Anticorrupción ve “irregularidades” en contratos de Geroa Bai con Antxon Alonso en Vivienda, pero no en Educación

La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra ha presentado cuatro informes a la comisión de investigación abierta en el Parlamento foral en torno a las sombras de corrupción en torno a la empresa de Antxon Alonso Servinabar 2000 (y a su filial, Alegure) y a la presunta relación del encarcelado dirigente socialista Santos Cerdán. Además de considerar nula la adjudicación más relevante de todas las analizadas, la de los túneles de Belate, Anticorrupción señala también las “irregularidades” de dos contratos más para Servinabar 2000, ambos en UTE con Acciona, en el área de Vivienda, en concreto en la sociedad pública Nasuvinsa. En ambos casos, 2018 y 2022, la cartera la controlaba Geroa Bai, la coalicón de PNV y Socialverdes, con José María Aierdi primero como gerente de la entidad y luego ya como consejero. Aierdi continúa ahora en el Gobierno de María Chivite en otra cartera.

Fuentes del Gobierno de Chivite no ocultan la dureza de los dictámenes, que pasarán a ser ahora analizados por la comisión parlamentaria, que había fijado este lunes como tope para recibir la documentación solicitada y empezar con las comparecencias. No obstante, exponen que el gran problema de fondo es que se hace una interpretación radicalmente opuesta de cómo tiene que contratar Nasuvinsa, es decir, de aplicación de la normativa.

Ya era conocido que Alonso, además de con Chivite y con Cerdán, había tenido contactos con Aierdi. El actual consejero -que es de la pata de Socialverdes de Geroa Bai, la de expresidente Uxue Barkos- llegó a proponer un convenio con Servinabar 2000 para la construcción de vivienda protegida, el único movimiento en el que ha operado en solitario, sin Acciona. Antes de cambiar de abogados, el primer letrado defensor de Alonso en la causa de corrupción fue precisamente quien antes lo era de Nasuvinsa.

Nasuvinsa, en medio de la crítica

Dos de los cuatro informes se refieren a contratos adjudicados por la sociedad pública de vivienda Nasuvinsa para la construcción de viviendas de protección oficial en el barrio de Erripagaña, situado en la comarca de Pamplona. El primero de ellos es del año 2018, cuando Aierdi era gerente de la entidad durante la etapa de Miguel Laparra como consejero con rango de vicepresidente. Anticorrupción habla de una “acumulación de incumplimientos flagrantes, evidentes y palmarios en la actuación de Nasuvinsa” en la adjudicación de este contrato, en el que “se ignoraron todos los principios de la contratación pública y los más elementales principios del derecho administrativo”. Se trata de un contrato de 6,8 millones de euros.

En concreto, Anticorrupción ha detectado más de una decena de irregularidades en este expediente que van desde la “ausencia” de una autorización del Departamento de Vivienda para la adjudicación hasta la ausencia de presidencia en la mesa de contratación. Incluso se afea a Nasuvinsa que se adjudicase la obra a la UTE de Acciona con Servinabar cuando esta todavía no había sido constituida. “Más incluso: las entidades que conformarían Ripagaina VPO UTE -Acciona Construcción y Servinabar 2000-no habían presentado a 21 de diciembre de 2018 documentación acreditativa de, entre muchas otras cosas, su solvencia económica y financiera, o estar al corriente de las obligaciones tributarias o con la Seguridad Social”, alega.

Anticorrupción también ha encontrado irregularidades en otra adjudicación para la construcción de vivienda protegida en el mismo barrio en el año 2023, ahora con Aierdi como consejero. En este caso un contrato de 7,8 millones de euros para la construcción de 46 viviendas protegidas en régimen de alquiler. Se señala que Nasuvinsa incumplió una vez más la ley de contratos públicos por carecer el proceso de actuaciones preparatorias y por la ausencia de una resolución del órgano competente de Nasuvinsa “aprobando el expediente de contratación y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación”.

Destaca, además, que se debió analizar con detalle la oferta económica de otra de las empresas concurrentes, que contaba con una valoración técnica superior a la de la UTE de Acciona con Servinabar 2000. Era EBA. “Esta entidad presentó una oferta económica que resultó anómala por su importe, al exceder el precio máximo de licitación en 820.807,36 euros, cuando está comprobado que se trata de una entidad que ha resultado adjudicataria de numerosos contratos públicos en distintas administraciones, por lo que tiene perfecto conocimiento sobre la forma de realizar ofertas”. El informe apunta a su vez una irregularidad por parte de Nasuvinsa por no incluir en la oferta el criterio de carácter social “al no destinar a la ejecución del contrato a tres personas con un porcentaje de discapacidad igual o superior al 33%, perceptoras de renta garantizada, víctimas de violencia de género, que estén o hayan finalizado un itinerario de inserción en empresas de inserción o desempleadas de larga duración”.

En una rueda de prensa convocada de urgencia por Geroa Bai en el Hotel Tres Reyes de Pamplona José María Aierdi ha afirmado que no existió “ningún trato de favor” con la UTE de Acciona y Servinabar 2000 en la adjudicación de estas dos obras por parte de Nasuvinsa. Para ello ha señalado que de los 30 lotes de viviendas que la empresa pública licitó entre los años 2019 y 2023, “únicamente” dos fueron adjudicados a esta UTE, lo que representa un 8% del total del presupuesto total de esos lotes.

Aierdi ha afeado que el informe de Anticorrupción “contiene juicios de valor” y ha lamentado que no se diera un plazo a las partes afectadas para emitir alegaciones al informe antes de que se haya enviado al Gobierno navarro y a la comisión parlamentaria que investiga los contratos adjudicados a la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán.

Hay un cuarto informe. En este caso es sobre la UTE de Acciona con Alegure, otra marca de Alonso. Alegure tenía su sede en la misma dirección que Servinabar 2000. Su capital estaba compuesto por un 96% de esta empresa y un 4% del empresario vizcaíno Iñaki Alzaga. No consta que tuviera trabajadores. Anticorrupción ha analizado la única adjudicación a esta firma, un colegio en el pueblo navarro de Albizu en 2018, cuando María Solana, de la parte del PNV de Geroa Bai, era la consejera. La conclusión clara es que “no se aprecia perjuicio económico”. El informe concede que no se acreditó la “solvencia” de Alegure pero también que la Administración aceptaba que quedara garantizada por cualquier de las patas de la UTE y, en este caso, así lo hizo Acciona. Alegure, pese a su nula estructura, copó un 25% de la adjudicación, de 3,2 millones.