El Gobierno de Navarra, a través del Servicio de Reinserción, Mediación y Justicia Restaurativa de la Dirección General de Justicia, ha puesto en marcha un programa piloto de responsabilización del daño dirigido a menores de 14 años que han cometido delitos. Estas personas son penalmente inimputables, por lo que este proyecto, realizado en colaboración con la Asociación Educativa Berriztu, tiene por objetivo cubrir ese vacío mediante un modelo que busca ofrecer una respuesta educativa centrada en la prevención y en la reparación del daño causado a la víctima, según ha informado el Gobierno de Navarra en una nota que ha recogido Europa Press.

El programa piloto se fundamenta en tres ejes principales: la responsabilización temprana, por la que se ayuda a la persona menor a comprender las consecuencias de sus actos sobre los demás; la reparación integral, para facilitar procesos de mediación o encuentro donde puedan realizar acciones que compensen el daño, ya sea material o moral, y la intervención comunitaria, para evitar que el conflicto escale o se cronifique, integrando a la familia y al entorno escolar en el proceso educativo.

De entre los beneficios que se esperan de este programa para los menores se encuentran la reducción de las conductas disruptivas y agresivas, la adquisición de herramientas para resolver conflictos de forma no violenta, el fortalecimiento de la autoestima y el establecimiento de vínculos positivos con respecto a los adultos. En cuanto a las familias, se prevé una mejora en la gestión de conflictos intrafamiliares y un refuerzo de la comunicación con sus hijas e hijos, entre otros.

Por otra parte, en cuanto a la comunidad en general, se pretende mejorar la cohesión social mediante las prácticas restaurativas, reducir los conflictos vecinales, fortalecer el rol de la escuela como agente restaurativo e implicar a la ciudadanía en la prevención y reparación.

Para el desarrollo del proyecto, la Dirección General de Justicia colabora con la Asociación Educativa Berriztu, que analizará los casos derivados, la realización de entrevistas diagnósticas y la mediación directa entre las partes implicadas. Para ello, trabajará en red con otros servicios sociales y educativos, solicitando la información necesaria para diseñar itinerarios personalizados que garanticen una intervención eficaz y respetuosa con los derechos de los menores. Este estudio servirá para evaluar la viabilidad de implantar este modelo de forma permanente en Navarra, ya que los datos obtenidos permitirán medir el impacto de la justicia restaurativa en la reducción de la reincidencia y en la satisfacción de las víctimas.

La Policía Nacional ha detenido en Pamplona a un hombre como presunto autor de seis delitos de quebrantamiento de condena después de haber incumplido la medida que le impedía entrar en recintos deportivos interpuesta por un juzgado de Burgos.

El hombre había sido detenido en 2022 en la dicha ciudad después de un enfrentamiento violento entre varios grupos ultra, que se habían desplazado allí por el encuentro entre los equipos Burgos CF y el Real Zaragoza. En concreto el detenido pertenecería a Indar Gorri en el momento de los hechos, según ha informado la Policía Nacional en una nota.

A raíz de estos incidentes, la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Navarra participó en la investigación conjunta realizada por las brigadas de información de Aragón, Castilla y León, La Rioja y Madrid, bajo la coordinación de la Comisaría General de Información. Una vez finalizada la fase de instrucción, se hizo cargo del enjuiciamiento del asunto el Juzgado de lo Penal número 3 de los de Burgos, dictando sentencia condenatoria contra varios implicados, entre ellos, el ahora detenido.

Las penas impuestas como autor de un delito de Desórdenes Públicos fueron: 4 meses y 15 días de prisión (actualmente suspendida), inhabilitación para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo por idéntica duración a la pena de prisión y la “prohibición de acceder a estadios deportivos de cualquier categoría, con ocasión de la celebración de actividades deportivas” por un periodo de 2 años, 4 meses y 15 días. La sentencia condenatoria es firme.

A finales de 2025 se detectó que el detenido estaba compitiendo en eventos de boxeo, participando en varias veladas en grandes recintos desde que se le impuso la medida. Por ello, ha añadido la Policía, fue detenido como presunto autor de seis quebrantamientos de condena por participar en eventos en Segovia, Bilbao, Amorebieta, San Sebastián, Huarte y Falces, incumpliendo en todos los casos la prohibición.

La exdirectora general de Universidades y Recursos Educativos del Gobierno de Navarra en la legislatura 2015/2019, Nekane Oroz, ha insistido este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento foral que tres auditorías externas han “avalado” la adjudicación que ella firmó en el año 2018 a la UTE de Acciona con Alegure, una empresa hermana de Servinabar 2000 sin estructura ni trabajadores, para la construcción del colegio público de Arbizu.

Oroz, que ha asegurado que no tuvo conocimientos de esa mercantil hasta leer el expediente de la mesa de contratación, ha defendido que la adjudicación no respondió únicamente a la oferta económica, como señaló la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), sino que también a criterios técnicos como los plazos de obra.

La obra para la construcción de este centro escolar es el único contrato que el Ejecutivo navarro adjudicó a la empresa Alegure. Alegure estaba domiciliada en el mismo lugar que Servinabar 2000, la pretendida pieza central de la trama y en la que, supuestamente, el exdirigente socialista Cerdán tenía intereses y participación a pesar de que el único administrador nominal era su amigo Alonso. Alegure se compone en un 96% de Servinabar 2000 y el 4% de Uribene, una entidad controlada por el empresario vasco Iñaki Alzaga, de Grupo Noticias, Euskaltel o Nortegás, entre otras. En las antiguas oficinas de Servinabar 2000, ya desmanteladas después de que trascendiera esta investigación, no había ningún rastro de esta otra empresa.

Fue adjudicataria de esta obra en UTE con Acciona, como solía operar Servinabar 2000. Conformaron la UTE denominada CPEIP Arbizu específicamente para esta obra. Se impusieron en un concurso abierto pero que tuvo carácter “de urgencia” a Río Valle, EBA, Erri-Berri y Murias. En la parte técnica EBA tenía una propuesta que fue ligeramente más valorada, pero en la oferta económica la de Acciona y Alegure era claramente la mejor.

De hecho, incluido el modificado, el total facturado por la obra del colegio, que ya está operativo, no supera los 3.563.706,28 de tope máximo previsto por la Administración inicialmente. Se quedó en exactamente 3.268.137,37 euros. Es también más bajo que cualquiera de las otras ofertas del concurso. EBA, por ejemplo, propuso 3.314.596,22 euros. En la UTE Acciona tenía un peso del 75% y Alegure del 25%, pero estos porcentajes se cambiaron posteriormente en escritura pública y Acciona pasó a tener el 99% de las participaciones y Alegure únicamente un 0,01%. Nekane Oroz ha asegurado que nadie le informó de esta circunstancia. “Mi labor es la coordinación y supervisión de los informes y la firma de las resoluciones”, ha afirmado.

La tramitación de esta adjudicación se hizo en la legislatura 2015-2019, con Uxue Barkos de Geroa Bai como presidenta y María Solana, de esa coalición y, en concreto, del PNV navarro, como consejera responsable. Todos los pasos del concurso los supervisó una mesa de contratación encabezada por el director del Servicio de Infraestructuras Educativas de Navarra. El modificado, en cambio, lo firmó ya el Ejecutivo de María Chivite, con Carlos Gimeno al frente de Educación. De hecho, consta en el expediente que el anterior equipo aceptaba dar más plazo pero no más dinero y que las empresas recurrieron y lograron esa compensación adicional.

La exdirectora general ha apuntado que ella únicamente autorizó una ampliación de plazo de ejecución de las obras y que respondió a un informe elaborado por la dirección facultativa en el que se exponía que “habían surgido algunos problemas con la red de pluviales durante las obras”. “Era un informe muy exhaustivo”, ha aseverado, para añadir que se les dio dos meses más de plazo “sin coste añadido”.

La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, ha avanzado este martes que planteará a sus socios de Gobierno, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre), una “posible” deflactación del IRPF ante la inflación provocada por la guerra de Irán. El Ejecutivo foral aprobará este miércoles un primer paquete de medidas dirigido a particulares y empresas para paliar los efectos de la escalada de precios.

“Vamos a seguir monitorizando, porque no solo van a ser las medidas que se aprueben este miércoles. También queremos llevar otro tipo de medidas que vamos a negociar también con los socios de Gobierno”, ha subrayado la presidenta de Navarra, quien ha añadido que entre esas medidas estará la posible deflactación fiscal.

“Esto será un elemento de negociación, viendo la evolución y viendo también cómo nos afecta el incremento de los precios de cara a la mesa de fiscalidad”, ha manifestado.

Por otro lado, en cuanto al destino del superávit de 2024, ha indicado que “se han puesto en común las peticiones de los distintos consejeros y consejeras, se han puesto en común también las peticiones de los propios socios de Gobierno y hay bastante coincidencia en las peticiones”.

“Veremos qué es lo que cabe en este plan de inversiones, teniendo en cuenta también que habrá un nuevo plan de inversiones con el superávit que tengamos del 2025, que todavía no tenemos las cifras definitivas”, ha indicado.

En respuesta a los periodistas, ha señalado que previsiblemente no habrá noticias al respecto hasta el miércoles 15 de abril, ya que el miércoles de la semana que viene no habrá sesión de Gobierno ordinaria debido a la Semana Santa.

El exgerente de la sociedad pública navarra de vivienda Nasuvisa Alberto Bayona ha admitido este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre el 'caso Koldo' que mantuvo varias reuniones con el empresario guipuzcoano Antxon Alonso, si bien ha negado cualquier “relación laboral o contractual” con Servinabar 2000, la mercantil propiedad también de Santos Cerdán que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la trama de corrupción por funcionar supuestamente como el vehículo para el cobro de comisiones ilegales.

Según ha detallado Alberto Bayona, los contactos con Antxon Alonso, que no ha sabido cuantificar, se produjeron tras su salida de la empresa pública de vivienda en el año 2023, es decir, después de que el Gobierno de Navarra adjudicase a Servinabar 2000, en UTE con Acciona, el contrato para la construcción de 46 viviendas de protección oficial en el barrio de Erripagaña en 2022. El exgerente de Nasuvinsa ha enmarcado esos encuentros en su actividad profesional tras su salida de la empresa pública. Según ha explicado trabajaba para una empresa en el análisis de parcelas de uso residencial que pudiesen ser de interés para promotores para la gestión de proyectos.

“Tuvimos un encuentro casual en la calle, él me preguntó cuál era mi actividad y le expliqué que estaba analizando unas parcelas para ver si podían ser de interés para promotores. Él estaba interesado en unas parcelas, pero no se llegó a concretar nada”, ha señalado Alberto Bayona sobre sus reuniones con Antxon Alonso. “No he cobrado nada de Servinabar 2000”, ha aseverado.

El exgerente de Nasuvinsa ha negado también haber tenido relación con Santos Cerdán o Koldo García y haber desarrollado algún tipo de actividad incompatible con su cargo como gerente en Nasuvinsa. Asimismo ha asegurado desconocer que Cerdán era accionista de Servinabar.

La sociedad pública Nasuvinsa adjudicó dos lotes de VPO a la UTE de Acciona y Servinabar 2000, uno de 62 viviendas en el año 2018 y otro de 43 en 2022, los dos en el barrio de Erripagaña. La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra detectó algunas “irregularidades” en el proceso de esas adjudicaciones como la inexistencia de actas de las reuniones que mantuvo la mesa de contratación.

La Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) ha remitido a los ayuntamientos de la Comunidad foral una “ordenanza tipo” para exigir un impuesto sobre las viviendas deshabitadas. De esta forma, cada municipio podrá desarrollar su propia normativa para “movilizar” la vivienda sin habitar y “ampliar la oferta disponible”.

El objetivo de la medida, según ha afirmado su presidente, Xabier Alcuaz, es que los ayuntamientos dispongan con una herramienta jurídica “sólida, clara y adaptable que permita a cada municipio desarrollar su propia ordenanza conforme a su realidad y a sus decisiones”.

Además, la Federación ha remitido una circular informativa a los consistorios sobre cómo se aplicaría este impuesto, de forma que quede claro “el marco legal, los pasos necesarios para su puesta en marcha y facilitar la labor de los ayuntamientos en una materia de notable complejidad técnica”. En la circular figura que el impuesto sobre viviendas deshabitadas “tiene carácter obligatorio en la Ley Foral de Haciendas Locales, si bien su exacción efectiva requiere la aprobación de la correspondiente ordenanza municipal”.

Alcuaz ha instado a los ayuntamientos a que tramiten, aprueben y desarrollen esta herramienta legal que, a su entender, puede ser “un instrumento útil dentro de una política local de vivienda más amplia”. El presidente de la FNMC ha señalado que cada ayuntamiento decidirá el alcance de este impuesto según los rangos que fija la normativa. Así, el primer año va del 0,25% a un 0,50%, el segundo de un 0,50% a un 1% y, a partir del tercero, el 1,5%. La Federación, ha insistido, “no dirá qué tipo tiene que poner cada entidad local, ni si tiene la obligatoriedad” de aplicarlo, sino que recurrir a este impuesto dependerá de la “voluntariedad” de cada entidad local.

Por otro lado, ha llamado al Gobierno de Navarra a “garantizar un aporte automatizado, actualizado y continuo” de la información de Registro de Viviendas Deshabitadas, como un “paso imprescindible para poder implementar luego de forma práctica estas ordenanzas”. Puesto que este impuesto “solo puede aplicarse a viviendas que hayan sido declaradas deshabitadas por el Departamento y que figuren, inscritas en el Registro de Viviendas Deshabitadas”.

La Federación Navarra de Municipios y Concejos va a organizar talleres formativos dirigidos tanto a personal técnico como político de las entidades locales, “reforzando, si es necesario, los recursos ya previstos en los presupuestos de 2026 y recurriendo también a la asistencia técnica para poder abordarlo con solvencia”.

Estos talleres abordarán cuestiones como las viviendas deshabitadas, la rehabilitación, las viviendas colaborativas, las zonas de mercado tensionado, el plan de vivienda rural o “experiencias concretas desarrolladas en el sector local”. “Queremos que las medidas anunciadas no se queden en el papel y que la vivienda sea abordada como una prioridad pública compartida desde la cooperación institucional y desde el reconocimiento del papel que juegan ayuntamientos y concejos”, ha destacado Alcuaz, quien ha subrayado que la organización quiere “contribuir a esa tarea con seriedad, con propuestas útiles y con la voluntad de acuerdo”

El consejero navarro de Salud, Fernando Domiínguez, ha confirmado este lunes que su departamento ha dejado fuera del texto de la nueva ley foral de Salud, cuya tramitación se espera que comience en junio en el Parlamento navarro, la propuesta para reformar las urgencias rurales que incluía el cierre por las noches de varios de estos servicios ante la escasez de facultativos. La semana pasada EH Bildu anunció un acuerdo con el Ejecutivo para “desbloquear” la tramitación de esta nueva norma, que sustituirá a una de 1990, pero este lunes ha insistido en que todavía se tendrán que negociar otros puntos de la ley para alcanzar un acuerdo para su aprobación.

“Lamentablemente, tengo que ser realista, y esa propuesta no tiene el consenso que necesita, porque tiene que pasar por el Parlamento”, ha explicado el consejero. “No tiene el consenso a nivel político, no lo tiene tampoco a nivel de los profesionales, aunque es verdad que algunos profesionales, a título individual, me han hecho saber que estaba de acuerdo, e incluso más de lo que yo esperaba, y tampoco tenemos el consenso a nivel municipal. Aunque en algunas reuniones que hemos hecho con alcaldes han entendido la reforma y la necesidad de esa reforma, también es verdad que nosotros entendemos que transmitirlo a la población a veces es costoso”, ha añadido.

El principal partido de la oposición, UPN, ha celebrado que la propuesta de reforma de las urgencias rurales haya quedado aparcada por el momento. “Cuando el Gobierno escucha a UPN, acierta. Las intenciones del Gobierno eran cerrar urgencias rurales en muchas localidades de Navarra, nos opusimos y exigimos que no se hiciera”, ha dicho, para comentar que “hemos cumplido el objetivo, por lo tanto, satisfechos; no se va a cerrar ningún centro de urgencias en Navarra”, ha señalado Javier Esparza.

EH Bildu, por su parte, ha destacado que el acuerdo que anunciaron el viernes para “desbloquear” la tramitación de la ley a cambio de que se incluyeran varias de sus propuestas como la de eliminar la propuesta de convertir Osasunbidea en un “ente público empresarial” no implica que la negociación “haya terminado”. “Se ha superado un bloqueo en cuestiones de fondo pero a negociación no ha terminado. Podremos negociar, estudiar, hablar y, en su caso, acordar otra serie de cuestiones”, ha indicado el portavoz de la coalición abertzale Mikel Zabaleta.

Nuevo mapa sanitario

Una de las novedades del anteproyecto de ley foral es la ordenación del nuevo mapa sanitario en Navarra que queda configurado por un área única de salud, ocho distritos sanitarios y zonas básicas de salud. “Con el área única, toda la comunidad foral se convierte en un único marco de referencia para la planificación, gestión y evaluación de los servicios y recursos sanitarios, y cada distrito, formado por varias zonas básicas, permitirán una atención de salud y sociosanitaria de mayor calidad con el fin de acercar los recursos sanitarios a toda la población y garantizar así la equidad en el acceso a los recursos”, ha asegurado el director general de Salud, Antonio López.

Antonio López ha incidido en que “el objetivo principal” de la ley es “priorizar a la ciudadanía en el centro del sistema sanitario de manera global, colocarla, de una vez por todas, en el centro del sistema, y que toda la organización, recursos, territorialidad, circuitos asistenciales y formas de trabajo, se organicen en torno a las necesidades reales de las personas”.

La ley también recoge la movilidad de los profesionales. El consejero Fernando Domínguez ha señalado que esto “no significa” que se vaya a trasladar “a los profesionales de un lado para otro, sino que va a ser en casos muy concretos en los que se van a desplazar allá donde sea necesario para evitar que cuando falten profesionales en determinados sitios, sean los pacientes los que tengan que desplazarse a Pamplona, por ejemplo”. “Lo más fácil, es de sentido común, es que se desplace el profesional. Va a ser una movilidad que va a estar regulada y va a ser negociada. Van a seguir prevaleciendo la contratación y la voluntariedad”, ha señalado.

Además, ha explicado que se ha incorporado incentivos, “de tal manera que, primero, lógicamente, se pagará el desplazamiento y, además, el tiempo empleado en el desplazamiento se considerará como parte de la jornada laboral”. “Cuando no haya esa voluntariedad, se establecerán criterios objetivos, pactados, como la edad, la experiencia, para decidir qué profesional es el que se mueve”, ha indicado.

El consejero ha considerado que “esta movilidad va a afectar prácticamente de forma exclusiva al estamento médico y a muy pocas especialidades, y que va a ser excepcional”. “En eso es en lo que confiamos. La Administración precisa un soporte legal que le permita, en un momento determinado, movilizar profesionales y recursos allá donde hagan falta”, ha señalado.

En la Catedral de Pamplona reposan los restos de varios monarcas del antiguo Reino de Navarra. De entre todos ellos, únicamente a dos se reserva un espacio central en el templo en forma de sepulcro, son Carlos III, apodado el Noble, y su esposa, Leonor de Trastámara. Pese a que en realidad el monumento se encuentra vacío, el Gobierno de Navarra lo ha declarado Bien de Interés Cultural, junto con la caja del corazón de Carlos II (y su contenido), por su “calidad y singularidad”, tanto en el sentido técnico como por su “significado político y artístico”, y la “necesidad de garantizar el máximo cuidado en su protección y conservación”.

Desde el Ejecutivo foral, destacan que las declaraciones coinciden con la conmemoración del VI centenario de la muerte de Carlos III el Noble para recordar “su buen gobierno” y la importancia de “conservar su legado material y simbólico”, aunque, según Clara Fernández-Ladreda, historiadora del arte medieval, las políticas del monarca, “a largo plazo, traerían consecuencias negativas para el reino”. No obstante, admite que “fue un gran mecenas de las artes”.

Tal y como se refleja en el informe remitido al Servicio de Patrimonio Histórico para su declaración como Bien de Interés Cultural, el monumento está considerado “como una de las creaciones más destacadas de la escultura gótica borgoñona de fines del siglo XIV y primera mitad del XV”. Además de poseer una “gran relevancia relativa, pues se trata probablemente de la obra de escultura funeraria de dicha corriente mejor conservada”. Por otra parte, más allá de su importancia artística, la obra se enmarca en una época vital para Pamplona y el Reino de Navarra.

A pesar de que la Catedral de Pamplona ya es en sí misma Bien de Interés Cultural, cuya declaración afectaría a sus contenidos al “estar protegidos por el continente”, Clara Fernández-Ladreda, colaboradora del informe que ha permitido otorgar a la obra la máxima distinción, ha celebrado la declaración individual del sepulcro de Carlos III y Leonor de Trástámara. Una obra “digna de ser protegida”, porque si no “luego pasan cosas”, tal y como ha explicado con cierto coraje. “Por 'locadas', a principios del siglo XX lo movieron a la cocina, imagínate”, describe. El sepulcro ha rotado por varias ubicaciones desde su llegada en 1419 a la Catedral, edificio que representa otro “caso único” del gótico europeo, pues conserva todas las estancias de la vida común del cabildo (canónigos), que se mantuvo en Pamplona hasta el siglo XIX cuando “lo normal es que [la vida comunitaria] se abandonase en el siglo XIII”.

El sepulcro se finalizó seis años antes de la muerte del monarca, que falleció en 1425. Y, aunque en la actualidad puede verse como una situación un poco tétrica, era una “práctica muy común” en el contexto medieval. La ideación del lugar de reposo “era una preocupación muy seria cuando se alcanzaba un puesto de poder. Es más, había algunas personas que se precipitaban tanto en el asunto, como Sancho Sánchez de Oteiza, que tenían dos”, explica la historiadora del arte. Los sepulcros “los encargaba el propio interesado”, o sus descendientes “por aquello de la piedad filial, aunque podía haber motivos menos píos”, continúa, y añade que incluso “a veces lo mandaban hacer las instituciones porque también las prestigiaba y era una fuente de ingresos”. “Lo importante [para las instituciones] era tener los restos. Entonces [una vez hecho el sepulcro] luego decían: 'ya que lo tenemos preparado, pues te tendrás que quedar aquí'”. De esta forma, se aseguraban las limosnas de las peregrinaciones “en el caso de que el difunto tuviera fama de santidad” y, cuando la persona era noble, dejaban “las dotaciones y mandas” para las misas por su alma “en el templo donde yacía”. “Incluso, sucede lo mismo en la actualidad con el sepulcro de Carlos III, pues muchas veces supone un atractivo para que los turistas entren en la Catedral de Pamplona”, compara Fernández-Ladreda.

El monumento funerario del rey estuvo primero en el presbiterio. Después, en 1509 lo trasladaron “casi donde está ahora”. A comienzos del siglo pasado, en 1902, lo movieron al centro de la cocina. Y finalmente, desde 1930 el sepulcro luce en el lugar elegido por el monarca. “Carlos III, en su testamento, había dicho que él quería ser enterrado en el coro, refiriéndose a la sillería de coro de los canónigos, localizada en la nave central (en la parte oriental)”, explica Fernández Ladreda. Sin embargo, la catedral gótica comienza a construirse en 1394, por lo que la primera localización del cenotafio fue el presbiterio, “el equivalente a la capilla mayor donde está el altar mayor”, al ser la única parte construida hasta ese momento. Más tarde, a comienzos del siglo XVI, se trasladó al lugar deseado por el monarca, prácticamente en el mismo sitio donde está ahora.

Fernández-Ladreda matiza que, en la época, la obra “estaba como protegida por la sillería de coro”, debido a la configuración original de las catedrales de la época, cuando la infraestructura se colocaba en la nave central. “Ciertamente interrumpía la visión, ¿sabes cómo es en la Catedral de Burgos?”, describe la historiadora del arte, mientras indica con el brazo todo el espacio que ocupaba. “Hay catedrales en las que se consideraba que estorbaba y se quitaron [como en Pamplona], aunque se pierden muchos elementos, se venden o se destrozan”. “En el momento que se hace, échate a temblar”, reconoce.

Afortunadamente, a pesar del “trote”, la obrá está considerada la escultura funeraria del gótico borgoñón mejor conservada. “Esta observación hay que entenderla en comparación con el país que solemos utilizar como referencia para el panorama del arte medieval, y más en Navarra, por razones geográficas y políticas, que es Francia”, explica Fernández-Ladreda. “Durante la Revolución Francesa, casi todas las sepulturas reales o de la nobleza o del alto clero del territorio de Francia sufrieron horrorosamente y fueron sistemáticamente destruidas”, narra con cierto espanto, aunque añade que “gracias al cielo, los franceses pueden tener una ligera idea” de cómo eran las obras porque “hubo un erudito ahí por el siglo XVII y [comienzos del] XVIII, Gaignières, que le dio por ir de sitio en sitio haciendo dibujitos de esas sepulturas y de otras cosas”.

El sepulcro como representación de la sociedad y espiritualidad del medievo tardío

Según el informe técnico para declarar BIC el monumento funerario, a su “importancia intrínseca”, se une otro elemento “nada habitual”: la extensa documentación relativa al sepulcro. Así pues, la respuesta a esta peculiaridad reside en la propia historia y contexto del Reino de Navarra. La gran documentación de los Comptos Reales comienza “con la llegada de la dinastía francesa de los Teobaldos, que provenían de Champaña, un territorio muy rico en actividades comerciales y económicas”, explica Fernández-Ladreda. “[El dinero] genera muchísima documentación y los condes de Champaña, que tenían una economía muy potente, poseían un sistema burocrático muy desarrollado que, finalmente, traen a Navarra”. Por eso, en época de Carlos III el Noble, “los libros de cuentas reales se llevaban con extremo rigor”. “Ya querría la corona castellana tener esos libros de cuentas, siendo una monarquía mucho más poderosa. Pues nada”, presume la historiadora del arte.

De esta forma, a partir de la información conservada “en los Registros de Comptos, que recogen la contabilidad real”, es posible “conocer el proceso de ejecución de la obra en distintos aspectos (cronología, autores, costos, materiales o técnicas)”. Entonces, ¿la cantidad de infromación influye en que una obra alcance la categoría de Bien de Interés Cultural o se valore más? “Sí”, afirma rotundamente Fernández-Ladreda. “No debería de ser así, porque la importancia de una obra de arte, aunque sea anónima, tendría que depender su calidad. No de los datos que se tengan sobre ella. Pero el ser humano es como es y, cuando puede decir que algo es de Fulano o Mengano, se siente mucho más tranquilo”, reflexiona. Aunque matiza que “en este caso en concreto”, saber que el artista es Johan Lome “ha permitido seguirle la pista” y averiguar que conoció, en primera persona, las tumbas de los duques de Borgoña y que “estaba vinculado” con el taller de Claus Sluter, el “escultor más importante de la primera mitad del siglo XIV”. Por lo que el sepulcro de Carlos III “sube de categoría muchísimo”.

De la documentación que tenemos sobre los viajes del monarca, se deduce que conoció a Johan Lome, director de los trabajos del sepulcro, en el último viaje regio que realizó a París y Borgoña. Otra peculiaridad que rodea la obra, pues “no es habitual que un rey haga tantos viajes fuera de su reino como lo hacía Carlos III”, apostilla la académica del medievo. “Posteriormente, el Emperador Carlos I sí que viajó mucho, pero casi siempre dentro de sus territorios. Lo que pasa es que estaban dispersos”, describe como ejemplo. La particularidad de Carlos III, que hace que “viaje tantísimo”, explica Fernández-Ladreda, era que “la corona navarra había poseído muchos territorios en Francia y, por tanto, tenía muchas reclamaciones pendientes”. “Va a París para hacer gestiones para recuperar esos territorios, son razones económicas y políticas”.

Desde el punto de vista técnico, lo “más relevante y llamativo del monumento” son los yacentes, labrados en alabastro originario de Sástago (Zaragoza), que permanecen “frontales y hieráticos” y con “las manos unidas en actitud orante”. Los reyes están “concebidos como figuras erguidas y no acostadas, según pone de manifiesto el tratamiento de las vestiduras”, detalla en el informe. Según Fernández-Ladreda, el motivo de elegir el alabastro como material en vez del mármol, dependía de “las posibilidades”. “El mármol da la impresión de que habría que haber ido muy lejos. En cambio, hay canteras de alabastro en Navarra y Aragón (como es el caso). Un problema que hay que entender en la Edad Media es que, no solo es lo que pueda valer el material, sino la dificultad para proporcionarse ese material. El transporte era muy enrevesado”, explica con cierto tono de obviedad. Respecto al tratamiento de las vestiduras, que “caen como si estuvieran de pie”, la respuesta es muy simple: “No habían caido en la cuenta de que las figuras iban a estar tumbadas”.

Otra curiosidad se plasma en los epitafios, que “contienen fallos”. “En vez de Carlos III, pone Carlos IIII [IV]”, señala la experta, aunque bien es cierto que “es porque consideran que Carlomagno también era su antepasado y, si lo incluyes, pues sería Carlos IV”. Sin embargo, el error en la fecha de defunción “en ambos monarcas” no tiene más explicación que, por lo visto, “tardaron en grabar el epitafio y se despistaron”. Del mismo modo, en la lápida que reposa sobre la cripta, el nombre de Ana de Cleves está mal traducido, pues “su nombre era Agnes, que es Inés, no Ana”, subraya Fernández-Ladreda. Es en esta cripta donde, realmente, se conservan los restos del monarca y su mujer. De hecho, no se puede afirmar que los cuerpos hayan sido depositados alguna vez en el sepulcro e, incluso hay dudas de que estén en la cripta. “La cripta se exploró en 1755 y encontraron tres cajas. Dos tenían, según dicen, esqueletos enteros, que se da por hecho que son de Carlos III el Noble y su mujer. Y en la tercera había varios huesos, entre ellos cuatro calaveras”. Aunque admite que, respecto a la seguridad de que los cuerpos sean de los reyes, “hay que tener en cuenta en el siglo XVIII no había forenses”, pero la identidad regia es “más que aceptable”.

El rostro del rey se considera “de carácter retratístico”, ya que era habitual en los hombres. A diferencia de las mujeres, en las que “la vanidad es poderosa y siempre se ha dicho que están idealizados”, a pesar de que Fernández-Ladreda deja claro que “según las fuentes, [Leonor] era agraciada. No como otros personajes, que tienen descripciones que te echas a temblar”. De todas formas, “ahí lo que menos contaba era la estética”, tanto de los yacentes como del conjunto del monumento, explica. “No es que la gente fuera ciega y le diera igual una cosa fea o bonita, buena o mala. No daba igual. Pero contaban muchísimo más otras cosas. Lo más importante para el difunto era asegurarse las oraciones, sufragios y misas”. Según la medievalista, la prioridad para los personajes de alta alcurnia en este periodo era “enterrarse en un monasterio o una catedral poderosa, con un buen número de monjes o de clérigos que rezaran por uno” por el alma del difunto.

Esta mentalidad y percepción de la muerte en el gótico, también se refleja vivamente en el cenotafio de Carlos III y Leonor de Trastámara, pues el “conjunto se completa con la procesión de plorantes”, figuras representadas en actitud desolada, en el perímetro de la caja sepulcral. “En cierta manera, los plorantes hacen perenne la oración”, interpreta Fernández-Ladreda, además de “componer el cortejo funerario que acompañaba al difunto”. “Los difuntos de calidad iban acompañados en la ceremonia de entierro por un cortejo” que, cuanta más categoría tuviera el fallecido, más personas lo componían. “Incluso, para incrementar el número, se solían dejar en los testamentos, o lo encargaban los familiares, que se ofrecieran comidas y vestidos a pobres para que estos fueran a engrosar la comitiva”, describe.

Además, “ya dentro del género de los chusco”, continúa, “si [el difunto] era un caballero, con frecuencia [en la comitiva] iba su caballo favorito. En ocasiones, también los perros o su jauría, a la que a veces se le daban algunos palos para que aullaran debidamente. Supuestamente por el difunto, claro. Porque el séquito tenía que ir llorando”. Sin embargo, estas incorporaciones, aunque nutrían “la vanidad del difunto y de sus familiares”, a quienes “les gustaba porque simbolizaba lo bueno o excelente persona que era el muerto”, acarrearon ciertas tensiones con la Iglesia. “Los aullidos de los perros fueron prohibidos por la Iglesia y con toda razón. Era un escándalo. Incluso los lloros de las personas, que si era menester iban tirándose de la cabellera o rasgándose las vestiduras. A las autoridades eclesiásticas todos esos gritos y alborotos no les gustaban”, describe Fernández-Ladreda. “Desde un prisma cristiano, también está muy mal. Si se cree en la vida eterna y el más allá, la muerte no es ninguna desgracia”.

En esta línea, la muerte y sus metáforas eran una constante en la mentalidad del siglo XV, y así se refleja en el sepulcro de los reyes de Navarra. Los “perrillos” a los pies de Leonor de Trastámara, que en un principio podría parecer que simbolizan la “fidelidad”, representan algo bastante menos amigable: “la acción destructora del tiempo sobre la vida humana”. “En el gótico, sobre todo en la Edad Media tardía, lo macabro y la fragilidad de la vida humana estaban muy presentes”, afirma Fernández Ladreda, y lo compara con la “vánitas” barroca. También, añade otra antigua teoría sobre el significado de los perros a los pies de la reina: “Hubo un historiador, Garibay, que pensaba que ese hueso era Navarra roída entre Castilla y Francia. Una idea muy ocurrente, si no fuera porque se ha visto que hay muchos yacentes que tienen perros disfrutando su hueso, y que no tiene maldita que ver con el Reino de Navarra”.

Carlos III el Noble 'el rey del (no tan) buen gobierno'

El Gobierno de Navarra afirmó que, con la declaración de Bien de Interés Cultural, buscaba “extender entre la ciudadanía el conocimiento de su trayectoria como rey del buen gobierno y promover la concienciación social sobre la importancia de conservar su legado material y simbólico, abarcando también la figura de su progenitor, Carlos II”. Una imagen que realmente no se corresponde al estricto rigor histórico.

“Carlos III [de Navarra] fue, indiscutiblemente, un gran mecenas de las artes y, como historiadora del arte, estoy profundamente agradecida” declara Fernández-Ladreda antes de comenzar a matizar, y añade que “a través de las negociaciones con los castellanos, y casándose con una castellana (Leonor), logró recuperar muchos territorios”. “Fue un hombre de paz”.

Sin embargo, “como gobernante”, explica que “la presión fiscal era tremenda” y que el rey del Privilegio de la Unión “dejó una deuda [al morir] que su sucesora tuvo que apretarse el cinturón”. “Además, tenía el soberbio palacio de Olite, que costó un 'pastolengo', pero se construyó otro en Tafalla, que costó aún más”. Por otra parte, “sin ser él consciente, en su afán de proteger a sus hijos naturales y a los hijos naturales de su padre, creó una serie de importantes familias de la nobleza navarra con mucho poder”, relata Fernández-Ladreda. Una alta nobleza que, décadas después, se organizarían en los bandos de beaumonteses y agramonteses, el conflicto “que condujo al reino a la catástrofe”.

Entonces, ¿de dónde proviene el sobrenombre de 'el Noble'? Carlos III de Navarra sucede a Carlos II 'el Malo', un sobrenombre favorecido por los franceses en un contexto de guerra que Fernández-Ladreda considera “injusto”. “Aunque luego no faltó algún historiador navarro, algo tontaína, con perdón, que les compró la mercancía”, apostilla. Según explica la historiadora del arte, el 'Malo', lo que hizo fue “defender unos derechos, que además eran reales, en Francia”, en aquel momento gobernada por los Valois. “Los franceses son muy suyos y claro, ellos eran los buenos. Por eso Carlos II es el 'Malo', que se contrapone al rey de Francia, que es Juan II el Bueno. Aunque ”que fuera 'el Bueno', es bastante discutible, pues fue un gobernante mediocre“, sintetiza la experta medievalista.

“A Carlos III, lo que le pasó, es que en comparación con su padre, que arrastró a Navarra a montones de guerras con potencias mucho más poderosas, lo que supuso una sangría demográfica, económica y territorial, por comparación” salió mejor parado, sobre todo con los franceses. “La guerra de propaganda no es una invención nueva”, puntualiza Fernández-Ladreda. Además, Carlos III “cuidó mucho propiciar esa faceta”, describe, y, volviendo al sepulcro, en el que se puede leer en los almohadones 'Bone Foy' (Buena Fe), el nombre de la orden que creó, “no es más que parte de la idea que él mismo quería transmitir. Que era un hombre leal y de buena fe”.

En la carretera N-121-A, la que une Pamplona con Francia a través de Irún, hay dos túneles que llevan años incumpliendo la normativa europea de seguridad en este tipo de infraestructuras, lo que ha llevado incluso a una amenaza de cierre de esta carretera por la que circulan a diario multitud de vehículos, sobre todo tráfico pesado. Son los túneles de Belate y Almándoz, que en la actualidad son bidireccionales y que la normativa obliga a desdoblar. La obra para separar el tráfico que circula en sentido norte (Irún) del que lo hace dirección sur (Pamplona) en el de Belate ya está avanzada, y no sin polémica. El contrato fue adjudicado por 62,8 millones de euros más IVA a la UTE de Acciona, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y, según la Guardia Civil, también de Santos Cerdán. Tras hacerse público el informe de la UCO, esta mercantil fue excluida de la obra, en la que participaban dos empleados dedicados a labores de seguridad y prevención de riesgos laborales.

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, la directora general de Obras Públicas, María Torres, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, así como personal de las empresas que conforman la UTE han enseñado este viernes a los alcaldes de la zona y a la prensa cómo avanzan las obras de desdoblamiento del primero de los dos túneles de la N-121-A. Según han detallado, de los alrededor de tres kilómetros que tendrá el túnel de longitud, se han excavado ya más de 2,5 kilómetros (“un 90%”), la gran mayoría por la cara norte. Para la unión de ambas caras, lo que se conoce como el “cale”, tan solo faltan unos 340 metros y se espera que se produzca “antes del verano”. Tras ello se desarrollarán los trabajos de “destroza”, todo lo que tiene que ver con la excavación de la parte inferior del túnel. Se prevé que la infraestructura sea inaugurada a finales del 2027, aunque el consejero no ha querido fijar una fecha.

En la obra, según ha apuntado el consejero, trabaja “24 horas al día, siete días a la semana” un equipo de unas 200 de personas, entre operarios, técnicos, ingenieros, personal de oficina o personal asignado a seguridad y calidad. Entre el personal ya no queda nadie con uniforme de la empresa Servinabar 2000, cuyo único rastro en la obra es un pequeño logo en uno de los carteles de la boca norte del túnel, por donde se ha entrado a la visita de los trabajos. En el resto de la cartelería ha desaparecido toda referencia a la empresa de Alonso y Cerdán que la UCO sitúa en el centro de la trama de corrupción por supuestamente funcionar como el vehículo para el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública.

Es en exterior de la cara norte del túnel, por donde se están llevando la gran parte de los trabajos de “avance”, las empresas de la UTE han montado “una pequeña ciudad”: hay un taller para reparar la maquinaria averiada, un espacio en el que se forjan las cerchas con las que asegura el techo del túnel, así como vestuarios, aseos y un pequeño comedor. Todo ello 'edificado' sobre un terreno pantanoso y lleno de trozos de pizarra extraida del interior del túnel. Para esas labores se están empleando un Jumbo de tres brazos; un Jumbo de dos brazos; dos Robot gunitador (hormigón proyectado); tres plataformas elevadoras normed; dos telescópicas; dos miniretroexcavadoras; dos bombas de inyección; cuatro extraviales articulados; un camión articulado; dos palas cargadoras; cuatro retros con martillo hidráulico; ocho vehículos de apoyo; dos patines de avance (cuadro eléctrico en el interior del túnel), uno por cada boca; dos transformadores eléctricos, uno por cada boca; cuatro bombas para achique de agua; dos sistemas láser de guiado y dos sistemas de ventilación compuesto por ventiladores y mangas, uno por cada boca.

El jefe de obra, Jerónimo Pérez, ha explicado que el terreno sobre el que se está excavando el túnel “es más complicado” de lo que se había “anticipado”, lo que ha obligado a solicitar un modificado del contrato. Las mayores dificultades, ha precisado, se encuentran en los cambios de la tipología de la geología y en las numerosas vetas de agua que han aparecido. Así, se han tenido que utilizar diferentes técnicas de excavación en función de la dureza del terreno. De los 300 metros que quedan para el “cale”, la unión de las dos bocas, la práctica totalidad del material es blando, pizarra, lo que obliga al uso de máquinas excavadoras en lugar de material explosivo.

La obra de este túnel no es objeto de la causa que ahora investiga la Audiencia Nacional, pero está bajo sospecha de corrupción por ser el contrato más elevado adjudicado por el Gobierno de Navarra a la empresa Servinabar 2000, de un total de siete. Además, estuvo envuelto en polémica desde el principio porque tres de los ocho miembros de la mesa de contratación, los tres letrados, emitieron sendos votos particulares oponiéndose a la adjudicación. En sus escritos justificaron sus reticencias alegando indicios de “arbitrariedad”. Aseguraron que el informe de valoración de las siete ofertas presentadas no exponía “las razones que justifican las puntuaciones”, ni expresaba “las ventajas de unas ofertas frente a otras”, lo que, según añadieron, podía “generar arbitrariedad e indefensión para los licitadores”. 

También destacaron que el presidente de la mesa, Jesús Polo, conoció las puntuaciones de los otros cuatro técnicos expertos en Obras Públicas, lo que según la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra debió “anular” el proceso de adjudicación.

En paralelo a estas obras se trabaja en la redacción de un segundo modificado del contrato que incluirá los sobrecostes por imprevistos de la obra después de que el primero de ellos fuera objeto de un reparo suspensivo por parte de la intervención general, que consideró que gran parte de los 8,5 millones de euros de sobrecoste presupuestados no estaban justificados. Este reparo provocó una crisis entre los socios del Ejecutivo de María Chivite que se saldó con la destitución del director general de Obras Públicas, Pedro López Vera, quien había autorizado el modificado.

Mientras se desarrollan estas obras también se está avanzando en las obras del tramo de carretera que comunica los túneles de Belate y Almándoz, y en la licitación del desdoblamiento de este segundo túnel, que se prevé para este 2026. El consejero ha avanzado que se tratará de negociar con la Unión Europea una prórroga del plazo fijado para la finalización de los dos túneles, que el Gobierno navarro había fechado en 2027, para evitar una sanción.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha archivado el procedimiento de sanción contra una abogada que, en un recurso presentado en octubre de 2025, incluyó ocho citas inventadas con inteligencia artificial de sentencias del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Navarra y Tribunal Superior de Madrid. Tras ser descubierta la letrada “se apresuró a pedir disculpas, manifestó que lo hizo sin mediar mala intención y alegó que su error se produjo solo por la falta de revisión”.

“No nos cabe duda [de] que el uso descuidado de estas tecnologías en los procedimientos judiciales plantea importantes implicaciones deontológicas y, desde luego, es susceptible de integrar un claro ejemplo de mala fe procesal y de abuso del proceso”, destacan los magistrados. No obstante, el Tribunal ha optado por el archivo de la causa debido a dos escritos presentados por la abogada en los que se apresuró a pedir disculpas: “En la singularidad del caso que nos ocupa, la inmediata reacción de la letrada excusando el error cometido determina que la Sala se incline por el archivo de la presente pieza separada sin imponer la correspondiente sanción pecuniaria, sirviendo la presente —quizá— de advertencia de las implicaciones legales, deontológicas y éticas que puede plantear el uso descuidado de las nuevas tecnologías”.  

El pasado 20 de febrero, el Tribunal acordó abrir la citada pieza sancionadora por mala fe procesal con el fin de depurar las responsabilidades en las que hubiera podido incurrir la abogada. La Sala consideraba que “esa actuación de la letrada constituía, además de una vulneración de la buena fe procesal, una falta de respeto a los magistrados, un desprecio de la función jurisdiccional que desempeñan y una perturbación del trabajo de este Tribunal”. 

Cinco días después, la letrada presentó un escrito en el que hacía constar “el sincero reconocimiento expreso del error sin voluntariedad, por falta de revisión y en la confianza del borrador preparado, la retirada íntegra y [la] solicitud de tener por no puestas las citas y transcripciones afectadas”. Asimismo, expresaba “la más respetuosa y sincera disculpa personal y formal”. 

Además, el 3 de marzo volvió a interponer otro escrito, en el que, tras excusarse y disculparse nuevamente, incidía en el error cometido por no haber revisado el recurso adecuadamente. Solicitaba el archivo del expediente sancionador, puesto que, según alegaba, la mera apertura del mismo ya le había servido de aprendizaje. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, las multas por este tipo de mala praxis pueden oscilar entre 180 y 6.000 euros. 

En la apertura de esta pieza separada, la Sala argumentó que “esta irregularidad cometida por la letrada constituye, además de una vulneración de la buena fe procesal, una falta de respeto a los magistrados, un desprecio de la función jurisdiccional que desempeñan y una perturbación del trabajo del tribunal, por tener que enjuiciar las consecuencias de tal injustificada irregularidad (como ya ha mantenido la Sala Primera del Tribunal Constitucional)”. 

Para el TSJN, el uso de las tecnologías emergentes y de los materiales generados por inteligencia artificial en los procedimientos judiciales no está exento de importantes consideraciones éticas y legales para garantizar un uso responsable. “Lo que impone una verificación adicional, puesto que la revisión y validación de los documentos legales seguirá siendo responsabilidad de los abogados para garantizar la precisión y el cumplimiento normativo”, remarca.

Un antiguo profesor de 39 años del instituto de la localidad navarra de Zizur, ahora de baja en otro destino, se enfrenta a una petición de pena de 180 años de cárcel por haber grabado a mujeres en baños y probadores de ropa y por acceder sin consentimiento a las redes sociales de más de una veintena de sus alumnas, menores de edad, para descargarse fotografías. Se le imputan delitos contra la intimidad, de posesión de pornografía infantil, así como de su elaboración, ya que utilizó herramientas de inteligencia artificial para modificar imágenes de sus alumnas y desnudarlas.

Durante el juicio, que se ha celebrado esta semana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra a puerta cerrada, el acusado ha reconocido haber cometido los delitos de violencia sexual a más de 40 mujeres, pero según informa 'Diario de Navarra', ha negado haber hecho uso de la inteligencia artificial para modificar las fotografías. Asimismo ha reunido 273.000 euros para indemnizar a las víctimas y tratar de que se le aplique una rebaja de la pena.

Según recoge la Fiscalía en su escrito de acusación el docente, que está diagnosticado de un trastorno del control de los impulsos en la esfera sexual, centrado en la actividad de observar la vida de los demás, cuadro que afectaría de forma leve-moderada a sus capacidades intelectivas y volitivas, sobre la base de una personalidad con tendencias obsesivas, fue descubierto en el 2023 por una vecina que observó que le estaba grabando a través de un dispositivo que colgaba de su fachada con una cuerda mientras ella “se encontraba dentro desarrollando de su dormitorio escenas privadas y cotidianas de su vida, tales como vestirse después de salir de la ducha, estar en pijama o en ropa interior”.

La mujer llamó a la Policía, que tras comprobar en un dispositivo de vigilancia cómo grababa de nuevo a su vecina, le detuvo y se incautó de su ordenador y teléfono móvil, así como de la cámara con la que grababa y la tarjeta de memoria. En el análisis de estos dispositivos se encontraron una gran cantidad de archivos obtenidos de grabaciones, además de a la denunciante, a otra vecina, así como a varias mujeres en probadores de ropa de distintos establecimientos comerciales. También se encontraron grabaciones que el encausado obtuvo de uno de los baños del centro escolar en el que trabajaba, en Zizur, y al que solo podía acceder el personal docente.

Además de estas grabaciones, según detalla la Fiscalía, el acusado, que impartía clases en cursos que van desde 3º de la ESO hasta 2º de Bachillerato, aprovechó su condición de docente para, “utilizando los datos personales de las menores a los que tenía acceso por ser su profesor”, acceder de manera ilícita a sus cuentas de redes sociales como Instagram o Snapchat. “Con el fin de vulnerar su intimidad el acusado se apoderó, sin su conocimiento ni su consentimiento, de las claves de acceso de los correos electrónicos y cuentas de las redes sociales y aplicaciones de las menores causándoles un innegable perjuicio al acceder así de forma indiscriminada, a todos los archivos y fotos privadas, que éstas tenían allí guardadas”, añade el escrito de acusación.

El profesor incluso había logrado hacerse con fotografías que sus alumnas tenían guardadas, pero que nunca habían sido publicadas o que fueron tomadas “en clase de manera clandestina” por el acusado. El profesor modificó mediante herramientas de inteligencia artificial algunas de estas imágenes para “representarlas desnudas” con “una finalidad sexual y lasciva”. En total, en su teléfono móvil, se encontraron 25 cuentas de Instagram de sus alumnas y que tenía instaladas “sin autorización ni consentimiento” de sus titulares. No se han encontrado evidencias de que el profesor pudiese haber compartido las imágenes con otras personas.

La Fiscalía ha denunciado por un delito de desobediencia al presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, por haberse negado hasta en dos ocasiones a comparecer en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a las empresas Acciona y Servinabar 2000.

Entrecanales no acudió a su citación argumentando que Acciona había designado a otro representante para comparecer. La Fiscalía señala en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es que su incomparecencia “carece de justificación” porque los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra ya le habían “advertido expresamente” que la citación iba dirigida a su persona y no a un representante de Acciona.

“Ni el informe con alegaciones ni la sustitución a cargo de los sres. Mollinedo y Figueroa podían suplir su comparecencia personal”, apunta para añadir que nada de ello “ampara la desobediencia o la desatención de un requerimiento parlamentario que no sólo es legítimo, sino que, además, está respaldado por el Código Penal, que prevé, en caso de incumplimiento de tal requerimiento, la sanción más grave del ordenamiento jurídico, la pena de prisión.

José Manuel Entrecanales fue citado en calidad de presidente de Acciona, empresa a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó en UTE con Servinabar 2000 al menos siete contratos. Servinabar 2000 es la mercantil de Antxon Alonso que la UCO sitúa en el centro de la trama del cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública tras haber encontrado un documento en el domicilio del empresario vasco por el que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán adquiría el 45% de las participaciones de la compañía.

Tras negarse a comparecer en enero, la comisión de investigación decidió volver a citar al presidente de Acciona el lunes 9 de febrero y, una vez más, volvió a dar plantón a este foro. La multinacional argumentó que Entrecanales no había sido la persona designada por el consejo de administración para hacerlo. Añadieron que en su lugar se planteó la posibilidad de que declarase otro directivo de Acciona y que su comparecencia fue rechazada por los grupos. La Fiscalía desestima ahora esos argumentos y solicita a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona abrir diligencias contra José Manuel Entrecanales.

¿Qué tiempo va a hacer hoy y en los próximos días? ¿Va a llover o va a estar soleado y sin apenas probabilidad de precipitaciones? A continuación puedes ver la predicción del tiempo para hoy, mañana y pasado en Pamplona y otras localidades como Tudela, Valle de Egüés, Barañáin, Burlada, Zizur Mayor, Estella, Tafalla y Leitza. Puedes consultar también a qué nivel están los principales embalses.

Está siendo, además, un invierno de récord por las elevadas temperaturas y las altas mínimas. Tienes más abajo unos gráficos que te permiten comparar la situación de Navarra en este 2024 con la de otros años.

El tiempo en Pamplona

El tiempo en otras localidades

Tudela:

Valle de Egüés:

Barañáin:

Burlada:

Zizur Mayor:

Estella:

Tafalla:

Leitza:

Un invierno de récord

Está siendo un invierno de temperaturas de récord, y no porque sean bajas. ¿Es normal la temperatura que hace hoy en Navarra? En el siguiente gráfico (obra de Raúl Sánchez y Victòria Oliveres), puedes ver la diferencia en grados centígrados de la temperatura máxima en las últimas 24 horas y la media anual con respecto a la media histórica que va desde el año 1981 al 2010. Se indican, asimismo, cuántos días han pasado desde el último récord:

                 

¿Qué calor hace hoy en tu provincia?

Diferencia, en grados (ºC), de la temperatura máxima de las últimas 24 horas y la media anual sobre la media histórica del periodo 1981-2010. También se muestra el nº de días que han pasado desde que se superó el último récord de temperatura.

Provincia Estación secundaria

Últ. 24H

Sobre la med. hist. de nov.

En 2024

Sobre med. hist. hasta hoy

Últ. réc.

Días desde el últ. récord

Desliza para ver el mapa

¿Cómo afecta el calentamiento global en Navarra? En el siguiente gráfico puedes buscar cómo de alejadas han estado el promedio de temperaturas máximas desde el 1 de enero hasta hoy en cada año respecto a la media de 1980 a 2010:

¿Cómo están los embalses?

De la cantidad de precipitaciones depende el nivel de los embalses. En las siguientes tablas, puedes consultar datos actualizados sobre el nivel de capacidad al que se encuentran.

Total de agua embalsada en Navarra:

Embalse de Yesa:

Embalse de Itoiz:

Embalse de Alloz:

¿Quieres ir de concierto en los próximos días? ¿Te interesa más asistir a una obra de teatro? Te brindamos un buscador con todo tipo de actividades (danza, conciertos, exposiciones, teatro, eventos y jornadas, cursos, festivales y conferencias) que están previstas en el calendario cultural de Pamplona para los próximos días.

Busca las actividades

Puedes usar la siguiente herramienta de Kulturklik para consultar las actividades y filtrarlas por tipo e idioma:

El juez titular de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tudela ha enviado a juicio a cinco personas por la supuesta venta a una familia en Catalunya en 2025 de una menor de Corella de 14 años, obligada a contraer matrimonio a cambio de “5.000 euros, cinco botellas de whisky y algo de comida”, y que posteriormente fue utilizada para practicar la mendicidad.

En el auto de procesamiento, que puede ser recurrido ante la Audiencia de Navarra, el magistrado considera que hay indicios suficientes para abrir juicio contra los padres de la menor, su marido y los padres de este por un delito de trata de seres humanos con la finalidad de matrimonio forzoso y práctica de mendacidad respecto de una menor de edad. Y es que el juez sostiene que, tras el enlace, el marido y los padres de este indujeron a la víctima a practicar la mendacidad en localidades de la provincia de Lleida.

Los hechos se remontan al mes de noviembre del 2025. En el marco de una investigación iniciada por la Guardia Civil, y en colaboración con los Mossos d'Esquadra, fueron detenidos los padres de la menor en Navarra y otros dos hombres y una mujer en Catalunya acusados de un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado. Según la Guardia Civil, la “venta” de la menor, perteneciente a una comunidad romaní, tuvo lugar en enero en una localidad de la Ribera navarra, donde los padres de la niña, un hombre y una mujer de 35 años, ofrecieron a su hija a una familia de Mollerussa, en Lleida, para casarla con su hijo. Una vez cerrada la “venta”, la menor fue trasladada a Catalunya, “donde permaneció bajo el control de la familia compradora con el propósito de consumar el matrimonio forzado”.

Según la investigación, la adolescente no estaba escolarizada y fue obligada a ejercer la mendicidad para aportar dinero a la familia que la había comprado. En octubre los Mossos d'Esquadra encontraron en Les Borges Blanques a la niña cuando estaba mendigando ante un centro comercial. Detuvieron en Mollerussa al matrimonio que había “comprado” y trasladado a la menor, un hombre y una mujer de 40 y 42 años, así como a su hijo de 20.

En la causa, añade el magistrado, hay grabaciones procedentes del perfil de Instagram de la madre de la niña, en las que se visualiza a esta junto con su supuesto marido participando en “una celebración en la que el primero entrega un anillo a la segunda mientras dice ‘sí’”. Según recoge el auto, también hay grabaciones en las que se ve a la madre de la víctima “exhibiendo, el 24 de febrero, gran cantidad de dinero, fraccionado en billetes”. 

Los procesados, según apunta la resolución judicial, reconocieron en el juzgado que la menor y su presunto esposo eran pareja y que habían adquirido un compromiso para contraer matrimonio. Asimismo, el juez destaca que la adolescente fue “localizada en al menos dos ocasiones practicando la mendicidad en las localidades de Borges Blanques y Bellpuig”. 

En el auto de procesamiento, el juez emplaza a los cinco encausados para que presten las correspondientes declaraciones indagatorias previstas en este tipo de procedimiento, que se llevarán a cabo el 9 de junio. Los procesados continuarán, como hasta la fecha, en situación de libertad provisional al considerar el magistrado que no han variado las circunstancias que se tuvieron en cuenta en su momento para su adopción.

Agentes de la Policía Foral han investigado a tres menores en Tudela y han detenido a un joven en Pamplona por la comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos después de que presuntamente accedieran de forma fraudulenta a las cuentas de docentes en dos centros educativos para hacerse con exámenes y luego venderlos.

El primero de los casos se conoció tras la denuncia de un docente de un centro de Tudela, que, tras comprobar ciertos rumores que circulaban por el centro de que exámenes de los cursos de 1º y 2º de Bachillerato habían sido sustraídos y se estaban vendiendo por 20 euros, y ver que había alumnos que habían realizado exámenes casi perfectos, localizó en uno de los ordenadores del profesorado un dispositivo 'keyloger', según ha informado la Policía Foral en una nota.

Este tipo de dispositivos graba todas las pulsaciones que se realizan en el teclado del ordenador, pudiéndose conseguir así los nombres de usuario y claves de acceso de quienes acceden, en este caso los docentes. Se logra mediante este método usurpar su identidad, lo que permite utilizar la información para el acceso total a todas las plataformas que se empleen en sus funciones docentes, tipo Educa, Google, o Drive. Así es como se lograba descargar los exámenes vendidos posteriormente.

Fruto de las investigaciones llevadas a cabo se ha imputado a tres menores de edad, alumnos del centro, por un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

En el asunto de Pamplona, se detuvo a un joven de 19 años, quien presuntamente accedió de manera fraudulenta a la cuenta de Google Drive de uno de los docentes, la cual contenía información de carácter personal, imágenes y exámenes, descargando estos últimos.

La información del acceso fraudulento llegó al equipo directivo del centro, que inmediatamente puso el caso en conocimiento de Policía Foral. El autor de dicho acceso reconoció los hechos, pero en este caso, y aunque había descargado información, no había llegado a acceder a ella.

Desde la Policía Foral se ha recordado que el acceso de forma fraudulenta, bien a través de artificios técnicos, bien por encontrarse la sesión abierta por descuido, a cualquier cuenta personal de cualquier plataforma, así como la descarga y difusión de datos que contenga, es un delito tipificado como de descubrimiento y revelación de secretos. El delito se consuma con la simple acción de acceder a la información.

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, de Geroa Bai, ha desvelado este miércoles en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Parlamento foral que en 2018, cuando era gerente de la sociedad pública de vivienda Nasuvinsa, mantuvo una reunión con el empresario Antxon Alonso de la que no había informado hasta ahora por el interés que tenía el dueño de Servinabar 2000, la mercantil que la UCO sitúa en el centro de la presunta trama de corrupción, en hacerse con unos terrenos cerca de la localidad de Lumbier para ubicar el espacio logístico “ligado” al proyecto Mina Muga.

“Hubo una solicitud por su parte en este sentido para llevar adelante esta cuestión, y desde Nasuvinsa se le establecieron las condiciones que podrían contemplar una opción de esas características, pero que finalmente no se materializaron. Si no recuerdo mal, se le envió una propuesta de precios de alquiler, etc., que no contestó y que, por lo tanto, no llevó a ningún sitio”, ha explicado.

Asimismo, ha detallado que ya como consejero mantuvo otras dos reuniones con Alonso en relación con el proyecto de Mina Muga en las que analizaron “la conveniencia de impulsar, acelerar los procesos de desarrollo de políticas de vivienda y de desarrollo industrial en el ámbito de Sangüesa en función de cómo iba el desarrollo del proyecto de Mina Muga”.

Según José María Aierdi, en esas reuniones Alonso acudía como representante de Servinabar, “pero en una relación con Acciona, como ejecutantes de una parte de las obras previstas en el caso de Mina Muga”. Así, ha añadido, el Ayuntamiento de Sangüesa se dirigió al Departamento de Vivienda que él lideró en la legislatura 2019-2023 para “planificar el suelo necesario para atender esa demanda de vivienda y las posibilidades que tiene de desarrollo industrial”.

En ese contexto, ha dicho que mantuvo “unas 50 reuniones” con el señor Ignacio Salazar -consejero delegado de Geoalcali-, que era responsable gerente de Mina Muga, y en dos ocasiones con el señor Antxon Alonso para saber si el proyecto, por parte de los socios, “tenía visos de realidad o únicamente pretendía un pelotazo financiero y no había detrás un desarrollo industrial”.

Según ha añadido el consejero navarro, Antxon Alonso le trasladó que no había “ninguna intención por los entonces accionistas de llevar adelante el proyecto” y que simplemente estaban tratando de obtener las autorizaciones oportunas “para vender a un tercero, que sería el industrial, que desarrollaría el proyecto”.

Sobre si el proyecto Mina Muga era entonces artificial, el consejero ha comentado que vieron que “quienes dirigían este proyecto en ese momento no tenían en el corto plazo una previsión de intervención”. “Por eso lo único que hacemos en relación con Sangüesa es un desarrollo residencial de recuperación de viviendas de Camineros, un desarrollo de nueva construcción de 12-14 viviendas e iniciamos el proceso de modificación del PSIS, del polígono industrial del concejo que está pegado a Sangüesa”, ha señalado.

Ha asegurado el consejero que no tuvo “ninguna” reunión con Antxon Alonso en relación con la adjudicación a la UTE Acciona-Servinabar de las 62 VPO en Erripagaña. “En relación con este expediente, no he estado con nadie de Acciona ni Servinabar”, ha dicho.

Conductores de los autobuses urbanos de Pamplona y su comarca, conocidos como 'villavesas', se quejan de que los vehículos que deberían cubrir la “primera línea 100% eléctrica del Transporte Urbano Comarcal” de la ciudad (proyecto cuyo presupuesto fue de 3.105.000 euros) “han dado problemas desde el primer día”. “En siete años no han tenido más que averías, primero en la dirección y los frenos y después en el sistema de electrificación” señalan los trabajadores, que también denuncian que “la empresa [Moventis/TCC, la concesionaria] lo sabe”, pero no cumple con el mantenimiento. De los seis autobuses de la marca Vectia asignados a este recorrido “solo suelen circular dos”.

De una flota de 169 autobuses urbanos, 10 de ellos son de la marca Vectia y seis de ellos necesitan un pantógrafo de la misma marca para su carga eléctrica. Según los conductores, estos modelos “dan problemas todos los días” y solo están activos en ruta “dos vehículos de los seis establecidos” porque el resto están en el taller. “Más del 50% de los días no están activos”, afirma un conductor del recorrido que une la estación de Adif/Renfe en Pamplona y la Universidad Pública de Navarra (UPNA). A su juicio, “dentro de la propia empresa [Moventis] han reconocido que [la compra de los Vectia] había sido un error gordísimo”.

“En su momento, daban los mismos problemas que a los de Vitoria. Se paraba de repente, la dirección se quedaba muy dura y frenaba muy poco”, describe un conductor, aunque aclara que “desde hace dos años” no se ha vuelto a repetir este tipo de problemas, “al menos en Pamplona”, pero sí que han detectado “otra serie de fallos día sí y día también”. Algunos de ellos son “la suspensión”, que “pierde aire”, explica un trabajador. También ha descrito que los autobuses tienen problemas en las cuestas: “Si te paras, luego el autobús no remonta bien. Se te va un metro para atrás, aunque vayas con el acelerador a fondo. Como haya un coche que se te haya pegado un poco, le metes un castañazo”.

Los autobuses Vectia, a pesar de haber sido adquiridos con el fin de crear “la línea [100%] eléctrica con más vehículos a nivel nacional”, tal y como lo promocionaba la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en un comunicado de inauguración de los vehículos e infraestructura, han acabado registrando problemas en el funcionamiento del sistema eléctrico y sobrecalentamiento de las baterías por falta de agua refrigerante, que “hacía que se te parase en medio de la calle y tuvieran que venir” los trabajadores de mantenimiento al lugar de la avería “a echarle agua”.

Según los conductores, tampoco cargan correctamente y, por eso, “no pueden ir en modo eléctrico” y “van todo el tiempo consumiendo gasóleo”. Al tratarse de vehículos “híbridos enchufables, si no tienen carga eléctrica suficiente, tiran del motor de combustión”. “No me quiero imaginar la cantidad de diésel que se acabarán gastando”, se pregunta un conductor de los autobuses que prometían convertir la ruta pamplonesa en ejemplo de sostenibilidad. De hecho, aseguran que el funcionamiento en eléctrico es “excepcional”.

Según los trabajadores del Transporte Urbano Comarcal de Pamplona consultados, este problema con las baterías también ha provocado que algunos Vectia “se hayan incendiado”. “Hay compañeros que no quieren saber nada de la línea 9, solo por no conducir esos autobuses”. “Ésa es la imagen que tienen estos vehículos dentro de la plantilla”, explica uno de ellos. Estas 'villavesas' tienen entre 200.000 y 250.000 kilómetros, una cifra “ridícula para un autobús urbano”, cuando “lo normal para esa edad es que tengan tranquilamente 500.000 o 600.000”, afirman los conductores, pero “han estado parados muchísimo tiempo”. En Vitoria, los Vectia son también los que menos kilómetros anuales recorren.

Según los datos públicos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, los primeros vehículos se incorporaron en julio de 2015, cuando se adquirieron cuatro autobuses híbridos. En julio de 2016 se compraron otros dos y, tras realizarse un “balance positivo” del primer año de funcionamiento y “confirmarse las expectativas de reducción de consumos”, aunque los propios trabajadores han afirmado que daban “problemas desde el principio”, en octubre de ese mismo año se incorporaron tres nuevos autobuses híbridos a la flota.

En junio de 2018 el Gobierno de Navarra anunciaba que en el primer trimestre de 2019 la línea 9 (Adif/Renfe-UPNA) sería “íntegramente operada por autobuses 100% eléctricos”, lo que implicaba “adquisición de seis autobuses 100% eléctricos y la implantación de dos postes pantógrafos en las cabeceras de la línea”. Estos pantógrafos, según la misma nota de prensa, estarían subvencionados por el Departamento de Desarrollo Económico, a través de la Dirección General de Industria, Energía e Innovación, “con 200.000 euros”. Según el anuncio de la licitación, la compra de los seis autobuses y la instalación de los pantógrafos para su carga ascendía a un presupuesto de 3.105.000 euros. Todos los autobuses Vectia que quedan en la flota están asignados en la actualidad a la línea 9 (Universidad Pública de Navarra-Renfe, Renfe-Universidad Pública de Navarra), que posee en sus cabeceras sendos pantógrafos al ser la única marca que se carga de esta forma. Ya que el resto de marcas y modelos eléctricos o híbridos enchufables “se cargan en las cocheras”. Según los conductores, las torres de carga de los Vectia “un día funcionan y cincuenta no”. Y añaden que, recién adquiridos, estos autobuses “cargaban más o menos en cinco o seis minutos” y ahora, seis años después, “tardan el triple o directamente no funcionan”. “Fue una inversión tirada a la basura”, dicen.

“Vectia ha sido la peor marca con diferencia, y eso que cada marca tiene sus cosas, pero esos autobuses han dado muchos más problemas que otros modelos”, afirma con rotundidad un conductor experimentado, que también denuncia que gran parte del problema es la falta de mantenimiento, tanto en los puntos de carga como de los vehículos. “En su momento nos llegaron a decir que no arreglaban los pantógrafos porque la empresa TCC [Moventis, adjudicataria del servicio] no pagaba a la empresa de mantenimiento del taller”. Respecto a los propios autobuses, “lo que hacen son arreglos puntuales y se limitan a cambiar lo que se rompe”, describe otro trabajador, que denuncia que, en vez de revisar todo el sistema de los vehículos, se limitan a “hacer chapuzas”.

La empresa Moventis, preguntada por el asunto, ha asegurado que se realizan “puntualmente todas las revisiones, así como sus inspecciones reglamentarias” de todos los pantógrafos. “Por otra parte, cuando existe una avería, vienen de CAF [Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, empresa a la que pertenecía Vectia] para su reparación”, afirman. Respecto a los propios autobuses, Moventis asegura que “la problemática” con la marca, refiriéndose a “la reparación de averías en comparación al resto de la flota”, es que “al ser una firma que ya no está en fabricación, se dilatan más de lo habitual los tiempos de paralización del vehículo hasta el suministro de materiales”. Este medio contactó con CAF por los vehículos y su relación con Moventis, pero la empresa respondió que no desea “realizar ninguna declaración sobre este asunto relacionado con los autobuses de Vectia”.

Por otra parte, los conductores recalcan que “el mantenimiento en general es escasísimo” y ha sido “uno de los grandes motivos” por el que han convocado las pasadas huelgas. Acusan a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de no brindar los medios suficientes. “Se desconvocó la huelga porque Mancomunidad se comprometió a hacer un seguimiento del mantenimiento de los autobuses, pero no lo está haciendo”. Además, los trabajadores han querido hacer hincapié en que “la inseguridad de los autobuses no es solo en los Vectia”, sino que hay más vehículos que “no deberían estar andando, pero lo hacen porque no hay flota” denuncian.

El exvicepresidente de UPN Óscar Arizcuren ha reconocido en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre la derivada foral del 'caso Koldo' que facturó a Servinabar 2000, la empresa propiedad de Antxon Alonso y, según la UCO de la Guardia Civil, también de Santos Cerdán.

Arizcuren, que ha reconocido que con Cerdán le unía una relación “estrecha y de amistad”, ha explicado que obtuvo 28.000 de beneficios por labores de consultoría facturados a Servinabar 2000 vía OAP Asesoramiento Integral, una consultora de su propiedad. La Hacienda Foral de Navarra cifra en 69.000 euros la cantidad facturada por esa colsultora a la empresa que la UCO sitúa en el epicentro de la trama de corrupción durante los ejercicios 2022, 2023 y 2024. “Una empresa tiene ingresos y gastos. Todo está justificadísimo y todos los cobros se hicieron por cuenta bancaria, no hay un solo movimiento en efectivo”, ha asegurado el exdirigente regionalista.

Según ha apuntado toda su relación con la empresa Servinabar se produjo a través de Antxon Alonso. “Era una empresa normal, si hubiera visto algún indicio de algo hubiera cortado relación”, ha apostillado. También ha señalado que tras leer el informe de la UCO que situaba a Cerdán al frente de la presunta trama de corrupción cortó su relación con él y con Antxon Alonso “por prudencia”.

Óscar Arizcuren, que en 2019 dejó la política navarra y la vicepresidencia de UPN para dar el salto a Madrid como directivo de Aena (desde diciembre de 2017), también ha reconocido que mantuvo “una o dos” reuniones con Santos Cerdán y el expresidente de UPN Javier Esparza, pero ha descartado que estuvieran relacionadas con negociaciones entre el partido regionalista y el PSOE para la reforma laboral. “Solo facilitaba la relación personal entre ellos dos”, ha apostillado.

“Nosotros venimos de estar en la oposición juntos y claro que hemos tenido comidas, una o dos, pero el único objetivo de esa comida es tejer relación por si hubiese la posibilidad de tener un acuerdo para llegar a un acuerdo de gobierno en el caso de que hubiese unas elecciones. Pero no tiene nada que ver con la posición del partido en ninguna cuestión”.

Arizcuren ha desvinculado su salto a Madrid y a Aena con su relación de amistad con Cerdán. “El PSOE aún no estaba en el Gobierno”, ha puntualizado. En 2020 dejó de ser afiliado de UPN aunque ha asegurado que sigue “siendo” del partido regionalista para negar su presencia en actos del PSOE.

El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Función Pública, ha publicado una convocatoria para cubrir 42 puestos de bombero (nivel C). La mitad de las plazas, 21, son para “el turno libre” y el resto de “promoción”. Los aspirantes se pondrán inscribir online a partir de mañana, miercoles 25 de marzo, hasta el 13 de abril (ambas fechas incluidas).

Entre los requisitos básicos necesarios para aspirar a la plaza figura poseer la nacionalidad española, tener entre 16 y 65 años, contar con el título de bachillerato y poseer el carnet de camiones (permiso de conducir de la categoría C).

La oposición, que comenzará este junio, estará compuesta de dos fases. La primera, “pruebas de conocimientos, físicas y psicotécnicas”; y, posteriormente, “la superación de un curso de formación básica en la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra (ESEN)”.

El examen de conocimiento consistirá en un “cuestionario de un máximo de 150 preguntas tipo test” sobre los temas correspondientes a Legislación e Instituciones de Navarra, Conocimiento del Territorio de Navarra y Conocimientos Específicos, con una respuesta válida de cuatro opciones. Por respuesta incorrecta penalizará una tercera parte del valor de un acierto, de forma que cada tres fallos restará, en total, una respuesta correcta. No superarán esta prueba las personas que “no obtengan, al menos, 60 puntos en total (de una puntuación máxima de 120), y las que tampoco alcancen la mitad de la puntuación asignada a cada uno de los bloques temáticos”.

Las pruebas físicas consistirán en ralizar ocho ejercicios con su respectiva puntuación y calificación: nadar 100 metros “en estilo crol o libre”; Test de Barrow (agilidad); Press de Banca; test de saltos laterales “para comprobar la fuerza, resistencia y coordinación”; una prueba de equilibrio; el Test de Cooper (resistencia aeróbica); una prueba de capacidad de “trabajo en altura” y, por último, un ejercicio de trabajo en “espacios confinados”. Para superar las pruebas físicas será necesario obetener la “puntuación mínima exigida” en todos los ejercicios.

Finalmente, la primera fase se cerrará con los “cuestinarios de personalidad general, de competencias laborales y/o de aptitudes y entrevistas personales y/o de trabajo grupal”, que evaluarán el “grado de adecuacuión” de los aspirantes al puesto de trabajo. La puntuación máxima será de 25 puntos, siendo necesario obtener la mitad para superar la prueba.

Una vez se haya aprobado la primera fase, se impartirá a los aspirantes un curso de formación básica en la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra, que calificará como “apto” o “no apto”.

Representantes de Podemos Navarra, de Izquierda Unida, de Batzarre, así como personas independientes de Navarra han hecho pública este viernes su “vocación” de reeditar la coalición Contigo/Zurekin con la que se presentaron a las elecciones forales y municipales del 2023. Las tres formaciones de la coalición que forma parte del Gobierno de María Chivite han anunciado que abren formalmente el proceso de diálogo para la posible renovación de la coalición.

Así lo recogen en una declaración política, en la que los representantes de los distintos espacios que componen la coalición se ratifican en “la apuesta político-organizativa realizada en el año 2022”. “Esta coalición es y tiene que seguir siendo un espacio de encuentro político desde distintas identidades y organizaciones de la izquierda navarra”, han indicado.

En el texto remitido por Contigo/Zurekin, han señalado que realizan esta declaración política con la vista puesta en el horizonte electoral 2027, “poniendo en valor la unidad, el arraigo territorial y los valores de equidad y justicia social para responder a los principales retos sociales y recuperar la ilusión y el valor de la política y los proyectos colectivos”.

Tras más de tres años de trabajo, han comentado que la valoración que realizan de la coalición es “positiva”, “como en toda alianza de estas características, con nuestras lógicas diferencias, pero con muchas más coincidencias en los elementos básicos. ”Hemos logrado generar una dinámica política propia, enraizada en la trayectoria histórica de la izquierda alternativa y transformadora de Navarra, que mira al futuro con ilusión y ambición transformadora“, han expuesto.

Según han añadido los espacios políticos de la coalición, su aspiración es “la de profundizar en la transformación de Navarra” y para ello consideran necesario “continuar y ampliar el ciclo de cambio haciendo mucho más ambiciosos y rápidos el alcance de sus objetivos a través de sus políticas y proyectos”. “Evidentemente, valoramos positivamente los hitos políticos conquistados en estos 11 años por la colaboración transversal del espacio progresista de Navarra, pero deseamos ir mucho más allá”, han expuesto, quienes han indicado que “la acción del Gobierno de Navarra actual ha evidenciado su insuficiencia para afrontar los retos y las necesidades que hoy en día tiene la mayoría social de Navarra”.

“Si bien es cierto que valoramos positivamente la conformación y la acción de un gobierno alternativo a las derechas, especialmente en el ámbito de la Vivienda, de la Igualdad, de la Juventud y de las Políticas Migratorias, donde ostentamos responsabilidades, todo ello no es suficiente”, han incidido desde la coalición, que defiende “una ofensiva social que aumente la ambición política del actual Gobierno de Navarra, y ello pasa por un aumento de la capacidad de intervención de nuestro espacio político”.

Tras afirmar que su ambición es la de “seguir gobernando y gobernar Navarra con más fuerza y ambición”, han manifestado que se comprometen “a articular un proceso de reformulación y de fortalecimiento de nuestra coalición, para convertirla en la mejor herramienta posible al servicio de las familias de Navarra”. “Durante los próximos meses, vamos a realizar un proceso de reflexión política y organizativa, para, de la mano de la mayoría social de Navarra, perfeccionar nuestra herramienta electoral, y diseñar colectivamente el mejor proyecto político posible”, han concretado.

“Los y las representantes de Podemos Navarra-Ahal Dugu, de Izquierda Unida de Navarra-Nafarroako Ezker Batua, de Batzarre y del grupo de personas independientes de Navarra hacemos pública nuestra vocación de concurrir a las próximas elecciones forales en el seno de la coalición Contigo Navarra/Zurekin Nafarroa. Asimismo, hacemos extensiva esta vocación a las elecciones locales en todos los municipios de Navarra en los que nuestros espacios políticos tienen presencia e implantación”, han expuesto.

La Asociación Navarra de Amigos República Árabe Saharaui Democrática (ANARASD) ha enviado este lunes un camión con siete toneladas de “suministros vitales” destinados a la población refugiada saharaui en los campamentos de Tindouf (Argelia). Este camión hace el número 26 de los enviados por ANARASD y contiene materiales de los proyectos y diferentes donaciones recibidas.

De las siete toneladas enviadas, 1.750 kilos son medicamentos, y también se han enviado colchones, sabanas, aparataje sanitario, mobiliario para hospitales, y material necesario para la elaboración de libros de texto de los niños saharauis (nuevas impresoras, grapadora eléctrica, papel, portadas, tonner, etc.).

El camión, conducido por voluntarios, irá al puerto de Alicante, donde se reunirá con otros vehículos enviados desde otras comunidades y desde donde, “después de pasar las necesarias inspecciones de aduanas y farmacéutica”, saldrá en barco hasta el puerto argelino de Orán. Desde allí recorrerá 1.800 km hasta los campamentos de población refugiada saharaui, donde será recibido por el equipo de ANARASD, que distribuirá su carga en sus diferentes destinos.

“El pueblo saharaui ha cumplido 50 años de exilio, de obligado refugio, de familias separadas, de represión a la población saharaui en los territorios ocupados por Marruecos, y por si fuera poco, en este momento existe una grave crisis humanitaria en los campamentos que se agrava día a día y que afecta sobre todo a la alimentación de la población refugiada, pero también a sectores prioritarios como la distribución de agua, la salud, la educación, las infraestructuras, debido, fundamentalmente, a la reducción de fondos de los distintos Países donantes, y como consecuencia de las Agencias Internacionales, las crisis emergentes y, en definitiva y fundamentalmente, al olvido de la comunidad internacional”, han señalado desde ANARASD en un comunicado.

“Vamos a seguir trabajando con, por y para el pueblo saharaui, en tanto en cuanto no se resuelva el conflicto político, origen de su situación y se cumpla el compromiso, firmado por la ONU, de la celebración del referéndum de autodeterminación a través del que puedan recuperar su territorio y vivir en un Sáhara libre y en paz”, han añadido.

Desde la asociación han mostrado su agradecimiento al Gobierno de Navarra, Parlamento de Navarra, Intergrupo Parlamentario 'Paz y Libertad en el Sahara/Bakea eta askatasuna Saharan', Ayuntamiento de Pamplona y a “otros muchos Ayuntamientos navarros que también nos financian”.

También han agradecido la colaboración y donaciones del equipo del centro Psicogeriátrico San Francisco Javier, al equipo del Centro Félix Garrido, a Traperos de Emaús, al Nafarroa Oiñez, a quienes han pintado el camión y los proveedores que “nos apoyan de forma especial”.