Durante años, Air Berlin se consolidó como una de las principales aerolíneas europeas, con miles de empleados y una amplia red de rutas por todo el continente, hasta que su elevado endeudamiento y la retirada del respaldo financiero de su principal accionista, Etihad Airways, precipitaron su quiebra en 2017. Su colapso dio lugar a un complejo entramado concursal y dejó más de 40 despidos y salarios pendientes de abonar en Mallorca, donde la empresa tenía fijada su sucursal española. Sin embargo, para cuando la Audiencia Nacional declaró nulo el despido colectivo, generando créditos por salarios de tramitación y reconociendo indemnizaciones con prioridad de cobro, los empleados se encontraron con que el dinero ya no estaba: más de un millón de euros había salido de España rumbo al procedimiento concursal en Alemania.

La operación llevó a varios de los trabajadores a exigir en los tribunales la recuperación de los fondos y que éstos fuesen destinados al pago de sus créditos laborales, pero, tras varios años de litigio, la Audiencia Provincial de Balears acaba de dar carpetazo a sus pretensiones: el tribunal considera que no se ha probado que la transferencia de 1.061.291 euros que la empresa efectuó para integrarlos en el procedimiento concursal alemán se realizara con intención de perjudicarles.

La resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es y fechada el pasado mes de febrero, choca con lo dictaminado en primera instancia por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma, que consideró que el traslado del dinero debía rescindirse, ordenando que fuera devuelto a la sucursal española de Air Berlin para atender el pago de los créditos laborales. El juez apreciaba que concurrían los elementos necesarios para dejar sin efecto la operación, dado que ésta habría privado a los acreedores locales -los trabajadores- de la posibilidad de cobrar con preferencia. La Audiencia, sin embargo, corrige ese criterio: el tribunal sostiene que el traslado del dinero fue legal y se produjo dentro de las facultades del administrador concursal. Y va más allá: subraya que no basta con que los empleados resultaran perjudicados, sino que era necesario acreditar que la transferencia de los fondos se hizo con la finalidad de frustrar el cobro por parte de todos ellos.

Para cuando la justicia laboral declaró nulo el despido colectivo de los 43 trabajadores de Air Berlin en España, reconociendo indemnizaciones con prioridad de cobro, los empleados se encontraron con que el dinero ya no estaba: más de un millón de euros había salido de España rumbo al procedimiento concursal en Alemania

El origen del millón de euros

La procedencia del dinero en disputa añade, además, un elemento relevante: los fondos no procedían directamente de la actividad de Air Berlin en España, sino de otro concurso. La aerolínea tenía reconocido un crédito con privilegio especial en el proceso de quiebra de CR Aeropuertos S.L., vinculada a uno de los mayores iconos del despilfarro de la burbuja inmobiliaria en España: el aeropuerto de Ciudad Real. El proyecto, impulsado en plena expansión económica, acabó acumulando deudas millonarias y sin tráfico suficiente para sostenerse, lo que condujo a su quiebra y posterior liquidación.

En ese proceso, Air Berlin figuraba como acreedor con privilegio especial sobre determinados activos: varias fincas cuya venta, en el marco del concurso de acreedores de CR Aeropuertos, le permitió recuperar más de un millón de euros con cargo preferente frente a otros acreedores. Sin embargo, lejos de quedarse en España, la cantidad se transfirió en 2019 a la cuenta del administrador concursal en Alemania, donde se tramitaba el concurso principal de Air Berlin. Un año antes de que, en 2020, se abriera el procedimiento concursal secundario en España. Este desfase temporal es el que la Audiencia Provincial considera determinante: el tribunal señala que la masa de bienes del procedimiento español solo incluye los activos que estaban en el país en el momento de su apertura. Y cuando ese momento llegó, el dinero ya había salido del alcance de los trabajadores y del propio concurso en España.

La aerolínea recuperó el millón de euros tras la quiebra de CR Aeropuertos S.L., vinculada a uno de los mayores iconos del despilfarro de la burbuja inmobiliaria en España: el aeropuerto de Ciudad Real

Sin empleo y sin cobrar

Para los empleados, el caso no era una cuestión técnica, sino de supervivencia. Tras el cierre de la sucursal en Mallorca, la aerolínea despidió a los 43 trabajadores de su sucursal española con el mínimo legal de indemnización de 20 días por año trabajado. Sin empleo y con salarios pendientes en un contexto de incertidumbre prolongada, muchos vieron en la nulidad del despido colectivo la garantía de que, tarde o temprano, podrían recuperar lo que se les debía.

Parte de las cantidades pendientes se canalizó a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), el organismo público que cubre salarios e indemnizaciones cuando una empresa se declara insolvente: la entidad abonó a la plantilla más de un millón de euros, una cantidad que no llegó a cubrir la totalidad de las deudas reconocidas judicialmente. El resto quedó condicionado al resultado del concurso de acreedores en Alemania.

Siete de los trabajadores, algunos de los cuales llevaban décadas en la compañía, decidieron demandar a la compañía para reclamar la recuperación de los fondos transferidos a Alemania y el pago de sus créditos laborales, que en su caso ascendían a un total de 924.760 euros. La reciente sentencia de la Audiencia Provincial responde precisamente a esa reclamación. En sus alegatos, los empleados sostenían que la salida del dinero había vulnerado la normativa concursal europea, en particular el Reglamento (UE) 2015/848: a su juicio, se habían trasladado fuera de España bienes que podían haber servido para atender sus créditos.

Alegaban que el movimiento se realizó de forma abusiva y en su perjuicio, frustrando, pese a que las deudas habían sido reconocidas judicialmente -e incluso con medidas cautelares como embargos preventivos-, la posibilidad de que sus créditos pudieran ser satisfechos en España en caso de que posteriormente se abriese un procedimiento de insolvencia secundario.

Los trabajadores reclamaban que la transferencia fuese anulada al considerar que había vulnerado la normativa concursal europea. Recriminaban que el movimiento se realizó de forma abusiva y en su perjuicio al frustrar sus posibilidades de cobro pese a que ya contaban con créditos laborales reconocidos judicialmente

Frente a ello, la administración concursal de Air Berlin negó cualquier irregularidad y defendió que la transferencia no obedeció a una decisión arbitraria, sino al resultado de un procedimiento judicial en el concurso de otra sociedad -el de CR Aeropuertos-, limitándose a facilitar una cuenta para recibir el pago. Asimismo, rechazó que se hubiera producido un trato discriminatorio respecto a la plantilla española, al señalar que también en Alemania cientos de trabajadores habían reclamado judicialmente sin que se hubieran podido satisfacer sus créditos. En esta línea, la aerolínea manifestó que los créditos laborales de los empleados españoles habían sido reconocidos en el procedimiento concursal alemán y que parte de ellos ya habían sido abonados a través del Fogasa.

La administración concursal de Air Berlin negó cualquier irregularidad y defendió que la transferencia no obedeció a una decisión arbitraria. Asimismo, rechazó que se hubiera producido un trato discriminatorio respecto a la plantilla española

Durante el desarrollo del procedimiento, el caso dio incluso el salto a Europa. Ante las dudas sobre la legalidad del traslado del dinero, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma, encargado de tramitar el concurso secundario en España, decidió en 2022 elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El magistrado planteó si el administrador concursal podía sacar bienes del país en esas circunstancias y qué activos debían integrar la masa del concurso secundario. La respuesta llegó en 2024 y acabó marcando el desenlace del caso: el TJUE avaló que el administrador del procedimiento principal puede trasladar bienes entre países incluso cuando existan acreedores locales con créditos reconocidos, siempre que no actúe de forma abusiva. Esa interpretación es la que ahora asume la Audiencia Provincial de Balears para cerrar la puerta a la reclamación de los trabajadores.

De los vuelos chárter a operar más de 140 destinos

Nacida como aerolínea chárter en 1978 y transformada años después en compañía de red con operaciones regulares en toda Europa, Air Berlin Air Berlin llegó a convertirse en uno de los grandes nombres de la aviación europea. Tras su salida a bolsa en 2006 y la compra de LTU en 2007, la aerolínea aceleró su expansión hasta situarse en la segunda compañía aérea de Alemania, solo por detrás de Lufthansa. En su punto álgido superó los 8.000 empleados, operó más de 140 destinos y transportó en torno a 30 millones de pasajeros anuales, combinando rutas de bajo coste con conexiones de medio y largo radio.

Mallorca fue uno de sus enclaves estratégicos. La isla, uno de los principales destinos turísticos del mercado alemán, funcionó como base operativa clave dentro de su red, con múltiples conexiones regulares hacia Alemania y otros puntos de Europa. Aunque su estructura en España era reducida -con una plantilla de 43 trabajadores, 41 de ellos en Mallorca, uno en Madrid y otro en Barcelona-, su presencia era fundamental para sostener el flujo turístico que alimentaba buena parte de su negocio. Durante años, Air Berlin fue una de las aerolíneas que transportó un mayor volumen de pasajeros entre Alemania y Balears.

Mallorca fue uno de los enclaves estratégicos de Air Berlin. La isla, uno de los principales destinos turísticos del mercado alemán, funcionó como base operativa clave dentro de su red, con múltiples conexiones regulares hacia Alemania y otros puntos de Europa

Una de las figuras clave en la consolidación de la aerolínea en el mercado turístico isleño fue Álvaro Middelmann, durante años la cara visible de Air Berlin en España. De origen alemán pero profundamente vinculado a Mallorca, defendió el papel estratégico de Air Berlin en Balears hasta los últimos momentos de la compañía. Su perfil público, sin embargo, no estuvo exento de polémica: continuas eran sus advertencias sobre el impacto que sobre la conectividad aérea podían tener determinadas políticas como la subida de tasas aeroportuarias: “Vamos a matar la gallina de los huevos de oro, que no es otra que el turismo”, llegó a aseverar en rueda de prensa.

Rechazo del catalán

Otra de las controversias más significativas la protagonizó a raíz de la negativa de la aerolínea a incorporar el catalán en su atención al cliente: “La implantación de un idioma cuesta mucho dinero”, señaló en una entrevista con la agencia EFE. En otras declaraciones, el empresario calificó esa posibilidad de “económicamente inviable” y de coste “inasumible” en un contexto de aumento del combustible. Por su parte, el presidente de la compañía, Joachim Hunold, publicó un editorial en la revista Air Berlin Magazin en el que rechazaba la política lingüística del Ejecutivo balear -gobernado entonces por el socialista Francesc Antich- después de que éste le pidiera, al igual que al resto de aerolíneas que operan en Balears, “garantizar el uso de las lenguas oficiales de la comunidad”.

Una de las controversias más significativas protagonizadas por Air Berlin en Balears tuvo lugar a raíz de la negativa de la aerolínea a incorporar el catalán en su atención al cliente: "La implantación de un idioma cuesta mucho dinero", despachó el entonces director general de Air Berlin para España y Portugal, Álvaro Middelmann

Tras años de expansión, el modelo comenzó a resquebrajarse. La compañía comenzó a encadenar pérdidas, atrapada entre una deuda creciente y la pérdida de competitividad en un mercado cada vez más presionado por las aerolíneas de bajo coste. El declive no fue repentino, sino una caída lenta que comenzó a hacerse visible a partir de 2012. Cada vez más dependiente del respaldo financiero de Etihad Airways -que llegó a controlar cerca del 29% del capital-, Air Berlin fue perdiendo margen de maniobra. Cuando en 2017 la aerolínea emiratí retiró su apoyo, la estructura se desplomó: sin liquidez ni capacidad para sostener su operativa, la compañía entró en insolvencia.

El colapso

La aerolínea recibió un préstamo puente de hasta 150 millones de euros del Gobierno alemán para evitar un colapso inmediato del tráfico aéreo en plena temporada alta y mantener operativos los vuelos durante unas semanas mientras se buscaban compradores para sus activos. Finalmente, parte de su negocio fue vendido a otras aerolíneas como Lufthansa y easyJet en una liquidación que puso fin definitivo a su actividad.

La compañía comenzó a encadenar pérdidas, atrapada entre una deuda creciente y la pérdida de competitividad en un mercado cada vez más presionado por las aerolíneas de bajo coste. Tras la retirada del respaldo financiero de Etihad Airways -que llegó a controlar cerca del 29% del capital-, la estructura de Air Berlin acabó desplomándose

En 2018, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional analizó el despido colectivo aplicado por Air Berlin a la totalidad de su plantilla en España. El tribunal constató que la aerolínea atravesaba una situación económica “insostenible”, con pérdidas millonarias acumuladas durante años y un colapso financiero que llevó al cese total de su actividad en octubre de 2017. La empresa alegó que no disponía de liquidez ni siquiera para abonar las indemnizaciones mínimas legales, extremo que quedó reflejado en las cartas de despido, en las que reconocía expresamente la imposibilidad de pago pese a generar el correspondiente crédito en el concurso de acreedores.

Con todo, la AN estimó parcialmente la demanda sindical y declaró nulo el despido colectivo al apreciar irregularidades relevantes en su tramitación. Entre ellas, la falta de entrega de documentación esencial a la representación de los trabajadores -en muchos casos facilitada en alemán sin traducir- y la insuficiente información sobre posibles operaciones de transmisión de activos o actividad a otras aerolíneas. El tribunal consideró que estas deficiencias impedían una negociación real durante el periodo de consultas y podían haber generado indefensión, lo que justificaba la nulidad del expediente, más allá de la grave situación económica de la compañía.

Un año antes, el 27 de octubre de 2017, el último vuelo de Air Berlin había aterrizado en la capital que le daba nombre tras 39 años de operaciones. La llegada de la aeronave fue seguida como un acontecimiento en Alemania, con trabajadores y aficionados concentrados en el aeropuerto de Tegel para despedir a la que había sido la segunda compañía del país. A bordo y en tierra, el ambiente mezclaba emoción y resignación: no era solo el cierre de una aerolínea, sino el final de una etapa para miles de empleados y para una compañía que durante años había conectado destinos clave como Mallorca con el corazón de Europa.

Un niño pega la nariz a un mostrador repleto de helado artesanal. Hay más de veinte sabores, pero el pequeño cliente tiene claro qué quiere de merienda.

–¡Papá, pistacho y fresa!

Francesca Basta toma un cucurucho y lo corona con dos bolas –verde y rosa– mientras explica: “Ahora estamos en temporada alta porque nuestra clientela es sobre todo gente local. Como ya hace buen tiempo y apetece un helado, vienen familias enteras. Cuando empieza en serio la temporada turística es más difícil verlas: el padre o la madre está trabajando”. El acento italiano de la heladera está muy matizado porque lleva bastante tiempo en Eivissa. Hace más de una década que cambió los Alpes –es de Varese, muy cerca de la frontera entre la Lombardía y Suiza– por el Mediterráneo. Su negocio está situado dos metros por encima de es Caló des Moro, una caleta en la que termina el casco urbano de Sant Antoni de Portmany. 

Este tramo de costa en el que se mezclan vecinos y turistas al caer la tarde porque mira a poniente –la puesta de sol es espectacular– es un territorio abigarrado. Pisos de lujo construidos durante la última década, un edificio de tres bloques que se alzó entre los setenta y los ochenta para alojar a los currantes de hoteles y restaurantes, terrazas donde pinchan electrónica y varios hoteles de distinto tamaño. Todos tienen piscina. Que “tres establecimientos” las llenaran utilizando agua de la red pública provocó un corte en el suministro que afectó a ese bloque de tres edificios en el que Francesca tiene su heladería. Desde las siete de la mañana y hasta las seis de la tarde muchos vecinos se quedaron sin presión. Así lo reconoció a Diario de Ibiza un portavoz de la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense (FACSA), la empresa que controla el abastecimiento y el saneamiento hídricos de este municipio ibicenco.

En declaraciones a ese mismo medio, Josefa Torres, concejala de Medi Ambient, minimizó el problema: “Hubo un pequeño problema de presión durante unas horas. No es algo que suela pasar mucho, pero nos pasa a veces, y más ahora, pues todos los establecimientos hoteleros y comercios de la zona turística empiezan a abrir y se conectan”. Los testimonios de varios residentes que prefieren conservar el anonimato son completamente distintos. “Los grifos se secaron” en unos domicilios donde ya están “acostumbrados” a que el agua corriente mane sin fuerza “por la demanda del turismo”: “Apenas hay presión en los pisos más altos del edificio”. En julio o agosto puede ser una odisea ducharse en la séptima planta.

“El último corte, por suerte, no nos afectó, pero sé muy bien de qué se trata”, cuenta Francesca. “Cogí este local en 2013 y todas las temporadas ocurre dos, tres, cuatro veces. No le veo un patrón, puede pasar en cualquier momento de mayo a septiembre. Para nosotros es catastrófico. Si nos cortan el agua por la noche, lo pierdo todo”. La heladera subraya sus palabras señalando unas tarrinas –tiramisú, limón, chocolates, stracciatella, flaó eivissenc, vainilla– que no tardan mucho más de una hora en derretirse si el sistema de refrigeración –que se alimenta de agua– se detiene.

El único alivio para Francesca es sufrir el corte a plena luz del día. Aunque haga más calor, el contratiempo le pillará dentro del negocio. Entonces, se arremangará y transportará las cubetas de helado hasta una cámara frigorífica donde el producto podrá resistir hasta que vuelva a correr el agua. Lo que no podrá es seguir calmando la gula de sus clientes: “Ese es el problema: si nos cortan el agua, o si baja mucho la presión, tengo que cerrar. Ni puedo servir ni puedo producir helado. Está claro que en verano hay mucho consumo, pero lo que me extraña es que se pongan a rellenar piscinas con agua de la red pública. ¿No estaba prohibido?”

Ese es el problema: si nos cortan el agua, o si baja mucho la presión, tengo que cerrar. Ni puedo servir ni puedo producir helado. Está claro que en verano hay mucho consumo, pero lo que me extraña es que se pongan a rellenar piscinas con agua de la red pública. ¿No estaba prohibido?

Francesca — Heladera

Un documento guardado en un cajón

La duda de Francesca tiene diferentes respuestas. Todo depende del lugar de Eivissa en el que se pregunte. Sant Antoni de Portmany carece de reglas que controlen el despilfarro hídrico que provoca vaciar y llenar una piscina. En noviembre de 2024, la Aliança per l’Aigua presentó al Consistorio un borrador sobre el que se podía basar la normativa. Esta organización sin ánimo de lucro trabaja a nivel balear para lograr una gestión sostenible de un recurso tan básico como escaso y, anteriormente, ya había asesorado a los ayuntamientos de Santa Eulària des Riu o Sant Josep de sa Talaia. Allí es obligatorio realizar tratamientos de forma continúa, avisar a los técnicos municipales cada vez que se vacía una piscina y reutilizar el líquido sobrante. Rellenar con agua de la red es motivo de multa.

“Vivimos en una situación de crisis permanente: no se trata de seguir creciendo en infraestructuras, sino de ser más eficientes y aprovechar mejor el recurso. La relación es clara: menos agua y más demanda. Esa combinación nos hace cada vez más vulnerables. No se puede pedir esfuerzo solo a una parte –los residentes– cuando la presión turística sigue aumentando”, razona Juan Calvo Cubero, el científico que dirige la Aliança per l’Aigua. 

En la Badia de Portmany la emergencia hídrica es profunda: Sant Antoni –28.000 habitantes, 19.500 plazas turísticas– ha tenido que instalar una segunda desaladora –portátil– porque el sobreconsumo ha esquilmado sus acuíferos. Los vertidos son frecuentes, afectan al ecosistema marino desde hace décadas y obligan a cerrar playas como es Caló des Moro. Sin embargo, el documento que la Aliança per l’Aigua entregó hace un año y medio sigue en un cajón. Los ecologistas lamentan que el Ajuntament de Sant Antoni no haya desarrollado todavía ninguna ordenanza. En el pleno de abril, el PSOE también reclamará que se tomen medidas urgentes. Una de ellas, “sanciones graves para aquellos establecimientos que, por un uso negligente o masivo del agua de red, provoquen un desabastecimiento o la pérdida de presión en los hogares de los vecinos”. 

El equipo de gobierno –mayoría absoluta del PP, la formación hegemónica desde finales de los ochenta– ha rechazado realizar declaraciones a elDiario.es. Tampoco ha permitido que hable con este periódico un portavoz de FACSA. La empresa gestiona el servicio municipal de Sant Antoni desde hace siete años –cuando gobernaba un pacto de centroizquierda– tras firmar un contrato que no vencerá hasta 2043. En teoría, la privatización del agua dejará en las arcas públicas 38 millones de euros por los cánones sobre los beneficios que la adjudicataria debe ir abonando.

elDiario.es también se puso en contacto con los tres hoteles que están más cerca de los domicilios afectados por el corte de agua. Sólo uno de los establecimientos contestó, el Hotel & Spa Blau Parc, propiedad de una cadena ibicenca que responde al mismo nombre comercial. “Nosotros no hemos sido causantes de este tema”, explicó Sandra Rodríguez Tur –la directora del complejo– por correo electrónico: “Al revés, cuidamos mucho el gasto de agua y mantenemos las piscinas tratadas todo el invierno y para hacer las reparaciones, pasamos el agua, con bombas, de una piscina a otra para no tirarla. No hemos sufrido cortes, porque trabajamos con una cisterna, lo que también hace que podamos controlar la presión”.

Cubos de agua marina para poder ir al baño

Un perro chico corretea entre cuatro piernas. Son las siete de la tarde cuando Isabel y María vuelven a casa después de dar un paseo junto al mar. Antes de llegar al portal de su casa, estas amigas –que también son vecinas– dejan atrás la terraza de un hotel donde se celebran fiestas cada semana –en ese momento suena con fuerza A Night in the Room, un tema house del productor japonés Yuichi Inoue–; las obras de “unos apartamentos de alto standing en primera línea de mar con piscina y garaje” –eso dice el anuncio de la valla–; la piscina –vacía– de un hotel que aún no ha abierto puertas; una caleta de arena y rocas en la que guiris jóvenes se mezclan con las abuelas que bajan a bañar a los nietos; un gimnasio a reventar; la heladería de Francesca; una cervecería patas arriba: los dueños y un par de currelas se afanan en barnizar la barra y el mobiliario mientras un altavoz portátil reproduce Dogs Days Are Over de Florence and the Machine. La caminata de Isabel y María es un travelling a cámara lenta que anuncia una temporada turística a punto de inaugurarse. 

Ellas no le echan cuentas a lo que ven, ya son muchos veranos a sus espaldas, y van hablando de sus cosas en un castellano que no ha perdido su deje sureño pese a que ambas han pasado media vida en la isla. Desde que se construyó, el Jamaica –el edificio de tres bloques que se queda sin agua cuando el turismo tiene sed y las tuberías de Sant Antoni piden auxilio– es una pequeña Andalucía.

–Disculpen, ¿a ustedes les cortaron el agua hace un par de semanas?

Isabel pone cara de póquer, no quiere contestar. Con mucho recelo, María toma la palabra.

–Eso me dijeron algunos vecinos. Yo no me enteré. Estaba trabajando.

–¿Pero es algo raro que les corten el agua o les pasa a menudo?

–¿Que si pasa a menudo? Alguna vez he tenido que bajar para llenar dos cubos con agua de mar. Si no, ni al baño puedo ir. ¡No hay presión en casa!

La librería Rata Corner acogió ayer por la tarde una conversación en torno a Ars Occulta, la novela del periodista y escritor mallorquín Alberto Fraile. El encuentro, conducido por la periodista Araceli Bosch, directora y presentadora del programa Entre avui i demà de IB3 Ràdio, desbordó el formato de presentación y se planteó como un espacio de reflexión filosófica y literaria.

La conversación giró en torno a la hipótesis central del libro, la posibilidad de que la realidad funcione como una simulación atravesada por fuerzas no visibles que condicionan la existencia humana. La idea se abordó como un guiño a la ciencia ficción en diálogo con la tradición filosófica y el pensamiento contemporáneo.

Fraile explicó que Ars Occulta “se sitúa en un territorio donde el relato deja de ser solo narración para convertirse en un artefacto de reflexión”. En este sentido, señaló que la novela “no se limita a desarrollar una trama, sino que construye un sistema en el que personajes, símbolos y referencias históricas operan como piezas de un mecanismo orientado a interrogar la realidad”. De ahí, añadió, “surgen cuestiones vinculadas al conocimiento, a los límites de la percepción o a la posible existencia de estructuras invisibles que condicionan la experiencia”.

La literatura como laboratorio 

En ese marco, el autor defendió la ficción como “un laboratorio que permite explorar zonas donde el pensamiento racional no alcanza por sí solo”, y subrayó que el objetivo de la novela no es reconstruir el pasado, sino “reactivar sus ideas en el presente”.

El origen del proyecto se encuentra en la investigación periodística sobre Ramon Llull, desarrollada en una serie de cinco reportajes publicados en eldiario.es bajo el título “Ramon Llull, el genio del Mediterráneo”. Aquella aproximación en forma de ensayo abrió una línea de trabajo que desembocó en la novela.

Durante la conversación, Fraile explicó que hizo “un pacto simbólico” con Ramon Llull: “Yo actualizaría su legado en un mini ensayo que apareció en forma de cinco reportajes en eldiario.es, y él me dejaría fantasear con su figura en la ficción”.

El hallazgo del libro perdido de Ramon Llull

La trama arranca con el hallazgo de un manuscrito desconocido de Ramon Llull fechado en 1307, un descubrimiento que arrastra a los protagonistas, Lucas, un profesor que regresa a Mallorca, y Samira, investigadora vinculada a Miramar, a una investigación que desborda lo académico y deriva en un proceso que roza la locura.

Fraile explicó cómo la figura de Ramon Llull funciona como eje del relato, al que definió como un pensador capaz de intuir formas de organización del conocimiento que reaparecen siglos después. Señaló su Ars Magna como antecedente de los algoritmos y la informática moderna, y trazó conexiones con figuras como Isaac Newton y con una tradición que integra ciencia, filosofía y simbolismo como partes de un mismo sistema.

Ars Occulta en alemán

También hubo espacio para abordar el proceso de escritura. Fraile explicó que “la ficción permite liberarse de la exigencia de rigor propia del periodismo, y las tramas pueden desarrollarse sin las limitaciones de lo verificable, algo que permite adentrarse en territorios desconocidos y muy fértiles”.

En el tramo final se abordó la proyección internacional de la obra, con la presentación de la edición alemana de Ars Occulta, un paso que amplía su alcance y la sitúa en un circuito donde este tipo de propuestas, a medio camino entre narrativa y pensamiento, encuentran cada vez más espacio.

El encuentro se cerró con un turno de preguntas en el que el público no se limitó a comentar la trama, sino que entró en cuestiones de fondo como la naturaleza de la realidad, los límites del conocimiento o la vigencia de los sistemas filosóficos clásicos, confirmando que la novela no se agota en la lectura.

Ars Occulta disponible

En Rata Corner. 

C/ Antoni Marqués, 34. Palma 

En Amazon: 

Español: https://amzn.to/4taFv4m

Alemán: https://amzn.to/4unYF7S

“Mi nombre es Yamile Elisabeth Mora”. La mujer que dice su nombre y apellido está sentada sobre una maleta, las lumbares recostadas contra la tapia grafiteada de un estadio de fútbol, las cervicales inclinadas hacia la pantalla del móvil. Junto a ella hay un arcón de plástico transparente repleto de bolsas –de plástico fino y de plástico duro– del que sobresale el manillar de lo que parece un patinete pero resulta ser un montacargas de aspecto ligero. El arcón está cerrado y en la tapa descansa una mochila de color de rosa. Son las diez menos diez de la mañana: unos minutos antes, Yamile cruzaba la calle empujando el montacargas, las asas de la mochila encima de los hombros. Estaba haciendo una mudanza –forzosa– hacia ninguna parte. 

Hasta hoy –y desde hace diez meses– esta venezolana –con NIE: en España desde 2019– vivía en un terreno situado en la periferia burguesa de Vila, el topónimo popular del municipio de Eivissa. Su casa era una furgoneta por la que pagaba un alquiler de 550 euros, pero a ojos de la ley era una okupa. Las imágenes de su desahucio son una réplica de los cinco desalojos que en menos de dos años han eliminado otras villas miseria situadas en el anillo que rodea la capital ibicenca. El drama desaparece –como la semana pasada en sa Joveria– para emerger en otro punto de la isla. El último caso documentado es Casa Lola, un lugar célebre por albergar villas turísticas que se derribaron tras un maratoniano proceso en los tribunales por haberse construido sin licencia. En este terreno del municipio de Sant Josep también se paga por aparcar una caravana para habitarla. Algo ilegal.

En el barrio de Can Misses –donde vivía Yamile– una orden con membrete del juzgado de instrucción número 1 de Eivissa que se emitió a mediados de marzo llenó esta mañana la parcela de agentes de la Policía Nacional y la terminó de vaciar de habitantes. Justo en la víspera del 1 de mayo, el arranque oficioso de la temporada turística. Cuando la venezolana salió del terreno apenas quedaban dos personas dentro. Hace unos días, sin embargo, eran cerca de un centenar.

“Todos se han ido, sobre todo los que tenían hijos”, dice Yamile. Pese a que acaba de cumplir su primer año en la isla, ya ha sufrido dos desahucios. Ninguno en una vivienda con paredes, techo, cédula de habitabilidad y referencia catastral: “Antes de venir para aquí vivía en el terreno del IKEA [otra zona del extrarradio vilero conocida como es Gorg]. Entré allí en marzo y en junio o julio nos estaban sacando y me vine para este lado. Yo alquilaba una furgoneta y el dueño de la furgoneta la había movido para aquí. No llegué a comprarla porque yo no tengo carné de conducir y decidí pagar alquiler. Ayer se la llevó la grúa. El dueño ha aprovechado [el desalojo] para llevarla al taller”. 

Yamile cuenta su historia y por delante de sus ojos pasan camisetas y zapatillas de tonos fosforitos. El miércoles se ha levantado fresco y hay quien aprovecha para salir a correr. Unos metros más abajo, los futbolistas de la Unión Deportiva Ibiza –sueldos de seis cifras– que juegan los domingos a mediodía en el campo que Yamile tiene a sus espaldas –una instalación municipal patrocinada Palladium, la hotelera de la familia Matutes– también sudan: están entrenando mientras culmina el desalojo de un terreno desde el que se podía seguir –con visibilidad reducida– sus partidos en la tercera categoría del fútbol español.

La comitiva judicial

Cuando los últimos residentes del poblado ya se han ido, entra la comitiva judicial. Recorren los 23.803 metros cuadrados con la carpeta bajo el brazo. Ven somieres, sillas de plástico, una macedonia de enseres esparcidos por los senderos abiertos entre bancales (que delatan el pasado agrícola de la finca) y una vegetación formada por arbustos y pinos (que debieron crecer cuando la tierra quedó baldía). Una de las funcionarias apoya la carpeta en uno de los muebles que se quedaron olvidados –una especie de aparador sobre el que se ven cestos de mimbre y una tabla de cocina–, toma unas notas, revisa sus papeles.

Horas después, los vehículos pesados –grúas y excavadoras– borrarán los hogares que no habían podido desmontar: alguna roulotte, chamizos de madera cubiertos por lonas, tiendas de campaña a la venta en cualquier gran superficie. Pero, a diferencia de otras ocasiones, no habrá forcejeos, gritos, llantos o activistas tratando de frenar –o al menos retrasar– lo inevitable. El campamento está vacío. Los antidisturbios no tendrán que quitarse el casco de la cintura para ponérselo en la cabeza ni blandir la porra, alguna con decoración rojigualda en el mango.

Sin imágenes dentro del terreno

Fuera, dos funcionarias de los servicios sociales del Ajuntament d’Eivissa –vestidas con chalecos reflectantes– observan cómo un policía se dirige con educación exquisita a los periodistas que cubren la noticia para hacerles un anuncio. La voz –acento canario– se hace oír entre el zumbido de los coches y los camiones que circulan rápido por la circunvalación de cuatro carriles que marca el límite del terreno:

–La propiedad no ha dado permiso para que entren las cámaras a grabar y hacer fotos. Sintiéndolo mucho, no les podemos dejar que pasen.

Nadie podrá cruzar la misma reja cuadriculada que los dueños instalaron para evitar –sin éxito– la okupación del terreno, Mariano Ramón Suñer, el abogado del principal propietario había recordado antes que esta demanda que termina en desahucio se presentó “hace catorce meses”. Su cliente es el grupo hotelero Inmo Sirenis. Desde hace años, hay infraviviendas en esa parcela. Es una de las pocas que están por construir en uno de los barrios más cotizados de la isla y, por su cercanía al centro, era un caramelo para quien tuviera que buscarse las habichuelas en una isla donde el acceso a la vivienda es cada vez más prohibitivo. Por eso, entre julio y agosto de 2025 brotaron las barracas en el terreno. Los desalojos de es Gorg y de Cas Bunets –conocido como Can Rova II– lo provocaron. 

Un futuro incierto

¿Y ahora qué? Para Yamile, el futuro es incierto, empezando por el más inmediato: “No sabría decirte dónde pasaré la noche. Si te dijera que en un hotel, te mentiría porque no tengo dinero”. Trabajo, según cuenta, sí tiene y formación, también. Va dos horas al día a limpiar una sucursal de Bankinter –“barro y friego el piso, saco el polvo…”– y se ha “movilizado” para echar otra temporada como “terapeuta de la rama muscular”.

–¿Es usted fisioterapeuta, como decimos en España?

–Esa es mi formación. El verano pasado trabajé para una empresa que ofrecía masajes descontracturantes en hoteles. He metido papeles en hoteles, a ver si este año me pueden hacer un contrato directamente. Yo tengo bisabuelo italiano y bisabuela española que emigraron a Venezuela, pero cuando arreglé mis papeles no me tuve que valer de mis antepasados. No se crea que me conformo con vivir así, quiero una habitación digna que pueda pagar.

–¿Cuánto ganaba el verano pasado?

–Unos 1.600 euros, trabajando seis días a la semana, que hay que aprovechar la temporada. Pero es que cuando una busca un alquiler le piden fácil mil euros –y tres o cuatro meses de fianza– por compartir un espacio chiquito con cinco personas más.

–¿La furgoneta que alquiló era más cómoda que las habitaciones que ha visto anunciadas? ¿Estaba camperizada?

–Sí, tenía su porchecito y todo. Una cama, de madera, en la parte de arriba y espacio abajo para guardar las cosas. Estaba bien equipada. Yo he vivido bien allí dentro. Me metía en mi furgoneta cuando volvía del trabajo y no tuve problemas con nadie. La mayor parte de la gente era paraguaya, simpática y trabajadora, todos con empleo. Pero no estábamos en casas de verdad. Lo peor, claro, era buscarte la vida para ducharte, traer agua cada dos por tres para llenar una ducha portátil, de las de Decathlon.

–¿Y qué va a hacer con sus pertenencias, Yamile? ¿Sabe, al menos, dónde las podrá guardar? ¿Lo ha podido solucionar?

–No… no he podido solucionarlo. Una amiga se ha ofrecido a alojarme en su casa, pero no quiero ir porque ella tiene dos hijos y también es un espacio muy pequeño. Mis cosas las tengo en la furgoneta de una señora que me está haciendo el favor de guardarlas. Esto que ves aquí [señala el arcón-cambalache y la mochila] son las cosas de un amigo que también vivía allá. Se las cuido porque él trabaja repartiendo en Eroski y ha tenido que ir a trabajar esta mañana pronto.

“En TikTok vi que la gente ganaba bien en Ibiza”

Entonces, el rompecabezas encaja: al cruzar la calle dentro de la caja de plástico transparente podía leerse una frase impresa en una bolsa: És bo que sigui d’aquí, es bueno que sea de aquí. La publicidad para promocionar el producto de km0 de la cadena de supermercados que, según el testimonio de Yamile, le paga un sueldo a un trabajador que no puede pagar una vivienda en Eivissa. Un equilibrio imposible a nivel financiero del que resulta “difícil escapar”.

–Claro que he pensado en irme –dice la venezolana antes de añadir con sorna– pero esta isla no me deja.

–¿No es lo que imaginó antes de venir, verdad?

–¡No! A mí me emocionó lo que veía en TikTok. Que la gente ganaba bien en Ibiza y eso… Y que se podía trabajar de lo que me formé. Por eso vine.

El scroll de vídeos cortos fue, según Yamile, lo que la llevó a abandonar el circo en el que tuvo “la suerte de conocer gran parte de España” durante unas giras en las que se metía en el papel de algunos personajes que aparecían en las funciones que representaban. Como Úrsula, la villana de La sirenita que dibujó la factoría Disney.

–¿Y no volvería al circo?

–Este… lo he pensado, pero no quiero rendirme. Donde tengo claro que no volvería es a Venezuela. Yo soy de Falcón [un estado caribeño justo entre Caracas y Maracaibo] y, aunque ya tengo siete años lejos de allí, sé que ahorita todo está peor que cuando me fui. Desde que entró el Chávez el país ha decaído. Yo tenía catorce o quince años cuando llegó al poder.

El 29 de abril de 1986, Balears veía promulgada la ley de normalización lingüística, aprobada bajo el mandato de Gabriel Cañellas (AP/PP) con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas. Su objetivo, revertir la marginación histórica de la lengua catalana -reconocida como propia en el Estatut d'Autonomia aprobado tres años antes-, hacer efectiva su oficialidad y garantizar el derecho de la ciudadanía a utilizarla en todos los ámbitos, especialmente en la administración, la educación y los medios públicos. Cuatro décadas después, la efeméride llega cargada de simbolismo y de tensión: lo que entonces fue un acuerdo transversal para dignificar el catalán, hoy se conmemora en un clima político marcado por las políticas de retroceso impulsadas por PP y Vox durante esta legislatura.

Ese consenso es hoy uno de los elementos más recordados -y también más añorados- del texto, nacido con una idea clara: garantizar que cualquier ciudadano pudiera vivir en catalán en las Islas, un objetivo que, tal como acreditan datos oficiales, investigadores y estudios, dista aún de haberse cumplido plenamente: el imparable crecimiento de la población desde la década de los sesenta, cuando residían en Balears 400.000 personas –en contraste con los más de 1,2 millones actuales–, la presión turística y el predominio del castellano en ámbitos como el comercio, la justicia o el entorno digital han ido desplazando progresivamente su presencia cotidiana.

El informe, que apunta al incremento considerable de la “fragilidad” de la lengua catalana, subraya que el aumento de la población alóctona (originaria de otro país) y alóglota (hablante de otros idiomas) ha repercutido de forma directa en el retroceso de los conocimientos de catalán y de los usos que de él hace la ciudadanía en su conjunto. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 94,1% de la población residente en Balears habla bien el castellano, porcentaje que desciende al 59,5% en el caso del catalán.

No en vano, la última 'Enquesta d'Usos Lingüístics a les Illes Balears', publicada por el Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (Gresib) en 2014 y revisada en 2018, apunta al incremento considerable de la “fragilidad” de la lengua catalana y subraya que el aumento de la población alóctona (originaria de otro país) y alóglota (hablante de otros idiomas) ha repercutido de forma directa en el retroceso de los conocimientos de catalán y de los usos que de él hace la ciudadanía en su conjunto. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 94,1% de la población residente en Balears habla bien el castellano, porcentaje que desciende al 59,5% en el caso del catalán.

El aniversario de la ley ha servido para escenificar el abismo político actual. Desde Més per Mallorca, su portavoz, Lluís Apesteguia, ha apelado este miércoles a recuperar el espíritu de 1986: un gran acuerdo que permita actualizar la norma y extenderla a ámbitos como el comercio, el cine o el ecosistema digital. En este contexto, el dirigente ecosoberanista ha señalado directamente a los “enemigos históricos” de la normalización, situando en esa línea al PP de José Ramón Bauzà -cuyo mandato dejó episodios de fuerte conflictividad lingüística, lo que llevó a una contestación social sin precedentes bajo el paraguas de la 'marea verde'- y, en la actualidad, a Vox, socio parlamentario del Govern de la popular Marga Prohens.

En la misma línea, la presidenta del Congreso y líder del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha recriminado el “arrinconamiento” progresivo del catalán, recordando que la ley oficializó el catalán como la lengua propia de Balears y fijó el objetivo de garantizar su uso normal en todos los ámbitos, desde la administración hasta la educación. “Esa ley fue fruto de un tiempo de consenso, de una mirada larga y de un compromiso profundo con nuestra identidad colectiva. Entendió que la lengua no es solo un instrumento de comunicación, sino también una manera de ser y de expresar nuestra identidad y cultura”, ha manifestado en un mensaje publicado en X.

La expresidenta del Govern balear ha lamentado que cuadro décadas después de la aprobación de esta norma, el catalán “continúa vivo, pero también amenazado”. A su juicio, el actual Ejecutivo lo va “arrinconando cada vez más” y “debilita” su presencia en las instituciones, en la educación y en el espacio público. “Esto no es casual, es una decisión política que pone en riesgo derechos que habían costado décadas de construir”, ha lamentado, para después hacer un llamamiento a alzar la voz para “decir claro que normalizar una lengua es garantizar derechos, es asegurar que cualquier persona pueda vivir plenamente en catalán”.

Frente a estas críticas, la presidenta autonómica, Marga Prohens, ha reivindicado la ley como una herramienta para garantizar la convivencia del catalán y el castellano “con normalidad, tranquilidad y desde el respeto”. La líder balear también ha destacado el papel de la norma en la conservación del catalán y sus modalidades insulares al garantizar su aprendizaje y difusión: “Ha acercado nuestra lengua de manera amable, haciéndola llegar a nuevos hablantes y manteniéndola viva como un legado para nuestros hijos”.

Durante esta legislatura, sin embargo, las políticas lingüísticas impulsadas por el Govern del PP con el apoyo -y la exigencia- de Vox han abierto una brecha entre ese discurso y la práctica. Las medidas impulsadas por ambos socios de investidura han girado en torno a la introducción de la “libre elección de lengua” en la enseñanza, la flexibilización o eliminación de los requisitos de conocimiento de catalán en la administración y el blindaje del español como lengua vehicular. En conjunto, se trata de un paquete de actuaciones que, según conservadores y extrema derecha, buscan garantizar la “libertad lingüística”, pero que colectivos educativos y sociales perciben como un cambio de orientación respecto al modelo de normalización lingüística vigente desde la década de los ochenta.

Hay quienes encuentran su vocación sin previo aviso, a raíz de una persona, un lugar o cualquier otro detonante que irrumpe en sus vidas a modo de revelación. Pero también existen aquellos que por el contrario nacen con ella, como si formara parte de su ADN. A este segundo grupo pertenece Debora Morrison, actual directora de la Fundación Palma Aquarium. Prueba de ello es que ni siquiera recuerda cuándo decidió trabajar con animales — si es que podemos llamarlo decisión —. Más bien fue una certeza, algo que siempre ha sabido.

Ella misma recuerda su infancia como la de “esa niña que llegaba a casa y traía un pajarito herido o un gatito abandonado”, y reconoce que si hay un deseo que comparte con su niña interior es el de ayudar a los animales, sean de la especie que sean. “Si no hubiera trabajado con especies marinas, lo habría hecho con grandes primates”, teoriza.

Afortunadamente, podemos decirle a la Debora del pasado que ha cumplido su sueño, y que además lo ha hecho con creces. No obstante, durante toda su vida se ha cruzado con muchos que denominan su profesión como una utopía, ya que dada la situación crítica que sufre el planeta y, en concreto, algunos ecosistemas marinos,“un granito de arena de poder aportar ante el cambio global que estamos viviendo no es suficiente”.

Trabajo sin descanso para rescatar animales en peligro

La labor de la Fundación Palma Aquarium no entiende de horarios, vacaciones o festivos, ya que se trata del rescate y la supervisión de animales marinos en peligro, con el objetivo de devolverlos a su hábitat natural una vez que estén preparados para ello. “Somos una red de emergencia, con lo cual te pueden llamar a las 3 de la mañana, a las 2 de la tarde, a cualquier hora o un sábado, un domingo, un festivo…”, explica la propia Morrison.

Sin embargo, todo esfuerzo tiene su recompensa, y en este caso no es otro que la reinserción de los animales en peligro que pasan por el centro mallorquín. “Cuando liberas un animal que has recuperado, es un momento de satisfacción, porque todas esas horas de trabajo, todas esas noches sin dormir… Al final se justifican y valen la pena”, relata.

Pero para la directora de la Fundación Palma Aquarium, la parte más importante de su trabajo es otra: la recopilación de datos sobre el comportamiento de estos animales que les permita, tanto a ella como al resto de su equipo, sacar conclusiones fehacientes con las que ayudarlos de manera más eficaz. Con informes completos sobre cuestiones como los motivos por los que varan algunas especies o el impacto de determinados factores externos en sus vidas, se articula una base de datos que sirve como guía para tomar decisiones fundamentadas en pro de su recuperación.

Ciencia e investigación, en constante evolución (y feminización)

El camino de Morrison hacia convertir en profesión su verdadera pasión ha implicado hacer las maletas y salir de España para obtener una formación acorde a sus aspiraciones. En concreto, tuvo que matricularse en la Universidad de Londres para acceder a los estudios que más encajaban con sus expectativas. “Tengo la titulación de Conservador, que aquí no se estila. Los conservadores generalmente suelen ser de museos de arte, pero no con animales. Yo soy conservadora y me especialicé en gestión y manejo de animales exóticos”, detalla. 

En lo relativo a la igualdad de género, ella misma observa profesiones en la que la presencia de hombres y mujeres es muy dispar por cuestiones meramente culturales. “Creo que hay ámbitos y campos de trabajo donde hay menos presencia de la mujer, porque viene arraigado tradicionalmente. Mujeres pescadoras hay muy pocas, pero matronas hombres también hay muy pocos”, argumenta. 

Por el contrario, dentro de su campo de trabajo sí que ha observado una feminización al alza en los últimos años. “En mi sector, en el ámbito científico de investigación, tanto el acceso como la formación como los puestos de responsabilidad, hoy en día creo que no hay una carencia, porque efectivamente creo que hoy por hoy hay más mujeres que hombres, cosa que hace 10 años, 15 años era diferente”, sostiene.

Con la esperanza de que la presencia de las mujeres en su área no vuelva a estar por debajo de la de los hombres, Morrison anima a todas aquellas niñas que tengan esa vocación científica — ya sea natural o adquirida— a que no la dejen pasar, independientemente de un sistema educativo que, a su parecer, pone más énfasis en “memorizar cosas para cubrir un currículum” que en explotar el verdadero talento de cada alumno.

“El mensaje que yo daría a las chicas, a las niñas que nos están viendo es que luchen por su sueño, siempre que busquen ese apoyo, si no lo tienen que lo hablen, que lo debaten, que lo argumenten”, sostiene. En sus propias palabras, todo esfuerzo en esta dirección merece la pena, ya que “es un privilegio trabajar en lo que te gusta, tener un oficio donde tú te sientes satisfecho, donde crees que puedes producir un cambio, donde puedes tener un impacto tan positivo”.

Todas y todos hemos escuchado alguna vez aquello de que hay muchos peces en el mar. Lo que escasea algo más son, incluso en pleno 2026, los puestos de trabajo para nosotras —las mujeres— relacionados con el ámbito portuario, ya sea en tierra o en agua. Hay quienes dicen el mar, otros prefieren hablar de la mar, pero en términos laborales no queda más remedio que poner el artículo masculino por delante. Históricamente, las profesiones reservadas para las mujeres se han centrado en el entorno de los cuidados, la limpieza, las labores domésticas o la docencia. Los puertos, por el contrario, parecían ecosistemas diseñados exclusivamente para ellos.

La mar de diferencias

Según datos de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), las mujeres apenas representan el 29% del empleo en el sector marítimo de todo el mundo. Un porcentaje que no mejora al desembarcar en Europa, donde ellas ocupan solo dos de cada diez puestos de trabajo. A nivel nacional, España apenas se diferencia mucho del resto del continente. 

Si hacemos un zoom más preciso en el archipiélago balear, salta a la vista que la presencia de mujeres escasea especialmente en áreas como la Policía Portuaria, donde solo supone el 18,1% del total —frente al 81,8% de varones—. Los baremos más equilibrados, por el contrario, son los correspondientes al personal de oficina, del cual un 42,8% son mujeres mientras los hombres ocupan el 57,2% de los puestos.

Aunque la contratación femenina en Baleares ha alcanzado cifras récord en otros sectores como los servicios y la hostelería, los empleos operativos en puertos como el de Palma o Maó aún no reflejan paridad. A nivel sectorial (logística y portuaria), la presencia de mujeres en áreas como la estiba, por ejemplo, sigue siendo minoritaria. 

En el resto del país las cifras no son muy diferentes: el sector cuenta con un 22% de representación femenina mientras la media nacional de otros sectores asciende al 47,3% de empleos desempeñados por mujeres. Por si fuera poco, falta por analizar otra cuestión primordial: la brecha salarial. Para sorpresa de nadie, ellas cobran menos. En concreto, hay un 17% de diferencia en el total retribuido anual respecto a sus compañeros varones. 

Estos y otros porcentajes se desglosan con lupa en el primer Plan de Igualdad de la APB, un documento a través del cual la APB ha marcado una serie de pautas a seguir para lograr la igualdad de género en todas las piezas de su engranaje laboral. En él no solo se abordan cuestiones relativas a la contratación de más perfiles femeninos, también se desgrana todo lo relativo a la erradicación de cualquier forma de acoso o discriminación en el puesto de trabajo. Su cumplimiento, en vigor hasta 2029, será supervisado por la Comisión de Igualdad que forma la propia Autoridad Portuaria junto a cuatro sindicatos firmantes.

Para que este plan dé sus frutos, es fundamental entender dónde nace el problema. Otro de los objetivos principales es tratar la brecha de género en cuanto a las profesiones y ver de qué forma la educación influye en las decisiones que, ya de niñas, toman las mujeres en torno a su futuro profesional. Resulta imperativo potenciar las creencias y la información, desde la infancia, a la hora de valorar las posibilidades laborales en el futuro de las mujeres.

La importancia de las referentes

La teoría sobre el papel es más que necesaria, pero un plan sin fisuras requiere de casos prácticos para conseguir respaldo y credibilidad. Y no, esta vez no será Moisés el encargado de abrir las aguas, sino las propias mujeres que ya navegan por ellas. Con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, la APB ha puesto en marcha el proyecto audiovisual Dones de mar, en el que mediante una serie de vídeos mostrará el testimonio de algunas de las profesionales que dedican su vida al agua salada. 

Estibadoras, operadoras, supervisoras, capitanas… La lista sigue hasta un total de 17 opciones profesionales completamente diferentes entre sí, pero con algo en común: en todas ellas el talento femenino es más necesario que nunca. Por suerte, las previsiones invitan al optimismo: la presencia de mujeres oficiales de buques en Baleares está en crecimiento, impulsada principalmente por navieras líderes con base en el archipiélago. 

Por ejemplo, la compañía Balearia anunciaba en marzo del pasado año su objetivo de aumentar la representación de mujeres en puestos de puente (puente de mando) y máquinas hasta un 15% para el año 2030. Para ello, han implementado un programa de formación, atracción y promoción de talento femenino en flota para facilitar la inserción laboral.

Todavía queda mucho mar por navegar, pero será más sencillo hacerlo con referentes visibles, planes estratégicos firmes y una educación libre de prejuicios. Son los primeros pasos para que el sector portuario balear comience a soltar amarras hacia una igualdad real y duradera.