica y económicamente es viable, pues no tengo ninguna duda de que se llegará a un acuerdo”, ha asegurado. “Pero insisto, creo que las formas tienen que ser las correctas, y las formas correctas son como se ha hecho todo en esta vida. Sentarse en una misma mesa, hablar y llegar a un consenso”, ha concluido.

Por su lado, el portavoz socialista en la Diputació, Carlos Fernández Bielsa, ha reclamado a Mompó, la destitución inmediata de Mascarell, a quien acusa de una “nefasta gestión” que ha llevado al cuerpo provincial de bomberos a “su mayor crisis en años”.

“Cada día, parques de bomberos permanecen cerrados, poniendo en alto riesgo la seguridad de la ciudadanía. Los bomberos de València llevan más de un mes en huelga por la falta alarmante de personal y medios mientras el presidente de la Diputación tiene que entrar por la puerta de atrás cuando acude a los juzgados para evitar a los bomberos y su diputado se esconde y es incapaz de dialogar y llegar a acuerdos”, ha denunciado el portavoz del PSPV.

El dirigente socialista responsabiliza directamente al presidente de la Diputació de València de una situación que, en plena campaña de incendios, considera “insostenible y temeraria”. “Exigimos la destitución inmediata de Avelino Mascarell, la provincia no puede permitirse más improvisaciones ni una gestión tan deficiente en un servicio esencial”, ha añadido.

Una resolución emitida este martes por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia ha dictaminado que la filial de Amazon conocida como Amazon Spain Fulfillment S.L. no está respetando los derechos sindicales de sus delegados en el centro logístico de Corvera (Murcia), al no reconocerles 40 horas de trabajo sindical al año, equivalentes a una semana de trabajo.

Las multas derivadas de este tipo de incumplimientos, que se imponen tras las resoluciones, van desde los 3.000 hasta los 8.000 euros, con la posibilidad de elevarse hasta los 12.500 dependiendo de lo recurrentes que sean las infracciones, según explica a esta redacción Óscar Jover, delegado sindical de CGT en el centro de Amazon en Corvera, que emplea a unas 2.000 personas. Las cuantías, explica, están recogidas en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (TRLISOS).

La denuncia, interpuesta por el propio Jover, señala a Amazon por interpretar que el crédito horario sindical, que son las horas que los delegados dedican a tareas sindicales -40 mensuales por delegado-, es aplicable solamente durante once meses al año, dejando un mes sin reconocimiento de este derecho, presumiblemente agosto. Sin embargo, argumenta Jover, la empresa no cierra durante ningún mes al año su centro logístico murciano y, los trabajadores, en su mayoría empleados a turnos, casi nunca tienen la posibilidad de coger las vacaciones de forma continuada, por lo que se ven obligados a fraccionarlas.

“Esta práctica supone una limitación arbitraria y unilateral de los derechos sindicales”, denuncia Jover. La Inspección de Trabajo, tras concluir su investigación del asunto, coincide y asegura que “no hay base legal para suprimir este derecho durante un mes al año”. Una práctica contraria al Estatuto de los Trabajadores que, sin respaldo del convenio colectivo o un acuerdo expreso con los sindicatos, es ilegal, según el organismo público.

Malestar en Corvera

“Como norma general, Amazon hace y deshace, sin preguntar. Tú denuncias y, cuando llega la resolución, vuelves a lo que debería ser normal”, explica Jover a elDiario, que añade que aún no ha mantenido comunicación con la empresa tras conocer la resolución, pero que este tipo de actas de infracción son “constantes”. “Estamos en desacuerdo con la resolución de la Inspección de Trabajo y nos reservamos el derecho a recurrir. Seguiremos colaborando para responder a sus preguntas y peticiones al respecto”, han apuntado a esta redacción fuentes de Amazon.

El delegado sindical también ha denunciado ante la Inspección de Trabajo que, a veces, los días festivos se solapan con días de descanso en el centro logístico de Corvera, inaugurado en 2021 en las inmediaciones del aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. Una denuncia interpuesta hace nueve meses, al mismo tiempo que esta otra, y de la que espera pronto una resolución, también favorable.

No es la primera multa al gigante tecnológico

A principios de junio, se conoció otra multa impuesta a Amazon por parte de la Generalitat de Catalunya por no compartir con los sindicatos el funcionamiento del algoritmo encargado de monitorizar la productividad de los más de 2.000 empleados que trabajan en su centro logístico de El Prat de Llobregat, situado en las inmediaciones del aeropuerto de Barcelona.

El juzgado de lo Social nº 42 de Madrid también condenó al gigante logístico en 2024, tras una denuncia de UGT, por emplear repartidores como falsos autónomos. Según fuentes del sindicato, los repartidores eran obligados a trabajar con su propio vehículo para entregar paquetes utilizando una app de la compañía denominada ‘Amazon Flex’ que les marcaba la forma de trabajar.

Las cuantías de estas sanciones son prácticamente simbólicas para una de las empresas pertenecientes al grupo de los '7 Magníficos' de la bolsa estadounidense, formado por compañías tecnológicas de gran capitalización en el Nasdaq y el SP&500, como Google o Microsoft. Las acciones de Amazon se han revalorizado cerca de un 25% en el último año pese a las tensiones geopolíticas y arancelarias. En España, la empresa emplea a alrededor de 28.000 personas entre todas sus filiales, según datos de principios de año, lo que la convierte en una de las compañías que más empleo ha generado en el sector privado en los últimos años. La multinacional elevó sus ingresos brutos un 12,6% en España durante el último ejercicio, alcanzando los 8.000 millones de euros en 2024.

La productividad se ha convertido en la nueva “prioridad” del vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP). El también consejero de Economía ha abrazado el discurso de la patronal, que lleva tiempo poniendo el foco en este asunto en sus informes y ha dado los primeros pasos para crear un Consejo Canario de la productividad. Para ello, se ha convocado una mesa que ha contado sin apenas presencia de mujeres, para la que no se han hecho apenas análisis ni menciones previas sobre las altas tasas de precariedad que existen en las Islas y que ha contado con importantes líneas rojas de los sindicatos, como no vincular la productividad con el absentismo.

Domínguez ya había anunciado el pasado mes de junio la creación de una comisión de trabajo sobre la productividad de la economía regional, donde estarán representados patronales y sindicatos, quienes, entre otros asuntos, abordarán las causas del “continuo crecimiento del absentismo” que sitúo en el 8%. La secretaria general de CCOO en las Islas, Vanesa Frahija, dijo la pasada semana que se levantaría de la mesa si se vinculaba productividad con absentismo, un dato en el que insistió en que la patronal siempre incluye las bajas justificadas por enfermedad, los permisos retribuidos y las vacaciones. Además, remarcó que el absentismo real supone apenas un 0,7%.

“En CCOO ya establecimos una línea roja: que no íbamos a tratar el tema del absentismo relacionado con la productividad, porque nada tiene que ver. Es verdad que la patronal, en cuanto nosotros sacamos mejoras salariales, condiciones en inversión y salud laboral, también dijeron que bueno, que eso era del convenio colectivo, y, por lo tanto, yo me reafirmé en que si la patronal pone líneas rojas, CCOO pone líneas rojas”, apuntó Frahija.

Vincular el absentismo con la productividad era una línea roja también para UGT. “Nosotros desvinculamos la productividad del absentismo. La comunidad más productiva que hay en este país es Euskadi y sin embargo también es la que encabeza el absentismo. Además de que el concepto de absentismo también es relativo”, remarca su secretario general en Canarias, Manuel Navarro.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el absentismo es la ausencia a los puestos de trabajo sin justificación alguna y en Canarias “tenemos lo que llaman ellos un absentismo alto porque incluyen las bajas laborales y los permisos retribuidos, que son derechos de los trabajadores”, apunta Navarro. “Cuando hablamos de absentismo en el concepto que habla la patronal, tenemos que hablar ineludiblemente de salud laboral. Porque ahí es donde nosotros consideramos que se vulneran más derechos. En el cuidado de los trabajadores en las diferentes empresas”, recuerda.

“Nosotros la productividad la desvinculamos de dos cosas, de la subida salarial y del absentismo. Consideramos que es un concepto un tanto ambiguo. Imagínense cuando en Canarias se dice que la productividad es baja, resulta que estamos creciendo más que la media del país”, resume el representante de UGT, que añade que “es la comunidad que más está creciendo ahora mismo en su economía. Por tanto, la productividad es relativa. Primero, habría que conceptualizar realmente qué es la productividad en sectores tan, digamos, difíciles como pueden ser los servicios y la hostelería, por ejemplo”.

PP y patronal coinciden en su discurso

Finalmente, en ese encuentro no se mencionó la palabra absentismo, pero la valoración que hacía el vicepresidente del Gobierno de Canarias fue incidir en que la productividad “ha dejado de ser un dato para convertirse en una prioridad”. “Si queremos mejorar los salarios, hay que mejorar la productividad, y si queremos mejorar las condiciones laborales, también hay que mejorar la productividad. Si somos capaces de mejorar esto, habremos conseguido que nuestras empresas sean más competitivas”, resumió en un comunicado Manuel Domínguez.

Un relato en el que coincidieron los representantes de la CEOE de Tenerife. Pedro Alfonso y Elena Vela, presidente y gerente de esa confederación hicieron hincapié en que “la productividad no es un dato más: es la base sobre la que se construyen el bienestar, la competitividad y el desarrollo económico de nuestro territorio. Esta Comisión no puede quedarse en un foro de análisis. Tiene que convertirse en un espacio de propuestas, de seguimiento y de acción.”

Los sindicatos piden otro enfoque

El líder de UGT señala que el IPC (Índice de Precios al Consumo) en las Islas está por debajo de la media nacional, pero en la vivienda, la luz, el agua, los combustibles “están por encima de las subidas salariales”. “Por tanto, hay una merma en el poder adquisitivo de los canarios y de las canarias”, apunta. Por ello, el sindicato quiere vincular la productividad a la inversión de las empresas en tecnología, en innovación en general, “porque consideramos que en ese sentido se va a reforzar muchísimo más”.

“Se produce más con un tractor que con una azada”. Por tanto, “esa parte tecnológica tiene que aportarla precisamente la clase empresarial, que es la que se va a llevar los beneficios económicos de esa productividad”. Y por ello, ve interesante que estén presentes en el debate las universidades canarias.

Navarro incide en que no hay que olvidar que Canarias es una de las comunidades donde la riqueza está desigualmente repartida. Y, además, es de las comunidades que peores salarios tiene en el ámbito nacional. De hecho, según el INE, es la segunda comunidad autónoma que presenta los salarios más bajos de España, 24.033,57 euros, tras Extremadura, 23.684,22 euros.

Vanesa Frahija, por su parte, entiende que una de las principales medidas es combatir la precariedad laboral en Canarias. Por ello, cuando “hablamos de productividad se puede hablar muchísimas cosas, y se planteó la nueva Ley de la Ciencia, se habló de la salud de los trabajadores, se habló de la mecanización de diferentes puestos de trabajo que pudieran ayudar a la productividad”. “Nosotros, una de las cosas que reclamamos es invertir en mecanización, pero también equipos de trabajo que ayuden, primero a la salud laboral de la clase trabajadora, y con eso también se ganaría en productividad”, añadió.

La líder de CCOO agregó que Canarias está en la media de la productividad, pero hay que tener en cuenta que el motor principal de su economía es el sector servicios, no la industria, como ocurre en comunidades como Navarra, País Vasco o Catalunya. La dificultad es mayor para lograr una mayor productividad. En este punto, remarcó que su sindicato sumará en todo lo que pueda e incide en medidas como la importancia de la formación dual, es decir, “jóvenes que terminan su parte teórica en centros académicos formativos y que después no pueden desarrollar las prácticas porque siguen teniendo importantes problemas para que puedan ejecutar sus prácticas en empresas”. “Las empresas también tienen que mirar, valorar y estar a la altura de las circunstancias si queremos alumnos y alumnas formados y cualificados para entrar al mercado laboral”, destaca.

Un debate sin mujeres

La representante de CCOO entiende que esta primera reunión fue una toma de contacto, y ahora se les dirá la fecha al límite para todas las partes trasladar las temáticas que quieren abordar “en la productividad, que tiene millones de ramificaciones, y después consensuar qué temas vamos a tocar, elaborando informes, preparando documentación que nos compartiremos entre todos y todas y, a partir de ahí, en seis meses, pues consensuar las medidas y llegar a acuerdos con acciones concretas para llevarlas a cabo”, resume.

En esta primera reunión asistieron, además del consejero de Economía, Manuel Domínguez; el viceconsejero de Economía e Internacionalización, Gustavo González de Vega; el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega; el presidente de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife), Pedro Alfonso; un representante de ATA, Aday Hernández; la secretaria general de Comisiones Obreras, Vanessa Frahija; el secretario general de UGT Canarias, Manuel Isidro Navarro; el rector de la ULL, Francisco García, y el rector de la ULPGC, Lluís Serra, así como un representante más por cada entidad.

De las quince personas que conformaron la misma, solo hubo dos mujeres: Elena Vela, de la CEOE, y Vanessa Frahija, que señala que habría que preguntar a la patronal sobre esa falta de paridad. “Nosotros desde CCOO cumplimos y además estamos convencidos de que la mujer tiene que seguir manifestando un papel relevante en nuestra sociedad”.

Lidia tiene 53 años y llegó a Euskadi hace 25. Sus primeros años los pasó como interna cuidando a personas mayores de distintos hogares, hasta que fallecían. Sin contrato ni cotización en la seguridad social, en una situación de “total explotación”, como asegura. “El trabajo de interna te afecta mucho psicológicamente. Estás encerrada, prácticamente no tienes tiempo para ti ni para tu ocio. Cuando trabajas con niños eres prácticamente su madre, tú eres quien les lleva a la escuela, quien está con ellos cuando están enfermos, si quieren algo de madrugada te levantas tú a atenderlos... y cuando se trata de personas mayores la situación es peor porque tienes que levantar peso y en los peores casos sufrir agresiones”, lamenta Lidia.

A día de hoy Lidia ha conseguido dejar atrás el trabajo de interna y cuenta con un contrato laboral en una casa en la que cuida a tres niños, pero asegura que su situación tampoco ha mejorado todo lo que debería. “Lo único es que ahora me pagan el salario mínimo interprofesional y cotizo, pero el desgaste físico y psicológico es parecido”, reconoce.

Maritza a sus 65 años y 33 de ellos en Euskadi, aún sigue ejerciendo de interna. Lleva con contrato los últimos cinco años, por lo que no puede acceder a una jubilación pese a que lleva toda la vida trabajando, su edad y a los dolores físicos que sufre tras una vida cuidando de personas mayores. “No me han hecho contrato hasta ahora porque las personas que cuidaba se iban muriendo. Ninguno de ellos ha aguantado vivo más de un año y para eso las familias no te hacen contrato. Para el trabajo que hago necesitas tener fuerza para poder levantarles, lavarles o cambiarles el pañal y en muchas de las casas no tienen grúa, así que tengo que levantar un peso muerto. Me duelen las rodillas y voy al médico y me da un ibuprofeno, no me soluciona nada. Llevo una vida entera cuidando, ¿pero quién me cuida a mí?”, se pregunta.

“Luego está el problema de la vivienda. De internas vivimos ahí y aguantamos muchas situaciones que no deberíamos porque si nos echan nos quedamos en la calle. No tenemos a dónde ir. Se aprovechan de eso y de que no conocemos las instituciones o una organización donde nos puedan orientar”, lamenta Maritza, que reconoce que es difícil saber el número exacto de compañeras del sector, porque la mayoría de ellas trabajan sin contrato.

Llevo una vida entera cuidando, ¿pero quién me cuida a mí?

Maritza — Trabajadora interna

Hasta ahora, que han decidido reunirse y organizarse a través del sindicato LAB para llevar su situación de “explotación laboral” a los tribunales y hacer llegar a las instituciones un 'Decálogo por los derechos de las trabajadoras del hogar'. “Nos concientizamos que la única forma de tener nuestros derechos es organizándonos y eso lo que estamos haciendo. Es la primera vez que un sindicato vasco nos abre las puertas y que nos apoyan. Tenemos que organizarnos, hacer reuniones, aunque es muy difícil conseguir tiempo libre para reunirse en el trabajo de interna, pero estamos organizadas para dejar de ser esclavas y luchar por nuestros derechos”, reconoce Lidia.

En mayo de 2022, el sindicato LAB inició un procedimiento para establecer una mesa de negociación en el sector. “En el caso de las trabajadoras del hogar, los empleadores son particulares, por lo que no existe una patronal formal. Por ello, se invitó a Confebask, la patronal con mayor representación en el País Vasco, a participar en la mesa de negociación. Sin embargo, Confebask rechazó participar en las negociaciones”, han detallado desde el sindicato. “Consideramos que este rechazo supone una violación de derechos y discriminación, ya que deja a un colectivo de trabajadoras sin la posibilidad de acceder a un convenio colectivo”, han destacado. Ante esto, el sindicato recurrió por vía judicial. En la primera sentencia, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco reconoció el derecho del sector a la negociación colectiva, pero, debido a la falta de desarrollo legislativo, no sancionó la actitud de la patronal.

Tras lo ocurrido, el sindicato llevó el caso al Tribunal Supremo, pero este “no abordó el fondo del asunto”, según ha explicado este lunes Ainhize Muniozguren, responsable de la Secretaría Jurídica de LAB. En su resolución, el tribunal se centró en un problema de formalismo: que LAB y otros sindicatos no habían demostrado adecuadamente su legitimidad para solicitar la mesa de negociación. Muniozguren ha aclarado que “no es correcto”: “Hay otros sindicatos, por lo que es suficiente con tener mayoría para iniciar un proceso de negociación. Además, ya estaba demostrado que existía mayoría sindical, y ni la patronal ni las instancias anteriores habían puesto en duda este punto”. Según Muniozguren, el Tribunal Supremo, “ante la complejidad jurídica del asunto, evitó entrar en el fondo del debate”. “LAB no dará por concluido el proceso, y llevaremos el caso al Tribunal Constitucional para garantizar que no se les niegue a las trabajadoras del hogar su derecho a negociar”, ha confirmado.

Durante años las trabajadoras del hogar han sido ignoradas, el sindicalismo no les ha dado un espacio como trabajadoras

Garbiñe Aranburu — Coordinadora general de LAB

Por su parte, Mariana Urcuyo, responsable del Sector de Trabajadoras del Hogar de LAB, ha presentado el 'Decálogo pro los derechos de las trabajadoras del hogar' un documento que será entregado a organismos políticos, sindicatos y movimientos sociales. Además, desde el sindicato informan de que a partir de septiembre, pedirán reuniones con el Gobierno vasco y el Departamento de Trabajo del Gobierno de Navarra para interpelar a la patronal y promover cambios legislativos. El documento incluye una serie de medidas como: exigir el cumplimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva y de todo lo establecido en el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, garantizar el registro obligatorio de la jornada laboral para evitar horas no reconocidas dentro del hogar, la abolición del régimen de internas, el control y reconocimiento de las horas de presencia y pernocta como horas de trabajo efectivo, equiparar la indemnización por finalización de contrato a la del resto de sectores, activar una inspección de trabajo eficaz y sin sesgos, desarrollando herramientas reales para verificar las condiciones laborales en domicilios, aplicar de forma real y fiable la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el reconocimiento de las cotizaciones anteriores a 2022, avanzar hacia un sistema público y comunitario de cuidados y garantizar todos los derechos para las mujeres migradas y racializadas.

Garbiñe Aranburu, coordinadora general de LAB, ha destacado que las trabajadoras del hogar realizan un “trabajo imprescindible” para la supervivencia de las familias: “El sistema necesita este trabajo para sobrevivir, pero el capitalismo patriarcal y colonial no le da el valor que merece”, ha indicado Aranburu, para después denunciar “la grave situación del sector” en la que las trabajadoras viven “explotación laboral, falta de protección legal e institucional y falta de visibilidad”. “Incluso la Inspección de Trabajo no interviene, alegando que es imposible actuar en los hogares privados. La mayoría de las trabajadoras son migrantes y racializadas, y en muchos casos trabajan como empleadas del hogar internas, en condiciones de pseudo-esclavitud, sometidas a violencia y abusos”, ha destacado.

Según Aranburu, no se puede entender la situación del sector sin mencionar la Ley de Extranjería: “Para las mujeres migrantes que llegan al País Vasco, ser trabajadora del hogar se ha convertido en una de las pocas opciones laborales. Se trata de una deuda patriarcal y colonial que afecta a toda la sociedad, incluyendo a los sindicatos. Durante años, las trabajadoras del hogar han sido ignoradas, el sindicalismo no les ha dado un espacio como trabajadoras, y nosotros queremos ser una herramienta para todas las trabajadoras y llevamos tiempo organizando, escuchando y uniendo a las trabajadoras del hogar”, ha concluido.

En las calles que rodean el Parque Bruil, en pleno centro de Zaragoza, la vida transcurre con una inquietud que ha dejado de ser silenciosa. A diario, vecinos como Jesús ven cómo personas sin hogar duermen en bancos, portales o bajo los porches del barrio. “La situación es insostenible. No puedes andar tranquilo, pero tampoco puedes evitar que te dé pena. Nadie merece vivir así”, confiesa mientras señala la entrada del Centro de Historias y añade que “deberían ayudarles”.

A punto de seguir su camino, entre colchones y mantas aparcadas a los laterales de la calle, añade: “¿Cómo se puede ver normal esto? Ningún vecino entiende por qué no se les ayuda o se les da alojamiento”. Su pensamiento no es algo aislado ni extraño, sino una idea que se acrecienta en el barrio. Allí, los temas de conversación principales tienen que ver con el deterioro del entorno, algún suceso de última hora, inseguridad, insalubridad y miedo. Pero también de abandono institucional.

Debido a este sentimiento y agotamiento, decenas de vecinos se van a concentrar este domingo, 1 de junio, frente al Centro de Historias. Lo harán con el objetivo de exigir soluciones urgentes ante lo que consideran una “emergencia social” y una “inacción institucional que dura ya demasiado”.

La convocatoria parte del colectivo vecinal Bruil-Aloy Sala-Tenerías, que lleva años denunciando la situación y que ahora, según el representante de la organización, Luis Bernad, están “al límite”: “Nos gustaría preguntarle a Natalia Chueca cómo es posible que en 2025 haya tantísima gente en la calle y que el Ayuntamiento siga dándoles la espalda”, critica, además de recordar que en junio se llevará a cabo el recuento de personas sin hogar y Cruz Roja ya ha alertado que se prevé el doble del porcentaje que el año pasado.

“En 2024, había 163 y ahora se piensa que habrá 365 personas en la calle durmiendo. ¿Tú te crees?”, lamenta.

“Taza y media” de abandono

Aunque la presencia de personas sin hogar cada vez va en aumento, la situación, según Bernad, preocupa por las condiciones en las que se encuentran las calles y el impacto que esta realidad tiene en la vida de la gente del barrio.

“Ya no porque haya personas en la calle, sino por el estado de insalubridad. Al no tener opción, hacen sus necesidades en la calle a cualquier hora del día. Lo podemos ver en los porches, en el parque, en las aceras de la calle Asalto o en el Centro de Historias. Es un poco crispante para todos los vecinos”, admite.

Desde el colectivo aseguran que llevan tiempo alertando al Ayuntamiento y que, aunque los Servicios Sociales los escuchan, “las cosas de palacio van despacio y hay una extrema lentitud”.

“El Ayuntamiento no está haciendo absolutamente nada. Lo que está haciendo es que venga todavía muchísima más gente. Nos hemos enterado de que van a habilitar una carpa de emergencia social en el Centro de Historias para que toda la gente a la que han echado de la Plaza Roma se venga para aquí. Ya lo que nos faltaba. Si teníamos taza, ahora vamos a tener tazón y medio”, advierte Bernad.

Sin solución habitacional ni rehabilitación

El barrio no solo se moviliza por lo que ocurre en la calle. Muchos edificios de la zona necesitan reformas urgentes, accesos adaptados y mejoras estructurales. Sin embargo, solo un 30% de las viviendas del Grupo Aloy Sala están incluidas en los planes de rehabilitación, dejando fuera al resto.

“En noviembre dijeron que iban a crear una mesa de trabajo para Parque Bruil, pero a nosotros solo se nos ha convocado a una en la que se nos comentó un plan de 50 millones de euros. Pero hoy en día aún no ha levantado ni una piedra. Y esto cada día va a peor”, sostiene.

Por todo ello, desde el colectivo exigen una inmediata actuación para aquellos que están en la calle porque, para él, “es una tristeza inmensa saber que están ahí abandonados”. “No se tendría que dejar a ninguna persona en la calle”, remarca.

Además, apunta a la falta de soluciones reales: “Pueden poner locales de emergencia social, me da igual. Lo que sea. El Albergue está en obras y, aunque dicen que de 100 camas están ocupadas 80, nosotros sabemos que no es así y que está ocupado el 50%”.

“No se puede pedir paciencia a aquellos que sobreviven en la calle cuando están completamente dejados por las instituciones. El barrio lleva más de ocho años aguantando esta situación, que no viene de ahora”, añade.

Ante esta realidad, desde Zaragoza en Común alertan sobre la “grave crisis” de vivienda en Zaragoza y esta falta de recursos habitacionales, que “hace que personas malvivan en condiciones lamentables”. “En los últimos seis años, no se ha construido ni una sola vivienda social y la lista de espera de demandantes en Zaragoza Vivienda es de más de 9.000 personas. Mientras tanto, seguimos con una política de vivienda basada en grandes recalificaciones para lucro de constructoras y grandes empresas”, indican desde la formación.

Por su parte, desde el PSOE, la portavoz municipal Lola Ranera exige a la alcaldesa Natalia Chueca que actúe “de forma urgente” ante la “degradación” del entorno del Parque Bruil. Ranera considera que la situación demuestra el “fracaso de las políticas sociales” del Ayuntamiento y critica que “una ciudad como Zaragoza no puede aceptar tener ciudadanos durmiendo en colchones en las plazas”.

En respuesta a todo ello, y aunque reconoce la situación de “colapso”, la consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, asegura que “el Ayuntamiento está haciendo grandes esfuerzos para atender las consecuencias de las crisis de vivienda y de política migratoria”. “Hay que preguntarse por qué está aumentando el número de personas sin hogar en todo el país. ¿Será porque el Gobierno de España está arrojando a la calle a ciudadanos que vienen con protección internacional? Este ayuntamiento está paliando los estragos de un Gobierno nulo”, destaca Orós.

La otra cara del abandono: los edificios

A su vez, la rehabilitación de las viviendas que afectan a los mayores del barrio es otro de los temas pendientes, ya que, para Bernad, “el 2 de febrero de 2022 a Azcón se le llenó la boca y luego no ha terminado de actuar”.

“Se supone que nos habían aprobado 92 millones de euros para la rehabilitación completa de los CUI de Zaragoza, incluido el de Eloy-Sala. Sin embargo, como hay problemas para colocar ascensores, les ha subido el presupuesto aprobado en 2023 en torno a un 20 o 30% y no quieren seguir adelante”, dice.

Y este retraso, por lo tanto, está teniendo un coste humano evidente: “El problema está acarreando en que todas las personas mayores que viven en el CUI Salas se ven avocadas al fracaso de que o se van a tener que ir con los hijos o a residencias”.

Por eso, “reclamamos una rehabilitación integral que garantice accesibilidad universal, condiciones dignas de habitabilidad y un entorno urbano seguro y saludable”.

Más inseguridad, menos respuesta

Además de las condiciones de las calles y los edificios, los vecinos denuncian un aumento de la inseguridad. “En lo que vamos de semana, a tres señoras mayores dos jóvenes okupas de pisos de alrededor les han robado bolsos, llaves, pulseras, cadenas de oro…”, relata Bernad. 

Y puntualiza: “La delincuencia no viene de la gente que está viviendo en la calle, sino de la gente que está viviendo de okupa o de ‘inquiokupas’ en los pisos de Eloy Salas”. “Pero la base del problema no está aquí tampoco, sino en la falta de actuación de las instituciones, que no ayudan ni solventan los problemas más que evidentes”, afirma.

Los vecinos, mientras tanto, volverán a salir a la calle este domingo. Porque, como subrayan, lo que está en juego es la dignidad de quienes duermen a la intemperie y de quienes, desde sus casas, observan cómo el barrio que habitan se convierte en algo que nunca imaginaron.

El número de personas que no pueden acceder a una alternativa habitacional digna crece cada año. Según datos de octubre de 2024, en Aragón hay algo más de 1.000 personas sin hogar, un 14% más que en 2023. Sin embargo, no todas las personas que no pueden acceder a una vivienda acaban en la calle, muchos buscan recursos que, en ocasiones, están fuera de la legalidad. Es el caso de las 59 personas que vivían en el albergue ilegal de Plaza Roma, desalojado este lunes en Zaragoza: pagaban entre 150 y 200 euros mensuales por dormir en un edificio que no cumplía con las condiciones básicas de salubridad. 

A las afueras del hostal ilegal de Parque Roma, un grupo de senegaleses aún tienen desplegados todos sus enseres, protegidos por los porches del recinto. Uno de los afectados, que rehúsa dar su nombre, crítica la situación en la que se han visto envueltos de la noche a la mañana. Pensaban que el inmueble estaba en regla y alguno de ellos acababa de pagar al dueño del local.

“El propietario no nos avisó. Es un estafador, un sinvergüenza. ¿Sabes cuánto ha cobrado a la gente? Y todos somos trabajadores, algunos nos levantamos a las tres de la mañana para trabajar”, lamenta. En su caso, pagaba 200 euros al mes por una cama y poco más. “Yo pago a la Seguridad Social. ¿Por qué nos dejan de la noche a la mañana en la calle? ¿No nos pueden dar unos días para salir?”, lamenta también. 

Al desalojo de este hostal ilegal el lunes se sumó el martes otro caso, esta vez en el barrio de San José. El Ayuntamiento de Zaragoza, en coordinación con la Delegación de Gobierno, emprendió una operación para el cierre y precintado de dos locales en avenida de San José 179-183 que habían albergado infravivienda. Se trata de dos locales que se habían unido de manera ilegal con una capacidad para unas 15 personas. Tenían los servicios básicos de agua y electricidad pinchados a los sistemas generales de la comunidad de propietarios. Además, no se cumplía con las condiciones mínimas de salubridad y seguridad, ni había medios de protección y extinción de incendios, de la misma manera que se tenían cocinas sin las pertinentes salidas de humos e instalaciones en correctas condiciones.

La alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, ha cargado contra el Gobierno de España, al que culpa de que se den este tipo de situaciones precarias debido a la “pésima ley de vivienda, esa ley que da más privilegios a los okupas que a los propietarios”. Ha achacado el aumento de personas vulnerables a la “política de inmigración descontrolada y sin coordonacion con las ciudades ni con las comunidades”. Ha dicho que los responsables son el Gobierno de España y el delegado del gobierno, “que es complice y responsable”, y que son ellos los que tienen que “resolver” la situación y “no acusar a otra institución que es la que está poniendo todos los medios a disposición de estas personas que han sido estafadas por culpa de la ley de ocupación de Pedro Sánchez y su gobierno”.

En este caso, el local estaba deshabitado, aunque hasta hace pocos días sí que había personas residiendo. Los servicios sociales municipales han contactado con varias personas que habían vivido allí, por si requerían algún tipo de atención social. Todas habían abandonado el local en los últimos días y, en principio, cuentan ya con alternativas habitacionales.

“Zaragoza no va a ser una ciudad amable con las edificaciones ilegales ni con la ocupación ilegal, y no queremos esta situación en nuestros barrios, por lo que lucharemos con los medios que tenemos a nuestra disposición para evitar estas situaciones, dado que perjudican a nuestros vecinos, degradan la convivencia vecinal y tienen a personas viviendo en condiciones que no son aceptables”, ha resumido el consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano.

“Sin alternativa habitacional”

A las personas desalojadas del hostal ilegal de Plaza Roma, que constaba de 38 habitaciones y 109 camas, se les ofreció dormir las noches del lunes y el martes en una residencia que puso el Arzobispado a disposición del Ayuntamiento en el barrio de La Paz. Se ofertó esta opción a las 50 personas que permanecían sin alternativa habitacional, aunque según informó el Consistorio el martes, solo 22 lo utilizaron. 27 personas han dormido estas dos noches en el Albergue Municipal, donde podrán pernoctar alguna jornada más. Continúa en el módulo familiar del Albergue la familia de dos adultos y dos menores (los únicos menores afectados) que se quedó en la calle por el desalojo del hostal ilegal.

Este miércoles, las personas que han dormido en la residencia del Arzobispado se han trasladado al Albergue Municipal y una residencia de la Fundación Federico Ozanam en el barrio rural de Movera. La consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, ha mostrado su agradecimiento a esta entidad social por su implicación, así como al Arzobispado de Zaragoza y a todo el equipo de los servicios sociales municipales: “Esperamos que caiga todo el peso de la ley sobre el responsable de este infame hostal ilegal, que se ha lucrado económicamente estafando a estas personas en unas condiciones inhumanas”, ha añadido Orós.

En la residencia de Movera se va a alojar un grupo pequeño de personas que actualmente no tienen trabajo. Quienes sí tienen empleo, que son la mayoría, están siendo realojados en el Albergue Municipal, que por su ubicación cuenta con mayor facilidad para la movilidad a sus puestos de trabajo.

Zaragoza en Común ha instado al gobierno de Natalia Chueca a actuar ante la grave crisis de vivienda que existe en la ciudad. “Conseguir hoy en día una vivienda de alquiler es un objetivo inalcanzable para multitud de personas y familias, muchas de ellas jóvenes, con sueldos precarios, que no pueden afrontar los altos precios”, ha señalado el concejal Suso Domínguez. Para el edil, esta situación coincide con la percepción general de que se está produciendo un incremento de personas durmiendo en la calle o en infraviviendas.

La noticia del lunes de un albergue ilegal de Parque Roma señala que “entre tanta flor y tanta alharaca”, Zaragoza pasa por una grave crisis de vivienda que “hace que personas malvivan en condiciones lamentables pagando 200 euros por dormir hacinados”.  Esta situación se agrava con “la falta de políticas sociales y de vivienda que den respuesta a esta situación por parte del Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza”, consideran desde ZeC. 

En este sentido, la formación ha señalado esa falta de respuesta ante los recientes desalojos de la calle Armas, calle Mayor y el Coso o la calle Córdoba, en la que las familias únicamente han contado, en el mejor de los casos, con unos días de hospedaje en una pensión o en el albergue municipal, como señalan los propios profesionales de los servicios sociales, que reconocen carecer de respuesta suficiente ante estas situaciones. “Que en esta situación haya sido el Arzobispado de Zaragoza el que haya tenido que dar respuesta, poniendo a disposición una residencia de su propiedad, no deja de ser significativo”, ha señalado Domínguez. 

Colas en el albergue municipal y “emergencia social” en Parque Bruil 

Zaragoza en Común expone que esta situación también se observa “en el propio albergue municipal, donde en los últimos meses se pueden ver colas de entre 15 y 20 personas que esperan a su entrada para conseguir plaza y pernoctar, y que no lo consiguen por falta de plazas en el mismo”. 

Esta situación de “colapso” la ha reconocido la Consejera Marian Orós, en la pasada comisión de Políticas Sociales, ante una interpelación presentada por Zaragoza en Común, y que confirman colectivos sociales, como los de Parque Bruil, que señalan como cada vez hay más personas sin hogar “desatendidas y sus buenas palabras se han quedado en agua de borrajas”. 

Este mismo domingo, los vecinos de Parque Bruil se concentran frente al Centro de Historias de Zaragoza para exigir soluciones ante “la situación de las personas sin hogar y la falta de una rehabilitación integral y justa de nuestras viviendas”. Exponen que la “emergencia social en nuestras calles es insostenible. Cada noche, decenas de personas sin techo duermen en portales, bancos y espacios públicos del barrio. Esta realidad, que vulnera los derechos humanos más básicos, requiere una respuesta inmediata, coordinada y con recursos suficientes por parte del Ayuntamiento”. 

La portavoz socialista, Lola Ranera, ha exigido a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que tome medidas, de forma urgente, ante la “degradación” del entorno del Parque Bruil, una situación que se alarga ya demasiado y que, sin embargo, “el Ayuntamiento no está solucionando”. Asimismo, ha denunciado el “fracaso” de las políticas sociales en esta ciudad, “cuando hay ciudadanos viviendo en colchones, algo indignante”. La portavoz socialista ha lamentado la situación de aquellos ciudadanos que duermen en colchones en la propia Plaza San Agustín: “Está más que demostrando el fracaso del Ayuntamiento en Políticas Sociales, la incapacidad de Natalia Chueca y de su consejera Marian Orós a la hora de gestionarlas, porque una ciudad como Zaragoza no puede aceptar tener a ciudadanos con colchones en las plazas. Es indigno que estén en esas condiciones y debe resolverlo cuanto antes este Ayuntamiento. No se trata solo de solucionar lo que pasa dentro de los equipamientos, sino también lo que pasa en sus calles. Es indigno que algunos ciudadanos estén en esas condiciones”, ha subrayado.

Los datos de Cruz Roja confirman este incremento, con 363 personas durmiendo a diario en las calles de Zaragoza frente a las 160 que contabilizaban el año pasado. Según confirmó la entidad en una entrevista en Cadena Ser, la cifra supera ampliamente la de años anteriores. Concuerda con los datos de Bokatas, asociación que acompaña y reparte alimentos entre las personas sin hogar, que confirmaba a este diario que ven cada noche que salen a 170 personas y “solo cubrimos la mitad de la ciudad”. En este momento, preocupan zonas como la desembocadura del rio Huerva, la parte trasera de la Academia General Militar, el entorno del Centro de Historias y varios puntos del barrio de La Almozara.

Hace un año, un grupo de personas sin hogar de Zaragoza empezó a pasar la noche en la sala de urgencias del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Este espacio está abierto a todo el mundo y, por lo tanto, las personas que carecen de un recurso habitacional podían pasar allí la noche. 

La Asociación Bokatas se encarga de acompañar y de repartir alimentos y bebidas a las personas sin hogar que pernoctan en las calles de varias ciudades españolas, entre ellas Zaragoza. Los voluntarios de esta asociación explican que, cuando conocieron que había un grupo de “entre diez y veinte personas” durmiendo allí, lo incluyeron en una de sus rutas de reparto, la que se hace en bicicleta: “No entrábamos en urgencias para no molestar a los pacientes que estaban esperando, nos reuníamos con las personas sin hogar en frente del hospital y allí les dábamos el bocadillo y el caldo que repartimos los martes y jueves”, explica Jesús, uno de los voluntarios de esta ruta. 

Sin embargo, el pasado 20 de febrero el hospital impidió la entrada de estas personas, al considerar que no era el lugar donde tenían que pasar la noche, según adelantó El Periódico de Aragón. Jesús explica que, cuando llegaron el día que no les dejaban entrar las personas sin hogar “estaban en shock porque no les habían avisado antes”. Javier, coordinador de Bokatas en Zaragoza, añade que muchos de ellos pasaron esa noche “en la puerta o los alrededores”. Juan también forma parte de esta ruta, la cuatro, y explica que tenían “que dormir vestidos y calzados, todo el día con los zapatos, lo que les provocaba dolencias en las plantas de los pies e incluso cardenales de dormir en una silla de plástico”. 

Falta de recursos

Esta ONG no recorre toda la ciudad, según explican, abarcan más o menos la mitad del territorio urbano. En este espacio, ven cada noche que salen unas 170 personas. Los recursos habitacionales que hay disponibles en Zaragoza no alcanzan ese número y ya están ocupados en muchas ocasiones. El albergue municipal de Zaragoza tiene 60 habitaciones para hombres y 12 para mujeres, y la estancia ordinaria es de seis días cada tres meses. Está destinado a personas sin hogar que llevan viviendo largo tiempo en la calle y que sufren un grave proceso de deterioro físico y de otro tipo, que hacen inviable un proceso de inserción. En El Refugio, son 56 las plazas para hombres y seis las de mujeres.

Este es, según los miembros de Bokatas, uno de los problemas que hay en la ciudad, ya que consideran que hay pocos recursos habitacionales para las personas sin hogar. “No podemos generalizar respecto a los motivos, estamos viendo a más de 170 personas, hay gente que quiere entrar en el albergue y no puede por falta de plazas, pero cada uno tiene sus preferencias, a lo mejor por seguridad estar dentro del hospital que saben que ahí no les va a pasar nada”. Añade Javier que “no hay sitios”: “Está el albergue y el refugio, donde hacen lo que pueden, pero no encuentran opciones, muchos de ellos dicen que las soluciones que encuentran son para sobrevivir pero no para vivir. Con el Ingreso Mínimo Vital les da para comer o para dormir, las dos cosas no”.

En la misma línea apunta Jesús, que asegura que “no hay tantos sitios, los albergues están llenos de gente, urgencias les daba la flexibilidad de entrar, pero no es un sitio cómodo”. Explica que, tras ser expulsados del hospital, el grupo “se ha dispersado bastante, están en la estación, en cajeros, hay gente que puede haberse ido a otras dependencias hospitalarias…”. En cuanto a las ventajas que podían encontrar estas personas en Urgencias, destaca que es un sitio “con baño donde estaban con un grupo de gente que conocían y se sentían arropados. La solución estaría en que hubiese más sitios habilitados para dormir con cierta comodidad”. 

Expone que, según su punto de vista, la mejor solución serían las “soluciones habitacionales como pisos compartidos, pero hay muy pocos, los trabajadores sociales hacen lo que pueden, son personas con las que no siempre es fácil la convivencia”. Juan también refuta esta idea, asegura que las personas sin hogar veían Urgencias “como un entorno seguro, hay cámaras. Estas personas sufren violencia y robos cuando están en la calle, no hay una semana en la que no nos diga alguno que les han robado o quitado cosas. Además, hemos tenido un invierno muy lluvioso, lo que les ha obligado a buscar cobijo. Nos preguntamos cómo duermen sentados, pero están protegidos de la intemperie y de la violencia”. 

También considera que hay pocos recursos habitacionales: “Lo ideal sería que todo el mundo tuviera un sitio donde dormir todas las noches, pero lo vemos bastante lejano”. Asegura también que ahora, de cara al buen tiempo, no habrá tanta demanda de sitios cerrados para dormir, “pero cuando vuelva el mal tiempo estas personas tienen la necesidad de dormir bajo techo y muchos de ellos piden sacos porque pasan frío. Cuando vuelva el invierno volverán a buscar sitios”. 

Desde el Departamento de Sanidad explican que, ante la situación que se estaba viviendo en el hospital, se informó a las personas sin hogar que estaban pernoctando allí que “esas instalaciones no están destinadas a ese uso y no debían acudir allí a pasar la noche. Se les dieron a conocer otros recursos a los que podían ayudar a paliar su situación. Además, se colocó cartelería en las zonas afectadas para dar a conocer esta misma información”. Explican también que se destinó a una persona de seguridad al entorno de urgencias en horario nocturno para evitar que durmiesen allí. 

Lucha contra los estereotipos

Javi asegura que su labor como voluntarios va más allá de dar un bocadillo: “La labor de Bokatas es el acompañamiento, lo que más sufren es la invisibilidad ante la sociedad, el que la sociedad no los trate o no los haga sentir como personas. El problema es físico, el hambre, el calor, el frío y lo que más se agrava es la salud mental”.

Respecto a los estereotipos que hay sobre estas personas, exponen que “hasta hace unos años tenían una vida normal y por circunstancias han acabado en la calle. Vemos a licenciados, no es solo gente que el sistema les ha expulsado, es gente que en un momento determinado la vida te lleva, por otro lado, es algo que a todos nos puede llegar a pasar”. 

Juan también explica que hay perfiles muy diversos en las personas a las que visitan cada martes y jueves: “La gente ve una persona con algún tipo de adicción y generaliza, pero un dato que damos es que hay un número muy alto de adicciones que son consecuencia en vez de causa, que no se han quedado en la calle por la adicción, sino que una vez en la calle han caído en la adicción. Estamos viendo un montón de personas y cada una es distinta”.

Este viernes, coincidiendo con la celebración del día de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso entregará la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo a los cuerpos de seguridad y emergencia que participaron en el dispositivo desplegado el pasado mes de octubre en Valencia por la DANA. Entre los homenajeados con la máxima condecoración existente a nivel autonómico se encuentran al menos una decena de grupos profesionales y voluntarios que intervinieron en los trabajos de búsqueda y limpieza durante las inundaciones como el 112, los Bomberos o el Cuerpo de Agentes Forestales. 

Ante la catástrofe, todos se volcaron en ayudar. Había una prioridad y era agilizar las labores de rastreo para encontrar a todos los desaparecidos. Cualquier apoyo era necesario. Sin embargo, cuando el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid ofreció su ayuda, fue denegada por Carlos Novillo, Consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. “El director general de emergencias nos dijo que no estaba prevista nuestra movilización y que pensáramos en qué podríamos aportar, como si no supiera para qué servimos en una emergencia”, cuenta a este periódico uno de los miembros del cuerpo. 

Hicieron falta tres semanas de insistencia y presiones a través de redes sociales para que se les tuviera en cuenta. A pesar de contar con medios materiales y físicos suficientes para aportar en las labores de recuperación tras el desastre, la Comunidad de Madrid no consideró que fueran necesarios hasta que la polémica se hizo pública. “Teníamos todoterrenos, cables para remolcar los coches que estaban atascados en el barro, cosas muy básicas. Además, estamos en forma, podíamos ir a limpiar o ayudar físicamente en cualquier tarea”, señala uno de los agentes forestales implicados. 

Algunos decidieron ir por su cuenta con coches y herramientas propias en sus días libres, hasta que, finalmente, consiguieron que contaran con ellos y pudieron desplegar cinco contingentes en la zona afectada, donde llevaron a cabo labores de limpieza y búsqueda con el apoyo de las unidades caninas. Incluso, después de terminar las largas jornadas de trabajo, se acercaban a las casas para limpiar lodo: “Lo hicimos por vocación, a riesgo propio, pero sentimos que era nuestra obligación”. Durante su estancia en la Comunidad Valenciana fueron de ayuda para muchas personas, una contribución que -consideran- podría haber sido mucho mayor si la presidenta autonómica les hubiera enviado antes. 

Más de medio año después reciben esta condecoración con halago, pero no les resulta suficiente. Lo que ocurrió durante la gestión de la dana solo fue la punta del iceberg del maltrato institucional que sienten desde hace años los agentes forestales de la región. “Nos halaga la medalla, claro. Pero lo que de verdad necesitamos es algo mucho más importante: que se reconozca nuestra labor y se dignifiquen nuestras condiciones”, explican desde el cuerpo. 

Una mezcla de falta de personal, precariedad en cuanto a medios, problemas estructurales y una profunda desmotivación lleva creciendo en el seno del cuerpo desde hace varios años. La entrega de la medalla ha sido el detonante para verbalizar lo que consideran “una situación insostenible”. 

Desde el cuerpo explican que la precarización de su sector no es algo nuevo. En tiempos de Esperanza Aguirre tuvieron que luchar contra las decisiones institucionales que ponían en peligro el desempeño de su labor. En aquel momento, el Gobierno de la Comunidad trató de impedir el acceso de los agentes a fincas privadas, un intento que desató movilizaciones, encierros y manifestaciones. “Fue el Tribunal Constitucional el que nos dio la razón, reconociendo nuestras competencias policiales. Eso supuso un salto enorme en uniformidad, medios y condiciones laborales”, indica uno de los miembros del cuerpo. Los agentes forestales cuentan con una gran lucha a sus espaldas por recibir el reconocimiento que merecen. Sin embargo, durante la última década, todos estos avances se han detenido en el tiempo. “Parece que nos quieren dejar morir”, aseguran. 

Los ejemplos del abandono que sufren son infinitos, desde la creciente burocracia para solicitar cualquier herramienta necesaria hasta la falta de medios materiales básicos. “Nos han prohibido utilizar hachas para marcar árboles, siendo una herramienta histórica del forestal -¡Está hasta en nuestro escudo!-. Y ya ni hablar de motosierras: compañeros han tenido que cortar árboles caídos con serruchos tras inundaciones o durante la nevada de Filomena”, relata un agente. Los recortes van en aumento en cuestiones tan básicas como estas y lo único que reciben por parte de la administración son excusas. “Solo queremos que nos dejen trabajar”, aclara.

Un cuerpo con funciones clave y sin recursos

El Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid depende directamente del Gobierno autonómico. En la actualidad está compuesto por unos 281 efectivos, aunque según el último acuerdo firmado en 2021, deberían ser 453. Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior indican a Somos Madrid que “se ha producido un incremento con respecto al inicio del período del acuerdo del 27,57%”. Además, aseguran que “una vez se completen los procesos selectivos en marcha y los que se convoquen a estos efectos, el número de efectivos será de 453 agentes forestales”, tal y como estipula el convenio vigente, lo que supondría un incremento del 70% en los efectivos del cuerpo.

Sin embargo, esta ampliación de la plantilla llegará fuera del plazo acordado. Según aseveran desde la Consejería, antes de que termine 2025 se incorporarán 91 nuevos agentes, alcanzando los 372 efectivos, una cifra muy inferior a la que el acuerdo estipula. “El acuerdo caduca este año. Apenas se ha empezado a ejecutar. Hay un proceso selectivo abierto para 90 plazas, pero no creemos que se finalice en 2025. Y aun así, seguiríamos por debajo del objetivo”, señalan desde el cuerpo. 

La falta de personal no es el único aspecto que preocupa a los agentes. Su labor se divide en tres grandes bloques: funciones policiales, tareas técnicas y actuación en emergencias, especialmente incendios forestales. Muy pronto comenzará la campaña de verano, en la que los agentes cumplen con dos tareas clave, la extinción, junto a los bomberos, y la investigación. Esta última es esencial para conocer las circunstancias en las que se produce el fuego. En Madrid, prácticamente el 100% de los fuegos forestales son investigados por los agentes forestales. Sin embargo, este año, por primera vez, no contarán con Brigadas de Investigación. 

También actúan en otras emergencias, como inundaciones o, por poner un ejemplo mucho más cercano en el tiempo, en situaciones como el apagón que tuvo lugar este lunes. Se activó el nivel 3 de emergencia, pero solo se les movilizó dentro de sus comarcas. “A algunos compañeros les ordenaron llevar gasolina para generadores en residencias de ancianos, pero la mayoría tuvo que quedarse esperando en la oficina. Estuvimos infrautilizados”, desvela un miembro del cuerpo. 

La falta de interés por parte de las instituciones también se refleja en la escasez de medios. Una de las grandes denuncias del cuerpo es la precariedad de sus infraestructuras. Muchas oficinas comarcales están en edificios antiguos cedidos por los ayuntamientos de los municipios y no cuentan con las condiciones básicas. Algunas no tienen ni agua potable o presentan riesgo de derrumbe. “Estamos en casas de pueblo de más de un siglo de antigüedad, con humedades y sin espacio. No parecen oficinas”, denuncian. 

Debido a las pequeñas dimensiones de las “oficinas”, hay compañeros que tienen que hacer la guardia desde casa porque no caben dos personas, ya que algunas tienen solo una cama. Esta situación ralentiza la gestión de cualquier emergencia: “Si vives a media hora, el operativo se retrasa. No tiene sentido. Y además no se cobran dietas porque no estás físicamente en el puesto de trabajo”. De hecho, la normativa obliga a trabajar en pareja por seguridad, pero la falta de personal y el estado de las oficinas lo impide.

La Comunidad de Madrid se comprometió en el acuerdo vigente a redactar un Plan de mejora de Oficinas Comarcales, pero nunca se llegó a poner en marcha. Tampoco se ha actualizado la estructura jerárquica del cuerpo, donde se superponen mandos técnicos y operativos sin una delimitación clara de funciones.

Lo mismo ocurre con la profesionalización y especialización del cuerpo. Actualmente, los agentes pueden estar destinados a comarcas o a unidades especializadas. Sin embargo, la única unidad especializada real que existe es la Brigada de Investigación de Incendios. Hay dos brigadas, Este y Oeste. En la Este no hay ninguna persona asignada, y en la Oeste solo hay dos personas que, además, están cerca de la edad de jubilación.

También hay otros grupos como el de trabajos en altura o la unidad canina, pero no están reglamentados oficialmente. Son iniciativas que han surgido por el voluntarismo de los compañeros. Por ejemplo, quienes se encargan de los perros no reciben ningún plus, solo les pagan el pienso, pero no tienen ni vehículos adaptados para transportar animales. “No hay una estructura profesional ni los recursos adecuados. Por eso, reclamamos una mayor profesionalización”, destacan. 

Los forestales también reprochan el cierre de los espacios de interlocución. “Antes existían mesas técnicas para decidir sobre materiales o mejoras. Ahora nos llegan cosas inútiles, decididas desde un despacho”. Quizás el ejemplo más evidente de ello es lo que les tocó vivir por unas simples cremas solares. Los 281 agentes forestales de la Comunidad de Madrid tuvieron que desplazarse hasta Tres Cantos para recoger una crema solar, un repelente de mosquitos y unas mascarillas, que además, estaban caducadas, invirtiendo horas de su jornada laboral y litros de combustible innecesariamente. La situación se ha repetido en varias ocasiones. 

“Estamos recorriendo cientos de kilómetros para firmar que hemos recibido un bote de crema. Es absurdo”, critican. Además, han pedido en numerosas ocasiones un cambio en la marca de la protección solar porque “contenía sustancias perjudiciales para la salud” y no ha sido hasta este año que el área de logística de Jefatura ha decidido proporcionarles una mejor. 

La deriva de una plantilla bajo mínimos

Acceder al cuerpo no es fácil. Las oposiciones se alargan durante años y las dificultades para acceder están provocando que mucha gente con vocación se marche a otras comunidades. A esto se suma otro factor: una plantilla envejecida. La media de edad ronda los 50 años, y con la jubilación anticipada a los 60 ya aprobada a nivel estatal -aunque sin aplicación aún en Madrid-, se prevé una ola de bajas en pocos años. “Este verano iremos a la campaña de incendios con la mitad de los efectivos que deberíamos”, señalan. 

Esta situación ya ha sido denunciada por los sindicatos, en concreto por CSIF, que es actualmente el grupo sindical mayoritario en el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad. Desde CSIF exigen un nuevo acuerdo para estos funcionarios, así como la incorporación urgente de los efectivos prometidos para 2025. Desde la Consejería indican que “se están formando grupos de trabajo a través de la jefatura del Cuerpo para ir avanzando en el nuevo marco junto a las organizaciones sindicales” y, además, “ya están en marcha las bases para las próximas convocatorias de empleo público”.

Los agentes consideran que, de efectuarse, el aumento de la plantilla llega tarde. La falta de efectivos ha supuesto que en la campaña Infoma 2024 fuera habitual llevar a cabo guardias de 24 horas en solitario, así como tener comarcas enteras descubiertas, miles de hectáreas de montes y espacios naturales protegidos sin agentes de guardia ni de investigación de las causas que provocan los incendios. 

El día que se produjo el gran incendio forestal de Loeches había una única agente de servicio, sola y de guardia de 24 horas

Según explican desde CSIF, “el día que se produjo el gran incendio forestal de Loeches había una única agente de servicio, sola y de guardia de 24 horas”. La forestal se encuentra en la Comarca 7-Este que está compuesta por 23 términos municipales y 108.097 hectáreas. “En la situación actual, resulta muy complicada e incluso peligrosa, tanto física como jurídicamente, la intervención de los agentes forestales en la extinción e investigación de incendios”, apuntan desde el sindicato. 

En este contexto, el próximo viernes la presidenta de la Comunidad hará entrega al cuerpo de la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo. La condecoración llega en un momento de abandono operativo y desmantelamiento. Los agentes forestales reciben el gesto con respeto, pero piden ser escuchados: “Preferiríamos tener un compañero de patrulla, una Comarca Forestal cubierta, una oficina adecuada y decente, una gestión eficaz, antes que todas las medallas del mundo”. 

George Monbiot, escritor, columnista del diario The Guardian y veterano activista medioambiental, acaba de publicar en España su último libro, La doctrina invisible (Capitán Swing), un ensayo sobre el origen intelectual del neoliberalismo, su conexión en las últimas décadas con la desigualdad, las trabas a la lucha contra el cambio climático y la democracia, y las posibles alternativas.

Hablamos justo cuando se cumplen 50 años de la elección como líder del Partido Conservador de Margaret Thatcher, que solía repetir “no hay alternativa” (TINA, por las siglas en inglés de “there is no alternative”). Monbiot cree que sí aunque no sea el sistema comunista soviético o su evolución china. Las recetas más concretas que ofrece con su coautor, el cineasta Peter Hutchinson, pasan no sólo por defender la regulación y subir los impuestos a los súperricos, sino por fortalecer el control de la financiación de los partidos políticos y aumentar la participación de los ciudadanos a través de asambleas y presupuestos participativos, como los que impulsaron alcaldesas como Manuela Carmena en Madrid y Ada Colau en Barcelona. Esta es nuestra conversación, editada por extensión y claridad.

¿Cuál es el principal malentendido sobre el neoliberalismo?

Mucha gente no está segura de qué es exactamente. Muchos usan el término con frecuencia para referirse a “capitalista”, por ejemplo. El neoliberalismo es una herramienta del capitalismo y se utiliza para avanzar en la guerra contra la democracia: nos dice que la relación clave entre los seres humanos es la competencia, y nuestras características definitorias son el egoísmo y la codicia. Sugiere que deberíamos ser tan egoístas y codiciosos como podamos, porque de esa manera generaremos riqueza que fluirá desde los ricos y luego elevará a los pobres.

En realidad, sabemos que el egoísmo y la avaricia no son nuestros valores principales. No son nuestras principales características. La gran mayoría de las personas tiene valores mucho más fuertes de empatía, altruismo, comunidad, familia, pertenencia, bondad, aunque todos también tengamos un poco de egoísmo y codicia. Al uno por ciento de personas que son sobre todo egoístas y codiciosas las llamamos psicópatas. Pero lo que el neoliberalismo nos dice es que todos somos psicópatas, construye una filosofía en torno a la psicopatía y celebra la idea de tratar a otras personas como meras mercancías, instrumentos que podemos utilizar.

El neoliberalismo nos dice que la relación clave entre los seres humanos es la competencia, y nuestras características definitorias son el egoísmo y la codicia... En realidad, sabemos que no son nuestros valores principales.

Pero, ¿hay diferencias? Ese puede ser el caso de los ejemplos más extremos en Estados Unidos, pero ¿es igual que en Reino Unido, el centro y el este de Europa, o China, que está desarrollando su propia versión?

Aunque el neoliberalismo fue desarrollado por economistas austriacos, despegó sobre todo en el mundo anglosajón, originalmente en Estados Unidos y luego en el Reino Unido, Canadá y Australia, y estos son los lugares donde ha llegado más lejos y ha adoptado las formas más extremas.

Pero, por supuesto, hay muchas otras naciones donde ha sido impuesto por el mundo anglosajón. El ejemplo clásico es Chile en 1973, donde en un golpe respaldado por la CIA, Augusto Pinochet derrocó a Salvador Allende e impuso una agenda neoliberal extrema con la aprobación de Estados Unidos y aplicada por economistas chilenos que se habían formado en la Universidad de Chicago, entonces uno de los principales bastiones del neoliberalismo.

Es posible que haya un ejemplo de Estado neoliberal pleno anterior a eso, el de Suharto en Indonesia y el programa económico que introdujo, que también fue supervisado por Estados Unidos y otras naciones poderosas.

Pero el neoliberalismo se ha filtrado en el tejido de todos los países del planeta en una medida u otra, se ha convertido en una filosofía política casi hegemónica, a pesar de que cuando se propuso por primera vez fue vista como una ideología escandalosa que no debería permitirse cerca de una nación o su política. Pero algunas de las personas más ricas del mundo invirtieron enormes cantidades de dinero en la creación de organizaciones neoliberales y la promoción de esta filosofía.

Pero en las últimas décadas ha bajado la pobreza extrema, ha mejorado la salud global e incluso la calidad del aire, entre otras medidas. ¿Cómo se explica que haya pasado esto si tenemos este sistema?

La gran mayoría de los indicadores medioambientales van en la dirección equivocada. Hay historias de éxito aisladas, algunos problemas en algunos lugares donde las cosas han mejorado. Pero, en general, nos enfrentamos a una catástrofe ambiental, y eso se ha visto muy acelerado por el neoliberalismo, porque lo que nos dice es que debería haber la menor regulación posible, la menor cantidad de impuestos posible, nos dice que deberíamos deshacernos de los sindicatos y, en la práctica, de la política para permitir que el dinero “hable”.

Hemos visto cierto progreso social en todo el mundo, y no es sorprendente porque durante este período hemos movilizado una enorme cantidad de riqueza natural y la hemos convertido en dinero. Enormes extensiones de tierra, sus ecosistemas y su vida silvestre han sido absorbidas por el sistema capitalista y convertidas en dinero.

Pero no es algo que podamos seguir haciendo. No es una estrategia sostenible para combatir la pobreza, y ya hemos visto que nos estamos quedando sin camino.

Hemos visto cierto progreso social en todo el mundo, y no es sorprendente porque durante este período hemos movilizado una enorme cantidad de riqueza natural y la hemos convertido en dinero... Pero no es una estrategia sostenible para combatir la pobreza.

Hay una batalla para tratar de derribar las regulaciones que protegen a los pobres, que protegen nuestra calidad del aire y nuestros ríos y todo lo demás. Y vemos un caso extremo de esto en Elon Musk, el hombre más rico del mundo y que libra una guerra contra las regulaciones en Estados Unidos.

Pero en el Reino Unido, Keir Starmer usa una retórica similar sobre cómo va a derribar regulaciones y burocracia cuando está hablando de las protecciones que nos defienden de la depredación del capitalismo. La desregulación es una guerra de clases: es lo que hacen las empresas, los oligarcas y sus representantes en la política, para expandir su riqueza a nuestra costa.

La campaña a favor del Brexit utilizó el mensaje de acabar con la burocracia…

Desde luego, la idea de que íbamos a escapar de las regulaciones de la Unión Europea: vamos a escapar para que no nos digan qué hacer. Pero, en realidad, quienes escaparon de esto fueron personas y empresas muy ricas, que ahora son más libres para dañar nuestras vidas que antes de que abandonáramos la Unión Europea.

¿Había un cambio de tendencia antes de la victoria de Trump? Biden hizo más que Obama y presidentes de décadas anteriores en términos de expansión del Estado y ayudas públicas.

Biden intentó mejorar la vida de los estadounidenses, no hay duda. Y sí introdujo algunas medidas bastante buenas para hacerlo en un ámbito limitado. Si hubiera mantenido los cheques de ayudas de la pandemia podría haber ganado las elecciones. La gente se acostumbró a un mayor nivel de bienestar en Estados Unidos, un nivel de bienestar más europeo... Si hubiera sido más audaz, tal vez Trump no habría ganado, y tal vez ahora no estaríamos viendo una expresión extrema de neoliberalismo mezclado con algo que se parece mucho al fascismo.

Trump utilizó en su retórica la defensa de la clase trabajadora y algunas medidas, como la imposición de aranceles, van contra el libre mercado, uno de los pilares del neoliberalismo. ¿Está liderando mejor la extrema derecha la reacción contra las ideas neoliberales?

Trump es un oportunista. A él no le importa de dónde saca sus ideas. Simplemente hará lo que considere útil. Y por eso recurrirá a algunas ideas muy neoliberales: vamos a desregular todo; vamos a reducir los impuestos para los ricos; vamos a destruir la Administración; vamos a recortar los servicios públicos; vamos a eliminar las protecciones económicas para las personas. Todas estas cosas son muy neoliberales. Pero al mismo tiempo también utilizará algunas herramientas muy populistas, como los aranceles. A él no le importa. Esto sucede a menudo con la extrema derecha: no tiene una ideología consistente, simplemente elige lo que funciona. Pero Trump es producto del neoliberalismo. 

Muchos de los líderes de extrema derecha que han llegado al poder en países de todo el mundo lo han conseguido por lo que hace el neoliberalismo, que es cerrar las opciones, decir que la política no está ahí para resolver tus problemas, que el Gobierno debería hacerse a un lado y dejar que los ricos se vuelvan más ricos y los pobres se vuelvan más pobres. Pero, en realidad, la gente espera que el Gobierno resuelva nuestros problemas y mejore nuestras vidas.

La extrema derecha no tiene una ideología consistente, simplemente elige lo que funciona. Pero Trump es producto del neoliberalismo

¿Es Trump el principio o el final de una era?

Está haciendo todo lo posible para demoler el poder estadounidense, lo cual no es del todo malo. Su poder ha sido sentido de maneras muy duras y desagradables en el mundo durante mucho tiempo. Él tiene un programa casi perfecto para derribar el estatus hegemónico de Estados Unidos, y ningún país debería ser hegemónico. Por supuesto, lo que sucede entonces es que potencialmente se crea un vacío. Quizás tengamos un mundo multipolar del que se viene hablando desde hace mucho tiempo. Quizás tengamos una guerra enorme. 

Hay muchos escenarios inquietantes… 

Sí, es muy difícil predecir lo que va a pasar. Por supuesto, Trump no sabe lo que va a pasar. No tiene un programa y es completamente impredecible. Y parte de su poder es su imprevisibilidad, porque todos le tienen miedo. No saben qué va a hacer a continuación.

Pero no hay duda de que algo muy grande está cambiando. Mucho más que en 2016, cuando Trump no sabía lo que estaba haciendo, no entendía cómo funcionaba el Gobierno. Logró causar bastante daño, pero nada parecido a lo que está haciendo ahora. Esta vez, su equipo está muy preparado y tiene una agenda clara. Incluso si él no la tiene, la gente que lo rodea tiene una agenda muy clara y creo que va a convertir a Estados Unidos en algo parecido a un Estado fascista, un Estado de anarquía capitalista total donde los pobres mueren en las calles y los ricos absorben todo el dinero. 

Entretanto, en el Reino Unido, vemos el ascenso de Nigel Farage. ¿Cómo se explica dada a la vez la impopularidad del Brexit?

Todo lo que necesita hacer es quedarse quieto y esperar. No necesita ninguna virtud personal, y no creo que tenga ninguna, no necesita hacer nada inteligente. Sólo tiene que esperar porque la política convencional está fallando para la gente.

Starmer, lamentablemente, parece estar desperdiciando la oportunidad de su enorme mayoría parlamentaria. Las primeras cosas que hizo fueron ejemplos de austeridad crueles e innecesarios, como recortar el pago de ayuda para la calefacción [una ayuda para pensionistas universal, que ahora es sólo para los de menor renta], mantener el límite de las prestaciones a dos hijos, una política malthusiana implantada por los conservadores, congelar el subsidio de vivienda local... Esto es pura política neoliberal conservadora.

En cuanto a las políticas medioambientales, los laboristas están siendo peor que los conservadores, por ejemplo con el plan de una tercera pista en Heathrow, las nuevas carreteras principales, un programa de captura y almacenamiento de carbono completamente falso, que en realidad es un nuevo programa de gas natural licuado. Una y otra vez, parecen estar destruyendo su credibilidad.

La extrema derecha sólo tiene que esperar. Creo que la política de extrema derecha es una especie de estado predeterminado para países centralizados y jerárquicos como el nuestro. Antes de que existiera algo llamado fascismo, existía algo llamado imperio y duró cientos de años. El fascismo tenía algunas características propias muy peculiares y horribles, pero fue básicamente una reinvención del imperio.

Como alternativas al sistema actual, usted pone mucho énfasis en fortalecer la participación democrática a través de ideas como presupuestos participativos y asambleas ciudadanas. ¿Es esa la clave más que las recetas tradicionales de subir los impuestos a los más ricos?

También tenemos que hacer eso. Necesitamos al Estado. Algunas personas dicen que sólo necesitamos que las comunidades locales tomen decisiones, pero no creo que sea así. Hay algunas decisiones que deben tomarse a nivel nacional, y también a nivel internacional, particularmente cuando nos vemos afectados por enormes problemas transfronterizos, como el colapso climático y las pandemias. Por eso tenemos que participar en la toma de decisiones conjunta en muchos niveles diferentes. 

El foco principal de la toma de decisiones debería ser el lugar donde las personas puedan reunirse cara a cara y hacer que se involucren más fácilmente en esas decisiones. Y hay métodos para agregar esas decisiones y convertirlas en nacionales. 

La gente a nivel local podría proponer que los ricos paguen más impuestos. Hay un movimiento nacional que anima a la gente a discutir esto a nivel local, y la gran mayoría de los barrios de todo el país dicen que sí, que los ricos deberían pagar más impuestos, aunque luego se pasa por alto. Y tenemos un programa nacional que realmente cuenta con apoyo. Lo que surge de la deliberación popular tiene mucha más credibilidad: es mucho más difícil para los ricos decir que un poder ilegítimo nos quita nuestro dinero.

En el libro menciona como modelo los presupuestos participativos de Madrid...

Sí. Por cierto, ¿cómo va eso?

El partido de izquierda que gobernaba perdió las elecciones y el nuevo alcalde conservador abandonó la idea y sólo usa la plataforma para hacer encuestas con preguntas generales.

Lo correcto es que la gente tenga algo que decir sobre la forma en que se administra su ciudad y que tenga alguna influencia. Por eso se llama democracia.

¿Y quién podría abrazar este tipo de “nuevo mensaje” que usted propone en el libro? 

Ha habido ejemplos en Madrid, Taiwán y Reikiavik. Ayuda tener un Gobierno que entienda, sea municipal o nacional, para nutrir estas nuevas formas políticas y una nueva narrativa política. Es posible que podamos hacerlo sin ellos, pero es mucho más difícil, como se ve en Madrid. Lo que estamos pidiendo en el libro es aprovechar las oportunidades donde tengas un Gobierno dispuesto a esto para presionarlo y que devuelva poder a la gente.

La idea es crear ejemplos tan buenos de mejora a nivel municipal que otros lugares también quieran el sistema. El peligro es que, como pasó en Madrid o en Porto Alegre, el programa se puede cerrar.

Lo que he visto a lo largo de los años es que cada vez que crees que estás en el hoyo, algo aparece y lo cambia. Nunca sabes qué va a ser. Quizás sea una colegiala sueca de 15 años

¿Algo que le dé esperanza?

Como activista medioambiental desde hace 40 años, he pasado por muchos períodos de desesperación. Ha habido varios momentos en los que parecía que llegaba una gran ola verde y las cosas iban a cambiar, pero luego se paraba. Pero lo que he visto constantemente es gente dando un paso al frente, y la asombrosa creatividad sobre todo de los jóvenes para crear movimientos y encontrar nuevas formas de oponerse al poder.

Hay momentos como éste en los que parece que no hay esperanza. Tenemos a Trump desencadenado, sin frenos, en Estados Unidos, a líderes de extrema derecha que están surgiendo por toda Europa y otras partes del mundo, y la tentación es darse por vencido. Pero lo que he visto a lo largo de los años es que cada vez que crees que estás en el hoyo, algo aparece y lo cambia. Nunca sabes qué va a ser. Quizás sea una colegiala sueca de 15 años. Puede venir de los lugares más sorprendentes, y es esa infinita creatividad y coraje de la gente, sobre todo de los jóvenes, lo que me da esperanza.

La siniestralidad laboral continúa siendo uno de los grandes campos de batalla en Balears. A pesar de que el archipiélago es la región con menores cifras de absentismo y de que el Ejecutivo autonómico ha incrementado el presupuesto destinado a la prevención de riesgos laborales, así como a la vigilancia de la seguridad y la salud laboral, las islas son la Comunidad Autónoma con el índice más elevado de accidentes en el ámbito del trabajo, con 394 por cada 100.000 habitantes en el último trimestre, según los últimos datos de Adecco. Unas cifras que los sindicatos achacan, principalmente, al incumplimiento empresarial de las medidas de seguridad colectiva e individual necesarias, así como a la contratación de empleados con baja cualificación.

“Tenemos una sociedad de trabajadores enfermos, exhaustos y empobrecidos mientras las empresas no dejan de recoger beneficios récords temporada tras temporada”, asevera la secretaria de Acción Sindical, Salud Laboral, Medio Ambiente e Igualdad de CCOO en declaraciones a elDiario.es. Se refiere, principalmente, a la situación de los empleados en el sector de la hostelería, donde denuncia que hay una “infradeclaración” de las lesiones osteomusculares que, al no derivarse a las mutuas, no se registran como accidentes ni enfermedades laborales y acaban tratándose en la sanidad pública como si de un incidente en el ámbito personal se tratara. “Tenemos una población activa bastante envejecida que arrastra lesiones desde mucho tiempo en un sector muy castigado por sus condiciones laborales y por la falta de mano de obra”, incide Ginard, quien también lamenta la “invisibilidad” de los problemas de salud mental ligados a este sector.

Lo cierto es que el sector de la hostelería presenta unos elevados índices de siniestralidad, si bien la gran mayoría de grado leve: en 2024, los establecimientos turísticos registraron un total de 5.581 accidentes laborales, una cifra que, con todo, se sitúa por debajo de los 5.633 producidos en 2023, de acuerdo a los datos del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal), que en 2022 constituyó una mesa de trabajo dirigida a elaborar un estudio de cargas en el trabajo en el sector hotelero, dando cumplimiento a la Ley para la Circularidad y la Sostenibilidad Turística aprobada durante la pasada legislatura. Esta mesa buscaba dar respuesta, además, a una reivindicación histórica de las camareras de piso, que sufren el 27,3% del total de accidentes en el sector de hostelería, un 35,1% de los cuales están relacionados con sobreesfuerzos, según el mismo organismo.

El sector de la hostelería presenta unos elevados índices de siniestralidad, si bien la gran mayoría de grado leve: en 2024, los establecimientos turísticos registraron un total de 5.581 accidentes laborales, una cifra que, con todo, se sitúa por debajo de los 5.633 producidos en 2023, de acuerdo a los datos del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal)

La formación de los trabajadores, clave en la prevención

Ginard hace hincapié, asimismo, en la necesidad de insistir en el plano formativo relativo a la prevención de riesgos laborales. “Es obligatorio por ley, pero al final las empresas deciden formar o no formar a sus trabajadores”. La sindicalista recalca que el hecho de que Balears registre las mayores tasas de siniestralidad “refleja que no se llevan a cabo todas las medidas preventivas que tocaría, partiendo de la base de que quien tiene toda la responsabilidad en cuidar a sus trabajadores y trabajadoras son los empresarios”. “Por eso nosotros trabajamos para, desde nuestra representación dentro de los centros de trabajo, vigilar y potenciar el uso de todas las medidas preventivas que hagan falta, porque no hay otra”.

Asimismo, recalca que, además de negociar con el Ibassal y las empresas para evitar todos los accidentes laborales posibles, son necesarias unas mayores partidas presupuestarias. “Sin el dinero suficiente es complicado que se pueda paliar la siniestralidad laboral”, subraya, recalcando que “queda mucho trabajo por hacer para mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras. Hay empresas que lo tienen claro, pero hay empresas que no. Y lo que no se puede hacer es ir a trabajar para tener un accidente”. 

"Sin el dinero suficiente es complicado que se pueda paliar la siniestralidad laboral", subraya Cati Ginard, secretaria de Salud Laboral de CCOO, quien recalca que "queda mucho trabajo por hacer para mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras": "Hay empresas que lo tienen claro, pero hay empresas que no. Y lo que no se puede hacer es ir a trabajar para tener un accidente"

Mientras tanto, a juicio de UGT, el “terrible hecho” de que Balears siga siendo la comunidad líder en siniestralidad laboral “tiene mucho que ver con su economía intensiva”, que, recrimina, “obliga a las personas trabajadoras a hacer sobreesfuerzos durante unos meses al año y con la sobrecarga de trabajo en la mayoría de sectores”, una circunstancia que en los últimos años se ha visto agravada por la falta de personal. A esto hay que añadir, subraya el sindicato, la escasez de inspecciones de trabajo en los centros de trabajo dirigidas a controlar el cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales. “Esta falta de inspecciones y de miedo a las sanciones provoca que las empresas incumplan con la seguridad de su personal e inviertan poco en protegerlo”, recalca.

“Sigue habiendo trabajadores sin arnés en los tejados”

Roberto Serrano, responsable del sector de la construcción y el metal de UGT, considera que “una temeridad que siga habiendo trabajadores sin arnés en los tejados”. Este ámbito es, de hecho, el área en la que se producen los siniestros laborales más graves, principalmente en la 'Part Forana' de Mallorca, Eivissa y Menorca, de acuerdo a los datos recabados por la entidad sindical. En 2024, UGT llevó a cabo 920 visitas a empresas de las islas y este año prevé superar el millar con el objetivo de concienciar a empresas y trabajadores de la necesidad de implementar buenas prácticas en materia de prevención de riesgos laborales.

En el caso de la construcción, Serrano señala que aproximadamente el 90% de los siniestros tienen lugar por caídas de altura, seguidas de los atrapamientos por máquina. En el caso de los primeros, asevera que estos se evitarían con un arnés de seguridad. “En caso de resbalar, un trabajador se quedará colgando, pero no caerá. Por 20 euros [el precio de un arnés] se puede evitar una muerte o una incapacidad”, incide.

En el caso de la construcción, Serrano señala que aproximadamente el 90% de los siniestros tienen lugar por caídas de altura, seguidas de los atrapamientos por máquina, según datos de CCOO. En el caso de los primeros, Roberto Serrano, responsable sindical de este sector, asevera que estos se evitarían con un arnés de seguridad. "En caso de resbalar, un trabajador se quedará colgando, pero no caerá. Por 20 euros [el precio de un arnés] se puede evitar una muerte o una incapacidad"

El sindicalista apunta, además, a la falta de experiencia, cualificación y formación de muchos de los trabajadores que se incorporan al sector de la construcción, además de criticar que numerosas empresas de este ámbito incumplen las medidas preventivas tanto colectivas como individuales. “No protegen a los trabajadores en las obras con las medidas correspondientes de seguridad y tampoco facilitan los EPI (Equipos de Protección Individual)”, lamenta Serrano, quien señala que es fuera de Palma donde se presentan las mayores deficiencias en materia de prevención, así como de falta de documentación.

Concienciar a los empresarios

Frente a las carencias denunciadas por el sindicato, la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), que aglutina a 96 asociaciones empresariales de las islas, reunía a un centenar de personas en una jornada dedicada a la salud laboral en la que aseguraba seguir apostando “fuertemente” por el fomento de la seguridad, salud y bienestar laboral. “Las empresas debemos comprometernos firmemente con este objetivo, no sólo para reducir la accidentalidad laboral de Balears, sino también para mejorar nuestra productividad y competitividad”, subrayaba entonces el secretario general de la patronal, Sergio Bertrán. En su intervención, hizo hincapié en que las organizaciones empresariales se encuentran implicadas “de manera muy activa” en la generación de cultura de prevención y salud, así como en la mejora de las condiciones de trabajo.

Junto a CAEB, también la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Mallorca (PIMEM) lleva a cabo programas de asesoramiento e información sobre la gestión de riesgos laborales. “Intentamos sobre todo fomentar la cultura de la prevención de riesgos laborales y que los empresarios estén más concienciados”, señala, en declaraciones a este medio, Miren Aldeiturriaga, responsable del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de la entidad. “Hay que insistir con las campañas de información y prevención, haciéndoles ver a los empresarios que es lo mejor para él, para la empresa y para los trabajadores. No solamente porque es obligatorio por ley ni para cubrir el expediente, sino que realmente sean conscientes de lo que supone esta manera de trabajar”, abunda.

Junto a la patronal CAEB, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Mallorca (PIMEM) lleva a cabo programas de asesoramiento e información sobre la gestión de riesgos laborales. "Intentamos sobre todo fomentar la la cultura de la prevención de riesgos laborales y que los empresarios estén más concienciados", señala Miren Aldeiturriaga, responsable del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de la entidad

Para Aldeiturriaga, uno de los principales factores que explican la elevada siniestralidad en Balears radica en la temporalidad del empleo y la escasez de trabajadores cualificados. Además, subraya cómo en sectores la hostelería la edad de los trabajadores va aumentando y “hay más probabilidades de que sufran problemas, sobre todo musculoesqueléticos por posturas forzadas, que suponen bajas bastante largas”. A ello se suma, añade, el hecho de que, ante la creciente demanda del mercado, se crean empresas con el objetivo de ofrecer una respuesta rápida a las necesidades del momento, lo que conlleva la contratación de personal con escasa preparación profesional. “Desde la patronal nos resulta sumamente complejo acceder a estas empresas”, recalcan desde PIMEM.

Con todo, la responsable de prevención de riesgos laborales subraya que, si se compara la actual manera de trabajar con la de hace 20 años, “los cambios son evidentes”. En este sentido, destaca que el ambiente y el lugar de trabajo están mejorando. “Ahora, hablar de un casco de seguridad ya no suena a chino. Todo el mundo sabe de lo que estás hablando. Tanto el trabajador para protegerse como el empresario para ponerlo a disposición de los trabajadores. Hemos evolucionado y, sí, nos gustaría que todo fuera más rápido. Si tuviéramos una varita mágica, sería estupendo”, sentencia.

La dificultad para lograr ser atendido por el teléfono 112 de emergencias el pasado 29 de octubre, día en que la trágica DANA se dejó 223 fallecidos en la provincia de València, ha sido una de las quejas más recurrentes por los afectados. Y no porque los trabajadores que aquel día estaban al otro lado del teléfono no pusieran todo el empeño y la profesionalidad necesaria, incluso por encima de lo que aguantaría la resistencia emocional de cualquier persona.

Sin embargo, las precarias condiciones de un servicio externalizado hace años están detrás de lo que a todas luces fue una dotación completamente insuficiente para dar una respuesta aceptable, dentro de la magnitud del desastre. Así lo ha venido denunciando UGT que tras la DANA advirtió de los riesgos que esto implica para la ciudadanía valenciana que llama al 112, en momentos críticos para su seguridad, su vida y su salud, según explican Amparo López, gestora de emergencias desde el año 2007, quien estuvo presente en la tarde de la tragedia; Mayte Gabaldón, gestora de emergencias desde 2009; y Samuel Declerck, también gestor de emergencias desde 2010.

“Estábamos saturados, éramos 26 personas trabajando y había un montón de llamadas en espera, por momentos más de 100”, al tiempo que desmienten que el sistema se cayera o que hubiera fallos técnicos en la recepción de las llamadas, pese su ingente volumen.

Según explican, el servicio atención telefónico está adjudicado a la empresa Ilunion Emergencias, lo que implica que este recurso que se considera esencial se gestionaba con criterios empresariales, lo que en su opinión no es aceptable y merma la respuesta y la atención al ciudadano: “Las vidas de muchas personas que llaman al 112 en situaciones límite están en manos de una empresa que tiene al 60% de la plantilla en precario, con contratos parciales, sobrecarga de turnos de trabajo, con una carga y presión laboral enorme, o en una bolsa de trabajo que supone no tener cuadrantes estables, ni vacaciones, con miedo a pedir cualquier derecho laboral básico por el pseudo despido (expulsión de la bolsa por criterios de empresa no apelables). Así es como a lo largo de estos años, la empresa ha ido adoptando medidas encaminadas a crear un ambiente competitivo entre la plantilla, en el que priman los resultados y el número de llamadas atendidas por encima de las personas”. 

Y es que, la plantilla está conformada por 127 gestores y suele haber entre un 20% y 25% de bajas por la presión a la que se ven sometidos o por la carga emocional que conlleva el trabajo. Tal y como denuncian, el día de la DANA no hubo una previsión de incremento de personal, pese a que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisó con días de antelación de la emergencia. Había unas 26 personas trabajando en cada turno, y al menos 24 de baja entre enfermedades y excedencias.

“A las 9.30 horas de la mañana del 29 de octubre empezaron a llamar a los que no estábamos trabajando para ver si podíamos ir. Es su forma de proceder, cuando hay un pico de llamadas por lo que sea se ponen a llamar sobre la marcha a los trabajadores que no estamos en el turno. Sí que se reforzó, todo el que pudo estar estuvo, pero se hizo sobre la marcha”, dice Gabaldón.

Amparo López estuvo 10 horas cogiendo llamadas, desde las 20.00 horas de aquel 29 de octubre: “Aún me pareció poco, hubiera estado todas las necesarias. Cada llamada era gente que se estaba ahogando, que estaba en un tejado, en un coche o gente mayor con el agua al cuello fuera de su casa. Colgabas el teléfono con lágrimas en los ojos, y volvías a atender a otra llamada igual en situaciones extremas. Así durante 10 horas, con la carga emocional que conlleva”, relata.

López recuerda con los ojos vidriosos y la voz entrecortada una de las llamadas que se le han quedado grabadas de aquel día: “Aún escucho la voz de un señor mayor que estaba con su mujer en una casa que era una planta baja y me decía que ya tenían el agua casi en el cuello. Me decía que solo tenía una puerta de acceso, que no la podían abrir y que no podían salir. Le pedí rápidamente la dirección para mandar el aviso”.

Declerck insiste en que son “un servicio esencial, que se ha convertido en un negocio que adjudicar cada dos años prorrogable por dos más a una empresa, que aumenta su margen de beneficios empresariales haciendo más con menos, menos gestores y gestoras cogiendo más llamadas, lo que supone el desborde del servicio ante cualquier eventualidad y una mala gestión del estrés y la salud mental de la plantilla y de las propias emergencias”.

En ese sentido, lamentan que los nuevos cargos nombrados por el presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, incluido el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, no hayan asistido aún a ver las instalaciones del 112 y le exigen que potencie la formación y especialización de la plantilla, gestione el servicio de forma eficiente cuidando a las personas que cuidan para un servicio más humano y eficaz para servir a la ciudadanía, con una dirección que prime la gestión del estrés y ofrezca apoyo psicológico, y que se aleje del convenio de Contact Center del todo inapropiado para este tipo de atención tan sensible para la sociedad“. Al mismo tiempo, proponen pasar a depender directamente de la administración, a través de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE).

Por su parte, desde UGT han añadido: “Lamentablemente, la DANA ha puesto en evidencia lo fundamental de este servicio y la necesidad de fortalecerlo para estar lo mejor preparados posibles y ofrecer el mejor servicio en materia de emergencias. Si queremos un sistema mejor de emergencias, no solo puede ser técnico el criterio de mejora, porque detrás de los cables y las coberturas hay personas, y esas también hay que cuidarlas y gestionarlas correctamente. Si técnicamente entran más llamadas y humanamente no se pueden gestionar, nada tiene sentido. Exigimos responsabilidad a los poderes públicos y reconocer plenamente cómo funciona el sistema de emergencias para poder mejorarlo”.

Un informe de la Intervención municipal del Ayuntamiento de Zaragoza ha destapado la caótica gestión en materia de Personal del equipo de gobierno del PP, con un total de casi 100.000 horas extraordinarias realizadas por la plantilla, la mayor parte retribuidas, y con casos especialmente llamativos como el de un solo empleado que computó 205 horas extras solo en mes de octubre u otro que ingresó más de 12.000 euros en este concepto.

Los datos aparecen en el ‘Informe definitivo de recomendaciones de control financiero de gastos de personal’ realizado por el órgano de control municipal, y que lleva tres rúbricas, entre ellas el interventor general, José Ignacio Notivoli.

En conjunto, el documento apunta que las horas extras llevadas a cabo por la plantilla suma una “cifra muy elevada”, y pone los ejemplos de años anteriores, como 2015 (51.179 horas), 2016 (59.098 horas), 2017 (65.051 horas) o 2018 (64.150 horas). La situación sí que es comparable al ejercicio de 2019, cuando se aceptaron 99.902 horas extras por parte de la plantilla. Hay que recordar que Zaragoza en Común estuvo al frente de la Alcaldía de 2015 a 2019, año en que entró a gobernar el PP en coalición con Ciudadanos.

En conjunto, el año pasado hasta 426 trabajadores municipales percibieron gratificaciones por servicios extraordinarios al haber realizado más de 50 horas extras. A ellos se destinaron 1,4 millones de euros, el 80% del total de gratificaciones percibidas. Esas 50 horas son el umbral máximo que pueden sobrepasar los empleados, al tratarse de la prestación de servicios extraordinarios, y no ordinarios.

Y, ante este cumplimiento generalizado, solo tres servicios, los de Conservación de Infraestructuras, de Explotación del Agua Potable y de Nuevas Actuaciones en Viario justifican la excepcionalidad para superar esa regla general de las 50 horas.

Pero a esto se suman casos situaciones particulares casi inhumanas. Es lo que refiere el informe de Intervención respecto de un trabajador que solo entre los meses de septiembre y octubre dio cuenta de 363,5 horas extras, de las que 205 fueron en el segundo mes. Como recuerda el órgano fiscalizador, eso supone una jornada extraordinaria superior a la propia ordinaria, con una media de casi 15 horas diarias en septiembre y casi 17 en octubre.

Parte de su tiempo extra lo atribuyó al Área de Cultura (en concreto, al festival Vive Latino), al que consignó 81 horas en agosto y 90,5 en septiembre, y otra parte, a la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, del que justificó 68 horas en septiembre y 205 en octubre.

En total, por la labor extra realizada en ambos servicios percibió más de 11.000 €.

Otro trabajador, en este caso del Servicio de Talleres y Brigadas, acumula 444 horas de servicios extraordinarios, algo que, como recuerda Intervención, no solo supone sobrepasar el límite de 50 horas del Pacto en un 888%, sino que además “imposibilita la compensación horaria, dados los perjuicios que ello ocasionaría al funcionamiento ordinario de su Servicio”.

En cinco casos de la muestra extraída, no está acreditado plenamente el abono de gratificaciones extraordinarias. Dos de ellos suponen percepciones muy significativas en este concepto por parte de dos empleados: 12.200 € en un caso (del Servicio contra Incendios) y 10.772 € en otro (de Policía Local).

En el informe se alude también al Servicio de Policía Local, que remite una bolsa de servicios extraordinarios acumulada de 109.335,08 horas sin que por parte del Servicio de Relaciones Laborales haya sido posible la extracción del número de horas realizadas en 2023. Esto incumple una recomendación anterior de Intervención para llevar un seguimiento de esta circunstancia.

“Ritmo vertiginoso de pérdida de funcionarios”

El grupo municipal de Zaragoza en Común denunció precisamente este martes la pérdida de funcionariado y la no convocatoria de empleo público suficiente, “situación que se suple con la sobrecarga del resto de personal y la externalización de servicios”, entre los que citó como ejemplos la vigilancia del edificio Seminario, el personal del Teatro del Mercado o de la Casa de la Mujer.

“Vemos cómo cada paso que da este gobierno de la mano del concejal Alfonso Mendoza va en la línea de debilitar la administración del Ayuntamiento de Zaragoza, que continúa a un ritmo vertiginoso de pérdida de funcionarios”, señaló el concejal Suso Domínguez.

“Las administraciones públicas deben de ser exquisitas en el cumplimiento de la normativa y acuerdos laborales, que garantizan los derechos de los trabajadores”, abundó el edil, que pidió “ser un ejemplo para la empresa privada”. “El abuso de horas extras es uno de los factores que limitan el crecimiento del empleo y constituye uno de los factores de aumento de los accidentes laborales”, añadió.

La formación alude a la obligación para el Servicio de Recursos Humanos, tal y como recuerda Intervención, de revisar y regularizar los casos en los que no queda justificado el abono de las gratificaciones. “Este gobierno nos vende el multiverso y la Smart City, pero no dispone de herramientas informáticas para conocer y tratar la información sobre las horas extra llevadas a cabo por los funcionarios de los diferentes servicios”, lamentó Domínguez. 

La vida de Anna se empezó a derrumbar cuando tenía tres años. Su madre y su abuelo murieron, su padre se marchó para no volver, y ella y su hermano quedaron al cuidado de su abuela. Empezaba una “mala racha” que duraría casi una década. Pero a Anna las ansias por aprender le habían acompañado desde que nació. Su ilusión por los estudios lo impregnaba todo y volcarse en ellos le servía de “vía de escape”. Estudiante excelente, también sentía que las (buenas) notas eran una manera de ver recompensado su esfuerzo. Sin embargo, cuando estaba a las puertas de la universidad comenzó a sentir que la magnitud de su empeño no iba a ser correspondido “por parte del Estado, por la sociedad”, y la frustración creció en ella.

Mar, alumna también excelente, se encontraba en la misma etapa educativa cuando comenzó a asumir, también desde la frustración, que, si quería ir a la universidad y cumplir su sueño de estudiar Derecho, tendría que hacer la carrera en más años de los habituales. Debido a la situación económica de su familia, encabezada únicamente por su madre, se vería obligada a trabajar a la vez que cursaba el grado para poder contribuir en casa.

Anna y Mar forman parte de esas estadísticas que dibujan un periplo educativo como una carrera de obstáculos para las personas nacidas en una familia humilde en España. Anna y Mar, dicen los datos, partían, de base, con un 48,8% de posibilidades de repetir curso entre Primaria y Secundaria. El riesgo que tenían de acabar abandonando los estudios se encontraba entre el 20 y el 40%. Son dos de ese 30% de los jóvenes que van a la universidad, pero no tienen ningún progenitor con un empleo “de prestigio y bien remunerado” y podrían haber formado parte de ese 15% de universitarios que trabaja mientras estudia. Obtener el título les podría haber llegado a costar hasta tres veces más que a un compañero acomodado, según las estadísticas.

Por eso la abuela de Anna, a la que admira profundamente debido a su “tesón” y la madre de Mar, que tuvo que sacar adelante a sus hijos como madre soltera, sintieron que las cosas comenzaron a aliviarse cuando una fundación, en ese momento desconocida para ellas, llegó a sus vidas para asumir por completo y con creces los gastos universitarios de las jóvenes: la Fundación Dádoris.

“Creamos Dádoris debido a un doble factor: primero, somos personas a las que la vida nos ha tratado bien. Los 25 fundadores hemos podido progresar en nuestras carreras. Era un tema, primero, de gratitud. El segundo factor tenía que ver con que todos teníamos interés en que ciertos valores no se perdieran. Sentimos que la sociedad no debería dejar de valorar la importancia del talento, la necesidad del esfuerzo, y la generosidad”, cuenta Pedro Alonso Gil, presidente de la fundación.

Afirma Gil que, si bien actualmente buena parte de la opinión pública presenta una visión crítica respecto a la meritocracia, pues “no funciona perfectamente y hay personas que toman muchos atajos infames”, para otras “no hay alternativa”: “Para ellos, de momento, ese es el único camino. Los que tienen relaciones personales encuentran otros. El tío de tal, que es amigo de… Pero estos otros jóvenes no tienen ese agarradero”.

Llevar a la práctica el concepto de “cadena de favores”

La premisa de su iniciativa, que inició en 2018, era la siguiente: buscar a estudiantes “brillantes”, pero con severos problemas para poder continuar con éxito sus estudios, para, gracias a la ayuda de mecenas y de voluntarios que sostendrían el proyecto, asegurarles holgadamente unos buenos estudios universitarios. Como la fundación no tendría plantilla a la que pagar –las personas implicadas trabajarían de forma voluntaria–, ni necesidad de invertir en administración o marketing, todo el dinero invertido en Dádoris iría íntegramente a estos alumnos.

También decidieron que no obtendrían recursos públicos de ningún tipo y que el 100% de sus ingresos provendrían de la sociedad civil. Ninguna de las donaciones de las diferentes personas físicas o jurídicas implicadas podría representar más de un 7%-8% del total de los fondos para poder así garantizar ser independientes y la estabilidad del proyecto –que la retirada de un patrocinador no tumbase el proyecto–. Así fue: el primer año eran unos pocos voluntarios, alrededor de 30 donantes, y cinco alumnos premiados. Este año ya son 256 voluntarios, más de 600 donantes y se ha premiado a 76 alumnos.

Operan desde el concepto de “cadena de favores”, por lo que, en el caso de aceptar el premio, los jóvenes se deben comprometer a realizar alrededor de 50 horas de voluntariado por año. Además, se espera de ellos (aunque no se les obliga) que cuando terminen sus estudios ayuden a otros alumnos que se puedan encontrar en una situación similar. “Les decimos que no nos tienen que dar las gracias a nosotros, porque lo estamos haciendo en agradecimiento a los valores y al apoyo que hemos recibido de nuestros padres, y con eso hemos cumplido nuestra deuda. Ellos, en el caso de tener una deuda, no es con nosotros, sino con los chavales que dentro de 20 o 30 años puedan necesitar una mano amiga. Es un tema de sostenibilidad”, asegura Alonso Gil.

Por la fundación han pasado muchos perfiles con un alto riesgo de exclusión social, como personas que crecieron en hogares de acogida, jóvenes cuyas familias llegaron a España en patera u otros pertenecientes al colectivo gitano, como uno de los premiados, que, aseguran, va camino de convertirse en el primer juez gitano del país.

Otro perfil destacado es el de Amina Ashkat, una joven que vino con 12 años a España junto a su madre y a su hermano desde Kazajistán. “Esta chica está ahora en 4º de carrera en la [Universidad] Carlos III [de Madrid] estudiando Ingeniería Física y ha creado una asociación que está presente en 40 países llamada Girls IN STEM (como se conoce a los estudios de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés), una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es empoderar a niñas para que se unan a diversos campos de la ciencia, con más de 4.500 mujeres que ya han participado en sus actividades”, cuenta el presidente de Dádoris.

Requisitos que pide la fundación y recursos que ofrece

Estos premios están orientados a jóvenes que hayan cursado el Bachillerato en España, con talento y resultados brillantes (media de sobresaliente, rebasando el 9,5), ambición para acceder a estudios universitarios y centros de excelencia y cuyos ingresos familiares no rebasen el Umbral 1 de la Administración (alrededor de 5.500 euros de ingresos anuales por miembro de la unidad familiar). También podrían optar a ello, excepcionalmente, aquellos estudiantes que ya estén cursando una formación superior, que estén teniendo resultados excelentes, pero a los que les estén sobreviniendo situaciones económicas negativas que les estén impidiendo terminar sus estudios. La convocatoria para los siguientes premios se abrió el 3 noviembre y se cerrará a finales de febrero del año que viene.

Los premiados reciben hasta 9.000 euros al año (según el caso) para alojamiento, manutención, consumos domésticos, transporte, material académico requerido, etc., y otros recursos como un tutor (que atenderá sus necesidades académicas), un mentor (que le ayudará en su integración en el mundo universitario, le orientará y se encargará de su seguimiento y de darle apoyo), y formación complementaria (cursos de idiomas, Erasmus, prácticas, trabajo en compañías de primera categoría...).

“Hay chicos y chicas que proceden de familias desestructuradas o con problemas, y cualquier joven cuando tiene dificultades a donde recurre es a su familia o a su entorno. Pero aquí hay veces que la familia no es que no les quiera ayudar, sino que no puede. La mayoría de ellos son los primeros universitarios de su familia, por lo que no tienen referencias de este tipo. El tutor hace una labor de orientación”, explica Aurelio Medel Vicente, voluntario y tutor de la fundación. 

Una forma de romper ciclos de pobreza

Tras estudiar la carrera de Filosofía, Política y Economía en la Francisco Vitoria de Madrid, Anna se encuentra trabajando en una consultoría, en el departamento de Sostenibilidad. Eligió esta carrera y este departamento porque, asegura, necesita tener un enfoque holístico del mundo. Su vida ha cambiado radicalmente. Le provoca “un sentimiento de injusticia horrible” que haya personas que no puedan acceder a un buen futuro por sus circunstancias económicas y, afirma, eso le sirve como impulso para contribuir ella también en las próximas décadas a mejorar esa situación: “Si me quedase solo en la rabia sería una persona triste toda mi vida, así que prefiero intentar aportar algo también”.

Mar Campos, tras elegir Derecho por considerarlo una “labor social” —una abogada, dice, cumple casi la función de “psicóloga” al solucionarle muchos quebraderos de cabeza a las familias—, y después de pasar por la Universidad de Oxford, se encuentra realizando el máster de acceso a la abogacía. Se imagina el futuro en un despacho internacional. Asegura que se siente privilegiada, ya que “las situaciones injustas se dan en muchas ocasiones”, y su voluntad es dar a conocer la fundación y seguir ayudando. Agradece la paz mental que ha podido tener durante la carrera, que le ha permitido disfrutarla “al 100%” al no haberse tenido que dedicar a la vez a trabajar para contribuir económicamente en su familia.

Alonso Gil recuerda una de las conversaciones que tuvo hace poco con algunos de los premiados que, asegura, resume el espíritu de Dádoris —nombre que proviene del sustantivo de “dar” en portugués (dador), creado por el poeta y ponedor de nombres Fernando Beltrán—: “El otro día les decía: 'Llegará un momento en el que tendréis cuarenta años y muchas responsabilidades. A lo mejor ya estaréis pagando la hipoteca y tendréis un nivel de vida en el que os parecerá que ser socio del club de campo, jugar al golf, viajar, o la tarjeta oro, es algo esencial, y pensaréis que de dónde vais a sacar cien euros para ayudar. Bueno, ese será vuestro dilema: si queréis seguir ayudando o no. Pero en ese momento acordaos simplemente de cómo os sentisteis el día en el que os dijeron que ibais a poder seguir estudiando. Cuando alguien que no os conocía de nada os dijo: apostamos por vosotros'”.

Maria, nom fictici, no pot anar a la perruqueria sense que el marit li doni permís. Els únics ingressos que té la parella són els gairebé 800 euros que cobra l'home. La dona es veu “obligada” a preguntar-li si es pot permetre algun “extra” com tallar-se o arreglar-se els cabells. El mateix li passa si ha de comprar sabates, roba o algun accessori. Tots són “luxes” que no es poden permetre. “No ha treballat mai”, assegura una de les persones que l'atenen a Creix, associació sense ànim de lucre creada el 2021 per donar suport als grans i les seves famílies a Santa Eulària (Eivissa).

Si la vida a l'illa és una carrera d'obstacles per arribar a final de mes, fonamentalment pel preu de l'habitatge, la gran majoria de jubilats, que no compten amb pensions que puguin fer front a totes aquestes despeses, es troben en una situació molt delicada. Si són dones, les dificultats es multipliquen. La falta d'accés a la pensió contributiva per haver treballat a casa o perquè els seus marits ja cobren els resta poder de decisió sobre les necessitats més bàsiques com ara comprar-se unes sabates o anar a la perruqueria. Mentrestant, la cura de marits, descendents, familiars majors dependents i la cura dels nets i netes són alguns dels treballs que, ara com ara, les dones encara carreguen a les motxilles.

María i el seu marit tenen una filla amb una discapacitat que just ara s'ha emancipat perquè ha aconseguit la seva pròpia pensió. “Ha tingut sort de trobar un petit habitatge”, compta Vicente Marí Ribas, un dels responsables de Creix. “Mentre residia amb María, vivien tots de la jubilació del pare”, explica. “No els veus pel carrer, van a la botiga i compren les quatre coses bàsiques. Això afecta a la salut perquè no et nodreixes com has de nodrir-te. Afecta a la socialització, perquè no poden sortir, no es relacionen”, relata. Creix es finança amb diferents aportacions públiques, donacions d'entitats privades i esdeveniments de recaptació.

“Nosaltres cobrem cinc euros al mes. Però fins i tot hi ha gent que està exempta, perquè no poden pagar-los”. Aquest és l'esbós de les persones usuàries de Creix, que compta amb dos locals en Jesús i Puig d'en Valls en els quals organitzen diferents activitats amb l'objectiu que els majors es relacionin, estiguin actius i no perdin els llaços socials. En aquestes dates realitzen una gala d'Halloween amb la projecció de la pel·lícula de l'eivissenc Héctor Escandell ‘Els crims del dia de Tots els Sants’.

Són molts els hàndicaps que han de salvar els majors per a poder viure dignament i poder ser partícips de la societat que els envolta, sense que quedin encallats a un costat. Però des de Creix subscriuen que el cas de les dones és més sagnant. “Les dones no tenen dret a la pensió no contributiva si el marit cobra la pensió decent”, expliquen. “Encara que la seva filla s'ha anat de casa, la situació no ha canviat. El marit cobra 804 euros, però, com el topall estava en els 799 euros, la dona no ha pogut demanar la seva. Tenen habitatge propi, però amb 800 euros a Eivissa és impossible viure decentment”, asseguren.

“Depens dels molts o pocs euros que el teu marit et vulgui donar. Si ell decideix que aguanto amb el que tinc, hauré d'aguantar, encara que necessiti unes sabates, és ell qui em diu si puc o no”, explica la Maria. No té pensió, no pot decidir, ni triar. És el que hi ha. “Una dona que ha mantingut una casa, que ha estat treballant tota la vida i encara ho continua fent... Reclamem que tinguin la pensió perquè no hagin de dependre dels marits. És una qüestió de dignitat”, sol·liciten des de Creix.

“A l'hivern t'adorms a les set de la tarda”

Altres jubilats només cobren la pensió mínima perquè no han cotitzat prou. S'han passat la seva vida laboral com a petits autònoms o fent feines d'artesania. “Si no produeixes en sèrie, no val la pena donar-te d'alta”. Així ho explica a elDiario.es Luis, argentí de naixement que porta a Eivissa des de l'any 1977. “Sempre he viscut a casa meva amb la meva parella i hem pogut pagar despeses perquè segueixo fent algunes coses per a dos o tres clients que em queden. Amb la pensió no hi puc fer res”, afegeix. L'home de 74 anys s'ha separat recentment, “després de 32 anys de convivència”, de manera que amb una pensió no contributiva, que ronda els 550 euros, “la vida és impossible” a la més gran de les Pitiüses. Només les habitacions a cases compartides ja superen aquesta quantitat.

Luis, de 74 anys, s'ha separat recentment. Li ha quedat una pensió no contributiva que ronda els 550 euros. Amb aquests diners, 'la vida és impossible' a Eivissa. Només les habitacions en cases compartides ja superen aquesta quantitat

“La llum, consumeixes la mínima. A l'estiu no hi ha aire condicionat i de cara a l'hivern tens l'ampolla de butà enganxada a tu. A les set del vespre a dormir i tapar-se amb mantes”. Aquesta és la vida d'un jubilat amb aquest tipus de pensió. “T'obliguen a ficar-te al llit aviat”, assevera. Són les conseqüències de la pobresa energètica a l'illa del luxe que pateixen la majoria dels jubilats amb pensions no contributives o els grups familiars, amb dependents a càrrec, amb només una paga de jubilació provinent del “cap de família”.

“Des de l'any 77 vaig aportar cinc o sis anys. A més, tenim una ajuda de cent euros, perquè no pots viure amb aquesta pensió; no n'hi ha prou”, puntualitza. L'home es refereix a una ajuda que l'Executiu autonòmic ofereix a les persones que, tot i cobrar la no contributiva, no tenen prou ingressos, tal com corroboren des de la Conselleria d'Afers Socials. “Per part del Govern hi ha un suplement a la PNC (pensió no contributiva), que és una quantitat que té una quantia màxima de 150,41 euros. No hi ha ni un mínim”, expliquen. Tot i això, aquest suplement no està disponible per a aquelles persones jubilades que cobren una pensió contributiva de poca quantia, que en algunes ocasions és tan baixa com la PNC, sobretot en el cas de les dones que depenen de la pensió del marit o de persones amb baixes cotitzacions.

Luis, després de la seva separació, va trobar una habitació “amb molta sort”. Un conegut li va fer lloc a casa seva. Paga 400 euros. “I amb la resta em vaig defensant. Però he de fer alguna feina extra, si no, no es pot viure. Estic fent alguna feina per a uns clients que em queden. Sense això no podria viure”, afirma.

L'artesà tenia diverses botigues amb què treballava, també feia souvenirs per a les botigues de l'aeroport. “Però en arribar la pandèmia i, com que vaig optar per la pensió no contributiva, necessitava una factura oficial que mai m'havien demanat. Abans no podia pagar els 300 euros d'autònom per mes, se'm feia impossible. Tot anava en negre. Per això no he pogut cotitzar tot el que he treballat”, explica a elDiario.es.

Abans no podia pagar els 300 euros d'autònom per mes, se'm feia impossible. Tot anava en negre. Per això no he pogut cotitzar tot el que he treballat

Luis — Pensionista

“Vaig treballar a Argentina al Ministeri d'Obres Públiques a la província de Buenos Aires, sis anys, i hi tindré una mica de pensió. Però jo vull continuar vivint aquí, m'he fet d'aquí, no me'n vull anar”, comenta. Luis necessitaria viatjar al seu país d'origen per poder arreglar els papers de la pensió argentina i gestionar per cobrar a Espanya. “No obstant, la pensió no contributiva té les seves coses perquè, per exemple, no pots viatjar més de dos mesos i per arreglar això necessitaria més temps”, concreta.

“Cada dia és més difícil tirar endavant”

En millor situació econòmica es troben Carmen i el seu marit, encara que les xacres de l'edat pesen. Més al “cap de família” que pateix d'Alzheimer, càrrega que Carmen porta a l'esquena. Igual que li ha passat tota la vida per tirar endavant els sis fills que té el matrimoni. “Som una parella de jubilats i entre les dues pensions ingressem al voltant de 2.000 euros”, explica la dona a aquest diari. “Però jo cobro molt menys que el meu marit perquè he treballat a mitja jornada i em vaig jubilar abans per problemes de salut. No podia ser altrament, havia d'estar amb els meus fills i en aquella època el col·legi començava als cinc anys. Va ser una època molt difícil”, sospira.

Jo cobro molt menys que el meu marit perquè he treballat a mitja jornada i em vaig jubilar abans per problemes de salut. No podia ser altrament, havia d'estar amb els meus fills i en aquella època el col·legi començava als cinc anys. Va ser una època molt difícil

Carmen — Jubilada

En aquests moments la parella viu amb el fill menor de 38 anys. “Està pensant a independitzar-se, però té el problema de l'habitatge, que no troba. El lloguer és pràcticament el sou que guanya”, explica la dona. “Nosaltres hem cotitzat tota la vida. Vam venir de fora molt joves, amb 18 anys, quan em vaig casar. Jo he treballat d'assistenta i el meu marit a l'ajuntament i anteriorment a la construcció”, concreta. “Vaig tenir la sort que a la casa on treballava tenia el meu contracte. Vaig estar 20 anys contractada. Estic molt agraïda, fins i tot em deixaven portar els nens. La meva senyora em va dir que no hi havia problema, que me'ls emportés i que fes el que pogués. Si hi havia un nen malalt em quedava a casa sense problemes”, puntualitza.

El matrimoni va comprar un terreny i va construir casa seva fa dècades. “La vam fer amb les nostres mans, jo era peó i el meu marit l'oficial; els fills més grans també ajudaven. Va ser molt sacrifici. Però si no ho haguéssim fet no podríem pagar un lloguer avui”, ratifica.

No obstant això, sembla que aquesta situació també empitjorarà. Des de l'associació Creix asseguren que, si les coses continuen així en cinc o sis anys, “els jubilats tindran una crisi brutal a l'illa”. “Fins ara la població de jubilats a Eivissa ve de la generació en què tots volien tenir casa seva en propietat, i és per això que molts no tenen problemes pel que fa a l'habitatge. Però en pocs anys, menys del que pensem, la generació que accedirà a les jubilacions, i que no van optar al moment a la compra, no podran continuar vivint a l'illa. Ja està passant amb alguns”, expliquen.

Segons l'entitat, la forma de viure dels grans d'ara, “que han treballat molt per a les seves famílies i han estalviat tota la vida com a formiguetes”, va canviar fa molt de temps, “quan el lloguer va començar a ser una opció de vida”. “Cada dia és més difícil tirar endavant. Nosaltres ens quedem aquí perquè tenim tots els nostres fills aquí i necessitarem ajuda, però els preus estan pels núvols”, assegura Carmen. “De moment anem sortint. El dia que el meu marit necessiti més ajuda no ho podré atendre. I si hem de contractar algú, no podrem arribar amb la pensió. I si em poso malalta, què hi faig?”, es pregunta la dona.

L'octubre de 2023 el nombre de pensionistes a les Balears era de 201.843. El setembre del 2024 han estat 208.976 persones les que han cobrat la pensió, segons les dades del Ministeri d'Inclusió. En el cas de la pensió de jubilació, la quantia mitjana se situa en 1.334,25 euros, enfront dels 1.271 de setembre del 2023. La mitjana nacional és de 1.445,75 euros, després de la pujada de les pensions amb l'IPC de principis d'any.

María, nombre ficticio, no puede ir a la peluquería sin que su marido le dé permiso. Los únicos ingresos que tiene la pareja son los casi 800 euros que cobra el hombre. La mujer se ve “obligada” a preguntarle si puede permitirse algún “extra” como cortarse o arreglarse el pelo. Lo mismo le sucede si tiene que comprar zapatos, ropa o algún accesorio. Todos son “lujos” que no se pueden permitir. “No he trabajado nunca”, asegura a una de las personas que la atiende en Creix, asociación sin ánimo de lucro creada en 2021 para dar apoyo a los mayores y sus familias en Santa Eulária (Eivissa).

Si la vida en la isla es una carrera de obstáculos para llegar a fin de mes, fundamentalmente por el precio de la vivienda, la gran mayoría de jubilados, que no cuentan con pensiones que puedan hacer frente a todos estos gastos, se encuentran en una situación muy delicada. Si son mujeres, las dificultades se multiplican. La falta de acceso a la pensión contributiva por haber trabajado en casa o porque sus maridos ya cobran les resta poder de decisión sobre las necesidades más básicas como son comprarse unos zapatos o ir a la peluquería. Mientras, el cuidado de maridos, descendientes, familiares mayores dependientes y el cuidado de los nietos y nietas son algunos de los trabajos que, hoy por hoy, las mujeres siguen cargando en sus mochilas. 

María y su marido tienen una hija con una discapacidad que justo ahora se ha emancipado porque ha conseguido su propia pensión. “Ha tenido suerte de encontrar una pequeña vivienda”, cuenta Vicente Marí Ribas, uno de los responsables de Creix. “Mientras residía con María, vivían todos de la jubilación del padre”, explica. “No los ves por la calle, van a la tienda y compran las cuatro cosas básicas. Esto afecta a la salud porque no te nutres como tienes que nutrirte. Afecta a la socialización, porque no pueden salir, no se relacionan”, relata. Creix se financia con diferentes aportaciones públicas, donaciones de entidades privadas y eventos de recaudación. 

“Nosotros cobramos cinco euros al mes. Pero incluso hay gente que está exenta, porque no pueden pagarlos”. Este es el esbozo de las personas usuarias de Creix, que cuenta con dos locales en Jesús y Puig d'en Valls en los que organizan diferentes actividades con el objetivo de que los mayores se relacionen, estén activos y no pierdan los lazos sociales. En estas fechas realizan una gala de Halloween con la proyección de la película del ibicenco Héctor Escandell ‘Los crímenes del día de Todos los Santos’.

Son muchos los hándicaps que tienen que salvar los mayores para poder vivir dignamente y poder ser partícipes de la sociedad que los rodea, sin que queden varados a un lado. Pero desde Creix suscriben que el caso de las mujeres es más sangrante, si cabe. “Las mujeres no tienen derecho a la pensión no contributiva si el marido cobra la pensión decente”, explican. “Aunque su hija se ha ido de casa, la situación no ha cambiado. El marido cobra 804 euros, pero, como el tope estaba en los 799 euros, la mujer no ha podido pedir la suya. Tienen vivienda propia, pero con 800 euros en Eivissa es imposible vivir decentemente”, aseguran.

“Dependes de los muchos o pocos euros que tu marido quiera darte. Si él decide que aguante con lo que tengo, tendré que aguantar, aunque necesite unos zapatos, es él el que me dice si puedo o no”, explica María. No tiene pensión, no puede decidir, ni elegir. Es lo que hay. “Una mujer que ha mantenido una casa, que ha estado trabajando toda la vida y aún lo sigue haciendo... Reclamamos que tengan su pensión para que no tengan que depender de los maridos. Es una cuestión de dignidad”, solicitan desde Creix.

“En invierno te vas a dormir a las siete de la tarde”

Otros jubilados solo cobran la pensión mínima porque no han cotizado lo suficiente. Se han pasado su vida laboral como pequeños autónomos o haciendo trabajos de artesanía. “Si no produces en serie, no merece la pena darte de alta”. Así lo cuenta a elDiario.es Luis, argentino de nacimiento que lleva en Eivissa desde el año 1977. “Siempre he vivido en mi casa con mi pareja y hemos podido pagar gastos porque sigo haciendo algunas cosas para dos o tres clientes que me quedan. Con la pensión no puedo hacer nada”, añade. El hombre de 74 años se ha separado recientemente, “después de 32 años de convivencia”, con lo que con una pensión no contributiva, que ronda los 550 euros, “la vida es imposible” en la mayor de las Pitiüses. Solo las habitaciones en casas compartidas ya superan esa cantidad. 

Luis, de 74 años, se ha separado recientemente. Le ha quedado una pensión no contributiva que ronda los 550 euros. Con este dinero, 'la vida es imposible' en Eivissa. Solo las habitaciones en casas compartidas ya superan esa cantidad

“La luz, consumes la mínima. En verano no hay aire acondicionado y de cara al invierno tienes la botella de butano pegada a ti. A las siete de la tarde a dormir y taparse con mantas”. Esta es la vida de un jubilado con este tipo de pensión. “Te obligan a acostarte pronto”, asevera. Son las consecuencias de la pobreza energética en la isla del lujo que sufren la mayoría de los jubilados con pensiones no contributivas o los grupos familiares, con dependientes a cargo, con solo una paga de jubilación proveniente del “cabeza de familia”.

“Desde el año 77 aporté cinco o seis años. Además, tenemos una ayuda de ciento y pico de euros, porque no puedes vivir con esta pensión; no es suficiente”, puntualiza. El hombre se refiere a una ayuda que el Ejecutivo autonómico ofrece a las personas que, a pesar de cobrar la no contributiva, no tienen ingresos suficientes, tal y como corroboran desde la Conselleria de Asuntos Sociales. “Por parte del Govern existe un suplemento a la PNC (pensión no contributiva), que es una cantidad que tiene una cuantía máxima de 150,41 euros. No hay un mínimo”, explican. Sin embargo, este suplemento no está disponible para aquellas personas jubiladas que cobran una pensión contributiva de poca cuantía, que en algunas ocasiones es tan baja como la PNC, sobre todo en el caso de las mujeres que dependen de la pensión del marido o de personas con bajas cotizaciones.

Luis, después de su separación, encontró una habitación “con mucha suerte”. Un conocido le hizo hueco en su casa. Paga 400 euros. “Y con el resto me voy defendiendo. Pero tengo que hacer algún trabajo extra, si no, no se puede vivir. Una changuita, labores de mantenimiento. Además, estoy haciendo algún trabajo para unos clientes que me quedan. Sin eso no podría vivir”, afirma.

El artesano tenía varias tiendas con las que trabajaba, también hacía souvenirs para las tiendas del aeropuerto. “Pero al llegar la pandemia y, como opté por la pensión no contributiva, ahí necesitaba una factura oficial que nunca me habían pedido. Antes no podía pagar los 300 y pico euros de autónomo por mes, se me hacía imposible. Todo iba en negro. Por eso no he podido cotizar todo lo que he trabajado”, explica a elDiario.es.

Antes no podía pagar los 300 y pico euros de autónomo por mes, se me hacía imposible. Todo iba en negro. Por eso no he podido cotizar todo lo que he trabajado

Luis — Pensionista

“Trabajé en Argentina en el Ministerio de Obras Públicas en la provincia de Buenos Aires, seis años, y tendré algo de pensión allí. Pero yo quiero seguir viviendo aquí, me he hecho de aquí, no me quiero ir”, comenta. Luis necesitaría viajar a su país de origen para poder arreglar los papeles de su pensión argentina y gestionar para su cobro en España. “Sin embargo, la pensión no contributiva tiene sus cosas porque, por ejemplo, no puedes viajar por más de dos meses y para arreglar esto necesitaría más tiempo”, concreta.

 “Cada día es más difícil salir adelante”

En mejor situación económica se encuentran Carmen y su marido, aunque los achaques de la edad pesan. Más al “cabeza de familia” que sufre de Alzheimer, carga que Carmen lleva sobre sus espaldas. Igual que le ha sucedido toda su vida para sacar adelante a los seis hijos que tiene el matrimonio. “Somos una pareja de jubilados y entre las dos pensiones ingresamos alrededor de 2.000 euros”, cuenta la mujer a este periódico. “Pero yo cobro mucho menos que mi marido porque he trabajado a media jornada y me jubilé antes por problemas de salud. No podía ser de otra manera, tenía que estar con mis hijos y en aquella época el colegio empezaba a los cinco años. Fue una época muy difícil”, suspira.

Yo cobro mucho menos que mi marido porque he trabajado a media jornada y me jubilé antes por problemas de salud. No podía ser de otra manera, tenía que estar con mis hijos y en aquella época el colegio empezaba a los cinco años. Fue una época muy difícil

Carmen — Jubilada

En estos momentos la pareja vive con su hijo menor de 38 años. “Está pensando en independizarse, pero tiene el problema de la vivienda, que no encuentra. El alquiler es prácticamente el sueldo que gana”, cuenta la mujer. “Nosotros hemos cotizado toda la vida. Vinimos de fuera muy jóvenes, con 18 años, cuando me casé. Yo he trabajado de asistenta y mi marido en el ayuntamiento y anteriormente en la construcción”, concreta. “Tuve la suerte de que en la casa donde trabajaba tenía mi contrato. Estuve 20 años contratada. Estoy muy agradecida, incluso me dejaban llevarme a los niños. Mi señora me dijo que no había problema, que me los llevara y que hiciera lo que pudiera. Si había un niño enfermo me quedaba en casa sin problemas”, puntualiza.

El matrimonio compró un terreno y construyó su casa hace décadas. “La hicimos con nuestras propias manos, yo era peón y mi marido el oficial; los hijos más mayores también ayudaban. Fue mucho sacrificio. Pero si no lo hubiéramos hecho no podríamos pagar un alquiler hoy”, ratifica.

Sin embargo, parece que esta situación también va a empeorar. Desde la asociación Creix aseguran que si las cosas continúan así en cinco o seis años, como mucho, “los jubilados tendrán una crisis brutal en la isla”. “Hasta ahora la población de jubilados en Eivissa viene de la generación en la que todos querían tener sus casas en propiedad, y es por eso que muchos no tienen problemas en cuanto a la vivienda. Pero en pocos años, menos de lo que pensamos, la generación que accederá a las jubilaciones, y que no optaron en su momento a la compra, no podrán seguir viviendo en la isla. Ya está pasando con algunos”, cuentan. 

Según la entidad, la forma de vivir de los mayores de ahora, “que han trabajado mucho para sus familias y han ahorrado toda su vida como hormiguitas”, cambió hace mucho tiempo, “cuando el alquiler empezó a ser una opción de vida”. “Cada día es más difícil salir adelante. Nosotros nos quedamos aquí porque tenemos a todos nuestros hijos aquí y vamos a necesitar ayuda, pero los precios están por las nubes”, asegura Carmen. “De momento vamos saliendo. El día que mi marido necesite más ayuda no voy a poder atenderlo. Y si tenemos que contratar a alguien, no vamos a poder llegar con la pensión. Y si me pongo enferma, ¿qué hago con él?”, se pregunta la mujer.

En octubre de 2023 el número de pensionistas en Baleares era de 201.843. En septiembre de 2024 han sido 208.976 personas las que han cobrado su pensión, según los datos del Ministerio de Inclusión. En el caso de la pensión de jubilación, la cuantía media se sitúa en 1.334,25 euros, frente a los 1.271 de septiembre de 2023. La media nacional es de 1.445,75 euros, después de la subida de las pensiones con el IPC de principios de año. 

Mauricio llegó a València el pasado 20 de octubre junto a su mujer y sus hijos de 7 y 8 años con su furgoneta y sus enseres personales. Arquitecto de profesión, huyó de Colombia hace tres años al estar amenazado de muerte por los paramilitares y recaló en un primer momento en Málaga, donde solicitó asilo, lo que le permitió tener permiso de trabajo y de residencia y trabajar en el mundo de la obra, desde peón en un primer momento hasta incluso encargado.

Tras lograr reunir unos ahorros, trajo a su mujer y a sus hijos de Colombia y se trasladó primero a Ávila en busca de mayor oferta de vivienda y más económica y posteriormente a Pamplona. En ambos casos tuvo problemas para alojarse en una casa por lo que tuvo que tirar de hostales. Los ahorros se fueron acabando y finalmente se puso en contacto con Cruz Roja, organización que les ayudó a encontrar alojamiento en Huesca. Allí se alojaron en una vivienda de la Fundación APIP-ACAM dedicada a la atención residencial a personas vulnerables en una casa compartida con otras 40 personas. Al mismo tiempo, se le deniega la petición de asilo, por lo que, según Mauricio, aunque ha recurrido, automáticamente se le dio de baja del padrón.

En medio de todo este lío administrativo, deciden trasladarse a València: “Se trata de una ciudad mucho más grande donde pensamos que podemos tener más oportunidades laborales para sacar adelante a mi familia. Además necesitaba sacar a mi mujer de ese entorno, tiene problemas psiquiátricos debido a toda esta situación, estuvo seis meses ingresada y le han dado una invalidez del 49%”.

A su llegada a València, se alojaron en su propia furgoneta poniendo un colchón hinchable en la parte trasera para los niños esperando encontrar algo de ayuda y un trabajo para mejorar su situación. Sin embargo, la maraña jurídica sobre su petición de asilo y la sorprendente respuesta de los servicios sociales del Ayuntamiento de València está complicando su situación en plena DANA: “Gracias a una entrevista que nos hicieron la semana pasada en el diario Levante-EMV sobre nuestra situación, el Ayuntamiento nos proporcionó un alojamiento de emergencia en un hostal del 25 al 28 de octubre, según nos dijeron, como prevención por las previsiones meteorológicas. Pero este lunes nos dijeron que teníamos que irnos, justo ahora que empeora el clima”.

Sobre los motivos del desalojo, ha explicado que los servicios sociales municipales les han dicho que no pueden hacer nada porque no están empadronados en València, sino en Huesca, y que por lo tanto lo que tienen que hacer es volver allí, incluso les dijeron que fueron unos “irresponsables” al irse de allí y venir a València.

Según Mauricio, “al quedarnos fuera del programa de asilo en teoría no deberíamos de estar empadronados, pero no entendemos que sea un impedimento para ofrecer ayuda de emergencia cuando tenemos a dos menores durmiendo en una furgoneta en la que por cierto entra algo de agua cuando llueve; estamos desesperados, pero seguiremos aquí hasta que encontremos otra cosa, no podemos hacer más”.

Según diversas organizaciones no gubernamentales consultadas por este diario, ni en la ley de servicios sociales ni en las ayudas de emergencia de la Generalitat Valenciana se establece que las personas beneficiarias tengan que estar empadronadas y de hecho afirman que se han concedido ayudas a personas no empadronadas en muchas ocasiones. Estas entidades han afirmado que recientemente sí les han llegado casos de personas a las que les están exigiendo seis meses de empadronamiento, algo que debe responder a instrucciones internas, pero que no estaría regulado por escrito.

Bronca política entre PP y PSPV

El PSPV-PSOE denunció este martes la situación de “abandono y desamparo” de la familia colombiana con dos niños menores de edad que se ha visto obligada a vivir en una furgoneta en plena calle en la ciudad de València y censuró que el Ayuntamiento sea “incapaz de atender” esta emergencia “muy grave”.

El portavoz socialista en el consistorio, Borja Sanjuán, lamentó que esta familia en situación de “extrema vulnerabilidad” no haya sido atendida por los servicios municipales en “plena alerta climatológica” y pese a que “se han puesto en contacto con ellos”, algo que ha considerado “inconcebible”.

Sanjuán destacó que las formas en las que ha sido contestada esta familia “no son maneras de tratar a personas que duermen en la calle” e instó a la alcaldesa, María José Catalá, a “interesarse por ello” para que esta familia “no acabe el día durmiendo en una furgoneta”. “La dignidad de una ciudad se mide en cómo responde ante estos casos, no es una cuestión partidista, sino de mera humanidad”, expresó.

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Marta Torrado, indicó que desde el Ayuntamiento de València “siempre” están dispuestos a atender a “cualquier persona que llega a nuestra ciudad” porque las competencias de los ayuntamientos “hablan de la urgencia”, aunque especificó que este caso concreto se trata de una familia empadronada en Huesca, con dos niños pequeños “con obligatoriedad de escolarizarlos” y con el padre “con un trabajo” en esta ciudad.

Por ello, ha manifestado “no entender cómo sin decir nada” al Ayuntamiento de Huesca, al Gobierno de Aragón y al de España “decidieron unilateralmente, sin informar a nadie, venir a nuestra ciudad”. Pese a ello, aseguró que el Ayuntamiento de València, por “razones de urgencia y humanidad”, atendió a esta familia “los primeros días”, pero recalcó que en Huesca “les están reclamando porque tienen la obligatoriedad de escolarizar a los dos menores” al estar empadronados allí.

Por lo tanto, argumentó Torrado, el Ayuntamiento de València no puede proporcionarles “ninguna ayuda de emergencia”, dado que el “primer requisito” para ello es, “lógicamente”, que estén empadronados en la ciudad. Además, la edil indicó que desde el consistorio mantienen conversaciones con la familia para que regresen a Huesca y, “a partir de allí, se les pueda continuar con esa ayuda”, al tiempo que instó al Gobierno de España a “asumir sus competencias en materia de protección”.

Los socialistas aseguraron que habían puesto en conocimiento del Defensor del Menor y el Síndic de Greuges esta situación porque “no es la primera vez que València es noticia por abandonar a familias en la calle”. “El abandono del CAI y el recorte de plazas de atención de emergencia por el cierre de recursos está llevando al colapso los servicios sociales de la ciudad”, advirtieron, al tiempo que calificaron de “vergonzosa” la gestión del PP.