Los obispos están dispuestos a llegar a acuerdos con el Gobierno acerca de una nueva fiscalidad de la Iglesia, y de revisar aquellas inmatriculaciones que pudieran resultar conflictivas o con visos de ilegalidad. Esta es una de las primeras conclusiones de la nueva etapa en las relaciones entre la Conferencia Episcopal y el Ejecutivo después de la 'fructífera' reunión que mantuvieron la semana pasada, durante más de dos horas, el cardenal Omella y la vicepresidenta Carmen Calvo.

Un encuentro que, según confirman a eldiario.es ambas partes, estuvo marcado por la “cordialidad” y la “cercanía”, y en el que se pusieron las bases para un diálogo “sincero y coordinado” en torno a cuatro grandes ejes. Después de la primera reunión entre los máximos responsables de las negociaciones Iglesia católica-Gobierno, los interlocutores del día a día, encargados de convocar a la Comisión Mixta, serán el secretario general de la CEE, Luis Argüello, y el subsecretario de Vicepresidencia, Antonio Hidalgo. 

La voluntad de diálogo es amplia por ambas partes, que han pasado en pocos meses del silencio y el malestar tras la polémica por la exhumación de Franco (con las extemporáneas declaraciones del anterior Nuncio, Renzo Fratini, que fueron duramente contestadas por Calvo), a la cordialidad de las reuniones tanto con el nuevo representante papal, Bernardito Auza como, especialmente, con Juan José Omella. Y es que el nuevo presidente del Episcopado desea mantener una relación fluida y “tender puentes” con las administraciones, como ha demostrado la CEE durante la pandemia, con las consabidas excepciones del obispo Reig y una decena de curas díscolos.

La eutanasia, fuera de la negociación

¿Cuáles serán los bloques de la negociación? Fundamentalmente cuatro, pues el Gobierno ha dejado claro a la Iglesia que la cuestión de la eutanasia no forma parte del 'corpus' de los Acuerdos –además, la ley ya está tramitándose en el Congreso– y el Episcopado será crítico con esa norma. Se espera que en la próxima reunión de la Comisión Permanente de la CEE pueda haber incluso una nota sobre el tema.

Salvando este punto, el diálogo más complicado es el que se atisba en Educación, en plena tramitación de la LOMLOE, que ha sido duramente criticada por obispos y por los colegios católicos, al considerar que margina la clase de Religión y no defiende los intereses de la concertada. Ambos puntos (libertad educativa y Religión) sí forman parte de los Acuerdos Iglesia-Estado, pero hoy por hoy los puntos de partida están muy lejanos. 

En lo que tiene que ver con la fiscalidad, la voluntad de la Iglesia es la de llegar a acuerdos, y no se opondrá a las reformas que vengan del Ejecutivo, especialmente en este momento de crisis postpandemia. Omella sí ha dejado claro que apostarán por la 'igualdad de trato', recordando que, en opinión de la Iglesia, todos los privilegios fiscales se encuentran recogidos en la Ley de Fundaciones. Los obispos no se oponen a modificaciones, siempre que éstas también afecten a otras religiones, fundaciones, partidos políticos o sindicatos.

Respecto a las inmatriculaciones, la Iglesia analizará el informe del Colegio de Registradores, y se ha mostrado dispuesta a reparar posibles infracciones de la ley o adjudicaciones con visos de ilegalidad, lo que ya es un avance con anteriores etapas.

En lo que sí parece que hay total acuerdo es en la defensa de los derechos de los menores y la lucha contra la pederastia, incluido en la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia que se está tramitando, y en la que todo parece indicar que se incluirá expresamente los ámbitos eclesiásticos, tal y como ya se hace con los familiares, educativos o deportivos.

Finalmente, el Gobierno escuchará a las entidades sociales de la Iglesia, especialmente Cáritas, en sus reivindicaciones para paliar los efectos de la crisis provocada por la pandemia, una cuestión que preocupa especialmente al cardenal Omella. “No queremos dejar a nadie atrás”, recalcaba esta semana el presidente de la Conferencia Episcopal. 

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Este lunes, Joseph Ratzinger regresaba al Vaticano, después de un breve y sorpresivo viaje a Ratisbona para visitar y, tal vez, despedirse, de su hermano mayor, George (96 años), gravemente enfermo. Un viaje de ida y vuelta que, durante unas horas, puso en marcha todas las alertas en el Vaticano, ante la posibilidad de que Benedicto XVI no regresara.

La situación no era para menos. Se trataba de la primera ocasión, desde su renuncia al papado hace más de siete años, que Benedicto XVI salía de los muros vaticanos (salvo para ir al médico o, los primeros años, descansar en Castel Gandolfo) y, en plena pandemia mundial, viajaba a Alemania. El deseo del Papa, consensuado con Francisco, supuso movilizar, en pocas horas, todos los dispositivos de seguridad de los gobiernos vaticano, italiano y alemán. Así, en la tarde del jueves pasado, un vuelo privado llevaba a Ratisbona a Ratzinger, a su médico personal y una de las religiosas que vive con él, a uno de los responsables de la seguridad vaticana y al secretario personal Georg Gänswein.

¿Cuánto durará el viaje? La Santa Sede no sabía qué contestar. “El tiempo que sea necesario”, subrayó el portavoz vaticano, Mateo Bruni, quien horas después habría indicado que Ratzinger no regresaría “hasta la muerte de su hermano”, que se preveía inminente.

¿Una 'corte emérita' en Ratisbona?

Al riesgo cierto del fallecimiento de George se sumaba la frágil salud de Benedicto XVI, de 93, y que no había montado en un avión desde hacía ocho años. Las pocas imágenes que se difundieron mostraban a un Joseph Ratzinger visiblemente desmejorado, lo que hizo que la prensa germana destapara la hipótesis de un viaje de no retorno del papa emérito a su hogar. ¿Y si Benedicto XVI no regresara?

La hipótesis no era nada peregrina, pues la salud de su hermano, muy frágil, no parecía ser de muerte inminente, como luego se demostró. George y Joseph celebraron misa todos los días y Benedicto, incluso, se permitió el lujo de visitar la casa de su infancia y la tumba de sus padres y hermanas. Además, un vuelo de ida y vuelta muy seguido podría ser fatal para un anciano como Ratzinger.

¿Podría morir Ratzinger en Alemania? Era una de las posibilidades que se planteaban, con una derivada que, si bien no era deseada en la Santa Sede, de algún modo 'descomprimiría' la polémica sobre la cada vez más difícil convivencia de dos papas (especialmente, de sus entornos), en el Vaticano. No obstante, una 'corte emérita' en Ratisbona chocaba con la mayoría del Episcopado alemán, inmerso en un proceso de reformas para implementar la presencia de la mujer en la Iglesia, o los curas casados, que Ratzinger jamás hubiera permitido y que Francisco está dejando hacer. Un Papa en Alemania, además, atraería a personajes como Müller, Rouco, Burke o Sarah, líderes –más o menos oficiales– de la oposición interna a Bergoglio.

Del mismo modo, la muerte de Ratzinger en Alemania, unido a su deseo de ser enterrado en su país de origen, aliviaría las complicaciones que, en los próximos meses, tendría un 'funeral de Estado' en la plaza de San Pedro. El coronavirus no facilita este tipo de eventos, presumiblemente multitudinarios, y que además podría convertirse en una ocasión para la movilización de los sectores antibergoglianos, algunos de los cuales podrían llegar a reivindicar la situación de 'sede vacante' tras la muerte del –para ellos– único papa legítimo.

Su deseo: ser enterrado en Alemania

A ello se suma la íntima unión entre Joseph y Georg. Los hermanos Ratzinger son como aquellos matrimonios que llevan toda la vida juntos: muere uno y muere el otro. Benedicto XVI ha impuesto su voluntad para acompañar a su hermano en sus últimos días, pues no se perdonaría que volviera a ocurrir como en la muerte de su hermana, a la que no pudo visitar.

De hecho, algunas fuentes apuntan que, durante el encuentro de despedida Francisco–Benedicto, el pontífice alemán sólo le pidió una cosa al argentino: “Si muero en Alemania, que me entierren allí”. Un deseo que Bergoglio se habría comprometido a cumplir.

Sin embargo, poco después, se esfumó la posibilidad de una 'corte emérita' en Ratisbona. En un breve comunicado, la diócesis de Regensburg anunciaba que Joseph Ratzinger regresaría a Roma este lunes. “El encuentro de los hermanos es una fuente de fortaleza para ambos”, apuntaban desde el Obispado.

“El papa emérito está exhausto, pero lleno de alegría. El encuentro de los dos hermanos ha sido conmovedor, un consuelo para ambos”, señalaron fuentes de la diócesis de Ratisbona. Finalmente, el lunes al mediodía, Benedicto XVI llegaba al Vaticano. No se le ha vuelto a ver.

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A finales de junio, diócesis como Plasencia o Valencia serán las primeras en comenzar a celebrar comuniones, bautizos y bodas en los templos católicos, ceremonias que se han visto frenadas por el impacto del coronavirus. Y, salvo algunas colas en lugares 'de moda' (Los Jerónimos en Madrid, y muchas de las basílicas en Sevilla, además de las catedrales de Burgos, Ávila o León), lo cierto es que el retorno de los ritos sacramentales no tendrán la afluencia de otros años. ¿La razón? No sólo la COVID–19, sino el hecho de que la sociedad española, en la práctica, ha dejado de ser católica.

Más allá de lo formal –casi dos tercios de los españoles se declaran católicos, y más de tres cuartas partes han sido bautizados–, la práctica religiosa y sacramental en nuestro país ha vivido un brusco descenso en los últimos años. Un descenso que se convierte en auténtico desplome cuando cruzamos los datos de bodas, bautizos o comuniones, las grandes celebraciones que históricamente han llenado los 23.000 templos católicos de nuestro país.

Incluso el Papa Francisco ha animado, en más de una ocasión, a volver a una Iglesia de pequeñas comunidades, sabiéndose –al menos en Europa– en clara minoría respecto a otras épocas en las que ser católico era parte consustancial del Viejo Continente.

Mientras se escuchan los exabruptos de más de un cardenal y varios obispos (Reig, Munilla, Cañizares, Sanz...), lo cierto es que la Iglesia española sigue estando en los niveles más bajos de aceptación social, aunque su peso sociopolítico sigue siendo muy fuerte en un país que apuesta por la laicidad.

Los datos del CIS de hace un año resultaban tajantes: por primera vez, los no creyentes se situaban por encima de los católicos practicantes. Así, aunque dos de cada tres españoles se declaran católicos, apenas el 22,7% acuden a misa o se confiesan. Los agnósticos o no creyentes suman el 29%. Si sumamos al 2,3% de los que afirman pertenecer a otra religión, concluimos que tres de cada diez ciudadanos no quiere saber nada de la Iglesia católica.

“Si no cambia la cosa, sólo celebraremos funerales”

¿Qué le queda a la Iglesia? Los ritos... y cada vez menos. La práctica religiosa de los últimos años ha vivido un auténtico desplome. Especialmente relevantes son los datos de las bodas. Si en 2001 el 70% de los enlaces se celebraban 'por la Iglesia', el año pasado el porcentaje descendió al 20%.

El derrumbe en las dos últimas décadas ha sido espectacular: en el año 2000 unas 163.000 parejas se unían por la Iglesia. El año pasado, la cifra se dividió por cuatro (41.975), según datos de la propia Conferencia Episcopal.

En apenas una generación, los fieles han ido abandonando los templos. Ya no se casan por la Iglesia, y cada vez menos se bautizan o hacen la primera comunión, históricamente los ritos de entrada en la Iglesia católica. Las primeras comuniones han pasado de 245.427 en 2012, a 222.345 en 2018, mientras que en el caso de los bautizos la cifra ha caído en picado: de 268.810 bautizos en 2012, a 193.394 en 2018.

Sólo han aumentado, y mínimamente, los sacramentos 'de adultos': confirmaciones (en 2012 110.065; en 2018, 129.171) y las unciones de enfermos (de 20.493 en 2012 a 25.663 en 2018).

¿Qué quiere decir esto? Los expertos consultados por eldiario.es lo tienen claro. “Hemos perdido a la infancia, lo que quiere decir que estamos a punto de perder, si no lo hemos hecho ya, a la juventud. Y que, si no cambia la cosa, dentro de poco solo celebraremos funerales” lamenta un obispo español que prefiere mantenerse en el anonimato.

Los escándalos de abusos –“No sólo sexuales, sino de poder”–, la histórica ligazón de sectores católicos predominantes con los poderes económicos y políticos de este país, y la sensación de que la institución se ha alejado de los debates que interesan a la sociedad son algunas de las razones. “Curiosamente –analiza este prelado–, cuando tenemos en Roma a un Papa que es el paradigma de la globalización y de la cercanía. Algo hemos tenido que hacer muy mal para que no nos quieran”, asume.

Millones en las clases y en la 'X' de la Renta

Sin embargo, otros datos, precisan fuentes episcopales, podrían dar una imagen diferente de la situación. Según la Memoria de Actividades de la Iglesia española, más de 8,3 millones de personas acuden regularmente a las 9,5 millones de misas que anualmente se celebran en nuestro país. Una potencia de presencia pública que sólo pueden igualar algunos clubes de fútbol y que, en su día, la Iglesia utilizó en las calles para oponerse a los proyectos progresistas del primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, como Educación para la Ciudadanía y, especialmente, la ley del matrimonio igualitario.

Pese a notable descenso, más de tres millones de escolares optan por la clase de Religión Católica en las escuelas, que gracias a la llamada Ley Wert cuenta para nota en las escuelas, algo que el nuevo proyecto de ley educativo que se tramita en el Congreso pretende eliminar.

Además, las cifras de la Renta, obtenidas por los contribuyentes que marcaron la x correspondiente en su declaración han subido de forma espectacular en los últimos años, alcanzando un récord de 285 millones de euros en el último ejercicio.

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“El demonio existe en plena pandemia, intentando llevar a cabo investigaciones para vacunas y para curaciones. Nos encontramos con la dolorosísima noticia de que una de las vacunas se fabrica a base de células de fetos abortados. Así de claro. Y eso es inhumano, eso es cruel, y ante eso no podemos alabarlo ni bendecirlo, todo lo contrario”.

El cardenal de Valencia, Antonio Cañizares, se despachaba a gusto este domingo durante la misa del Corpus. Se hacía eco en la homilía de la teoría de la conspiración que, desde distintos lobbies de la ultraderecha católica provida mundial, se está lanzando contra la OMS, y su “alianza” con supuestos dirigentes de un poder oscuro que busca dominar el mundo. Entre ellos, Bill Gates, George Soros o el mismísimo Barack Obama.

Tras el revuelo, la diócesis de Valencia tuvo que matizar las afirmaciones de su arzobispo, incidiendo en que reza “desde el inicio de la pandemia” para que “se encuentre una vacuna que ayude a curar, e incluso a prevenir” la COVID-19. Cañizares aludía en su comunicado a un artículo de la revista Science que no citó en la homilía, y asegurando que seis de las 130 líneas de investigación que se están desarrollando para obtener vacunas contra la COVID-19 han utilizado células fetales humanas.

En realidad, como recoge Maldita, no se utilizan “células de fetos abortados” en investigación biomédica. Existen dos líneas de cultivos celulares inmortalizadas que provienen de células extraídas durante el análisis de dos fetos –resultado de dos abortos por motivos médicos– en 1961 y 1966. Esas células (que nunca han formado parte de los fetos originales) se han utilizado en investigaciones para vacunas contra la polio, la rubéola o la varicela, entre otras.

Según el comunicado difundido por el arzobispado, “lo único que añadía” Cañizares en su sermón era una referencia a que estas investigaciones “se estarían produciendo con métodos que abrirían dilemas éticos”, y afirmaba que “lo deseable” sería lograr la vacuna sin haber de enfrentarse a dichas tesituras, recogiendo las reservas hechas públicas por algunas voces del ámbito religioso norteamericano.

Sin embargo, Cañizares va más allá que la propia Iglesia. El Vaticano ya se pronunció a favor del uso de vacunas producidas en estas células a través de un escrito del entonces obispo Elio Sgreccia, presidente de la Academia Pontificia para la Vida.

Bill Gates y Soros, “esclavos y seguidores del mal”

Sin embargo, las tesis ultraconservadoras están logrando calar hondo en algunos sectores de la sociedad española. Así, las palabras de Cañizares han sido refrendadas por el presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), José Luis Mendoza, quien el pasado viernes, en un acto con motivo de la fiesta de San Antonio, daba por buena la falsa noticia sobre las vacunas y el 5G que han provocado ataques a estas antenas de telefonía en Europa, y que han sacado manifestantes a la calle tanto en Italia como en España, acusando a políticos y autoridades sanitarias de un macabro plan para controlar el mundo. El mismo bulo conspiranoico que Miguel Bosé difundió en sus redes sociales hace unos días. 

“¿Por qué ya en las Olimpiadas de Londres [2012] se anuncia el coronavirus? ¿Por qué Bill Gates y [George] Soros anunciaban hace años que se venía el coronavirus? ¿Cómo ha venido esto? ¿Por qué motivo? Quieren controlarnos cuando se saque la vacuna con un chip sacado de uno de nosotros para controlar nuestra voluntad. Pero ¿qué se han creído? Esclavos y servidores de Satanás. No les tengáis miedo”, soltaba el director de la UCAM en su discurso.

Mendoza iba más allá, y acusaba a “las fuerzas oscuras del mal” de provocar la pandemia. “En cada generación aparece el anticristo y aquellos que le sirven con gran poder queriendo usurpar el nombre de Dios. Existe el miedo a causar daño al otro, pero no el miedo a hacer el bien. Nunca el mal triunfará sobre el bien. ¡Jamás! No puede. Las tinieblas no pueden sobre la luz, nunca podrán”, se encendía.

Con Trump, contra la OMS y la Agenda 2030

¿De dónde surge la teoría de la conspiración? Exactamente es difícil saberlo, pero está claro quiénes han contribuido firmemente a extenderla. Y aquí llega la conexión EEUU-Italia. La tesis del 5G parece tener como punto de partida un vídeo de la conferencia que Thomas Cowan, autor de varios libros que se presenta como doctor, pronunció el pasado 12 de marzo en un foro organizado en Tucson (EEUU) por el grupo Humans for Humanity Coalition, vinculado al movimiento antivacunas. Esta ha sido ampliamente difundida por un think tank de promotores de la reelección de Donald Trump en noviembre, y que ha encontrado fácil eco en los grupúsculos ultraconservadores españoles y europeos ligados al equipo de trabajo del exasesor de Trump, Steve Bannon.

Bannon dirige el Instituto Dignitatis Humanae en un monasterio medieval del centro de Italia, y es un hombre cercano a uno de los grandes opositores al Papa Francisco, el ex nuncio en EEUU, Carlo María Viganò, quien la pasada semana mantuvo correspondencia con el presidente Trump, en la que califica la pandemia de “colosal operación de ingeniería social” contra la que hay que luchar.

“Sucede que unas fuerzas internacionales indeterminadas (un supuesto nuevo orden mundial), desprovistas de cualquier principio moral y ávidas de dinero y poder, están atentando contra los valores de la patria, de la familia y del pueblo, escribe Viganò en un texto retuiteado por Trump. En el mismo, el exnuncio denuncia a ”los hijos de la oscuridad“, que ”están librando una guerra“ y ”han decidido mostrar sus cartas al revelar sus planes“.

“Las investigaciones ya en curso revelarán la verdadera responsabilidad de quienes manejaron la emergencia del COVID-19, no solo en el área de la atención médica, sino también en la política, la economía y los medios de comunicación”, sostiene Viganò. Y asegura que así “descubriremos que en esta colosal operación de ingeniería social hay personas que han decidido el destino de la humanidad, y se han impuesto el derecho de actuar contra la voluntad de los ciudadanos y sus representantes”. Viganò no se cortaba tampoco en vincular el coronavirus y las protestas por el asesinato de George Floyd.

HazteOir y el Gobierno 'socialcomunista'

Ya dentro de nuestras fronteras, estos grupúsculos son los mismos que acusan al Gobierno “social-comunista” de Pedro Sánchez de provocar la muerte de más de 50.000 españoles, y de seguir una agenda pro aborto y pro eutanasia, dictada por dichos poderes oscuros, valiéndose de la ONU y de la Agenda 2030, y de las nuevas tecnologías.

Como hizo Miguel Bosé, los grupos ultras están fomentando la idea de que el magnate y el fundador de Microsoft buscan controlar las conciencias de la humanidad a través de las vacunas y del 5G.

Son los mismos sectores que acusan a la OMS de promover indiscriminadamente el aborto. Es más: de utilizar la pandemia para multiplicar las interrupciones de embarazos en todo el mundo, saltándose la ley. Panfletos como Actuall (propiedad de HazteOir) se alían con los medios de comunicación de la ultraderecha estadounidense, como LifeSiteNews, para asegurar que los abortos han aumentado sin control, hasta 10,5 millones en el mundo entre marzo y abril.

Si a esa supuesta noticia se suma el bulo –desmentido hace tiempo– de que se están utilizando células de fetos abortados para conseguir una vacuna para la COVID-19, la intencionalidad es tan clara como inverosímil: la OMS, Bill Gates, Barack Obama y, por supuesto, el Gobierno “social-comunista” de nuestro país forman parte de una estrategia global para laminar la defensa de la vida y los valores cristianos de la sociedad mundial. 

De hecho, HazteOir sostiene en sus redes sociales que “la gestión mundial de la pandemia pone en entredicho la labor sanitaria de la ONU y pone de manifiesto aún más su sesgo ideológico (abortista)”. Para ello utiliza el hashtag (promovido por Vox y su entorno) #YoSoyLaResistencia. Entre los actuales gestores de la comunicación del partido de Santiago Abascal se encuentra Gabriel Ariza, antiguo director de Infovaticana e hijo del fundador de Intereconomía (y otro de los valedores de la teoría de la conspiración), Julio Ariza.

El excoronel Montano se llama Inocente, y así se declara. El único acusado del juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional (sede de San Fernando) por el asesinato de Ignacio Ellacuría y el grupo de jesuitas españoles -Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Juan Ramón Moreno, Amando López y Joaquín María López- y de Elba Ramos y su hija Celina (refugiadas con ellos en ese momento) en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, durante la guerra civil en El Salvador, lo niega todo a preguntas de su abogado.

Esta semana, la Justicia española logró sentar en el banquillo a uno de los presuntos autores intelectuales de la masacre en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador. El exviceministro de Seguridad Pública se enfrenta a una petición de 30 años de prisión mayor por cada uno de los cinco asesinatos, después de que el otro acusado, René Mendoza -que formó parte del batallón que disparó contra Ellacuría y los suyos- haya decidido colaborar con la Justicia.

Sin embargo, en su declaración, el militar, de 76 años, con evidentes problemas auditivos y que se presentó en silla de ruedas, aseguró que “nunca vulneramos las leyes, fuimos cumplidores de los mandatos, no ejercimos acciones terroristas”. Durante el juicio, la defensa trató de recusar al juez instructor, Eloy Velasco, a quien acusó de parcialidad por haber dado cursos en la Universidad de Deusto (de la Compañía de Jesús), o participar en actos de homenaje a Ellacuría.

“Yo no tenía nada en contra de los jesuitas”

“Yo no tenía nada en contra de los jesuitas. El licenciado Ellacuría era una de las personas más allegadas al presidente (…). No se tenía una conciencia clara de que estuvieran participando con el FMLN, política ni militarmente. A pesar de que sí hubo fotografías de curas jesuitas metidos con los guerrilleros, como Jon Sobrino”, declaró Inocente Montano.

Para el teólogo Juan José Tamayo, que forma parte del equipo que promovió la acusación popular, “el excoronel Montano perdió la última oportunidad que tenía de ser sincero con la sociedad y consigo mismo, esclarecer los hechos, decir la verdad, dar a conocer los nombres de los responsables intelectuales a la comunidad internacional, que sigue conmocionada por tamaños crímenes terroristas”.

“Se esperaba que reconociera su participación activa en la decisión de asesinar a los jesuitas, a Julia Elba y a su hija Celina, de aceptar su culpabilidad, pedir perdón y reconciliarse así con su país, con las víctimas, consigo mismo y con su conciencia”. Así lo declaró la Compañía de Jesús al comienzo del juicio, instando a Montano a que “aproveche la oportunidad” y dé los nombres de los instigadores del crimen. No fue así: es más, optó por no responder a las preguntas de la Fiscalía ni la acusación, aunque tuvo que escuchar cómo los testigos -observadores internacionales del fallido juicio que se celebró en El Salvador, y que acabó sin condenas a los que mandaron apretar el gatillo- constaban que “hubo un pacto de silencio en el Ejército” para que los auténticos responsables salieran impunes.

Pero, ¿quiénes mataron a Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Juan Ramón Moreno, Amando López y Joaquín María López y López- y a Elba Ramos y su hija Celina? “Los asesinos fueron militares integrantes del Batallón Atlacatl -muchos de los cuales formados en la Escuela de la Américas- en cumplimiento de la orden del Estado Mayor del Ejército de El Salvador”, sostiene Tamayo.

Terrorismo de Estado e impunidad

“La masacre fue el resultado de un plan pensado y ejecutado, en la lógica del terrorismo de Estado, calificado como un crimen de lesa humanidad y crimen de guerra”, manifiesta la Compañía de Jesús en un comunicado, que critica cómo “desde el primer momento el crimen fue encubierto por las más altas autoridades del país y negado por aquellos que lo planificaron y ordenaron”. “Hasta la fecha, los autores intelectuales siguen en la más absoluta impunidad”, lamentan los jesuitas.

Por su parte, Ildefonso Camacho, jesuita y exrector de la Facultad de Teología de Granada, y uno de los religiosos que marchó a vivir a la UCA después del asesinato de sus compañeros para que la obra jesuita no muriera con ellos, asegura que “la consigna que tenían quienes les mataron era que había que eliminar a Ignacio Ellacuría, pero sin dejar testigos, y los testigos fueron los otros 5 jesuitas y las dos mujeres que allí estaban refugiadas”.

“Lo que los jesuitas queremos es que se conozca la verdad, y después dejamos la puerta abierta para el perdón”, destaca Camacho.

Jorge Galán: “Los mató el Estado Mayor de mi país”

Una de las mejores investigaciones sobre el asesinato fue la del escritor salvadoreño Jorge Galán en la novela 'Noviembre', por la que tuvo que exiliarse del país. “A los jesuitas los mató el Estado Mayor de mi país: Emilio Ponce, Cepeda, Bustillo, Inocencio Montano, entre algunos. Pero participó mucha gente más. Y de todos es sabido que Richard Chedester de la CIA estaba en esas oficinas del estado Mayor”, sostiene, en declaraciones a eldiario.es. Ponce ha muerto ya hace tiempo, “pero el resto está queriendo ser juzgada, y lo cierto es que el gobierno de mi país, El Salvador, no quiere la extradición y no colabora”.

Tamayo también lo tiene claro: “Los mataron por haber vivido el cristianismo no como opio del pueblo, sino como liberación de los oprimidos, por denunciar la triple alianza del poder político, económico y militar, por trabajar por la paz y la justicia desde la no violencia”.

“A Ellacuría lo mataron por creer en esa imperdonable capacidad de revelación y por compartir los riesgo de la fe en su`poder de profecía”, dijo en su día Eduardo Galeano. Hoy, 31 años después, su muerte sigue clamando justicia.

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Se afianza una nueva era en las relaciones Iglesia-Gobierno en España, después de los sinsentidos a cuenta del traslado de los restos de Franco y las salidas de tono del anterior nuncio, Renzo Fratini. Una etapa basada en el diálogo y la búsqueda de acuerdos, en el que la buena 'sintonía' entre Carmen Calvo y el tándem Omella-Osoro (elegidos en marzo al frente del Episcopado) se trasladará, cuando la pandemia lo permita, a retomar negociaciones sobre asuntos espinosos (Educación, fiscalidad, inmatriculaciones...), pero con la mirada puesta en el acuerdo, y no ya en el enfrentamiento.

Paradójicamente, ha sido la gestión de la crisis del coronavirus lo que ha terminado por acercar a los inquilinos de Moncloa y la calle Añastro (sede de la Conferencia Episcopal). Según ha podido saber eldiario.es, el Gobierno está satisfecho de la actuación de la Conferencia Episcopal durante la pandemia, así como de la labor de Cáritas y las parroquias en la atención a los más necesitados.

El Ejecutivo ha reconocido que –salvo excepción de Reig Plá– los obispos no hayan hecho casus belli con las restricciones de aforo y normas de higiene y seguridad impuestas por el Estado de Alarma, y que ni siquiera algunos casos de intervenciones policiales en lugares de culto hayan sido objeto de denuncia por parte de los obispos. 

La buena sintonía se comprobó desde el momento en que Carmen Calvo telefoneó al cardenal Omella cuando fue elegido presidente, el 3 de marzo pasado, y una posterior conversación con el presidente, Pedro Sánchez, ya con el Estado de Alarma a punto de ser invocado.

Desde entonces, tanto Omella como Osoro han tenido ocasión de comunicarse con los ministros 'cristianos' del Ejecutivo: el de Sanidad, Salvador Illa (católico practicante); la ministra de Defensa, Margarita Robles (que ha mantenido una interlocución directa con el arzobispo castrense, Juan del Río); el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá (con una buena relación con el cardenal Osoro); y la portavoz, María Jesús Montero (con pasado en la Acción Católica), aunque el grueso de las conversaciones ha sido con la vicepresidenta Calvo, especialmente después de regresar al trabajo tras padecer coronavirus. 

Retomar la “vida pastoral ordinaria”

La última prueba ha sido el modo en que los obispos han admitido las normas para la desescalada. La pasada semana, la CEE publicaba una extensa nota haciéndose eco de ellas, y sin hacer la menor crítica a algunas cuestiones que no han quedado muy claras, como las circunstancias en que podrán llevarse a cabo misas al aire libre (el último BOE lo permite para la fase 3, tal y como confirmaron a este medio desde el PSOE, pero algunos prelados esperaban una referencia más expresa que la de 'celebraciones religiosas de carácter social').

En todo caso, una vez suspendidas las procesiones del Corpus (este jueves), en la 'nueva normalidad' todos esperan poder celebrar las festividades de julio y agosto dentro de los parámetros que permitan las normas. Así lo apunta la nota episcopal, que sostiene que, en la fase 3, habrá “vida pastoral ordinaria que tenga en cuenta las medidas necesarias hasta que haya una solución médica a la enfermedad”.

Calendario de negociaciones

Sea como fuere, lo cierto es que ambas partes se han sumado al camino de la colaboración y, salvo excepciones, el trabajo ha sido reconocido por Gobierno y CEE. Tanto es así, que desde las dos orillas se da por hecho que, cuando regresemos a espacios de normalidad, Carmen Calvo se reunirá con el cardenal Omella para establecer un calendario de negociaciones sobre aspectos clave de las relaciones Iglesia-Estado.

Pero, en esta ocasión, sin las 'urgencias' prepandemia, ni las actitudes de desconfianza que marcaron los anteriores diálogos. Incluso, en el caso de Educación, se prevén rondas de consulta, que podrían coincidir con la nueva cúpula en Escuelas Católicas, después de la marcha a Roma del salesiano Juan Carlos Pérez Godoy y el anuncio de la salida del secretario general, José María Alvira.

Al tiempo, el Gobierno quiere abrir una nueva vía de diálogo con las cuatro confesiones con acuerdos (Iglesia católica, FEREDE, Comisión Islámica y Federación de Comunidades Judías de España), que en los últimos meses han cambiado de líderes. En el alero, la intención de aprobar una ley de Libertad Religiosa y de Conciencia que modifique la norma actual, vigente desde 1980 y cuyos trabajos estaban avanzados antes de los sucesivos procesos electorales. Comienza un nuevo tiempo... también para la Iglesia española. Que, además, va a comenzar a 'cambiar su rostro' con una serie de nombramientos episcopales que ya llevarán el sello de la nueva etapa, y del trabajo del nuncio Bernardito Aúza. 

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“¿Por qué no? ¿Por qué no puedo ser obispo?”. La pregunta no la hace el rector del seminario, ni el vicario general, ni un sacerdote con pretensiones. El cuestionamiento viene de los labios de Anne Soupa, una prestigiosa biblista y teóloga francesa que ha enviado una solicitud a Nunciatura para convertirse nada menos que en arzobispo de Lyon.

La sede francesa ha sido azotada recientemente por escándalos de pederastia, que provocaron que el cardenal Barbarin presentara su renuncia al Papa, que se encuentra en pleno proceso de elección de su nuevo prelado. Barbarin fue condenado en primera instancia por encubrir los abusos del depredador Bernard Preynat –que llegó a abusar de cuatro o cinco niños a la semana durante décadas– pero fue absuelto tras la apelación.  

Soupa, en un gesto inédito, ha querido poner en evidencia el sistema patriarcal en la Iglesia y reivindicar el papel de la mujer en la institución. Su gesto es una apuesta por un nuevo modo de participación en la toma de decisiones, más horizontal, en una organización como la Iglesia católica demasiado acostumbrada a que las normas se dicten a la base desde la cúpula. Y se obedezcan sin rechistar, so pena de condena eterna. El clericalismo, que como ha denunciado hasta su máximo líder, Francisco, ha sido uno de los causantes de los abusos y su ocultación.

Este lunes, Anne Soupa dio un paso al frente y presentó formalmente su candidatura para suceder a Barbarin en Lyon. “Nada me impide presentarme y, sin embargo, todo me lo prohíbe”, señaló. Con su iniciativa, la teóloga quiere llamar la atención sobre el papel de la mujer en la Iglesia y denunciar cómo su estructura patriarcal ha favorecido actitudes como el silencio ante los abusos sexuales a menores, clave para entender la marcha de Barbarin.

“Observando que en el año 2020, en la Iglesia Católica, ninguna mujer dirige diócesis alguna, ninguna mujer es sacerdote, ninguna mujer es diácona, ninguna mujer vota en las decisiones de los sínodos; considerando que excluir a la mitad de la humanidad no sólo es contrario al mensaje de Jesucristo, sino que también es perjudicial para la Iglesia, que se mantiene así en un ambiente que favorece los abusos (...) Todo ello me permite decir decir que soy capaz de presentarme al título de obispo, todo me hace legítimo”, señala Anne Soupa en su petición, enviada al nuncio en Francia, Luigi Ventura.

“Si mi candidatura está prohibida por el derecho canónico, es simplemente porque soy mujer, porque las mujeres no pueden ser sacerdotes y porque sólo los sacerdotes, al convertirse en obispos, dirigen la Iglesia Católica”, escribió en su 'dossier de candidatura'. Y dice bien, pues el Derecho Canónico impide a la mujer acceder al orden episcopal, la jerarquía del 'ejército' de la Iglesia.

“Los pastores dejaron entrar a los lobos en el redil”

Soupa admite que su candidatura es una provocación, y así lo asume. Y lanza un nuevo dardo, señalando cómo en Lyon, los cuatro anteriores arzobispos –Decourtray, Billé, Balland y Barbarin– “han fallado en su tarea principal de proteger a sus comunidades. Los pastores dejaron entrar a los lobos en el redil y los depredadores atacaron a los pequeños”.

Su candidatura tiene dos objetivos: “Por un lado, poner de relieve la invisibilidad en la que se encuentran las mujeres en la Iglesia Católica. Por el otro, mostrar que hay otras formas de gobierno para la Iglesia Católica” frente al “enésimo obispo del mismo molde clerical” que, se presume, acabará siendo nombrado para Lyon.

“La Iglesia Católica sigue alimentando un clericalismo que ha sido denunciado por el Papa: abusos de todo tipo, sacralización del sacerdote, espíritu de división... Sabiendo y considerando todas estas cosas, solicito la archidiócesis de Lyon”, recalca la biblista, que invita a las mujeres del mundo “a presentarse donde se sientan llamadas, ya sea para ser obispo o para cualquier otra responsabilidad que hoy les está prohibida”.

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La Iglesia española parece inmune a los cuestionamientos y las dudas que se ciernen sobre el destino que dan al dinero público que recibe. Al menos así parecen demostrarlo los datos de la última Declaración de la Renta, que muestran un nuevo récord de recaudación a través de la 'X'. Los obispos recibieron 285,2 millones de euros, 17 más que en el ejercicio anterior.

Los datos, remitidos a Fernando Giménez Barriocanal el pasado 6 de mayo por la Secretaría de Estado de Hacienda, suponen un incremento de un 6,37% respecto al año anterior, para un total de 7,1 millones de declaraciones a favor (con las declaraciones conjuntas, serían más de 8,5 millones los españoles que marcan la polémica casilla). Casi dos tercios de los que marcan la 'X', el 65,5%, marcan también la casilla de otros fines de interés social.

De esa partida, los obispos destinaron 3,76 millones de euros a TRECE, la televisión de la Iglesia española, más de seis millones menos que en 2018. Una partida que ha sido cuestionada en un informe por el Tribunal de Cuentas, al entender que podría incumplir las normas de la Unión Europea.

¿A dónde va el dinero? La mayor parte, 202 millones, fueron a las diócesis, fundamentalmente al pago de los sueldos de los curas. Otros 18,39 millones se destinaron al pago de la Seguridad Social del Clero. 2,32 millones se emplearon al sueldo de los obispos, mientras que Cáritas se llevó 6,24 millones.

Pese a la importancia de las cifras, el gerente del Episcopado, Fernando Giménez Barriocanal, apuntó que el dinero de la 'X' apenas supone el 23% de los casi 1.000 millones (974 millones) que se estima completan el 'presupuesto' de las diócesis de nuestro país. La mayor parte, un 33%, proviene de los donativos de los fieles. Con el cierre de las parroquias, la Iglesia ha estimado que se han dejado de ingresar unos 20 millones de euros al mes.

“Vienen momentos complicados para la sociedad, y va a requerir lo mejor para nosotros mismos”, apuntó el gerente. “Una vez más, la Iglesia quiere estar con todos, y especialmente con los más necesitados”, añadió Barriocanal.

Este lunes se cumple el centenario del nacimiento de Karol Wojtyla, hoy san Juan Pablo II. El Papa polaco, el tercer pontífice más longevo en la historia de la Iglesia y el más influyente en los últimos siglos. Obsesionado con el comunismo, el Papa polaco fue clave en el final de la Guerra Fría, pero también en la restauración de un modelo de Iglesia ortodoxa y rígida, frente a los vientos de reforma surgidos tras el Concilio Vaticano II.

Y es que, a lo largo de tres décadas, Juan Pablo II –con la inestimable ayuda de su mano derecha y sucesor, Joseph Ratzinger– se dedicó a fondo a dinamitar esa Iglesia 'en salida' que hoy trata de reivindicar el Papa Francisco, entre crecientes dificultades por los grupos más ultraconservadores. Los 'perdedores del Concilio' entre los que se encontraban Wojtyla y Ratzinger, consiguieron encumbrar las tesis más conservadoras, y acabar con las esperanzas de renovación de la Iglesia católica. Al menos hasta ahora.

El 'legado' de Wojtyla

¿Cuál es el legado, hoy, del Papa viajero? En opinión del teólogo Juan José Tamayo, “Juan Pablo II, con el asesoramiento ideológico del cardenal Ratzinger, convirtió la primavera teológica del Vaticano II en un largo invierno. Condenó las tendencias más creativas de la teología: teología de la liberación, teología feminista, teología del pluralismo religioso, impuso censura a los libros de teología, retiró de la cátedra a nuestros libros, nos retiró de las cátedras”.

Junto a ello, Wojtyla entregó el poder de la Iglesia a los movimientos más conservadores, desde el Opus Dei al Camino Neocatecumenal, pasando por Comunión y Liberación o los Legionarios de Cristo, a cuyo líder, el pederasta Marcial Maciel, el Papa polaco llegó a considerar 'apóstol de la juventud', haciendo oídos sordos a las crecientes acusaciones de abuso sexual contra el religioso mexicano.

Porque, además de perseguir a los teólogos progresistas, la otra gran herencia de Juan Pablo II fue el silencio ante el drama de la pederastia en la Iglesia. Durante décadas, la jerarquía eclesiástica minusvaloró y ocultó los abusos a menores por parte de clérigos en todo el mundo, y protegió a los abusadores. El de Maciel fue el caso más paradigmático, pero la lista de depredadores que salieron indemnes durante los años de pontificado de Juan Pablo II (1978-2005) resulta innumerable.

Su pontificado estuvo marcado por la lucha de bloques: comunismo-capitalismo, conservadores-progresistas, recta ortodoxia-teología de la Liberación. Juan Pablo II fue un Papa recto, duro, con las ideas muy claras. “¡No tengáis miedo!”, proclamaba al comienzo de su Papado. Pero hubo muchos que acabaron temiendo, y mucho, a Wojtyla.

Eliminar la disidencia

Ambos, Wojtyla y Ratzinger, se volcaron en eliminar toda disidencia, especialmente en Latinoamérica, donde la Teología de la Liberación se había convertido en un peligro para los vientos que, entonces, soplaban en Roma. Famosas fueron sus 'broncas' con el arzobispo Óscar Romero –justo antes de su asesinato, en El Salvador– o con el recientemente fallecido Ernesto Cardenal por formar parte del Gobierno sandinista en Nicaragua, o su falta de reacción ante los asesinatos de Ellacuría y compañeros jesuitas en la UCA en 1989.

Juan Pablo II fallecía el 2 de abril de 2005, después de varios meses de intenso sufrimiento. Tras su muerte, la proclamación como 'santo súbito', su pronta beatificación y posterior canonización lo convertían en un ser mítico. La elección de Ratzinger como su sucesor parecía suponer que todo estaba atado y bien atado en la Iglesia, pero la histórica renuncia de Benedicto XVI posibilitó un cambio en la Capilla Sixtina.

Francisco es, probablemente a su pesar, una suerte de 'revancha' de la Historia de la Iglesia, que está volviendo, medio siglo después (los tiempos de la institución son un misterio) a ese Concilio que quedó congelado durante las décadas de poder de Wojtyla.

Paralelamente, la imagen de un Papa santo se ha visto opacada por el drama de los abusos sexuales, y la sensación –cada vez más, la certeza–, de que Roma sabía y que no quiso hacer nada al respecto más que lavar los trapos sucios.

El ejemplo del depredador Marcial Maciel, amigo y colaborador del Papa Wojtyla es el más evidente de una lista de casos que, hoy lo sabemos, contaron con el cerrojazo del Vaticano. Nadie investigó, nadie quiso saber. ¿De verdad Juan Pablo II no supo nada?, se preguntan las víctimas, que han llegado a exigir que se revoque su declaración de santidad, algo imposible (e impensable) en la Iglesia católica. 

¿Merece ser santo?

El domingo Francisco celebró su misa matutina –la última en ser transmitida online, pues las iglesias italianas y vaticanas vuelven a abrir este lunes– en el altar de su santo antecesor. Pero, ¿merece seguir siendo considerado santo?

El sacerdote Celso Alcaina fue funcionario del Vaticano en la década de los 70. Encargado, entre otras cuestiones, de las causas de beatificación romanas, opina que “no se ha tenido en cuenta la repulsa de muchos fieles hacia Juan Pablo II, particularmente –pero no sólo– por la involución operada respecto al Concilio Vaticano II. También por su conocida desidia o complacencia en el tratamiento de eclesiásticos pederastas”.

“Era un hombre de Dios, pero no es necesario hacerlo santo”, llegó a decir el cardenal jesuita Carlo María Martini, el único contrapeso con cierto nivel que, durante décadas, tuvo el tándem Wojytla-Ratzinger en Italia. El arzobispo de Milán fue uno de los 114 testigos llamados a prestar declaración durante el proceso de canonización de Juan Pablo II y, tal y como revela el historiador Andrea Riccardi, observaba con recelo el que Juan Pablo II fuera a ser proclamado santo. El propio Bergoglio, que finalmente fue quien firmó el decreto de canonización de Wojytla, prestó en su día testimonio en el proceso de canonización y admitió no compartir muchas cosas del Papa polaco.

Con su canonización, pareciera que se bendecía todo un pontificado, marcado por la represión de los teólogos progresistas, la restauración del modelo anterior al Concilio y el surgimiento de una Iglesia de la condena en lugar de la propuesta.

Para Tamayo, la canonización de Juan Pablo II “no le libera de esos gravísimos errores que tuvo a lo largo de sus 33 años de pontificado”. “Los dos comportamientos más perversos del último siglo en la Iglesia católica fueron el silencio del Pío XII ante el Holocausto, y el silencio y la complicidad del Vaticano, y de amplios sectores de todo el mundo, en relación con la pederastia”.

Para el teólogo, “los abusos fueron un cáncer con metástasis que empezó en la década de los 40 y que nunca se llegó a extirpar. Ambos comportamientos reflejan una falta de misericordia y de compasión con las víctimas que necesitan una condena de la historia”. 

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Siempre han estado en los círculos de poder de la Iglesia, de todas las iglesias, incluso en tiempos de Jesús. Eran los fariseos, los doctores de la Ley, los que prefieren el dogma y el rito frente al amor al prójimo. Fueron los inquisidores, los férreos guardianes de la ortodoxia que condenaban a teólogos, quemaban a mujeres en la hoguera, castigaban a los científicos que afirmaban que la Tierra era redonda o demostraban la circulación de la sangre. Los ultraconservadores no son, ni mucho menos, una especie en vías de extinción. Y según los expertos están dispuestos incluso a fomentar un cisma. 

“No son una minoría. El 30% del clero, los obispos y los laicos más comprometidos en el mundo están en contra de Francisco”. El prestigioso vaticanista Marco Politi ha puesto negro sobre blanco la dura realidad que afronta la Iglesia en tiempos de Francisco. Un movimiento cismático en toda regla que, lejos de seguir al Papa, aun con críticas a su gestión, se prepara para la batalla.

El veterano periodista de La Reppublica se niega a minimizar a los opositores del Papa argentino, y desmiente que únicamente sean ultras, o una pequeña y ruidosa minoría. En su análisis, Politi sostiene que casi un tercio de la jerarquía y el laicado institucionalizado quieren torpedear las reformas emprendidas por este pontificado.

“Hay una parte de la Iglesia que no está de acuerdo con Francisco y que está tratando de influir en el próximo cónclave”, sostiene, tajante, Politi, que afirma que la estrategia de los 'anti-Francisco' pasa por crear estados de ánimo de cara al futuro, y presionar en el presente para frenar posibles reformas, como se vio en el pasado Sínodo de la Amazonía.

¿Lucha por la sucesión?

¿Hay un sucesor para el Papa Francisco? Todo parece indicar que Bergoglio ha puesto sus esperanzas en el cardenal filipino Tagle, mientras que los ultraconservadores –a los que se unen varios curiales italianos– sueñan con una dupla formada por los cardenales Sarah y Ouellet, actuales prefectos de las congregaciones del Culto y Obispos, las dos personalidades con más alto rango entre los opositores al Papa.

Ante el silencio del Vaticano se suceden las señales, como la última andanada del ex nuncio Viganò, que acusó a las autoridades mundiales de utilizar la pandemia para acabar con el culto católico en un manifiesto suscrito –entre otros– por los cardenales Müller y Zen. También por el cardenal Sarah, considerado el 'papable' del sector ultraconservador, que después de firmar el manifiesto se borró del apoyo explícito al texto. Politi ve todo esto como “la punta del iceberg”. Una punta en la que también se inscribe el papa emérito, Benedicto XVI, quien tras varios meses de silencio ha vuelto a aparecer en los medios con motivo de una biografía que acaba de salir a la luz en Alemania.

“Algunos obispos y cardenales siempre están en la primera fila, pero detrás de ellos hay una parte no despreciable del clero y los laicos que están en contra de Francisco y cualquier reforma en la Iglesia”, añade el vaticanista. “Nunca ha habido tantos ataques contra un Papa”, concluye.

Sin embargo, estos sectores comienzan a erosionarse. La pasada semana se vio una de las imágenes más disparatadas del sector anti-Francisco, con acusaciones cruzadas que revelan la falta de confianza entre ellos, hasta el punto de filtrar las grabaciones de las llamadas mutuas.

Teorías conspirativas frente a la pandemia

La historia es compleja, pero muestra cómo los líderes del frente anti-Bergoglio se lanzan los trastos unos a otros. Así, el cardenal guineano Robert Sarah, uno de los pocos opositores públicos al Papa que mantiene un puesto clave en la Curia (es prefecto del Culto Divino), negó haber firmado un texto de purpurados y periodistas conservadores en el que trazan teorías conspirativas sobre el coronavirus y aseguran que las respuestas a la pandemia “son una excusa” para frenar la libertad de culto.

A través de su cuenta de Twitter, Sarah aseguró que puede compartir “a título personal” algunos aspectos de la carta titulada Por la Iglesia y por el mundo pero que explícitamente pidió al autor de la misiva, el ex-nuncio Carlo Maria Viganò, no aparecer como firmante.

Viganò, arzobispo italiano de 79 años, saltó a la fama dentro de los sectores conservadores en 2018, tras haber pedido la renuncia del papa Francisco alegando que el pontífice conocía un caso de abusos en Estados Unidos, aunque no aportó pruebas a la Justicia.

En la carta publicada por Viganò en el sitio 'Veritas Liberabit Vos' (la verdad los hará libres), los grupos conservadores aseguran que “la salud pública no debe ni puede convertirse en una excusa para infringir los derechos de millones de personas en todo el mundo, y mucho menos para privar a la autoridad civil de su deber de actuar con prudencia en pro del bien común”, según la transcripción que mostraron algunos sitios de prensa.

Otro de los firmantes de la misiva es el cardenal alemán Gerhard Ludwig Müller, antiguo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe; o Joseph Zen, obispo emérito de Hong Kong, y el más crítico del acuerdo Roma-Pekín para la designación conjunta de obispos.

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Media Comunitat Valenciana, incluida la ciudad de Valencia, no ha pasado a la fase 1 de desescalada por la evolución de los contagios detectados en 14 de sus áreas sanitarias. El pasado fin de semana, las sanciones por saltarse el confinamiento se dispararon en la capital y la policía tiene que seguir lanzando mensajes a la ciudadanía para que no se confíe y cumpla con las medidas de distanciamiento. El virus sigue ahí y la prueba es Corea del Sur que tras haber abierto su economía ha tenido que cerrar 2.100 bares y clubes por un rebrote.

Pese a que la situación no está controlada, este pasado domingo el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, decidió mostrar la Virgen de los Desamparados hacia la plaza que lleva su nombre, lo que provocó una aglomeración prohibida expresamente por el estado de alarma. En ningún momento, Cañizares ni la Iglesia valenciana habían comunicado su intención de abrir las puertas de la basílica de la Mare-de-Déu y mostrar su imagen a los fieles.

¿Por qué Cañizares no comunicó esta situación a las autoridades? Posiblemente porque la respuesta hubiera sino negativa ante el peligro de concentración que este acto supone debido a la gran cantidad de fieles que la Virgen de los Desamparados arrastra en València. De hecho, la subdelegación del Gobierno de Alicante ya se opuso a que la Santa Faz fuera subida al castillo de Santa Bárbara para una bendición por ese mismo motivo, las posibles aglomeraciones y el peligro de contagio. Un juzgado avaló la decisión.

El Arzobispado de Valencia quiso quitar hierro a la situación con un comunicado este mismo domingo aportando una imagen en la que se ve a varias decenas de personas concentradas a las puertas de la basílica. “Tras la celebración de la misa, desde el interior del templo, la imagen peregrina ha sido orientada hacia la Plaza de la Virgen. Sólo quienes se encontraban en la plaza han podido contemplar la imagen peregrina durante el instante que ha durado la interpretación del himno regional, guardando los presentes las indicaciones de distancia exigidas y en presencia de las fuerzas de seguridad que se encontraban en ese momento en la Plaza de la Virgen”, explicó.

También quisieron restar gravedad al incidente el alcalde de València, Joan Ribó, y la vicepresidenta del Consell, Mónica Olta, que defendieron la presencia de los feligreses porque habrían mantenido la distancia de seguridad suficiente. Pero el debate en este caso no es la distancia física, sino la concentración y los riesgos que hubiera supuesto esta actuación del arzobispo en caso de que no hubiera intervenido la Policía Local de València, que nada más abrirse las puertas de la basílica dio instrucciones a la gente para que no se agolpara.

Según el artículo 11 del decreto que aprobó el estado de alarma el pasado 14 de marzo, “la asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro”.

En este caso, la basílica había tomado medidas las semanas anteriores cuando solo se permitía el culto individual y se suspendieron las misas. De hecho, la celebración del día de la Virgen de los Desamparados se retransmitía en directo por Tele 8, la televisión de la Iglesia. Los cámaras de ese canal estaban preparados fuera de la basílica cuando se abrieron las puertas, por lo que la actuación estaba totalmente prevista. Los propios portadores de la imagen iban totalmente preparados, lo que apuntala esta actitud premeditada.

Además, esa misma mañana la basílica llegó a llenarse con un centenar de personas, según fuentes presenciales. Como se observa en la imagen, compartían espacio personas mayores y niños, algo totalmente prohibido en la fase 0 de desconfinamiento.

La Policía Local de València prepara un informe que entregará a la Delegación del Gobierno para que decida en qué medida se saltó el cardenal Cañizares el estado de alarma.

“Lamentamos la tibia respuesta de la Conferencia Episcopal Española” ante la tragedia del coronavirus. Los teólogos progresistas, agrupados en torno a la asociación Juan XXIII, denuncian “la falta de presencia pública, de relevancia social, de radicalidad y audacia evangélicas” por parte de los obispos españoles durante la pandemia.

Del mismo modo, tildan en un comunicado de “irresponsable” la actitud de obispos y sacerdotes que, saltándose el confinamiento, “ponen en riesgo la vida de las personas que asisten a las celebraciones religiosas, dan mal ejemplo a la ciudadanía y priorizan el mantenimiento del culto a toda costa sobre la práctica de la compasión con las víctimas”. A partir de este lunes, recordemos, los templos podrán volver a abrir en aquellas zonas que alcancen la fase 1, y con un tercio de su aforo.

“No nos parece justificado el criterio de algunos obispos que consideran el confinamiento como un atentado del gobierno contra la libertad religiosa y recluye a la Iglesia en las catacumbas, cuando se trata de proteger la vida y la salud pública”, constata el documento.

El ingreso mínimo del Gobierno divide a la Iglesia

Los teólogos también afean las declaraciones del portavoz episcopal, Luis Argüello, en contra del ingreso mínimo vital permanente, que “es un derecho de ciudadanía”. “Compartimos el malestar, e incluso la indignación, que han provocado las declaraciones de la Conferencia Episcopal Española a través de su secretario general”, que “entra en contradicción con la asignación tributaria que recibe la jerarquía católica de manera permanente desde hace décadas y que asciende cada año a una cantidad entre 250 y 280 millones de euros”, y contra el propio Papa Francisco, quien en una carta dirigida a los Movimientos Populares ha defendido el “salario universal para las personas trabajadoras informales, independientes o de la economía popular”.

La cuestión del ingreso mínimo vital desarrollado por el Gobierno ha generado controversia pública en el seno del episcopado. Si en la última rueda de prensa el portavoz de los obispos, Luis Argüello, señaló que no estaban de acuerdo con que ese ingreso fuera permanente, este viernes el cardenal Omella se ha mostrado abiertamente partidario de la medida y ha hecho gala de su buena relación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. “El ingreso mínimo vital hay que asegurarlo”, aseguró el arzobispo de Barcelona, corrigiendo las palabras de Argüello. “Esta ayuda es absolutamente necesaria, hay que hacerlo. Esto lo hemos dialogado con Cáritas, con el secretario general, también con el ministro Escrivá, y de alguna manera esto se ha entendido en la línea de la Doctrina Social de la Iglesia y en comunión con el Papa”, sostuvo.

Omella, presidente de la CEE, y el vicepresidente y también cardenal, Carlos Osoro,  han reclamado este viernes en un desayuno virtual en Nueva Economía Forum “un pacto entre todos los partidos políticos, estamentos sociales y económicos para salir” de la crisis provocada por esta pandemia. 

“Echamos en falta su voz compasiva y solidaria”

La declaración de los teólogos arranca admitiendo que “estamos viviendo una de las más graves crisis sanitarias, económicas y ecológicas de nuestra historia, que afecta a toda la humanidad, y de manera especial a las personas y los grupos sociales más vulnerables”. En España, se observa “un escenario dramático”, no sólo con las más de 26.000 personas muertas o 220.000 contagiadas, sino por “más de 10 millones de personas en estado de vulnerabilidad, un incremento espectacular de desempleo, cientos de miles de inmigrantes en situación de pobreza extrema, aumento de las denuncias de la violencia contra las mujeres.

Tras alabar las distintas “iniciativas solidarias” y la “ejemplaridad del personal sanitario que expone su vida y la de sus familias a diario para salvar la vida de las personas contagiadas por la COVID-19”, los teólogos y teólogas destacan la labor llevada a cabo por “numerosas instituciones, comunidades y colectivos cristianos”, destacando especialmente a Cáritas, así como al “acompañamiento de seglares, sacerdotes, religiosos y religiosas a las personas enfermas y fallecidas en soledad y a sus familiares que no pueden despedir a sus seres queridos”.

Sin embargo, añade la nota, “nos sorprende la tibia respuesta de la Conferencia Episcopal Española, la ausencia de una declaración colectiva ante la emergencia que estamos viviendo, así como la falta de presencia pública, de relevancia social, de radicalidad y audacia evangélicas”.

“Echamos en falta su voz profética, compasiva, solidaria y esperanzada”, apuntan los teólogos progresistas, que denuncian el contraste con “el protagonismo social, la locuacidad, la visibilidad, e incluso la beligerancia que demuestran en sus pronunciamientos en cuestiones como la interrupción voluntaria del embarazo, la enseñanza de la religión confesional en la escuela, el mantenimiento de los privilegios concordatarios, el matrimonio igualitario, etc.”.

Un actitud, afirman, que “contrasta con el liderazgo moral que está ejerciendo el Papa Francisco, quien ha calificado de 'genocidio virósico' priorizar la economía sobre la vida de la gente, ha apoyado la Megacampaña Solidaria Seamos#Uno y ha creado una Comisión de expertos para reflexionar sobre las consecuencias socioeconómicas y culturales provocadas por la pandemia”.

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Los obispos españoles respiran: el Gobierno no ha suprimido las misas como en Italia o Francia. La buena relación entre el presidente de la CEE, Juan José Omella, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, permitirá que, a partir del 11 de mayo, vuelvan las misas a España, sin subterfugios legales de los ultras. Y la Iglesia lo ha reconocido. En una nota, la Conferencia Episcopal asume, y acepta, las cuatro fases para la desescalada decretada por el Ejecutivo, y propone a las diócesis que mantengan el criterio de abrir los templos desde este 11 de mayo en un tercio de su capacidad, siguiendo las normas y evitando caer en inútiles disputas políticas.

Entre las medidas a tomar, los obispos siguen dispensando de la participación en la misa dominical y piden expresamente a las personas mayores o enfermas que se abstengan de acudir a los templos por el momento. Las pilas de agua bendita seguirán vacías, no habrá coros ni hojas de canto; los cepillos se colocarán al final del templo; la comunión se hará en silencio (se recomienda a los curas mayores no impartirla, y el cura deberá desinfectar sus manos antes y después de distribuir la comunión); se deberá procurar un desalojo desordenado tras las celebraciones y desinfectar continuamente bancos y objetos de liturgia.

En cuanto a los sacramentos, se podrán celebrar confesiones, pero en espacios amplios y con ambos –confesor y confesado– con mascarillas. El agua del bautismo deberá salir de un recipiente “al que no retorne el agua utilizada”. Los anillos y arras de las bodas sólo podrán ser manipulados por los contrayentes, mientras que los funerales seguirán los criterios de la misa dominical.

Se podrán celebrar confesiones, pero en espacios amplios que garanticen la distancia entre el sacerdote y el fiel, al mismo tiempo que la privacidad de la conversación. Ambos deberán ir provistos de mascarillas. “En la administración del agua bautismal, hágase desde un recipiente al que no retorne el agua utilizada, evitando cualquier tipo de contacto entre los bautizandos. En las unciones se puede utilizar un algodón o bastoncillo de un solo uso, incinerándose al terminar la celebración”, abunda la nota difundida por los obispos españoles.

“Todos estamos llamados a ser responsables en la convivencia para evitar en lo posible la expansión de la enfermedad y ayudar a los pobres y a quienes más padezcan las consecuencias de esta pandemia”, afirma la Comisión Ejecutiva en una nota titulada 'Ante el inicio de la salida del confinamiento'.

“Nos alegra y damos gracias a Dios de que la enfermedad vaya siendo controlada y pueda iniciarse, aún con reservas y precauciones, la recuperación de las actividades habituales de nuestra vida común. Tras este tiempo de dolor y sufrimiento a causa del fallecimiento de seres queridos y de los graves problemas sanitarios, sociales, económicos y laborales, hemos de afrontar esta situación con esperanza, fomentando la comunión y sintiéndonos llamados a ejercer la caridad personal, política y social”, apunta el escrito, que ofrece una normativa general tanto para la participación en la misa como para la apertura de templos y locales adjuntos.

Una normativa menos restrictiva que en Italia o Francia

También, se dan normas para la comunión, la ubicación de los fieles, el canto, las confesiones y algunos ritos, como la exequias, el intercambio de anillos en los matrimonios, la unción de enfermos o la ceniza a los confirmandos. Se nota un cierto alivio en el episcopado español, especialmente después de comprobar cómo, a diferencia de lo sucedido en Francia o Italia, el Gobierno no ha prohibido el culto sine die ni puesto trabas a su celebración, más allá del aforo y de las normas higiénico-sanitarias generales para toda la población.

“Queremos recuperar progresivamente la normalidad de la vida eclesial”, apunta la nota, que mantiene, “en esta fase de transición” la propuesta de “dispensar del precepto de participar en la Misa dominical y sugerimos a personas de riesgo, mayores y enfermos, que consideren la posibilidad de quedarse en casa y sigan las celebraciones por los medios de comunicación”.

Al tiempo, piden a “sacerdotes y colaboradores que hagan un esfuerzo por facilitar la celebración y la oración, cuidando las medidas organizativas e higiénicas”, siempre “a expensas de las normas de las autoridades sanitarias”. También, los obispos “pedimos especialmente por los investigadores a fin de que alcancen un remedio a la pandemia”.

Cuatro fases

En lo concreto, la Conferencia Episcopal ofrece cuatro fases, las mismas planteadas por el Gobierno. Son estas:

Fase 0: Mantenemos la situación actual. Culto sin pueblo. Atención religiosa personalizada poniendo atención especial a los que han perdido a seres queridos. Preparamos en cada diócesis y parroquias las fases siguientes.

Fase 1: Se permite la asistencia grupal, pero no masiva, a los templos sin superar el tercio del aforo, con eucaristías dominicales y diarias. Quizá con preferencia al acompañamiento de las familias en su duelo.

Fase 2: Restablecimiento de los servicios ordinarios y grupales de la acción pastoral con los criterios organizativos y sanitarios –mitad del aforo, higiene, distancia– y medidas que se refieren a continuación.

Fase 3: Vida pastoral ordinaria que tenga en cuenta las medidas necesarias hasta que haya una solución médica a la enfermedad.

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Misas con un tercio de los asistentes, curas con guantes, sin presencia de corales ni cestillas de donativos. Sin saludo de la paz y sin comunión en la boca. Así serán las misas post pandemia en España, una realidad para la que en la mayoría de territorios todavía quedan algunas semanas, por más que los sectores ultras sigan intentando llamar a la desobediencia y ocupar los templos sin las preceptivas medidas de seguridad.

Unas medidas que hasta el Papa Francisco ha pedido obedecer. Este martes por la mañana, en la misa que presidió en su residencia de Casa Santa Marta –sin público y retransmitida por el canal de Youtube del Vaticano–, lo ha dejado claro: “En este tiempo, cuando empezamos a tener disposiciones para salir de la cuarentena, le pedimos al Señor que le dé a su pueblo, a todos nosotros, la gracia de la prudencia y la obediencia a las disposiciones, para que la pandemia no vuelva”, afirmó Bergoglio en un toque de atención a los curas rebeldes. En España alrededor de una docena han sido amonestados, y alguno multado, por permitir celebraciones públicas sin cumplir con las indicaciones de Sanidad.

¿Cuándo volverán las misas a los templos españoles? Este martes, el Consejo de Ministros ha perfilado el plan para la desescalada en la que, a partir del 1 de mayo, si todo va bien, hará transitar a nuestro país a la tan ansiada 'nueva normalidad'. En la fase I del desconfinamiento los templos podrán abrir con un tercio de su capacidad, mientras que en la fase 2 las iglesias, mezquitas y sinagogas podrán tener una capacidad de la mitad de la feligresía y siempre cumpliendo las medidas sanitarias.

Este miércoles, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal valorará en una reunión telemática los efectos del anuncio de Sánchez y la propia propuesta de los obispos. La 'normalidad' planteada por el episcopado también será progresiva, dando especial relevancia a los funerales, siguiendo con las misas -con muchas restricciones- y no será hasta final de año cuando podamos ver bodas, bautizos, comuniones y peregrinaciones, que será lo último en normalizarse.

Como ya informó eldiario.es, la situación en España no es la más restrictiva en materia religiosa de la Unión Europea, pero sí está siendo de las más polémicas. Sin embargo, el diálogo entre Conferencia Episcopal y Gobierno para recuperar paulatinamente los sacramentos en público está comenzando a ser fluido.

“Estamos deseando poder volver a los templos y rezar juntos, escuchar juntos la Palabra de Dios y alabar juntos al Señor. Ojalá sea pronto. Es vuestro deseo y el mío”, destacó este domingo el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Omella, que ha trasladado al Ejecutivo, a través del ministro de Sanidad, Salvador Illa, la petición de la Iglesia española de colaborar para volver a implantar las misas en público con una propuesta concreta y prometiendo “paciencia”.

¿Cuáles serán los ejes de este plan? La intención de los obispos españoles es seguir los pasos que se están dando en Alemania, con cuya iglesia se han mantenido diversas reuniones telemáticas. Tanto Omella como Bätzing acaban de ser elegidos al frente de los episcopados de ambos países, y su relación favorece el encuentro y el acuerdo. Los obispos españoles han consensuado con sus colegas alemanes, franceses, suizos e italianos una propuesta común, adaptada a cada país, sus circunstancias y tradiciones. 

Esto es: establecer separación de más de un metro en las celebraciones a cubierto, el uso de guantes desechables durante la preparación del cáliz y las hostias, y la desinfección de las manos del sacerdote, que habrá de presidir la ceremonia sólo o en compañía de un lector y un acólito. No habrá concelebraciones por el momento.

Tampoco habrá grandes coros, y se reducirán los cantos en las celebraciones (al cantar, se expele más saliva que en silencio). En cuanto al cepillo de las donaciones, se pide que se sitúe a la salida del templo y se evite que una persona lo pase entre los feligreses. En España, casi medio millar de templos ya cuentan con atriles para la recogida digital de los donativos, que ha seguido funcionando durante el confinamiento. También se aconsejará que sigan las recomendaciones de distanciamiento, aunque no se separará a las familias.

Sí parece claro que el primer espacio de desconfinamiento relativo a la Iglesia será el de las despedidas a los familiares y seres queridos, una de las restricciones que más dolor ha provocado entre la población. ¿Pero qué pasará con las misas? Se mantendrán las restricciones anteriores al confinamiento (pilas bautismales y de agua bendita vaciadas, no al saludo de paz ni a la comunión en la boca...), y el culto se irá recuperando progresivamente, aunque no a la misma velocidad que el resto de actividades, pues hay que tener en cuenta que la mayor parte de los fieles que acuden a las iglesias de nuestro país están dentro de la población de riesgo. Por eso, Gobierno y Conferencia Episcopal recomendarán a esa población y a quien tenga síntomas que no acuda a los templos.

Bautizos, comuniones, bodas y demás celebraciones se siguen posponiendo a nuevas fechas (preferiblemente a partir de mediados de septiembre), así como las peregrinaciones.

En Italia, los obispos han visto como sus esperanzas de un regreso inmediato a los sacramentos se han visto frustradas, pues el Ejecutivo de Conte sólo permitirá, a partir del 4 de mayo, los funerales con un máximo de 15 personas. Las misas, de momento, seguirán siendo sin público y online, aunque seguramente en breve haya un acercamiento de posiciones entre el Gobierno y el Estado.

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Imaginemos, sólo por un instante, que el papa Francisco muere mañana. O que, de repente, decide renunciar al pontificado, abriendo así el paso a su sucesión. Es únicamente una hipótesis, pero, ¿qué sucedería?

En plena pandemia de coronavirus, con decenas de miles de muertos en Italia y centenares de miles en todo el mundo, con el Vaticano cerrado y el espacio aéreo italiano clausurado. ¿Cómo sería un cónclave en tiempos de coronavirus? La Iglesia católica puede presumir de haber vivido más de una epidemia y también de la profusión y detalle de sus escritos, códigos y directrices. Por supuesto, también han previsto cualquier situación que amenazara la elección de un nuevo líder del mundo católico.

Y el problema no solo sería el cónclave. También los funerales de Estado, que en el caso de los papas son un acontecimiento diplomático único. Aquí, la hipótesis es doble, porque hoy por hoy hay dos sucesores de Pedro vivos: Bergoglio y Benedicto XVI. Si cualquiera de los dos fallece ahora, nadie iría a su funeral, el anillo del pescador se rompería y sería sepultado en las grutas vaticanas, pero con una imagen (otra más) inédita: sin esa pequeña ONU que congrega a casi todos los jefes de Estado y Gobierno en torno al Papa de Roma muerto. El último ejemplo, el de Juan Pablo II (hace 15 años de eso), retransmitido en directo a todo el mundo, fue simplemente espectacular. Hoy, no se daría.

No hay voto telemático

Lo primero que habría que definir sería el dónde, y el cuándo. Según la Universi Dominici gregis, de Juan Pablo II, el cónclave “se desarrollará dentro del territorio de la Ciudad del Vaticano”. ¿Cuándo? Como mucho, en el plazo de 20 días después de la muerte, o renuncia efectiva del Pontífice.

Benedicto XVI estableció que “desde el momento en que la Sede Apostólica esté legítimamente vacante, se espere durante 15 días completos a los ausentes antes de iniciar el Cónclave”, aunque deja al Colegio de los Cardenales “la facultad de anticipar el comienzo del Cónclave si consta la presencia de todos los cardenales electores, así como la de retrasarlo algunos días si hubiera motivos graves”. Con un límite: “Pasados al máximo 20 días desde el inicio de la Sede vacante, todos los Cardenales electores presentes están obligados a proceder a la elección”.

¿Quiénes pueden formar parte del cónclave? “Todos los Cardenales electores, convocados por el Decano, o por otro Cardenal en su nombre [...] están obligados [...] a acudir al lugar designado al respecto, a no ser que estén imposibilitados por enfermedad u otro impedimento grave, que deberá ser reconocido por el Colegio de los Cardenales”. En este punto, hay que concretar que al hablar de enfermedad, se habla de enfermedad personal, no de algún familiar, por muy cercano que sea. De modo que un cardenal enfermo de coronavirus podría reincorporarse al mismo, una vez comenzado, si logra recuperarse.

¿Significa eso que solo votan los que consiguen llegar a tiempo? No exactamente. “Si algunos cardenales electores llegasen re integra, es decir, antes de que se haya procedido a la designación del nuevo pontífice, ”serán admitidos a los trabajos de la elección en la fase en que éstos se hallen“, se lee en el punto 39 de la Dominici gregis.

El 'impedimento grave' sí podría ser, por ejemplo, la imposibilidad de acudir a Roma porque, como sucedería en esta hipótesis, el espacio aéreo italiano, y las fronteras europeas, estuvieran cerradas.

¿Qué ocurriría entonces? Que, transcurridos 20 días de la muerte o renuncia del Papa, sólo los obispos con sede en Italia, los curiales o los que puedan llegar al Vaticano, podrían participar en un cónclave. Con la actual situación socio-sanitaria mundial, se antoja imposible, por ejemplo, que los cardenales españoles o norteamericanos pudieran votar en el mismo.

Electores italianos, candidatos 'extranjeros'

En realidad, si el cónclave fuera hoy, nadie podría entrar ni salir de Italia. Es más, tal vez ni los italianos no romanos pudieran llegar a la Capilla Sixtina. Sería, en todo caso, un cónclave muy 'curial', y con un papel decisivo de los italianos, como sucedía en la Edad Media, antes de que el Colegio de Cardenales se internacionalizara (hasta Juan Pablo II, el anterior pontífice no romano fue Adriano VI, en 1521). Curiosamente, hoy los dos grandes candidatos no serían italianos: hay dos candidatos claros: Robert Sarah (Guinea) y Luis Antonio Tagle (Filipinas). Pero estamos hablando de meras hipótesis de trabajo.

En su punto 40, la normativa aprobada por Juan Pablo II establece que si algún cardenal con derecho a voto “se negase a entrar en la Ciudad del Vaticano para llevar a cabo los trabajos de la elección o se negase a permanecer para cumplir su cometido sin una razón manifiesta de enfermedad, los otros procederán libremente a los procesos de la elección, sin esperarle ni readmitirlo”.

¿Un Papa con coronavirus?

Por el contrario, “si un Cardenal elector debiera salir de la Ciudad del Vaticano por sobrevenirle una enfermedad, se puede proceder a la elección sin pedir su voto; pero si quisiera volver a la citada sede de la elección, después de la curación o incluso antes, debe ser readmitido”. ¿Qué quiere decir esto? Que en el hipotético caso de que un purpurado enfermase de coronavirus en el cónclave, podría salir a curarse y, si una vez repuesto, los cardenales siguen sin nombrar Papa, reincorporarse y votar, o ser votado. Rizando el rizo, también podría exigir entrar aun estando enfermo (“después de su curación o incluso antes”, dice el decreto).

En este improbable caso, podríamos asistir al primer pontífice con coronavirus de la Historia. Aunque, dada la edad de los cardenales, su condición de grupo de riesgo no haría albergar grandes esperanzas de longevidad. Pero, insistimos: se trata de meras hipótesis. Hoy por hoy, tanto Francisco como Ratzinger, los dos papas, siguen 'blindados' en la jaula de oro vaticana.

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Misas a puerta cerrada, sin fieles salvo pequeñas excepciones. La situación de la Iglesia en España no es, ni mucho menos, única en Europa. El coronavirus ha provocado que en la totalidad de los países del Viejo Continente se hayan cerrado al culto iglesias, mezquitas o sinagogas, en algunos casos con medidas mucho más restrictivas que en nuestro país. Eso sí, sin que los curas se hayan rebelado contra las autoridades, como sí ha sucedido en España, donde las fuerzas de Seguridad han tenido que intervenir hasta en siete ciudades distintas para frenar misas clandestinas que violaban el Estado de Alarma.

En Francia, Alemania o Polonia no ha habido sacerdotes que se hayan saltado el confinamiento ni se ha tenido que interrumpir una celebración en una catedral ante el mismísimo arzobispo (como sucedió en Granada), ni asociaciones ultras denuncian al Gobierno como ha hecho Abogados Cristianos. 

Nuestro país no es, ni mucho menos, el más restrictivo. Lo cierto es que el Real Decreto aprobado el pasado 14 de marzo no impide las misas -con las naturales precauciones de seguridad y salubridad, y con un número reducido de fieles-, pero sí dificulta, y mucho, que un fiel pueda dirigirse al templo para participar en las mismas.

La postura de la práctica totalidad de los obispos españoles (salvo Reig Plá) -que han llamado a los sacerdotes a celebrar misas sin público y a los fieles a seguirla a través de los medios de comunicación o redes sociales- no impide que desde la Conferencia Episcopal ya se hable de una posible 'desescalada' que permita volver a celebrar el culto en la tan cacareada 'nueva normalidad'.

Misas en el resto de Europa

¿Qué sucede en el resto de Europa? En casi todos los países las misas públicas están prohibidas, en muchos casos con dictámenes mucho más restrictivos que en nuestro país. Italia, Alemania, Francia... los grandes países europeos han seguido las recomendaciones del Vaticano, que sigue -a su pesar- el mismísimo Papa Francisco. Aunque todos sueñan con un progresivo regreso a los sacramentos. De hecho, el Vaticano celebró ayer una reunión para preparar la desescalada, que se prevé comience -en Italia y la Santa Sede- a partir del 4 de mayo.

En Alemania, por ejemplo, algunos estados federales han anunciado que los servicios religiosos se reanudarán a comienzos de mayo, aunque con un pequeño número de participantes. El estado de Sajonia ya permite celebraciones con hasta 15 personas. En Francia, los cultos públicos también están prohibidos indefinidamente. Las medidas se mantendrán en vigor, al menos, hasta el 11 de mayo. Sólo entonces se podría facilitar la desescalada, que también afectaría a los templos.

En Polonia, el país “más católico” del este de Europa, sólo se permiten servicios con un máximo de cinco fieles en cada templo. De lo contrario, las autoridades pueden disolver la celebración como “asamblea no autorizada”. Es algo que puede cambiar en las próximas semanas si, como parece, Polonia comienza la desescalada.

En la República Checa las misas abiertas están prohibidas. La solución, como en nuestro país, son las transmisiones online. Una situación que podría cambiar a partir del lunes próximo, cuando el gobierno del país podría permitir un máximo de 15 personas por templo mientras mantengan una mínima distancia entre sí.

En Dinamarca las iglesias también están cerradas, aunque el gobierno podría permitirlas a partir del 10 de mayo. Por el momento, bautizos, bodas y funerales pueden celebrarse, pero con un número limitado de diez personas. Mientras, en Austria los servicios de culto público podrían volver a ser posibles a partir del 15 de mayo, aunque deberán aplicarse amplias medidas de seguridad, desde la distancia entre los fieles al uso de mascarillas y geles de manos. En cambio, en Suiza no habrá culto público, al menos, hasta el 8 de junio.

En Luxemburgo las misas también están prohibidas hasta, al menos, el 10 de mayo, y su reanudación solo tendrá lugar si se da un desarrollo positivo de la pandemia, tal y como asumió el Arzobispado del país. En Bélgica no habrá culto público hasta el 3 de mayo, aunque sí se permite la participación de un máximo de 15 personas en los funerales. En las bodas pueden asistir los contrayentes, los testigos y el clérigo responsable del oficio.

Finalmente, en Holanda no habrá misas en público hasta Pentecostés (31 de mayo), por una decisión de la Conferencia de Obispos, basándose en la prohibición general de asamblea concretada por el gobierno hasta el 1 de junio.

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Ingreso mínimo vital sí, pero no para siempre. El portavoz de la Conferencia Episcopal Luis Argüello ha defendido esta mañana, como ya hizo el Papa Francisco en una carta a los trabajos de todo el mundo, que “la renta básica es urgente y necesaria, para esas personas que han perdido su empleo o se encontraban en situación de verdadera necesidad”. 

Sin embargo los obispos españoles introducen un matiz en su posición: que no se convierta en una ayuda permanente. “No debería ser una coartada para una especie de subsidio permanente. Hay cuestiones que, siendo urgente en el momento, corremos el riesgo de que se conviertan en permanentes”, ha subrayado.

En un encuentro telemático con la prensa, Argüello ha anunciado que la Iglesia pedirá a las diócesis que obispos y curas se bajen el sueldo y donen la cantidad a las víctimas de la pandemia, si bien ha recordado que “llevamos más de un mes sin que se realicen las colectas habituales, sin que muchas de las formas de recibir ingresos se hayan podido mantener”. En el peor de los casos, como ya informó eldiario.es, los obispos se arriesgan a perder 255 millones de euros si el bloqueo de los donativos se hace permanente.

Abrir los templos para la desescalada

Respecto a la polémicas sobre la intervención de la Policía en algunos templos donde se estaban celebrando misas con público, el portavoz de la CEE insistió en que, a lo largo de este Estado de alarma, “prácticamente todos los templos han estado cerrados, pero la Iglesia se ha mantenido abierta”. Sin embargo, insistió en que el Decreto de alarma “generó algunas situaciones de dificultad”, porque reconocía la posibilidad de celebrar misas con poca gente, pero no la de salir para acudir al culto.

“Nosotros hemos llamado a todos a quedarnos en casa, y también a los sacerdotes a celebrar el culto”, argumentó el portavoz de la CEE, quien recalcó, como ya hiciera en entrevista en RD, que “la actuación de la Policía interrumpiendo un acto de culto ya comenzado me parece desmedida, ni se corresponde al artículo 11 del RD ni la Constitución”.

De cara al futuro, “en este tramo final del Estado de alarma, y sobre todo para la progresiva salida, queremos clarificar con el Gobierno la situación”. “Siguiendo todas las recomendaciones de distancia física, querríamos que el culto progresivamente volviera a los templos, poder conversar con el Gobierno central y las delegaciones y CCAA, para poder dar eso sin dar pie a situaciones problemáticas”. Unas conversaciones que, admitió, todavía no se han dado de manera formal.

Argüello ha hecho también balance de los efectos de la pandemia en el clero. Aunque no hay un estudio concluyente, Argüello habló de “entre 65 y 75 fallecidos” entre el clero diocesano. “Nos es difícil saber todos los datos, y luego están muchos otros sacerdotes mayores que han fallecido en residencias, en casas de religiosos y religiosas”, añadió, a los que habría que sumar decenas de religiosos y religiosas, de los que no hay una cifra concreta.

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La intervención de la Policía Nacional el Viernes Santo, desalojando la catedral de Granada cuando el arzobispo estaba celebrando los oficios junto a una veintena de fieles, ha dinamitado el acuerdo tácito entre la Iglesia y el Gobierno para que no hubiera misas con público durante el estado de alarma. Así, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha denunciado que “la actuación policial, legítima en la calle, desde mi punto de vista, ha sido desmedida en los templos, sobre todo cuando se ha interrumpido una celebración ya comenzada”.

En una entrevista con Religión Digital, Argüello incidió en que la Policía “no ha tenido en cuenta” el artículo 11 del decreto “que estableció el estado de alarma, no de excepción”, la misma tesis defendida por Vox y el PP, que defienden que sólo se pueden prohibir celebraciones religiosas en un estado de excepción. De hecho, el Partido Popular pedirá explicaciones al Gobierno en el Senado por la actuación de las fuerzas de seguridad en Granada. Curiosamente, el Arzobispado no ha presentado queja formal alguna.

Se permite el culto, pero no desplazarse al templo

Para el portavoz de la CEE, la Iglesia española decidió “no convocar al pueblo de Dios al culto público”, algo que sí hizo el arzobispo de Granada y algún otro prelado, como el de Alcalá, Juan Antonio Reig, que este lunes volvió a decretar que se aseguren las misas en todas las parroquias, asiéndose a una interpretación del Real Decreto del 14 de marzo, que autoriza el culto. Para Luis Argüello, “en la aplicación de la normativa  ha habido algún conflicto aislado, pero en otros muchos campos, buena colaboración”.

En su opinión, “existe confusión, y no sólo en este tema”. Así, el portavoz de la CEE considera que “el artículo 11 del Decreto permite el culto, pero el artículo 7 del mismo no reconoce explícitamente la asistencia al templo como un motivo para salir de casa”.

Sin embargo, el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, quiso cerrar la polémica asegurando, en declaraciones a la Cope, que que “no tiene noticia” de misas canceladas por la Policía (de hecho, en Granada no se canceló misa alguna). Omella sí explicó que los obispos, cuando recibieron el decreto de confinamiento del Gobierno, a pesar de que no hablaba de las Iglesias, eliminaron la obligación de acudir a misa. “Tendríamos que respetar eso. Lo importante es no salir de casa”, concluyó.

Sin embargo, el cardenal de Valencia, Antonio Cañizares, fue mucho más allá que su presidente. Durante la Vigilia Pascual, celebrada en la catedral, el purpurado denunció: “Se nos ha querido quitar la libertad de proclamar la Resurrección y ello se ha demostrado en lo sucedido en la catedral de Granada”.

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Semana Santa en una Iglesia vaciada. O, al menos, ése es el espíritu del punto 11 del Real Decreto que el pasado 14 de marzo aprobó el Gobierno y que supuso la entrada en vigor del Estado de Alarma en España. Un texto, consensuado con la Conferencia Episcopal en el que, sin cerrar oficialmente las iglesias –muchas se mantienen abiertas para aquellos trabajadores creyentes que quieran pararse a rezar–, sí se impedían las misas con público.

La práctica totalidad de los obispos –con la ya clásica excepción del obispo de Alcalá, Juan Antonio Reig Plá, que sigue permitiendo en su diócesis las misas con público– y la inmensa mayoría de los sacerdotes se están comportando con responsabilidad, bien manteniendo los templos cerrados, bien ofreciendo misas 'a puerta cerrada', con la presencia de personal imprescindible para la celebración, y retransmitiendo por las redes sociales o los medios de titularidad eclesial las ceremonias. 

Intervenciones en templos

Sin embargo, la Policía ha debido intervenir en al menos una decena de templos, que han hecho una interpretación poco rigurosa de la normativa, o directamente se han saltado la ley. Así ha sucedido en distintos templos de Sevilla, Almería, Cádiz o Córdoba, además de en Alcalá de Henares, donde el obispo ha impuesto su decisión, incluso por encima de la de los agentes de la autoridad, amparándose en la inviolabilidad de los templos recogida en los Acuerdos Iglesia-Estado. El último caso, en Granada, donde la Policía tuvo que recordarle al arzobispo Javier Martínez que no estaba permitida la asistencia de una veintena de fieles a los oficios del Viernes Santo. Los feligreses se marcharon, no sin antes tomar la comunión, y sin ser multados.

En otros rincones, como Valladolid o San Sebastián, han debido ser los propios obispos quienes han tenido que recordar a sus sacerdotes que los oficios religiosos, de llevarse a cabo, deben ser a puerta cerrada y no con una comunidad mínima (de fieles) sino con los propios miembros de la parroquia, que son los párrocos y monitores, indispensables para celebrarlas. El nada sospechoso de simpatizar con el Gobierno socialista, José Ignacio Munilla –el único obispo multado por saltarse el confinamiento, al ser sorprendido en su coche con una copiloto–, ha tenido que escribir a sus curas para que “no haya errores de interpretación” y no hagan misas con público, aunque sean a puerta cerrada.

Sin respetar la distancia ni usar mascarillas

No ha sido así en Cádiz, donde las fuerzas del orden tuvieron que desalojar el pasado 3 de abril la iglesia de San Servando y San Germán, cuando se estaba celebrando la misa a la que asistía una quincena de fieles, que no guardaban la distancia de seguridad de un metro, y no contaban con material preventivo (guantes o mascarillas), tal y como establece la norma.

Más polémica causó este domingo de Ramos la interrupción de una misa en Sevilla, en un dispositivo conjunto de las policías Local y Nacional. En este caso, se trataba de un grupo de al menos nueve frailes que estaban celebrando la Eucaristía en la azotea de un edificio en el barrio de Triana. La celebración en una zona común incumple el decreto del Estado de Alarma. “Al menos había nueve personas, y se estaba celebrando una misa”, constata el parte policial, que señala que la misa quedó “interrumpida”. La Policía había recibido varias denuncias por parte de los vecinos, que añadían que los monjes habían instalado megafonía para que el resto del barrio escuchara –quisiera o no– la misa.

Una práctica prohibida por el propio Arzobispado de Sevilla, que en una circular señalaba que las Eucaristías “se pueden hacer en el interior de los recintos, sin feligreses, y retransmitirse por streaming”, como “lo están haciendo todas las iglesias sevillanas”.

Misas televisadas con público

En Córdoba, se han dado al menos tres casos de misas sospechosas, con presencia de fieles. En la iglesia de San José de Puente Genil, la Policía ha incoado expediente de sanción al párroco y a las personas que se saltaron el confinamiento para asistir a una misa que, para más inri, iba a ser retransmitida por la televisión municipal. En Albendín (Baena), la Policía tuvo que interrumpir una misa en la parroquia de Santa María, también el pasado domingo de Ramos, que se celebró a puerta cerrada, pero dejando entrar a varios feligreses. En El Carpio es la Guardia Civil la que investiga unas imágenes de Whatsapp en las que se observa una eucaristía ofrecida por el párroco y a la que habrían asistido una veintena de personas.

En Almería, varios vehículos de la Policía Nacional se personaron a las puertas, abiertas, de la iglesia de Santiago. Tras una conversación con el párroco, se determinó que los fieles abandonaran la misa, quedando el sacerdote terminando misa con solo una persona que le ayudaba.

En otros casos, la sangre no llega al río, como en la propia catedral de Valladolid, donde el pasado 22 de marzo los agentes de seguridad impidieron que una veintena de fieles, en su mayoría de avanzada edad, se congregaran en la entrada lateral del templo antes del comienzo de la Eucaristía, que finalmente fue suspendida.

Abogados Cristianos denuncia al Gobierno

En todos los casos los responsables de la diócesis han asegurado que “harán lo posible” por cumplir la normativa. Sin embargo, la actuación policial ha sido utilizada por el lobby ultracatólico para lanzar una nueva campaña de supuesta “persecución” del Gobierno socialista contra la Iglesia.

Así, la asociación ultra Abogados Cristianos anunció el jueves pasado la presentación de una denuncia contra la Policía y las Delegaciones de Gobierno de Andalucía, Castilla y León y Murcia por las interrupciones de ceremonias religiosas que han tenido lugar en Cádiz, Sevilla, Valladolid y Murcia durante el Estado de Alarma.

En concreto, el grupo ultra acusa a los responsables del Gobierno y de la Policía de un posible delito de “interrupción del culto” recogido en el artículo 523 del Código Penal, al considerar que los policías que llevaron a cabo dichas operaciones actuaron cumpliendo sus instrucciones. Y va mucho más allá. Su presidenta, Polonia Castellanos, sostiene que “se trata de una persecución religiosa. La reiteración evidencia que no es algo casual. El gobierno está aprovechando el Estado de Alarma para acabar con la libertad religiosa”.

Castellanos asegura que “estas interrupciones de ceremonias religiosas que han tenido lugar estos días son un abuso por parte del Gobierno, que está utilizando la situación para imponer su agenda laicista”.

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En España hay más de 8.500 hermandades y cofradías. Si todos sus miembros se juntaran, seguramente serían la asociación más importante de España, con más de dos millones de miembros. Estos días, por primera vez desde la Guerra Civil, las procesiones no saldrán a la calle. No habrá Madrugá en Sevilla, Cristo de los Legionarios en Málaga, Sermón de las Siete Palabras en Zamora, tamborradas en Hellín... al menos, de forma tradicional. Porque muchas cofradías han tirado de imaginación, y en decenas de provincias se llevarán a cabo “Semanas Santas virtuales”.

Las misas seguirán retransmitiéndose por YouTube o las redes sociales de las diócesis y de muchos curas, con lamentables excepciones como la del obispo de Alcalá, el siempre polémico Juan Antonio Reig, que continúa con las iglesias abiertas y permitiendo las misas con público, pese a las recomendaciones de Sanidad y de la propia Conferencia Episcopal.

Hasta el Papa Francisco ha suspendido todas las celebraciones públicas, y presidió la misas del Domingo de Ramos igual que los próximos oficios de Jueves y Viernes Santo o el Via Crucis: por streaming. Pero el obispo de Alcalá sigue a su ritmo, con el riesgo que comporta para sus fieles.

Propuestas imaginativas

Sin embargo, la mayor parte de los católicos opta por el confinamiento, y por propuestas imaginativas. Los primeros en tomar la iniciativa han sido las cofradías sevillanas, que usarán la redes sociales para tratar de mantener la normalidad. Así, el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla ha preparado una serie de actividades adaptadas al estado de alarma, que incluyen la retransmisión de las procesiones de años anteriores, y 'estaciones de penitencia' (procesiones) virtuales diarias. Y sí, habrá Madrugá... con una emisión que durará toda la noche y en la que se verán todas las imágenes de la Semana Santa sevillana. Con un recuerdo especial para los sanitarios, como puede verse en el cartel de una de las hermandades de este año.

También, las clásicas saetas. En toda Andalucía se ha convocado concursos de este canto, que seguirá escuchándose desde los balcones. Otras iniciativas son algo más polémicas. El obispo de Jerez, José Mazuelos, ha anunciado que visitará todas y cada una de las sedes de las hermandades, acompañado de los hermanos mayores, lo que ha suscitado las críticas de algunas cofradías, por temor a un posible contagio. El obispo, uno de los dos médicos en el Episcopado español (y que durante unos días emitió 'salvoconductos' para que aquellos fieles que quisieran ir a misa no tuvieran problemas con la Policía), ha anunciado que seguirá adelante.

Tamborrada en Hellín

Una de las primeras iniciativas virtuales es la de la Semana Santa de Hellín, en Albacete, que este año cumple medio siglo y su declaración como Patrimonio Cultural de la Unesco. El Viernes de Dolores, y siguiendo el llamamiento de las hermandades, miles de tambores 'rompieron el silencio', cada uno desde el balcón de su casa, en las tradicionales tamborradas, muy comunes en Albacete, Murcia o Aragón.

En Málaga, los miles de fieles que cada año asisten a la misa en la iglesia de San Pablo y los numerosos devotos que se agolpan en la explanada para estar cerca del Cautivo y la Trinidad tendrán que ver la misa en esta ocasión desde la televisión municipal.

Algo parecido ocurrirá en Castilla y León, con retransmisiones de las misas de los obispos a través de las redes, y de las mejores procesiones de años anteriores.

En Zaragoza, el Arzobispado ha instalado una cámara de 360 grados en la basílica del Pilar, activa las 24 horas, para que los fieles puedan asistir a los actos en torno a la Virgen del Pilar.

Procesiones por la tele

En Cáceres, por ejemplo, se repondrán hasta 24 desfiles procesionales de 2019, que serán comentados en directo, y en Mérida se ha puesto en marcha el proyecto Cofrades en casa, con el objetivo de que se puedan vivir virtualmente las estaciones de penitencia.

Las diócesis madrileñas, catalanas, vascas, gallegas, navarras o canarias, entre otras, difundirán las misas de Semana Santa por radio, televisión o YouTube, mientras que en Ceuta, la Banda de Música de esta ciudad se ha comprometido a realizar ocho marchas procesionales grabadas en sus casas por sus 40 músicos para ser emitida una cada día.

Misas para pedir el fin de la pandemia

Por otro lado, y por indicación del Vaticano, la Conferencia Episcopal ha aprobado la celebración de “misas en tiempos de pandemia”, con oraciones especiales para pedir el fin del contagio por el coronavirus en todo el mundo.

Además, en la liturgia del Viernes Santo se incluirá una oración “por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual: para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto”.

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