Hacer acopio de lecturas veraniegas en una librería no es igual de fácil para alguien que vive en Usera que para quien lo hace en el centro o en Chamberí. Lo sabe cualquiera que camine por las calles de Madrid con actitud observante, pero la profundidad de la brecha se aprecia mejor a la vista de la estadística. En el censo de actividades de locales comerciales del Ayuntamiento de Madrid aparecen 509 establecimientos cuya actividad es la venta de libros. En este listado, en el que están excluidas grandes superficies, se aprecia a simple vista una gran desigualdad en la distribución de las librerías a lo largo de la ciudad.

El distrito Centro es el de mayor densidad librera, con 152 establecimientos, mientras que Moratalaz y Vicávaro solamente cuentan con tres librerías para todos sus vecinos. En realidad, solamente los distritos de Chamberí y Salamanca destacan sobre el resto, donde hay muy pocas librerías, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de las que están en los barrios son en realidad papelerías con sección de libros, que cumplen una gran labor, pero suelen tener una selección escasa y limitada a las novedades. Solo el barrio de Universidad (Malasaña) tiene 38, tantas como la suma de varios distritos juntos.

Aunque, a la vista de la realidad, parezca una empresa complicada, abrir una librería en su barrio es el sueño de Clara Moreno. Lo sabe ella y también los seguidores que ha ido acumulando durante meses en la cuenta de la librería Remedios Instagram. En ella, Moreno está narrando en directo el proceso de poner en pie su empeño de tener una librería en Tetuán.

En el caso de Tetuán, una primera vista a las estadísticas municipales no desvela del todo el panorama yermo de librerías en el que viven sus vecinos. Hay quince establecimientos dedicados a la venta de libros para un distrito con seis barrios y 160.000 habitantes. Si uno entra al detalle, sin embargo, se da cuenta de que la mayoría son papelerías-librerías, de segunda mano (algunas magníficas, como Alcaná o Ábaco) y alguna especializada. Prácticamente no existen las librerías generalistas.

Clara Moreno no es una recién llegada al mundo del libro, su madre tuvo una librería en el vecino distrito de Chamberí durante veinte años, lo que le permitió aprender el oficio. “Luego, he tenido otros trabajos, siempre de cara al público y relacionados con el mundo del arte –porque soy artista– de manera que el mundo editorial siempre ha estado muy presente en mi vida”, explica.

Es dibujante de cómics e investigadora. Cuando hablamos con ella se dirige a su trabajo, que compatibiliza con poner a punto el local de la futura librería. “Me di cuanta hace como medio año de que quería intentarlo. Trabajo en una tienda erótica, que me gusta mucho y, aunque no lo parezca, tiene que ver con el trabajo de librera porque los clientes te cuentan sus cosas, te consultan qué se llevan y buscan irse contentos y entretenerse”, explica la librera en ciernes con gracia.

La idea se fraguó en conversaciones con Sandra Cendal, editora de Continta me tienes, que le insistía en que tenía que lanzarse a abrir librería en Tetuán. “Al principio pensaba que me quedaba muy grande el proyecto, pero pasaron las semanas y me decía a mí misma que quería hacerlo. Es que no hay nada, no hay una librería generalista, está Naves de Papel, pero es infantil; está la librería de los Salesianos… Pero casi nada más. Pensé: hay familias, debe de haber lectores”.

Se puso manos a la obra con los pasos habituales para abrir cualquier establecimiento, como hacer un plan de negocio. La búsqueda de local no ha sido sencilla, pero el apoyo masivo de multitud de vecinos lectores de Tetuán en redes, huérfanos de librerías, le ha impulsado a seguir intentándolo. Los dueños de un par de posibles locales se echaron atrás cuando se enteraron de que iba a abrir una librería, incluso habiendo dejado una señal. “El primero claramente me dijo que prefería un comercio más viable (me parece que iban a poner otro negocio de uñas) y el segundo me hizo ghosting”, cuenta Clara, que preguntaba a los obreros que se encontraba reformando los bajos del barrio. “Va a ser un piso turístico”, le contestaban todos.

Ahora que ha conseguido un local, situado en la calle del Doctor Santero, junto a Cuatro Caminos, Clara trabaja en su puesta a punto para abrir en septiembre. “Me estoy poniendo en contacto ya con las distribuidoras, con editoriales e incluso estoy generando un calendario de actividades”, cuenta con ilusión.

Siguiendo una tradición librera de empeños personales

Antes de que Clara se planteara la necesidad de abrir una librería en su barrio, muchas otras personas llevaron a cabo un empeño similar. Es el caso, por ejemplo, de la librería Jarcha en Vicálvaro, un distrito en el que viven más de 80.000 personas y cuenta con solo tres librerías, incluyendo las que son también papelería.

Hablamos con Rocío Valverde. Ella tomó el relevo de sus padres, que abrieron Jarcha en 1974. Le comentamos la iniciativa de Clara Moreno en Tetuán y ve algunas similitudes con su caso. “Son dos barrios con una red comercial muy rica. Es verdad que cuando mis padres abrieron en Vicálvaro hace 52 años no había aún tanto comercio, pero era un barrio que era muy pueblo. Son cosas que permiten que Jarcha siga existiendo: es un barrio que no se ha gentrificado, sigue estando un poco lejos y tiene una red comercial grande”, explica.

“Vicálvaro ha cambiado, pero sigue habiendo mucha gente que lleva viviendo aquí muchos años. Además, ha habido muchas luchas sociales, para traer el metro, para que hubiera colegios públicos... porque cuando Jarcha abrió todavía no había colegio. Hay una especie de patriotismo de barrio”, cuenta.

Jarcha nació del compromiso de un grupo de personas que concebían la librería como uno más de los servicios que se reclamaban desde los movimientos vecinales en los años setenta. “Lo hicieron mis padres dentro de un grupo de once personas que salieron de la iglesia de base en el barrio de Canillejas y tenían unos veinte años”, rememora Rocío. Buscaron una barriada obrera huérfana de librerías y apareció Vicávaro, un barrio donde había un cuartel, pero en el que muchas calles estaban aún sin asfaltar y no tenía centro de salud. Jarcha pertenece a una generación de librerías, algunas ya cerradas, que abrieron con vocación política, como El Buscón, Rumor o El Baluarte.

Muchos eran los problemas de aquella época, pero no los de la ferocidad del actual panorama inmobiliario. “Hay que vender muchos libros para ser viable, los márgenes son muy pequeños, es imposible subsistir pagando alquileres de más de dos mil euros y menos para una librería nueva”, dice la experimentada librera.

Rocío explica que una librería de barrio tiene sus propios códigos de funcionamiento, que vienen determinados por el contexto. “Tú tienes todo el público que vive en el barrio, pero no hay turistas ni un público especializado. Jarcha no podría ser una librería especializada en cómic, en ensayo, en literatura infantil o solo en novela. Una librería de barrio le da servicio. Tenemos un club de lectura para el barrio, estamos en las fiestas, en las asociaciones, participamos de todo lo que ocurre aquí. Y, luego, vendemos libro de texto y asociado a la escuela. Tenemos novela principalmente, aunque también secciones de filosofía, de poesía o de teatro. Y nuestra sección literaria está muy trabajada, ojo, pero no podemos olvidarnos de dónde estamos, ¿no?”, relata la librera haciendo recuento de las enseñanzas acumuladas durante años.

Jarcha no es solo una librería en Vicálvaro, es la librería de Vicálvaro, un punto central del tejido vecinal. “Yo creo que las librerías de este tipo tienen que ser un faro en barrios donde no existe un gran movimiento cultural. En jarcha hay cine, teatro, talleres infantiles…”, explica.

Abrir una librería en el barrio sigue siendo, décadas después de que los padres de Rocío y sus compañeros montaran Jarcha, una prueba de vocación y resistencia. En tiempos en los que, además, muchas papelerías-librerías están cerrando por la competencia de las grandes superficies y la pérdida del nicho del libro escolar, vuelve a ser un acto militante.

En noviembre de 1924 aparecía en distintos periódicos la siguiente noticia: “El cura párroco de Tetuán de las Victorias, en prisiones militares”. Con un antetítulo que rezaba “Demasiado radioescucha”. O, en otros periódicos, “El furor por la radiotelefonía”.

La noticia incluía una declaración de la Dirección de Comunicaciones en relación con el suceso: “se venían advirtiendo desde hace algún tiempo perturbaciones en determinada línea”. Después de una inspección de la autoridad, se verificó que había problemas en el espectro radiotelefónico entre Aranda del Duero y Madrid.

La guardia civil verificó que un hilo salía de la línea a la altura de un poste en Tetuán de las Victorias y entraba por la ventana de una casa de cierto porte para la barriada, que resultó ser la del párroco del entonces barrio de Chamartín de la Rosa, a las afueras de Madrid.

El religioso, que fue llevado a una prisión militar, declaró que solamente quería escuchar los conciertos de música de Londres y para ello se procuró una antena con el hilo en el poste. Finalmente, y según la poca información que se puede concluir de la noticia, al cura le dejaron en libertad con la condición de que pagara los desperfectos ocasionados por su pinchazo en la central de comunicaciones.

No faltó alguna crónica amable con el sacerdote (“víctima de la afición radiotelefónica”, se decía) que narraba cómo las autoridades esperaban haber encontrado a un vecino tipo de lo que denominaban “un centro peligrosísimo”. No sin cierto sentido del humor y con ánimo de dar interés al relato, preguntaban: “¿Quién viviría en la casa misteriosa? ¿Un revolucionario? ¿un anarquista?”.

La anecdótica noticia nos habla de la curiosidad que la radio, que había llegado a nuestro país a principio de la década de los veinte, había despertado ya entre una parte de la población.

La radiocomunicación en España se encontraba al principio bajo un estricto régimen de monopolio estatal de carácter militar y telegráfico. La legislación decimonónica y de principios de siglo limitaba el uso de la telegrafía sin hilos (T.S.H.) a las fuerzas armadas y a los servicios oficiales del Cuerpo de Telégrafos, lo que impedía legalmente el desarrollo de iniciativas privadas de difusión masiva o de experimentación de carácter civil.

No obstante, el interés por la radio permeó entre las personas más curiosas y comenzaron a aparecer en prensa instrucciones para aprender a manejar, e incluso construir, aparatos receptores de radio. Encontramos un hito en la aventura de los hermanos de la Riva, tres jóvenes estudiantes de ingeniería que llegaron a retransmitir en Madrid las campanadas de la Torre Eiffel en la Nochevieja de 1922.

La Ley de Radio de 1923, publicada en el Real Decreto de 27 de febrero, supuso el mayor impulso a la radiodifusión en nuestro país. Pero en junio de 1924 nacía un reglamento para regular las estaciones radiotelefónicas que incluía que las estaciones particulares debían estar supervisadas por el Ministerio de la Gobernación. Se trataba de un reglamento parido durante la dictadura de Primo de Rivera orientado a quitarle el monopolio al Estado y a reconocer el derecho de las empresas a establecer emisoras (lo que también llegó a los particulares).

En dicho reglamento, las emisoras se dividían en transmisoras y receptoras. Las primeras se clasificaban como “de enseñanza”, “de ensayo”, “de difusión” y “de aficionados”. Las dos primeras estaban sujetas a concesiones de la Dirección General de Comunicaciones con cánones (20 pesetas por cada 250 vatios de energía medidos en el generador).

La regulación dejaba vía libre a las estaciones de particulares, pero estas estaban sujetas a unas condiciones. En primer lugar, el peticionario debía demostrar ser “radiotelegrafista de primera o titular de alguna profesión que le capacite”. La zona de longitud de onda estaba limitada a 120 metros. Las estaciones receptoras, por su parte, debían recibir la concesión del jefe de Telégrafos de la localidad y el permiso estaba sujeto al pago de un canon de cinco pesetas para las casas y cincuenta cuando se trataba de lugares públicos como hoteles o cafeterías.

El interés por captar la señal de emisoras lejanas, como las que ya proliferaban de manera importante en Francia o Gran Bretaña, llegó a la prensa, donde empezó a hablarse de la radiomanía. Muchos aficionados tempranos como el cura de Tetuán pusieron su empeño clandestino en ello, si bien los precios de los aparatos de marcas como Marconi o Phillips estaban muy lejos de las posibilidades de la clase trabajadora todavía.

Frente a los carísimos receptores de válvulas empezaron a aparecer los de galena, frecuentemente autoconstruidos en talleres domésticos y que no se declaraban ante la administración para saltarse el canon. La radio de galena fue el receptor más simple y económico de la época. No requería alimentación eléctrica externa y utilizaba un cristal de sulfuro de plomo (galena) para sintonizar las emisoras, requiriendo el uso de auriculares para escuchar las emisiones

Junto a estos radioescuchas, apareció también una élite de radiopitas, que iban un paso más allá e intentaban instalar transmisores particulares para emitir su propia señal en el éter. Entre los radiopitas cabe mencionar al ingeniero de minas Miguel Moya –con calle en el barrio de Malasaña– que justo antes de la regulación de junio de 1924 puso en el aire su estación experimental clandestina utilizando el indicativo 1-RA y el seudónimo G. Rid. La Dirección General de Comunicaciones otorgaría a Moya la licencia oficial con el indicativo EAR-1 en julio de 1924, exactamente el mismo día que se asignaba la frecuencia a Radio Barcelona.

La de Radio Barcelona es la historia de la primera concesión de emisora regular, que se concedió a nombre de José Guillén García. En Madrid, nació Radio Ibérica y ambas fueron pronto absorbidas por Unión Radio, que a partir de junio de 1924 hizo realidad la radio moderna en nuestro país, con emisoras en diferentes provincias y una programación.

La anécdota del párroco de Tetuán de las Victorias, desde las afueras del Madrid que se desbordaba, nos habla de como el crecimiento de las ciudades fue determinante para alcanzar una masa crítica que permitió un crecimiento vertiginoso de la radio en nuestro país. Estaba naciendo la audiencia y un fenómeno de comunicación de masas que sería determinante durante los años treinta, la guerra y la posguerra española.

Este jueves, 9 de julio, se ha aprobado en Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid el proyecto de urbanización del API Tiziano-Dulcinea, conocido anteriormente como PERI Tiziano-Dulcinea. Un plan de regeneración urbana dentro del barrio de Cuatro Caminos que lleva 35 años encallado por la quiebra de la primera junta de compensación encargada de desarrollar parte del ámbito, una estafa inmobiliaria y su judicialización durante años. La manzana afectada está delimitada por las calles de Teruel, Dulcinea, Jaén y Tiziano, a orillas de Bravo Murillo

La operación está promovida por la junta de compensación rectora con la supervisión del Área de Obras y Equipamientos. Contará con un presupuesto de 4,8 millones de euros para un ámbito de 22.000 metros cuadrados y se construirán 165 nuevas viviendas (a sumar a las que ya se habían construido a lo largo de la tortuosa historia de la operación). También, dotaciones públicas aún por determinar a falta de ver el proyecto.

Se llevará a acabo la mejora del viario existente y, sobre todo, la conversión de la mayor parte del solar de Tiziano en una plaza pública. Actualmente, el espacio es un enorme vacío de 2.715,14 m2 en estado de abandono. Su calificación urbanística es de zona estancial –aunque en la documentación de hace años figuraba como verde–y está por ver cómo se resolverá en el proyecto o si el espacio público se lleva algún bocado en su configuración final.

El ámbito tiene también –en el planeamiento previo al proyecto– una parcela calificada como dotacional deportivo básico de 1.454,79 m2 en San Antonio y otra más estrecha al otro lado de la misma calle de 712,07 m2, que es dotacional para equipamiento público básico. Habrá que ver en qué se emplean.

La única recreación por ordenador que ha trascendido por el momento no permite saber si estas parcelas permanecen exactamente igual que en el planteamiento de partida o no. Las nuevas dotaciones públicas vendrán a sumarse a la escuela infantil de la calle Tiziano, la única de la operación que llegó a construirse en su momento.

Las novedad más importantes a nivel viario es la apertura de nuevos tramos de calles que llevan décadas parados e interrumpidos por solares. Hay calles que se habrán de prolongar y unir, para lo que será necesario derribar algunas casas. Así sucede con la de San Antonio, que se comunicará con la calle Jaén y con la de Lérida, atravesando para ello la calle de Teruel. Además, la calle de Tiziano, cuyas antiguas aceras aún se ven abandonadas en medio del gran descampado que hay en el centro del área, volverá a tener continuidad hasta la calle de Dulcinea.

La edificación del ámbito se llevó a cabo mayoritariamente hace años, si bien habrá que esperar a que el proyecto sea público para saber dónde irán las 165 viviendas que ha anunciado el Ayuntamiento este jueves. Por el momento, en la imagen que acompaña al anuncio se aprecia un gran edificio con un brazo longitudinal en la parte sur del solar.

La del PERI Tiziano-Dulcinea es una historia urbanísitca con una dolorosa vida detrás y decenas de vecinos afectados que está lejos de cerrarse del todo, a pesar del gran avance que supone la aprobación del proyecto.

El origen del caso hay que buscarlo en la operación de regeneración urbana de la manzana, que comenzó por iniciativa municipal en 1991, cuando el Ayuntamiento la declaró zona de especial degradación y planteó un Plan Especial de Reforma Interna. Se abrió, así mismo, una doble vía para los realojos: la iniciativa pública y la privada, para la que se creó una junta de compensación gestionada por la compañía Courbasa. Las familias cedían sus viviendas o locales a cambio de recibir una casa de protección oficial en el nuevo barrio, mientras que el Ayuntamiento recibía una serie de parcelas para dotaciones públicas.

Todo transcurría con aparente normalidad –y los habituales retrasos– cuando, a principios de los 2000, entró en escena el empresario sevillano Bernardo Martín Moreno y la empresa Somersen, que sustituyó a la anterior e incurrió en un embrollo registral y bancario nunca del todo resuelto, que dejó el ámbito suspendido y abocó a que numerosos vecinos aportantes perdieran sus casas.

El Banco Santander se hizo con los activos después de que estos pasaran por distintas manos y, a la vez, una parte de estos llegó a manos de Blackstone en 2018. El caso agotó su largo recorrido judicial el 30 de octubre de 2024 en el Juzgado de lo Mercantil número 7, lo que ha permitido reactivar la urbanización.

Durante estos años muchos vecinos han luchado en silencio por lo que consideraron un robo, individualmente o agrupados en la asociación APITEDU. Actualmente todavía hay realojos pendientes y el Sindicato Vivienda de Tetuán presentó el pasado 19 de junio los bloques en lucha del ámbito, que, según explicaron, agrupan a unas treinta familias amenazadas de desahucio dentro de diferentes casuísticas.

El proyecto tendrá que pasar ahora a fase de alegaciones y después podrá empezar a andar la urbanización, aunque los mencionados asuntos pendientes auguran que aún queda camino por delante. En todo caso, la noticia es que la ciudad se mueve en este lugar a orillas de Bravo Murillo varias décadas después de haber dejado de ser el viejo barrio de casas bajas que era.

El Ayuntamiento de Madrid va a construir una nueva pasarela peatonal en el distrito de Tetuán para conectar de forma accesible y continua los tramos 4 y 6 del parque de la Cornisa, resolviendo una discontinuidad histórica en los recorridos peatonales de este gran espacio verde del paseo de la Dirección. Así lo ha anunciado esta mañana la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, durante una visita al ámbito junto a la concejala de Tetuán, Paula Gómez Angulo. La nueva estructura tendrá una longitud de 112 metros y una superficie de 365 m². Los trabajos, que supondrán una inversión de 1,4 millones de euros, comenzarán este mes de julio y se extenderán hasta el verano de 2027.

La actuación permitirá completar la red de itinerarios del parque, que fue declarado Parque Singular el pasado mes de abril, mediante una infraestructura concebida no solo como elemento de conexión, sino también como un nuevo espacio de contemplación del paisaje y del patrimonio hidráulico madrileño. La propuesta arquitectónica toma como referencia la figura tradicional del caz de agua, las pequeñas infraestructuras hidráulicas que históricamente derivaban el caudal de ríos y arroyos para conducirlo hacia huertas, molinos o núcleos urbanos.

Su trazado sinuoso y su geometría en forma de U evocan el recorrido de un canal artificial adaptado a la topografía del terreno, guiando suavemente a los peatones a través del parque y generando una experiencia de recorrido ligada a la historia del agua en Madrid. La infraestructura se convierte así en un nuevo cauce urbano, un elemento que canaliza el movimiento de los ciudadanos del mismo modo que el Canal de Isabel II condujo durante generaciones el agua que hizo posible el crecimiento de la ciudad.

La pasarela se situará junto al Canal de Isabel II y sobre el entorno del acueducto de Valdeacederas, una infraestructura histórica construida para salvar el arroyo del mismo nombre y que conserva cinco arcos de medio punto, una longitud de más de 30 metros y una altura máxima cercana a los 9 metros.

Todo el diseño se ha desarrollado con el objetivo de reforzar la presencia visual de este elemento patrimonial. La ubicación de los apoyos estructurales se ha estudiado cuidadosamente para evitar interferencias con las vistas y permitir que los arcos del acueducto permanezcan completamente visibles desde los caminos inferiores. El resultado busca establecer un diálogo entre dos momentos de la historia de Madrid: el patrimonio hidráulico del siglo XIX y una nueva infraestructura pública del siglo XXI concebida desde criterios de integración paisajística, accesibilidad y sostenibilidad.

La estructura combinará hormigón y acero en una solución mixta que permitirá salvar el valle con la mínima presencia de apoyos. Los accesos se materializarán mediante elementos de carácter más sólido y pétreo, vinculados a la topografía y al paisaje histórico del lugar, mientras que el tramo central adoptará una imagen más ligera y esbelta gracias al empleo de una estructura metálica que parece flotar sobre el terreno. Esta transición de materiales reforzará la idea de recorrido y permitirá diferenciar claramente las zonas de acceso del espacio central de contemplación, concebido como el punto de mayor relación visual con el canal y el acueducto.

Iluminación con guiños al Canal

Uno de los elementos singulares del proyecto será su iluminación arquitectónica. La pasarela incorporará un sistema de luminarias lineales completamente integradas en las barandillas, evitando la presencia de elementos de iluminación convencionales y garantizando una imagen limpia y contemporánea. Durante la noche, la infraestructura se transformará en una línea luminosa de tonos azul claro y turquesa que recorrerá el parque evocando el agua que históricamente circuló por este territorio. La propuesta pretende que los peatones tengan la sensación de caminar sobre un río de luz, un cauce formado por personas en movimiento que sustituye simbólicamente al antiguo flujo del agua.

La iluminación reforzará visualmente la relación con el Canal de Isabel II y con la memoria hidráulica del lugar, convirtiendo la pasarela en un elemento reconocible del paisaje nocturno de Tetuán y en una nueva referencia urbana para los vecinos.

La pasarela dispondrá de pavimento continuo formado por losas prefabricadas de hormigón en tonos arena, integradas cromáticamente con el entorno y con los elementos patrimoniales existentes. Por su parte, las barandillas, diseñadas específicamente para esta actuación, estarán compuestas por módulos metálicos de geometría oblicua que prolongan visualmente la forma estructural de la pasarela. El conjunto incorporará doble pasamanos accesible, iluminación integrada y materiales de alta durabilidad.

Toda la actuación cumplirá los criterios establecidos por la normativa vigente en materia de accesibilidad universal, garantizando recorridos seguros y cómodos para todos los usuarios.

Esta actuación forma parte de los trabajos de urbanización del ámbito del paseo de la Dirección que el Ayuntamiento viene acometiendo desde 2019 y cuya inversión, a día de hoy, asciende a 9,8 millones de euros. Hasta el momento, se han ejecutado obras por importe de 2,8 millones de euros y en la actualidad se están desarrollando actuaciones por valor de otros 7 millones de euros. Además, está previsto que entre este año y el próximo se inicien otras obras por valor de 3,2 millones de euros. En total, los trabajos de urbanización del ámbito del paseo de la Dirección supondrán una inversión de 13 millones de euros. 

El pasado mes de marzo, el Ayuntamiento de Madrid presentaba el nuevo AZCA y el alcalde destacaba que sería “un vergel”. El apelativo se refería a la intención de poblar de vegetación la gran zona central del ámbito empresarial de la Castellana, así como sus viales. Un millar de árboles de cuarenta especies diferentes.

A principios del mes de junio, la Asociación Vecinal Cuatro Caminos-Tetuán llamaba la atención acerca de un aspecto que nadie había mencionado a propósito de la futura reforma: “El ”vergel“ que anuncia Almeida que va a crear en AZCA... ya existe. La reforma Renazca puede ser deseable por la actual degradación de sus espacios... pero NO eliminando la frondosa arboleda madura que ya se disfruta en el parque central Pablo Ruiz Picasso”, decían en un hilo de X en el que explicaban que ellos mismos han inventariado en el parque 367 árboles, muchos de ellos maduros, plantados en los años 80.

“Una masa arbórea densa, consolidada, con ejemplares de gran porte y 42 especies. 155 plátanos de sombra de 20 m de altura dan cobertura a encinas, olmos, almeces, arces, ciruelos, magnolias, cedros, abetos, cipreses, pinos, un haya...”, especificaban en el mismo hilo, que acompañaban con imágenes propias que dejaban de manifiesto el verdor de la zona.

Ahora, la propia Asociación Vecinal Cuatro Caminos-Tetuán junto con Espacio Vecinal Bellas Vistas, la Asociación Vecinal-Huerto Urbano de La Ventilla y la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid) denuncian públicamente que la arboleda consolidada de 20.700 metros cuadrados podría estar en peligro por “una tala masiva y trasplantes de árboles técnicamente inviables”.

Piden que se detenga cualquier posible intención de talar los árboles y reclaman que se proteja el jardín –que también alberga numerosos arbustos– declarándolo Jardín singular.

Así mismo, han presentado una pregunta en el orden del día del pleno de distrito, que se celebrará el próximo jueves, 2 de julio, dado que han pedido los detalles del proyecto al Ayuntamiento la semana pasada sin que de momento hayan obtenido una respuesta.

El jardín de la plaza Pablo Ruiz Picasso fue diseñado en 1989 por el prestigioso paisajista Leandro Silva y el arquitecto José Antonio López Candeira. Aunque hay acuerdo en que hay diferentes zonas de AZCA que necesitan una puesta al día –como las propias asociaciones vecinales han puesto de manifiesto– no se trata precisamente la zona central la que está más deteriorada.

AZCA es un complejo agregado de suelos de diferente naturaleza. Existen zonas de dominio y uso público (la gran plaza central y zonas destinadas a viales y anillos de circunvalación), otras de dominio privado y uso público y alguna zona privada con servidumbres de paso. En los últimos años, se ha llevado a cabo varias reformas integrales en edificios del parque empresarial, cuya actividad ha sumado en el deterioro de los pavimentos circundantes. A esto, se añade al mal estado de los accesos privados en algunas zonas y otras áreas deterioradas, como la de los túneles. Aunque seguramente es la parte mejor conservada, la gran área pública en el centro de AZCA es sistemáticamente utilizada como corazón de todos los proyectos de reforma del ámbito.

Además de la zona verde, el proyecto, del que aún no se saben los detalles sobre plano, contará con un anillo con cinco pasarelas, 19 zonas estanciales y una ría escalonada que atraviesa el eje central. También habrá un auditorio al aire libre con la construcción de 150 metros lineales de asientos en forma de graderío en la ladera del parque central.

El coste de la operación será sufragado por el Ayuntamiento (55,6 millones) y las empresas del ámbito (33,7 millones). Es este un proyecto público-privado (como el propio AZCA) que llega después del fracaso de Renazca, un ambicioso primer intento presentado por una parte de los propietarios que implicaba la enajenación del corazón financiero de Madrid durante 40 años para su explotación por los privados y que fue desechado en 2023

Son las 17:48 del miércoles 24 de junio, último día de la ola de calor que ha abrasado España y gran parte de Europa. La temperatura en la calle Margallo, en el distrito de Tetuán, en Madrid, roza los 38ºC. “Te aseguro que la sensación térmica supera los 43ºC”, aclara Beatriz, una camarera que se abanica en la puerta de un pequeño bar sin climatización ni clientes. Y agrega: “Parte de la culpa la tiene el cemento, todo es hormigón en este barrio”. Razón no le falta.

Los árboles en esa zona se cuentan con los dedos de las manos. Hay algunos pocos girando hacia Bravo Murillo, una de las arterias más anchas y transitadas de la zona. Casi ninguno en calles estrechas como Limonero o San Felipe. Hay coches, aceras, edificios y muchos comercios. Pero la naturaleza urbana —el color verde—, un elemento central de la adaptación al calor extremo, brilla por su ausencia.

En Tetuán, al noroeste de la capital, viven aproximadamente 169.500 personas. Se distribuye en una superficie de 5,3 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en uno de los distritos más densamente poblados de Madrid. De larga historia de acogida de población inmigrante obrera, este barrio, que no escapa a la turistificación ni a la especulación inmobiliaria —más de 20 nuevos edificios en los últimos tres años, según el registro de licencias otorgadas por el Ayuntamiento de Madrid— es considerado uno de los más diversos y multiculturales de la ciudad.

Las asociaciones vecinales del distrito tienen en la actualidad dos grandes cruzadas: evitar que el borrador del Plan Estratégico Municipal (PEM) que está redactando el Ayuntamiento salga adelante —supondría duplicar la cantidad de viviendas nuevas proyectadas en un suelo ya “saturado— y mejorar el acceso a la naturaleza, un déficit que cuando el verano aprieta intensifica el efecto isla de calor, fenómeno por el cual las áreas metropolitanas registran temperaturas significativamente más altas (entre 1°C y hasta 12°C más) que sus entornos rurales circundantes.

Según un informe cartográfico publicado recientemente por la organización ecologista Amigas de la Tierra junto al Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad (GIAU+S) de la Universidad Politécnica de Madrid, Tetúan es uno de los puntos geográficos de la ciudad que “urge renaturalizar”. No solo desde un punto de vista ecológico, sino como una herramienta de bienestar y adaptación a las altas temperaturas para sus vecinos, sobre todo las personas más vulnerables, que no tienen renta suficiente para climatizar y rehabilitar sus viviendas.

Los autores de este trabajo analizaron el acceso a las zonas verdes de diez ciudades del país para la población y las diferencias de disfrute en función del nivel de renta. Pusieron la lupa sobre Madrid (3.340.176 habitantes), Valencia (804.121), Zaragoza (683.949), Sevilla (684.164), Palma (430.640), Valladolid (297.129), Badajoz (150.716 hab.), Ourense (104.187), Santiago de Compostela (98.716) e Ibiza (51.872).

Llegaron a la conclusión de que el 60% de la ciudadanía no tiene acceso suficiente a la naturaleza, superando el 80% en ciudades como Ourense y Valencia. Basaron el análisis en la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, la regla 3-30-300: poder ver 3 árboles desde la ventana, un 30% de cobertura vegetal en el barrio y un parque de al menos una hectárea a no más de 300 metros.

Madrid destaca por un contraste: con algo más de 17m² de zona verde por habitante, es la tercera de las ciudades analizadas con mejor ratio, por encima de la media del conjunto de las diez ciudades analizadas (14,15m² zv/hab). Sin embargo, de cara a su accesibilidad cotidiana, el 62% de la población no dispone de una zona verde pública de más de una hectárea a menos de 300 metros de su hogar. Se trata de un valor superior a la media del conjunto de las ciudades analizadas (60%). En total, casi dos millones de personas en Madrid no tienen acceso a un espacio verde suficiente a menos de 300 metros.

La investigación identifica cuatro áreas prioritarias para aumentar la vegetación: Puente de Vallecas, San Blas-Canillejas, Carabanchel y Tetuán, por la combinación de pocas zonas verdes y rentas bajas. “En la calle Serrano de Madrid hay un bajo acceso a la naturaleza. Pero las rentas altas permiten una mejor adaptación al calor extremo. Esto en Tetuán no pasa. La investigación busca visibilizar esta doble e interconectada problemática”, explica Miguel Díaz-Carro, responsable de biodiversidad y territorios de Amigas de la Tierra, uno de los autores del estudio.

Sin escapatoria al calor asfixiante

Ángela y sus dos hijos, de cinco y ocho años, toman un descanso en la boca del metro. La corriente de aire, aunque caliente, da respiro al bochorno. Al avanzar por la calle Margallo el calor se intensifica por el motor encendido de los coches que están aparcados. “Con otro clima me hubiese bajado a beber algo en una terraza, pero con este calor hago tiempo dentro con el aire acondicionado encendido”, explica Miguel, un repartidor.

Todas las terrazas de los bares ubicados en la calle Sor Ángela de la Cruz están vacías. Hay sombrillas, pero el aire caliente queda atrapado bajo la lona, generando un efecto invernadero que no invita a sentarse. Igual de vacía está la plaza dura ubicada en el cantero central de la avenida, castigada por el sol. Sin ninguna sombra natural, nadie descansa en esos bancos hasta que no cae la noche.

Víctor, mecánico, lleva 45 años viviendo en el barrio. “Es insano no poder disfrutar de la sombra de un árbol”, dice. Se autodefine como “privilegiado” por tener aire acondicionado en su casa. “Muchos vecinos no tienen. Las casas son un infierno. Y las calles, sin nada verde, también”, se queja.

Isabela León Cesín, arquitecta y urbanista, Project Manager de Ecodes, afirma que los árboles, a través de la sombra y la evapotranspiración, pueden reducir la temperatura del aire entre 2 y 5°C y la de las superficies entre 10 y 12°C. En un evento extremo, como el de estos días, “esa diferencia puede salvar vidas”.

No obstante, si todos los vecinos de Tetuán pudiesen acceder a un aire acondicionado, el problema estaría lejos de estar resuelto. “Una ciudad que solo se puede habitar en verano si puedes pagar aire acondicionado no es una ciudad preparada para el cambio climático”, aclara esta experta.

Lo sabe Paula, una madre que juega con sus hijos en uno de los pocos parques infantiles de Tetuán, en la calle Pinos Alta, rodeado de árboles. Hay sombra para sus pequeños, que suben y bajan del tobogán, y para ella, que los mira sentada en un banco protegido por un enorme arbusto. “Esta sombra nos está dando la vida en estos días de mucho calor. Necesitamos más zonas infantiles que en verano se puedan habitar”, reclama la mujer.

Las soluciones

Miguel Díaz explica que las ciudades apenas ocupan el 2% de la superficie de la Tierra, pero más de la mitad de la población vive en ellas, cifra que en España crece hasta un 80%. Por ello, en un escenario de crisis climática y ecológica, “las ciudades son un punto clave en la adaptación”.

“La vegetación cumple una función democratizadora. Que dos millones de personas en Madrid no tengan acceso a la naturaleza es una barbaridad. Lo bueno es que hay soluciones, las administraciones tienen a mano herramientas para aumentar el acceso a las zonas verdes de los ciudadanos”, subraya.

Pone el ejemplo de las plazas duras de Tetuán. Estos espacios “representan uno de los mayores activos para la ampliación de zonas verdes”. El informe explica que “reverdecer una plaza no es solo una operación de mejora ambiental, sino también de restitución histórica”. Las intervenciones de este tipo deben propiciar la diversificación del pavimento, introduciendo una mayor superficie permeable y zonas de plantación, así como la incorporación de arbolado, compatibilizando la mejora ambiental con los usos estanciales.

“Puede que en Tetuán, por su densidad de población, no se pueda construir un gran parque, pero hay muchas estrategias de renaturalización que pueden ponerse en práctica. Es cuestión de decisión política”, agrega Miguel Díaz.

¿Qué es la renaturalización urbana? La creación o facilitación de biodiversidad silvestre, elementos y procesos naturales en los núcleos urbanos, responde el activista de Amigas de la Tierra. “Todo solar libre de Madrid tiene que transformarse en una zona verde. Es una cuestión de resiliencia, adaptación y salud física y mental”, insiste.

Eso sí, la planificación verde estratégica en favor del derecho de acceso a la naturaleza, advierte, debe ir asociada a políticas públicas orientadas a la regulación de los precios del suelo y del alquiler, y la creación y ampliación de un parque de vivienda pública bien dotado de espacios verdes.

Y, si bien la gentrificación es un riesgo de la renaturalización de las ciudades, no puede permitir “un retroceso en una ejecución de renaturalización a gran escala”. La investigación concluye que es posible lograr un acceso a la naturaleza de los ciudadanos con menos poder adquisitivo “sin que esto suponga poner en riesgo su derecho a tener una vivienda digna”. 

Si en Tetuán se consumase esta transformación, tal vez, el repartidor Miguel podría disfrutar de sus habituales descansos en una zona verde en lugar de encerrado en su coche con el motor encendido para hacer funcionar el aire acondicionado. 

No habrá taquillas para la recogida de paquetes despachados por grandes compañías de venta online. El Ayuntamiento de Madrid ha renunciado a su plan piloto para colocar 19 de estos puntos en el barrio de Cuatro Caminos, en Tetuán, y “optimizar la última milla logística” junto al pequeño comercio local, según ha comunicado el delegado de Movilidad, Borja Carabante, durante la comisión de su área este lunes.

“Como consecuencia de las reuniones que hemos mantenido con el distrito, no lo vamos a implantar en Tetuán” anunciaba Carabante ante una pregunta de Vox sobre este despliegue, que su área tenía pensado llevar a cabo durante un año, como prueba para después extender el mismo modelo por el resto de Madrid. Calles como Dulcinea, Hernani, Juan de Olías, Castellana, Ourense, General Perón o Ávila iban a recibir estas taquillas o lockers para la paquetería, en zonas cercanas a puntos de recarga y también sustituyendo a aparcamientos para bicicletas que, según el Ayuntamiento, tienen “baja utilización”.

Cada taquilla prevista iba a ser de hasta 2,20 metros y, como mínimo, tendría una anchura de 1,85 metros, indicaba el proyecto al que tuvo acceso este periódico. El delegado de Movilidad ha defendido este lunes que el proyecto buscaba junto a “todas las empresas del sector”, afrontar cambios en la Distribución Urbana de Mercancías (DUM), que supone en Madrid “el 10% de la flota de vehículos que se desplaza a diario por la ciudad, pero representa el 20% de la congestión y el 30% de la contaminación”, a través de la supresión de “desplazamientos innecesarios”. Carabante dio el dato, además, de que los 22 lockers que el consistorio ha desplegado en aparcamientos municipales subterrános han recogido ya 470.000 paquetes.

Ignacio Ansaldo, concejal de Vox que formulaba la pregunta, acusaba a Carabante de querer “regalarle el espacio público a empresas privadas” con las taquillas planificadas. Y criticó los posibles impactos “estéticos y paisajísticos”, además de en la accesibilidad. “Su instalación produce una competencia desleal frente al comercio local”, reprochaba al delegado.

Ansaldo proponía varias soluciones para estos lockers: “Que sean los centros comerciales los que instalen las taquillas previstas en sus galerías. O que las propias empresas alquilen sus propios locales con taquillas, como hay para las maletas. Es un problema privado, que lo resuelvan ellos”.

Censura en la Comisión de Paisaje Urbano

La renuncia desde el área de Movilidad a continuar con el proyecto de taquillas de paquetería en las calles llega después de que la Comisión de Paisaje Urbano se mostrara en contra de su instalación. Según fuentes de este organismo municipal consultadas por Somos Madrid, de la reunión en la que se abordó salió un dictamen negativo contra estos elementos.

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid también criticaron su instalación. El PSOE se mostró en contra por varios motivos: “Porque era un ataque al pequeño comercio, perjudicaba los aparcabicis y por la escasa sensibilidad del Gobierno municipal a la hora de intervenir el espacio público, en la estética y en la armonía de los elementos que se instalan”, apunta el concejal Antonio Giraldo a este periódico. A la vez, reclama que “en el futuro se intente no tener tantas ideas de bombero que le compran a cualquier empresa en cuanto pueden, hay que tener más sensibilidad a la hora de intervenir y pensar a quién puede afectar cada caso”.

Más Madrid también se mostró crítica en su día cuando se conoció el proyecto piloto, por el “ataque directo” que observaba contra el comercio de proximidad, a través de una “nueva cesión” del espacio público a grandes operadores privados de logística.

La semana pasada apareció en una de las vallas metálicas del enorme solar de la calle Tiziano, en Tetuán, un llamativo cartel: “De Botín a Almeida. 30 años de estafa. De lucha”. Algunos vecinos saben a qué se refiere, pero muchos de los actuales habitantes del barrio lo miran con extrañeza y se preguntan qué quiere decir el enigmático mensaje. Otros, captan la referencia al PERI Tiziano-Dulcinea, una operación urbanística suspendida en el tiempo durante tres décadas cuya cicatriz más visible es el propio solar, pero que va mucho más allá.

El caso tiene su origen en la operación de regeneración urbana de una manzana contigua a Bravo Murillo y a pocos minutos andando de la zona de la Castellana que comenzó a principios de los años noventa. En su camino inacabado se cruzaron estafadores, el Ayuntamiento de Madrid, varias entidades bancarias y un conocido fondo de inversión internacional.

El caso del PERI Tiziano Dulcinea ha afectado a más de un centenar de personas –muchos perdieron sus viviendas– y agotó un tortuoso recorrido judicial el 30 de octubre de 2024 en el Juzgado de lo Mercantil número 7, lo que ha permitido reactivar la urbanización pendiente, el desenlace de los realojos no satisfechos en su momento y la actividad económica de los propietarios de los pisos y solares.

La propiedad de los activos pasó parcialmente en 2018 del Banco Santander a Blackstone. El banco español se alió con el gigante norteamericano para fundar un paraguas llamado Quasar (donde Blackstone tiene el 51% y el Banco Santander el 49%). La estructura debía servir para dar salida al ladrillo heredado del Banco Popular, al que habían comprado previamente. Dentro de esta operación, encontramos a Inversiones Inmobiliarias Canvives, que maneja los terrenos, y a Inmobiliaria Aliseda, que gestiona y comercializa los activos inmobiliarios. Estas últimas son las sociedades que se vienen comunicando –y que, según el caso, están denunciando– a las personas que viven distintas situaciones relacionadas con el desenlace de la operación.

Recientemente, se han producido algunas denuncias por usurpación y órdenes de desahucio, que han motivado la unión de algunos afectados directos del proceso con otros vecinos que viven okupando en los pisos comprados por Blackstone en una urbanización de varios pisos construida entre las calles de Teruel, Dulcinea, Jaén y Tiziano. Se trata de nuevos bloques en lucha guiados por el Sindicato de Vivienda de Tetuán.

Es a esto a lo que hacía referencia el cartel: se presentarán el próximo viernes en el solar que hay al final de la calle Teruel. En el lugar, lleno de maleza seca, tendrá lugar un coloquio en el que estarán presentes afectados, el Sindicato de Vivienda de Tetuán y también representantes de la Asociación Vecinal Cuatro Caminos-Tetuán, que jugó un papel en el realojo de una parte de los vecinos al principio del proceso.

Por el momento, algunas personas viven acusadas de okupas en casas en las que entraron con su llave y de las que tienen papeles; otras perdieron su casa y no son pocos los pisos que permanecen tapiados.

Una complicada historia de expropiación

En 1991 el Ayuntamiento de Madrid declaró la manzana comprendida entre las calles de Tiziano, Dulcinea, Jaén y Teruel, en el barrio de Cuatro Caminos, como zona de especial degradación y decidió emprender una ambiciosa operación de reforma urbanística conocida en lo sucesivo como PERI 6-7 Tiziano-Dulcinea. PERI no es otra cosa que las siglas de Plan Especial de Reforma Interna y su puesta en marcha debería haber supuesto la renovación de un ámbito de 34.966 metros cuadrados cuya consolidación lleva años a medio hacer.

El viejo barrio estaba compuesto por casas bajas o de pocas alturas. Varias, las de más de un piso, siguen en pie y dan una idea de cómo era el paisaje urbano de hace tres décadas, que hoy parece olvidado e incluía también pequeñas industrias como un taller de aluminio, una imprenta o un taller de carpintería, entre otros negocios.

Un modelo residencial habitual en el barrio era el de un edificio pequeño en cuyos distintos pisos vivían los padres y se asentaban luego los hijos con sus nuevas familias, por lo que el descalabro de la operación tocó de lleno a familias enteras

A la hora de afrontar los realojos, a los vecinos se les ofreció una doble vía. Por un lado, la expropiación forzosa. Por otro, una operación guiada por una empresa privada que era más ventajosa para ellos. Hacia 1995 se creó una junta de compensación gestionada por la compañía Courbasa, relacionada con la familia de José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con el PSOE y actual presidente del Banco de España.

La vía de la junta de compensación era sencilla a priori: ceder sus viviendas o locales a cambio de recibir una casa de protección oficial en el nuevo barrio. Las medidas de la casa venían dadas por los metros cuadrados entregados y por el número de habitantes de los hogares. Un centenar de vecinos del barrio –la mayoría– optaron por esta vía. El Ayuntamiento también recibiría a cambio parcelas para dotaciones públicas y la empresa gestora obtendría la explotación de parte del terreno, cuya edificabilidad era notablemente superior a la original. Aparentemente, todo el mundo ganaba con la operación.

A partir de 2002 entra en escena un nombre que nunca olvidarán los vecinos afectados por el PERI, el empresario sevillano Bernardo Martín Moreno –que falleció en 2019–, cuya empresa (Somersen) absorbió Corbuasa. Esta empresa recibirá un préstamo de 77 millones de euros del Banco Pastor, cancelando otro anterior de la junta de compensación de la época con el Banco Popular. La entidad bancaria dio vía libre al préstamo en veinticuatro horas y Martín Moreno se comprometió a devolverlo en solo dos años. Lo exiguo de ambos plazos ha hecho sospechar siempre a vecinos y a la administración concursal que hubo irregularidades. Según publicaba El País en 2012, Moreno “asignó a otras promociones [el dinero] en Andalucía y a sufragar los gastos de una fundación que utilizó posteriormente para hacer negocios en Costa Rica, país del que fue cónsul honorario”.

Por otro lado, para solicitar este segundo préstamo, la empresa registró las cuotas de participación en la junta de compensación a su nombre. Como el lector habrá adivinado, el préstamo nunca fue devuelto –tampoco se construyeron todas las viviendas necesarias – y la entidad bancaria se hizo de esta manera con las aportaciones de los vecinos. Somersen, de hecho, había entrado en suspensión de pagos en 2006. Todo sucedió sin que los aportantes se enteraran de absolutamente nada de lo sucedido.

Mientras que algunos vecinos recibieron correctamente sus realojos, otros se encontraron con pisos con cargas hipotecarias que no esperaban –que abocaron a no pocos de ellos a perder la vivienda– o no llegaron a recibir los pisos. Este medio ha podido hablar con algún afectado que explica que los notarios con los que firmaron las escrituras en ningún momento mencionaron las cargas del piso, un relato que se repite entre muchos de ellos.

A partir de ese momento, comenzó una larga travesía en el desierto para los afectados del proceso ligado a los vaivenes silenciosos del mercado inmobiliario. El banco Santander adquirió en 2018 la deuda del Banco Pastor después de que este quebrara, como dijimos. A continuación, entraron en escena Blackstone, Canvives y Aliseda.

Durante la primera década de los 2000 hubo cierta unión vecinal y lucha, tanto en la calle como en los tribunales, que tuvo como protagonista a la asociación de afectados APITEDU. El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, ha mostrado buena predisposición verbal en numerosas ocasiones. En 2006 declaró que la actuación de la junta de compensación (en la que estaba presente como vocal) había sido irregular, y recientemente se ha reunido con algunos afectados, pero estos siempre han pensado que han faltado a su deber in vigilando dentro de un proceso de regeneración urbana que al que el consistorio dio vía libre.

Tras algunos varapalos judiciales, el Tribunal Constitucional paralizó actuaciones urbanísticas y desahucios, permitiendo que fuera el Juzgado de lo Mercantil quien prosiguiera con el concurso de acreedores contra Somersen. Se estableció una nueva junta de compensación que ha seguido actuando durante todos estos años y que aún está en vigor.

Vecinos obligados a okupar sus propias casas

Los realojos derivados del PERI Tiziano-Dulcinea se llevaron a cabo para comerciantes, aportantes –propietarios– e inquilinos. Hablamos con Sara (nombre ficticio) y José, que en su momento obtuvieron compromisos de realojo como antiguos inquilinos firmados notarialmente y viven en los bloques de Tiziano y Jaén de la discordia.

Sara vive en el piso que se concedió a su familia siendo aún una niña. Queda con nosotros con una carpeta repleta de documentación y trata de desentrañar lo mejor posible un caso lleno de aristas. Explica que hubo durante el proceso personas que se aprovecharon de la situación, “gente que compró viviendas deshabitadas para entrar en la junta, otros que empadronaron a más gente, personas que se enteraron y no tenían nada que ver con el vecindario”.

“Después de esto, hubo una parte de familias que se quedaron sin casas, entre ellos mi familia. Se nos dijo que se iban a construir los edificios de renta libre del final de la calle Tiziano [los que ahora son noticia por convertirse en bloques en lucha] y que se nos respetarían las condiciones iniciales. Esperamos y firmamos”, dice Sara mostrando un compromiso firmado ante notario.

A continuación, sus padres fueron al banco para formalizar la hipoteca necesaria para hacer frente a los costes que conllevaba el realojo. Fue entonces, al denegárselo, cuando se enteraron de que el piso tenía una carga millonaria con la que no contaban. “Como todo eran buenas palabras por parte del Ayuntamiento, que nos decía que la situación se solucionaría, al principio esperamos”, dice Sara.

Pasaron los años y la comunidad de propietarios se puso en contacto con su familia para decirles que las viviendas deshabitadas estaban sufriendo un deterioro. “En 2015 entramos con las llaves –que ya teníamos– a vivir mi marido, mis hijos y yo. Como nosotros, otras personas hicieron lo mismo”.  Desde entonces, viven allí con los suministros dados de alta legalmente gracias a la cédula proporcionada por Urbanismo para ello. Su madre, mientras, siguió viviendo en la vieja casa de la calle de Tiziano, que sigue pendiente de ser derribada.

“En 2018 se presentó el Banco Santander, les enseñamos el compromiso de escrituras que obra en nuestro poder y no volvimos a saber nada hasta finales de 2025, cuando mi madre recibió un burofax de la nueva junta de compensación explicándole que se iban a reactivar los realojos”. Ellos pensaban que su madre iría a vivir a la casa donde están ellos, que buscarían otro hogar. Para su sorpresa, Sara recibió una notificación de la policía judicial que resultó ser una denuncia por usurpación.

A su madre se le ha informado de que no se le realojará en el piso que originalmente le correspondía sino en otro de la cercana calle de Teruel de cuarenta metros cuadrados (en lugar de los más de noventa que figuran en su compromiso de realojo). Una casa que no cumple con los estándares de accesibilidad necesarios para una persona mayor. Un piso para el que, en todo caso, no se respetan las cantidades que figuran en el documento firmado hace años, pidiendo ahora otras mucho más elevadas que son inasumibles para una pensionista de setenta y siete años.

Desde entonces, Sara entró en contacto con diferentes personas que dijeron ser mediadores nombrados por la nueva administración, con la junta de distrito y, a través de esta, con urbanismo e incluso con la inmobiliaria Aliseda. Cuenta con pesar lo que han pasado durante el proceso: “Nuestras conversaciones con asuntos sociales han sido duras, todo el rato mencionaban de la posibilidad de perder la custodia de mis hijos por nuestra situación de vulnerabilidad”. Se ha celebrado ya el juicio por usurpación, del que ha salido absuelta.

José nos recibe en su casa de la calle de Jaén –en la misma urbanización de lo que pronto serán bloques en lucha– junto a su mujer. Para entrar en su casa, pasamos por varias puertas cementadas por la propiedad. Estamos en el salón de su casa y, a su alrededor, hay fotos que resumen la vida de la familia, que comenzó en el barrio cuando se casaron y fueron a vivir a la calle de Tiziano, allá por los años setenta.

El caso de José y su familia fue similar al de los padres de Sara. También era una familia numerosa y, como no había pisos de noventa metros cuadrados –que es lo que les correspondía– les prometieron un piso en el edificio de venta libre. “Y así fue, lo que pasa es que ya coincidió en el tiempo con la estafa de Somersen en colaboración con el Banco Pastor”, explica leyendo un párrafo del documento notarial que lo acredita.

Poco después de entrar a vivir en su vivienda, les llegó una orden de desahucio. El piso tenía una hipoteca de 84 millones de pesetas que él desconocía –y que los notarios no mencionaron durante la firma, advierte su pareja–. “Fuimos desahuciados”, explica José levantándose a por un recorte de periódico que se hizo eco de su caso.

La administración concursal, atendiendo a la situación precaria de la familia, les realojó en un piso de la misma urbanización en la que estaba su casa original. Ahora, se pretende que abandone la vivienda de una habitación en la que vive con su mujer. A cambio, como en el caso de Sara, les proponen acceder a un piso más pequeño o a una indemnización de poco más de 80.000 euros, una cantidad fijada con arreglo a la realidad de 1994. “Hasta que no nos den nuestra vivienda no nos podemos ir de aquí”, asevera.

Tanto en el caso de Sara como el de José y su mujer, desde la Junta de compensación se insiste en el hecho de que las condiciones familiares han cambiado en estos años. Ellos señalan que los perjudicados por no haber podido disfrutar durante este tiempo de sus viviendas en buenas condiciones son ellos, se remiten a los compromisos firmados y recuerdan que los hijos de las familias que fueron correctamente realojadas en su día también se han casado y se han ido de casa. Un hijo de Juan, de hecho, volvió a vivir en la casa de la que fue desahuciada la familia, que permanecía vacía. También ha sido denunciado por usurpación, pero el juez desestimó en sala la vía penal, ya que entró con sus propias llaves.

El caso de Sara y Juan es solo uno de los muchos que se desprenden del intrincado caso del PERI Tiziano-Dulcinea. Una operación enquistada durante años que ha dejado en suspenso la vida de muchas personas y varado el ámbito durante décadas.

Un amplio dispositivo de emergencias se ha desplegado este lunes en el distrito madrileño de Tetuán tras la caída de una grúa en el interior de un edificio en obras situado en la calle Francisco Salas. El incidente, que ha generado una importante movilización de los servicios de emergencia, no ha dejado heridos, según han confirmado fuentes de Emergencias Madrid a este periódico.

La grúa se ha desplomado dentro del inmueble en rehabilitación, provocando daños en, al menos, dos edificios colindantes ubicados en las calles Castilla y Tenerife. Como consecuencia del impacto, parte de una vivienda situada en el edificio de la calle Tenerife se ha derrumbado, generando un importante agujero en su estructura.

Además, se han registrado daños en la terraza de otra vivienda ubicada en la calle Castilla. Los técnicos continúan evaluando el alcance exacto de las afecciones, todavía por concretar, para determinar la estabilidad de los edificios colindantes.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos, Samur-Protección Civil y Policía Municipal. Los servicios de emergencia mantienen un dispositivo preventivo mientras se desarrollan las labores de inspección y aseguramiento de la zona.

Por su parte, agentes de la Policía Municipal, apoyados por drones, están peinando el entorno para concretar el nivel de afectación y descartar riesgos adicionales. La zona permanece bajo vigilancia mientras avanzan las tareas de evaluación.

Naranjo es una pequeña vía perpendicular Bravo Murillo en Tetuán. Una calle a la que el adjetivo normal le encaja como un guante. Sin embargo, hace justo hoy quince años, la ciudad supuraba cuerpos rebeldes y Naranjo, como primera sucursal importante del 15-M en los barrios, se convirtió en el centro de la ciudad.

El de Anwar y Tatiana fue el primer desahucio parado en Madrid. El punto de partida del movimiento de la vivienda tal y como se entendería a partir de ese momento y una concreción material de las horas de debate que habían tenido lugar en  las plazas durante el último mes.

Álvaro, participante del 15-M y, luego, activista del grupo de desahucios de la Asamblea Popular de Tetuán, recuerda haber escuchado hablar ya del desahucio en Sol. “En la acampada se comentaba que había un primer desahucio para intentar parar en Madrid el 15 de junio, como ya había sucedido en Barcelona y en Murcia. Hacía justo un mes del inicio de la acampada y había sensación de agotamiento, así que abrazamos con entusiasmo el salto de la protesta a la acción directa en uno de los problemas que preocupaba más a la gente en aquellos momentos”, explica.

En aquel primer desahucio, la PAH y una comisión del 15-M se ocuparon de organizar muchos de los detalles del caso. Desde la asamblea de Tetuán se encargaron de apoyar y movilizar en el barrio. La Asamblea Popular de Tetuán había nacido, como otro centenar largo más, el 28 de mayo. La Plaza de las Palomas –nombre popular de la del Canal de Isabel II, a orillas de Bravo Murillo– se llenó con centenares de vecinos curiosos y ávidos de política. Una semana después, comenzaron a conformarse distintas comisiones, entre ellas la que al principio se llamó Desahucios y Legal. Hablamos con Víctor, miembro de la incipiente comisión:

“Apenas teníamos idea de la situación, ni de cómo afrontarla. Un desconocimiento absoluto. Recuerdo que empecé a ir a la PAH justo a la vez que empezaba el 15-M. Ellos comenzaban a tener una cierta difusión por los problemas de vivienda y sobre todo por su activad en Barcelona. Allí habían parado algún desahucio y estaban haciendo ruido con la situación de las hipotecas”, explica.

Entonces, relata Víctor, la PAH se reunía semanalmente y congregaba a unas cincuenta o sesenta personas. “Al principio, eran migrantes latinoamericanos y miembros del movimiento vecinal, sobre todo”. En una de esas primeras reuniones se encontró a Anwar, que ya tenía fecha de desahucio y había acudido en busca de ayuda. Anwar y Víctor fueron juntos a la Plaza de las Palomas a presentarle el caso a su barrio. Frente a ellos, escuchaban centenares de vecinos bajo un sol de justicia.

Anwar provenía del Líbano y se había ganado la vida como panadero hasta la llegada de la crisis. Tatiana, su pareja, era de origen búlgaro y tenía formación comunista. Aunque se separarían un tiempo después, los dos se implicaron mucho, primero en la defensa de su hogar y luego en el movimiento por la vivienda. A Anwar se le vio oponiéndose a distintos desahucios en el barrio, a veces haciendo de intérprete de árabe. Tatiana se convirtió durante un tiempo en una cara visible de la PAH. Su determinación habla de una máxima fundacional de aquel movimiento de vivienda que ha heredado el actual , más ligado al inquilinato: no hay diferencia entre afectados y activistas, todos son compañeros que deben implicarse en la causa en la medida de sus posibilidades

“Como no teníamos ni idea, empezamos a hacer prácticas muy incipientes, como manifestarnos delante de un BBVA (la entidad desahuciadora), moviéndonos en círculos como en las películas americanas. No se había hecho nada de esto o por lo menos nosotros no lo conocíamos. No había aún estructuras.”, detalla Víctor. Álvaro incide en lo virginal de la situación. “Hay una pancarta de la Asamblea Popular de Tetuán que sale en las fotos. Recuerdo estar haciéndola en la Plaza de las Palomas y preguntar a los compañeros ¿dónde va la h de desahucios? Nunca lo habíamos escrito”.

Lo publicitaron a través de las recién nacidas redes del 15-M, se reunieron a hacer carteles y los colocaron a la salida del metro. “Había un gran secretismo –aunque resultó estar todo muy difundido–, no decíamos la dirección y el día del desahucio había personas a la salida del metro dirigiendo a la gente hacia la calle Naranjo. Era todo muy ingenuo”, recuerda Víctor insitiendo una vez más en el adjetivo.

El hecho es que aquel 15 de junio amaneció con cientos de personas bloqueando la calle Naranjo y las aledañas. Hasta quinientas permanecieron allí durante horas hasta que se supo que el desahucio no se iba a ejecutar. Había sucedido, en medio de la multitud y entre gritos de ¡Sí, se puede!, el primer #stopdesahucios (en aquella época todo llevaba un símbolo de hashtag por su uso en twitter). “Pensábamos que íbamos a ser unos cuantos vecinos, los habituales. Llegamos a primera hora y no se podía entrar en la calle. El momento se había convertido en un símbolo de repente”, recuerda Álvaro.

Eran tiempos en los que los ecos del 15-M desbordaban la actividad puramente activista. Una de las imágenes que se hicieron virales de aquel desahucio fue la de algunos “indignados” increpando al político de Izquierda Unida Cayo Lara. En concreto, la imagen de Ricardo cara a cara con la que era entonces la figura más visible del partido de izquierdas se reprodujo en varios periódicos y rodó por infinidad de cuentas de Twitter. “Ese día me levanté y me enteré de que iba a haber un desahucio cerca de donde vivía en esa época. Pensé, antes de ir a trabajar me voy a pasar a ver si con suerte lo paramos”, explica el protagonista de la fotografía quince años después.

Curiosamente, la imagen, que plasmaba de un vistazo el primer espíritu apartidista del movimiento, el no nos representan, tiene una intrahistoria mucho más mundana, tal y como explica Ricardo. “Le comenté algo sobre la unidad en Extremadura, le dije: Cayo, recuerda que PP y PSOE son lo mismo. Estuvimos dialogando y, de hecho, terminamos dándonos la mano”. A pesar de ello, estas y otras instantáneas de la gente increpando al político -le tiraron agua, incluso- ejemplifican bien una tensión del momento, que alcanzaba también al movimiento contra los desahucios, pues en la seminal PAH había mucha representación de la izquierda tradicional, a la que aquel día se le uniría el movimiento social asambleario.

Ricardo siguió atento a la evolución del desahucio desde el trabajo y recuerda haber recibido la noticia de su paralización con mucha alegría. Ha pasado mucho tiempo: le dio tiempo a ser padre, mudarse varias veces, pasar por distintos empleos... pero mantiene, como mucha gente involucrada, un recuerdo vívido lo de Naranjo..

Aquel día, recuerdan las personas más directamente involucradas, surgieron algunos roces propios de los nervios y la inexperiencia de las distintas organizaciones convocantes, pero se disolvieron rápidamente en la euforia de la victoria. Las imágenes de la calle Naranjo atestada de gente salieron en todos los informativos.Estábamos en pleno pico de la crisis de desahucios por hipoteca. y, a partir de entonces, empezaron a amontonarse cuerpos en los portales de muchos vecinos con órdenes de desahucio. El de Anwar y Taty supuso el aprendizaje y la puesta en marcha de una serie de métodos que se pondrían en práctica muchas veces en lo sucesivo. “A partir de ahí todo fue aprender: saber qué era un lanzamiento, una comisión judicial, cómo se podía presionar previamente o negociar con el banco. Pero primero fue ese estallido de fuerza y de voluntad”, explica Álvaro.

Como era de esperar, la maquinaria judicial no paró con aquella primera victoria. BBVA continuó en sus trece de desalojar a los habitantes de Naranjo 14 y la siguiente fecha de desahucio se programó el 29 de febrero de 2012. Parecía mentira que hubieran pasado solo ocho meses. A esas alturas el grupo de desahucios del barrio y el movimiento de vivienda habían atesorado una rica experiencia en pelear contra los bancos y hecho cayo en los juzgados. La campaña de comunicación, apelando al momento fundacional del primer desahucio, tuvo mucho recorrido. El grupo de desahucios de la asamblea subrayaba el deseo de “volver a llenar Naranjo”. La comisión de comunicación de la Asamblea Popular de Tetuán, por su parte, diseñó una web con una cuenta atrás en cuya dirección se leía “nuestra primera vez”.

Se hicieron visitas diarias a la sucursal del BBVA correspondiente, se inundaron los buzones de los directivos del banco y se organizó una rueda de prensa en la azotea de la casa. El punto álgido fue una manifestación en la que cientos de personas recorrieron la calle de Bravo Murillo desde Plaza de Castilla hasta la sucursal bancaria. La intención era atrincherarse en la vivienda para resistir el desahucio, pero llegó la llamada: se concedía la entonces reclamada dación en pago. Las cañas post mani , que habitualmente tenían lugar en el centro de la ciudad, esa tarde fueron en La Plazuela, el mismo bar junto a la Plaza de las Palomas desde el que la asamblea de barrio tiraba los cables para la megafonía.

La historia de Naranjo 14 está contada en el libro Tetuán Resiste: la lucha por la vivienda de un colectivo de barrio. En el capítulo correspondiente se puede leer: “Lo que en aquel momento celebramos como una victoria, pronto se mostró como un arma de doble filo. Aprendimos que la dación en pago no servía de nada si no iba acompañada de un alquiler asequible, garantizado e indefinido”.

La mayoría de las victorias de los movimientos populares lo son parciales. El sistema es rencoroso. Pero, hasta en esto el caso de Anwar y Tatiana sirvió como punto de partida. Aquel era el momento de la crisis hipotecaria pero la evolución del movimiento y del momento histórico pondrían encima de la mesa que el problema era más grande: la vivienda.

Localizamos a Anwar para saber qué ha sido de su vida quince años después. Confiesa que no tenía presente la efeméride –“soy muy malo recordando fechas en general”, dice– pero explica que acaba de hablar con su hija, que trabaja en Estados Unidos, y se lo ha señalado. “¿sabes que han pasado quince años, papá?”, le ha dicho.

Anwar vive hace ocho años fuera de Madrid. Un amigo con el que vivía en Tetuán le ofreció la oportunidad de irse con él a trabajar en una huerta ecológica en Perales de Tajuña e hizo las maletas. Hace tres años que se jubiló y ahora vive en el pueblo de al lado, Tielmes, con una pensión no contributiva. “Sigo echando una mano en la huerta de todas formas”, advierte.

Para Anwar, aquellos recuerdos son ambivalentes. “No fueron buenos tiempos a nivel personal”, dice. Por otro lado, su voz coge peso y sentimiento cuando recuerda el apoyo que recibieron de la gente.

“Fueron tiempos duros, que acabaron con la familia. También sucedió que cuando se consigue la dación en pago, que fue un gran éxito, te das cuenta de que empezaba lo peor. ¿Ahora qué?, me preguntaba”. Anwar pudo alojarse un año y medio en casa de un amigo, luego tuvo que vivir ocupando con otros compañeros de Tetuán y llegó a sufrir un nuevo intento desahucio, en 2019, que también congregó mucho apoyo. “A día de hoy, cuando escucho el timbre todavía me estremezco y pienso que puede ser la policía”, admite.

Ahora vive con mucha tranquilidad, “no me sobra nada, vivo con poco, pero estoy bien”. Es muy consciente del problema de la vivienda y le sale la vena de activista durante la llamada telefónica, “nadie quiere solucionar el problema, con el dinero que se prestó a los bancos se podía haber hecho”, reclama poniéndole pulsaciones a la voz momentáneamente, antes de regresar al tono tranquilo con el que habla.

Volvemos al 15 de junio de 2011. “Yo destacaría de aquel día las ganas que había. Luego, una mezcla de miedo y voluntad de solucionar el problema. Y el convencimiento de que lo podíamos lograr.”, subraya Víctor rebuscando en recuerdos que son ya también sentimiento. Las impresiones de Álvaro son coincidentes.: “fue un sentimiento de conformar una fuerza social que yo nunca he tenido de forma tan clara. Era un oleada de esperanza y de alegría”.

La nostalgia está tan de moda como mal vista. Pero es un sentimiento inevitable, que nos sacude. Quizá baste con convertirla en genealogía y mirarla desde el presente para transformarla en impulso. Han pasado tres lustros y las caras de los movimientos de vivienda se han renovado. A los chalecos verdes de la PAH se le sumaron las camisetas naranjas del Sindicato de Inquilinas. Los grupos de los barrios sobrevivieron a las asambleas del 15-M. Los cuerpos sigsiguieron apretándose nerviosos en los portales, donde aún se escuchan los mismos cánticos –“Vecina, despierta, desahucian en tu puerta”–. Hoy es lunes 15 de junio y en la calle Naranjo, en Tetuán, todo parece tranquilo, pero, como se decía hace quince años lo que pasa, no despasa.

Este viernes, 12 de junio, ha empezado a circular al mediodía en distintos grupos de whatsapp y redes sociales del distrito de Tetuán el siguiente mensaje: “Alerta en edificio de calle Lope de Haro 36. Ha llegado la propiedad y quiere echar a Manuel. Ha elegido quedarse en un piso turístico ilegal antes de quedarse en la calle. Se necesita apoyo presencial y difusión”.

Manuel, de 81 años de edad, tiene una discapacidad reconocida y grado de dependencia II. Fue desahuciado de la casa en la que vivía el pasado mes de septiembre y ayer decidió entrar en un piso turístico vacío para vivir. El anciano va de la mano de la Organización de Vivienda de Tetuán, una de los grupos de vivienda que trabaja en el distrito, que viene ayudándole desde antes de que se produjera su desahucio el 12 de diciembre.

Después de su desahucio, cayó en los habituales recursos de la agencia de SAMUR Social, que solo le proporcionaron una solución temporal. “Pasó por uno en Vallecas, donde estuvo un par de semanas, luego unos cuantos días en otro y finalmente quedó en la calle. Estuvimos buscando otros recursos pero todos nos dirigían al propio SAMUR Social, donde nos decían que estaba en lista de espera y que no le llegaría el turno en al menos un mes, cosa que no ha sucedido aún de todas formas”, explicaban hace meses desde la asamblea de vivienda que le ayuda.

En su nueva situación, se encontró con las puertas de posibles alquileres cerradas debido a su elevada edad. Su pensión mínima y el edadismo le abocaban a permanecer en la calle. “Hemos buscado durante meses, pero nadie hace contratos a personas tan mayores”, explicaban desde OVT a este medio el pasado mes de diciembre.

La única alternativa para Manuel eran hostales con habitaciones compartidas para una decena de personas en condiciones que, afirman desde la Organización de Vivienda de Tetuán, “han hecho mella en sus condiciones de salud”.

Por ello, el jueves 11 de junio decidió entrar en un piso turístico de la calle Lope de Haro, un bajo reconvertido en VUT que, según explican desde OVT, es ilegal. La situación de Manuel se ha conocido hoy y los activistas por el derecho a la vivienda han advertido a lo largo del día de que la policía había acudido al domicilio, sin embargo, como la propiedad no se ha presentado, las dotaciones policiales se han retirado a primera hora de la tarde.

Las viviendas turísticas siguen estando en el foco de la crisis habitacional de los barrios. Este mismo fin de semana amanecieron 153 viviendas turísticas con pintadas en distintos puntos de Vallecas, Carabanchel, Latina, Lavapiés, Tetuán o Ciudad Lineal. El distrito de Tetuán es uno de los que sufre una mayor presión: según datos del propio Ayuntamiento del año pasado, el cuarto que más alberga, con números muy similares a los del distrito de Chamberí.

En el caso de Manuel se unen los problemas asociados a la gentrificación, la subida de precios y los apartamentos turísticos con los problemas de acceso a la vivienda asociados a la precariedad en la tercera edad, que ha representado estos días el desahucio de Maricarmen, de 87 años.

Barrios en expansión de Carabanchel o Vallecas. Zonas que llevan tiempo colapsadas, véanse Latina y Lavapiés. Distritos al noreste (Ciudad Lineal) y noroeste (Tetuán) de la ciudad que, como el resto de Madrid, se han llenado de pisos turísticos y nada parece equilibrar su crecimiento. Esta mañana, 153 viviendas han amanecido con pintadas en las fachadas de su bloque. La mayoría de los graffitis señalan que hay apartamentos en la zona vinculados a la plataforma Airbnb. “Mi barrio no es turismo”, puede leerse en uno de ellos, a modo de crítica contra su proliferación. También algunos cajetines, colocados en las puertas de acceso para que los viajeros introduzcan un código numérico, fueron saboteados con pegamento en su rueda metálica. ¿Quién está detrás?

Un grupo de vecinas anónimas ha reivindicado la acción, en comunicación con este periódico. Es la segunda de este tipo en lo que va de año. “¿Que por qué salimos? Si nuestros abuelos decían que la tierra es para quien la trabaja, nosotras decimos que las casas son para el barrio y sus vecinas”, sentencia uno de los participantes, que como el resto ha preferido ocultar su nombre para evitar problemas legales.

A finales de febrero, estos mismos colectivos pasaron a la acción y marcaron con sus pintadas otro lote de edificios, en los mismos barrios que ahoran vuelven a ser señalados. La gentrificación golpea en todos ellos, pues se ha extendido tanto que ya no cabe solo en el centro de Madrid. Esta misma semana, un nuevo estudio conjunto de dos de los principales portales inmobiliarios, Idealista y Fotocasa, publicaba que en 2025 los alquileres han crecido siete veces más deprisa que los salarios, abocando a un nuevo tramo en la crisis de vivienda.

A mí lo que me jode es haberme tenido que ir de mi barrio para que mi casero alquile ilegalmente por Airbnb, y ahora gane cuatro o cinco veces más

En la capital, sin ir más lejos, los precios han subido y no de forma gradual: según datos del Ministerio de Vivienda, el precio mediano del alquiler pasó de 615 euros en 2015 a 825 euros hace tres años, un 34% más. El año pasado se cerró en torno a los 22,7 euros mensuales el metro cuadrado. “A mí lo que me jode es haberme tenido que ir de mi barrio para que mi casero alquile ilegalmente por Airbnb y gane cuatro o cinco veces más. Pues no, mientras yo pueda, esa casa no será para un guiri que decida pagar 200 euros la noche, y menos en un barrio empobrecido como el mío”, señala otra de las personas que, este martes por la noche y hasta la madrugada del miércoles, recorrieron muchas de las calles de Madrid. El objetivo: reivindicar desde sus portales un coto al turismo.

Hace ya más de un año, el Ministerio de Consumo advirtió al Ayuntamiento de la existencia de, al menos, 16.335 alojamientos turísticos ilegales detectados en la ciudad. Una cifra muy lejana a las 1.131 licencias que, en ese momento, había concedido el consistorio a negocios de este tipo. “Entonces, no puedo irme de vacaciones porque el 80% de mi salario va para pagar el alquiler, ¿y aun así tengo que aguantar que me echen de mi casa para que vengan los turistas a destrozar mi ciudad? Pues no”, declara otro de los impulsores de esta segunda acción protesta.

Tanto en su primer intento, a finales del invierno, como para esta nueva reivindicación optaron por elegir barrios en base a dos criterios principales: su capacidad de organizarse y el avance de la turistificación fuera del centro histórico. “Hemos ido principalmente a barrios en los que ya estábamos organizadas, pero también primamos otros puntos más calientes. Al fin y al cabo, una ciudad sin gentrificación es una mejor ciudad para todas”, añade una de las participantes. Los activistas sostienen que la proliferación de viviendas de uso turístico no solo afecta a la capacidad de acceso a una vivienda, sino también a los negocios de proximidad que existen a su alrededor.

“Esto no es solo por las casas, es también por el barrio. Un turista no va a una ferretería ni a una mercería. Cada vez hay menos vecinas y cada vez más negocios pensados para quien está de paso”, resumen. La intervención nocturna transcurrió con relativa tranquilidad, según sus impulsores. No apareció la Policía ni nadie comenzó conflicto alguno: “Nos coordinamos para hacer el menor ruido y ser lo más efectivos posible”, relata otro de los presentes. Entre los participantes, casi siempre se repite una percepción común: si las administraciones públicas no hacen nada, alguien tendrá que hacerlo.

“Esta también es una forma de regular los precios, ¿no? Como el Gobierno no lo va a hacer, lo tendremos que hacer nosotros. Si ellos quieren abrir más y más pisos turísticos, haremos que esos pisos no se puedan abrir”, sentencian. Ya de madrugada, de regreso a casa después de varias horas mapeando calles de Madrid, sintieron algunas contradicciones en el día a día de la ciudad. “Da rabia pasear por la noche y ver que Madrid se está convirtiendo en un parque temático. Creo que lo que hemos hecho hoy es poner un palito en una de esas atracciones”, concluye otra voz del grupo que ha impulsado esta acción protesta.

Casi una veintena de taquillas para la recogida de paquetes pueden ser instaladas durante las próximas semanas en las calzadas de varias calles del barrio de Cuatro Caminos. Las estudia desplegar el Ayuntamiento de Madrid con la idea de “optimizar la última milla logística” de diferentes empresas privadas dedicadas a la entrega de paquetería.

El plan piloto contempla unos doce meses de ocupación del espacio público en zonas comerciales de Tetuán, junto a otros comercios locales situados en calles como Dulcinea, Hernani, Juan de Olías, Castellana, Ourense, General Perón o Ávila, entre otras. Las taquillas o lockers para la paquetería estarían en zonas cercanas a puntos de recarga y también sustituirán aparcamientos para bicicletas que, según el Ayuntamiento, tienen “baja utilización”.

Cada taquilla puede tener una altura máxima de 2,20 metros y, como mínimo, una anchura de 1,85 metros, indica el proyecto al que ha tenido acceso este periódico. Sus colores tendrán que ser aprobados por el Ayuntamiento de Madrid, aunque podrán contar con los que sean característicos de las empresas concesionarias.

El área de Movilidad, impulsora de este proyecto piloto, defiende que este tipo de almacenes pueden disminuir los desplazamientos y mejorar la Distribución Urbana de Mercancías (DUM), que supone en Madrid “el 10% de la flota de vehículos que se desplaza a diario por la ciudad, pero representa el 20% de la congestión y el 30% de la contaminación”.

Para Más Madrid, sin embargo, esta ventaja no compensa el “ataque directo” que observa contra el comercio de proximidad, por una “nueva cesión” del espacio público a grandes operadores privados de logística. En declaraciones remitidas a los medios, la concejala Sara Ladra ha advertido de que la instalación de estas taquillas en la calle es sinónimo de competir directamente con los pequeños comercios de barrio que, según ha recordado, “llevan años” como puntos de recogida y entrega de paquetes para los vecinos.

“Las tiendas de nuestros barrios llevan años recogiendo paquetes, siendo puntos de entrega y generando confianza con los vecinos. Lo que necesita el comercio de barrio es apoyo de su Ayuntamiento, no más competencia”, ha defendido Ladra. Asimismo, la edil ha criticado que el proyecto contemple la ubicación de algunas de estas taquillas en espacios actualmente destinados a “aparcabicicletas de baja utilización”, a su juicio, “un truco más” del Gobierno municipal para “quitar espacio” a la bicicleta “para dárselo” a grandes empresas de reparto de última milla.

“La respuesta a la mensajería de Última Milla ya existe, se llama el comercio de barrio. Esa charcutería, ferretería, librería que conoce todo el mundo por su nombre, que genera empleo local y mantiene vivo el tejido social del barrio. Eso es lo que hay que apoyar, no destruir”, ha insistido.

El calor está en boca de los miembros de todas las comunidades escolares. Sucedía cada año, pero luego llegaba el verano. La conversación rebrotaba con el comienzo del nuevo curso y se apagaba de nuevo a las puertas del otoño. Pero ya no. La conciencia de estar ante un problema estructural ligado al cambio climático ha anidado en la sociedad y cada vez son más frecuentes las redes de trabajo por la reconversión climática de los centros escolares que trabajan de forma permanente. Crean grupos de intercambios de experiencias, se reúnen con los concejales presidentes de sus distritos o ponen en marcha mediciones coordinadas de temperaturas en sus colegios.

El jueves pasado, las familias del CEIP Ignacio Zuloaga presentaron en el pleno mensual del distrito de Tetuán una proposición relativa a la climatización y renaturalización de su colegio. A las puertas acudieron en señal de apoyo decenas de familias, que también estuvieron bien representadas en el salón de plenos de la junta municipal de la calle de Bravo Murillo. El ajetreo infantil fue parte de la banda sonora del jueves de pleno fuera y dentro del viejo edificio de los años treinta. Que goza de aire acondicionado.

La proposición fue aprobada por unanimidad, recibiendo además comentarios positivos de todos los partidos políticos representados en la Junta. El PSOE recordó en su intervención que la Junta dispone este año de un presupuesto de 125.000 € para adaptación climática, que debería emplearse en hacer más amable climáticamente el Zuloaga y el resto de centros públicos del distrito.

La aprobación puede marcar un recorrido en el corto plazo. El AFA del CEIP Ignacio Zuloaga participa de la plataforma Aprender Sin Calor. En su seno, se han fraguado iniciativas parecidas a la del centro tetuanero, con proposiciones en sus respectivas juntas de distrito y presencia de las familias en los plenos. Así sucederá el próximo 9 de junio en Arganzuela y el día 11 en el distrito Centro.

Cabe recordar, de todas formas, que no es la primera vez que la junta municipal aprueba una proposición en sentido parecido a esta que no se ha llevado a cabo (hace dos años se aprobó por unanimidad una de Más Madrid para los centros de Tetuán con carácter de urgencia). Otras iniciativas nacidas en el seno del distrito también se han topado con pegas por parte de la administración. Ese mismo año, por ejemplo, la plataforma Tetuán Eres Educación Pública presentó a los presupuestos participativos un proyecto para la climatización de centros públicos que recabó bastantes votos, pero los técnicos municipales lo rechazaron por ser “deficiente desde el punto de vista de la relación coste-beneficio”.

Belén López, madre del centro escolar, fue la encargada de leer la petición de las familias para hacer frente a los problemas derivados de “un edificio que se ha quedado atrás frente a la realidad climática, diseñado para el clima y el uso de hace 56 años”. Solicitaban una climatización activa basada en sistemas de ventilación y climatización; la protección térmica de la fachada –“frenar el sol antes de que entre por todos los vidrios”–; la renaturalización del patio “para que deje de ser una isla de calor” y la mejora de la infraestructura hídrica con fuentes y zonas de riego. Y pidieron que se aprobara dotándolo de presupuesto y con prioridad. Como es habitual en las juntas de distrito, se aprobó trasladar la petición “al órgano competente”.

Hablamos después de la aprobación de la propuesta con la ponente, que nos explicó en nombre de las familias del centro cómo se han coordinado interna y externamente para elaborar el proyecto y la proposición.

“El CEIP Ignacio Zuloaga es un colegio pequeño situado en el barrio de Bellas Vistas.  Está muy encajonado, alrededor tiene un montón de edificios y ahora de hecho ha quedado lindando con un edificio nuevo de alquiler sostenible que se ha construido en la glorieta de Rocío Durcal. No tiene ninguna zona de respiro verde ni que haga que transpiren los patios. No tiene patio de tierra y todo el calor que pilla se lo queda. Está en un enclave urbano muy duro”, explica la madre del centro.

Añade que es un edificio que, pasado medio siglo, no está adaptado para los usos y el clima actuales. “En nuestro colegio el uso además está muy centrado en el verano porque casi todos los años se hacen dos campamentos en julio y agosto, el del AFA y otro organizado por la propia junta”.

Loa campamentos del AFA del Zuloaga son muy conocidos en todo el distrito de Tetuán. Llevan años organizándose con mucha eficacia y el enclave del centro permite que, a pesar del calor, los pequeños se acerquen al huerto del colegio y a la cercana Dehesa de la Villa. Sin embargo, advierten desde la asociación de familias, la situación con el calor es crítica. Este año será diferente. Al finalizar el debate el pasado 4 de junio, la concejala presidenta aclaró que este verano no se celebrarán campamentos en el centro debido a que se realizarán obras de acondicionamiento de este.

La idea de presentar la propuesta al pleno se desarrolló con poco tiempo, pero no les fue difícil ponerla en pie porque llevan tiempo trabajando en ella desde la comisión de Sostenibilidad e infraestructuras del AFA, en la que hay padres y madres profesionales de obras, arquitectura o sostenibilidad.

 “Mandamos la propuesta al resto de colegios del distrito y nos hemos ofrecido a ayudarles para que hagan la suya o una más general, a nivel de Tetuán”, cuenta Belén. En este sentido, los directores de los centros de Tetuán también han hecho una carta común expresando la necesidad de paliar estructuralmente los problemas climáticos de los centros del del ditrito.

Las familias se muestran contentas con el recibimiento que tuvo la proposición y su aprobación por unanimidad, aunque dicen ser conscientes de que falta la parte más complicada: conseguir que se ejecute. “Creo que todos los grupos políticos han estado de acuerdo en que las propuestas eran irrebatibles porque se sustentan en datos técnicos. No hay lugar a las respuestas políticas que se están dando estos días y que dan un poco de vergüenza”.

La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, afirmó el pasado martes durante el foro Desayunos Madrid, organizado por Europa Press,  que “cuando hace calor, hace calor”. El pasado jueves, Mariano de Paco (consejero de cultura de Ayuso) ha quitado hierro al problema durante la discusión de una proposición relativa a las temperaturas en los centros escolares en la Asamblea de Madrid. “Esta mañana, para llevar a mi hija al colegio, ¿saben lo que he hecho?: ponerle una camiseta de manga corta y un pantalón corto, como hemos hecho toda la vida”, ha dicho. Estas declaraciones han indignado a muchos alumnos y familiares, cuyos centros han llegado en los últimos días a los 30 grados centígrados.

En realidad, vienen a confirmar con un lenguaje menos burocrático lo que la Consejería de Educación acaba de señalar a través de una carta: que “los centros han de adaptar el plan general de actuación frente a olas de calor a las necesidades propias del centro”. El Ignacio Zuloaga, sin ir más lejos, ha tenido que recurrir a sus familias para avanzar en la adaptación climática de su patio. Fue la asociación de familias la que consiguió una pequeña subvención para instalar en el patio unas pequeñas carpas hechas con material reciclado.

Las familias del Zuloaga saben que han conseguido meter la semilla bajo el manto de tierra y que no pueden desentenderse del crecimiento de la planta. Para presentar la propuesta han tenido que hablar previamente con todos los grupos políticos y tienen el propósito de seguir estando muy presentes hasta que su colegio tenga la vegetación, los toldos o el agua que reclaman. “Una de las cosas que nos han explicado todos los partidos es que existen dificultades de ejecución por la separación de competencias. Sabemos que es real que hay un nivel de interpretación grande en la norma para decidir que pueden hacer algo o no y creemos que ahí entra la voluntad política. Hoy ha parecido que la tenían todos los grupos políticos. Veremos si es verdad”.

Después de que la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, despachara este martes el asunto de las altas temperaturas en colegios e institutos de toda la región aludiendo a que “cuando hace calor, hace calor”, la Consejería se ha lavado las manos ante nuevas protestas formales.

Proceden de varias familias del CEIP Ignacio Zuloaga, en el distrito de Tetuán de la capital, a las que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha contestado que es cosa del centro resolverlo. “En el marco de situaciones de altas temperaturas, los centros han de adaptar el plan general de actuación frente a olas de calor a las necesidades propias del centro, debiendo adoptar las medidas que consideren adecuadas para la realidad del centro, que han de quedar recogidas en el documento elaborado para tal adaptación”, dice la carta de respuesta, firmada por la directora del área territorial de Madrid ciudad, Marta González Rodríguez.

Las palabras de Zarzalejo durante el foro Desayunos Madrid, organizado por Europa Press, levantaron una polvareda que esta contestación acrecenta. Las familias del Ignacio Zuloaga no pueden más. Como cientos de miles por todo el territorio, sus hijos e hijas se asan en el colegio, que apenas tiene elementos para mitigar el calor que abrasa el centro. Y como tantas comunidades educativas, han decidido pasar a la acción. Pídanle cuentas a la dirección del colegio, viene a decir ante ello la Consejería: “Disponiendo el centro de autonomía de gestión y recursos para la adopción de medidas, corresponde la solicitud de la implantación de aquellas que consideren adecuadas a la dirección del centro escolar, a través de los cauces establecidos para la comunidad educativa; esto es, en el seno del Consejo Escolar a través de sus representantes”, se lee en la misiva.

“Pero los centros públicos no tienen presupuesto para adoptar las medidas de climatización necesarias, tiene que elaborar proyectos para que las administraciones los aprueben y la administración las tumba”, expone una madre para ilustrar la “espiral sin fin” a la que se enfrentan. Para la Asociación de Familias de Alumnos y Alumnas (AFA) la situación es especialmente sangrante en su centro porque este colegio es de referencia en el barrio para campamentos y actividades de verano por su ubicación privilegiada, cerca de una piscina municipal y de la Dehesa de la Villa. “Las administraciones se pasan la pelota una a otra, cuando usan el colegio prácticamente todo el año”, lamenta Belén López, miembro del AFA del centro.

Ante la inacción de las administraciones, la AFA del Zuloaga se movió para conseguir una pequeña subvención y, junto al colectivo Basurama, instalar unas carpas de material reciclado que al menos dan un poco de sombra en el patio, aunque “de la forma más casera posible, porque no se puede anclar nada al suelo por normativa”, explica López. Esta madre explica que, aunque quisieran, no pueden ir más allá por una cuestión de leyes y competencias. A diferencia de otros territorios, donde las familias están organizando rifas para sufragar la climatización, desde la FAPA Giner de los Ríos les han advertido de que hay precedentes del Gobierno regional denunciando actuaciones de ese estilo.

Una plataforma para organizar y movilizar la indignación

El Ignacio Zuloaga es precisamente uno de los centros donde la plataforma Aprender Sin Calor está agitando la movilización a través de las redes y también en la calle. Este jueves 4 de junio desde las 17.00, la AFA presentará en el pleno de la Junta Municipal de Tetuán una propuesta para su climatización del colegio. “La comunidad educativa de Tetuán dice basta ante la inacción de las administraciones frente a las olas de calor prematuras y el aumento global de las temperaturas. Exigimos soluciones reales urgentes: la climatización y el acondicionamiento térmico de las aulas y patios de nuestros hijos e hijas. Bajo el lema El barrio se organiza contra el cambio climático, acudiremos vestidos con indumentaria de pleno verano: chanclas, gafas de sol, flotadores, abanicos y pulverizadores de agua”, recogen en la convocatoria. Están previstas concentraciones similares en los plenos de Arganzuela (9 de junio) y Centro (el día 11).

En la iniciativa a debate en la Junta de Tetuán, de nuevo, las posibilidades legales del Consistorio con este fin son limitadas y la información que tienen en la AFA es que lo máximo a lo que aspiran es a intervenir sobre elementos como la envolvente del edificio, las cubiertas o los patios, plantando árboles o instalando pérgolas. Las perspectivas de que se apruebe, dice López, son buenas. Porque la climatización de las aulas en principio es competencia del Gobierno regional, aunque algunos municipios las han llevado a cabo en sus centros sin, de momento, problemas. Ha sucedido en Torrejón, gobernado por el PP, y en Rivas, donde manda IU.

Dimas, padre de dos niñas de 9 y 5 años en el CEIP Lope de Vega de Carabanchel, es uno de los cientos de padres y madres implicados en la iniciativa Aprender Sin Calor. Vincula su origen a la movilización de 2023, uno de los años más duros con unas altas temperaturas que empezaron ya a finales de abril. “La situación hizo que surgiera un grupo de WhatsApp que nos ha ido dando soporte, aunque es complicado organizar tanta gente. Varias familias se han animado para sacar la web, los perfiles en redes y dar visibilidad, ya que el calor una vez más está apretando cuando las clases siguen a pleno rendimiento. Se han unido AFAs de Madrid y de toda la región porque vemos la dejadez de una Comunidad que no hace nada”.

“Si digo crudamente lo que pienso tenemos que cortar esta conversación”, asevera Dimas. “Opino que es un plan para favorecer lo concertado y lo privado. A nivel administrativo te das contra una pared, porque a la temperatura se unen otros problemas como la falta de gimnasio, instalaciones deportivas o hasta una sala de profesores. Carencias que la Comunidad de Madrid debería resolver, pero no lo hace”.

“No hay ningún plan, ni trienal ni quinquenal, para acometer esto. Van con parche año tras año. La aerotermia ha tardado dos en algunos centros y en otros ni ha llegado. En el Lope de Vega conseguimos la autorización para los toldos con un contrato menor, a instancia del Ayuntamiento (propietario del suelo y mantenimiento). Pero se pasan la pelota con la Comunidad constantemente”, reprocha. No en vano, el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida también ha protagonizado importantes controversias en torno a este tema. Dimas asegura que celebran “reuniones anuales con la Junta de Carabanchel, donde todo son buenas palabras que no se cumplan”. En esta ocasión, dice, ni siquiera se ha producido ese encuentro.

Javier, padre de un niño de 3 años en el CEIP República de Venezuela de Usera, también se ha implicado en Aprender Sin Calor. El República de Venezuela, como el Zuloaga, forma parte de la más de una treintena de colegios e institutos se han sumado a una iniciativa para registrar medidas de temperaturas y síntomas. “En la mayoría de aulas de Madrid la temperatura supera los 30 grados, algo que incumple la normativa laboral”, dice. El Real Decreto 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, fija el rango de temperaturas en puestos de interior entre los 17 y los 27 grados. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) aconseja por su parte mantener los espacios nunca por encima de 26 grados.

En este contexto, donde “no es que a veces haga calor, sino que las olas van a ser cada vez más intensas” (como reflejan informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), “no queda otra opción que preparar nuestros colegios ante la nueva normalidad”. La plataforma Aprender Sin Calor “hereda una movilización que ya existía gracias a Madres por el Clima o Revuelta Escolar”. Así, “conforme crece el descontento se suma más gente”. Para Javier, “frente a un calor que con el cambio climático no va a cambiar y solo va a ir a más, lo inadmisible es que las instalaciones no ofrezcan una respuesta adecuada”.

“La idea de la plataforma surge de que en centros hay familias con experiencia de lucha y demanda en las condiciones climáticas de los centros. Esto ha ido confluyendo hacia una intervención en el pleno de abril de Usera donde tratamos de aunar esfuerzos para la mejora de los espacios en nuestro centro”, narra Sonsoles, madre de una niña de 8 años y otro de 6 en el República de Venezuela. “Nos hemos sumado a otras familias con el mismo diagnóstico y demandas. La plataforma, surgida en las últimas semanas, es prometedora. No es cosa de un colegio, de una familia, es la lucha de todos los centros de Madrid para que consigan las condiciones que merecen”. Califica de “desesperante” tener la sensación de que “tus hijos salen cocidos del colegio”.

Sangrados, cefaleas y miedo a que vuelvan a producirse golpes de calor

“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los principales riesgos para la salud son la inflamación, disfunciones renales y potencialmente la muerte”, recuerda Javier. El sistema MoMo del Instituto de Salud Carlos III ha atribuido un total de 1.180 fallecimientos a las olas de calor en el periodo comprendido entre el 16 de mayo y el 13 de julio de 2025. Esta cifra representa un aumento de más del 1.035% respecto al mismo periodo de 2024, en el que se registraron 114 muertes. “El de la infancia es uno de los colectivos a los que más hay que proteger, sudan menos y son más vulnerables”, recalca. Dimas alerta de que en el alumnado del Lope de Vega se han producido “sangrados nasales y cefaleas habituales estas semanas” y avisa de que “no se puede jugar con que haya que llamar al 112”.

“Queremos que ese plan incluya medidas pasivas de adaptación, como la envolvente térmica con la que cubren edificios de bloques. Es lo más sostenible. También renaturalizar los parques, no pueden ser como los de los ochenta cuando el clima es otro. Una vez hecho eso, si no es suficiente, medidas activas como la aerotermia y otros sistemas de climatización”, cuenta Javier.

Cree que todo ello obedece a “criterios objetivos y transparentes, no pedimos nada que no pida cualquier otro actor como los sindicatos, arquitectos o el propio plan del Ayuntamiento de Madrid”. Dimas tampoco entiende que se autoricen campamentos de verano en recintos que no están preparados para el calor, como el propio Lope de Vega, al que seguirán acudiendo en los meses estivales “unos 80 escolares” frente a los 420 que asisten durante el período lectivo.

La Consejería presume de un aumento del presupuesto

“Un colegio como el nuestro requiere 2,5 millones de euros para adaptarse climáticamente. Después de reclamar nos dieron 300.000”, lamenta Javier. La Comunidad de Madrid destina este curso que acaba 17,8 millones de euros “a mejorar la climatización y reducir los efectos de las altas temperaturas en los centros educativos públicos de la región”, según explicó el Ejecutivo regional en una nota a mitad de mayo. “Esta cuantía supone un incremento del 33% respecto a los 13,3 millones invertidos el pasado año académico y permitirá desarrollar 106 actuaciones orientadas a mejorar el confort térmico en las aulas madrileñas”.

“Si hay si unos 1.900 centros, hablamos de un 5% de intervenciones”, contextualiza Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Giner de los Ríos. Y eso en el mejor escenario (en el que se cuentan las 106 actuaciones a nivel de centro), porque la nota es ambigua en su redacción y habla tanto de las envolventes térmicas de los edificios o las cubiertas como de la compra de “unidades de refrigeración evaporativa de bajo consumo, que permiten un descenso de entre 8 y 11 grados sobre la temperatura de la estancia”.

Estas últimas actuaciones solo tienen impacto a nivel de aula. En aquella nota la Comunidad adelantaba por dónde va su política para mitigar el calor: “Los centros educativos también pueden tomar medidas en los días de calor como adaptar el horario a las circunstancias meteorológicas y hacer cambios en las actividades físicas y sus horas de realización, evitando el ejercicio intenso y extremando las precauciones en las salidas al patio en los momentos más calurosos del día. Asimismo, tienen la posibilidad de revisar las actividades complementarias y extraescolares para evitar que se hagan en lugares expuestos al sol”, proponía.

Zarzalejo destacó en su acto del martes que la Comunidad de Madrid ha instalado, con una inversión de 18 millones de euros, unidades enfriadoras en las instalaciones con suelo radiante y unidades adiabáticas de reducción de temperaturas para aquellos centros que carecían del recurso. “Estamos haciendo todo dentro de ese plan de inversión que tenemos en climatización estamos haciendo todo lo posible y yo creo que estamos invirtiendo muchísimo dinero en esto, pero no se puede pedir que tapemos el sol con un dedo”, zanjó la consejera.

La salud, la educación y el trabajo, derechos en juego

En paralelo, la vertiente laboral comienza a agitarse también desde sectores sindicales. La Federación de Educación de Comisiones Obreras de Madrid ha presentado una denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social después de constatar que numerosos centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid registran “temperaturas incompatibles con unas condiciones adecuadas de trabajo y aprendizaje”. Para Comisiones se trata de “un problema estructural, no una anomalía puntual”. Recuerdan que Inspección de Trabajo ya emitió requerimientos a la Consejería de Educación por denuncias presentadas en 2018 y en 2022. Una nueva actuación de inspección, entre 2025 y 2026, volvió a exigir medidas a la Comunidad de Madrid. “Los centros educativos siguen registrando, pese a todo, temperaturas que incumplen los límites establecidos por la prevención de riesgos laborales”, lamentan.

Las mediciones, efectuadas por delegadas y delegados de prevención durante las primeras horas de la jornada escolar, alcanzan hasta 35 grados en algunos centros antes incluso de que lleguen las horas más cálidas del día. La cifra se da en el IES Juan de la Cierva de Arganzuela. La organización ha registrado mediciones que superan los 30 grados desde primera hora en centros de Madrid capital (IES Vista Alegre, CEIP Alhambra o Colegio Raimundo Lulio), Getafe, Leganés, Parla, Alcobendas, Casarrubuelos y Mejorada del Campo.

Javier rescata el artículo 111 de la Lomloe para poner sobre la mesa que no hay un efecto únicamente sobre el derecho a la salud, sino también contra el derecho a la educación: “Los centros deben adaptarse a las consecuencias del cambio climático o vulnerarán la legislación. Los profesores son los primeros que lo sufren”, concluye. Para Sonsoles, los cambios llegarán aunque el equipo de Ayuso escurra el bulto: “Tarde o temprano habrá medidas de calado porque se incumplen los derechos laborales. Además, es difícil que esto se apague en centros con fuerte tejido de familias que vamos a estar mínimo nueve años. Es tiempo suficiente para acumular indignación y movilización. Queremos acciones pensadas porque nuestros hijos van a pasar mucho tiempo y después vendrán otras familias. Conservamos esperanza en que las dos administraciones planteen algo realista, pero pensado y planificado. Despacito, pero lo lograremos”.

Mujeres obligadas a tener sexo durante 12 horas sin descanso. Prostíbulos camuflados entre pisos de alquiler. Amenazas religiosas, deudas inasumibles o embarazos indeseados. Todo con tal de que escapar parezca una misión imposible. El pasado mes de abril, la Policía Nacional desarticuló dos redes de trata instaladas en distintos puntos de Madrid: una en Tetuán y la otra, en Ciudad Lineal. En esta última, de hecho, era una adolescente de 15 años quien ejercía de recepcionista, llegando a atender hasta a 100 clientes diarios por llamada telefónica.

Como resultado de ambas operaciones se ha detenido a once personas acusadas de delitos de trata, blanqueo de capitales y organización criminal. Las pesquisas comenzaron en octubre del año pasado, cuando los agentes recibieron la denuncia de una de sus víctimas. La mujer explicó que había sido engatusada para viajar desde su país de origen y, luego, obligada a prostituirse o tener sexo sin protección, siempre a gusto del cliente. Para retenerlas y evitar que escaparan las coaccionaban con santería, amenazas con ritos oscuros y supuestos maleficios, provenientes de esta religión afrocaribeña.

En muchos casos, podían ser explotadas sexualmente durante 12 horas sin descanso. Aunque las dos redes desmanteladas son independientes entre sí y con distintos cabecillas, en ambos casos estaba prohibido abandonar los pisos. No fue hasta el pasado mes de abril que los agentes lograron entrar en los domicilios y liberaron a cuatro víctimas.

“Las organizaciones criminales que estamos detectando suelen alquilar viviendas, ya sea a su propietario o subarrendándolas a un tercero. Estos pueden ser o no conscientes de las actividades que se llevan a cabo en sus pisos pero, en estos casos, la ley no exige responsabilidades para el dueño”, detalla Víctor de las Heras, jefe de la Sección de Investigación de la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid y una de las personas a cargo de esta operación.

Coacciones con santería y sexo sin protección

Además de la primera víctima que acudió a ellos, una segunda afectada contactó con ellos para denunciar lo que ocurría en otro prostíbulo de Madrid, con un modus operandi similar. En su caso, afirmaba que todo empezó cuando una conocida le incitó a subir contenido sexual a una página web erótica, donde compartió una foto desnuda a un hombre que le ofrecía empleo. Eso sí, como “trabajadora sexual”.

La denunciante ha llegado a trabajar en tres domicilios distintos durante doce horas sin pausa. Solo podía descansar durante la noche, y con cuidado de no despertar a los vecinos. “Si alguna víctima tenía intención de abandonar el negocio, eran coaccionadas y amenazadas con desvelar su identidad y a qué se dedicaban”, reza el comunicado policial que informa de las detenciones, difundido este lunes.

Los clientes accedían al domicilio con un código para abrir la puerta y tenían bonos con ofertas que se podían utilizar sin límite de tiempo. En este caso, los agentes efectuaron tres entradas y registros en los domicilios utilizados como prostíbulo y pudieron liberar a tres mujeres.

“Somos personas que acompañan desde el respeto, el cuidado y la justicia racial”. Así comienza el decálogo de cuidados antirracistas que están manejando los voluntarios de los distintos nodos de la Asamblea Antirracista por la Regularización de Madrid mientras ayudan a las personas susceptibles de optar a la regularización extraordinaria para personas migrantes en marcha. La fecha límite expira el próximo 30 de junio.

La medida, recordemos, fue anunciada como un acuerdo entre el gobierno y el grupo parlamentario de Podemos y su impulso corresponde a la plataforma Regularización Ya, que puso en pie una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 800.000 firmas.

“Nos hemos organizado por distritos para acompañar el proceso a través de más de 30 puntos de información y acompañamiento en la Comunidad de Madrid”, explican desde la propia Asamblea Antirracista por la Regularización de Madrid.

La asamblea está conformada por más de 60 colectivas migrantes y antirracistas, centros sociales, sindicatos, cooperativas, asambleas populares, organizaciones vecinales, grupos de madres y padres de familia, periodistas, abogados, negocios, redes de apoyo a personas migrantes u organizaciones no gubernamentales.

“Nos hemos encontrado con dificultades por tener que hacerla contrarreloj, dado que el 30 de junio finaliza este periodo extraordinario y que su inicio ha estado marcado por una falta de previsión que ha condicionado la puesta en marcha de algunas entidades y colectivos”, plantean. El suyo es un trabajo que, recuerdan, debería estar garantizado por las Administraciones Públicas“.

Pero el trabajo se ha llevado a cabo en equipo y de manera descentralizada. “La asamblea antirracista de Madrid pidió a activistas que se organizaran por barrios para poder ofrecer acompañamiento gratuito a todas las personas interesadas y que nadie se quedara fuera de la regularización”, explican desde el nodo de Tetuán, que ha elaborado una completísima guía de puntos de información que aparecen listados al final del texto (y cuyo mapa ilustra este artículo).

Para que se pudiera llevar a cabo el trabajo de los nodos, desde la Asamblea Antirracista de Madrid han organizado una formación sobre la regularización y elaborado una guía de acompañamiento que va perfeccionándose a medida que los voluntarios van detectando necesidades que incluir en la misma.

“Nos hemos coordinado para abrir puntos de información en horarios de tarde y fin de semana con la intención de complementar la labor de las entidades colaboradoras del barrio que abren sólo en horario laboral”, explican desde Tetuán. Allí, existen cuatro puntos de información: el CSOA La Enredadera. Espacio Bellas Vistas, Lorenzana Espacios Comunes y Circulo Tetuan (Podemos), que están en permanente comunicación.

“En los puntos, lo más importante es dar la información ordenada porque hay mucha desinformación, revisar la documentación necesaria y ordenarla de manera que cubra los requisitos de la regularización. Y, cuando se necesita algún documento o trámite extra, realizar la derivación oportuna a entidades colaboradoras amigas, al servicio jurídico de la asamblea o a traductores jurados que han ofrecido sus servicios de manera gratuita o precio muy reducido para las personas que deban traducir sus documentos. Desde los puntos de información se acompaña también en la obtención de citas para entregar el expediente, aclarar cuándo y cómo se pagan las tasas, y acerca del proceso que viene después de entregar el expediente, así como para la renovación posterior”, detallan desde el nodo del distrito.

La red es tupida porque no emerge de la nada. Varias de las organizaciones participantes han sido parte activa en la demanda por la Regularización Extraordinaria desde 2020 y militan en la regularización como parte de una agenda política más amplia.

El Real Decreto de regularización se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 16 de abril. Está dirigido a personas que se encuentran en nuestro país desde antes del 1 de enero de 2026 y puedan acreditar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses en el momento de la solicitud. Seguramente, los activistas tendrían muchas cosas que decir a propósito de cómo se está desarrollando el proceso, pero priorizan una petición: “que se difundan los recursos para que nadie se quede fuera”.

Después de 27 años en el barrio, la cooperativa ecológica Ecosol se enfrenta a su primer intento de desahucio. Una frase directa porque la realidad, cuando es lacerante, no se lleva bien con los circunloquios.

El próximo viernes 29 de mayo está previsto el desalojo de su local en la calle Salvia después de un largo proceso de negociación y lucha de los cooperativistas por no marcharse, que comenzó cuando en 2024 el fondo Elix Rental Housing compró el edificio entero en el número 1 de la calle. Se espera que no sean pocos los vecinos que se acerquen ese viernes a la puerta del local a las nueve e la mañana para intentar que el desahucio de la cooperativa ecológica no se lleve a cabo.

Ecosol es una cooperativa de consumo ecológico que lleva desde 1999 reuniendo a vecinos concienciados con la producción de proximidad y ética. Después del fallecimiento de la casera del edificio en 2020, Salvia 1 se convirtió en un cromo dentro del catálogo de activos de inmobiliarias y fondos de inversión. La dueña de toda la vida se lo legó a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que lo vendió a Apolo Real State S.L. Luego, pasó a formar parte del catálogo de activos de Intedisa y finalmente recayó en Elix. Desde Ecosol subrayan el papel de la Iglesia Católica. “Una orden religiosa eligió lucrarse y no es un hecho puntual, hemos visto recientemente lo mismo con el desahucio de Mariano en el centro y la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís”, cuentan .

Con Elix empezó la ronda de notificaciones de rescisión y no renovación de contratos a los inquilinos. Muchos de los vecinos–la mayoría llevaban décadas, con rentas modestas– comenzaron una estrategia de resistencia de la mano del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Salvia 1 se llenó de pancartas manufacturas por vecinos y vecinas pero la protesta se agotó pronto en este caso y los inquilinos aceptaron marcharse a cambio de exiguas cantidades de dinero. No sucedió lo mismo con la cooperativa Ecosol, que continuó adelante con la lucha por permanecer en el local en el que llevaban ya un cuarto de siglo, pese a que la nueva propiedad empezó las obras de reforma del edificio.

Decidieron seguir pagando su alquiler en el juzgado, aunque la sociedad no quisiera aceptar los pagos. Se reunieron con Elix en distintas ocasiones. “Pero nunca se avinieron a buscar una solución”, explican desde la cooperativa. Afrontaron el juicio con la nueva sociedad cuando venció el contrato y no se quiso renovar, que se celebró el pasado 17 de julio con poca suerte para los cooperativistas.

Era la primera vez que Elix llegaba a juicio, aunque ya había salido en los papeles antes por el conflicto con distintos grupos de vecinos de los bloques adquiridos por el fondo. El nombre de la sociedad también se hizo conocido por operar junto a la empresa AltamarCAM Partners, una entidad presidida por Claudio Aguirre, primo segundo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. El conflicto urbanístico más mediático en el que se han visto envueltos es el de Tribulete 7, en Lavapiés.

“Después del juicio, presentamos una apelación ante el juzgado pero no prosperó y todo ha ido muy rápido, al parecer cuando hablamos de locales los plazos son distintos”, explican con pesar desde Ecosol.

Los pisos de Salvia 1 ya están prácticamente remodelados. Aunque los miembros de la comunidad de Ecosol no saben a ciencia cierta cuál será su destino miran a su alrededor e imaginan lo peor. “Podrían ser apartamentos turísticos, aunque no lo sabemos. O coliving, como el que hay al otro lado de Bravo Murillo. En el barrio se hacen cosas para nómadas digitales, para turistas…desde luego no será para las vecinas ni para una cooperativa con casi treinta años en el barrio como nosotros”, dicen con pesar desde Ecosol y recuerdan la resposabilidad del Ayuntamiento de Madrid al respecto.

Explican que cuando un proyecto como el suyo se ve abocado a cerrar se pierden más cosas de las que uno podría imaginar en principio. “En primer lugar, un puesto de trabajo, pues hay una persona contratada. Además, la relación comercial con pequeños agricultores como aquellos con los que trabajamos nosotros, por ejemplo en La Vera”. Desde luego, se pierde un importante nodo de vecindad.

A pesar de la complicada situación en la que llevan envueltos dos años, la cooperativa nunca ha dejado de funcionar. “La semana que viene haremos pedido”, dicen. Tampoco han dejado durante todo este tiempo de explorar alternativas, pero se han dado de bruces con la realidad inmobiliaria del barrio y la dificultad de alquilar un local. “Nosotras somos una cooperativa sin ánimo de lucro”, recuerdan. Aunque tienen alguna cámara y necesitan espacio de almacenaje para productos no perecederos, están en conversaciones con entidades del barrio para compartir espacio.

En todo caso, la próxima parada es el viernes 29 de la mano del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. “Este fin de semana estaremos en la Fiesta de la Primavera de La Huerta de Tetuán informando a los vecinos y animándolos a venir ese día”, explican, recordando que la capacidad de lucha de los cooperativistas de Ecosol es, a estas alturas, un hecho probado.

Esta mañana, Jostin ha sido desahuciado de su casa en el número 22 de la calle de las Azucenas. El edificio se ha convertido, a fuerza de resistencia colectiva, en un auténtico símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda en el distrito. Organizado en torno al Sindicato de Vivienda de Tetuán, este edificio de vecinos ha frenado hasta en 11 ocasiones las órdenes de lanzamiento que amenazaban con vaciar sus hogares. Esta misma semana se han paralizado temporalmente cinco desahucios de casas pertenecientes a Sareb (el “banco malo”).

El caso de Jostin se aventuraba complicado porque afrontaba hoy su tercer intento de desahucio. Era diferente al de otros pisos del mismo edificio. Aunque el piso de Jostin pasó a la Sareb, como otros de Azucenas 22, salió luego a subasta y fue adquirido por un particular, que no ha querido negociar con el Sindicato de Vivienda de Tetuán e incluso envió a una empresa de desokupación.

Los activistas denuncian que, inexplicablemente, el proceso legal que ha desembocado en el desahucio de esta mañana tenía como protagonista a la primera empresa que ejercía de casero y no a su actual propietario.

La cita de la convocatoria, a las puertas de la casa, era a las siete de la mañana. Pese a la afluencia de activistas el portal amaneció acordonado. Posteriormente, el Sindicato de Vivienda de Tetuán intentó sin éxito mediar con la comisión judicial.

Desde el sindicato señalan a Sareb por desprenderse del piso con una persona viviendo dentro. Jostin, según denuncian, podría haber sido víctima de un fraude inmobiliario junto con el resto de afectados de Azucenas 22, pues presuntamente la empresa quebrada Urboclass habría seguido cobrando los alquileres una vez los pisos pasaron al catálogo de Sareb.

El Sindicato de Vivienda de Tetuán lleva un año y medio organizándose con los vecinos de al menos siete viviendas del edificio. Ayer convocaron a distintos grupos de vivienda y a vecinos en el edificio para comenzar una nueva etapa en la que, además de evitar desahucios, intentarán negociar colectivamente alquileres sociales con Sareb.

El número 22 de la calle de las Azucenas, muy cerca de la vieja Casa del Pueblo de Tetuán, hay un bloque de ladrillo anaranjado. Su aspecto anodino, intercambiable con el de muchos otros edificios levantados en los dos miles, no hace suponer que en su interior se escenifica el drama más acuciante de nuestros días: el problema de la vivienda.

Este martes, 19 de mayo, estaba previsto el lanzamiento de cinco desahucios a manos de la Sareb (el conocido como banco malo). De momento, han sido parados gracias a las gestiones del Sindicato de Vivienda de Tetuán, que lucha de la mano de algunos vecinos del bloque para no ser desahuciados.

Desde el sindicato explican el problema del edificio. “Todos los afectados del bloque tienen pisos que originalmente pertenecían a la misma empresa inmobiliaria, Urboclass”. Esta empresa quebró, pero, según explican los activistas, siguió cobrando el alquiler a los inquilinos a pesar de no ser ya propietaria de los pisos, que pasaron a manos de Sareb. Hoy, se encuentran ya en fase de ejecución hipotencaria.

Pese a haberse parado los desahucios del martes, queda pendiente otro en el mismo edificio el día 20 de mayo –la cita es a las 7 de la mañana– porque, aunque el piso también pasó a la Sareb salió luego a subasta y fue adquirido por un particular. Justin, que es quien lo habita, se enfrenta a su tercer intento de desahucio y el Sindicato de Vivienda de Tetuán ha lanzado una convocatoria pública para que la gente acuda a su portal desde primera hora de la mañana.

Curiosamente, quien desahuciaría el día 20 no es el nuevo propietario “sino la empresa que era la anterior propietaria”, explican. Una situación de difícil comprensión para los propios activistas, que entienden es ilegal. “Hemos tratado de negociar con el nuevo propietario, pero no ha accedido y, en cambio, mandó a una empresa de desokupación. Esto llevó, incluso, a que nuestro compañero fuera detenido y retenido dos días por enfrentarse a estos matones”, explican desde el grupo de vivienda.

Pese al galimatías, desde el Sindicato de Vivienda de Tetuán consideran que Sareb también tiene responsabilidad en el intento de desahucio de su compañero “por vender la vivienda con alguien dentro, sobre todo en una situación de estafa”. Justin, según explican desde el Sindicato de Vivienda de Tetuán, se encuentra cansado pero con ánimos. “Son varios años de incertidumbre, es una situación complicada, pero esa rabia y frustración acumulada se ha ido convirtiendo en ganas por organizarse”, explican.

El Sindicato de Vivienda de Tetuán lleva entorno a un año y medio trabajando con los afectados de Azucenas 22. “Son siete pisos dentro del bloque organizados de forma constante y algún vecino más que aparece de vez en cuando”, explican desde el grupo de vivienda. Ya sea en el juzgado o en la puerta, han conseguido parar once desahucios del bloque hasta hoy.

Azucenas 22 fue una de las paradas de la manifestación que el pasado 28 de marzo recorrió el distrito de Tetuán bajo el lema “Contra el negocio de la vivienda y sus matones, organización de clase”. Convocada por el mismo Sindicato de Vivienda de Tetuán, congregó también la adhesión de gran parte del tejido ciudadano del distrito, para el que el de la vivienda es ahora mismo el tema central.

El martes 19 de marzo se producirá a las siete de la tarde un encuentro en el mismo bloque en lucha. Desde el sindicato quieren que se convierta en un punto de inflexión, “para pasar a la ofensiva. Ya hemos parado once desahucios y queremos conseguir contratos y alquileres sociales para los inquilinos de Sareb que hay en el bloque”, dicen. También recuerdan que la jornada de reivindicación forma parte de la preparación de la manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y una decena de colectivos sociales el próximo 24 de mayo. Durante la tarde del 19, contarán con activistas de otros grupos con experiencia en tratar con la Sareb, planificarán juntos los próximos pasos y elaborarán pancartas.

Sareb, popularmente conocida como el “banco malo”, quiere decir Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria. Se trata de una entidad creada en 2012 para gestionar y vender los activos considerados problemáticos de las antiguas cajas de ahorro y sus filiales, que habían recibido ayudas públicas. Por aquel entonces, se hablaba de activos tóxicos y rescate. Aunque nació mayoritariamente participada por el sector bancario y asegurador, en 2022 el Estado, a través del FROB, tomó el control de la sociedad después de que Bruselas le obligara a asumir como propia toda su deuda.

Los desahucios de pisos propiedad de la Sareb han sido frecuentes, como también los laberintos legales relacionados con empresas quebradas que, con cierta frecuencia, han engañado a sus inquilinos antes de que sus pisos entraran a formar parte de la cartera de Sareb. Hace ya años que distintos colectivos por la vivienda crearon el llamado Plan Sareb, una campaña de dimensión estatal encaminada a conseguir regularizaciones de los contratos a través de negociaciones colectivas.