La noticia de la muerte de Maricarmen irrumpió anoche en la acampada por la vivienda de Palma en mitad de una asamblea. El fallecimiento de la mujer de 87 años, convertida en uno de los símbolos de la lucha contra los desahucios después de ser expulsada de su casa de Madrid, ha provocado “muchísima rabia y dolor” entre quienes mantienen el campamento de la Plaça d'Espanya.

En un comunicado difundido este jueves, la acampada sostiene que su muerte “habría sido fácil de evitar” y lanza una acusación durísima: “Maricarmen no ha muerto. A Maricarmen la han asesinado”.

La nota señala directamente a la empresa Urbagestión, propietaria de la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda de la que Maricarmen fue desahuciada el pasado 23 de septiembre, y responsabiliza también a la jueza que firmó la orden de lanzamiento y a los Gobiernos de la Comunidad de Madrid y de España. “La ha asesinado el fondo buitre Urbagestión, que lleva años amenazándola porque codiciaba su hogar para hacer a sus amos más ricos”, incide la acampada.

El texto extiende asimismo la responsabilidad a la jueza que firmó la orden de desahucio “sin atender a su situación y vulnerabilidad” y a las administraciones, a las que reprocha haberse pasado “las culpas los unos a los otros sin poner soluciones al drama de la vivienda”.

Maricarmen Abascal falleció este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón, quince días después de haber sido desahuciada de la vivienda en la que había vivido durante 71 años. El 23 de septiembre, la mujer salió del inmueble en camilla después de que la Policía Nacional se abriera paso entre los activistas que trataban de impedir el lanzamiento. Permaneció ingresada desde entonces hasta su fallecimiento.

Su caso había adquirido una enorme repercusión durante los meses anteriores. Maricarmen llevaba años litigando con Urbagestión por el derecho a permanecer en la vivienda, después de que la empresa adquiriese el inmueble y cuestionase su derecho a continuar como arrendataria. Hubo varios intentos de desahucio antes del definitivo del 23 de septiembre. La Audiencia Provincial de Madrid acabó ordenando su expulsión y el Tribunal Supremo ratificó posteriormente ese criterio.

La ejecución del desahucio convirtió a Maricarmen en un símbolo nacional de la crisis de vivienda. Su expulsión provocó movilizaciones y una acampada en la Puerta del Sol de Madrid, mientras su caso pasó a ocupar el centro del debate político sobre los desahucios y la vivienda. Los acontecimientos desembocaron también en la aprobación de dos decretos de vivienda por parte del Gobierno, posteriormente rechazados por el Congreso.

La acampada de Palma pone el foco especialmente en el deterioro de la salud de Maricarmen. “Su deterioro físico no es de las dos semanas que ha pasado en el hospital desde que la desahuciaron los antidisturbios. Es de los años que lleva viviendo bajo el miedo y el estrés a que la echaran de su casa”, afirma el comunicado. El colectivo vincula ese deterioro a “un sistema que pone los beneficios de muy pocos por encima de nuestras vidas”.

El texto recuerda además otros casos de personas que, según la acampada, perdieron la vida después de enfrentarse a procesos de desahucio. Cita a Olga, que “se suicidó después de haber sido desahuciada de su casa en L'Hospitalet de Llobregat”, y a Javier, un zapatero que, según el comunicado, se quitó la vida en su taller antes de ser desahuciado. “Pero sus muertes no serán en vano”, sostiene el colectivo.

La acampada de Palma convierte así el fallecimiento de Maricarmen en un nuevo impulso para su movilización. “La lucha de Maricarmen nos ha enseñado el camino”, afirma el comunicado, que reivindica su memoria y anuncia que los participantes continuarán acampados y seguirán “luchando por lo que es nuestro”. El colectivo anuncia además su participación en la huelga general por la vivienda convocada para el próximo 11 de noviembre.

“Que la tierra te sea leve, Maricarmen, y que quienes hacen negocios con nuestras vidas no puedan volver a dormir ni un solo día tranquilos”, concluye el texto.

Encontrar una vivienda de alquiler por menos de 700 euros al mes se ha convertido en Balears en misión imposible. En todo el archipiélago, apenas existen una docena de pisos o casas por debajo de ese precio: un umbral que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera ya el máximo asumible para que una persona con un salario estándar de 2.000 euros netos no destine más del 35% de sus ingresos a la vivienda. 

El problema se extiende a todas las islas, pero se agudiza aún más en las Pitiusas, donde la insularidad y la presión turística han llevado los precios a niveles que dejan fuera del mercado incluso a trabajadores con empleo. Los portales inmobiliarios se convierten así en una trampa sin salida para todo aquel que busque vivienda en Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera.

La OCU fija dos umbrales de esfuerzo. El primero, estos 700 euros al mes, que suponen más de un tercio de un sueldo bastante por encima del salario mínimo interprofesional en España –1.221 euros brutos mensuales repartidos en 14 pagas–, y un desembolso económico considerado por los expertos como “sostenible”. El segundo, de mil euros –en este caso la oferta asciende a unas 40 viviendas en todo el territorio insular–, supone destinar la mitad del sueldo –en caso de una persona sola– al pago de un alquiler. 

El estudio de la organización de consumidores parte del siguiente perfil: un ciudadano medio, con contrato indefinido e intención de alquilar una residencia habitual. No es un caso de exclusión social ni de emergencia habitacional, sino un trabajador de clase media y en muchas ocasiones dependiente de la hostelería, principal motor de la industria turística balear y principal activo del PIB autonómico.

Alquiler de temporada y condiciones infames

Por otro lado, el sacrificio económico no se traduce en una calidad de vida real. Si la búsqueda se filtra por el primer umbral identificado por la OCU en el rango de precios, por ejemplo, en Idealista, la mayoría de inmuebles que arroja el resultado son bajos de máximo 80 metros cuadrados y ubicados en la parte forana de Mallorca o en la isla de Menorca. En Eivissa y Formentera no hay ni rastro de viviendas a ese precio. 

De los seis anuncios que existen por este importe en el portal inmobiliario, cuatro son alquileres temporales. Es decir, los inquilinos se ven obligados a marcharse al comienzo de la temporada turística, cuando los propietarios deciden generalmente subir el precio del alquiler por la alta demanda. 

Si se hace la misma búsqueda en Fotocasa, aparecen otros cinco anuncios de inmuebles: todos menos uno, también de alquiler temporal. En este caso, sí se registran dos en Eivissa: uno en el término municipal de Sant Joan, por 500 euros al mes, y otro en Sant Antoni, por 420, sujetos a las mismas condiciones; llegado el verano, el arrendatario se ve forzado a buscar una alternativa habitacional.

De elevarse el importe de renta al segundo umbral establecido por la UCO, mil euros mensuales, y seleccionar el filtro de alquiler de larga duración, el primer portal inmobiliario muestra en el archipiélago 32 resultados y el segundo, solo catorce. La regulación del alquiler está especialmente condicionada en las islas por las medidas adoptadas para limitar el uso turístico de las viviendas, entendido como una de las principales causas de la grave crisis habitacional que afecta a todo el país. 

La limitación del alquiler turístico

La normativa balear –en concreto, la Ley 8/2012 de Turismo de las Illes Balears– establece límites a la comercialización de viviendas para estancias turísticas y atribuye a los Consells insulares y a los ayuntamientos competencias para determinar las zonas y el número de plazas turísticas. El Consell Insular también ha firmado acuerdos con Airbnb para controlar que todos los propietarios con pisos comercializados en la plataforma cuentan con las correspondientes licencias.

En cuanto a los alquileres de temporada, uno de los dos decretos que el Gobierno aprobó el 29 de septiembre y que luego tumbó el Congreso pretendía evitar, según el Ejecutivo, que esta modalidad se llegara a utilizar para reducir la oferta de vivienda habitual. La norma exige justificar la causa temporal del contrato, establece una duración general de entre 31 días y 12 meses y contempla que la relación contractual pase a considerarse de vivienda habitual si no existe una causa que acredite la temporalidad. 

Balears no es la única comunidad que sufre este problema, sino que en grandes ciudades como Madrid y Barcelona hay también escasa oferta por debajo del umbral crítico de esfuerzo que contempla la OCU: 13 viviendas en la capital y en la ciutat comtal, nueve. El escenario se reproduce en otras zonas de costa donde las condiciones de vida son atractivas y donde existe, además de la renta temporal, ese alquiler turístico que, sin limitaciones, consigue reventar el mercado habitacional de larga estancia.

Sinhogarismo y riesgo de exclusión social

Desde la Federación de Servicios de Balears de Comisiones Obreras (CCOO) han señalado que el parque de vivienda de Balears se ha encarecido alrededor de un 30% en los últimos años, mientras que los salarios “desgraciadamente, no han aumentado en la misma línea”. “La economía principal de las islas es el turismo, sujeto a una estacionalidad fortísima, lo que significa que la mayoría de los trabajadores son fijos discontinuos con las consecuentes implicaciones salariales”, señala Cati Pons, secretaria de la Acción Sindical.

Pones también indica que los salarios medianos de comercio son de 1.200 euros brutos mensuales y en la hostelería, 1.700 euros. “El coste de vida, ya no solo en materia habitacional, sino también la cesta de la compra, el combustible… no son proporcionales a lo que cobra la clase trabajadora. Es una problemática muy grave”, lamenta. Ni siquiera, teniendo un contrato a jornada completa, estos trabajadores pueden “llegar a final de mes” o encontrar “una vivienda digna”.

Esto afecta, por otra parte, a las empresas, que tienen dificultades para encontrar mano de obra porque incluso los propios residentes se marchan a otros lugares donde puedan vivir. No en cuanto a rentabilidad, en lo que este año se “ha batido un nuevo récord”. “El problema no es que no haya dinero, sino en cómo se distribuyen y en que no llegan en forma de un aumento de sueldo a la plantilla”, apunta Pons

El Instituto Nacional de Estadística (INE) muestra que en 2024 hasta el 11% de la población balear tenía un gasto “elevado” en vivienda. La renta neta media por hogar fue ese año de 42.232 euros que aumentaron a 44.457 euros en 2025, cuando se tienen los últimos datos disponibles. Los alquileres que cuestan de media mil euros al mes (alrededor de un tercio de ese ingreso neto medio por hogar) son estudios o cuentan con una o máximo, dos habitaciones. Eso sí, con ese hándicap: la mayoría no dejan de ser alquileres de temporada que ponen como condición in extremis marcharse en verano, con la llegada de los primeros turistas.

Los alquileres que cuestan de media mil euros al mes tienen un hándicap: la mayoría son alquileres de temporada que ponen como condición in extremis marcharse en verano

Así, en el archipiélago, uno de cada cinco trabajadores está en riesgo de exclusión social: 223.000 ciudadanos residentes, según datos recientes recogidos en el Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en las Illes Balears. Esto significa que, a pesar de ocupar un puesto de trabajo activo, los residentes no pueden, generalmente, costearse el nivel de vida de las islas y están atrapados en procesos de vulnerabilidad.  

No pocas de las personas atendidas por organizaciones humanitarias, como Cáritas Diocesana, están afectadas por las dificultades generadas por el elevado precio del alquiler. “Muchas viven con lo justo y casi todo marcado por el tema de vivienda”, lamenta Gustavo Gómez, coordinador de la organización en Eivissa. “Por desgracia, la brecha entre los que más y menos tienen cada día es mayor y la clase media cada vez toca más dimensiones de la exclusión”. 

Muchas viven con lo justo y casi todo marcado por el tema de vivienda. Por desgracia, la brecha entre los que más y menos tienen cada día es mayor y la clase media cada vez toca más dimensiones de la exclusión

Gustavo Gómez — Coordinador de Cáritas Ibiza

En Balears, un 34,2% de las personas sin hogar lo están por problemas derivados de la crisis de vivienda. De este porcentaje, un 20,1% se vieron en este crítico escenario tras ser desahuciados, un 3,6% porque se les terminó el contrato de alquiler que tenían hasta el momento y el 10,5% restante porque no pudieron seguir pagando el alojamiento. También según datos del INE.

De hecho, en la comunidad, el 37,8% de la ciudadanía llegó en 2025 a final de mes haciendo malabares económicos. Por hogares, un 36,1% de las familias terminaron el mes con algún tipo de dificultad económica -un 5,1% con “mucha dificultad”; un 8,5% con “dificultad” y un 23% con “cierta dificultad”. El problema afecta en gran medida a la población joven: el 44,3% de los jóvenes de 26 a 34 años convivía el año pasado con sus padres y, entre ellos, el 47,3% por no poder costearse un lugar al que independizarse.

Estas semanas, miles de personas acampan en la puerta del Sol en una protesta por la crisis habitacional que en Balears se ha reproducido con tiendas de campaña en la plaça d’Espanya de Palma. Los manifestantes permanecen a la espera, entre otras cosas, de que la Diputación Permanente, que necesita menos representación para votar los decretos que el Congreso tras el adelanto de las elecciones generales, apruebe las normativas que tumbaron PP, Vox y Junts el pasado viernes. 

El PSOE de Eivissa ha acusado al alcalde la ciudad, Rafa Triguero (PP), de gobernar “a golpe de escándalo”, en el marco del caso que ha precipitado la dimisión de la concejala del PP, Ana Ferrer Prohías, después de que su marido fuera detenido por su presunta implicación en una trama de blanqueo de capitales, narcotráfico y pertenencia a organización criminal. Mientras que su marido, José Luis Cortés Cortés, ha sido trasladado a Madrid en un caso que investiga la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, Ferrer Prohías no está siendo investigada por las autoridades.

Pese a que la imagen que Ferrer Prohías mostraba principalmente estaba relacionada con el deporte –fue deportista de élite–, la pareja también es conocida por haber llevado un alto tren de vida, algo que también era visible en algunas publicaciones de sus redes sociales. Aquellas imágenes desaparecieron del perfil de la concejala después de que saliera a la luz la información. Ahora, además, dos de sus cuentas personales son privadas. Ni el Ayuntamiento ni el PP de la isla quieren valorar más el tema, por el momento.

Ferrer, en cualquier caso, no está siendo investigada por las autoridades por los hechos atribuidos a su marido. El alcalde ha pedido “prudencia” hasta que se conozca la veracidad de los hechos y se resuelva el procedimiento judicial. Triguero ha apelado además al sufrimiento de Ferrer y de sus dos hijos menores y ha defendido que la propia exconcejala desconocía la magnitud de la investigación. “Es una madre con un hijo y una hija menores que no lo están pasando nada bien y [la detención del padre] les está afectando mucho. Quiero trasladar que, hasta que se conozca la veracidad [del caso] y la sentencia, debe haber prudencia, porque ni la propia Ferrer conoce la magnitud de esta cuestión”, afirmó el alcalde.

El PSOE, sin embargo, sostiene que la petición de prudencia no resuelve las preguntas sobre la actuación del Ayuntamiento. La formación considera que Triguero debe explicar no solo las circunstancias que rodearon la renuncia, sino también su propia actuación desde que tuvo conocimiento de la detención. “Esta falta de transparencia no es un hecho aislado, sino que responde a una forma de gobernar que ya hemos visto en otros asuntos que afectan directamente al alcalde”, afirman.

Los socialistas se refieren a los movimientos del alcalde para conseguir una vivienda de precio limitado (VPL). Una VPL es una figura creada por la ley balear de vivienda que permite convertir locales y oficinas en viviendas con límites de precio y requisitos de acceso para ampliar la oferta residencial. Para los socialistas, se trata de otro episodio en el que el Gobierno municipal habría dado explicaciones después de que la información trascendiera y la presión pública obligara a reaccionar.

“En lugar de adelantarse, explicar los hechos y actuar con transparencia, Triguero espera, deja pasar los días y solo mueve ficha cuando el escándalo ya es público”, sostiene la formación. La oposición considera “especialmente grave” que esa misma forma de actuar se repita, según su valoración, en asuntos que “afectan al propio alcalde”, así como a miembros del Ejecutivo local. “Cuando hay dudas, información que no se explica o decisiones que llegan tarde, Triguero no puede pretender que la ciudadanía simplemente pase página”, insiste el PSOE.

La dimisión

Los socialistas cuestionan que Triguero presente ahora la salida de la concejala “como una decisión estrictamente personal” cuando el propio PP reconoce, y el alcalde afirmó después en declaraciones públicas, que ya conocía la voluntad de Ferrer de renunciar y le había trasladado que “consideraba conveniente formalizarla”. Así, el PSOE, principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento, considera “insuficientes” las explicaciones dadas por el alcalde sobre la renuncia de la concejala. Asimismo, exigen al primer edil que explique “qué sabía, cuándo lo sabía y qué hizo durante los 10 días previos al anuncio de la dimisión”.

La detención de Cortés Cortés se produjo el 21 de septiembre, según El País. Sin embargo, no fue hasta el domingo 4 de octubre cuando el PP hace pública una nota de prensa informando de la dimisión de Ferrer, un día después de que el caso saliera a la luz. “Si Triguero ya sabía que Ana Ferrer quería dejar el cargo y él mismo consideraba conveniente formalizar su renuncia, ¿por qué no se hizo pública antes?”, se preguntan los socialistas. “¿Qué pasó durante estos 10 días?”, añaden.

Los socialistas consideran que Triguero no puede limitarse ahora a comunicar la renuncia y dar el caso por cerrado. Así, reclaman que el alcalde explique la secuencia de los hechos y, especialmente, cuándo tuvo conocimiento de la detención del marido de Ferrer y qué decisiones tomó desde ese momento hasta el pasado domingo, al menos diez días después de conocer la información sobre el arresto.

El propio Triguero explicó que se reunió con Ferrer a principios de la semana pasada, cuando su marido ya había sido detenido. Según el alcalde, la concejala le trasladó “parte de la información que ella tenía, que no era mucha”. Ambos acordaron que Ferrer tenía “la obligación de dimitir” y, según Triguero, ella manifestó su voluntad de abandonar el cargo.

El PP confirmó la renuncia el domingo por la noche mediante un comunicado. Según el partido, Ferrer había comunicado la semana anterior al alcalde su decisión de abandonar la Corporación municipal, primero de forma verbal y posteriormente por escrito, alegando motivos personales y familiares. Es precisamente esa sucesión de acontecimientos la que el PSOE reclama que se aclare. El principal partido de la oposición quiere saber qué ocurrió durante los días transcurridos entre el momento en que Triguero tuvo conocimiento de la situación y el anuncio público de la dimisión.

Los socialistas consideran especialmente relevante determinar si el alcalde “habría actuado exactamente de la misma manera si la situación no hubiera trascendido públicamente”. La pregunta, sostienen, afecta a la forma en que el Ayuntamiento respondió políticamente a una situación que terminó provocando la salida de una integrante del Gobierno local.

“Me sorprende que hablen sobre vivienda”

Guadalupe Nauda, concejala de Unidas Podemos, pone el foco en la contradicción que, a su juicio, existía entre el papel institucional de Ferrer y la actividad atribuida a su marido. Nauda subraya que la concejala “no está imputada ni investigada”, pero cuestiona que pudiera beneficiarse de la actividad empresarial de su marido y que continuara participando en los debates municipales mientras, según su valoración, él desarrollaba actividades vinculadas a la especulación inmobiliaria.

“A mí lo que me sorprende es que se sienten en un pleno a hablar de vivienda, a hablar de las personas sin hogar, a hablar de la gente que malvive en una caravana”. La concejala de Unidas Podemos considera especialmente contradictorio que Ferrer participara en debates sobre el acceso a la vivienda mientras su marido estaba, según sostiene, relacionado con operaciones “de especulación inmobiliaria”. “Por lo menos no digas nada, no te presentes, no estés, pero no estés en un sitio defendiendo que la gente vulnerable no pueda acceder a la vivienda cuando tu marido está especulando con ella”, afirma.

Asimismo, Nauda critica el papel que Ferrer desempeñaba dentro del Ayuntamiento, debido a que solo estuvo un año ostentando la concejalía de Deportes. Después, renunció por motivos personales y familiares, aunque mantuvo un cargo en la Fundación Municipal del Patronato de Deportes. La portavoz recuerda que ya se había planteado en varias ocasiones cuál era la función de la edil después de que le fueran retiradas algunas áreas de gestión y quedara, según su relato, limitada fundamentalmente a su presencia en los plenos. “Estaba ocupando un espacio sin gestionar cartera y cobrando el dinero público de todos nosotros”, sostiene Nauda.

La concejala cuestiona además la reacción del Ayuntamiento que preside Triguero una vez que la detención trascendió. A su juicio, la decisión de mantener la situación hasta que el caso llegó a los medios responde a una estrategia de contención política. “Jugaron un poco al ‘mientras no salga en prensa y nadie lo vincule, pues seguimos igual’. Esa es mi sensación”. “Porque ellos lo sabían, igual que lo sabía mucha gente”, afirma.

Nauda interpreta la posterior salida de Ferrer como una decisión condicionada por el coste político que podía tener el caso para el PP, teniendo en cuenta el horizonte electoral que viene. Según ella, la consecuencia buscada habría sido desvincular a Ferrer del Ayuntamiento y del partido ante el impacto político de la investigación que afecta a su marido. “En definitiva, lo que intentan es desvincularla del Partido Popular y del Ayuntamiento, pero porque les perjudica a nivel electoral”, concluye. El grupo municipal Vox ha rechazado hacer ninguna valoración sobre esta noticia.

La trama tenía 16 villas de lujo

La dimisión de Ferrer se produjo después de que su marido fuera detenido en una operación contra una presunta organización criminal dedicada al tráfico de cocaína y al blanqueo de capitales. La investigación está dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga y ha supuesto 27 detenciones, cuatro de ellas en Eivissa, además de registros en distintos puntos de España y en República Dominicana. Según consta en el Registro Mercantil, Cortés mantenía actividad empresarial en varias sociedades vinculadas principalmente a la promoción inmobiliaria, la construcción, la compra de terrenos, la compraventa y alquiler de inmuebles y la arquitectura técnica, dirección y coordinación de obras.

Según la investigación, una parte de la estructura investigada utilizaba sociedades mercantiles vinculadas al sector inmobiliario para introducir en el circuito legal los beneficios procedentes del narcotráfico. Los investigadores localizaron inversiones en promociones, urbanizaciones y viviendas de lujo, especialmente en Eivissa, Marbella y Madrid. La organización habría llegado a promover y construir urbanizaciones y villas de lujo para ocultar la titularidad real de los bienes y blanquear fondos. En el marco de la operación se ha acordado la prohibición de disponer de setenta inmuebles y dieciséis villas de lujo y se han inmovilizado 95 propiedades inmobiliarias vinculadas a los investigados.

La investigación policial sostiene que la organización introducía cocaína en Europa desde Colombia y Panamá y que, además de blanquear sus propios beneficios, habría comenzado a ofrecer servicios de blanqueo a otras organizaciones dedicadas al narcotráfico. Las pesquisas permitieron vincular a los investigados con cuatro incautaciones de cocaína en Panamá que sumaban más de 1.500 kilos.

En Eivissa, la investigación desembocó en la detención de cuatro personas, entre ellas Cortés. El registro que acabó con su arresto se produjo en una urbanización de Ses Torres, en el núcleo de Jesús, dentro del municipio de Santa Eulària des Riu. Allí se incautó una pistola, tres armas blancas, tres relojes de alta gama, una decena de smartphones y varios ordenadores portátiles, además de dinero en efectivo.

La activista Madò Farta, conocida por su participación en el movimiento contra la turistificación de Mallorca ataviada con una careta de calavera y el atuendo tradicional de payesa, ha denunciado amenazas recibidas tanto en la calle como a través de las redes sociales. La activista, que mantiene su identidad en el anonimato, ha hecho pública esta situación a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

Farta explica que lleva “tiempo” recibiendo este tipo de amenazas y asegura que algunas de ellas ya han sido denunciadas, aunque no precisa ante qué cuerpo policial ni aporta información sobre la investigación de los hechos. Junto al vídeo, publica varias capturas de pantalla de una conversación mantenida con otro usuario de Instagram cuya identidad tampoco se conoce.

En uno de los mensajes, el interlocutor asegura que habría “una recompensa de 10.000 euros” para localizar a la activista y le advierte de que podría ser agredida en la calle. Farta responde que las agresiones ya se han producido, aunque en la publicación no concreta cuándo, dónde ni en qué circunstancias habrían ocurrido. El contenido de la conversación no permite por sí solo verificar la existencia de esa supuesta recompensa.

La denuncia de la activista se produce en un contexto de creciente conflictividad en torno al modelo turístico de Mallorca. 'Madó Farta' se ha convertido en una de figuras más visibles, aunque siempre desde el anonimato, de las movilizaciones que cuestionan la presión turística, el acceso a la vivienda y la transformación del espacio público de la Isla. En las últimas semanas ha impulsado acciones como la 'cadena a la fresca', una protesta que buscaba escenificar la reivindicación de recuperar espacios para los residentes frente a la presión de la actividad turística.

En una entrevista con elDiario.es que su anonimato forma parte de su propia manera de participar en el movimiento y que la calavera que acompaña a sus apariciones pretende representar una protesta colectiva más que una identidad individual. Sus acciones se han desarrollado en paralelo a un ciclo de movilizaciones contra la masificación turística y el encarecimiento de la vivienda que ha llevado a miles de personas a las calles de Mallorca durante los últimos meses.

Las patronales, sindicatos y administraciones han acordado por unanimidad los diez domingos y festivos de apertura comercial autorizada para 2027, que deja fuera el 26 de diciembre al considerarlo una fiesta tradicional arraigada en Balears.

El calendario ha recibido el visto bueno en la reunión de la Comisión Interinsular de Comercio celebrada este miércoles, según ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Comercio.

Han asistido representantes de Afedeco, Pimeco, Ascome, Pimef, Pime Formentera, Anged, UGT, los cuatro consells insulares, la Dirección General de Consumo del Govern y la Federación de Entidades Locales de Balears (Felib).

Las fechas de apertura autorizada serán el 3 y el 17 de enero, el 1 y el 25 de marzo, el 2 de mayo, el 1 y el 28 de noviembre, y el 6, el 12 y el 19 de diciembre.

El 26 de diciembre --sustituida por el 12 del mismo mes, como pidieron los empresarios-- ha quedado finalmente fuera del calendario porque se considera una fiesta tradicional arraigada en el archipiélago.

Los ayuntamientos podrán sustituir dos de las fechas de apertura autorizada para incorporar fiestas locales, de acuerdo con el procedimiento previsto. El 17 de enero y el 1 de marzo han sido las fechas que han tenido más aceptación como opciones de sustitución municipal.

Una vez las Cortes Generales están disueltas, tras el adelanto electoral por parte del presidente del Gobierno, los Decretos sobre la vivienda aprobados en Consejo de Ministros –tras el rechazo en el Pleno- se llevarán a votación ante la Diputación Permanente. En este caso, a partir del art. 78 Constitución, la convalidación del Decreto Ley se realiza en la Diputación Permanente. Técnica que se ha utilizado a lo largo del período constitucional. La Diputación Permanente refleja la composición del Pleno, pero no es un calco político exacto, lo que llevaría probablemente a que los votos de Junts no fuesen necesarios para convalidar dicha medida.

Una gran parte de juristas –constitucionalistas- defienden que esta técnica incurre en un fraude constitucional o en un fraude legal. Para que exista un fraude de ley, según nuestro Código Civil deben ser actos realizados al amparo del texto de una norma jurídica que persiga algo prohibido o contrario del ordenamiento. Es decir, una acción prohibida o contrario a alguna norma del Ordenamiento. Otros posicionamientos alertan de algunos límites en la técnica, aunque sin atisbo de fraude legal (no afectar a materias prohibidas por el Ordenamiento). Eso sí, advierten de que debe llevarse algún tipo de modificación de los Decreto Ley (así parece) para evitar esa alteración de voluntad democrática previa.

Coincido en que se desarrolla una práctica inoportuna o un fraude político, ya que la esencia de la Diputación Permanente no será una Doble Cámara para superar la oposición del Pleno. Quizás me mantengo en una visión intermedia, aunque el precedente nos dirá. Son dos cuestiones distintas las medidas y el procedimiento. Respecto a las medidas -protección frente desahucios de personas vulnerables junto a bonificaciones fiscales para propietarios- son de urgente necesidad (al menos en reclamo social).

Respecto al procedimiento, no considero que sea un fraude de ley por perseguir algo prohibido, más dudas tengo en que sea contrario a normas del Ordenamiento (desvirtuación del Pleno; cuestiones constitucionales). Las normas de cobertura utilizadas son legítimas. Las normas defraudadas (requieren interpretación jurídica de un bloque de constitucionalidad). En síntesis, la acción no tiene resultado prohibido (fraude político quizás). En cambio, si me surgen dudas en un resultado contrario a otras normas del Ordenamiento.

El debate sobre la vivienda ha bajado este martes de la tribuna del Parlament a la bancada del público. Mientras la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), y el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, se cruzaban acusaciones en torno a los desahucios y el papel de los fondos buitre, entre el público se encontraba Pilar López, una mujer de 65 años desahuciada de la vivienda en la que residía desde 2012 y que este verano tuvo que dormir durante dos meses en su coche, cuyo caso contó elDiario.es.

“Usted dijo que los fondos buitre no influyen en Balears, pero me gustaría que mirara a la izquierda y se lo dijera a Pilar”, le ha espetado Negueruela a Prohens durante el debate. “Estuvo 40 años trabajando en hostelería para que ahora usted le diga que su desahucio no tiene nada que ver con los fondos buitre, aunque no ha movido un dedo. No tiene empatía con ella y elige a los fondos buitre, se sienta con ellos y pacta con ellos. Pero nunca se sentará con sus víctimas”, ha añadido.

Prohens ha respondido que “los desahucios son lamentables”, pero ha desplazado la responsabilidad hacia el Ejecutivo central. “Se producen porque sus leyes así lo permiten”, ha afirmado. La presidenta ha acusado además al PSIB de utilizar el término “fondos buitre” porque “queda muy bien” y de “instrumentalizar el dolor de cualquier persona”.

El momento de mayor tensión se ha producido después del intercambio parlamentario. Prohens se ha acercado a la zona del público y ha abrazado a López. La escena ha provocado un revuelo en el salón de plenos, con un diputado socialista tratando de acompañar fuera a la mujer, mientras desde la bancada del PP se le recriminaba su actitud. López ha terminado abandonando el salón entre lágrimas, acompañada por integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca. Poco después ha regresado al Parlament para atender a los medios junto a la portavoz de la plataforma, Ángela Pons.

“Esto no va de ideas políticas”, ha explicado López al referirse a su encuentro con Prohens. “Yo no estoy siendo utilizada. Tengo 65 años, trabajo desde los 14. Soy una madre soltera sacando adelante a una hija que tiene 33 años y tampoco tiene oportunidad de tener una vivienda”, ha señalado. La mujer ha cuestionado además que las políticas de vivienda del Govern se centren fundamentalmente en la población joven y dejen fuera a personas mayores que también sufren las consecuencias de la crisis residencial. “Los que nos hemos currado y cotizado este país no somos nada”, ha lamentado.

Dos meses viviendo en la calle

La mujer ha cuestionado además que las políticas de vivienda del Govern se centren fundamentalmente en la población joven y dejen fuera a personas mayores que también sufren las consecuencias de la crisis residencial. López ha explicado que depende económicamente de su hija, pero que ambas no pueden convivir. Su hija paga actualmente 1.250 euros por un apartamento en el que, según ha relatado, no puede vivir con ella por las condiciones establecidas en el contrato.

La situación se agravó después del desahucio. López asegura que pasó “dos meses en la calle” porque el Ayuntamiento no podía asumir el coste de una habitación en un hostal y terminó durmiendo en su coche durante julio y agosto, en plena ola de calor. “Yo no he sido asistida por los servicios sociales ni ha habido preocupación de las administraciones”, ha denunciado.

El caso de López se ha convertido estas semanas en uno de los rostros de la emergencia habitacional en Palma. Después de perder la vivienda en la que llevaba más de una década residiendo, relató, en declaraciones recientes a los medios en el Ayuntamiento de Palma, que había pasado de trabajar durante décadas en el sector de la hostelería a no tener un lugar donde vivir.

Este martes ha reclamado a los responsables políticos que salgan de las instituciones para comprobar la dimensión de la crisis. “Que se pateen las calles”, ha pedido, porque Palma “no son solo yates y urbanizaciones”. También hay, ha denunciado, “gente trabajadora viviendo debajo de lonas”. “No son vagos, son gente trabajadora y son españoles. Trabajadores de la hostelería, taxistas, que necesitan una vivienda asequible”, ha reivindicado.

La PAH reclama declarar Palma zona tensionada

La portavoz de la PAH Mallorca, Ángela Pons, ha aprovechado la presencia de López en el Parlament para reclamar a los grupos que respalden la proposición de ley presentada por el PSIB para permitir que los ayuntamientos puedan declarar zonas tensionadas y aplicar los mecanismos de regulación del alquiler previstos en la legislación estatal.

El Govern de Prohens se ha opuesto hasta ahora a declarar Balears zona tensionada, una de las principales reivindicaciones de las organizaciones sociales y de los partidos de la izquierda para contener el incremento de los alquileres.

El choque de este martes se produce, además, en plena escalada de los precios de la vivienda en las Islas y después de que PP y Vox hayan rechazado precisamente la declaración de Balears como zona tensionada. La discusión sobre los mecanismos para intervenir el mercado inmobiliario ha vuelto así a enfrentar al Govern y a la oposición, pero esta vez con una mujer afectada directamente por un desahucio como protagonista involuntaria de la disputa.

Al término de la sesión, López ha resumido su reclamación con una frase que pretende situar el debate más allá del enfrentamiento partidista: “Necesitamos una ideología en la que quepa todo el mundo y no solo unos cuantos”.

La crisis de la vivienda ha vuelto a encontrarse este martes con un muro político en el Parlament balear. PP y Vox han rechazado declarar Balears zona de mercado residencial tensionado, una de las principales reivindicaciones de la oposición y de los colectivos que llevan días movilizados en las calles. Mientras dentro de la Cámara se escenificaba el rechazo a utilizar una de las herramientas previstas en la ley estatal para contener los alquileres, fuera, unas 100 personas se concentraban para reclamar un cambio de rumbo en las políticas de vivienda en una Comunidad cuya presión inmobiliaria está expulsando a sus residentes.

El debate llega después de una semana en la que la vivienda ha ocupado las calles de Palma. La acampada instalada desde finales de septiembre en la plaza de España continúa como punto de organización de nuevas movilizaciones. El pasado sábado, miles de personas recorrieron la ciudad en una manifestación convocada bajo el lema 'Feim de l'habitatge un dret': la Policía Nacional cifró la asistencia en unas 3.000 personas y los organizadores la elevaron a 10.000.

En las islas, mientras el movimiento por la vivienda reclama intervenir sobre un mercado que considera desbocado, el Govern de Marga Prohens mantiene su apuesta por liberalizar suelo y utilizar incentivos fiscales y rechaza hacer uso de herramientas que, desde la declaración de zonas tensionadas y la limitación de los alquileres hasta la regulación de la compra de inmuebles por parte de no residentes, permitirían limitar esos márgenes y frenar la escalada de precios que está expulsando a numerosos residentes y hacinando a otros en infraviviendas y caravanas.

Previamente al debate, Prohens ya había avanzado que votaría en contra de la propuesta socialista, aseverando, en línea del discurso habitual del PP, que el control de alquileres provocaría una retirada de viviendas del mercado y un encarecimiento de los pisos disponibles, como en el caso, ha aseverado, de Catalunya. La Generalitat aplica desde marzo de 2024 la contención de rentas y actualmente alcanza a 271 municipios, donde reside alrededor del 90% de la población. El disparado crecimiento de los alquileres de temporada como forma de evitar las limitaciones de precio llevó al Parlament catalán a aprobar en diciembre su sujeción al tope del resto de alquileres residenciales.

Seguidamente, la presidenta balear ha citado las medidas que el Govern ha puesto en marcha en materia de vivienda como la creación de las vivienda a precio limitado, la posibilidad de incrementar la densidad en inmuebles, la puesta en marcha de los proyectos residenciales estratégicos o el establecimiento del requisito de varios años de residencia mínima en Balears.

La vivienda, “más inasequible” que nunca

Los alegatos de la líder conservadora se han topado, sin embargo, con la respuesta del portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, quien le ha recriminado que los resultados de sus medidas “no se han visto” y que la vivienda es “más inasequible que nunca” en el archipiélago. El ecosoberanista ha exigido a Prohens que “deje de engañar” a la gente con que la declaración de las zonas tensionadas afectarían a los pequeños propietarios, dado que, según ha puntualizado, el control de precios podría influir a un 10 % de los propietarios que tienen seis o más viviendas. Acto seguido, ha reclamado a la presidenta que “supere su ideología” para “dar respuesta los problemas de la gente”.

Por su parte, el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, encargado de defender la propuesta, ha aseverado que su iniciativa no pretende copiar el modelo catalán, sino permitir que los ayuntamientos puedan ejercer competencias para limitar los precios allí donde exista una situación especialmente grave. Ha puesto como ejemplo Galicia, gobernada por el PP, y ha reprochado a los populares que presenten como fracasadas unas medidas que, según ha señalado, también se aplican en comunidades gobernadas por su propio partido. A su juicio, el debate no debería ser partidista, sino permitir que municipios como Inca u otros puedan adoptar medidas frente al encarecimiento de la vivienda.

El portavoz socialista ha centrado después su intervención en el incremento de los alquileres, que, ha criticado, habrían pasado de una media de 800 a 1.400 euros, una subida que está golpeando especialmente a trabajadores y pensionistas cuando terminan sus contratos y deben asumir nuevas rentas. Negueruela ha acusado al PP de negarse a limitar los precios y de situarse del lado de los fondos de inversión y de los fondos buitre, y ha vinculado directamente el encarecimiento de los alquileres con el riesgo de desahucio. “Si se pusieran límites al alquiler no habría tantos desahucios”, ha sostenido, reclamando al Govern que priorice a las personas afectadas frente a los intereses de los grandes propietarios.

En esta línea, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha acusado al Govern de haber convertido la vivienda en el principal problema de Balears y de no haberlo resuelto tras tres años de legislatura, sino todo lo contrario. El ecosoberanista ha recriminado que, mientras el Ejecutivo y la oposición se enzarzan en reproches partidistas, los alquileres han aumentado un 30% y el precio de compra un 40%, de acuerdo a los datos que ha esgrimido durante su intervención. Ha contrapuesto estas cifras a la situación de miles de personas que destinan prácticamente todo su sueldo al alquiler, se ven obligadas a compartir vivienda o a seguir viviendo con sus padres incluso bien entrada la treintena o la cuarentena.

Ayudas de 10.000 euros mientras ponen “la alfombra roja a los fondos buitre”

Apesteguia ha cargado, asimismo, contra las ayudas de 10.000 euros para la compra de vivienda impulsadas por el Ejecutivo “mientras ponen la alfombra roja a los fondos buitre” y los precios continúan alejándose de la capacidad adquisitiva de la población. Frente a este modelo, ha apelado a la intervención de un mercado que ha calificado de “desbocado” y la adopción de medidas extraordinarias ante una situación que considera de emergencia social.

El texto defendido por el PSIB-PSOE planteaba modificar la Ley de Vivienda balear de 2018 para establecer de forma expresa quién puede iniciar la declaración de una zona de mercado residencial tensionado y cómo debe tramitarse. La propuesta emplazaba a que la iniciativa partiese del Govern, a través del Instituto Balear de Vivienda (Ibavi), o de los ayuntamientos. En el caso de las solicitudes municipales, el Ejecutivo autonómico debía comprobar la documentación y, si esta es íntegra y suficiente, declarar la zona tensionada. El texto también preveía que los consells insulares presten asistencia técnica a los municipios que carezcan de medios para elaborar los estudios necesarios.

En este sentido, la declaración prevista en la Ley estatal de Vivienda permite activar medidas específicas sobre el mercado del alquiler en territorios en los que exista un riesgo especial de oferta insuficiente y dificultades para acceder a una vivienda a precios asequibles. La propia proposición socialista recuerda que la norma vincula estas situaciones a un esfuerzo residencial superior al 30% de los ingresos del hogar.

En abril de 2025, PP y Vox ya votaron en contra de instar al Govern a declarar los municipios de Balears como zonas tensionadas y de considerar grandes tenedores a quienes posean cinco o más viviendas. Aquella iniciativa incluía también otras medidas como la expropiación temporal de viviendas vacías, la adquisición por parte del Ibavi de viviendas y suelo de la Sareb o la reserva del 50% de las nuevas promociones para vivienda protegida. Un mes antes, en marzo, ambos partidos impidieron que prosperara la toma en consideración de una proposición de ley del PSIB-PSOE destinada, precisamente, a abrir la vía para declarar zonas tensionadas y limitar los alquileres.

La posición del Govern se ha mantenido desde entonces. En diciembre de 2025, cuando se planteó la renovación de miles de contratos de alquiler, el Ejecutivo optó por preparar incentivos fiscales para los propietarios en lugar de declarar Balears zona tensionada.

Tampoco ha prosperado en el Parlament la regulación de la compra de viviendas por parte de no residentes. En febrero de 2026 PP y Vox rechazaron limitar temporalmente la adquisición de vivienda por no residentes y grandes tenedores en municipios tensionados y también rechazaron elevar la fiscalidad sobre las operaciones inmobiliarias de lujo y las compras de multipropietarios.

Más recientemente, el PP introdujo en su ley ómnibus una medida que permite a empresas, sociedades y otras personas jurídicas adquirir viviendas de precio tasado para destinarlas al alquiler.

Hace tan solo unas semanas el nombre de la actriz Sidney Sweeney resonaba en todo el mundo tras protagonizar el anuncio de una casa de apuestas en el que posaba sin apenas ropa y con material deportivo mientras preguntaba: “¿Crees que sabes de deportes? Demuéstralo”. 

En consecuencia, miles de mujeres deportistas llenaron las redes sociales de vídeos practicando sus respectivas disciplinas para mostrar su rechazo ante un mensaje que no hacía más que perpetuar los estereotipos a los que se enfrentan cada día. Muchas de estas atletas han forjado una relación con el deporte desde pequeñas y se han visto rodeadas de hombres o eclipsadas por ellos durante toda su vida a la hora de practicar aquello que les apasiona. 

Un ejemplo es el de la regatista mallorquina Lluc Bestard, campeona por segundo año consecutivo de Europa de Optimist a los 15 años. Practica la regata desde niña, y no imagina su vida de otra manera, ya que es una parte troncal de su crecimiento personal: “Empecé con cuatro o cinco años en la escuela de vela gracias a mi madre, porque me apuntó y cada día en casa me motivaba para venir. He ido creciendo y confiando más en mí durante este tiempo”, asegura.

No obstante, su carrera deportiva ya ha avanzado lo suficiente como para observar una nueva tendencia que resulta, cuanto menos, esperanzadora: la llegada de más mujeres y niñas a estas disciplinas. “Poco a poco se está haciendo la idea de que vienen más chicas y que pueden hacer lo mismo que un chico”, sostiene. Y para que el mensaje pueda calar, no olvida la importancia de contar con referentes que han hecho “grandes cosas” para allanar su camino y el de otras muchas niñas.

La constancia como bandera

Pero la llegada de más compañeras no es el único cambio que se avecina para Bestard, hay otros que se materializarán enseguida. Tras hacerse con los dos últimos oros europeos, la joven regatista cambia este año a la categoría Sub 17 mixta y, por tanto, también ha de entrenar y competir con una nueva embarcación. En palabras de su entrenador, Marc Vallespir, se trata de “un barco complejo para navegar”, aunque pese a ello la joven “se está adaptando muy rápido”. El motivo no es otro que su perseverancia y sus ganas de mejorar, tal y como explica el propio Vallespir: “Dedica todo el tiempo que tiene a entrenar. Tiene esa obsesión por maniobrar, para que el barco vaya rápido y para estar lo más alto posible”, expone. 

Tanto es así, que ha sacrificado el tiempo correspondiente a otros ámbitos de su vida para esforzarse en mejorar sus marcas. Sin embargo, en lo relativo a sus estudios quiere encontrar un equilibrio que le permita superar al mismo tiempo los retos del mar y los que le esperan en tierra, apoyados en un pupitre: “El año pasado me salté mucho el cole, aunque intentaba compaginarlo lo máximo posible. Este año estoy intentando centrarme en eso”, reconoce. También ha dedicado a la regata el tiempo correspondiente a quedadas o fiestas de cumpleaños con sus amigos, aunque los compañeros del club han ocupado gran parte de ese vacío después de los entrenamientos. El objetivo final para ella no es otro que “aprovechar y mejorar lo máximo posible escuchando al entrenador”, argumenta.

Precisamente ese afán por mejorar es lo que marca la diferencia, en palabras del entrenador, entre Bestard y los demás regatistas. “El trabajo, la constancia y ese gen competitivo que tiene, porque cuando está en el agua compitiendo se transforma completamente en otra persona aunque parezca muy tranquila en tierra”, sostiene. 

La cantidad de tiempo que la deportista y sus compañeros de club pasan en el agua depende de muchos factores. En invierno, por ejemplo, el viento es un gran determinante ya que —al contrario de lo que pensaría cualquier bañista— permite aprovechar más tiempo en el mar. Los fines de semana, por ejemplo, también suponen jornadas más largas de entrenamiento que el resto de días siempre y cuando no haya vacaciones.

Aprender para mejorar

Todo ese entrenamiento es, inevitablemente, fruto de muchos errores que dan lugar posteriormente a los aprendizajes. La propia Bestard defiende que “te ayudan a seguir adelante y confiar en el proceso y el camino y disfrutarlo”. También se enfrenta además a los nervios propios de una nueva etapa, ya que al ascender de categoría se enfrenta a un público más amplio y exigente y por tanto a “la presión de que te está viendo más gente”, explica.

Su desafío más inmediato será el próximo mes de octubre, en el campeonato europeo de regata por equipos. “No me lo creo aún, pero estoy muy orgullosa de mi trabajo”, reconoce. “Es un orgullo y demuestra que hemos entrenado mucho para llegar hasta aquí”. Algo que, como ella misma recuerda en todo momento, no habría sido posible sin el calor de sus entrenadores, sus familiares —en especial su madre— y sus compañeros y amigos.

En España, el porcentaje de mujeres en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado es aún muy reducido. Por ejemplo, en la Policía Nacional, según datos del boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, correspondientes a enero de 2026, el porcentaje de mujeres no llega al 20%. mientras que en la Guardia Civil apenas roza el 12%. Lo mismo sucede en la Policía portuaria donde, dependiendo del lugar, el porcentaje se sitúa entre el 8 o el 18%.

Susana Rivas es actualmente responsable de Dominio Público de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) en el puerto de la Savina (Formentera), pero antes de eso fue policía portuaria. Nacida en Pazos de Borben (Pontevedra), creció junto al mar. “Soy gallega, mi vida ha estado cercana al puerto, a la ría de Vigo”, reconoce en uno de los vídeos que la APB ha puesto en marcha para visibilizar el papel de la mujer en el sector marítimo y atraer más talento femenino a sus plantillas. Rivas empezó como policía portuaria y su trabajo evolucionó y cambió hacia la oficina. “Parece que el trabajo se ve cuando tú estás a pie de muelle, ¿no? Pero para que el puerto funcione, para que los barcos puedan entrar y salir, se pueda gestionar y las mercancías puedan llegar a la isla, ya que tenemos un puerto que es crítico porque es la única puerta de entrada a la isla, es necesaria la planificación, el control, la gestión, la atención a los usuarios”, reivindica Rivas.

Por su parte, Patricia Prados sigue ejerciendo como policía portuaria y no oculta su enorme satisfacción. “Tuve la gran oportunidad de venirme a vivir aquí en esta isla, Formentera, y poder fusionar dos sueños, trabajar en seguridad y fusionarlo con el mar. Al final es una satisfacción maravillosa que hace que tu trabajo sea muy gratificante cada día”, asegura Prados quien, a pesar de ser de una ciudad tan lejana al mar como Madrid, explica que supo qué quería en cada momento y tuvo todo el apoyo de su familia. “Lo que más me atrajo de esta profesión fue el entorno, trabajar en el mar, la gran variedad que tiene esta profesión. Porque nosotros trabajamos con embarcaciones, con pesqueros, con empresas. El trabajo menos visible que tenemos de cara a la ciudadanía es todo el tema de prevención, de coordinación y de control previo que hacemos para que en el puerto haya un correcto funcionamiento”, explica Prados.

Un mundo muy masculinizado

Los datos del sector no dejan lugar a dudas, según la APB, las mujeres son el 29% de la fuerza laboral en el sector marítimo mundial, incluyendo tanto los puestos de tierra como los de mar pero son solo el 20% del personal en autoridades marítimas y apenas el 1,2% de la tripulación a bordo de buques. Si llevamos estos datos a España, la presencia de la mujer en el sector logístico-portuario es de un 22%, muy por debajo del 47,3% de la media nacional en otros sectores.

“El mundo portuario ha estado más masculinizado. Hace 20 años, cuando yo me inicié como policía portuario, había mujeres dentro de la policía portuaria, pero muy concreto. La mujer estaba como unos meses, venía a trabajar eventualmente, pero no en una plaza fija todo el año”, señala Rivas. En el caso de Prados, que lleva dos años siendo policía portuaria, ella percibe que se va avanzando aunque sea lentamente pero pone el acento en que muchas niñas ni se plantean estos puestos. “Creo que muchas niñas, muchas adolescentes dejan de plantearse cosas con el tema portuario por desconocimiento. Al final estamos acostumbrados o escuchamos más de otros puestos de trabajo, mucho más que en el ámbito portuario y en el ámbito marítimo”, asegura.

Para Rivas, es importante acercar y visibilizar el sector en colegios y centros educativos para que los jóvenes sepan que hay muchas ocupaciones y grandes oportunidades, también para las mujeres. “Es un mundo tan bonito y tan diverso, que no se limita a un barco, entrar y salir, incluso no solamente a una policía portuaria, sino que hay un mundo demasiado amplio en el que podrán crecer”, apunta a la vez que hace un llamamiento a todas aquellas niñas que lo deseen a que se acerquen y pregunten. “Lo que le diría a las niñas que quieren dedicarse a una profesión tan bonita como es el ámbito portuario, es que nada las frene, que continúen con ello, que va a ser muy gratificante, que estar aquí y poder trabajar en lo que te gusta y en el entorno que te gusta es de las cosas más maravillosas y más gratificantes que te puede pasar a nivel personal y a nivel profesional”, sentencia Prados.

Entre risas, Iguazel Bartolomé explica que los marinos acaban tejiendo una especie de redes entre sus conocidos, como la de los pescadores, transmitiendo la pasión del mar a cada uno de ellos. “Casi todo el mundo tenemos una vinculación personal o la hemos intentado difundir o nuestro entorno ha acabado estudiando una carrera, un grado superior, teniendo un barco o intentando acceder a navegar”, señala esta inspectora marítima de la Capitanía Marítima de Ibiza.

Bartolomé, protagonista de uno de los vídeos que la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha producido para visibilizar el papel de la mujer en el sector marítimo y atraer más talento femenino a sus plantillas, estudió el grado de Náutica, algo que según confiesa tuvo claro desde el mismo momento en el que vió las asignaturas. “Una vez que vi todas las asignaturas y un poco en qué podía desembocar el estudiar una carrera como Náutica, en la cual adquieres un título universitario y también adquieres un título profesional por el que te capacita la propia Marina Mercante, sabía que para mí era empezaba un camino en el que iba a estar siempre totalmente comprometida en algo que ya sentía que iba a ser una pasión”, asegura.

Sin embargo, el porcentaje de mujeres que cursan este grado es todavía muy pequeño, como reconoce Bartolomé en el vídeo. Aunque no existen datos unificados, las distintas universidades estiman que solo entre un 15 y un 20% de los alumnos de estos grados son mujeres. En el mundo laboral, los porcentajes son parecidos. Según datos de la APB, las mujeres son el 29% de la fuerza laboral en el sector marítimo mundial, incluyendo puestos de tierra y mar pero solo representan el 20% del personal en autoridades marítimas y apenas el 1,2% de la tripulación a bordo de buques. Si centramos la vista en España, el sector logístico-portuario cuenta con un 22% de presencia femenina, muy por debajo del 47,3% de la media nacional en otros sectores.

La importancia de los referentes

Por eso es importante que esas redes de las que habla Bartolomé se sigan extendiendo para llegar a más mujeres que quieran acercarse a este sector. “Quizá la representación femenina es mucho menor en los barcos navegando, en los que hacen rutas más a nivel global es menor. Yo creo que nace un poco del desconocimiento de que son trabajos que no sabes muy bien cómo acceder, cómo llegar a estar a bordo de un barco”, explica la inspectora marítima que se dedica a reconocimientos tanto programados como no programados que tienen que pasar las embarcaciones para obtener los certificados necesarios de elementos de seguridad, del sistema de propulsión o del sistema de gobierno, entre otros.

“Yo he tenido muy buenos referentes, he tenido personas muy valientes que me han enseñado que con pasión y con ganas, con fuerza por ti misma, creyéndote tus propios pasos, puedes llegar perfectamente donde tú quieras”, señala Bartolomé. Lo cierto es que la presencia de mujeres en el sector está en crecimiento de manera lenta pero continua. La APB presentó en marzo de 2025 su primer Plan de Igualdad para avanzar en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y en el que se presta especial atención a sectores especialmente masculinizados.

Aprendizaje continuo

Para Bartolomé este es sin duda una opción muy recomendable que, admite, ha recomendado a mujeres de su entorno. “Es un camino que nunca vas a acabar de recorrer porque si un día te cansas de ejercer de una manera profesional, puedes volver a cualquier punto, tanto de tu carrera como de la carrera de otras personas que te pueden servir de inspiración”, asegura. Ella misma, antes de ser inspectora marítima ejerció una década como controladora de salvamento marítimo, entre otros centros, en el centro de coordinación de salvamento de Palma de Mallorca. Allí descubrió todo lo que puede pasar en las islas y continuó su aprendizaje. “Desde que salí de la Facultad de Náutica no he dejado de aprender, no dejaré de aprender hasta que el día que me jubile y esto creo que es una sensación que tenemos toda la gente que estamos en la mar, tanto en tierra como a bordo de los barcos”, explica.

No hay duda que Bartolomé ha seguido su vocación por el mar, que nació cuando hacía pequeñas travesías con el velero de sus tíos por Mallorca y por eso llama a otros a hacer lo mismo y seguir su pasión. “Todo lo que he ido caminando, todo lo que he ido aprendiendo después ha sido una concatenación de cosas que me han alegrado la vida y cada una de ellas me han dicho que este era mi sitio”, sentencia.