La empresa sin estructura de Antxon Alonso copó un 25% de la UTE con Acciona en un colegio en Navarra

El Parlamento navarro está acostumbrado a operar en pleno agosto. Hace dos años, por ejemplo, la segunda investidura de María Chivite tuvo lugar incluso en festivo, el 15 de aquel mes. Ahora, en 2025, un 5 de agosto arrancarán los trabajos de la comisión de investigación constituida para analizar las derivadas en la comunidad foral de la presunta trama de corrupción en torno a Santos Cerdán, Koldo García y Antxon Alonso, entre otros. Se revisarán, específicamente, las adjudicaciones a Servinabar 2000 pero también una a Alegure, una filial sin trabajadores ni estructura que recibió un único contrato en UTE con Acciona, la construcción de un colegio en la localidad de Arbizu. A Alegure le correspondió el 25%, 817.034,34 euros, de una adjudicación cerrada en 3.183.228,23 euros y que luego fue revisada para incrementarlo en 84.909,14 euros. Todas las cantidades llevan el IVA incluido.

Alegure estaba domiciliada en el mismo lugar que Servinabar 2000, la pretendida pieza central de la trama y en la que, supuestamente, el exdirigente socialista Cerdán tenía intereses y participación a pesar de que el único administrador nominal era su amigo Alonso, natural de Gipuzkoa y residente en Bizkaia. Alegure se compone en un 96% de Servinabar 2000 y el 4% de Uribene, una entidad controlada por el empresario vasco Iñaki Alzaga, de Grupo Noticias, Euskaltel o Nortegás, entre otras. En las antiguas oficinas de Servinabar 2000, ya desmanteladas después de que trascendiera esta investigación, no había ningún rastro de esta otra empresa. Su única aparición pública conocida es como patrocinadora de un evento del Grupo Noticias en Pamplona.

Alegure solamente aparece en una ocasión en las adjudicaciones revisadas a cuenta de la investigación judicial. Se trata de un contrato en UTE con Acciona, como solía operar Servinabar 2000. Conformaron la UTE denominada CPEIP Arbizu específicamente para esta obra. Se impusieron en un concurso abierto pero que tuvo carácter “de urgencia” a Río Valle, EBA, Erri-Berri y Murias. En la parte técnica EBA tenía una propuesta que fue ligeramente más valorada, pero en la oferta económica la de Acciona y Alegure era claramente la mejor.

De hecho, incluido el modificado, el total facturado por la obra del colegio, que ya está operativo, no supera los 3.563.706,28 de tope máximo previsto por la Administración inicialmente. Se quedó en exactamente 3.268.137,37 euros. Es también más bajo que cualquiera de las otras ofertas del concurso. EBA, por ejemplo, propuso 3.314.596,22 euros.

La tramitación de esta adjudicación se hizo en la legislatura 2015-2019, con Uxue Barkos de Geroa Bai como presidenta y María Solana, de esa coalición y, en concreto, del PNV navarro, como consejera responsable. Todos los pasos del concurso los supervisó una mesa de contratación encabezada por el director del Servicio de Infraestructuras Educativas de Navarra. El modificado, en cambio, lo firmó ya el Ejecutivo de María Chivite, con Carlos Gimeno al frente de Educación. De hecho, consta en el expediente que el anterior equipo aceptaba dar más plazo pero no más dinero y que las empresas recurrieron y lograron esa compensación adicional.

En los pliegos del expediente hay algunas referencias a la “solvencia” requerida de las empresas contratistas. Se alude a unos mínimos de facturación, certificados de obras anteriores y a la necesidad de contar con un determinado equipo básico profesional. En uno de los apartados del expediente se indica que, en el caso de las UTE, la solvencia podrá ser demostrada “indistintamente” por cualquiera de sus integrantes o de forma “acumulativa”.

Ahora bien, los pliegos sí recalcan que las empresas habían de tener un objeto social con “relación directa” con la construcción. Servinabar 2000, por ejemplo, no lo tenía en aquella época. Se creó en 2015 para, entre otras cosas, “organización de todo tipo de eventos” pero no para obras públicas. En 2020 ya se le cambió la naturaleza para ser una constructora. Fue el 22 de mayo de 2018 cuando surgió la UTE entre Acciona y Alegure. Tomás Olarte, en nombre de la primera, y Alonso en nombre de Alegure firmaron un acuerdo en el cual la multinacional le cede un 25% de la participación a la sociedad de nueva creación (2017) y sin trabajadores fijos (según las cuentas presentadas al cierre de ese 2018) y solamente uno no fijo durante menos de un tercio del ejercicio.

El contrato de Alegure, así como todos los de Servinabar 2000, serán revisados desde este martes en la comisión de investigación. La sesión convocada tiene por objeto determinar el plan de trabajo de este foro parlamentario toda vez de que los grupos han lanzado ya sus propuestas de comparecencias y de peticiones de documentación. UPN, EH Bildu, Geroa Bai, PP y Vox quieren que comparezca Cerdán. Hay también planteamientos para que intervengan Alonso o García. Se puede leer aquí más sobre las propuestas de cada partido.